de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38247663

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 5 de Febrero de 2008
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 24-A DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT QUE IMPIDE A LAS PERSONAS DISPONER PARCIALMENTE DE SU CUERPO, CON FINES TERAPÉUTICOS, A FAVOR DE OTRAS CON LAS QUE NO TENGAN PARENTESCO HASTA EL CUARTO GRADO, TRANSGREDE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, ASÍ COMO LAS FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, CONTENIDAS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20777

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Febrero de 2008

P�gina: 1112

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2005. PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA.

MINISTRA PONENTE: M.B. LUNA RAMOS.

SECRETARIO: A.V.A..

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a seis de noviembre de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el diecis�is de mayo de dos mil cinco en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, D.F.C. de V.H.�ndez, en su car�cter de procurador general de la Rep�blica, promovi� acci�n de inconstitucionalidad en la que solicit� la invalidez de la reforma al art�culo 24-A del C�digo Civil de Nayarit, emitida y promulgada respectivamente por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de ese E.ado, la cual fue publicada en el Peri�dico Oficial de la entidad el diecis�is de abril de dos mil cinco.

SEGUNDO

El promovente de esta acci�n estima que la disposici�n legal impugnada es violatoria de los art�culos 1o., 4o., p�rrafo tercero, 16, p�rrafo primero, y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos.

TERCERO

En el �nico concepto de invalidez, se expone lo siguiente:

"�nico. V.�n del art�culo 24-A del C�digo Civil de Nayarit, a los preceptos 1o., 4o., p�rrafo tercero, 16, p�rrafo primero y 133 de la Carta Magna.

"Los art�culos de la Constituci�n F. que resultan vulnerados con la emisi�n de la norma general impugnada, en la parte que interesa, se�alan:

"�Art�culo 1o. En los E.ados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta Constituci�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. E.� prohibida la esclavitud en los E.ados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzar�n, por este solo hecho, su libertad y la protecci�n de las leyes. Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las capacidades diferentes, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.�. �Art�culo 4o. ... Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la salud. La Ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta Constituci�n. ...�. �Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...�. �Art�culo 133. E.a Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada E.ado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los E.ados.�

"La norma general cuya invalidez se demanda, prev�:

"�C�digo Civil del E.ado de Nayarit�. �Art�culo 24-A. Toda persona capaz, tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio terap�utico de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco, siempre que tal disposici�n no le ocasione una disminuci�n permanente de su integridad f�sica, ni ponga en peligro su vida.�

"La salud p�blica, es una condici�n imprescriptible y necesaria del E.ado moderno, requiere de una constante intervenci�n nacional y de medios id�neos, refiri�ndose al aspecto higi�nico o sanitario de una colectividad.

"En virtud de que la salud p�blica es una de las prioridades de los E.ados, es necesaria su regulaci�n tanto en el plano internacional como nacional.

"Al respecto, la Organizaci�n Mundial de la Salud, la define como: �un estado de bienestar f�sico, ps�quico y social, tanto del individuo, como de la colectividad.�

"Por su parte, la declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, se�ala en su numeral 25 lo siguiente:

"�Art�culo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as� como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentaci�n, el vestido, la vivienda, la asistencia m�dica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de p�rdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ...�

"Se tiene que el derecho a la protecci�n de la salud, tendr� entre otros prop�sitos, lograr el bienestar f�sico y mental de los mexicanos, prolongar y mejorar la calidad de vida en todos los sectores sociales, sobre todo los m�s desprotegidos, as� como buscar que el disfrute de los servicios de salud y asistencia social satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la poblaci�n.

"Al respecto, es ilustrativa la exposici�n de motivos que dio origen a las reformas y adiciones al art�culo 4o. constitucional, de 3 de febrero de 1983, transcrita en la ejecutoria que resolvi� la acci�n de inconstitucionalidad 10/2000, al indicar:

"�... de lo anterior se desprende que la teleolog�a de este art�culo, es la procuraci�n de la salud y el bienestar de los seres humanos y ello se confirma con la exposici�n de motivos y con los dict�menes de las C�maras de Senadores y de Diputados que dieron origen a las reformas y adiciones al art�culo 4o. constitucional, de fecha tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en las que en sus partes conducentes se�alan: �Exposici�n de motivos: ... Por ello, los Gobiernos de la Revoluci�n han estado atentos a destinar a la salud, los mayores recursos posibles y a continuar la tarea permanente de modernizar la legislaci�n sanitaria. La rica y vasta legislaci�n se ocupa ya de cuestiones que inicialmente no eran contempladas por la norma sanitaria, como son la prevenci�n de invalidez y rehabilitaci�n de inv�lidos, disposici�n de �rganos, tejidos y cad�veres; control de alimentos, bebidas y medicamentos, estupefacientes y psicotr�picos; protecci�n de la salud de la ni�ez y de los ancianos; mejoramiento y cuidado del medio ambiente. . Por sucesivas reformas y adiciones, el art�culo 4o. de nuestra Carta Magna contiene derechos y principios de la mayor trascendencia para el bienestar de la familia; la igualdad del hombre y la mujer; la organizaci�n y desarrollo familiares; la paternidad responsable, cimiento de la planificaci�n familiar libre e informada; el derecho del menor a la salud f�sica y mental y a su subsistencia b�sica, y la correlativa responsabilidad del E.ado. ...� Dictamen de la C�mara de Senadores: �... Por otra parte, nuestra Constituci�n, por primera vez en el devenir hist�rico-constitucional del mundo, incorpor� en su articulado preceptos de car�cter social, tendientes a brindar tutela, protecci�n y auxilio a las clases sociales econ�micamente d�biles, a los trabajadores y campesinos que, con su labor callada y eficaz, han propiciado y fortalecido el progreso de M�xico. Asimismo, en nuestra Constituci�n se contienen disposiciones para atender a la familia, a los infantes y a los j�venes.� ... P.�n constante de los mexicanos ha sido atender correctamente la necesaria salud de los miembros de nuestra comunidad, para que puedan desarrollar plenamente sus facultades f�sicas e intelectuales; para que desempe�en sus actividades con entera capacidad y entusiasmo, para que la vida no constituya un sufrimiento, sino un decurso de funciones intensas y fruct�feras tanto para lograr bienestar material como satisfacciones de �ndole espiritual; en una palabra, para propiciar y estimular la plena expansi�n de la persona humana.�

"La salud se define como un estado de completo bienestar f�sico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel m�s alto de salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinci�n alguna.

"El derecho a la protecci�n de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestaci�n, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, del inicio al t�rmino de la vida, no s�lo prolong�ndola, sino haci�ndola m�s grata d�ndole mayor calidad, haci�ndola m�s digna de ser vivida.

"De igual forma, en el Diario Oficial de la Federaci�n de 20 de mayo de 1981 aparece publicado el �Pacto internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos�, especific�ndose en la parte inicial del decreto promulgatorio que el citado pacto fue aprobado por la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n el 18 de diciembre de 1980, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 9 de enero de 1981. E.e pacto en su art�culo sexto se�ala:

"�Art�culo 6.1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. E.e derecho estar� protegido por la ley. Nadie podr� ser privado de la vida arbitrariamente.�

"As� entonces, este tratado internacional protege el derecho a la vida, ya que lo considera como un derecho inherente a la persona humana.

"Por su parte el Protocolo Adicional a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales �Protocolo de San Salvador�, adoptado en la Ciudad de San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, que fue aprobado por la C�mara de Senadores del honorable Congreso de la Uni�n, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del veintisiete de diciembre del propio a�o, en su numeral 10 dispone:

"�Art�culo 10. Derecho a la salud. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del m�s alto nivel de bienestar f�sico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los E.ados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien p�blico y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atenci�n primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensi�n de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicci�n del E.ado; c. La total inmunizaci�n contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevenci�n y tratamiento de las enfermedades end�micas, profesionales y de otra �ndole; e. La educaci�n de la poblaci�n sobre la prevenci�n y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacci�n de las necesidades de salud de los grupos de m�s alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean m�s vulnerables.�

"Como se observa del instrumento internacional en cita, el derecho a la salud entra�a el deber del E.ado de realizar determinadas actividades, as� como la prestaci�n de bienes y servicios para garantizar que sus habitantes gocen de un adecuado nivel de salud p�blica; adem�s de llevar a cabo programas de educaci�n de la poblaci�n sobre la prevenci�n y el tratamiento de problemas de salud.

"De igual forma, en la tesis aislada I.15o.A.9 A, visible en la p�gina 1410, Tomo XX, diciembre de 2004, fuente Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena �poca, identificada con el rubro: �PROTECCI�N A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA.�, se establece que est� elevada al rango de derecho fundamental la protecci�n del derecho a la salud, respecto de la cual es competencia tanto de la Federaci�n, como de las Legislaturas Locales emitir cualquier disposici�n legal que tenga por objeto el bienestar f�sico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongaci�n y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protecci�n y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creaci�n, conservaci�n y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; la extensi�n de actitudes solidarias y responsables de la poblaci�n en la preservaci�n, conservaci�n, mejoramiento y restauraci�n de la salud, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la poblaci�n; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilizaci�n de los servicios de salud, y el desarrollo de la ense�anza y la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica para la salud; todo ello, en t�rminos de la Ley General de Salud, por ser �sta el ordenamiento que reglamenta el derecho fundamental a la protecci�n de la salud. As� tambi�n, resulta aplicable al caso en concreto el siguiente criterio jurisprudencial (sic) contenido en la tesis n�mero P. XIX/2000 visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Pleno, Tomo XI, marzo de 2000, p�gina 112, cuyo rubro y texto es el siguiente:

"�SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCI�N, QUE COMO GARANT�A INDIVIDUAL CONSAGRA EL ART�CULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCI�N DE MEDICAMENTOS B�SICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protecci�n de la salud que consagra el art�culo 4o., p�rrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus art�culos 2o., 23, 24, fracci�n I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracci�n II, que el derecho a la protecci�n de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la poblaci�n; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atenci�n m�dica, de salud p�blica y de asistencia social; que son servicios b�sicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atenci�n m�dica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitaci�n, incluyendo la atenci�n de urgencias, defini�ndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagn�stico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habr� un cuadro b�sico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protecci�n de la salud, el que tal garant�a comprende la recepci�n de los medicamentos b�sicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio b�sico de salud consistente en la atenci�n m�dica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicaci�n de los medicamentos b�sicos correspondientes conforme al cuadro b�sico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atenci�n por parte del sector salud, pues �stas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos b�sicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protecci�n de la salud que se encuentra consagrado como garant�a individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.�

"De todo lo anterior, se puede concluir que la protecci�n de la salud comprende la recepci�n de los medicamentos b�sicos para el tratamiento de una enfermedad, atenci�n m�dica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo (hospitalizaci�n, medicina preventiva, cirug�a, etc.), la aplicaci�n de los medicamentos de primera necesidad correspondientes conforme al cuadro b�sico de insumos del sector salud y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.

"Ahora bien, la donaci�n de �rganos en s� constituye un medio para preservar la salud, si se considera que un trasplante es la sustituci�n de un �rgano o tejido disfuncional por otro sano, con el objeto de restituir las funciones perdidas. En muchos casos, es la �nica forma para que la persona pueda salvarse o recuperar su calidad de vida. El trasplante de �rganos es un procedimiento complejo, que afecta cada aspecto vital de los pacientes como son: bienestar emocional, trabajo y relaciones sociales. Por ejemplo, para quienes padecen enfermedad hep�tica terminal, el trasplante de h�gado puede ser una alternativa que restaure la funci�n de este �rgano y que le permita seguir con vida.

"En todo trasplante hay una donaci�n, ya que el cuerpo humano est� fuera del comercio es un acto altruista que refleja gran solidaridad del donante para con su pr�jimo.

"Los avances cient�ficos y tecnol�gicos en medicina, biolog�a, qu�mica, ingenier�a gen�tica, permitieron el trasplante de �rganos de una persona a otra con gran �xito, los cuales en ocasiones constituyen una esperanza de vida para los pacientes que requieren alg�n �rgano para conservar la misma o, en su caso, la perspectiva de una mejor calidad de vida. Muchas personas que han recibido la donaci�n de un �rgano, viven gracias al mismo.

"Quien hace esta especie de donaci�n puede dar una nueva vida a su pr�jimo cualquiera que �ste sea y no necesariamente debe limitarse a un familiar, ya que esto tiene la potencialidad de mejorar la calidad de vida del receptor del �rgano donado.

"Los avances de la ciencia otorgan la oportunidad de donar a quienes lo necesitan, parte del cuerpo, lo cual constituye un regalo y esperanza de vida por lo que no se debe limitar exclusivamente a los parientes hasta el cuarto grado, como lo prev� la norma que se combate, pues el derecho a la salud reconocido en el precepto cuarto constitucional, es general y no encaminado a un grupo de personas que forman parte de una familia.

"El requerimiento de �rganos para trasplante es importante e impresionante y muchas personas mueren d�a a d�a ante la falta de donantes, situaci�n que se agrava al prohibir a una persona s�lo hacerlo hacia un familiar, por ello, debe declararse inconstitucional la norma que as� lo disponga como en el caso en particular lo es el art�culo 24-A del C�digo Civil para el E.ado de Nayarit, porque limita el derecho a la salud.

"Bajo este esquema el trasplante de �rganos es pieza clave en la protecci�n de la salud de todo individuo, la cual debe hacerse no solamente entre familiares, como lo propone la norma que se tilda de inconstitucional, sino entre aquellos sujetos en los cuales existe una compatibilidad aceptable a fin de lograr la rehabilitaci�n del sujeto que tiene precaria su salud.

"En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al emitir la tesis aislada P. IX/2003, visible en la p�gina 54, T.X., agosto de 2003, fuente Semanario Judicial de la Federaci�n (sic) instancia Pleno cuyo rubro es: �TRASPLANTE DE �RGANOS ENTRE VIVOS. EL ART�CULO 333, F.V., DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE LO PERMITE �NICAMENTE ENTRE PERSONAS RELACIONADAS POR PARENTESCO, MATRIMONIO O CONCUBINATO, TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA SALUD Y A LA VIDA CONSAGRADOS EN EL ART�CULO 4o. DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.�, sostuvo que el citado dispositivo legal, al establecer que para realizar trasplantes de �rganos entre vivos, el donante debe tener necesariamente con el receptor, parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, o ser su c�nyuge, concubina o concubinario, transgrede los derechos a la salud y a la vida establecidos en el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, pues priva a la poblaci�n en general de un medio apto para prolongar la vida o mejorar su calidad.

"Por lo anterior y considerando que ese Alto Tribunal al emitir la tesis citada, declar� inconstitucional la fracci�n VI del art�culo 333 de la Ley General de Salud, el Congreso de la Uni�n, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 5o. de noviembre de 2004, reform� dicha disposici�n, se�alando que para realizar trasplantes entre vivos se establece que �ste ser�, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Dejando a salvo el beneficio que puede tener otra persona ajena a ese n�cleo preferencial.

"Cabe hacer menci�n que en el dictamen de la C�mara de Senadores, en el cual se vota la minuta respecto del proyecto de decreto por el que se reforma la fracci�n VI del art�culo 333 de la Ley General de Salud, se�ala que el trasplante de �rganos es, en muchos casos, la opci�n m�s efectiva de atacar males cardiacos, renales, visuales, hep�ticos, etc�tera, sin embargo no existe una cultura de donaci�n de �rganos para despu�s de la muerte.

"Otro aspecto que se�ala la minuta contenida en el dictamen de referencia, es que en la fracci�n VI del art�culo 333 de la Ley General de Salud se reduce el universo potencial de donadores al se�alar que la donaci�n entre vivos puede darse �nicamente entre personas con relaci�n de parentesco, sin atender a criterios de tipo m�dico que demuestren que existe compatibilidad. Con esta restricci�n, aquellas personas cuyo v�nculo est� dado por una afinidad emocional y est�n dispuestos a donar un �rgano sin que intervenga inter�s alguno m�s que el de dar un regalo de vida, se ven imposibilitados legalmente a realizar este acto de fraternidad y solidaridad.

"As� las cosas, en el caso particular resulta incongruente que la norma limite la donaci�n de �rganos entre familiares, pues es sabido que para llevar con �xito un trasplante debe atenderse a la compatibilidad entre el donante y el receptor, por lo que no por el hecho de ser familiares dicha compatibilidad entre �rganos se tenga que dar, perdiendo por consecuencia una oportunidad valiosa de dar vida a otra persona; en esa tesitura resulta inconstitucional que la norma limite el derecho a la salud a otras personas que potencialmente pueden ser receptores del �rgano a donar.

"La citada minuta pugna por la preservaci�n del derecho a la salud de todas las personas, sin restricci�n de beneficio alguno, ya que la fracci�n VI del art�culo 333 de la Ley General de Salud, antes de la reforma conculcaba gravemente esa prerrogativa, volvi�ndose en consecuencia, inconstitucional en los t�rminos previstos en la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"De igual manera en la minuta contenida en el dictamen de referencia, tambi�n se prev� que se les permita a las personas que tienen lazos afectivos de amor, amistad o cari�o con el receptor, donar un �rgano o tejido, manteniendo el esp�ritu de altruismo y bondad que lleva inmerso dicho acto, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la normatividad vigente, y se regule que la donaci�n expresa ha de manifestarse a trav�s de un documento p�blico o privado, creado y firmado por la persona donante, emitido especialmente para dichos efectos.

"En virtud de la gran falta de donadores, aunado con el largo tiempo de espera que se requiere para obtener un �rgano, se hace necesario fomentar su pr�ctica imperativamente, coincidiendo con lo que se�ala el Plan Nacional de Salud, el cual contempla construir una cultura de donaci�n altruista de �rganos y tejidos que eleve la tasa de donaci�n para trasplantes en nuestro pa�s y promueva la donaci�n de fondos para apoyar las fases pre y post trasplante con escasos recursos.

