de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38226598

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación:14 de Febrero de 2008
RESUMEN

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20771

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Segunda S.

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Febrero de 2008

P�gina: 533

CONTRADICCI�N DE TESIS 196/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y S�PTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

E.a Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve del mismo mes y a�o, en virtud de que se refiere a tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en un tema que es de la competencia exclusiva de esta Segunda S., a saber: la materia administrativa.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formul� el apoderado jur�dico de la empresa Nasoft Systems, Sociedad An�nima de Capital Variable, parte quejosa en el juicio de amparo 79/2007-1148, en el que se dict� la sentencia que sustenta uno de los criterios en posible oposici�n.

TERCERO

Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicci�n, son las siguientes:

  1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 79/2007-1148, en sesi�n de treinta de marzo de dos mil siete, sostuvo en la parte conducente de su fallo, en s�ntesis, que:

    1. Para los efectos del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, la norma define como adquisici�n la que derive de todo acto por medio del cual se transmita la propiedad, inclusive la donaci�n y la herencia, as� como la aportaci�n a toda clase de asociaciones o sociedades, excepto las aportaciones que se hagan al constituir o al liquidar la sociedad conyugal, con la condici�n de que se trate de inmuebles propiedad de los c�nyuges.

      Es decir, la norma no establece una exenci�n a cierto tipo o categor�a de contribuyentes, o sea, no libera del pago del tributo a determinada clase de contribuyentes. Lo que hace es exceptuar del hecho imponible la transmisi�n de la propiedad de inmuebles que aporten los contrayentes al constituir la sociedad conyugal o al liquidarla. Desde luego, dice, esta excepci�n parte del supuesto dado en la norma de que existe transmisi�n de la propiedad cuando los contrayentes aportan inmuebles para constituir una sociedad conyugal y tambi�n cuando se liquida.

    2. El tribunal de que se trata realiz� un an�lisis legal y jurisprudencial de la naturaleza de la sociedad conyugal, para concluir que cuando se constituye y cuando se liquida la sociedad conyugal existe transmisi�n parcial de la propiedad de inmuebles, pues, en el primer caso, uno de los c�nyuges adquiere, en su car�cter de copropietario, la mitad o el cincuenta por ciento del inmueble aportado por el otro c�nyuge y, en el segundo supuesto, en uno de los c�nyuges se consolida la propiedad del inmueble o inmuebles con que se quede.

    3. Agrega que al constituir o liquidar la sociedad conyugal, aportando bienes inmuebles o qued�ndoselos, respectivamente, los c�nyuges tambi�n llevan a cabo actos en virtud de los cuales transmiten la propiedad inmobiliaria; sin embargo, no se encuentran en la misma situaci�n que los dem�s sujetos del tributo.

      La anterior conclusi�n la apoya el tribunal en que un inmueble que se aporte a la constituci�n de la sociedad conyugal, propiedad de uno de los c�nyuges, en su oportunidad fue objeto del gravamen que se examina. Si la ley gravara la transmisi�n de la propiedad que ocurre cuando dicho bien se aporta para constituir la aludida sociedad conyugal resultar�a que tanto el c�nyuge que lo aporta como el que se convierte en copropietario tendr�an la obligaci�n de pagar, cada uno, el cincuenta por ciento de la contribuci�n que uno de ellos pag� en su totalidad cuando lo adquiri�.

    4. Agrega que, desde luego, los inmuebles que adquiere la sociedad conyugal durante su existencia deben pagar el impuesto respectivo. Si los c�nyuges tienen el car�cter de copropietarios, entonces resulta que legalmente cada uno de ellos paga el cincuenta por ciento de la contribuci�n; luego, dice, si la ley tambi�n gravara la transmisi�n de la propiedad que ocurre cuando al liquidar la sociedad conyugal en uno de los c�nyuges se consolida la propiedad inmobiliaria, resultar�a que ese c�nyuge tendr�a la obligaci�n de pagar el cien por ciento del impuesto, cuando pag� el cincuenta por ciento que le correspond�a al momento en que la sociedad conyugal lo adquiri�.

      Por tanto, a�ade, se debe concluir que la situaci�n jur�dica de los c�nyuges es distinta de la de los dem�s sujetos del tributo.

      En efecto, sostiene, la sociedad conyugal es uno de los reg�menes patrimoniales bajo los cuales se contrae matrimonio. El matrimonio es la instituci�n reconocida por las leyes para formar la familia, la que a su vez constituye la c�lula fundamental de la sociedad. Dicha sociedad conyugal carece de fines lucrativos, el �nimo que la inspira es sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos; sus caracter�sticas particulares la hacen �nica, porque su objeto es la preservaci�n de la especie humana y que los consortes realicen su vida en com�n.

    5. Por consiguiente, todas estas peculiaridades llevan a la conclusi�n de que ante la transmisi�n de propiedad inmobiliaria que ocurre cuando se aportan inmuebles para constituir una sociedad conyugal o cuando se liquida, los c�nyuges no guardan una situaci�n id�ntica a los dem�s sujetos del tributo, raz�n que justifica la excepci�n legal de que dicha transmisi�n no es hecho imponible para los aludidos c�nyuges.

    6. Adem�s, agrega, aceptar que la transmisi�n de propiedad de que se viene hablando tambi�n sea hecho imponible que d� lugar a la obligaci�n tributaria a cargo de los c�nyuges adquirentes propiciar�a el fen�meno de la doble tributaci�n, la que si bien no es inconstitucional en s� misma considerada, se evita desde ahora con la excepci�n legal que estableci� el legislador.

    7. Las consideraciones que anteceden, concluye el tribunal, demuestran que es inexacto que la excepci�n prevista en el art�culo 137, fracci�n I, p�rrafo primero, del C�digo Financiero del Distrito Federal, sea violatoria del principio de equidad tributaria, pues frente a la norma que establece la obligaci�n de pago del tributo existen razones que justifican el trato diferenciado entre los c�nyuges y los dem�s sujetos del impuesto.

  2. El S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 191/2007, en sesi�n de ocho de agosto de dos mil siete, sostuvo en la parte conducente de su fallo, en s�ntesis, que:

    1. La sociedad conyugal puede entenderse como un contrato accesorio al matrimonio, pero su objetivo no es propiamente adquirir bienes, como s� lo ser�a, por ejemplo en una compra venta, una donaci�n o cualquiera de los otros casos que el numeral 137 atacado de inconstitucionalidad prev�; dicha figura jur�dica debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.

    2. En el caso del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, el legislador atendi� al hecho de que al adquirir un bien inmueble, exist�a una manifestaci�n real de riqueza, la cual, desde luego, es susceptible de ser gravada, en tanto que tal acto es claro indicador de una manifestaci�n de riqueza.

    3. En el caso de la constituci�n de la sociedad conyugal, a pesar de que cualquiera de los contrayentes puede adquirir en determinada forma los bienes del otro, por esa raz�n, en realidad, no existe una manifestaci�n real de riqueza, sino que, en todo caso, los bienes pasan a formar parte del patrimonio com�n de ambos esposos, sin que, en relaci�n con alguno de ellos, pueda establecerse la posibilidad de disponer libremente de los bienes que comprenden el objeto de la sociedad; adem�s, no es factible definir a qui�n corresponde el bien de que se trate, precisamente, porque �ste es un r�gimen de administraci�n com�n del c�mulo patrimonial de ambos.

      De acuerdo con la jurisprudencia, los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal pertenecen a ambos c�nyuges, lo cual no significa que durante la vigencia de dicha sociedad y respecto de los bienes que debe considerarse que le son afectos, se encuentre determinada la propiedad de cada uno de los consortes, pues s�lo hasta la liquidaci�n de la sociedad podr� saberse, mediante la adjudicaci�n correspondiente, lo que pertenece a cada uno de ellos.

    4. Al constituirse la sociedad conyugal, a pesar de que pudiera entenderse que uno de los c�nyuges adquiera la propiedad del bien que se incluya en la sociedad conyugal, si se origina con la celebraci�n del matrimonio o los que se hayan adquirido a t�tulo personal durante �ste, y posteriormente se incluya en la conformaci�n de aqu�lla; lo cierto es que ello no es del todo exacto, en tanto que el patrimonio de ambos c�nyuges que, desde el punto de vista precisado anteriormente, pierde individualidad, se traslada objetivamente a la comunidad equitativa y justa que se conforma por ambos c�nyuges.

      En ese sentido, es claro que no existe una afectaci�n positiva ni negativa, en lo individual, al patrimonio de ellos, ya que ninguno adquiere la propiedad del bien en cuesti�n, sino que existe una indefinici�n de qu� pertenece a cada quien, por lo que se entiende, en t�rminos generales, que corresponde a ambos por igual, si no existe pacto diverso.

    5. Por la anterior circunstancia ninguno de los c�nyuges adquiere el libre ejercicio del dominio del bien, puesto que se encuentra supeditado, salvo que se pacte de manera diversa, a la voluntad del otro c�nyuge, aspectos que permiten arribar a la conclusi�n de que en el caso espec�fico de la constituci�n de la sociedad conyugal no existe una manifestaci�n de riqueza propiamente dicha, susceptible de ser gravada por la aportaci�n que se haga de los bienes a la sociedad conyugal, de ah� que, en este aspecto, el art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, no transgreda el principio de equidad tributaria tutelado por el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional.

    6. Sin embargo, la anterior conclusi�n no es exacta para el caso de lo dispuesto por el indicado art�culo 137, en relaci�n con la liquidaci�n de la sociedad conyugal, pues en cuanto a este aspecto, dicho numeral secundario s� viola la apuntada garant�a.

    7. Para llegar a esa conclusi�n, el tribunal del conocimiento parte de los supuestos de que: a) La sociedad conyugal tiene afinidad a la copropiedad; b) Al constituirse la sociedad conyugal se conforma una comunidad de bienes, respecto de los cuales no es posible determinar, salvo pacto en contrario, qu� bienes corresponden a cada quien, en tanto que ambos son cotitulares de ellos; y, c) Solamente al liquidar la sociedad, es factible dilucidar esa cuesti�n.

    8. Asimismo, toma en cuenta la historia legislativa de la hip�tesis de que se trata, derivada de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la cual, en su art�culo 25, se establecieron las hip�tesis de adquisici�n; de la reforma de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, cuando se modificaron las fracciones I y IX del referido numeral; la reforma de la Ley del Impuesto sobre Adquisici�n de Inmuebles en materia federal, correspondiente a ese mismo a�o; la abrogaci�n de esa ley, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a efecto de expedir el actual C�digo Financiero del Distrito Federal, en el que se recogi� la disposici�n impugnada en su numeral 157; las reformas al propio c�digo de veintis�is de diciembre de dos mil tres, en el que tal disposici�n se reubic� en el numeral 137; la reforma de veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determin� incluir como una excepci�n al concepto de adquisici�n la liquidaci�n de la sociedad conyugal, y la de veintid�s de agosto de dos mil cinco, en que se aprob� el primer p�rrafo que actualmente se encuentra vigente; haciendo hincapi� el tribunal en que en ninguna de las dos �ltimas ocasiones se�aladas el legislador ordinario expres� raz�n alguna que permitiera inferir la raz�n por la que se gener� el cambio en cuesti�n.

