de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38257629

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación:13 de Enero de 2008
RESUMEN

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20683

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Enero de 2008

P�gina: 953

CONTRADICCI�N DE TESIS 128/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL D�CIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: L.�.G.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de A. y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve del mismo mes y a�o, en virtud de que se refiere a la posible contradicci�n entre criterios propios de la materia de trabajo que es de la especialidad de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se surte su competencia para resolverla.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, de conformidad con los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A. que, en lo conducente, establecen:

"Art�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, seg�n corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las S. de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas S., el procurador general de la Rep�blica o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidir� cu�l tesis debe prevalecer.

La resoluci�n que pronuncien las S. o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, s�lo tendr� el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n.

"Art�culo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la Rep�blica, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidir� cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la Rep�blica, por s� o por conducto del agente que al efecto designe, podr�, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta d�as.

"La resoluci�n que se dicte no afectar� las situaciones jur�dicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

La Suprema Corte deber� dictar la resoluci�n dentro del t�rmino de tres meses y ordenar su publicaci�n y remisi�n en los t�rminos previstos por el art�culo 195.

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificaci�n de criterios, en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, se�alan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la contradicci�n de criterios, a fin de que se determine cu�l debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicci�n de tesis es formulada por el M.V.R.R. integrante del Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito, que sustenta uno de los criterios materia del presente asunto, luego, la denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima.

TERCERO

Con el prop�sito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito al resolver, por unanimidad, el amparo directo 796/2006 (relacionado con el amparo directo 795/2006) en sesi�n de veintitr�s de marzo de dos mil siete, determin�, en relaci�n con tema de contradicci�n, lo siguiente:

  1. directo 796/2006:

CUARTO. No se realiza la transcripci�n del laudo reclamado, en virtud de que en el caso a estudio no se proceder� al an�lisis de los conceptos de violaci�n que fueron formulados, al advertir este tribunal que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., por lo que procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el art�culo 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento legal, la cual es de estudio preferente. De las constancias de autos se advierte que Ang�lica M.S., L.M.�a G.�a M.�nez y Mar�a D.N.H.�ndez comparecieron a demandar al H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalpujahua, M.�n, sobre indemnizaci�n por despido injustificado y otras prestaciones. Que el quejoso dio contestaci�n a la demanda y seguido el juicio por todos sus tr�mites legales el tribunal laboral dict� el laudo correspondiente, en el que absolvi� al peticionario de garant�as del pago de la indemnizaci�n constitucional por despido injustificado, prima de antig�edad, salarios ca�dos, pago de costo de la ropa de trabajo, pago de vacaciones, prima dominical, pago de horas extras, y lo conden� al pago de la prima vacacional, aguinaldo y despensa de productos b�sicos. En contra de esa resoluci�n Ang�lica M.S., L.M.�a G.�a M.�nez y Mar�a D.N.H.�ndez promovieron juicio de amparo directo del que toc� conocer a este Segundo Tribunal Colegiado, mismo que se registr� con el n�mero 795/2006, en el que con esta fecha, se determin� concederles el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, ordenara la reposici�n del procedimiento a efecto de que mandara aclarar la demanda de las trabajadoras respecto a la prestaci�n que reclamaron sobre pago de vacaciones, precisando todas aquellas circunstancias que estimara necesarias para que pudiera existir un pronunciamiento de su parte. Aun cuando en el caso se aduce una violaci�n procesal, consistente en que no fue desahogada la testimonial que en dos art�culos de prueba ofreci� el quejoso, no obstante que en el juicio de amparo directo 795/2006, relacionado con �ste, se otorga la protecci�n constitucional por una de igual naturaleza, o sea de car�cter procesal, lo cierto es que improcedente el presente juicio de amparo precisamente al cesar los efectos del laudo reclamado con motivo de aquella concesi�n, lo que hace que se nulifique el laudo reclamado y ello significa que el mismo ha quedado insubsistente, impidiendo que desde ahora se examine el concepto de violaci�n de que se trata, pues la que se adujo en el amparo directo laboral 795/2006, que dio motivo a la concesi�n del amparo, no s�lo es de mayor magnitud o trascendencia sino anterior a la aqu� aducida y aqu�lla traer� como consecuencia que se ordene la reposici�n del procedimiento a partir del acuerdo de once de noviembre de dos mil cuatro, con el cual se orden� la admisi�n de la demanda laboral, para el efecto de que se mande aclarar la demanda, en tanto que la sostenida por el peticionario de garant�as s�lo se refiere al desahogo de pruebas; por lo que en ejercicio del control constitucional a priori y a efecto de no dividir la continencia de la causa en la presente litis constitucional de amparo, se considera que la violaci�n procesal de que se trata en el mismo, no obstaculiza la actualizaci�n del motivo de improcedencia en comento. En esas condiciones, al dejarse sin efectos el laudo reclamado, a virtud de la concesi�n de amparo decretada en el juicio de amparo n�mero 795/2006, que promovieron Ang�lica M.S., L.M.�a G.�a M.�nez y Mar�a D.N.H.�ndez, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., y siendo esto as�, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el art�culo 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento legal.

CUARTO

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver, por mayor�a de votos, los amparos directos 296/2005 (relacionado con el amparo directo 295/2005) en sesi�n de treinta de septiembre de dos mil cinco, 176/2005 (relacionado con el amparo directo 177/2005) en sesi�n de diez de agosto de dos mil cinco, 961/2004 (relacionado con el amparo directo 962/2005) en sesi�n de trece de abril de dos mil cinco, 883/2004 (relacionado con el amparo directo 882/2004) en sesi�n de dos de marzo de dos mil cinco, 870/2004 (relacionado con el amparo directo 869/2004) en sesi�n de once de febrero de dos mil cinco, 643/2003 (relacionado con el amparo directo 642/2003) en sesi�n de ocho de octubre de dos mil tres y 350/2003 (relacionado con el amparo directo 349/2003) en sesi�n de veinticinco de junio de dos mil tres, estableci�, en lo que al caso interesa:

  1. directo 296/2005:

    SEXTO. Son inoperantes los conceptos de violaci�n en que se aduce la existencia de dos violaciones de car�cter procesal. En primer t�rmino, la quejosa aduce que la autoridad responsable violent� el procedimiento en su agravio, toda vez que no estudi� la excepci�n de competencia por declinatoria que plante� al dar contestaci�n a la demanda instaurada en su contra por P.P.C.; y que a pesar de ello, la Junta sigui� el procedimiento laboral hasta dictar el laudo que aqu� se impugna, por cuyo motivo solicita el amparo y protecci�n de la Justicia Federal, a fin de que se reponga el procedimiento y se estudie dicha excepci�n. Es inoperante el anterior motivo de disenso, pues ante la omisi�n de la responsable de atender su excepci�n de competencia y, por ende, continuar instruyendo el procedimiento laboral, declar�ndose impl�citamente competente, sin resolver previamente tal cuesti�n, debi� promover el amparo indirecto. Ello es as�, ya que el auto por el cual la autoridad declara su competencia constituye un acto dentro de juicio cuya ejecuci�n es de imposible reparaci�n, en virtud de que esta determinaci�n se emite en atenci�n a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo; de manera que si aquella resoluci�n no se combate a trav�s del amparo indirecto, el efecto que producir�a ese consentimiento ser�a el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente. Al respecto son aplicables, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de A., las jurisprudencias P./J. 55/2003 y P./J. 20/2003, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas en las p�ginas 5 y 10, Tomos XVIII, septiembre y julio de 2003, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubros y textos dicen: �AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCI�N QUE DESECHA LA EXCEPCI�N DE FALTA DE COMPETENCIA.� (se transcribe). �AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISI�N, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.� (se transcribe). En ese sentido igualmente se pronunci� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia publicada en la p�gina 203, T.X., agosto de 2002, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A T�TULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.� (se transcribe). En esas condiciones, devienen inoperantes los conceptos de violaci�n que sobre la competencia vierte el promovente del amparo, ya que no es jur�dico estimar que pueda examinarse esa cuesti�n en amparo directo, puesto que, se repite, tal acto reviste una ejecuci�n de imposible reparaci�n, de manera que debi� impugnarse a trav�s del juicio de amparo indirecto, previo el incidente respectivo. En otro aspecto, el instituto quejoso se duele de que en su escrito de contestaci�n de demanda solicit� que se llamara a juicio a Mar�a A.F., Altos Hornos de M�xico y a Refractarios B�sicos, Sociedad An�nima, quienes fueron patrones de P.P.C., aqu� tercero perjudicado, por estimar que dichos patrones podr�an resultar perjudicados, en su caso, al dictarse el laudo condenatorio, dado que se les incrementar�a el grado de siniestralidad y en consecuencia el grado de riesgo, as� como tambi�n porque el Instituto Mexicano del Seguro Social se reservar�a el derecho de aplicar capitales constitutivos en el caso de que se diera la figura de patr�n omiso, pero que a pesar de ello la Junta responsable en la audiencia de dieciocho de marzo de dos mil dos, determin� desechar tal petici�n por considerar que de autos no se desprend�a que dichos patrones pudieran resultar perjudicados, adem�s de que en el escrito de demanda no se les reclamaba nada, determinaci�n que estima ilegal y, por ello, solicita el amparo y protecci�n de la Justicia de la Uni�n a fin de que se reponga el procedimiento y se efect�e el llamamiento a juicio de los patrones referidos. Es inoperante el concepto de violaci�n sintetizado. En principio, es necesario precisar que el quejoso est� en condiciones para aducir la anterior inconformidad y que es la v�a correcta para ello, de conformidad con la jurisprudencia por contradicci�n 2a./J. 63/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada a p�gina 309, T.X., agosto de 2000, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SE�ALAN CON TAL CAR�CTER S�LO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO.� (se transcribe). Ahora, el art�culo 690 de la Ley Federal del Trabajo dispone: �Art�culo 690.� (se transcribe). El precepto antes transcrito autoriza la intervenci�n en el procedimiento laboral del tercero que tenga inter�s jur�dico, ya sea compareciendo de manera espont�nea o conforme al llamamiento que realice la Junta, acorde a la facultad potestativa que le otorga el indicado ordenamiento, lo que tambi�n implica que una vez que participa en el litigio est� en posibilidad de oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estime convenientes y, desde luego, que en tal procedimiento act�a por inter�s propio, originario, exclusivo e independiente en defensa de los derechos que le asisten y que, eventualmente, se encuentran sujetos a la controversia jurisdiccional. Su situaci�n, por tanto, es aut�noma de las partes, pues una vez que participa en el juicio con todas las formalidades que establece el art�culo 14 constitucional, concedi�ndosele la oportunidad de ser o�do en defensa, queda sujeto a lo que resuelva la Junta al pronunciar el laudo. El instituto demandado en la contestaci�n solicit� el llamamiento a juicio de los patrones referidos porque en su concepto �... pueden resultar perjudicados al momento de dictar laudo condenatorio para mi representado dado que se les incrementar�a el grado de siniestralidad y en consecuencia el grado de riesgo, as� como tambi�n el Instituto se reservar�a el derecho de aplicar capitales constitutivos para el caso de que se diera la figura de patr�n omiso ...� (foja 9 del juicio laboral). La responsable desech� esa solicitud, porque estim� que de autos no se desprend�a que a los patrones referidos por el instituto demandado les pudiera resultar perjuicio, adem�s de que en el escrito de demanda no se les reclamaba ninguna prestaci�n. Precisado lo anterior, lo inoperante de su argumento radica en las causas por las cuales consider� el instituto quejoso que debi� de llamarse a juicio a lo patrones referidos, ya que el inter�s que afirma puede ser perjudicado, lo hace depender de que: �... que se les incrementar�a el grado de siniestralidad y en consecuencia el grado de riesgo, as� como tambi�n el instituto se reservar�a el derecho de aplicar capitales constitutivos para el caso de que se diera la figura de patr�n omiso ...�, y esto, como se ve, no importa una afectaci�n en la esfera de derechos del instituto quejoso; y as�, la sola desestimaci�n de la petici�n en t�rminos del art�culo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no trae aparejado que el Instituto Mexicano del Seguro Social resienta una lesi�n a sus derechos fundamentales. M�xime que no se advierte que el laudo le irrogue perjuicio los referidos terceros pues en el mismo no se emite alguna consideraci�n al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.1o.C.T.52 L, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la p�gina 690, T.V., agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a la Novena �poca, que este tribunal comparte y que establece: �CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES, LO SON SI EL PATR�N ALEGA FALTA DE LLAMAMIENTO DE UN TERCERO A JUICIO, SIN PRECISAR LOS EXTREMOS QUE PRETENDE JUSTIFICAR CON ELLO.� (se transcribe). En t�rminos similares se pronunci� este tribunal -entre otros- en los amparos directos 400/2003, 580/2003 y 918/2004, resueltos en sesi�n de dos de julio y uno de octubre de dos mil tres y nueve de marzo de dos mil cinco, respectivamente. S�PTIMO. no se har� el estudio de los conceptos de violaci�n que vierte el Instituto quejoso en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que mediante ejecutoria pronunciada en esta fecha, en el diverso juicio de amparo directo 296/2005, este Tribunal Colegiado concedi� al aqu� tercero perjudicado P.P.C. y otro, la protecci�n constitucional en los siguientes t�rminos: (se transcriben). De donde se sigue que, si a virtud de la ejecutoria mencionada, cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que respecta a la controversia laboral planteada por el aqu� tercero perjudicado P.P.C., es inconcuso que ello hace innecesario el estudio de las cuestiones que ven al fondo del asunto. Sin embargo, debe decirse que tal circunstancia no imped�a a este Tribunal Colegiado realizar el estudio relativo a las violaciones procesales planteadas por el instituto quejoso, puesto que el hecho de que el tribunal del amparo haya otorgado la protecci�n constitucional al aqu� tercero perjudicado y quejoso en el diverso juicio de amparo relacionado, no lleva como consecuencia necesaria el sobreseimiento en el presente juicio relacionado, pues ello s�lo procede cuando por virtud de los efectos de la protecci�n constitucional, los motivos de inconformidad hechos valer en el diverso relacionado quedan pr�cticamente sin materia, hip�tesis en la que, como se vio, no caben las cuestiones planteadas como violaciones procesales. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violaci�n aducidos, lo que procede es negar al instituto quejoso el amparo y protecci�n de la Justicia Federal que solicita, por lo que respecta al acto que se reclama de la Junta Especial N�mero Diecinueve de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje en el Estado, negativa que se hace extensiva a los actos de ejecuci�n que se atribuyen al presidente y actuario ejecutor adscritos a la misma, al no reclamarse por vicios propios, atentas las razones que sustentan a la tesis de jurisprudencia n�mero 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, T.V., Materia Com�n, p�gina 72, que establece: �AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACI�N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.� (se transcribe).

