Ejecutoria num. 2a./J. 12/2003 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

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RESUMEN

PRUEBA PERICIAL. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL PERITO MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN.

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PRUEBA PERICIAL. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL PERITO MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO

Las consideraciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver los amparos directos 36961/2001, 321/2002, 241/2002 y 2721/2002, en sesiones de veinticuatro de enero, siete y catorce de febrero y veintidós de marzo, en su parte conducente, se transcriben a continuación.

En el amparo directo 2721/2002, el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente:

TERCERO

Los conceptos de violación son, en sus diversas etapas, fundados pero inoperantes, infundados y fundados. ... Los conceptos de violación son infundados porque la Junta responsable no tenía por qué desechar el dictamen del perito del demandado por el hecho de que la perito que finalmente aceptó y protestó el cargo conferido no sea aquella a la que se refirió el instituto demandado en su escrito de ofrecimiento de pruebas, ya que si bien es verdad que al ofrecer la prueba manifestó que sería a cargo de la doctora Lucía Sánchez Arreguín, no menos cierto resulta que, cuando dicha prueba fue ofrecida, el oferente a su vez manifestó que sería a cargo de la mencionada profesionista 'y/o quien éste designe, reservándome el derecho para sustituirlo cuantas veces sea necesario' (folio 58), observándose del acta levantada en la audiencia de fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que se hizo constar que la doctora Martha Liliana Galina Macías comparecía como perito del demandado, considerándose que dicho momento fue óptimo para sustituir al perito que se había designado con anterioridad, puesto que aún no daba inicio la audiencia tendiente a efectuar el desahogo de la pericial en comentario y lógicamente el perito señalado primeramente aún no protestaba el desempeño del cargo, además de que en la Ley Federal del Trabajo no existe prohibición de sustituir al perito que previamente se haya propuesto; tiene aplicación al respecto la tesis sostenida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41 del Volumen número 30, Quinta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyos rubro y texto son como sigue: 'PERITO, SUSTITUCIÓN DEL, POR LA PARTE QUE LO PROPUSO. La Ley Federal del Trabajo no prohíbe a las partes la sustitución de sus peritos, lo que hace que al no estar esto prohibido, deba considerarse tácitamente admitido por el legislador, con la natural taxativa de que lo haga antes de que ya no pueda tener derecho a que su perito rinda el correspondiente dictamen.'."

Del amparo directo 241/2002, importa destacar las siguientes consideraciones:

CUARTO

El estudio de los conceptos de violación que se hacen valer conduce a determinar lo siguiente: Sostiene el quejoso en su primer concepto de violación, esencialmente, que la Junta responsable viola los artículos 824, 825, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, sus garantías tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en forma indebida aceptó el desahogo de la prueba pericial a cargo de persona diversa a la nombrada por la demandada en la audiencia de pruebas respectiva, esto es, distinto al médico Ricardo Enciso Cancino, quien nunca compareció ante la Junta del conocimiento y en el desahogo de dicha probanza presentó a diverso perito, por tanto, al no ser el perito designado, carecía de los estudios que le fueron practicados, desconociendo la patología y sus condiciones de salud que le permitieran emitir un dictamen; en tales condiciones, la Junta laboral no debió aceptar la sustitución del perito del demandado ni admitir su dictamen. Es infundado el anterior alegato, conforme a las consideraciones siguientes. El artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo , en relación con el ofrecimiento de la prueba pericial, establece: 'La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes.'. Por su parte, el diverso numeral 825 del mismo ordenamiento, en sus fracciones I y II dispone: 'En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior; II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen.'. De los preceptos antes transcritos se advierte que en el primero se establece la forma en que debe ofrecerse la prueba pericial y los requisitos que deben cumplirse para su admisión, esto es, la materia sobre la que deba versar y el interrogatorio sobre el que deba desahogarse, y en el segundo, que las partes deben presentar a su perito en la fecha señalada para su desahogo, quienes, previa protesta del cargo conferido, emitirán opinión respecto a la cuestión planteada, salvo que por causa justificada soliciten un aplazamiento. Ahora bien, en la especie se advierte que en la audiencia de ley celebrada el ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, el instituto demandado, aquí tercero perjudicado, al ofrecer la prueba pericial de referencia, cumplió con los requisitos del artículo 825 de la ley laboral, esto es, indicó la materia en que ésta debía versar, formuló el interrogatorio respectivo y nombró como perito de su parte al doctor Ricardo Enciso Cancino, probanza que le fue admitida en sus términos. Cabe precisar que el perito nombrado por el instituto demandado al ofrecer la prueba, en ningún momento se constituyó ante la responsable para aceptar y protestar el cargo conferido, pues no existe en autos constancia que acredite tal aceptación, ante lo cual ningún impedimento legal existió para que la autoridad del conocimiento aceptara la sustitución de un perito diverso al originalmente propuesto. Por tanto, se concluye que la actuación de la Junta responsable, de aceptar la sustitución del perito al instituto demandado, no es violatoria de garantías, pues su actuar encuentra apoyo en lo dispuesto por los artículos 823 y 825 de la Ley Federal del Trabajo ."

En el amparo directo 36961/2001 se consideró que:

CUARTO

El estudio de los conceptos de violación que se hacen valer conduce a determinar lo siguiente: Sostiene el quejoso en su primer concepto de violación, esencialmente, que la Junta responsable viola sus garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al haber decretado en audiencia de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve la deserción de la prueba pericial que le fue admitida a su representada, argumentando como base de su determinación el hecho de que sin haber revocado previamente el nombramiento del perito Miguel Ángel González Ramírez, a cuyo cargo se admitió el desahogo del citado medio probatorio, presentó a diverso profesional de nombre Jorge Chino Pozos, quien al rendir protesta manifestó que lo hacía como perito de la parte actora, fundando su acuerdo en lo dispuesto por el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo , razonamientos que el quejoso estima incorrectos, en virtud de que dicho precepto no resulta aplicable al caso concreto y, por el contrario, la responsable primera vulnera lo dispuesto por el artículo 883 de la ley de la materia al haber omitido tomar las medidas necesarias tendientes a la preparación y desahogo de la citada probanza, sin tomar en cuenta que debido a un error mecanográfico, al hacer uso de la palabra el perito José Chino Pozos, se asentó que fungía como perito de la parte actora, sin tomar en cuenta que del acta respectiva se desprende que lo hacía en nombre de su representada, y sobre todo porque la ley laboral no prohíbe la sustitución del perito propuesto, según se advierte del texto de la fracción I del artículo 825 de dicho ordenamiento, que establece únicamente que cada parte deberá presentar a su perito, pero no dispone que tenga que ser el anteriormente nombrado, máxime que por ser una prueba colegiada no importa el nombre del profesional, sino el dictamen que se emita; asimismo, porque la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece como requisito para poder sustituir a un perito, el que previamente se tenga que revocar un nombramiento anterior, mucho menos cuando la probanza no se encuentre debidamente preparada para su desahogo, ante lo cual, la resolución adoptada por la responsable carece de la debida fundamentación y motivación. Es fundado el anterior argumento expresado por el solicitante del amparo y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada, atento las consideraciones siguientes. El artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el ofrecimiento de la prueba pericial establece: 'La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes.'. Por su parte, el diverso numeral 825 del mismo ordenamiento, en sus fracciones I y II dispone: 'En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior; II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se...

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