Ejecutoria num. 2a./J. 19/2008 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 43922564

Ejecutoria num. 2a./J. 19/2008 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

RESUMEN

AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ÍNDICE
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 263/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, de la Ley de Amparo , toda vez que fue formulada por la entonces Ministra presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO

Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 532/2006, con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, determinó lo siguiente:

"QUINTO. Deben desestimarse los conceptos de violación hechos valer. Antes de realizar el estudio respectivo, importa precisar los siguientes antecedentes que se desprenden del juicio de nulidad de origen: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil seis, la empresa Textiles Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de las siguientes resoluciones: (se transcribe). Al respecto, la parte actora exhibió como pruebas de su parte entre otras, el oficio número 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, por el que se comunica a la contribuyente el avalúo del inmueble que le fue embargado para garantizar el monto de los créditos fiscales impugnados (fojas 23 y 24). 2. Por auto de diez de febrero de dos mil seis, previo requerimiento al promovente para que acreditara su representación (foja 5), el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto con el número de expediente 65/06-12-02-4, admitió a trámite la demanda y corrió traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de ley formularan la contestación respectiva (foja 171 frente y vuelta). 3. Mediante oficio 325-SAT-21-I-IV-5323, de fecha tres de mayo de dos mil seis, el administrador local Jurídico de Puebla Sur, en representación de las demandadas, formuló la contestación de demanda (fojas 178 a 206). Al respecto, la autoridad oficiante manifestó como causas de improcedencia, por un lado, que el oficio el oficio (sic) número 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, por el que se comunica a la contribuyente el avalúo del inmueble que le fue embargado para garantizar el monto de los créditos fiscales impugnados, debió haberse controvertido mediante el recurso de revocación previamente a acudir al juicio de nulidad y que al no haberlo hecho así la actora se actualizaba la causa (fojas 179) y, por otro, que la accionante consintió los créditos fiscales combatidos, así como los actos del procedimiento administrativo de ejecución controvertidos, anteriores al avalúo de mérito, al no haberlos controvertido dentro del término legal previsto para tal efecto a partir de que le fueron notificados (fojas 181 a 184), para lo cual ofreció como pruebas las documentales que estimó pertinentes para demostrar lo anterior. 4. Por auto de diecinueve de mayo siguiente, se tuvo por contestada la demanda fiscal y se corrió traslado a la actora para que en el término de veinte días ampliara la demanda de nulidad (foja 374). 5. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil seis, se tuvo por ampliada la demanda de nulidad (fojas 390) y por acuerdo de veintidós de agosto siguiente se tuvo por contestada esa ampliación (foja 430). 6. Seguido el trámite respectivo, el día veintidós de septiembre de dos mil seis, la Sala responsable dictó sentencia en el juicio fiscal de que se trata, en la que resolvió lo siguiente: en el considerando tercero, por una parte estimó fundada la causa de improcedencia invocada por las autoridades demandadas respecto de los créditos fiscales impugnados y de los consecuentes actos del procedimiento administrativo de ejecución, en razón de que la parte actora los consintió al no haber promovido el juicio dentro del plazo previsto para tal efecto en el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ; y, en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, la Sala estimó procedente sobreseer en el juicio en relación con el oficio 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, por el que se comunicó a la actora el avalúo realizado al inmueble embargado, señalando al respecto que antes de acudir al juicio contencioso administrativo la contribuyente debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación . En consecuencia, la Sala Fiscal sobreseyó en el juicio de nulidad, al actualizarse los motivos de improcedencia previstos en el artículo 8o., fracciones IV y VI, en relación con el numeral 9, fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo . Dicha sentencia constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Precisado lo anterior, en el primer concepto de violación (fojas 5 a 19), la quejosa sostiene en esencia que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que la Sala Fiscal omitió estudiar de oficio la competencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, como lo dispone el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , puesto que, como se advierte del considerando tercero del fallo reclamado, la responsable omitió pronunciarse sobre la debida fundamentación de la autoridad exactora para emitir los actos del procedimiento administrativo de ejecución relativo a los créditos fiscales combatidos. En apoyo a lo anterior, la impetrante cita la jurisprudencia 2a./J. 99/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’. Debe desestimarse el concepto de violación antes resumido. En efecto, del contenido de los antecedentes precisados, en relación con los argumentos hechos valer por la parte quejosa, conviene precisar que dado que la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia reclamada estimó la actualización del motivo de improcedencia previsto en el artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , respecto de los créditos fiscales impugnados y sus consecuentes actos del procedimiento administrativo de ejecución, al señalar que éstos ya habían sido consentidos, por lo que sobreseyó al respecto con fundamento en el artículo 9o., fracción II, del mismo ordenamiento legal; la conclusión a la que arribó la Sala responsable, en cuanto al sobreseimiento en el juicio fiscal por lo que se refiere a los créditos fiscales combatidos y a los actos del procedimiento administrativo de ejecución respectivo, le impedía precisamente hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las resoluciones impugnadas, tal como sucede con el tema de competencia que ahora hace valer la parte quejosa. Lo anterior, porque la principal consecuencia jurídica del sobreseimiento consiste en que la Sala Fiscal se encuentre imposibilitada para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las resoluciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo y, por ende, al haberse sobreseído en el juicio fiscal, resultan inoperantes los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo directo que no combaten las consideraciones por las que la responsable decretó el sobreseimiento referido, sino que se refieren a temas relativos al fondo del asunto, tales como la competencia de la autoridad demandada para emitir las resoluciones respectivas, pues su examen no podía ser abordado por la Sala dado el sentido del fallo fiscal, y por tanto, tampoco pueden ser analizados por este Tribunal Colegiado. Tiene aplicación al caso, por compartirse, la jurisprudencia 757 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito Judicial, publicada en la página 566, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, cuyo contenido es el siguiente: ‘SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o.A. J/4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1601, del Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época del Semanario...

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