    9. De la misma manera, el tribunal considera que el art�culo 137, fracci�n I, aludido, viola el principio de equidad tributaria, en virtud de que da un trato desigual a los contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, porque, por un lado, los contribuyentes que adquieran bienes inmuebles en virtud de una liquidaci�n de la sociedad conyugal en demas�a al porcentaje que originalmente les corresponde, por la raz�n que sea, s� incrementan su patrimonio de manera real, pues al ocurrir el acto jur�dico mencionado, pudiera ser que uno de los c�nyuges adquiriera un bien en mayor proporci�n a la que originalmente ten�a o, inclusive, que se transmitieran bienes rec�procamente, con lo que se asemejar�an a figuras que s� se consideran adquisiciones en t�rminos del propio dispositivo legal, como lo es la copropiedad (fracci�n XI), y la permuta (segundo p�rrafo de la fracci�n I).

    10. En ese sentido, es evidente que tales adquirentes se encuentran en un r�gimen de privilegio que los excluye de la obligaci�n de enterar el tributo, sin que exista una raz�n que as� lo justifique, mientras que los restantes adjudicatarios de inmuebles, que se encuentran en una misma situaci�n de hecho, s� cubren el tributo, lo que es inequitativo, porque todos los adquirentes de inmuebles se ubican en una misma situaci�n jur�dica y de hecho, por lo que se deben aplicar las mismas disposiciones fiscales e id�nticos impactos o beneficios fiscales.

      En ese sentido, concluye el tribunal, la diferenciaci�n de trato es inconstitucional, toda vez que no existe una causa justificable para establecer dicha distinci�n como consecuencia del valor del inmueble para el pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, puesto que del proceso legislativo de diciembre de dos mil cuatro no se desprende la raz�n del legislador para que haya establecido tal beneficio.

    11. Al respecto, agrega, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que durante el establecimiento de contribuciones, el legislador puede tomar en consideraci�n fines de naturaleza no fiscal, que sirvan como instrumentos de pol�tica financiera, econ�mica y social que el E.ado tenga inter�s en impulsar, relativos a actividades determinadas.

      En tal supuesto, el empleo de fines extrafiscales durante la creaci�n de normas tributarias, �nicamente tendr� como condicionante que el legislador haga patente su voluntad expl�cita o impl�citamente, durante el proceso legislativo correspondiente, indicando en la propia norma, en la exposici�n de motivos o en la discusi�n de la misma, cu�les fueron las razones que a su juicio motivaron el establecimiento de cierto tributo o la imposici�n de un trato fiscal diferente para ciertos contribuyentes o que, incluso, se pueda desprender claramente de la norma.

    12. Sin que sea obst�culo para arribar a tal conclusi�n, a�ade, el hecho de que el a quo haya sostenido que el trato diferenciado evidenciado se justifica porque con ello se protege la instituci�n del matrimonio; porque si bien existe inter�s de la sociedad en proteger a la familia, lo que incluso podr�a resultar de relevancia jur�dica, lo cierto es que, por un lado, el matrimonio no es la �nica expresi�n legal de ella, pues los lazos familiares jur�dicamente relevantes no necesariamente surgen del matrimonio; pero, con independencia de ello, el r�gimen patrimonial de esta figura no se genera exclusivamente dentro de la sociedad conyugal, puesto que tambi�n se reconoce como tal, adem�s, al de separaci�n de bienes; incluso, en las capitulaciones matrimoniales puede generarse una serie de variantes que confluyen en ambos sistemas, por otro lado, adem�s, pudiera incluirse dentro de estos conceptos el que establece el patrimonio de familia.

      As�, es evidente que la raz�n expresada por el a quo no justifica la diferenciaci�n de trato anotada, y con independencia de que no se hayan expresado las razones que motivaron al legislador a establecer tal diferencia, lo cierto es que con motivo del respeto al principio de equidad tributaria, al gobernado le asiste no s�lo el derecho de recibir un trato similar al que tienen quienes se ubican en parecidas situaciones de hecho, por parte de las autoridades, sino que, adem�s, existe la obligaci�n de los entes del E.ado de procurar la igualdad real, que implica la se�alada igualdad jur�dica.

CUARTO

A efecto de determinar si existe contradicci�n de tesis conviene tener presente que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al interpretar los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emiti� la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001, visible en la p�gina 76, T.X., abril de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."

De la citada jurisprudencia se advierte que para que exista dicha contradicci�n deben actualizarse los siguientes requisitos:

  1. Que al resolver negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, el an�lisis comparativo de las sentencias rese�adas en el considerando precedente, pone de relieve que ambos tribunales fueron coincidentes en se�alar que el art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, establece una excepci�n al hecho imponible consistente en la transmisi�n de la propiedad de inmuebles al constituir la sociedad conyugal o al liquidarla.

De igual manera, ambos coincidieron en que la constituci�n de la sociedad conyugal establecida en dicho precepto no es violatoria de la garant�a de equidad consagrada en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, aunque por razones distintas:

Uno, con base en que el matrimonio tiene ciertas particularidades, por lo que los c�nyuges no guardan una situaci�n id�ntica a los dem�s sujetos del tributo, adem�s de que un inmueble que se aporte a la constituci�n de la sociedad conyugal, propiedad de uno de los c�nyuges, en su oportunidad fue objeto del gravamen que se examina, por lo que si la ley gravara la transmisi�n de la propiedad que ocurre cuando dicho bien se aporta para constituir la aludida sociedad conyugal, resultar�a que tanto el c�nyuge que lo aporta como el que se convierte en copropietario tendr�an la obligaci�n de pagar, cada uno, el cincuenta por ciento de la contribuci�n que uno de ellos pag� en su totalidad cuando lo adquiri�.

El otro, con base en que en la constituci�n de la sociedad conyugal no existe una manifestaci�n de riqueza propiamente dicha, susceptible de ser gravada generada por la aportaci�n que se haga de los bienes a la sociedad conyugal, en tanto que el patrimonio de ambos c�nyuges que, desde el punto de vista pierde individualidad, se traslada objetivamente a la comunidad, equitativa y justa, que se conforma por ambos c�nyuges y, en ese sentido, es claro que no existe una afectaci�n positiva ni negativa en lo individual, al patrimonio de ellos, ya que ninguno adquiere la propiedad del bien en cuesti�n, sino que existe una indefinici�n de qu� pertenece a cada quien, por lo que se entiende, en t�rminos generales, que corresponde a ambos por igual, si no existe pacto diverso.

Luego, respecto del t�pico atinente a la constituci�n de la sociedad conyugal, no existe contradicci�n de criterios, pues aun cuando ambos Tribunales Colegiados expusieron distintas razones, los dos llegaron a una conclusi�n similar; siendo que, seg�n se vio, para que exista dicha contradicci�n debe actualizarse, entre otros, el requisito de que al resolverse negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.

En cambio, s� existe contradicci�n de criterios por cuanto hace al tema de la liquidaci�n de la sociedad conyugal, pues se advierte, por un lado, que: a) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos y, por otro, que b) La diferencia de criterios se present� en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, en donde, respecto de una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, se adoptaron criterios discrepantes.

En efecto, se concluye lo expuesto en el inciso a), porque de las respectivas ejecutorias se advierte que:

  1. En ambos asuntos las respectivas quejosas reclamaron, en amparo indirecto, entre otros preceptos, la fracci�n I del art�culo 137 del C�digo Financiero del Distrito Federal, en la parte que except�a del concepto de adquisici�n de inmuebles las aportaciones al constituirse o liquidarse la sociedad conyugal.

  2. En los dos casos adujeron, medularmente, que dicha exclusi�n era violatoria del principio de equidad en raz�n de que carec�a de justificaci�n; esto se infiere de la p�gina once, segundo p�rrafo, de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisi�n 79/2007, y de las p�ginas quince (�ltimo p�rrafo) y diecis�is (primer p�rrafo) de la ejecutoria dictada por el S�ptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en el toca en revisi�n 191/2007.

  3. En los dos asuntos se neg� el amparo a las respectivas quejosas, quienes interpusieron sendos recursos de revisi�n, los cuales concluyeron con las ejecutorias que se examinan.

Por otro lado, lo concluido en el anterior inciso b) descansa en la circunstancia de que mientras el referido Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consider� al efecto que esa liquidaci�n no transgrede la garant�a de equidad, ya que, por un lado, el matrimonio refleja una serie de particularidades que hacen que los c�nyuges no guarden una situaci�n id�ntica a los dem�s sujetos del tributo, raz�n que justifica la excepci�n legal respecto de la liquidaci�n y, por otro, los inmuebles que adquiere la sociedad conyugal durante su existencia deben pagar el impuesto respectivo, y si los c�nyuges tienen el car�cter de copropietarios, entonces resulta que legalmente cada uno de ellos paga el cincuenta por ciento de la contribuci�n, por lo que si la ley tambi�n gravara la transmisi�n de la propiedad que ocurre cuando al liquidar la sociedad conyugal se consolida la propiedad inmobiliaria en uno de los c�nyuges, resultar�a que ese c�nyuge tendr�a la obligaci�n de pagar el cien por ciento del impuesto, cuando pag� el cincuenta por ciento que le correspond�a al momento en que la sociedad conyugal lo adquiri�.

En cambio, el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluy� que el art�culo 137, fracci�n I, aludido, en la parte que except�a del hecho imponible la liquidaci�n de la sociedad conyugal, viola el principio de equidad tributaria, en virtud de que da un trato desigual a los contribuyentes que se encuentran en las mismas circunstancias, porque, por un lado, los contribuyentes que adquieran bienes inmuebles en virtud de una liquidaci�n de la sociedad conyugal en demas�a al porcentaje que originalmente les corresponde, por la raz�n que sea, s� incrementan su patrimonio de manera real, pues al ocurrir el acto jur�dico mencionado, pudiera ser que uno de los c�nyuges adquiriera un bien en mayor proporci�n a la que originalmente ten�a o, inclusive, que se transmitieran bienes rec�procamente, con lo que se asemejar�an a figuras que s� se consideran adquisiciones en t�rminos del propio dispositivo legal, como lo es la copropiedad (fracci�n XI), y la permuta (segundo p�rrafo de la fracci�n I).

En ese sentido, agrega el tribunal, es evidente que tales adquirentes se encuentran en un r�gimen de privilegio que los excluye de la obligaci�n de enterar el tributo, sin que exista una raz�n que as� lo justifique, mientras que los restantes adjudicatarios de inmuebles, que se encuentran en una misma situaci�n de hecho, s� cubren el tributo, lo que es inequitativo, porque todos los adquirentes de inmuebles se ubican en una misma situaci�n jur�dica y de hecho, por lo que se deben aplicar las mismas disposiciones fiscales e id�nticos impactos o beneficios fiscales.

Es decir, se�ala, la diferenciaci�n de trato es inconstitucional, toda vez que no existe una causa justificable para establecer dicha distinci�n como consecuencia del valor del inmueble para el pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, puesto que del proceso legislativo de diciembre de dos mil cuatro no se desprende la raz�n del legislador para que haya establecido tal beneficio, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que durante el establecimiento de contribuciones, el legislador puede tomar en consideraci�n fines de naturaleza no fiscal, que sirvan como instrumentos de pol�tica financiera, econ�mica y social que el E.ado tenga inter�s en impulsar, relativos a actividades determinadas.

Asimismo, que en tal supuesto, el empleo de fines extrafiscales durante la creaci�n de normas tributarias, �nicamente tendr� como condicionante que el legislador haga patente su voluntad expl�cita o impl�citamente, durante el proceso legislativo correspondiente, indicando en la propia norma, en la exposici�n de motivos o en la discusi�n de la misma, cu�les fueron las razones que a su juicio motivaron el establecimiento de cierto tributo o la imposici�n de un trato fiscal diferente para ciertos contribuyentes o que, incluso, se pueda desprender claramente de la norma; lo que no acontece en el caso.