"Tomando en consideraci�n que la citada Ley General se�ala que el trasplante de �rganos preferentemente ser� entre familiares, respeta el derecho a la salud del que gozan todos los habitantes de nuestro pa�s, estipulado tanto en convenios internacionales (Declaraci�n Universal de Derechos Humanos; Convenio Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales; Convenci�n Americana de Derechos Humanos, entre otros), como en nuestra Constituci�n, como parte de las garant�as individuales que todo mexicano debe gozar, y que a la letra dice: �Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la salud. La ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta Constituci�n.�

"Por ello es de gran importancia que todas las legislaciones de car�cter local que contemplen la donaci�n y el trasplante de �rganos regulen dicho acto en t�rminos similares a la Ley General de Salud, cuyo precepto a manera de ejemplo establece lo siguiente:

"�Art�culo 333. Para realizar trasplantes entre vivos, deber�n cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante: I a V. ... VI. Los trasplantes se realizar�n, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por alg�n tipo de parentesco, ser� posible realizar una donaci�n, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a) Obtener resoluci�n favorable del Comit� de Trasplantes de la instituci�n hospitalaria, donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluaci�n m�dica, cl�nica y psicol�gica; b) El interesado en donar deber� otorgar su consentimiento expreso ante Notario P�blico y en ejercicio del derecho que le concede la presente ley, manifestando que ha recibido informaci�n completa sobre el procedimiento por m�dicos autorizados, as� como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneraci�n alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podr� ser revocable en cualquier momento previo al trasplante, y c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretar�a, para comprobar que no se est� lucrando con esta pr�ctica.�

"Por tanto, cualquier persona que se sujete a los estrictos controles t�cnicos que establece la Ley General de Salud y tenga compatibilidad aceptable con el receptor, sin que vea afectada su salud y motivada por su �nimo de altruismo y solidaridad, podr�a de manera libre donar gratuitamente un �rgano, sin menoscabo de los fines perseguidos por el legislador y por el precepto 4o. constitucional.

"Adem�s, aunque la existencia de una relaci�n de parentesco, de matrimonio o de concubinato permite presumir que una persona, ante la carencia de salud e incluso el peligro de que su pariente, c�nyuge o concubino pierda la vida, le done un �rgano motivada por �nimo altruista, de solidaridad o afecto, es un hecho notorio que no s�lo en ese tipo de relaciones familiares se presenta el �nimo de solidaridad y desinter�s, sino tambi�n entre quienes se profesan amistad y aun entre desconocidos.

"As� las cosas, se tiene que la restricci�n del beneficio de los dem�s integrantes de la poblaci�n de recibir la donaci�n o trasplante de �rganos, ante la exigencia de un grado de parentesco, conculca los citados derechos de todo hombre que son a saber, entre otros el de la salud y la vida.

"En ese orden de ideas, de igual forma se trastoca el art�culo 1o. constitucional a la luz del derecho a la salud consagrado en el numeral 4o. de la Carta Magna, al privar a las personas de la libertad de disponer de forma total o parcial de su cuerpo.

"En el art�culo 1o. de la Constituci�n F. se consagran dos garant�as gen�ricas: la de igualdad y la de libertad, el dispositivo constitucional en comento establece la prohibici�n tajante de atentar contra la dignidad humana, menoscabando los derechos y libertades de las personas; en el caso particular la norma que se combate, restringe el derecho para que las personas puedan disponer libremente a qui�n pueden donar parte de su cuerpo, al acotar su libertad de donar s�lo a un grupo de personas, miembros de una familia.

"La garant�a de libertad se consagra en nuestra Carta Magna como un conjunto de previsiones constitucionales por las cuales se otorgan una serie de derechos p�blicos subjetivos a favor del individuo, como una facultad de elecci�n para hacer o dejar de hacer siempre y cuando no se perjudiquen derechos de tercero y con las restricciones que expresamente se�ala la Constituci�n.

"As� entonces, el derecho que tiene toda persona a recibir una donaci�n o trasplante conlleva de manera impl�cita el derecho de aqu�l que tiene la voluntad de disponer parte de su cuerpo; de tal manera que si existe la intenci�n del donante de ejercer ese derecho, la norma combatida se lo desconoce, con lo que va m�s all� de lo previsto en los art�culos 320 y 321 de la Ley General de Salud, cuyo texto es el siguiente:

"�Art�culo 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podr� donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente t�tulo.�

"�Art�culo 321. La donaci�n en materia de �rganos, tejidos, c�lulas y cad�veres, consiste en el consentimiento t�cito o expreso de la persona para que, en vida o despu�s de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.�

"Por lo tanto, el art�culo 24-A del C�digo Civil de Nayarit contradice lo establecido en el numeral 1o. de la Carta Magna.

"Por su parte, el art�culo 16 de la Constituci�n F., contiene la garant�a de legalidad de los actos de autoridad, dicho principio exige que la autoridad que emite el acto sea competente y que funde y motive su actuaci�n, la cual debe obrar por escrito.

"Cabe precisar que ese Alto Tribunal ha considerado que trat�ndose de actos legislativos la garant�a de legalidad en cuanto a la fundamentaci�n y motivaci�n de dichos actos se cumple cuando el �rgano legislativo que expide el ordenamiento, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que tal requisito, se satisface cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente le confiere; y respecto a la motivaci�n �sta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas.

"Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de ese M�ximo Tribunal en la tesis 226, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (sic) S�ptima �poca, Ap�ndice 2000, Tomo I, p�gina 269, que a continuaci�n se transcribe:

"�FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. E.e Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.�

"Ahora bien, cabe se�alar que el art�culo 1o. de la Ley General de Salud establece que dicho cuerpo normativo tiene por objeto establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, as� como las facultades que corresponden a los E.ados para expedir las leyes que regulen aquellas cuestiones relativas a la salud, deben ce�irse a las bases generales estatuidas en dicha Ley General de Salud.

"De lo cual se infiere que los ordenamientos locales en la materia deben apegarse a la distribuci�n de facultades prevista en el estatuto federal, respetando en lo conducente las disposiciones que regulan las atribuciones de la autoridad sanitaria federal y las actividades que est�n sujetas a su supervisi�n, como lo es el control sanitario de la disposici�n de �rganos, tejidos y sus componentes, c�lulas y cad�veres; por lo que es evidente que las entidades federativas a trav�s de sus �rganos legislativos no pueden emitir normas generales que sean contrarias a las disposiciones federales que norman la concurrencia de los E.ados y la Federaci�n en la prestaci�n de los servicios de salud.

"En este sentido, se advierte una clara violaci�n a la Ley General de Salud, ya que los art�culos 320 y 321, ya transcritos, conceden a toda persona el pleno derecho de disponer en vida de su cuerpo, sin establecer mayores limitantes que las establecidas expresamente en la misma ley, por lo que el Congreso de Nayarit no puede desconocer el ordenamiento federal privando de la libertad con la que se les dot� a los �disponentes� de sus �rganos, al autorizar �nicamente la donaci�n de �rganos entre familiares hasta el cuarto grado.

"Por lo anterior, el numeral impugnado contraviene el art�culo 16 de la Constituci�n F..

"No es �bice a todo lo anterior, el hecho de que el legislador del E.ado haya se�alado en la exposici�n de motivos de la adici�n al art�culo 24 del C�digo Civil de Nayarit, que con la limitante establecida en la norma que se combate �... se busca evitar la comercializaci�n de �rganos de manera clandestina o disfrazada�, toda vez que existen otros mecanismos jur�dicos tendentes a evitar dichas conductas.

"As� las cosas, los art�culos 461 y 462 de la Ley General de Salud, establecen las sanciones penales para las personas que realicen actos que tengan por objeto la �intermediaci�n onerosa de �rganos�, por lo que si a nivel federal se proh�be la comercializaci�n de tejidos, �rganos de seres humanos vivos o muertos, sin importar el estado civil o el grado de parentesco, resulta por dem�s incongruente que el esp�ritu de la norma que se tilda de inconstitucional sea evitar el comercio de �rganos, a guisa de ejemplo, no porque en el E.ado de Nayarit se d� una donaci�n entre vivos por familiares hasta el cuarto grado con fines de lucro, no se pueda dar la comercializaci�n de �rganos, pues si bien a la luz de la legislaci�n nayarita esto no lo es, s� lo es para la Ley General de Salud.

"En consecuencia, al existir otros medios que combaten la comercializaci�n de �rganos, resulta incuestionable que la exposici�n de motivos no justifica la constitucionalidad de la norma impugnada.

"El numeral 24-A del C�digo Civil del E.ado de Nayarit, de igual manera, transgrede el art�culo 133 de la Carta Magna, el cual consagra el principio de supremac�a constitucional, que impone la existencia de un orden jur�dico creado y organizado por la misma norma suprema, al que deben sujetarse todos los �rganos del E.ado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.

"En este sentido, y toda vez que el precepto que se combate contradice lo dispuesto en los art�culos 1o., 4o., p�rrafo tercero y 16, p�rrafo primero de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, es incuestionable que se rompe con la supremac�a constitucional, puesto que dicha norma impugnada pretende ubicarse por encima de la Constituci�n F. y la Ley General de Salud.

"Cabe se�alar que los instrumentos internacionales invocados en p�rrafos precedentes ya fueron ratificados por el Senado de la Rep�blica, por lo que tiene plena fuerza obligatoria para el E.ado mexicano, y por lo tanto como ya lo ha expresado ese Alto Tribunal son la ley suprema de toda la Uni�n, incluso est�n jer�rquicamente por encima de las leyes federales y, en consecuencia, tambi�n por encima de los ordenamientos de las entidades federativas.

En m�rito de lo expuesto, esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� declarar inconstitucional el art�culo 24-A del C�digo Civil de Nayarit, toda vez que, como se ha demostrado, es contrario a lo dispuesto por los art�culos 1o., 4o., p�rrafo tercero y 16, p�rrafo primero y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos.

CUARTO

Mediante prove�do de diecisiete de mayo de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad, a la que le correspondi� el n�mero 10/2005 y, por raz�n de turno, design� a la Ministra M.B.L.R. para que actuara como instructora en el procedimiento.

Por auto de la misma fecha la Ministra instructora admiti� la acci�n relativa, orden� dar vista al �rgano legislativo que emiti� la norma impugnada y al ejecutivo que la promulg�, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO

Los �rganos legislativo y ejecutivo del E.ado de Nayarit, al rendir sus informes manifestaron lo siguiente:

Presidente de la Comisi�n de Gobierno Legislativo del Congreso del E.ado de Nayarit:

"Razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada.

"En relaci�n a la acci�n de inconstitucionalidad promovida por el representante social federal, en contra de este poder, como del Ejecutivo E.atal, en la que demanda la invalidez del art�culo 24 A, del C�digo Civil de esta entidad federativa, publicado en el Peri�dico Oficial, �rgano del Gobierno del E.ado de Nayarit, el d�a diecis�is de abril del a�o en curso, con fundamento en los art�culos 105, fracci�n II, inciso c) de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual estima violados los art�culos 1o., 4o., p�rrafo tercero, 16 p�rrafo primero y 133 de la Constituci�n F., en la que se duele en que los avances de la ciencia otorgan la oportunidad de donar a quienes los necesitan, parte del cuerpo, lo cual constituye un regalo y esperanza de vida por lo que no se debe limitar exclusivamente a los parientes hasta el cuarto grado, como lo prev� la norma cuestionada, pues el derecho a la salud reconocido en el precepto 4o., es general y no encaminado a un grupo de personas que forman parte de una familia.

"Ahora bien, al respecto debe decirse que en la disposici�n combatida no se violenta (sic) en forma alguna las garant�as de igualdad, de libertad, de legalidad y menos el principio de la supremac�a de la Constituci�n.

"As� es, porque conforme al art�culo 1o., de la Ley General de Salud, se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federaci�n, con las entidades federativas, en materia de salubridad general; material (sic) la cual en lo que nos interesa est� comprendida en la fracci�n XXVI, del art�culo 3o., de la Ley F. de referencia; tocante al control sanitario de la disposici�n de �rganos, tejidos y sus componentes, c�lulas y cad�veres de seres humanos; es decir, que se establece la concurrencia de la federaci�n y los estados en dicha materia, lo que se robustece, con la fracci�n IV, del art�culo 4o., de la ley en cita, al se�alar que entre otras, son autoridades sanitarias, los gobiernos de las entidades federativas; tambi�n es de resaltar que corresponden (sic) a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como a las autoridades locales, dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad les compete y las dem�s atribuciones que establezca la ley; tal y como se dispone en las fracciones IV y VII, apartado D, del art�culo 13, de dicha Ley General.

"En este orden de ideas, en lo referente a estas atribuciones es dable se�alar, que la Ley General de Salud, reglamenta el derecho a la protecci�n de la salud que tiene toda persona en los t�rminos del art�culo 4o. de la Constituci�n General de la Rep�blica, derecho el cual, tiene como finalidad entre otras, la prolongaci�n de la vida humana.

"Asimismo, es de considerar que para los efectos de la Ley F. en comento, se entiende por servicios de salud, todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo, de la familia y de la sociedad en general; y si el primer tipo de servicios de salud, lo es la atenci�n m�dica y si por �sta, se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, entre cuyas actividades se encuentran las curativas que tiene (sic) como fin efectuar un diagn�stico temprano y proporcionando tratamiento oportuno, tal y como se determina en los art�culos 23, 24, fracci�n I, 32, 33, fracci�n II, de la Ley F. de referencia.

"As� las cosas, si los trasplantes de �rganos, tejidos, c�lulas en seres humanos vivos, pueden llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, no represente un riesgo aceptable para la salud en vida del donante y del receptor, siempre que existan justificantes de orden terap�utico, es evidente que si los gobiernos de las entidades federativas, son autoridades sanitarias que tienen entre otras actividades el de restaurar la salud de toda persona y de la colectividad, pero sobre todo de la familia, con fines curativos, para proporcionar un tratamiento oportuno o de efectuar un trasplante en caso necesario; es evidente que sin dejar de respetar la competencia federal, dentro de la competencia de las autoridades sanitarias del Gobierno del E.ado de Nayarit, �stas pueden y deben con fines humanitarios y cient�ficos normar el derecho a la protecci�n no solamente de la salud, sino tambi�n de la familia; para lo cual se obligan a establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo y m�xime, que esta misma Carta Magna en sus art�culos 117 y 118 entre las prohibiciones y limitaciones que se establecen para los E.ados, no se encuentre normado, que no se pueda ni se deba legislar sobre el control sanitario respecto de la disposici�n de �rganos de seres humanos, con fines terap�uticos en los cuales esta legislatura pretende que los fines altruistas de los donantes, relativa a la familia, se ajuste a la protecci�n de los que residen en este estado, pues como ya se dijo el derecho a la protecci�n de la familia y de la salud, tienen el mismo rango constitucional.

"Ahora bien, la interpretaci�n relacionada de los art�culos 4o., 73, fracci�n XVI, 118 y 120 de la Constituci�n General de la Rep�blica, permite determinar que est� elevada al rango de derecho fundamental, tanto la organizaci�n y el desarrollo de la familia como la protecci�n del derecho a la salud y que se encuentra autorizada la concurrencia legislativa de la Federaci�n y las entidades federativas, en materia de salubridad general, pues expl�citamente se considera como competencia del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de salubridad de la Rep�blica, as� como tambi�n a las Legislaturas de los E.ados, con facultades para expedir leyes en lo relativo a la salud, en el �mbito local, como sucede en el C�digo Civil que nos ocupa. Por consiguiente, si esta legislatura tiene competencia constitucional para normar lo relativo a la salud de la familia dentro del territorio en donde ejerce su jurisdicci�n, es evidente que al expedir el Decreto N�mero 8656, mediante el cual se reforma y adiciona el art�culo 24 del C�digo Civil para el E.ado de Nayarit, actu� en ejercicio de sus facultades constitucionales; pues conforme a lo dispuesto en los �ltimos art�culos citados dentro de sus potestades se encuentra la de emitir dentro del �mbito local, cualquier disposici�n legal incluyendo las que se refieran al estado y capacidad de las personas, se aplicar�n a todos los habitantes del mismo, sean domiciliados o transe�ntes; pero trat�ndose de extranjeros, se tendr� presente lo que dispongan las Leyes F.es sobre la materia y ese es el motivo de la reforma o sea el regular a las personas f�sicas sobre todo la familia; es decir las disposiciones del C�digo Civil y sobre todo la materia de la reforma tienen por objeto la protecci�n de la familia y de las personas que la conforman as� como tambi�n normar lo relativo a la salud dentro del territorio donde se ejerce nuestra jurisdicci�n; por lo que es evidente que al expedir el decreto cuestionado que tiende a la protecci�n del ejercicio pleno de las capacidades de las personas f�sicas que conforman a la familia, as� como la prolongaci�n y el mejoramiento de la calidad de vida humana con la protecci�n y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creaci�n, conservaci�n y disfrute de condiciones de salud que contribuyen al desarrollo de la familia; todo ello, en t�rminos de la Ley General de Salud, por ser �sta el ordenamiento que reglamenta el derecho fundamental a la protecci�n de la salud; pues conforme al dictamen legislativo del proyecto de decreto a que se ha hecho referencia se estableci� que seg�n la exposici�n de motivos de la iniciativa, se pretende difundir mediante un proyecto de reforma y adici�n al C�digo Civil del E.ado, la cultura de donaci�n de �rganos, para motivarla con un �nimo de altruismo y solidaridad; y para lo cual con la adici�n de seis art�culos al C�digo Civil en su libro primero, t�tulo primero, relativo a las personas f�sicas, el grupo de personas f�sicas perteneciente a un grupo familiar podr� disponer de forma parcial o total de su cuerpo, mediante figuras jur�dicas ya establecidas en esta legislaci�n y por otra parte, se establece a quienes de los familiares puedan consentir la disposici�n de �rganos que siempre ser� a t�tulo gratuito; con lo cual se busca evitar la comercializaci�n de �rganos de manera clandestina o disfrazada, siempre bas�ndose en el art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley F. (sic) de Salud, pues dicho dispositivo legal, al establecer que para realizar trasplantes de �rganos entre vivos se realizar�n de preferencia, entre personas que tengan parentesco o consanguinidad, civil o de afinidad fomentando as� el altruismo y evitando su comercializaci�n, que es el objetivo de la norma combatida; es decir la norma federal establece que no necesariamente el donante debe de tener necesariamente con el receptor parentesco o consanguinidad, por afinidad o civil, o ser su c�nyuge, concubina o concubinario; pero en el caso de que el receptor si lo sea, es entonces cuando esta Legislatura dentro de sus facultades est� normando precisamente los beneficios terap�uticos de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco, puesto que por familia se entiende �Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje� y por parentesco �V�nculo por consanguinidad, afinidad, adopci�n, matrimonio u otra relaci�n estable de afectividad an�loga a �sta� y siempre y cuando que la disposici�n parcial de su cuerpo, no le ocasione una disminuci�n permanente de su integridad f�sica y ponga en peligro su vida; por lo mismo esta legislatura no ve ninguna violaci�n de car�cter constitucional, ni legal con la emisi�n del decreto que contiene la reforma y adici�n del art�culo 24 A del C�digo Civil para el E.ado de Nayarit; pues en principio se basan en la protecci�n de los derechos fundamentales como lo son la protecci�n de la familia y de la salud; as� como tambi�n que la norma local ajust�ndose al art�culo 333, fracci�n VI de la norma F. �sta s�lo es aplicable cuando los trasplantes se efect�en entre personas que sean familiares hasta el cuarto grado de parentesco; por lo que cuando no exista un donador relacionado por alg�n tipo de parentesco, es claro que ser� posible realizar una donaci�n y lo cual ya no lo norma la ley local, sino la federal, no s�lo en base a lo establecido en dicha disposici�n federal, sino tambi�n por la propia jurisprudencia que al efecto se hace valer, pues efectivamente cualquier persona que se sujete a los estrictos controles t�cnicos que establece la Ley General de Salud y tenga compatibilidad aceptable con el receptor es posible que se realice el trasplante de �rganos entre vivos, pero para el caso de que se trate de familiares dentro de las facultades que le son propias y exclusivas a las entidades federativas, es posible normar este trasplante en lo que respecta a personas capaces, pertenecientes a un n�cleo familiar y que este familiar disponga parcialmente de su cuerpo, en beneficio terap�utico de otro familiar, hasta el cuarto grado de parentesco; es decir lo �nico que se establece es un derecho de preferencia entre los parientes y que excluye evidentemente a quienes no lo sean; cuando exista (sic) precisamente familiares que puedan recibir el beneficio terap�utico; pero cuando no exista ese familiar obviamente cualquier persona podr� recibir el beneficio; es decir la norma local, no es limitativa ni tampoco excluye a quien no sea familiar; sino �nicamente lo que pretende es normar lo relativo al inter�s de la familia, de que el receptor en primer lugar debe ser un familiar hasta el cuarto grado y s�lo en el caso de que no exista ese familiar lo podr� ser cualquier persona; en base precisamente a lo establecido por la fracci�n VI, del art�culo 333, de la Ley General de Salud.

