de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38250630

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación:28 de Febrero de 2008
RESUMEN

HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20749

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Febrero de 2008

P�gina: 365

CONTRADICCI�N DE TESIS 168/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicci�n de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito relacionada con la materia civil que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, de conformidad con lo previsto por los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, constitucional y 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso la contradicci�n de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo Le�n, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimaci�n a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO

Cabe se�alar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y, en su caso, cu�l es el criterio que debe prevalecer.

En este sentido, tiene aplicaci�n la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, son los que a continuaci�n se indican:

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXI, enero de 2005

"Tesis: 1a./J. 129/2004

"P�gina: 93

CONTRADICCI�N DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: �CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.�, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76, para que la denuncia de contradicci�n de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

CUARTO

Para mejor comprensi�n del asunto es necesario considerar los antecedentes del caso.

  1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver en sesi�n de veinticinco de octubre de dos mil seis, el recurso de revisi�n 63/2006/3, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 591/2005-3, en contra de los actos reclamados de la S�ptima Sala del Tribunal Superior de Justicia en el mismo Estado de Nuevo Le�n, en lo que interesa al presente estudio dicho tribunal precis�:

    "QUINTO. Los agravios vertidos por la recurrente principal ... son inoperantes en parte, fundados pero inoperantes en otra, infundados en una m�s y fundados el resto, como se demuestra a continuaci�n ... De manera que para los efectos de la cuantificaci�n de las costas, debe previamente existir una sentencia definitiva o resoluci�n que ponga fin al juicio, estimar si se trata de cosa juzgada formal (procesal) o material (sustancial), y de ella desprender lo obtenido a que alude el numeral 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, y si no es posible cuantificar este dato de �lo obtenido�, como sucede con la cosa juzgada formal o procesal, entonces es aplicable el diverso dispositivo legal 12 de la propia legislaci�n ... Establecidas dichas premisas, se estima que resultan fundados los agravios que se analizan, toda vez que contrario a lo establecido por el J. de Distrito en la resoluci�n impugnada, la forma de cuantificar las costas en el presente caso, es acorde a lo previsto en el art�culo 12 de la Ley del Arancel de Abogados en el Estado (sic), es decir, como de cuant�a indeterminada y no como de cuant�a determinada. ... Por lo anterior, resulta irrefutable que tal como lo sostuvo la autoridad se�alada como responsable en el presente juicio de garant�as, el incidente de liquidaci�n de gastos y costas propuesto por la parte quejosa result� improcedente al pretender cuantificar las costas como si efectivamente hubiera una cuant�a determinada tomando como base las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda y no lo resuelto en la cosa juzgada, toda vez que al haberse declarado improcedente la acci�n principal ejercida, dej�ndose a salvo los derechos del actor, el fallo result� ser eminentemente formal, al emerger la cosa juzgada formal o procesal, que si bien es inimpugnable, no es inmutable, esto es, no es una sentencia material que traiga como consecuencia la cosa juzgada material o sustancial (inimpugnable e inmutable), porque no se dilucid� si el actor tiene raz�n en cuanto a que el demandado le adeuda, o bien, que �ste haya quedado libre del adeudo que se le reclama, pues tan es as�, que se dejaron a salvo los derechos del actor, que como se precis� con anterioridad solamente da lugar a la cosa juzgada formal o procesal, por lo que el incidente de m�rito debi� ser tramitado en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, que establece la liquidaci�n de honorarios en los casos de cuant�a no determinable, toda vez que la liquidaci�n de referencia, en esta entidad federativa, debe hacerse con base en lo obtenido en el juicio y no necesariamente en lo reclamado en la demanda, pues as� se advierte de una interpretaci�n sistem�tica de los numerales que regulan la liquidaci�n de los gastos y costas. En consecuencia, y toda vez que en el juicio natural no existi� condena alguna, dado que se dejaron a salvo los derechos para que la parte actora los ejercite como legalmente corresponda, resulta inconcuso que, al haberse declarado improcedente el juicio, dej�ndose a salvo los derechos del actor y resultar la sentencia definitiva un fallo eminentemente formal al constituir cosa juzgada formal o procesal; el incidente de liquidaci�n de honorarios debi� tramitarse en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 12 del Arancel de Abogados y no en t�rminos de lo dispuesto por el numeral 6o. del propio cuerpo normativo; motivo por el cual resultan sustancialmente fundados los motivos de agravio de la instituci�n bancaria recurrente. ... Debe considerarse que la interpretaci�n que se hace del numeral 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, es la sistem�tica, y con base en ello, lleva a estimar que la liquidaci�n de las costas depende de lo obtenido, y si en el caso que nos ocupa se dej� a salvo los derechos del actor, es evidente que el demandado s�lo obtuvo la no continuaci�n del juicio al emitirse una sentencia eminentemente formal y no material, siendo que la cosa juzgada es de naturaleza formal o procesal. As� las cosas, la interpretaci�n del numeral debe ser en el sentido de que la circunstancia de que en la sentencia que puso fin al juicio, no contiene cantidad l�quida, por haberse dejado a salvo los derechos, remitiendo al supuesto contemplado en el art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, puesto que este establece: �En los juicios contenciosos cuya cuant�a no pueda ser determinada, se cobrar� por concepto de honorarios ...�. Sin que obste a la anterior determinaci�n, el que el a quo haya invocado en su resoluci�n las tesis de los rubros que enseguida se mencionan, puesto que tiene raz�n el recurrente en que las mismas resultan inaplicables. ... Ahora bien, es de considerarse que el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, aduce en esencia que deber� atenderse al sentido teleol�gico de la norma y al gramatical del t�rmino �obtenido�, contenido en el art�culo 6o. del arancel en comento, teni�ndose como empleada dicha palabra en el entendido de que la cuant�a de que habla la norma legal en su inicio, habr� de comprenderse en relaci�n a las prestaciones exigidas en la demanda, lo que considera es acorde con la reglamentaci�n del arancel, toda vez que los abogados adquieren responsabilidad sobre la totalidad del asunto, no s�lo frente a la suerte principal, por lo que no puede sostenerse que para poder hablar de que un juicio sea de cuant�a determinada, deba previamente existir una sentencia que defina la suerte de los conceptos exigidos por la demandante. Adem�s, que una sentencia absolutoria -que resuelva el fondo del asunto a favor del demandado-, o bien, de obtener una sentencia que, sin absolver, deje a salvo los derechos del demandante, no constituye una cortapisa para advertir los alcances del t�rmino �obtenido�, seg�n el sentido del legislador, pues en ambos casos el reo habr� logrado o alcanzado el que no se le condenara a las prestaciones que se le exigieron en esa espec�fica demanda que diera inicio al litigio, con total independencia de si con posterioridad, su contraria instaura diverso procedimiento. El criterio anterior no se comparte, en raz�n de que como qued� asentado con antelaci�n, de la interpretaci�n sistem�tica y arm�nica de los art�culos 6o. 9o. y 12 del Arancel de Abogados del Estado de Nuevo Le�n (sic), mismos que son los que regulan la liquidaci�n de honorarios, se advierte que lo que hace procedente la liquidaci�n en cuant�a determinada o indeterminada, es la determinaci�n de la cuant�a del negocio, fijada en la sentencia que define el juicio o la resoluci�n que le pone fin, en donde se puede obtener si se trata de cosa juzgada formal (procesal) o material (sustancial), dado que es sobre la base de �sta en la que se han de liquidar; siendo as�, que de no existir cuant�a determinada en los juicios contenciosos cuando concluyen con cosa juzgada formal o procesal, su liquidaci�n debe hacerse por exclusi�n en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 12 del Arancel de Abogados(sic), pues lo que se interpreta no es el art�culo 6o. de dicho cuerpo de leyes, en forma independiente, sino la totalidad del derecho, lo cual significa que se debe contemplar arm�nicamente el precepto discutido bajo todos los puntos de vista y en relaci�n con el conjunto de disposiciones que regulan la instituci�n de la cuantificaci�n de las costas. ... Esto es as�, porque cada disposici�n legal tiene que ser considerada en relaci�n con las dem�s normas, como la parte de un todo, para con ello evitar contradicciones entre las normas de una misma legislaci�n, pues se insiste, lo que se interpreta no es el art�culo 6o. de dicho cuerpo de leyes, en forma independiente, sino la totalidad del derecho, lo cual significa que se debe contemplar arm�nicamente el precepto discutido bajo todos los puntos de vista y en relaci�n con el conjunto de disposiciones que regulan la instituci�n de la cuantificaci�n de las costas. ... De manera que para los efectos de la cuantificaci�n de las costas, deba previamente existir una resoluci�n que ponga fin al juicio y de ella desprender lo obtenido (cosa juzgada formal [procesal] o cosa juzgada material [sustancial]), a que alude el numeral 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, y si no es posible cuantificar este dato de �lo obtenido�, porque se trata de cosa juzgada formal o procesal, entonces es aplicable el diverso dispositivo legal 12 de la propia legislaci�n que dice: �En los juicios contenciosos cuya cuant�a no pueda ser determinada ...�. As� pues, en el caso del demandado, podr� acontecer que �ste �obtenga�, no ser condenado con relaci�n a las prestaciones de la demanda inicial, empero bajo dos supuestos: a. Bajo el supuesto relativo a la absoluci�n total del juicio, esto es, que se llegue a dirimir que no adeuda nada porque se emiti� una sentencia de car�cter material que se traduce en cosa juzgada material o sustancial. b. Bajo el supuesto relativo a que es improcedente el juicio ante la falta de personalidad del actor y se dejan a salvo los derechos de este, emiti�ndose una sentencia de car�cter formal y como consecuencia, solamente existe cosa juzgada formal o procesal, porque si bien ser�a una sentencia inimpugnable, no es inmutable y, como consecuencia de esto �ltimo, tendr� entonces la posibilidad de cobrar a su demandante los honorarios del abogado que la hubiere asesorado, calcul�ndolos sobre lo que realmente obtuvo, esto es, se insiste, la no continuaci�n y tramitaci�n de un juicio, por quien no tiene personalidad para ello, dejando a salvo sus derechos (no ha adquirido la caracter�stica de inmutable). Esto �ltimo revela, al lado del sentido del legislador que se ha puesto de relieve (interpretaci�n teleol�gica), que aun la interpretaci�n gramatical del t�rmino �obtenido� conduce a estimar actualizada la hip�tesis de la norma, tanto en el caso de la actora, como en el supuesto de que sea el demandado quien pretenda cobrar a su contraria los honorarios erogados, pues obvio es que se trata de lo obtenido en la parte final del juicio, o sea en la resoluci�n que lo da por concluido, atendiendo a si se trata de cosa juzgada formal (procesal) o material (sustancial), y no en base a lo se�alado en la parte inicial del procedimiento como lo ser�a la demanda. Ahora bien, no est� sujeto a discusi�n el que si se llega a dictar una sentencia absolutoria lisa y llana (que libere al demandado de la acci�n ejercida en su contra) o una sentencia de car�cter formal, que trae como consecuencia la cosa juzgada formal o procesal, con la caracter�stica de no ser inmutable (que deje a salvo los derechos de la parte actora para que los ejerza con posterioridad), el reo obtendr�a lo que quiso, es decir, que no se le condene a las prestaciones reclamadas, sin embargo, la tem�tica en este punto, es que mientras no se fije una cuant�a en la sentencia que ponga fin al juicio, esto es que exista cosa juzgada material o sustancial (inmutable), no habr� una base o un punto de partida para la cuantificaci�n de las costas. Esto es, no se discute que si hay una sentencia absolutoria que libere al demandado de las prestaciones reclamadas, la cuantificaci�n s� tendr� que hacerse conforme a lo demandado, puesto que en este caso se tratar�a de cosa juzgada material o sustancial, esto es inimpugnable e inmutable, porque en este caso, ya no podr�a en diverso juicio analizarse sobre las prestaciones reclamadas, por ende, aqu� s� se habr�a definido en sentencia material una cuant�a (aunque se haya absuelto respecto de la misma) y para efectos de la cuantificaci�n de las costas, la parte demandada s� habr�a obtenido una absoluci�n respecto de la cuant�a reclamada y resultar�a aplicable el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, se insiste, dada la cosa juzgada material o sustancial, que incluye la inmutabilidad de la resoluci�n que pone fin al juicio. Debiendo puntualizarse que la circunstancia de obtener una sentencia absolutoria -que da lugar a la cosa juzgada material o sustancial-, dirimiendo que el demandado no adeuda nada, el reo habr� logrado o alcanzado el que no se le condenara de las prestaciones que se le exigieron en esa espec�fica demanda que diera inicio al litigio. Empero, cuando lo que obtuvo es que no se contin�e un juicio ante la falta de personalidad del actor, si bien estuvo en juego durante el procedimiento el monto inicial reclamado, es en la sentencia o resoluci�n que pone fin al juicio donde el demandado obtiene la no continuaci�n del procedimiento, a trav�s de la cosa juzgada formal o procesal, esto es, la que es inimpugnable, pero no inmutable, porque se dejaron a salvo los derechos, pero no por demostrar que no debe, sino porque el actor no acredit� su personalidad, obteniendo, se insiste, la conclusi�n del juicio, pero el juicio puede volver a iniciarse dado que se dejaron a salvo los derechos del accionante, de ah� que no obtuvo el demandado liberarse de lo que se le reclamaba, dado que estar�a latente dicho cobro en un diverso juicio, dada la forma en que se resolvi� el juicio natural, esto es, a trav�s de una sentencia de car�cter formal, al existir solamente cosa juzgada formal o procesal, y no material o sustancial, lo que trae como consecuencia, como se dej� anotado con anterioridad, solamente la absoluci�n de la instancia. ... Entonces, es indudable que la cuant�a del negocio deber� tenerse como de �ndole indeterminada, en la forma en que se indica en el art�culo 12 del Arancel de Abogados para el Estado de Nuevo Le�n (sic), en virtud de que, seg�n qued� visto, no puede en el caso concreto aplicarse el diverso 6o., al no poder cuantificarse pecuniariamente lo obtenido, dada la cosa juzgada formal o procesal que caracteriza a la sentencia que conden� en costas. ... De lo hasta aqu� expuesto, se deduce sin lugar a dudas, que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden esencialmente en establecer que la cuant�a de los juicios la determina el contenido de la demanda, sobresaliendo en particular el concepto del aludido M�ximo Tribunal del Pa�s, en cuanto destaca que la cuant�a del negocio obviamente incluye la suerte principal, prestaci�n que por regla general se define en el propio texto de la demanda; lo cual significa que independientemente del sentido de la sentencia, condenatoria o absolutoria, la regla para establecer la cuant�a y su naturaleza, determinada o indeterminable, es �nica y obedece a las prestaciones que se reclaman en la petici�n inicial, y nunca atiende al resultado del fallo, el cual, si bien, eventualmente, puede tener alguna influencia sobre tal concepto, no puede ser otra m�s que la referente a fijar el monto de la cuant�a, ya sea que prevalezca el que se desprenda de los conceptos de la demanda, o bien, que lo reduzca, seg�n proceda. En otras palabras, si la pretensi�n inicial involucra prestaciones econ�micas, ser�n �stas las que sirvan para determinar el valor del juicio y no las posibles acciones declarativas que tambi�n se propongan, como la de vencimiento anticipado del contrato base de la acci�n que fue solicitada, e igualmente, tampoco sirve para ello la circunstancia de que la sentencia pueda resultar absolutoria y, por ende, no se condene a las prestaciones reclamadas, pues admitir que atendiendo a este sentido del fallo, la cuant�a se vuelva indeterminada, ser�a sostener que la absoluci�n hace desaparecer el valor de la contienda, lo cual es inadmisible. ... Sin que pase inadvertido el texto del art�culo 6o. de la Ley del Arancel para la Abogac�a del Estado de Nuevo Le�n (sic), cuyo texto, en lo que interesa, es el siguiente: (se transcribe) ... Ahora bien, de la resoluci�n del �rgano jurisdiccional aludido se advierte que considera incorrecto sostener que sea de cuant�a indeterminada un juicio en el que se reclaman ciertas prestaciones econ�micas, s�lo porque la sentencia que se dicte resulte absolutoria y, por ende, de car�cter meramente declarativo, pues ello implicar�a invertir la regla existente para definir el valor de los juicios, que atiende al contenido de la demanda y no al sentido de la sentencia y para sustentar su criterio acude a la doctrina y a la tesis por contradicci�n n�mero 35/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 156, del Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, del rubro siguiente: �CUANT�A DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL).�. En el fallo de referencia, sostiene el �rgano aludido que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden esencialmente en establecer que la cuant�a de los juicios la determina el contenido de la demanda y que la cuant�a del negocio obviamente incluye la suerte principal, prestaci�n que se define del texto de la demanda ... Ello permite concluir que no hay raz�n para estimar como monto del juicio, lo reclamado en la demanda, puesto que al ponerse fin al juicio, no se puso en juego la cantidad que se reclam� a la demandada porque solamente hay cosa juzgada formal o procesal, dado que ni siquiera ten�a personalidad la parte actora, y no hay ninguna base para fijar un porcentaje de lo �obtenido�, ya que no se analizaron las prestaciones reclamadas, al analizarse solamente un presupuesto procesal que trajo como consecuencia la emisi�n de una sentencia de car�cter meramente formal. Entonces, si como qued� precisado con antelaci�n, la condena en costas es de naturaleza meramente procesal y surgen una vez que se han declarado procedentes por el �rgano jurisdiccional y si en la sentencia que se dict� en el caso concreto, no existe cosa juzgada material o sustancial, por no ser inmutable, es decir, en la sentencia que se dict� no hubo un pronunciamiento referente a las prestaciones reclamadas por la actora, entonces, si el cobro de honorarios de abogados, conforme a nuestro arancel, ser� respecto de una cuota fija consistente en un porcentaje de lo obtenido y si en la sentencia que puso fin al juicio no se estableci� ni precis� cantidad alguna al absolverse solamente de la instancia ante la falta de un requisito de car�cter procesal, como lo es la personalidad del actor, es de estimarse que a pesar de que el juicio fue sobre cobro de pesos, sin embargo, no hay base, atendiendo a lo obtenido y en la sentencia de car�cter formal, que hace emerger solamente la cosa juzgada formal o procesal, para hacer de cuant�a determinada el asunto, en raz�n de que si el actor obtuvo una sentencia que declar� improcedente el juicio y que se dejaron a salvo los derechos del actor, ello no es cuantificable econ�micamente, precisamente por no ser inmutable el fallo que conden� a costas, en consecuencia, no puede hablarse de que haya una cuant�a determinada para efectos de la cuantificaci�n de las costas y mucho menos para la aplicaci�n del art�culo 6o. del arancel citado. De lo anterior se obtiene que de manera alguna se aplican reglas diferentes a las partes, seg�n pierdan o ganen, cuando deben ser tratadas en igualdad de circunstancias en el proceso, puesto que atender a lo obtenido en sentencias que definan el asunto o resoluciones que lo den por terminado, en base a la cosa juzgada, lleva a estimar que cuando la cosa juzgada es formal o procesal, el fallo que adquiere esta caracter�stica, es inimpugnable, pero no inmutable (cuant�a indeterminada), cuando que la cosa juzgada material o sustancial si cuenta con estos dos principios (cuant�a determinada). De forma tal que cuando se condene al demandado, debe estarse a que se trata de cosa juzgada material o sustancial, esto es, inimpugnable e inmutable, para considerar que el cuantum del asunto se encuentra contenido en la resoluci�n final del juicio. Aun y cuando se absuelva al demandado, de la totalidad de las prestaciones reclamadas, debe atenderse a la cosa juzgada material o sustancial, esto es a la inimpugnabilidad y a la inmutabilidad que caracterizan a este tipo de cosa juzgada, por lo que debe estarse a lo obtenido en la sentencia que declara absuelto al demandado. Si se trata de una resoluci�n que condena solamente en parte de lo reclamado, al actualizarse la cosa juzgada material o sustancial, se debe estar a la cantidad a la que se conden�. Pero, si por el contrario, se dejan a salvo los derechos del actor, no se trata de cosa juzgada material o sustancial, sino formal o procesal, en la que si bien es cierto es inimpugnable, no adquiere la caracter�stica de inmutable, por lo que atendiendo a lo obtenido en este tipo de resoluciones que ponen fin al juicio, no existe un cuantum determinado, por lo que se debe estar a lo contemplado en el numeral 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n."