En consecuencia, s� existe la contradicci�n de tesis denunciada en el aspecto que se analiza, y el punto de derecho a dilucidar radica en determinar si el art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, en tanto except�a del hecho imponible la liquidaci�n de la sociedad conyugal, viola el principio de equidad tributaria.

QUINTO

E.a Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, la tesis que se sustenta en la presente resoluci�n.

En primer t�rmino resulta pertinente acudir a los art�culos 134 y 137 del C�digo Financiero del Distrito Federal vigente, los cuales disponen, en lo que interesa:

Art�culo 134. E.�n obligadas al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, establecido en este cap�tulo, las personas f�sicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a �l ubicados en el Distrito Federal, as� como los derechos relacionados con los mismos a que este cap�tulo se refiere.

"Art�culo 137. Para los efectos de este cap�tulo, se entiende por adquisici�n, la que derive de:

"I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donaci�n, la que ocurra por causa de muerte y la aportaci�n a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepci�n de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los c�nyuges.

"En las permutas se considerar� que se efect�an dos adquisiciones.

"En el caso de adquisiciones por causa de muerte, se aplicar� una tasa de 0% del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, siempre que el valor del inmueble a la fecha de la escritura de adjudicaci�n no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces al salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal;

"II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de �sta opere con posterioridad;

"III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesi�n de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de �l, antes de que se celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias;

"IV. La cesi�n de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente;

".F.�n y escisi�n de sociedades;

"VI. La daci�n en pago y la liquidaci�n, reducci�n de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles;

"VII. Transmisi�n de usufructo o de la nuda propiedad, as� como la extinci�n del usufructo, salvo que el mismo se extinga por muerte del usufructuario, independientemente de que el usufructo se haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio;

"VIII. P.�n positiva e informaci�n de dominio judicial o administrativa; salvo que el adquirente ya hubiera pagado el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles causado por la celebraci�n del contrato base de la acci�n, previamente al ejercicio de la acci�n judicial en cuesti�n;

"IX. La cesi�n de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporci�n a los inmuebles.

"Se asimila a la cesi�n de derechos la renuncia o repudio de la herencia o legado efectuados despu�s de la aceptaci�n de herencia o de la declaratoria de herederos o legatarios;

"X. Actos que se realicen a trav�s de fideicomiso, as� como la cesi�n de derechos en el mismo, en los siguientes supuestos:

"a) En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de �l, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes;

"b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho.

"Cuando el fideicomitente reciba certificados de participaci�n por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerar�n enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones;

"c) En el acto en el que el fideicomitente ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, si entre �stos se incluye el de que dichos bienes se transmitan a su favor;

"Cuando se emitan certificados de participaci�n por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran p�blico inversionista, no se considerar�n enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenaci�n de los certificados de participaci�n se considerar� como una enajenaci�n de t�tulos de cr�dito que no representan la propiedad de bienes y tendr�n las consecuencias fiscales que establecen las leyes fiscales para la enajenaci�n de tales t�tulos.

"Sin perjuicio de lo anterior, cuando el fideicomitente reciba certificados de participaci�n por los bienes que afecte en fideicomiso y cuando se emitan certificados de participaci�n por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran p�blico inversionista se considerar�n enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente enajene dichos certificados o cuando el fideicomiso enajene los bienes aportados;

"d) En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de readquirir dichos bienes, y

"e) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, o d� instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerar� que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designaci�n y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones;

"XI. La divisi�n de la copropiedad por la parte que se adquiera en demas�a del porciento que le correspond�a al copropietario, tomando como base los valores a que se refiere el art�culo 138 de este c�digo;

"XII. La cesi�n de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, as� como la adquisici�n de los bienes materia del mismo que se efect�e por persona distinta del arrendatario;

"XIII. Derogada

XIV. La adjudicaci�n judicial o administrativa y la cesi�n de dichos derechos.

El primero de los preceptos transcritos establece que est�n obligadas al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, las personas f�sicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a �l ubicados en el Distrito Federal, as� como los derechos relacionados con los propios inmuebles referidos en el cap�tulo que regula ese tributo.

Asimismo, el art�culo 137 establece los diversos supuestos en los que debe entenderse que existe una adquisici�n para efectos del impuesto; y en su fracci�n I except�a de esos supuestos las aportaciones que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal, pero con la condici�n de que sean inmuebles propiedad de los c�nyuges.

En ese sentido, se obtiene como primera conclusi�n, que estuvieron en lo justo ambos Tribunales Colegiados al sostener que el art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, establece una excepci�n al hecho imponible consistente en la transmisi�n de la propiedad de inmuebles al constituir la sociedad conyugal o al liquidarla.

Ahora bien, dado que el citado precepto alude a la liquidaci�n de la sociedad conyugal como supuesto de excepci�n, as� como por la raz�n de que los referidos �rganos jurisdiccionales examinaron si ese supuesto es violatorio de la garant�a de equidad, conviene hacer algunas reflexiones en cuanto a los siguientes temas: 1. La sociedad conyugal; 2. La garant�a de equidad; y, 3. Referentes hist�rico-legislativos del art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, en cuanto al aspecto que interesa.

Tema 1: La sociedad conyugal.

En cuanto a este t�pico, debe destacarse que ambos Tribunales Colegiados interpretaron las disposiciones del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente; asimismo, consideraron aplicable la resoluci�n dictada el veintiocho de marzo de dos mil uno, por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la contradicci�n de tesis 89/96, en la que se interpretaron las disposiciones relativas al mismo C�digo Civil, pero vigentes hasta el treinta y uno de mayo de dos mil.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito invoc�, como apoyo de sus consideraciones, las siguientes jurisprudencias, derivadas precisamente de dicha contradicci�n:

"SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE A T�TULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS C�NYUGES O A T�TULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL MATRIMONIO CONTRA�DO BAJO ESE R�GIMEN, AUN CUANDO NO SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, FORMAN PARTE DEL CAUDAL COM�N (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Si se toma en consideraci�n, por un lado, que los elementos que definen a la sociedad conyugal se identifican con los de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualquiera de los c�nyuges durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos; por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad com�n; y los adquiridos por fondos del caudal com�n o adquiridos a t�tulo gratuito por ambos c�nyuges y, por otro, que el fundamento y finalidad de este tipo de comunidad consiste en sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere, es inconcuso que aunque no se hubiesen formulado capitulaciones en los matrimonios celebrados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, este �ltimo se�alamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada b�sicamente, entre otros, por los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualesquiera de los c�nyuges, inclusive el producto del trabajo, las rentas y los frutos." (Novena �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, tesis 1a./J. 48/2001, p�gina 433).

"SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISI�N DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE R�GIMEN PATRIMONIAL (C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). La sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil citado, en el entendido de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el r�gimen de sociedad conyugal, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y su existencia no est� condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que es inconcuso que obliga a los consortes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la omisi�n de formular tales capitulaciones no impide que se cumpla la voluntad de los c�nyuges o que constituya un obst�culo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede llegar al extremo de considerar al matrimonio como regido por la separaci�n de bienes, lo que ser�a contrario al consentimiento de los c�nyuges." (Novena �poca, Primera S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, tesis 1a./J. 47/2001, p�gina 432).

Por su parte, el S�ptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, se apoy� en esta �ltima tesis y en las consideraciones de la ejecutoria de la que deriv�.

Por ende, conviene hacer un an�lisis comparativo entre los art�culos que all� se interpretaron y los vigentes, que fueron los que estudiaron ambos tribunales.

Los preceptos que regularon la figura jur�dica de la sociedad conyugal hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, y los que est�n en vigor, son los que se transcriben en el siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

El an�lisis comparativo entre las anteriores disposiciones pone de relieve que no hubo un cambio sustancial en la figura jur�dica de la sociedad conyugal, pues en ambas normatividades permanecen disposiciones semejantes.

Ahora, los cambios fundamentales fueron los siguientes:

  1. Mientras el art�culo 183 anterior establec�a que la sociedad conyugal se regir�a por las capitulaciones matrimoniales que la constituyeran, y en lo que no estuviera expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato de sociedad; en cambio, el vigente se�ala lo mismo, con excepci�n de que lo que no est� expresamente estipulado se regir� "... por las disposiciones generales de la sociedad conyugal."

    Asimismo, en ese art�culo se incorpor� un segundo p�rrafo para establecer que los bienes adquiridos durante el matrimonio formar�n parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario.

  2. El art�culo 184 anterior establec�a que la sociedad conyugal nac�a al celebrarse el matrimonio o durante �l, y que pod�a comprender no s�lo los bienes de que hubieran sido due�os los esposos al formarla, sino tambi�n los bienes futuros que adquiriesen los consortes.

    El actual coincide en cuanto a que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante �ste, y en que se conforma, entre otros, con los bienes de que sean due�os los otorgantes al formarla; s�lo que, a diferencia del anterior, no hizo alusi�n a los bienes futuros.

    No obstante, no debe perderse de vista que el segundo p�rrafo adicionado al vigente art�culo 183 establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio formar�n parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario, de donde se infiere que tambi�n se contempla la posibilidad de que los bienes futuros entren a la sociedad.

  3. Se incorpor� un art�culo 194 bis, para establecer que el c�nyuge que haya malversado, ocultado, dispuesto o administrado los bienes de la sociedad conyugal con dolo, culpa o negligencia, perder� su derecho a la parte correspondiente de dichos bienes en favor del otro c�nyuge; y que en caso de que los bienes dejen de formar parte de dicha sociedad, el c�nyuge que haya procedido en los t�rminos se�alados, deber� pagar al otro la parte que le correspond�a de dichos bienes, as� como los da�os y perjuicios que se le ocasionen.

  4. En los art�culos 198 a 202 anteriores se regulaba lo relativo al destino de la sociedad conyugal con motivo de la declaraci�n de nulidad del matrimonio, tomando en cuenta la buena fe de los dos c�nyuges (art�culo 198), la buena fe de uno de ellos (199), la mala fe de ambos (200), y lo relativo a las utilidades de la sociedad con motivo de la disoluci�n del matrimonio, dependiendo de la buena o de la mala fe (art�culos 201 y 202).

    Ahora bien, a excepci�n del art�culo 198, los restantes fueron abrogados con motivo de la reforma que interesa; no obstante, se incorporaron tres fracciones al propio art�culo 198, en las que igualmente se reglamentaron las disposiciones relativas al destino de la sociedad conyugal, con motivo de la declaraci�n de nulidad del matrimonio, respecto a la buena y mala fe y a las utilidades, sin que hubiese habido cambios sustanciales, pues en realidad prevalecieron las mismas reglas.

  5. El art�culo 206 anterior establec�a que todo lo relativo a la formaci�n de inventarios y solemnidades de la partici�n y adjudicaci�n de los bienes, se regir�a por lo que dispusiera el C�digo de Procedimientos Civiles.

    El actual establece que, adem�s de esa codificaci�n adjetiva, tambi�n debe regir, para el supuesto que regula, el C�digo Civil para el Distrito Federal; asimismo, aclara que las reglas aplicables son las de la materia de sucesiones.

  6. Finalmente, en el c�digo vigente se adicion� un art�culo 206 bis, para establecer que ning�n c�nyuge podr�, sin el consentimiento del otro, vender, rentar y enajenar, ni en todo, ni en parte los bienes comunes, salvo en los casos del c�nyuge abandonado, cuando necesite de �stos por falta de suministro de alimentos para s� o para los hijos, previa autorizaci�n judicial.