"En lo concerniente a los preceptos constitucionales que se estiman violados, se�ala el accionante que el art�culo 1o. de la Constituci�n F. establece la prohibici�n tajante de atentar contra la dignidad humana menoscabando los derechos y libertades de las personas; lo que no sucede en el caso, pues la norma que se combate, no restringe el derecho para que las personas puedan disponer libremente a quienes pueden donar parte de su cuerpo; dado que conforme al art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley General de Salud, �ste establece que los trasplantes se realizar�n de preferencia entre personas que sean familiares y s�lo cuando no los haya, ser� posible realizar una donaci�n con otra persona, lo que viene a significar que precisamente la ley federal acota la libertad de donar solo a un grupo de personas que tengan parentesco por consanguinidad civil o de afinidad y solo cuando no lo haya, cualquier persona que se sujete a los controles t�cnicos y tenga compatibilidad aceptable con el receptor (sin que se vea afectada su salud podr� de manera libre donar gratuitamente un �rgano, o sea que lo que hace la norma local combatida, tan s�lo es establecer que dentro del derecho restringido de la ley federal) establece hasta que grado de parentesco se puede donar parte de un cuerpo a personas de su familia; adem�s dentro de la facultad de elecci�n para hacer o dejar de hacer siempre y cuando no se perjudiquen derechos de terceros; y dentro de lo que regula la norma federal se establece un derecho de preferencia de la norma local sobre los familiares dentro del cuarto grado dentro de los cuales existe una facultad de elecci�n para hacer o dejar de hacer siempre y cuando no se perjudique derecho de terceros; los cuales no pueden ser afectados si existe un familiar dentro del cuarto grado que pueda recibir el beneficio terap�utico; por lo que el derecho que tiene toda persona a recibir una donaci�n o trasplante conlleva de manera impl�cita el derecho de aqu�l de elegir de acuerdo con su voluntad preferentemente entre sus familiares dentro del cuarto grado sobre quienes puede ejercer su intenci�n de donar y s�lo en el caso de que no exista un familiar dentro de ese grado de acuerdo con la norma federal cualquier persona podr� recibir el beneficio terap�utico, si es intenci�n de una persona capaz, el de disponer parcialmente de su cuerpo.

"De esta manera, el art�culo 24 A del C�digo Civil de Nayarit, no contradice lo establecido en el numeral 1o. de la Carta Magna.

"De la misma manera tal y como lo hace ver el accionante, la garant�a de legalidad en cuanto a la fundamentaci�n y motivaci�n de los actos legislativos, se cumple cuando el �rgano legislativo que expide el ordenamiento cuestionado, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n F. y la particular del E.ado nos confiere; y respecto a la motivaci�n �sta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica; tal y como lo establece la tesis que al respecto se hacer valer; y m�xime que como ya ha quedado establecido la disposici�n legal combatida no es contraria a las disposiciones federales que norman la concurrencia de los E.ados y la Federaci�n en la prestaci�n de los servicios de salud.

"De igual manera como ya ha quedado establecido el precepto que se combate, no contradice lo dispuesto en los art�culos 1o., 4o., p�rrafos tercero y 16, p�rrafo primero de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, es incuestionable que no se rompe con la Supremac�a Constitucional, puesto que la reforma y adici�n al art�culo 24 del C�digo Civil para el E.ado de Nayarit, no pretende ubicarse por encima de la Constituci�n F. y la Ley General de Salud, sino por el contrario de la disposici�n general de los E.ados est�n en libertad y con autonom�a de regular sus leyes sin que rebasen lo normado por la esfera federal. Lo que implica que el decreto materia de la presente acci�n se subordina fundamentalmente, sin que haya contravenci�n de la norma impugnada con cualquier precepto constitucional.

Consecuentemente, procede que esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n declare que es competente para conocer y resolver la presente acci�n y dicte sentencia, declarando la constitucionalidad del art�culo 24 A del C�digo Civil del E.ado de Nayarit.

Secretario general de Gobierno en funciones del titular del Poder Ejecutivo (fojas 114 y 115):

"Efectivamente tal y como lo se�ala la parte actora de la acci�n de inconstitucionalidad en su escrito de demanda, se promulg� con fecha 14 catorce de abril de 2005, dos mil cinco, el Decreto N�mero 8656, que contiene la adici�n �A� al art�culo 24 del C�digo Civil para el E.ado de Nayarit, y cuya invalidez reclama; sin embargo, se realiz� dicha promulgaci�n para dar cumplimiento a lo establecido por los numerales 69, fracci�n II y 70, fracci�n I de la Constituci�n Pol�tica Local.

Para demostrar las anteriores aseveraciones, me permito acompa�ar el decreto referido, mismo que fue publicado en el Peri�dico Oficial, �rgano del Gobierno del E.ado, el d�a 16 diecis�is de abril del presente a�o.

SEXTO

Con los informes anteriores se dio vista al promovente para que expresara lo que a su inter�s conviniera, y una vez cerrada la instrucci�n, el veintisiete de junio de dos mil cinco, se procedi� a la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

E.e Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se hace valer por el procurador general de la Rep�blica en contra del art�culo 24-A del C�digo Civil de Nayarit, adicionado mediante decreto publicado en el Peri�dico Oficial de dicha entidad federativa el diecis�is de abril de dos mil cinco, que establece:

Art�culo 24-A. Toda persona capaz, tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio terap�utico de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco, siempre que tal disposici�n no le ocasione una disminuci�n permanente de su integridad f�sica, ni ponga en peligro su vida.

SEGUNDO

En primer lugar se analizar� si la acci�n de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El primer p�rrafo del art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, dispone:

Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente.

Conforme a este art�culo, el c�mputo del plazo para ejercer la acci�n de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del d�a siguiente al en que se public� en el medio de difusi�n oficial la norma impugnada.

El decreto de referencia, por el que se adicion� el art�culo 24-A al C�digo Civil de Nayarit, se public� en el Peri�dico Oficial de esa entidad federativa el s�bado diecis�is de abril de dos mil cinco; por tanto, el plazo de treinta d�as naturales para ejercitar esta v�a inici� el domingo diecisiete de abril de dos mil cinco y venci� el domingo quince de mayo del mismo a�o.

En el caso, la acci�n de inconstitucionalidad se present� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Naci�n, el lunes diecis�is de mayo de dos mil cinco, esto es, al d�a h�bil siguiente al en que feneci� el plazo legal para promover la acci�n.

TERCERO

A continuaci�n se procede a analizar la legitimaci�n del promovente.

El art�culo 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n F., dispone:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.

"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:

"...

c) El procurador general de la Rep�blica, en contra de leyes de car�cter federal, estatal y del Distrito F., as� como de tratados internacionales celebrados por el E.ado mexicano; ...

Del precepto transcrito se advierte que el procurador general de la Rep�blica tiene la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y del Distrito F., por lo que al haberse impugnado el art�culo 24-A del C�digo Civil del E.ado de Nayarit y tener �sta el car�cter de ley estatal, el procurador general de la Rep�blica se encuentra debidamente legitimado para promover la presente acci�n de inconstitucionalidad.

Sirve de apoyo a la anterior conclusi�n el siguiente criterio del Tribunal Pleno:

"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA TIENE LEGITIMACI�N PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, AS� COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El art�culo 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la Rep�blica para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de car�cter federal, estatal o del Distrito F., as� como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el inter�s general de preservar, de modo directo y �nico, la supremac�a constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n realice un an�lisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la Rep�blica resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acci�n de inconstitucionalidad ni que est� vinculado con la resoluci�n que llegue a dictarse, pues ser� suficiente su inter�s general, abstracto e impersonal de que se respete la supremac�a de la Carta Magna." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., septiembre de 2001, tesis P./J. 98/2001, p�gina 823).

En cuanto a la representaci�n de la Procuradur�a General de la Rep�blica, se aprecia que compareci� por conducto del licenciado D.F.C. de V.H.�ndez.

CUARTO

En cuanto a la legitimaci�n pasiva del Congreso del E.ado de Nayarit, es incuestionable que le asiste porque se impugna una disposici�n aprobada por dicho �rgano legislativo, el cual compareci� por conducto del diputado C.M.C.�n M., en su car�cter de presidente de la Comisi�n de Gobierno Legislativo de ese cuerpo colegiado, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 40 y 41 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo y de los art�culos 26 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, preceptos legales que disponen:

Ley Org�nica del Poder Legislativo del E.ado de Nayarit

"Art�culo 40. Al inicio del periodo constitucional del Congreso, se conformar� la Comisi�n de Gobierno Legislativo que estar� integrada por un presidente y tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios existan en la legislatura y un secretario, que ser�n aprobados por la asamblea.

"Ser� presidente de la Comisi�n de Gobierno Legislativo, por el t�rmino de la legislatura, el diputado coordinador de aquel grupo parlamentario que por s� mismo cuente con la mayor�a absoluta de la C�mara. En caso de que ning�n grupo parlamentario se encuentre en el supuesto se�alado, la responsabilidad de presidir la Comisi�n de Gobierno Legislativo ser� desempe�ada sucesivamente por los coordinadores de los grupos parlamentarios acreditados en la legislatura, previa aprobaci�n del pleno, en orden decreciente del n�mero de diputados que los integren. E.a encomienda tendr� un periodo de duraci�n de acuerdo al n�mero de grupos parlamentarios existentes en la C�mara de Diputados, dividiendo entre �stos el tiempo que dura el periodo constitucional.

El presidente del Congreso har� la declaratoria de constituci�n de la Comisi�n de Gobierno Legislativo, la cual a partir de ese momento ejercer� sus atribuciones.

"Art�culo 41. La Comisi�n de Gobierno Legislativo fungir� como �rgano de gobierno a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, pol�ticas y administrativas de la C�mara de Diputados. Los acuerdos que tome esta comisi�n ser�n por votaci�n ponderada, es decir en atenci�n al porcentaje de representaci�n que corresponda al n�mero de diputados de cada partido, respecto del total de la asamblea; y tendr� las siguientes atribuciones:

"I. Representar la pluralidad de los partidos pol�ticos acreditados en el Congreso en los t�rminos de la presente ley.

II. a XI. ...

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del E.ado de Nayarit

Art�culo 26. La Comisi�n de Gobierno Legislativo expresa la pluralidad del Congreso y su funcionamiento colegiado tendr� por objeto impulsar entendimientos y convergencias pol�ticas con los diputados, fracciones parlamentarias y �rganos internos que resulten necesarios, a efecto de alcanzar acuerdos para que la Asamblea Legislativa est� en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

"Art�culo 28. Corresponden al presidente de la Comisi�n de Gobierno Legislativo, las atribuciones siguientes:

"I. a VIII. ...

"IX. Representar jur�dicamente al Congreso en todos los juicios y asuntos en que �ste fuere parte;

X. a XI. ...

En cuanto a la legitimaci�n del Poder Ejecutivo del E.ado de Nayarit, la acredit� tener por haber promulgado la norma reclamada, y por haber acudido al juicio por conducto del secretario general de Gobierno en funciones del titular de dicho poder, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 80 de la Constituci�n Pol�tica de ese E.ado, que establece:

Art�culo 80. El secretario general de Gobierno substituir� al gobernador en las faltas no previstas en el art�culo 64 de esta Constituci�n.

Adicionalmente, se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 11 y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en las acciones de inconstitucionalidad la personalidad de quienes intervienen en el asunto, en todo caso, debe presumirse para todos los efectos legales, salvo prueba en contrario, en los siguientes t�rminos:

Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ...

Art�culo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicar�n en todo aquello que no se encuentre previsto en este t�tulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el t�tulo II.

QUINTO

Al no exponerse causas de improcedencia que ameriten su examen previo, ni advertir de oficio alguna de ellas, procede el estudio de los conceptos de invalidez planteados por la actora.

El art�culo 24-A del C�digo Civil del E.ado de Nayarit establece:

Art�culo 24-A. Toda persona capaz, tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio terap�utico de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco, siempre que tal disposici�n no le ocasione una disminuci�n permanente de su integridad f�sica, ni ponga en peligro su vida.

Para tener un panorama completo del contexto en el que se adicion� dicho precepto al C�digo Civil del E.ado de Nayarit, conviene conocer el resto de las disposiciones legales que simult�neamente se crearon con el anterior precepto, y que guardan relaci�n estrecha con �l, concretamente los art�culos 24-B al 24-F, que disponen:

Art�culo 24-B. Puede de igual forma disponer de su cuerpo total o parcialmente, para despu�s de su muerte, con fines terap�uticos, de ense�anza o investigaci�n.

Art�culo 24-C. La disposici�n de cuerpos, �rganos y tejidos de seres humanos con fines terap�uticos y de investigaci�n, ser� siempre a t�tulo gratuito, y ser� revocable en cualquier momento para el donante y no podr� ser revocada por persona alguna despu�s de su muerte.

"Art�culo 24-D. En el caso de disposici�n de cuerpos, total o parcialmente para despu�s de la muerte, el consentimiento para ello se regir� por cualquiera de las siguientes formas:

"I. Deber� hacerse constar mediante testamento p�blico abierto;

"II. Expresarse por escrito ratificando su firma ante notario p�blico, depositando tal documento ante sus parientes m�s pr�ximos, con quienes conviva; en caso de no convivir con parientes, el dep�sito ser� con persona de su confianza; y

"III. S.� efectos la declaraci�n que se haga en forma expresa ante las autoridades competentes de vialidad o tr�nsito, con motivo de la expedici�n de los documentos en los que conste la autorizaci�n para conducir automotores.

La autoridad respectiva deber� percatarse que se cumplieron los requisitos antes citados y entregar� el cuerpo u �rgano al beneficiario, recabando previamente la opini�n de un m�dico legista.

"Art�culo 24-E. La disposici�n de �rganos con fines terap�uticos, puede consentirse tambi�n por quienes sean sus familiares o convivieron con la persona fallecida durante los dos a�os anteriores a su fallecimiento, en el siguiente orden:

"I. El c�nyuge o el concubinario o concubinaria en su caso;

"II. Los descendientes o adoptados capaces;

"III. Los ascendientes o adoptantes;

"IV. Los dem�s colaterales dentro del cuarto grado;

"V. En caso de concurrencia entre dos o m�s sujetos de los considerados en las fracciones anteriores y de existir conflicto para otorgar el consentimiento decidir� quien tenga prelaci�n en su derecho, conforme al libro cuarto del C�digo Civil del E.ado de Nayarit. Si se trata de sujetos con el mismo derecho, se suspender� el tr�mite de la donaci�n de �rganos, levant�ndose constancia para todos los fines legales correspondientes; y

VI. En caso de no existir ninguno de los familiares se�alados, la solicitud de autorizaci�n para la disposici�n de �rganos deber� efectuarse ante el Consejo E.atal de Trasplantes quien podr� delegar por escrito esta funci�n al secretario t�cnico del consejo.

Art�culo 24-F. Cuando se presente la muerte cerebral se estar� a lo previsto por la Ley General de Salud y su similar del E.ado.

En sus conceptos de invalidez el procurador general de la Rep�blica sostiene que la norma reclamada es contraria al p�rrafo tercero del art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, porque establece la restricci�n para que las personas puedan disponer en vida parcialmente de su cuerpo, con fines terap�uticos, solamente en favor de un familiar hasta el cuarto grado de parentesco, no obstante que el requerimiento de �rganos para trasplante es importante e impresionante y muchas personas mueren d�a a d�a ante la falta de donantes, situaci�n que se agrava al prohibir a una persona s�lo hacerlo hacia un familiar, por lo que el trasplante de �rganos es pieza clave en la protecci�n de la salud de todo individuo, la cual debe hacerse no solamente entre familiares, como lo propone la norma que se tilda de inconstitucional, sino entre aquellos sujetos en los cuales existe una compatibilidad aceptable a fin de lograr la rehabilitaci�n del sujeto que tiene precaria salud.