    Para una mejor comprensi�n del asunto, deben se�alarse los antecedentes de los que parti� el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, para resolver el amparo en revisi�n 63/2006/3:

    Se trata de un asunto derivado de un juicio ejecutivo mercantil, en el que se demand� el cobro de pesos, con motivo del incumplimiento de obligaciones contra�das en el acuerdo de voluntades, en cuya demanda se exigi� el pago de una suma determinada por concepto de suerte principal, m�s intereses moratorios, as� como la ejecuci�n judicial de la garant�a prendaria.

    Al resolver en definitiva el juzgado de primera instancia, entre otras cuestiones, declar� la procedencia parcial del juicio ejecutivo mercantil, conden� a las codemandadas al pago de gastos y costas judiciales erogados con motivo del juicio.

    Inconformes con dicha resoluci�n la actora y las demandadas, interpusieron sendos recursos de apelaci�n; en los que al dictar sentencia se declar� la falta de personalidad de quien se ostent� como representante legal de la actora, por lo que se revoc� la sentencia declarando la improcedencia del juicio ejecutivo mercantil, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que los ejercitara como legalmente procediera; y conden� a �sta al pago de gastos y costas originados con motivo de la tramitaci�n del juicio, determinando que cada parte deb�a soportar los gastos erogados en la segunda instancia.

    En desacuerdo con lo anterior las partes acudieron al juicio de amparo, mismo que en revisi�n se declararon infundados los conceptos de violaci�n planteados y, por ende, se determin� improcedente el juicio de origen intentado, por lo que se neg� el amparo solicitado; en lo que hace a las demandadas en el juicio natural (quejosas en el amparo). Al formular la parte demandada en el juicio natural, el incidente de liquidaci�n de costas, fund� su pretensi�n en el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, seguido que fue el tr�mite correspondiente se resolvi� en el sentido de determinar la procedencia de la acci�n incidental y se conden� al actor al pago de las respectivas cantidades en concepto de costas e intereses.

    En tal virtud, el actor en el juicio natural interpuso recurso de apelaci�n, mismo que al resolverse se determin� revocar la sentencia interlocutoria basada en que la parte incidentista no justific� los elementos constitutivos de su acci�n, por lo que se declar� improcedente y se dej� a salvo los derechos del incidentista a fin de que los ejerciera como legalmente conviniera a sus intereses.

    En contra de tal determinaci�n, las codemandadas incidentistas, promovieron juicio de amparo indirecto, mismo que les fue concedido, por lo que la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil promovi� recurso de revisi�n, y las codemandadas en el juicio natural hicieron lo propio en revisi�n adhesiva.

    Al conocer y resolver sendos recursos el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, actuando en el juicio de amparo en revisi�n 63/2006/3, consider� esencialmente lo siguiente:

    Que eran fundados los agravios vertidos por la recurrente principal, relativos a los art�culos 6o. y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, al haberse aplicado incorrectamente el numeral 6o. de la citada legislaci�n arancelaria, argumentando esencialmente:

    Precis� que al no determinarse legalmente cu�l era la cuant�a del negocio, no hab�a motivo para que la tasaci�n de las costas se realizar� como si hubiera una cuant�a determinada, por lo que en esa tesitura dicha regulaci�n deb�a hacerse por exclusi�n en t�rminos del art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, que hace referencia a los asuntos de cuant�a indeterminada.

    Que de conformidad con el art�culo 1054 del C�digo de Comercio, para determinar el monto de las costas en los juicios mercantiles, se debe acudir de manera supletoria a la legislaci�n local respectiva que regule mecanismos legales para tal cuantificaci�n, en el entendido de que s�lo a falta de �stos, particularmente en la legislaci�n local, el J. o tribunal deben fallar discrecionalmente, tomando en cuenta entre otros aspectos, los previstos en dicha norma.

    Que lo anterior se corrobora si se atiende al contenido del art�culo 1089 del C�digo de Comercio, en el cual se advierte que la intenci�n del legislador es, por regla general, que las costas se regulen con base en aranceles, y s�lo en su defecto se recurra a mecanismos de valoraci�n diferentes; raz�n por la cual la litis en este asunto versa sobre la aplicaci�n de los dispositivos 6o. y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n.

    Arguy� el tribunal, que si bien existe el principio de igualdad consistente en que la base para regular las costas debe ser la misma para ambas partes, independientemente de que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, ello rige solamente trat�ndose de la cosa juzgada material o sustancial, mas no de las que absuelven la instancia, sino que determinen que el demandado no adeuda nada de lo reclamado, sin embargo, no opera este principio, cuando se trata de la cosa juzgada formal, como cuando se emite una sentencia formal que declara la improcedencia del juicio y deja a salvo los derechos del actor.

    Que en virtud del contenido de los art�culos 6o. y 9o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, que regulan la liquidaci�n de honorarios, dicho numeral confirma lo se�alado por el art�culo 6o. citado, respecto a la procedencia del cobro de honorarios con base en lo que se obtuvo en el juicio, es decir, cosa juzgada formal, procesal, o cosa juzgada material que no es otra que la sustancial.

    De manera que para los efectos de la cuantificaci�n de las costas, deba previamente existir una sentencia definitiva o resoluci�n que ponga fin al juicio, estimar si se trata de cosa juzgada formal o material, y de ella desprender lo obtenido a que alude el numeral 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, y si no es posible cuantificar este dato de "lo obtenido", como sucede con la cosa juzgada formal o procesal, entonces es aplicable el diverso dispositivo legal 12 de la propia legislaci�n que se refiere a los juicios contenciosos cuya cuant�a no pueda ser determinada.

    Que si lo obtenido fue solamente una sentencia de car�cter formal, que se traduce en cosa juzgada formal o procesal, si bien es inimpugnable, no es inmutable, al dejarse a salvo los derechos del actor porque declar� improcedente el juicio ante la existencia de un presupuesto procesal no satisfecho, se trata entonces de una absoluci�n, pero de la instancia.

    Que en esa virtud, no podr�a afirmarse v�lidamente que la parte demandada obtuvo que se le reconociera que no adeuda nada de lo que se le reclam� en el juicio natural, pues ello no fue materia de an�lisis al ser la cosa juzgada de car�cter formal y, por tanto, el Tribunal Colegiado estim� que la forma de cuantificar las costas en el presente caso es acorde a lo previsto en el art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, es decir, como de cuant�a indeterminada y no como de cuant�a determinada en t�rminos de lo dispuesto por el numeral 6o. del propio cuerpo normativo.

    Arguy� el tribunal que siendo as�, cuando no exista cuant�a determinada en los juicios contenciosos por concluir con cosa juzgada formal o procesal, su liquidaci�n debe hacerse por exclusi�n en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, porque lo que se interpreta no es el art�culo 6o. de dicho cuerpo de leyes, en forma independiente, sino la totalidad del derecho.

    Que la condenaci�n en costas hace evidenciar a�n m�s la circunstancia de que, s�lo cuando el sumario concluy� con sentencia absolutoria, la cuant�a del negocio partir� de las prestaciones exigidas, seg�n el caso; pero para evitar que las costas se cuantifiquen dos veces sobre el monto de lo establecido en la demanda, atendiendo a sentencia condenatoria o absolutoria, es que resulta necesario que en el caso como el que nos ocupa, en el que no se dilucida sobre la existencia o no del adeudo, porque se emiti� una sentencia de car�cter formal, debe recurrirse al art�culo 12 y no al 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n.