    Pues bien, de las anteriores reformas destaca, para los efectos de esta resoluci�n, la primera de ellas, relacionada con la sociedad conyugal, pues mientras el art�culo 183 anterior, como se dijo, establec�a que lo relativo a �sta se regir�a por las capitulaciones matrimoniales que la constituyeran, y en lo que no estuviera expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad; en cambio, el vigente se�ala lo mismo, con excepci�n de que lo que no est� expresamente estipulado se regir� "... por las disposiciones generales de la sociedad conyugal."

    Lo anterior reviste importancia debido a que el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluy�, de acuerdo con una de las jurisprudencias antes transcritas, que la sociedad conyugal, en los aspectos relativos tanto a los beneficios como a las cargas, se equipara a la copropiedad, lo que le sirvi� de sustento, en parte, para concluir que el art�culo 137, fracci�n I, en cuanto a la liquidaci�n de la sociedad conyugal, era violatorio de la garant�a de equidad.

    Por tanto, debe tenerse presente la premisa de la cual parti� dicho �rgano colegiado, y que lo fue, como antes se dijo, la resoluci�n dictada el veintiocho de marzo de dos mil uno, por la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la contradicci�n de tesis 89/96, en la que se interpretaron las disposiciones relativas al C�digo Civil vigentes hasta el treinta y uno de mayo de dos mil.

    En esa ejecutoria, dicha S. realiz� un an�lisis hist�rico acerca del tema relativo a las capitulaciones matrimoniales, a la luz de los C�digos Civiles federales de 1870 y 1884, as� como de la Ley sobre Relaciones Familiares de 12 de abril de 1917, para dilucidar ese punto respecto del C�digo Civil para el Distrito Federal vigente hasta el 31 de mayo de 2000, promulgado en 1928.

    Asimismo, consider� lo siguiente:

    "De lo hasta aqu� expuesto, se tienen las siguientes conclusiones:

    "a) En los c�digos de 1870 y 1884 se establec�a, en primer t�rmino, un sistema legal alternativo; se dejaba a elecci�n de los c�nyuges decidir entre la separaci�n de bienes o la sociedad conyugal. A falta de esa elecci�n, se fij� como r�gimen legal supletorio, el de la denominada �sociedad legal�, la cual se reglamentaba de forma detallada. As�, se enumeraban los bienes considerados como propios de los consortes y los que integraban el fondo. Del mismo modo, se regulaba la forma de administraci�n y se establec�an las bases para la liquidaci�n.

    "b) Adoptando un sistema contrario, la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, fij� como r�gimen legal supletorio el de separaci�n de bienes.

    "Los ordenamientos legales mencionados constituyeron el punto de partida para que el legislador de 1928, estructurara los reg�menes econ�micos del matrimonio del C�digo Civil que estuvo vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil. No obstante, a pesar que en dicha legislaci�n se pretendi� un cambio a los sistemas que le precedieron, se mantuvieron algunas reglas de �stos, lo cual ha dado lugar a una serie de opiniones doctrinales y jurisprudenciales contradictorias.

    "En efecto, en el c�digo de 1928 se preve�a un sistema legal alternativo en el que era indispensable la capitulaci�n expresa. As� se colige del art�culo 178, que dispon�a:

    "...

    "A su vez, el art�culo 179 prescrib�a:

    "...

    "Se deriva de lo anterior que en el C�digo Civil para el Distrito Federal vigente hasta mayo de dos mil, no exist�a un r�gimen supletorio, se requer�a necesariamente la elaboraci�n de capitulaciones matrimoniales.

    "La raz�n de ello se encuentra en la exposici�n de motivos del cuerpo de leyes en cita, en cuanto se�ala:

    "...

    "Ahora bien, la falta de capitulaci�n en cuanto a la regulaci�n del r�gimen constituido, no afectaba la existencia de la sociedad conyugal.

    "Al respecto, la anterior Tercera S. de este Alto Tribunal sustent� la jurisprudencia, cuyos datos de localizaci�n, texto y precedentes se transcriben a continuaci�n:

    "�Sexta �poca

    "�Instancia: Tercera S.

    "�Fuente: Ap�ndice de 1995

    "�Tomo: IV, Parte SCJN

    "�Tesis: 370

    "�P�gina: 249

    "�SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO EST� CONDICIONADA A LA CELEBRACI�N DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. Para que exista la sociedad conyugal no es necesario que se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, sino basta con la expresi�n de que el matrimonio se contrajo bajo el r�gimen de sociedad conyugal. La falta de capitulaciones matrimoniales no puede ser motivo para que se deje de cumplir la voluntad de las partes, ni para que se considere que el matrimonio deba regirse por las disposiciones relativas a la separaci�n de bienes, lo que ser�a contrario al consentimiento expresado por las partes, quienes quedan obligadas, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que seg�n su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.�

    "...

    "Aun cuando ya se ha dejado anotado que la constituci�n del r�gimen de sociedad conyugal importaba, al menos en parte, el establecimiento de capitulaciones matrimoniales, esta S. comparte en lo esencial el criterio jurisprudencial transcrito, en cuanto sostiene que para que exista la sociedad conyugal basta con la expresi�n de que el matrimonio se contrajo bajo ese r�gimen; de ah� que no pueda sostenerse que en ese supuesto el matrimonio deb�a regirse por las disposiciones relativas a la separaci�n de bienes, ya que ello ser�a contrario al consentimiento expresado por las partes.

    "Se afirma que se comparte dicho criterio, en virtud de que las capitulaciones matrimoniales, mediante las cuales se constituye la sociedad conyugal tienen naturaleza contractual, en la medida en que su finalidad es la creaci�n de derechos y obligaciones en t�rminos del art�culo 1793 del C�digo Civil; derechos y obligaciones relativas al r�gimen de la sociedad conyugal.

    "En esas condiciones, si los consortes, en cumplimiento del deber que les impon�a el art�culo 189 del C�digo Civil, redactaban las capitulaciones en t�rminos detallados, expl�citos y terminantes, deb�a estarse al sentido literal de la cl�usula o cl�usulas pactadas y ante la omisi�n de alguna cuesti�n que no estuviese expresamente convenida en las capitulaciones, la misma se regir� supletoriamente por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, ello en t�rminos del art�culo 183 del mencionado C�digo Civil que dispon�a:

    "�La sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.�

    "Sobre este numeral, algunos autores discuten si la sociedad conyugal debe ser considerada como una sociedad. Existen varios argumentos para negarle tal car�cter: 1. Cuando se constituye una sociedad se crea una persona moral, y la sociedad conyugal no constituye una persona distinta de los c�nyuges; 2. En la sociedad civil, la aportaci�n de bienes implica la transmisi�n de su dominio a la sociedad, salvo que se pacte otra cosa, en cambio, en la sociedad conyugal no hay transmisi�n de dominio de los bienes, pues �ste reside en ambos c�nyuges desde el momento en que cualquiera de ellos adquiere un bien; 3. La sociedad se constituye por un contrato aut�nomo, la sociedad conyugal nace de un convenio realizado como consecuencia del contrato de matrimonio.

    "Pero en realidad, la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes.

    "E.o induce a concluir que la supletoriedad de las disposiciones relativas al contrato de sociedad, s�lo tiene lugar en aquello que no contradiga la naturaleza de la sociedad conyugal.

    "Adem�s, el numeral en comento remite a la aplicaci�n de las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cuando en las capitulaciones matrimoniales no se hubiese expresamente estipulado alguna cuesti�n relativa a los bienes que forman la sociedad conyugal; es decir, presupone la existencia de capitulaciones matrimoniales y si no se estipula alg�n punto relativo a las mismas, esa omisi�n ser� regulada por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

    "Sin embargo, en el caso que se analiza, no se est� en ese supuesto, sino en el de que no existen capitulaciones matrimoniales, y es precisamente, ante la inexistencia de las mismas, que debe resolverse a qui�n pertenecen los bienes adquiridos por los c�nyuges durante el matrimonio contra�do bajo el r�gimen de sociedad conyugal.

    "Pero adem�s, con independencia de lo anterior, al remitirnos al cap�tulo relativo al contrato de sociedad (art�culos 2688 al 2735 del C�digo Civil), se advierte que no existe precepto legal que previera o regulara alguna cuesti�n, o al menos equiparable, a la falta de capitulaciones matrimoniales.

    "Por consiguiente, para resolver el problema que se presenta, esto es, cuando los c�nyuges no formulaban capitulaciones matrimoniales, al limitarse a se�alar como r�gimen deseado el de sociedad conyugal sin mayor reglamentaci�n espec�fica, debe estarse a las reglas de interpretaci�n que para los contratos y dem�s actos jur�dicos en general establece el C�digo Civil.

    "Lo anterior en atenci�n de que al celebrarse el contrato de matrimonio y se�alar como r�gimen deseado el de sociedad conyugal, es evidente que la intenci�n o voluntad de los c�nyuges, aun y cuando omitan expresar capitulaciones matrimoniales, es acogerse a dicho r�gimen patrimonial y sus consecuencias.

    "As� las cosas, cobra aplicaci�n la regla prevista en el art�culo 1839 del C�digo Civil, inmerso dentro del cap�tulo relativo a las �Cl�usulas que pueden contener los contratos�.

    "El numeral precitado establece que los contratantes pueden poner las cl�usulas que crean convenientes; pero las que se refieran a los requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendr�n por puestas aunque no se expresen.

    "Conforme con dicho numeral, deben tenerse por puestas las cl�usulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituye la sociedad conyugal, o las que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria.

    "Para determinar esos requisitos esenciales y las consecuencias de la naturaleza ordinaria de la instituci�n, conviene se�alar, por una parte, que la sociedad conyugal estaba organizada con base a preceptos de los C�digos Civiles de 1870 y 1884 y, por otro lado, que se ubicaba dentro de una gran variedad de los reg�menes denominados por la doctrina como de comunidad.

    "Considerando esos rasgos, M.M.A.�n, en su obra intitulada: E.udios sobre el C�digo Civil del Distrito Federal (promulgado en 1870, con anotaciones relativas a las reformas introducidas por el c�digo de 1884), la define de la siguiente manera:

    "�El r�gimen de sociedad conyugal es aquel en cuya virtud los bienes adquiridos por uno o ambos c�nyuges durante el matrimonio, por el ejercicio de una profesi�n, arte o industria, por legado o herencia dejado a los dos sin designaci�n de partes, por frutos, rentas, accesorios y utilidades producidas por los bienes propios de cada uno, forma un fondo com�n, que lleva el nombre de gananciales que se divide entre los c�nyuges o sus herederos despu�s de la disoluci�n del matrimonio.�

    "Los elementos de dicha definici�n corresponden a los de una sociedad de gananciales que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualquiera de los c�nyuges durante el matrimonio mediante sus esfuerzos, por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad com�n; y los adquiridos por fondos del caudal com�n o adquiridos a t�tulo gratuito por ambos c�nyuges.

    "E.e tipo de comunidad tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos si los hubiere.

    "As� lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia, seg�n se advierte de la transcripci�n que enseguida se hace de la primera de las ejecutorias que integran la jurisprudencia antes mencionada (amparo directo n�mero 1307/57, resuelta por mayor�a de cuatro votos de la entonces Tercera S. de este Alto Tribunal):

    "�... La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es id�ntica a �l, puesto que �sta tiene personalidad jur�dica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines econ�micos, en cambio, aqu�lla, seg�n su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los c�nyuges, que unen sus personas y sus intereses. E.a comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vincula a los c�nyuges, le da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. ...�

    "Aun cuando el C�digo Civil vigente hasta el mes de mayo de dos mil, no detallaba, como lo hicieran los de 1870 y 1884 (en sus art�culos 2141 y 2008, respectivamente), los bienes que conformaban el patrimonio social, la Suprema Corte, atendiendo a la tradici�n jur�dica y social existente, consider� que en los matrimonios celebrados donde los consortes se limitaban a manifestar que deseaban celebrar el matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, sin detallar minuciosamente su contenido, ese se�alamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada, b�sicamente, por los bienes adquiridos durante el matrimonio a t�tulo oneroso, inclusive el producto del trabajo, as� como rentas y frutos.