Y concluye explicando que la existencia de una relaci�n de parentesco, de matrimonio o de concubinato, permite presumir que una persona, ante la carencia de salud e incluso el peligro de que su pariente, c�nyuge o concubino pierda la vida, le done un �rgano motivada por �nimo altruista, de solidaridad o afecto, pero es un hecho notorio que no s�lo en ese tipo de relaciones familiares se presenta el �nimo de solidaridad y desinter�s, sino tambi�n entre quienes se profesan amistad y aun entre desconocidos. As� las cosas, se tiene que la restricci�n del beneficio de los dem�s integrantes de la poblaci�n de recibir la donaci�n o trasplante de �rganos, ante la exigencia de un grado de parentesco, conculca los citados derechos de todo hombre que son a saber, entre otros, el de la salud y la vida.

I.M. constitucional para resolver el asunto. Ante todo se tiene presente que este Tribunal Pleno ya ha definido algunos de los alcances del primer enunciado del p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional, esencialmente de acuerdo con las finalidades que se�ala el art�culo 2o. de la Ley General de Salud,(1) en los siguientes t�rminos:

"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCI�N, QUE COMO GARANT�A INDIVIDUAL CONSAGRA EL ART�CULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCI�N DE MEDICAMENTOS B�SICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protecci�n de la salud que consagra el art�culo 4o., p�rrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus art�culos 2o., 23, 24, fracci�n I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracci�n II, que el derecho a la protecci�n de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la poblaci�n; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atenci�n m�dica, de salud p�blica y de asistencia social; que son servicios b�sicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atenci�n m�dica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitaci�n, incluyendo la atenci�n de urgencias, defini�ndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagn�stico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habr� un cuadro b�sico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protecci�n de la salud, el que tal garant�a comprende la recepci�n de los medicamentos b�sicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio b�sico de salud consistente en la atenci�n m�dica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicaci�n de los medicamentos b�sicos correspondientes conforme al cuadro b�sico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atenci�n por parte del sector salud, pues �stas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos b�sicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protecci�n de la salud que se encuentra consagrado como garant�a individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P. XIX/2000, p�gina 112).

Sin embargo, en t�rminos m�s generales y prescindiendo de la descripci�n que hace la Ley General de la Salud de los servicios estatales que comprende la materia, la garant�a individual contenida en el primer enunciado del p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional se inscribe tambi�n dentro de las llamadas garant�as sociales previstas en el C�digo Supremo, seg�n se explic� en la exposici�n de motivos de veintid�s de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, que dio origen al derecho a la protecci�n de la salud, presentada por el Poder Ejecutivo F. ante la C�mara de Senadores, en los siguientes t�rminos:

"CC. Secretarios de la C�mara de Senadores

"Del H. Congreso de la Uni�n.

"Presente.

"Desde los primeros reg�menes de la Revoluci�n, se tuvo como prop�sito superior, brindar a cada mexicano mejores y m�s amplias condiciones de existencia, destac�ndose el esfuerzo por elevar los niveles de salud del pueblo. Los Gobiernos de la Rep�blica, cada uno en su hora, se han ocupado en ensanchar la cobertura de los distintos sistemas, instituciones y programas de salud.

"El problema sanitario de la Naci�n, fue objeto de vivo inter�s en el Constituyente de Q.�taro, poni�ndose desde 1917 las bases para el sistema jur�dico mexicano de la salud.

"En nuestra Carta Magna, adem�s de los dispositivos contenidos en el art�culo 73 sobre salubridad general, el art�culo 123 defini�, dentro de las garant�as laborales y de seguridad social, el derecho de los trabajadores subordinados a la protecci�n por riesgos de trabajo.

"En las �ltimas 6 d�cadas ha habido una mejora permanente y radical de la salud de los mexicanos. Un repaso somero de los indicadores m�s salientes de la salud en M�xico, hace ver qu� tanto ha avanzado la Revoluci�n en este terreno: en 1930 las expectativas de vida eran de 37 a�os, mientras que en la actualidad se ha ampliado a 65 a�os; la mortalidad, por otra parte, ha descendido sustancialmente en el mismo periodo.

"La morbilidad se ha venido abatiendo, hasta pr�cticamente erradicarse algunas enfermedades otrora implacables, como son la poliomielitis, el paludismo, la difteria, la viruela, la tuberculosis, entre otras.

"Entre los logros de la Revoluci�n m�s espectaculares, figuran los avances que han registrado los reg�menes de seguridad social por lo que hace a los servicios de salud. El sistema que protege a los servidores del E.ado desde 1925, uno de los primeros esfuerzos de aseguramiento social del mundo, protege ya a 2 millones de trabajadores y a 6 millones de dependientes.

"El Instituto Mexicano del Seguro Social, en poco menos de 40 a�os, ha ampliado su protecci�n a 7 millones de trabajadores y a 26 millones de derechohabientes, sin incluir los servicios de seguridad social.

"Los miembros de las Fuerzas Armadas se benefician del sistema especial que la Revoluci�n estableci� para proteger a esos patriotas mexicanos.

"La justicia social como proyecto revolucionario ha llevado a que de salud (sic) alcancen a la poblaci�n abierta, que no es amparada por los sistemas de seguridad social, a trav�s de los programas asistenciales que lleva a cabo el Gobierno de la Naci�n.

"La innegable vinculaci�n que existe entre el mejoramiento de la salud, el bienestar de la poblaci�n, la distribuci�n del ingreso, el empleo, el disfrute del tiempo libre, el incremento de la productividad y de la producci�n, es uno de los retos a los que se enfrentan las sociedades que buscan ser cada vez mas igualitarias.

"Por ello, los Gobiernos de la Revoluci�n han estado atentos a destinar a la salud, los mayores recursos posibles y a continuar la tarea permanente de modernizar la legislaci�n sanitaria. La rica y vasta legislaci�n se ocupa ya de cuestiones que inicialmente no eran contempladas por la norma sanitaria, como son la prevenci�n de invalidez y rehabilitaci�n de inv�lidos, disposici�n de �rganos, tejidos y cad�veres; control de alimentos, bebidas y medicamentos, estupefacientes y psicotr�picos; protecci�n de la salud de la ni�ez y de los ancianos; mejoramiento y cuidado del medio ambiente.

"Son significativos los empe�os de nuestro pa�s tendientes a suministrar a la poblaci�n medicamentos a precios preferenciales, as� como la operaci�n, a�n no suficientemente eficaz, de sistemas de control de calidad de f�rmacos, a efecto de garantizar sus propiedades curativas y su sujeci�n a las normas oficiales.

"Las instituciones de educaci�n superior, creadas y auspiciadas por la Revoluci�n, han venido formando los profesionistas m�dicos y param�dicos que han hecho posible que la expansi�n de la actividad sanitaria se sustente en recursos humanos de la mayor calidad.

"La medicina preventiva y la educaci�n para la salud, empieza a encontrar en los medios de comunicaci�n masiva, el instrumento id�neo para penetrar en la sociedad y habilitarla para el buen cuidado de su salud.

"La custodia, restauraci�n y mejoramiento de la salud no es tarea que pueda eficazmente atender el E.ado, si no concurren los propios interesados; se trata de una responsabilidad que ata�e a todos y cada uno de los mexicanos y que est� estrechamente vinculada a lo cultural.

"En la d�cada de los setentas el E.ado mexicano empez� a asumir la responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente. Se crearon dependencias y mecanismos administrativos y entraron en vigor ordenamientos legales de los que carec�amos. Sin embargo, los resultados obtenidos est�n todav�a muy distantes de los prop�sitos de la Naci�n: proteger el patrimonio ecol�gico y usarlo con sentido social para bienestar de los mexicanos.

"Nuestro pa�s no acepta que el deterioro del medio ambiente, sea un costo insalvable del desarrollo econ�mico. La salud de los mexicanos, ser� una quimera si no somos capaces de preservar nuestros ecosistemas.

"En d�cadas de esfuerzo nacional se ha ido ampliando la infraestructura y equipamiento de salud como resultado de la avanzada tecnolog�a mexicana y del esfuerzo financiero de la sociedad.

"Si lo avanzado es satisfactorio para la naci�n, no puede dejarse de reconocer que a�n se aprecian graves carencias que no por antiguas son menos lacerantes: todav�a no se alcanza el objetivo de la plena cobertura; en algunas �reas existe un manejo dispendioso de recursos y una operaci�n desarticulada; m�s a�n, se advierte una dolorosa discriminaci�n en el campo de la salud: la calidad de los servicios var�a radicalmente de una instituci�n a otra y de regi�n en regi�n.

"No hemos sido capaces de establecer un sistema nacional de salud que responda a la demanda popular de una vida sana. La sociedad con frecuencia ha se�alado que no siempre ha privado una vinculaci�n adecuada entre los requerimientos de la salud y las instituciones de educaci�n superior que preparan a los profesionales que servir�n a las instituciones. Como la distribuci�n territorial de esos profesionales a menudo no se gu�a por criterios de car�cter social, se separan cada vez m�s a los mexicanos.

"Aun cuando se han emprendido acciones de planificaci�n familiar, �stas no han sido lo suficientemente amplias y eficaces para que las parejas decidan libre y responsablemente el n�mero y espaciamiento de su descendencia.

"La descoordinaci�n de las distintas dependencias y entidades p�blicas que act�an en el campo de la salud, genera duplicidades, contradicciones, dispendio de esfuerzos, derroche de recursos y p�rdida de tiempo, siempre en perjuicio de M�xico y los mexicanos.

"Las f�rmulas racionalizadoras que se han intentado repetidamente, no han rebasado el linde de los buenos prop�sitos.

"Esa descoordinaci�n ha conducido a que todav�a no se opere cabalmente ni se cumpla con uno de los elementos primarios de cualquier sistema de salud: el cuadro b�sico de medicamentos. Tal carencia lleva al menoscabo de la econom�a de los ciudadanos y de las finanzas p�blicas, provoca el rezago de la industria farmac�utica nacional y la dependencia del exterior.

"Esos factores, que se nos mostraron con toda su crudeza en la campa�a pol�tica que emprendimos para lograr el voto ciudadano, nos ha llevado a la convicci�n de que es necesario elevar el rango del derecho a la protecci�n de la salud, consagr�ndolo en el art�culo 4o. de nuestra Carta Magna como una nueva garant�a social.

"Por sucesivas reformas y adiciones, el art�culo 4o. de nuestra Carta Magna contiene derechos y principios de la mayor trascendencia para el bienestar de la familia: la igualdad del hombre y la mujer; la organizaci�n y desarrollo familiares; la paternidad responsable, cimiento de la planificaci�n familiar libre e informada; el derecho del menor a la salud f�sica y mental y a su subsistencia b�sica, y la correlativa responsabilidad del E.ado.

"Por otra parte, en la actualidad se halla en proceso de ratificaci�n de las Legislaturas Locales la adici�n a ese precepto relativa al derecho a la vivienda, que desde 1917 se circunscrib�a s�lo a los trabajadores subordinados, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 123 de la Constituci�n.

"La savia revolucionaria ha permitido el cambio que demanda la sociedad bajo la conducci�n del derecho, y ha ido ampliando el alcance y el �mbito de las garant�as sociales tendientes a asegurar a los mexicanos las condiciones culturales, econ�micas y sociales que requiere su cabal desenvolvimiento.

"El realismo con el que nos enfrentamos a los problemas de la naci�n y la convicci�n de que podemos acelerar la marcha de la Revoluci�n Mexicana e imprimirle un mayor contenido social al proceso de cambio, nos reafirma en la necesidad de plantear a esta honorable C�mara la consagraci�n constitucional del derecho a la protecci�n de la salud.

"Ese derecho es una vieja aspiraci�n popular, congruente con los prop�sitos de justicia social de nuestro r�gimen de convivencia y con los compromisos que en cuanto a Derechos Humanos, M�xico ha contra�do en la Organizaci�n de las Naciones Unidas y en la Organizaci�n de E.ados Americanos desde hace d�cadas.

"Si bien la garant�a social que proponemos, vendr�a a enriquecer el contenido program�tico de la Constituci�n de Q.�taro, compendio supremo del proyecto nacional, sabemos que no implica que ese derecho sea de cumplimiento autom�tico; pero tampoco su efectividad es prop�sito ingenuo y por ello inalcanzable. Por el contrario, los recursos que el E.ado y la sociedad destinan a la salud; los trabajadores de la salud formados en d�cadas de pol�tica educativa; el equipamiento y la infraestructura de salud acumulada y la madurez de las instituciones p�blicas que operan en ese campo, muestran que es factible que en el mediano plazo los mexicanos tengan acceso a servicios institucionales que contribuyan a la protecci�n, restauraci�n y mejoramiento de sus niveles de salud.

"Se ha optado por la expresi�n �Derecho a la Protecci�n de la Salud�, porque tiene el m�rito de connotar que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el E.ado, la sociedad y los interesados. En particular, debe llamarse la atenci�n de que sin la participaci�n inteligente, informada, solidaria y activa de los interesados no es posible que se conserve, recupere, incremente y proteja la salud: en este terreno no se puede actuar en contra de la conducta cotidiana de los ciudadanos.

"Sin embargo, el car�cter social de este derecho impone a los poderes p�blicos un deber correlativo al que consideramos se puede hacer frente, si existe solidaridad, responsabilidad p�blica, voluntad pol�tica y capacidad de ejecuci�n. El sector p�blico deber� poseer esos atributos para que el reiterado prop�sito de disponer de un Sistema Nacional de Salud, sea una realidad.

"No se trata de la creaci�n de un aparato burocr�tico nuevo, forzosamente grande e inmanejable, sino de un sistema conducido por la autoridad sanitaria en el que las instituciones de salud, sin perjuicio de su personalidad jur�dica y patrimonio propios y de su autonom�a paraestatal, se integren y coordinen funcionalmente, para evitar duplicidades y contradicciones; en suma, para dar un paso m�s eficiente a los recursos sociales y dotar de cabal efectividad al derecho social a la protecci�n de la salud.

"El perfeccionamiento del Sistema Nacional de Planeaci�n, es condici�n para que el Sistema Nacional de Salud se implante.

"La planeaci�n nacional dispondr� los procedimientos indispensables, a fin de que el programa de salud y los programas institucionales, cimentados en el Plan Nacional de Desarrollo, resulten compatibles y complementarios.

"La iniciativa que presentamos a esta honorable C�mara responde al prop�sito de revertir el proceso centralizador que desde principios de siglo se iniciara en materia de salud y que ha llevado a que la Federaci�n tome responsabilidades que pertenecen por su naturaleza a las jurisdicciones local y municipal. La Ley Sanitaria ha desvirtuado el �mbito de la salubridad general, que concibi� el Constituyente de Q.�taro, y con los Convenios de Servicios Coordinados de Salud P�blica tradicionales, pr�cticamente se ha liquidado el car�cter concurrente de la materia sanitaria.

"Por esas consideraciones, en la adici�n se previene que la ley distribuir� entre la Federaci�n y las entidades federativas las responsabilidades que en cuanto a la salubridad tocan a cada uno de los niveles de gobierno, sin menoscabo de que cada E.ado, conforme a sus respectivas legislaciones y potencialidades, convenga con los municipios que �stos participen activa y gradualmente en las actividades de salud. El car�cter concurrente de la materia sanitaria se ajusta a lo dispuesto por el Constituyente de Q.�taro, al prevenir el Consejo de Salubridad General y la dependencia del Ejecutivo encargada de las tareas sanitarias en el �mbito federal. El empe�o descentralizador ha de comprender la entrega paulatina a las jurisdicciones locales de funciones, programas y recursos hasta hoy manejados por la Federaci�n.

"Sin embargo, para que la reivindicaci�n federal que propugnamos no act�e en contra de los objetivos de racionalizaci�n de los recursos sanitarios y coadyuve a dar efectividad al derecho a la protecci�n de la salud, ser� necesario que tanto las entidades federativas como los municipios, decidan integrarse por la vertiente de la coordinaci�n, al Sistema Nacional de Planeaci�n y con ello, al Sistema Nacional de Salud.

"As� se abatir�n las inequidades regionales, el centralismo y el manejo dispendioso de los recursos que la naci�n asigna a esta prioridad.

"Otro aspecto saliente de la iniciativa es el relativo al acceso a los servicios de salud: una ley reglamentaria definir� las bases y modalidades de ese acceso para que se tengan en cuenta las caracter�sticas de los distintos reg�menes de seguridad social, que se fundan en los criterios de capacidad contributiva y de redistribuci�n del ingreso; de los sistemas de solidaridad social, que usan recursos fiscales, la cooperaci�n comunitaria y la colaboraci�n institucional, y de los sistemas de asistencia, que descansan en el esfuerzo fiscal del E.ado.

"A esa ley secundaria tocar�, en su caso, establecer los mecanismos, f�rmulas y criterios para que los mexicanos obtengan servicios de salud.

"Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 71 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, me permito proponer al H. Congreso de la Uni�n, por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de adiciones al art�culo 4o. de la propia Constituci�n Pol�tica, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo �nico. Se adiciona el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, con un p�rrafo pen�ltimo, que a la letra dice:

"Toda persona tendr� derecho a la protecci�n de la salud. La ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta Constituci�n.

"Transitorio

Art�culo �nico. La presente adici�n entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.

Del texto anterior claramente se aprecia que el derecho a la protecci�n a la salud fue incorporado a la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos reconociendo expresamente su car�cter de mandato de car�cter program�tico, ya que -seg�n se admiti� literalmente- la eficacia de esta garant�a no pod�a ser autom�tica.

Empero, el mismo documento que present� al Poder Legislativo la reforma en examen, tambi�n advirti� que, no obstante la naturaleza program�tica de la nueva garant�a, dicho postulado constitu�a de cualquier forma una directiva de acci�n para los poderes p�blicos, con resultados previsiblemente realizables a mediano plazo, en tanto que exist�an: 1) recursos del E.ado y de la sociedad destinados a la salud; 2) capacitaci�n de los trabajadores del sector formados en d�cadas de pol�tica educativa; 3) equipamiento e infraestructura en materia sanitaria acumulada; y 4) madurez de las instituciones p�blicas que operaban en ese campo; todo lo cual mostraba que era factible que, en un lapso razonable, los mexicanos tuvieran acceso a servicios institucionales que contribuyeran a la protecci�n, restauraci�n y mejoramiento de sus niveles de salud.