  2. directo 176/2005:

    S�PTIMO. Cabe se�alar en cuanto a los conceptos de violaci�n hechos valer por la parte quejosa, mediante el que se alega violaci�n a las reglas fundamentales del procedimiento laboral, son inoperantes y fundados pero inoperantes. El quejoso aduce esencialmente en su primer concepto de violaci�n, que la responsable no fundamenta el motivo por el cual le neg� el tr�mite del incidente de personalidad planteado, adem�s de que para probar su afirmaci�n efectuada respecto a las manifestaciones hechas en contra de la personalidad del apoderado del actor ofreci� la prueba pericial cal�grafa, es decir, de lo que se duele en esencia es la negativa de la responsable de dar tr�mite al respectivo incidente de personalidad y la cuesti�n al ofrecimiento de la prueba pericial, sin embargo, ello es materia de prueba en caso de que se hubiera admitido ese incidente. En efecto, como se asent�, es inoperante el concepto de violaci�n sintetizado, ya que la Junta se pronunci� en el sentido de que: (se transcribe). Es decir, reconoci� la personer�a de quien compareci� a la audiencia en nombre del actor, de ah� que el demandado ten�a que haber reclamado esa determinaci�n a trav�s del juicio de amparo indirecto, el cual era procedente por tratarse de un acto dentro de juicio cuya trascendencia y magnitud afectaba al quejoso en grado predominante o superior, por tratarse de una cuesti�n de personalidad previamente al fondo, la que -se insiste- era combatible mediante el juicio constitucional de amparo indirecto y no como una violaci�n a las leyes del procedimiento laboral reclamable en amparo directo. Luego, como el peticionario de amparo no atac� esa determinaci�n en su oportunidad, el motivo de disenso que esgrime al respecto se torna inoperante, por no ser factible su an�lisis en la v�a en que la propuso. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se localiza en la p�gina 11, T.X., enero de 2001, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece: �PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCI�N QUE DIRIME ESTA CUESTI�N, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.� (se transcribe). As� como la tesis jurisprudencial n�mero 365, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se localiza a foja 300, Tomo V, volumen 1, Materia del Trabajo, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dispone: �PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPEC�FICO SOBRE LA CUESTI�N, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.� (se transcribe). En otro aspecto, cabe se�alar que es inoperante lo alegado por la parte quejosa en su segundo concepto de violaci�n atinente a que la Junta responsable viol� el procedimiento al admitir una demanda obscura, toda vez aduce que la parte actora no precis� las circunstancias de lugar, tiempo y modo que establece la jurisprudencia, ya que �nicamente manifiesta haber sido despedido por Ra�l R.R. sin establecer en ning�n momento el lugar o el c�mo, limit�ndose a se�alar la fecha pero sin se�alar el horario. Ello es as�, toda vez que la Junta responsable no analiz� el hecho del despido, sino que la responsable le arroj� la fatiga procesal a la demandada de acreditar la excepci�n opuesta por la patronal relativa a que el actor renunci� a su empleo y consider� acreditado tal evento con la comunicaci�n de quince de enero de dos mil cuatro. Por tanto, la supuesta obscuridad que pudiese presentar la demanda laboral en cuanto al despido en nada trascendi� al sentido del laudo. Finalmente, es fundado pero inoperante lo alegado por la parte quejosa en su tercer concepto de violaci�n, referente a que la Junta responsable admiti� una prueba que no propuso la parte actora. Al respecto precisa se�alar que la parte actora ofreci� la prueba confesional de la siguiente manera: (se transcribe). La parte demandada respecto a dicho medio de convicci�n se�al�: (se transcribe). La Junta responsable respecto de dicho medio de convicci�n consider�: (se transcribe). De lo anterior se desprende que, si bien la Junta responsable admiti� la prueba por la persona que result� ser representante de las personas morales demandadas J.C.M., lo cierto es que su desahogo no le causa perjuicio, toda vez que la Junta responsable no tom� en cuenta dicho medio de convicci�n para efectuar condena alguna. Y es que conforme a lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n III, de la Constituci�n General de la Rep�blica y 158 de la Ley de A., para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo es necesario que se re�nan los siguientes requisitos: a) Que afecten las defensas del quejoso; y, b) Que trasciendan al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicadas con los n�meros 48 y 61, T.V., P.S., p�ginas 30 y 39, respectivamente, del Ap�ndice de 1995, que disponen: �AMPARO DIRECTO. CU�NDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES.� (se transcribe). �AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CU�NDO Y C�MO PROCEDE.� (se transcribe). Luego, es inconcuso que no se surten los aludidos requisitos, ya que como se ha visto, la admisi�n y desahogo de dicho medio de convicci�n no trascendi� al resultado del laudo dejando sin defensas al quejoso. En ese contexto, al resultar infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violaci�n al procedimiento hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sin que sea oportuno examinar las cuestiones de fondo que hace valer en los restantes conceptos de violaci�n, dado que en el juicio de amparo directo n�mero 177/2005, relacionado con el presente, promovido por el actor en el juicio laboral, en ejecutoria pronunciada por este tribunal en esta misma fecha, se concedi� el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que: 1. Deje insubsistente el laudo impugnado; y. 2. Reponga el procedimiento, a fin de que: 2.1. Reitere las absoluciones relativas a los conceptos de reparto de utilidades y prima dominical. 2.2. Requiera al aqu� quejoso para que aclare la demanda laboral, y precisen cu�les son las cantidades que se le adeuda por concepto de fondo de ahorro y los periodos en los cuales ahorr�. 2.2. Provea lo necesario para que tanto el perito de la intenci�n del actor como el de la demandada acepten y protesten desempe�ar su cargo con arreglo a la ley. En consecuencia, las violaciones de forma y fondo aducidas por la quejosa en los dem�s conceptos de violaci�n quedar�n insubsistentes con motivo de la reposici�n del procedimiento ordenado en el amparo 177/2005, relacionado con el presente juicio.

  3. directo 961/2004:

    "SEXTO. Son fundados pero inoperantes, infundados e inoperantes los conceptos de violaci�n de �ndole procesal, los cuales por cuesti�n metodol�gica ser�n analizados en orden diverso a como fueron pronunciados. La empresa quejosa manifiesta en el noveno y d�cimo motivos de desacuerdo plasmados en la ampliaci�n de la demanda de garant�as que la actora en el desahogo de la prueba confesional, se condujo con evasivas al responder las preguntas diez a doce y veintiuno del interrogatorio libre, no obstante que fue apercibido para que contestara en forma clara y directa, ya que el trabajador manifest� que la respuesta a esas interrogantes estaba en la demanda lo cual es falso, pues en ese libelo no existe respuesta de lo que se le pregunt�, por lo que afirma que la responsable debi� hacerle efectivo el apercibimiento y declararlo confeso al tenor de las posiciones relacionadas con las citadas preguntas; de lo que deviene ilegal la condena a horas extras y media hora de descanso. Es fundado pero inoperante la anterior inconformidad. Fundado, ya que no se cumplieron las reglas establecidas para el desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo del actor, pues se condujo con evasivas al contestar el interrogatorio libre, y con tal proceder se incumpli� lo preceptuado en la fracci�n VI del art�culo 790 de la Ley Federal del Trabajo. As�, los cuestionamientos diez a doce y veintiuno, de que ahora se duele la quejosa, son los siguientes: (se transcriben). Cabe precisar que, seg�n obra a foja ciento ocho, en el desahogo de la prueba confesional s�lo medi� protesta de ley pero no se hizo apercibimiento. Ahora, aun cuando s� fueron evasivas las respuestas al interrogatorio libre, las preguntas respectivas no se formularon conforme a las reglas establecidas en el art�culo 790 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, de manera que el interrogado contestara afirmando o negando, conforme a las razones de la ejecutoria de contradicci�n de tesis 2/2004, que m�s adelante se analizar�, de manera que carecer�a de efecto �til conceder el amparo para tal efecto, de donde deriva la inoperancia del concepto de violaci�n, seg�n la jurisprudencia 170 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n de 1917-2000, T.V., Materia Com�n, p�ginas 85 y siguiente, que establece: �CONCEPTOS DE VIOLACI�N FUNDADOS, PERO INOPERANTES.� (se transcribe). Aun cuando -prima facie- pudiera considerarse la existencia de una infracci�n procesal en raz�n de que la autoridad laboral no cumpli� con apercibir al absolvente para que contestara el pliego del interrogatorio libre sin evasivas, lo cierto es que, como se dijo, las preguntas diez a doce y veintiuno de la cual se duele la quejosa, no fueron redactadas en t�rminos de ley, por lo que ante tal irregularidad de origen, no es posible concluir que en la especie se actualiz� violaci�n procesal alguna. Para explicar lo anterior, resulta necesario precisar tanto la naturaleza jur�dica del interrogatorio libre como las reglas aplicables en el desahogo del mismo. Al efecto, el art�culo 776 de la Ley Federal del Trabajo, establece que son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho y se�ala en especiales las siguientes: I. Confesional; II. Documental; III. Testimonial; IV. Pericial; V.I.�n; VI. Presuncional; VII. Instrumental de actuaciones; y VIII. F.�as y, en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Por otro lado, el art�culo 778 de ese ordenamiento legal establece: (se transcribe). Finalmente el art�culo 781 de la ley referida establece: (se transcribe). Como se advierte de lo anterior, el legislador, en el art�culo 776 de la Ley Federal del Trabajo, en forma restrictiva se�al� los medios de pruebas que ser�n admisibles en el proceso laboral, entre las cuales no contempl� como tal al interrogatorio libre; a su vez, en el art�culo 778 de esa ley se determin� que las pruebas (las se�aladas en el art�culo 776 de ese ordenamiento legal) se deber�n ofrecer en la misma audiencia; posteriormente, en el art�culo 781 de la Ley Federal del Trabajo, el legislador precis� que las partes pod�an interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas (las se�aladas en el art�culo 776 confesional, documental, testimonial, pericial, inspecci�n, presuncional, instrumental de actuaciones; y fotograf�as y, en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia). De lo anterior se desprende que si el legislador restringi� las pruebas admisibles en el proceso laboral en el art�culo 776 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de �stas precis� la formalidad con que deben presentarse (art�culo 778 de la misma ley), y posteriormente se�al� que las partes pod�an interrogar libremente a las personas que intervinieran en el desahogo de las pruebas (art�culo 781 del ordenamiento legal referido), sin precisar en el numeral en cita mayor formalidad en su presentaci�n, es evidente que su intenci�n fue la de permitir a las partes en un procedimiento laboral, la oportunidad de perfeccionar las pruebas especificadas en el numeral citado en primer lugar en este apartado, en el momento mismo de su desahogo, sin mayor requisito formal. Por tanto, de lo expuesto se advierte que fue concreta la intenci�n del legislador en el sentido de que el interrogatorio libre no es una prueba aut�noma sino una accesoria de las que se se�alan en el art�culo 776 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que su ofrecimiento, incluso, es oportuno en el desahogo de esos medios probatorios, pues si hubiera querido que el interrogatorio libre fuese una prueba independiente, as� lo habr�a establecido en el art�culo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que hubiese dado lugar a que se ofreciera en t�rminos del art�culo 778 del citado ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia n�mero 133/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se�ala: �INTERROGATORIO LIBRE EN MATERIA LABORAL. SU OFRECIMIENTO ES OPORTUNO EN EL DESAHOGO DE PRUEBAS.� (se transcribe). (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, septiembre de 2004, p�gina 223). Precisada la naturaleza jur�dica del interrogatorio libre como medio accesorio de perfeccionamiento -o complementario- de las expresamente establecidas en el art�culo 776 de la Ley Federal de Trabajo, la consecuencia necesaria es que en su desahogo imperen las reglas espec�ficas en la propia ley en cita para el desahogo de la prueba principal respecto de la que se ofrece. As�, cuando se ofrece el interrogatorio libre como medio accesorio de perfeccionamiento -o complementario- de la confesional por posiciones, las reglas de �sta deber�n aplicarse en el desahogo de aqu�l, y tal apreciaci�n encuentra soporte jur�dico en la jurisprudencia n�mero 164/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyo texto informa: �INTERROGATORIO LIBRE EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. CUANDO SE OFRECE COMO COMPLEMENTO DE LA PRUEBA CONFESIONAL, LE SON APLICABLES LAS NORMAS QUE REGULAN �STA.� (se transcribe). (Jurisprudencia n�mero 2a./J. 164/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena �poca, p�gina 389). Por su importancia al caso, es conveniente transcribir la parte medular de la contradicci�n 2/2004, de la cual derivara la jurisprudencia referida. (se transcribe). De suerte que conforme a la transcripci�n anterior, si el interrogatorio libre se ofrece como medio accesorio de la confesional por posiciones, las preguntas deber�n satisfacer las reglas que rigen en la prueba de posiciones, esto es, ser precisas, no deben abarcar m�s de un hecho controvertido y no deben ser insidiosas, in�tiles o dubitativas (art�culo 790, fracci�n II, de la Ley Federal de Trabajo), todo ello para que de acuerdo con la mec�nica de su desahogo no se impida al absolvente dar una contestaci�n afirmativa o negativa como la norma que regula la prueba principal lo prev� (art�culo 790, fracci�n VI del mismo ordenamiento precitado). Lo expuesto con antelaci�n cobra relevancia en el particular, ya que, atento a los t�rminos de las preguntas del interrogatorio libre, se advierte que no fueron redactadas en forma precisa a modo de que el absolvente tuviera oportunidad de dar una contestaci�n afirmativa o negativa, pues no encierran un hecho concreto afirmado por el articulante respecto del cual el absolvente hubiera estado en condiciones de aceptarlo o refutarlo; por el contrario, est�n estructuradas en forma tal que era al propio deponente a quien se exige revelara tanto el hecho que se pretend�a averiguar como sus particularidades, a saber que informara: sobre el tiempo extra, el horario, la jornada y la forma en que se encontraban los recibos de pago de salario al momento de suscribirlos. De ah� que la estructura imprecisa de las preguntas del interrogatorio libre en comento -llamadas t�cnicamente posiciones por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuando son accesorias en la confesional por posiciones-, imped�a a los absolventes dar una contestaci�n afirmativa o negativa, incumpli�ndose as� el requisito previsto en el art�culo 790, fracci�n VI, de la Ley Federal de Trabajo. Es aplicable la tesis XCVII/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, diciembre de 2004, Materia del Trabajo, visible en la p�gina 561, que establece: �INTERROGATORIO LIBRE EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. CUANDO SE OFRECE EN LA DILIGENCIA DE DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL, EN LA FORMULACI�N DE POSICIONES DEBE SEGUIRSE LA MEC�NICA QUE RIGE PARA �STA.� (se transcribe). Por consiguiente, dada la irregularidad de origen en la formulaci�n de las preguntas del interrogatorio libre, habr� de concluirse que a pesar de que fueron calificadas de legal por la responsable, no es posible sostener desde el punto de vista l�gico-jur�dico que el absolvente hubiese actuado evasivamente al responderlas como lo hizo y, menos que, ante tales respuestas, se generara un derecho a favor del oferente a fin de que la Junta los conminara para que las contestara afirm�ndolas o neg�ndolas, pues, como antes se dijo, su formulaci�n incumpli� con los requisitos del art�culo 790, fracciones II y VI, de la Ley Federal del Trabajo, al no contener un hecho concreto afirmado por el articulante respecto del cual el absolvente estuviera en condiciones de responder, ya afirmando, ya negando. Motivos por los que, se concluye, no hay infracci�n procesal que amerite reponer el procedimiento del juicio laboral. Sobre el tema de la no generaci�n del derecho cuando el acto proviene de alguna infracci�n a la ley, es orientadora la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que establece: �DERECHOS, ORIGEN DE LOS.� (se transcribe). (Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo IV, p�gina 934). Por otra parte, la agraviada expresa en el sexto concepto de violaci�n plasmado en la ampliaci�n de demanda que en el desahogo de la prueba pericial t�cnica por adici�n, respecto del perito tercero en discordia, se solicit� que se realizara un ejercicio, en el cual se tomara un recibo original en blanco, �ste con su pasante y su copia pegada en la parte posterior, con el fin de verificar que el golpe de estampe no pasa a la copia al carb�n, no obstante quedar perfectamente impreso en el original; sin embargo, la autoridad se reserv� ese prove�do y posteriormente dict� un acuerdo donde resolvi� la improcedencia del ejercicio, el cual no notific� con base en el art�culo 742, fracci�n V, de la Ley Federal del Trabajo. Aduce que la responsable se fund� en que no se trataba de una prueba superveniente, lo que es inexacto, dado que al momento de ofrecer la prueba pericial t�cnica se desconoc�a el resultado de �sta, siendo que los recibos de pago estaban totalmente llenados para la fecha en que el actor los suscribi�. Son inoperantes los anteriores motivos de inconformidad. El apoderado de la parte demandada, en audiencia de diez de febrero de dos mil cuatro manifest� respecto del dictamen del perito tercero en discordia lo que enseguida se transcribe: (se transcribe). La Junta se reserv� el prove�do respecto de la prueba superveniente ofrecida por la demandada y posteriormente dict� el siguiente acuerdo: (se transcribe). Ahora, la inoperancia del motivo de inconformidad radica en que el denominado �ejercicio� fue ofrecido para que la responsable �... poniendo a la vista del profesionista cuestionado diversos recibo tapando la fecha dictamine cu�l fue primero, este ejercicio deber� de realizarse en m�s de cinco ocasiones para evitar que el 50% de probabilidad beneficie por azar a quien contesta inclusive resulta aplicable, poner a la vez tres documentos para que la perito intente en orden determinar cu�l firma pues (sic) puesta primero y cual despu�s en orden cronol�gico en este orden de ideas solicito al C.S. que interviene que al azar seleccione cinco pares de recibos de diversas fechas, y poni�ndolos a la vista del perito en presencia de su fe se le cuestione cu�l firma fue puesta primero con esto demostraremos que es imposible que el perito pueda determinar la cronolog�a de la antig�edad de las tintas en los t�rminos que pretenden, el �ltimo ejercicio deber� de elegirse tres documentos para que la perito cuestionada cronol�gicamente indique cu�l es el primero, cu�l es el segundo y cu�l tercero ...� (fojas 130-131); pero no para los t�rminos que indica la quejosa en su concepto de violaci�n, esto es, para se tomara un recibo original en blanco, �ste con su pasante y su copia pegada en la parte posterior, con un sello que obedece a la misma naturaleza del que se encuentra estampado en los documentos objetados, con el fin de demostrar que �... el golpe de estampe no pasa a la copia al carb�n, esto no obstante quedar perfectamente impreso en el original ...�; por lo que al ser inexacta la premisa de la que parte y referirse a otro medio de prueba, deviene inoperante su afirmaci�n. Adem�s, es inoperante la inconformidad, dado que no dice el porqu� fue notificado en forma deficiente del prove�do de once de marzo de dos mil cuatro, esto es, no informa la raz�n por la cual en dicha notificaci�n no se cumplieron las reglas previstas en la fracci�n V del art�culo 742 de la Ley Federal del Trabajo, lo que era necesario a fin de evidenciar si la Junta incurri� o no en las violaciones que alega la quejosa. Ahora, si lo que la quejosa pretende expresar es que no fue notificada del citado acuerdo de once de marzo de dos mil cuatro, ello resulta inexacto, dado que del propio prove�do se desprende que se orden� la notificaci�n por lista, de ah� que la agraviada debi� demostrar que tal notificaci�n no se realiz� como lo alega y desvirtuar la fe p�blica de la que gozan los actos de autoridad, lo que no hizo; por lo que al ser inexacta la premisa de la que parte su motivo de desacuerdo, como se dijo, resulta inoperante. No escapa a la consideraci�n de este tribunal, el contenido de la jurisprudencia por contradicci�n 2a./J. 65/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada con el n�mero de registro 186512, a p�gina 259, T.X., julio de 2002, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece: �NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPU�S DEL LAUDO.� (se transcribe). Sin embargo, la excepci�n que se menciona en dicha tesis es aplicable al caso concreto, toda vez que la falta o deficiente notificaci�n que arguye, se realiz� con el dictado del auto de once de marzo de dos mil cuatro, siendo que el cierre de instrucci�n es de esa fecha, y el laudo se dict� el veintiocho de junio del citado a�o, sin que se advierta de autos del juicio laboral, que la quejosa haya tenido intervenci�n en alguna diligencia en ese inter y, por tanto, no existe actuaci�n que revele que la agraviada o su representante legal tuvieron conocimiento del contenido de ese acuerdo con anterioridad al dictado del laudo reclamado, por lo que no estuvo en condiciones de promover el incidente de nulidad, previsto en los art�culos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo. Empero, ello no impide que la inconformidad se declare inoperante por las razones contenidas en esta ejecutoria. M�xime que por ser la agraviada la parte patronal, no procede suplir la deficiencia de la queja, salvo el caso de que exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que haya declarado inconstitucional alg�n precepto aplicado por la Junta, lo que no sucede en la especie. Es aplicable, el criterio sustentado en la jurisprudencia por contradicci�n de tesis 42/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a p�gina 305, T.V., septiembre de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta que establece: �SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.� (se transcribe). En ese contexto, al resultar fundados pero inoperantes, infundados e inoperantes los conceptos de violaci�n al procedimiento hechos valer por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo solicitado. Sin que sea oportuno examinar el concepto de violaci�n marcado como cuarto, en el que la quejosa afirma que la responsable admiti� ilegalmente la prueba pericial caligr�fica y grafosc�pica del actor; ya que el estudio de este motivo de desacuerdo incidir�a en la valoraci�n que de esa prueba realiz� la Junta, lo que debe hacerse en el laudo y no como violaci�n procesal. Asimismo, no es factible analizar las cuestiones de fondo que hace valer en los restantes conceptos de violaci�n, dado que en el juicio de amparo directo n�mero 962/2004, relacionado con el presente, promovido por el actor en el juicio laboral, en ejecutoria pronunciada por este tribunal en esta misma fecha, se concedi� el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que: �... 2.1. Se�ale d�a y hora para que el actor sea reincorporado, salvo por causas imputables a las partes ...�. En consecuencia, las violaciones de fondo aducidas por la empresa quejosa en los dem�s conceptos de violaci�n quedar�n insubsistentes con motivo de la reposici�n del procedimiento ordenado en el amparo 962/2004, relacionado con el presente juicio. La negativa del amparo se hace extensiva a la autoridad ejecutora presidente de la Junta responsable, conforme a la tesis de jurisprudencia n�mero 91, emitida por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 72, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, del tenor siguiente: �AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACI�N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.� (se transcribe)."