    "A este respecto, en la sentencia mencionada se consider�, en lo que nos interesa, lo siguiente:

    "�... E.o, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprender� los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, as� debe interpretarse que lo desearon, por ser esto adem�s, lo m�s l�gico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con (sic) sociedad conyugal. ...�

    "En esas condiciones, es v�lido concluir que cuando los c�nyuges constitu�an, al celebrar matrimonio, un r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an regularlo, con fundamento en el art�culo 1839 del C�digo Civil, deb�an tenerse por puestas las cl�usulas inherentes al r�gimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria, en los t�rminos precedentes.

    "E.a soluci�n se ajusta al art�culo 1796 del C�digo Civil, conforme con el cual, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley; y que desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

    "Conforme con el numeral precitado, si la sociedad conyugal se perfecciona por el mero consentimiento, y su existencia no est� condicionada a que se establezcan capitulaciones matrimoniales, obliga a los consortes a sus consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley.

    "Esas consecuencias no son otras que las precisadas con anterioridad.

    "No debe perderse de vista, que en t�rminos del art�culo 1856 del C�digo Civil, el uso o la costumbre del pa�s se tendr�n en cuenta para interpretar la ambig�edad de los contratos; y que la tradici�n, no s�lo jur�dica, sino social en nuestro pa�s, es que las personas que contraen matrimonio bajo el r�gimen de sociedad conyugal, lo hacen con la intenci�n de que ingresen al fondo com�n los bienes y productos que adquieran durante el matrimonio, puesto que de lo contrario no habr�an elegido ese r�gimen, sino el de separaci�n de bienes.

    "De no ser as�, se adoptar�a una soluci�n no s�lo contraria a la intenci�n de las partes, sino a esa tradici�n jurisprudencial, sin que existan motivos para cambiarla.

    "Adem�s, como qued� precisado con antelaci�n, la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes.

    "E.a comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. E.o, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil.

    "Robustece todo lo expresado, el criterio sostenido por la otrora Tercera S. de este M�ximo Tribunal, que esta Primera S. hace suyo, que se transcribe a continuaci�n:

    "�Sexta �poca

    "�Instancia: Tercera S.

    "�Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "�Tomo: XI, Cuarta Parte

    "�P�gina: 194

    "�SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO EST� CONDICIONADA A LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. De acuerdo con la correcta interpretaci�n jur�dica de los art�culos relativos del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, de la exposici�n de motivos del C�digo Civil para dicha entidad, se sigue que, el legislador fundamentalmente se propuso que pactada la comunidad de bienes no pudiera dejar de producir sus efectos. As�, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el r�gimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias, que seg�n su naturaleza son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la falta de capitulaciones matrimoniales, no puede originar que no se cumpla la voluntad de las partes, ni se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede determinar que se considere el matrimonio, como regido por la separaci�n de bienes, contraria al consentimiento de los c�nyuges. La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es id�ntica a �l, puesto que �sta tiene personalidad jur�dica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines econ�micos, en cambio, aqu�lla, seg�n su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservaci�n, y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los c�nyuges, que unen sus personas y sus intereses. E.a comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. E.o, claro es, siempre que no existen capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el art�culo 183 del C�digo Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprender� los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, as� debe interpretarse que lo desearon, por ser esto adem�s, lo m�s l�gico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con sociedad conyugal.�

    "...

    "Tambi�n resulta aplicable la tesis sostenida por la propia Tercera S., que se�ala:

    "�Sexta �poca

    "�Instancia: Tercera S.

    "�Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

    "�Tomo: CXVI, Cuarta Parte

    "�P�gina: 99

    "�SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CASO DE. Cuando no existen capitulaciones matrimoniales y los c�nyuges hayan expresado su voluntad en el acta de matrimonio de que ese fuera el r�gimen con relaci�n a los bienes en su matrimonio, se debe decir que esta comunidad por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua cooperaci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derechos iguales sobre los bienes, de manera que como copart�cipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.�

    "...

    "Luego entonces, la omisi�n de formular capitulaciones matrimoniales al celebrarse el matrimonio bajo el r�gimen patrimonial de sociedad conyugal, no impide que se cumpla la voluntad de los c�nyuges, o sea obst�culo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes, o que ello d� lugar a que se estime el matrimonio como regido por la separaci�n de bienes, lo que se reitera, ser�a contrario al consentimiento de los consortes.

    "As�, demostrada la existencia del contrato de matrimonio, celebrado con el r�gimen de sociedad conyugal, debe establecerse que obliga a los contratantes, no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley."

    De la transcripci�n anterior importa destacar las siguientes conclusiones, en el sentido de que, en t�rminos de los art�culos vigentes hasta el treinta y uno de mayo de dos mil:

  7. Cuando los c�nyuges no formulaban capitulaciones matrimoniales, al limitarse a se�alar como r�gimen deseado el de sociedad conyugal sin mayor reglamentaci�n espec�fica, deb�a estarse a las reglas de interpretaci�n que para los contratos y dem�s actos jur�dicos en general establece el C�digo Civil, concretamente a lo dispuesto en el art�culo 1839 del C�digo Civil, inmerso dentro del cap�tulo relativo a las "Cl�usulas que pueden contener los contratos", el cual est� todav�a en vigor y que establece:

    Los contratantes pueden poner las cl�usulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendr�n por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y t�rminos permitidos por la ley.

  8. Para determinar esos requisitos esenciales y las consecuencias de la naturaleza ordinaria de la instituci�n, conven�a se�alar, por una parte, que la sociedad conyugal estaba organizada con base en preceptos de los C�digos Civiles de 1870 y 1884 y, por otro lado, que se ubicaba dentro de una gran variedad de los reg�menes denominados por la doctrina como de comunidad.

  9. De la doctrina se advert�a que la sociedad conyugal correspond�a al r�gimen de una sociedad de gananciales, que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a t�tulo oneroso por cualquiera de los c�nyuges durante el matrimonio mediante sus esfuerzos, por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad com�n; y los adquiridos por fondos del caudal com�n o adquiridos a t�tulo gratuito por ambos c�nyuges; y que este tipo de comunidad tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos si los hubiere.

  10. Cuando los c�nyuges constitu�an, al celebrar matrimonio, un r�gimen de sociedad conyugal, pero omit�an regularlo, con fundamento en el art�culo 1839 del C�digo Civil, deb�an tenerse por puestas las cl�usulas inherentes al r�gimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria, en los t�rminos precedentes.

  11. Dicha comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.

  12. La anterior conclusi�n operaba siempre que no existieran capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse, y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia dispon�a el art�culo 183 del C�digo Civil, o sea, acudir a las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

    E.a Segunda S. comparte las consideraciones anteriores, sobre todo porque provienen de la S. especializada en la materia civil; ahora, debido a que los cambios efectuados a los diversos art�culos que rigen a la sociedad conyugal, vistos en el cuadro comparativo anterior y cuyas principales reformas se hicieron notar, no fueron sustanciales, se considera entonces que siguen teniendo actualidad esas mismas consideraciones, incluso la que respecta al art�culo 183.

    En efecto, el art�culo 183 anterior establec�a:

    Art�culo 183. La sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.

    El texto vigente de dicho numeral es del siguiente tenor:

    "Art�culo 183. La sociedad conyugal se regir� por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones generales de la sociedad conyugal."

    De dichos preceptos se advierte que coinciden en la regla general, que es en el sentido de que lo relativo a la sociedad conyugal se debe regir por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan; y s�lo difieren en cuanto a cu�l es la norma que debe aplicarse ante lo que no est� expresamente estipulado, pues mientras la norma anterior remit�a al contrato de sociedad, la vigente establece que deben aplicarse "... las disposiciones generales de la sociedad conyugal."

    Sin embargo, debe concluirse que de acuerdo con las consideraciones antes rese�adas que este Alto Tribunal comparte, esa supletoriedad opera s�lo para el caso de que existan capitulaciones matrimoniales, es decir, que de haberse celebrado a ellas debe estarse, y en sus omisiones, a lo que dispone el art�culo 183 del C�digo Civil, o sea, acudir a las disposiciones generales de la sociedad conyugal.

    En resumen, se concluye que trat�ndose de la sociedad conyugal, el dominio de los bienes por los que �sta se encuentra integrada pertenecen a ambos consortes en igual proporci�n, pues este r�gimen patrimonial se caracteriza por ser una comunidad de bienes, que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da el mismo derecho igual sobre los bienes, de manera que como part�cipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes ser�n por mitad y ser�n las disposiciones generales de la sociedad conyugal las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular, y a falta de disposici�n expresa de �stas, las de la copropiedad.

    Sin embargo, la conclusi�n antes alcanzada no conlleva a demostrar que las figuras de la sociedad conyugal y la copropiedad son exactamente iguales o an�logas, sino simplemente que las disposiciones legales que rigen a esta �ltima son las aplicables para resolver las cuestiones que surjan respecto de los beneficios y cargas atinentes a la sociedad conyugal, mientras �sta subsista, pero siempre y cuando no exista una disposici�n general de la sociedad conyugal que resuelva la cuesti�n.

    De lo anterior se deduce entonces que el legislador tuvo presente que entre los reg�menes de la copropiedad y la sociedad conyugal, existen diferencias.

    En efecto, en relaci�n con la copropiedad, es pertinente transcribir los art�culos 938, 939, 950 y 973 a 978 del C�digo Civil para el Distrito Federal, que establecen:

    Art�culo 938. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro-indiviso a varias personas.

    Art�culo 939. Los que por cualquier t�tulo tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinaci�n de la ley, el dominio es indivisible.

    Art�culo 950. Todo condue�o tiene la plena propiedad de la parte al�cuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenaci�n o de la hipoteca con relaci�n a los condue�os, estar� limitado a la porci�n que se le adjudique en la divisi�n al cesar la comunidad. Los condue�os gozan del derecho del tanto.

    Art�culo 973. Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extra�os su parte al�cuota respectiva, si el part�cipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A este efecto, el copropietario notificar� a los dem�s, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho d�as siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho d�as, por el solo lapso del t�rmino se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificaci�n, la venta no producir� efecto legal alguno.

    Art�culo 974. Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, ser� preferido el que represente mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario.

    Art�culo 975. Las enajenaciones hechas por herederos o legatarios de la parte de herencia que les corresponda, se regir�n por lo dispuesto en los art�culos relativos.

    Art�culo 976. La copropiedad cesa: por la divisi�n de la cosa com�n; por la destrucci�n o p�rdida de ella; por su enajenaci�n y por la consolidaci�n o reuni�n de todas las cuotas en un solo copropietario.

    Art�culo 977. La divisi�n de una cosa com�n no perjudica a tercero, el cual conserva los derechos reales que le pertenecen antes de hacerse la partici�n, observ�ndose, en su caso, lo dispuesto para hipotecas que graven fincas susceptibles de ser fraccionadas y lo prevenido para el adquirente de buena fe que inscribe su t�tulo en el Registro P�blico.

    Art�culo 978. La divisi�n de bienes inmuebles es nula si no se hace con las mismas formalidades que la ley exige para su venta.