    En igual sentido se pronunci� el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver en sesi�n de veinticinco de octubre de dos mil seis y once de diciembre del mismo a�o, los amparos en revisi�n 471/2005/3 y 342/2006/3, los cuales derivaron de los juicios de amparo indirecto 574/2005/II/C y 277/2006-II-A, respectivamente, promovidos en contra de las resoluciones constitucionales de treinta y uno de octubre de dos mil seis y diecis�is de agosto del mismo a�o, en este mismo orden, por lo que no se abordan dichas ejecutorias para evitar repeticiones innecesarias.

  2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 288/2005, relacionado con el juicio de amparo indirecto 392/2005, se�al�, en lo conducente, lo que se precisa enseguida:

    Por su parte, el J. Federal, para otorgar la protecci�n federal solicitada por los demandados promoventes en el incidente de liquidaci�n de costas, estableci� en esencia que contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n era el aplicable en la especie pues, la cuant�a determinada, no depend�a de la clasificaci�n de la sentencia obtenida (absolutoria o condenatoria), sino de la naturaleza de la acci�n ejercida en juicio, sea para la parte que resulte vencida o para el que no obtuvo resoluci�n que le favoreciera, por lo cual, agreg�, el importe del juicio para ese fin debe determinarse por el monto de las prestaciones controvertidas, aun cuando se haya dictado sentencia absolutoria, m�xime que las costas son consecuencia de la sola tramitaci�n del juicio y proceden de una condena procesal impuesta con el objeto de resarcir a la contraria de los gastos y expensas erogados con motivo del juicio; puntualizando que, en el caso concreto, en el juicio intentado en la v�a ejecutiva mercantil se exig�a el cumplimiento de una obligaci�n, lo que conlleva a establecer que se trata de un negocio de cuant�a determinada, con independencia del sentido de la resoluci�n. Ahora, regresando a los puntos de inconformidad que de manera dispersa -sin seguir numeraci�n expresa- se proponen por el revisionista; se tiene que, no obstante, los mismos parten de una premisa esencial, a saber: Que para poder considerar al juicio como de cuant�a determinada, era necesario un pronunciamiento del juzgador en el juicio principal, que resolviera si se deb�a o no cantidad alguna, y en su caso cu�nto ser�a el monto adeudado, situaci�n que al no acontecer, asegura, vuelve el asunto en uno de cuant�a indeterminada. Se estima desacertada tal premisa y, para poner de relieve la calificativa as� otorgada, se impone efectuar una recta interpretaci�n del Arancel de Abogados para el Estado de Nuevo Le�n (sic), ya desde una mera interpretaci�n gramatical de los t�rminos empleados en el mismo (interpretaci�n textual), ya desde la perspectiva del sentido del legislador que revele su finalidad (interpretaci�n teleol�gica). ... CUARTO. Son jur�dicamente ineficaces los conceptos de agravio acabados de transcribir, en la medida de las consideraciones que se vertir�n. ... Establecido todo lo anterior, volviendo a la premisa elevada por el revisionista en sus inconformidades, se determina que ahora queda patente lo infundado que resulta la misma, de considerarse que equivoca en su apreciaci�n quien recurre cuando asegura que, el juicio de origen, se trat� y debe ser considerado como de cuant�a indeterminada. ... Es decir, en la proposici�n de la iniciativa de decreto se expuso la necesidad de que, si una persona acude a presentar una demanda injusta, deber� tener la certeza de que tendr� a su cargo la obligaci�n de indemnizar a la contraparte de los gastos y costas que erogare. A.�rtase que, desde entonces, los art�culos 6o. y 12 del arancel hablaban de cuant�a determinada o indeterminada; en el entendido de que en el numeral 6o. se alud�a al primero de tales conceptos, refiri�ndose exclusivamente al importe de la suerte principal. ... Esto porque, si en su vigencia inicial el arancel �nicamente habl� de �suerte principal� y, con la reforma de mil novecientos ochenta y ocho, se opt� por variar ese apartado de la disposici�n para emplear el t�rmino �obtenido�; es inconcuso que con esa modificaci�n lo �nico que se quiso fue que la cuant�a determinada del asunto, no solamente se circunscribiera a aquella suerte principal, sino a las dem�s prestaciones que se exigieren, lo que es acorde con la reglamentaci�n propia del arancel, al ser claro que los abogados adquieren responsabilidad sobre la totalidad del asunto, no s�lo frente a la suerte principal. De manera que, se insiste, no puede sostenerse con validez jur�dica que, para poder hablar de que un juicio sea de cuant�a determinada, deba previamente existir una sentencia que defina la suerte de los conceptos exigidos por la demandante. Es verdad, no sobra decirlo, que ese mismo t�rmino �obtenido� bien podr�a en inicio conceptuarse en el contexto de que solamente la demandante habr� de ser la parte que �obtenga� y que, por tanto, ante una sentencia condenatoria, podr� cobrarle a su demandado los honorarios a calcularse sobre esas prestaciones obsequiadas en el fallo; sin embargo, se considera que, en el plano de lo jur�dico, no podr�a circunscribirse el empleo del t�rmino �obtenido� exclusivamente al caso del actor que logra conseguir un fallo condenatorio a cargo de su contraria, pues a la inversa, es decir, en el caso del demandado, tambi�n podr� acontecer que �ste �obtenga�, no ser condenado con relaci�n a las prestaciones de la demanda inicial y, en consecuencia, de ello, tendr� entonces la posibilidad de cobrar a su demandante los honorarios del abogado que la hubiere asesorado, calcul�ndolo sobre las prestaciones de la demanda respecto de las cuales obtuvo no ser condenado en el caso. Esto �ltimo revela, al lado del sentido del legislador que se ha puesto de relieve (interpretaci�n teleol�gica), que aun la interpretaci�n gramatical del t�rmino �obtenido� conduce a estimar actualizada la hip�tesis de la norma, tanto en el caso de la actora, como en el supuesto de que sea el demandado quien pretenda cobrar a su contraria los honorarios erogados. Debiendo puntualizarse que la circunstancia de obtener una sentencia absolutoria -que resuelve el fondo del asunto a favor del demandado-, o bien, de obtener una sentencia que, sin absolver, deja a salvo los derechos del demandante, no constituye una cortapisa para advertir los alcances de aquel t�rmino �obtenido�, seg�n el sentido del legislador de que ya se ha hablado, pues en ambos casos el reo habr� logrado o alcanzado el que no se le condenara de las prestaciones que se le exigieron en esa espec�fica demanda que diera inicio al litigio, con total independencia de si, con posterioridad, su contraria instaure diverso procedimiento. ... Asumir posici�n contraria se traducir�a en un contrasentido con respecto a las finalidades mismas del pago de costas en juicio, toda vez que, es claro, la efectividad de dicha condena se erige como sanci�n que persigue el fin de lograr resarcir a quien injustamente ha sido llamado a juicio para defenderse de su contraria; inclusive, entre aquella documentaci�n que hizo las veces de exposici�n de motivos del arancel, se hace alusi�n a que precisamente esa fue una de las finalidades perseguidas con el decreto correspondiente, seg�n expres� el diputado P.F.Q., refiri�ndose tanto a demandante como a demandado, que: �... La mejor manera de evitarlo, es que el litigante, que recurre a la v�a judicial para satisfacer su inter�s, sepa que si presenta una demanda injusta o carente de derecho, tendr� que satisfacer las costas y gastos que su contraparte tendr� que exigirle, y en igual situaci�n deber� considerarse el que sin raz�n o derecho se opone al ejercicio de la ley mediante defensas judiciales.�. Adem�s, soportando tambi�n ambas interpretaciones acabadas de anotar, bien se impone advertir que, de haber sido la intenci�n del legislador que solamente cuando se resolviera en sentencia definitiva sobre la suerte de las prestaciones exigidas con la demanda, se podr�a establecer la cuant�a determinada de un asunto; en esa forma lo hubiera establecido categ�ricamente, lo que no sucedi� en el caso concreto del Arancel de Abogados para el Estado de Nuevo Le�n (sic), no obstante la promulgaci�n del nuevo arancel vigente a partir de mil novecientos sesenta y nueve, y su posterior modificaci�n sustancial en el a�o de mil novecientos ochenta y ocho. ... N�tese, adem�s, que en el caso de los asuntos relacionados a cuestiones de arrendamiento, en todo momento se habla de la pensi�n rentaria respectiva, sin indicarse que deba existir la condena de que habla el recurrente; robusteci�ndose, entonces, la conclusi�n a que se ha llegado sobre la cuant�a de un asunto. Entonces, aplicadas las anteriores explicaciones al caso del juicio natural, en donde en la sentencia definitiva que impuso a la actora pagar a su contraria las costas del juicio -donde se comprenden los honorarios erogados- por igual se le dejaron a salvo los derechos al promovente, con el fin de que pudiera hacerlos valer en juicio diverso; es indudable que la cuant�a del negocio deber� tenerse como de �ndole determinada, en la forma en que se indica en el art�culo 6o. del Arancel de Abogados para el Estado de Nuevo Le�n (sic), a virtud de que, seg�n qued� visto en la rese�a de antecedentes de origen, se reclamaron en la demanda respectiva y a cargo de los demandados, prestaciones espec�ficas por concepto de suerte principal, intereses, etc�tera. De ah� que, en consecuencia, contrario a la respuesta asumida por el Magistrado responsable, incurri� en desacierto tal autoridad cuando, resolviendo como lo hace, estima de cuant�a indeterminada el juicio natural, con el fin de aplicar el art�culo 12 del arancel en comento. Atento a lo explicado, es que no se justifica la necesidad de que habla el recurrente, cuando indica que es �impensable que s�lo una de las partes� determine jur�dica y v�lidamente el monto legal de un juicio sin pasar por la �consideraci�n y el estudio del juzgador�, en donde se tome en cuenta lo expresado por los demandados, respecto a que �no se deben las cantidades reclamadas.�. Esto porque, como se ha logrado dilucidar con las explicaciones antelativamente vertidas, el aspecto de la cuant�a del negocio atiende precisamente a aquellas prestaciones reclamadas en el asunto, es decir, a las sumas de dinero que se encuentran en juego, con independencia de si el J. de los autos declarar� fundadas o no las mismas, ya en an�lisis oficioso de la acci�n, ya por la justificaci�n de alguna defensa o excepci�n que los demandados opongan. De ah� que, por l�gica consecuencia, irrelevante resulta los t�rminos en que se resolver�a el juicio por parte de la autoridad, para los meros efectos de la cuant�a determinada del asunto. Caso distinto ser�a lo que se aduce por el propio revisionista, en el sentido de que podr�an reclamarse cantidades muy elevadas y la sentencia fijar como condena una suma inferior; pues entonces s�, en ese caso, es claro que la cuant�a determinada del negocio se ver�a disminuida en la misma proporci�n en que, v�a condena, redujera la sentencia aquellas cantidades injustamente reclamadas en importe superior al justificado. Esto �ltimo acorde con la tesis que, en lo que interesa, es el caso citar, misma que fuera sustentada por la ya extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que, no se inadvierte, fuera transcrita por el J. de amparo en la sentencia recurrida; tesis que puede consultarse en la p�gina 1885, del Tomo LXXV, Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, del rubro y texto siguiente: �COSTAS, REGULACI�N DE LAS, CUANDO SE DICTA SENTENCIA ABSOLUTORIA.� ... Empero, lo acertado de la apreciaci�n anterior en nada hace variar la concesi�n del amparo otorgada por el a quo federal, de ah� la ineficacia jur�dica que para los fines que persigue el recurrente tiene el aserto esgrimido, toda vez que lo acontecido en el juicio de origen no consisti� en una sentencia que condenara al pago de alguna cantidad menor de lo exigido con la demanda, seg�n se ha visto que se trat� de una sentencia que, no condenando a los demandados al pago reclamado, dej� a salvo los derechos del actor. Tampoco es acertado el alcance que al t�rmino �obtenido� pretende d�rsele por el disconforme, en virtud de que, contrario a lo que sostiene, en ning�n momento se obtuvo sentencia absolutoria en el juicio natural, que eximiera expresa o impl�citamente a los demandados de todo pago con respecto a la documentaci�n base de la demanda y seg�n las acciones deducidas en el caso, seg�n se ha visto con claridad los alcances de la sentencia que dej� a salvo los derechos del promoverte (sic). Por su parte, es infundado lo que de manera concomitante a lo anterior se vierte, en cuanto a que ser�a il�gico que el sentido del legislador fuera el de condenar al pago de costas a la parte que promovi�, tomando como base la cantidad demandada, ya que podr�a someterse a la actora a un doble pago de costas sobre el monto total de la misma reclamaci�n. En efecto y sin pasar por alto que la J. natural -contrario a lo afirmado por el recurrente- en ning�n momento consider� en su sentencia definitiva que la v�a escogida para ventilar el tr�mite del juicio result� improcedente; lo cierto es que, como bien lo lleg� a asentar el J.F., precisamente la finalidad que persigue el legislador (ya fuere el de comercio, ya el que promulgara el arancel) habr� de ser entendida en el sentido de que debe resarcirse en sus gastos a la parte que injustamente ha sido llamada a defenderse en un litigio. De ah� que, entonces, precisamente esa finalidad de la condenaci�n en costas hace evidenciar a�n m�s la circunstancia de que, sea que el sumario concluya con sentencia absolutoria o que deje a salvo los derechos del actor, la cuant�a del negocio partir� de las prestaciones exigidas, seg�n el caso. Y por lo mismo, es que tampoco podr�a v�lidamente hablarse de una doble condenaci�n en costas, si se considera, verbigracia, que en un primer litigio el resarcimiento de costas a la contraria atender� a la improcedencia del juicio en donde fueren dejados a salvo sus derechos, en tanto que en un ulterior procedimiento ventilado entre las mismas partes, pudiera nuevamente dejarse a salvo los derechos del demandante; apareciendo as� que el resarcimiento de los honorarios que hubiera cubierto la demandada atender� y estar�n en funci�n directa con cada procedimiento en particular, en que se hayan empleado los servicios del profesional del derecho, con independencia de que las reclamaciones y documentaci�n base de la demanda hubieren sido las mismas. Por su parte, no beneficia a los intereses de quien recurre la tesis aislada que transcribe del rubro: �COSTAS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE COAHUILA).�. Esto porque, no obstante tratarse de una tesis sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, lo cierto es que, por una parte, no se trata de jurisprudencia obligatoria en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, y por otra, las razones jur�dicas contenidas en el texto de la tesis no coinciden con la interpretaci�n que se ha hecho en esta ejecutoria sobre el arancel que rige espec�ficamente en el Estado de Nuevo Le�n. En consecuencia, no se logra poner de manifiesto la �indebida fundamentaci�n y motivaci�n� que se menciona. Por otro lado, es cierto que en el texto de la tesis empleada por el J. Federal, de rubro: �COSTAS, REGULACI�N DE LAS, CUANDO SE DICTA SENTENCIA ABSOLUTORIA.�, se llega a mencionar que �... no todas las ejecutorias que forman esa jurisprudencia, se refieren al caso de regulaci�n de costas ...�; sin embargo, no menos verdad es que, previo a esa expresi�n, se emple� el t�rmino �... y aun cuando ...�; situaci�n que evidentemente revela que, en la elaboraci�n de la tesis en comento, fue intenci�n del M�ximo Tribunal dejar asentado que, aunque la jurisprudencia a que se refer�a no comprend�a en su totalidad casos relacionados con costas, s� se indicaba que el inter�s del negocio se establec�a tomando en cuenta lo reclamado por el actor. En tanto que, respecto a la tesis que seguidamente emple� en su fallo el a quo federal; debe decirse que, si bien es verdad la no obligatoriedad del planteamiento y soluci�n jur�dica contenidos en esa tesis, la fundamentaci�n de que ech� mano el J. de amparo mediante la transcripci�n que hizo de la misma se estima acertada, en la medida en que participa de las explicaciones y fundamentos dados en esta ejecutoria, sobre el arancel de abogados respectivo. Por su parte, es inexacto que con los t�rminos en que se otorgara la protecci�n constitucional, se estuviera impidiendo al Magistrado responsable entrar al estudio de los dem�s agravios que la parte actora expuso en la apelaci�n interpuesta contra la interlocutoria de costas dictada por el J. de origen; toda vez que, la forma en que se concedi� la protecci�n federal concedida no aparece emitida con esos alcances, y la respuesta o no que pueda verter la responsable sobre aquellos restantes agravios, evidentemente que ser� un proceder que realice en plenitud de jurisdicci�n, luego de que cumplimente la ejecutoria en cuanto a considerar, en respuesta al tercero de los agravios, que el juicio natural s� se trat� de uno de cuant�a determinada. Y aunque es verdad que, en su parte final y luego de emitir los t�rminos que debiera cumplir la autoridad con el fallo protector, el mismo J.F. agreg� que ello ser�a �... sin perjuicio de aplicar las cuotas y porcentajes correspondientes ...�; no menos verdad es que, el aserto as� adicionado, en ninguna forma lesiona a los intereses del hoy revisionista, toda vez que -partiendo de que los apartados de un fallo habr�n de considerarse en su conjunto, para advertir lo efectivamente juzgado- con esa expresi�n el juzgador del amparo en ning�n momento constri�� a la autoridad a efectuar alg�n espec�fico proceder (incidiendo directamente en la litis del incidente de liquidaci�n formulado, en cuanto a las cuotas y porcentajes adecuados), como consecuencia derivada del estudio que previamente realiz� para advertir la violaci�n de garant�as, seg�n ya se ha visto que dicho an�lisis se constri�� a determinar que el de origen se trat� de un juicio de cuant�a determinada. Consecuentemente, siendo a fin de cuentas jur�dicamente ineficaces los puntos de disconformidad expuestos, y no encontr�ndose el caso concreto en alguno de aquellos en que proceda suplir la queja, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 76 Bis, fracci�n VI, de la Ley de Amparo; sin mayores consideraciones, se impone confirmar la sentencia recurrida, que concedi� a la parte quejosa el amparo y la protecci�n federal solicitados.

