de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38247464

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 4 de Enero de 2008
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PROCEDENCIA DEL INFORME PREVENTIVO A FIN DE REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE DE LA ETAPA IV DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 4o., 14, 16, 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20678

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Enero de 2008

P�gina: 2524

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2004. ESTADO DE M�XICO.

MINISTRO PONENTE: JOS� DE JES�S GUDI�O PELAYO.

SECRETARIA: N.I.P.R..

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al diecis�is de octubre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el dieciocho de octubre de dos mil cuatro en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia, los diputados M.S.S., F.B.A.C.�n y M.P.D., presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de M�xico, en representaci�n de �ste; A.M.R., en su car�cter de gobernador constitucional de la aludida entidad; y A.V.�a Estrada, en su car�cter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado, promovieron controversia constitucional, en representaci�n de la citada entidad, en la que demandaron la invalidez del acto que m�s adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuaci�n se se�ala:

"II. Entidad demandada. La Federaci�n, en los t�rminos de los art�culos 40 y 105, fracci�n I, inciso a), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con el art�culo 90, p�rrafo primero, del propio ordenamiento constitucional, por conducto de los CC. S. de Medio Ambiente y Recursos Naturales, A.C.�rdenas J. y director general de Impacto y Riesgo Ambiental, J.R.J.P., cuya esfera de competencia se encuentra delimitada en la ley respecto de la cual debe analizarse su legitimaci�n pasiva atendiendo al principio de supremac�a constitucional; a la finalidad perseguida por el Constituyente al crear el instrumento procesal denominado �controversia constitucional�, y al respecto de su tutela jur�dica, como lo ha establecido ese Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la controversia constitucional 5/2001, el cuatro de septiembre de dos mil uno. Domicilio del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien en el acto reclamado act�a como �rgano resolutor de la Federaci�n, entidad demandada, el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Sur (Perif�rico Sur), n�mero 4209, colonia Jardines en la Monta�a, D.�n Tlalpan, c�digo postal 14210, M�xico, Distrito F.. III. Tercero interesado: El Distrito F., con domicilio en Plaza de la C.�n n�mero 1, colonia Centro, D.�n Cuauht�moc, c�digo postal 06068, M�xico, Distrito F.. IV. Acto cuya invalidez se demanda: El acto cuya invalidez se demanda es la resoluci�n contenida en el oficio n�mero S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de fecha siete de septiembre del a�o en curso, que dirigi� el bi�logo J.R.J.P., director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al arquitecto A.B.A.�a, director de Transferencia y Disposici�n Final, D.�n General de Servicios Urbanos, S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F., marcando copia al L.. A.M.R., Gobernador C.onal del Estado de M�xico, resoluci�n de la cual se tuvo conocimiento extraoficialmente, el d�a ocho de septiembre del a�o en curso, lo que manifestamos bajo protesta de decir verdad y cuya impresi�n se acompa�a al escrito inicial de demanda, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "Primero. Tener por atendido el informe preventivo ingresado el 28 de julio de 2004 a esta D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental, presentado por la promovente. Segundo. Determinar la procedencia del informe preventivo en los t�rminos presentados por el promovente, ya que se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los art�culos 31, fracci�n I, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente y 29, fracci�n I, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente en Materia de E.�n del Impacto Ambiental, conforme se establece en los considerandos III y XIII de la presente. Las obras y actividades autorizadas al promovente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo el cierre de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente consisten en: �rea a ocupar: 375 hect�reas para disposici�n de residuos s�lidos, mismas que ocupa actualmente la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente. Altura del relleno sanitario: incremento en 4 metros respecto al nivel de 8 metros en la parte perimetral y 3 adicionales en la parte central. Incremento en el volumen del relleno sanitario: Disposici�n final de 6,944,878.5 metros c�bicos de residuos s�lidos municipales que incluye el llenado de los caminos de circulaci�n entre las 8 macroceldas que operan actualmente para integrarlas en una sola superficie continua. Emisiones de biogas: I.�n de una red de recolecci�n para captarlo, acumularlo y quemarlo en un sistema central. Generaci�n de lixiviados: Recolecci�n a trav�s de una ampliaci�n del sistema perif�rico existente de recolecci�n y captaci�n, as� como el tratamiento en lagunas facultativas de recirculaci�n. Agua pluvial: Recolecci�n a trav�s de un sistema de captaci�n, conducci�n y descarga de escurrimientos pluviales. Actividades de cierre: Recubrimiento de la celda con una cubierta de tepetate impermeabilizada con una geomembrana de polietileno de alta densidad texturizada de 1 mm de espesor. Tanto el tratamiento de lixiviados como la combusti�n del biogas, pueden continuar en la etapa de cierre y m�s all� de ella. D.�n del proyecto: una primera fase de 2 a�os, sujeta al desarrollo del monitoreo de evaluaci�n de las lecturas de la instrumentaci�n instalada y se verificar� que el suelo soporte la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos. La segunda fase con una duraci�n estimada de 1.8 a�os a las tasas actuales estar� condicionada a que al t�rmino de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentaci�n geot�cnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del R�o C. y el Canal de la Compa��a. Tercero. La presente autorizaci�n tendr� una vigencia de 3.8 a�os para llevar a cabo las obras y actividades correspondientes al proyecto, la cual comenzar� a partir del d�a siguiente de su recepci�n. La vigencia de 3.8 a�os para la realizaci�n del proyecto se dividir� en dos fases: 1. En la primera fase con duraci�n de dos a�os, se continuar� con el monitoreo, se evaluar�n las lecturas de la instrumentaci�n instalada y se verificar� que el suelo soporta la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos. La segunda fase con una duraci�n estimada de 1.8 a�os a las tasas actuales estar� condicionada a que al t�rmino de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentaci�n geot�cnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras hidr�ulicas adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del R�o C. y el Canal de la Compa��a. Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 47 del REIA, primer p�rrafo, durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, el promovente deber� sujetarse a las siguientes medidas establecidas en el informe preventivo y adendum, y que esta direcci�n general determina que son adecuadas para prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientales ocasionados por el proyecto y que consisten en: a) Quema de biogas: El quemado de biogas se plantea como una soluci�n para controlar las emisiones y olores, por lo que se propone la instalaci�n de una red de recolecci�n para captarlo, acumularlo y quemarlo en un sistema central, con lo que se eliminar�a el venteo que actualmente se realiza. b) Un sistema de control de lixiviados que se compone de una red perimetral para la recolecci�n de los mismos, as� como de los registros y cajas de captaci�n, con un total de 92 pozos que captan y permiten la extracci�n del lixiviado, as� como de 5 fosas para la recirculaci�n y evaporaci�n de los mismos, adem�s de 21 pozos de recirculaci�n. c) Durante la expansi�n de la etapa IV del relleno sanitario de Bordo Poniente, se ampliar� el sistema perif�rico existente de recolecci�n y captaci�n de lixiviados, el cual contar� de l�neas de recolecci�n independientes consistentes en zanjas colectoras de secci�n cuadrada rellenas de piedra bola de r�o o alg�n material granular, as� como de registros o cajas de captaci�n individual. d) Todo el sistema de recolecci�n de lixiviados estar� impermeabilizado con geomembrana de polietileno de alta densidad de 1 mm de espesor, y zanjas rellenas de piedra bola graduada de 3" a 4" para evitar el azolve, asimismo se colocar� un tendido de geomembrana sobre el filtro de piedra de bola se�alado, con la finalidad de evitar el ingreso de part�culas que lo azolven y obstruyan el flujo de los l�quidos percolados. e) Alternativas para el tratamiento de lixiviados: adem�s de las lagunas facultativas de recirculaci�n para el tratamiento de los lixiviados otra alternativa con posibilidad de aplicarse, en caso de no ser posible la implantaci�n del esquema se�alado anteriormente, es la construcci�n de instalaciones para el tratamiento de lixiviados. La disponibilidad de espacio, as� como las condiciones geot�cnicas e hidr�ulicas del relleno sanitario ser�n las variables que determinar�n mediante estudios espec�ficos la ubicaci�n de este tipo de instalaciones. Como se mencion� se estima que la capacidad de tratamiento global requerida asciende a 9 litros por segundo. El tipo de tratamiento a aplicar puede ser de tipo fisicoqu�mico semejante al que se aplica actualmente a los lixiviados de las primeras etapas de Bordo Poniente en la planta que se tiene actualmente instalada y en operaci�n. f) Manejo de biogas: con el fin de precisar el sistema de control de biogas propuesto en el informe preventivo, se elaborar� un proyecto para la construcci�n y operaci�n de un sistema para la conducci�n y disposici�n o aprovechamiento del biogas generado en la etapa IV del relleno sanitario, con el objeto de construirlo durante el proceso de cierre del relleno sanitario. g) El proceso de cierre se har� en dos fases: La primera fase con duraci�n de dos a�os, se continuar� con el monitoreo, se evaluar�n las lecturas de la instrumentaci�n instalada y se verificar� que el suelo soporta la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, la segunda fase con una duraci�n estimada de 1.8 a�os a las tasas actuales estar� condicionada a que al t�rmino de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentaci�n geot�cnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras hidr�ulicas adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del R�o C. y el Canal de la Compa��a. h) Con el fin de prever la construcci�n oportuna de instalaciones para la disposici�n final de los residuos del Distrito F. ante el cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente, el promovente manifest� su disposici�n para participar en los trabajos tendientes a la formulaci�n de un programa metropolitano para la disposici�n final de los residuos generados en la zona metropolitana de la Ciudad de M�xico, as� como en la identificaci�n de sitios que puedan ser habilitados como rellenos sanitarios en forma conjunta con el Gobierno del Estado de M�xico y el Ejecutivo F. preferentemente en el seno de la Comisi�n Ambiental Metropolitana. La presente resoluci�n s�lo se refiere a los aspectos ambientales relacionados con las actividades mencionadas en el T�RMINO PRIMERO de la presente, por lo que es obligaci�n del promovente tramitar y obtener las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para la ejecuci�n del mismo. Quinto. Hacer del conocimiento de la delegaci�n de la Procuradur�a F. de Protecci�n al Ambiente, en su delegaci�n regional metropolitana el contenido de la presente resoluci�n. Sexto. N.�quese la presente resoluci�n al arquitecto A.B.A.�a, en su calidad de director de Transferencia y Disposici�n Final, adscrito a la D.�n General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito F., por alguno de los medios legales previstos por el art�culo 35 y dem�s relativos y aplicables a la Ley F. de Procedimiento Administrativo."

SEGUNDO

La parte actora expuso como antecedentes del caso, los siguientes:

  1. Que en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos, la entonces S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, celebr� un convenio con el entonces Departamento del Distrito F..

  2. Que el Gobierno del Distrito F. incumpli� obligaciones establecidas en el convenio de referencia, provocando da�os ecol�gicos y molestias a los habitantes de la zona, por el mal manejo de las grandes cantidades de basura y del biogas que desprende la misma, as� como el riesgo de que los lixiviados contaminen los mantos acu�feros del Estado de M�xico, como consecuencia del enorme peso que significa el dep�sito de doce mil toneladas diarias de desechos y del probable rompimiento de la membrana pl�stica que se coloc� como barrera impermeabilizante para evitar el contacto entre la basura y el suelo salino.

  3. Que el veintiocho de julio de dos mil cuatro, se recibi� en la ventanilla de recepci�n de la D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el oficio GDF/DGSU/DTDF/04-3679 de veintiocho de julio de dos mil cuatro, en el cual el director de Transferencia y Disposici�n Final de la D.�n General de Servicios Urbanos de la S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F., present� el informe preventivo relativo al proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", mismo que qued� registrado con clave 15EM200400019.

  4. Que el siete de septiembre de dos mil cuatro, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emiti� la resoluci�n cuya invalidez se demanda.

TERCERO

El Estado actor hizo valer como conceptos de invalidez, en s�ntesis, los siguientes:

  1. Que la resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitida por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es anticonstitucional porque viola lo dispuesto en los art�culos 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 y 124 de la C.�n F., ya que con la autorizaci�n del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", se vulnera la soberan�a del Estado de M�xico.

    Al respecto se�ala que de lo dispuesto en los referidos preceptos se desprende que los Estados son soberanos en lo que toca a sus reg�menes interiores, por lo que cualquier acto que atente a su soberan�a es inconstitucional.

    Considera que de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 124, 40 y 41, todos de la Ley Fundamental, se concluye que las entidades federativas tendr�n plena autonom�a para que, sin transgredir los principios establecidos en la C.�n, resuelvan con libertad en las materias que la propia Carta Magna les ha reservado competencia, al no se�alarlas de manera expresa en la competencia de la Federaci�n. Apoya lo anterior en las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS �RDENES JUR�DICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL TIENEN AUTONOM�A FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCI�N DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACI�N, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JUR�DICA DE ESTA ACCI�N ES LA PROTECCI�N DEL �MBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREV� PARA LOS �RGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."

    Que contrario a lo sostenido por la autoridad resolutora en el oficio cuya validez se impugna:

    1. El relleno sanitario Bordo Poniente no se encuentra en una zona federal, sino dentro del territorio del Estado de M�xico. Explica que si bien la Ley General de Bienes Nacionales no determina cu�les son las zonas federales, se debe atender a lo dispuesto por el art�culo 3o., fracci�n XLVII, de la Ley de Aguas Nacionales, del cual se desprende que la zona federal es la faja de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los dep�sitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas m�ximas ordinarias, y la amplitud de la zona federal ser� de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. Por tanto, en el presente caso, al no existir ning�n cauce de corrientes o vaso de dep�sitos de propiedad nacional, no constituye una zona federal, adem�s de que se encuentra en los terrenos desecados del Vaso del Lago de Texcoco.

    2. Que al no encontrarse dichos terrenos en una zona federal, sino en el territorio del Estado de M�xico, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, carece de competencia para emitir la resoluci�n de referencia, pues las normas que deben aplicarse son las de dicha entidad federativa.

    3. Reitera que el predio es propiedad del Estado de M�xico, pues por decretos de siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco y veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, el presidente de la R.�blica autoriz� la desincorporaci�n de los terrenos que comprend�a el Vaso del Lago de Texcoco a favor del Estado de M�xico.

  2. Que la resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, al determinar la procedencia del informe preventivo respecto del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", el cual constituye una manifestaci�n de impacto ambiental, debi� haberse apoyado en las disposiciones legales referentes a dicha materia; a saber, en materia de impacto ambiental, tanto la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, perteneciente al Ejecutivo F., como la S.�a de Ecolog�a del Estado de M�xico, tienen facultades para aplicar las disposiciones legales en esta materia; no obstante que existe una coincidencia en las facultades de ambas autoridades, existen disposiciones gen�ricas que las distinguen de acuerdo al �mbito de su competencia.

    Que el acto impugnado tiene como objetivo el incremento de la capacidad del relleno sanitario, as� como la autorizaci�n por un t�rmino total de tres a�os y ocho meses, por lo que resulta evidente que producir� impactos ambientales significativos.

    Que las obras que se realizar�n en el relleno sanitario, no se encuentran dentro de las se�aladas por el art�culo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, por lo que, al no ser de las reservadas a las autoridades federales, �stas carecen de competencia para conocer de dicho asunto.

    Que en consecuencia, si las obras materia del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente" no se encuentran contempladas dentro de las enumeradas por el art�culo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, conforme a lo dispuesto por los art�culos 7o., fracci�n XVI y 35 Bis 2, del mismo ordenamiento, est�n conferidas a las autoridades del Estado de M�xico y se encuentran reguladas en la fracci�n V del art�culo 4.17 del c�digo administrativo de esta entidad federativa, porque la realizaci�n de las mismas producir�n impactos ambientales significativos y entonces la evaluaci�n del impacto ambiental del proyecto de referencia corresponde a la S.�a de Ecolog�a del Estado de M�xico.

  3. En su tercer concepto, la actora reitera que la resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, viola lo dispuesto por los art�culos 39, 40, 41, 43, 115, 116 y 124 de la C.�n F., ya que se�ala que de acuerdo a lo establecido por el art�culo 124 de la C.�n F., las facultades no concedidas a la Federaci�n, se encuentran reservadas a los Estados. Considera que en el presente caso no se ha observado dicho precepto, en raz�n de que la autoridad emisora del acto carece de competencia para tal efecto, en atenci�n a las siguientes consideraciones:

    Que el informe preventivo tiene por objeto que la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales eval�e el impacto ambiental que tendr�n las obras contempladas en el mismo, las cuales no s�lo est�n encaminadas al cierre de la etapa IV de dicho relleno, sino al incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas, as� como la construcci�n y ampliaci�n de obras.

    Que la competencia en materia de disposici�n de residuos est� contemplada en las fracciones VI de los art�culos 5o. y 7o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, de los cuales se desprende que las autoridades federales tienen facultades para el manejo y disposici�n final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas y las autoridades estatales para el tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos e industriales que no est�n considerados como peligrosos; que, por tanto, es competencia de estas �ltimas, toda vez que en el presente caso, en el relleno sanitario Bordo Poniente no se depositan residuos s�lidos peligrosos, en raz�n de que as� fue estipulado en la cl�usula sexta del convenio celebrado.

    Que adem�s, el art�culo 7o. de la Ley General para la Prevenci�n y Gesti�n Integral de los Residuos, establece que las autoridades federales tienen esencialmente facultades de regulaci�n, autorizaci�n, control y vigilancia para el manejo de residuos s�lidos peligrosos.

    Que en el mismo sentido se pronuncia el art�culo 9o. de la Ley General para la Prevenci�n y Gesti�n Integral de los Residuos, al establecer que la regulaci�n, autorizaci�n, vigilancia y control para el manejo de los residuos de manera especial, corresponde a las autoridades estatales.

    Que el art�culo 10 del mismo ordenamiento legal invocado establece que el control de los residuos s�lidos urbanos le corresponde a los Municipios.

    Concluyendo que las autoridades federales no tienen competencia para permitir el dep�sito de residuos s�lidos de manejo especial y urbanos, pues la misma se encuentra circunscrita a los residuos s�lidos peligrosos.

    Que si bien es cierto el acto impugnado no se fundament� en la Ley General para la Prevenci�n y Gesti�n de los Residuos, es claro que la citada autoridad, en su resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, la infringe, pues autoriza el proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", que tendr� por efecto la realizaci�n de obras en este dep�sito de basura, cuya regulaci�n se fija por el ordenamiento legal citado.

  4. En su cuarto concepto, la actora estima violados en su perjuicio, los art�culos 39, 40, 41, 43, 115, 116 y 124, todos de la C.�n F., ya que dice, la resoluci�n impugnada vulnera la soberan�a del Estado de M�xico; adem�s se�ala:

    Que para la hip�tesis no aceptada de que este Alto Tribunal considere que el relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra dentro de una zona federal, tampoco resultan aplicables las normas federales esgrimidas en el cuerpo de la resoluci�n de referencia, en raz�n de que para que se apliquen las normas federales respecto de los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, en territorio de las entidades federativas, se requiere la aprobaci�n de la legislatura correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual establece que los bienes de dominio p�blico est�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes F.es, en los t�rminos prescritos por dicha ley; pero que si estuvieran ubicados dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, cuando la Federaci�n los haya adquirido con fecha posterior al primero de mayo de mil novecientos diecisiete.

    En el caso que nos ocupa, los terrenos donde se ubica el relleno sanitario fueron incorporados al patrimonio de la Federaci�n mediante la declaraci�n de que las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, r�os, lagos y lagunas comprendidos dentro del Valle de M�xico y ligados con las obras del desag�e, son propiedad nacional, de fecha ocho de abril de mil novecientos veintid�s, por lo que en todo caso, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debi� pedir la autorizaci�n del Poder Legislativo del Estado de M�xico.

    Que, por otra parte, la resoluci�n impugnada transgrede en forma indirecta, los art�culos 4o., 14 y 16 de nuestra Ley Suprema, en raz�n de fue emitida por autoridad incompetente, en un procedimiento donde no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni se garantiz� la debida protecci�n del medio ambiente a que tiene derecho toda persona. Apoya lo anterior en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

  5. En su quinto concepto, el actor aduce que la resoluci�n impugnada, viola lo dispuesto por los art�culos 4o. y 16 de la C.�n F., en raz�n de que no se�ala con precisi�n cu�les fueron los par�metros para otorgarle valor a los estudios que soportan el informe preventivo.

    Que no obstante la importancia y trascendencia de las obras que se desarrollar�n en el relleno sanitario de referencia, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ning�n momento valor� el contenido de los estudios que soportan el informe preventivo relativo al proyecto "cierre de la etapa IV".

    Asimismo, considera que la resoluci�n de referencia no cumple con la norma oficial mexicana NOM-083/ECOL-1996, ya que la actividad operacional en los frentes de trabajo, se ve desordenada y sin planeaci�n; que la compactaci�n de la basura, para ir conformando la celda diaria, se hace efectuando acarreos muy largos, encareciendo la operaci�n, demandando mayor cantidad de material de cubierta, propiciando que quede expuesta la basura, lo cual en �poca de lluvias genera una mayor cantidad de lixiviados; los dispositivos empleados para la extracci�n de biogas son ineficientes, entre otras cosas. Por todo lo anterior, estima que es notoria la poca importancia que se le ha dado a los aspectos ambientales del relleno sanitario Bordo Poniente.

    Que existe un aspecto negativo en el ambiente, ocasionado por el relleno sanitario "Bordo Poniente", motivo por el cual no es factible que se verifiquen las obras citadas en el proyecto para el cierre de la etapa IV de dicho relleno, pues en esencia dicho proyecto no implica un cierre e incluso no determina el mismo, sino un incremento perimetral, as� como el aumento en el tiempo de operaci�n y capacidad.

    Que con el aumento en las dimensiones del relleno sanitario, con las descargas de aguas residuales en los terrenos y mantos acu�feros del Estado de M�xico, se ocasionar�n graves da�os al medio ambiente de la entidad, lo que lleva a concluir que no existe la certeza del impacto que se va a ocasionar en el ambiente con la ejecuci�n del mismo, lo que se traduce en una violaci�n a las garant�as individuales consagradas en el art�culo 4o. constitucional, pues no les garantiza un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

  6. En sus sexto y s�ptimo conceptos, la entidad actora reitera que la resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, viola lo dispuesto por los art�culos 14 y 16 de la C.�n F., en raz�n de que aduce que no fue emitida por la autoridad competente, pues considera que el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, carece de ella, en raz�n de que la competencia corresponde a las autoridades del Estado de M�xico, tanto en el �mbito de competencia territorial como por materia.

    Explica que los procedimientos y resoluciones de las autoridades que integran la administraci�n p�blica federal centralizada, deben ser emitidos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley F. de Procedimiento Administrativo, y que en el presente caso, la resoluci�n impugnada no re�ne los elementos y requisitos establecidos por el art�culo 3o. de dicho ordenamiento, en raz�n de que no fue expedida por autoridad competente. Se�ala que la falta de los requisitos establecidos en el citado precepto legal da lugar a la declaraci�n de nulidad del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 5o. y 6o. de la Ley F. de Procedimiento Administrativo.

    Asimismo, manifiesta que el acto que se impugna, est� fundado en ordenamientos legales inexistentes, por lo que no puede considerarse que est� debidamente fundado y motivado. Lo anterior, en raz�n de que dentro del marco jur�dico nacional no existe la "Ley General de Procedimiento Administrativo" citada en la resoluci�n impugnada, y que si por alg�n error se refiere a la Ley F. de Procedimiento Administrativo, dicho ordenamiento tiene noventa y seis art�culos, por lo cual es evidente que si la citada autoridad se�al� el art�culo 168 no hubo una confusi�n en la denominaci�n del ordenamiento, sino que tal resoluci�n est� fundada en ordenamientos inexistentes.

    Que en vista de que el oficio cuya invalidez se demanda carece de fundamentaci�n y motivaci�n, es nulo y deviene inconstitucional, por lo que es procedente que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n lo declare inv�lido y ordene a la entidad demandada dicte otro acto debidamente fundado y motivado. Apoya lo anterior en las tesis de rubros: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N", "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. VIOLACI�N FORMAL Y MATERIAL.", "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, GARANT�A DE." y "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JUR�DICA DE LOS PARTICULARES."

    Adem�s expresa que la autoridad de m�rito, no se cerciora si efectivamente las actividades que se pretenden realizar en el proyecto en su cierre, mejorar�n el paisaje urbano, sino que simplemente se concreta a se�alar que "es a decir del promovente", lo que demuestra que la resoluci�n no est� debidamente motivada.

    Indica que dicha resoluci�n carece de fundamentaci�n, toda vez que est� fundada entre otros preceptos en el art�culo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, el cual resulta inaplicable; que, adem�s no se solicit� a la S.�a de Ecolog�a del Estado de M�xico su opini�n para resolver el asunto, como lo establece el art�culo 53 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, el cual s� es aplicable; para que manifestara lo que al inter�s del Estado correspondiera, con fundamento en el citado art�culo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.

    Explica que en el caso que nos ocupa, el procedimiento correspondiente inici� a petici�n de parte, ya que el director de Transferencia y Disposici�n Final dependiente de la D.�n General de Servicios Urbanos de la S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F., por oficio, el veintiocho de julio de dos mil cuatro, present� el informe preventivo del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente"; sin embargo, no acredit� contar con la delegaci�n de facultades para representar al Gobierno del Distrito F.; en consecuencia, carece de legitimaci�n para promover el procedimiento administrativo que culmin� con la resoluci�n que ahora se reclama. No obstante esto, la autoridad federal no lo previno para subsanar su omisi�n, violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento.

    Estima que la resoluci�n fue emitida mediando error en el objeto, lo cual produce su nulidad, toda vez que fue expedida desde un punto de vista formal, para determinar el impacto ambiental que producir� el proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", el cual tiene como finalidad cerrar dicho relleno sanitario, pero desde el punto de vista material, se desprende que su finalidad es su incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas en cuatro metros respecto del nivel de ocho metros y tres metros adicionales en la parte central, as� como la construcci�n y ampliaci�n de obras tendientes a elevar la capacidad. Lo anterior conlleva a una indebida aplicaci�n del derecho federal al �mbito de competencia de las autoridades del Estado de M�xico; ya que los terrenos donde se ubica el Bordo Poniente, no se encuentra en una zona federal y no es competencia de las autoridades federales, sino de las estatales, raz�n por la cual el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, carece de competencia para emitir la tantas veces citada resoluci�n, al ser competencia de las autoridades locales.

    Finalmente, se�ala que toda vez que la resoluci�n impugnada vulnera en forma directa el art�culo 124 de la C.�n F. e indirectamente los art�culos 4o., 14 y 16, es procedente que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n decida la presente controversia, declarando la invalidez de dicha resoluci�n.

CUARTO

Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima infringidos son 4o., 14, 16, 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 y 124.

QUINTO

Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el n�mero 95/2004, la cual por raz�n de turno correspondi� conocer al Ministro J.� de Jes�s G.�o P..

Mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil cuatro, el Ministro instructor admiti� la demanda de controversia constitucional y orden� emplazar como autoridad demandada �nicamente a la Federaci�n por conducto del Poder Ejecutivo F., para que contestara la demanda y dar vista al Distrito F., como tercero interesado y al procurador general de la R.�blica, para que manifestaran lo que a su derecho y representaci�n correspondiera.

SEXTO

La S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales al contestar la demanda, medularmente manifest�:

  1. Que procede el sobreseimiento de la presente controversia, con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VI y 20, fracci�n III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, toda vez que el oficio impugnado no constituye un acto o resoluci�n y, consecuentemente, no puede ser materia de una controversia constitucional. Ello lo considera as�, ya que estima que el oficio cuya invalidez se demanda, no crea, modifica o extingue situaci�n legal alguna que afecte la esfera jur�dica del actor, sino que dicho documento, �nicamente se limita a dar respuesta a un oficio signado por el director de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F.. Asimismo, se�ala que el acto impugnado no constituye una resoluci�n administrativa, al no haber estado precedido por un conjunto de formalidades y actos, es decir, no se sustanci� ning�n procedimiento administrativo, tal como lo exige la emisi�n de cualquier resoluci�n.

    En ese sentido, considera que el oficio que se combate, de ninguna manera reviste las caracter�sticas de acto de autoridad, dado que no constituye una resoluci�n, por no estar revestido de las caracter�sticas de unilateralidad, imperatividad y coercitividad.

  2. Que procede el sobreseimiento del presente asunto, con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VI y 20, fracci�n II, de la ley en comento, en m�rito a que existe una v�a legalmente prevista que la actora debi� agotar para impugnar el oficio que se combate, previamente a la promoci�n de la presente controversia. Se�ala que de conformidad con el art�culo 83 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, contra actos y resoluciones de autoridades administrativas que pongan fin a una instancia, entre otros casos, procede el recurso de revisi�n y que, por tanto, si en la especie el acto que se combate consiste en un oficio que pone fin a una instancia, previo a la interposici�n de esta controversia, debi� haber interpuesto dicho medio de defensa, y que al no haberlo hecho, no se sujet� al principio de definitividad, generando por tanto su improcedencia.

    Manifiesta que en el caso, contrario a lo aducido por la parte actora, no se est� en presencia de una excepci�n al principio de definitividad, toda vez que no se configura la presunta violaci�n directa al art�culo 16 constitucional, adem�s de que la procedencia de la acci�n s�lo se actualiza cuando el acto de autoridad carece de absoluta fundamentaci�n y motivaci�n, pero no as� cuando s�lo se alega que la misma es inexacta o indebida.

  3. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VII del art�culo 19, en relaci�n con los art�culos 20, fracci�n II y 21 de la ley reglamentaria, en raz�n de que el acto que se impugna fue consentido t�citamente por la actora y, por ende, es extempor�nea su demanda.

    La autoridad demandada se�ala que es cierto lo manifestado por la actora en el sentido de que el oficio que hoy impugna le fue dado a conocer el ocho de septiembre de dos mil cuatro; sin embargo, indica que la actora omiti� mencionar que desde el cinco de agosto del mismo a�o, le fue notificada la documentaci�n que conten�a el estudio de impacto ambiental presentado por el Gobierno del Distrito F., y que constituye el antecedente del acto del que hoy se duele, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera; por tanto, estima que al no haber combatido el Estado de M�xico ese estudio de impacto ambiental, lo consinti�, por lo que el acto cuya invalidez se reclama, deviene de un acto consentido, que origina que la presente controversia resulte improcedente.

  4. Que procede se decrete el sobreseimiento en la presente controversia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el numeral 11, p�rrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que del an�lisis de la C.�n del Estado de M�xico y de la Ley Org�nica del Poder Judicial de esa entidad, se advierte que tanto el Gobernador C.onal del Estado de M�xico como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M�xico, carecen de atribuciones para representar a dicha entidad federativa y, por ende, de legitimaci�n en la presente controversia constitucional.

  5. Que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracci�n VII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, en atenci�n a que estima que la demanda de controversia constitucional resulta extempor�nea, no por cuanto a la fecha en que la actora tuvo conocimiento de la resoluci�n como acto que le llegare a causar agravio, sino por la fecha en la que se le dio vista del estudio de impacto ambiental presentado por el Gobierno del Distrito F. para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

    En relaci�n con los argumentos de invalidez hechos valer por la actora, el titular de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales expres�:

  6. Que el primer concepto de invalidez es infundado e inoperante, pues es falso que el acto impugnado vulnere los art�culos constitucionales que se�ala la actora, al considerar que:

    Los art�culos 39, 41, 43 y 45 constitucionales, que se refieren a que la soberan�a nacional reside en el pueblo; que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica y federal; que el pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados por lo que toca a sus reg�menes interiores; que las partes integrantes de la Federaci�n; y cu�les ser�n los l�mites y la extensi�n de las partes integrantes de la Federaci�n, respectivamente, nada tienen que ver con el oficio que se impugna, pues dicho documento no trastoca en ning�n momento los principios establecidos en los anteriores preceptos.

    El art�culo 115 constitucional, que se refiere al Municipio, quien tendr� a su cargo las funciones y servicios p�blicos de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos, no se altera ni se vulnera, pues el oficio que hoy se combate, no le quita dicha facultad constitucional, sino que simplemente autoriza a una entidad federativa el cierre de un relleno sanitario, en el �mbito de sus atribuciones. Asimismo, se�ala que en el supuesto no concedido de que dicho oficio vulnerara el precepto constitucional en comento, el legitimado para reclamarlo ser�a el propio Municipio que se viera afectado en sus atribuciones, pero no la entidad federativa.

    El art�culo 124 constitucional, que se�ala que las facultades que no est�n expresamente conferidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, tampoco se vulnera, toda vez que en el presente caso, la emisi�n del oficio cuya invalidez se reclama, est� expresamente contemplada como una de las facultades conferidas a los funcionarios federales, de conformidad con el art�culo 28, fracci�n X, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, que establece la competencia de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evaluar el impacto ambiental concerniente a obras o actividades en zonas federales. Lo anterior en relaci�n con el p�rrafo 5o. del art�culo 27 constitucional; los art�culos 3o., fracci�n II y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, que establecen los bienes que son propiedad de la Naci�n; los art�culos 113, fracci�n V y 116 de la Ley de Aguas Nacionales, que establecen los bienes de propiedad nacional que se encontrar�n bajo la administraci�n de la Comisi�n Nacional del Agua; as� como los decretos de treinta de abril de mil novecientos treinta y uno, diez de junio de mil novecientos setenta y uno y diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en los cuales se fijaron los l�mites del Lago de Texcoco y su zona federal, y en los que se aprecia que los terrenos del relleno sanitario Bordo Poniente, se encuentran dentro de la zona federal.

    Manifiesta la autoridad demandada, que si bien es cierto que mediante los decretos referidos en el p�rrafo anterior, se hizo una desincorporaci�n, delimitaci�n y enajenaci�n a t�tulo gratuito a favor del Estado de M�xico de algunos terrenos que conforman el Vaso del Lago de Texcoco, tambi�n es cierto que espec�ficamente los terrenos en donde se localiza el relleno sanitario Bordo Poniente, siempre fueron excluidos de dicha desincorporaci�n y, por tanto, siguen perteneciendo a la Federaci�n. Argumenta que, suponiendo sin conceder, que dichos terrenos pertenecieran al Estado de M�xico, de cualquier forma, seguir�a siendo competencia de la Federaci�n evaluar el impacto ambiental en los mismos, toda vez que el cierre intempestivo del relleno sanitario que se aloja en ellos, al carecer de un sitio alternativo para el dep�sito de los residuos s�lidos, implicar�a enfrentar a la zona metropolitana del Valle de M�xico y al Distrito F. a un grave problema de salud p�blica, situaci�n que de conformidad con la fracci�n XX del art�culo 5o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, es facultad de la Federaci�n "la atenci�n de los asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico de dos o m�s entidades federativas".