    De los preceptos transcritos se advierte claramente que la copropiedad atribuye a cada codue�o una cuota intelectual (al�cuota) de aquello que es objeto de ella, teniendo el copropietario derecho sobre la totalidad de la cosa.

    En otras palabras, lo que caracteriza a la copropiedad es que constituye en realidad una modalidad, una forma de la propiedad individual, puesto que cada copropietario posee un derecho completo y absoluto sobre la parte al�cuota abstracta de la cosa pose�da en com�n y conserva el derecho de disponer libremente de ella; entonces, es un rasgo esencial de la copropiedad: la precisi�n de partes al�cuotas respecto de bienes espec�ficamente determinados.

    La copropiedad se origina por la autonom�a de la voluntad que en relaci�n a la propiedad se consagra en el art�culo 830 del C�digo Civil para el Distrito Federal, conforme al cual, la propiedad es un derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes, por lo que se inspira en factores econ�micos, al proporcionar al titular una situaci�n de dominio respecto de una cosa.

    Una de las formas de extinci�n de la copropiedad es la divisi�n de la cosa com�n. Debe realizarse conforme a los porcentajes que a cada uno de los codue�os corresponde; escenario en donde cada quien conserva la propiedad que ten�a solamente que individualizarla.

    En caso de que la cosa no admita c�moda divisi�n, o por voluntad de los copropietarios, existe la posibilidad de que el bien sea adjudicado a alguno de ellos en su totalidad o en mayor proporci�n a la que originalmente le correspond�a, este acto implica la transmisi�n de la propiedad de aquella parte al�cuota que no pertenec�a al adjudicatario, lo que tiene como fundamento la voluntad (econ�mica) de adquirir un bien para ser su dominador, debido a que la copropiedad no es m�s que una propiedad compartida.

    La conclusi�n que antecede se puede constatar si se toma en cuenta que mientras la sociedad conyugal constituye un r�gimen patrimonial que se caracteriza por ser una comunidad de bienes que, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situaci�n de mutua colaboraci�n y esfuerzos que vinculan a los c�nyuges, les da derecho igual sobre los bienes; en cambio, la copropiedad implica que una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas, quienes ejercen su derecho sobre todas las partes de ella en cierta proporci�n denominada parte al�cuota, que es una parte ideal determinada desde el punto de vista mental; de donde deriva que mientras la copropiedad constituye una de las modalidades del derecho de propiedad y, por ello, su naturaleza es primordialmente patrimonial, en cambio, la sociedad conyugal constituye un tipo de comunidad que tiene como fundamento y finalidad sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere.

    De las descripciones realizadas respecto de la sociedad conyugal y la copropiedad, a manera de resumen, se pueden formular las conclusiones siguientes:

  13. La sociedad conyugal es un r�gimen patrimonial que se constituye en virtud del matrimonio, esto implica que nunca podr� existir fuera de �ste; mientras que la copropiedad es una modalidad de la propiedad individual que se origina por la autonom�a de la voluntad.

  14. La sociedad conyugal tiene como fin satisfacer las necesidades del matrimonio; la copropiedad tiene como pretensi�n el dominio de un bien.

  15. Aunque tanto en la sociedad conyugal como en la copropiedad existe comunidad de bienes, en la primera existe un derecho �nico de propiedad de la sociedad conyugal con respecto al conjunto de bienes y cargas que constituyen el patrimonio, mientras que en la copropiedad se trata de partes determinadas en relaci�n con bienes espec�ficos.

  16. La disoluci�n de la sociedad conyugal, en s� misma, no transmite la propiedad, sino �nicamente da certeza de la titularidad de los bienes; la adquisici�n por parte de uno de los copropietarios de una parte distinta a la que le corresponde s� implica la transmisi�n de la propiedad.

  17. Incluso considerando que ante la liquidaci�n de la sociedad conyugal uno de los c�nyuges adquiera en demas�a de su porcentaje, a ese acto no puede atribu�rsele un fin econ�mico espec�fico, como sucede con la copropiedad que tiene un prop�sito eminentemente econ�mico de ser el dominador de la cosa, es as�, debido a los fines que en la realidad social se persiguen con la sociedad conyugal, que no son otros que satisfacer las necesidades de los c�nyuges y su descendencia, e instalados en la liquidaci�n, en la mayor�a de los casos, primordialmente satisfacer los requerimientos de los descendientes; cuando que esa demas�a, en trat�ndose de la copropiedad, est� inspirada en principios econ�micos, toda vez que no es m�s que la potestad que sobre la cosa corresponde al titular.

    En relaci�n con la cuesti�n de la liquidaci�n conviene tener presente que el verbo liquidar, seg�n el Diccionario de la Lengua Espa�ola de la Real Academia Espa�ola, tiene, entre otras acepciones, la de poner t�rmino a una cosa, o a un estado de cosas, de donde deriva entonces que la liquidaci�n de la sociedad conyugal, implica darla por terminada.

    En ese sentido, de acuerdo con el art�culo 197 del C�digo Civil vigente, existen dos etapas dentro de las cuales puede terminar la sociedad conyugal: una dentro del matrimonio y otra a partir de su disoluci�n; y como causas de terminaci�n del r�gimen de sociedad conyugal, de acuerdo con ese mismo precepto y conforme a lo dispuesto en los numerales 187 y 188 del propio c�digo, est�n las siguientes:

  18. Por disoluci�n del matrimonio;

  19. Por voluntad de los consortes;

  20. Por la sentencia que declare la presunci�n de muerte del c�nyuge ausente; y,

  21. A petici�n de alguno de los c�nyuges durante el matrimonio, si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administraci�n, amenaza arruinar a su consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes; o bien, cuando el socio administrador hace cesi�n de bienes a sus acreedores, o es declarado en quiebra.

    De lo anterior se corrobora entonces que, al liquidarse la sociedad conyugal, en realidad s�lo se determinan los bienes que corresponden a cada uno de los c�nyuges, de suerte tal que si bien con motivo de la partici�n de esos bienes, cada consorte adquiere la propiedad de ellos en su totalidad, o en una parte, ello s�lo es producto de la referida liquidaci�n; esto significa que no existe un acrecentamiento en el patrimonio del c�nyuge que obtiene una demas�a, sino s�lo la determinaci�n concreta de qu� es lo que le corresponde, derivada del acuerdo entre los c�nyuges, o bien, con motivo de una resoluci�n jurisdiccional.

    Tema 2. La garant�a de equidad.

    E.a Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha definido a la equidad como el principio en virtud del cual los sujetos que se ubiquen dentro de una misma situaci�n jur�dica prevista y regulada en la ley se encuentran obligados a sufragar un determinado tributo y, por ende, deben recibir el mismo trato en lo concerniente a todos los elementos y variables atinentes al impuesto de que se trate, mientras que los que est�n en distinta situaci�n jur�dica, por l�gica, no se encuentran sujetos a esa misma obligaci�n tributaria y, consecuentemente, no reciben id�ntico trato, lo que pone de relieve que la equidad, en suma, implica dar un trato igual a los sujetos que se encuentren en igual situaci�n y distinto a quienes se ubiquen en un supuesto o situaci�n diversa.

    Lo anterior se desprende de los criterios jurisprudenciales sustentados por esta Suprema Corte de Justicia en torno al principio de equidad, los cuales a continuaci�n se transcriben.

    "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ART�CULO 31, F.I.V, CONSTITUCIONAL. De una revisi�n a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, necesariamente se llega a la conclusi�n de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hip�tesis de causaci�n, deben guardar una id�ntica situaci�n frente a la norma jur�dica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situaci�n y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situaci�n diversa, implicando, adem�s, que para poder cumplir con este principio el legislador no s�lo est� facultado, sino que tiene obligaci�n de crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes, a condici�n de que �stas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categor�a, y que pueden responder a finalidades econ�micas o sociales, razones de pol�tica fiscal o incluso extrafiscales." (Jurisprudencia P./J. 24/2000, del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, marzo de dos mil, p�gina 35).

    "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci�n alguna por raz�n de nacimiento, raza, sexo, religi�n o cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social; en relaci�n con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con car�cter general, los poderes p�blicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situaci�n deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jur�dico, lo que significa que ha de servir de criterio b�sico de la producci�n normativa y de su posterior interpretaci�n y aplicaci�n. La conservaci�n de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad econ�mica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce impl�citamente la existencia de desigualdades materiales y econ�micas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicaci�n la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones an�logas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jur�dica." (Tesis 197, Novena �poca, Pleno, Ap�ndice 2000, Tomo I, p�gina 239).

    "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes p�blicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situaci�n de hecho porque la igualdad a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicaci�n de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas; c) no se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y d) para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." (Tesis P./J. 41/97, Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, p�gina 43).

    As� pues, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la ley que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando, por consiguiente, que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los impuestos han de ajustarse a la capacidad econ�mica de quienes est�n obligados a pagarlos- la justicia tributaria consagrada en la Constituci�n fija su raz�n de ser en las posibilidades econ�micas de cada contribuyente, debi�ndose tratar igual a quienes se encuentren en iguales condiciones de capacidad econ�mica y desigual a los sujetos que se ubiquen en condiciones de capacidad dis�miles.

    Desde luego, el propio Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que el principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes p�blicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similares situaciones de hecho, porque la igualdad a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, lo es ante la ley y ante la aplicaci�n de la ley.

    De lo anterior resulta que dicha capacidad, consistente en la adecuaci�n de la aptitud objetiva para concurrir a las cargas p�blicas, debe llevar a la igualdad en el tratamiento de los contribuyentes potenciales, es decir, a que la justicia se produzca en cada caso particular, alcanz�ndose por antonomasia la equidad tributaria consagrada en el Texto Constitucional.

    As� las cosas, del texto de las anteriores jurisprudencias se advierten los elementos objetivos que delimitan el principio de equidad tributaria, que son los siguientes:

    1. No toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable;

    2. A iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas;

    3. No se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y,

    4. Para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

  22. Referentes hist�rico-legislativos del art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, en cuanto al tema que interesa.

  23. A manera de primer antecedente debe se�alarse que tal como lo precis� el S�ptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se reform� el art�culo 25 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, para establecer lo que a continuaci�n se transcribe:

    "Art�culo 25. Para efectos de este cap�tulo se entiende por adquisici�n la que derive de:

    "I. Todo acto por el que se transmita la propiedad incluyendo la donaci�n, la que ocurra por causa de muerte y la aportaci�n a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepci�n de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los c�nyuges.

    "...

    XI. La divisi�n de la copropiedad y la disoluci�n de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demas�a del por ciento que le correspond�a al copropietario o c�nyuge.

    En el dictamen de reformas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Cr�dito P�blico y del Distrito Federal, se asent� lo siguiente, en relaci�n con dicha reforma:

    Asimismo, se establece como hip�tesis de adquisici�n la divisi�n de la copropiedad y la disoluci�n de la sociedad conyugal por la parte que se adquiera en demas�a del porciento que le correspond�a al copropietario o c�nyuge, as� como la celebraci�n de contratos de arrendamiento financiero y la cesi�n de derechos, del arrendatario. E.�ndose, igualmente como sesi�n de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuado despu�s de la declaratoria de herederos o legatarios.

    De la anterior disposici�n se advierte, en cuanto a la liquidaci�n de la sociedad conyugal, que ser�a objeto del impuesto �nicamente aquella que se adquiriera en demas�a al por ciento que le correspond�a al c�nyuge.

  24. El uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, entr� en vigor el C�digo Financiero del Distrito Federal, que regul� lo referente al impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, en los art�culos 156 al 162.