    Del criterio anterior se origin� la tesis aislada IV.1o.C.59 C, de rubro y texto siguientes:

    "No. Registro: 175,584

    "Tesis aislada

    "Materia(s): Civil

    "Novena �poca

    "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    "Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "Tomo: XXIII, marzo de 2006

    "Tesis: IV.1o.C.59 C

    "P�gina: 2011

    "HONORARIOS DE ABOGADOS. PARA SU C�LCULO DEBE CONSIDERARSE LA CUANT�A DEL NEGOCIO, RELACION�NDOLA CON LAS PRESTACIONES EXIGIDAS, SIENDO IRRELEVANTE QUE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA SE DEJARAN A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR (ARANCEL DEL ESTADO DE NUEVO LE�N). La interpretaci�n teleol�gica de las normas que integran el arancel que rige en esta entidad -derivada de las razones que llevaron al legislador a expedir ese ordenamiento y sus reformas-, evidencia que se persigui� como finalidad que no solamente el condenado sino tambi�n quien presente una demanda injusta, tenga la certeza de que indemnizar�a a su contraria en las costas que erogare, concepto �ste (costas) en que se comprenden tales honorarios. Entonces, si para esa finalidad se aludi� inicialmente en el art�culo 6o. del arancel a la �suerte principal�, para posteriormente establecerse en la �ltima reforma la palabra �obtenido�, es inconcuso que para calcular los honorarios, y como se indica en la parte inicial de su texto, el se�alado precepto legal se sustent� en la cuant�a del negocio de que se trate, relacion�ndola con las prestaciones exigidas, siendo irrelevante que en la sentencia definitiva se dejaran a salvo los derechos del actor, como sucede cuando, sin entrarse al fondo de la litis y, por ende, sin resolver sobre lo fundado o no de las prestaciones reclamadas, se determina en sentencia el no cumplimiento por la actora de una condici�n previa al ejercicio de su acci�n, dejando a salvo sus derechos. Adem�s, a�n la mera interpretaci�n gramatical del t�rmino �obtenido� que emplea el art�culo indicado, bien participa de aquella intenci�n del legislador y de la finalidad misma del pago de costas (como sanci�n para resarcir a quien injustamente ha sido llamado a defenderse en juicio), pues a la inversa del caso en que la actora consigue un fallo condenatorio a cargo de su contraria, tambi�n podr� suceder que el demandado cobre al actor los honorarios del abogado que lo asesor�, regul�ndolos sobre las prestaciones de la demanda respecto de las cuales ha �obtenido� no ser condenado.

    "Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

    "Amparo en revisi�n 288/2005. H.G.G. y coag. 22 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: A.R.�rez P�rez. Secretario: O.S.S.S.."

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito tuvo como antecedentes para conocer del amparo en revisi�n 288/2005, los siguientes:

    Se inici� el procedimiento con la promoci�n del juicio ejecutivo mercantil de pago de pesos, el cual fue declarado improcedente, b�sicamente por la raz�n de que la parte actora no se�al� la fecha en que las acreditadas (demandadas en el juicio natural) incumplieron con las obligaciones contractuales asumidas y derivadas del contrato y convenios modificatorios, base de la acci�n, lo cual se consider� una condici�n previa al ejercicio de la acci�n personal ejercitada de cobro de pesos.

    En virtud de ello, no se entr� al fondo del asunto, resolviendo reservar al actor los derechos que tuviese derivados de la documentaci�n exhibida, conden�ndolo al pago de los gastos y costas, aunque fue recurrida tal sentencia, la misma se declar� ejecutoriada al no expresarse los agravios correspondientes.

    La parte demandada interpuso incidente de gastos y costas, mismo que al resolverse fue aprobada la cantidad en �l indicada, concedi�ndose un t�rmino de tres d�as para ser cubierta; inconforme con lo anterior, la parte actora promovi� recurso de apelaci�n en contra de dicha interlocutoria, en el cual se resolvi� que la parte incidentista no justific� su planilla de liquidaci�n, declarando improcedente el mencionado incidente.

    Inconformes con dicha resoluci�n, las demandadas interpusieron juicio de amparo, el cual fue resuelto concedi�ndolo; en desacuerdo con la resoluci�n dictada en el juicio de amparo, el tercero perjudicado promovi� el recurso de revisi�n principal, y las quejosas promovieron la revisi�n adhesiva.

    Al resolver dicho recurso, al cual correspondi� el registro de amparo en revisi�n 288/2005 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en lo que interesa, consider�:

    Que contrario a lo afirmado por la revisionista, en ninguna parte del arancel de referencia aparece que el sentido del legislador hubiere consentido en que la cuant�a del asunto s�lo se obtendr�a con la sentencia definitiva que determinare de fondo, mediante las prestaciones exigidas en la demanda.

    Que la circunstancia de obtener una sentencia absolutoria -que resuelve el fondo del asunto a favor del demandado-, o bien, de obtener una sentencia que, sin absolver, deja a salvo los derechos del demandante, no constituye un obst�culo para advertir los alcances del t�rmino "obtenido", pues en ambos casos el reo habr� logrado o alcanzado precisamente, el que no se le condenara de las prestaciones que se le exigieron en esa espec�fica demanda que diera inicio al litigio, con total independencia de si, con posterioridad, su contraria instaure diverso procedimiento.

    Entonces, si en la sentencia definitiva que impuso a la actora pagar a su contraria las costas del juicio -donde se comprenden los honorarios erogados- y por igual se le dejaron a salvo los derechos al promovente con el fin de que pudiera hacerlos valer en juicio diverso, es indudable que la cuant�a del negocio deber� tenerse como de �ndole determinada, en la forma en que lo indica el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, porque el aspecto de la cuant�a del negocio atiende precisamente a aquellas prestaciones reclamadas en el asunto.

    Que el t�rmino obtenido previsto en el art�culo 6o. del arancel que se comenta, no deb�a sacarse del contexto en el que aparece redactado, en el entendido de que, la cuant�a de la que habla la norma legal en su inicio, habr� de comprenderse en relaci�n a las prestaciones exigidas en la demanda.

    De igual manera, se�al� que no es acertado el alcance que el inconforme da al t�rmino "obtenido", en virtud de que, contrario a lo que sostiene, en ning�n momento se obtuvo sentencia absolutoria en el juicio natural, que eximiera expresa o impl�citamente a los demandados de todo pago con respecto a la documentaci�n base de la demanda, sino que por el contrario �nicamente se dejaron a salvo los derechos del promovente.

    Por otro lado, que la J. natural en ning�n momento consider� en su sentencia definitiva que la v�a escogida para ventilar el tr�mite del juicio result� improcedente; por tanto, el J. Federal asent� que la finalidad perseguida por el legislador tanto del C�digo de Comercio, como del arancel, debe entenderse en cuanto a que corresponde resarcir los gastos erogados por la parte injustamente llamada a defenderse en un litigio, lo que corrobora que la cuant�a del negocio en el caso, debe partir de las prestaciones exigidas.

    Concluy� el Tribunal Colegiado que el importe del juicio se determinar� por el monto de las prestaciones controvertidas, aun cuando se haya dictado sentencia absolutoria, m�xime que las costas son consecuencia de la sola tramitaci�n del juicio y proceden de una condena procesal impuesta con el objeto de resarcir a la contraria de los gastos y expensas erogados con motivo del juicio.

    Asimismo, adujo que en el caso se dict� una sentencia definitiva que impuso el pago de las costas del juicio, en la que se dejaron a salvo los derechos del promovente, con el fin de que pudiera hacerlos valer en juicio diverso, por lo que debe tenerse como determinada la cuant�a del asunto, conforme al art�culo 6o. del arancel en virtud de que se demandaron prestaciones espec�ficas.

  3. Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, resolvi� en sesi�n de diez de diciembre de dos mil dos el amparo en revisi�n 84/2002, interpuesto por los terceros perjudicados en contra de la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo n�mero 198/2002/C, en la que esencialmente consider�:

    QUINTO. Inconformes con el fallo anterior, los terceros perjudicados interpusieron en su contra recurso de revisi�n ... Consiguientemente, es incorrecto sostener que sea de cuant�a indeterminada un juicio en el que se reclaman ciertas prestaciones econ�micas, s�lo porque la sentencia que se dicte resulte absolutoria y, por ende, de car�cter meramente declarativo, pues ello implicar�a invertir la regla existente para definir el valor de los juicios, que atiende al contenido de la demanda y no al sentido de la sentencia, como se ver� a continuaci�n: ... De lo hasta aqu� expuesto, se deduce sin lugar a dudas, que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden esencialmente en establecer que la cuant�a de los juicios la determina el contenido de la demanda, sobresaliendo en particular el concepto del aludido M�ximo Tribunal del Pa�s, en cuanto destaca que la cuant�a del negocio obviamente incluye la suerte principal, prestaci�n que por regla general se define en el propio texto de la demanda; lo cual significa que independientemente del sentido de la sentencia, condenatoria o absolutoria, la regla para establecer la cuant�a y su naturaleza, determinada o indeterminable, es �nica y obedece a las prestaciones que se reclaman en la petici�n inicial, y nunca atiende al resultado del fallo, el cual, si bien, eventualmente, puede tener alguna influencia sobre tal concepto, no puede ser otra m�s que la referente a fijar el monto de la cuant�a, ya sea que prevalezca el que se desprenda de los conceptos de la demanda, o bien, que lo reduzca, seg�n proceda. En otras palabras, si la pretensi�n inicial involucra prestaciones econ�micas, ser�n �stas las que sirvan para determinar el valor del juicio y no las posibles acciones declarativas que tambi�n se propongan, como la de vencimiento anticipado del contrato base de la acci�n que fue solicitada, e igualmente, tampoco sirve para ello la circunstancia de que la sentencia pueda resultar absolutoria y, por ende, no se condene a las prestaciones reclamadas, pues admitir que atendiendo a este sentido del fallo, la cuant�a se vuelva indeterminada, ser�a sostener que la absoluci�n hace desaparecer el valor de la contienda, lo cual es inadmisible. ... Sin que pase inadvertido el texto del art�culo 6o. de la Ley del Arancel para la Abogac�a del Estado de Nuevo Le�n (sic), cuyo texto, en lo que interesa, es el siguiente: (se transcribe).� ... El evento de que tal numeral establezca un porcentaje sobre lo obtenido, podr�a prestarse a la interpretaci�n de que necesariamente para aplicar sus reglas deba existir, sin excepci�n, sentencia condenatoria, lo que es inadmisible, porque, seg�n qued� demostrado, la cuant�a del asunto la definen las prestaciones de la demanda y de cambiarse el m�todo, llevar�a a la aplicaci�n de reglas diferentes a las partes, seg�n pierdan o ganen, cuando por regla general deben ser tratadas en igualdad de circunstancias en el proceso ... En tales condiciones, contrariamente a como lo conceptu� el J. de Distrito, la regulaci�n de costas propuesta por los terceros perjudicados con base en las reglas previstas en el art�culo 6o. de la Ley del Arancel para la Abogac�a del Estado de Nuevo Le�n (sic) fue correcta y, por tanto, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y con fundamento en la fracci�n I del art�culo 91 de la Ley de Amparo, examinar los conceptos de violaci�n no considerados por el a quo. ... QUINTO. Son infundados los citados conceptos de violaci�n (se transcriben) ... Conviene aclarar que en el primero y quinto de ellos, en lo esencial, se expresan argumentos tendientes a demostrar que en un juicio ejecutivo mercantil en el que se ejercita como acci�n principal la de vencimiento anticipado del contrato de cr�dito base de la demanda, reclam�ndose diversa suma econ�mica, y la sentencia resulta absolutoria, como los demandados no obtienen cantidad alguna en su favor, entonces no procede hacer derivar las costas de las cantidades reclamadas, sino que para ello debe emplearse un criterio distinto, resultando inaplicable el art�culo 6o. de la Ley del Arancel para la Abogac�a del Estado de Nuevo Le�n (sic), que se refiere a los asuntos de cuant�a determinada o determinable, y en esa virtud, el numeral que se ajustaba a la hip�tesis del caso, era el art�culo 12 del mismo ordenamiento, que establece las bases para regular las costas en los asuntos de cuant�a indeterminada. ... Tales argumentaciones, seg�n se vi� (sic), fueron las que conceptu� fundadas el a quo y en base a ellas concedi� la protecci�n constitucional, por lo que no ha lugar a examinarlas en esta alzada, habida cuenta que en atenci�n a los agravios que se expresaron, fue revocada la sentencia de primer grado, al considerarse que la acci�n principal deducida en el juicio natural no fue la de vencimiento anticipado del contrato, sino la de pago de pesos y que, por otro lado, era incorrecto sostener que fuese de cuant�a indeterminada un juicio en el que se reclamasen ciertas prestaciones econ�micas, s�lo porque la sentencia que se dictase en �l fuese absolutoria y, por ende, de car�cter meramente declarativo, ya que ello implicar�a invertir la regla existente para definir el valor de los juicios que, seg�n la doctrina y la jurisprudencia, atienden al contenido de la demanda, mas no al sentido de la sentencia. Sin que pase inadvertido lo que en particular destac� el quejoso en el �ltimo p�rrafo del primer concepto de violaci�n, en el sentido de que los demandados no obtuvieron cantidad alguna ni se les absolvi� de la reclamaci�n en su contra; respecto de lo cual, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia por contradicci�n n�mero 35/98, de rubro: �CUANT�A DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL).�, invocada en el considerando tercero, estableci� que la cuant�a de los negocios se determina por las prestaciones de la demanda, no por el resultado de la sentencia. En cuanto a los conceptos de violaci�n segundo y tercero, ambos devienen infundados. ... Por tanto, es evidente que d�ndose el supuesto de que el monto de lo obtenido sobrepase esta �ltima cantidad, el citado numeral s� autoriza fraccionarla para aplicar los tres porcentajes, seg�n corresponda, y no como lo sostiene el peticionario de garant�as en cuanto asevera que ese no es el esp�ritu del legislador, y que por el contrario, de haber sido su intenci�n el que no se fraccionara, expresamente as� lo habr�a dispuesto, pero como incluye y separa los tres porcentajes, seg�n el monto, no puede interpretarse otra cosa. ... Consecuentemente, procede revocar la sentencia recurrida y negar al quejoso el amparo solicitado.

    Al resolver el amparo en revisi�n 84/2002, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, tuvo como antecedentes los siguientes:

    El asunto deriv� de un juicio ejecutivo mercantil, en el que se demand�, entre otras cuestiones, la declaraci�n del vencimiento anticipado del contrato de apertura de cr�dito simple con inter�s y garant�a hipotecaria, as� como el pago de diversas cantidades en concepto de suerte principal, seguido que fue el juicio, se determin� la improcedencia de �ste en virtud de haberse acreditado la rescisi�n del contrato dictada por autoridad distinta, en un litigio diverso, esto en virtud de lo resuelto dentro del juicio ordinario mercantil correspondiente, de donde devino la procedencia de la rescisi�n del contrato de apertura de cr�dito, por tanto, la acci�n de dar por vencido anticipadamente dicho contrato de apertura de cr�dito simple fue declarada improcedente, puesto que el vencimiento del contrato ya hab�a sido decretado en el juicio ordinario mercantil de m�rito.

    Por tal motivo, la parte actora interpuso recurso de apelaci�n, en el que se confirm� la resoluci�n dictada en el juicio natural, por lo que enseguida interpuso amparo en contra de la referida resoluci�n, mismo que se resolvi� negando el amparo al quejoso; al interponer la parte demandada el incidente de gastos y costas, en la interlocutoria respectiva se conden� al pago de las cantidades exigidas por el incidentista; contra esta sentencia el actor interpuso recurso de apelaci�n, mismo que una vez sustanciado, resolvi� confirmar la sentencia recurrida.

    En contra de esta resoluci�n interlocutoria la actora en el juicio natural promovi� amparo, el cual se resolvi� concedi�ndolo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la interlocutoria reclamada y pronunciara otra, con plenitud de jurisdicci�n, en la que estimara que se trataba de un asunto de cuant�a indeterminada y resolviera lo que en derecho procediera.

    Inconformes con el referido fallo, los terceros perjudicados interpusieron recurso de revisi�n, del que conoci� y resolvi� el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en el que sustancialmente consider� lo siguiente:

    Que es incorrecto sostener que sea de cuant�a indeterminada un juicio en el que se reclaman ciertas prestaciones econ�micas, s�lo porque la sentencia que se dicte resulta absolutoria y, por ende, de car�cter meramente declarativo, pues la cuant�a de los juicios la determina el contenido de la demanda, mas no las posibles acciones declarativas que se propongan como la de vencimiento anticipado del contrato o que la sentencia resulte absolutoria.

    Que los agravios vertidos por la recurrente son parcialmente fundados, pero suficientes para revocar la sentencia, al considerar incorrecta la postura del juzgador, pues considerar que en un juicio en el que se reclaman ciertas prestaciones econ�micas sea de cuant�a indeterminada, s�lo por el hecho de que la sentencia que se emita resulte absolutoria, es decir, de car�cter declarativo, y agreg� que considerarlo as� implicar�a invertir la regla existente para definir la cuant�a de los juicios que atiende al contenido de la demanda y no al sentido de la sentencia.

    Adujo adem�s, que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en establecer que la cuant�a de los juicios est� determinada por las prestaciones esgrimidas en la demanda, lo cual significa que con independencia del sentido de la sentencia, condenatoria o absolutoria, la regla para establecer la cuant�a y su naturaleza, determinada o indeterminada, es �nica y obedece a las prestaciones que se reclaman en la petici�n inicial y nunca atiende al sentido del fallo.

    Que si las pretensiones inicialmente formuladas involucran prestaciones econ�micas, ser�n �stas las que sirvan para determinar el valor del juicio y no las posibles acciones declarativas que tambi�n se propongan, pues sostener ello equivaldr�a a admitir que atendiendo al sentido del fallo, la cuant�a se vuelva indeterminada, y se estar�a sosteniendo que la absoluci�n hace desaparecer el valor de la contienda, lo cual es inadmisible.

    De igual manera, para este �rgano jurisdiccional no pas� inadvertido el texto del art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, y respecto al cual determin� que el hecho de que tal numeral establezca un porcentaje sobre lo obtenido, podr�a prestarse a la interpretaci�n de que necesariamente para aplicarlo debe existir, sin excepci�n, sentencia condenatoria, lo que es a su juicio inadmisible.

    Que lo consider� as�, porque la cuant�a del asunto la definen las prestaciones de la demanda y de cambiarse el m�todo, llevar�a a la aplicaci�n de reglas diferentes para las partes, seg�n pierdan o ganen, cuando por regla general deben ser tratadas en igualdad de circunstancias en el proceso.

    En tales condiciones, resolvi� que contrariamente a lo se�alado por el juzgador, la regulaci�n de costas propuesta con base en las reglas previstas en el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, fue correcta al considerar determinada la cuant�a en el asunto de que se trata.

QUINTO

Para que haya materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer, es necesaria la existencia de cuando menos formalmente una oposici�n de criterios jur�dicos, en los que se analice la misma cuesti�n; es decir, para que se surta su procedencia la contradicci�n denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicci�n de criterios cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En este sentido, resulta aplicable la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe:

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"P�gina: 76

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, se procede a analizar las ejecutorias que participan en la misma y que se describieron en el considerando cuarto de esta resoluci�n, a fin de determinar si en la especie se presenta o no la contradicci�n de criterios.

De la confrontaci�n de las consideraciones expuestas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusi�n de que s� se dan los requisitos para la existencia de la contradicci�n de tesis, por las razones que a continuaci�n se exponen:

Los tribunales contendientes, resolvieron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, al haber partido del conocimiento de un recurso de revisi�n derivado de una resoluci�n reca�da a un incidente de liquidaci�n de gastos y costas, en el que resultaba necesario pronunciarse sobre la cuant�a determinada o indeterminada del juicio.

El incidente mencionado procedi� de un juicio ejecutivo mercantil declarado improcedente, al no haberse acreditado un presupuesto procesal, sin abordarse el fondo del asunto por tratarse de una cuesti�n previa, conden�ndose en costas al actor y dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la v�a y forma que estimara pertinente.

Lo que se traduce en que los tribunales decidieron el sentido de la resoluci�n de un incidente de liquidaci�n de costas, sin embargo, optaron por criterios divergentes.

En efecto, al no estudiarse la cuesti�n sustancial planteada, no hubo pronunciamiento al respecto, sino que �nicamente se reserv� el derecho del actor para hacerlo valer cuando considerara pertinente, por tanto el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito, consideraron que el juicio ejecutivo mercantil era de cuant�a determinada, por lo que aplicaron el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n; en el otro caso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito estim� que para hacer el c�lculo o la tasaci�n de los honorarios de los abogados resultaba aplicable el art�culo 12 del mencionado ordenamiento, por tratarse de un asunto de cuant�a indeterminada.

Con independencia de lo anterior, no puede desconocerse que existen diferencias naturales en estos asuntos en contradicci�n, toda vez que se declararon improcedentes los juicios sin entrarse al fondo del asunto, teniendo en cuenta las razones siguientes:

En el primero de ellos, se declar� la improcedencia atendiendo a la falta de personalidad del promovente; en el siguiente, al demandar el pago de distintas cantidades de dinero por diversos conceptos, se omiti� se�alar la fecha de incumplimiento del contrato cuya rescisi�n se pretend�a, y en el �ltimo, en el que se demand� el pago de pesos adem�s del vencimiento anticipado del contrato de apertura de cr�dito simple con inter�s y garant�a hipotecaria -que era una de las prestaciones reclamadas-, se estableci� que no pod�a declararse dicho vencimiento, debido a que se acredit� la existencia de un juicio ordinario mercantil diverso tramitado con anterioridad, en el que ya hab�a sido rescindido dicho contrato.

Lo anterior, demuestra la existencia de presupuestos procesales que impidieron el estudio de fondo de los asuntos planteados, que si bien son distintos entre s�, todos confluyen a una sola hip�tesis: se trata de condiciones que deben examinarse previamente al estudio de fondo del asunto, para determinar la procedencia o improcedencia de �ste.

En este sentido, basta decir que en general los presupuestos procesales se constituyen por la falta de satisfacci�n de uno de los requisitos previstos en ley, los cuales deben ser analizados de oficio por el juzgador, incluso en segunda instancia, pues no puede dictarse una sentencia v�lida si no se satisfacen previamente los requisitos de procedencia.

Cabe se�alar que las particularidades de los llamados presupuestos procesales, llevan al juzgador a analizarlos aun cuando no exista petici�n de parte, pues involucran cuestiones de orden p�blico que impiden la emisi�n de una sentencia v�lida, por estar vinculadas inescindiblemente a la relaci�n jur�dica, de tal suerte que su estudio debe ser oficioso.

En dichos asuntos se configura un elemento com�n, es decir, que se resolvi� una misma cuesti�n jur�dica y, por tanto, se enfrentaron a un mismo punto en debate: esto es, si la cuant�a para efectos de tasaci�n o cuantificaci�n del pago de costas conforme al Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, es determinada o indeterminada y, como consecuencia de ello, decidir qu� disposici�n legal aplicar, si el art�culo 6o. del referido arancel o el art�culo 12 del propio ordenamiento.

En efecto, los tribunales contendientes en las resoluciones de referencia, analizaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes, como ha quedado evidenciado, por lo que al sostener criterios opuestos, al considerar de cuant�a indeterminada en un caso, y determinada en el otro y, por ende, aplicar el art�culo 12 del arancel mencionado, y en el otro supuesto considerar que deb�a ajustarse a lo dispuesto por el art�culo 6o. de este mismo ordenamiento, respectivamente, resulta irrebatible que s� se da la contradicci�n de criterios.

