Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 111/2015. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 24 DE MAYO DE 2016. PONENTE: J.F.F.G.S.. SECRETARIOS: L.G.V.Y.J.B.H..

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito recibido el veintidós de octubre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, R.A.C., en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

A. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

B. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Normas generales cuya invalidez se reclama:

A. La reforma a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, concretamente la relativa a los artículos 33 y 67 (sic), aprobada mediante Decreto Número 126, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de veintidós de septiembre de dos mil quince, tomo CXVIII, número 76.

SEGUNDO.-El Partido Acción Nacional señaló como antecedentes de la norma impugnada, lo siguiente:

"El veintidós de septiembre del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, el Decreto No. 126 por el que se reforma el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, y que, mediante la negativa de la mayoría de los diputados al planteamiento hecho mediante reserva debidamente registrada por los diputados J. de León Tello, J.A.P.V., Y.O.A.C. y L.M.L., omitió deliberadamente la adecuación del primer párrafo de dicha disposición para establecer como mínimo el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputados para que un partido pueda ser sujeto de asignación de curules por el principio de representación proporcional, y mantener congruencia con lo señalado en el diverso artículo 27 del mismo ordenamiento."

TERCERO.-El Partido Acción Nacional en su único concepto de invalidez aduce, en síntesis, que la instauración de un porcentaje de tan sólo el 2% del total de la votación válida emitida en el Estado para la elección de diputados, no responde a la lógica de la representación proporcional pura, ya que prevé porcentajes menores a los que han sido recogidos por el Poder Reformador, al establecer en el artículo 54, fracción II, de nuestra Constitución Federal, el 3% del total de la votación válida emitida.

Que al establecerse porcentajes tan pequeños para acceder a una diputación, se desincentiva una verdadera contienda electoral y se premia a los partidos políticos que no cuentan con el derecho al acceso de recursos públicos locales por no obtener, por lo menos, el 3% de la votación válida emitida, al que están obligados, en términos de lo previsto por el artículo 52, apartado 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

Por lo que, el actual texto del artículo 33, párrafo primero, de la Constitución de Coahuila, atenta contra el principio de representación proporcional, al no reflejar una congruencia entre el umbral de votación requerido para hacerse del derecho de participar en la integración del Poder Legislativo y la asociación directa que tiene con la fuerza política que representa ese partido político, ya que, al establecer el 2% del total de la votación válida emitida en el Estado como mínimo para acceder a una diputación, crea categorías que segmentan la repartición de las diputaciones, ya que en la fracción II del numeral en comento, se establece que la obtención del cociente electoral se obtiene restando a la votación efectiva, la votación utilizada para la asignación de diputaciones a los partidos que obtuvieron el 2% de la votación válida emitida en el Estado para la elección de diputados, con lo que se otorga un valor distinto a los diputados que se reparten mediante el sistema de representación proporcional, ya que, en un primer término, un diputado representa el 2% de la votación válida emitida en el Estado y, en una segunda repartición, se impone un mayor peso porcentual, provocando con ello que no se atienda directamente a la votación de los institutos políticos.

Considera que, al establecer un porcentaje mínimo de 2% de la votación válida emitida en el Estado para obtener una diputación de representación proporcional, y, por otro lado, establecer la permisión de una subrepresentación de ocho puntos porcentuales, lejos de atender al principio de representación proporcional previsto en el artículo 54 constitucional, el legislador de Coahuila no atiende directamente a la votación obtenida por los partidos políticos, haciendo permisible una mayor subrepresentación que no refleja la voluntad expresada en las urnas, lo que redunda en una contrariedad, debido a que, de asignarse una diputación a los partidos políticos que obtuvieron por lo menos el 2% de la votación válida emitida en el Estado, de darse el caso de que se agoten los diputados a repartir, resultaría contrario a lo previsto por el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se prevé que en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos de ocho puntos porcentuales.

En ese sentido, destaca que el artículo 27, numeral 3, inciso j), de la Constitución Local establece que: "... Los partidos políticos locales que no alcancen el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo les será cancelado su registro.", lo que es congruente con lo señalado en el artículo 52, apartado 1, de la Ley General de Partidos Políticos, que determina que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local.