Asimismo, de la propia exposici�n de motivos se puede colegir que el derecho a la protecci�n de la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el E.ado, la sociedad y los interesados, de quienes se espera una participaci�n inteligente, informada, solidaria y activa, y de los poderes p�blicos, un deber correlativo de emprender un Sistema Nacional de Salud eficaz, que brinde a todos los mexicanos la garant�a de recibir atenci�n m�dica acorde a sus necesidades y no s�lo acorde con sus recursos econ�micos.

Por otra parte, en el dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Salubridad de la C�mara de Senadores, se situ� al derecho a la protecci�n de la salud como una garant�a individual de raigambre y esencia social precursora de la dignidad humana, en los siguientes t�rminos:

"A las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y de Salubridad, les fue turnada la iniciativa de reforma al art�culo 4o. constitucional, remitida a esta C�mara de Senadores por el ciudadano presidente de la Rep�blica, con fundamento en el art�culo 71 fracci�n I de nuestra Ley Fundamental. Dicha iniciativa ha sido estudiada meticulosamente y debidamente ponderada por las Comisiones precitadas, mismas que emiten el presente dictamen.

"La persona humana es la raz�n primera y �ltima de toda organizaci�n pol�tica y, por consecuencia, del E.ado Soberano, en el caso nuestro, de los E.ados Unidos Mexicanos.

"El E.ado existe por decisi�n soberana del pueblo y su estructuraci�n y funcionamiento deben encaminarse al pleno desarrollo de la persona humana, actuando aisladamente o en grupos equipar�ndolos plenamente, puesto que todos los miembros de la comunidad nacen, permanecen y viven libres e iguales.

"Por disposici�n del Constituyente de Q.�taro, recogiendo una hermosa herencia jur�dica y una loable tradici�n, nuestro c�digo pol�tico contiene las garant�as individuales, que son privilegios de los gobernados que de ninguna forma pueden ser alterados o perturbados por autoridad p�blica, de cualquier nivel de que se trate; constituyen el �mbito de prerrogativas fundamentales que deben respetar el E.ado y, en algunos casos promover la actuaci�n constante y oportuna de �ste para otorgarle plena observancia.

"Por otra parte, nuestra Constituci�n, por primera vez en el devenir hist�rico-constitucional del mundo, incorpor� en su articulado preceptos de car�cter social, tendientes a brindar tutela, protecci�n y auxilio a las clases sociales econ�micamente d�biles, a los trabajadores y campesinos que, con su labor callada y eficaz, han propiciado y fortalecido el progreso de M�xico. Asimismo, en nuestra Constituci�n se contienen disposiciones para atender a la familia, a los infantes y a los j�venes.

"De todo lo anterior se infiere que el valor supremo de la sociedad es el hombre; que nunca �ste se encuentra a disposici�n del E.ado, sino que es este �ltimo quien act�a para precipitar el progreso de los hombres y de la sociedad.

"P.�n constante de los mexicanos ha sido atender correctamente la necesaria salud de los miembros de nuestra comunidad, para que puedan desarrollar plenamente sus facultades f�sicas e intelectuales; para que desempe�en sus actividades con entera capacidad y entusiasmo, para que la vida no constituya un sufrimiento, sino un decurso de funciones intensas y fruct�feras tanto para lograr bienestar material como satisfacciones de �ndole espiritual; en una palabra, para propiciar y estimular la plena expansi�n de la persona humana.

"La preocupaci�n de nuestros Congresos Constituyentes por atender los aspectos de la salud, se remontan al Decreto Constitucional para la Libertad de la Am�rica Mexicana, sancionado en Apatzing�n el 22 de octubre de 1814, bajo la inspiraci�n y custodia del primero de los servidores p�blicos de M�xico, J.M.�a M. y P.D. texto constitucional estipul� como atribuci�n propia del Supremo Congreso, �aprobar los reglamentos que conduzcan a la sanidad de los ciudadanos, a su comodidad y dem�s objetos de polic�a�; disposici�n que debemos tener presente para volar acertadamente el objetivo propuesto con la reforma constitucional que aqu� se estudia.

"Las dem�s Asambleas Constituyentes Mexicanas del siglo XIX, tambi�n se preocuparon por atender los problemas derivados de la salud; sea para su conservaci�n, sea para su recuperaci�n y su fortalecimiento. Ya en nuestro siglo ante el esfuerzo y sacrificio de obreros y campesinos, los Planes Revolucionarios, desde el del Partido Liberal Mexicano hasta el mensaje de V.C., pronunciado en diciembre de 1916, ante el Congreso que aprob� en Q.�taro nuestra Constituci�n vigente, se percibe la invariable preocupaci�n de legislar sobre los diversos aspectos que reviste la salud de los humanos.

"En el recinto del Congreso Constituyente, el diputado J.R.�guez, con elocuencia exclam�: �La primera condici�n para que un pueblo sea fuerte y pueda con energ�a luchar en el concurso general de las naciones, es el cuidado de la salud individual y colectiva, o sea el mejoramiento de la raza llevado a su grado m�ximo�.

"Dentro de esta t�nica de salvaguardar la salud de nuestros compatriotas se incluy� en nuestra Carta Magna el Art�culo 123, varias de cuyas fracciones pretenden precisamente poner a cubierto la integridad f�sica, la higiene y la cabal salud de los obreros, jornaleros y, en general de todos los trabajadores de la Rep�blica, incluyendo a los servidores p�blicos, que con su cotidiana y callada labor, contribuyen, lo mismo que los obreros, al desarrollo y al crecimiento de nuestra patria.

"De esta forma, como garant�as sociales de salud de que gozan los mexicanos, entre otras, encontramos: la obligaci�n que tienen los patrones de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad para prevenir accidentes de trabajo, y para que �ste se verifique con las mayores garant�as para la salud y la vida de los trabajadores; el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender los requerimientos de la salud y, b�sicamente, su quebrantamiento y cubrir seguros de invalidez, de vida y de cesaci�n involuntaria del trabajo; el deber que tienen las Sociedades Cooperativas para la construcci�n de casas baratas e higi�nicas; la responsabilidad patronal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales; las aportaciones para el Fondo Nacional de la Vivienda; la debida atenci�n y descansos para la mujer embarazada, pretendiendo con esto no s�lo velar por su salud propia, sino tambi�n por la del futuro hijo, quien, de esta manera, desde antes de su nacimiento goza de la protecci�n de derecho y del E.ado.

"Asimismo, en el citado art�culo 123 se contienen normas para proteger el trabajo de los menores, precisamente con la finalidad de asegurar su salud y su bienestar.

"Otra disposici�n constitucional referida a cuestiones de salud es el art�culo 4o., fundamentalmente porque tiende a preservar el desarrollo de la familia y porque se�ala el deber de los progenitores de preservar el derecho que tienen los menores a atender sus necesidades y, muy especialmente, su salud tanto f�sica como mental.

"A los anteriores se deben agregar los art�culos 11 y 73 fracci�n XVI de la propia Constituci�n. El primero por cuanto autoriza el libre tr�nsito por la Rep�blica, con la �nica limitaci�n de atender las leyes de salubridad general de la Federaci�n y el segundo, por establecer la potestad que tiene el Congreso de la Uni�n para dictar leyes sobre salubridad general de la Rep�blica, cuyo consejo depende directamente del Ejecutivo F..

"Los gobiernos emanados de la Revoluci�n han organizado jur�dicamente y puesto en actividad instituciones que persiguen brindar atenci�n a los habitantes de la Rep�blica en sus requerimientos de salud. De esta forma, desde hace casi cuarenta a�os opera con atingencia y esmero el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del E.ado y otras dependencias espec�ficamente avocadas a salvaguardar la salud de sectores importantes de nuestra poblaci�n; encontrando en dichas instituciones los trabajadores de M�xico y sus derechohabientes, f�rmulas y medios para lograr su bienestar f�sico e intelectual.

"Ahora bien, el concepto salud en nuestros d�as no se constri�e ni se limita a evitar o recuperarse de los quebrantamientos f�sicos, sino que comprende el disfrute de posibilidades de acci�n que permitan el ya aludido desarrollo, entendiendo por �ste no s�lo el bienestar e integridad f�sicos, sino tambi�n el enriquecimiento intelectual y la superaci�n en todos los �rdenes, esto es, la comodidad gen�rica a que se refiri� el Constituyente de Apatzing�n.

"En la preocupaci�n estatal relativa a la protecci�n de la salud, se incluyen leyes y programas tendientes al mejoramiento del medio ambiente, al disfrute del tiempo libre, a la posibilidad de incrementar el rendimiento y la producci�n, a obtener alimentos nutritivos, as� como a combatir el uso inhumano de estupefacientes, a que se practique un efectivo control de calidad de los f�rmacos, a la posibilidad de practicar deportes, a contar con un cuadro b�sico de medicamentos, a organizar, estructurar y coordinar las atribuciones y programas de las diversas instituciones que se ocupan de la salud; a descentralizar dichos servicios, llevando a los m�s lejanos rincones de la Rep�blica los servicios necesarios para la salud de los mexicanos, condici�n sine qua non de la dignidad humana.

"La iniciativa presidencial, loable por su anhelo de brindar justicia a los mexicanos, se inscribe dentro de la vertiente que pugna por hacer efectiva la sociedad igualitaria, reclamada por la ciudadan�a de M�xico en la �ltima campa�a electoral tanto (sic) el presidente de la Rep�blica, como de los hoy integrantes de esta honorable Asamblea. La sociedad igualitaria es un postulado de realizaci�n impostergable, si queremos volver m�s digna la existencia de nuestros compatriotas, toda vez que s�lo mediante una igualdad estimulada y tutelada por el derecho, se puede ampliar y disfrutar aut�nticamente la libertad innata de los humanos. Avanzar en la sociedad igualitaria es avanzar en el camino de la democracia.

"En efecto, la iniciativa del jefe del E.ado mexicano enriquece el conjunto de las prerrogativas individuales, pero de raigambre y esencia social, en cuanto que reconoce a toda persona el derecho a la protecci�n de la salud; y en el mismo texto del p�rrafo que se propone adicionar al art�culo 4o. de la Ley Fundamental, se advierte que este derecho ha de hacerse efectivo a trav�s de servicios p�blicos de salud, que correr�n a cargo de las instituciones respectivas de la Federaci�n y de las entidades federativas. Para abundar en esta misma l�nea de ideas, el derecho as� reconocido tiene como contraparte la obligatoriedad del E.ado en sus diversos niveles, de prestar el servicio p�blico correspondiente.

"Por otra parte, es de advertir que la reforma constitucionalmente propuesta, y m�s a�n, los programas que al respecto adopte el Ejecutivo F., insert�ndolos en su Plan Nacional de Desarrollo, resultado del Sistema Nacional de Planeaci�n D.�tica, tender�n, como se�ala la iniciativa presidencial, no a crear un aparato burocr�tico nuevo, sino a integrar y coordinar las instituciones actualmente en funci�n, para evitar duplicidades y contradicciones y revertir el actual proceso centralizador, a fin de que la ley reglamentaria que al respecto se emita, distribuya entre la Federaci�n y las entidades federativas, las responsabilidades que se refieran al trascendente aspecto de la salud que nos ocupa, sin menoscabo de que cada E.ado, indica la propia iniciativa, convenga con sus municipios para que �stos participen, activa y gradualmente, en las actividades de la salud.

"E.a tendencia de coordinaci�n ya la ha advertido el Senado de la Rep�blica en la reciente aprobaci�n de la iniciativa presidencial de reformas al C�digo Sanitario, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del E.ado.

"Se�ala el presidente de la Rep�blica que el derecho a la protecci�n de la salud no implica que dicha prerrogativa tenga cumplimiento autom�tico, pero que tampoco su efectividad es prop�sito ingenuo, por cuanto que nuestra experiencia legislativa y administrativa al respecto, los recursos que el E.ado y la sociedad destina a la salud, y la infraestructura social y pol�tica permitir�n que en mediano plazo, la totalidad de mexicanos tengan acceso a los servicios institucionales que contribuyan a la protecci�n, a la restauraci�n y al mejoramiento de sus niveles de salud.

"La descentralizaci�n de la vida nacional, el fortalecimiento del Municipio y el respeto del F.ismo, en esta y las dem�s reformas constitucionales en proceso, son claros y palpables, reconociendo todas ellas la madurez de nuestras instituciones y la capacidad de los servidores p�blicos de los E.ados y de los Municipios.

"El art�culo 4o. constitucional as� adicionado se constituir� indudablemente, en la medida en que tienda a la protecci�n de la parte m�s sensible de la sociedad, la familia, la ni�ez y los beneficios fundamentales para la vida digna de los hombres en un verdadero cat�logo trascendente de los m�nimos de bienestar elevados a la m�xima jerarqu�a jur�dica.

Por todo lo anterior, y por cuanto que anima a la iniciativa el esp�ritu de enriquecer nuestras garant�as, por cuanto que su adopci�n estimular� nuestra actividad para mantener y fortalecer la salud; porque estrecha los v�nculos de solidaridad de los mexicanos y porque propiciado el mantenimiento de la salud se avanza en la democracia y en la justicia, el texto de la iniciativa es procedente. En tal virtud, las suscritas comisiones someten a la consideraci�n de esta honorable Asamblea, la aprobaci�n del siguiente proyecto de ...

Durante la discusi�n del anterior dictamen en el seno de la C�mara de Senadores hubo expresiones que reafirmaron el car�cter social del derecho a la protecci�n a la salud en los siguientes t�rminos:

"- El C.S.M.C. da cuenta con la segunda lectura del Dictamen de las Comisiones Unidas: Primera de Puntos Constitucionales y de Salubridad. (Mismo al que se le dio primera lectura en la sesi�n matutina celebrada el 23 de diciembre de 1982 y que aparece publicado en el Diario de los Debates N�m. 52 de la misma fecha.)

"- E.� a discusi�n el proyecto de decreto.

"- La C. Sen. M.E.H. de N.: Pido la palabra, se�or presidente.

"- El C. Presidente: �Con qu� objeto, se�ora senadora?

"- La C. Sen. Hoyos de N.: A nombre de la Comisi�n de Salubridad.

"- La C. Sen. Y.S.�es de B.: Pido la palabra, se�or presidente.

"- El C. Presidente: �En qu� sentido, se�ora senadora?

"- La C. Sen. Sent�es de B.: A nombre de las comisiones.

"- El C. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la senadora M.E.H. de N..

"- La C. Sen. Hoyos de N.: Se�or presidente; honorable Asamblea: Los Gobiernos de la Revoluci�n han concedido una atenci�n especial a la salud del pueblo mexicano. Gracias a ello en los �ltimos 50 a�os M�xico ha avanzado en forma importante en los niveles de seguridad social. Para la d�cada de los 30 el promedio de vida de los mexicanos era de 35 a�os, en la actualidad rebasa ya los 65 a�os.

"La creaci�n y desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del E.ado, ubican a M�xico como un pa�s de avanzada en el �mbito de la seguridad social. A partir de 1940, en s�lo 4 d�cadas, M�xico ha logrado dar seguridad social a la mitad de su poblaci�n.

"Ha habido avances, es innegable, pero es tambi�n innegable que a�n falta mucho por hacer para dar seguridad social a la mitad de nuestros compatriotas.

"Vivimos a�n, desgraciadamente, en un pa�s de desigualdades, en t�rminos de seguridad social podr�amos hablar de mexicanos de primera que son los que pagan cuotas a cambio de los servicios que reciben; los de segunda que son los que reciben �nicamente servicios asistenciales y los mexicanos de tercera que son los que no tienen acceso a ninguno de estos servicios.

"Hemos logrado elevar el promedio de la vida de los mexicanos, pero hemos de reconocer tambi�n que todav�a decenas de miles de ni�os mueren en M�xico de enfermedades respiratorias y gastrointestinales lo que revela un gran atraso en los niveles de salud y que nos coloca un pa�s subdesarrollado en este aspecto.

"Todos los senadores que integran esta honorable C�mara fuimos testigos presenciales de una necesidad que muchas veces se manifest� en clamor durante la campa�a del L.. M. de la Madrid. Observamos la desesperaci�n de muchos hombres y mujeres que ped�an que se les construyera un peque�o centro de salud o un hospital para aliviar la dura situaci�n de marginaci�n a la que estaban sujetos, m�s concretamente todos nosotros en cada uno de los E.ados que representamos escuchamos estas peticiones y constatamos sus necesidades. Seguramente a todos nosotros la impotencia nos ruboriz� y deseamos de alguna forma establecer un mecanismo para darle a nuestros representados esa satisfacci�n elemental de la vida que es la salud para ellos y para sus hijos.

"La iniciativa presentada por el Ejecutivo F. para elevar el derecho a la protecci�n de la salud a rango constitucional es la primera respuesta a estas demandas.

"Seg�n la Organizaci�n Mundial de la Salud �sta se define como el bienestar biol�gico, psicol�gico y social del individuo.

"Elevar a rango constitucional el derecho a la protecci�n de la salud es luchar, no solamente por la ausencia de enfermedad, sino porque cada mexicano sea sano mentalmente y esto le permite desarrollar sus facultades en beneficio propio y de la colectividad.

"Es tambi�n, dejar plenamente establecido el derecho al bienestar social concebido �ste como el acceso a una vivienda digna, a una educaci�n y a una alimentaci�n suficiente para el desarrollo arm�nico de sus facultades f�sicas y mentales.

"Quien carece de una vivienda digna, quien se ve forzado a vivir en la promiscuidad, nunca podr� ser sano.

"Quien es analfabeto, ni con todo el esfuerzo de la sociedad y de �l mismo podr� integrarse al m�s elemental programa de salud; y lo m�s dram�tico, quien est� desnutrido est� destinado a morir por su vulnerabilidad a las enfermedades o a quedar limitado de sus facultades mentales y f�sicas convirti�ndose, parad�jicamente, en una carga social.