    Los art�culos 156 y 157, en la parte que interesa, dec�an:

    Art�culo 156. E.�n obligadas al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, establecido en este cap�tulo, las personas f�sicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a �l ubicados en el Distrito Federal, as� como los derechos relacionados con los mismos a que este cap�tulo se refiere. El impuesto se calcular� aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble. ...

    "Art�culo 157. Para los efectos de este cap�tulo, se entiende por adquisici�n, la que derive de:

    "I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donaci�n, la que ocurra por causa de muerte y la aportaci�n a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepci�n de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los c�nyuges.

    "En las permutas se considerar� que se efect�an dos adquisiciones;

    "...

    "XI. La divisi�n de la copropiedad y la disoluci�n de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demas�a del porciento que le correspond�a al copropietario o c�nyuge."

    Como se ve, en esta disposici�n igualmente se consider�, respecto de la liquidaci�n de la sociedad conyugal, que ser�a objeto del impuesto �nicamente aquella que se adquiriera en demas�a al por ciento que le correspond�a al c�nyuge.

    Cabe aclarar que del proceso legislativo (exposici�n de motivos, dictamen y discusi�n) no se advierte la raz�n que tuvo en cuenta el legislador para tener como hecho imponible la liquidaci�n de la sociedad conyugal �nicamente en cuanto a la demas�a.

  25. Con el objeto de conseguir "... un ordenamiento sistematizado y concatenado que conlleva un orden l�gico y cuyo fin �ltimo es que las disposiciones del citado c�digo tributario sean claras, precisas y accesibles para el universo de sujetos a los que est�n dirigidas, ...", seg�n la exposici�n de motivos, se modific� la estructura del C�digo Financiero del Distrito Federal, en t�rminos de las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de veintis�is de diciembre de dos mil tres.

    Por ese motivo, los art�culos 156 y 157 pasaron a ocupar los numerales 134 y 137, respectivamente. E.e �ltimo qued�, en la parte que interesa, de manera id�ntica a como se estipulaba en el 157 anterior.

    Asimismo, no se advierte del proceso legislativo alguna justificaci�n en cuanto al tema de que se trata.

  26. Finalmente, en la citada Gaceta Oficial de veintid�s de agosto de dos mil cinco, se publicaron las reformas, entre otros art�culos, al 137 para quedar como sigue, en lo que importa al caso:

    "Art�culo 137. Para los efectos de este cap�tulo, se entiende por adquisici�n, la que derive de:

    "I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donaci�n, la que ocurra por causa de muerte y la aportaci�n a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepci�n de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los c�nyuges.

    "En las permutas se considerar� que se efect�an dos adquisiciones.

    "...

    XI. La divisi�n de la copropiedad por la parte que se adquiera en demas�a del porciento que le correspond�a al copropietario, tomando como base los valores a que se refiere el art�culo 138 de este c�digo; ...

    De los trabajos legislativos no se advierte que el legislador hubiera expresado alguna raz�n para justificar el cambio en cita, pues en la exposici�n de motivos �nicamente se asent� lo siguiente:

    "Un tercer tema sobre estas reformas al art�culo 137, 139 y 142, que se refieren al impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, el ISAI, la reforma tiene como objeto dar seguridad jur�dica a los contribuyentes y lograr una �ptima recaudaci�n donde se prev�n reglas precisas que permiten distinguir con claridad los supuestos y momentos de causaci�n y formalizaci�n y exigibilidad de este impuesto, evitando as� una afectaci�n a la hacienda p�blica local.

    "Es importante resaltar que en este punto particularmente hubo preocupaciones, planteamientos y sobre todo el inter�s de esta comisi�n fue de allegarnos de elementos de informaci�n que nos permitiera ir conociendo sobre las causas que provocan la evasi�n fiscal en esta materia en la ciudad.

    "Por ejemplo, un contrato privado entre dos particulares que no lleva escrituras no pagar�a el impuesto hasta que se formalice dicha escritura ante la autoridad. No obstante que realmente se est� adquiriendo un inmueble, con la reforma propuesta en este caso ya no suceder�a y tambi�n es parte de la discusi�n.

    "En opini�n de los notarios es un problema que se viene arrastrando y que de alguna manera se disfrazaba la evasi�n y con esta propuesta que se est� haciendo de modificaci�n al art�culo evitar�amos esta evasi�n fiscal que es muy recurrente en la ciudad.

    "Con la reforma propuesta en este caso ya no se registrar�a la causaci�n del impuesto, es decir la adquisici�n del mismo se dar�a en cuanto el futuro comprador entre en posesi�n del bien o cuando el futuro vendedor reciba el precio de venta o parte de �l.

    En el contexto de la reforma propuesta al art�culo 137 quedan salvaguardados, (sic) hubo algunos diputados que ten�an esta preocupaci�n con lo que se refiere a la adquisici�n de inmuebles a trav�s de alg�n cr�dito que otorgan esta facilidad, como es el FOVISSSTE o los SOFOLES o el INFONAVIT, el INVI, entre otros, porque en todos los casos estas instituciones operan con notarios p�blicos con el que se hace el traslado de dominio.

    Una vez expuesto el marco anterior, esta Segunda S. concluye que el art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, no viola el principio de equidad tributaria consagrado en la fracci�n IV del art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, al establecer como excepci�n de adquisici�n a la liquidaci�n de la sociedad conyugal.

    En efecto, para concluir lo anterior, conviene transcribir nuevamente los art�culos 134 y 137 de ese c�digo:

    Art�culo 134. E.�n obligadas al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, establecido en este cap�tulo, las personas f�sicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a �l ubicados en el Distrito Federal, as� como los derechos relacionados con los mismos a que este cap�tulo se refiere. ...

    "Art�culo 137. Para los efectos de este cap�tulo, se entiende por adquisici�n, la que derive de:

    "I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donaci�n, la que ocurra por causa de muerte y la aportaci�n a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepci�n de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los c�nyuges.

    "En las permutas se considerar� que se efect�an dos adquisiciones.

    "En el caso de adquisiciones por causa de muerte, se aplicar� una tasa de 0% del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, siempre que el valor del inmueble a la fecha de la escritura de adjudicaci�n no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces al salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal;

    "II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de �sta opere con posterioridad;

    "III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesi�n de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de �l, antes de que se celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias;

    "IV. La cesi�n de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente;

    ".F.�n y escisi�n de sociedades;

    "VI. La daci�n en pago y la liquidaci�n, reducci�n de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles;

    "VII. Transmisi�n de usufructo o de la nuda propiedad, as� como la extinci�n del usufructo, salvo que el mismo se extinga por muerte del usufructuario, independientemente de que el usufructo se haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio;

    "VIII. P.�n positiva e informaci�n de dominio judicial o administrativa; salvo que el adquirente ya hubiera pagado el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles causado por la celebraci�n del contrato base de la acci�n, previamente al ejercicio de la acci�n judicial en cuesti�n;

    "IX. La cesi�n de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporci�n a los inmuebles.

    "Se asimila a la cesi�n de derechos la renuncia o repudio de la herencia o legado efectuados despu�s de la aceptaci�n de herencia o de la declaratoria de herederos o legatarios;

    "X. Actos que se realicen a trav�s de fideicomiso, as� como la cesi�n de derechos en el mismo, en los siguientes supuestos:

    "a) En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de �l, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes;

    "b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho.

    "Cuando el fideicomitente reciba certificados de participaci�n por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerar�n enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones;

    "c) En el acto en el que el fideicomitente ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, si entre �stos se incluye el de que dichos bienes se transmitan a su favor;

    "Cuando se emitan certificados de participaci�n por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran p�blico inversionista, no se considerar�n enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenaci�n de los certificados de participaci�n se considerar� como una enajenaci�n de t�tulos de cr�dito que no representan la propiedad de bienes y tendr�n las consecuencias fiscales que establecen las leyes fiscales para la enajenaci�n de tales t�tulos.

    "Sin perjuicio de lo anterior, cuando el fideicomitente reciba certificados de participaci�n por los bienes que afecte en fideicomiso y cuando se emitan certificados de participaci�n por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran p�blico inversionista se considerar�n enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente enajene dichos certificados o cuando el fideicomiso enajene los bienes aportados;

    "d) En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de readquirir dichos bienes, y

    "e) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, o d� instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerar� que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designaci�n y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones;

    "XI. La divisi�n de la copropiedad por la parte que se adquiera en demas�a del porciento que le correspond�a al copropietario, tomando como base los valores a que se refiere el art�culo 138 de este c�digo;

    "XII. La cesi�n de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, as� como la adquisici�n de los bienes materia del mismo que se efect�e por persona distinta del arrendatario;

    "XIII. Derogada

    XIV. La adjudicaci�n judicial o administrativa y la cesi�n de dichos derechos.

    El primero de los preceptos transcritos establece que est�n obligadas al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, las personas f�sicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a �l ubicados en el Distrito Federal, as� como los derechos relacionados con los mismos inmuebles referidos en el cap�tulo que regula ese tributo.

    Asimismo, el art�culo 137 establece los diversos supuestos en los que debe entenderse que existe una adquisici�n para efectos del impuesto; y en su fracci�n I except�a de esos supuestos a las aportaciones que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal, pero con la condici�n de que sean inmuebles propiedad de los c�nyuges.

    De igual manera, en la fracci�n XI reputa como adquisici�n para efectos del tributo, la divisi�n de la copropiedad por la parte que se adquiera en demas�a del porcentaje que le correspond�a al copropietario.

    Pues bien, el art�culo 137, fracci�n I, del C�digo Financiero del Distrito Federal, en la porci�n que except�a del hecho imponible la liquidaci�n de la sociedad conyugal, no viola el principio de equidad tributaria, porque si bien los antecedentes legislativos de ese numeral demuestran que se hab�a venido considerando como hecho imponible la liquidaci�n de la sociedad conyugal, respecto a la demas�a del porcentaje que le correspond�a al c�nyuge, distinci�n que no hace ahora, ya que establece, en t�rminos generales, que se except�a de ese hecho la liquidaci�n de la sociedad conyugal, sin que se advierta de los trabajos legislativos la raz�n de por qu� antes se consideraba de ese modo y ahora no; sin embargo, esta circunstancia no torna inconstitucional ese precepto.

    As� lo es, porque no debe perderse de vista que de la propia ley impositiva se puede deducir que, para hacer esa excepci�n, el legislador tom� en cuenta la naturaleza de la sociedad conyugal, concretamente el hecho de que al liquidarse �sta, en realidad s�lo se reparten o determinan los bienes que corresponder�n a cada uno de los c�nyuges, de suerte tal que si bien con motivo de la partici�n de esos bienes, cada consorte adquiere la propiedad de ellos en su totalidad, o en una parte, esto s�lo es producto de la referida liquidaci�n.

    En efecto, la disoluci�n de la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas legalmente, implica al inventario de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el fondo com�n. Dicho inventario tiene como fin primordial determinar con precisi�n los bienes para otorgar a cada uno de los c�nyuges la titularidad de lo que en porcentaje les corresponde.

    No se trata de una transmisi�n de bienes, porque �stos ya correspond�an al fondo com�n, del cual ambos c�nyuges son titulares; sino que �nicamente tiene como prop�sito perfeccionar o dar certeza jur�dica a la titularidad (individual) respecto a bienes determinados, lo que es indispensable ante la desaparici�n de la sociedad conyugal.

    En consecuencia, la circunstancia de que en la liquidaci�n de la sociedad conyugal se determine con certeza la titularidad de uno de los c�nyuges sobre uno o varios bienes, no implica su adquisici�n, porque se contienen en el porcentaje que les corresponde del conjunto de bienes de que se constituye el fondo com�n, lo que tiene su contrapartida en el bien o bienes respecto de los cuales se crea certeza de titularidad en favor del otro de los c�nyuges.