  7. Que resulta infundado el argumento de la parte actora, en el sentido de que el oficio impugnado viola en su perjuicio los art�culos 39, 40, 41, 43, 115, 116 y 124 constitucionales, pues seg�n ella, al emitir la autorizaci�n contenida en el referido oficio, se invade la esfera de competencia de las autoridades del Estado de M�xico; manifiesta la demandada que ello en la especie no aconteci�, toda vez que la autoridad emisora del acto cuya invalidez se reclama, es la autoridad facultada para ello, de conformidad con el art�culo 27, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relaci�n con los art�culos 32 Bis, fracci�n XI, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F., 5o., fracciones II y X, y 6o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.

    Agrega que el acto impugnado s� se encuentra debidamente expedido por la autoridad competente, al considerar que dicha facultad se le otorga principalmente por el lugar donde se lleva a cabo el proyecto denominado "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente" y por el art�culo 28, fracci�n X, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.

  8. Que en las diversas consideraciones que realiza el actor �nicamente pretende exhibir una teor�a de federalismo alejada de la realidad, argumentando que con el acto combatido se ha violentado en perjuicio del actor la soberan�a del Estado de M�xico, sin precisar por qu�, ya que, en el caso, admite expresamente que las facultades del impacto ambiental son coincidentes en dicha materia ambiental.

    Por otro lado, el art�culo 27 de la C.�n F., establece un r�gimen de propiedad sobre los bienes que en la misma norma se refieren, situaci�n que inclusive se prev� en la legislaci�n ordinaria como lo es la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley de Aguas Nacionales, circunstancia que permite concluir que no puede argumentarse violaci�n a derechos fundamentales, o invalidez de acto alguno, como consecuencia de estos argumentos, cuando el origen de su reclamo estriba en supuesta invasi�n de competencias y de su soberan�a, sobre el argumento que no se trata de una zona federal.

    Que el Gobierno del Estado de M�xico ni siquiera cuenta con un derecho tutelado que le permita reclamar la invalidez de actos que se refieren exclusivamente a un bien cuya administraci�n corre a cargo del Ejecutivo F. y que por inveros�mil que parezca, dicha entidad federativa nunca cuestion� dicha situaci�n, ni aun cuando se le cedi� a t�tulo gratuito parte del Vaso del Lago de Texcoco, que tambi�n era zona federal, esta situaci�n, acorde a lo que la legislaci�n dispone respecto a la distribuci�n, responde precisamente a la soberan�a y dominio que ejerce la Federaci�n sobre los bienes del dominio p�blico de la naci�n. Concluyendo que dichas manifestaciones son infundadas.

  9. Que es infundado el cuarto concepto de invalidez hecho valer por la actora, en raz�n de que no se expresan los supuestos agravios ocasionados, que tuvieran como consecuencia inmediata la violaci�n a los art�culos 39, 40, 41, 43, 115, 116 y 124 constitucionales.

    Argumenta que contrario a lo sostenido por la actora, no es aplicable al presente caso lo dispuesto por el art�culo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales, referente a que la aplicaci�n de las normas federales respecto de bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, adquiridos con posterioridad al primero de mayo de mil novecientos diecisiete, que se encuentren en territorio de las entidades federativas s�lo es procedente cuando se cuente con la aprobaci�n de sus legislaturas, toda vez que el decreto de ocho de abril de mil novecientos veintid�s, no es un acto de adquisici�n, sino una simple declaratoria, pues desde la entrada en vigor del art�culo 27 constitucional, en mil novecientos diecisiete, los lagos interiores de formaci�n natural ligados a corrientes constantes, por disposici�n de la Carta Magna, entraron al dominio directo y originario de la naci�n. En raz�n de lo anterior estima que en el presente caso, para la emisi�n del oficio impugnado no era necesaria la autorizaci�n de la Legislatura del Estado de M�xico.

    Considera que es improcedente el hecho de que mediante la presente v�a se puedan alegar violaciones directas a la parte dogm�tica de la C.�n F., concretamente a las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, por contravenci�n a normas secundarias, como lo pretende la actora, pues estima que las controversias constitucionales son la v�a para combatir actos que afecten el �mbito de competencia de otras autoridades, no para alegar cuestiones de ilegalidad de los actos impugnados, ya que �stas pueden hacerse valer a trav�s del recurso de revisi�n o del juicio de nulidad; en m�rito de lo anterior, manifiesta que suponiendo sin conceder que el acto impugnado no cumpla con la totalidad de los requisitos de un acto administrativo, �sta no ser�a la v�a id�nea para combatirlo.

  10. Que el quinto concepto de invalidez es infundado, en atenci�n a las siguientes consideraciones:

    Es inoperante el argumento del actor en el que considera que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado y que, por ende, se violan en su perjuicio las garant�as individuales de seguridad jur�dica y el derecho a un medio ambiente sano, porque el fin fundamental de la controversia constitucional radica en preservar el principio de divisi�n de poderes, y no tutelar garant�as individuales, lo que en todo caso es materia del juicio de amparo.

    Son inoperantes e infundados los argumentos de la actora en torno a las supuestas violaciones procesales de la autoridad federal, al no se�alar con precisi�n cu�les fueron los par�metros para otorgarle valor a los estudios que soportan el informe preventivo relativo al proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", toda vez que, por una parte, si se trata de violaciones procesales, debieron haberlas hecho valer seg�n lo dispuesto en la Ley F. de Procedimiento Administrativo y, por la otra, se manifiesta que el acto combatido s� se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que en el mismo se determin� la valoraci�n de los estudios conforme a las causas legales y t�cnicas aplicables.

  11. Que es falso, infundado e inoperante el argumento esgrimido por la actora en el sentido de que la resoluci�n contenida en el oficio impugnado viole los art�culos 14 y 16 constitucionales, derivado de la supuesta incompetencia del director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda vez que como se expres� en la contestaci�n al primer concepto de invalidez, dicha autoridad s� cuenta con facultades para la emisi�n del acto, en raz�n de que los terrenos donde se ubica el relleno sanitario Bordo Poniente, se encuentran en zona federal.

  12. Que es infundado e inoperante el s�ptimo concepto de validez hecho valer por la actora, en m�rito a lo que a continuaci�n se menciona:

    El argumento relativo a la supuesta falta de fundamentaci�n y motivaci�n del oficio impugnado al apoyar sus considerandos en el art�culo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, es inoperante, toda vez que si bien es cierto que dicho precepto no resulta aplicable al supuesto previsto por la fracci�n X del art�culo 28 de dicho ordenamiento jur�dico, tambi�n lo es que el hecho de haber aplicado por analog�a aquel precepto y haber dado vista del informe preventivo presentado por el Gobierno del Distrito F. a la titular de la S.�a de Ecolog�a del Estado de M�xico, no lesiona las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica del actor, ni le depara perjuicio alguno, sino que por el contrario, se le respeta su derecho de audiencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en la legislaci�n.

    La manifestaci�n de la actora en el sentido de falta de fundamentaci�n y motivaci�n del oficio impugnado, debido a que en �ste, se cita el art�culo "168 de la Ley General de Procedimiento Administrativo", siendo que dicha ley es inexistente, es inoperante, toda vez que si bien es cierto, de la lectura que se d� al considerando catorce del acto combatido, se podr� apreciar que se trata de un error de escritura, pues la autoridad administrativa quiso referirse a la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente; adem�s, las circunstancias particulares que rodearon la cita de la ley, no implican su aplicaci�n para ejecutar un acto de molestia, sino que simplemente describe uno de los actos que surgieron durante la tramitaci�n del oficio de autorizaci�n impugnado.

    Finalmente, el argumento relativo a la falta de fundamentaci�n y motivaci�n en que supuestamente incurre el oficio impugnado al apoyarse en el art�culo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, es infundado, ya que deriva de una incorrecta interpretaci�n que hace la actora del acto impugnado, ya que el referido precepto, s� es aplicable al caso concreto, en virtud de que el terreno motivo de la controversia, se encuentra en el Vaso del Lago de Texcoco y su zona federal, el cual es un bien nacional de dominio p�blico.

S�PTIMO

El Gobierno del Distrito F., en su car�cter de tercero interesado, en s�ntesis, adujo:

  1. Que el Gobernador C.onal del Estado de M�xico, carece de legitimaci�n para demandar en v�a de controversia constitucional el acto que se impugna y que, en consecuencia, por lo que hace a dicha autoridad, debe sobreseerse la presente demanda, que dicha autoridad interpuso a nombre y en representaci�n del Estado de M�xico.

  2. Que conforme a la C.�n Pol�tica del Estado de M�xico y la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de M�xico, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M�xico, carece de legitimaci�n para interponer demanda de controversia constitucional en representaci�n del Estado de M�xico; en consecuencia solicita que se declare improcedente la demanda interpuesta por aqu�l y, por ende, se sobresea la presente controversia por lo que respecta a dicho funcionario.

  3. Que debe sobreseerse la presente controversia por falta de legitimaci�n procesal de los CC. Presidente, vicepresidente y secretario de la Mesa Directiva de la H. LV Legislatura del Estado de M�xico, al estimar que carece de capacidad procesal para interponer la demanda de controversia constitucional, toda vez que si bien es cierto que la fracci�n IX del art�culo 61 de la C.�n Pol�tica del Estado de M�xico, faculta al Poder Legislativo para interponer la presente controversia, cuya representaci�n recaer� en su presidente, seg�n lo establece el art�culo 47 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico, tambi�n es cierto que para ejercer dicha atribuci�n, la legislatura, reunida en asamblea, debi� acordarse en sesi�n ordinaria o extraordinaria, acudir a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a reclamar el acto que se impugna, y facultar a la mesa directiva para hacerlo en su nombre, por ser a la asamblea de diputados a quien se le confieren las atribuciones directas establecidas en el primero de los preceptos referidos.

  4. Que la presente controversia debe declararse improcedente, toda vez que si la parte actora impugna un acto al cual se le atribuye la naturaleza jur�dica de una resoluci�n administrativa, debi� apegarse a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual prev� como medio de defensa el recurso de revisi�n, que debi� haberse agotado previamente a la interposici�n de la presente controversia, y al no haberlo hecho, resulta improcedente �sta.

  5. Que la parte actora no imputa acto concreto alguno al titular de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de donde se colige que en realidad no existe el acto materia de la controversia.

    Explica que el acto cuya invalidez se reclama se hace consistir en una autorizaci�n en materia de impacto ambiental para el proyecto "Cierre de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente" y que la parte actora se duele de una invasi�n a su soberan�a en virtud de que, seg�n ella, dicho acto se hizo sobre bienes del Estado de M�xico. Al respecto considera que si el Gobierno del Estado de M�xico intenta derivar un reclamo de propiedad a partir de un acto de naturaleza ambiental, que no resuelve en forma alguna sobre el dominio de bien alguno, entonces el reclamo de la entidad federativa se ubica fuera de lo que resuelve el acto impugnado, por lo que se traduce en la inexistencia del acto reclamado y, por tanto, debe sobreseerse la presente controversia.

  6. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, debido a que la parte actora promovi� la presente controversia de forma extempor�nea, porque si la parte actora impugna el dominio que la Federaci�n ejerce sobre una porci�n de terreno, que estima es de su propiedad, dicha impugnaci�n resulta extempor�nea, toda vez que fue mediante un acto previo, como es el convenio celebrado entre la Federaci�n y el entonces Departamento del Distrito F., el once de julio de mil novecientos ochenta y cinco, mediante el cual la Federaci�n tuvo a bien disponer de dicho terreno. Por tanto, considera que si el acto impugnado es un acto que deriva de la existencia de dicho convenio, el cual nunca impugn� la actora, se�ala que se trata de un acto derivado de otro consentido, resultando improcedente la presente controversia.

    Al dar contestaci�n a los conceptos de invalidez hechos valer por la actora, en s�ntesis, manifest�:

  7. Que es falso que el acto impugnado viole la soberan�a del Estado de M�xico, ya que el relleno sanitario Bordo Poniente, es de dominio de la Federaci�n y, por tanto, fue emitido por autoridad competente para ello.

    Se�ala que de conformidad con los art�culos 16, segundo y tercer p�rrafos, 113, fracci�n V, 114, segundo p�rrafo, 116 y 117 de la Ley de Aguas Nacionales, la administraci�n de los bienes nacionales como los terrenos de los cauces y de los vasos de lagos, lagunas, esteros, etc�tera, estar� a cargo de la Comisi�n Nacional del Agua, por lo que, en la especie, argumenta que de conformidad con el art�culo 116 referido, el hecho de que el relleno sanitario Bordo Poniente se ubique en terrenos desecados del Lago de Texcoco, no significa que no se encuentre en zona federal y que no siga siendo del dominio p�blico de la Federaci�n.

    Agrega que conforme al art�culo 117 mencionado, el Ejecutivo F. podr� reducir o suprimir mediante declaratoria la zona federal de corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, lo que aconteci� respecto del Vaso del Lago de Texcoco, con los decretos emitidos el veintinueve de octubre y veintinueve de noviembre, ambos de mil novecientos ochenta y dos, y el publicado el siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco. Refiere que mediante dichos decretos, se fijan los nuevos l�mites del Vaso del Lago de Texcoco, incluida su zona federal, y se ponen a disposici�n de la S.�a de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas para que en representaci�n del Gobierno F., los enajene a t�tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de M�xico y el entonces Departamento del Distrito F.; sin embargo, de acuerdo con dichos decretos, quedaron fuera de esa desincorporaci�n los destinados a cauces de corrientes y su zona federal que los atraviesan, as� como los terrenos que queden dentro de los l�mites que se describen en el art�culo primero de los decretos de mil novecientos ochenta y dos. En atenci�n a lo anterior, manifiesta que el terreno donde se ubica el relleno sanitario Bordo Poniente, qued� comprendido dentro de la zona federal y que su dicho lo acredita con el texto de los referidos decretos, as� como con el plano de la zona federal del Vaso del Lago de Texcoco.

    Argumenta que toda vez que el relleno sanitario se encuentra dentro de la zona federal del ex Vaso del Lago de Texcoco, el Ejecutivo F. a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, autoriz� al entonces Departamento del Distrito F. el uso del inmueble, para aprovechamiento, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos, mediante convenio suscrito en noviembre de mil novecientos noventa y dos, en contra del cual no existi� impugnaci�n alguna por parte del Estado de M�xico, por lo que se entiende consentido dicho acto.

    Concluyendo que el acto cuya invalidez se reclama de ninguna forma vulnera la soberan�a del Estado de M�xico, por lo que no existe violaci�n a los art�culos 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 y 124 de la C.�n F..

  8. Que es falso que el objeto de la autorizaci�n de impacto ambiental que se impugna, no est� incluida en el art�culo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, como lo sostiene la actora, toda vez que dicha afirmaci�n proviene de una incorrecta interpretaci�n del texto del acto que se combate. Explica que dicho precepto es aplicable seg�n la obra o actividad a desarrollar, o por la ubicaci�n de �stas; en la especie, se actualiza la segunda de las hip�tesis, es decir, el referido art�culo es aplicable, toda vez que la obra desarrollada se ubica en zona federal.

    Que contrario a lo sostenido por la actora, no son aplicables al presente caso los art�culos 7o., fracci�n XVI y 35 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, toda vez que dichos numerales exigen para su procedencia que las obras o actividades no queden comprendidas dentro de alguna de las fracciones del art�culo 28 del mismo ordenamiento; concluye que en atenci�n a lo anterior, aun cuando se trata de un asunto en materia de residuos s�lidos, la competencia para conocer de �l, es meramente federal y no local, puesto que deviene de una cuesti�n de territorio y no de materia.

  9. Que es falso lo sostenido por la actora en el sentido de que la competencia para conocer del acto que se impugna es del Estado de M�xico, por tratarse de residuos s�lidos no considerados peligrosos; toda vez que, reitera, la competencia federal deviene de un aspecto territorial y no material, la autorizaci�n ambiental se dio en funci�n de la zona en donde se ubica el proyecto, no en funci�n del tipo de residuos manejados.

  10. Que debe ser inatendible el argumento de la actora en el sentido de que se requiere el consentimiento de la legislatura, toda vez que los terrenos donde se ubica el multicitado relleno sanitario, fueron incorporados a la Federaci�n desde el primero de mayo de mil novecientos diecisiete y no despu�s, como lo pretende hacer creer la actora, puesto que el art�culo 27, quinto p�rrafo, de la C.�n F., no ha sido reformado desde entonces.

    Que en oposici�n a lo se�alado por la actora, s� se garantiz� la debida protecci�n al medio ambiente; que el Gobierno del Distrito F. realiz� todos los estudios y obras necesarias para garantizar dicha protecci�n, as� como la operaci�n eficiente de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente.

  11. Que es falso lo alegado en el sentido de que en el acto impugnado no se especific� cu�les fueron los par�metros para otorgarle valor a los estudios que soportan el informe preventivo, toda vez que de la lectura del considerando III del oficio cuya invalidez se demanda, se advierte que para la evaluaci�n y dictaminaci�n del mismo, se basaron en la normatividad aplicable, entre las que se encuentran comprendidas las NOM-001-ECOL-1996, NOM-003-ECOL-1996 y NOM-083-ECOL-1996, que establecen los par�metros para la evaluaci�n del informe preventivo y que otorgan valor a los estudios que lo soportan.

    Que, adem�s, se valor� el contenido de los estudios que soportan el informe preventivo, a trav�s de recorridos a�reos y terrestres al sitio del proyecto para revisar los diversos sistemas que se encuentran funcionando, y mediante el an�lisis de los estudios proporcionados por el Gobierno del Distrito F..

  12. Que la resoluci�n impugnada s� fue declarada por autoridad competente, en m�rito a que el relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra ubicado dentro de zona federal y en consecuencia la autoridad competente para resolver lo relativo a la materia de impacto ambiental es la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

  13. Que el acto cuya invalidez se demanda, est� debidamente fundado y motivado y en ning�n momento vulnera la soberan�a de la actora, ni le causa agravio. Que la autorizaci�n cumple con los requisitos del acto administrativo y se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que se�ala los preceptos jur�dicos aplicables en los que se basa y expone con precisi�n las circunstancias, razones y causas que se tomaron en cuenta para otorgarla.

OCTAVO

El procurador general de la R.�blica, al formular su opini�n, manifest� esencialmente:

  1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia, de conformidad con el art�culo 105, fracci�n I, inciso a), toda vez que se trata de un conflicto entre la Federaci�n y un Estado.

  2. Que la parte actora est� legitimada para acudir a la presente v�a de control constitucional, toda vez que el presidente del Poder Legislativo de la entidad tiene la representaci�n jur�dica de la entidad, mas no as� el vicepresidente y secretario de la mesa directiva de ese �rgano, el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, todos de esa entidad.

  3. Que la demanda fue presentada oportunamente.

  4. Sobre las causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer manifest�:

    Que contrario a lo aducido por la demandada y el tercero interesado, la parte actora s� cuenta con legitimaci�n activa para promover la presente controversia constitucional.

    Que es infundada la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentaci�n de la demanda, toda vez que el acto combatido es la culminaci�n de un procedimiento iniciado con el informe preventivo presentado por el Gobierno del Distrito F. y que aun cuando se le haya dado vista con dicho informe a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, no estaba obligada a combatirlo ya que no se trataba de un acto definitivo.

    Por lo que se refiere a la extemporaneidad planteada por el tercero interesado en el sentido de que el acto impugnado tiene como origen un acto consentido consistente en un convenio celebrado en mil novecientos ochenta y cinco, tambi�n resulta infundado, en atenci�n a que el terreno a que se refiere dicho convenio, no es el mismo al en que se est� realizando el proyecto de la IV etapa del relleno sanitario.

    Que la causal relativa al no agotamiento de la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto presente, resulta infundada toda vez que si bien es cierto que la actora debi� interponer el recurso de revisi�n previsto en los numerales 83 y 91, fracciones III y IV, de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, pues lo que impugna es un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo, tambi�n lo es que, trat�ndose de violaciones a las disposiciones contenidas en la C.�n F., la �nica autoridad competente para su resoluci�n es la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por tanto, en atenci�n a que la actora arguye que el acto impugnado vulnera su soberan�a y diversas violaciones directas a la Carta Magna, este medio de control constitucional, resulta la v�a id�nea.

    Que referente a la causal alegada por el Ejecutivo en torno a que el oficio impugnado no constituye un acto o resoluci�n que pueda ser combatida por la presente v�a, debe desestimarse, en atenci�n a que se trata de una cuesti�n que para dilucidar es necesario entrar al estudio del fondo del asunto.

    Que la causal concerniente a la inexistencia del acto impugnado, resulta infundada, toda vez que el mismo s� existe y se hace consistir en la resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, contenida en el oficio n�mero S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, por medio de la cual el director de impacto y riesgo ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales autoriz� al Gobierno del Distrito F. a realizar obras y actividades relativas al proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente".

  5. Sobre los conceptos de invalidez, verti� las consideraciones que siguen:

    Sobre la presunta violaci�n al art�culo 16 de la Ley Suprema, manifiesta:

    Que de acuerdo al plano oficial n�mero CLT-TT-056, el cual fue expedido por la comisi�n del Lago de Texcoco, se desprende que los terrenos donde se ubica la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente, se encuentra en zona federal; sin embargo, es incuestionable que para resolver la presente controversia, es necesario que lo anterior sea dilucidado por este Alto Tribunal, de acuerdo al dictamen que arrojen las periciales en topograf�a ofrecidas por el Distrito F. y por el Estado de M�xico, mediante escritos de veintitr�s y veinticuatro de enero de dos mil cinco.

    Que para el caso de que las instalaciones del relleno sanitario est�n ubicadas dentro de la zona federal, ser� incuestionable que la operaci�n de dichas instalaciones est� sujeta a los ordenamientos federales en materia de ecolog�a y medio ambiente y, en consecuencia, no le resultar�an aplicables las disposiciones de la legislaci�n ambiental del Estado de M�xico, por lo que no se vulnera la soberan�a de la entidad promovente; no obstante, si de los resultados que arrojen las mencionadas periciales, se demuestra que la zona territorial en conflicto, se ubica fuera de la zona federal, ser�a fundado el argumento que nos ocupa.

    Que partiendo del supuesto de que el referido relleno sanitario se encuentra dentro de una zona federal, el Ejecutivo F. no se excedi� del marco de sus facultades, toda vez que el director general de Impacto y Riesgo Ambiental, al emitir la resoluci�n impugnada, actu� bajo el amparo de normas legales que atribuyen a su favor la facultad de desplegar la conducta en cuesti�n en las zonas de jurisdicci�n federal.

    Que por lo que hace a la motivaci�n, se�ala que de la lectura del acto combatido se observa que fue emitido como consecuencia de la solicitud del Gobierno del Distrito F. para que se le concediera la aprobaci�n del informe preventivo del cierre de la etapa, por lo que en el supuesto de que los terrenos en que �ste se encuentra ubicado, est�n dentro de la zona federal del Vaso del Lago de Texcoco, ser�a la autoridad federal la competente para aprobar la procedibilidad de dicho informe y autorizar los trabajos que de �l deriven, considerando con ello que queda demostrada la motivaci�n del mismo.

    Que del an�lisis de los argumentos de la actora, no se advierte que se actualice una transgresi�n a las garant�as del derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar previsto en el precepto 4o., a la forma de Estado y de gobierno y soberan�a del pueblo contenidos en los numerales 40 y 41, a las partes integrantes de la Federaci�n y sus l�mites y colindancias contenidos en los preceptos 43 y 45; la autonom�a municipal prevista en el dispositivo 115, el principio de divisi�n de poderes estatuido en el numeral 116, ni mucho menos a la distribuci�n de competencias establecida en el precepto 124 de la propia N.F., al haberse establecido que la autoridad emisora del acto impugnado, s� es la competente para ello.

    Que es falso que la Federaci�n debi� haber pedido autorizaci�n a la Legislatura del Estado de M�xico, toda vez que lo establecido por el art�culo 9o. de la Ley de Bienes Nacionales no es aplicable cuando la Federaci�n haga la declaraci�n de bien nacional sobre alguno de los bienes referidos en los p�rrafos cuarto y quinto del art�culo 27 de la C.�n F., como en la especie aconteci�.

    Que es infundada la presunta violaci�n al art�culo 14 de la C.�n F., toda vez que la resoluci�n materia de la presente controversia constitucional, no ten�a por qu� sustentarse en los art�culos 14, 15, 17-A y 19 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, en raz�n de que dicho ordenamiento se constri�e a las relaciones entre los particulares y la administraci�n p�blica federal y viceversa, mas no as� a las relaciones que se establezcan entre autoridades de diferentes �rdenes de gobierno.

    Que el hecho de que el Gobierno del Distrito F., al presentar el informe preventivo, no haya acreditado su personalidad, y a su vez no haya sido requerido por la Federaci�n para tal efecto, no implica una violaci�n a las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que dicho requisito no se encuentra entre los previstos por el art�culo 17 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, para presentar una solicitud de autorizaci�n en materia de impacto ambiental.

    Que en relaci�n con el hecho de que los estudios con que cuenta el Estado de M�xico, sobre la viabilidad del proyecto, son contrarios a los presentados por el Gobierno del Distrito F. junto con el informe preventivo, refiere que dichos estudios no fueron aportados a la autoridad emisora de la resoluci�n impugnada para que los tomara en consideraci�n.

    Que resulta infundada la violaci�n al art�culo 16 constitucional, toda vez que el acto cuya invalidez se demanda, s� fue emitido por autoridad competente y s� est� debidamente fundado y motivado.

    Que contrario a lo sostenido por la actora, la D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, s� se encontraba investida de facultades para emitir el oficio que se combate, toda vez que los art�culos 5o., 28, 33 y 35 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, facultan a esta entidad para formular las evaluaciones de impacto ambiental de las obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecol�gico.

    Que es falso que el acto impugnado carezca de fundamentaci�n y motivaci�n al haberse apoyado en el numeral 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, ya que conforme a dicho precepto, trat�ndose de obras y actividades como la instalaci�n, confinamiento, tratamiento o eliminaci�n de residuos, as� como las actividades que correspondan a la competencia de la autoridad federal que puedan causar un desequilibrio ecol�gico, la secretar�a notificar� a los Gobiernos Estatales y Municipales de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental, para que �stos manifiesten lo que a su derecho convenga.

    Que por lo que se refiere al argumento de que el acto administrativo resulta infundado ya que �ste se apoya en disposiciones que no existen, si bien es cierto que el numeral 168 de la Ley General de Procedimiento Administrativo no existe, tambi�n lo es que la inexistencia de �ste no invalida el acto que se combate, y mucho menos el convenio, ya que un error tipogr�fico en la redacci�n de un instrumento legal no es motivo suficiente para alegar su invalidez.

    Que en atenci�n a las consideraciones anteriores, concluye que, contrario a lo manifestado por la actora, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental no infringi� los numerales 4o., 14 y 16 de la C.�n F., dado que la resoluci�n impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada y que, por tanto, resultan infundados los conceptos de invalidez.

    Que no obstante lo anterior, si de los resultados que arrojen las pruebas periciales en materia de topograf�a ofrecidas por la parte actora y el tercero interesado, se demuestra que la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente, se ubica fuera de la zona federal del Vaso del Lago de Texcoco, esto implicar�a que tales instalaciones est�n sujetas a los ordenamientos legales en materia ambiental del Estado de M�xico y, en consecuencia, bajo el control y supervisi�n de sus autoridades administrativas estatales, de modo que la autoridad federal resultar�a incompetente para emitir la resoluci�n que se combate en este medio de control constitucional, consecuentemente, ser�an fundados los argumentos del actor, debi�ndose declarar, por tanto, la invalidez constitucional del acto impugnado.

NOVENO

Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebr� la audiencia prevista en los art�culos 29, 32, 34 y 36 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 105, fracci�n I, inciso a), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de M�xico y la Federaci�n.

SEGUNDO

En el presente caso, se hace necesario analizar la certeza del acto cuya invalidez se solicita, en atenci�n a que el Distrito F. niega su existencia, bajo el argumento relativo a que la parte actora no imputa acto concreto alguno al titular de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues, la parte actora, de lo que se duele es de una invasi�n a su soberan�a en virtud de que, seg�n ella, dicho acto se hizo sobre bienes del Estado de M�xico. Al respecto considera que si el Gobierno del Estado de M�xico intenta derivar un reclamo de propiedad a partir de un acto de naturaleza ambiental, que no resuelve en forma alguna sobre el dominio de bien alguno, entonces dicho reclamo se ubica fuera de lo que resuelve el acto impugnado, traduci�ndose en la inexistencia del acto reclamado y, por tanto, debe sobreseerse en la presente controversia.

A fin de elucidar lo anterior, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que es materia de este juicio, el oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitido por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la S.�a de Gesti�n para la Protecci�n Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido al director de Transferencia y Disposici�n Final, D.�n General de Servicios Urbanos, S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F., documental que en copia simple obra a fojas trescientos treinta y cuatro a trescientos sesenta y siete del tomo I del cuaderno principal y a fojas uno a treinta y cinco del cuaderno de pruebas formado con las documentales presentadas por el Estado de M�xico y que se anexaron a su demanda. Debe precisarse que dicho oficio constituye un documento p�blico en t�rminos de lo que establece el art�culo 129 de C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de la materia, conforme a lo dispuesto por su art�culo 1o., ya que fue expedido por un funcionario p�blico en ejercicio de sus funciones y, por tanto, aun cuando obra en copia simple, de conformidad con el art�culo 130 del aludido c�digo, hace fe en el presente juicio sin necesidad de legalizaci�n.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que tal como se desprende de la contestaci�n a la demanda (fojas 192 a 268 del tomo I del expediente principal), el secretario de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce su existencia y autor�a e incluso exhibe la copia simple de dicho oficio (fojas 334 a 367 del tomo I del cuaderno principal), a la que se hizo referencia, lo que pone de manifiesto la existencia del acto impugnado, contrario a lo aducido por la citada autoridad tercero interesada, por lo que en este aspecto, debe declararse infundado el motivo de sobreseimiento que hace valer.

TERCERO

En seguida, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuesti�n de orden p�blico y de estudio preferente.

Como se ha precisado, en este asunto se impugna el oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitido por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la S.�a de Gesti�n para la Protecci�n Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido al director de Transferencia y Disposici�n Final, D.�n General de Servicios Urbanos, S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F., de lo que se desprende que es un acto, ya que no se encuentra investido de las caracter�sticas de generalidad y abstracci�n propias de una norma general.

Atento a lo anterior, en el caso debe estarse a lo que dispone el art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, que precisa el plazo para la promoci�n de controversias constitucionales trat�ndose de actos, el cual se�ala:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

"I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Trat�ndose del oficio impugnado, el actor manifiesta que tuvo conocimiento el ocho de septiembre de dos mil cuatro; por tanto, el plazo para la presentaci�n de la demanda transcurri� del jueves nueve de septiembre al veintis�is de octubre del citado a�o; descontando los s�bados y domingos once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintis�is de septiembre; dos, tres, nueve, diez, diecis�is, diecisiete, veintitr�s y veinticuatro de octubre; y el diecis�is de septiembre, por ser inh�biles de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 2o. y 3o. de la citada ley reglamentaria, en relaci�n con el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; as� como el catorce y quince de septiembre y doce de octubre, en los que se suspendieron labores en esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por acuerdo del Tribunal Pleno.

En consecuencia, si la demanda se present� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho de octubre de dos mil cuatro, seg�n se advierte de la raz�n asentada al reverso de la foja ciento treinta y seis de autos, es indudable que la presentaci�n de la demanda resulta oportuna.

No es obst�culo a lo anterior los argumentos de la demandada y del tercero interesado, en el sentido de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, por no haberse promovido dentro del plazo previsto en la fracci�n I del art�culo 21 de la aludida ley; toda vez que su argumento lo hacen consistir en realidad en que el acto impugnado en este asunto es derivado de otro consentido y, por tanto, no es en este apartado en el que se estudiar� dicha causa de improcedencia sino en el que se analicen �stas; asimismo, se destaca que el actor impugna el citado oficio tambi�n por vicios propios, por lo que, tal como se se�al�, el c�mputo para su impugnaci�n debe hacerse a partir de la fecha en la que tuvo conocimiento de �ste.

CUARTO

A continuaci�n se procede al an�lisis de la legitimaci�n de quien promueve la controversia constitucional.

La demanda de controversia constitucional fue signada por los diputados M.S.S., F.B.A.C.�n y M.P.D., presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de M�xico, personalidad que acreditaron con dos ejemplares de la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico, de fechas cinco de septiembre y cinco de octubre de dos mil cuatro, en las que constan los acuerdos emitidos por la Legislatura del Estado de M�xico, en donde fueron electos como presidente de la legislatura para el tercer periodo ordinario de sesiones, vicepresidente y secretario de la legislatura durante el segundo mes del tercer periodo de sesiones, respectivamente; por el gobernador constitucional de la aludida entidad, A.M.R., personalidad que acredit� con un ejemplar de la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico, de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, en la que est� contenido el "Acuerdo N�mero 70" del Instituto Electoral del Estado de M�xico, mediante el cual se declar� v�lida la elecci�n del d�a cuatro de julio de mil novecientos noventa y nueve y se le declar� gobernador electo para el Estado de M�xico; y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, A.V.�a Estrada, personalidad que acredit� con la certificaci�n de su nombramiento para fungir como presidente del citado tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de M�xico, expedida por G.E.C., secretario general de Acuerdos de la presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de M�xico, todos en representaci�n de esa entidad federativa (fojas 137 a 146 del cuaderno principal, tomo I).