"Es por eso que la iniciativa de referencia implica establecer que el objetivo del gobierno de la Rep�blica es crear y desarrollar las condiciones ambientales para que todo mexicano tenga, en todas las etapas de su vida, los servicios necesarios que garanticen un desarrollo arm�nico de sus facultades f�sicas y mentales, permiti�ndole una existencia digna y �til para la sociedad.

"La salud as� concebida es indudablemente una necesidad social, y consagrar como un derecho constitucional su protecci�n, es hacer realidad un viejo anhelo de los constituyentes de 1917 y constituye un avance muy importante hacia la sociedad justa e igualitaria a la que todos aspiramos.

"Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Salubridad, solicitamos de ustedes su voto aprobatorio al dictamen emitido, conscientes de que apoyar esta iniciativa es apoyar los postulados de justicia social de la Revoluci�n Mexicana en su dimensi�n actual. (aplausos.)

"- El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra la senadora Y.S.�es de B..

"- La C. Sen. Sent�es de B.: Honorable Asamblea: La Constituci�n Nacional se proyecta humanista desde el siglo pasado. El art�culo primero de la Carta Magna, da el disfrute de las garant�as individuales a todos, en forma universal, sin distingos de raza, de clase social, de nacionalidad, o de cultura, en una evidencia al respeto, a la dignidad humana en s�, que no reconoce ni admite cortapisas como valor eminente. Es, al propio tiempo, ese art�culo primero de nuestra ley mexicana, un testimonio del esp�ritu de solidaridad que movi� a nuestros Constituyentes.

"La propia Ley Suprema, da su manto protector a las libertades de pensar, de creer, trabajar, educarse y a ser tratados con respeto en el orden de sus posesiones, propiedades y derechos, a ser o�do en juicio, a no ser tratado con arbitrariedad ni con injusticia. En el marco constitucional, se postula la igualdad ante el derecho y la justicia, ante la participaci�n en la vida p�blica y en la prerrogativa de ser mexicano. La prioridad, en el texto legal mayor, es el hombre, con dignidad y como categor�a suprema de la existencia social.

"Es as� como el Constituyente de este siglo penetr� en la voluntad revolucionaria en armas, capt� la vocaci�n de esa inconformidad, y en respeto y aliento a las clases obrera y campesina; les dio estatuto, rumbo y sendero institucional, que es el fin supremo de toda revoluci�n.

"El derecho social surge cuando se exponen las primeras ideas respecto a la protecci�n no de una clase determinada de la sociedad o de grupos espec�ficos sino del cuerpo social mismo, mediante la integraci�n de todos sus componentes en un r�gimen de justicia.

"El derecho social es un derecho de integraci�n para integrar al orden justo a todos los mexicanos. Hacia las finalidades del derecho social se orientan todos los derechos.

"Tenemos varias d�cadas de ir perfeccionando los instrumentos del desarrollo y del fortalecimiento social y es en ellos, en donde radica la raz�n de equilibrio de nuestra convivencia, y el pivote de la permanencia nacional, si examinamos la marcha de nuestro orden jur�dico, veremos c�mo no nos aferramos a una estructura r�gida que paralizar�a a la sociedad y le impedir�a vivir dentro de la posibilidad dial�ctica de una comunidad nacional, que, la nuestra, es din�mica.

"El concepto de salud, ha ido teniendo diferentes interpretaciones de acuerdo a las necesidades y a los problemas en general de la sociedad. En los cincuenta primeros a�os de la vida independiente mexicana, se fragu� y se consolid� el concepto de que la salubridad y los servicios m�dicos defin�an �ntegramente a la salud.

"Los defectos del concepto de salud y del propio derecho social, como actividades altruistas, no se deben m�s que a las ideas dominantes en la materia, que deban a las leyes de protecci�n un car�cter de concesi�n graciosa del E.ado, ideas que se han transformado en desarrollo del derecho social que introduce un nuevo sentido.

"Del azaroso criterio de la calidad como m�vil para la atenci�n de nuestros semejantes, vamos hacia el establecimiento institucional que obliga a todos y vuelve respetable y acatable que se consagra en el enunciado �por una sociedad igualitaria�, el L.. M. de la Madrid, vincula el planteamiento del derecho a la salud, como garant�a social, con la integraci�n de un Sistema Nacional de Salud y con el proceso de descentralizaci�n de la vida nacional.

"La respuesta de las democracias es el derecho social porque trata de establecer sin mengua de las libertades humanas un orden justo de convivencia. Las crisis se originan por la insatisfacci�n social, la mejor defensa no est� en la b�squeda s�lo del desarrollo econ�mico, sino en la estructuraci�n y bienestar de cada individuo, cada pueblo, sobre la base de la justicia social.

"El dos de abril, en Veracruz, M. de la Madrid se�al� la necesidad de elevar el derecho a la salud a la categor�a de garant�a constitucional, esta misma afirmaci�n fue planteada en sus postulados para una sociedad igualitaria en lxmiquilpan, H., y reiterada el 8 de junio ante los m�dicos del pa�s. La salud como precepto social b�sico igual que todos los derechos sociales, forman un todo arm�nico y sistem�ticamente estructurado, que requiere una transformaci�n en la organizaci�n y en la moral p�blica, es as� como el se�or presidente inicia en las disposiciones legales enviadas a trav�s de sus iniciativas las modificaciones amplias y profundas para llegar al logro del prop�sito y del compromiso.

"Sabemos que no es el mandato del legislador el que lleva el bienestar directo inmediato, que son importantes las medidas de la ejecuci�n de la norma, ya que, �sta s�lo es base de un proceso, y es as� que para lograr el desarrollo arm�nico es importante el aspecto econ�mico y obtener mayores recursos y mejor aprovechamiento de los mismos entre las iniciativas recibidas por el Congreso de la Uni�n se encuentra el presupuesto austero; el fortalecimiento a los Municipios y coordinaci�n de los recursos administrativos, la modificaci�n a la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F., la seguridad de los buenos manejos en esta administraci�n a trav�s de reformas a la Ley de Servidores P�blicos y a leyes secundarias, la participaci�n democr�tica para la formulaci�n de programas y planes en la Ley de Planeaci�n. Y la congruencia y relaci�n entre las normas en materia de salud, modificaciones al C�digo Sanitario, a la Ley de Administraci�n P�blica, al Reglamento Interior de la Secretar�a de Salubridad y Asistencia, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en fin la adecuaci�n legislativa para poder ejecutar de inmediato, no se trata pues de una disposici�n aislada o de un enunciado sin sentido. La importancia de la adici�n propuesta por el L.. de la Madrid, respecto al art�culo 4o. de la Constituci�n General de la Rep�blica, la Salud (sic) hace indispensable considerar como responsabilidad que comparte indisolublemente el E.ado, la sociedad y los interesados. Sin la participaci�n informada solidaria y activa de los interesados, no es posible que se conserve, recupere, incremente y proteja la salud; requiere el reordenamiento de la conducta pero tambi�n el reordenamiento de la conducta particular de cada mexicano.

"Es un precepto de la voluntad de servicio de un patriota presidente, expresi�n continua ha sido: �La prioridad es el hombre�.

"Por lo anterior, me permito solicitar a esta honorable Asamblea se sirva bar (sic) en sus t�rminos el texto propuesto por el Ejecutivo F., para adicionar el art�culo 4o. de la Constituci�n General de la Rep�blica. (aplausos.)

"- El C. Secretario M.C.: Por no haber impugnaci�n al dictamen y a fin de recoger la votaci�n nominal, se ruega al personal administrativo dar cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los E.ados Unidos Mexicanos, requiriendo la presencia de los ciudadanos senadores que se encuentren en la sala de desahogo.

"(se cumple.)

"- Se�ores senadores, se va a proceder a recoger la votaci�n nominal. La recibe por la afirmativa, M.C..

"- El C. Secretario T.�a T.: Por la negativa, la recibe T.�a T..

"(Se recoge la votaci�n.)

- El C. Secretario M.C.: Aprobado por 60 votos. Pasa a la C�mara de Diputados para los efectos constitucionales.

Siguiendo la secuencia del proceso legislativo, el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales y de Salubridad y Asistencia de la C�mara de Diputados, nuevamente enfatiz� el car�cter social del derecho a la protecci�n a la salud, cuyo respeto puntualiz�, como ninguna otra garant�a, no admite discriminaci�n alguna:

"A las comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales y de Salubridad y Asistencia de esta H. C�mara de Diputados, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto que remite la H. C�mara de Senadores, relativa a la iniciativa que el presidente de los E.ados Unidos Mexicanos, licenciado M. de la Madrid Hurtado, somete a la soberan�a del H. Constituyente Permanente, para adicionar el art�culo 4o. de la Constituci�n.

"Las Comisiones Unidas revisaron los ordenamientos expuestos en la iniciativa del Ejecutivo F., as� como el texto Minuta del Senado, y despu�s de haber sido discutido a satisfacci�n de sus integrantes, formularon el presente dictamen con apoyo en las siguientes

"Consideraciones

"Con la Revoluci�n Mexicana surgen los principios de seguridad social largamente acariciados por el pueblo de M�xico. Ya en el art�culo 123 de la Constituci�n de 1917 se plasmaron los derechos inalienables que el trabajador tiene con respecto a la protecci�n de su salud.

"Ha sido motivo de preocupaci�n por los gobiernos postrevolucionarios elevar los niveles de salud del pueblo mexicano. Sin embargo, situaciones de orden geogr�fico, administrativo y fundamentalmente econ�mico, han impedido que la protecci�n a la salud sea otorgada por igual a todos los habitantes del pa�s. En la carta de los derechos del hombre, consta como primordial para el desarrollo de la humanidad el derecho que todo individuo tiene a la salud.

"La salud se define como un estado de completo bienestar f�sico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel m�s alto de salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinci�n alguna.

"Existen a�n muchos compatriotas que no reciben los servicios de salud que requieren, por limitaciones presupuestales, acentuados por defectos de coordinaci�n que implican dispersi�n y derroche de recursos, duplicidad de esfuerzos y concentraci�n innecesaria en �reas privilegiadas con carencia o insuficiencia de servicios en otras que frecuentemente son las que m�s lo requieren.

"Surge la necesidad de establecer un sistema nacional de salud que permita la mejor utilizaci�n de los recursos existentes y su adecuaci�n a las necesidades reales del pa�s. La creaci�n de este sistema nacional requiri� de reformas legales tanto al C�digo Sanitario como a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del E.ado y que ya fueron aprobadas por el H. Congreso de la Uni�n.

"El ejercicio de esta garant�a constitucional requiere de cambios estructurales, de esfuerzos de coordinaci�n efectiva. La aprobaci�n de las modificaciones legales antes mencionadas, marcan un camino de congruencia, de integraci�n que es imperioso recorrer. Los resultados no podr�n ser dram�ticos ni las reformas constitucionales son panacea a todas nuestras enfermedades. No puede quedar como simple expresi�n constitucional de buenas intenciones. Se requiere para hacer efectivo este derecho de la participaci�n activa de todos los miembros de la sociedad que deben aprender a valorar su salud y lucha por preservarla.

"El E.ado ser� el promotor de este ejercicio que requiera de la solidaridad social y de la voluntad colectiva para su cabal cumplimiento.

"La soluci�n de los problemas de salud exigen realismo y convicci�n. Nunca debemos estar satisfechos, siempre habr� mucho por hacer. El E.ado revolucionario da contenido social a todo proceso de cambio, de esto se deriva que la exigencia social de incluir en nuestra Carta Magna, el derecho a la protecci�n de la salud, se est� presentando a consideraci�n de esta asamblea, en este momento.

"No hay en esto, prop�sito ingenuo, disponemos de la informaci�n que nos permite estimar los recursos que el E.ado y la sociedad destinan a la promoci�n de la salud.

"Con base en ello, creemos que en el pa�s, se est� en condiciones de cumplir a mediano plazo esta exigencia social: �Dar a todos los mexicanos la garant�a de recibir atenci�n m�dica acorde a sus necesidades y no acorde a sus recursos.�

"El concepto de justicia social contenido en nuestra Constituci�n y las responsabilidades que el derecho a la protecci�n a la salud implican una constante transformaci�n de la estructura social, a una distribuci�n equitativa de la riqueza, que proscriba toda ventaja o privilegio en favor de alguna clase social o en favor de intereses particulares.

"La salud, como ninguna otra condici�n para el disfrute de una vida plena, no admite discriminaciones. No puede hablarse de una sociedad sana cuando tiene injustamente sectores completos de la poblaci�n, sin el disfrute real de este derecho.

"En el desarrollo de esta idea de justicia, la iniciativa propone que para igualar a los desiguales en oportunidades y seguridades se establezca este impostergable derecho social.

"La iniciativa de reformas al art�culo 4o. constitucional, enviada por el Ejecutivo F., enriquece el contenido social de nuestra Constituci�n al introducir esta nueva garant�a para todos los mexicanos. El derecho a la protecci�n de la salud.

"Es importante resaltar el esfuerzo por la descentralizaci�n de la vida nacional que la propia iniciativa contempla. Distribuir entre la Federaci�n, E.ados y Municipios, las responsabilidades que en cuanto a servicios de salud les corresponde.

"El federalismo desde el punto de vista econ�mico, y administrativo constituye la decisi�n descentralizadora del poder y de la riqueza que permite un desenvolvimiento regional o local m�s justo y equitativo. S�lo puede aumentar su eficacia la administraci�n p�blica en la medida en que �ste permita una mayor participaci�n de las autoridades locales en los problemas que le competen.

"El probado sistema de la respetuosa coordinaci�n entre los niveles de gobierno, permite la sinergia de esfuerzos como factor fundamental para poder garantizar el derecho, mediante la disponibilidad de servicios.

"El derecho a la protecci�n, a la salud, implica que el E.ado y la sociedad amalgamados deciden luchar contra algo m�s importante que la simple enfermedad. Es el combate decidido a la patolog�a de la pobreza que se da en los pa�ses que se encuentran en v�as de desarrollo y que como el nuestro no han logrado coordinar eficazmente todas las Instituciones que tienen como objetivo o como uno de sus objetivos, la protecci�n de la salud de todos sus habitantes.

"El derecho a la protecci�n de la salud debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestaci�n, tanto a la futura madre como al hijo. Sin importar sexo, tanto al joven como al anciano, del inicio al t�rmino de la vida, no s�lo prolong�ndola, sino haci�ndola m�s grata d�ndole mayor calidad, haci�ndola m�s digna de ser vivida.

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los art�culos 71, 72, 135 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Org�nica del Congreso General de los E.ados Unidos Mexicanos y 87, 88 y dem�s relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los E.ados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas, someten a la consideraci�n de esta honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto que adiciona el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos.

Finalmente, en la declaratoria de aprobaci�n de la reforma constitucional que se comenta, se sintetiz� la doble vertiente, individual y social, del derecho a la protecci�n a la salud en los siguientes t�rminos:

"Tercera Comisi�n de Trabajo.

"Honorable Asamblea:

"A la comisi�n que suscribe, fue turnado el expediente que contiene el proyecto de decreto que adiciona el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos.

"Con esta reforma en materia de salud se completa la decisi�n nunca abandonada por la naci�n de que cada uno de los mexicanos, por el solo hecho de serlo, gocen dignamente de los elementos de bienestar personal, familiar y social. Advierte la comisi�n que el art�culo 4o. constitucional, en el que se conjunta la voluntad general del pueblo para promover la igualdad entre el var�n y la mujer, promover la organizaci�n y desarrollo de la familia, proteger al ni�o y con �l a las partes m�s sensibles de la sociedad, declarar el derecho de toda familia a la vivienda y ahora garantizar la salud para todos, se enlista un cat�logo de derechos individuales de raigambre colectiva, garant�as individuales y derechos sociales, en una sabia armon�a que ha caracterizado desde su origen a la Constituci�n General de la Rep�blica.

"El proyecto de adiciones al art�culo 4o. constitucional fue aprobado en su oportunidad por la honorable C�mara de Senadores y por la honorable C�mara de Diputados, la que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art�culo 135 de la Constituci�n F., lo turn� a las honorables Legislaturas de los E.ados, de manera que quedase completada la intervenci�n del Constituyente Permanente para elevar la jerarqu�a constitucional y formar parte del pacto federalista aquellas reformas iniciadas por el ciudadano presidente de la Rep�blica.

"En el expediente que ha sido turnado a la Comisi�n D., consta que el proyecto de decreto ha merecido la aprobaci�n de las legislaturas de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, C., Coahuila, Colima, Chiapas, G., M.�n, Nayarit, Nuevo Le�n, Puebla, Q.R., Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Y.�n y Zacatecas.

Efectuado el c�mputo, se desprende que el proyecto ha merecido la aprobaci�n de la mayor�a de las honorables legislaturas y por consiguiente procede declararse la aprobaci�n de la adici�n al precepto de referencia.

De los antecedentes legislativos que dieron lugar a la incorporaci�n al texto constitucional del derecho a la protecci�n de la salud, se puede concluir que esta garant�a, de naturaleza individual y social, constituye un presupuesto esencial del respeto a la dignidad de la persona humana, porque al gozar �sta de bienestar f�sico y mental, teniendo a su alcance los medios institucionales o asistenciales para conservar esos atributos, es que se articulan eficazmente el resto de los derechos fundamentales, y se accede al disfrute pleno de la protecci�n que brinda la Constituci�n, la cual, en este sentido, impone un deber a cargo del E.ado de generar a trav�s de medios jur�dicos y administrativos un sistema que coordine a la Federaci�n y a los E.ados para que brinden servicios de salud, individuales y de car�cter colectivo, a toda persona que se encuentre en territorio nacional, de acuerdo a sus necesidades y no conforme a sus recursos econ�micos, sin discriminaciones en raz�n de la enfermedad que padezcan o de la situaci�n en que socialmente se encuentren.

El Poder Reformador de la Constituci�n ha reafirmado el rechazo a toda discriminaci�n originada, entre otras caracter�sticas de las personas, en sus posibles discapacidades o en sus condiciones de salud, al adicionar un p�rrafo final al art�culo 1o. constitucional mediante decreto publicado el cuatro de diciembre de dos mil seis, en el cual se dispuso lo siguiente:

"Art�culo 1o. ...