  4. directo 883/2004:

    QUINTO. Son inoperantes e infundados los conceptos de violaci�n de �ndole procesal que expresa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El quejoso afirma en el primer concepto de violaci�n que fue indebida la deserci�n de la prueba testimonial ofrecida de su intenci�n, dado que se cubrieron los requisitos que se�ala el art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, dice, la responsable en forma ilegal oblig� al instituto a presentar directamente a los testigos en la audiencia y lo apercibi� de que en caso de no hacerlo as� ser�a declarada desierta la prueba, lo cual cumpli� en audiencia de veintiuno de agosto de dos mil tres y, por ende, lo priv� de un medio de convicci�n, dej�ndole en completo estado de indefensi�n. El quejoso propuso la prueba testimonial en los t�rminos siguientes: (se transcribe). Posteriormente, en audiencia de ofrecimiento de pruebas realizada el once de marzo de dos mil tres, adicion� dicha prueba de la forma siguiente: (se transcribe). La Junta admiti� la prueba como enseguida se transcribe: (se transcribe). Posteriormente, en audiencia de veintiuno de agosto de dos mil tres, ante la inasistencia de los testigos M.V.R. y C.G.R., determin� lo siguiente: (se transcribe). De lo narrado se desprende que el quejoso al ofrecer la prueba testimonial manifest� la imposibilidad de hacer comparecer a los testigos G.G.M. y M.V.R., mas no a C.G.R., para lo cual ofreci� el domicilio de la empresa en donde pod�an ser citados; sin embargo, la responsable, mediante acuerdo decretado en audiencia de once de marzo de dos mil tres, admiti� esa prueba y arroj� al demandado la carga de presentar a los testigos el d�a fijado para la audiencia respectiva, con el argumento de que �... deber� de presentar personalmente a los testigos por estar bajo su subordinaci�n y dependencia econ�mica y no existir impedimento para presentarlos directamente ...�; que se realiz� el veintiuno de agosto de aquel a�o, en la cual ante la inasistencia de los testigos declar� desierta la prueba, por lo que hace a las dos �ltimas personas citadas. Precisado lo anterior, es inoperante el anterior motivo de inconformidad, toda vez que en �ste el quejoso afirma de manera dogm�tica que en el ofrecimiento de la prueba testimonial se cumpli� con lo establecido en el art�culo 813 de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual fue ilegal que la Junta le impusiera la carga de presentar directamente a los testigos; empero, omiti� controvertir las razones dadas por la responsable tocantes a que los testigos estaban bajo su subordinaci�n y dependencia econ�mica, por lo que no exist�a impedimento para presentarlos directamente. Al respecto, la Segunda Sala de la actual integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia que m�s adelante se citar�, emiti� el criterio de que cuando se ofrezca prueba testimonial en el juicio laboral y se solicite a la Junta citar a los testigos por estar imposibilitado el oferente para presentarlos, �ste debe invocar esos motivos y la autoridad de trabajo analizarlos, o sea que �la Junta debe hacer una prudente estimaci�n de los motivos de la imposibilidad que se aduce�. O sea que la Junta si estima que esos motivos no son constitutivos de la imposibilidad alegada, dejar� al oferente la carga de presentar a los testigos de su intenci�n. Dicha jurisprudencia es la n�mero 114/2002 cuya aplicaci�n resulta obligatoria para este tribunal, conforme al art�culo 192 de la Ley de A., aparece publicada con el n�mero de registro 185627, a p�gina 297, T.X., octubre de 2002, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece: �TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR SI ES SUFICIENTE LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTARLOS ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE.� (se transcribe). Derivada de esa facultad fue que la Junta, bien o mal, consider� que los motivos expresados por la instituci�n quejosa no presentaban imposibilidad para presentar a los testigos. Luego, si el agraviado nada expuso respecto a la consideraci�n toral de la responsable para arrojarle la carga de presentar directamente a los testigos, pues no combate la circunstancia de que tales personas se encuentren bajo su subordinaci�n y dependencia econ�mica y, por ende, que a juicio de la Junta no exist�a impedimento para presentarlos; debe estimarse que este tribunal no est� en condiciones de examinar la legalidad o ilegalidad de tal consideraci�n, porque el impetrante de garant�as no expone, con argumentos suficientes que muestren la causa de pedir, las razones por las cuales el tribunal del trabajo vulner� sus garant�as individuales. De tal manera que si el instituto quejoso no controvierte el razonamiento dado por la Junta para arrojarle la carga de presentar a los testigos, es inconcuso que lo alegado deviene inoperante, si se tiene en cuenta que debe realizar razonamiento que demuestre la transgresi�n de garant�as impugnada, porque pretender lo contrario implicar�a dejar en estado de indefensi�n a la otra parte, la trabajadora, aunada la circunstancia de que no se est� en el caso de suplir la deficiencia de la queja, porque del laudo reclamado no se desprende que se hubiera aplicado en perjuicio del agraviado una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; lo anterior, conforme al criterio jurisprudencial 42/97, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicado en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, jurisprudencia, Volumen 1, p�ginas 494 y siguiente, cuya aplicaci�n es obligatoria en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 192 de la Ley de A., que informa: �SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.� (se transcribe). Asimismo, es aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada con el n�mero 8 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000 (actualizaci�n 2002), T.V., Materia Com�n, secci�n jurisprudencia SCJN, p�gina 12, con el rubro y texto siguiente: �CONCEPTOS DE VIOLACI�N O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.� (se transcribe). Por otra parte, en el segundo concepto de violaci�n el quejoso aduce que las actuaciones de la responsable son violatorias de las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que en el acuerdo admisorio de dieciocho de octubre de dos mil uno, en las audiencias de diecis�is, uno de marzo, veintid�s de abril, catorce de junio, seis de septiembre, cuatro de noviembre de dos mil dos; audiencias de seis de enero, catorce de febrero, veintiuno de agosto de dos mil tres, no constan todas las firmas que deben contener conforme lo prev�n los art�culos 609, 610 y 620 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos que se�alan la integraci�n y funcionamiento de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje, por lo que, en su opini�n se vulneraron las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal. Lo anterior, como se dijo, resulta infundado por las siguientes razones: Los art�culos 609, 610, 620, fracci�n II, inciso a), 837 y 839 de la Ley Federal del Trabajo establecen, respectivamente: �Art�culo 609.�, �Art�culo 610.�, �Art�culo 620.�, �Art�culo 837.� y �Art�culo 839.� (se transcriben). Ahora bien, de una interpretaci�n arm�nica de los preceptos transcritos, se pone de manifiesto que, por regla general, las actuaciones de las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje deben realizarse en forma colegiada; sin embargo, esa regla general admite las excepciones contenidas en el art�culo 620, fracci�n II, inciso a), transcrito, que permite que el presidente o el auxiliar dicten las resoluciones que procedan durante la tramitaci�n de los conflictos individuales o colectivos de naturaleza jur�dica, si no est� presente ninguno de los representantes, lo que pone de manifiesto que si en el caso el auto admisorio de la demanda realizado el dieciocho de octubre de dos mil uno no se encuentra firmado por todos los integrantes de la Junta, dado que s�lo ostenta dos firmas, despu�s de la leyenda �As� lo acordaron los CC. Representantes que integran la Junta Especial N�mero 19 de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje� (foja 3), es inconcuso que esa omisi�n no le resta validez, por tratarse de un acuerdo de mero tr�mite, ya que basta que est� firmado por el presidente o el auxiliar, como acontece en el caso, donde se puede llegar a la v�lida conclusi�n de que, por lo menos, ese auto se encuentra firmado por el auxiliar, que es quien puede sustituir al presidente durante la tramitaci�n de los juicios, acorde a lo dispuesto por el art�culo 610 reproducido en l�neas que anteceden. Resulta aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia n�mero 8/95 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 211 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, 1o. mayo de 1995, Novena �poca, que a la letra dispone: �DEMANDA LABORAL. EL AUTO ADMISORIO PUEDE SER DICTADO V�LIDAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE O POR EL AUXILIAR.� (se transcribe). Similar situaci�n acontece con el resto de las diligencias que cita el inconforme, pues si bien este Tribunal Colegiado en innumerables ejecutorias sostuvo el criterio que hace valer el quejoso, lo cierto es que fue superado por las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se transcribir�n m�s adelante, de acuerdo con las cuales, cuando el secretario hace constar que la Junta estuvo debidamente integrada en esos actos procesales (como acontece en el caso en cada una de las diligencias que impugna), donde al inicio se estableci� por el funcionario actuante �encontr�ndose legalmente integrada esta Junta Especial N�mero 19 de la Federal de Conciliaci�n y Arbitraje�, o bien �encontr�ndose legalmente integrada esta H. Junta ...�, u otra expresi�n similar, pero al final no constan las firmas correspondientes, en t�rminos del art�culo 839 de la Ley Federal del Trabajo, esa omisi�n hace presumir que los representantes est�n de acuerdo con ella; supuesto distinto al que prev� el art�culo 846 de la citada legislaci�n del trabajo, en el cual los representantes de trabajadores o patrones se niegan a firmar aqu�llas, pues en este caso el secretario de la Junta deber� requerirlos para tal efecto. Dichas jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, marcadas con los n�meros 147/2004 y 148/2004, publicadas en las p�ginas 381 y 380 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, Novena �poca, son en su orden del tenor literal siguiente: �PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL . SI EN EL ACTA RELATIVA A SU ADMISI�N EL SECRETARIO DE ACUERDOS DA FE DE QUE LA JUNTA DE CONCILIACI�N Y ARBITRAJE SE ENCUENTRA INTEGRADA, SE ENTIENDE QUE EST� CONFORMADA POR EL PRESIDENTE O AUXILIAR, EL SECRETARIO Y LOS REPRESENTANTES DE TRABAJADORES Y PATRONES.� (se transcribe). �PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EL SECRETARIO DE ACUERDOS DA FE DE QUE LA JUNTA EST� DEBIDAMENTE INTEGRADA, PERO EL ACTA RELATIVA A LA ADMISI�N DE AQU�LLAS NO EST� FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES O PATRONES, SE ENTIENDE QUE EST�N CONFORMES CON ELLA.� (se transcribe). En similares t�rminos se resolvi� el juicio de amparo directo laboral 733/2004, promovido por el organismo quejoso, en sesi�n de veintiuno de enero de dos mil cinco. En ese contexto, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violaci�n al procedimiento hechos valer por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo solicitado. Sin que sea oportuno analizar las cuestiones de fondo que hace valer en los restantes conceptos de violaci�n, dado que en el juicio de amparo directo n�mero 882/2004, relacionado con el presente, promovido por el actor en el juicio laboral, en ejecutoria pronunciada por este tribunal en esta misma fecha, se concedi� el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que: (se transcribe). En consecuencia, las violaciones de fondo aducidas por el quejoso en los dem�s conceptos de violaci�n quedar�n insubsistentes con motivo de la reposici�n del procedimiento ordenado en el amparo 882/2004, relacionado con el presente juicio. La negativa del amparo se hace extensiva a las autoridades ejecutoras presidente y actuario de la Junta responsable, conforme a la tesis de jurisprudencia n�mero 91, emitida por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 72, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, del tenor siguiente: �AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACI�N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.� (se transcribe).