Ahora bien, el art�culo 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia, establece en lo que interesa:

Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso que nos ocupa, de conformidad con la C.�n Pol�tica del Estado de M�xico, es el Poder Legislativo de la entidad quien tendr� la facultad para acudir a esta v�a de control constitucional, tal como lo establece el art�culo 61 de dicho ordenamiento, que a la letra dice:

"Art�culo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

"...

IX. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cuando alguna ley o acto del Gobierno F. constituya un ataque a la libertad, a la soberan�a del Estado, a su C.�n o a la C.�n F., dando vista al gobernador; ...

Del precepto transcrito se desprende que el Congreso de la entidad es quien tiene la facultad de representar al Estado de M�xico.

Cabe se�alar que lo anterior fue ya analizado por este Tribunal Pleno en la diversa controversia constitucional 67/2003, en la que se sostuvo por mayor�a de siete votos, que el Poder Legislativo del Estado de M�xico tiene la representaci�n de la entidad.

Ahora bien, de conformidad con el art�culo 47, fracci�n XVII, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico, la representaci�n jur�dica de ese �rgano, ante todo g�nero de autoridades, corresponde al presidente de la legislatura, tal como se advierte:

"Art�culo 47. Son atribuciones del presidente de la legislatura:

"...

XVII. R.resentar jur�dicamente al Poder Legislativo ante todo g�nero de autoridades.

De lo anterior se concluye que de los funcionarios que suscribieron la demanda de controversia constitucional, s�lo se encuentra facultado para acudir en representaci�n del Estado de M�xico, el presidente de la mesa directiva de la legislatura de esa entidad, no as� el vicepresidente y secretario de dicho �rgano, el gobernador constitucional de esa entidad federativa, ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M�xico, tal como lo advierte la autoridad demandada.

En atenci�n a lo anterior y al haber quedado acreditada la personalidad del presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado de M�xico, se tiene por acreditada la legitimaci�n del promovente, toda vez que el hecho de declarar que las dem�s autoridades que suscribieron la demanda, no se encuentran legitimadas para tal efecto, no es �bice para considerar que el referido funcionario s� ostenta la representaci�n necesaria para promover la presente controversia.

Asimismo, se precisa que esa entidad federativa cuenta con legitimaci�n para promover el presente medio de control constitucional de conformidad con el inciso a), fracci�n I, del art�culo 105, de la C.�n F., que a la letra indica:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito F..

No es obst�culo para alcanzar la conclusi�n que antecede lo aducido por la autoridad demandada y el tercero interesado en el sentido que procede el sobreseimiento en la presente controversia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el numeral 11, p�rrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que tanto el gobernador constitucional, as� como el presidente del Tribunal Superior de Justicia ambos del Estado de M�xico, carecen de atribuciones para representar a dicha entidad federativa; asimismo, que el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad, carecen de capacidad procesal para interponer la demanda de controversia constitucional, toda vez que se�alan que si bien la C.�n del Estado faculta al Poder Legislativo para interponer la presente controversia, lo cierto es que para ejercer dicha atribuci�n, la legislatura reunida en asamblea, debi� acordar en sesi�n ordinaria o extraordinaria, el acudir a esta Suprema Corte a reclamar el acto que se impugna, y facultar a la mesa directiva para hacerlo en su nombre, por ser a la asamblea de diputados a quien se le confieren las atribuciones directas establecidas en el primero de los preceptos referidos.

Lo anterior es infundado, toda vez que si bien, como se anot�, tanto el vicepresidente y el secretario del Congreso, como el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, carecen de la representaci�n de la entidad, lo cierto es que al haberse acreditado que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado s� tiene legitimaci�n para representar a la entidad de conformidad con la legislaci�n vigente en el Estado, no procede el sobreseimiento de la presente controversia, pues el sobreseimiento no puede dirigirse a los servidores p�blicos que no han justificado la representaci�n con que se ostentan, porque las determinaciones que lleguen a tomarse en la controversia constitucional deber�n tener efectos solamente en relaci�n con las entidades demandante y demandadas, mas no pueden alcanzar tambi�n a quienes, sin acreditarlo, promueven en nombre de la primera, dado que �stas no tienen un derecho sustantivo propio que deducir y, por tanto, no son parte en el juicio, debiendo s�lo declararse que carecen de legitimaci�n procesal.

Asimismo, debe precisarse que en la entidad no existe ning�n ordenamiento jur�dico que establezca que para que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado pueda ejercer la representaci�n del �rgano legislativo, la legislatura reunida en asamblea deba acordar en sesi�n ordinaria o extraordinaria el acudir a esta Suprema Corte a reclamar los actos o normas que afecten a la entidad; por tanto, dado que la ley reglamentaria de la materia establece que deber� acudir la entidad por conducto de su representante en t�rminos de sus leyes, debe considerarse, como ya se determin�, que dicho presidente s� est� facultado para representar a la entidad actora.

QUINTO

Acto continuo, se analizar� la legitimaci�n de la autoridad demandada en esta v�a, que es la Federaci�n por conducto del Poder Ejecutivo, el cual es representado por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para el an�lisis de la legitimaci�n pasiva conviene reproducir nuevamente el art�culo 105, fracci�n I, inciso a), de la C.�n General de la R.�blica, as� como el art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, que prev�n:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito F..

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"...

II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.

As�, conforme al art�culo 105, fracci�n I, inciso a), de la C.�n F. y 10, fracci�n II, de su ley reglamentaria que se cita, transcritos anteriormente, indudablemente que la Federaci�n puede ser parte demandada en la controversia constitucional y, por ende, cuenta con legitimaci�n procesal pasiva.

En el presente caso, debe ten�rsele con ese car�cter, en virtud de que el Poder Ejecutivo es parte integrante de la Federaci�n, a quien se le demand� un acto emitido directamente por una de las secretar�as que lo integran, pues el hecho de que el inciso a) de la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n F., se refiera a las controversias constitucionales que se susciten entre la Federaci�n y un Estado, implica que puede ser a trav�s de los poderes que lo integran.

Ahora bien, suscribi� la contestaci�n de demanda en representaci�n del presidente de la R.�blica, A.C.�rdenas J., ostent�ndose como titular de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, personalidad que acredit� con la copia certificada de su nombramiento (foja 270 del tomo I del expediente principal), del que se desprende que fue nombrado para ocupar dicho cargo.

Al respecto conviene transcribir nuevamente lo que establece el art�culo 11, p�rrafos primero y tercero, de la ley reglamentaria de la materia, que a letra indica:

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

...

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jur�dico del gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

Asimismo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento Interior de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde al secretario de dicha dependencia, la representaci�n jur�dica del presidente de la R.�blica en las controversias constitucionales que as� lo determine el titular del Ejecutivo F., tal como se advierte del art�culo 5o., fracci�n VII, que a continuaci�n se transcribe:

"Art�culo 5. El S. tendr� las facultades indelegables siguientes:

"...

"VII. R.resentar al presidente de la R.�blica en los juicios constitucionales de amparo, en los t�rminos de los art�culos 14 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F. y 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el art�culo 105 de la propia C.�n y su ley reglamentaria, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo F.."

En el caso, el presidente de la R.�blica determin� que el secretario de medio ambiente y recursos naturales fuera quien lo representara en el presente asunto, tal como se desprende del oficio sin n�mero y sin fecha, que obra a foja doscientos setenta y nueve del tomo I del cuaderno principal; por lo que se concluye que quien suscribi� la aludida contestaci�n tiene legitimidad para ello.

SEXTO

Procede analizar las restantes causas de improcedencia hechas valer por las partes, o las que de oficio advierta este Alto Tribunal.

El demandado y el tercero interesado, al contestar la demanda y desahogar la vista, respectivamente, manifestaron, en forma coincidente, en relaci�n con las causales de improcedencia y sobreseimiento, lo siguiente:

I.Q. procede el sobreseimiento de la presente controversia, con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VI y 20, fracci�n III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, ya que el oficio impugnado no constituye un acto o resoluci�n y, consecuentemente, no puede ser materia de una controversia constitucional, toda vez que el oficio cuya invalidez se demanda no crea, modifica o extingue situaci�n legal alguna que afecte la esfera jur�dica del actor, sino que dicho documento �nicamente se limita a dar respuesta a un oficio signado por el director de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F.. Asimismo, se�ala que el acto impugnado no constituye una resoluci�n administrativa, al no haber estado precedido por un conjunto de formalidades y actos, es decir, no se sustanci� ning�n procedimiento administrativo, tal como lo exige la emisi�n de cualquier resoluci�n.

En ese sentido, considera que el oficio que se combate, de ninguna manera reviste las caracter�sticas de acto de autoridad, dado que no constituye una resoluci�n, por no estar revestido de las caracter�sticas de unilateralidad, imperatividad y coercitividad.

No se actualiza la causa de improcedencia aducida, debido a que la controversia constitucional procede contra actos y normas emitidos por las entidades, poderes u �rganos que se precisan en la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n F.; sin que de dicha disposici�n y menos a�n, de su ley reglamentaria, se desprenda que los actos respecto de los que procede este medio de control constitucional sean �nicamente resoluciones que hayan sido emitidas siguiendo un proceso o un procedimiento, sino que se refieren a cualquier acto emitido por alguno de los entes ya se�alados, por lo que es evidente que al promoverse el presente asunto contra un acto emitido por una autoridad subordinada jer�rquicamente a la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien es parte del Poder Ejecutivo F., debe considerarse que es un acto que puede ser impugnado en esta v�a, con independencia de que se trate o no de una resoluci�n administrativa.

Asimismo, debe se�alarse que contrariamente a lo que sostiene el demandado, del an�lisis del acto impugnado se desprende que s� se est� ante una resoluci�n emitida por una autoridad, mediante la cual resolvi� una solicitud que se present� ante ella, como lo es, si pod�a o no aumentarse el volumen del relleno sanitario "Bordo Poniente" y llevar o no a cabo el cierre de la etapa IV de dicho relleno, para lo cual llev� a cabo un procedimiento; sin embargo, la determinaci�n relativa a si dicha resoluci�n afecta o no la esfera jur�dica del actor constituye precisamente el estudio de fondo, por lo que no puede ser materia de la procedencia o improcedencia de la controversia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99, consultable en la p�gina setecientos diez, Tomo X, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."

  1. Aduce la autoridad demandada que procede el sobreseimiento del presente asunto, con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VI y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, ya que existe una v�a legalmente prevista para impugnar el oficio impugnado, que la actora debi� agotar previamente a la promoci�n de la presente controversia. Se�ala que de conformidad con el art�culo 83 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, contra actos y resoluciones de autoridades administrativas que pongan fin a una instancia, entre otros casos, procede el recurso de revisi�n y, por tanto, si en la especie el acto que se combate consiste en un oficio que pone fin a una instancia, previo a la interposici�n de esta controversia, debi� haber interpuesto dicho medio de defensa y al no haberlo hecho, origina que no se haya sujetado al principio de definitividad, acarreando por tanto su improcedencia.

    Manifiesta que en el caso, contrario a lo aducido por la parte actora, no se est� en presencia de una excepci�n al principio de definitividad, toda vez que no se configura la presunta violaci�n directa al art�culo 16 constitucional, adem�s de que la procedencia de la acci�n s�lo se actualiza cuando el acto de autoridad carece de absoluta fundamentaci�n y motivaci�n, mas no cuando s�lo se alega que la misma es inexacta o indebida.

    No le asiste la raz�n a la autoridad demandada al afirmar que el Estado actor debi� agotar el recurso de revisi�n que se establece en el art�culo 83 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, toda vez que la procedencia de dichos medios impugnativos queda exceptuada cuando se aleguen violaciones directas e inmediatas a la C.�n F. y, en el caso, la hip�tesis que se indica se surte, pues en este asunto la parte actora formula razonamientos tendentes a acreditar la violaci�n directa a diversos preceptos constitucionales cuyo an�lisis corresponde a este Alto Tribunal al realizar el estudio de fondo, por lo que el que exista o no una violaci�n directa al art�culo 16 de la C.�n F. y a los dem�s preceptos que se se�alan como violados s�lo podr� determinarse al resolver el fondo del asunto y no pueden determinar la improcedencia del juicio.

    Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia P./J. 136/2001,(1) visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XV, Novena �poca, enero de dos mil dos, p�gina novecientos diecisiete.

  2. Asimismo, se�ala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VII del art�culo 19, en relaci�n con los art�culos 20, fracci�n II y 21 de la ley reglamentaria de la materia, en raz�n de que el acto que se impugna fue consentido t�citamente por la actora y, por ende, es extempor�nea su demanda.

    La autoridad demandada se�ala que es cierto lo manifestado por la actora en el sentido de que el oficio que ahora impugna le fue dado a conocer el ocho de septiembre de dos mil cuatro; sin embargo, indica que la actora omiti� mencionar que desde el cinco de agosto del mismo a�o, le fue notificada la documentaci�n que conten�a el estudio de impacto ambiental presentado por el Gobierno del Distrito F., y que constituye el antecedente del acto que hoy se duele, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera; por tanto, estima, que al no haber combatido el Estado de M�xico ese estudio de impacto ambiental, lo consinti�, de lo que advierte que el acto cuya invalidez se reclama, deviene de un acto consentido, que origina que la presente controversia resulte improcedente.

    Asimismo, el Distrito F., tercero interesado en este asunto, manifest� que si la parte actora impugna el dominio que la Federaci�n ejerce sobre una porci�n de terreno, que estima es de su propiedad, dicha impugnaci�n resulta extempor�nea, toda vez que fue mediante un acto previo, como es el convenio celebrado entre la Federaci�n y el entonces Departamento del Distrito F., "el once de julio de mil novecientos ochenta y cinco (sic)", que la Federaci�n tuvo a bien disponer de dicho terreno. Por tanto, considera que si el acto impugnado es un acto que deriva de la existencia de dicho convenio, el cual nunca impugn� la actora, entonces se trata de un acto derivado de otro consentido, resultando improcedente la presente controversia.

    No se actualiza la causa de improcedencia que se hace valer debido a que, en principio, la notificaci�n de la documentaci�n que conten�a el estudio de impacto ambiental presentado por el Gobierno del Distrito F. no pod�a ser impugnado directamente en esta v�a, ya que se trataba de un acto dentro de un procedimiento el cual no hab�a adquirido definitividad al no haberse dictado la resoluci�n correspondiente; por ello, es correcto que al culminar dicho procedimiento con la resoluci�n que se combate se impugne �sta con la cual ha adquirido definitividad; en efecto, al ser parte de un procedimiento, al contestar la vista que se le dio al actor con la documentaci�n se�alada, �ste hubiese podido obtener una resoluci�n favorable a sus intereses y ser innecesaria la incoaci�n de un medio de defensa.

    Aunado a lo anterior, debe precisarse que en relaci�n con dicho aspecto este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia al resolver la controversia constitucional n�mero 38/2003, determin� que en este tipo de acciones constitucionales no puede v�lidamente plantearse la improcedencia por actos derivados de consentidos, tal como se corrobora con la siguiente jurisprudencia:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE V�LIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS. La improcedencia de la controversia constitucional contra actos o normas derivados de otros consentidos no est� prevista expresamente en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, como se advierte de la lectura del art�culo 19 de ese cuerpo de leyes que se refiere a las causas de improcedencia que pueden actualizarse en dicho juicio constitucional y tal hip�tesis tampoco se desprende de otra disposici�n de la ley de la materia."

    Por tanto, de conformidad con el criterio precisado, procede desestimar la causa de improcedencia aducida, dado que no est� prevista expresamente en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    Al no existir otra causa de improcedencia alegada por las partes o que de oficio se advierta, se procede al estudio de los conceptos de invalidez.

S�PTIMO

Este Tribunal Pleno se ocupar� del estudio de los conceptos de invalidez, los cuales se encuentran sintetizados en el resultando primero de esta resoluci�n.

El actor aduce en sus conceptos de invalidez primero, segundo, tercero, sexto y s�ptimo, medularmente, que la resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitida por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, viola lo dispuesto en los art�culos 14, 16, 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 y 124 de la C.�n F., ya que, contrario a lo sostenido por la autoridad resolutora en el oficio impugnado, el relleno sanitario Bordo Poniente no se encuentra en una zona federal, sino dentro del territorio del Estado de M�xico, por tanto, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental, carece de competencia para emitir la resoluci�n de referencia, ya que la competencia corresponde a las autoridades del Estado de M�xico y las normas que deben aplicarse son las de esa entidad federativa.

La actora se�ala que si bien la Ley General de Bienes Nacionales no determina cu�les son las zonas federales, se debe atender a lo dispuesto por el art�culo 3o., fracci�n XLVII, de la Ley de Aguas Nacionales, del cual se desprende que la zona federal es la faja de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los dep�sitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas m�ximas ordinarias, y la amplitud de la zona federal ser� de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. Por tanto, en el presente caso, al no existir ning�n cauce de corrientes o vaso de dep�sitos de propiedad nacional, no constituye una zona federal, adem�s de que se encuentra en los terrenos desecados del Vaso del Lago de Texcoco.

Asimismo, aduce que el predio es propiedad del Estado de M�xico, pues por decretos de siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco y veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, el presidente de la R.�blica autoriz� la desincorporaci�n de los terrenos que comprend�a el Vaso del Lago de Texcoco a favor del Estado de M�xico.

Que la competencia en materia de disposici�n de residuos, est� contemplada en las fracciones VI de los art�culos 5o. y 7o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, de los cuales se desprende que las autoridades federales tienen facultades para el manejo y disposici�n final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas y las autoridades estatales para el tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos e industriales que no est�n considerados como peligrosos; por tanto, es competencia de estas �ltimas, toda vez que en el presente caso, en el relleno sanitario Borde Poniente no se depositan residuos s�lidos peligrosos, en raz�n de que as� fue estipulado en la cl�usula sexta del convenio celebrado.

Adem�s, que los art�culos 7o., 9o. y 10 de la Ley General para la Prevenci�n y Gesti�n Integral de los Residuos, establecen que las autoridades federales tienen esencialmente facultades de regulaci�n, autorizaci�n, control y vigilancia para el manejo de residuos s�lidos peligrosos; que dichas facultades para el manejo de los residuos de manera especial corresponden a las autoridades estatales; y, el control de los residuos s�lidos urbanos le corresponde a los Municipios, por lo que las autoridades federales no tienen competencia para permitir el dep�sito de dichos residuos, pues la misma se encuentra circunscrita a los residuos s�lidos peligrosos.

Que si bien es cierto el acto impugnado no se fundament� en la Ley General para la Prevenci�n y Gesti�n de los Residuos, es claro que la citada autoridad, en su resoluci�n de siete de septiembre de dos mil cuatro, la infringe, pues autoriza el proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", que tendr� por efecto la realizaci�n de obras en este dep�sito de basura, cuya regulaci�n se fija por el ordenamiento legal citado.

Por lo anterior, se�ala que con el acto impugnado se violan los art�culos 14 y 16 de la C.�n F., en raz�n de que no fue emitido por la autoridad competente, pues los procedimientos y resoluciones de las autoridades que integran la administraci�n p�blica federal centralizada, deben ser emitidos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley F. de Procedimiento Administrativo y, en el presente caso, la resoluci�n impugnada no re�ne los elementos y requisitos establecidos por el art�culo 3o. de dicho ordenamiento. Se�ala que la falta de estos requisitos, da lugar a la declaraci�n de nulidad del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 5o. y 6o. de la Ley F. de Procedimiento Administrativo.

Ahora bien, a efecto de analizar el planteamiento de la actora, se hace necesario transcribir los art�culos 14, 16, 39, 40, 41, 43, 45, 115, 116 y 124 de la C.�n F., los cuales se consideran vulnerados y que, en la parte que interesa, establecen:

"Art�culo 14. ...

Nadie podr� ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Art�culo 39. La soberan�a nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental.

Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las Particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F..

Art�culo 43. Las partes integrantes de la Federaci�n son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, C., Coahuila, Colima, Chiapas, C., Durango, Guanajuato, G., H., Jalisco, M�xico, M.�n, Morelos, Nayarit, Nuevo Le�n, Oaxaca, Puebla, Q.�taro, Q.R., San Luis Potos�, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucat�n, Zacatecas y el Distrito F..

Art�culo 45. Los Estados de la Federaci�n conservan la extensi�n y l�mites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a �stos.

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.

"...

"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

"a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

"c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta C.�n;

"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

"Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

"III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

"b) Alumbrado p�blico.

"c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

"d) Mercados y centrales de abasto.

"e) P..

"f) Rastro.

"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

"h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta C.�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e

"i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

"...

"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:

"a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;

"b) Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;

"c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;

"d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

"e) Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;

"f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

"g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;

"h) Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial; e

"i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"I. Los gobernadores de los Estados no podr�n durar en su encargo m�s de seis a�os.

"La elecci�n de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales ser� directa y en los t�rminos que dispongan las leyes electorales respectivas.

"Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elecci�n popular, ordinaria o extraordinaria, en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n volver a ocupar ese cargo, ni aun con el car�cter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

"Nunca podr�n ser electos para el periodo inmediato:

"a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominaci�n;

"b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denominaci�n, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempe�e el cargo los dos �ltimos a�os del periodo.

"S�lo podr� ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de �l, o con residencia efectiva no menor de cinco a�os inmediatamente anteriores al d�a de la elecci�n.

"II. El n�mero de representantes en las Legislaturas de los Estados ser� proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podr� ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci�n no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya poblaci�n exceda de este n�mero y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya poblaci�n sea superior a esta �ltima cifra.

"Los diputados a las Legislaturas de los Estados no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes.

"Las Legislaturas de los Estados se integrar�n con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alen sus leyes;

"III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas.

"La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

"Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta C.�n. No podr�n ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n.

"Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica.

"Los Magistrados durar�n en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que se�alen las C.ones Locales, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.

"Los Magistrados y los Jueces percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo.

"IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que:

"a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

"b) En el ejercicio de la funci�n electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

"d) Se establezca un sistema de medios de impugnaci�n para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

"e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales;

"f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos pol�ticos reciban, en forma equitativa, financiamiento p�blico para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtenci�n del sufragio universal;

"g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social;

"h) Se fijen los criterios para determinar los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as electorales, as� como los montos m�ximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos pol�ticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e

"i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, as� como las sanciones que por ellos deban imponerse;

"V. Las C.ones y leyes de los Estados podr�n instituir tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonom�a para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administraci�n p�blica estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organizaci�n, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

"VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

"VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.

Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Los preceptos constitucionales transcritos, establecen en primer lugar los principios de fundamentaci�n y motivaci�n, respecto de los cuales debe precisarse que el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido que trat�ndose de actos que se realizan s�lo en los �mbitos internos de gobierno, o sea, entre autoridades, los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n previstos en los art�culos 14 y 16 constitucionales, se cumplen con la existencia de una norma legal que faculte a la autoridad para actuar en determinado sentido, y con el acreditamiento de las circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que proced�a aplicar la norma correspondiente, circunstancias que justifican la actuaci�n de la autoridad.

Sirve de apoyo a este razonamiento, la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 50/2000, consultable en la p�gina ochocientos trece, Tomo XI, abril de dos mil, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece:

FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JUR�DICA DE LOS PARTICULARES. Trat�ndose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jur�dica de los particulares, sino que se verifican s�lo en los �mbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garant�a de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jur�dico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garant�a de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentaci�n y motivaci�n, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera n�tida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuaci�n de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajust�ndose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes f�cticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que s� proced�a aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A trav�s de la primera premisa, se dar� cumplimiento a la garant�a de debida fundamentaci�n y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivaci�n.

Asimismo, se establece que la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n; que el pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n y por los de los Estados, en el �mbito de sus respectivas competencias; se enumeran los Estados integrantes de la Federaci�n se�alando que �stos conservan la extensi�n y l�mites que hasta el momento de la publicaci�n de la C.�n F. hubieran tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a �stos.

Por otra parte, el art�culo 115 establece que los Municipios tendr�n a su cargo, entre otras, la funci�n y servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos, precisando que, sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Debe interpretarse de la propia lectura del precepto constitucional, que dicha funci�n y servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos, se refiere a los residuos que genere el propio Municipio ya que ser� un servicio p�blico que se presta dentro de �ste y para el beneficio interno.

El art�culo 116 transcrito no establece en la materia a dilucidar lineamiento alguno; por �ltimo, en el art�culo 124 se establece el principio general relativo a que las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Ahora bien, a efecto de dilucidar si el acto impugnado contraviene o no los preceptos constitucionales anteriores, se hace necesario transcribir, en sus aspectos medulares, el oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitido por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la S.�a de Gesti�n para la Protecci�n Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el cual, en lo que al caso interesa, dice:

"Como resultado del an�lisis y de la evaluaci�n del informe preventivo (IP) relativo al proyecto �Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente�, con pretendida ubicaci�n en el kil�metro 2.1 de la autopista M�xico-Texcoco, en el Estado de M�xico, dentro de la zona federal del ex Vaso del Lago de Texcoco, promovido por la D.�n de Transferencia y Disposici�n Final adscrita a la D.�n General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito F., y para los efectos del presente resolutivo, identificados como el proyecto y el promovente respectivamente y,

"Resultando:

"1. Que el 28 de julio de 2004, el promovente ingres� ante la ventanilla de recepci�n de esta D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el oficio n�mero GDF/DGSU/DTDF/04-3579, del 28 de julio del presente a�o, a trav�s del cual ingres� el IP del proyecto, mismo que qued� registrado con la clave 15EM2004U0019.

"2. Que el 29 de julio, esta S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en cumplimiento a lo establecido en los art�culos 34, fracci�n I, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente (LGEEPA) publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 28 de enero de 1988 y 37 de su Reglamento en Materia de E.�n del Impacto Ambiental (REIA) publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de mayo del 2000, public� en su gaceta ecol�gica, S. n�mero DGIRA/030/04, el registro del ingreso del proyecto al procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental.

"...

"Considerando:

"I.Q. las fracciones I a la XIII del art�culo 28 de la LGEEPA establecen las obras y actividades que deben ser sujetas al procedimiento de evaluaci�n en materia de impacto ambiental a nivel federal. Que los criterios que sustentan la selecci�n de las obras y actividades incluidas en las fracciones mencionadas son el de actividad espec�fica y/o el de ubicaci�n, y que en particular, la fracci�n X del art�culo 28 de la LGEEPA, establece que las obras y actividades que se realicen en humedales manglares, lagunas, r�os, lagos y esteros conectados con el mar, as� como en sus litorales o zonas federales (el subrayado es nuestro) requerir�n previamente de la autorizaci�n de la secretar�a. En este mismo sentido, el REIA en la fracci�n I del inciso R) del art�culo 5o., define de forma espec�fica para esta fracci�n del art�culo 28 de la LGEEPA que cualquier tipo de obra civil, que se pretenda construir en las �reas de competencia federal mencionadas, debe contar con la autorizaci�n previa en materia de impacto ambiental.

"II.Q. para el caso espec�fico del proyecto, no se encuentra incluido dentro de las obras y actividades listadas en el art�culo 28 de la LGEEPA, sin embargo, ya que el proyecto se ubica en un �rea de competencia federal de las se�aladas en la fracci�n X de dicho art�culo y pretende realizar obras en la misma, cumple con los requisitos establecidos en ley y en su reglamento en la materia, y consecuentemente debe ser sometido al procedimiento de evaluaci�n en materia de impacto ambiental a nivel federal.

"III.Q. para el desarrollo del procedimiento de evaluaci�n y dictaminaci�n del proyecto la DGIRA asumi� las disposiciones de la normatividad aplicable, tomando en consideraci�n la documentaci�n que obra en el expediente del proyecto y que fue presentada a esta autoridad cumpliendo los requisitos de ley, como son los dispuestos por el Art�culo 15 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, que a la letra dice: �art�culo 15. La administraci�n p�blica federal no podr� exigir m�s formalidades que las expresamente previstas en la ley. Las promociones deber�n hacerse por escrito en el que se precisar� el nombre, denominaci�n o raz�n social de qui�n o qui�nes promueven, en su caso de su representante legal, domicilio para o�r y recibir notificaciones, as� como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petici�n que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petici�n, el �rgano administrativo a que se dirigen y el lugar y fecha de su emisi�n. El escrito deber� estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimir� su huella digital.�

"As� como el primer p�rrafo del art�culo 42 de la misma ley procedimental que dispone lo siguiente:

"�Art�culo 42. Los escritos dirigidos a la administraci�n p�blica federal deber�n presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tales efectos, en las oficinas de correos, mediante mensajer�a o telefax, salvo el caso del escrito inicial de impugnaci�n, el cual deber� presentarse precisamente en las oficinas administrativas correspondientes.�

"IV. Que el IP del proyecto propuesto por el promovente y evaluado por esta direcci�n general, se denomina �Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente� y comprende tanto las obras y actividades tendientes al cierre de la etapa IV de dicho relleno sanitario, como las relativas al incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas en 4 metros respecto del nivel de 8 metros y 3 metros adicionales en la parte central, as� como la construcci�n y/o ampliaci�n de obras, la operaci�n y el seguimiento para las acciones orientadas al cierre. Que para el efecto de cumplir con el objetivo principal del proyecto, el IP ingresado en su p�gina 10 cit� como disponible para su consulta el �proyecto ejecutivo de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente etapa IV, agosto 2003.�. Dicho documento fue consultado por el equipo de evaluaci�n de la DGIRA.

"...

"En apego a lo anterior, y con fundamento en los art�culos 8o., p�rrafo segundo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n a que a toda petici�n deber� recaer un acuerdo escrito de la autoridad, la cual tiene la obligaci�n de hacerlo conocer en breve t�rmino al peticionario; a los art�culos de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente que se citan a continuaci�n: 1o., �ltimo p�rrafo, que establece que en todo lo no previsto en la presente ley, se aplicar�n las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento; 4o., p�rrafo I, que establece que la Federaci�n ejercer� sus atribuciones en materia de preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente, de conformidad con la distribuci�n de competencias prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales; 5o., fracci�n II, el cual dispone que es facultad de la Federaci�n la aplicaci�n de instrumentos de pol�tica ambiental previstos en dicha ley. A los t�rminos en ella establecidos, as� como la regulaci�n de las acciones para la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente que se realicen en bienes o zonas de jurisdicci�n federal; en la fracci�n X del mismo art�culo que dispone que es facultad de la Federaci�n la evaluaci�n del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el art�culo 28 de esta ley y, en su caso, la expedici�n de las autorizaciones correspondientes; a lo establecido en el primer p�rrafo del art�culo 28 que dispone que la evaluaci�n del impacto ambiental es el procedimiento a trav�s del cual la secretar�a establece las condiciones a que se sujetar� la realizaci�n de obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecol�gico o rebasar los l�mites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables; fracci�n X del mismo art�culo 28 que dispone que las obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, r�os, lagos y esteros conectados con el mar, as� como en sus litorales o zonas federales, requieren previamente a su realizaci�n de la autorizaci�n en materia de impacto ambiental de la secretar�a; 31, fracci�n I, de la misma ley que establece que la realizaci�n de las obras y actividades de competencia federal, requerir�n la presentaci�n de un informe preventivo y no una manifestaci�n de impacto ambiental cuando: Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que pueden producir las obras o actividades, a los art�culos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente en Materia de E.�n del Impacto Ambiental que se citan a continuaci�n: 4o., fracci�n I, que establece que compete a la secretar�a evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes para la realizaci�n de proyectos de obras o actividades a que se refiere el presente reglamento; 5o., primer p�rrafo, que determina que quien pretenda desarrollar alguna de las siguientes actividades requerir�n previamente la autorizaci�n de la secretar�a en materia de impacto ambiental: inciso R) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, r�os, lagos y esteros conectados con el mar, as� como en sus litorales o zonas federales; 29, fracci�n I, que establece que la realizaci�n de las obras y actividades de competencia federal, requerir�n la presentaci�n de un informe preventivo y no una manifestaci�n de impacto ambiental cuando: Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que pueden producir las obras o actividades, 30 que establece el contenido que debe contener el informe preventivo, 31 que establece que el promovente podr� someter a la consideraci�n de la secretar�a condiciones adicionales a las que se sujetar� la realizaci�n de la obra o actividad con el fin de atenuar o compensar los impactos ambientales adversos que pudieran ocasionarse. Las condiciones adicionales formar�n parte del informe preventivo y 33, fracci�n I, que establece cuando el informe preventivo se ajusta a los supuestos previstos en el art�culo 29 del mismo reglamento, a los art�culos de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F. que se citan a continuaci�n: 2o., fracci�n I, que establece que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Uni�n, habr� las siguientes dependencias de la administraci�n p�blica centralizada: I.S.�as de Estado; 32 bis, fracci�n XI, que establece que a la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: fracci�n XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores p�blico, social y privado; a los art�culos del Reglamento Interior de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se citan a continuaci�n: 19, que determina que los directores generales tendr�n las facultades gen�ricas siguientes: fracci�n XXIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean se�alados por delegaci�n, encomienda o les correspondan por suplencia, y fracci�n XXV de este mismo art�culo, relativo a la facultad para resolver los asuntos sobre autorizaciones, licencias, permisos, cesi�n de derechos y obligaciones, registros y dem�s actos relativos a sus atribuciones; 27 en el que se establece que la D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental tendr� las atribuciones siguientes: I. Aplicar la pol�tica general sobre impacto y riesgo ambiental, as� como participar en su formulaci�n con las unidades administrativas competentes de la secretar�a; y a la fracci�n II relativa a evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo de las obras o actividades competencia de la Federaci�n y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para su realizaci�n, as� como analizar y resolver los informes preventivos; y a los siguientes art�culos de la Ley F. de Procedimiento Administrativo: 3o., que establece los elementos y requisitos del acto administrativo; 14 que indica que el procedimiento administrativo podr� iniciarse de oficio o a petici�n de parte interesada, 16 que establece que la administraci�n p�blica federal, en sus relaciones con los particulares, tendr� las siguientes obligaciones: ... X. Dictar resoluci�n expresa sobre cuantas peticiones le formulen, as� como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucci�n y resoluci�n afecte a terceros; debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley, 54 que establece el car�cter facultativo de las opiniones de terceros, y 57, fracci�n I, que establece que ponen fin al procedimiento administrativo la resoluci�n del mismo.