    Ahora bien, establecidos en la posibilidad de que uno de los c�nyuges obtenga en demas�a del porcentaje que le correspond�a del fondo com�n, a ese acto no puede atribu�rsele un fin econ�mico espec�fico, dado que tanto jur�dicamente como en la realidad social, esa obtenci�n tiene como supuestos a los fines del matrimonio, puesto que la sociedad conyugal se constituye en raz�n de �stos.

    Dicho en otras palabras, no existe una verdadera adquisici�n ni, por ende, un acrecentamiento en el patrimonio del c�nyuge que obtiene una demas�a, sino s�lo una repartici�n o determinaci�n concreta de qu� es lo que le corresponder� a cada uno de los c�nyuges, derivada del acuerdo entre ellos, o bien, con motivo de una resoluci�n jurisdiccional, lo que justifica entonces que el legislador hubiera plasmado esa excepci�n en la norma de que se trata, aun cuando esta raz�n no se advierta de los trabajos legislativos, pues puede deducirse de la propia norma.

    En efecto, no debe perderse de vista que este Alto Tribunal ha considerado que, cuando se establece una exenci�n o un trato privilegiado a un sector que se encuentra en un determinado supuesto de causaci�n, el legislador debe expresar las razones particulares y objetivas por las cuales estim� necesaria esa distinci�n, ya sea en la exposici�n de motivos de la ley respectiva, en su proceso legislativo o, incluso, en el informe justificado que se presente en el juicio en que se cuestionan las disposiciones que prev�n ese trato especial; pero tambi�n cabe la posibilidad de que la raz�n que justifique el trato privilegiado lo advierta el �rgano jurisdiccional del contenido de los propios preceptos cuando de �l derive con toda claridad esa justificaci�n.

    Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente y por analog�a, la siguiente jurisprudencia de esta Segunda S.:

    "VALOR AGREGADO. EL ART�CULO 2o. A, F.I., INCISO B), NUMERAL 1, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACI�N DE ALIMENTOS EN ESTADO S�LIDO O SEMIS�LIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN ESTADO L�QUIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACI�N VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996). La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha determinado que conforme al principio de equidad tributaria previsto en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de causaci�n deben tributar en id�nticas condiciones, por lo que cuando se establece una exenci�n o un trato privilegiado a un sector que se encuentra en dicho supuesto, el legislador debe expresar las razones particulares y objetivas por las cuales estim� necesaria esa distinci�n, ya sea en la exposici�n de motivos de la ley respectiva, en su proceso legislativo o en el informe justificado que presente en el juicio en que se cuestionan las disposiciones que prev�n ese trato especial, a fin de que el �rgano jurisdiccional pueda valorarlo, lo que tambi�n puede hacer del contenido de los propios preceptos cuando de �l derive con toda claridad la justificaci�n del trato privilegiado, ya que en todo caso el legislador no puede establecer caprichosa o arbitrariamente excepciones en la ley, sino que ellas deben apoyarse en razones objetivas, a fin de no violentar la garant�a de equidad. Ahora bien, para efectos de identificar las supuestas razones objetivas que tuvo el legislador para establecer el tratamiento diferencial en el art�culo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al gravar, por una parte, a la tasa del 0% la enajenaci�n de alimentos en estado s�lido o semis�lido y, por la otra, a la tasa del 15% la enajenaci�n de bebidas distintas de la leche, este Alto Tribunal estim� necesario conocer cu�les fueron las circunstancias que motivaron ese tratamiento para las bebidas distintas de la leche, entre las cuales se se�alan a los jugos, n�ctares o concentrados de frutas y verduras, as� como al yoghurt para beber y otros productos que tienen naturaleza de alimentos y son excluidos de la tasa del 0% s�lo por su consistencia l�quida. As�, al analizar las exposiciones de motivos y los dict�menes que la Comisi�n de Hacienda hubiere formulado al respecto, desde la entrada en vigor del art�culo en estudio, no se advierten elementos que justifiquen el trato diferenciado al gravar con la tasa del 0% la enajenaci�n de alimentos en estado s�lido o semis�lido y con el 10% o 15% la de alimentos en estado l�quido que se establece en el texto del art�culo 2o. A, fracci�n I, inciso b), numeral 1, del citado ordenamiento, es decir, no existen elementos suficientes para diferenciar a la leche y a los alimentos s�lidos de los dem�s alimentos l�quidos, en virtud de que el estado f�sico de los alimentos no es un elemento relevante, siendo que para aplicar la tasa del 0% a la enajenaci�n de los productos destinados a la alimentaci�n, no debe importar si �stos son s�lidos, semis�lidos o l�quidos, siempre y cuando se trate de alimentos. Por tanto, al resultar esa diferencia una excepci�n artificiosa e injustificada se concluye que el art�culo 2o. A, fracci�n I, inciso b), numeral 1, da un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley, a saber, la de enajenantes de productos destinados a la alimentaci�n por el solo hecho de que �stos se encuentran en estado s�lido o l�quido, por lo que el citado precepto transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos. No es �bice a lo anterior el que pretenda justificarse dicho tratamiento diferenciado con el argumento de que el legislador pretendi� proteger a los consumidores de alimentos de primera necesidad, toda vez que existen alimentos en estado s�lido y semis�lido que no son de primera necesidad y cuya enajenaci�n est� gravada con la tasa del 0%, mientras que existen l�quidos que s� son de primera necesidad y que no son leche, como son los jugos, n�ctares o el yoghurt para beber." (Novena �poca, Segunda S., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2006, tesis 2a./J. 34/2006, p�gina 420).

    En relaci�n con el tema, el Pleno de este Alto Tribunal tambi�n sostuvo, al resolver la contradicci�n de tesis 32/2006-PL, suscitada entre la Primera y Segunda S.s de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el veintisiete de marzo de dos mil siete, que los fines extrafiscales no deben necesariamente advertirse de la exposici�n de motivos de la ley o del proceso legislativo correspondiente, pues aqu�llos pueden v�lidamente deducirse de la propia norma tributaria, es decir, �sta puede justificar plenamente tales fines cuando se desprenden en forma evidente y clara, esto es, en los supuestos en los que la simple lectura de la disposici�n legal revela, prima facie, los fines extrafiscales que se pretenden conseguir; y que tan no hay obligaci�n de que los fines extrafiscales se deban contener en la exposici�n de motivos o en el proceso legislativo correspondiente, que ha sido criterio reiterado de ese Alto Tribunal, desde la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que trat�ndose de actos de autoridad legislativa la fundamentaci�n se satisface cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n le confiere, y la motivaci�n se colma cuando las leyes que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran los ordenamientos deban ser materia de una motivaci�n espec�fica, pues ello significar�a una actividad materialmente imposible de llevar a cabo, adem�s de que la producci�n de ordenamientos legales resultar�a sumamente lenta y, por tanto, incapaz de regular realidades sociales, pues siempre se ver�a superada por �stas.

    En apoyo a la anterior consideraci�n, se invoc� la jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la p�gina 239 de los Vol�menes 181-186, Primera Parte, de la S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. E.e Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica."

    De lo razonado por el Pleno en dicha contradicci�n, deriv� la tesis P. XXXIII/2007, aprobada el quince de octubre de dos mil siete, pendiente de publicar, de rubro: "FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICI�N DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA."

    Retomando el tema a estudio, si en el caso de la liquidaci�n de la sociedad conyugal, como se ponder�, existe un mero reparto de los bienes que la integran y, por ello, no existe en realidad una adquisici�n, entonces no puede considerarse que la excepci�n al hecho imponible establecida en la fracci�n I del art�culo 137 del C�digo Financiero del Distrito Federal, relativa a esa liquidaci�n, vulnere la garant�a de equidad, pues dicha violaci�n se configura cuando existe distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin una justificaci�n objetiva y razonable, situaci�n que no existe entre las personas f�sicas y morales que adquieran los inmuebles a que se refiere el art�culo 134 del mismo c�digo, y los c�nyuges que liquidan la sociedad conyugal, en raz�n de que, se reitera, mediante la liquidaci�n s�lo se determinan los bienes que corresponden a cada uno de ellos.

    Finalmente, la circunstancia de que s� se considere como hecho imponible la adquisici�n de la demas�a al dividirse la copropiedad, en t�rminos de la fracci�n XI del art�culo 137 del C�digo Financiero del Distrito Federal, seg�n lo ponder� uno de los Tribunales Colegiados, tampoco constituye una situaci�n equiparable a la sociedad conyugal, para de ah� deducir que existe una distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin una justificaci�n objetiva y razonable. Ello es as�, porque qued� visto que entre los reg�menes de la copropiedad y la sociedad conyugal existen diferencias, pues mientras la copropiedad implica que una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas, lo que significa que la naturaleza de �sta es primordialmente patrimonial, la sociedad conyugal se caracteriza porque constituye una comunidad que tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutenci�n y auxilio de los consortes y los hijos, si los hubiere. Por ende, al no tratarse de situaciones an�logas, no puede existir un trato diferenciado.

    En atenci�n a lo expuesto, esta Segunda S. determina que el criterio que debe regir con car�cter jurisprudencial, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo, es el siguiente:

    IMPUESTO SOBRE ADQUISICI�N DE BIENES. EL ART�CULO 137, F.I., DEL C�DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.-El precepto citado no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, al establecer a la liquidaci�n de la sociedad conyugal como excepci�n del hecho imponible del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, siempre que sean inmuebles propiedad de los c�nyuges, y por otra parte, en t�rminos de su fracci�n XI, considerar adquisici�n y objeto del impuesto a la divisi�n de la copropiedad por la parte que el copropietario adquiera en demas�a del porcentaje que le correspond�a; toda vez que la violaci�n al principio de equidad tributaria se configura cuando existe distinci�n, sin justificaci�n objetiva ni razonable, entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, pero en la especie existen diferencias sustanciales en las figuras jur�dicas a que se refieren las hip�tesis normativas en estudio, lo que explica tal distinci�n. En efecto, en la liquidaci�n de la sociedad conyugal, la demas�a del porcentaje respectivo no incrementa de manera real el patrimonio de uno de los c�nyuges, pues no se da adquisici�n alguna sino s�lo certeza en la titularidad de bienes espec�ficos, mientras que en la copropiedad la adquisici�n de una porci�n distinta a la propia, s� implica la transmisi�n de la propiedad; pero incluso considerando que en la liquidaci�n de la sociedad conyugal uno de los c�nyuges obtuviera bienes en demas�a del porcentaje que en principio le correspond�a, a �sta no puede atribu�rsele un fin espec�ficamente econ�mico, como sucede con la copropiedad, cuya demas�a tiene el prop�sito eminentemente econ�mico de que el titular sea dominador de la cosa. Por tanto, como las hip�tesis normativas mencionadas no se refieren a situaciones equiparables, su trato diferenciado no transgrede la garant�a de equidad tributaria.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter obligatorio, el criterio sustentado por esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis jurisprudencial redactada en el �ltimo considerando de esta resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase testimonio de esta resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece en este fallo a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis, as� como de la parte considerativa correspondiente para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, y h�gase del conocimiento del Pleno y de la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en acatamiento a lo previsto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros Mariano Azuela G�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y la se�ora Ministra presidenta M.B.L.R.. Ausente el se�or M.J.F.F.G.S. por atender comisi�n oficial.

Nota: La tesis P. XXXIII/2007 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XXVI, diciembre de 2007, p�gina 20.