  5. directo 870/2004:

    SEXTO. Es infundado el concepto de violaci�n, en el que la quejosa alega transgresiones a las reglas que rigen el procedimiento laboral. En efecto, la quejosa aduce que la actuaci�n de la responsable es violatoria de las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que en los acuerdos de uno, tres, cuatro y veintitr�s de marzo de dos mil cuatro (diferimiento de audiencia trif�sica y desahogo de audiencia de demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas y calificativa de pruebas, respectivamente), uno de abril y veintiuno de abril del mismo a�o (desahogo de confesional a cargo de los actores y desahogo de confesional a cargo del demandado y desahogo de testimonial ofrecida por el patr�n), no est�n firmados por la Junta, sino que simplemente los rubrican, con lo que se le dej� en estado de incertidumbre con respecto a la procedencia y autenticidad de dichos rasgos. Lo anterior, como se dijo, resulta infundado. En efecto, los acuerdos que dicte la Junta deben contener las firmas de los integrantes (lo anterior, sin desconocer que la legislaci�n laboral prev� varias eventualidades en que las determinaciones de las Juntas pueden carecer de la signatura de sus miembros integrantes, y aun tener validez), en t�rminos de los art�culos 609, 610, 620, fracci�n II, inciso a), 837 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, empero la quejosa hace depender su concepto de violaci�n en el sentido de que los mencionados acuerdos contienen r�bricas no firmas, sin embargo para llegar a la conclusi�n que aduce el peticionario ser�a necesario tener conocimiento de cu�l es la firma y r�brica de cada uno de los integrantes de la Junta y que �stas son diferentes, esto es, que la firma sea una y la r�brica otra, para determinar que las que obran en el expediente son r�bricas y no firmas y que por ello se vulnera la Ley Federal del Trabajo en la parte en la que obliga a los integrantes de la Junta a validar sus acuerdos mediante las firmas que en ellos se estampen. De manera que basta con los grafismos que obran en el expediente para llegar a la convicci�n de que los acuerdos fueron firmados por los representantes de la Junta, tal como se asent� en cada uno de los autos, dado que en ellos se afirma que lo all� contenido lo �acuerdan y firman los CC. Representantes que integran la Junta Especial N�mero Dos de la Local de Conciliaci�n y Arbitraje del Estado�, pues de asegurar lo contrario, es decir, que los grafismos estampados en los autos son r�bricas, se dejar�a sin efecto la fe del secretario de la responsable, sin ninguna base para ello. Adem�s de que, el Diccionario de la Real Academia Espa�ola (vig�sima primera edici�n, Madrid, 1992, Tomo I), define la palabra �firma� como el �nombre y apellido, o t�tulo, de una persona, que �sta pone con r�brica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad, para expresar que se aprueba su contenido, o para obligarse a lo que en �l se dice.� El vocablo �firma� deriva del verbo �firmar� y �ste del lat�n �firmare�, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra �firmar�, se define como �Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa� (diccionario citado). En este orden de ideas, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie de una resoluci�n o acto escrito de autoridad, el nombre y apellido de la persona que los expide, en la forma (legible o no) en que acostumbra hacerlo, con el prop�sito de dar autenticidad y firmeza a la resoluci�n, as� como aceptar la responsabilidad que deriva de la emisi�n del mandamiento; de tal suerte que la firma puede ser propiamente la r�brica que estampa una persona en un documento, de ah� que no es posible llegar a determinar que los grafismos que contienen los autos impugnados sean r�bricas y no firmas, como lo sostiene el quejoso, ya que se insiste, la firma es el signo gr�fico mediante el cual quien la estampa se responsabiliza del contenido de la resoluci�n. En ese contexto, al resulta infundado el concepto de violaci�n al procedimiento hecho valer por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo solicitado. Sin que sea oportuno analizar las cuestiones de fondo que hace valer en los restantes conceptos de violaci�n, dado que en el juicio de amparo directo n�mero 869/2004, relacionado con el presente, promovido por los actores en el juicio laboral, en ejecutoria pronunciada por este tribunal en esta misma fecha, se concedi� el amparo a los ah� quejosos para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que: (se transcribe). En consecuencia, las violaciones de fondo aducidas por la quejosa en los dem�s conceptos de violaci�n quedar�n insubsistentes con motivo de la reposici�n del procedimiento ordenado en el amparo 869/2004, relacionado con el presente juicio. La negativa del amparo se hace extensiva a la autoridad ejecutora presidente de la Junta responsable, conforme a la tesis de jurisprudencia n�mero 91, emitida por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 72, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, del tenor siguiente: �AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACI�N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.� (se transcribe).

  6. directo 643/2003:

    SEXTO. Es fundado pero inoperante el primer concepto de violaci�n, en el que la quejosa alega violaci�n a las reglas que rigen el procedimiento laboral. En el primer concepto de violaci�n la peticionaria alega que la Junta no apercibi� a la actora para que rindiera una contestaci�n legal, durante el desahogo del interrogatorio libre, infringiendo con ello las leyes fundamentales del procedimiento, puesto que la declarante s�lo se remiti� al contenido del escrito de demanda. En efecto, de la lectura del acta relativa a la audiencia de diez de septiembre del a�o pr�ximo pasado, que obra a fojas cincuenta y seis a la cincuenta y ocho del juicio laboral, se desprende que al absolver posiciones J. de Jes�s T.F., contest� negativamente a todas las posiciones planteadas, y habi�ndosele formulado interrogatorio libre conforme a los art�culos 781 y 790, fracciones VI y VII, de la Ley Federal del Trabajo, se limit� a contestar a las preguntas �ME REMITO A MI DEMANDA�; por tanto, no se cumplieron las reglas establecidas para el desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo de la actora, ya que en su desahogo se condujo con evasivas al contestar el interrogatorio libre. Los cuestionamientos formulados a la actora en el interrogatorio libre, son los siguientes: (se transcriben). Sin embargo, dicha violaci�n no trascendi� al resultado del laudo, ni afect� las defensas de la quejosa, en la medida que las preguntas del interrogatorio libre formuladas a la citada actora, se refieren a la fecha en la cual la trabajadora renunci� a su empleo o la fecha en que permaneci� vinculada laboralmente con la demandada; aspectos que la Junta responsable estim� acreditados por la peticionaria, con otros medios probatorios, como son las documentales consistentes en la carta renuncia y finiquito exhibidos por la demandada, pues se consider� en el laudo que se acredit� que el diecis�is de julio de dos mil dos la actora renunci� voluntariamente a su trabajo; por lo que la violaci�n alegada no puede ser analizada en este juicio, toda vez que se insiste, no trascendi� al laudo reclamado, requisito indispensable para que las violaciones al procedimiento puedan ser motivo de concesi�n del amparo. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.C J/5, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a p�gina 961, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que establece: �VIOLACIONES PROCESALES. REQUISITOS PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO.� (se transcribe). En ese contexto, la violaci�n debe estimarse inoperante, ya que la omisi�n de la Junta de requerir a la actora, para que no se condujera con evasivas, no trascendi� al resultado del fallo ni afect� las defensas de la peticionaria, debido a que las cuestiones que pretend�a probar con el desahogo del interrogatorio libre fueron a juicio de la responsable acreditadas con otros medios probatorios. Respecto de la inoperancia, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia n�mero 108, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a p�gina 85, Materia Com�n, S�ptima �poca del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que establece: �CONCEPTOS DE VIOLACI�N FUNDADOS, PERO INOPERANTES.� (se transcribe). Lo anterior conduce a establecer que en el caso procede negar a la quejosa el amparo que solicitado. Sin que sea oportuno analizar las cuestiones de fondo que hace valer en los restantes conceptos de violaci�n, dado que en el juicio de amparo directo n�mero 642/2003, relacionado con el presente, promovido por la actora en el juicio laboral, en ejecutoria pronunciada por este tribunal esta misma fecha, se concedi� el amparo al ah� quejoso para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que: (se transcribe). En consecuencia, las violaciones de fondo aducidas por la quejosa en los dem�s conceptos de violaci�n quedar�n insubsistentes con motivo de la reposici�n del procedimiento ordenado en el amparo 642/2003, relacionado con el presente juicio.