"Por todo lo antes expuesto, con sustento en las disposiciones y ordenamientos invocados y dada su aplicaci�n en este caso y para este proyecto, esta D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental,

"Resuelve ... La presente resoluci�n s�lo se refiere a los aspectos ambientales relacionados con las actividades mencionadas en el T�RMINO PRIMERO de la presente, por lo que es obligaci�n del promovente tramitar y obtener las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para la ejecuci�n del mismo."

De la anterior resoluci�n se desprende que la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante el informe preventivo relativo al proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", que le fue presentado por el Distrito F., llev� a cabo el procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental previsto en los art�culos 28 a 35 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente y en el reglamento de la citada ley en materia de evaluaci�n del impacto ambiental; y determin� que era procedente el informe preventivo en los t�rminos presentados por el promovente, ya que se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los art�culos 31, fracci�n I, de la citada ley, y 29, fracci�n I, del aludido reglamento, por lo que autoriz� al promovente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo el cierre de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, que consiste en continuar ocupando el terreno que actualmente ocupa y el incremento de la altura y volumen del relleno sanitario.

Asimismo, destaca que la autorizaci�n que se concede mediante el acto impugnado es �nicamente en materia ambiental, es decir, s�lo se refiere a que la actividad que se pretende llevar a cabo puede realizarse en t�rminos ambientales, debido a que se consider� que el da�o al medio ambiente no es relevante, o bien que se pueden minimizar los efectos perjudiciales de la obra que se pretende llevar a cabo y realizando una evaluaci�n del impacto ambiental de la obra, determin� su viabilidad con ciertas medidas que debe acatar, desde luego, el que pretende llevarla a cabo; sin embargo, �sta no constituye una autorizaci�n total por los derechos o permisos que se deban solicitar para llevar a cabo tales obras, ya que �stos deber�n solicitarse por separado, as� como que esta resoluci�n s�lo se refiere al aspecto del impacto ambiental.

Precisado lo anterior y para una mejor comprensi�n del asunto, se hace necesario transcribir los art�culos 28 a 35 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, que establecen:

"E.�n del impacto ambiental

"Art�culo 28. La evaluaci�n del impacto ambiental es el procedimiento a trav�s del cual la secretar�a establece las condiciones a que se sujetar� la realizaci�n de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecol�gico o rebasar los l�mites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al m�nimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerir�n previamente la autorizaci�n en materia de impacto ambiental de la secretar�a:

"I. Obras hidr�ulicas, v�as generales de comunicaci�n, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

"II. Industria del petr�leo, petroqu�mica, qu�mica, sider�rgica, papelera, azucarera, del cemento y el�ctrica;

"III. E.�n, explotaci�n y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federaci�n en los t�rminos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Art�culo 27 C.onal en Materia Nuclear;

"IV. I.ones de tratamiento, confinamiento o eliminaci�n de residuos peligrosos, as� como residuos radiactivos;

".A. forestales en selvas tropicales y especies de dif�cil regeneraci�n;

"VI. (Derogada, D.O.F. 25 de febrero de 2003)

"VII. Cambios de uso del suelo de �reas forestales, as� como en selvas y zonas �ridas;

"VIII. Parques industriales donde se prevea la realizaci�n de actividades altamente riesgosas;

"IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

"X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, r�os, lagos y esteros conectados con el mar, as� como en sus litorales o zonas federales;

"XI. Obras y actividades en �reas naturales protegidas de competencia de la Federaci�n;

"XII. Actividades pesqueras, acu�colas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservaci�n de una o m�s especies o causar da�os a los ecosistemas, y

(Reformada, D.O.F. 13 de diciembre de 1996)

"XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecol�gicos graves e irreparables, da�os a la salud p�blica o a los ecosistemas, o rebasar los l�mites y condiciones establecidos en las disposiciones jur�dicas relativas a la preservaci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n del ambiente.

"El reglamento de la presente ley determinar� las obras o actividades a que se refiere este art�culo, que por su ubicaci�n, dimensiones, caracter�sticas o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecol�gicos, ni rebasen los l�mites y condiciones establecidos en las disposiciones jur�dicas referidas a la preservaci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

Para los efectos a que se refiere la fracci�n XIII del presente art�culo, la secretar�a notificar� a los interesados su determinaci�n para que sometan al procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el prop�sito de que aqu�llos presenten los informes, dict�menes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez d�as. Una vez recibida la documentaci�n de los interesados, la secretar�a, en un plazo no mayor a treinta d�as, les comunicar� si procede o no la presentaci�n de una manifestaci�n de impacto ambiental, as� como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo se�alado, sin que la secretar�a emita la comunicaci�n correspondiente, se entender� que no es necesaria la presentaci�n de una manifestaci�n de impacto ambiental.

Art�culo 29. Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre y dem�s recursos a que se refiere esta ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia federal que no requieran someterse al procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental a que se refiere la presente secci�n, estar�n sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislaci�n sobre recursos naturales que resulte aplicable, as� como a trav�s de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera.

"Art�culo 30. Para obtener la autorizaci�n a que se refiere el art�culo 28 de esta ley, los interesados deber�n presentar a la secretar�a una manifestaci�n de impacto ambiental, la cual deber� contener, por lo menos, una descripci�n de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, as� como las medidas preventivas, de mitigaci�n y las dem�s necesarias para evitar y reducir al m�nimo los efectos negativos sobre el ambiente.

"Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los t�rminos de la presente ley, la manifestaci�n deber� incluir el estudio de riesgo correspondiente.

"Si despu�s de la presentaci�n de una manifestaci�n de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deber�n hacerlas del conocimiento de la secretar�a, a fin de que �sta, en un plazo no mayor de 10 d�as les notifique si es necesaria la presentaci�n de informaci�n adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en t�rminos de lo dispuesto en esta ley.

Los contenidos del informe preventivo, as� como las caracter�sticas y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo ser�n establecidos por el reglamento de la presente ley.

"Art�culo 31. La realizaci�n de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del art�culo 28, requerir�n la presentaci�n de un informe preventivo y no una manifestaci�n de impacto ambiental, cuando:

"I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades;

"II. Las obras o actividades de que se trate est�n expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecol�gico que haya sido evaluado por la secretar�a en los t�rminos del art�culo siguiente, o

"III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los t�rminos de la presente secci�n.

"En los casos anteriores, la secretar�a, una vez analizado el informe preventivo, determinar�, en un plazo no mayor de veinte d�as, si se requiere la presentaci�n de una manifestaci�n de impacto ambiental en alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente ley, o si se est� en alguno de los supuestos se�alados.

La secretar�a publicar� en su gaceta ecol�gica, el listado de los informes preventivos que le sean presentados en los t�rminos de este art�culo, los cuales estar�n a disposici�n del p�blico.

Art�culo 32. En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecol�gico del territorio incluyan obras o actividades de las se�aladas en el art�culo 28 de esta ley, las autoridades competentes de los Estados, el Distrito F. o los Municipios, podr�n presentar dichos planes o programas a la secretar�a, con el prop�sito de que �sta emita la autorizaci�n que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que se prevean realizar en un �rea determinada, en los t�rminos previstos en el art�culo 31 de esta ley.

"Art�culo 33. Trat�ndose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI del art�culo 28, la secretar�a notificar� a los Gobiernos Estatales y Municipales o del Distrito F., seg�n corresponda, que ha recibido la manifestaci�n de impacto ambiental respectiva, a fin de que �stos manifiesten lo que a su derecho convenga.

La autorizaci�n que expida la secretar�a, no obligar� en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el �mbito de sus respectivas competencias.

"Art�culo 34. Una vez que la secretar�a reciba una manifestaci�n de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el art�culo 35, pondr� �sta a disposici�n del p�blico, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

"Los promoventes de la obra o actividad podr�n requerir que se mantenga en reserva la informaci�n que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse p�blica, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la informaci�n comercial que aporte el interesado.

La secretar�a, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podr� llevar a cabo una consulta p�blica, conforme a las siguientes bases: ...

"Art�culo 35. Una vez presentada la manifestaci�n de impacto ambiental, la secretar�a iniciar� el procedimiento de evaluaci�n, para lo cual revisar� que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrar� el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez d�as.

"Para la autorizaci�n de las obras y actividades a que se refiere el art�culo 28, la secretar�a se sujetar� a lo que establezcan los ordenamientos antes se�alados, as� como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecol�gico del territorio, las declaratorias de �reas naturales protegidas y las dem�s disposiciones jur�dicas que resulten aplicables.

"Asimismo, para la autorizaci�n a que se refiere este art�culo, la secretar�a deber� evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no �nicamente los recursos que, en su caso, ser�an sujetos de aprovechamiento o afectaci�n.

"Una vez evaluada la manifestaci�n de impacto ambiental, la secretar�a emitir�, debidamente fundada y motivada, la resoluci�n correspondiente en la que podr�:

"I. Autorizar la realizaci�n de la obra o actividad de que se trate, en los t�rminos solicitados;

"II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificaci�n del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevenci�n y mitigaci�n, a fin de que se eviten, aten�en o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcci�n, operaci�n normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la secretar�a se�alar� los requerimientos que deban observarse en la realizaci�n de la obra o actividad prevista, o

"III. Negar la autorizaci�n solicitada, cuando:

"a) Se contravenga lo establecido en esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y dem�s disposiciones aplicables;

"b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o m�s especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinci�n o cuando se afecte a una de dichas especies, o

"c) Exista falsedad en la informaci�n proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

"La secretar�a podr� exigir el otorgamiento de seguros o garant�as respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorizaci�n, en aquellos casos expresamente se�alados en el reglamento de la presente ley, cuando durante la realizaci�n de las obras puedan producirse da�os graves a los ecosistemas.

La resoluci�n de la secretar�a s�lo se referir� a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate.

"Art�culo 35 Bis. La secretar�a dentro del plazo de sesenta d�as contados a partir de la recepci�n de la manifestaci�n de impacto ambiental deber� emitir la resoluci�n correspondiente.

"La secretar�a podr� solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestaci�n de impacto ambiental que le sea presentada, suspendi�ndose el t�rmino que restare para concluir el procedimiento. En ning�n caso la suspensi�n podr� exceder el plazo de sesenta d�as, contados a partir de que �sta sea declarada por la secretar�a, y siempre y cuando le sea entregada la informaci�n requerida.

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la secretar�a requiera de un plazo mayor para su evaluaci�n, �ste se podr� ampliar hasta por sesenta d�as adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente ley.

"Art�culo 35 Bis 1. Las personas que presten servicios de impacto ambiental, ser�n responsables ante la secretar�a de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declarar�n bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores t�cnicas y metodolog�as existentes, as� como la informaci�n y medidas de prevenci�n y mitigaci�n m�s efectivas.

Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo podr�n ser presentados por los interesados, instituciones de investigaci�n, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponder� a quien lo suscriba.

Art�culo 35 Bis 2. El impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o actividades no comprendidas en el art�culo 28 ser� evaluado por las autoridades del Distrito F. o de los Estados, con la participaci�n de los Municipios respectivos, cuando por su ubicaci�n, dimensiones o caracter�sticas produzcan impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente, y est�n expresamente se�alados en la legislaci�n ambiental estatal. En estos casos, la evaluaci�n de impacto ambiental se podr� efectuar dentro de los procedimientos de autorizaci�n de uso del suelo, construcciones, fraccionamientos, u otros que establezcan las leyes estatales y las disposiciones que de ella se deriven. Dichos ordenamientos proveer�n lo necesario a fin de hacer compatibles la pol�tica ambiental con la de desarrollo urbano y de evitar la duplicidad innecesaria de procedimientos administrativos en la materia.

"Art�culo 35 Bis 3. Cuando las obras o actividades se�aladas en el art�culo 28 de esta ley requieran, adem�s de la autorizaci�n en materia de impacto ambiental, contar con autorizaci�n de inicio de obra; se deber� verificar que el responsable cuente con la autorizaci�n de impacto ambiental expedida en t�rminos de lo dispuesto en este ordenamiento.

"Asimismo, la secretar�a, a solicitud del promovente, integrar� a la autorizaci�n en materia de impacto ambiental, los dem�s permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que se requieran para la realizaci�n de las obras y actividades a que se refiere este art�culo."

De los preceptos transcritos se desprende que la evaluaci�n del impacto ambiental es el procedimiento a trav�s del cual la secretar�a (trat�ndose de obras o actividades que se ubiquen en alguna de las fracciones del art�culo 28), establece las condiciones a que se sujetar� la realizaci�n de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecol�gico o rebasar los l�mites y condiciones previstos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al m�nimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Adem�s, se establece el procedimiento a seguir, destacando que la realizaci�n de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del art�culo 28, requerir�n la presentaci�n de un informe preventivo y no una manifestaci�n de impacto ambiental, cuando existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades.

Asimismo, destaca que trat�ndose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI del art�culo 28, la secretar�a notificar� a los Gobiernos Estatales y Municipales o del Distrito F., seg�n corresponda, que ha recibido la manifestaci�n de impacto ambiental respectiva, a fin de que �stos manifiesten lo que a su derecho convenga, precisando que la autorizaci�n que expida la secretar�a, no obligar� en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el �mbito de sus respectivas competencias.

Estableciendo que el procedimiento concluye con la resoluci�n correspondiente en la que la autoridad, fundada y motivadamente, podr�, entre otras, autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificaci�n del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevenci�n y mitigaci�n, a fin de que se eviten, aten�en o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcci�n, operaci�n normal y en caso de accidente.

Una vez precisado lo anterior, se procede al an�lisis del primer planteamiento de inconstitucionalidad que aduce el actor, en el que se sostiene que el acto impugnado es inconstitucional, debido a que la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene competencia para emitirlo, pues considera que el relleno sanitario Bordo Poniente no se encuentra en una zona federal, sino dentro del territorio del Estado de M�xico y, por tanto, la competencia corresponde a �ste y las leyes que deben aplicarse son las de dicha entidad federativa.

Al efecto debe se�alarse que en el acto impugnado la autoridad emisora justifica su competencia, aduciendo que "... las fracciones I a la XIII del art�culo 28 de la LGEEPA establecen las obras y actividades que deben ser sujetas al procedimiento de evaluaci�n en materia de impacto ambiental a nivel federal. Que los criterios que sustentan la selecci�n de las obras y actividades incluidas en las fracciones mencionadas son el de actividad espec�fica y/o el de ubicaci�n, y que en particular, la fracci�n X del art�culo 28 de la LGEEPA, establece que las obras y actividades que se realicen en humedales manglares, lagunas, r�os, lagos y esteros conectados con el mar, as� como en sus litorales o zonas federales requerir�n previamente de la autorizaci�n de la secretar�a. En este mismo sentido, el REIA en la fracci�n I del inciso R) del art�culo 5o., define de forma espec�fica para esta fracci�n del art�culo 28 de la LGEEPA que cualquier tipo de obra civil, que se pretenda construir en las �reas de competencia federal mencionadas, debe contar con la autorizaci�n previa en materia de impacto ambiental."

Asimismo, la resoluci�n impugnada especifica que: "... para el caso espec�fico del proyecto, no se encuentra incluido dentro de las obras y actividades listadas en el art�culo 28 de la LGEEPA, sin embargo, ya que el proyecto se ubica en un �rea de competencia federal de las se�aladas en la fracci�n X de dicho art�culo y pretende realizar obras en la misma, cumple con los requisitos establecidos en ley y en su reglamento en la materia, y consecuentemente debe ser sometido al procedimiento de evaluaci�n en materia de impacto ambiental a nivel federal."

Ahora bien, el Estado de M�xico aduce que el predio es propiedad del Estado de M�xico, pues por decretos de siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco y veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, el presidente de la R.�blica autoriz� la desincorporaci�n de los terrenos que comprend�a el Vaso del Lago de Texcoco a favor del Estado de M�xico, mientras que el demandado sostiene que si bien es cierto que mediante los decretos referidos, se hizo una desincorporaci�n, delimitaci�n y enajenaci�n a t�tulo gratuito a favor del Estado de M�xico de algunos terrenos que conforman el Vaso del Lago de Texcoco, tambi�n es cierto que espec�ficamente los terrenos en donde se localiza el relleno sanitario Bordo Poniente, siempre fueron excluidos de dicha desincorporaci�n y, por tanto, siguen perteneciendo a la Federaci�n.

Que adem�s, aduce el demandado, el p�rrafo quinto del art�culo 27 constitucional; los art�culos 3o., fracci�n II y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales; 113, fracci�n V y 116 de la Ley de Aguas Nacionales, establecen los bienes de propiedad nacional que se encontrar�n bajo la administraci�n de la Comisi�n Nacional del Agua; as� como los decretos de treinta de abril de mil novecientos treinta y uno, diez de junio de mil novecientos setenta y uno y diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en los cuales se fijaron los l�mites del Lago de Texcoco y su zona federal, de los que se aprecia que los terrenos del relleno sanitario Bordo Poniente, se encuentran dentro de la zona federal.

Asimismo, el Distrito F., como tercero interesado, manifiesta que de conformidad con los art�culos 16, segundo y tercer p�rrafos, 113, fracci�n V y 114, segundo p�rrafo, 116 y 117 de la Ley de Aguas Nacionales, la administraci�n de los bienes nacionales como los terrenos de los cauces y de los vasos de lagos, lagunas, esteros, etc�tera, estar� a cargo de la Comisi�n Nacional del Agua; por lo que, el hecho de que el relleno sanitario Bordo Poniente se ubique en terrenos desecados del Lago de Texcoco, no significa que no se encuentre en zona federal y que no siga siendo del dominio p�blico de la Federaci�n. Que conforme al art�culo 117 mencionado, el Ejecutivo F. podr� reducir o suprimir mediante declaratoria la zona federal de corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, lo que aconteci� respecto del Vaso del Lago de Texcoco, con los decretos emitidos el veintinueve de octubre y veintinueve de noviembre, ambos de mil novecientos ochenta y dos, y el publicado el siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco; en los que se fijan los nuevos l�mites del Vaso del Lago de Texcoco, incluida su zona federal, y se ponen a disposici�n de la S.�a de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas para que en representaci�n del Gobierno F., los enajene a t�tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de M�xico y el entonces Departamento del Distrito F.; sin embargo, quedaron fuera de esa desincorporaci�n, los destinados a cauces de corrientes y su zona federal que los atraviesan, as� como los terrenos que queden dentro de los l�mites que se describen en el art�culo primero de los decretos de mil novecientos ochenta y dos. Por lo que el terreno donde se ubica el relleno sanitario Bordo Poniente, qued� comprendido dentro de la zona federal.

Tambi�n argumenta que toda vez que el relleno sanitario se encuentra dentro de la zona federal del ex Vaso del Lago de Texcoco, el Ejecutivo F., a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, autoriz� al entonces Departamento del Distrito F. el uso del inmueble, para aprovechamiento, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos, mediante convenio suscrito en noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Por lo anterior, este Tribunal Pleno estima que a efecto de determinar si como lo consider� la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el acto impugnado, el terreno donde se ubica el relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra comprendido dentro de la zona de jurisdicci�n federal y, por tanto, conforme a lo establecido por el art�culo 28, fracci�n X, de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, era competencia de la aludida secretar�a llevar a cabo la evaluaci�n del impacto ambiental de la actividad que se pretend�a realizar, se hace necesario, en primer lugar, precisar el contenido de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecinueve de mayo de mil novecientos veintid�s (fojas 372 y 373 del tomo I del cuaderno principal), el seis de junio de mil novecientos treinta y uno (fojas 49 del tomo I del cuaderno formado con las pruebas presentadas por el Estado de M�xico), el veintiuno de julio de mil novecientos setenta y uno (foja 385 del tomo I del cuaderno principal), el siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco (fojas 388 y 389 del tomo I del cuaderno principal) y el diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos (fojas 391 y 392 del tomo I del cuaderno principal), a los que hacen alusi�n las partes y que, de manera relevante, establecen a qui�n pertenecen los terrenos aludidos:

� Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el diecinueve de mayo de mil novecientos veintid�s:

Declaraci�n de que las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, r�os, lagos y lagunas comprendidos dentro del Valle de M�xico y ligados con las obras del desag�e, son de propiedad nacional. Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo F.. Estados Unidos Mexicanos. M�xico. S.�a de Agricultura y Fomento. D.�n de Aguas. Departamento T�cnico y de Estad�stica. Secci�n Primera. Divisi�n de P.. N�mero 6062. Del estudio hecho por la S.�a de Agricultura y Fomento sobre las condiciones hidrogr�ficas que caracterizan a las corrientes de agua situadas dentro de la zona que comprende el Valle de M�xico, para definir si re�nen los requisitos necesarios para ser consideradas de propiedad nacional, resulta lo siguiente: Que en su mayor parte son afluentes directos o indirectos de los Lagos de Texcoco, Xochimilco, C. y Zumpango, los que a su vez est�n ligados con las obras que constituyen el sistema de desag�e del Valle de M�xico, que son obras de suma importancia y de utilidad p�blica, que se encuentran bajo la dependencia de la S.�a de Comunicaciones y Obras P�blicas, y por tanto del Gobierno F.. Que para el buen funcionamiento de esas obras, para realizar m�s tarde las Obras de Drenaje y Saneamiento de las poblaciones del Distrito F., situadas al sur y suroeste de la ciudad de M�xico, para regularizar el r�gimen torrencial de las corrientes que afluyen a dichos lagos, as� como la bonificaci�n y riego de los terrenos desecados del Lago de Texcoco, es indispensable que el Gobierno F. disponga del caudal de los barrancos, arroyos y r�os ligados de un modo directo o indirecto con tales obras, para controlar su r�gimen y reglamentar el uso de sus aguas. Que los canales construidos o adquiridos por el Gobierno F. para la realizaci�n de las obras del desag�e del Valle de M�xico, son de utilidad p�blica, y por lo mismo deben considerarse como bienes de la Federaci�n, seg�n la fracci�n IX del art�culo 4o. de la Ley de Bienes Inmuebles de la Federaci�n, de fecha 18 de diciembre de 1902. Que como condici�n caracter�stica fundamental, las obras del desag�e del Valle de M�xico, han tra�do como consecuencia que las corrientes de agua ligadas de un modelo directo o indirecto con esas obras, se han convertido, por medio del canal de descarga del T�nel de Tequixquiac, en afluentes del r�o Salado o de Tlaxcoapan, que fue declarado de propiedad nacional el 13 de agosto de 1917, y por medio del Tajo de Nochistongo, en afluente del r�o Tula, declarado de propiedad nacional el 4 de abril de 1919; r�os que fueron declarados de propiedad nacional por ser de caudal permanente y de afluentes indirectos de una corriente que cruza varios Estados de la Federaci�n y que desemboca al mar. En vista de las anteriores circunstancias, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien declarar que las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, r�os, lagos y lagunas comprendidos dentro del Valle de M�xico y ligados con las obras del desag�e de ese Valle, as� como los manantiales que den origen a dichas corrientes, son de propiedad de la naci�n. Sufragio efectivo no reelecci�n. M�xico, a 8 de abril de 1922. El subsecretario, F.D., r�brica.

� Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el seis de junio de mil novecientos treinta y uno:

Decreto por el cual se confirma la declaraci�n de propiedad nacional de las aguas y cauce del Lago de Texcoco. Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo F.. Estados Unidos Mexicanos. M�xico. S. de Gobernaci�n. El C. Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto. P.O.R., Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que en uso de las facultades que me concedan los art�culos 1o. y 2o. del Reglamento de la Ley de Aguas vigente, con fundamento en el art�culo 2o. transitorio de la misma ley, y, Considerando I.Q. con fecha ocho de abril de 1922 fueron declarados de propiedad nacional las aguas y los cauces de los canales, barrancas, arroyos, r�os, lagos y lagunas comprendidos dentro del Valle de M�xico, habiendo sido publicada dicha declaratoria en el �Diario Oficial� de la Federaci�n, correspondiente al 19 de mayo del mismo a�o; y II.Q. la S.�a de Comunicaciones y Obras P�blicas, con anterioridad al ocho de abril de 1922, hab�a demarcado por medio de mojoneras el l�mite del cauce del Lago de Texcoco en sus m�s altas aguas, l�mite que coincidi� con la curva de acotaci�n 7.10 metros sobre el plano de comparaci�n de la nivelaci�n general del Valle de M�xico. Teniendo en cuenta lo anterior y con el prop�sito de hacer expl�cita la declaraci�n de propiedad de la naci�n de ocho de abril de 1922, en lo que se refiere al Lago de Texcoco, he tenido a bien expedir el siguiente. Decreto: �Art�culo 1o. Se confirma la declaraci�n de propiedad nacional de fecha ocho de abril de 1922, en lo que se refiere a las aguas y cauce del Lago de Texcoco.�. �Art�culo 2o. Se aclara que el l�mite del cauce del referido lago, es la mencionada curva de acotaci�n 7.10 metros que demarc� con anterioridad a la fecha de la declaraci�n que se confirma, la S.�a de Comunicaciones y Obras P�blicas.�. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d� el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo F., en M�xico, D.F., a los treinta d�as del mes de abril de mil novecientos treinta y uno. P.O.R.. R�brica. El S. de Estado y del Despacho de Agricultura y Fomento, M.P.T.�o. R�brica. Al ciudadano secretario de Gobernaci�n. Presente. ...

� Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el veintiuno de julio de mil novecientos setenta y uno:

Decreto por el que se fijan los l�mites del Vaso del Lago de Texcoco y se destinan a la S.�a del Patrimonio Nacional los terrenos que se citan. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la R.�blica. L.E.�a �lvarez. Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que en uso de la facultad que al Ejecutivo F. confiere la fracci�n I del art�culo 89 constitucional y con fundamento adem�s en lo dispuesto por los art�culos 6o. y 10 fracci�n I de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional y 10 de la Ley General de Bienes Nacionales, y Considerando. I.Q. por resoluci�n presidencial de 8 de abril de 1922 fueron declarados de propiedad nacional las aguas y cauces de los canales, barrancas, arroyos, r�os, lagos y lagunas, comprendidos dentro del Valle de M�xico. II.Q. por decreto presidencial de 30 de abril de 1931, publicado en el �Diario Oficial� de la Federaci�n el 6 de junio siguiente, espec�ficamente por lo que se refiere a las aguas y cauce o Vaso del Lago de Texcoco, fue confirmada la declaraci�n de propiedad nacional antes mencionada. III.Q. el art�culo 2o. de esa resoluci�n aclar� que el lindero del cauce o vaso del mencionado lago estaba constituido por la curva de acotaci�n 7.10 metros sobre el antiguo plano de comparaci�n de la nivelaci�n general del Valle de M�xico, que equivale a la elevaci�n 2,237.488 metros sobre el nivel del mar. IV. Que debido a obras realizadas por el Gobierno F., las aguas del lago han bajado de nivel, dejando al descubierto considerables extensiones de terreno dentro de la cota 7.10 metros. V. Que por esta raz�n, el Gobierno F. en algunas ocasiones ha promovido, a favor de particulares, la titulaci�n de una parte de los terrenos descubiertos y en otros casos ha reconocido derechos de ocupaci�n y de propiedad, tambi�n a favor de numerosos particulares, de tal modo que en la actualidad, la poblaci�n radicada en terrenos dentro de la cota 7.10 metros, al oeste del Bordo Poniente y al sur del Bordo X., en su mayor�a de escasos recursos econ�micos, forma un sector muy importante de la poblaci�n total del Valle de M�xico. VI.Q. de acuerdo con los estudios realizados por la Comisi�n de Estudios del Lago de Texcoco, creada por acuerdo presidencial de 19 de marzo de 1971, se concluye que para un adecuado r�gimen hidr�ulico del vaso, en funci�n de los vol�menes actuales de captaci�n y de las obras proyectadas, es procedente modificar los l�mites se�alados en el decreto presidencial del 30 de abril de 1931. Por las razones anteriores, he tenido a bien dictar el siguiente: decreto. Art�culo primero. Se fijan como l�mites del Vaso del Lago de Texcoco, incluida la zona federal, los siguientes: Al oeste, el Bordo Poniente del Canal de S.; al norte y oriente la curva de embalse correspondiente a la elevaci�n 2,237.10 metros sobre el nivel del mar y por el sur, el Bordo X. y el bordo de la llamada colonia �El Sol�. Los l�mites anteriores delimitan una superficie aproximada de 14,500 hect�reas. Art�culo segundo. Se desincorporan del dominio p�blico y se destinan a la S.�a del Patrimonio Nacional, los terrenos comprendidos entre los l�mites fijados en el art�culo anterior y los determinados en el decreto del 30 de abril de 1931. Art�culo tercero. Sin perjuicio de las leg�timas posesiones que acrediten ejidatarios y comuneros, as� como las titulaciones y el reconocimiento de derechos de ocupaci�n y de propiedad a que se refiere el considerando quinto de este decreto, la S.�a del Patrimonio Nacional legalizar�, cuando proceda, las ocupaciones de particulares sobre los terrenos se�alados en el art�culo segundo. Transitorio. �nico. El presente decreto entrar� en vigor a partir de la fecha de su publicaci�n en el �Diario Oficial� de la Federaci�n y deroga las disposiciones que se le opongan. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo F., en la Ciudad de M�xico, Distrito F., a los diez d�as del mes de junio de mil novecientos setenta y uno. L.E.�a �lvarez. R�brica. El secretario de Recursos Hidr�ulicos, L.R.W.. R�brica. El secretario del Patrimonio Nacional, H.F. de la Pe�a. R�brica.

� Decreto publicado en Diario Oficial de la Federaci�n, el siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco:

Decreto por el que se autoriza a la S.�a del Patrimonio Nacional a enajenar a t�tulo gratuito a favor del Estado de M�xico los derechos que la Federaci�n tenga sobre los l�mites del Vaso del Lago de Texcoco, con el fin de que se lleve a cabo la regularizaci�n de la tenencia de la tierra. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la R.�blica. L.E.�a �lvarez. Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me confiere la fracci�n I, del art�culo 89 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 7o., 37 fracci�n IV, 39 y 51 de la Ley General de Bienes Nacionales, en relaci�n con el art�culo 7o. fracci�n X de la Ley de S.�as y Departamentos de Estado, y. Considerando primero. Que por decreto presidencial de 10 de junio de 1971, publicado en el �Diario Oficial� de la Federaci�n el 21 de junio de ese mismo a�o, se fijaron como l�mites del Vaso del Lago de Texcoco, incluida la zona federal, los siguientes: Al oeste, el Bordo Poniente del Canal de S.; al norte y oriente, la curva de embalse correspondiente a la elevaci�n de 2,237.10 metros sobre el nivel del mar y por el sur, el Bordo X. y el Bordo de la llamada colonia �El Sol�. Los l�mites anteriores delimitan una superficie aproximada de 14,500 hect�reas. Considerando segundo. Que de conformidad con el ordenamiento antes invocado, se desincorporaron del dominio p�blico y se destinaron a la S.�a del Patrimonio Nacional, los terrenos comprendidos entre los l�mites se�alados en el considerando anterior y los determinados en el decreto del 30 de abril de 1931. Considerando tercero. Que de conformidad con el art�culo tercero del mencionado decreto de 10 de junio de 1971, publicado en el �Diario Oficial� del 21 de junio de ese mismo a�o, la S.�a de Patrimonio Nacional legalizar�a, cuando procediese, las ocupaciones de particulares sobre los terrenos mencionados, sin perjuicio de las leg�timas posesiones que acreditasen ejidatarios y comuneros, as� como las titulaciones y el reconocimiento de derechos de ocupaci�n y de propiedad referidos en el considerando quinto del decreto antes invocado. Considerando cuarto. Que el intenso incremento demogr�fico evidenciado por los asentamientos humanos en las �reas descritas en los considerandos primero y segundo no ha venido acompa�ado en muchos casos de una secuencia jur�dica de la propiedad o tenencia de la tierra, ni de un orden urban�stico y consecuentemente, se ha quebrantado la posibilidad de un equilibrio de mejoramiento social adem�s de que tal situaci�n ha propiciado la especulaci�n de la tierra en esa �rea, en perjuicio de los sectores de poblaci�n m�s d�biles. Considerando quinto. Que es necesario, para resolver los problemas a que se refiere el considerando anterior, no s�lo atender los requerimientos de dichos asentamientos urbanos, sino crear en ellos una conciencia tendiente a aliviar la an�mala situaci�n en el aspecto urbano que ahora prevalece a fin de que conduzca al desarrollo de la comunidad dentro de una atm�sfera de justicia y decoro. Considerando sexto. Que es tarea del Gobierno de la R.�blica el afrontar problemas concretos como los que se se�alan en los considerandos que anteceden, a fin de que sea legalizada la tenencia de la tierra y que se presten los servicios urbanos adecuados para anular la injusticia y la insalubridad y procurar que los sectores econ�micamente d�biles se vean favorecidos por estas acciones que son preocupaci�n constante del Ejecutivo F.. Considerando s�ptimo. Que el Gobierno del Estado de M�xico, se ha preocupado igualmente por la regularizaci�n jur�dica de la tenencia de la tierra en la jurisdicci�n de esa entidad y por la dotaci�n de los servicios municipales y ha manifestado reiteradamente el prop�sito de coordinar sus esfuerzos con el Gobierno F. para estos fines. Que el Gobierno F. considera adecuada la directa intervenci�n de las autoridades del Estado de M�xico en su jurisdicci�n territorial para lograr las finalidades antes mencionadas, he tenido a bien expedir el siguiente. Decreto: Art�culo primero. Se autoriza a la S.�a del Patrimonio Nacional para que en representaci�n del Gobierno F. enajene a t�tulo gratuito, a favor del Estado de M�xico, los derechos que la Federaci�n tenga sobre el �rea que se describe en los considerandos primero y segundo de este ordenamiento que se encuentran dentro de su jurisdicci�n territorial, con el fin de que se lleve a cabo la regularizaci�n de la tenencia de la tierra en el �rea de referencia, siguiendo los lineamientos se�alados en decreto de 10 de junio de 1971, publicado en el �Diario Oficial� de la Federaci�n del 21 de julio del mismo a�o. Art�culo segundo. La S.�a del Patrimonio Nacional, otorgar� a favor del Estado de M�xico el t�tulo legal correspondiente. Transitorio; �nico. El presente decreto entrar� en vigor el mismo d�a de su publicaci�n en el �Diario Oficial� de la Federaci�n. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo F., en la Ciudad de M�xico, Distrito F., a los seis d�as del mes de febrero de mil novecientos setenta y cinco. L.E.�a �lvarez. R�brica. El secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico. J.� L�pez P.. R�brica. El secretario del Patrimonio Nacional, F.J.A. L�pez. R�brica. El secretario de Recursos Hidr�ulicos, L.R.W.. R�brica.

� Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos:

"Decreto por el que se fijan nuevos l�mites del actual Vaso del Lago de Texcoco, incluida su zona federal, y se ponen a disposici�n de la S.�a de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas, para que en representaci�n del Gobierno F., los enajene a t�tulo gratuito en favor del Gobierno del Estado de M�xico y del Departamento del Distrito F., con el fin de que se lleve a cabo la regularizaci�n de la tenencia de la tierra. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la R.�blica. J.� L�pez P.. Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me confiere el art�culo 89 fracci�n I de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 6o. fracci�n VI y 14 de la Ley F. de Aguas; 7o. del Reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional; 35 fracciones XXVIII y XXX, 37 fracciones VIII, XVI y XVIII de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F. 2o. fracci�n V, 8o. fracciones I, IV y V, 17 fracci�n III, 34 fracci�n III y 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales y. Considerando. Que por decreto presidencial de 10 de junio de 1971, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 21 de junio del mismo a�o, se fijaron los l�mites del Vaso del Lago de Texcoco y su zona federal, en una superficie aproximada de 14,500 hect�reas, y se desincorporaron del dominio p�blico y se destinaron a la entonces S.�a del Patrimonio Nacional, los terrenos comprendidos entre los l�mites fijados y los determinados en el decreto de 30 de abril de 1931. Que el acelerado incremento demogr�fico, evidenciado por los asentamientos humanos en el �rea del Vaso del Lago de Texcoco, ha venido afectando el logro de un adecuado equilibrio en el mejoramiento social y ambiental, propiciando la especulaci�n de la tierra en esa zona. Que el Gobierno del Estado de M�xico ha manifestado su decisi�n de proporcionar los servicios municipales necesarios en la zona del ex Lago de Texcoco, dentro de su jurisdicci�n territorial y reiteradamente ha expresado su prop�sito de coordinar sus esfuerzos con el Gobierno F. para dichos fines. Que con motivo de las obras hidr�ulicas realizadas por la S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, a trav�s de la comisi�n del Lago de Texcoco, en el �rea del Vaso del Lago de Texcoco, tendientes a evitar inundaciones, regular y aprovechar las aguas que afluyen al lago, resolver problemas urbanos en beneficio del �rea metropolitana y al saneamiento ambiental, se hace necesario fijar nuevos l�mites al mismo, he tenido a bien expedir el siguiente: Decreto. Art�culo primero. Se fijan como nuevos l�mites del actual Vaso del Lago de Texcoco, incluida la zona federal, los siguientes: Al norte y oriente: Partiendo de la mojonera 405, siguiendo la curva del embalse 2237.10 m. sobre el nivel del mar, seg�n levantamientos topogr�ficos trazados y monumentados sus v�rtices en junio de 1973, hasta la intersecci�n con el dren C.�n. Al sur: Siguiendo por el dren C.�n, hasta la intersecci�n con el dren General del Valle de M�xico, siguiendo por este mismo dren, hacia el sur est� la descarga del dren X., siguiendo por este dren hasta la intersecci�n con el eje de la v�a f�rrea del sur, siguiendo por esta v�a hacia el poniente, hasta el bordo de la colonia del Sol, hasta la mojonera 207, al poniente: Partiendo de la mojonera 207, R.A.C. N16�04'E y a una distancia de 262 m., se llega a la mojonera �Tlatel de los Barcos�, de esta mojonera con R.A.C. N14�02'E y a una distancia de 1,581.44 m., se llega al v�rtice �B� que es la intersecci�n de este lado con el l�mite norte del derecho de v�a del camino Pe��n-Texcoco y desde este v�rtice con R.A.C. N67�58'E y a una distancia de 181.64 m., se llega al v�rtice �C� y desde este v�rtice con R.A.C. N12�11'E y a una distancia de 1,361.08 m., se llega al v�rtice �E� y desde este v�rtice con R.A.C. S30�51'W y a una distancia de 468.01 m., se llega al v�rtice �A� y desde este v�rtice con R.A.C. S35�20'W y a una distancia de 481.99 m., se llega al v�rtice �P3� y desde este v�rtice con R.A.C. S31�33'W y a una distancia de 185.71 m., se llega al v�rtice �P2� y de este v�rtice con R.A.C. N77�34'W y a una distancia de 78.96 m., se llega al v�rtice �P1� que es la intersecci�n del Bordo Poniente del Canal de S., siguiendo el curso del Canal de S., hasta la mojonera 405. Los l�mites anteriores delimitan una superficie de 11,600 hect�reas. Queda comprendido tambi�n como zona federal lo siguiente: 120 metros de ancho a partir del eje del dren general del valle en ambas m�rgenes, desde el puente X., hasta la incorporaci�n del dren C.�n. 50 metros de ancho al sur del eje del dren C.�n, en toda su longitud. 50 metros de ancho del eje del dren X. en ambos m�rgenes, en toda su longitud. 25 metros de ancho del eje del R�o Coatepec en ambas m�rgenes. Art�culo segundo. Se desincorporan del dominio p�blico, con excepci�n de los destinados a cauces de corrientes y su zona federal que los atraviesan y se ponen a disposici�n de la S.�a de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas, los terrenos que queden fuera de los l�mites que se describen en el art�culo primero, los cuales se se�alan en el plano oficial n�mero CLT-TT-056, para que en representaci�n del Gobierno F., los enajene a t�tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de M�xico y el Gobierno del Departamento del Distrito F., en las �reas correspondientes, con el fin de que se lleve a cabo la regularizaci�n definitiva de la tenencia de la tierra, reubicando en las mismas a quienes acrediten derechos sobre los terrenos del Vaso del Lago de Texcoco, dentro de un Plan Maestro aprobado para el Desarrollo Agro-Urbano de la zona. Art�culo tercero. La S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, a trav�s de la Comisi�n del Lago de Texcoco, proceder� a entregar a la de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas los terrenos antes mencionados, para que �sta complemente en lo que le corresponde el presente mandamiento. Para los efectos correspondientes a la enajenaci�n de los terrenos a favor de las autoridades que se mencionan en el art�culo segundo del presente decreto, quedar� condicionada a la inafectabilidad posterior de los terrenos de propiedad federal que quedan integrados dentro de los nuevos l�mites se�alados en el art�culo primero de este ordenamiento. Transitorio. �nico. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo F., en la Ciudad de M�xico, Distrito F., a los veintinueve d�as del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. J.� L�pez P.. R�brica. El secretario de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, F.M.R.�bago. R�brica. El secretario de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas, P.R.V.�zquez. R�brica."

De lo anterior, se advierte como fue cambiando el r�gimen jur�dico reinante en los terrenos pertenecientes al Vaso del Lago de Texcoco; sin embargo, destaca el �ltimo de los decretos transcritos, ya que, en principio, es el vigente y, en segundo lugar, es en el que se establecen con mayor claridad los l�mites de dichos terrenos y se precisa cu�l es la zona de jurisdicci�n federal.

Ahora bien, en el informe preventivo que present� el Distrito F. ante la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se se�al� que el proyecto denominado "Etapa IV Bordo Poniente" tiene la siguiente ubicaci�n:

El sitio de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente se ubica en el km. 2.1 de la autopista M�xico-Texcoco, al suroeste del antiguo Lago de Texcoco. ...

Tomando en consideraci�n tal ubicaci�n, la aludida secretar�a determin� que se encontraba en la zona de jurisdicci�n federal delimitada en el decreto de diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos; sin embargo, para poder determinar si efectivamente dichos terrenos pertenecen a la Federaci�n conforme a la zona de jurisdicci�n federal que se precis� en el aludido decreto (de 16 de noviembre 1982), es decir, precisar su ubicaci�n, es necesario acudir a los dict�menes periciales que fueron rendidos por los peritos en materia de topograf�a designados por este Alto Tribunal (cuaderno formado con el dictamen presentado por el perito en materia de topograf�a designado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n), por la Federaci�n (fojas 1 a 65 del cuaderno formado con los dict�menes presentados por los peritos en materias de topograf�a y geoposicionamiento, ambos designados por la Federaci�n), por la parte actora (fojas 392 a 403 del tomo III del cuaderno principal) y por el Distrito F. (cuaderno formado con el dictamen presentado por el ingeniero G.R.S., perito en materia de topograf�a designado por el Gobierno del Distrito F., primera y segunda parte); los cuales son valorados en t�rminos de lo que establecen los art�culos 197 y 211 del C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de la materia en t�rminos de su art�culo 1o., los cuales establecen:

Art�culo 197. El tribunal goza de la m�s amplia libertad para hacer el an�lisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuaci�n contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuaci�n, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este cap�tulo.

"Art�culo 211. El valor de la prueba pericial quedar� a la prudente apreciaci�n del tribunal."

Por tanto, este Tribunal Pleno considera pertinente precisar que la prueba pericial constituye una probanza de libre convicci�n que es de las que se fundan en la sana cr�tica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En �stas interfieren las reglas de la l�gica con las reglas de la experiencia del juzgador, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana raz�n y a un conocimiento experimental de las cosas. En efecto, el peritaje es una actividad humana de car�cter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos t�cnicos, art�sticos o cient�ficos y mediante la cual se suministran al juzgador argumentos y razones para la formaci�n de su convencimiento respecto de ciertos hechos, tambi�n especiales, cuya percepci�n o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del com�n de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepci�n y la correcta verificaci�n de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciaci�n e interpretaci�n.

As�, debe considerarse que el valor probatorio de un peritaje depende de la imparcialidad con la que se conduce el perito y si est� debidamente fundado.

En el caso se estima pertinente hacer una relaci�n de los cuestionamientos relevantes en lo que a este asunto interesa, destacando que la prueba pericial en topograf�a se realiz� con base en las preguntas formuladas por las partes en el presente asunto, las cuales son: a) tres por el Distrito F., b) cuatro por el Estado de M�xico, c) tres por la Federaci�n, d) tres adicionadas por el Distrito F., y e) cuatro adicionadas por la Federaci�n, lo que se realiza en los siguientes cuadros comparativos:

Ver cuadros comparativos

Cabe destacar que, en los cuadros comparativos que anteceden no se hace referencia a todas las preguntas, dado que las que se omiten se refieren a localizaciones geogr�ficas que deb�an realizar los peritos en planos, mapas u ortofotos y a la metodolog�a utilizada.

De lo anterior, se advierte que el perito nombrado por el Estado de M�xico, parte actora en este asunto, no da respuesta puntual a las preguntas formuladas, sino que sus respuestas �nicamente se basan en que el predio conocido como "cuarta etapa del relleno sanitario Bordo Poniente" se encuentra comprendida dentro de la poligonal o �rea que fue enajenada a t�tulo gratuito por el Gobierno F. por conducto de la S.�a del Patrimonio Nacional a favor del Gobierno del Estado de M�xico, seg�n decreto del Ejecutivo F. de fecha seis de febrero de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Diario Oficial el siete siguiente.

Debe destacarse, por ejemplo, la respuesta que dicho perito da a la pregunta n�mero dos del cuestionario exhibido por la Federaci�n, la cual cobra especial relevancia conforme a lo analizado, pues en ella se cuestiona si la poligonal en la que se ubica la "cuarta etapa del relleno sanitario Bordo Poniente", se encuentra comprendida dentro de la zona de jurisdicci�n federal del Vaso de Texcoco, por el decreto por el que se fijan nuevos l�mites del actual Vaso de Texcoco, incluida su zona federal, en la forma que se indica y que se ponen a disposici�n de la S.�a de Asentamientos Humanos y Obras P�blicas, para que en representaci�n del Gobierno F., los enajene a t�tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de M�xico y del Departamento del Distrito F., con el fin de que se lleve a cabo la regularizaci�n definitiva de la tenencia de la tierra, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n los d�as ocho y diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, siendo su respuesta igualmente basada �nicamente en el decreto del Ejecutivo F. de fecha seis de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

Lo anterior no obstante que al contestar a la pregunta n�mero dos del cuestionario exhibido por el jefe de Gobierno del Distrito F. haya se�alado que la poligonal en la que se ubica la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente no se encuentra comprendida dentro de la poligonal definida como zona de jurisdicci�n federal del Vaso de Texcoco, pues su respuesta como se apunt� se basa en que "... la poligonal definida se encuentra comprendida dentro de la poligonal o �rea que fue enajenada a t�tulo gratuito por el Gobierno F. por conducto de la S.�a del Patrimonio Nacional a favor del Gobierno del Estado de M�xico, seg�n decreto del Ejecutivo F. de fecha seis de febrero de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Diario Oficial del viernes 7 de febrero de 1975, y se encuentra dentro de los terrenos enunciados en la cl�usula primera de la escritura No. 130 de Pat. N.., Vol. No. 6 de Pat. N.. de fecha 7 de febrero de 1975 ante el notario L.. R.N.��ez y E., notario en ejercicio, titular de la Notar�a N�mero Ciento Doce que a la letra dice: ..." de lo que se advierte que se basa en que el predio aludido se encuentra comprendido dentro de la poligonal o �rea que fue enajenada a t�tulo gratuito por el Gobierno F. por conducto de la S.�a del Patrimonio Nacional a favor del Gobierno del Estado de M�xico, seg�n decreto del Ejecutivo F. de fecha seis de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

Al respecto, debe precisarse que si bien es verdad que en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco, se autoriz� la enajenaci�n a t�tulo gratuito a favor del Estado de M�xico, de los derechos que ten�a la Federaci�n sobre el �rea que comprende el Vaso del Lago de Texcoco, incluida su zona de jurisdicci�n federal, que se encuentra dentro de su territorio, a efecto de que se llevara a cabo la regularizaci�n de la tenencia de la tierra; lo cierto es que atendiendo al acelerado incremento demogr�fico que propici� la especulaci�n de la tierra en esa zona y a las obras hidr�ulicas realizadas en la misma, tendientes a evitar inundaciones, regular y aprovechar las aguas que afluyen al lago y resolver problemas urbanos, por diverso decreto, publicado el diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, se determin� fijar los nuevos l�mites del actual Vaso de Texcoco y desincorporar del dominio p�blico los terrenos que queden fuera de esos l�mites, a efecto de que se enajenen a t�tulo gratuito a favor del Estado de M�xico, para los efectos antes precisados "con excepci�n de los destinados a cauces de corrientes y su zona federal que los atraviesan", en la inteligencia de que dicha enajenaci�n "quedar� condicionada a la inafectabilidad posterior de los terrenos de propiedad federal que queden integrados dentro de los nuevos l�mites" del �rea en comento.

Luego, resulta claro que si bien por decreto publicado el siete de febrero de mil novecientos setenta y cinco, el Ejecutivo F. determin� que se enajenara a favor del Estado de M�xico, los derechos que tiene la Federaci�n sobre los l�mites del Lago de Texcoco, incluida su zona federal, a efecto de que se regularizara la tenencia de la tierra; lo cierto es que, en el nuevo decreto de diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, se excluyeron de dicha enajenaci�n los terrenos que se ubican en el �rea de jurisdicci�n federal, de ah� que el decreto precisado en primer t�rmino, no puede tomarse en consideraci�n para establecer si la cuarta etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, se encuentra dentro de la jurisdicci�n del Estado de M�xico, como lo pretende demostrar el perito, que dicha entidad design� en materia de topograf�a.

Asimismo, cabe subrayar que el perito nombrado por el Estado de M�xico, no vierte en su documento conclusi�n alguna, a diferencia de los restantes peritos, los que s� se�alan conclusiones en el dictamen presentado tal como se advierte del siguiente cuadro:

Ver cuadro

Ahora, como se se�al�, dichos dict�menes son valorados en t�rminos de lo que establecen los art�culos 197 y 211 del C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de la materia, en t�rminos de su art�culo 1o.; por lo que, del an�lisis de tales dict�menes, se llega a la conclusi�n que por la t�cnica y la metodolog�a que utiliza y por la imparcialidad con la que se conduce se da pleno valor probatorio y se toma en consideraci�n el dictamen emitido por el ingeniero I.R.J., perito nombrado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el cual se ve incluso confirmado por los dict�menes de los peritos nombrados por la Federaci�n y por el Distrito F.; destacando que del an�lisis del dictamen emitido por el ingeniero R.M.E., perito nombrado por el Estado de M�xico, parte actora en este juicio, se advierte que no da respuesta puntual a las preguntas formuladas, sino que sus respuestas �nicamente se basan en que el predio conocido como "cuarta etapa del relleno sanitario Bordo Poniente" se encuentra comprendida dentro de la poligonal o �rea que fue enajenada a t�tulo gratuito por el Gobierno F. por conducto de la S.�a del Patrimonio Nacional a favor del Gobierno del Estado de M�xico, seg�n decreto del Ejecutivo F. de fecha seis de febrero de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Diario Oficial el siete siguiente.

En efecto, debe hacerse hincapi� en la t�cnica y la metodolog�a que utiliza el ingeniero I.R.J., perito nombrado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, las cuales se encuentran plasmadas con toda claridad en su dictamen que, en lo que interesa, dice:

"I.O. de estudio y m�todo empleado. Demostrar que la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra comprendida dentro de los l�mites de la zona federal del Lago de Texcoco. Tomando en consideraci�n los elementos doctrinales que el maestro S.G.�a R.�rez estableciera y que el maestro J.A.S.S. retomara en su obra C�digo F. de Procedimientos Penales (comentado), E.. H., S.A. de C.V., 1986, p�gina 153, por el que se�ala: el dictamen �siempre tiene la condici�n de un juicio, si bien de car�cter invariablemente t�cnico jam�s emp�rico o de culpabilidad�, continuando el maestro S. asimismo, se�ala, �... el peritaje es un medio confirmatorio por excelencia, es tal vez el �nico medio que puede confirmar la aseveraci�n hecha, con superlativo grado de validez en la medida que la aplicaci�n del rigor cient�fico se hubiere llevado a cabo. El peritaje surge de la necesidad de encontrar un resultado correcto, y el cual requiere necesariamente la aplicaci�n del rigor cient�fico. Las reglas del procedimiento cient�fico no siempre son del conocimiento del criminalista, ni de jurista. De ah� que se requiere el auxilio necesario de sujetos que comprueben la hip�tesis ...�. As� tenemos que el estudio en cuesti�n, es confirmatorio y no ha creado elementos t�cnicos diversos a los planteados por las partes en controversia, por lo que se ha utilizado el m�todo deductivo, que conduce a obtener de lo general (constancias que obran en autos del expediente en que se act�a n�mero 95/2004, llevado a cabo ante esta H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como son los elementos t�cnicos que en el cuerpo del presente estudio se detallan), sendos resultados objetivos y aplicables a la determinaci�n del conocimiento racional, sistem�tico y verificable, especificando la confirmaci�n o refutaci�n del objeto de estudio. II. Planteamiento del problema. Se dan dos diferentes versiones t�cnicas respecto a la ubicaci�n de la IV, etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, a saber: Por lo anterior se obtiene el siguiente: III. Esquema de investigaci�n. Variable independiente. Con base a los elementos t�cnicos aportados por las partes en el juicio que nos ocupa y confirmando en campo las aseveraciones realizadas con base a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n con fechas 8 y 16 de noviembre del a�o de 1982, 6 de junio del a�o de 1931, 7 de febrero del a�o de 1975 y correlacionadamente al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n con fecha 21 de julio del a�o de 1971. Variable dependiente. Se est� en aptitud de determinar t�cnicamente que la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra comprendida dentro de los l�mites territoriales de la zona federal del Lago de Texcoco o bien dentro de los terrenos propiedad de la entidad denominada Estado de M�xico. A.. ... IV. Hip�tesis de trabajo. A) La IV, etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra comprendida dentro de los l�mites de la zona federal del Lago de Texcoco. B) La IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra comprendida dentro de los terrenos propiedad de la entidad denominada Estado de M�xico. Con base en la siguiente: V.R.�n de informaci�n antecedentes ... VI. Investigaci�n documental observaciones. 1. Del decreto de fecha 6 de junio de 1931, se tiene: ... 2. Del decreto de fecha 21 de julio de 1971, se tiene: ... 3. Del plano escala 1:25,000 realizado por la S.�a del Patrimonio Nacional, S.�a de Bienes Inmuebles y de Urbanismo, denominado terrenos del dominio privado de la naci�n en el Vaso del Lago de Texcoco, se tiene: Plano de alta relevancia dado su contenido hist�rico, ya que aunque omite su cuadro de construcci�n, s� precisa en su contexto urban�stico los per�metros a que hacen referencia los diversos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n, con fecha 6 de junio del a�o de 1931 y 21 de julio de 1971, observando sus colindancias acordes con este �ltimo decreto como sigue: Al oeste, el Bordo Poniente del Canal de S.; al norte y oriente, la curva de embalse correspondiente a la elevaci�n 2237.10 metros sobre el nivel del mar y por el sur, el bordo X. y el bordo de la llamada colonia �El Sol�. Asimismo precisa el l�mite del Estado de M�xico con el Distrito F. en su extremo surponiente, mediante las mojoneras Tecal y Tlatel de los Barcos, de donde se desprende que los terrenos materia de estudio, IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, se encuentran en el �rea territorial del Estado de M�xico, pero dentro de la poligonal definida como zona federal, a que se refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n con fechas: 8 y 16 de noviembre del a�o de 1982. 4. Del plano denominado evaluaci�n de las superficies que fueron definidas por el decreto presidencial de 21 de julio de 1971, se tiene: Plano que contiene en su escala precisada de 1:25,000 el per�metro de la zona configurada de lo que en el a�o de 1971, era considerada la zona del Lago de Texcoco, observ�ndose asimismo la curva de embalse correspondiente a la elevaci�n 2,237.10 metros sobre el nivel del mar, per�metro de lo que fuera la elevaci�n de embalse 7.10 a que se refer�a el diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n con fecha 6 de junio del a�o de 1931, as� el plano en cuesti�n precisa una superficie de 158,115,843.00 mts.2 para el Vaso del Lago de Texcoco. 5. Del decreto de fecha 7 de febrero de 1975, se tiene: decreto que precisa en sus considerandos primero y segundo cuales son los terrenos materia de enajenaci�n a t�tulo gratuito, a favor del Estado de M�xico, en los que la Federaci�n ten�a derechos, con el fin de que se llevara a cabo la regularizaci�n de la tenencia de la tierra y que no son otros m�s que los establecidos como: �... los terrenos comprendidos entre los l�mites se�alados en el considerando anterior y los determinados en el decreto del 30 de abril de 1931 ...�, es decir en la interpretaci�n pericial del suscrito se dejan a salvo los derechos sobre los terrenos que la Federaci�n tiene debidamente delimitados en las medidas y colindancias antes se�aladas como: Al oeste, el Bordo Poniente del Canal de S.; al norte y oriente la curva, de embalse correspondiente a la elevaci�n de 2,237.10 metros sobre el nivel del mar y por el sur, el Bordo X. y el bordo de la llamada colonia �El Sol�. Los l�mites anteriores delimitan una superficie aproximada de 14,500 hect�reas. 6. Del plano escala 1:20,000 realizado por la Comisi�n del Lago de Texcoco, departamento de tenencia de la tierra, denominado plano informativo de los terrenos que se propone desincorporar del Lago de Texcoco, clave CLT-TT-056, se tiene: Plano que detalla la poligonal general que distingue a los terrenos federales con la desincorporaci�n a que hace alusi�n el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n con fechas 8 y 16 de noviembre de 1982. 7. Del decreto de fechas 8 y 16 de noviembre de 1982, se tiene: Los l�mites anteriores delimitan una superficie de 11,600 hect�reas. Queda comprendido tambi�n como zona federal lo siguiente: 120 metros de ancho a partir del eje del dren general del valle en ambos m�rgenes, desde el puente X., hasta la incorporaci�n del dren de C.�n. 50 metros de ancho al sur del eje del dren C.�n, en toda su longitud. 50 metros de ancho del eje del dren X., en ambos m�rgenes, en toda su longitud. 25 metros de ancho del eje del R�o Coatepec, en ambos m�rgenes. ... 8. Del plano escala 1:25,000 realizado por la Comisi�n del Lago de Texcoco, D.�n de Asuntos Jur�dicos y Tenencia de la Tierra, denominado plano general del Vaso del Lago de Texcoco y su zona federal, clave CLT-TT-N� 056-A, se tiene: plano en el que se identifican y se precisan las mojoneras que delimitan la zona federal, en t�rminos del decreto de fechas 8 y 16 de noviembre de 1982. 9. Del informe preventivo, se tiene: �... b) ubicaci�n del proyecto. El sitio de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente se ubica en el km. 2.1 de la autopista M�xico-Texcoco, al suroeste del antiguo Lago de Texcoco. El proyecto de Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente se localiza en el mismo sitio de la etapa IV, en raz�n de que el cierre consiste en incrementar perimetralmente la altura de la etapa IV de nivel de 8.0 m a 12.0 m, y posteriormente conformar ... (sic). ... El relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra al oriente de la Ciudad de M�xico, el proyecto se localiza al noreste del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M�xico y al suroeste del ex Lago de Texcoco, sus coordenadas geogr�ficas son 19�21'30" latitud norte y 99�15'45" longitud oeste, con una altitud de 2,250 m.s.n.m. ... (sic). Los l�mites de la etapa IV se encuentran comprendidos entre infraestructura hidr�ulica constituida por los canales de drenaje de aguas pluviales del oriente de la Ciudad de M�xico de acuerdo con lo siguiente: colinda al norte con el brazo izquierdo del R�o C. y la autopista Pe��n-Texcoco, al este con el Canal de la Compa��a y al sur y al oeste con el brazo derecho del R�o C.. Este terreno tiene una forma irregular y forma parte de una superficie de 100 ha de la CNA, en las cuales se ha permitido (mediante un convenio) al Gobierno del Distrito F. el desarrollo de un relleno sanitario para disposici�n final de residuos s�lidos municipales ... (sic). La etapa IV inici� operaciones en 1994, su ubicaci�n es al suroeste del antiguo Lago de Texcoco y al sur de las tres etapas anteriores, separada de aqu�llas por la carretera Pe��n-Texcoco. La etapa IV recibe en promedio 12,000 toneladas diarias de residuos s�lidos municipales ... Descripci�n del ambiente. La superficie del Bordo Poniente es de 1,000 ha, en el etapa IV se plantea el incremento perimetral de altura en 4.00 m, y 3.0 m adicionales en la parte central, sobre un �rea efectiva para la disposici�n de residuos s�lidos de 375 hect�reas, es decir 67.8 % de la superficie total del predio. En el 32.2% restante se localiza la planta de selecci�n, zona de composta, talleres, zona de viveros, vialidades y �reas administrativas. El predio se ubica en los terrenos que se localizan entre los canales de drenaje de la Ciudad de M�xico que se denominan el brazo izquierdo y el brazo derecho del R�o C., mismos que constituyen los l�mites norte y sur del sitio respectivamente, y los que al confluir reciben la denominaci�n de Canal de la Compa��a, el cual a su vez constituye el limite oriente del sitio ... -10. Del oficio n�mero S.G.P.A./DGIRA.DEI. 2261/04, se tiene: ... 11. Del plano escala 1:50,000 realizado por la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gerencia Regional de Aguas del Valle de M�xico y Sistema Cutzamala, denominado plano general del proyecto Lago de Texcoco, se tiene: plano que detalla la configuraci�n topogr�fica de las poligonales a que se refieren los decretos de fechas 21 de julio de 1971 y 8 y 16 de noviembre del a�o de 1982, realiz�ndolo mediante coordenadas UTM, NAD 27 y asimismo contiene la configuraci�n topogr�fica coincidente con el diverso plano realizado por la S.�a del Patrimonio Nacional S.�a de Bienes Inmuebles y de Urbanismo, denominado evaluaci�n de las superficies que fueron definidas por el decreto presidencial del 21 de junio de 1971, en la zona del Lago de Texcoco, calculado por el Ing. Julio L�pez M. de fecha 29 de octubre del a�o de 1971. Por lo anterior se procedi� a realizar lo siguiente: VII. Reconocimiento t�cnico. Con el soporte documental antes referido se procedi� a realizar estudios preliminares mediante la obtenci�n de aerofotos de contacto en escala 1:30,000 de fecha de vuelo 12 de diciembre del a�o de 1994, observando que en contraste a la actualidad, en la zona de estudios prevalecen sus accidentes y referencias topogr�ficas como lo son los brazos del R�o C. (izquierdo y derecho), puentes y el avance del incremento demogr�fico (Col. El Sol), evidenciado por los asentamientos humanos en zona surponiente de los terrenos en estudio, en tal circunstancia el suscrito en compa��a de personal de campo y con el navegador GPS marca Garmin 12 XI, se identificaron los puntos v�rtices se�alados en el plano escala 1:25,000 realizado por la Comisi�n del Lago de Texcoco, D.�n de Asuntos Jur�dicos y Tenencia de la Tierra, denominado plano general del Vaso del Lago de Texcoco y su zona federal, clave CLT-TT-N� 056-A; como Tecal y Tlatel de los Barcos, este �ltimo con coordenadas 495,102.61 en �X� y 2,149493,33 en �Y�, en t�rminos del plano escala 1:50,000 realizado por la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gerencia Regional de Aguas del Valle de M�xico y Sistema Cutzamala, denominado plano general del proyecto Lago de Texcoco, as� se tuvo la certeza t�cnica de encontrarse en los terrenos a que refieren los decretos antes analizados y correlacionados en el presente estudio. En consecuencia se procedi� a identificar los puntos v�rtice que constituyen la poligonal que definen los terrenos de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente, ubicado en Perif�rico Poniente s/n., lugar de acceso restringido por lo que se llev� a cabo el tr�mite correspondiente ante el Arq. A.B.A.�a en su calidad de director de Transferencia y Disposici�n Final, quien otorgara el acceso correspondiente, de lo cual se da cuenta a su Se�or�a, anexando en original los documentos intercambiados entre el funcionario se�alado y el suscrito (anexo I), as� se me atendi� por quien dijo ser el Ing. J.J.H.M. y tener el cargo de residente de operaci�n Bordo Poniente, mismo que me constituy� en un recorrido preliminar en siete de los once puntos que conforman la poligonal a que se alude en los cuestionarios presentados por las partes, correspondientes a la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente, procediendo a reconocer, confirmar y en su caso a restituir los puntos v�rtices precisados con equipo GPS, PRO Mark 3, con dos receptores, software post proceso y asimismo con aparatos marca T. y T.P. (en modo est�tico), modelos 4000 SE, con precisi�n relativa +/- 2 mm + 2 partes por mill�n, triples, b�podes y baliza, que de acuerdo al m�todo de medici�n se lig� horizontalmente al punto n�mero 7 de la red interna y en su liga vertical se hizo al BN No. 150248 de INEGI, banco identificado por el residente Ing. J.J.H.M., arrojando resultados confirmatorios de los v�rtices se�alados, as� se realizaron trabajos de gabinete consistentes en la identificaci�n de los puntos levantados geod�sicamente para reestructurar las caracter�sticas de los predios materia de estudio en coordenadas ITRF 92, utilizando software de civil cad. Poligonal resultado en coordenadas geogr�ficas: ... VIII. Conclusiones preliminares. Con el an�lisis de los elementos t�cnicos presentados en el juicio en que se act�a, habiendo confirmado una de las hip�tesis planteadas mediante el m�todo establecido en el cuerpo del presente estudio, es como se llega a los siguientes resultados: La hip�tesis del trabajo planteada en el inciso A), se confirma. La hip�tesis de trabajo planteada en el inciso B), no se confirma. ..."

As� pues, en primer lugar, debe se�alarse que conforme a los dict�menes presentados por todos los peritos en topograf�a antes citados, incluso el nombrado por el Estado de M�xico, parte actora en este asunto, se considera que la denominada "etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", con algunas variantes, tiene la ubicaci�n siguiente:

Ver ubicaci�n

Por su parte, en el informe rendido por el aludido perito en topograf�a designado por este Alto Tribunal, el cual de acuerdo con lo ya se�alado, se toma en cuenta para resolver la problem�tica planteada, se se�al�, en lo que interesa, lo siguiente:

"IV. Hip�tesis de trabajo. A) La IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra comprendida dentro de los l�mites de la zona federal del Lago de Texcoco. B) La IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra comprendida dentro de los terrenos propiedad de la entidad denominada Estado de M�xico. ... VIII. Conclusiones preliminares. Con el an�lisis de los elementos t�cnicos presentados en el juicio en que se act�a, habiendo confirmado una de las hip�tesis planteadas mediante el m�todo establecido en el cuerpo del presente estudio, es como se llega a los siguientes resultados: La hip�tesis del trabajo planteada en el inciso A), se confirma. La hip�tesis de trabajo planteada en el inciso B), no se confirma. ... 2) Si la poligonal definida en el numeral que antecede se encuentra comprendida dentro de la poligonal definida como zona federal del Vaso de Texcoco, por el decreto a que se ha hecho referencia y demostrar� en campo si la posici�n de todos los v�rtices de ambos numerales corresponden con los respectivos elementos f�sicos y referencias topogr�ficas. R.S.�, la poligonal definida en el numeral que antecede se encuentra comprendida dentro de las poligonales definidas como zona federal del Vaso de Texcoco, en t�rminos de los diversos decretos que han quedado precisados en el cuerpo del presente estudio, con especial determinaci�n el decreto por el que se fijaron los nuevos l�mites del actual Vaso del Lago de Texcoco, incluida su zona federal de fechas 8 y 16 de noviembre de 1982, asimismo se identific� en campo la posici�n de todos los v�rtices de la poligonal aludida, confirmando sus respectivos elementos f�sicos y referencias topogr�ficas de los que se da rese�a en el cap�tulo �VII reconocimiento t�cnico�, del presente estudio. 3) Si la ubicaci�n de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente corresponde o no con la zona que se desincorpor� del dominio p�blico para ser enajenada a t�tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de M�xico, o con la que se enajen� a favor del entonces Departamento del Distrito F., o si por el contrario se ubica en la zona federal. ... R. La ubicaci�n de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente NO corresponde con la zona que se desincorpor� del dominio p�blico para ser enajenada a t�tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de M�xico, al encontrarse situada en zona federal. ..."