Por tanto, si para que un partido político tenga acceso al financiamiento público local se requiere de un 3% de la votación válida emitida, así como para conservar su registro a nivel local, la determinación asumida por el legislador de Coahuila, al conservar el 2% de la votación válida emitida en el Estado para acceder a un diputado, contraría una uniformidad en la imposición de barreras legales y pone en riesgo el acceso al Congreso Estatal de los partidos políticos que reflejen una verdadera representatividad, aunado a que el establecimiento de un porcentaje tan bajo como sería el 2% de la votación válida emitida, hace nugatorio el principio de representación proporcional previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.-Se estiman violados los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil quince, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 111/2015.(1)

De acuerdo con el registro de turno de los asuntos, en términos del artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se designó al M.J.F.F.G.S. como instructor en la acción de inconstitucionalidad.

SEXTO.-El Ministro instructor, mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil quince, admitió la acción; ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Poder Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes y dio vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara opinión en relación con el asunto de mérito.(2)

Asimismo, en tal proveído se solicitó a la autoridad electoral administrativa del Estado de Coahuila, informara la fecha de inicio del proceso electoral local; al efecto, la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, manifestó que, conforme al artículo 133, numeral 1, del aún vigente Código Electoral del Estado, el siguiente proceso electoral iniciará el primer día del mes de noviembre de dos mil dieciséis, y la jornada electoral tendrá verificativo en el año dos mil diecisiete.(3)

SÉPTIMO.-Al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado manifestó:

Que del escrito inicial del accionante, se desprende que lo que en realidad desea plantear, es la omisión legislativa del Congreso Estatal de adecuar los preceptos de la propia Constitución Local.

Por ello, aun cuando en los agravios se haga mención a una contravención de los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución Federal, lo cierto es que tales argumentos se vuelven inoperantes, al no contrastar con ésta ninguna norma local que la contravenga.

Además, señala que si la reforma al párrafo primero del artículo 33 de la Constitución de Coahuila, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de junio de dos mil diez, entonces la presentación de la presente acción excede el plazo previsto en la ley reglamentaria de la materia y, por ende, es menester declarar la improcedencia del juicio, acorde a lo dispuesto en el artículo 119, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber sido presentada fuera de plazo.

Por otra parte, sostiene la validez de la norma impugnada por las siguientes razones:

1. Manifiesta que no se atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez por vicios atribuibles al Poder Ejecutivo Estatal en cuanto a la promulgación de la norma impugnada, por tanto, se sostiene la validez de la misma.

2. Que la promulgación y publicación de la ley aludida en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, fue en cumplimiento de lo previsto en la propia Constitución Política del Estado de Coahuila, específicamente en los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, que disponen que el gobernador deberá sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal; de lo cual, puede deducirse que el Poder Ejecutivo no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma impugnada, de tal forma que no tuvo injerencia en la supuesta irregularidad que se menciona en el concepto de invalidez.

3. Que la orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a un decreto remitido por el Congreso Local, no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual, el Ejecutivo Estatal da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial del Estado. Se trata de requisitos indispensables de fundamentación y motivación de dichos actos, y sólo se requiere que provengan de una autoridad competente para ordenarlos y que se cumplan con las formalidades exigidas por la ley para ello, a fin de que la nueva ley, o sus reformas, puedan ser conocidas; requisitos que en el presente caso se cumplieron, como una formalidad que la propia Ley Suprema determina.

4. Que respecto de la inconstitucionalidad que aduce el accionante en su concepto de invalidez, acerca de que no está establecido un porcentaje fijo que sirva como regla para que los Congresos Estatales establezcan las bases para el acceso a la figura de representación proporcional, señala que los argumentos formulados no encuentran ni definen la contravención de la disposición del artículo 33, párrafo I, de la Constitución Local, contra un precepto de la Constitución Federal, sin lo cual, no es posible establecer una litis válida en el presente juicio de acción de inconstitucionalidad, ya que los artículos constitucionales mencionados, el 54 y el 116, no contienen disposición alguna que obligue a las Legislaturas Estatales a que el porcentaje fijado para alcanzar un diputado de representación proporcional sea del 3% y no del 2%. Aunado a ello, el artículo 116, fracción IV, párrafo tercero, constitucional dispone que las Legislaturas de los Estados determinarán dicho porcentaje, tal como lo definió esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO 2, INCISOS A) Y B), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 9, PÁRRAFO 1, INCISO C), FRACCIONES I Y II, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS SON INCONSTITUCIONALES AL PREVER LA ASIGNACIÓN DE UN DIPUTADO LOCAL POR ESE PRINCIPIO AL PARTIDO QUE OBTENGA EL 3% DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, LA ÚLTIMA PORCIÓN NORMATIVA DEL INCISO C) Y DE LA FRACCIÓN III DE LOS CITADOS PRECEPTOS, RESPECTIVAMENTE."

