de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38250610

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación:12 de Enero de 2008
RESUMEN

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 28 BIS 2 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20664

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Enero de 2008

P�gina: 226

AMPARO DIRECTO EN REVISI�N 1035/2007. TENEDORA GLOBAL, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisi�n, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n IX, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracci�n V, 84, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 21, fracci�n III, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por el Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, toda vez que se trata de un recurso de revisi�n en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo por un Tribunal Colegiado, en el que resulta innecesaria la intervenci�n del Tribunal P. por resultar infundados los agravios planteados.

SEGUNDO

El recurso de revisi�n que nos ocupa fue interpuesto dentro del t�rmino que para tal efecto se�ala el art�culo 86 de la Ley de Amparo, pues de autos se advierte que la resoluci�n recurrida fue notificada por lista a la parte quejosa el siete de mayo de dos mil siete, surtiendo sus efectos el d�a ocho siguiente, por lo que el t�rmino de diez d�as para interponer el recurso de m�rito corri� del mi�rcoles nueve al martes veintid�s del mes y a�o en cita, descont�ndose de dicho plazo los d�as doce, trece, diecinueve y veinte de mayo de la presente anualidad, por ser inh�biles, de conformidad con lo que establecen los art�culos 23 y 163 de la Ley de Amparo y de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, respectivamente.

Por tanto, si el recurso de revisi�n fue presentado el veintid�s del mes y a�o antes referidos ante la Oficina de Correspondencia Com�n de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en Monterrey, Nuevo Le�n, es incuestionable que se interpuso en tiempo.

TERCERO

Es conveniente hacer referencia a los hechos que obran en los autos que se tienen a la vista y que constituyen los antecedentes de la sentencia recurrida:

  1. El dos de enero de dos mil seis Tenedora Global, S.A. de C.V., promovi� juicio contencioso administrativo 4/2006, ante la Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo Le�n, en contra de la Tesorer�a M., D.�n de Ingresos de la Tesorer�a M. y D.�n de Recaudaci�n Inmobiliaria, todas del Municipio de Monterrey, Nuevo Le�n.

  2. En dicha demanda se�al� como actos impugnados la recepci�n del pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, as� como su determinaci�n y cuantificaci�n contenida en el recibo oficial n�mero 1640056, fechado el diez de noviembre de dos mil cinco, emitido por el tesorero de Monterrey.

  3. El treinta de junio de dos mil seis, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, dict� sentencia en el juicio 4/2006 decretando infundada la causal de improcedencia hecha valer por el tesorero del Municipio de Monterrey y reconociendo la validez del acto impugnado, consistente en la cuantificaci�n y recepci�n del pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, contenido en el recibo oficial n�mero 1640056; resoluci�n que en revisi�n promovida ante la Sala Superior del propio tribunal confirm� en sus t�rminos.

  4. Inconforme con dicha determinaci�n, el veintiuno de diciembre de dos mil seis la empresa interpuso demanda de amparo.

CUARTO

Los conceptos de violaci�n que hizo valer la impetrante del amparo, en lo que interesa al presente estudio, esencialmente consistieron en lo siguiente:

Primero

Que los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n son inequitativos, en virtud de que se releva del pago del impuesto a quienes realicen adquisiciones de inmuebles mediante arrendamiento financiero, sin que exista justificaci�n alguna, al no generarse en estos casos el impuesto a cargo del arrendatario financiero.

En cambio, en las dem�s formas de adquirir inmuebles el impuesto s� se causa, y la situaci�n econ�mica del adquiriente para efectos fiscales es id�ntica, pues se logra la adquisici�n de un bien, lo que constituye el objeto del impuesto.

Que el contrato de arrendamiento financiero es oneroso, por lo que la adquisici�n del inmueble se realiza mediando contraprestaci�n (pago del precio, de una forma fraccionada), lo que demuestra que no debe relevarse del pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles al arrendatario.

Que la ley que se cuestiona trata de una manera notoriamente m�s ben�fica a quienes opten por adquirir un inmueble con ayuda de financiamiento precisamente ante una arrendadora financiera, al establecer que en esos casos no se debe cubrir el gravamen.

Segundo

Que el sistema impositivo es inequitativo al no gravar la constituci�n o transmisi�n del derecho real de superficie, pues la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n establece en el art�culo 28 Bis, como objeto del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, la adquisici�n de bienes inmuebles ubicados en el Estado que consistan en el suelo y las construcciones.

Por su parte, el art�culo 28 Bis 2 de la ley en comento contempla todos los supuestos que se consideran adquisici�n para efectos de este impuesto, los cuales dada su naturaleza (objeto del impuesto) deben ser interpretados de manera estricta; sin embargo, en ning�n ordenamiento se contempla como adquisici�n, para efectos del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, la constituci�n del derecho real de superficie.

Que la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n viola la garant�a de equidad de la quejosa, pues da un trato desigual sin justificaci�n de ninguna clase a las personas que adquieran el derecho real de superficie, ya que �stas no pagan el referido impuesto, pues no se considera adquisici�n para la ley, mientras que las personas que adquieren el dominio de un inmueble o constituyan o transmitan el usufructo del mismo s� deber�n pagar el impuesto.

Aduce el quejoso que la fracci�n I del art�culo 28 Bis 2 de la ley en comento, considera adquisici�n: "todo acto por el que se transmita la propiedad", y en el caso de la constituci�n del derecho real de superficie no se trata de una transmisi�n de propiedad, sino de una constituci�n de un nuevo derecho real.

Asimismo, argumenta que la constituci�n del derecho real de superficie no se considera adquisici�n para efectos de este impuesto; que, sin embargo, es de destacar que el art�culo 28 Bis de la Ley de Hacienda en comento establece como objeto del impuesto la adquisici�n de bienes inmuebles consistentes en el suelo y construcciones adheridas a �l, y el derecho de superficie no necesariamente consiste en construcciones (y mucho menos en suelo), puesto que la mayor�a de las veces se constituye el derecho antes de que existan construcciones, lo que demuestra que de cualquier manera la constituci�n de este derecho real est� fuera del objeto del impuesto.

Tercero

Inconstitucionalidad del art�culo 17 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n.

Que, si bien es cierto la Ley del Catastro no se aplic� expresamente en ninguna de las instancias anteriores, tambi�n es cierto que norma la base del impuesto, puesto que en el art�culo 28 Bis, segundo p�rrafo, se establece que ser� el valor que resulte mayor entre el de operaci�n y el valor catastral del inmueble.

Que, en el caso, aunque por ser mayor se haya aplicado el valor de operaci�n, dejando a un lado el valor catastral del inmueble, lo cierto es que todas las normas involucradas en la determinaci�n del valor catastral del inmueble pueden ser v�lidamente cuestionadas, ya que forman parte de una base alternativa.

As�, el art�culo 17 de la Ley del Catastro es violatorio de las garant�as de legalidad, seguridad y certeza jur�dica reguladas en los art�culos 14 y 16, as� como los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias previstos en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Mexicana, en raz�n de que se establece para la determinaci�n del valor catastral, es decir, la base gravable del impuesto reclamado, un coeficiente de dem�rito de valor por profundidad que infringe notoriamente las garant�as y principios antes mencionados, por los siguientes motivos:

  1. Falta de proporcionalidad y equidad, por existir una tabla (art�culo 17 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo Le�n) por medio de la cual se aplica a la base gravable el coeficiente de dem�rito de valor por profundidad. Tal situaci�n es inequitativa, en raz�n de que por una �ntima variaci�n en el valor del "l�mite inicial" y del "l�mite final", se aplica un coeficiente mayor o menor, seg�n sea el caso, con una diferencia notablemente mayor que la variaci�n, d�ndose un trato desigual para los iguales.

    Que la diferencia de una mil�sima y aun una fracci�n menor de la base gravable conlleva una diferencia en el pago del impuesto, de tal manera que un predio de menor tama�o paga m�s que uno mayor; de lo que se infiere que la diferencia en la "profundidad" no guarda proporci�n con el incremento en el impuesto a pagar, siendo inaceptable que ante dos predios de caracter�sticas similares, el sistema tributario previsto en la ley est� dise�ado de tal manera que sea menor el impuesto correspondiente al predio que tiene una superficie mayor, que el impuesto del predio cuya superficie es m�s reducida.

  2. Falta de proporcionalidad y equidad; que el art�culo 17 de la Ley del Catastro del Estado resulta violatorio del art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, por ser desproporcional e inequitativo, dado que no prev� el coeficiente de dem�rito aplicable cuando el predio exceda de 372.85 en cuanto al "l�mite final de metros lineales", como se advierte de la simple lectura de la tabla.

    Que de esto se infiere que una peque�a variaci�n en el citado l�mite provoca que el impuesto a pagar sea aproximadamente un 300% mayor, toda vez que el predio tiene un l�mite de 372.85, por el cual se pagar� un 35% del impuesto (si al valor se le aplica el coeficiente de profundidad del 0.35%, da como resultado pagar un 35% del impuesto) pero si el predio tiene un l�mite de 372.86 no se aplicar� coeficiente de dem�rito alguno, lo que significa que el impuesto se pagar� al 100% de lo que le corresponde de aplicar la tasa al valor catastral; lo que significa que trat�ndose de dos predios iguales (la variaci�n de un cent�metro en un fondo de 372 metros es intrascendente y no los hace diferentes) uno de ellos pagar� el triple de lo que corresponda al otro en forma desproporcional e inequitativa.

  3. Inconstitucionalidad de los decretos por los cuales se aprueban los valores unitarios del suelo por los siguientes motivos:

    c.1) Las tablas que establecen los valores unitarios de terreno no establecen factores de dem�rito y compensaci�n que, utilizando la terminolog�a propia de los valuadores profesionales "premien" o "castiguen" el valor catastral si el inmueble se aparta de "lote tipo", es decir, que aumenten o disminuyan el valor del predio si �ste tiene caracter�sticas diferentes al resto de los predios de ese sector; lo cual se traduce en una falta de equidad en contravenci�n al art�culo 31 constitucional, en raz�n de que al no considerar estos factores en la determinaci�n del valor catastral, se otorga un trato igual para los desiguales, ya que tributan en los mismos t�rminos quienes se encuentran en diferente situaci�n en relaci�n con el valor del predio.

    c.2) Al establecerse en forma individual por expediente catastral originan las siguientes violaciones de garant�as:

    - Se violan los art�culos 13 y 31, fracci�n IV, constitucionales, ya que al formularse de manera individual en lugar de estar dise�ada en t�rminos generales, se da el caso de una ley fiscal privativa que, adem�s, viola el principio de legalidad tributaria.

    - Se viola el art�culo 115, fracci�n IV (omitiendo identificar el ordenamiento al que corresponde dicho precepto), y agrega que �ste exige que los valores catastrales se determinen mediante tablas de valores unitarios, lo que significa que sea a trav�s de "valores tipo", seg�n la ubicaci�n, material de construcci�n, uso y las caracter�sticas de cada inmueble y no de valores individuales.