De lo que se tiene que la denominada "etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente" se encuentra comprendida dentro la zona de jurisdicci�n federal del Vaso del Lago de Texcoco definida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, mediante el cual, como se dijo, se fijaron los nuevos l�mites del actual Vaso del Lago de Texcoco, incluida su zona federal y, contrario a lo que sostiene el Estado de M�xico, dicho sitio no corresponde con la zona que se desincorpor� del dominio p�blico para ser enajenada a t�tulo gratuito a favor del Gobierno del Estado de M�xico, al encontrarse situada en zona de jurisdicci�n federal.

Lo anterior se corrobora con el dictamen pericial en materia de geoposicionamiento por sat�lite, presentado por el ingeniero M.S.�nchez de la Luz, designado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n (fojas 15 a 38 del tomo IV del cuaderno principal y "cuaderno formado con el dictamen presentado por el ingeniero M.S.�nchez de la Luz"), el cual coincide con el dictamen presentado por la ingeniera Mar�a L.E.F., perito en dicha materia, nombrado por la Federaci�n (fojas 66 a 115 del cuaderno formado con los dict�menes presentados por los peritos en materias de topograf�a y geoposicionamiento, ambos designados por la Federaci�n), siendo los dos �nicos dict�menes que se presentaron en dicha especialidad, los cuales son valorados en t�rminos de lo que establecen los art�culos 197 y 211 del C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de la materia en t�rminos de su art�culo 1o.; as�, del an�lisis de tales dict�menes se llega a la conclusi�n que por la t�cnica y la metodolog�a que utiliza y por la imparcialidad con la que se conduce se toma en consideraci�n el dictamen emitido por el perito en esta materia nombrado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el que se se�ala:

"... presento resultados en los sistemas NAD27 (sistema en desuso) e ITRF92 sistema oficial actual para M�xico (normas t�cnicas para levantamientos geod�sicos, publicadas en 1985 y sus correspondientes modificaciones de 1998). Que para la localizaci�n de estos sitios utilice un navegador GPS de una frecuencia con una precisi�n de +4 metros y para el geoposicionamiento definitivo emplee un equipo GPS doble frecuencia. El m�todo de levantamiento de los trabajos en campo es el diferencial est�tico, ligado a dos estaciones base establecidas dentro de la misma zona de trabajo, que a su vez est�n referenciadas a la red geod�sica nacional activa (RGNA) y se anexan los resultados de los procesos GPS e im�genes de los levantamientos. Asimismo hago saber a su Se�or�a que los resultados que proporciona el geoposicionamiento por sat�lite est�n referidos a una superficie matem�tica denominada elipsoide y que para poder trabajar con ellos son proyectados en un plano, como lo son las coordenadas UTM, por lo tanto el c�lculo de distancias y �reas en este plano de proyecci�n implica diferencias que pueden ser significativas con respecto a las mediciones que se hagan directamente en el terreno (topograf�a cl�sica). ..."

En los aludidos dict�menes, en s�ntesis, en lo que interesa al caso, se se�al�:

� Que del an�lisis del decreto a trav�s del cual se fijan nuevos l�mites del actual Vaso del Lago de Texcoco, incluida su zona federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n los d�as ocho y diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos; as� como de una revisi�n exhaustiva de documentos cartogr�ficos (carta topogr�fica y planos de SEMARNAT) se concluye que las coordenadas (tanto las proporcionadas inicialmente como las tomadas en cuenta para realizar el peritaje) que delimitan la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se localizan dentro de los nuevos l�mites del actual Vaso del Lago de Texcoco.

� Que el �rea de la etapa IV del relleno sanitario est� inscrita en el �rea ubicada entre los brazos derecho e izquierdo del R�o C. y dren general del Valle de M�xico, dentro de la zona federal del Lago de Texcoco.

� Que asimismo los puntos que delimitan los taludes del relleno sanitario se encuentran en el �rea ubicada entre los brazos derecho e izquierdo del R�o C. y dren general del Valle de M�xico, dentro de la zona federal del Lago de Texcoco.

Por todo lo anterior, resultan infundados los conceptos de invalidez analizados, pues contrario a lo que afirma el actor, el relleno sanitario Bordo Poniente y, espec�ficamente, la denominada "etapa IV", s� se encuentra en una de jurisdicci�n federal, por tanto, la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, s� era competente para emitir la resoluci�n impugnada conforme a lo que establece la fracci�n X del art�culo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.

A mayor abundamiento, debe se�alarse que del an�lisis de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, se llega a la conclusi�n de que el relleno sanitario Bordo Poniente y, espec�ficamente, la denominada "etapa IV", s� se encuentra en una zona de jurisdicci�n federal, dado que dicha norma en su art�culo 5o., fracciones I y XX, a la letra indica:

"Art�culo 5o. Son facultades de la Federaci�n:

"I. La formulaci�n y conducci�n de la pol�tica ambiental nacional;

"...

"XX. La atenci�n de los asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico de dos o m�s entidades federativas."

En dichas fracciones se establece que es facultad de la Federaci�n la conducci�n de la pol�tica ambiental nacional y, entre otras, la atenci�n de los asuntos que afecten el equilibrio ecol�gico de dos o m�s entidades federativas.

Por tanto, se considera que la Federaci�n a trav�s de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales ten�a facultades para emitir la resoluci�n impugnada, al ser el relleno sanitario el lugar en el que se depositan toneladas de basura diarias, lo que implica un problema que afecta el equilibrio ecol�gico de dos entidades, pues en la llamada "cuarta etapa", se depositan los desechos que se generan en la Ciudad de M�xico, lo que implica que, por un lado, debe existir un sitio donde depositar tales desechos, pues si no existiera �ste se tendr�a que enfrentar a la zona metropolitana del Valle de M�xico, es decir, a diversos Municipios del Estado de M�xico, al Distrito F., a un problema generado por la acumulaci�n de basura; y, por el otro, el que debe vigilarse que tales desechos no provoquen una contaminaci�n ambiental tal que afecte la salud de los habitantes del Estado de M�xico y del Distrito F..

De lo que se hace evidente que, se trata de un asunto que afecta el equilibrio ecol�gico de dos entidades federativas, como lo son el Estado de M�xico y el Distrito F..

Asimismo, al ser competente dicha autoridad por raz�n del territorio donde se ubica el proyecto autorizado, que al ser una zona federal, deben ser las autoridades federales las que emitan las diferentes determinaciones concernientes a dicho territorio, no puede tomarse en consideraci�n lo que establecen las fracciones VI de los art�culos 5o. y 7o. de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, en las que se establece que las autoridades federales tienen facultades para el manejo y disposici�n final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, as� como tampoco los art�culos 7o., 9o., y 10 de la Ley General para la Previsi�n y Gesti�n Integral de Residuos, que establecen que las autoridades federales tienen facultades de regulaci�n, autorizaci�n, control y vigilancia para el manejo de residuos s�lidos peligrosos; que dichas facultades para el manejo de los residuos de manera especial corresponden a las autoridades estatales, y el control de los residuos s�lidos urbanos le corresponde a los Municipios. Toda vez que el acto combatido no se fund� en dichos preceptos, ni pretendi� que ten�a competencia en raz�n de la materia, por lo que deviene infundado tambi�n el planteamiento relativo.

En consecuencia, con el acto impugnado no vulneran los preceptos constitucionales que la actora estim� infringidos, pues, como se dijo, trat�ndose de actos que se realizan s�lo en los �mbitos internos de gobierno, o sea, entre autoridades, los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n previstos en los art�culos 14 y 16 constitucionales, se cumplen con la existencia de una norma legal que faculte a la autoridad para actuar en determinado sentido, y con el acreditamiento de las circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que proced�a aplicar la norma correspondiente, lo que en el caso aconteci�, ya que, como se advirti�, la autoridad demandada es competente conforme a lo que establece la fracci�n X del art�culo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, y proced�a aplicar dicha norma derivado del informe preventivo presentado ante �sta por el Distrito F..

Por lo que tampoco se considera que se haya violado la soberan�a del Estado de M�xico, ni la esfera de competencia que le otorga la C.�n F. a dicha entidad federativa, ni a los Municipios que lo conforman, dado que los terrenos sobre los que se lleva a cabo el proyecto al que se refiere la resoluci�n impugnada no les pertenecen y, por tanto, si bien los Municipios tienen a su cargo, entre otras, la funci�n y servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos, debe destacarse que, como lo establece el propio art�culo 115 de la N.F., sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales, entendida dicha funci�n y servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos referida a los residuos que genere el propio Municipio.

En consecuencia, no se considera que exista violaci�n a los preceptos constitucionales que el actor estima infringidos.

OCTAVO

En su cuarto concepto de invalidez, la actora en principio aduce que con la resoluci�n impugnada se violan los art�culos 39, 40, 41, 43, 115, 116 y 124 de la C.�n F., pues en la hip�tesis de que se considere que el relleno sanitario Bordo Poniente se encuentra dentro de una zona federal, tampoco resultan aplicables las normas federales esgrimidas en el cuerpo de la resoluci�n de referencia, en raz�n de que para que se apliquen las normas federales respecto de los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, en territorio de las entidades federativas, se requiere la aprobaci�n de la legislatura correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual establece que los bienes de dominio p�blico est�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes F.es, en los t�rminos prescritos por dicha ley; pero que si estuvieran ubicados dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, cuando la Federaci�n los haya adquirido con fecha posterior al primero de mayo de mil novecientos diecisiete.

Que en el caso, los terrenos donde se ubica el relleno sanitario fueron incorporados al patrimonio de la Federaci�n mediante la "Declaraci�n de que las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, r�os, lagos y lagunas comprendidos dentro del Valle de M�xico y ligados con las obras del desag�e, son propiedad nacional", de fecha ocho de abril de mil novecientos veintid�s, por lo que, en todo caso, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debi� pedir la autorizaci�n del Poder Legislativo del Estado de M�xico.

A efecto de analizar el argumento que antecede, se hace necesario precisar lo que establece el art�culo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinte de mayo de dos mil cuatro, al que hace alusi�n la entidad actora, que a la letra indica:

"Art�culo 9o. Los bienes sujetos al r�gimen de dominio p�blico de la Federaci�n estar�n exclusivamente bajo la jurisdicci�n de los Poderes F.es, en los t�rminos prescritos por esta ley, excepto aquellos inmuebles que la Federaci�n haya adquirido con posterioridad al 1o. de mayo de 1917 y que se ubiquen en el territorio de alg�n Estado, en cuyo caso se requerir� el consentimiento de la Legislatura Local respectiva.

"El decreto o acuerdo mediante el cual la Federaci�n adquiera, afecte o destine un inmueble para un servicio p�blico o para el uso com�n, deber� comunicarse a la Legislatura Local correspondiente. S.� efectos de notificaci�n a la propia Legislatura del Estado, la publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n del decreto o acuerdo correspondiente, a partir de la fecha de la misma publicaci�n.

"Se presumir� que la Legislatura Local de que se trate ha dado su consentimiento, cuando no dicte resoluci�n alguna dentro de los cuarenta y cinco d�as naturales posteriores al de la publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, excepto cuando est� en receso, caso en el cual el t�rmino se computar� a partir del d�a en que inaugure su periodo inmediato de sesiones. La negativa expresa de la legislatura correspondiente, dejar� al inmueble sujeto a la jurisdicci�n local.

Una vez obtenido el consentimiento, en cualquiera de los supuestos se�alados en los p�rrafos primero y tercero de este art�culo, ser� irrevocable.

Del que se desprende que los bienes sujetos al r�gimen de dominio p�blico de la Federaci�n estar�n exclusivamente bajo la jurisdicci�n de los Poderes F.es, excepto aquellos que la Federaci�n haya adquirido con posterioridad al primero de mayo de mil novecientos diecisiete; por lo que ni el Poder Ejecutivo F., ni los dem�s Poderes de la Uni�n, pueden ejercer su jurisdicci�n sobre bienes inmuebles que vayan adquiriendo y que se ubiquen dentro del territorio de alguna entidad federativa, sin haber obtenido antes el consentimiento de la Legislatura Local respectiva, pues de lo contrario se permitir�a una invasi�n en la autonom�a de las entidades federativas, ya que en cualquier momento los Poderes de la Uni�n podr�an sustraer de la jurisdicci�n de un Estado una parte de su territorio.

Ahora bien, dicho numeral no es aplicable debido a que otra situaci�n opera en el caso de las aguas nacionales. En efecto, la C.�n F. en su art�culo 27, p�rrafo quinto, regula un supuesto en el que la propiedad de estos bienes lleva de la mano la jurisdicci�n federal, ya que la naci�n ha tenido y tiene de conformidad con dicho art�culo, la propiedad plena de los mismos, en consecuencia, la Federaci�n puede ejercer jurisdicci�n sobre tales bienes, lo que se confirma con la parte final del p�rrafo que indica que las aguas no incluidas en la enumeraci�n anterior quedar�n sujetas a las disposiciones que dicten los Estados, dicho precepto, a la letra indica:

"Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"...

"Son propiedad de la naci�n las aguas de los mares territoriales en la extensi�n y t�rminos que fije (sic) derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formaci�n natural que est�n ligados directamente a corrientes constantes; las de los r�os y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aqu�llas en toda su extensi�n o en parte de ellas, sirva de l�mite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la l�nea divisoria de la R.�blica; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, est�n cruzadas por l�neas divisorias de dos o m�s entidades o entre la R.�blica y un pa�s vecino, o cuando el l�mite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la R.�blica con un pa�s vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas mar�timas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensi�n que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el due�o del terreno, pero cuando lo exija el inter�s p�blico o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo F. podr� reglamentar su extracci�n y utilizaci�n y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las dem�s aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeraci�n anterior, se considerar�n como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus dep�sitos, pero si se localizaren en dos o m�s predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerar� de utilidad p�blica, y quedar� sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. ..."

En este sentido, debe considerarse que el Lago de Texcoco constituye un bien que es propiedad originaria de la naci�n de conformidad con el quinto p�rrafo del art�culo 27 de la C.�n F., que dispone: "Son propiedad de la naci�n las aguas ... las de los lagos interiores de formaci�n natural que est�n ligados directamente a corrientes constantes."

Cabe precisar que la C.�n original de mil novecientos diecisiete se refer�a a "lagos inferiores", sin embargo, de los dict�menes del Constituyente se advierte que se trata de un error y que en realidad se quiso referir a "lagos interiores". Dicha situaci�n fue corregida en la reforma constitucional publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y cuatro.

Ahora bien, debe considerarse que el Lago de Texcoco forma parte de las aguas nacionales de propiedad originaria de la naci�n, toda vez que al momento en que fue aprobada la C.�n, cumpl�a con las caracter�sticas se�aladas en el precepto antes citado, es decir, se trataba de un lago interior de formaci�n natural que estaba ligado directamente a corrientes constantes, esto es, a diversos r�os. Lo que se desprende de los decretos relacionados en el considerando que antecede.

En efecto, en el decreto de diecinueve de mayo de mil novecientos veintid�s, se analiza si las condiciones hidrogr�ficas que caracterizan a las corrientes situadas dentro de la zona que comprende el Valle de M�xico re�nen los requisitos necesarios para ser considerados de propiedad nacional, concluy�ndose que s� cumplen con dichas condiciones, por lo que se emite una declaraci�n de que las aguas y cauces de los canales, barrancos, arroyos, r�os, lagos y lagunas contenidos dentro del Valle de M�xico y ligados con las obras del desag�e, son propiedad nacional, pero no en el sentido de constituirlos como tales, sino de reconocerlos y especificarlos, pues son propiedad originaria de la naci�n de conformidad con el art�culo 27 constitucional.

Cabe destacar que dicho decreto se dict� en cumplimiento del art�culo 1o. del Reglamento de la Ley de Aguas, de fecha trece de diciembre de mil novecientos diez, vigente hasta la entrada en vigor de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, publicada el siete de agosto de mil novecientos veintinueve, que dispon�a:

Art�culo 1o. El Poder Ejecutivo de la Uni�n, por conducto de la secretar�a de fomento y de acuerdo con las prescripciones de la ley de fecha 13 de diciembre de 1910, declarar� cu�les son las aguas sujetas a la jurisdicci�n federal.

La vigencia de dicho ordenamiento se confirma con la primera disposici�n del Acuerdo relativo a Disposiciones Reglamentarias sobre Aguas propiedad de la Naci�n, publicado en el Diario Oficial de veinte de abril de mil novecientos veinte, que establec�a:

Primera. Respecto de corrientes, dep�sitos y aguas en general que por virtud de la C.�n F. de 5 de febrero de 1917 hayan sido, o sean en lo sucesivo, declaradas por la S.�a de Agricultura y Fomento, de propiedad de la naci�n, se podr� solicitar por los interesados la confirmaci�n respectiva, en los mismos t�rminos y con los propios requisitos establecidos en el reglamento de 31 de enero de 1911, con las siguientes modificaciones: ...

Por otra parte, el C�digo Civil para el Distrito y Territorios F.es en Materia Com�n, y para toda la R.�blica en Materia F. expedido en mil novecientos veintiocho, ahora C�digo Civil F., se�ala en su art�culo 912 que la Ley sobre Aguas de Jurisdicci�n F., determinar� a qui�n pertenecen los cauces abandonados de los r�os federales que var�en de curso.

En este sentido, teniendo en cuenta que se toma como documento b�sico el decreto de diecis�is de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, se advierte que de conformidad con el art�culo 6o., fracci�n VI, de la Ley F. de Aguas publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el once de enero de mil novecientos setenta y dos, vigente en esa �poca, los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales son tambi�n propiedad nacional. Por tanto, los terrenos del Lago de Texcoco son propiedad de la naci�n y, en consecuencia, siguen siendo de jurisdicci�n federal, debiendo aclararse que dicha ley no fue impugnada por la parte actora, por lo que debe atenderse a su contenido.

En efecto, el art�culo 6o., fracci�n VI, de la aludida norma, dispon�a lo siguiente:

"Art�culo 6o. Son tambi�n propiedad de la naci�n:

"...

"VI. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales."

Adem�s, la conclusi�n de que se siga ejerciendo jurisdicci�n federal sobre los terrenos desecados se ve reforzada si se considera que el Gobierno F. puede proveer lo necesario para su recuperaci�n, tal como ocurre actualmente con el proyecto Lago de Texcoco que constituye una de las principales obras de rescate ambiental emprendidas por el gobierno mexicano para restablecer una parte del equilibrio ecol�gico perdido a partir de la desecaci�n de este lago.

Por tanto, debe concluirse que no es a trav�s del art�culo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales vigente del que puede desprenderse la jurisdicci�n federal, puesto que la jurisdicci�n federal se surte originariamente v�a el art�culo 27 constitucional por el concepto de aguas nacionales, raz�n por la cual resultan infundados los argumentos de la parte actora.

Asimismo, cabe se�alar que la aludida etapa IV y el proyecto respecto del que versa dicha resoluci�n deriva del "convenio No. 3" de noviembre de mil novecientos noventa y dos (fojas 236 a 247 del tomo IV del cuaderno principal) celebrado por la Federaci�n y el entonces Departamento del Distrito F.; en el que, en la parte que interesa, se se�al� lo siguiente:

"Convenio No. 3 para el uso de terrenos federales del Lago de Texcoco para aprovechamiento, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos, etc�tera, que celebran por una parte la S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua y por la otra parte el Departamento del Distrito F.. Fecha: noviembre de 1992. Convenio para el uso de terrenos federales del Lago de Texcoco para aprovechamiento, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos, el dep�sito de la rezaga de la construcci�n del drenaje profundo, el control y manejo de las aguas residuales provenientes de la Ciudad de M�xico y la construcci�n del arco norte del perif�rico en el tramo comprendido entre Alameda Oriente y R�o de Los Remedios, que celebran por una parte la S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, a trav�s de la Comisi�n Nacional del Agua, representada por su director general C.D.F.J.G.�lez Villarreal, asistido por el gerente regional de Aguas del Valle de M�xico, C.I.. El�as S.H. y por el titular del proyecto Lago de Texcoco, C.I.. G.C.G.�a, a quien para los efectos del presente se le denominar� �la comisi�n�, y por la otra parte el Departamento del Distrito F. a trav�s de la Oficial�a M. representado por su titular el C. L.. R.S.A., asistido por el secretario general de Obras C.I.. D.R.F.�ndez, el director general de Servicios Urbanos, C.L.. J.C.D.�n, el director general de Construcci�n y Operaci�n Hidr�ulica, C.I.. J.M.M.G.�a y el director general de Obras P�blicas, C.I.. F. De Pablo Gal�n, a quien para los efectos del presente instrumento se le denominar� �el departamento�, al tenor de las siguientes: declaraciones. I. �La comisi�n� declara: I.1 Que es un �rgano administrativo desconcentrado de la S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, creado por decreto presidencial de fecha 13 de enero de 1989, cuyos objetivos y funciones est�n se�alados en los art�culos 29 y 30 del reglamento interior de la propia secretar�a y que tiene entre sus atribuciones, el control y la administraci�n de los terrenos nacionales comprendidos dentro de los l�mites fijados mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, los d�as 8 y 16 de noviembre de 1982. I.2 Que entre las unidades que la integran, se encuentra el proyecto Lago de Texcoco, que es uno de los esfuerzos m�s continuos y prometedores para el aprovechamiento nacional de los recursos naturales de la zona, as� como para lograr el mejoramiento de los suelos y el saneamiento ambiental, con el manejo y control de las aguas residuales y pluviales de la zona metropolitana de la Ciudad de M�xico. I.3 Que su director general, tiene facultades para representarla en los t�rminos y condiciones del art�culo 4, fracci�n V, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 16 de enero de 1989. I.4 Que entre sus funciones, se encuentra la rehabilitaci�n del Lago de Texcoco, lo que hace a trav�s de un programa denominado �Proyecto Lago de Texcoco�, que dentro de sus objetivos tiene encomendada la regulaci�n de las aguas que descarga la Ciudad de M�xico, por medio de la infraestructura hidr�ulica del Distrito F.. I.5 Que los C.C. Gerente regional de Aguas del Valle de M�xico y gerente del proyecto Lago de Texcoco, asisten t�cnicamente al C. Director general de la Comisi�n Nacional del Agua en los t�rminos y condiciones del presente instrumento. II. �El departamento� declara: II.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo F. de acuerdo a los art�culos 5o., 26 y 44 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F., y 1o. de su Ley Org�nica y Reglamento Interior, de las unidades administrativas que lo integran; est� la Oficial�a M., la que tiene entre sus funciones la de administrar y atender a las unidades que integran el departamento, de acuerdo con los lineamientos fijados por el titular, administrar los bienes muebles e inmuebles del departamento cuidando de su mantenimiento, conservaci�n y acondicionamiento; la S.�a General de Obras es la que tiene entre sus funciones, la de coordinar con las dem�s unidades administrativas la ejecuci�n de programas a su cargo, as� como de organizar y llevar a cabo la disposici�n final de los residuos s�lidos recolectados por las delegaciones del departamento; construir, supervisar, operar y mantener la infraestructura hidr�ulica de la Ciudad de M�xico; as� como la de construir las vialidades como la relativa a la ampliaci�n del perif�rico en el tramo comprendido entre Alameda Oriente y R�o de los Remedios. II.2 Que el oficial mayor del Departamento del Distrito F. tiene facultades para representarlo en los t�rminos y condiciones del presente convenio, el secretario general de Obras, le asiste t�cnicamente en los t�rminos y condiciones del presente instrumento. ... III. �Las partes� declaran: Que con la celebraci�n del presente instrumento, cada una cumple con las funciones y fines que tiene encomendados, �El departamento� mediante el aprovechamiento, tratamiento y disposici�n final de los residuos s�lidos, la aplicaci�n de la t�cnica de ingenier�a ambiental del relleno sanitario; el dep�sito del producto de excavaci�n del drenaje profundo a trav�s de la geotecnia, evita los riesgos de la contaminaci�n del ambiente y favorece el aprovechamiento de los suelos, asimismo con la descarga en la zona del lago de las aguas residuales provenientes de la Ciudad de M�xico, evita las inundaciones en la zona urbana y con la continuaci�n del anillo perif�rico permite la integraci�n de la zona nororiente de la red vial de la Ciudad de M�xico. �La comisi�n� por su parte, tiene a su cargo la guarda y custodia de la zona federal del Lago de Texcoco, transforma las �reas del proyecto en zonas verdes y forestadas mediante el manejo y control de las aguas residuales evita las inundaciones en la zona urbana utilizando parte de ellas. Cl�usulas. Plantas para el aprovechamiento, tratamiento de residuos s�lidos y obras de relleno sanitario para la disposici�n final. Primera. �La comisi�n� autoriza a �El departamento�, para que utilice 1000 ha. de la zona federal para construir y operar plantas de aprovechamiento y tratamiento de residuos s�lidos as� como realizar las obras de relleno sanitario tecnificado, para la disposici�n final de los mismos, que son generados en la ZMCM; dentro de un �rea limitada, al norte, por el Canal de S.; al sur, por el dren X.; al este, por el dren general del Valle y dren X. y al oeste, por el lindero de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M�xico; la zona referida se localiza en el anexo No. 1, excluyendo las �reas correspondientes a los lagos C. y de regulaci�n horaria, brazos derecho e izquierdo del R�o C. y dem�s estructuras hidr�ulicas. Segunda. �El departamento� se compromete a respetar una distancia m�nima de 70 m. con respecto a las obras hidr�ulicas y de 200 m. del camino Pe��n-Texcoco, para ejecutar lo se�alado en la cl�usula primera. Tercera. �El departamento�, previo al inicio de la construcci�n de las plantas y del relleno sanitario tecnificado a que se refiere la cl�usula primera, se compromete a presentar para la revisi�n y aprobaci�n de �La comisi�n� y �El departamento� se sujetar�n al reglamento que forma parte integrante del presente instrumento como anexo No. 3. Cuarta. �El departamento� har� la disposici�n final de sus residuos s�lidos, de acuerdo con el reglamento se�alado en la cl�usula anterior, cumpliendo entre otros los puntos siguientes: a) Manejar y controlar los residuos s�lidos desde que ingresen a la zona federal, hasta su dep�sito en el sitio asignado para la disposici�n final. b) Diariamente recibir, esparcir, compactar y tapar con material de cubierta (tepetate) los recibos s�lidos que se (sic). c) Establecer un sistema de extracci�n y eliminaci�n o aprovechamiento del gas que se genere por la biodegradaci�n de los residuos s�lidos. d) Realizar obras de canalizaci�n, captaci�n y tratamiento de lixiviados, una vez terminada la primera fase de disposici�n de los desechos s�lidos. e) Realizar previamente las obras de subdrenaje necesarias, con el fin de mantener el nivel fre�tico a la altura adecuada que permita el desarrollo de la vegetaci�n sobre el relleno. f) Sellar con tepetate las celdas terminadas del relleno sanitario, con un espesor m�nimo de 30 cm. que evite la salida del gas y la entrada del agua. g) Colocar una capa de tierra vegetal en las celdas terminadas y crear �reas verdes, pastizadas y arboladas, las cuales se entregar�n a �La comisi�n� en forma programada. Quinta. �El departamento�, se compromete a no permitir ning�n tipo de �pepena� dentro de la zona federal, a cargo de �La comisi�n�, para este efecto, se entiende como �pepena� la recuperaci�n desordenada y/o clandestina de subproductos de los residuos s�lidos. Sexta. �El departamento�, se compromete a evitar la descarga de residuos de car�cter peligroso, que puedan afectar los suelos y mantos acu�feros de la zona, asimismo desechos de origen nuclear, explosivos y en general productos nocivos a la salud y medio ambiente. S�ptima. �El departamento�, podr� utilizar cualquier tipo de veh�culos para transportar los residuos, siempre que cuenten con el logotipo, n�mero econ�mico del Departamento del Distrito F. y con el permiso correspondiente otorgado por �La comisi�n� previendo que los veh�culos de caja abierta lleven lona o malla protectora, para evitar el derrame de los residuos durante el trayecto, debiendo llevar el control necesario de dichos veh�culos dentro de la zona federal, desde su entrada hasta su salida. El acceso a la zona de instalaciones ser� por las v�as autorizadas, durante las 24 horas del d�a, los siete d�as de la semana. Octavo. �El departamento�, definir� los procedimientos t�cnicos para la clasificaci�n, tratamiento y en su caso, la industrializaci�n de los residuos s�lidos. Novena. Para el caso de incendio, explosi�n, conflagraci�n, desastres, inundaci�n, contaminaci�n, da�o al medio ambiente o a la salud y otros, originados por la construcci�n, operaci�n, administraci�n y manejo de las plantas para el aprovechamiento, tratamiento de residuos s�lidos y obras de relleno sanitario tecnificado para la disposici�n final de los mismos, �El departamento� ser� el �nico responsable y se obliga a resarcir a los afectados, en sus da�os y perjuicios, tanto en bienes y personas del Gobierno F. y particulares. Dep�sito de la rezaga de la construcci�n del drenaje profundo. ... Control y manejo de la disposici�n de los lodos producto del alcantarillado para su reutilizaci�n. ... Construcci�n del arco norte del perif�rico en el tramo comprendido entre Alameda Oriente y R�o de los Remedios. ... Generales. V.�sima quinta. �El departamento� podr� iniciar la operaci�n y construcci�n de los trabajos del presente convenio, una vez firmado �ste. ... V.�sima novena. �El departamento� se obliga a realizar los estudios de impacto ambiental y en su caso obtener las autorizaciones correspondientes, as� como las construcciones de las obras necesarias, resultado de las medidas de mitigaci�n a los impactos ambientales negativos. ... T.�sima primera. �La comisi�n� notificar� por escrito a �El departamento� las anomal�as que observe cuando supervise los trabajos realizados en los aspectos constructivos y operativos de las instalaciones, �El departamento� proceder� a corregirlas en el menor plazo posible. ... Le�do que fue por �Las partes� el presente convenio se firma en cinco ejemplares �tiles a los_ (sic) d�as del mes de noviembre de 1992."

De lo que se advierte que, mediante dicho convenio la Federaci�n, a trav�s de la S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, por conducto de la Comisi�n Nacional del Agua, autoriz� al Distrito F. para que utilizara mil hect�reas de la zona federal para construir y operar plantas de aprovechamiento y tratamiento de residuos s�lidos as� como realizar las obras de relleno sanitario tecnificado, para la disposici�n final de los mismos; por lo que en el caso no es aplicable el art�culo 9o. de la Ley General de Bienes Nacionales vigente, debido a que la Ley General de Bienes Nacionales vigente fue publicada el veinte de mayo de dos mil cuatro; sin embargo, el convenio mediante el cual se dispone y se determina el uso que deber�an tener los terrenos declarados como propiedad nacional y zona federal mediante los diversos decretos que se han se�alado en el considerando que antecede, fue celebrado en noviembre de mil novecientos noventa y dos, por tanto, resultaba aplicable la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el ocho de enero de mil novecientos ochenta y dos.

NOVENO

Por �ltimo, se analizar�n los argumentos relativos a que con la resoluci�n impugnada se vulneran los art�culos 4o., 14 y 16 de la C.�n F., que se contienen en el cuarto, segunda parte, y quinto concepto de invalidez, en los que se aduce esencialmente que en la resoluci�n impugnada no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni se garantiz� la debida protecci�n del medio ambiente a que tiene derecho toda persona, en raz�n de que no se�ala con precisi�n cu�les fueron los par�metros para otorgarle valor a los estudios que soportan el informe preventivo ni se valor� su contenido.

Asimismo, considera que la resoluci�n de referencia no cumple con la norma oficial mexicana NOM-083/ECOL-1996, ya que seg�n dice, la actividad operacional en los frentes de trabajo, se ve desordenada y sin planeaci�n; la compactaci�n de la basura, para ir conformando la celda diaria, se hace efectuando acarreos muy largos, encareciendo la operaci�n, demandando mayor cantidad de material de cubierta y propiciando que quede expuesta la basura, lo cual en �poca de lluvias genera una mayor cantidad de lixiviados; los dispositivos empleados para la extracci�n de biogas son ineficientes, entre otras cosas. Por lo que estima que es notoria la poca importancia que se le ha dado a los aspectos ambientales del relleno sanitario Bordo Poniente.

Que existe un aspecto negativo en el ambiente, ocasionado por el relleno sanitario "Bordo Poniente", motivo por el cual no es factible que se verifiquen las obras citadas en el proyecto para el cierre de la etapa IV de dicho relleno, pues en esencia dicho proyecto no implica un cierre e incluso no determina el mismo, sino un incremento perimetral, as� como el aumento en el tiempo de operaci�n y capacidad.

Que con el aumento en las dimensiones del relleno sanitario, con las descargas de aguas residuales en los terrenos y mantos acu�feros del Estado de M�xico, se ocasionar�n graves da�os al medio ambiente de la entidad, lo que lleva a concluir que no existe la certeza del impacto que se va a ocasionar en el ambiente con la ejecuci�n del mismo, lo que se traduce en una violaci�n a las garant�as individuales consagradas en el art�culo 4o. constitucional, pues no les garantiza un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Asimismo, manifiesta que el acto que se impugna, est� fundado en ordenamientos legales inexistentes, por lo que no puede considerarse que est� debidamente fundado y motivado. Lo anterior, en raz�n de que dentro del marco jur�dico nacional no existe la "Ley General de Procedimiento Administrativo" citada en la resoluci�n impugnada y que si por alg�n error se refiere a la Ley F. de Procedimiento Administrativo, dicho ordenamiento tiene noventa y seis art�culos, por lo cual es evidente que si la citada autoridad se�al� el art�culo 168 no hubo una confusi�n en la denominaci�n del ordenamiento, sino que tal resoluci�n est� fundada en ordenamientos inexistentes.

Estima que la resoluci�n fue emitida mediando error en el objeto, lo cual produce su nulidad, toda vez que fue emitida desde un punto de vista formal, para determinar el impacto ambiental que producir� el proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", el cual tiene como finalidad cerrar dicho relleno sanitario, pero desde el punto de vista material, se desprende que su finalidad es su incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas en cuatro metros respecto del nivel de ocho metros y tres metros adicionales en la parte central, as� como la construcci�n y ampliaci�n de obras tendientes a elevar la capacidad.