Finalmente, se hace valer que, en cuanto al señalamiento del accionante respecto del artículo 67 de la Constitución Local, en el proemio de su escrito, no se adujeron argumentos de invalidez al respecto. Por tal motivo, alega que sus manifestaciones deben desestimarse y declarar la constitucionalidad de la reforma en cuestión.

OCTAVO.-Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Coahuila adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que la litis que en realidad plantea el accionante es una omisión legislativa del Congreso Local, de adecuar varios preceptos de la Constitución de Coahuila. Es decir, no confronta ninguna norma con la Constitución Federal, por lo que sus agravios devienen inoperantes. Al efecto, cita la jurisprudencia P./J. 23/2005, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE AJUSTAR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES ORGÁNICOS Y SECUNDARIOS DE LA ENTIDAD A LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO POR EL QUE SE MODIFICÓ LA CONSTITUCIÓN ESTATAL."

Destaca que todos los argumentos expresados por el accionante, se fundamentan y motivan en la no modificación del primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Local, por lo que es improcedente el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal.

Asimismo, señala como otra causa de improcedencia, que la demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó extemporáneamente.

Lo anterior, ya que el accionante pretende que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un estudio sobre la constitucionalidad del artículo 33, primer párrafo, de la Constitución de Coahuila, el cual fue reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de junio de dos mil diez; por tanto, el plazo para impugnarlo, de acuerdo con la ley reglamentaria de la materia, ha transcurrido en exceso.

En cuanto a los conceptos de invalidez, los califica de infundados debido a que no existe mandato constitucional o legal derivado de una ley general, que defina un porcentaje determinado en cuanto a la asignación de diputados de representación proporcional.

Que los artículos que sustentan la demanda se refieren a supuestos distintos al presente caso: uno, para la asignación de los legisladores de representación, pero en el Congreso de la Unión; y otro, la pérdida del registro. En ambos casos, el propósito del legislador es diverso, ya que una cosa es la pérdida del registro y otra que se pueda dar la hipótesis que se pudiera tener representación en el Congreso. Y, por otro lado, el porcentaje fijado para el Congreso de la Unión es, precisamente, para dicho órgano legislativo federal y no está fijado como regla para los Congresos Estatales, como reconoce el propio demandante, al manifestar que las entidades federativas se encuentran debidamente facultadas para establecer el porcentaje que sea conveniente para el acceso a la figura de representación proporcional.

Reitera lo manifestado por el Ejecutivo de Coahuila, en el sentido de que los argumentos formulados no encuentran ni definen la contravención de la disposición del artículo 33, párrafo I, de la Constitución Local, contra un precepto de la Constitución Federal, sin lo cual, no es posible establecer una litis válida en el presente juicio de acción de inconstitucionalidad, ya que los artículos constitucionales mencionados, el 54 y el 116, no contienen disposición alguna que obligue a las Legislaturas Estatales a que el porcentaje fijado para alcanzar un diputado de representación proporcional sea del 3% y no del 2%. Aunado a ello, el artículo 116, fracción IV, párrafo tercero, constitucional dispone que las Legislaturas de los Estados determinaran dicho porcentaje, tal como lo definió esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO 2, INCISOS A) Y B), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 9, PÁRRAFO 1, INCISO C), FRACCIONES I Y II, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS SON INCONSTITUCIONALES AL PREVER LA ASIGNACIÓN DE UN DIPUTADO LOCAL POR ESE PRINCIPIO AL PARTIDO QUE OBTENGA EL 3% DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, LA ÚLTIMA PORCIÓN NORMATIVA DEL INCISO C) Y DE LA FRACCIÓN III DE LOS CITADOS PRECEPTOS, RESPECTIVAMENTE."

En cuanto a la alegada incongruencia en la propia Constitución Local, al disponer, por un lado, que para obtener un diputado se necesita el 2% de la votación; y, por otro lado, que para no perder el registro del partido local se deberá obtener el 3% de la votación, estima que no hay tal contradicción, pues, no existe un vínculo mandante entre ambos actos.