"...

"(Reformado, D.O.F. 4 de diciembre de 2006)

Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las discapacidades, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En estas condiciones, se obtiene que tanto los individuos sanos, como quienes no lo sean, engendran a cargo del E.ado la obligaci�n de proporcionarles el acceso a los servicios p�blicos de salud en las mismas condiciones en que los reciben quienes se encuentran en id�nticas condiciones, conforme al sistema nacional dise�ado para tal fin con la participaci�n de la Federaci�n y los E.ados, cuya cobertura permita que en el mismo queden comprendidas institucional o asistencialmente, seg�n el caso, todas las personas.

  1. V.�n directa a la garant�a del derecho a la protecci�n de la salud. Por su evidente nexo en lo esencial, es pertinente se�alar que este Alto Tribunal ya se ocup� de la infracci�n al primer enunciado del p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional, al advertir la falta de razonabilidad en la limitaci�n para llevar a cabo trasplantes de �rganos s�lo entre personas que tuvieran determinado parentesco, al resolver el ocho de abril de dos mil tres el amparo en revisi�n 115/2003, promovido por J.R.L.A., en cuya parte considerativa se estableci� lo siguiente:

    "Entonces, si la Ley General de Salud establece todo un sistema que tiene como objetivo tener un control de los trasplantes de �rganos que se efect�an en el pa�s, el concreto requisito contenido en la norma impugnada, consistente en que el donante tenga una relaci�n de parentesco o de concubinato con el receptor, no es indispensable para evitar el comercio de �rganos.

    "Es cierto que la existencia de una relaci�n de parentesco o de concubinato permite presumir que una persona, ante la carencia de salud e incluso el peligro de que su pariente o concubino pierda la vida, le done un �rgano motivada por su �nimo de altruismo, solidaridad y afecto, pero tambi�n es cierto que no s�lo en ese tipo de relaciones familiares se presenta ese �nimo de solidaridad desinteresada.

    "En efecto, la solidaridad y el altruismo son caracter�sticas que no son ajenas a la especie humana; por tanto, no son exclusivos de las personas involucradas en una relaci�n de matrimonio, parentesco o concubinato; y esta reflexi�n no es tomada en consideraci�n por la norma impugnada, de la que se infiere que fuera del reducido grupo familiar que establece, autom�ticamente existe tr�fico de �rganos.

    "De no existir el requisito reclamado, cualquier persona, sujet�ndose a los estrictos controles que establece la Ley General de Salud, que tenga compatibilidad aceptable con el receptor, sin que vea afectada su salud y motivada por su �nimo de altruismo y solidaridad podr�a decidir de manera libre donar gratuitamente un �rgano, y esta posibilidad, sin lugar a dudas se traducir�a en el mejoramiento de la calidad de vida y su prolongaci�n, fines perseguidos por el art�culo 4o. de la Constituci�n F..

    "Aunado a lo anterior se encuentra el hecho de que existe una gran cantidad de personas en espera de un �rgano que les permita mejorar su calidad de vida o incluso prolongarla, por lo que el requisito que se reclama no encuentra justificaci�n constitucional, sobre todo que, como ya se apunt�, en la Ley General de Salud se establecen otras medidas que permiten un control estricto de las instituciones, de los m�dicos y de las personas involucradas en el trasplante de �rganos, sistema que integralmente se encamina, m�s que nada, a evitar el comercio de �rganos, y por otra parte, como ya se dijo, el �nimo de altruismo y solidaridad humana no es exclusivo de las relaciones de parentesco y concubinato.

    "Por tanto, el requisito contenido en el art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley General de Salud, es contrario al art�culo 4o. constitucional, pues priva a la poblaci�n en general de un medio tendiente a prolongar la vida y mejorar la calidad de �sta.

    "Es necesario puntualizar que la restricci�n a los trasplantes de �rganos que nos ocupa, afecta el inter�s general de la poblaci�n, pues si bien en principio lesiona a los posibles receptores, lo cierto es que implica una limitaci�n al derecho a la vida y al derecho a la salud.

    En consecuencia al haber resultado inconstitucional el art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley General de Salud, lo procedente es conceder el amparo en su contra, protecci�n que se hace extensiva al acto de aplicaci�n atribuido al titular de la Delegaci�n del Instituto Mexicano del Seguro Social en el E.ado de Jalisco, consistente en la negativa a practicarle un trasplante de ri��n proveniente de un donador vivo, que lo ofrece gratuitamente, siempre que se re�nan todos los dem�s requisitos legales y reglamentarios.

    En aquella ocasi�n se cuestion� el art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley General de Salud, anterior a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el cinco de noviembre de dos mil cuatro, y para ilustrar mejor ese caso es pertinente transcribir el texto de dicha disposici�n antes y despu�s de su reforma:

    Texto anterior

    "Art�culo 333. Para realizar trasplantes entre vivos, deber�n cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:

    "I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;

    "II. Donar un �rgano o parte de �l que al ser extra�do su funci�n pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura;

    "III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor;

    "IV. Recibir informaci�n completa sobre los riesgos de la operaci�n y las consecuencias de la extracci�n del �rgano o tejido, por un m�dico distinto de los que intervendr�n en el trasplante;

    ".H. otorgado su consentimiento en forma expresa, en t�rminos del art�culo 322 de esta ley, y

    VI. Tener parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o ser c�nyuge, concubina o concubinario del receptor. Cuando se trate del trasplante de m�dula �sea no ser� necesario este requisito.

    Texto en vigor

    (Reformado, D.O.F. 26 de mayo de 2000)

    "Art�culo 333. Para realizar trasplantes entre vivos, deber�n cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:

    "I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;

    "II. Donar un �rgano o parte de �l que al ser extra�do su funci�n pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura;

    "III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor;

    "IV. Recibir informaci�n completa sobre los riesgos de la operaci�n y las consecuencias de la extracci�n del �rgano o tejido, por un m�dico distinto de los que intervendr�n en el trasplante;

    ".H. otorgado su consentimiento en forma expresa, en t�rminos del art�culo 322 de esta ley, y

    (Reformada, D.O.F. 5 de noviembre de 2004)

    "VI. Los trasplantes se realizar�n, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por alg�n tipo de parentesco, ser� posible realizar una donaci�n, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

    "a) Obtener resoluci�n favorable del Comit� de Trasplantes de la instituci�n hospitalaria, donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluaci�n m�dica, cl�nica y psicol�gica;

    "b) El interesado en donar deber� otorgar su consentimiento expreso ante notario p�blico y en ejercicio del derecho que le concede la presente ley, manifestando que ha recibido informaci�n completa sobre el procedimiento por m�dicos autorizados, as� como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneraci�n alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podr� ser revocable en cualquier momento previo al trasplante, y

    c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretar�a, para comprobar que no se est� lucrando con esta pr�ctica.

    La resoluci�n dictada en el amparo en revisi�n 115/2003 dio lugar a la siguiente tesis:

    "TRASPLANTE DE �RGANOS ENTRE VIVOS. EL ART�CULO 333, F.V., DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE LO PERMITE �NICAMENTE ENTRE PERSONAS RELACIONADAS POR PARENTESCO, MATRIMONIO O CONCUBINATO, TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA SALUD Y A LA VIDA CONSAGRADOS EN EL ART�CULO 4o. DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El citado dispositivo legal, al establecer que para realizar trasplantes de �rganos entre vivos, el donante debe tener necesariamente con el receptor parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, o ser su c�nyuge, concubina o concubinario, transgrede los derechos a la salud y a la vida establecidos en el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, pues priva a la poblaci�n en general de un medio apto para prolongar la vida o mejorar su calidad. Es cierto que el legislador, al normar el trasplante de �rganos entre vivos de la manera restringida indicada, lo hizo con el prop�sito de fomentar el altruismo y evitar su comercializaci�n, pero tambi�n es cierto que tan dr�stica limitaci�n no es indispensable para alcanzar dichos objetivos, ya que el propio sistema jur�dico prev� otras medidas tendentes a evitar que se comercie con los �rganos, o bien, que exista �nimo de lucro en su donaci�n. Adem�s, aunque la existencia de una relaci�n de parentesco, de matrimonio o de concubinato permite presumir que una persona, ante la carencia de salud e incluso el peligro de que su pariente, c�nyuge o concubino pierda la vida, le done un �rgano movida por �nimo altruista, de solidaridad o afecto, es un hecho notorio que no s�lo en ese tipo de relaciones familiares se presenta el �nimo de solidaridad y desinter�s, sino tambi�n entre quienes se profesan amistad y aun entre desconocidos. Por tanto, cualquier persona que se sujete a los estrictos controles t�cnicos que establece la Ley General de Salud y tenga compatibilidad aceptable con el receptor, sin que vea afectada su salud y motivada por su �nimo de altruismo y solidaridad, podr�a de manera libre donar gratuitamente un �rgano, sin desdoro de los fines perseguidos por el legislador y por el precepto constitucional en cita. Amparo en revisi�n 115/2003. J.R.L.A.. 8 de abril de 2003. Mayor�a de siete votos. Disidentes: S.S.A.A., J.V.A.A.�n, Jos� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: S.S.A.A.. Encargado del engrose: J.D.R.. Secretarios: A.M.F., C.A.V.�or y G.C.�o M.." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2003, tesis P. IX/2003, p�gina 54).

    E.e criterio hubo de ser tomado en cuenta dentro del proceso legislativo de reforma a la fracci�n VI del art�culo 333 de la Ley General de Salud, como se aprecia de la lectura del dictamen de veintisiete de abril de dos mil cuatro, de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de E.udios Legislativos; de E.udios Legislativos, Primera; y de E.udios Legislativos, Segunda, sobre el proyecto de decreto por el que se propon�a modificar el texto de dicho precepto, as� como de los art�culos 329, 333, fracci�n VI, 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud, que dice en la parte que interesa:

    "Quinta.La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha manifestado que la prohibici�n contenida en el art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley General de Salud impide que se haga efectivo el derecho a una mejor calidad de vida y que, sin embargo, ello obedece al prop�sito de no comercializar los �rganos y proteger la salud del donante, raz�n por la cual es necesario condicionar la donaci�n a candados que impidan el lucro y permitan el ejercicio de la generosidad de los seres humanos.

    "El art�culo 4o. constitucional protege el derecho a la salud a toda persona. Lo que se tiene que observar cuando se dan adelantos en la ciencia, como es el caso de los trasplantes, es la protecci�n de la salud de ambos, del donante y del receptor. El art�culo 333, en sus diferentes fracciones, tiende a salvaguardar la salud del donante, sin embargo, en la fracci�n VI, al establecer la donaci�n s�lo entre personas con un v�nculo consangu�neo o de afinidad, trunca el derecho a la salud de aquella persona que urge de un trasplante y que lo pudiera obtener de una persona con la cual guarda una relaci�n afectiva de amor, amistad, cari�o u otra �ndole similar.

    "Sexta. Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas son conscientes que los avances tecnol�gicos en la medicina minimizan los riesgos en operaciones que hace tan solo algunos a�os eran un factor de morbi y mortalidad. Si bien es cierto como se se�ala en la iniciativa de reforma al art�culo 333, fracci�n VI de la Ley General de Salud, no se puede permitir que la redacci�n de un ordenamiento legal vigente, limite las ventajas que la tecnolog�a en la medicina presenta para la preservaci�n de la vida y el mejoramiento de las condiciones f�sicas. En dicha propuesta, objeto del presente dictamen, no queda del todo claro una redacci�n jur�dica que especifique los mecanismos de control, que permitan la donaci�n entre vivos que no tengan una relaci�n de parentesco con el receptor y de esta forma evitar posibles il�citos en tan noble fin.

    S�ptima. Las Comisiones D.s consideraron pertinente que para la elaboraci�n del dictamen de la iniciativa de reforma al art�culo 333, fracci�n VI, se tuviera contacto con las instituciones afines al tema, por ello se contact� de manera oficial al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y a la Secretaria de Salud (SSA) con el objetivo de conocer sus observaciones sobre la misma. La Secretar�a de Salud consider� que en dicha iniciativa no se observa la redacci�n correspondiente a los candados legales para evitar pr�cticas comerciales en la donaci�n de �rganos entre personas sin parentesco. Por su parte el CENATRA, observ� los mismos inconvenientes y basados en la importancia del tema y en los beneficios que derivar�an de �sta reforma, emiti� una propuesta de redacci�n para la iniciativa en comento, contemplando los candados legales que impedir�an la comisi�n de alg�n acto delictivo, omitidos por la iniciativa en discusi�n. La redacci�n propuesta por el CENATRA es la siguiente: ...

    Posteriormente en el dictamen de la revisora se expusieron otros datos importantes:

    "I. Aunado a lo anterior, debemos considerar que, si bien es cierto que el proceso legal de donaci�n y trasplante debe cumplir diversas fases para garantizar la higiene y la sanidad de la operaci�n, la legislaci�n actual establece algunas limitantes que perjudican al fomento y facilidad de pr�cticas de donaci�n en M�xico, ya que el art�culo 333 de la Ley General de Salud en su fracci�n VI requiere como �nicos candidatos a donantes para realizar trasplantes, a los parientes por consanguinidad, por afinidad o civil o ser c�nyuge, concubina o concubinario del receptor, excepto en el caso de trasplante de m�dula �sea, coartando por lo tanto la posibilidad de que donen todos aquellos terceros que tengan voluntad de hacerlo y compatibilidad con el paciente que se trate.

    "J.C. destacar que durante el periodo se septiembre del 2001 a agosto del 2002, se realizaron 3370 trasplantes en el pa�s, 1966 corresponden a trasplantes de c�rnea, 1319 a trasplantes de ri��n, 63 a trasplante de h�gado, y 22 de coraz�n."

    Ahora, como se hab�a se�alado con anterioridad, el derecho a la protecci�n de la salud impone un deber a cargo del E.ado de generar a trav�s de medios jur�dicos y administrativos un sistema nacional que coordine a la Federaci�n y a los E.ados para que brinden servicios de salud, individuales y de car�cter colectivo, a toda persona que se encuentre en territorio nacional, de acuerdo a sus necesidades y no conforme a sus recursos econ�micos, sin discriminaciones en raz�n de la enfermedad que padezcan o de la situaci�n en que socialmente se encuentren.

    Ese deber respecto de los �rganos legislativos implica que �stos deber�n considerar los requerimientos de todo individuo para acceder a los servicios de salud, y en los casos en los que para ello puedan ponerse en riesgo otros bienes jur�dicamente tutelados, tienen la obligaci�n de incorporar al orden jur�dico procedimientos alternativos que concilien el inter�s del enfermo con esos bienes, de forma tal que a �ste no se le excluya en forma absoluta y discriminatoria de la posibilidad de recuperar su salud o, al menos, atenuar la dolencia que le aqueje, ya que sin un buen estado f�sico y mental, los dem�s derechos fundamentales, en la misma proporci�n al da�o provocado por el padecimiento, palidecen o definitivamente pierden significado para la persona, porque le impiden disfrutar de los mismos, lo cual a toda costa debe evitar el E.ado.

    Si el bienestar corporal y mental articula el efectivo goce y ejercicio de los dem�s derechos, es incuestionable que la legislaci�n no debe colocar a determinados enfermos en condiciones absolutas de la p�rdida de toda oportunidad de recuperaci�n, sino que, conforme los avances de la ciencia, est� constre�ida a brindar el m�ximo posible de expectativas legales para llegar a tal fin, sin afectar a terceros u otros bienes en los que est� interesada la sociedad, a la cual tambi�n le incumbe velar porque sus integrantes no sean desahuciados simplemente por existencia de requisitos faltos de razonabilidad, por insuperables, nacidos de la mera rigidez de la ley.

    En este sentido, la falta de razonabilidad de la limitaci�n a los trasplantes entre personas sin parentesco advertida por el Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisi�n 115/2003, decisi�n que posteriormente fue considerada por el Congreso de la Uni�n para atemperar dicho obst�culo al reformar el art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley General de Salud, lleva a concluir que son fundados los argumentos del procurador general de la Rep�blica formulados en la presente acci�n de inconstitucionalidad, ya que la prohibici�n que se ha introducido en el art�culo 24-A de la legislaci�n civil del E.ado de Nayarit es contraria al p�rrafo tercero del art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos que establece que "Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la salud.", en la medida que dicho precepto secundario impide a las personas disponer parcialmente de su cuerpo, con fines terap�uticos, en favor de personas con las que no tenga un parentesco hasta el cuarto grado, no obstante que el lazo familiar no es el �nico v�nculo de solidaridad que propicia ese deseo de libre disposici�n corporal.

    En efecto, es un hecho notorio que la demanda de �rganos para trasplantes rebasa considerablemente la oferta de los donantes, a quienes, por regla general, mueve hacia ese gesto humanitario el v�nculo familiar que los une con el paciente que requiere de un componente del cuerpo humano para recuperar la salud.

    Pero no podr�a afirmarse que siempre ocurre as�, pues el parentesco no es la �nica fuente entre los individuos que genera un acto solidario de esa magnitud, sino tambi�n las relaciones que son resultado de la amistad, la gratitud, el afecto y, en suma, de cualquiera otra que en un ejercicio altruista revele la bondad desinteresada de la persona para que otra obtenga la salud.

    Coartar ese filantr�pico deseo lesiona la garant�a que protege el p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional, en su primer segmento que instituye el derecho a la protecci�n de la salud, pues por una parte impide al donante dar muestra de su efectiva generosidad, y por la otra, priva al receptor de la posibilidad de aceptarla con el consecuente da�o a los valores m�s preciados: la salud y la vida.

    En este sentido, la disposici�n legal reclamada constituye una norma discriminatoria y carente de razonabilidad respecto de los fines que l�citamente puede perseguir el legislador, contraria al primer enunciado del p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional, porque priva a quienes no cuenten con parientes donantes de la posibilidad de ser receptores de �rganos de otros sujetos que, bajo los principios de gratuidad y de respeto a su integridad corporal, otorguen su consentimiento para llevar a cabo trasplantes de alg�n componente de su cuerpo con fines terap�uticos.