Adem�s expresa que la autoridad de m�rito, no se cerciora si efectivamente las actividades que se pretenden realizar en el proyecto en su cierre, mejorar�n el paisaje urbano, sino que simplemente se concreta a se�alar que "es a decir del promovente", lo que demuestra que la resoluci�n no est� debidamente motivada.

Afirma que dicha resoluci�n carece de fundamentaci�n, toda vez que est� fundada entre otros preceptos en el art�culo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, el cual resulta inaplicable; as� como que no se solicit� a la S.�a de Ecolog�a del Estado de M�xico su opini�n para resolver el asunto como lo establece el art�culo 53 de la Ley de F. de Procedimiento Administrativo, el cual s� es aplicable, sino para que manifestara lo que al inter�s del Estado correspondiera, con fundamento en el primer precepto citado.

Explica que en el caso que nos ocupa, el procedimiento correspondiente inici� cuando el director de Transferencia y Disposici�n Final dependiente de la D.�n General de Servicios Urbanos de la S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F., por oficio, el veintiocho de julio de dos mil cuatro, present� el informe preventivo del proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente"; sin embargo, no acredit� contar con la delegaci�n de facultades para representar al Gobierno del Distrito F.; en consecuencia, carece de legitimaci�n para promover el procedimiento administrativo que culmin� con la resoluci�n que ahora se reclama. No obstante esto, la autoridad federal no lo previno para subsanar su omisi�n, violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento.

A efecto de analizar dichos argumentos es menester precisar el contenido del p�rrafo quinto del art�culo 4o. de la C.�n Pol�tica de los Estado Unidos Mexicanos, que establece:

"Art�culo 4o....

(Adicionado, D.O.F. 28 de junio de 1999)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

En dicho precepto se consagra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, lo que conlleva la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al medio ambiente en el territorio nacional, aspectos que se encuentran regulados directamente por la Carta Magna, dado el inter�s general y el beneficio social que dicha materia representa.

En efecto, la protecci�n de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, as� como la necesidad de proteger los recursos naturales y la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico son principios fundamentales que busc� proteger el Constituyente, pues la protecci�n al medio ambiente y la preservaci�n del equilibrio ecol�gico son formas con las que el Estado puede asegurar a los mexicanos un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, tal como lo ordena la N.F., cuesti�n que al ser de una enorme importancia para la vida de todo individuo reviste el car�cter de inter�s social e implica y justifica la elaboraci�n de una legislaci�n y reglamentaci�n en la materia que permita a los �rganos de gobierno tanto federales como locales llevar a cabo las acciones necesarias y conducentes a preservar y mantener ese inter�s puntualmente; por tanto, dichos ordenamientos son de orden p�blico.

Asimismo, cabe se�alar que el derecho fundamental y garant�a individual que consagra el art�culo 4o., p�rrafo quinto, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla con un poder de exigencia y un deber de respeto de todos los ciudadanos de preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectaci�n ni lesi�n a �ste y, con la obligaci�n correlativa de las autoridades de vigilancia, conservaci�n y garant�a de que sean atendidas las regulaciones pertinentes.

Por lo anterior, debe considerarse que el Congreso de la Uni�n en ejercicio de sus facultades constitucionales y en cumplimiento al mandato constitucional analizado ha emitido diversas leyes federales con el objeto de llevar a cabo tal encomienda, entre las que se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, la cual en su art�culo 1o. establece:

"Art�culo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico, as� como a la protecci�n al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la naci�n ejerce su soberan�a y jurisdicci�n. Sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

"I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

"II. Definir los principios de la pol�tica ambiental y los instrumentos para su aplicaci�n;

"III. La preservaci�n, la restauraci�n y el mejoramiento del ambiente;

"IV. La preservaci�n y protecci�n de la biodiversidad, as� como el establecimiento y administraci�n de las �reas naturales protegidas;

"V. El aprovechamiento sustentable, la preservaci�n y, en su caso, la restauraci�n del suelo, el agua y los dem�s recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtenci�n de beneficios econ�micos y las actividades de la sociedad con la preservaci�n de los ecosistemas;

"VI. La prevenci�n y el control de la contaminaci�n del aire, agua y suelo;

"VII. Garantizar la participaci�n corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente;

"VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federaci�n, los Estados, el Distrito F. y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el art�culo 73 fracci�n XXIX-G de la C.�n;

"IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinaci�n, inducci�n y concertaci�n entre autoridades, entre �stas y los sectores social y privado, as� como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

"X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicaci�n de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven, as� como para la imposici�n de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicar�n las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

De lo que destaca el se�alamiento que se hace respecto a que sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social por la materia que regula, seg�n lo ya precisado.

Por tanto, bajo la �ptica de que dicha ley fue emitida precisamente a efecto de garantizar el citado derecho fundamental consagrado en la C.�n F. y que los procedimientos que en �l se prev�n, tambi�n tiene como fin la protecci�n a dicha garant�a constitucional, es que debe ser analizado el acto impugnado para as� determinar si como lo se�ala el promovente existen diversas violaciones al procedimiento previsto que conducen a declarar la inconstitucionalidad del acto impugnado.

Ahora bien, del an�lisis de la resoluci�n impugnada, se desprende que contrariamente a lo que aduce el actor, s� se se�alan cu�les fueron los par�metros para otorgarle valor a los estudios que sustentan el informe preventivo y que sirvieron de base para resolver respecto a la autorizaci�n presentada, al se�alar textualmente:

"XIII.Q. para efectos del presente oficio, la evaluaci�n realizada determin� que la norma oficial mexicana NOM-001.SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, y la norma oficial mexicana NOM-003-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al p�blico, establecen especificaciones que regulan el impacto sobre la calidad del agua en bienes nacionales derivado de las descargas residuales por la generaci�n de lixiviados, por lo que con esta vinculaci�n entre el impacto ambiental relevante del proyecto y la norma en cita, se cumple con lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 31 de la LGEEPA, para determinar la procedencia afirmativa del IP en lo relativo a uno de los dos impactos ambientales considerados como relevantes.

"XIV. Que para los efectos del campo de aplicaci�n de las normas oficiales mexicanas citadas en el considerando anterior, en lo relativo a su alcance sobre los bienes nacionales, el art�culo 113 fracci�n I de la Ley de Aguas Nacionales, define a los bienes nacionales, a aquellos terrenos de los cauces y los vasos de lagos, lagunas, o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; y toda vez que de acuerdo a la definici�n anterior, el proyecto pretende descargar el agua producto del tratamiento de los lixiviados en un bien nacional cuya administraci�n patrimonial se encuentra a cargo de la Comisi�n Nacional de Agua, las normas citadas tienen estricta aplicaci�n.

"XV. Que para el caso del proyecto evaluado objeto de este resolutivo, la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, define en su numeral 3.3 como agua residual a: �Las aguas de composici�n variable provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agr�colas, pecuarios, dom�sticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, as� como la mezcla de ellas�, por lo que resulta claro que, de acuerdo a la definici�n antes transcrita el proyecto pretende manejar aguas residuales provenientes de un relleno sanitario, dadas las caracter�sticas se�aladas en la definici�n mencionada.

"XVI.Q. conforme lo se�alado en los considerandos anteriores, al establecer que la afectaci�n potencial a la calidad del agua del ex Lago de Texcoco, derivada de las descargas residuales por la generaci�n de lixiviados, puede generar un impacto ambiental relevante en los t�rminos se�alados en el considerando VII, dadas las caracter�sticas propias que le confieren a los lixiviados establecidas en el considerando VIII, por la posible afectaci�n de cuerpos de agua y riesgo a la salud humana, la evaluaci�n determin� que de acuerdo al �estudio de tratabilidad de lixiviados de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente, en las lagunas facultativas con recirculaci�n ubicadas en la zona federal del Lago de Texcoco� realizado por el Instituto de Ingenier�a de la UNAM en el presente a�o, y que fue citado en la p�gina 12 del documento del IP como parte integrante del mismo, y consultado por el equipo de evaluaci�n, al mezclar hasta un 10% de lixiviados al flujo de aguas residuales que se vierten a las lagunas facultativas de recirculaci�n, disminuir�a la concentraci�n de contaminantes en la mezcla resultante; por lo que el impacto ambiental relevante referente a la disminuci�n en la calidad del agua en bienes nacionales derivada de las descargas residuales por la generaci�n de lixiviados, disminuir� su magnitud. As�, al tratarse de un vertido de agua residual, el impacto ambiental relevante identificado se encuentra regulado a trav�s de las especificaciones contenidas en las normas oficiales mexicanas, NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1996, que definen los par�metros y sus l�mites con los cuales se debe regular la calidad del agua que se pretende descargar al bien nacional.

"XVII. A mayor abundamiento y conforme lo se�alado en los considerandos anteriores, y a lo dispuesto por la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposici�n final de los residuos s�lidos municipales, en lo relativo a la posible afectaci�n al agua subterr�nea por la infiltraci�n de lixiviados, se analiz� la disposici�n del numeral 3.4.1.6 de la norma antes invocada, relativo a la aplicaci�n de tecnolog�as y sistemas equivalentes, dicho numeral establece que �... con arreglo a las disposiciones de la presente norma oficial mexicana, se pueden elegir sitios de disposici�n final de residuos municipales que no re�nan alguna de las condiciones establecidas anteriormente, cuando se realicen obras de ingenier�a cuyos efectos resulten equivalentes a los que se obtendr�an del cumplimiento de los requisitos� lo que aplica para el presente caso en lo relativo a las obras de ingenier�a que solucionen la probable contaminaci�n de cuerpos de agua superficiales y subterr�neos, previstos en la citada norma y aplicables al proyecto, por lo que al proponerse en el proyecto un conjunto de obras y acciones tendientes a atender el efecto negativo del impacto ambiental relevante que nos ocupa, nuevamente queda en evidencia que el proyecto cumple con lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 31 de la LGEPA. ...

"Asimismo, cabe destacar que toda vez que la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se estableci� como resultado de un convenio suscrito entre el entonces Departamento del Distrito F. y la entonces S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos en el a�o 1992, cuando a�n no ten�a vigencia la NOMB-083-ECOL-1996, sus disposiciones no pudieron ser consideradas, sin embargo en el desarrollo del proyecto, de manera voluntaria, el promovente, las ha tomado en cuenta en la medida de su aplicabilidad, particularmente en el rubro de consideraciones de orden t�cnico contenidas en la citada norma, en materias tales como geolog�a, geohidrolog�a, y mec�nica de suelos (geotecnia), soportadas con diversos estudios elaborados para la realizaci�n del informe preventivo, entre los que se encuentran los siguientes:

"- Estudio geol�gico-geohidrol�gico para la localizaci�n de rellenos sanitarios en la zona oriente de la cuenca del Valle de M�xico.

"- Estudio geot�cnico para an�lisis de sobre elevaci�n de celdas en Bordo Poniente IV etapa.

"- Proyecto ejecutivo para la instrumentaci�n geot�cnica para la sobrelevaci�n de celdas en la etapa IV del Bordo Poniente en la zona federal del ex Lago de Texcoco (noviembre, 2001).

"Los estudios antes mencionados, fueron citados en las p�ginas 10 y 11 del documento del informe preventivo, como parte integrante del mismo y fueron consultados y analizados por el equipo evaluador de la DGIRA.

"XIX. Con base en lo planteado en los considerandos I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, �sta DGIRA determin� que la evaluaci�n en materia de impacto ambiental del proyecto, presentado a esta autoridad por el promovente era de su competencia y que la presentaci�n del informe preventivo, se ajust� a las disposiciones de la LGEEPA y de su reglamento en materia de la evaluaci�n del impacto ambiental, en particular a lo establecido en el art�culo 31, fracci�n I de la LGEEPA, as� como el art�culo 29, fracci�n I, de su reglamento en materia de la evaluaci�n del impacto ambiental considerando:

"- Que el proyecto, por su ubicaci�n en una zona federal, requiere ser sometido al procedimiento de evaluaci�n en materia de impacto ambiental a nivel federal, toda vez que as� lo dispone la fracci�n X del art�culo 28 de la LGEEPA, y la fracci�n I del inciso R) del art�culo 5 del REIA.

"- Que el proyecto pudiera ocasionar impactos al ambiente derivados de las obras y actividades propuestas.

"- Que de los impactos ambientales identificados para el proyecto, solamente se categorizaron como relevantes los relativos a la posible disminuci�n en la calidad del agua en la zona del ex Lago de Texcoco, derivada de las descargas residuales por la generaci�n de lixiviados, y las alteraciones potenciales a la estabilidad del suelo derivadas del incremento en el peso de las celdas lo que podr�a ocasionar afectaciones a la infraestructura hidr�ulica aleda�a.

"- Que una vez definidos los impactos relevantes ocasionados por el proyecto, ambos se encuentran regulados a trav�s de diversas disposiciones establecidas por las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, NOM-003-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, NOM-003-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al p�blico y NOM-083-SEMARNAT-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposici�n final de los residuos s�lidos municipales, respectivamente. ..."

De lo que se desprende, que los par�metros que se tomaron en consideraci�n para el an�lisis y valoraci�n de los estudios presentados con el informe preventivo son las diversas disposiciones establecidas por las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales; NOM-003-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al p�blico y NOM-083-SEMARNAT-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposici�n final de los residuos s�lidos municipales, respectivamente. Lo cual conforme a lo que prev� el art�culo 31, fracci�n I,(2) de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, determin� la obligaci�n de presentar un informe preventivo y no �nicamente una manifestaci�n de impacto ambiental.

Por tanto, resulta infundado el argumento esgrimido por el Estado de M�xico, parte actora en este asunto.

Por otra parte, tambi�n resultan infundados los argumentos en los que se aduce que la resoluci�n de referencia, no cumple con la norma oficial mexicana NOM-083/ECOL-1996 porque existe un aspecto negativo en el ambiente, ocasionado por el relleno sanitario "Bordo Poniente", motivo por el cual no es factible que se verifiquen las obras citadas en el proyecto para el cierre de la etapa IV de dicho relleno y que el aumento en las dimensiones del relleno sanitario, con las descargas de aguas residuales en los terrenos y mantos acu�feros del Estado de M�xico, ocasionar�n graves da�os al medio ambiente de la entidad, lo que lleva a concluir que no existe la certeza del impacto que se va a ocasionar en el ambiente con la ejecuci�n del mismo.

Debido a que, en principio, el Estado de M�xico dentro del procedimiento seguido por la demandada no se�al� que no se cumpl�a con la norma oficial de referencia ni aport� pruebas para sostener su dicho; sin embargo, en la resoluci�n impugnada s� se hizo hincapi� en su observancia destacando que aun cuando en la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente se estableci� como resultado de un convenio suscrito entre los entonces Departamento del Distrito F. y S.�a de Agricultura y Recursos Hidr�ulicos, en el a�o de mil novecientos noventa y dos, cuando a�n no ten�a vigencia la norma oficial mexicana NOM-083-ECOL-1996, sus disposiciones no pudieron ser consideradas, pero que, sin embargo, en el desarrollo del proyecto, de manera voluntaria, "el promovente las ha tomado en cuenta en la medida de su aplicabilidad, particularmente en el rubro de consideraciones de orden t�cnico contenidas en la citada norma, en materias tales como geolog�a, geohidrolog�a, y mec�nica de suelos (geotecnia), soportadas con diversos estudios elaborados para la realizaci�n del informe preventivo", entre los que se encuentran los siguientes:

  1. Estudio geol�gico-geohidrol�gico para la localizaci�n de rellenos sanitarios en la zona oriente de la cuenca del Valle de M�xico.

  2. Estudio geot�cnico para an�lisis de sobre elevaci�n de celdas en Bordo Poniente IV etapa.

  3. Proyecto ejecutivo para la instrumentaci�n geot�cnica para la sobrelevaci�n de celdas en la etapa IV del Bordo Poniente en la zona federal del ex Lago de Texcoco.

    Que conforme a lo dispuesto por la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposici�n final de los residuos s�lidos municipales, en lo relativo a la posible afectaci�n al agua subterr�nea por la infiltraci�n de lixiviados, se analiz� la disposici�n del numeral 3.4.1.6 de la norma antes invocada, relativo a la aplicaci�n de tecnolog�as y sistemas equivalentes, lo que aplicaba para el caso en lo relativo a las obras de ingenier�a que solucionen la probable contaminaci�n de cuerpos de agua superficiales y subterr�neos, previstos en la citada norma y aplicables al proyecto, por lo que al proponerse en el proyecto un conjunto de obras y acciones tendientes a atender el efecto negativo del impacto ambiental relevante que nos ocupa, quedaba en evidencia que el proyecto cumpl�a con lo dispuesto en la fracci�n I, del art�culo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.

    Que una vez definidos los impactos relevantes ocasionados por el proyecto, esto es, impactos al ambiente derivados de las obras y actividades propuestas, entre otros, los relativos a la posible disminuci�n en la calidad del agua en la zona del ex Lago de Texcoco, �stos se encontraban regulados a trav�s de diversas disposiciones establecidas por las normas oficiales mexicanas como la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, NOM-003-SEMARNAT-1996, que establece los l�mites m�ximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al p�blico y NOM-083-SEMARNAT-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposici�n final de los residuos s�lidos municipales, respectivamente; sin embargo, el impacto ambiental sobre la calidad del aire, generado por las emisiones de biogas, no era relevante en los t�rminos de lo establecido en el art�culo 3o., fracci�n IX del reglamento de la materia, dado que no provocar�a alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, adem�s se consider� que no se obstaculizaba la existencia y desarrollo del hombre y los dem�s seres vivos, as� como la continuidad de los procesos naturales, pues no contiene precursores de compuestos org�nicos persistentes, dioxinas y furanos.

    Asimismo, se�al� que de acuerdo al programa para mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de M�xico, dos mil dos-dos mil diez, elaborado conjuntamente por la S.�a de Ecolog�a del Gobierno del Estado de M�xico, la S.�a de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito F., la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la S.�a de Salud, se estableci� en el inventario de emisiones de hidrocarburos (metano), que los rellenos sanitarios de toda la zona metropolitana del Valle de M�xico, representaron s�lo el 1.55%, del total de las emisiones de hidrocarburos que impactan la zona metropolitana del Valle de M�xico, por lo que dado el diferencial de magnitud entre lo que actualmente ocurre y lo que podr�a ocurrir si se liberar� el biogas directamente a la atm�sfera, el incremento de su generaci�n en el relleno sanitario del Bordo Poniente, no representaba un impacto significativo o relevante que pudiera provocar alteraciones a los ecosistemas y a sus recursos naturales o a la salud del hombre o que pudiera obstaculizar la existencia o el desarrollo del ser humano y de los dem�s seres vivos, as� como la continuidad de los procesos naturales.

    Que la afectaci�n potencial al agua subterr�nea por la probable pero muy remota posibilidad de infiltraci�n de lixiviados, no se consider� un impacto relevante, pues el acu�fero en explotaci�n para abastecer a la Ciudad de M�xico (Unidad hidrogeol�gica IV), se localiza en la zona de influencia del proyecto, a profundidades mayores a ochenta metros, por encima de los cuales existen materiales, predominantemente arcillosos; con lo que se concluye que es pr�cticamente imposible la contaminaci�n del acu�fero por los lixiviados derivados de la operaci�n del proyecto, hecho que pone en evidencia el estudio geol�gico-geohidrol�gico para la localizaci�n de rellenos sanitarios en la zona oriente de la cuenca del Valle de M�xico.

    Debe se�alarse que la autoridad demandada para arribar a las conclusiones que anteceden se�al� que tom� en cuenta los diversos estudios y dict�menes t�cnicos que fueron anexados por el Distrito F. al informe preventivo que fueron realizados por diversas empresas y destacadamente por investigadores del Instituto de Ingenier�a de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, los cuales fueron analizados y confrontados con diversa informaci�n consultada por la propia secretar�a emisora; asimismo, se�ala que realiz� visitas al sitio del proyecto efectuadas por el personal de la D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en las que advirti� el funcionamiento de los siguientes sistemas: a) Generaci�n, recolecci�n y tratamiento de lixiviados; b) Planta de tratamiento de lixiviados de la etapa I y III; c) Generaci�n de biogas e infraestructura para su manejo; y, d) Zona de realizaci�n de la prueba de carga y red de estaciones de monitoreo.

    Igualmente que llev� a cabo un recorrido perimetral de la etapa IV e identificaci�n de infraestructura hidr�ulica adyacente con probables efectos adversos derivados de la ejecuci�n del proyecto, y el procedimiento general de disposici�n de residuos s�lidos en celdas; y, recorridos a�reos y terrestres al sitio del proyecto por personal t�cnico de la D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

    Por lo anterior, debe determinarse que en la resoluci�n combatida, s� se consideran los posibles da�os ambientales, pero conforme a lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, se se�alan diversas acciones que deber� llevar a cabo el Distrito F. a efecto de evitar en lo posible y minimizar dichos da�os ambientales, con lo que proced�a autorizar el proyecto sometido a su potestad; por lo que resulta infundado que al existir un aspecto negativo en el ambiente, ocasionado por el relleno sanitario "Bordo Poniente", no era factible que se verificaran las obras citadas en el proyecto para el cierre de la etapa IV de dicho relleno.

    En efecto, del contenido de los art�culos 28, 30 y 35 de la aludida ley, se desprende que los informes preventivos deber�n contener una descripci�n de los posibles da�os ambientales, se�alando las medidas preventivas, de mitigaci�n para evitar y reducir al m�nimo los efectos negativos sobre el ambiente de los respectivos proyectos, lo cual debe ser evaluado por la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de considerarlo pertinente �sta podr� autorizar los proyectos de manera condicionada, estableciendo las medidas adicionales de prevenci�n y mitigaci�n, a fin de que se eviten, aten�en o compensen los impactos ambientales adversos.

    Los art�culos mencionados en el p�rrafo que antecede, en la parte que interesa, a la letra indican:

    Art�culo 28. La evaluaci�n del impacto ambiental es el procedimiento a trav�s del cual la secretar�a establece las condiciones a que se sujetar� la realizaci�n de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecol�gico o rebasar los l�mites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al m�nimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerir�n previamente la autorizaci�n en materia de impacto ambiental de la secretar�a: ...

    Art�culo 30. Para obtener la autorizaci�n a que se refiere el art�culo 28 de esta ley, los interesados deber�n presentar a la secretar�a una manifestaci�n de impacto ambiental, la cual deber� contener, por lo menos, una descripci�n de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, as� como las medidas preventivas, de mitigaci�n y las dem�s necesarias para evitar y reducir al m�nimo los efectos negativos sobre el ambiente. ...

    "Art�culo 35. Una vez presentada la manifestaci�n de impacto ambiental, la secretar�a iniciar� el procedimiento de evaluaci�n, para lo cual revisar� que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrar� el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez d�as.

    "...

    "Asimismo, para la autorizaci�n a que se refiere este art�culo, la secretar�a deber� evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no �nicamente los recursos que, en su caso, ser�an sujetos de aprovechamiento o afectaci�n.

    "Una vez evaluada la manifestaci�n de impacto ambiental, la secretar�a emitir�, debidamente fundada y motivada, la resoluci�n correspondiente en la que podr�:

    "I. Autorizar la realizaci�n de la obra o actividad de que se trate, en los t�rminos solicitados;

    "II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificaci�n del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevenci�n y mitigaci�n, a fin de que se eviten, aten�en o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcci�n, operaci�n normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la secretar�a se�alar� los requerimientos que deban observarse en la realizaci�n de la obra o actividad prevista, o

    "III. Negar la autorizaci�n solicitada, cuando: ..."

    En el aspecto relativo al impacto ambiental, que el proyecto autorizado mediante el acto impugnado puede causar, debe destacarse que las consideraciones realizadas por la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ven corroboradas con la opini�n del ingeniero J.R.M. perito en materia de impacto ambiental nombrado por esta Suprema Corte de Justicia (cuaderno formado con el dictamen presentado por el ingeniero J.R.M., perito en materia ambiental designado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n); el cual se toma en consideraci�n para el presente asunto, en t�rminos de lo que establecen los art�culos 197 y 211 del C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de la materia en t�rminos de su art�culo 1o., debido a la objetividad e imparcialidad con la que emite su opini�n; as� como el soporte t�cnico y documental con los que respalda su dictamen.

    En efecto, el perito designado por este Alto Tribunal, despu�s del an�lisis realizado a diversos estudios, tales como: la informaci�n t�cnica de la geomembrana, proporcionada por la D.�n General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito F.; el estudio de instrumentaci�n geot�cnica y evaluaci�n del comportamiento del terreno natural en condiciones de sobrecarga en macrocelda del relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa, elaborado por la empresa TGC Geotecnia, Sociedad An�nima de Capital Variable, de dos mil cuatro; el informe preventivo de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales de veintiocho de julio de dos mil cuatro, sobre el Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente; el sondeo geof�sico anual para el monitoreo de macroceldas en la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, elaborado por la empresa Investigaciones Electrof�sicas de la Tierra, Sociedad An�nima de Capital Variable, de diciembre de dos mil cinco; las pruebas de tracci�n en pendiente y horizontalmente a dos tramos de geomembrana de aproximadamente de 4.0 x 4.0 metros cada uno, de la IV etapa del Bordo Poniente, de veintitr�s de noviembre de dos mil seis; el estudio geol�gico-geohidrol�gico de detalle en la zona de Bordo Poniente Estado de M�xico, realizado por la empresa Estudio y Proyectos Moro, Sociedad An�nima de Capital Variable, de agosto de mil novecientos noventa y dos, solicitados al Gobierno del Distrito F.; el estudio de impacto ambiental del sistema integral de manejo de desechos s�lidos Bordo Poniente, ABC, Estudios y Proyectos, Sociedad An�nima de Capital Variable, de marzo de mil novecientos noventa y tres; el estudio geot�cnico para el an�lisis de sobreelevaci�n de celdas en Bordo Poniente IV etapa, elaborado por TGC Geotecnia, Sociedad An�nima de Capital Variable, de abril de dos mil; el informe preventivo del Cierre de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente elaborado por Nova Consultores Ambientales, Sociedad An�nima de Capital Variable, de julio de dos mil cuatro; el An�lisis f�sico-qu�mico realizados en las aguas subterr�neas y en los lixiviados del R.S. Bordo Poniente IV etapa; el registro de muestreo de agua subterr�nea realizado en el relleno sanitario Bordo Poniente IV etapa. As� como los resultados de su an�lisis fisicoqu�mico; y, los reportes de biogas en la IV etapa Bordo Poniente, de los pozos doscientos uno, doscientos dos, doscientos tres y doscientos cinco del periodo de enero a junio de dos mil seis, concluy� lo siguiente:

  4. Que la geomembrana colocada en la interfase suelo-relleno de la IV etapa del Bordo Poniente, s� resistir� las condiciones de presi�n o esfuerzo a las que puede quedar sometida, bajo las caracter�sticas de dise�o y operaci�n del relleno sanitario; y que quedar� asentada sobre una superficie lisa sin cambios r�pidos de grado tales como escalones o estructuras de concreto.

    Que la anterior conclusi�n deriva de que dicha geomembrana fue sometida a pruebas de tracci�n tanto en pendiente como horizontales y resisti� satisfactoriamente; que de hecho pudo y puede soportar mucho m�s peso que el que se le aplic� (7,057 kg), sin presentar deformaciones, siempre y cuando est� descansando sobre una superficie lisa sin cambios r�pidos de grado, tales como escalones o estructuras de concreto y que la superficie del terreno mejorado no contenga piedras filosas u otros objetos punzo cortantes que la puedan da�ar.

  5. Que la geomembrana resulta eficiente para contener los l�quidos lixiviados originados en el relleno sanitario y para aislar los residuos del suelo natural.

  6. Que respecto a las condiciones naturales geot�cnicas, hidr�ulicas e hidrogeoqu�micas del suelo en la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, as� como las barreras sint�ticas (geomembranas), se obtuvo lo siguiente:

    1. Condiciones geot�cnicas: Los diversos tipos de arcillas le confieren a la IV etapa del Bordo Poniente una muy baja permeabilidad, hecho que beneficia la retenci�n de lixiviados, favoreci�ndose con ello la protecci�n del medio ambiente ante potenciales factores de deterioro por migraci�n de contaminantes.

    2. Condiciones hidr�ulicas: Las conductividades hidr�ulicas obtenidas muestran valores de muy baja permeabilidad en el sitio, lo cual reduce sensiblemente la afectaci�n del agua subterr�nea por la probable infiltraci�n de lixiviados, lo que constituye un elemento que favorece la protecci�n del medio ambiente ante potenciales factores de deterioro por migraci�n de contaminantes.

    3. Condiciones hidrogeoqu�micas: Los compuestos qu�micos que predominan en el agua subterr�nea son el cloruro de sodio y el carbonato de sodio. Las capas arcillosas son definidas como acuitardos, mientras que las capas duras, como acu�feros; ambas contienen agua altamente salina. Un hecho que destaca es que los dep�sitos arcillosos son los materiales en los que la salinidad tiene su m�xima concentraci�n y tambi�n se ha encontrado que controlan la concentraci�n alcalina, ya que �sta se incrementa cuando aumenta el espesor del lente, y disminuye cuando el espesor de los estratos arcillosos decrece: esto indica que la salinidad va decreciendo a profundidad.

    4. De las barreras sint�ticas instaladas: para la instalaci�n de una barrera sint�tica en la IV etapa de Bordo Poniente, se consider� que el terreno en donde se coloc� siempre estuviera conformado por una superficie lisa sin cambios r�pidos de grado tales como escalones o estructuras de concreto. Que la superficie del terreno mejorado no contuviera piedras filosas u otros objetos punzo cortantes que pudieran da�ar la geomembrana. Dicha consideraci�n constituye un elemento que previene la protecci�n del medio ambiente (subsuelo y acu�fero) ante potenciales factores de deterioro por migraci�n de contaminantes (lixiviados).

    En conclusi�n, las condiciones naturales geot�cnicas, hidr�ulicas e hidrogeoqu�micas del suelo en la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, as� como si las barreras sint�ticas instaladas constituyen elementos que favorecen la protecci�n del medio ambiente ante potenciales factores de deterioro por migraci�n de contaminantes.

  7. Que en las condiciones de operaci�n del relleno sanitario Bordo Poniente los residuos esparcidos por efecto del viento no originan obstrucciones en el brazo derecho del R�o C. y en el dren X., ni impiden el libre flujo de las aguas que conducen, en atenci�n a lo que a continuaci�n se explica:

    Que los vientos dominantes (e incluso r�fagas) que se dan en la IV etapa de Bordo Poniente procedentes del norte-noreste, impactan primeramente esparciendo los residuos del frente de trabajo (que puede estar operando en cualquier macrocelda) hacia el brazo derecho, aunque no en cantidad tal que se pueda considerar que obstruyen o impidan el libre flujo de aguas. Dicho movimiento de residuos que se llegan a depositar por la acci�n del viento en el brazo derecho, efectivamente que causan un impacto negativo, pero significativamente bajo, toda vez que el mismo es mitigable (mediante acciones preventivas como: evitar que la basura quede expuesta durante mucho tiempo sin ser cubierta con tierra y a trav�s de un adecuado procedimiento de desazolve del brazo derecho). La misma situaci�n se presenta respecto al dren X..

  8. Se presenta la determinaci�n de la geometr�a que subyace al vertedero. Tambi�n, a partir de sondeos geof�sicos se establece la ausencia de anomal�as el�ctrico-resistivas que se asocien con influencia de lixiviaci�n.

    En los sondeos el�ctricos verticales tendientes a la localizaci�n y estimaci�n de la geometr�a que subyace el vertedero, realizados con la finalidad de complementar el conocimiento de la geometr�a del vertedero, estableciendo el espesor y el modo como se prolongan en profundidad las formaciones geol�gicas, se obtuvieron diversos datos, de los que se destaca lo siguiente:

    � En la macrocelda II, con la l�nea 4 de polo-dipolo se detect� un espesor de basura del orden de quince metros, de los cuales tres metros se han incrustado en la arcilla que subyace al vertedero. Entre las posiciones cuatro y nueve de esta l�nea y desde los once metros de profundidad hasta los veinticinco metros, debido a los bajos valores de resistividad registrados se infiere una contaminaci�n por los lixiviados.

    � En la macrocrelda III, con la l�nea 1 de polo-dipolo se registr� un espesor de basura de aproximadamente quince a veinte metros, de los cuales, de tres a siete metros corresponden a la incrustaci�n de la basura en la arcilla subyacente. Entre las posiciones trece y diecisiete de esta l�nea, debido a los bajos valores de resistividad detectados, se infiere una contaminaci�n por lixiviados a partir de una profundidad de doce hasta los veinticinco metros.

    � En la macrocelda V, con la l�nea 2 de polo-dipolo se registr� un espesor de basura de orden de veinte metros, de los que doce corresponden a la incrustaci�n de basura dentro de los dep�sitos de arcilla. Entre las posiciones electr�nicas veinticuatro y veintiocho de esta l�nea y a partir de una profundidad de siete hasta veinticinco, debido a los bajos valores de resistividad registrados, se infiere una contaminaci�n en los dep�sitos de arcilla debido a los lixiviados.

    � En la macrocelda VI, con la l�nea 8 de polo-dipolo se detect� un espesor de basura de quince a veinte metros, de los cuales, entre cinco y diez metros corresponden a la incrustaci�n de la basura. Adem�s, entre las posiciones diecis�is a diecinueve de esta l�nea, y a partir de una profundidad de diez hasta los diecis�is metros, debido a los bajos valores de resistividad ah� registrados, se infiere que bajo los dep�sitos de basura la arcilla presenta contaminaci�n por lixiviados.

    � En la macrocelda VII, con la l�nea 6 de polo-dipolo se detect� un espesor de basura de quince metros, de los cuales, entre seis y nueve corresponden a la incrustaci�n de basura en los dep�sitos de arcilla. Entre las posiciones cuatro y once de esta l�nea y a partir de una profundidad de siete metros hasta los veinticinco, debido a los bajos valores de resistividad registrados, se infiere que los lixiviados est�n contaminando la arcilla.

