Ejecutoria num. P./J. 92/2001 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26826945

Ejecutoria num. P./J. 92/2001 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Resolución: 1 de Mayo de 2001
Número de Resolución:P./J. 92/2001
Localizacion:JUAN N. SILVA MEZA.
Emisor:Pleno
RESUMEN

AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.

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AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2000. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de mayo de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO

-

Por escrito presentado el veintitrés de agosto del dos mil, en la oficina de correos de la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, y recibido el cinco de septiembre del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Armando López Campa, José Luis de Lira González, Juan Francisco Ovalle Peña, Jorge Rodríguez León, Víctor Hugo Romo Córdoba, J. Jesús Hernández Valdivia, Jesús Ramos Franco, Pascuala Nava Santana, Antonio Reyna Santoyo y Abel Lariz Serna, ostentándose como diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de la norma general que a continuación se señala:

  1. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan mediante este procedimiento constitucional.-

    1. La propia LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en cuanto hace a la discusión y aprobación de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.-

    2. El C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, por lo que hace al decreto promulgatorio de la referida Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.-

  2. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.-

    La Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, específicamente en el título segundo, capítulo único, que comprende los artículos 4o. al 12; capítulo tercero, sección tercera, que comprende los artículos del 46 al 64 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y en general con todas y cada una de las normas establecidas en dicha ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el 24 de julio del 2000, que a la presente se acompaña como anexo No. 2."

SEGUNDO

-

En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

En el título segundo, capítulo único, que comprende los artículos 4o. al 12; capítulo tercero, sección tercera, que comprende los artículos del 46 al 64 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, y en general con todas y cada una de las normas establecidas en dicha ley, son inconstitucionales puesto que violan lo dispuesto por los artículos 4o., 14, 16, 17, 27, 115, párrafo primero, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .-

El artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, establece la facultad del Municipio o al prestador de los servicios de agua potable para suspender el suministro de agua potable y, consecuentemente, viola el derecho constitucional que se confiere en el artículo 4o. de nuestra Ley Suprema, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.-

De conformidad con el artículo 4o. constitucional, que consagra el derecho a la salud de los habitantes de nuestro país, y a su ley reglamentaria, que en el presente caso lo es la Ley General de Salud , la cual prohíbe expresamente suprimir la dotación del servicio de agua potable con la única excepción de los casos en que como resultado de la vigilancia de la potabilidad del agua, se encuentre que la misma es insalubre, lo cual se desprende de los artículos 119, 121, 207 y 222 de la Ley General de Salud , por lo cual al facultar al Municipio o al prestador de los servicios de agua potable para suspender el suministro de agua potable, en el precepto de cuya inconstitucionalidad se solicita la invalidez, dejando a los habitantes en pleno estado de insalubridad, ya que imposibilita para que cuente con un recurso indispensable para subsistencia humana, dicha ley conculca y violenta de manera flagrante, clara e inequívoca los preceptos constitucionales señalados.-

Indudablemente el agua potable representa para la humanidad el líquido más preciado y necesario para su subsistencia, ya que sin este vital líquido no es posible la conservación de la vida y por consiguiente tener una salud adecuada, por lo que privar del agua potable a los habitantes del Estado de Aguascalientes representaría no sólo violar una garantía constitucional consagrada en nuestra Ley Suprema, sino el derecho a la vida.-

Asimismo, el artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes es inconstitucional, ya que faculta a un particular, es decir, al prestador de los servicios a realizar la suspensión de suministro de agua potable, situación que le compete única y exclusivamente a la autoridad, ya que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, tal y como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Federal , ya que la prestadora del servicio carece de sustento legal para reclamar actos coactivos contra particulares, ya que dicha prestadora de servicios no tiene la investidura de autoridad, por tal motivo, para que la prestadora de servicios de agua potable pudiera reclamar algún adeudo u obligación a los usuarios de agua potable y alcantarillado, éste debería ser a través de procedimientos y autoridades competentes jurisdiccionales, ya que como se dijo con antelación, el prestador de servicios tiene el carácter de particular, por lo cual la ley cuya invalidez se solicita viola los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Ley Suprema.-

Asimismo, el artículo 115, fracción III, establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, dentro de los cuales se encuentran el agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de sus aguas residuales, por lo cual resulta inconstitucional que la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, faculte a un particular en este caso a un prestador de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado para que ejerza estas funciones de prestación de servicios públicos.-

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, elevado a rango constitucional en el artículo 27, las aguas del subsuelo comprendidas en el territorio, pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; sin embargo, establece que cuando lo exija el interés público el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de esta agua se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.-

En este sentido, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las leyes y condiciones que establezcan las leyes. Por lo anteriormente señalado, resulta inconstitucional que el Gobierno del Estado de Aguascalientes y los Municipios, mediante la Ley de Agua para el Estado, faculte y delegue funciones para la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya que dicha facultad sólo compete única y exclusivamente al Ejecutivo Federal, por lo tanto, la ley cuya inconstitucionalidad e invalidez se solicita viola lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .-

El título segundo, capítulo único, que comprende los artículos del 4o. al 12 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, crea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Instituto del Agua, organismo con funciones de planeación y programación hidráulica, en el ámbito de su competencia, que habrán de tratarse en el seno del Consejo de Cuenca correspondiente; suplir al titular del Ejecutivo Estatal en los Consejos de Cuenca y acudir a las sesiones que sea invitado; representar al Ejecutivo Estatal en las actividades de coordinación y concertación con cualesquiera órgano que tenga relación con los asuntos del agua; para el ejercicio de sus atribuciones el instituto podrá celebrar acuerdos de coordinación con los Municipios; entre otras facultades, resulta evidente la inconstitucionalidad de la ley, toda vez que nuestra Carta Magna en su artículo 115, fracción I, establece: 'Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.'.-

Por lo anterior, resultan inconstitucionales los preceptos establecidos en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, toda vez que se crea un organismo público descentralizado, es decir, una autoridad intermedia entre...

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