Asimismo, cabe se�alar que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jur�dicas de las sentencias que emitieron al respecto, y que los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, ya que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron los asuntos en los cuales se controvirti� el incidente de liquidaci�n de costas que para efectos del c�lculo o tasaci�n de su pago, no obstante al analizarlo consideraron de naturaleza diferente la cuant�a, en un caso determinada y en el otro indeterminada y, como consecuencia de ello, estimaron que deb�an aplicarse disposiciones distintas.

Refuerza lo anterior, el hecho de que los criterios en discrepancia provienen del examen de los mismos elementos, pues derivan de juicios contenciosos de naturaleza ejecutiva mercantil; los cuales fueron declarados improcedentes, al percatarse el �rgano jurisdiccional de la existencia de un presupuesto o de una excepci�n procesal no satisfecha; en ellos se conden� al pago de gastos y costas; al tramitarse el incidente respectivo, sin embargo, al definir el Tribunal Colegiado si la cuant�a era determinada o indeterminada hubo diferencia en la forma en que se estableci� la manera de pagar los honorarios a los abogados, en un caso se dijo que deb�a hacerse conforme a la regla prevista en el art�culo 12 del arancel mencionado, y en los otros, en t�rminos del art�culo 6o. del mismo ordenamiento.

De donde se sigue que se analizaron similares elementos, respecto de las causales de declaraci�n de improcedencia del juicio, e id�nticos elementos en la sustanciaci�n de dichos procedimientos.

Atendiendo a lo anterior, debe decirse que no existe la contradicci�n de criterios entre los sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito, al ser coincidente el criterio que sustentan ambos, sin embargo, la postura de �stos es opuesta a la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, por lo que resulta evidente que entre este tribunal y los dos primeramente mencionados s� existe contradicci�n de criterios.

Lo anterior, ya que mientras el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito, coinciden en sostener que el asunto es de cuant�a determinada y que, por tanto, procede aplicar el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, partiendo del mismo supuesto que los anteriores, opt� por aplicar el art�culo 12 del propio arancel, al se�alar que era de cuant�a indeterminada, de donde se sigue que estudiaron cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, tomaron en cuenta similares elementos y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.

En raz�n de lo anterior, la materia de la presente contradicci�n se limita a determinar si en un juicio ejecutivo mercantil, declarado improcedente, donde se reservan derechos al actor y se condena en costas, al resolver el incidente de liquidaci�n respectivo la cuant�a del asunto debe tasarse en raz�n de lo dispuesto por el art�culo 6o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, al considerarlo de cuant�a determinada o determinable, o bien, seg�n lo dispone el numeral 12 de la citada legislaci�n que prev� la liquidaci�n de honorarios de cuant�a indeterminada.

SEXTO

Precisada la existencia y el tema de la contradicci�n de tesis, as� como examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, esta Primera Sala considera que debe prevalecer el criterio de este �rgano colegiado, en raz�n de las consideraciones que a continuaci�n se formulan:

En primer lugar, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el cuarto p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia civil las sentencias definitivas deben ser conforme a la letra o a la interpretaci�n de la ley, y a falta de �sta deben fundarse en los principios generales del derecho, de manera que en el presente caso, puede acudirse a la doctrina como elemento de an�lisis para concluir objetiva y racionalmente la argumentaci�n jur�dica que resulte aplicable.

Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que para desentra�ar el sentido de una norma es necesario atender a la interrelaci�n de los preceptos, a los motivos gramaticales y a las razones hist�ricas o doctrinales que rigen determinado sistema.

Por tanto, resulta aplicable al caso, la tesis cuyos datos, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"No. Registro: 177,924

"Jurisprudencia

"Materia(s): Constitucional

"Novena �poca

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: XXII, julio de 2005

"Tesis: P./J. 87/2005

"P�gina: 789

"INTERPRETACI�N AUT�NTICA DE LA LEY. SUS L�MITES. La interpretaci�n aut�ntica de las normas legales no es una facultad de modificaci�n o derogaci�n de aqu�llas, aunque siga el mismo tr�mite legislativo que para la norma inicial, sino que establece su sentido acorde con la intenci�n de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige que el resultado sea la elecci�n de una de las alternativas interpretativas jur�dicamente viables del texto que se analiza, pues en cualquier otro caso se estar�a frente al desbordamiento y consecuente negaci�n del sentido del texto original. Adem�s, las posibilidades de interpretaci�n de la norma original no pueden elaborarse tomando en cuenta solamente el texto aislado del art�culo que se interpreta, pues �ste es parte de un conjunto de normas que adquiere un sentido sist�mico en el momento en que los operadores realizan una aplicaci�n. As�, la interpretaci�n aut�ntica tiene dos limitaciones: a) Las posibilidades sem�nticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas jur�dicamente viables para el texto a interpretar; y, b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sentido sist�mico del orden jur�dico a aplicar para el caso concreto, tomando en cuenta no s�lo las normas que se encuentran en una posici�n horizontal a la interpretada -art�culos del mismo ordenamiento en el cual se encuentra el que se interpreta- sino tambi�n aquellas normas relevantes de jerarqu�a superior o vertical -Constituciones Federal y Local-, y los principios y valores en ellas expresados, establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Acci�n de inconstitucionalidad 26/2004 y sus acumuladas 27/2004 y 28/2004. Diputados integrantes de la Quincuag�sima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y los Partidos Pol�ticos Convergencia y Acci�n Nacional. 30 de noviembre de 2004. Once votos. Ponente: J.R.�n C.�o D�az. Secretarios: P.A.N.M.�n, L.G.�a V., Ra�l M.�a G. y R.L.C.�n.

Entonces, en la especie, para desentra�ar qu� tipo de cuant�a es, si determinada o indeterminada, y precisar el alcance y contenido de las normas involucradas en la soluci�n de esta contradicci�n de tesis, atenderemos al sentido literal y gramatical de ella, as� como a la jurisprudencia y doctrina.

En el caso a estudio, se trata de dilucidar en un asunto proveniente de un juicio ejecutivo mercantil, declarado improcedente, en el que se reservaron derechos a la parte actora para que los hiciera valer en la v�a y forma que estimara pertinente, cuya sentencia lo conden� al pago de costas, si al resolver el incidente respectivo, debe considerarse que el juicio es de cuant�a determinada o indeterminada, esto es, se trata de definir sobre qu� base habr�n de tasarse las costas, y as� establecer cu�l es el art�culo del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, mediante el cual se cuantificar�n �stas.

Por estar �ntimamente relacionado con el tema que nos ocupa, como una cuesti�n previa, debe definirse qu� tipo de sentencia es aquella dictada en un juicio ejecutivo mercantil, en la que se declara improcedente el juicio; no se pronuncia sobre las prestaciones reclamadas, no hace ninguna declaraci�n sobre la procedencia de �stas, no absuelve ni condena al pago de las prestaciones reclamadas en la demanda, sino que resuelve el asunto reservando derechos a la actora y hace condena en costas, en consecuencia, ser� necesario referirse a los efectos de la reserva de derechos, a la cosa juzgada y determinar el concepto de cuant�a l�quida.

En primer lugar, debe decirse que una sentencia ser� meramente procesal cuando s�lo resuelva cuestiones de procedimiento, a la cual tambi�n se le llama sentencia formal, contrario a ello, aquella que estudie y resuelva las cuestiones de fondo planteadas se denomina sentencia material o sustancial.

Pero no s�lo las sentencias materiales o sustanciales pueden alcanzar la autoridad de la cosa juzgada, sino tambi�n aquellas interlocutorias o definitivas que s�lo tengan el car�cter de sentencia formal, as� la definitividad de las sentencias, se rige por la figura jur�dica de la cosa juzgada que presupone el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las sentencias.

Existen dos tipos de cosa juzgada: formal o procesal y sustancial o material. La primera entra�a la imposibilidad de impugnaci�n de una sentencia porque no exista recurso contra ella, o porque no se ha dejado transcurrir el t�rmino se�alado para interponerlo. En el sentido sustancial, material o de fondo, la cosa juzgada alude al car�cter irrebatible, indiscutible o inmodificable de la sentencia, lo que se traduce en que no permite volver a suscitar la misma cuesti�n litigiosa.

La sentencia material o sustancial estudia y decide la cuesti�n de fondo planteada por las partes, ya sea condenando o absolviendo de las prestaciones reclamadas, es decir, este tipo de sentencia adem�s de producir efectos procesales tambi�n engendra otros de naturaleza sustantiva o material, en tanto que la sentencia formal o procesal ser� aquella que se dicte cuando el �rgano jurisdiccional queda impedido para pronunciarse sobre el fondo del asunto y determina la improcedencia del juicio.

Por lo que el objetivo fundamental de la cosa juzgada, es establecer el car�cter definitivo de las situaciones jur�dicas creadas o determinadas en la sentencia, de ah� la trascendencia jur�dica de la obligaci�n legal de agotar recursos ordinarios, y al mismo tiempo, la importancia del principio de definitividad de las sentencias.

En la especie se est� frente a una sentencia que contiene cosa juzgada formal o procesal, por haberse estudiado �nicamente un requisito de procedibilidad, en la que se dejaron a salvo los derechos del promovente, lo que quiere decir, que en el caso no se decidi� el juicio en lo principal o sustancial.

De lo expuesto se desprende que la sentencia alcanz� la autoridad de cosa juzgada formal, por tanto, adquiri� su valor de inimpugnable al haber precluido el derecho de oponerse a ella, lo cual quiere decir que mientras no exista otra sentencia que estudie el fondo del asunto sobre la misma hip�tesis planteada en el juicio, y condene a una situaci�n diversa, o bien, mientras no se promueva por ejemplo una acci�n de jactancia y se obtenga sentencia favorable al actor, los efectos de �sta permanecer�n.

A diferencia de lo anterior, alcanza la calidad de inmutable una sentencia que analiza el fondo del asunto, donde lo resuelto en ella es un atributo de la sentencia material, a trav�s del cual permanece �sta sin tiempo ni medida, simplemente ser� irrevocable lo resuelto en ella, lo cual trae consigo la firmeza de la determinaci�n, sin embargo, ese car�cter de inmutabilidad de este tipo de sentencia tiene una salvedad: la nulidad del juicio concluido, en cuyo caso la cosa juzgada no tendr� car�cter absoluto por admitir excepciones.

Por otro lado, la eficacia de los efectos fijados en la sentencia consistentes en la reserva de derechos del promovente, surte en el momento en que son ejercitados en la v�a, forma y oportunidad en que lo juzgue conveniente el accionante, lo que quiere decir que la consecuencia de reservar esos derechos ser� que se reconozcan en un procedimiento diverso.

As�, por reserva de derechos, debe entenderse la facultad del �rgano jurisdiccional para no entrar al an�lisis del fondo del asunto y conservar derechos al actor o al propio demandado para que los ejerciten en juicio diverso, ya que en este tipo de sentencia no se determina la situaci�n jur�dica que fue sometida a consideraci�n del �rgano jurisdiccional, lo que equivale a que las partes que contendieron con car�cter de actor y demandado, queden privadas de la aplicaci�n del derecho, esto es, se aplaza la decisi�n judicial, en virtud de la existencia de una causa de improcedencia.

Corrobora la obligaci�n del juzgador de reservar derechos en este tipo de resoluciones, el art�culo 1409 del C�digo de Comercio, en el que se establece que si la sentencia declara que no procede el juicio ejecutivo, debe reservar al actor sus derechos para que los haga valer en la v�a y forma que corresponda.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicci�n de tesis n�mero 1a./J. 31/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina trescientos trece del Tomo XXIV, julio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que es del tenor literal siguiente:

V�A EJECUTIVA MERCANTIL. CUANDO EL JUZGADOR LA DECLARA IMPROCEDENTE NO DEBE HACER PRONUNCIAMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA ABSOLUCI�N DEL DEMANDADO. Si se declara improcedente la v�a ejecutiva mercantil intentada y se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la v�a y forma que corresponda, en cumplimiento al principio de congruencia que rige las resoluciones, el juzgador no debe hacer pronunciamiento alguno respecto a la absoluci�n de demandado de las prestaciones que le fueron reclamadas en el juicio, pues al ser la procedencia de la v�a un presupuesto procesal, su estudio es de orden p�blico y debe ser previo al del fondo de la cuesti�n planteada; por tanto, la improcedencia de la v�a impide al juzgador ocuparse del fondo de la litis planteada y lo imposibilita para pronunciarse sobre la absoluci�n del demandado, pues ello s�lo podr� hacerse en la v�a procedente, conforme al art�culo 1409 del C�digo de Comercio.

Ahora bien, considerando que por regla general las costas se integran por los honorarios de los abogados y por los gastos o expensas que se efect�en por la tramitaci�n del juicio, es de se�alarse que la naturaleza jur�dica de ambos conceptos es diferente, toda vez que los gastos derivan directamente de la sustanciaci�n del negocio, a diferencia de las costas que pueden surgir de un acuerdo de voluntades.

Ciertamente, la obligaci�n en la condena en costas no siempre proviene de la acreditaci�n de los extremos de la acci�n intentada en juicio (por no analizarse el fondo de �ste), sino que en ocasiones como la que nos ocupa, depender� del derecho surgido en la sentencia que determina que deben pagarse, verbigracia, en el caso de haberse promovido una acci�n sin acreditarse su procedencia, por lo que resulta l�gico que se condene al pago de costas a aquel que intent� una acci�n que fue declarada improcedente al no satisfacerse un presupuesto procesal.

En este sentido, en el Diccionario Jur�dico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jur�dicas, la acepci�n que se da al t�rmino costas es el siguiente: expresi�n derivada del vocablo costar, que proviene del lat�n constare, que a su vez significa cantidad que se da o se paga por una cosa, a manera de resarcimiento o compensaci�n por los perjuicios o dificultades causadas con motivo del juicio, ser� una especie de reembolso para la parte demandada, como consecuencia del ejercicio injustificado de la acci�n.

Entonces, los honorarios del abogado o los abogados que patrocinaron el juicio a alguna de las partes, ser�n las costas; la doctrina es uniforme al sostener que las costas procesales deben considerarse como los gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso y que ser�n soportados por quien los realiza o por la parte a quien condena el J..

