Ejecutoria num. 2a./J. 14/2010 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

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RESUMEN

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO.

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CONTRADICCIÓN DE TESIS 341/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO, SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia laboral, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo , porque la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que sustentó uno de los criterios denunciados como contradictorios.

TERCERO

A fin de verificar si existe oposición de criterios respecto de una misma cuestión jurídica, es conveniente resaltar las características fundamentales de las ejecutorias materia de la presente denuncia que a continuación se precisan:

  1. Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

    Incidente en revisión laboral **********.

    El Tribunal Colegiado del conocimiento conoció de un recurso de revisión interpuesto contra la resolución que negó a la quejosa la suspensión definitiva contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otras autoridades, que se hicieron consistir en dos acuerdos, uno que la apercibió de que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el laudo laboral que la constreñía a reinstalar a los trabajadores se daría vista al agente del Ministerio Público, y se le impondría una multa; otro que hizo efectivo el apercibimiento de dar vista al representante social.

    El citado órgano colegiado confirmó la interlocutoria recurrida y negó la suspensión definitiva con base en las consideraciones que en la parte que interesa señalan:

    "Por lo que atañe al apercibimiento de imponer una multa a la quejosa, equivalente a siete días de salario mínimo general, la medida cautelar es improcedente porque no se satisface el requisito previsto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo , esto es, que con la suspensión del acto reclamado no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

    "Bajo ese contexto, no procede conceder la suspensión definitiva respecto de la ejecución de medidas de apremio distintas del arresto, decretadas por las autoridades jurisdiccionales con el propósito de vencer la contumacia del quejoso a cumplir una determinación, en tanto es inexacto que en ese caso sólo esté (sic) en juego intereses particulares, debido a que la sociedad en general está interesada en que no se entorpezcan los procedimientos jurisdiccionales, ni la observancia de los fallos que resuelven los contradictorios ventilados ante los tribunales legalmente constituidos para esa consecución; de lo contrario se daría pauta para alargar los litigios indefinidamente con grave perjuicio para la colectividad y en demérito de las atribuciones legales conferidas a los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus determinaciones y con ello dar satisfacción al artículo 17 constitucional que les impone la obligación de velar por una impartición de justicia pronta y expedita.

    "Concretamente en la materia laboral, la Ley Federal del Trabajo en los artículos 939 a 949 establece las atribuciones conferidas a los Presidentes de las Juntas del Trabajo para procurar la ejecución pronta y expedita de los laudos dictados en los juicios de su competencia; por ello se insiste que en ese tópico no sólo están involucrados intereses particulares, sino en general los de la colectividad por las razones asentadas en párrafos precedentes; por ende, es inconcuso que en el caso no se colma el segundo de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo exige para conceder la suspensión definitiva.

    "Al respecto resulta aplicable la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, página mil ciento dos, del rubro y texto siguiente:

    "‘MEDIDAS DE APREMIO DICTADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE TRATE DEL ARRESTO.’ (se transcribe).

    "Por otra parte, con relación a la ejecución del auto que ordena hacer efectivo el apercibimiento referido en el proveído de veinte de marzo del año en curso, tampoco se satisface el requisito mencionado en líneas precedentes, relativo a la no afectación de disposiciones de orden público y al interés social, debido a que cuando existe colisión entre el interés de la colectividad y de un particular, debe imperar el primero.

    "Consecuentemente, es improcedente conceder la suspensión definitiva cuando lo que se controvierte en el juicio de amparo es la determinación de la autoridad responsable de dar vista al Ministerio Público por considerar que el quejoso ha desobedecido una orden legítima de aquélla, pues en ese supuesto es preponderante el interés que la sociedad tiene en la investigación y en su caso, persecución de un posible hecho delictuoso.

    "Esto es así porque el artículo 21 constitucional consagra la facultad y obligación para que la autoridad ministerial investigue posibles hechos delictuosos, y no existe disposición legal que otorguen (sic) a los gobernados, aun cuando pudieran eventualmente tener el carácter de indiciados, para oponerse al inicio de una averiguación previa, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad.

    "Por tanto, adverso a lo alegado por los representantes legales de la recurrente, es inexacto que sólo estén involucrados interés (sic) particulares de los trabajadores terceros perjudicados, sobre todo si se tiene en cuenta que la consecuencia del acto reclamado no radica en la simple ejecución del laudo dictado en el juicio laboral, sino en la posible investigación de un evento estimado como delictivo.

    "Sobre el particular es aplicable la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, octubre de mil novecientos noventa y tres, página cuatrocientos noventa y seis, bajo el epígrafe y texto siguiente:

    "‘SUSPENSIÓN, NO PROCEDE CUANDO TIENDA A IMPEDIR LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, AUNQUE ELLO PUDIERA DEJAR SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe).

    "Por tales razones, no se comparte el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la página mil ochenta y ocho, Tomo XXVIII, diciembre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:

    "‘SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA, A EFECTO DE CONSERVAR LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO, CONTRA EL ACUERDO QUE APERCIBE DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL SE IMPONDRÁ UNA MULTA DE UN MIL PESOS; SE DECLARARÁ QUE SE HAN AGOTADO LAS MEDIDAS DE APREMIO; Y SE ORDENARÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL POR LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA.’ (se transcribe).

    "Lo anterior debido a que, en opinión de este órgano colegiado, la negativa de la suspensión definitiva no deja sin materia el juicio de amparo a tal grado de que no sea posible retrotraer las cosas al estado en que se encontraban, pues si bien al no concederse la medida cautelar puede materializarse la vista ordenada por la autoridad responsable, si se concede la protección federal al quejoso, el efecto del amparo sería para dejar insubsistente el inicio de la investigación penal y que las actuaciones ahí practicadas no puedan ser utilizadas en su perjuicio, con lo cual se resarciría la violación cometida en agravio de la quejosa.

    "Por tanto, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo lo procedente es denunciar la posible contradicción de tesis.

    "Por otra parte, resulta inaplicable la jurisprudencia 13/90 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la recurrente, cuyo rubro señala: ‘SUSPENSIÓN CONTRA EL LAUDO, DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUÉL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO.’, puesto que en el caso concreto el acto reclamado no lo constituye el laudo de diez de marzo de dos mil nueve dictado en el juicio laboral de origen, sino diversas determinaciones emitidas por el presidente del Tribunal del Trabajo que conoce del contradictorio laboral y a las cuales se ha hecho referencia en párrafos precedentes; de manera que es distinto el supuesto contemplado en dicha jurisprudencia y el que se plantea en la especie."

    Deriva de lo anterior que el Tribunal Colegiado se pronunció sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto del acto que se hizo consistir en el apercibimiento de imposición de multa y en la orden de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia, determinando la improcedencia de dicha medida cautelar, respecto de la multa porque no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo , esto es, que con la suspensión del acto reclamado no se siga perjuicio al interés...

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