    Las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la resoluci�n del treinta de abril de dos mil siete, en lo que hace a la cuesti�n de constitucionalidad que se plantea, son las que, en esencia, a continuaci�n se sintetizan:

    El planteamiento de inconstitucionalidad que se expone en el primer concepto de violaci�n, relativo a que el art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n soslaya el principio de equidad tributaria, se estima infundado.

    Aduce el tribunal que de la propia redacci�n del precepto en estudio se infiere, en la hip�tesis que en tal apartado se regula, que el legislador estim� impl�citamente la naturaleza del contrato de arrendamiento financiero, al establecer que se considerar� como una sola adquisici�n la realizada por la arrendadora y por el arrendatario financieros cuando este �ltimo ejerza su opci�n de compra, siempre que se demuestre que el impuesto correspondiente fue cubierto por el arrendador financiero.

    Lo anterior, en la medida que el art�culo 25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito define al contrato de arrendamiento financiero como un contrato traslativo de uso, cuya finalidad es entregar un bien mueble o inmueble para que otro lo use o goce, mediante el pago de una contraprestaci�n que se liquidar� en pagos parciales que cubran el valor de la adquisici�n, las cargas financieras y los dem�s accesorios.

    Que apuntado lo anterior, puede afirmarse que no es su objeto directo el que el arrendatario financiero obtenga la propiedad o el dominio del bien, ni aun considerando que ejerza por la opci�n terminal que la invocada ley establece en su art�culo 27, consistente en que por un precio m�nimo puede adquirir a la postre el bien materia del contrato; porque, como se dijo, dicha figura jur�dica constituye un contrato traslativo de uso para el arrendatario financiero y, de estimarse lo contrario, se desnaturalizar�a su esencia.

    Que acorde con tal definici�n, el legislador previ� que deb�a tenerse como una sola adquisici�n la que se realiza por la arrendadora y el arrendatario financieros cuando este �ltimo ejerce su opci�n de compra, siempre que el impuesto relativo se haya cubierto por el arrendador. Ello en raz�n de que tal figura jur�dica, contra lo que estima la parte quejosa, participa de una naturaleza distinta a la de la adquisici�n por compraventa, lo que de suyo implica que no se est� en el mismo supuesto.

    Que adem�s se observa que en el propio art�culo combatido se dispone que debe aplicarse provisionalmente a la adquisici�n efectuada por el arrendador financiero, para efecto de celebrar el contrato en menci�n, la tasa especial que establece el diverso art�culo 28 Bis 1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, cuando el arrendatario financiero se ubique en alguna de las hip�tesis que establece el citado numeral, y que en caso contrario debe cubrirse el impuesto definitivo a cargo, tanto de la arrendadora como del adquiriente arrendatario, conforme a la tasa general prevista en el art�culo 28 Bis de la invocada ley; entendido esto �ltimo cuando no se acredite que se haya cubierto por el arrendador el pago del impuesto, por remitirse el mismo art�culo al p�rrafo precedente.

    En esa tesitura, contrario a lo alegado por la parte quejosa, no es factible concluir que el arrendatario financiero adquiere el bien objeto del contrato en equiparaci�n de ese acto con una compraventa a plazos, porque aun cuando aquella figura jur�dica constituye una operaci�n compleja que participa de las notas caracter�sticas del arrendamiento y de la compraventa, es un diverso contrato mercantil y, no obstante las semejanzas o identidades parciales a aquellos otros contratos, no puede ser subsumido o absorbido por tales figuras jur�dicas.

    Que por otra parte, se estima que es inexacto que se exima al arrendatario financiero del pago del tributo en estudio, pues por un lado se le considera como causante, al disponer el legislador que constituye una sola adquisici�n del arrendador y arrendatario financieros cuando se haga efectiva la opci�n de compra de este �ltimo, e incluso, en la hip�tesis de que el arrendatario se sit�e en los casos de la tarifa especial, se considera un pago provisional del arrendador y, finalmente, en el supuesto de que no se acredite haberse efectuado el pago del impuesto por el arrendador, deber� cubrirse por ambos, arrendador y arrendatario adquirente.

    En tal virtud, el Tribunal Colegiado estim� que por los motivos expuestos el art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n en la parte en que se impugna, no es violatorio del principio de equidad tributaria; consecuentemente son infundados los conceptos de violaci�n relativos.

    Que en relaci�n con el segundo concepto de violaci�n, se califican de inoperantes los argumentos en que la quejosa adujo que el sistema impositivo del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles es violatorio de la garant�a de equidad tributaria, porque el art�culo 28 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, en ninguna de sus fracciones considera como adquisici�n la constituci�n del derecho real de superficie.

    Adujo el ad quem que el art�culo 28 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n establece que est�n obligados al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles las personas f�sicas o morales que adquieran inmuebles, que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a �l ubicados en el territorio del Estado, as� como los derechos relacionados con los mismos; y tambi�n es verdad que es el diverso art�culo 28 Bis 2 de la se�alada Ley de Hacienda el que define lo que debe entenderse por adquisici�n para efectos del citado tributo, entre los cuales, efectivamente no se contempla como tal, el derecho real de superficie que establecen los art�culos 1046 al 1053 Bis IX del C�digo Civil para el Estado de Nuevo Le�n.

    Sin embargo, la omisi�n del legislador, que espec�ficamente relaciona la quejosa con el derecho de usufructo que se considera en la fracci�n VII del citado art�culo 28 Bis 2, que incluye como adquisici�n la constituci�n de usufructo, transmisi�n de �ste o de la nuda propiedad, as� como la extinci�n del usufructo temporal; no significa que sea factible jur�dicamente analizar en el presente juicio de amparo para los efectos que pretende la quejosa, la violaci�n al principio de equidad de que se duele.

    Lo anterior porque de resultar fundados los conceptos de violaci�n que formula, no podr�a restitu�rsele en el pleno goce de tal garant�a, esto es, obtener la devoluci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles que enter� respecto de los bienes que se�al� en el juicio contencioso administrativo de origen, porque, por una parte, la desigualdad que aduce la hace derivar de la creaci�n de un derecho real posterior a la emisi�n de la ley que impugna, de manera que el legislador al momento de definir el concepto de adquisici�n, obviamente no pudo incurrir en ninguna distinci�n relacionada con un derecho inexistente jur�dicamente en aquella �poca.

    Que de lo anterior se tiene que al crearse el impuesto en estudio, el legislador se ci�� al orden jur�dico vigente para definir el hecho imponible, y en esa medida no es posible concluir legalmente que incurri� en violaci�n al principio de equidad tributaria.

    Por otra parte, se�al� el tribunal que resultaban inoperantes los conceptos de violaci�n en estudio porque acorde al principio de relatividad que rige en el juicio de garant�as, derivado del art�culo 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual la sentencia que en el juicio constitucional se dicte ser� siempre tal que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, pero sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley que la motive; impide por consecuencia que con la concesi�n del amparo en el caso en particular, pueda otorgarse alg�n beneficio a la quejosa.

    Que lo anterior es as�, debido a que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar la omisi�n de que se duele, esto es, en caso de resultar fundados los conceptos de violaci�n que se aducen, a legislar lo relativo al derecho real de superficie de m�rito para efecto del impuesto impugnado, pues de esa forma ser�a pretender dar efectos generales a la ejecutoria que se pronuncie en el caso concreto, y con mayor raz�n si en la especie, se trata de un amparo directo en el que no es parte la autoridad que cre� el impuesto en cuesti�n.

    Ello debido a que trat�ndose de la creaci�n del impuesto en estudio el legislador se ci�� al orden jur�dico vigente, para definir el hecho imponible, y en esa medida no es posible concluir que incurri� en violaci�n al principio de equidad tributaria.

    Finalmente, el tercer concepto de violaci�n se califica de inoperante, pues no resultan atendibles los argumentos relativos a que el art�culo 17 de la Ley del Catastro para esa entidad federativa, establece para la determinaci�n del valor catastral un coeficiente de m�rito de valor de profundidad que contraviene las garant�as de legalidad, seguridad y certeza jur�dica, as� como de proporcionalidad y equidad, previstas respectivamente en los numerales 14, 16 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; as� como el argumento relativo a que las tablas que contienen los valores catastrales transgreden el art�culo 115, fracci�n IV, constitucional, debido a que dicho numeral exige que los valores catastrales se determinen mediante tablas de valores unitarios, a trav�s de valores tipo y no de valores unitarios.

    Que de conformidad con el art�culo 28 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, la base del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles es el valor gravable, que ser� el que resulte mayor entre el de la operaci�n y el catastral, esto es, para determinar el valor gravable es menester hacer un comparativo entre ambos valores, por lo que, para calcular el tributo es necesario fijar tanto el valor de operaci�n como el catastral.

    Ahora bien, para determinar el valor catastral, debe acudirse al texto del numeral 17 de la Ley del Catastro, que establece que �ste se obtendr� de aplicar para cada predio la operaci�n aritm�tica consistente en multiplicar el n�mero de unidades de suelo con las que cuenta el predio, por el valor unitario de suelo que le corresponda de entre los decretados por el Congreso del Estado, adicionado con el producto resultante de multiplicar las unidades de construcci�n con que cuente, por el valor unitario de construcci�n decretado por la mencionada legislatura, resultado al que deber� aplic�rsele el coeficiente de dem�rito por profundidad si excede de veinticinco metros.

    Que para determinar el valor gravable, es indispensable fijar el valor catastral, para lo cual debe aplicarse el decreto aludido por el quejoso, y una vez hecho esto, comparar dicho valor con el de operaci�n, de tal manera que el que resulte mayor constituir� la base gravable.

    Que si bien es cierto que el art�culo 17 de la Ley del Catastro del Estado, prev� la mec�nica para calcular el valor catastral de un inmueble, y �ste debi� ser aplicado al peticionario del amparo al calcular el valor catastral del inmueble que adquiri� y que dio pie a los actos de determinaci�n, cuantificaci�n, liquidaci�n, cobro y recaudaci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles reclamados en la v�a contenciosa, tambi�n es verdad que al haber resultado mayor el valor de operaci�n al valor catastral, fue aqu�l y no �ste el que sirvi� de base del impuesto, por lo que la aplicaci�n del numeral en cita, as� como el decreto que contiene las tablas que sirvieron de base para determinar el valor catastral, no lesion� los intereses de la parte quejosa, pues el valor catastral no incidi� en la determinaci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles reclamado en el juicio contencioso administrativo del cual deriva el presente amparo.

    Que al no haberse utilizado el valor catastral del inmueble propiedad del quejoso para calcular el impuesto cuestionado, su aplicaci�n no lesiona sus intereses jur�dicos, en tanto no trascendi� al monto del impuesto cuyo pago dio vida al juicio contencioso de origen, pues como ya se apunt�, el valor catastral no fue la base gravable tomada en consideraci�n en la determinaci�n, cuantificaci�n, liquidaci�n, cobro y recaudaci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles que dio pauta a su reclamo en la v�a contenciosa; lo que denota la no causaci�n de agravio alguno a la esfera jur�dica de quien hoy peticiona el amparo.