Ahora bien, encuentra la justificaci�n de la condena al pago de costas en la especie, el hecho de que no se concluyera con una sentencia material al no acreditar la parte actora en el juicio natural un presupuesto procesal necesario y se declarara improcedente.

En todo litigio existen obligaciones y responsabilidades para las partes, es decir, la premisa de que quien pierde en un litigio deber� reembolsar a su contraria las costas del proceso evidencia la obligaci�n de resarcir de los da�os y perjuicios generados a quien fue llamado a juicio, por haberlo sujetado a un procedimiento que no concluy� con el an�lisis de las cuestiones de fondo planteadas, en cuyo caso, resulta l�gico que las costas del proceso se traduzcan en la suma que de acuerdo a las disposiciones arancelarias debi� desembolsar la parte que obtuvo sus pretensiones.

As� lo determinan los art�culos 2499 y 2500 del C�digo Civil del Estado de Nuevo Le�n, por disposici�n expresa del art�culo 1o. del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, los cuales son del tenor siguiente:

"Art�culo 2499. El que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, de com�n acuerdo, retribuci�n debida por ellos.

"Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observar�n las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo."

Art�culo 2500. Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regular�n atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputaci�n profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, �ste servir� de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.

Art�culo 1o. Los honorarios de los abogados ser�n fijados preferentemente en los t�rminos del art�culo 2499 del C�digo Civil del Estado, por convenio de los interesados.

Del an�lisis de los numerales citados se advierte que para hacer efectiva la condena en costas en el Estado de Nuevo Le�n, preferentemente, se acudir� a la celebraci�n de un convenio en el que se pacte el monto de los honorarios a cubrir al abogado, y a falta de �ste se atender� a los principios contenidos en el art�culo 2500 �ltimamente transcrito. Sin embargo, como en el caso, no se celebr� el convenio de m�rito, los servicios prestados est�n regulados por el referido arancel, siendo �ste el que debe servir para fijar la quota legis o el importe de los honorarios reclamados, donde dicha expresi�n seg�n los tratadistas en la materia se entender� como el acuerdo del abogado en el que se pacte una contraprestaci�n por los servicios que prestar�.

Aunado a lo anterior, es de se�alarse que de conformidad con el art�culo 1054 del C�digo de Comercio, para determinar el monto de las costas en los juicios mercantiles, se debe acudir de manera supletoria a la legislaci�n local respectiva que regule mecanismos legales para tal cuantificaci�n, en el entendido de que s�lo a falta de �stos, particularmente en la legislaci�n local, el J. o tribunal deber�n fallar discrecionalmente, tomando en cuenta, entre otros aspectos los previstos en dicha norma, lo cual viene a corroborar el art�culo 1089 del C�digo de Comercio, en el que se advierte la intenci�n del legislador en el sentido de que las costas se regulen con base en aranceles, y s�lo cuando no exista un ordenamiento que los regula se recurra a mecanismos de valoraci�n diferentes.

Confirma lo anterior, la tesis aislada sustentada por la entonces Tercera Sala, Sexta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, Cuarta Parte, V.L., p�gina 87, aplicada anal�gicamente, que es del tenor literal siguiente:

"PROFESIONISTAS, HONORARIOS DE LOS. De acuerdo con lo prevenido por el art�culo 5o. constitucional, a nadie puede obligarse a prestar servicios sin su justa retribuci�n; y si los servicios profesionales posteriores a la vigencia del contrato de quota litis, no se regularon convencionalmente entre las partes, debe aplicarse la regla establecida en el art�culo 2607 del C�digo Civil, seg�n la cual �cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regular�n atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y la reputaci�n profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, �ste servir� de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.�

Amparo directo 1471/61. I. �lvarez B.. 16 de noviembre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.C.E..

En este orden de ideas, una vez que la sentencia ha causado estado, debe procederse a su ejecuci�n, v�a la tramitaci�n del incidente de liquidaci�n de gastos y costas, el cual tiene por objeto resolver cuestiones adjetivas pero inciertas, motivadas por acontecimientos directos e inmediatos a la cuesti�n planteada y resuelta -como en el caso lo es la declaraci�n de improcedencia-, mismo que es (el incidente) propiamente un ap�ndice o consecuencia de lo resuelto en la sentencia y debe sustanciarse en forma posterior al dictado de la determinaci�n definitiva.

Para concluir con este apartado relativo a las costas, se tiene que en la materia de su imposici�n, es preciso referirnos a la existencia de dos sistemas que rigen en nuestro derecho: el subjetivo, que atiende a la teor�a del resarcimiento, y el objetivo que reconoce la teor�a del vencimiento, en este sentido la fracci�n III del art�culo 1084 del C�digo de Comercio, se�ala que se establece como parte vencida aquella a la que resulte opuesta a sus intereses la sentencia y no le sea posible obtener su pretensi�n, de donde emana la obligaci�n al pago de la condena en costas de la parte que no obtuvo las prestaciones reclamadas en el juicio ejecutivo mercantil.

Pasando a otra cuesti�n, la ejecuci�n no puede despacharse sino por cantidad l�quida, ser� deuda l�quida aquella cuya cuant�a ha quedado calculada, es decir, que con los elementos con que se cuente sea posible establecerla (cuant�a determinada), verbigracia, cuando las prestaciones reclamadas se definieron desde la demanda al promover el juicio, y la sentencia correspondiente condene a alguna de las partes, o a las dos en caso de reconvenci�n, al pago de una cantidad espec�fica.

Por el contrario, ser� cuant�a indeterminada aquella en la que no sea posible traducirla a cantidad l�quida, esto es porque no se concluy� con sentencia condenatoria o absolutoria sino con una sentencia meramente formal, por lo que al no disponer de medios para poder liquidarla, se estar�a ante un asunto de cuant�a indeterminada, como en la especie.

La cuant�a por regla general, ciertamente, se determina por las prestaciones reclamadas en la demanda, sin embargo, de acuerdo al Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, al no haberse estudiado el fondo del asunto, dejar a salvo los derechos del actor y condenar al pago de costas a �ste, es indudable que la cuant�a se encuentra indeterminada, al no existir pronunciamiento sobre el objeto de la demanda, de ah� que se afirme que la decisi�n judicial se aplaz�, en cuyo caso ser� aplicable el art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, que regula los juicios contenciosos en donde no es posible determinar la cuant�a.

Enseguida se cita el Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n que en sus art�culos 6o. y 12, regula tanto la cuant�a determinada, como la indeterminada, respectivamente, mismos que a la letra dicen:

"Art�culo 6o. En los juicios contenciosos de cuant�a determinada o determinable cobrar�n los abogados, por concepto de honorarios, por todos sus trabajos, desde la iniciaci�n del juicio hasta la conclusi�n, una cuota fija consistente en un porcentaje sobre lo obtenido, conforme a la siguiente tarifa:

"Monto de la reclamaci�n: Porcentaje aplicable:

"Hasta 180 cuotas 20% veinte por ciento

"Sobre excedente de 180 cuotas

"Hasta 1,800 cuotas 15% quince por ciento

Sobre el excedente de 1,800 cuotas 10% diez por ciento.

"Art�culo 12. En los juicios contenciosos cuya cuant�a no pueda ser determinada, se cobrar� por concepto de honorarios:

"I. Por el estudio previo del negocio de 6 a 40 cuotas.

"II. Por la demanda o contestaci�n de 4 a 100 cuotas.

"III. Por cada escrito en tr�mite, 1 cuota.

"IV. Por ofrecimiento de pruebas de 2 a 20 cuotas.

"V. Por cada notificaci�n que reciba el abogado � cuota.

"VI. Por asistencia a diligencia dentro o fuera del juzgado, el equivalente de 2 a 10 cuotas, por hora o fracci�n.

"VII. Por alegatos, de 4 a 180 cuotas.

"VIII. Por expresi�n de agravios o su contestaci�n, de 4 a 100 cuotas.

"IX. Por el total de las gestiones personales o verbales en cada instancia, cualquiera que sea el resultado de ellas, de 4 a 20 cuotas.

"Para efectos de la regulaci�n de honorarios a que se refiere este art�culo, la diferencia entre el m�nimo y el m�ximo que se�ala cada fracci�n se determinar� tomando en cuenta lo establecido en el art�culo 36."

De los art�culos transcritos puede advertirse que trat�ndose de juicios contenciosos de cuant�a determinada o determinable, los honorarios de los abogados por los trabajos prestados, se regulan a trav�s de una cuota fija derivada de un porcentaje sobre lo obtenido conforme a la tabla descrita en el dispositivo 6o. del arancel, esto es que el monto de los honorarios se calcula en raz�n de una cuota fija sobre un porcentaje de lo obtenido en juicio, en cuyo par�metro se encuentran comprendidos todos los trabajos que hubiesen realizado.

Cuesti�n distinta se observa del art�culo 12 del propio arancel, en el que a diferencia del art�culo 6o. citado, la cuant�a se determina en raz�n del precio unitario, es decir, por cada trabajo prestado se cuantifica una cuota; esta disposici�n regula los casos donde no es posible determinar la cuant�a, en el que el importe de los honorarios de los abogados, ser� ajeno al monto de la prestaci�n reclamada, al no encontrarse definida �sta en la sentencia, por no haberse pronunciado una sentencia de car�cter sustancial o material, lo que trae como consecuencia que se desconozca la cantidad precisa en que habr�n de basarse la costas.

As�, se tiene que la obligaci�n del pago de la condena en costas no siempre proviene de la acreditaci�n de los extremos de la acci�n intentada en juicio (por no analizarse el fondo de �ste), sino que en ocasiones como la que nos ocupa depender� de la sentencia que determina el derecho para cobrarlas.

En este contexto, la cuant�a indeterminada surge del hecho de que no se haya entrado al estudio del fondo del asunto y se hayan dejado a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la v�a y forma que estime conveniente, a lo que hay que agregar que al resolverse el asunto en el sentido de declarar improcedente el juicio ejecutivo mercantil, traer� como consecuencia que la sentencia que se dicte sea absolutoria de la instancia, al no poder estudiarse las prestaciones sustanciales solicitadas y hacer la condena correspondiente.

Asimismo, el art�culo 6o. del arancel mencionado, alude al t�rmino obtenido para expresar lo que se logra en el juicio para el vencedor de un litigio determinado, en este orden de cosas, el vocablo obtenido, debe traducirse como aquello que se consigue o se alcanza en la sentencia, as� por ejemplo, cuando se trate de una condena menor a la demandada, ser� esta suma la que habr� derivado del juicio, con base en la cual se debe hacer la tasaci�n de las costas, supuesto en el que lo �nico que restar�a hacer ser�a liquidar �stas con base en el art�culo 6o. del arancel; en otra hip�tesis, cuando la condena derive de pagar una cantidad igual que la demandada, ser� esta suma la que definir� el monto de la cuant�a, en cuyo supuesto la cantidad a pagar en concepto de costas ser� la que resulte de aplicar el precepto citado, por tratarse de una cuant�a determinada al existir bases para tasarla.

De igual manera, el art�culo 6o. mencionado, al sustituir el t�rmino suerte principal por la expresi�n obtenido que proviene del verbo obtener que significa "alcanzar, conseguir y lograr una cosa que se merece, solicita o pretende", seg�n definici�n del Diccionario de la Real Academia Espa�ola, el legislador lo modific� con el af�n de hacer contener en �l lo resuelto en el asunto.

De manera que el hecho de que se condene o se absuelva en juicio a las partes, presupone la sustanciaci�n total del procedimiento, en el que se analizaron las cuestiones planteadas, dict�ndose una sentencia material o sustancial; por el contrario, el no esclarecimiento del derecho en litigio dar� lugar al pronunciamiento de una sentencia formal o procesal donde no resulten condenadas las partes en lo que hace a las prestaciones reclamadas y, por ende, se absuelva de la instancia, mas no as� por lo que se refiere al pago de costas.

En este orden de cosas, significar� el vocablo obtenido, lo que eman� o se consigui� en la sentencia, as� por ejemplo, cuando se trate de una condena menor a la demandada, ser� �sta la suma que habr� emanado del juicio, con base en la cual se debe hacer la cuantificaci�n en costas, y ser� dicha suma la que determine el monto de la cuant�a, y en tal caso ser� determinada (art�culo 6o. del arancel).

Escenario diferente ser�a aquel en que se est� en presencia de una sentencia de cuant�a indeterminada en la que se declar� improcedente la acci�n intentada, que resuelve dejar a salvo los derechos del actor por no analizarse el fondo del asunto, y como consecuencia l�gica, no se hace pronunciamiento sobre lo reclamado, as� como tampoco absuelve a la demandada de las prestaciones que se le reclamaron al no analizar si efectivamente adeuda �stas o no, y en esa virtud la sentencia tendr� car�cter formal, en la que no consta una base para fijar el porcentaje de lo obtenido, por lo que la declaraci�n en el sentido de dejar a salvo los derechos de la parte actora, vendr�a a ser lo obtenido en el juicio, lo cual no ser�a cuantificable pecuniariamente, lo que llevar�a a considerar que no existen elementos para tasar la cuant�a y, por ende, ser�a indeterminada, siendo �ste el caso que nos ocupa.

De manera que, cuando haya partes condenadas en un juicio se estar� ante una sentencia sustancial donde la cuant�a del asunto es determinada en raz�n de la sentencia que lo concluye, en el que ser� aplicable el art�culo 6o. del arancel, caso contrario, se estar� a lo que prev� el art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, es decir, se tratar� de un juicio contencioso cuya cuant�a no pueda ser determinada.

Adem�s, debe precisarse que para efectuar el c�lculo de los honorarios de los abogados en el Estado de Nuevo Le�n, es menester fijar la mec�nica de su cuantificaci�n de acuerdo al art�culo 37 del arancel que se comenta, el cual dispone:

(Reformado, P.O. 18 de abril de 1988)

Art�culo 37. Para los efectos de esta ley, se entender� por cuota la cantidad de dinero equivalente al salario m�nimo general diario vigente en el lugar donde se prest� el servicio profesional y en el momento en que se efect�e el pago de los honorarios.

De lo anterior se sigue, que los honorarios se cuantificar�n tomando en consideraci�n el n�mero de cuotas a aplicar, dependiendo de los trabajos realizados y de acuerdo al tipo de cuant�a -determinada o indeterminada-, previamente extra�do de la naturaleza de la sentencia que hubiese emanado del asunto litigioso, es decir, si se trata de una sentencia formal o procesal o si es una resoluci�n sustantiva, en la inteligencia de que cada cuota a computarse ser� equivalente a la cantidad de dinero igual al salario m�nimo general vigente en el lugar donde se hubiesen prestado los servicios.

Entonces, para obtener el monto de los honorarios a pagar, �nicamente proceder� realizar una operaci�n aritm�tica consistente en multiplicar el n�mero de veces (cuotas), indicado en la disposici�n de que se trate, por el salario m�nimo antes mencionado, hecho lo cual el resultado de esta operaci�n arrojar� el importe de honorarios a pagar.

Por otro lado, podr�a surgir la interrogante en el sentido de que si ser� posible que exista doble condena en costas, trat�ndose de una misma causa, la respuesta ser�a s�, pues cada vez que el actor intente una acci�n y no obtenga una resoluci�n en la que resulte vencedor, proceder� la condena en el pago de costas a su cargo, lo cual resulta l�gico en virtud de que su contraparte en el litigio, cada vez que resulte demandada deber� cubrir los honorarios del abogado que se encargue del asunto.

Lo anterior se considera as�, porque el prop�sito de un juicio ejecutivo mercantil consiste en que el J. logre el pago al acreedor, sin embargo, en la especie esa intenci�n no se alcanza al declararse improcedente el juicio por no satisfacer un presupuesto procesal, entonces la sentencia que reserva derechos al actor, constituye el �nico elemento para determinar la cuant�a del negocio, esto es, en dicha sentencia se fija la voluntad �ltima del juzgador respecto del juicio, por lo que ser� en virtud de �sta que se determinar� la cuant�a.

F. lo expuesto, la circunstancia de que del primero de enero de mil novecientos sesenta y nueve al dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, permaneci� vigente el texto del referido art�culo 6o. del ordenamiento legal citado, en el que no se encontraba comprendido el t�rmino obtenido, seg�n se advierte en la parte conducente que enseguida se transcribe:

Art�culo 6o. En los juicios contenciosos de cuant�a determinada o determinable, cobrar�n los abogados por concepto de honorarios, por todos sus trabajos desde la iniciaci�n del juicio hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria, una cuota fija consistente en un porcentaje sobre el importe de la suerte principal reclamada, conforme a la siguiente tarifa: ...

De lo anterior, se desprende que en dicha disposici�n se precisaban tres elementos esenciales para el pago de los honorarios de los abogados: 1) que los honorarios ser�an cobrados por todos los trabajos; 2) que los trabajos que se cubrir�an ser�an los efectuados desde la iniciaci�n del juicio hasta que se pronunciara sentencia ejecutoria; y 3) que el pago de tales trabajos se calcular�a a raz�n de una cuota fija consistente en un porcentaje de la suerte principal reclamada.

Mientras que en el art�culo 6o. al arancel vigente, de igual manera, se regulan los mismos requisitos: 1) que los honorarios ser�an cobrados por concepto de todos los trabajos; 2) que los trabajos objeto de pago ser�an los efectuados desde la iniciaci�n del juicio hasta la conclusi�n; y 3) que el pago de tales trabajos se calcular�a a raz�n de una cuota fija consistente en un porcentaje sobre lo obtenido.

Como puede observarse, los �nicos vocablos sustituidos fueron: hasta que se pronuncie ejecutoria, por hasta la conclusi�n, asimismo se sustituyeron: porcentaje sobre la suerte principal por porcentaje sobre lo obtenido.

Jur�dicamente en el primer caso, no existe diferencia sustancial alguna toda vez que su significado es el mismo, de ah� que ejecutoria es la cualidad que se atribuye a las sentencias que, por no ser susceptibles de ulteriores impugnaciones o discusiones, han adquirido la autoridad de la cosa juzgada; mientras que una de las acepciones de juicio concluido, conforme al Diccionario de la Lengua Espa�ola, significa la terminaci�n de �ste; resoluci�n que se ha tomado respecto de una materia despu�s de haberla ventilado, esto es que el juicio ha quedado resuelto, sin embargo podr�a decirse que juicio concluido se trata de una expresi�n equivalente en la que quedar�a inmersa la anterior, toda vez que en ella podr�an quedar incluidas no s�lo resoluciones formales (procesales) y sustanciales (materiales), sino todo tipo de condiciones que dieran lugar a la conclusi�n del juicio, como podr�a ser un acuerdo que decrete la obligaci�n de exhibir una documental sin que la parte promovente lo hiciere, en cuyo caso se desechar�a la demanda y este acuerdo que desecha sin tener el car�cter formal de una sentencia ejecutoria, ser�a el que vendr�a a dar por concluido el juicio, al no recurrirse.

En este mismo orden de ideas, se entiende por suerte principal aquel importe que se demanda por considerarse que se tiene derecho a recibirlo o cobrarlo -�sta ser�a la suerte principal en un juicio ejecutivo mercantil-, al que habr�a que agregar los accesorios; aunque tambi�n podr�a tratarse de una cuesti�n de hacer o no hacer, no s�lo de dar, mientras que obtenido ser�a gramaticalmente hablando, lo conseguido, lo logrado, lo alcanzado, lo pretendido, que viene a significar en el contexto en el que estamos, lo alcanzado en juicio.

Lo anterior pone de manifiesto que la suerte principal vendr�a a ser la pretensi�n del actor, mientras que lo obtenido se referir� a lo logrado una vez ventilado el juicio.

As�, la formula utilizada para tasar los honorarios de los abogados que hubiesen intervenido en un litigio, trat�ndose de cuant�a determinada o determinable, durante la vigencia del arancel citado, era mediante una cuota fija de un porcentaje sobre el monto de la suerte principal, es decir, se cuantificaba teniendo en cuenta �nicamente el monto de las prestaciones reclamadas, por tanto, el �nico elemento con que se contaba para determinar la cuant�a del negocio era el importe de las prestaciones reclamadas, y ahora el legislador sustituye dicho t�rmino por lo obtenido.

De donde se sigue, que ante tal reforma, que sustituye la expresi�n suerte principal por obtenido, es l�gico que la manera en que ven�a determin�ndose la cuant�a del negocio para efectos del incidente de liquidaci�n de costas, vari� al incorporar el t�rmino obtenido, queriendo el legislador significar que los negocios a partir de la reforma habr�an de cuantificarse teniendo en cuenta el resultado alcanzado en el juicio, esto es en la sentencia.

En tal virtud, es v�lido sostener que al no poderse cuantificar lo alcanzado en juicio, al no haberse dictado una sentencia sustancial, sino formal, y haber reservado derechos al actor para que los hiciera valer en la v�a y forma que estimara conveniente, es l�gico que la reforma que se comenta ya no tuvo en cuenta la suerte principal en el juicio, sino que este t�rmino se modifica para se�alar como base para la cuantificaci�n de la cuant�a precisamente, el vocablo obtenido que como ya qued� precisado, surge en la sentencia, esto es, depender� de lo condenado o no condenado en est�.

En el caso que nos ocupa, la cuant�a ser� indeterminada toda vez que trat�ndose de juicios contenciosos en los que se declare improcedente la acci�n intentada, se reserve derechos al actor, se absuelva de la instancia y se condene en costas, no ser� posible determinar la cuant�a toda vez que el monto de �sta no se fija en la sentencia, pues lo obtenido es precisamente una sentencia en la que no se estudia el fondo del asunto, es decir, la cuesti�n de fondo se aplaza, por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que se trata de una cuant�a indeterminada, pues lo alcanzado en juicio no es posible cuantificarlo, por lo que es aplicable el art�culo 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n.

Por otro lado, es de destacarse que, de alguna manera, en el escrito de veintitr�s de mayo de mil novecientos sesenta y tres, dirigido a la Asamblea del Congreso del Estado por el diputado P.F.Q., se observa que a la presentaci�n de la iniciativa correspondiente se dej� clara la intenci�n del legislador en el sentido de sancionar con el pago de gastos y costas a aquellos que promovieran una instancia judicial sin justificaci�n o carente de derecho, lo que demuestra que desde la reforma de mil novecientos sesenta y nueve, se encontraba latente el inter�s de los legisladores en el sentido de condenar a quienes instauraran un juicio a sabiendas de que no prosperar�a, o bien descuidando los supuestos de procedencia de �ste, teniendo conocimiento de que su contraparte no podr�a exigirles el pago de costas justas, lo cual se preve�a no seguir�a sucediendo a fin de satisfacer de manera justa los gastos y las costas que el litigante que fue llamado a juicio hubiese erogado.

Lo cual se logr� hasta la reforma de mil novecientos ochenta y ocho, al incorporarse el t�rmino obtenido para incluir en �l, los intereses y toda la cuesti�n accesoria inherente al juicio trabado, siendo en esta reforma que aparece por primera ocasi�n el texto del art�culo 6o. como est� redactado actualmente.

Lo anterior, se confirma con el criterio jurisprudencial pronunciado por esta Primera Sala en la tesis siguiente:

"No. Registro: 195,786

"Jurisprudencia

"Materia(s): Civil

"Novena �poca

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

"Tomo: VIII, agosto de 1998

"Tesis: 1a./J. 35/98

"P�gina: 156

"CUANT�A DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (DISTRITO FEDERAL).-La entonces Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, estableci� el criterio jurisprudencial contenido en la contradicci�n de tesis 8/88 con el rubro: �CUANT�A DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE JALISCO).� el cual resulta aplicable a la legislaci�n del Distrito Federal, en virtud de que los art�culos 229 y 230 de la derogada Ley Org�nica de los Tribunales de Justicia del Fuero Com�n en el Distrito Federal as� como el art�culo 128 de la vigente Ley Org�nica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal establecen, para efectos de regular las costas que, para determinar los honorarios de los abogados debe atenderse al monto del negocio, concepto en el que se incluye tanto la suerte principal como los intereses reclamados en la demanda, en virtud de que el profesionista litiga, presta sus servicios y adquiere responsabilidad sobre la totalidad de las prestaciones que se discuten en el juicio.

"Contradicci�n de tesis 54/97. Entre las sustentadas por el Tercer y Quinto Tribunales Colegiados ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de mayo de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: J.V.C. y C.. Secretario: J.P.P.V..

"Tesis de jurisprudencia 35/98. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n de veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros presidente H.R.P., J.V.C. y C., J.N.S.M. y O.S.C. de G.�a V.. Ausente: Jos� de Jes�s G.�o P.."

De ah� que, en el caso sea congruente considerar que la cuant�a es indeterminada, si se toma en cuenta que en el juicio se obtuvo una sentencia en la que no se analiz� la cuesti�n sustantiva del asunto, se reservaron derechos al actor y se conden� en costas, por tanto, lo que se obtuvo fue precisamente esa sentencia, donde no hubo condenados ni absueltos, por lo que es l�gico que la cuant�a no se encuentra definida al no obtenerse lo pretendido por el actor.

En m�rito de lo expuesto, se estima procedente concluir que el criterio que debe prevalecer en la contradicci�n de tesis sometida a consideraci�n de este Alto Tribunal, con el car�cter de jurisprudencia obligatoria, es el siguiente:

HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACI�N RELATIVO, LA CUANT�A DEL NEGOCIO SER� INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LE�N).-De la interpretaci�n sistem�tica de los art�culos 6o. y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo Le�n, que establecen la f�rmula para pagar los honorarios por cuant�a determinada e indeterminada, respectivamente, se concluye que trat�ndose de un juicio ejecutivo mercantil resuelto por sentencia en la que se declare improcedente la acci�n por no satisfacer un presupuesto procesal, se reserven derechos del promovente para que los haga valer en la v�a que estime conveniente y se condena en costas, al liquidarlas en concepto de honorarios de abogados que patrocinaron el juicio, la cuant�a del negocio se considerar� indeterminada. Ello es as�, porque con la reforma de 1988, al art�culo 6o. del mencionado Arancel, que establece que la cuant�a del negocio se calcular�a mediante una cuota fija consistente en un porcentaje, se sustituy� el t�rmino "suerte principal" por la expresi�n "obtenido" para referirse a lo alcanzado en juicio, es decir, a la sentencia definitiva, de manera que para el c�lculo de los honorarios debe considerarse el monto determinado en la sentencia que concluy� el juicio, pues aun cuando desde la presentaci�n de la demanda se conoce el monto de las prestaciones reclamadas, es hasta la sentencia que el �rgano jurisdiccional decide, ya que puede condenar o no al demandado al pago de dichas prestaciones. Esto es, si no hay un reconocimiento del derecho de las partes, en virtud de que no se estudi� el fondo de la litis, resulta evidente que en la sentencia no consta una base para fijar el porcentaje de lo obtenido, por lo que la declaraci�n en el sentido de dejar a salvo los derechos del actor es lo obtenido en el juicio, lo cual no es cuantificable pecuniariamente, por lo que al tratarse de un juicio contencioso cuya cuant�a es indeterminada, para la tramitaci�n del incidente de liquidaci�n de los honorarios debe estarse a lo dispuesto en el aludido art�culo 12, toda vez que el vocablo "obtenido" demuestra la intenci�n del legislador de sancionar al que promueve un litigio sin justificaci�n en detrimento de quienes son llamados a defenderse.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

No existe la contradicci�n de tesis a que este expediente 168/2006-PS, se refiere, en los t�rminos del considerando quinto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando sexto de esta resoluci�n.

TERCERO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

CUARTO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: Jos� de Jes�s G.�o P., S.A.V.H.�ndez (ponente), J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente J.R.�n C.�o D�az.