  7. directo 350/2003:

    SEXTO. Los conceptos de violaci�n que se hacen valer, en un aspecto son inoperantes y en otro son infundados. En efecto, la quejosa, demandada en el juicio laboral, aduce en el primer motivo de disenso una violaci�n al procedimiento consistente en que la Junta obr� ilegalmente al declarar desierta la prueba testimonial que ofreci� a cargo de los testigos A.M.�a Zeled�n M. y M.A.C.P., no obstante de que dicha Junta, al momento de calificar la mencionada prueba asumi� la responsabilidad de hacer comparecer a los testigos propuestos. Es inoperante el concepto de violaci�n aducido. Ello es as� porque si bien la responsable al admitir el citado medio de convicci�n ofrecido por la demandada asumi� la responsabilidad de hacer comparecer a los testigos propuestos, como deriva del auto que recay� a la etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas (f. 41) y con base en ello, en diversas ocasiones orden� citar a los testigos, inclusive por medio del director de Seguridad P�blica del Estado; sin embargo, consta en los autos de origen que el veintisiete de agosto de dos mil dos (f.95) la ahora quejosa se comprometi� a presentar a los testigos a la audiencia fijada para el trece de septiembre siguiente; que en esta fecha solo acudi� uno de ello (sic), justificando la oferente la inasistencia del otro con certificado m�dico, por lo que la Junta se�al� nueva fecha para el desahogo de la prueba y; que en esta �ltima fecha, es decir el tres de octubre de dos mil dos, la autoridad del trabajo hizo efectivo el apercibimiento decretado previamente contra la demandada, declarando desierta la prueba, dada la incomparecencia de los testigos y de la oferente, estableciendo textualmente lo siguiente: (se transcribe). Sin embargo, como la ahora quejosa, demandada en el procedimiento de origen, no combate los argumentos en que se sustent� la responsable para declarar desierta la prueba testimonial que ofreci�, como lo fueron el que dada la incomparecencia de los testigos y de la oferente, proced�a hacer efectivo el apercibimiento y declarar desierta la prueba testimonial, pues la impetrante de garant�as se concreta a aducir que indebidamente de (sic) declar� desierta la prueba porque la Junta hab�a asumido la responsabilidad de hacer comparecer a los testigos, pero no combate frontalmente las razones concretas de la responsable que apoyaron su proceder, sin que en el caso proceda suplir la deficiencia de la queja por ser la patronal quien solicita el amparo, de ah� que los conceptos de violaci�n en este aspecto resultan inoperantes. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 66, Tomo V, Materia del Trabajo, volumen I, Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dice: �CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES.� (se transcribe). Tambi�n es de observarse la tesis de jurisprudencia de la citada Sala, publicada en la p�gina 65 del Tomo y Ap�ndice citados, bajo el rubro: �CONCEPTOS DE VIOLACI�N. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATR�N.� (se transcribe). En el diverso concepto de violaci�n, relativo a violaciones de �ndole procesal el impetrante de garant�as alega que no obstante que en el caso se ofreci� el trabajo y �ste fue aceptado por el actor, la Junta no fij� fecha para materializar la reincorporaci�n; que lo anterior se traduce en una violaci�n procesal, siendo el ofrecimiento del trabajo un elemento relevante para la integraci�n de la controversia, adem�s de tener la responsable la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor econom�a, concentraci�n y sencillez del proceso. Resulta inconducente el an�lisis del anterior concepto de violaci�n en el que se combate la omisi�n de la Junta de fijar fecha para la reincorporaci�n del actor al trabajo; pues habiendo sido objeto de estudio la cuesti�n precisada y motivo de concesi�n de amparo por ejecutoria de esta misma fecha dictada en el diverso juicio de garant�as n�mero 349/03 promovido por el actor del procedimiento de origen, relacionado con el presente juicio de amparo, concesi�n que se otorg� para el efecto de que la responsable, entre otras cosas, fijara fecha para la diligencia relativa a reincorporaci�n del actor a su trabajo con motivo del ofrecimiento del mismo, es inconducente un nuevo pronunciamiento sobre dicho tema. La peticionaria de garant�as en el tercer concepto de violaci�n argumenta que se violaron las leyes del procedimiento, espec�ficamente los art�culos 609, 610, 620, 721, 837, 838, 839 y 845 de la Ley Federal del Trabajo, ya que las audiencias de cuatro y dieciocho de diciembre de dos mil uno no fueron firmadas por la totalidad de los integrantes de la Junta, no obstante que en las misma se estableci� lo contrario. Es infundado lo que se hace valer en el anterior concepto de violaci�n, pues de la simple lectura de las diligencias que refiere la peticionario de amparo, es decir la de cuatro de diciembre de dos mil uno correspondiente a la audiencia de conciliaci�n, demanda y excepciones, as� como la de dieciocho del citado mes y a�o relativa al desahogo de la etapa de ofrecimiento y admisi�n de pruebas (fojas 28 y 38), se aprecia que s� fueron firmadas por la totalidad de los integrantes de la Junta responsable ya que en ellas aparecen cuatro firmas y no tres como lo sostiene la quejosa, resultando infundado, se reitera, lo aducido en el tercer concepto de violaci�n. Lo anterior conduce a establecer que en el caso procede negar a la quejosa el amparo que solicita. Sin que sea oportuno analizar las cuestiones de fondo que hace valer en los restantes conceptos de violaci�n, dado que en el juicio de amparo directo n�mero 349/2003, relacionado con el presente, promovido por el actor del juicio laboral, por ejecutoria de esta misma fecha se concedi� el amparo al ah� quejoso para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que: (se transcribe).

QUINTO

Procede ahora decidir respecto a la existencia o inexistencia de la contradicci�n de tesis.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha determinado jurisprudencialmente cu�les son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicci�n de tesis, a saber:

  1. El examen de cuestiones jur�dicas esencialmente iguales, en relaci�n con las cuales se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que tal diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    La jurisprudencia a que se alude, se identifica con el n�mero 26/2001 y se publica en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de 2001, p�gina 76, Novena �poca, siendo del tenor literal siguiente:

    CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de A., cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

    En relaci�n con el supuesto de divergencia de criterios, es pertinente destacar, que no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis ya publicadas, sino que �nicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada �rgano jurisdiccional de que se trata.

    Lo anterior, con apoyo en la tesis P.L., del Pleno de este M�ximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, 83, noviembre de 1994, p�gina 35, Octava �poca, de rubro y texto siguientes:

    CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicci�n de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el art�culo 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Federal ni el art�culo 197-A de la Ley de A., lo establecen as�.

    De igual forma, es aplicable la jurisprudencia emitida por esta Segunda Sala, que con el n�mero 2a./J. 94/2000, se localiza en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., noviembre de 2000, p�gina 319, Novena �poca, que dice:

    CONTRADICCI�N DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 197 y 197-A de la Ley de A., regulan la contradicci�n de tesis sobre una misma cuesti�n jur�dica como forma o sistema de integraci�n de jurisprudencia, desprendi�ndose que la tesis a que se refieren es el criterio jur�dico sustentado por un �rgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hip�tesis, con caracter�sticas de generalidad y abstracci�n, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, adem�s, en t�rminos de lo establecido en el art�culo 195 de la citada legislaci�n, debe redactarse de manera sint�tica, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del car�cter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo �sta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicci�n que establecen los preceptos citados.

    En el caso, se advierte que se actualizan los supuestos antes se�alados para la existencia de contradicci�n de tesis.

    Efectivamente, el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito al resolver el amparo directo 796/2006, considera que las terceras perjudicadas promovieron juicio de amparo registrado con el n�mero 795/2006, impugnando el mismo acto reclamado, en el que se determin� concederles el amparo y protecci�n de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, ordenara la reposici�n del procedimiento a efecto de que mandara aclarar la demanda de las trabajadoras, y en esas condiciones, cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., y por ello, procede sobreseer con apoyo en el art�culo 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento legal, adem�s de que la violaci�n procesal que motiv� aquella concesi�n, no solamente es de mayor magnitud o trascendencia, sino tambi�n, anterior a la ahora aducida, de manera que la diversa violaci�n procesal que se hace valer no obstaculiza el motivo de improcedencia.

    Como se puede observar el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito determin� que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., al haber cesado los efectos del acto reclamado con motivo de la concesi�n en el amparo relacionado, y si bien sostuvo, adem�s, que el hecho de que la violaci�n procesal que all� se analiz� es de mayor magnitud y trascendencia y anterior a la que se hace valer, no menos cierto resulta que el argumento que es pilar de su consideraci�n y, por tanto, en que se basa para determinar el sobreseimiento, es en el hecho de la concesi�n del amparo relacionado para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene reponer el procedimiento, de manera que lo dicho en torno a los atributos o caracter�sticas de la violaci�n procesal o, m�s bien dicho, del acto procesal que se aduce violado, solamente se formulan para robustecer aquel argumento, pero no son su apoyo b�sico. De donde se sigue que ese Tribunal Colegiado en la sentencia que se analiza sostuvo como criterio toral que el juicio de amparo es improcedente al combatirse el laudo que en el juicio relacionado fue dejado insubsiste y que por ello no es factible el an�lisis de los conceptos de violaci�n, ni siquiera el relativo a violaciones procesales, porque la violaci�n procesal que motiv� la concesi�n del amparo relacionado es anterior y de mayor magnitud.

    Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver otros juicios de amparo relacionados con los promovidos por las partes tercera perjudicada, en principio, analiz� los conceptos de violaci�n en que se hicieron valer violaciones procesales y, despu�s, determin� que no era oportuno estudiar los conceptos de violaci�n planteados en torno a cuestiones de fondo, dado que en el juicio de amparo relacionado, promovido por la parte tercera perjudicada, se concedi� el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral y, en consecuencia, concluye en negar la protecci�n constitucional solicitada.

    En efecto, en cada uno de los amparos directos materia de la presente contradicci�n de criterios, sostuvo:

  4. En el amparo directo 296/2006 (relacionado con el 295/2006), estudi� y consider� inoperante la violaci�n procesal relativa a que la autoridad responsable omiti� atender a la excepci�n de incompetencia que se hizo valer al dar contestaci�n a la demanda, lo que motiv� que continuara instruyendo el procedimiento, as� como la consistente en que en el mismo escrito contestatorio solicit� que se llamaran a juicio a Mar�a A.F., Altos Hornos de M�xico y a Refractarios B�sico, Sociedad An�nima de Capital Variable, por estimar que dichos patrones podr�an resultar perjudicados, determinaci�n que la Junta responsable desech�; consider� que no era oportuno analizar los conceptos de violaci�n en cuanto al fondo, debido a que en el amparo relacionado se hab�a dejado insubsistente el laudo reclamado y ordenado reponer el procedimiento para que siguiendo los lineamientos expresados en la ejecutoria, se mande aclarar la demanda de los asegurados, en su caso, se d� vista a la parte demandada s�lo del cumplimiento que haga la parte actora, sustanciando el procedimiento correspondiente; y, en ese orden de ideas, determin� negar el amparo.

  5. Al resolver el amparo directo 176/2005 (relacionado con el 177/2005), estudi� la violaci�n procesal relativa a la negativa de dar tr�mite al incidente de personalidad y la referente al ofrecimiento de una prueba pericial de haberse sustanciado ese incidente, de igual modo lo alegado respecto a que la Junta responsable viol� el procedimiento al admitir una demanda oscura y que se admiti� una prueba que no propuso la parte actora, estimando que tales alegaciones era inoperantes y fundadas pero inoperantes; determin� no examinar los conceptos de violaci�n en cuanto al fondo, toda vez que en el amparo relacionado se concedi� la protecci�n constitucional para que se dejara insubsistente el laudo impugnado, se reponga el procedimiento a fin de que se reitere las absoluciones relativas a los conceptos de reparto de utilidades y prima dominical, se requiera al quejoso para que se aclare la demanda laboral, se provea lo necesario para que tanto el perito del actor como el de la demandada acepten y protesten desempe�ar su cargo con arreglo a la ley; y, de esta suerte, determin� negar el amparo.