    Por ende, al no estar demostrado en juicio la afectaci�n real que el decreto que contiene las tablas que establecen los valores unitarios de suelo y construcci�n que sirvieron de base para determinar el valor catastral, as� como el numeral 17 de la Ley del Catastro, caus� al quejoso con motivo de su aplicaci�n, los conceptos de violaci�n que pretenden establecer su inconstitucionalidad resultan inoperantes.

QUINTO

Los agravios propuestos por la parte recurrente, en esencia, consisten en lo siguiente:

  1. Que son inequitativos los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, atendiendo a lo siguiente:

    Que contrario a lo aducido por el tribunal del conocimiento, el contrato de arrendamiento financiero no es solamente traslativo de uso, ya que desde el inicio del contrato se le puede otorgar al arrendatario financiero la opci�n de adquirir el bien materia del mismo, por lo que uno de los elementos que esta figura prev� es la traslaci�n del dominio del bien arrendado.

    Que el contrato de arrendamiento financiero es traslativo de dominio si se ejerce la opci�n de adquisici�n prevista en la fracci�n I del art�culo 27 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito. Adem�s, el art�culo 25 del ordenamiento referido establece que la contraprestaci�n que debe cubrir el arrendatario financiero debe ser tal que cubra el valor de adquisici�n de los bienes, las cargas financieras y los dem�s accesorios, es decir, acaba pagando el precio del bien, m�s intereses, y a plazos, por lo que aunque la ley le llame arrendamiento y contrariamente a lo que sostiene el tribunal a quo, se trata de un mecanismo dise�ado para adquirir.

    Que ello fue precisamente el motivo de inconformidad en la demanda de garant�as, es decir, cuando se ejerce esa opci�n de compra el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles no se causa, lo que se estima inconstitucional por inequitativo puesto que el hecho de que la naturaleza del contrato de arrendamiento financiero sea distinta a la de la compraventa, ello no cambia que por medio del arrendamiento financiero se pueda adquirir un bien inmueble y escapar a la causaci�n el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles.

    Que estima infundada la aseveraci�n que vierte el tribunal del conocimiento, en el sentido de que el propio art�culo combatido dispone que debe aplicarse provisionalmente a la adquisici�n efectuada por el arrendador financiero para efecto de celebrar el contrato en menci�n, la tasa especial que establece el diverso art�culo 28 Bis 1 de la Ley Hacendaria para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, cuando el arrendatario financiero se ubique en alguna de las hip�tesis que establece el citado numeral; y que, en caso contrario, debe cubrirse el impuesto definitivo a cargo tanto de la arrendadora como del adquirente arrendatario, conforme a la tasa general prevista en el art�culo 28 Bis de la invocada ley.

    Que, efectivamente, no se justifica que el arrendatario financiero escape a la causaci�n del impuesto y no tiene nada que ver el hecho de que se le conceda a la arrendadora la tasa especial que le corresponder�a al arrendatario de ser �ste el adquirente.

    Que tilda de ilegal la consideraci�n formulada por el tribunal a quo, en el sentido de que no debe equipararse el arrendamiento financiero con la compraventa a plazos -por ser �sta un contrato mercantil diverso-, en virtud de que no obstante las semejanzas o identidades parciales que convergen en ambas figuras, el arrendamiento no puede ser subsumido o absorbido por dichas figuras.

    Que lo anterior es as�, en virtud de que mediante el arrendamiento financiero se adquiere un bien y como adquisici�n debe ser gravada por la ley; que esto no tiene nada que ver con el hecho de que no sea una compraventa, pues la quejosa no pretendi� equiparar el arrendamiento financiero con dicha figura, dado que lo que expresamente indic� en su demanda fue que no era su intenci�n asimilarla con otra figura jur�dica.

    Que es ilegal la resoluci�n al contrariar la ley, pues no est� de acuerdo con lo aducido por el Tribunal Colegiado cuando sostiene que es inexacto que al arrendador financiero no se le considere causante, puesto que se le tiene con tal car�cter al disponer el legislador que constituye una sola adquisici�n, la del arrendador y del arrendatario financieros, al momento de ejercer la opci�n de compra; que existe otra hip�tesis de causaci�n, que consiste en que el arrendatario se sit�e en los casos de la tarifa especial, pues en tal extremo se considerar� como un pago provisional del arrendador, y si �ste no acredita haberlo cubierto, ambos lo cubrir�n.

    Que lo cierto es que el arrendatario financiero no es sujeto de pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, y la ley que se califica como inconstitucional se�ala dos adquisiciones como si fuera una sola.

    Que el art�culo 28 Bis 2, pen�ltimo p�rrafo, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, establece que trat�ndose de adquisici�n por arrendamiento financiero; en el caso de que la arrendadora hubiese pagado el impuesto al adquirir el bien, no se generar� el impuesto a cargo del arrendatario financiero, mientras que el tribunal afirma que es inexacto que se exima al arrendatario financiero del pago del tributo en estudio, de donde se siguen que no se justifica relevar al arrendatario financiero del pago del impuesto en cuesti�n.

    Aduce el recurrente que el tribunal se equivoca en sostener que si se verifica que el arrendador no ha efectuado el pago del impuesto, deber�n cubrirlo ambos -arrendador y arrendatario adquirente-, lo cual va en contra del texto expreso de la ley, en virtud de que el �ltimo p�rrafo del art�culo 28 Bis 2 del citado ordenamiento legal, lo que en realidad determina es:

    1) Que si el adquirente del inmueble es una persona distinta del arrendatario financiero se causar� el impuesto sobre adquisiciones de inmuebles.

    2) Que si se le hab�a aplicado una tarifa preferencial al arrendatario financiero, pero el nuevo adquirente no cumple los requisitos para gozar de ella, deber�n cubrir tanto la arrendadora como el arrendatario adquirente el total del referido impuesto.

    Que considera ilegal la resoluci�n porque el arrendatario financiero en ning�n momento se encuentra obligado a cubrir el impuesto, pues la citada ley la considera en una sola adquisici�n, cuando son dos, y es �sta la raz�n por la que no se causa el impuesto sobre adquisici�n de bienes inmuebles.

    Por otro lado, se�ala que la tesis invocada en la demanda es inaplicable, porque argumenta el tribunal que se refiere a los supuestos del C�digo Financiero del Distrito Federal y en este ordenamiento se regula la adquisici�n v�a cesi�n de derechos o la que hace un tercero; sin embargo, omite estudiar si se prev� la adquisici�n que deriva de la opci�n de compra efectuada por el arrendatario financiero.

    Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sostuvo en tesis de jurisprudencia 52/2007 que el C�digo Financiero del Distrito Federal no conculca el principio de equidad tributaria, en virtud de que aunque no se�ale expresamente a la adquisici�n que se hace v�a arrendamiento financiero, esta adquisici�n estar� gravada por una fracci�n gen�rica prevista en la fracci�n I del art�culo 137 del C�digo Financiero del Distrito Federal.

  2. Que el tribunal incurri� en consideraciones err�neas para declarar inoperante el segundo concepto de violaci�n, al se�alar que de resultar fundado no podr�a restituirse a la quejosa en el pleno goce de su garant�a violada, porque la desigualdad aducida deriv� de un derecho real posterior a la emisi�n de la ley impugnada.

    Argumenta que el hecho de que al crearse el impuesto que se analiza, no existiera el derecho real de superficie, tampoco el amparo se solicit� en tal fecha, sino hasta que existi� un acto de aplicaci�n de la ley que se considera inconstitucional.

    Considera que al propio tiempo en que el legislativo local cre� el derecho real de superficie, tambi�n debi� prever la constituci�n del mismo como hecho generador del impuesto; pues al no hacerlo as�, incurri� en violaci�n al principio de equidad tributaria.

    Que en su opini�n ser�a factible restituir a la quejosa en el goce de la garant�a violada, ordenando a la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo Le�n que dictara una nueva sentencia en la que no aplicaran los art�culos inconstitucionales.

    Que la afirmaci�n del Tribunal Colegiado, en el sentido de que atendiendo al principio de relatividad de las sentencias, impedir�a que con la eventual concesi�n del amparo pudiera otorg�rsele alg�n beneficio a la quejosa, en virtud de que no se podr�a obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisi�n, puesto que ser�a darle efectos generales a la demanda resulta ilegal, pues en ning�n momento se pretende que se obligue al Congreso Local a prever la constituci�n del derecho real de superficie como hecho generador del impuesto.

  3. Que el tribunal incurri� en consideraciones err�neas para declarar inoperante el tercer concepto de violaci�n, en el que se sostuvo que la Ley del Catastro es inconstitucional, y que la misma se emplea para determinar la tasa del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, al considerar que no se emple� el valor catastral en la causa, puesto que el valor de operaci�n result� m�s alto que el catastral.

    Arguye el quejoso, que es cierto que la Ley del Catastro no se aplic� expresamente en las instancias anteriores de amparo, pero que independientemente de cu�l valor se considere, la Ley del Catastro contiene varios art�culos que forman parte del sistema impositivo reclamado, por tanto, es procedente desplegar reclamos en su contra.

    Por �ltimo, aduce la recurrente que no obstante que una de las bases alternativas se elimine por ser menor, ello vicia el procedimiento de c�lculo y, por ende, todo el sistema ser�a inconstitucional.

SEXTO

La litis en el presente asunto consiste en determinar si como lo estableci� el Tribunal Colegiado, los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, vigente a partir el diez de noviembre de dos mil cinco, vulneran el principio tributario de equidad, previsto en la fracci�n IV del art�culo 31 constitucional, al no se�alar al arrendatario financiero adquirente como sujeto del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, cuando �ste ejerce la opci�n de compra prevista en el contrato de arrendamiento financiero; o si, por el contrario, dichas disposiciones legales contravienen el mencionado principio de justicia tributaria.

En el orden propuesto, se procede a analizar el primer agravio expuesto por la recurrente, el cual qued� sintetizado con el numeral I del considerando quinto de esta resoluci�n, en el que fundamentalmente argumenta que, contrario a lo aducido por el tribunal del conocimiento, los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n es inequitativo, debido a que, seg�n la recurrente, sin justificaci�n excluye al arrendatario financiero adquirente del pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles y s�, en cambio, se�ala como causante del impuesto a la arrendadora.

La parte conducente del precepto legal en comento, 28 Bis 2, as� como los art�culos 28 Bis y 28 Bis 1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, son del tenor literal siguiente:

"Impuesto sobre adquisici�n de inmuebles.

(Reformado primer p�rrafo, P.O. 30 de diciembre de 1993)

"Art�culo 28 Bis. Est�n obligados al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, las personas f�sicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a �l, ubicados en el territorio del Estado, as� como los derechos relacionados con los mismos, a que este Impuesto se refiere. Salvo lo dispuesto en el art�culo siguiente, el impuesto se calcular� aplicando la tasa del 2% al valor gravable del inmueble.

(Reformado, P.O. 30 de diciembre de 2004)

Es base de este impuesto el valor gravable, que ser� el valor que resulte mayor entre el de operaci�n y el valor catastral del inmueble.