A mayor abundamiento, precisa que ni la Constitución Federal, ni la Constitución Local establecen que la pérdida del registro de un partido político traerá consigo la pérdida de las curules que hubieren obtenido bajo las normas electorales vigentes, por lo que ambos supuestos pueden coexistir y podría darse un caso, que sería viable constitucional y legalmente hablando, donde llegara un diputado sin partido con registro vigente, o bien, que un partido político nacional llegará a ese 2% y obtuviera un diputado y siguiera con registro, recordando que es nacional y que el hecho de que no llegara al 3%, sólo tendría efecto en cuanto al tema del financiamiento local.

Destaca que esta Suprema Corte ha validado porcentajes menores al 2%, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 111/2011, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 256, INCISOS C) Y E), DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA SU ASIGNACIÓN LA OBTENCIÓN DE, AL MENOS, EL 1.5% DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA, ES CONSTITUCIONAL."

Que, si bien el promovente alega la violación al principio de progresividad previsto en el artículo 12 de la Constitución Federal y en el 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los principios de legalidad y supremacía constitucional, no se entiende, ni se explica, cómo o en qué rubro se estaría faltando a tal principio, ya que los artículos que se tachan de inconstitucionales en forma alguna limitan derechos humanos, ni se trasgreden los principios de legalidad o supremacía constitucional.

Que no es óbice, la propuesta de cambio al dictamen que hiciera un diputado local a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, ya que la acción de inconstitucionalidad es un estudio en abstracto y, para ello, es menester el estudio solamente de la norma general contenida en el decreto respectivo.

Finalmente, en cuanto al señalamiento del accionante respecto del artículo 67 de la Constitución Local, en el proemio de su escrito no advierten agravios sobre el citado numeral. Por tal motivo, alega que sus manifestaciones deben desestimarse y declarar la constitucionalidad de la reforma en cuestión.

NOVENO.-La S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opinó, esencialmente, lo siguiente:

Estima que el artículo 33, párrafo 1, de la Constitución del Estado de Coahuila, resulta inconstitucional, toda vez que el Poder Revisor de la Constitución, en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, expresamente dispuso que: "El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o L.L., le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales."

Por otro lado, en el párrafo cuarto de la base I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que: "Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro."

Por lo que, concluye, la parte final del primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Local impugnada, se encuentra en contradicción con las disposiciones constitucionales precisadas, toda vez que permite participen en la asignación de diputados los partidos políticos que obtengan cuando menos el dos por ciento (2%) de la votación válida emitida en el Estado para la elección de diputados.

Asimismo, coincide con el accionante en que se presenta una evidente contradicción entre lo dispuesto en los artículos 27, numeral 3, inciso j), y 33, primer párrafo, ambos de la Constitución Local, pues en el primero de ellos se dispone que los partidos políticos locales que no alcancen el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo les será cancelado su registro; mientras que en el primer párrafo del artículo 33, se prevé un porcentaje mínimo de dos por ciento de la votación válida emitida en el Estado para obtener una diputación de representación proporcional.

DÉCIMO.-La procuradora general de la República no formuló opinión.

DÉCIMO PRIMERO.-Recibidos los informes de las autoridades y la opinión de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es improcedente la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.-Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

TERCERO.-Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los Ministros G.O.M., C.D., F.G.S., Z.L. de L., P.R., M.M., I., L.P., P.D. y presidente A.M..

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por mayoría de cinco votos de los Ministros G.O.M., C.D., P.R., M.M.I. y presidente A.M., respecto al considerando segundo, relativo a la oportunidad, consistente en sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad. Los M.F.G.S., Z.L. de L., L.P. y P.D. votaron en contra. El Ministro L.P. anunció voto particular.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los Ministros G.O.M., C.D., F.G.S., Z.L. de L., P.R., M.M., I., L.P., P.D. y presidente A.M..

Las Ministras M.B.L.R. y N.L.P.H. no asistieron a la sesión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por desempeñar una comisión oficial.

El Ministro presidente A.M. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

________________

1. Foja 29 del expediente.

2. Foja 30 del expediente.

3. Foja 216 de autos.

4. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

5. "Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor, de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

"Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad."

Esta ejecutoria se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.