  6. Al ocuparse el amparo directo 961/2004 (relacionado con el 962/2004), examin� los conceptos de violaci�n de �ndole procesal relativos al desahogo de una prueba confesional y al desahogo de una prueba pericial t�cnica, estimando que tales alegatos resultaban inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes; que no es oportuno el estudio de los conceptos de violaci�n de fondo, toda vez que en el juicio relacionado se concedi� la protecci�n constitucional para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento para el efecto de que se�ale d�a y hora para que el actor sea reincorporado, salvo por causas imputables a las partes; ante lo cual concluy� en negar el amparo.

  7. Al examinar el amparo directo 883/2004 (relacionado con el 882/2004), se ocup� de los conceptos de violaci�n relativos a la indebida deserci�n de una prueba testimonial, as� como que las actuaciones de la responsable son violatorias de las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que en el acuerdo admisorio y en diversas audiencias no constan todas las firmas que estas actuaciones deben contener conforme a la ley, consider�ndolos inoperantes e infundados; por otra parte, estim� que no era oportuno analizar los conceptos de violaci�n en cuanto al fondo, ya que en el amparo relacionado se concedi� la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que mande aclarar la demanda del trabajador, de donde determin� negar el amparo solicitado.

  8. Al resolver el amparo directo 870/2004 (relacionado con el 869/2004), examin� y calific� como infundado el concepto de violaci�n en que se alegan transgresiones a las reglas que rigen el procedimiento laboral consistentes en que los acuerdos de uno, tres, cuatro y veintitr�s de marzo de dos mil cuatro (diferimiento de audiencia trif�sica y desahogo de audiencia de demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas y calificativa de pruebas, respectivamente), los de uno y veintiuno de abril del mismo a�o (desahogo de confesional a cargo de los actores y desahogo de testimonial ofrecida por el patr�n), no est�n firmadas por la Junta; por otra parte, consider� que no es oportuno el an�lisis de los conceptos de violaci�n en que se hacen valer cuestiones de fondo, toda vez que en el amparo relacionado se concedi� la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo impugnado y ordene reponer el procedimiento laboral a efecto de que se�ale d�a y hora para que los actores sean reincorporados, salvo por causas imputables a las partes; y, en este tenor, concluy� negando la protecci�n constitucional solicitada.

  9. Al resolver el amparo directo 643/2003 (relacionado con el 642/2003), decidi� que era fundado pero inoperante el concepto de violaci�n en que se alega violaci�n a las reglas que rigen el procedimiento laboral, consistente en que la Junta no apercibi� a la actora para que rindiera una contestaci�n legal durante el desahogo del interrogatorio libre; por otra parte, estim� que no era oportuno el estudio de los conceptos de violaci�n relativos al fondo, dado que en el juicio de amparo relacionado se concedi� la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposici�n del procedimiento laboral a efecto de que se desahogue nuevamente una confesional, se d� vista a la actora con un oficio, y antes de emitir un nuevo laudo se d� cumplimiento al procedimiento previsto en los art�culos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual, determin� negar el amparo.

  10. Al ocuparse del amparo directo n�mero 350/2003 (relacionado con el 349/2003), analiz� los motivos de inconformidad relativos a la deserci�n de una prueba testimonial, que no obstante que se ofreci� el trabajo y fue aceptado, la Junta no fij� fecha para materializar la reincorporaci�n, que algunas audiencias no fueron firmadas por la totalidad de los integrantes de la Junta, considerando que tales alegaciones eran inoperantes e infundadas; por otra parte, establece que no es oportuno el estudio de los conceptos de violaci�n de fondo, toda vez que en el amparo relacionado se concedi� la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene reponer el procedimiento a efecto de que se�ale fecha a fin de llevar a cabo la diligencia de reincorporaci�n con motivo del ofrecimiento de trabajo, admita la prueba confesional que el actor ofreci�, desahogue nuevamente el interrogatorio libre a la apoderada de la demandada antes de dictar un nuevo laudo observe lo dispuesto en los art�culos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo y subsanada la irregularidad emita nuevo laudo; a partir de ello, determin� negar el amparo.

    Entonces, el examen de las ejecutorias transcritas pone de relieve que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronuncian sobre una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, ya que se ocupan de determinar los efectos que la concesi�n de un amparo directo en materia laboral, por violaciones procesales, en que se dej� insubsistente el laudo reclamado y orden� reponer el procedimiento, tiene en relaci�n con el amparo directo relacionado con aqu�l al combatirse el mismo acto reclamado y hacerse valer tambi�n violaciones procesales; sin embargo, adoptan posiciones discrepantes, ya que el Segundo Tribunal Colegiado del D�cimo Primer Circuito considera que ante la concesi�n del amparo en que se deja sin efectos la sentencia reclamada, debe sobreseerse en el juicio de amparo en t�rminos del art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., sin que proceda el an�lisis de los conceptos de violaci�n en que se hacen valer violaciones procesales, toda vez que el amparo relacionado se concedi� respecto de una violaci�n de mayor magnitud y anterior a las que ahora se plantean, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, examina los conceptos de violaci�n relativos a violaciones procesales, con independencia de su trascendencia y lugar en el procedimiento, y estima que ante la concesi�n del amparo, en los t�rminos citados, no es oportuno el an�lisis de los conceptos de violaci�n en torno al fondo del asunto, negando el amparo; de donde se sigue, que esa diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias respectivas y provienen del examen de los mismos elementos.

    As�, se da la contradicci�n de tesis, pues los Tribunales Colegiados examinan un mismo problema jur�dico y, no obstante ello, sostienen criterios discrepantes.

SEXTO

Como se advierte de lo razonado en el considerando precedente, la materia de la presente denuncia de contradicci�n de tesis consiste en determinar los efectos que tiene la concesi�n de un amparo directo en que se deja insubsistente el laudo reclamado y se ordena reponer el procedimiento, en relaci�n con un juicio de amparo (relacionado) en que se combate el mismo acto reclamado, esto es, si tiene como consecuencia el sobreseimiento en t�rminos de la fracci�n III del art�culo 74 de la Ley de A., al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVI, del mismo ordenamiento legal, relativa a la cesaci�n de efectos del acto reclamado, impidiendo el estudio de los conceptos de violaci�n, incluyendo a aquellos en que se hagan valer violaciones procesales posteriores y de menor importancia a la violaci�n procesal que dio origen a la concesi�n del amparo relacionado, o si bien, solamente hace inatendibles los conceptos de violaci�n relativos al fondo del asunto y procede negar la protecci�n constitucional solicitada.

En estos t�rminos, es menester destacar que en torno al t�pico que constituye la materia de la presente contradicci�n de tesis, si bien no existe un criterio jurisprudencial exactamente aplicable que resuelva esa materia, existen jurisprudencias de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que se vinculan con el tema e ilustran el criterio que debe sustentarse para resolver la materia del presente asunto. Es as�, porque las tesis jurisprudenciales reflejan de forma generalizada el criterio sustentado al resolver cada caso, con la finalidad de que ese criterio se aplique a otros casos iguales o semejantes, o bien, ilustre la soluci�n o criterio a sostener en alguno otro caso concreto, con el prop�sito de lograr seguridad jur�dica a trav�s de la reiteraci�n en la aplicaci�n de los criterios.

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia P./J. 54/2001, pronunciada por el Pleno de este Alto Tribunal, que se publica en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, XIII, abril de 2001, p�gina 882, Novena �poca, cuya sinopsis es:

CESACI�N DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesaci�n de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hip�tesis, para que opere la improcedencia establecida en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A. no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el art�culo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n; mientras que en trat�ndose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hip�tesis prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaraci�n de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposici�n expresa de los art�culos 105, pen�ltimo p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 45 de su ley reglamentaria.

En el mismo sentido se encuentra la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por esta Segunda Sala, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, VII, febrero de 1998, p�gina 210, Novena �poca, que es como sigue:

SOBRESEIMIENTO. CESACI�N DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., es necesario que la revocaci�n del acto que se reclama o la cesaci�n de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situaci�n anterior a la promoci�n del juicio, produci�ndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el art�culo 80 de la Ley de A..

De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que se publica en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, IX, junio de 1999, p�gina 38, que es del t�tulo y contenido siguientes:

CESACI�N DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretaci�n relacionada de lo dispuesto por los art�culos 73, fracci�n XVI y 80 de la Ley de A., se arriba a la convicci�n de que para que la causa de improcedencia del juicio de garant�as consistente en la cesaci�n de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que ten�an antes de la violaci�n constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jur�dica del particular, o habi�ndola irrumpido, la cesaci�n no deje ah� ninguna huella, puesto que la raz�n que justifica la improcedencia de m�rito no es la simple paralizaci�n o destrucci�n del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no est� surtiendo sus efectos, ni los surtir�, y que no dej� huella alguna en la esfera jur�dica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protecci�n de la Justicia Federal.

Uno de los precedentes de la jurisprudencia que antecede, es el amparo en revisi�n 338/97, resuelto en sesi�n de trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho que, en lo conducente, establece:

Ahora bien, como marco de estudio en esta revisi�n, al tenor de los argumentos expuestos por la inconforme, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causa de improcedencia en comento. Para lo anterior, es necesario partir de la transcripci�n del art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., que dice: (se transcribe). El necesario an�lisis gramatical de tal disposici�n permite precisar que seg�n el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa�ola, el verbo �cesar� significa dejar de hacer lo que se est� haciendo, y el t�rmino �efecto� significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A prop�sito de tal causa de improcedencia, el tratadista A.N., en su obra titulada �Lecciones de A.�, Editorial Porr�a, Sociedad An�nima, p�ginas 497 y 498, opina que de acuerdo con el texto de la fracci�n XVI del art�culo 73 se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado �cuando �stos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga ...�; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario �que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable�, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garant�a violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado �se necesita que aparezca una situaci�n id�ntica a la que habr�a existido, si el acto jam�s hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente ... concluye que �... �nicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situaci�n jur�dica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situaci�n se reponga al quejoso en el goce de la garant�a violada.�. A su vez, I.B.O., en su libro �El Juicio de A.�, Editorial Porr�a, Sociedad An�nima, M�xico 1997, p�gina 467, expresa en relaci�n con la causa de improcedencia prevista en la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Ley de A.: �El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causaci�n de una violaci�n en los t�rminos del art�culo 103 constitucional. La violaci�n o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violaci�n, cuando ha desaparecido la contravenci�n, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener raz�n de ser, ya que perseguir�a algo que ya est� logrado: la reparaci�n de la infracci�n.�. El doctor O.A.H.�ndez, en relaci�n con la improcedencia de que se trata, expone en su obra �Curso de A.. Instituciones Fundamentales�, Editorial Porr�a, Sociedad An�nima, M�xico 1983, p�gina 246, lo siguiente: �Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producci�n de consecuencias jur�dicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constituci�n y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de garant�as. Por ello, si cesa la producci�n de dichas consecuencias jur�dicas y, consecuentemente, la supuesta violaci�n cuya impugnaci�n origin� el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por �ste, se�alado en el art�culo 80 de la Ley de A. ...�. Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n, entre otras, las siguientes: �ACTO RECLAMADO. CESACI�N DE SUS EFECTOS.� (se transcribe). �ACTO RECLAMADO. CESACI�N DE SUS EFECTOS.� (se transcribe). �ACTOS RECLAMADOS, CESACI�N DE LOS.� (se transcribe). �ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACI�N DEL.� (se transcribe). De las precisiones realizadas se arriba a la convicci�n de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situaci�n id�ntica a aquella que exist�a antes del nacimiento del acto que se ataca; o tambi�n, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situaci�n jur�dica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garant�a violada. Bajo esa �ptica, la cesaci�n de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emiti� deja de afectar la esfera jur�dica del quejoso, al cesar su actuaci�n, lo que debe entenderse implica no s�lo la detenci�n definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparici�n total de los efectos del acto, que puede verse acompa�ada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la raz�n que justifica la improcedencia de m�rito no es la simple paralizaci�n del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no est� surtiendo sus efectos, ni los surtir�, y que no dej� huella alguna en la esfera jur�dica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protecci�n de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de m�rito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparaci�n constitucional a que se refiere el art�culo 80 de la Ley de A., es decir, la restituci�n al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, cuando el acto reclamado sea de car�cter positivo; y cuando sea de car�cter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garant�a de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garant�a exija. Por tanto, en t�rminos de la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Ley de A., no existe motivo para la promoci�n y resoluci�n del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparici�n de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesaci�n de esos efectos la reparaci�n constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretaci�n relacionada de lo dispuesto por los art�culos 73, fracci�n XVI y 80 de la Ley de A., se arriba a la convicci�n de que la causa de improcedencia del juicio de garant�as, consistente en la cesaci�n de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que ten�an antes de la violaci�n constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jur�dica del particular, o habi�ndola irrumpido, la cesaci�n no deje ah� ninguna huella.

De las tesis jurisprudenciales antes transcritas se desprende que la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., se actualiza cuando los efectos del acto reclamado son destruidos por la autoridad de manera inmediata, absoluta e incondicional, restableciendo la situaci�n a como se encontraba antes de la promoci�n del amparo, lo que da lugar a la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de garant�as, que es el de obtener la reparaci�n constitucional a que se refiere el art�culo 80 de la ley de la materia. En otras palabras, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado, y esto da lugar a una situaci�n id�ntica a aquella que exist�a antes del nacimiento del acto que se ataca; o tambi�n, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situaci�n jur�dica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garant�a violada.

Por otra parte, pero en este mismo orden de ideas, se tiene que esta Segunda Sala emiti� la jurisprudencia por contradicci�n de tesis 2a./J. 144/2007, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, XXVI, agosto de 2007, p�gina 367, Novena �poca, que dice:

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACI�N DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE LA REVISI�N FISCAL, REVOCA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Los art�culos 248 del C�digo F. de la Federaci�n (vigente hasta el 31 de diciembre de 2005) y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor, establecen que las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa que decreten o nieguen el sobreseimiento y las sentencias definitivas podr�n impugnarse por la autoridad a trav�s de la unidad administrativa encargada de su defensa jur�dica, interponiendo el recurso de revisi�n ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, secci�n o S.R. a que corresponda. Ahora bien, si la autoridad administrativa y el actor promueven simult�neamente la revisi�n fiscal y el juicio de amparo directo, respectivamente, contra la misma sentencia, y en aqu�lla se revoca la resoluci�n impugnada para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y pronuncie uno nuevo en el que siga los lineamientos de la ejecutoria, es evidente que cesan los efectos del acto reclamado en el juicio de garant�as y se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., en virtud de que la sentencia recurrida ya no produce efecto alguno ni causa agravio al quejoso.

En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia precedente, en su parte medular se expuso:

De esta manera, si en forma simult�nea se promueve la revisi�n fiscal y el juicio de amparo contra la misma sentencia que dicta una S.R. del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa y en el recurso se revoca la resoluci�n impugnada para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y pronuncie uno nuevo en el que siga los lineamientos de la ejecutoria, no hay duda de que la consecuencia es que cesan los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo en t�rminos del art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A.. Por tanto, si los Tribunales Colegiados de Circuito, a trav�s de las ejecutorias emitidas con motivo de los recursos de revisi�n fiscal, ordenaron a las S. Regionales del Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa dejar insubsistentes las sentencias controvertidas, mismas que ya no producen efecto alguno ni causan agravio a los quejosos, es de concluir que el juicio de amparo directo que se promueva contra las sentencias dictadas por dichas S. Regionales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia por cesaci�n de efectos en t�rminos de la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Ley de A..

De donde se sigue que cesan los efectos del acto reclamado, actualiz�ndose la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., cuando la autoridad administrativa y el actor promueven simult�neamente la revisi�n fiscal y el juicio de amparo directo, respectivamente, contra la misma sentencia, y en aqu�lla se revoca la resoluci�n impugnada para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y pronuncie uno nuevo, pues en tal virtud, la sentencia recurrida ya no produce efecto ni causa agravio alguno al quejoso.

Continuando con el criterio expuesto en el c�mulo de jurisprudencias transcritas para estimar que han cesado los efectos del acto reclamado y, por tanto, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., es necesario que los efectos del acto reclamado sean destruidos por la autoridad de manera inmediata, absoluta e incondicional, restableciendo la situaci�n a como se encontraba antes de la promoci�n del amparo.

Conforme a lo dicho, se estima pertinente transcribir el contenido de los art�culos 73, fracci�n XVI y 80 de la Ley de A., que dicen:

"Art�culo 73. El juicio de amparo es improcedente:

...

XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.

Art�culo 80. La sentencia que conceda el amparo tendr� por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n, cuando el acto reclamado sea de car�cter positivo; y cuando sea de car�cter negativo, el efecto del amparo ser� obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garant�a de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garant�a exija.

Por tanto, debe decirse que el juicio de amparo directo es improcedente por cesaci�n de efectos que prev� el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A., para el caso de que un Tribunal Colegiado de Circuito, en forma previa, haya resuelto un amparo directo concediendo la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y repusiera el procedimiento.

En efecto, en el supuesto de que un Tribunal Colegiado al resolver un amparo directo determina conceder la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento laboral y se d� el caso que al mismo tiempo conozca de otro juicio de amparo en que se reclama el mismo acto reclamado, no hay duda de que, en este segundo, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que a trav�s de la primer sentencia de amparo se destruyen los efectos del laudo reclamado de manera inmediata, absoluta e incondicional, esto es, al dejar insubsistente el laudo reclamado y ordenar reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado elimina de manera total y completa el resultado que produc�a dicho laudo, lo que propicia que se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de la promoci�n del juicio de amparo.

En concordancia con lo dicho, no hay duda que ante la concesi�n del amparo relacionado, no procede que el Tribunal Colegiado examine los conceptos de violaci�n, ni siquiera en el supuesto de que �stos se refieran a violaciones procesales, independientemente de su magnitud y estadio procesal en relaci�n con el motivo que origin� la concesi�n en el amparo relacionado, as� como tampoco procede que se declaren inatendibles los motivos de inconformidad relacionados con el fondo del asunto y, como consecuencia de ello, se niegue el amparo solicitado, atento a que advertida una causa suficiente para decretar el sobreseimiento, es inconducente pasar al estudio de la cuesti�n planteada en los conceptos de violaci�n, pues resulta de una elemental l�gica, que cuando ante el Tribunal Colegiado se actualiza una raz�n de mayor peso, como lo es una causal de improcedencia, opera como una raz�n excluyente de todas aquellas restantes que lo llevar�an a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, il�gico resultar�a analizar los conceptos de violaci�n para negar o conceder el amparo.

Esto implica que la causa de improcedencia relativa a la cesaci�n de efectos del acto reclamado se actualiza por la concesi�n del amparo en el diverso expediente en que se combate el mismo laudo, y que tiene por efecto dejar insubsistente el laudo reclamado; que al actualizarse una causa de improcedencia el Tribunal Colegiado est� impedido legalmente para examinar los conceptos de violaci�n que se plantean en el asunto relacionado, sea cual fuere su naturaleza o trascendencia jur�dica procesal, debido a que la prohibici�n de analizar los conceptos de violaci�n una vez advertida una causa de improcedencia no admite excepciones. As�, determinada la improcedencia y el consecuente sobreseimiento en el juicio de amparo que, como se dijo, impide el estudio de cualquier concepto de violaci�n formulado en torno al laudo reclamado, carece de sustento alguno ponderar si en los conceptos de violaci�n se plantean violaciones procesales o no, y de darse el primer caso, si �stas son anteriores o posteriores a la que motiv� la concesi�n en el amparo relacionado o la importancia que dicha violaci�n tiene en el procedimiento.

Sirve de orientaci�n la jurisprudencia emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que con el n�mero 33, se ubica en la p�gina 27, T.V., del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, del rubro y texto siguientes:

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISI�N DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N, SI EL JUEZ DECRET� EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisi�n de an�lisis de los conceptos de violaci�n, pues el sentido del fallo no s�lo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder ser�a incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.

De igual forma, la jurisprudencia de la entonces Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, 24, Tercer Parte, p�gina 49, S�ptima �poca, que es como sigue:

"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violaci�n de garant�as individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."

Entonces, si el Tribunal Colegiado al conocer de dos juicios de amparo en materia laboral, en que se combate el mismo laudo, en uno de ellos determina conceder la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el citado acto reclamado y reponga el procedimiento, es inconcuso que, al resolver posteriormente el otro juicio, debe sobreseerlo en t�rminos del art�culo 74, fracci�n III, en relaci�n con el numeral 73, fracci�n XVI, ambos de la Ley de A., pues en tal evento, el laudo reclamado ya no produce efecto ni causa agravio alguno al quejoso, y de esta suerte, es innecesario que se ocupe del estudio de los conceptos de violaci�n sea cual fuere su naturaleza, es decir, sin que trascienda si est�n referidos con el fondo o en ellos se aducen violaciones procesales.

Esta determinaci�n deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de A.; asimismo, entra�a la aplicaci�n anal�gica del criterio sustentado en la jurisprudencia de la voz: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACI�N DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE LA REVISI�N FISCAL, REVOCA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", ya transcrita, debido a que los efectos de la revocaci�n del acto reclamado en la revisi�n fiscal y los de la concesi�n del amparo son sustancialmente similares y, por ello, se actualiza la causa de improcedencia de m�rito en el amparo relacionado tanto a una revisi�n fiscal como a un juicio de amparo, pues los efectos de la concesi�n del amparo que deja insubsistente el laudo reclamado tiene las mismas consecuencias que se sabe tiene la revocaci�n de la sentencia reclamada en el recurso de revisi�n fiscal.

As� las cosas, con apoyo en el art�culo 195 de la Ley de A., se determina que el criterio que debe prevalecer con car�cter jurisprudencial queda redactado con el rubro y texto siguientes:

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACI�N DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANT�AS RELACIONADO, DEJ� INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO. Si un Tribunal Colegiado de Circuito conoce simult�neamente de dos juicios de amparo en materia laboral, en los que se combate el mismo acto reclamado, pero en uno de ellos determina conceder la protecci�n constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, es inconcuso que cuando resuelva el otro amparo relacionado debe sobreseer en el juicio en t�rminos del art�culo 74, fracci�n III, en concordancia con el numeral 73, fracci�n XVI, ambos de la Ley de A., pues en tal evento el laudo ya no produce efectos ni causa agravio alguno al quejoso, y de esta suerte, es innecesario que se ocupe del estudio de los conceptos de violaci�n sea cual fuere su naturaleza, esto es, sin que trascienda si est�n referidos al fondo de la cuesti�n debatida o en ellos se aduzcan violaciones procesales.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

SEGUNDO

Debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en t�rminos de la tesis redactada en la parte final del �ltimo considerando de la presente resoluci�n.

Notif�quese; rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se establece en esta resoluci�n a la Coordinaci�n General de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n, y de la parte considerativa correspondiente en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como al Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de A.; asimismo, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de tres votos de los se�ores Ministros Mariano Azuela G�itr�n, S.S.A.A. y J.F.F.G.S.. V.� en contra la Ministra presidenta M.B.L.R.. Fue ponente el M.S.S.A.A..

El Ministro G.D.G.�ngora P., estuvo ausente por atender comisi�n oficial.