(Reformado primer p�rrafo, P.O. 26 de diciembre de 2001)

"Art�culo 28 Bis 1. En la adquisici�n de viviendas cuyo valor gravable no exceda de 25 cuotas elevadas al a�o y siempre que el adquirente sea persona f�sica y no posea otro bien ra�z en el Estado, cubrir� el impuesto aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, despu�s de reducirlo en 15 cuotas elevadas al a�o. Para efectos de la no-propiedad de predios, bastar� que el interesado manifieste bajo protesta de decir verdad que no es propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado, conservando el Municipio sus facultades de comprobaci�n.

(Reformado primer p�rrafo, P.O. 30 de diciembre de 1998)

"El impuesto sobre adquisici�n de inmuebles se cubrir� a una tarifa �nica especial por cada inmueble equivalente a 7 cuotas, en los siguientes casos:

(Reformada, P.O. 26 de diciembre de 2003)

"I. En las adquisiciones realizadas por instituciones de beneficencia privada, constituidas en t�rminos legales, respecto de bienes destinados exclusivamente a sus fines.

(Reformado primer p�rrafo, P.O. 27 de diciembre de 2002)

"II. En las adquisiciones hechas por instituciones p�blicas de ense�anza y establecimientos de ense�anza propiedad de particulares que tengan autorizaci�n o reconocimiento de validez oficial de estudios en los t�rminos de la Ley General de Educaci�n y de la Ley de Educaci�n del Estado, por los bienes destinados exclusivamente a sus fines educativos.

(Reformado, P.O. 30 de diciembre de 1998)

"No quedan comprendidos dentro de este beneficio, los predios destinados a usos distintos de aulas, laboratorios o instalaciones similares de dichos planteles educativos. Trat�ndose de instalaciones deportivas, culturales o de otra �ndole, no gozar�n de este beneficio, en caso de que las mismas sean utilizadas adem�s para la realizaci�n de eventos no gratuitos, distintos de los eventos que realice la propia instituci�n educativa con motivo de la pr�ctica de la ense�anza correspondiente.

(Reformada, P.O. 30 de diciembre de 1991)

"III. En las donaciones entre c�nyuges y en las adquisiciones que se realicen al constituir o disolver la sociedad conyugal, as� como en el acto en que se cambien las capitulaciones matrimoniales.

(Reformada, P.O. 30 de diciembre de 1983)

"IV. En las adquisiciones realizadas por partidos y asociaciones pol�ticas, para su uso propio.

(Reformada, P.O. 30 de diciembre de 1983)

"V. En las adquisiciones que hagan las Juntas de Mejoramiento Moral, C�vico y Material, previa autorizaci�n del Ayuntamiento respectivo.

(Reformada, P.O. 31 de diciembre de 1999)

"VI. En las adquisiciones que realicen los trabajadores al servicio de la Federaci�n, Estado o Municipio, independientemente que est�n o no sindicalizados, siempre y cuando el inmueble objeto del impuesto vaya a destinarse o se destine a vivienda y no sea propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado. En los casos de trabajadores casados bajo el r�gimen de sociedad conyugal, la tarifa especial tambi�n operar� al 100%.

"En estos casos cubrir�n la tarifa referida, en las adquisiciones de terrenos cuyo valor base del Impuesto sea inferior a 7,500 cuotas y en casos de vivienda hasta de 15,000 cuotas, en caso contrario por el valor excedente ser� cubierto conforme a lo dispuesto por el art�culo 28 Bis.

(Reformada, P.O. 26 de diciembre de 2003)

"VII. En las adquisiciones realizadas por entes u organismos p�blicos creados para solucionar el problema de la vivienda y de la tenencia legal de la tierra, y en las adquisiciones realizadas por o con personas sin fines de lucro que lleven a cabo programas concretos, con finalidades y caracter�sticas iguales o similares, as� como las personas que resulten directamente beneficiadas con dichos programas, siempre y cuando estas personas no sean propietarias o poseedoras de otro bien inmueble en el Estado y que lo destinen para su habitaci�n.

"VIII. (Derogada, P.O. 26 de diciembre de 2003)

(Reformada, P.O. 30 de diciembre de 1983)

"IX. En las adquisiciones por informaciones ad-perpetuam y sentencias judiciales que impliquen reconocimiento de posesi�n de inmuebles, cuyo destino sea el se�alado en las fracciones VII y VIII.

(Reformada, P.O. 30 de diciembre de 1983)

"X. En las adquisiciones, derechos o renta a perpetuidad de los lotes en los panteones municipales.

(Reformada, P.O. 29 de diciembre de 2000)

"XI. En las adquisiciones de bienes del dominio privado que realicen los Municipios y las entidades paraestatales de los Municipios.

(Reformada, P.O. 26 de diciembre de 2001)

"XII. En las adquisiciones de viviendas cuyo valor gravable, no exceda de 15 cuotas elevadas al a�o, siempre que el adquirente sea persona f�sica.

"Tambi�n se cubrir� la tarifa especial en las adquisiciones de vivienda cuyo valor m�s alto entre el valor de adquisici�n y el valor catastral, no exceda de 9,398 cuotas, siempre que el adquirente sea jubilado o pensionado y que no sea propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado.

(Reformada, P.O. 30 de diciembre de 1983)

"XIII. En las adquisiciones que se realicen por causa de muerte.

(Reformado, P.O. 31 de diciembre de 1999)

"Cuando uno o m�s coherederos adquieran porciones mayores a la parte heredada consignada dentro del testamento o de la que le corresponda en los t�rminos de ley, cubrir�n el impuesto sobre la parte excedente en los t�rminos del Art�culo 28 Bis. Para los efectos de esta disposici�n, por parte heredada se entiende la que corresponde �nicamente a los inmuebles y no a la totalidad de la masa hereditaria.

(Reformada, P.O. 30 de diciembre de 1992)

"XIV. En las donaciones que se hagan entre ascendientes y descendientes en l�nea recta, as� como en las que se hagan entre el adoptante y el adoptado, entre sus respectivos ascendientes y descendientes en l�nea recta, y entre �stos y aqu�llos. En el caso de que el inmueble forme parte de la sociedad conyugal del ascendiente o del descendiente, la tarifa especial operar� respecto de la totalidad de los derechos de la sociedad conyugal relacionados con el inmueble.

(Adicionado, P.O. 26 de diciembre de 2001)

"Los predios a los que se les haya aplicado la tarifa especial que se�ala esta fracci�n �nicamente se les podr� aplicar nuevamente este beneficio, cuando hayan transcurrido 2 a�os a partir de la fecha de escrituraci�n de la anterior donaci�n.

(Adicionada, P.O. 30 de diciembre de 1998)

"XV. En las adquisiciones realizadas por asociaciones religiosas, respecto de bienes destinados exclusivamente a sus fines.

(Adicionado, P.O. 29 de diciembre de 2000)

"En cualquier tiempo en que la Tesorer�a M. advierta que los contribuyentes beneficiados en los t�rminos de este art�culo, no hayan cumplido con cualesquiera de los requisitos que sirvieron de base para gozar de la tarifa especial, previa audiencia al interesado en la que se le otorgue un plazo no menor de 15 d�as h�biles para proporcionar pruebas y expresar alegatos, podr� revocar y cancelar las franquicias otorgadas. En este caso se proceder� al cobro �ntegro de las contribuciones no cubiertas bajo el amparo de la presente disposici�n, m�s sus respectivos accesorios.

(Reformado, P.O. 27 de diciembre de 2002)

Para efectos de la no-propiedad de predios, bastar� que el interesado manifieste bajo protesta de decir verdad que no es propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado, conservando el Municipio sus facultades de comprobaci�n, por lo que en caso de falsedad en la declaraci�n manifestada, el interesado ser� acreedor a una sanci�n del 50% al 100% de la contribuci�n omitida.

(Adicionado, P.O. 30 de diciembre de 1981)

"Art�culo 28 Bis 2. Para efectos de este impuesto se entiende por adquisici�n, la que se derive de:

"...

(Adicionado, P.O. 31 de diciembre de 1990)

"En las adquisiciones efectuadas a trav�s de arrendamiento financiero, cuando el arrendatario ejerza su opci�n de compra, se considerar�n como una sola adquisici�n las realizadas por la arrendadora y por el arrendatario financieros (sic), siempre que se demuestre que fue cubierto el impuesto correspondiente a la adquisici�n efectuada por la arrendadora financiera. Consecuentemente, en estos casos no se generar� el impuesto a cargo del arrendatario financiero.

(Adicionado, P.O. 30 de diciembre de 1994)

Si el arrendatario financiero se encuentra en los supuestos previstos en el art�culo 28 Bis-1, fracciones I a XIV, provisionalmente se aplicar� la tarifa especial a la adquisici�n efectuada por la arrendadora financiera. En caso de que al enajenarse el inmueble por parte de la arrendadora financiera, el adquirente no se encuentre en los supuestos previstos en el precepto jur�dico a que hace referencia este p�rrafo, se cubrir� el impuesto definitivo a cargo tanto de la arrendadora como del adquirente, conforme a lo dispuesto en el art�culo 28 Bis y en el p�rrafo anterior, seg�n sea el caso.

De las transcripciones precedentes, se desprende que el art�culo 28 Bis del ordenamiento legal materia de la controversia establece los sujetos obligados al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles y se�ala la tasa aplicable al valor gravable del inmueble; en el art�culo 28 Bis 1 se establece la mec�nica de c�lculo del impuesto.

Por su parte, el precepto legal impugnado, art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, alude a la figura jur�dica de arrendamiento financiero; por ello debe partirse por analizar �sta, la cual surge a la vida jur�dica en Norteam�rica y es adoptada en nuestro pa�s a principio de los a�os sesenta, despu�s de una incipiente regulaci�n del Ejecutivo Federal emitida en diversos criterios.

Se introduce formalmente por primera ocasi�n en las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial el diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, en donde se da una definici�n de este tipo de contrato y se asimila su r�gimen fiscal al de la compraventa en abonos.

De ah� que fue la literatura fiscal la que dio acogida a esta instituci�n para, posteriormente, incorporarla a la Ley General de Instituciones de Cr�dito y, finalmente, regularla en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito, la cual, actualmente, se sistematiza en sus art�culos 24 a 37-A.

Con el objeto de clarificar las obligaciones a cargo del arrendatario financiero, debe considerarse lo que se entiende por arrendamiento financiero, para lo cual, es preciso acudir al texto de los preceptos relativos de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, cuyos art�culos 408 y 410 disponen:

"Art�culo 408. Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podr� ser persona f�sica o moral, oblig�ndose este �ltimo a pagar como contraprestaci�n, que se liquidar� en pagos parciales, seg�n se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisici�n de los bienes, las cargas financieras y los dem�s accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el art�culo 410 de esta ley.

"Los contratos de arrendamiento financiero deber�n otorgarse por escrito y podr�n inscribirse en el Registro P�blico de Comercio, a solicitud de los contratantes, sin perjuicio de hacerlo en otros Registros que las leyes determinen.

"En los contratos de arrendamiento financiero en los que se convenga la entrega de anticipos, por parte del arrendador, a los proveedores, fabricantes o constructores de los bienes objeto de dichos contratos que, por su naturaleza, ubicaci�n o proceso de producci�n, no sean entregados en el momento en que se pague su precio o parte del mismo, el arrendatario quedar� obligado a pagar al arrendador una cantidad de dinero, determinada o determinable, que cubrir� �nicamente el valor de las cargas financieras y dem�s accesorios de los anticipos hasta en tanto se entregue el bien de que se trate, condici�n que deber� estar contenida en el contrato de arrendamiento financiero.

En el supuesto se�alado en el p�rrafo anterior, las partes deber�n convenir el plazo durante el cual se entregar�n los anticipos, despu�s del cual el arrendatario deber� cubrirlos en el arrendamiento financiero con las caracter�sticas y condiciones pactadas en el contrato correspondiente.

"Art�culo 410. Al concluir el plazo del vencimiento del contrato o cuando las partes acuerden su vencimiento anticipado y una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, el arrendatario deber� adoptar alguna de las siguientes opciones terminales:

"I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisici�n, que quedar� fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se establezcan en el contrato.

"II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior a los pagos peri�dicos que ven�a haciendo, conforme a las bases que se establezcan en el contrato; y

"III. A participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en las proporciones y t�rminos que se convengan en el contrato.

"Cuando en el contrato se convenga la obligaci�n del arrendatario de adoptar, de antemano, alguna de las opciones antes se�aladas, �ste ser� responsable de los da�os y perjuicios en caso de incumplimiento. El arrendador no podr� oponerse al ejercicio de dicha opci�n.

Si en los t�rminos del contrato, queda el arrendatario facultado para adoptar la opci�n terminal al finalizar el plazo obligatorio, �ste deber� notificar por escrito al arrendador, por lo menos con un mes de anticipaci�n al vencimiento del contrato, cu�l de ellas va a adoptar, respondiendo de los da�os y perjuicios en caso de omisi�n, con independencia de lo que se convenga en el contrato.

En el mismo sentido, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito prev� en sus art�culos 25 y 27 lo siguiente:

"Art�culo 25. Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona f�sica o moral, oblig�ndose �sta a pagar como contraprestaci�n, que se liquidar� en pagos parciales, seg�n se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisici�n de los bienes, las cargas financieras y los dem�s accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiera el art�culo (sic) 27 de esta ley.

"Al establecer el plazo forzoso a que hace menci�n el p�rrafo anterior, deber�n tenerse en cuenta las condiciones de liquidez de la arrendadora financiera, en funci�n de los plazos de los financiamientos que, en su caso, haya contratado para adquirir los bienes.

Los contratos de arrendamiento financiero deber�n otorgarse por escrito y ratificarse ante la fe de notario p�blico, corredor p�blico titulado, o cualquier otro fedatario p�blico y podr�n inscribirse en el Registro P�blico de Comercio, a solicitud de los contratantes, sin perjuicios (sic) de hacerlo en otros registros que las leyes determinen.

"Art�culo 27. Al concluir el plazo del vencimiento del contrato una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, la arrendataria deber� adoptar alguna de las siguientes opciones terminales:

"I. La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisici�n, que quedar� fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor de mercado a la fecha de compra, conforme a las bases que se establezcan en el contrato;

"II. A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior a los pagos peri�dicos que ven�a haciendo, conforme a las bases que se establezcan en el contrato; y

"III. A participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes a un tercero, en las proporciones y t�rminos que se convengan en el contrato.

"La Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, mediante disposiciones de car�cter general, est� facultada para autorizar otras opciones terminales siempre que se cumplan los requisitos se�alados en el primer p�rrafo del art�culo 25 de esta ley.

"En el contrato podr� convenirse la obligaci�n de la arrendataria de adoptar, de antemano, alguna de las opciones antes se�aladas, siendo responsable de los da�os y perjuicios en caso de incumplimiento. La arrendadora financiera no podr� oponerse al ejercicio de dicha opci�n.

Si en los t�rminos del contrato, queda la arrendataria facultada para adoptar la opci�n terminal al finalizar el plazo obligatorio, �sta deber� notificar por escrito a la arrendadora financiera, por lo menos con un mes de anticipaci�n al vencimiento del contrato, cu�l de ellas va a adoptar, respondiendo de los da�os y perjuicios en caso de omisi�n, con independencia de lo que se convenga en el contrato.

Como puede advertirse, el arrendamiento financiero es un contrato mercantil por medio del cual la arrendadora financiera (entidad de cr�dito) se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a la arrendataria (una persona f�sica o moral que usa el bien por un plazo forzoso), la que est� constre�ida a pagar como contraprestaci�n una cantidad en dinero determinada o determinable para cubrir el valor de adquisici�n de los bienes, las cargas financieras y los dem�s accesorios, y optar, al vencimiento del contrato, por la compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisici�n o a prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una renta inferior, o bien, a participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes a un tercero.

De ah� que se trate de una operaci�n compleja que participa de diversas notas, pues tiene como caracter�sticas la realizaci�n de dos figuras jur�dicas en una sola operaci�n de cr�dito -arrendamiento y de compraventa-; por tanto, no obstante las semejanzas o entidades parciales, no puede ser subsumido por tales figuras tradicionales.

As�, al haber encontrado carta de naturalizaci�n dentro del mundo fiscal la instituci�n que nos ocupa, como se dijo con antelaci�n, podr�a afirmarse que nace a la vida jur�dica dentro del derecho fiscal donde actualmente se encuentra regulada por el C�digo Fiscal de la Federaci�n y por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De ah� que el C�digo Fiscal de la Federaci�n norme a esta instituci�n en su art�culo 15, al definir al arrendamiento financiero y precisar lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr�dito, en el sentido de que el contrato debe celebrarse por escrito y consignar expresamente el valor del bien objeto de la operaci�n y la tasa de inter�s pactada o la mec�nica para determinarla; en el art�culo 14, fracci�n IV, del propio ordenamiento legal, define que debe entenderse por enajenaci�n de bienes la operaci�n realizada mediante arrendamiento financiero.

Por su parte, el art�culo 18, fracci�n III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta otorga un tratamiento especial a las operaciones de arrendamiento financiero, en lo relativo a la acumulaci�n de los ingresos derivados de esta operaci�n para el arrendador financiero.

Entrando en materia, y dado que resulta necesario determinar si la norma tildada de inconstitucional viola el principio de equidad tributaria, es necesario mencionar que el Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que este principio radica en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los cuales deben recibir igualdad en el trato, ya que se debe tratar de igual manera a quienes se encuentren en una misma situaci�n y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se encuentren en una situaci�n diferente.

As�, el principio de equidad tributaria obliga a las autoridades a no hacer distinci�n entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, sin una justificaci�n objetiva y razonable, por lo que su finalidad consiste en evitar que existan normas que destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicaci�n, al generar un trato distinto en situaciones an�logas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares.

Adem�s, para cumplir con el citado principio, el legislador no s�lo est� facultado, sino que tiene la obligaci�n de crear categor�as o clasificaciones de contribuyentes, a condici�n de que �stas no sean caprichosas o arbitrarias; es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categor�a, y que pueden responder a finalidades econ�micas o sociales, a razones de pol�tica fiscal o incluso extrafiscales.

Sirven de apoyo a estas consideraciones las jurisprudencias del Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que a la letra dicen:

"Novena �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: V, junio de 1997

"Tesis: P./J. 41/97

"P�gina: 43

EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes p�blicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jur�dica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situaci�n de hecho porque la igualdad a que se refiere el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicaci�n de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violaci�n se configura �nicamente si aquella desigualdad produce distinci�n entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificaci�n objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder id�nticas consecuencias jur�dicas; c) no se proh�be al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino s�lo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinci�n; y d) para que la diferenciaci�n tributaria resulte acorde con las garant�as de igualdad, las consecuencias jur�dicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relaci�n entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

"Novena �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: V, junio de 1997

"Tesis: P./J. 42/97

"P�gina: 36

EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES AN�LOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE EST�N EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci�n alguna por raz�n de nacimiento, raza, sexo, religi�n o cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social; en relaci�n con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con car�cter general, los Poderes p�blicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situaci�n deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jur�dico, lo que significa que ha de servir de criterio b�sico de la producci�n normativa y de su posterior interpretaci�n y aplicaci�n. La conservaci�n de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad econ�mica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce impl�citamente la existencia de desigualdades materiales y econ�micas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicaci�n la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones an�logas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jur�dica.

Por tanto, equidad tributaria significa que los sujetos pasivos de un mismo impuesto deben guardar una situaci�n de igualdad frente a la norma jur�dica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando, en consecuencia, que aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad econ�mica de quienes est�n obligados a pagarlos- la justicia tributaria consagrada en la Constituci�n General de la Rep�blica fija su raz�n de ser en las posibilidades econ�micas de cada sujeto, debi�ndose tratar por igual a quienes tienen iguales condiciones de capacidad econ�mica y, al contrario, de forma desigual a aquellos cuyas condiciones de capacidad econ�mica son dis�miles.

En ese sentido, si bien es cierto que el legislador tiene el deber de crear categor�as o clasificaciones de sujetos, sustentadas en bases objetivas, tambi�n lo es que el trato diferente debe responder a fines econ�micos o sociales, razones de pol�tica fiscal o, inclusive, motivos extrafiscales.

La porci�n normativa impugnada -art�culo 28 Bis 2 del ordenamiento legal en cita- establece que trat�ndose de una adquisici�n por arrendamiento financiero, en la que interviene el arrendador y el arrendatario como elementos integrantes del contrato a celebrarse, al ejercer la opci�n de compra por parte del arrendatario, se considerar� que realizan un sola adquisici�n (arrendadora y arrendatario) cuando se demuestre que la arrendadora financiera cubri� el impuesto relativo, y en tal caso, se�ala la norma, no se generar� el impuesto a cargo del arrendatario financiero.

Ciertamente, aun cuando se entiende que dicho impuesto ya debi� cubrirlo el arrendador financiero al adquirir la propiedad que dar� en arrendamiento, lo cierto es que en el momento de transmitir esa propiedad se vuelve a generar un nuevo acto jur�dico, y en virtud de �l surge un nuevo impuesto respecto de la transmisi�n de la propiedad en relaci�n con un bien dado en arrendamiento financiero (al ejercer la opci�n de compra pactada); en tal caso, dispone el precepto que no nace la obligaci�n de pago del impuesto a cargo del arrendatario financiero, siempre que el arrendador haya cubierto el impuesto en el primer acto de adquisici�n; esto es, cuando �l adquiri� el bien para darlo en arrendamiento, as� se exenta, sin mayor tr�mite, del pago de la contribuci�n a este �ltimo.

Aqu� conviene subrayar que el acto jur�dico que se celebra deriva de la transmisi�n de propiedad de bienes inmuebles, es decir, se generar� el impuesto tantas veces como se transmita esa propiedad, porque el objeto de la traslaci�n no puede derivar del inmueble mismo, sino de las ocasiones en que se traslade la propiedad de dicho inmueble.

Lo anterior, es confirmado por el art�culo 28 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, que se�ala los sujetos obligados al pago del impuesto, en el que establece que son las personas f�sicas o morales que adquieran un bien, es decir, lo cubrir�n con motivo de la celebraci�n del acto jur�dico mediante el cual se transmita la propiedad.

Por otro lado, es cierto que el legislador fue dotado de facultades para crear categor�as y clasificaciones de sujetos; sin embargo, ello no implica deslindar del deber de cumplir con la obligaci�n tributaria sin base objetiva. La exenci�n como una forma de liberarse del pago constituye una excepci�n a la regla general de causaci�n del tributo, que necesariamente debe justificarse atendiendo a fines espec�ficos de orden econ�mico, de pol�tica fiscal o motivos extrafiscales.

En efecto, originalmente el texto del art�culo 28 Bis 2 del ordenamiento legal en estudio no conten�a ninguno de los dos �ltimos p�rrafos que actualmente se han incorporado a �l, sino que es hasta su reforma de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa en que se adiciona un p�rrafo m�s a dicha disposici�n, en el que se establec�a:

(Adicionado, P.O. 30 de diciembre de 1981)

"Art�culo 28 Bis 2. Para efectos de este impuesto se entiende por adquisici�n, la que se derive de:

"...

(Adicionado, P.O. 31 de diciembre de 1990)

En las adquisiciones efectuadas a trav�s de arrendamiento financiero, cuando el arrendatario ejerza su opci�n de compra, se considerar�n como una sola adquisici�n las realizadas por la arrendadora y por el arrendatario financieros (sic), siempre que se demuestre que fue cubierto el impuesto correspondiente a la adquisici�n efectuada por la arrendadora financiera. Consecuentemente, en estos casos no se generar� el impuesto a cargo del arrendatario financiero.

Para justificar la incorporaci�n de dicho p�rrafo el legislador en la exposici�n de motivos de trece de diciembre de mil novecientos noventa, esgrimi�:

"H. Congreso del Estado

"Exposici�n de motivos

"Monterrey, Nuevo Le�n a 13 de diciembre de 1990.

"Iniciativa del Ejecutivo

"Iniciativa de decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales

"...

"Cap�tulo II

"Ley de Hacienda para los Municipios del Estado

"Art�culo segundo. Se reforma la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, en sus art�culos 21 Bis 8; 21 Bis 9, en su p�rrafo primero y en sus fracciones IV, VIII y IX en sus p�rrafos primero y pen�ltimo; 21 Bis 12, en su p�rrafo segundo; 21 Bis 20, en su �ltimo p�rrafo; 28 Bis; 28 Bis 1, en su p�rrafo segundo y en su fracci�n XII; 50, en sus fracciones I a VI; 50 Bis, en sus fracciones I a VII; 51, en sus fracciones I a IX; 52, fracci�n I, en sus incisos a) a c); 55, en sus incisos a) a e) y en su pen�ltimo p�rrafo; 57; 58, en sus fracciones I a XIV, XV, en sus incisos a) a d), XVI Y XVII; 59, en sus fracciones I a XIV, XV, en sus incisos a) a d), XVI y XVII; 62, en sus fracciones I a III, IV en su p�rrafo primero y V; 63, en su segundo p�rrafo; 64, en sus fracciones I a IV y V en sus p�rrafos primero y antepen�ltimo; 65, en sus incisos a) y b); 65 bis, en sus incisos a) y c) y en su p�rrafo tercero; 65 Bis 1, en sus fracciones I, II, III incisos a) y b) y en su �ltimo p�rrafo y IV; 75, en su segundo p�rrafo; y en su art�culo quinto transitorio, art�culo 35, en su inciso b) se adiciona la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, En su art�culo 28 Bis 2, con un �ltimo p�rrafo; 28 Bis 3, con dos �ltimos p�rrafos y 65 bis, con un p�rrafo cuarto, pasando los actuales p�rrafos cuarto, quinto y sexto a ser p�rrafos quinto, sexto y s�ptimo, respectivamente. Lo anterior en los siguientes t�rminos:

"...

"El Estado de Nuevo Le�n est� coordinado con la Federaci�n en el cobro del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, tanto por la ventaja que representa para el contribuyente el pagar un solo impuesto, como por los ingresos adicionales que representa para las finanzas estatales y municipales, el impuesto sobre tenencia o uso de veh�culos.

"Para 1991 se prev�n cambios en el impuesto federal sobre adquisici�n de inmuebles que deber�n de reflejarse en la ley de hacienda de los Municipios en lo referente para que pueda continuar la coordinaci�n Estado-Federaci�n.

"En relaci�n con la tasa del impuesto, a nivel federal esta disminuir� de un 10% a un 8%, plane�ndose que para 1992, 1993 y 1994 en adelante, la tasa ser� del 6%, 4% y 2%, respectivamente.

"Por lo anterior, en el art�culo 28 Bis se disminuye del 10% al 8% la tasa que para el c�lculo del impuesto, se aplica al valor del inmueble despu�s de reducirlo cinco veces el salario m�nimo general al a�o.

"Conviene aclarar que en la ley del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles federal se prev� que los Municipios no se ver�n afectados por la disminuci�n de los ingresos provenientes del impuesto, pues �sta les asegura un ingreso por este concepto igual al del a�o anterior, m�s el equivalente de la inflaci�n.

"En el mismo art�culo 28 Bis se plantea la sustituci�n del actual sistema de desgravaci�n por reducci�n regresiva, utiliz�ndose a partir de 1991 un sistema de tasa progresiva especial, en el que seg�n el valor del inmueble, se aplicara una tasa reducida que oscilar�a entre el 1% y el 8%; teniendo derecho a este tratamiento de beneficio fiscal, el adquiriente que no posea otro bien ra�z en el estado, o que , teniendo uno solo, su valor catastral no exceda de $50'000,000.00 en vez de $20'000,000.00, como se establece en la ley vigente. Adicionalmente, con este sistema se consigue una simplificaci�n administrativa, ya que se facilita el actual procedimiento para calcular este beneficio fiscal.

"En el art�culo 28 Bis 1 se propone un aumento de $60,000.00 a $72,000.00 en la tarifa especial del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, aplicable este beneficio, entre otros, a escuelas p�blicas y privadas, a instituciones de beneficencia privada, a peque�os adquirientes de vivienda, a organismos p�blicos y privados creados para solucionar el problema de la vivienda y la tenencia legal de la tierra, as� como a los beneficiarios de estos programas.

"En el art�culo 16 del c�digo fiscal del estado se define el concepto de arrendamiento financiero el cual, en s�ntesis, consiste en que un particular renta a una compa��a arrendadora financiera un bien mueble o inmueble por un periodo de tiempo. Al concluir el periodo establecido, el particular tiene el derecho a adquirir el bien dado en arrendamiento en un precio reducido, a designar a qui�n se le enajene el bien o a recibir una participaci�n del producto de su venta.

"En el caso de inmuebles, este sistema de financiamiento no ha funcionado porque implica doble tributaci�n del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, ya que se paga el impuesto cuando la compa��a arrendadora adquiere el bien y nuevamente cuando el arrendatario hace uso de su derecho de adquisici�n.

Considerando este principio, en el art�culo 28 Bis 3 se propone la reestructuraci�n de las reglas de extinci�n de las facultades de comprobaci�n, determinaci�n y comprobaci�n en materia del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, al establecer que el t�rmino de cinco a�os previsto en el c�digo fiscal del estado iniciar� su c�mputo a partir de cuando el documento en donde conste la operaci�n traslativa de dominio se inscriba en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio; se presente el aviso de enajenaci�n de catastro, o se presente ante la tesorer�a municipal la declaraci�n de pago respectiva. Asimismo, se plantea que de no realizarse estos tr�mites, el t�rmino para la extinci�n de estas facultades ser� de 10 a�os, cont�ndose a partir de cuando se debi� presentar la declaraci�n del impuesto.

De igual manera, al formularse la reforma al ordenamiento legal en estudio de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se adicion� el �ltimo p�rrafo del art�culo 28 Bis 2, se�al�ndose en la exposici�n de motivos, lo siguiente:

"H Congreso del Estado

"Exposici�n de motivos

"Monterrey, Nuevo Le�n, a 16 de diciembre de 1994

"Iniciativa del Ejecutivo

"C.C. Diputados que integran la LXVII Legislatura

"Constitucional del H. Congreso del Estado

"Presente

"Con las facultades que me confieren los art�culos 63, fracci�n XI, 68, 69 y 85, fracci�n XXI, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, y atento a lo establecido en los art�culos 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, me permito someter a la consideraci�n de su honorable asamblea las siguientes iniciativas de ley:

"1. Ley de Egresos del Estado para el a�o de 1995.

"2. Ley de Ingresos del Estado para el a�o de 1995.

"3. Ley de Ingresos de los Municipios del Estado para el a�o de 1995.

"4. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado.

"5. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado.

"...

"Por otra parte, en el art�culo 28 Bis 1 se propone un incremento de N$110.00 a N$115.00, en la cuota especial para el pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, aplicable a escuelas, instituciones de beneficencia, FOMERREY y tierra propia, entre otros.

En el art�culo 28 Bis 2, se propone aplicar la tarifa especial del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, cuando los beneficiarios de la misma adquieran a trav�s del arrendamiento financiero y de esta forma puedan utilizar este tipo de instrumentos de financiamiento sin incrementar su carga fiscal.

Como puede observarse, la adici�n de los dos �ltimos p�rrafos al art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n obedeci� tanto a una cuesti�n de pol�tica fiscal como para cubrir fines extrafiscales, como lo fue el reconocimiento de que el sistema de financiamiento no hab�a funcionado porque implicaba una doble tributaci�n del impuesto; por tanto, el legislador decidi� considerar a la adquisici�n del bien inmueble por parte de la arrendadora para darlo en arrendamiento, as� como a la operaci�n en virtud de la cual el arrendatario financiero ejerce la opci�n de compra, como una sola operaci�n y exentar al arrendatario financiero del pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles.

Entonces, desde aquel momento justific� en las exposiciones de motivos que dan lugar al nacimiento de los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 28 Bis 2, de la ley que se comenta, el considerar exentar del pago del impuesto al arrendatario financiero, basado en fines extrafiscales y de pol�tica fiscal, para beneficiar a un sector de la poblaci�n que adquiriera un inmueble por arrendamiento financiero, sin tener que cubrir el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles.

Lo anterior con la finalidad de ayudar a cierto sector de la poblaci�n que tiene que acudir a estos medios de financiamiento para adquirir un bien inmueble, donde el fin que se persigue es mejorar la econom�a de este n�cleo de poblaci�n (los que adquieren bienes inmuebles v�a el arrendamiento financiero).

Por tanto, es infundado lo aducido por la quejosa en el sentido de que los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 28 Bis 2 de la ley en comento sean inequitativos, porque el legislador ya hab�a justificado con anterioridad la exenci�n de que es objeto el arrendatario, bajo la premisa de que el arrendador financiero ya habr�a cubierto el impuesto al adquirir el bien inmueble motivo del arrendamiento financiero.

Lo anterior, porque aun cuando en la respectiva exposici�n de motivos de la ley no se hubiera razonado la exenci�n del impuesto y no se hubieran formulado todos los motivos que dieron lugar a la incorporaci�n de ambos p�rrafos -los dos �ltimos del art�culo 28 Bis-, no debe olvidarse que la fundamentaci�n y motivaci�n de las leyes no se da necesariamente en la iniciativa correspondiente ni en el proceso legislativo, en t�rminos del criterio sustentado por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes:

"No. Registro: 179, 277

"Tesis aislada

"Materia (s) Com�n

"Novena �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXI, febrero de 2005

"Tesis: P. III/2005

"P�gina: 98

"LEYES. ALCANCE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO LEGISLATIVO PARA FIJAR SU SENTIDO. Las normas legales, al ser producto del proceso legislativo, adquieren existencia jur�dica hasta que �ste culmina; de manera que s�lo pueden estar contenidas en el texto de la ley resultante y no en alguno de los documentos internos que conforman dicho proceso, por lo que lo consignado en �stos no vincula al �rgano aplicador (e int�rprete) del derecho. Consecuentemente, tales documentos �nicamente pueden mover el �nimo del juzgador respecto del alcance que se le debe adscribir a la norma -al decidir si el caso sometido a su consideraci�n se encuentra o no previsto en la misma-, en funci�n de los m�ritos de sus argumentos. Es decir, los documentos del proceso legislativo resultan determinantes para fijar el sentido de la norma legal exclusivamente en aquellas instancias en que el Juez decide atender las razones contenidas en ellos, por estimar que son de peso para resolver el problema de indeterminaci�n que se le presenta en el caso concreto. Por tanto, habida cuenta que los documentos mencionados s�lo constituyen una herramienta interpretativa de la norma legal, y que lo dicho en ellos no tiene car�cter jur�dico vinculatorio, sino persuasivo, resulta evidente que lo dispuesto en �stos, en los casos en que se encuentre en contradicci�n con lo prescrito en la norma jur�dica, no puede provocar un conflicto que deba resolver el Juez para poder fijar el alcance de la disposici�n aplicable al caso particular, lo que s� acontece cuando dos normas jur�dicas de igual jerarqu�a se encuentran en contradicci�n. As�, la funci�n de los documentos del proceso legislativo se limita a orientar al juzgador sobre la manera de integrar o colmar lagunas en aquellos aspectos en que la norma resulta indeterminada, pero no en competir con ella sobre la prescripci�n que debe prevalecer respecto de cuestiones que s� est�n previstas en aqu�lla.

Amparo en revisi�n 1190/2004. 30 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretario: J.A.T.V..

En efecto, aun cuando lo deseable es que los elementos del proceso legislativo aporten las razones que dan vida a la norma jur�dica, esto no es obst�culo para que, cuando no ocurre as�, pueda acudirse a la propia ley para encontrar la realidad social que constituye su causa y su raz�n de ser, como se desprende de la tesis del Tribunal P. de este Alto Tribunal, que establece:

"No. Registro: 232,351

"Jurisprudencia

"Materia (s): Constitucional, Com�n

"S�ptima �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Vol�menes: 181-186 Primera Parte

"Tesis:

"P�gina: 239

"G.�a: Ap�ndice 1917-1985, Primera Parte, P., tesis 36, p�gina 73.

"Ap�ndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, tesis 146, p�gina 149.

FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal P. ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.

Luego, la porci�n normativa impugnada tuvo como prop�sito justificar la raz�n de la exenci�n bajo ciertos par�metros respecto de los arrendatarios financieros, para incentivar la econom�a de la poblaci�n que adquiera dichos bienes inmuebles v�a el arrendamiento financiero.

As�, la fundamentaci�n del proceso legislativo que dio origen a la porci�n normativa impugnada se encuentra en el ejercicio de las facultades que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Poder Legislativo Local para expedir leyes como la cuestionada, facultad que supone la de establecer cargas impositivas a los particulares fijando su l�mite, y la motivaci�n est� en la esencia misma de las disposiciones legales que integran el ordenamiento, cuanto m�s que una norma s�lo se entiende y encuentra su raz�n en la relaci�n que guarda con las disposiciones que integran el ordenamiento al cual pertenece.

Lo considerado se apoya en la tesis del Tribunal P., que establece:

"No. Registro: 232, 883

"Tesis aislada

"Materia (s): Constitucional

"S�ptima �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n

"Volumen: 77 Primera Parte

"Tesis:

"P�gina: 19

"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACI�N NO EST�N OBLIGADOS A EXPLICARLOS. Ni el Congreso de la Uni�n ni el presidente de la Rep�blica, en el ejercicio de la funci�n que a cada uno de ellos compete en el proceso de formaci�n de las leyes, tienen la obligaci�n de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que esa funci�n s�lo requiere el respaldo de la Ley Suprema, y as�, trat�ndose de contribuciones, no hay duda alguna de que los art�culos 65, fracci�n II, 72 y 73, fracci�n VII, del C�digo Pol�tico Fundamental, autoriza al Poder Legislativo Federal para imponer las necesarias a cubrir el presupuesto, en tanto el 89, fracci�n I, no s�lo faculta, sino que, adem�s, obliga al titular del Ejecutivo a promulgar las leyes que el Congreso de la Uni�n expida. Por otra parte, es necesario destacar que el procedimiento establecido en la Constituci�n Federal para elaborar las leyes, no exige que se tengan que explicar los motivos que cada uno de los �rganos que intervienen en ese proceso tuvieron en cuenta para ejercitar la funci�n legislativa que tienen encomendada. En otras palabras, trat�ndose de leyes, el fundamento de ellas no debe buscarse en cada acto legislativo sino en la Constituci�n Pol�tica del pa�s, si son federales, o en la de cada Estado, si son locales. Por cuanto a la motivaci�n baste decir que tal requisito se encuentra dentro de la esencia misma de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a relaciones sociales que exigen ser jur�dicamente reguladas.

Amparo en revisi�n 6731/68. Lechera Guadalajara, S.A. 6 de mayo de 1975. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: E.A. �lvarez.

Por otro lado, es infundado lo aducido por la recurrente en el sentido de que la porci�n normativa que se comenta, al establecer la exenci�n del pago del impuesto a los arrendatarios financieros, propicia un trato inequitativo entre quienes se encuentran en el supuesto del pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles.

Lo anterior es as�, ya que es de explorado derecho que para efectos fiscales la equidad radica exclusivamente en la situaci�n de igualdad que guardan ante la ley todos los sujetos del impuesto; en el caso del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, es claro que todos los destinatarios del tributo guardan, en principio, una situaci�n de igualdad y, por ende, deben recibir el mismo trato, a menos que existan situaciones de notorio beneficio o justificaci�n social, como sucede en la especie.

Como se desprende de la norma impugnada, se establece que si el arrendador al comprar el inmueble que ha de enajenar cubri� el respectivo impuesto, ya no se generar� para el arrendatario financiero el pago de dicho impuesto, y de encontrarse este �ltimo en los supuestos previstos en el art�culo 28 Bis 1, fracciones I a XIV, se le aplicar� la tarifa especial; en caso contrario, cubrir� el impuesto definitivo tanto a cargo de la arrendadora como del adquirente.

As�, el �ltimo p�rrafo del precepto que se comenta establece que en el caso de que el arrendatario financiero est� en alguna de las condiciones previstas en las fracciones I a XIV del art�culo 28 Bis 1 del aludido ordenamiento, en forma provisional se aplicar� la tarifa especial a que alude dicha norma, y si al enajenarse por parte de la arrendadora financiera el arrendatario no se encuentra en los supuestos previstos en el mencionado art�culo 28 Bis 1, deber� cubrirse el pago del impuesto a cargo de la arrendadora como del adquirente, lo cual resulta leg�timo, si se considera que el legislador est� facultado para reducir el monto de los impuestos en la medida en que justifique esta reducci�n para determinados sujetos obligados.

En efecto, en el caso, se tiene que en el art�culo 28 Bis del ordenamiento legal en cita se establece el r�gimen general para cumplir con la contribuci�n a que se refiere esa ley; mientras que en el 28 Bis 2 se prev� una hip�tesis que de actualizarse se convierte en un derecho para el contribuyente; es decir, si en el momento de la enajenaci�n, el arrendatario financiero se encuentra en alguno de los supuestos del art�culo 28 Bis 1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, se le aplicar� la tarifa prevista en dicha norma; por el contrario, de no encontrarse en tal hip�tesis, se cubrir� el impuesto definitivo a cargo de la arrendadora como del adquirente conforme a lo dispuesto en el art�culo 28 Bis.

Dicho en otras palabras, si el arrendatario financiero no se sit�a en alguno de los supuestos del art�culo 28 Bis 1, entonces deber�n cubrir el impuesto correspondiente, tanto la arrendadora como el arrendatario; de donde se sigue que si est� en alguna de las hip�tesis de este precepto se le aplicar� la tarifa especial de adquisici�n que prev� el citado art�culo.

De modo tal que en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, desde su dise�o, el legislador previ� la manera de reducir la carga tributaria a cargo de los adquirentes, al referir en el art�culo 28 Bis la forma de disminuir el monto del pago del impuesto, tan es as� que en la primera parte de dicho art�culo previ� como excepci�n lo dispuesto por el art�culo 28 Bis 1, transcrito con antelaci�n.

De manera que al prever la exenci�n en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 28 Bis 2 de la ley en cita, el legislador est� eximiendo del pago del impuesto al arrendatario financiero por el hecho de considerar que la operaci�n por virtud de la cual se ejerce la opci�n de compra y se transmite la propiedad del bien arrendado, es una sola, con la finalidad de beneficiar a este sector.

Ahora bien, tomando en consideraci�n que lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 28 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, dispone que todo aquel que adquiera mediante la transmisi�n de la propiedad queda sujeto, en t�rminos de lo dispuesto en el diverso numeral 28 Bis 2 del ordenamiento de que se trata, a enterar el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, ll�mese arrendatario financiero o comprador, en su caso, debe concluirse que la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n no distingue c�mo debe denominarse al que adquiere una propiedad, s�lo prev� que debe entenderse por adquisici�n: la que derive de todo acto por el que se transmita la propiedad; y si el precepto legal citado dispone que est�n obligadas al pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles las personas f�sicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a �l ubicados en el territorio del Estado, as� como los derechos relacionados con los mismos; entonces, lo as� se�alado no est� sujeto a interpretaci�n alguna, sino que incluye a las personas, sea cual fuere su denominaci�n, que adquieran en esos t�rminos.

Finalmente, se considera que la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n establece un trato jur�dico que ciertamente es desigual, pero no est� motivado por una decisi�n caprichosa o arbitraria del legislador, sino que est� basado en razones justificadas, como son una cuesti�n de pol�tica fiscal, en el apoyo a determinados sectores de la actividad econ�mica y a posibilitar a las personas de ingresos menores la adquisici�n de bienes inmuebles v�a el arrendamiento financiero, lo que tiene la clara intenci�n de promover en ese segmento de la actividad econ�mica la adquisici�n de inmuebles.

Por lo que hace a los agravios a que se refieren los incisos II y III del considerando quinto de esta resoluci�n, resultan infundados, atendiendo a lo siguiente:

Es infundado el agravio sintetizado en el numeral II del considerando anterior, en virtud de que como lo sostuvo el �rgano jurisdiccional en la resoluci�n impugnada, aun cuando es cierto que, como lo hizo valer la quejosa en sus conceptos de violaci�n, el legislador fue omiso en incorporar al art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n el derecho real de superficie que establece el art�culo 1046 del C�digo Civil para el Estado, que relaciona la ahora recurrente con el derecho de usufructo que se considera en la fracci�n VII del precepto 28 Bis 2 en cita, que incluye como adquisici�n la constituci�n del usufructo, transmisi�n de �ste o de la nuda propiedad, as� como la extinci�n del usufructo temporal; tambi�n es cierto que, aun los efectos de la concesi�n del amparo que en su caso pudiera otorgarse, no comprenden lo pretendido por la impetrante.

En efecto, la impetrante busca que el amparo le sea concedido para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jur�dica el pago del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, y que se devuelva la cantidad que enter� respecto de los bienes que se�al� en el juicio contencioso administrativo.

Sin embargo, como en la especie lo que se hace valer es la omisi�n de una autoridad legislativa, la concesi�n del amparo no ser�a otra m�s que la de ordenar reparar dicha omisi�n; pero, como es bien sabido y como lo sostuvo el �rgano jurisdiccional, el juicio de amparo no tiene el alcance de obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisi�n.

Cierto, acorde con lo establecido por el art�culo 80 de la Ley de Amparo y al criterio establecido por este Alto Tribunal, el efecto jur�dico de las sentencias de amparo es volver las cosas al estado que ten�an antes de la violaci�n de garant�as, de tal forma que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos sobre lo que versa la inconformidad, sin hacer ninguna declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare; por tanto, la concesi�n del amparo no le deparar�a beneficio alguno a la impetrante, dado que no puede obligarse a dicha autoridad a reparar esa omisi�n; es decir, no puede constre�irla a legislar, porque ser�a tanto como darle efectos generales a la ejecutoria e implicar�a la creaci�n de una ley.

Cabe resaltar que ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que el juicio de garant�as debe tener siempre una finalidad pr�ctica y no ser un medio especulativo y, por ende, que los efectos que legalmente pudieran imprim�rsele a la concesi�n del amparo deben producir la restituci�n a la quejosa del pleno goce de su garant�a violada, de manera que se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de su comisi�n, o bien, obligando a la autoridad a respetar la garant�a de que se trate.

Por tanto, si el motivo de disentimiento y que le causa perjuicio a la impetrante, ahora recurrente, es la omisi�n en que incurri� la autoridad legislativa, entonces, se est� ante una violaci�n que no puede ser reparada, puesto que como se indic�, las ejecutorias de amparo no tienen el alcance de obligar al Congreso Estatal a legislar para reparar esa omisi�n.

En raz�n de lo expuesto, el agravio que se estudia es infundado, puesto que el Tribunal Colegiado del conocimiento estuvo en lo correcto al declarar inoperante el concepto de violaci�n en el que la recurrente hizo valer tal omisi�n, m�xime que atendiendo al sentido de la presente resoluci�n no es el caso conceder el amparo.

Cobran aplicaci�n, por analog�a, los siguientes criterios cuyos datos de localizaci�n, rubro y contenido a continuaci�n se reproducen:

"Octava �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n

"N�meros: 16-18, abril-junio de 1989

"Tesis: P. 31

"P�gina: 47

LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisi�n sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedi� el amparo, el efecto inmediato ser� nulificar la validez jur�dica de la ley reclamada en relaci�n con el quejoso y si el juicio se promovi� con motivo del primer acto de aplicaci�n, �ste tambi�n ser� contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesi�n del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar v�lidamente la norma jur�dica que ya se juzg�, dado que la situaci�n jur�dica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplic�rsela v�lidamente; por ello, una vez que el juicio de garant�as se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protecci�n solicitada en sentencia ejecutoria, la decisi�n sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada.

"Novena �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VI, diciembre de 1997

"Tesis: P./J. 90/97

"P�gina: 9

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JUR�DICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el art�culo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia n�mero 174, publicada en la p�gina 297 de la Octava Parte del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1975, con el texto siguiente: �SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jur�dico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que ten�an antes de la violaci�n de garant�as, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de �l se deriven.�; y en virtud de que el juicio de garant�as debe tener siempre una finalidad pr�ctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en �l se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restituci�n al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n cuando el acto reclamado sea de car�cter positivo, o cuando sea de car�cter negativo (o constituya una abstenci�n), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garant�a de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garant�a exija.

"Novena �poca

"Instancia: P.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Tesis: P. LXXX/99

"P�gina: 40

"CONCEPTOS DE VIOLACI�N Y AGRAVIOS EXPRESADOS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISI�N. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS SE IMPUGNA LA OMISI�N DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Cuando en la demanda de amparo directo o en los agravios expresados en la revisi�n interpuesta en dicho juicio constitucional, se impugna la omisi�n de una legislatura, ya sea local o federal, de expedir determinada codificaci�n u ordenamiento, la imposibilidad jur�dica de analizar tales cuestionamientos deriva de que conforme al principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, establecido en los art�culos 107, fracci�n II, constitucional, y 76 de la Ley de Amparo, la sentencia que en �ste se dicte ser� siempre tal que s�lo se ocupe de individuos particulares, limit�ndose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaraci�n general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipot�tica concesi�n de la protecci�n federal reporte alg�n beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisi�n, esto es, a legislar, porque esto ser�a tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparaci�n constitucional implicar�a la creaci�n de una ley que, por definici�n, constituye una regla de car�cter general, abstracta e impersonal, la que vincular�a no s�lo al recurrente y a las autoridades se�aladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuaci�n tuviera relaci�n con la norma creada, apart�ndose del enunciado principio.

Amparo directo en revisi�n 2632/98. J.V.T.. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: J.C.R.N..

En cuanto al tercer agravio aducido por la recurrente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n advierte que deviene infundado, pues contrario a lo manifestado por la recurrente, el �rgano jurisdiccional no incurri� en consideraciones err�neas para declarar la inoperancia del tercer concepto de violaci�n, en el que sostuvo la inconstitucionalidad del art�culo 17 de la Ley del Catastro.

En efecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento, en t�rminos generales, determin� que el art�culo 17 de la ley catastral y el decreto que contiene las tablas para determinar dicho valor catastral, no lesionan sus derechos, puesto que los mismos no fueron tomados en consideraci�n al momento de enterar el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles.

Al respecto, debe decirse que le asiste la raz�n al Tribunal Colegiado de Circuito al declarar la inoperancia del aludido tercer concepto de violaci�n, pues ni el art�culo 17 de la Ley del Catastro ni el decreto impugnado lesionan sus intereses jur�dicos.

Lo anterior es as�, en virtud de que el art�culo 28 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n establece que la base del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles es el valor gravable, el cual ser� aquel que resulte mayor del comparativo entre el fijado en la operaci�n y el valor catastral.

As�, al requerirse ambos valores para fijar la base del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, entonces, es evidente que deb�a acudirse al art�culo 17 de la Ley del Catastro, el cual determina los valores o conceptos y las operaciones que deber�n aplicarse para obtener dicho valor catastral.

Sin embargo, si bien es cierto que el art�culo 17 de la Ley del Catastro prev� la mec�nica para determinar el valor catastral, el cual es indispensable para los efectos del art�culo 28 Bis de la Ley de Hacienda, tambi�n lo es, como lo advirti� el �rgano colegiado, que al haber resultado mayor el valor de la operaci�n al valor catastral, fue aqu�l y no �ste el que sirvi� como base para la determinaci�n del impuesto.

En esa tesitura, resulta correcto que el tribunal del conocimiento haya resuelto que no fue el valor catastral (art�culo 17 de la Ley del Catastro ni el decreto que contiene las tablas para determinar el valor catastral), el que se utiliz� como base gravable para establecer el impuesto sobre adquisici�n de inmuebles, y que por ello ninguno de los dos pudieron lesionar los intereses de la sociedad quejosa, pues no incidieron en la determinaci�n del tributo que reclam�.

Consecuentemente, si el valor catastral no trascendi� al monto de la contribuci�n cuyo pago fue motivo de inconformidad, porque el mismo no fue aplicado para la determinaci�n, cuantificaci�n y liquidaci�n del mismo, es inconcuso que dicho valor catastral no lesion� sus intereses y, por ende, tampoco el art�culo 17 invocado ni el decreto que contiene las tablas para su determinaci�n pudieron vulnerar sus derechos, en tanto que no se utiliz� el valor catastral del inmueble para calcular el impuesto reclamado.

En virtud de lo anterior, es correcto que el Tribunal Colegiado haya declarado inoperantes los motivos de disentimiento que hizo valer la quejosa en contra de las tablas que establecen los valores unitarios de suelo y construcci�n y del art�culo 17 de la Ley del Catastro, toda vez que no le fueron aplicados en su perjuicio, pues dentro de las constancias que obran en el juicio de amparo directo 53/2007, no se demostr� que el c�lculo del valor catastral haya afectado a la impetrante; por el contrario, dicho �rgano constat� que tales disposiciones no afectaron a la quejosa, ya que de la escritura p�blica en la que se contiene la adquisici�n del inmueble, de la nota declaratoria del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles y del recibo 1640056 relativos al c�lculo y entero del referido impuesto, se desprende que el valor sobre el cual se determin� la contribuci�n pagada, fue el valor de la operaci�n.

Por ello, aun y cuando el valor catastral s� fue calculado a efecto de establecer cu�l era mayor (si �ste o el valor de la operaci�n, para despu�s aplicarle la tasa del impuesto), ello en nada afect� a la peticionaria de amparo, toda vez que el valor catastral result� menor al de la operaci�n y fue a este �ltimo al que se le aplic� la tasa del impuesto sobre adquisici�n de inmuebles.

Por las razones apuntadas, aun y cuando la Ley del Catastro contiene diversas disposiciones que forman parte del sistema impositivo reclamado; y espec�ficamente su art�culo 17 que alude a la utilizaci�n de las tablas impugnadas, no es procedente analizar los conceptos de violaci�n que hizo valer en su contra; pues, para los efectos del juicio de garant�as tales preceptos no lesionaron sus intereses jur�dicos; es decir, no se cumpli� con uno de los requisitos indispensables para la procedencia de la acci�n que dar�a pie a su an�lisis, pues no fueron aplicados en su perjuicio, la comprobaci�n del inter�s jur�dico del quejoso.

En las relacionadas condiciones, al resultar infundados los agravios de la quejosa, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que neg� el amparo y protecci�n de la Justicia Federal a la quejosa, en contra del art�culo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo Le�n, vigente en el a�o dos mil cinco.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO

La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a Tenedora Global, Sociedad An�nima de Capital Variable, en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los t�rminos del �ltimo considerando de la misma.

N.�quese; con testimonio de esta resoluci�n vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez (ponente), J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az.