    E.a limitaci�n infringe el deber del E.ado de proporcionar los medios jur�dicos y administrativos para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, seg�n sus necesidades y no conforme a sus recursos, y en este caso, con independencia de que exista un lazo de parentesco entre donante y receptor, pues este requisito establecido en t�rminos absolutos, carece de razonabilidad, ya que si bien propende a evitar el comercio de �rganos, tampoco deja margen alguno para la aceptaci�n de los casos en los que existe el deseo de disposici�n corporal, sin �nimo de lucro, en orden a mejorar la salud de otra persona ajena a la familia del donante, cuando es evidente que en las instituciones especializadas hay insuficiencia de �rganos disponibles para muchos enfermos.

    Adem�s, el riesgo que eventualmente pudiera conllevar el mal uso de este derecho a donar �rganos entre vivos, ha sido considerado por el legislador federal a fin de que no se propicie un mercado encubierto de los mismos, como se aprecia del vigente art�culo 333, fracci�n VI, de la Ley General de Salud, en el cual se contempla una serie de requisitos para garantizar el manejo adecuado de quienes pretenden ser disponentes en favor de un receptor con el cual no le une un v�nculo familiar.

    Con esta disposici�n se ha puesto en marcha el empleo de diversos requisitos a fin de garantizar que los enfermos que no encuentren en su entorno familiar cercano un donador adecuado para aliviar su mal estado de salud, est�n en aptitud de acreditar que el trasplante que necesitan pueden obtenerlo gratuitamente de otra persona sin parentesco con ellos.

    Refuerzo de lo anterior es el contenido del art�culo 462 de la Ley General de Salud, que castiga dicho tr�fico ilegal de �rganos cuando la donaci�n voluntaria abandona su car�cter plausible para llevarse a cabo con execrables fines de lucro. El texto es el siguiente:

    (Reformado primer p�rrafo, Diario Oficial de la Federaci�n 5 de noviembre de 2004)

    "Art�culo 462. Se impondr�n de seis a diecisiete a�os de prisi�n y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil d�as de salario m�nimo general vigente en la zona econ�mica de que se trate:

    (Reformada, Diario Oficial de la Federaci�n 14 de junio de 1991)

    "I.A. que il�citamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre �rganos, tejidos y sus componentes, cad�veres o fetos de seres humanos, y

    (Reformada, Diario Oficial de la Federaci�n 26 de mayo de 2000)

    "II.A. que comercie o realice actos de simulaci�n jur�dica que tengan por objeto la intermediaci�n onerosa de �rganos, tejidos incluyendo la sangre, cad�veres, fetos o restos de seres humanos, y

    (Reformada, Diario Oficial de la Federaci�n 26 de mayo de 2000)

    "III.A. que trasplante un �rgano o tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las listas de espera a que se refiere el art�culo 336 de esta Ley.

    (Reformado, Diario Oficial de la Federaci�n 5 de noviembre de 2004)

    "En el caso de la fracci�n III, se aplicar�n al responsable, adem�s de otras penas, de cinco a diez a�os de prisi�n. Si intervinieran profesionales, t�cnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicar�, adem�s suspensi�n de cinco a ocho a�os en el ejercicio profesional, t�cnico o auxiliar y hasta seis a�os m�s, en caso de reincidencia."

    En tal virtud, por infringir el primer enunciado del p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional, debe declararse la invalidez del art�culo 24-A del C�digo Civil para el E.ado de Nayarit, pero s�lo en la porci�n normativa que dice "... de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco ...", frase en la cual se contiene la limitaci�n que se estima contraria a dicho precepto de la Norma Fundamental.

  2. V.�n a la Ley General de Salud. En otro aspecto, se tiene tambi�n presente que en materia de salubridad general las normas federales y estatales deben coexistir en armon�a, por tratarse de una materia de regulaci�n concurrente como lo precisa el propio art�culo 4o. constitucional cuando ordena: "La ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta Constituci�n."

    Y aunque es verdad que la disposici�n reclamada no se encuentra inmersa en la legislaci�n sanitaria, sino en la codificaci�n civil estatal en la parte que regula los derechos de la personalidad, lo cierto es que cuando se trata del tema de la libre disposici�n del cuerpo humano, el orden civil necesariamente encuentra puntos de intersecci�n con las leyes en materia de salubridad general.

    E.as �ltimas han de considerarse y dan pauta a la continuidad del ejercicio de esa libertad, pues el consentimiento del donador no es suficiente para disminuir su propia integridad corporal, sino todo el c�mulo de requisitos que el uso de ese particular derecho proyecta en el campo de la medicina.

    De esta forma, la regulaci�n federal en materia de salud actualmente permite a todos los habitantes del pa�s obtener un trasplante de �rganos entre vivos, no de manera irrestricta, sino a trav�s de un sistema que cultiva la cultura de la donaci�n segura y desinteresada, de tal suerte que la legislaci�n civil estatal, en todo caso, al legislar sobre los atributos de las personas, debi� hacerlo considerando tambi�n el derecho a la protecci�n de la salud que coloca al sujeto, simult�neamente, en la posibilidad de ser donante o receptor de �rganos conforme a la preceptiva jur�dica dise�ada por el Congreso de la Uni�n.

    En efecto, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno al resolver el trece de febrero de dos mil siete, entre otros, el amparo en revisi�n 120/2002, promovido por M.. C.M.�xico, Sociedad An�nima de Capital Variable, por mayor�a de seis votos, en contra del de los Ministros Jos� Ram�n C.�o D�az, M.B.L.R., J.F.F.G.S., Jos� de Jes�s G.�o P. y J.N.S.M., se estableci� que las leyes generales del Congreso de la Uni�n, expedidas en cumplimiento a un mandato directamente instituido en la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, son de observancia obligatoria para los �rdenes de gobierno estatal y municipal, en los siguientes t�rminos:

    "LEYES GENERALES. INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intenci�n del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, constituyan la �Ley Suprema de la Uni�n�. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Uni�n a las que se refiere el art�culo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados �rganos con el objeto de trascender �nicamente al �mbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir v�lidamente en todos los �rdenes jur�dicos parciales que integran al E.ado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constituci�n ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades pol�ticas que integran el E.ado Mexicano, lo cual se traduce en una excepci�n al principio establecido por el art�culo 124 constitucional. Adem�s, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Uni�n, sino que tienen su origen en cl�usulas constitucionales que obligan a �ste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deber�n ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito F. y municipales." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, tesis P. VII/2007, p�gina 5).

    Asimismo, este Tribunal Pleno ya hab�a se�alado con anterioridad que otra caracter�stica de algunas leyes generales, es que en ciertos casos -como la de salubridad- regulan la concurrencia de facultades en alguna materia entre la Federaci�n, los E.ados y el Distrito F., lo que igualmente obliga a que estos dos �ltimos solamente asuman las atribuciones previstas en ellas, conforme a la siguiente jurisprudencia:

    "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JUR�DICO MEXICANO. SUS CARACTER�STICAS GENERALES. Si bien es cierto que el art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos establece que: �Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los E.ados.�, tambi�n lo es que el �rgano Reformador de la Constituci�n determin�, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Uni�n fijara un reparto de competencias, denominado �facultades concurrentes�, entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito F., en ciertas materias, como son: la educativa (art�culos 3o., fracci�n VIII y 73, fracci�n XXV), la de salubridad (art�culos 4o., p�rrafo tercero y 73, fracci�n XVI), la de asentamientos humanos (art�culos 27, p�rrafo tercero y 73, fracci�n XXIX-C), la de seguridad p�blica (art�culo 73, fracci�n XXIII), la ambiental (art�culo 73, fracci�n XXIX-G), la de protecci�n civil (art�culo 73, fracci�n XXIX-I) y la deportiva (art�culo 73, fracci�n XXIX-J). E.o es, en el sistema jur�dico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito F., los Municipios y la Federaci�n, puedan actuar respecto de una misma materia, pero ser� el Congreso de la Uni�n el que determine la forma y los t�rminos de la participaci�n de dichos entes a trav�s de una ley general." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2002, tesis P./J. 142/2001, p�gina 1042).

    Por tanto, como la Ley General de Salud se expidi� por el Congreso de la Uni�n en acatamiento a lo dispuesto en el art�culo 4o. constitucional, cuyo p�rrafo tercero establece que "La ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta Constituci�n.", es de concluirse que las disposiciones de este ordenamiento deben ser observadas por las de car�cter estatal que aborden la misma materia, tal como acontece con la donaci�n de �rganos entre vivos, acerca de lo cual el ordenamiento citado en primer t�rmino establece, entre otras disposiciones, lo siguiente:

    Art�culo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protecci�n de la salud que tiene toda persona en los t�rminos del art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicaci�n en toda la Rep�blica y sus disposiciones son de orden p�blico e inter�s social.

    "Art�culo 3o. En los t�rminos de esta ley, es materia de salubridad general:

    "...

    XXVIII. El control sanitario de la disposici�n de �rganos, tejidos y sus componentes, c�lulas y cad�veres de seres humanos; ...

    (Reformado [N. de E. Reubicado], D.O.F. 26 de mayo de 2000)

    Art�culo 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podr� donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente t�tulo.

    (Reformado, D.O.F. 26 de mayo de 2000)

    Art�culo 321. La donaci�n en materia de �rganos, tejidos, c�lulas y cad�veres, consiste en el consentimiento t�cito o expreso de la persona para que, en vida o despu�s de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

    (Reformado, D.O.F. 26 de mayo de 2000)

    "Art�culo 323. Se requerir� el consentimiento expreso:

    "I. Para la donaci�n de �rganos y tejidos en vida, y

    "II. Para la donaci�n de sangre, componentes sangu�neos y c�lulas progenitoras hematopoy�ticas."(2)

    (Reformado, D.O.F. 26 de mayo de 2000)

    Art�culo 327. E.� prohibido el comercio de �rganos, tejidos y c�lulas. La donaci�n de �stos con fines de trasplantes, se regir� por principios de altruismo, ausencia de �nimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtenci�n y utilizaci�n ser�n estrictamente a t�tulo gratuito.

    Ahora, el art�culo 333 de la Ley General de Salud, reformado por decreto publicado el veintis�is de mayo de dos mil, autoriza el trasplante de �rganos entre vivos aun cuando no exista un donador relacionado por alg�n tipo de parentesco, siempre y cuando se cumpla con los requisitos consistentes en la obtenci�n de una resoluci�n favorable del comit� de trasplantes de la instituci�n hospitalaria donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluaci�n m�dica, cl�nica y psicol�gica; la aceptaci�n expresa del donante otorgada ante notario p�blico, manifestando que ha recibido informaci�n completa sobre el procedimiento por m�dicos autorizados, y que su consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneraci�n alguna, en la inteligencia de que el consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podr� ser revocable en cualquier momento previo al trasplante; y haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretar�a de Salud, para comprobar que no se est� lucrando con esta pr�ctica.

    En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 333 de la Ley General de Salud, el orden jur�dico estatal de ning�n modo debe limitar la donaci�n de partes del cuerpo al c�rculo familiar exclusivamente, sino en todo caso tambi�n debe contemplar, o al menos no prohibir, la expectativa de que en alg�n momento de su vida todo individuo pueda favorecer o verse favorecido con el ofrecimiento de un �rgano sin relaci�n de parentesco, bajo las condiciones previstas en el orden jur�dico federal que regula la materia.

    Es innegable que la reforma al C�digo Civil del E.ado de Nayarit, con relaci�n al tema de la libre disposici�n de las partes del cuerpo, constituye un avance en la regulaci�n de ese atributo de la personalidad, en tanto establece una normatividad espec�fica para su ejercicio con fines terap�uticos.

    Sin embargo, el legislador local debi� evitar que sus reglas impidieran a los habitantes de ese E.ado, la posibilidad de expresar su consentimiento para separarse de partes singulares de su organismo, a fin de donarlas a quien no les una parentesco alguno, sin tomar en cuenta que la legislaci�n federal ha previsto en una ley general, como es la Ley General de Salud, la posibilidad de llevar a cabo la donaci�n a condici�n de que se cumpla con los requisitos ya mencionados.

    Al no conferirse este derecho en t�rminos de la legislaci�n federal se infringi� el segundo enunciado del p�rrafo tercero del art�culo 4o. que la Constituci�n F., en lo relativo a la distribuci�n de competencias que deleg� en favor del Congreso de la Uni�n en materia de salubridad general, pues al introducir el legislador local la licitud del derecho de las personas a disponer de su propio cuerpo, debi� subordin�rsele a lo dispuesto en la Ley General de Salud, y permitir hacerlo en favor de cualquiera otra, condicionando necesariamente esa libre disposici�n a las normas contenidas en la legislaci�n sanitaria federal.

    No es obst�culo para la conclusi�n anterior la circunstancia de que en los conceptos de invalidez formulados en el escrito inicial no se haya planteado el argumento relacionado con la infracci�n a la Ley General de Salud, y de que este planteamiento tampoco constituya una violaci�n directa a la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, ya que, por cuanto a lo primero, este Tribunal Pleno est� legalmente facultado para suplir la deficiencia de los razonamientos expuestos por el promotor de la acci�n de inconstitucionalidad; y respecto de lo segundo, tambi�n tiene atribuciones para analizar infracciones a normas legales secundarias cuando las mismas est�n vinculadas de modo fundamental a una infracci�n al C�digo Supremo.

    Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales:

    "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS.-Conforme al primer p�rrafo del art�culo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplir� los conceptos de invalidez planteados en la demanda, y podr� fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violaci�n de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. E.o significa que no es posible que la sentencia s�lo se ocupe de lo pedido por quien promueve la acci�n, pues si en las acciones de inconstitucionalidad no existe equilibrio procesal que preservar -por constituir un examen abstracto de la regularidad constitucional de las leyes ordinarias- y la declaratoria de invalidez puede fundarse en la violaci�n de cualquier precepto de la Norma Fundamental, haya o no sido invocado en el escrito inicial, hecha excepci�n de la materia electoral, por mayor�a de raz�n ha de entenderse que aun ante la ausencia de exposici�n respecto de alguna infracci�n constitucional, este Alto Tribunal est� en aptitud legal de ponerla al descubierto y desarrollarla, ya que no hay mayor suplencia que la que se otorga aun ante la carencia absoluta de argumentos, que es justamente el sistema que establece el primer p�rrafo del art�culo 71 citado, porque con este proceder solamente se salvaguardar� el orden constitucional que pretende restaurar a trav�s de esta v�a, no �nicamente cuando haya sido deficiente lo planteado en la demanda sino tambi�n en el supuesto en que este Tribunal Pleno encuentre que por un distinto motivo, ni siquiera previsto por quien inst� la acci�n, la norma legal enjuiciada es violatoria de alguna disposici�n de la Constituci�n F.. Cabe aclarar que la circunstancia de que se reconozca la validez de una disposici�n jur�dica analizada a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, tampoco implica que por la facultad de este Alto Tribunal de suplir cualquier deficiencia de la demanda, la norma en cuesti�n ya adquiera un rango de inmunidad, toda vez que ese reconocimiento del apego de una ley a la Constituci�n F. no implica la inatacabilidad de aqu�lla, sino �nicamente que este Alto Tribunal, de momento, no encontr� razones suficientes para demostrar su inconstitucionalidad." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, tesis P./J. 96/2006, p�gina 1157).

    "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA.-Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acci�n de inconstitucionalidad, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n F., en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n Local o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n Local dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas." (Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, tesis P./J. 4/99, p�gina 288).

    En m�rito de todo lo expuesto debe declararse la invalidez del art�culo 24-A del C�digo Civil del E.ado de Nayarit, exclusivamente en cuanto a la porci�n normativa que dice "... de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco ...", con efectos a partir de su notificaci�n al Congreso de dicha entidad federativa, raz�n por la cual, en lo sucesivo, deber� leerse el precepto en cuesti�n de la siguiente manera:

    "Art�culo 24-A. Toda persona capaz, tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo, en beneficio terap�utico, siempre que tal disposici�n no le ocasione una disminuci�n permanente de su integridad f�sica, ni ponga en peligro su vida."

    Cabe aclarar que al someterse a la consideraci�n de este Tribunal Pleno la declaratoria de invalidez de la disposici�n legal reclamada, la totalidad de los diez miembros presentes de este Tribunal Pleno estim� que la porci�n normativa mencionada es contraria al p�rrafo tercero del art�culo 4o. constitucional, con la salvedad de que seis de sus integrantes, concretamente los Ministros A.A., L.R., C.�o D�az, S.C., S.M. y O.M., votaron en el sentido de que todo el precepto legal reclamado deb�a expulsarse del orden jur�dico nacional; empero, al no reunirse el requisito previsto en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los E.ados Unidos Mexicanos, consistente en que "Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayor�a de cuando menos ocho votos.", se est� en el caso de circunscribir la declaraci�n de inconstitucionalidad �nicamente respecto del fragmento de la norma antes citada, con relaci�n al cual hubo consenso y votaci�n calificada suficiente para estimarlo contrario a la Norma Fundamental.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Es procedente y fundada la presente acci�n de inconstitucionalidad.

SEGUNDO

Se declara la invalidez del art�culo 24-A del C�digo Civil del E.ado de Nayarit, en la porci�n normativa que dice: "... de un familiar, hasta el cuarto grado de parentesco, ...".

TERCERO

Publ�quese esta resoluci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como en el Peri�dico Oficial del E.ado de Nayarit.

N.�quese a las partes y, en su oportunidad, arch�vese como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., F.G.S., G.�o P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M.: No asisti� el se�or Ministro G.D.G.�ngora P., por licencia concedida. Fue ponente la se�ora M.M.B.L.R..

________________________________

  1. "Art�culo 2o. El derecho a la protecci�n de la salud, tiene las siguientes finalidades: I. El bienestar f�sico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II.La prolongaci�n y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; III. La protecci�n y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creaci�n, conservaci�n y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV. La extensi�n de actitudes solidarias y responsables de la poblaci�n en la preservaci�n, conservaci�n, mejoramiento y restauraci�n de la salud; V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la poblaci�n; VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilizaci�n de los servicios de salud, y VII. El desarrollo de la ense�anza y la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica para la salud."

  2. "hematopoyesis. 1. f. Biol. Proceso de formaci�n de las c�lulas sangu�neas." Diccionario de la Lengua Espa�ola.