    � En la macrocelda VIII, con la l�nea 3 de polo-dipolo se detect� un espesor de basura de veinte metros, y una incrustaci�n de la basura dentro de los dep�sitos de arcilla, de ocho a diez metros de espesor. Entre las posiciones electr�nicas once y doce, as� como de la diecisiete a la treinta y tres de esta l�nea, debido a los bajos valores de resistividad registrados, se infiere que los dep�sitos de arcilla presentan una contaminaci�n por lixiviados a partir de una profundidad de diez metros hasta los veinticinco.

  9. Se presenta la caracterizaci�n hidrogeol�gica del sitio y a trav�s de su an�lisis se determinan las direcciones y los gradientes del flujo de agua subterr�nea conjuntamente con la evoluci�n espacio temporal de los niveles piezom�tricos. Con ello se conoce la evoluci�n de variables tales como aportaciones y niveles piezom�tricos. Se obtuvo en esencia que:

    El �rea sujeta a la controversia constitucional se ubica en el subsistema acu�fero "ex Lago de Texcoco" de la cuenca de M�xico.

    Con base en el modelo geol�gico correspondiente al sitio, se puede afirmar que en las inmediaciones y en el subsuelo del relleno sanitario "Bordo Poniente IV etapa" se tiene un modelo conceptual de sistema de aguas subterr�neas conformado por dos sistemas acu�feros salinos, que corresponden a lo que en geotecnia se conoce como "primera y segunda capas duras".

    Los diversos factores descritos en el dictamen, configuran un escenario de migraci�n de los lixiviados hacia el subsuelo, v�a las permeabilidades descritas. Sin embargo, este riesgo se ve atenuado por la presencia de los acu�feros salinos que delimitan al primer y segundo acuitardos.

    Respecto a las redes de flujo regional, los estudios realizados por el Gobierno F. y el Gobierno del Distrito F. indican que la elevaci�n del nivel est�tico en los acu�feros profundos tiene un patr�n de flujo que converge hacia el centro de la fosa de Texcoco, semejante al relieve del terreno. Las elevaciones van de los dos mil ciento noventa metros snm en la porci�n central de dicha fosa, a los dos mil doscientos metros snm en su periferia.

    Concluye que en esta zona tambi�n se tienen niveles relativamente profundos, que indican que no hay influencia de las aguas residuales que conducen los dos brazos del R�o C..

  10. Determinaci�n del flujo de lixiviados para deducir los mecanismos de interacci�n entre el agua superficial y el agua subterr�nea, su evoluci�n y an�lisis del comportamiento de los patrones y variaciones temporales que se pudieran presentar, asociando las operaciones de cobertura del suelo, la din�mica de acumulaci�n, y la relaci�n entre el almacenamiento y el lixiviado:

    Para la determinaci�n de los flujos de lixiviados se instalaron once estaciones piezom�tricas distribuidas en el sitio que ocupa la etapa IV del Bordo Poniente.

    Dentro del programa de trabajo se tomaron doce muestras de agua del acuitardo uno, las cuales se extrajeron de nueve piez�metros que se encuentran en las estaciones de medici�n de la instrumentaci�n geot�cnica del relleno sanitario; asimismo, se tom� muestra de lixiviado en el c�rcamo de recolecci�n situado frente a la macrocelda V.

    Las muestras de agua se tomaron en �poca de lluvias y con la finalidad de establecer si en los sitios en donde se ubican las estaciones piezom�tricas existe contaminaci�n de los flujos de lixiviados.

    Las muestras de agua subterr�nea se extrajeron de los piez�metros cuya tuber�a est� instalada a una profundidad total que va de los ocho punto cincuenta a los diez punto cincuenta metros.

    Resultado de los an�lisis de aguas subterr�neas: De acuerdo con los resultados de los an�lisis realizados, se confirma la composici�n salina de las aguas saladas que saturan las arcillas del acuitardo 1.

    Los principales componentes encontrados en las muestras de agua analizadas, son los cloruros, el sodio y los s�lidos disueltos totales, seg�n los cuales, esta agua tiene concentraciones m�ximas de 17,777, 23,178.33 y 45,174 mg/l o p.p.m., respectivamente, observ�ndose decrementos significativos de los mismos compuestos.

    La carga hidr�ulica se da a trav�s del acuitardo y permeabilidad secundaria (fisuras y fracturas), por tanto, nos define la direcci�n del movimiento del lixiviado y del agua subterr�nea que va en direcci�n al centro de la IV etapa.

    En el sitio del relleno sanitario IV etapa se observ� flujo convergente que permite concluir que la carga hidr�ulica se da a trav�s del acuitardo, por tanto, nos define la direcci�n del movimiento del lixiviado y del agua subterr�nea en ese sentido, dichos lixiviados se producen por la infiltraci�n del agua de lluvia a trav�s de la cobertura superficial.

    En el caso de los s�lidos totales disueltos, las m�ximas concentraciones se detectaron en la esquina nororiente y en la franja que abarcan las macroceldas I a V del relleno en cuesti�n, y representan las concentraciones t�picas de las aguas salinas del acuitardo.

    Se analiz� una muestra de lixiviado, de la que se obtuvo que dicho lixiviado tiene presencia de compuestos recalcitrantes dif�ciles de biodegradar.

    Se realiz� el an�lisis de diversas muestras de agua salobre de las cuales se obtuvo que la relaci�n de demanda bioqu�mica de ox�geno es baja tanto en el lixiviado como en dicha agua; lo que se considera puede ser un indicativo de comunicaci�n entre el cuerpo del relleno incrustado en el subsuelo y el agua salobre proveniente del acuitardo sobre el que se desplantan las celdas de basura.

    Presencia de metales pesados en los residuos confinados: En el caso del relleno sanitario Bordo Poniente (IV etapa), existen residuos de diversa naturaleza entre los que se incluyen los metales derivados de: botes de hojalata, latas de aluminio, piezas galvanizadas, piezas cromadas, cables, varillas de cascajo, piezas de diversas aleaciones correspondientes a piezas metal-mec�nicas, as� como de otros provenientes de circuitos, "microchips" o de soldadura de estos dispositivos en instrumentos y aparatos electr�nicos, entre otros.

    Por lo anterior, es de esperarse que el lixiviado en el interior del relleno tenga un alto contenido de metales pesados, y en caso de haber rotura de la geomembrana, se produzca la infiltraci�n del lixiviado al subsuelo.

  11. En el subsuelo del extinto Lago de Texcoco se ha detectado la presencia de biogas a sesenta metros de profundidad, el cual ha sido generado en condiciones naturales y no se desprende del relleno sanitario y cuyo proceso de formaci�n se explica a continuaci�n. En dicho subsuelo existen potentes espesores de arcillas con intercalaciones de capas y horizontes de cenizas volc�nicas, tobas h�bridas y sedimentos cl�sicos, los cuales contienen importantes cantidades de f�siles, es decir, materia org�nica, seg�n se vea, han intervenido diversos tipos de bacterias, principalmente anaer�bicas. Como resultado de la asimilaci�n de dicha materia as� como de su metabolismo, se generaron diversas sustancias entre las cuales se cuenta el �cido sulfh�drico y metano, entre las m�s importantes, detectadas en pozos de exploraci�n estratigr�fica, de investigaci�n geot�cnica y de extracci�n de agua (proyecto Lago de Texcoco, 1969, entre otros).

    Por otra parte, debe destacarse, que del an�lisis del dictamen rendido por el f�sico F.N.B. perito en materia de impacto ambiental nombrado por el Distrito F. (cuaderno formado con dictamen presentado por el perito en materia de impacto ambiental designado por el jefe de Gobierno del Distrito F.), se advierte que �ste, analiz� similares estudios tambi�n analizados por el perito designado por este Alto Tribunal, adem�s de algunos otros (entre los que se destacan observaciones a lo largo del tiempo a trav�s de la instrumentaci�n de testigos fijos y estaciones de medici�n que cuentan con diferentes equipos tales como: a) Testigos de asentamiento, b) P.�metro abierto, c) P.�metro de cuerda vibrante, d) Bancos de nivel flotante, e) Bancos de nivel profundo y f) Inclin�metro, que son operados por la D.�n General de Servicio Urbano y la empresa TGC geotecnia, Sociedad An�nima de Capital Variable), y que entre ambos peritajes existen m�ltiples coincidencias, advirti�ndose �nicamente los siguientes puntos de discrepancia:

    Que en las condiciones de operaci�n del relleno sanitario Bordo Poniente los residuos esparcidos por efecto del viento no originan obstrucciones en el brazo derecho del R�o C. y en el dren X., ni impiden el libre flujo de las aguas que conducen. En este punto, si bien la conclusi�n es coincidente, en el dictamen del perito designado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se se�ala que s� hay un impacto negativo, por efecto de los residuos esparcidos, pero significativamente bajo, toda vez que el mismo es mitigable a trav�s de medidas preventivas.

    Que no se reporta da�o a la geomembrana y, consecuentemente, no hay infiltraci�n, y mucho menos flujo de lixiviados m�s all� de la geomembrana.

    Que al no haber indicios de da�os a la geomembrana, tanto mec�nicos como de origen qu�mico, la membrana resulta eficiente para contener los l�quidos lixiviados originados en el relleno sanitario y para aislar los residuos del suelo natural. Con an�lisis qu�micos, se demuestra que la supuesta interacci�n entre lixiviado y las aguas salobres que subyacen al vertedero es inexistente.

    Que ni el biogas ni los compuestos que lo forman se encuentran expl�citamente identificados como contaminantes en la legislaci�n ambiental. Consecuentemente, no se cuenta con normas de calidad del aire para ellos; por tanto, se carece de bases para establecer la existencia de contaminaci�n por emisiones de biogas en las �reas conexas al vertedero, es decir, a la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente. Adem�s la topograf�a plana del sitio evita el confinamiento y favorece la dispersi�n de las emisiones; el patr�n de vientos indica que las emisiones son dispersadas hacia �reas carentes de receptores, pues no existen asentamientos humanos en el per�metro del bordo, es decir, no hay poblaci�n expuesta. Por tanto, la generaci�n de biogas no ocasiona contaminaci�n atmosf�rica en las �reas conexas al vertedero.

    Debe destacarse que la opini�n del ingeniero J.S.G.�mez, perito en la aludida materia nombrado por el Estado de M�xico, parte actora en este asunto, se�ala posibles contradicciones a las dos se�aladas con anterioridad; sin embargo, resulta cuestionable su opini�n ya que del an�lisis de dicho peritaje se advierte que el mencionado especialista da respuesta a los cuestionamientos, de la siguiente forma:

    Que respecto si la geomembrana de polietileno instalada en la base de las celdas para la disposici�n final del IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente ha mantenido su integridad, concluye que dicha membrana no est� dando respuesta a las condiciones de trabajo. Sostiene dicha afirmaci�n diciendo que existe la posibilidad de que la referida membrana se haya roto, pues los resultados de la caracterizaci�n de los lixiviados, hecha en dos mil dos y dos mil cinco, registra elevados valores del pH, lo cual hace pensar que a trav�s de las desgarraduras de la membrana hay comunicaci�n entre el agua de lluvia que se percola al interior de los residuos confinados y el agua salobre proveniente del acuitardo sobre el que se desplantan las celdas de basura.

    Que seg�n las pruebas de campo realizadas para validar la sobreelevaci�n de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente, la geomembrana de ninguna manera permite contener los l�quidos lixiviados, ni tampoco aislar los residuos del suelo natural, porque independientemente del posible contacto de los lixiviados con el acuitardo a trav�s de las irregularidades de la membrana, puede ocurrir un contacto permanente entre los residuos confinados y el suelo natural, v�a la mezcla de lixiviados con el agua salobre del acuitardo, a trav�s de las grietas que se producen fuera del �rea con membrana impermeable.

    Que la fuerte incrustaci�n de las celdas de basura en el terreno y la aceptaci�n de que la geomembrana haya sido anclada en su extremo, es muy probable que presente irregularidades en alg�n sitio, con la posibilidad de que a trav�s de ellas se est�n produciendo fugas de lixiviados hacia adentro del acuitardo; que por tanto, es posible afirmar que la geomembrana operando como barrera sint�tica impermeable en el desplante de dicha etapa del relleno sanitario, no favorece la protecci�n del medio ambiente.

    Que debido a la deficiente operaci�n del relleno sanitario del Bordo Poniente, se nota una enorme dispersi�n de basura por todos lados, por lo que es posible que los residuos esparcidos por efecto del viento originen obstrucciones en el brazo derecho del R�o C. y en el dren X. que impidan el libre flujo de aguas.

    Que la migraci�n de los contaminantes a trav�s del acuitardo sobre el que se desplanta el relleno sanitario de Bordo Poniente se da a trav�s de las fracturas o fisuras que superficialmente se han creado por diferentes eventos (extracci�n de agua salobre, explotaci�n del acu�fero subyacente y sobrecargas de basura), en lo que fue el ex Lago de Texcoco, mecanismo que potencializa y acelera el movimiento descendente de los contaminantes, que por las concentraciones de algunos de ellos alcanzadas a cuarenta metros de profundidad; determinan la posibilidad de que en un futuro cercano, pudieran profundizarse a�n m�s, hasta llegar a los estratos que integran la formaci�n T. (aproximadamente a 80 metros de profundidad), unidad de donde se extrae un caudal considerable para satisfacer las demandas de agua potable en la Ciudad de M�xico.

    Que respecto a las condiciones de la geomembrana sint�tica que protege la base de las celdas en la etapa IV del relleno sanitario del Bordo Poniente, los resultados arrojados por los an�lisis de laboratorio practicados en octubre de dos mil seis, que se�alan que aun cuando las concentraciones de sulfatos, nitratos y nitritos resultaron ser bajas, las correspondientes al nitr�geno aminiacal y los cloruros, evidencian la presencia de altos contenidos de salinidad en los lixiviados, lo cual hace pensar que a trav�s de las desgarraduras de la membrana, hay comunicaci�n entre el agua de lluvia que se percola al interior de los residuos confinados y el agua salobre proveniente del acuitardo sobre el que se desplantan las celdas de basura.

    Que existe una gran incertidumbre respecto al estado actual de la geomembrana colocada en la base de desplante de la IV etapa del relleno Bordo Poniente. Y que al respecto el efecto m�s preocupante de los que se han se�alado como probables es el que debido a la fuerte incrustaci�n de las celdas de basura en el terreno y aceptando que la membrana haya sido anclada en su extremo, se ha desgarrado en alg�n sitio, con la posibilidad de que por la desgarradura se est�n produciendo fugas de lixiviados hacia dentro del acuitardo, que puedan migrar a profundidades m�s all� de las capas duras, v�a las fracturas y debido a la descompresi�n del acuitardo por la explotaci�n del acu�fero que lo subyace.

    Que de lo anterior se evidencia que la geomembrana ha sufrido desgarramientos por las altas concentraciones de sales, registrados en la composici�n de los lixiviados, debido a la mezcla con el agua salobre proveniente del acuitardo.

    Que aun cuando hay cierta presencia de biogas producto de una incipiente degradaci�n de la basura; la falta de humedad en algunas zonas o el exceso de agua en otras; condiciones asociadas a la presencia de ciertos niveles de salinidad en las celdas de residuos han propiciado que la etapa metanog�nica de degradaci�n de la basura se lleve a efecto de manera muy limitada; dando por resultado emisiones muy pobres de biogas que por su escaso flujo y m�nima presi�n son incapaces de fluir libremente por las estructuras de captaci�n construidas para tal fin. Y que como no se est� controlando eficientemente el biogas se est�n emitiendo al ambiente gases invernadero como el metano y el bi�xido de carbono, que promueven el calentamiento del planeta, as� como la afectaci�n de la calidad del aire de la zona de influencia del vertedero, donde se asienta una importante cantidad de personas, que ven afectadas sus ya de por s� condiciones precarias de salud.

    De lo que se advierte que en dicho dictamen existe una ambig�edad que impide considerarlo como un elemento cierto de valoraci�n.

    Por lo que, se le resta valor probatorio al anterior dictamen, toda vez que sus se�alamientos son poco precisos, pues responde los cuestionamientos aduciendo s�lo posibilidades y probabilidades que pueden estarse dando en el funcionamiento de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente.

    De todo lo anterior se concluye, que son infundados los argumentos expuestos por la parte actora, ya que el objetivo de la resoluci�n impugnada, como se dijo, es entre otros minimizar el impacto ambiental, sujet�ndose a las medidas ambientales necesarias, mismas que la D.�n General de Impacto y Riesgo Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales consider� que eran adecuadas para prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientales ocasionados por el proyecto Cierre de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente.

    Por otra parte, en lo referente a que el acto que se impugna, est� fundado en ordenamientos legales inexistentes, por lo que no puede considerarse que est� debidamente fundada y motivada; ya que, dentro del marco jur�dico nacional, no existe la "Ley General de Procedimiento Administrativo" citada en la resoluci�n impugnada y que si por alg�n error se refiere a la Ley F. de Procedimiento Administrativo, dicho ordenamiento tiene noventa y seis art�culos, por lo cual es evidente que si la citada autoridad se�al� el art�culo 168, no hubo una confusi�n en la denominaci�n del ordenamiento, sino que tal resoluci�n est� fundada en ordenamientos inexistentes.

    Debe se�alarse que, en efecto, en el resultando marcado con el n�mero catorce de la resoluci�n impugnada, se advierte la referencia que se hace al art�culo 168 de la Ley General de Procedimiento Administrativo, se�alando lo siguiente:

    ... 14. Que con oficio PFPA/ZMVM/1880/04 de fecha 7 de septiembre del 2004 esta DGIRA fue notificada por la delegaci�n de la zona metropolitana del Valle de M�xico de la PROFEPA que el procedimiento administrativo iniciado por dicha procuradur�a a la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente bajo el expediente n�mero 123560000, concluy� mediante convenio en t�rminos del art�culo 168 de la Ley General de Procedimiento Administrativo cuyo objeto es establecer, realizar y, en su caso continuar aplicando las medidas t�cnicas y de operaci�n, as� como acciones de compensaci�n, para subsanar presuntas irregularidades encontradas en las visitas de inspecci�n objeto del procedimiento mencionado.

    No obstante lo anterior, resulta infundado que por el hecho de que se haga menci�n a dicho precepto inexistente la resoluci�n combatida no est� debidamente fundada y motivada, lo anterior, debido a que en principio dicha referencia se realiza en la parte relativa a los resultandos lo cual debe considerarse que no afecta a la determinaci�n tomada pues, en dicha parte, como es bien sabido, �nicamente se hace una concatenaci�n de actos que fueron parte del procedimiento seguido, pero no constituyen los fundamentos ni los motivos por los que se toma la determinaci�n final, pues �stos se encuentran en los considerandos que al efecto se vierten en la propia resoluci�n.

    Aunado a lo anterior, debe considerarse que de la lectura de dicho resolutivo se se�ala que, tal como lo advierte el demandado, se trata de un error en la menci�n de la norma, pues se se�ala que la delegaci�n de la zona metropolitana del Valle de M�xico de la Procuradur�a F. de Protecci�n al Ambiente inform� que el procedimiento administrativo iniciado por dicha procuradur�a a la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente bajo el expediente n�mero 123560000, concluy� mediante convenio en t�rminos del art�culo 168 de la Ley General de Procedimiento Administrativo; sin embargo, se advierte que en realidad dicho convenio fue firmado en t�rminos del art�culo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, que establece:

    "Art�culo 168. Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el t�rmino para presentarlos, la secretar�a proceder�, dentro de los veinte d�as siguientes, a dictar por escrito la resoluci�n respectiva, misma que se notificar� al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

    "Durante el procedimiento y antes de que se dicte resoluci�n, el interesado y la secretar�a, a petici�n del primero, podr�n convenir la realizaci�n de las acciones de restauraci�n o compensaci�n de da�os necesarias para la correcci�n de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentaci�n y evaluaci�n de dicho convenio, se llevar� a cabo en los t�rminos del art�culo 169 de esta ley."

    Por lo que resulta infundado el argumento relativo a que dicha resoluci�n se encuentre indebidamente fundada y motivada por la menci�n err�nea del precepto aludido, contenido en la parte de resultados del acto impugnado.

    Por lo que hace al argumento relativo a que la resoluci�n impugnada no re�ne los elementos y requisitos establecidos por el art�culo 3o. de la Ley F. de Procedimiento Administrativo, lo que da lugar a la declaraci�n de nulidad del acto impugnado de conformidad a lo dispuesto por los art�culos 5o. y 6o. de la citada ley, debido a que fue emitida mediando error en el objeto, lo cual produce su nulidad, toda vez que fue emitida desde un punto de vista formal, para determinar el impacto ambiental que producir� el proyecto "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", el cual tiene como finalidad cerrar dicho relleno sanitario, pero desde el punto de vista material, se desprende que su finalidad es su incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas en cuatro metros respecto del nivel de ocho metros y tres metros adicionales en la parte central, as� como la construcci�n y ampliaci�n de obras tendientes a elevar la capacidad. Debe se�alarse lo siguiente:

    Los art�culos 3o., 5o. y 6o. de la Ley F. de Procedimiento Administrativo al que se hace referencia, en la parte que interesa, establecen:

    "Art�culo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

    "...

    VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto.

    Art�culo 5o. La omisi�n o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el art�culo 3o. de esta ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producir�n, seg�n sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

    Art�culo 6o. La omisi�n o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X del art�culo 3o. de la presente ley, producir� la nulidad del acto administrativo, la cual ser� declarada por el superior jer�rquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad ser� declarada por el mismo.

    De los que se advierte en principio que dicha declaratoria de nulidad debe ser solicitada al superior jer�rquico de la autoridad que lo haya emitido, para que �ste proceda a realizar la declaraci�n correspondiente, lo que en el caso no ocurri�; sin embargo, debe precisarse que del an�lisis del acto impugnado se llega a la convicci�n de que, contrariamente a lo afirmado por la actora, no existe error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto impugnado, pues en el considerando cuarto de la resoluci�n impugnada, se precis�:

    IV. Que el IP del proyecto propuesto por el promovente y evaluado por esta direcci�n general, se denomina �Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente� y comprende tanto las obras y actividades tendientes al cierre de la etapa IV de dicho relleno sanitario, como las relativas al incremento perimetral de la altura efectiva de las celdas en 4 metros respecto del nivel de 8 metros y 3 metros adicionales en la parte central, as� como la construcci�n y/o ampliaci�n de obras, la operaci�n y el seguimiento para las acciones orientadas al cierre. Que para el efecto de cumplir con el objetivo principal del proyecto, el IP ingresado en su p�gina 10 cit� como disponible para su consulta el �proyecto ejecutivo de clausura del relleno sanitario Bordo Poniente etapa IV. Agosto 2003�. Dicho documento fue consultado por el equipo de evaluaci�n de la DGIRA.

    Asimismo, en los resolutivos se detall�, que:

    "... Segundo. ... Las obras y actividades autorizadas al promovente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo el cierre de la IV etapa del relleno sanitario Bordo Poniente consisten en:

    "- �rea a ocupar: 375 hect�reas para disposici�n de residuos s�lidos, mismas que ocupa actualmente la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente.

    "- Altura del relleno sanitario: Incremento en 4 metros respecto al nivel de 8 metros en la parte perimetral y 3 adicionales en la parte central.

    "- Incremento en el volumen del relleno sanitario: Disposici�n final de 6,944,878.5 metros c�bicos de residuos s�lidos municipales que incluye el llenado de los caminos de circulaci�n entre las 8 macroceldas que operan actualmente para integrarlas en una sola superficie continua.

    "- Emisiones de biogas: I.�n de una reo de recolecci�n para captarlo, acumularlo y quemarlo en su sistema central.

    "- Generaci�n de lixiviados: Recolecci�n a trav�s de una ampliaci�n del sistema perif�rico existente de recolecci�n y captaci�n, as� como el tratamiento en lagunas facultativas de recirculaci�n.

    "- Agua pluvial: Recolecci�n a trav�s de un sistema de captaci�n, conducci�n y descarga de escurrimientos pluviales.

    "- Actividades de cierre: Recubrimiento de la celda con una cubierta de tepetate impermeabilizada con una geomembrana de polietileno de alta densidad texturizada de 1 mm de espesor. Tanto el tratamiento de lixiviados como la combusti�n del biogas, pueden continuar en la etapa de cierre y m�s all� de ella.

    "- D.�n del proyecto: una primera fase de 2 a�os, sujeta al desarrollo del monitoreo de evaluaci�n de las lecturas de la instrumentaci�n instalada y se verificar� que el suelo soporte la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos. La segunda fase con una duraci�n estimada de 1.8 a�os a las tasas actuales estar� condicionada a que al t�rmino de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentaci�n geot�cnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del R�o C. y el Canal de la Compa��a.

    "Tercero La presente autorizaci�n tendr� una vigencia de 3.8 a�os para llevar a cabo las obras y actividades correspondientes al proyecto, la cual comenzar� a partir del d�a siguiente de su recepci�n. La vigencia de 3.8 a�os para la realizaci�n del proyecto se dividir� en dos fases.

    "1. En la primera fase con duraci�n de dos a�os, se continuar� con el monitoreo, se evaluar�n las lecturas de la instrumentaci�n instalada y se verificar� que el suelo soporta la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos.

    "La segunda fase con una duraci�n estimada de 1.8 a�os a las tasas actuales estar� condicionada a que al t�rmino de la primera etapa se haya demostrado, mediante las lecturas de la instrumentaci�n geot�cnica instalada, que la capacidad del suelo ha soportado la carga inducida por el incremento en la altura de las celdas de residuos, sin que se hayan producido afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento de las estructuras hidr�ulicas adyacentes al relleno sanitario, tales como los brazos izquierdo y derecho del R�o C. y el Canal de la Compa��a. ..."

    De lo que se hace evidente que la autoridad emisora precis� que la evaluaci�n sujeta a autorizaci�n y denominada "Cierre de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente", comprend�a tanto las obras y actividades tendientes al cierre de la etapa IV de dicho relleno sanitario, como las relativas al incremento perimetral de la altura efectiva, as� como la construcci�n y/o ampliaci�n de obras, la operaci�n y el seguimiento para las acciones orientadas al cierre; aspectos sobre los que gir� todo el an�lisis del asunto y respecto de los que determin� su autorizaci�n y su duraci�n. Por tanto, resulta infundado lo aducido por el actor.

    Igualmente, se considera infundado el argumento relativo a que la autoridad emisora no se cerciora si efectivamente las actividades que se pretenden realizar en el proyecto en su cierre, mejorar�n el paisaje urbano, sino que simplemente se concreta a se�alar que "es a decir del promovente", lo que demuestra que la resoluci�n no est� debidamente motivada; lo anterior, debido a que, contrario a lo que sostiene el promovente, la autoridad emisora del acto impugnado no deb�a determinar si las actividades que se pretenden realizar en el proyecto en su cierre, mejorar�n el paisaje urbano, pues el objeto de la evaluaci�n realizada, como se precis� con anterioridad, no era precisar tales aspectos sino por el contrario determinar tanto las obras y actividades tendientes al cierre de la etapa IV de dicho relleno sanitario, como las relativas al incremento perimetral de la altura efectiva de la etapa IV del relleno sanitario Bordo Poniente.

    Aunado a lo anterior, debe se�alarse que tampoco la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente en la que se funda el acto impugnado, establece que al llevar a cabo la evaluaci�n de impacto ambiental se deba valorar el aspecto del paisaje urbano y, si bien en la resoluci�n impugnada se se�ala dicha cuesti�n, se advierte que dicho se�alamiento fue con el �nico objeto de rese�ar lo que el Distrito F. adujo en su informe preventivo, por lo que no fue una afirmaci�n que la autoridad emisora se�alara como ver�dica.

    Por lo que hace al argumento en el que al actor indica que dicha resoluci�n carece de fundamentaci�n, toda vez que est� fundada entre otros preceptos en el art�culo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, el cual resulta inaplicable; asimismo, que no se solicit� a la S.�a de Ecolog�a del Estado de M�xico su opini�n para resolver el asunto como lo establece el art�culo 53 de la Ley de F. de Procedimiento Administrativo, el cual s� es aplicable, sino para que manifestara lo que al inter�s del Estado de M�xico correspondiera, con fundamento en el primer precepto citado.

    En principio es preciso se�alar lo que establecen los art�culos 28, fracci�n XI y 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente; as� como, el 53 de la Ley F. de Procedimiento Administrativo.

    "Art�culo 28. La evaluaci�n del impacto ambiental es el procedimiento a trav�s del cual la secretar�a establece las condiciones a que se sujetar� la realizaci�n de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecol�gico o rebasar los l�mites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al m�nimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerir�n previamente la autorizaci�n en materia de impacto ambiental de la secretar�a:

    "...

    XI. Obras y actividades en �reas naturales protegidas de competencia de la Federaci�n.

    "Art�culo 33. Trat�ndose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI del art�culo 28, la secretar�a notificar� a los Gobiernos Estatales y Municipales o del Distrito F., seg�n corresponda, que ha recibido la manifestaci�n de impacto ambiental respectiva, a fin de que �stos manifiesten lo que a su derecho convenga.

    La autorizaci�n que expida la secretar�a, no obligar� en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el �mbito de sus respectivas competencias.

    "Art�culo 53. Cuando las disposiciones legales as� lo establezcan o se juzgue necesario, se solicitaran los informes u opiniones necesarios para resolver el asunto, cit�ndose el precepto que lo exija o motivando, en su caso, la conveniencia de solicitarlos."

    De lo que se advierte que si bien, en efecto, el art�culo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, no es aplicable con respecto a la fracci�n X del art�culo 28 de la ley en cita, lo cierto es que al haberse notificado al Estado de M�xico y haberle dado la intervenci�n para que manifestara lo que a su derecho conviniera, no afecta al actor, sino m�s bien se le concede una intervenci�n, pretendiendo respetar incluso el derecho de audiencia a que, en su caso, hubiera tenido derecho el Estado de M�xico; sin que sea relevante el hecho de que se le haya notificado para el efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera y no se le haya solicitado su opini�n, pues dicha situaci�n en nada le perjudica.

    Por otra parte, debe se�alarse que el art�culo 53 transcrito, no resulta aplicable en trat�ndose de la intervenci�n que deb�a o no tener la parte actora en el procedimiento invocado, ya que de su lectura se desprende que �ste se refiere a informes y opiniones necesarias para resolver el asunto, pero no se refiere a la audiencia que deba darse a alguna parte que pueda ser interesada o afectada en alg�n procedimiento.

    Cabe destacar que, como se desprende de la resoluci�n, que la autoridad emisora no s�lo le dio una intervenci�n, sino que incluso tom� en consideraci�n lo manifestado por el inconforme, lo valor� y determin� que no proced�an sus alegaciones aun cuando se�al� que no eran vinculantes, por lo que resulta infundado dicho argumento.

    Por �ltimo, por lo que hace al argumento relativo a que el director de Transferencia y Disposici�n Final dependiente de la D.�n General de Servicios Urbanos de la S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F., no acredit� contar con la delegaci�n de facultades para representar al Gobierno del Distrito F. conforme a diversos preceptos del C�digo F. de Procedimiento Administrativo y que, en consecuencia, carece de legitimaci�n para promover el procedimiento administrativo que culmin� con la resoluci�n que ahora se reclama. Debe se�alarse que si bien dicho funcionario no acredit� tal delegaci�n de facultades, lo cierto es que ni la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente ni el reglamento de la aludida ley en materia de evaluaci�n del impacto y riesgo ambiental, que son las normas que rigen el procedimiento seguido, a saber la evaluaci�n del impacto y riesgo ambiental, establecen que deba acreditarse estrictamente dichas facultades, por lo que la autoridad emisora no se encontraba obligada a exigir la delegaci�n de facultades a la que hace alusi�n el actor.

    Aunado a lo anterior, debe precisarse que en todo caso dicha cuesti�n la debi� hacer valer el Estado de M�xico ante dicha autoridad emisora del acto impugnado al momento de desahogar la vista que le fue dada, para que �sta estuviera en posibilidad de realizar el an�lisis correspondiente y pronunciarse respecto a si deb�a o no prevenir al promovente para subsanar su "omisi�n".

    Por todo lo expuesto y ante lo infundado de los conceptos de invalidez, se reconoce la validez del oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitido por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la S.�a de Gesti�n para la Protecci�n Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y dirigido al director de Transferencia y Disposici�n Final, D.�n General de Servicios Urbanos y S.�a de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito F..

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Es procedente, pero infundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO

Se reconoce la validez del oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2261/04, de siete de septiembre de dos mil cuatro, emitido por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental dependiente de la S.�a de Gesti�n para la Protecci�n Ambiental de la S.�a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo expuesto en los considerandos s�ptimo, octavo y noveno de este fallo.

TERCERO

Publ�quese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en sesi�n celebrada el diecis�is de octubre de dos mil siete, por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, F.G.S., G�ngora P., G.�o P., S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente en funciones Azuela G�itr�n; la se�ora Ministra Luna R.os vot� en contra y por declarar la invalidez del acto impugnado a fin de conceder al Estado actor la garant�a de audiencia, y reserv� su derecho de formular voto particular; y la se�ora Ministra S�nchez C. de G.�a V. reserv� su derecho de formular voto concurrente en relaci�n con las consideraciones no vinculatorias sobre la cultura del medio ambiente, reciclaje y procesamiento final de residuos.

El se�or Ministro presidente en funciones Azuela G�itr�n declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos.

No asistieron los se�ores Ministros presidente G.I.O.M., por estar cumpliendo con otras actividades inherentes a su cargo, y S.A.V.H.�ndez, por estar haciendo uso de vacaciones en virtud de haber integrado comisiones de receso.

Nota: La tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE V�LIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS." citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el n�mero P./J. 118/2005 en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., septiembre de 2005, p�gina 892.

______________

  1. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES.-El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, principio de definitividad que trat�ndose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales s�lo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la C.�n F., sino violaciones a la legislaci�n local que, como consecuencia, produzcan la trasgresi�n a normas de la Carta Magna, pues el �rgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneraci�n a disposiciones de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretaci�n de la N.F. corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."

  2. "Art�culo 31. La realizaci�n de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del art�culo 28, requerir�n la presentaci�n de un informe preventivo y no una manifestaci�n de impacto ambiental, cuando:

I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades.