de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38267673

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación:20 de Febrero de 2008
RESUMEN

COMISARIADO EJIDAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES AUNQUE SE REFIERA A DERECHOS PARCELARIOS, Y SI NO LO HACE, PUEDE ACUDIR EL EJIDATARIO EN REPRESENTACIÓN SUSTITUTA DE AQUÉL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20835

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Febrero de 2008

P�gina: 499

CONTRADICCI�N DE TESIS 229/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN LAS MISMAS MATERIAS DEL S�PTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL S�PTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n General de la Rep�blica; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y puntos primero, segundo, tercero, fracci�n VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia agraria, en cuyo conocimiento est� especializado este �rgano jurisdiccional, pues forma parte de la materia administrativa.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formul� el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, en el oficio n�mero 9097, de cuatro de octubre de dos mil siete, que obra a fojas 1 y 2 del expediente en el que se act�a. Denuncia que deriv� a su vez, del amparo en revisi�n administrativa n�mero de expediente 103/2007, del que se aprecia, en la parte que interesa, lo siguiente:

SEXTO. No deja de atenderse que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito sustenta la tesis de rubro: �EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACI�N PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, AS� RECAIGA �STE O SU EJECUCI�N SOBRE DERECHOS PARCELARIOS.�. Sin embargo, por las consideraciones expuestas con anterioridad no se comparte el aludido criterio, dado que, con independencia de que el dominio de las tierras ejidales corresponda al n�cleo de poblaci�n, lo relevante es que al tener los ejidatarios el derecho de aprovechar, usar y disfrutar las parcelas que les han sido delimitadas y asignadas por la asamblea, debe entenderse que tambi�n lo tienen para acudir en su defensa en caso de perturbaci�n de tales derechos, incluso contra un decreto expropiatorio. Por ende, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, den�nciese la contradicci�n de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a fin de que decida cu�l criterio debe prevalecer.

TERCERO

El tribunal citado en el considerando que antecede, que es el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, al fallar el amparo en revisi�n administrativa n�mero de expediente 103/2007, en sesi�n de tres de septiembre de dos mil siete, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. ... En diverso alegato expresa el tercero perjudicado que los derechos parcelarios que detentan los quejosos �nicamente conceden derechos de uso, usufructo y disfrute, no as� de dominio, por lo que al no detentar la titularidad de las parcelas ejidales por corresponder al n�cleo de poblaci�n aqu�llos carecen de legitimaci�n para promover la acci�n constitucional. Para justificar esa apreciaci�n invoca la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito de rubro: �EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACI�N PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, AS� RECAIGA �STE O SU EJECUCI�N SOBRE DERECHOS PARCELARIOS.�. Es infundada la causa de improcedencia que se invoca. Para sustentar esa aserci�n, debe tenerse en cuenta que el art�culo 27, fracci�n VII, constitucional, as� como los art�culos 9o., 14, 62, 76, 81 y 82 de la Ley Agraria, prescriben lo siguiente: (se transcriben). De la transcrita disposici�n constitucional y de los preceptos reglamentarios se advierte un reconocimiento de la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidal y comunal, as� como una protecci�n a la propiedad de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro t�tulo, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. En tanto que a los ejidatarios les fue reservado el derecho de aprovechar, usar y disfrutar las parcelas que les hayan sido designadas por la asamblea general de ejidatarios, como se observa de los art�culos 14, 62 y 76 de la ley secundaria en consulta, lo que pone de manifiesto que el dominio de las tierras ejidales corresponde �nicamente al ejido. De esa forma, al n�cleo de poblaci�n ejidal le corresponde la propiedad de las tierras ejidales mientras que a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute de sus parcelas (art�culo 27, fracci�n VII, constitucional, y art�culo 14 de la Ley Agraria). Lo anterior fue producto de la reforma de mil novecientos noventa y dos al art�culo 27 constitucional la cual tuvo como prop�sito, en t�rminos generales, capitalizar y hacer productivo al campo a trav�s de algunas medidas tendentes a dotar de certeza jur�dica la tenencia de tierras agrarias, y de esa manera se establecieron las bases para dejar a los titulares de las tierras agrarias la responsabilidad de decidir su propio destino (art�culo 27, fracci�n VII, cuarto p�rrafo, constitucional) y, con esa base, los �rganos supremos de los n�cleos de poblaci�n pueden modificar el r�gimen de propiedad agraria al r�gimen de propiedad plena (art�culo 23, fracciones IX y XII, de la Ley Agraria), de tal suerte que es posible que ese tipo de tierras entre al r�gimen jur�dico de derecho com�n. Todo lo cual significa que los n�cleos de poblaci�n ejidal son propietarios de las tierras agrarias correspondientes, en tanto que los ejidatarios no tienen la propiedad de las parcelas que les han sido asignadas, sino que son titulares de otros derechos sobre ellas. Cabe mencionar que existe la posibilidad de que los ejidatarios adquieran el dominio pleno sobre su parcela y ello ocurre cuando la mayor parte de las parcelas han sido delimitadas y asignadas por la asamblea a tales sujetos de derecho agrario y exista la determinaci�n por parte de la asamblea de proceder de esa manera, lo que se corrobora con lo dispuesto en el art�culo 23, fracci�n IX, de la citada normatividad. El ejidatario asumir� el dominio pleno de su parcela cuando solicite al Registro Agrario Nacional que las tierras sean dadas de baja en dicha dependencia oficial quien deber� expedir el t�tulo de propiedad respectivo para su posterior inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y a partir de la cancelaci�n en el primero de los organismos gubernamentales, las tierras dejan de ser ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del derecho com�n (art�culos 81 a 83 de la Ley Agraria). Consecuentemente, hasta en tanto no sucedan tales actos jur�dicos y culminen con su cancelaci�n en el Registro Agrario Nacional, la propiedad de las tierras ejidales corresponde al n�cleo de poblaci�n, no obstante que est�n formalmente parceladas. Ahora, es veraz que en t�rminos de los art�culos 32 y 33 de la Ley Agraria, corresponde al comisariado ejercer las acciones respectivas en defensa de los intereses del ejido, en virtud de que conforme a tales numerales es el �rgano de representaci�n y gesti�n administrativa del ejido con facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas. No obstante lo antes considerado, en el caso concreto los ejidatarios en lo particular tienen inter�s jur�dico para impugnar el decreto de expropiaci�n reclamado de veintiuno de diciembre de dos mil cinco, pues aun cuando tal decreto tiene como finalidad afectar directamente la propiedad de la tierra ejidal, sus consecuencias jur�dicas tambi�n producen una afectaci�n a los titulares de las parcelas en su aprovechamiento, uso y usufructo, lo que se reconoce, incluso en el �resultando primero� del propio acto administrativo, que es del tenor siguiente: �Iniciado el procedimiento relativo, de los trabajos t�cnicos e informativos se comprob� que existe una superficie real por expropiar de 68-06-53 Has., de las que 3-11-36 Has. son de agostadero de uso com�n y 64-95-17 Has. de temporal de uso individual, resultando afectados los posesionarios y ejidatarios siguientes: ...�. Esa afectaci�n individual se patentiza con los t�rminos en que se resolvi� el decreto, que es del siguiente contenido: �Primero. Se expropia por causa de utilidad p�blica una superficie de 68-06-53 Has., (sesenta y ocho hect�reas, seis �reas, cincuenta y tres centi�reas), de las que 3-11-36 Has. (tres hect�reas, once �reas, treinta y seis centi�reas) son de agostadero de uso com�n, y 64-95-17 Has. (sesenta y cuatro hect�reas, noventa y cinco �reas, diecisiete centi�reas) de temporal de uso individual, de terrenos del ejido "N�poles", Municipio de Silao del Estado de Guanajuato a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato, para destinarlos a formar parte de la construcci�n del Parque Industrial Nacional, en el que se instalar�n inversionistas nacionales y extranjeros, dedicados a la producci�n de bienes y servicios, obra que complementar� el proyecto del puesto interior de Guanajuato ...�. �Segundo ... en la inteligencia de que los bienes objeto de la expropiaci�n, s�lo podr�n ser ocupados de manera definitiva mediante el pago que efect�e al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a �ste por los terrenos de uso com�n y a los ejidatarios afectados en sus terrenos individuales y a quienes acrediten la titularidad de los derechos sobre las parcelas 160, 167, 183, 186, 192, 196 y 200, o dep�sito que har� de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca garant�a suficiente ...�. De lo transcrito se advierte que el decreto presidencial impugnado tuvo por efecto expropiar una extensi�n que forma parte del ejido N�poles, Municipio de Silao, Guanajuato, y se precis� que esa perturbaci�n recaer�a sobre superficies de uso com�n y sobre terrenos de temporal de uso individual, incluso se puntualiz� que el pago de la indemnizaci�n se efectuar�a a quien acreditara tener derecho sobre los terrenos de uso com�n y a los ejidatarios afectados por los terrenos individuales. Lo anterior pone de manifiesto que, en efecto, la afectaci�n proveniente del decreto expropiatorio recay� sobre terrenos ejidales: tierras de uso com�n y tierras parceladas, por lo que el comisariado ejidal tiene legitimaci�n para acudir en defensa de la perturbaci�n correspondiente a las tierras de uso com�n de acuerdo con los citados numerales 32 y 33 de la Ley Agraria, en tanto que los ejidatarios tienen esa legitimaci�n para la defensa de sus derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas; adem�s de que la impugnaci�n no se orient� en defensa de los terrenos de uso com�n sino por actos que causan perjuicio a los derechos individuales de los impetrantes. Desde otra perspectiva, el ejido puede impugnar los actos que tiendan a afectar la propiedad de las tierras, pero tambi�n puede hacerlo el particular ejidatario en defensa del usufructo que constituye un derecho de ser transmitido, enajenado, heredado y, por ende, tiene un valor econ�mico que no puede estar supeditado a la voluntad del grupo cuyo inter�s puede verse disminuido por la importancia que le otorgue a la conservaci�n del ejido. Se destaca que el art�culo 27, segundo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, dispone: (se transcribe). Como se advierte, la protecci�n de la propiedad se encuentra elevada a rango constitucional, en la medida en que la administraci�n s�lo puede privar de �sta a los particulares en aras del bien colectivo, por las causas de utilidad p�blica establecidas en la ley y mediante indemnizaci�n, es decir, resarciendo a aquel que se ve afectado por la ocupaci�n de la cosa expropiada de los da�os causados a su patrimonio. La indemnizaci�n se establece en favor del particular afectado, pues no tendr�a sentido suponer que se pagara a persona diversa del titular del derecho que se lesiona. El art�culo 96 de la Ley Agraria establece: (se transcribe). Como se colige claramente de la literalidad de este dispositivo, en la expropiaci�n en materia agraria la indemnizaci�n se paga directamente a los ejidatarios atendiendo a sus derechos y si se est� ante parcelas afectadas que se hayan asignado a ejidatarios determinados, son a �stos a quienes se cubre la indemnizaci�n en la proporci�n que les corresponda. Lo anterior significa que dentro del sistema de indemnizaci�n establecido por el legislador, se reconoce que el ejidatario afectado en su parcela es titular del derecho de exigir y recibir la indemnizaci�n correspondiente, al margen incluso del propio n�cleo colectivo. Por tratarse de parcelas ejidales asignadas en favor de un ejidatario, se reconoce a �ste como afectado directo con la emisi�n del decreto expropiatorio, pues solamente as�, se reitera, puede aceptarse jur�dicamente que sea el titular del derecho a recibir la indemnizaci�n. La anterior disposici�n (art�culo 96 de la Ley Agraria) debe adminicularse con lo previsto en el diverso numeral 95 del citado ordenamiento, el cual es del siguiente tenor: (se transcribe). Como se advierte de la lectura de este precepto, el legislador ha protegido al ejidatario de la posibilidad de que su parcela sea ocupada previamente a la expropiaci�n, al exigir su aprobaci�n para la realizaci�n de ese acto, incluso contra lo que al respecto pueda resolver la propia asamblea del ejido; en cambio, al n�cleo agrario, para el efecto de la ocupaci�n previa apuntada, s�lo se le pide su anuencia trat�ndose de tierras comunes. Esta distinci�n que el legislador ha realizado en la ocupaci�n previa de las tierras parceladas y de las tierras comunes, permite corroborar que cuando se afecten aquellas con la expedici�n de un decreto expropiatorio, el ejidatario tiene el car�cter de directamente afectado, lo cual tambi�n es congruente con el hecho de que, si bien no se est� ante un titular de un derecho de propiedad privada sobre la parcela y que la propiedad de las tierras dotadas pertenece al n�cleo ejidal (art�culo 9o. de la Ley Agraria), sin embargo, con el citado acto administrativo de expropiaci�n se afecta directamente el patrimonio del ejidatario y, por tanto, esto es lo que justifica que le corresponda el derecho a ser indemnizado. Lo anterior resulta l�gico, pues el ejidatario tiene sobre su parcela un c�mulo de derechos reconocidos en la propia Ley Agraria, entre otros: a) Le corresponde el derecho de su uso y disfrute (art�culo 14) o su aprovechamiento, uso y usufructo (art�culo 76). b) Tiene la facultad de designar libremente a quien deba sucederle (art�culo 17). c) La parcela puede ser materia de cualquier contrato de asociaci�n o aprovechamiento (art�culo 45). d) Puede otorgar en garant�a el usufructo de su parcela (art�culo 46), as� como constituir fondos de garant�a para hacer frente a sus obligaciones (art�culo 51). e) El uso y aprovechamiento de aguas le corresponde al ejidatario seg�n sus tierras parceladas (art�culo 52). f) Puede conceder a otros ejidatarios o terceros el uso o usufructo de su parcela, mediante aparcer�a, medianera, asociaci�n, arrendamiento o cualquier otro acto jur�dico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorizaci�n de la asamblea o de cualquier otra autoridad, y puede aportar sus derechos de usufructo a la formaci�n de sociedades tanto mercantiles como civiles (art�culo 79). g) Puede enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n (art�culo 80). Por su parte, ni la asamblea ni el comisariado ejidal pueden usar, disponer o determinar la explotaci�n colectiva de tierras parceladas, sin el previo consentimiento escrito de sus titulares (art�culo 77). Los derechos antes mencionados y las prohibiciones para la propia asamblea ejidal en relaci�n con las parcelas destinadas al ejidatario, permiten corroborar que dicho sujeto es afectado directo de un decreto expropiatorio cuando �ste recae sobre su parcela. Luego, esa afectaci�n en sus derechos, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 4o. de la Ley de Amparo, legitima al ejidatario para instar el juicio de amparo, a fin de que pueda impugnar el acto de expropiaci�n, incluso al margen o en contra de lo resuelto por la propia asamblea de ejidatarios, puesto que en este aspecto existe una clara afectaci�n en sus derechos en lo particular. De otra manera, de reconocer �nicamente al n�cleo de poblaci�n la posibilidad de impugnar el decreto expropiatorio, se correr�a el riesgo de dejar indefenso al ejidatario, ante una afectaci�n clara y evidente a sus derechos en lo particular, y la necesidad de obligarlo a demandar en juicio agrario la ilegalidad de lo resuelto por la asamblea. Se precisa que resultar�a contrario al propio sistema establecido por el legislador en la materia agraria, que el ejidatario s�lo tiene derecho a la indemnizaci�n, pero no se ve afectado directamente con la expropiaci�n de su parcela y que no est� legitimado para impugnar el decreto expropiatorio; puesto que precisamente ese derecho de indemnizaci�n se da, como se tiene visto, en favor del titular del derecho afectado por el acto administrativo de m�rito. La posibilidad de que los ejidatarios en lo particular accionen la v�a constitucional en defensa de sus derechos individuales se robustece si se tiene en cuenta que el libro segundo de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 Constitucionales, precisa reglas espec�ficas para el amparo en materia agraria con la finalidad de tutelar a los n�cleos de poblaci�n ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en su derechos agrarios, entre las que se encuentran las relativas a la impugnaci�n de actos que tengan o puedan tener como consecuencia la privaci�n de la propiedad o de la posesi�n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes. No deja de atenderse que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito sustenta la tesis de rubro: �EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACI�N PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, AS� RECAIGA �STE O SU EJECUCI�N SOBRE DERECHOS PARCELARIOS.�. Sin embargo, por las consideraciones expuestas con anterioridad no se comparte el aludido criterio, dado que, con independencia de que el dominio de las tierras ejidales corresponda al n�cleo de poblaci�n, lo relevante es que al tener los ejidatarios el derecho de aprovechar, usar y disfrutar las parcelas que les han sido delimitadas y asignadas por la asamblea, debe entenderse que tambi�n lo tienen para acudir en su defensa en caso de perturbaci�n de tales derechos, incluso contra un decreto expropiatorio. Por ende, con fundamento en el art�culo 197-A de la Ley de Amparo, den�nciese la contradicci�n de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a fin de que decida cu�l criterio debe prevalecer. Adem�s, no se est� en el caso de la tesis de jurisprudencia de la referida Sala consultable en la p�gina 40 del Tomo (sic) 48, Tercera Parte, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, de rubro: �AGRARIO. N�CLEO EJIDAL. ACTOS QUE LESIONAN SUS DERECHOS COLECTIVOS. NO CONFIERE LEGITIMACI�N ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR.�, en virtud de que, como se tiene visto, la impugnaci�n constitucional no se formul� en defensa de las tierras de uso com�n pertenecientes al n�cleo de poblaci�n, pues la promoci�n del juicio de amparo se sustent� en la defensa de tierras formalmente parceladas con base en el t�tulo respectivo, es decir, sobre derechos individuales y no colectivos."

CUARTO

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del S�ptimo Circuito, al fallar el amparo en revisi�n agraria 89/98, en sesi�n de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

CUARTO. Los agravios que aducen los recurrentes son en una parte ineficaces y en el resto infundados. En efecto, si bien el Juez de Distrito consider� la existencia de todos los actos reclamados en la demanda de amparo, en cambio, no advirti� y, por ende, dej� de resolver los que se hicieron consistir en: �... la expedici�n, contenido y firmas del decreto expropiatorio de fecha 11 de septiembre de 1995 mediante el cual se decreta la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica de una superficie de 37-88-32.57 Has. de terrenos ejidales del poblado Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Ver., d.C.S. de la Reforma Agraria reclamamos la elaboraci�n del decreto expropiatorio antes mencionado en el que se estableci� que la superficie expropiada eran terrenos ejidales de uso com�n del poblado Delfino Victoria, antes Santa Fe, cuando en realidad se expropiaron parcelas que correspond�an en lo individual a los suscritos ...�; toda vez que si bien consider� improcedente el juicio y resolvi� sobreseer en �l, ello lo hizo tomando en consideraci�n �nicamente el consistente en: �... del C.D. general y delegado fiduciario especial del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal reclamamos la falta de pago del 50% restante de la indemnizaci�n otorgada en el decreto expropiatorio de fecha 11 de septiembre de 1995, m�xime que la superficie expropiada ya fue ocupada por la planta elaboradora de harina de ma�z nixtamalizada para quien fue solicitada por el Gobierno del Estado de Veracruz.� (foja 3); de esa manera, al no ocuparse la resoluci�n recurrida de todos los actos reclamados en la demanda de garant�as y, como consecuencia, atender de manera parcial la litis constitucional planteada, con tal proceder, el Juez Federal vulner� en perjuicio de los quejosos el art�culo 76 de la Ley de Amparo. No obstante y por los motivos que m�s adelante se expondr�n, la indicada violaci�n ning�n agravio de derecho irroga a los inconformes, tanto porque este Tribunal Colegiado, en cumplimiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 3/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, derivada de la contradicci�n de tesis 2/93, publicada en la p�gina diez, tomo (sic) 86-2, febrero de 1995, Octava �poca, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, bajo el rubro: �ACTO RECLAMADO. LA OMISI�N O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACI�N, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.�, debe avocarse a el (sic) an�lisis de los actos reclamados cuyo estudio se omiti� realizar en el fallo recurrido, como porque, tanto (sic) de la apreciaci�n de los mismos, como de aquel sobre el que s� se ocup� el fallo del a quo debe, sobreseerse respecto de los primeros y confirmarse el fallo impugnado por lo que hace al segundo, lo anterior, atento las consideraciones que enseguida se exponen. Respecto de los actos reclamados que sustancialmente se hacen consistir, en el decreto expropiatorio de fecha once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el dieciocho de septiembre de ese a�o, mediante el cual se decreta la expropiaci�n por causas de utilidad p�blica, de una superficie de 37-88-32.57 hect�reas de terrenos ejidales del poblado Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Veracruz, y su ejecuci�n (fojas 2 y 22), el juicio de garant�as a que este toca se refiere es improcedente por actualizarse en la especie la causa que para tal efecto establece el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo. As� es, de la lectura �ntegra de la demanda de garant�as se advierte que los quejosos manifiestan de manera reiterada, que tanto el decreto reclamado, como la ejecuci�n del mismo, afectan las parcelas que en lo individual les fueron asignadas, y no terrenos de uso com�n del mencionado poblado (fojas 2 a 9). Bien, previo a establecer la raz�n final por la cual los quejosos carecen de legitimaci�n para reclamar, tanto el decreto de expropiaci�n mencionado como su ejecuci�n, se estima necesario resolver la cuesti�n relativa a los derechos parcelarios que ostentan los promoventes del amparo y el por qu�, contrario a lo que pretenden, tales derechos, en los que descansa el ejercicio de su acci�n, no los facultan legalmente para ejercitar la referida acci�n constitucional. En efecto, la Ley Agraria establece: (se transcriben). Ahora bien, de los preceptos legales transcritos se advierte en su conjunto y en la parte que interesa, que son tierras ejidales y, por tanto, est�n sujetas a las disposiciones relativas de la Ley Agraria, las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n ejidal o incorporadas al r�gimen ejidal, las cuales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso com�n y tierras parceladas; que de estas �ltimas, corresponden a los ejidatarios beneficiados, los derechos de uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de las mismas. No obstante, el dominio pleno de los ejidatarios sobre sus parcelas, s�lo lo adquieren por resoluci�n de la asamblea ejidal una vez que la mayor parte de aqu�llas han sido delimitadas y asignadas; y entonces, los ejidatarios interesados podr�n, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitar�n al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de �ste, el cual expedir� el t�tulo de propiedad respectivo, que ser� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente a la localidad y ser�, a partir de la cancelaci�n de la inscripci�n correspondiente en el referido Registro Agrario Nacional, que las tierras dejar�n de ser ejidales y quedar�n sujetas a las disposiciones del derecho com�n, sin que ello implique cambio alguno en la naturaleza jur�dica de las dem�s tierras ejidales, ni signifique alteraci�n del r�gimen legal, estatutario o de organizaci�n del ejido. A su vez, son facultades y obligaciones del comisariado ejidal, entre otras, representar al n�cleo de poblaci�n ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los t�rminos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas. Luego, si de conformidad con los preceptos legales en comento los derechos que el ejidatario tiene sobre su parcela se restringen exclusivamente al uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de la misma, no as� el dominio sobre aqu�lla, el cual s�lo lo adquiere cuando finalmente se cancela la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, dejando entonces esa tierra de ser ejidal y quedando sujeta a las disposiciones del derecho com�n; aunado a lo anterior, con independencia de su destino, son tierras ejidales sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n o incorporadas al r�gimen ejidal. Luego, tales tierras, parceladas, para asentamientos humanos o de uso com�n, conforman el n�cleo de poblaci�n, cuya representaci�n corresponde al comisariado, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas. Por consiguiente, los derechos parcelarios que ostentan los quejosos y de los que se derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio, no legitiman a �stos en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Amparo, para ejercitar la acci�n constitucional cuando es precisamente el dominio sobre tierras parceladas el que se aduce transgredido a virtud de la expropiaci�n reclamada, toda vez que al corresponder aquel derecho (de dominio) al n�cleo y no a los ejidatarios quejosos en lo particular, el �nico facultado legalmente para representar a aqu�l en defensa de ese derecho, es el comisariado del n�cleo de poblaci�n. Al respecto, por analog�a, son aplicables las jurisprudencias de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuyos datos de publicaci�n se citan al final de cada una. �DERECHOS COLECTIVOS, ACTOS QUE LESIONAN LOS. NO SE CONFIERE LEGITIMACI�N ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR.� (se transcribe). �DERECHOS COLECTIVOS DE LOS N�CLEOS DE POBLACI�N, AFECTACI�N DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACI�N ACTIVA.� (se transcribe). �N�CLEOS DE POBLACI�N SOLICITANTES DE AMPLIACI�N DE EJIDOS. AFECTACI�N DE SUS DERECHOS COLECTIVOS. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACI�N ACTIVA.� (se transcribe). En el anterior orden de ideas y con fundamento en los art�culos 4o., 73, fracci�n XVIII y 74, fracci�n III, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de garant�as a que se refiere este toca, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en, �... la expedici�n, contenido y firmas del decreto expropiatorio de fecha 11 de septiembre de 1995 mediante el cual se decreta la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica de una superficie de 37-88-32.57 Has. de terrenos ejidales del poblado Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Veracruz, d.C.S. de la Reforma Agraria reclamamos la elaboraci�n del decreto expropiatorio antes mencionado en el que se estableci� que la superficie expropiada eran terrenos ejidales de uso com�n del poblado Delfino Victoria, antes Santa Fe, cuando en realidad se expropiaron parcelas que correspond�an en lo individual a los suscritos ...�. En otro aspecto ...

Sentencia de la que deriv� la tesis aislada siguiente, con los datos de identificaci�n, rubro y texto que a continuaci�n se transcriben:

(No. Registro: 194,346. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena �poca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo IX, abril de 1999. Tesis VII.1o.A.T.24 A. P�gina 535).

EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACI�N PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, AS� RECAIGA �STE O SU EJECUCI�N SOBRE DERECHOS PARCELARIOS. De conformidad con los art�culos 14, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81 y 83 de la Ley Agraria, los derechos que el ejidatario tiene sobre su parcela se restringen exclusivamente al uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de la misma, no as� el dominio sobre aqu�lla, el cual s�lo lo adquiere cuando finalmente se cancela la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, dejando esa tierra de ser ejidal y quedando sujeta a las disposiciones del derecho com�n; aunado a lo anterior, con independencia de su destino, son tierras ejidales sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n o incorporadas al r�gimen ejidal. Luego, tales tierras, parceladas, para asentamientos humanos o de uso com�n, conforman el n�cleo de poblaci�n, cuya representaci�n corresponde al comisariado, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas. De consiguiente, los derechos parcelarios que ostentan los quejosos y de los que se derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio, no legitiman a �stos en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Amparo, para ejercitar la acci�n constitucional cuando es precisamente el dominio sobre tierras parceladas el que se aduce transgredido a virtud de la expropiaci�n reclamada, toda vez que al corresponder aquel derecho (de dominio) al n�cleo y no a los ejidatarios en lo particular, el �nico facultado legalmente para representar a aqu�l en defensa de ese derecho, es el comisariado del n�cleo de poblaci�n.

QUINTO

Ahora bien, para que exista contradicci�n de tesis, las posturas sustentadas por los �rganos contendientes deben ser efectivamente opuestas, discrepantes o divergentes, para lo cual es necesario que se re�nan los siguientes requisitos:

  1. Que en las ejecutorias materia de la contradicci�n se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y,

  3. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

As� deriva de lo sustentado en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de localizaci�n son del tenor siguiente:

(Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001. P�gina 76).

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Pues bien, en el caso s� se presenta la contradicci�n de tesis denunciada, en virtud de que se surten los requisitos que condicionan su existencia en t�rminos de la jurisprudencia n�mero P./J. 26/2001 antes transcrita, como se demostrar� en los siguientes p�rrafos.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n administrativa con n�mero de expediente 103/2007, sostuvo que:

  1. Los art�culos 27, fracci�n VII, constitucional y 9o., 14, 62, 76, 81 y 82 de la Ley Agraria, reconocen la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidal y comunal. Asimismo, determin� que dichos numerales, por un lado, protegen a la propiedad de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro t�tulo, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas y, por el otro, reservan el derecho de los ejidatarios de aprovechar, usar y disfrutar las parcelas que les hayan sido designadas por la asamblea general de ejidatarios, por tanto, el dominio de las tierras ejidales corresponde �nicamente al ejido.

    B.A. n�cleo de poblaci�n ejidal le corresponde la propiedad de las tierras ejidales mientras que a los ejidatarios les corresponde el derecho de uso y disfrute de sus parcelas.

  2. De conformidad con el art�culo 23, fracci�n IX, de la Ley Agraria, existe la posibilidad de que los ejidatarios adquieran el dominio pleno sobre su parcela, cuando la mayor parte de las parcelas han sido delimitadas y asignadas por la asamblea a estos sujetos de derecho agrario y exista la determinaci�n por parte de la asamblea de proceder de esa manera.

  3. De acuerdo con los art�culos 81 a 83 de la Ley Agraria, el ejidatario asumir� el dominio pleno de su parcela cuando solicite al Registro Agrario Nacional que las tierras sean dadas de baja en dicha dependencia oficial, quien deber� expedir el t�tulo de propiedad respectivo para su posterior inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y a partir de la cancelaci�n en el primero de los organismos gubernamentales, las tierras dejan de ser ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del derecho com�n, de manera que, hasta en tanto no sucedan tales actos jur�dicos y culminen con su cancelaci�n en el Registro Agrario Nacional, la propiedad de las tierras ejidales corresponde al n�cleo de poblaci�n, no obstante que est�n formalmente parceladas.

  4. Es cierto, que en t�rminos de los art�culos 32 y 33 de la Ley Agraria, corresponde al comisariado ejercer las acciones respectivas en defensa de los intereses del ejido, por ser el �rgano de representaci�n y gesti�n administrativa del ejido con facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas, sin embargo, los ejidatarios en lo particular tienen inter�s jur�dico para impugnar el decreto de expropiaci�n reclamado, pues aun cuando tal decreto tiene como finalidad afectar directamente la propiedad de la tierra ejidal, sus consecuencias jur�dicas tambi�n producen una afectaci�n a los titulares de las parcelas en su aprovechamiento, uso y usufructo, pues la expropiaci�n fue tanto de tierras de agostadero de uso com�n, como de temporal de uso individual.

  5. Por tanto, "la afectaci�n proveniente del decreto expropiatorio recay� sobre terrenos ejidales: tierras de uso com�n y tierras parceladas, por lo que el comisariado ejidal tiene legitimaci�n para acudir en defensa de la perturbaci�n correspondiente a las tierras de uso com�n de acuerdo con los citados numerales 32 y 33 de la Ley Agraria, en tanto que los ejidatarios tienen esa legitimaci�n para la defensa de sus derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas; adem�s de que la impugnaci�n no se orient� en defensa de los terrenos de uso com�n sino por actos que causan perjuicio a los derechos individuales de los impetrantes."

  6. El ejido puede impugnar los actos que tiendan a afectar la propiedad de las tierras, pero tambi�n puede hacerlo el particular ejidatario en defensa del usufructo que constituye un derecho de ser transmitido, enajenado, heredado y, por ende, tiene un valor econ�mico que no puede estar supeditado a la voluntad del grupo cuyo inter�s puede verse disminuido por la importancia que le otorgue a la conservaci�n del ejido.

  7. De conformidad con el art�culo 27, segundo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, la protecci�n de la propiedad se encuentra elevada a rango constitucional, en la medida en que la administraci�n s�lo puede privar de �sta a los particulares en aras del bien colectivo, por las causas de utilidad p�blica establecidas en la ley y mediante indemnizaci�n, misma que se establece en favor del particular afectado. Por su parte, de los art�culos 95 y 96 de la Ley Agraria, se desprende que dentro del sistema de indemnizaci�n establecido por el legislador, se reconoce, por un lado, que el ejidatario afectado en su parcela es titular del derecho de exigir y recibir la indemnizaci�n correspondiente, al margen del n�cleo colectivo y, por el otro, se protege al ejidatario de la posibilidad de que su parcela sea ocupada previamente a la expropiaci�n, "al exigir su aprobaci�n para la realizaci�n de ese acto, incluso contra lo que al respecto pueda resolver la propia asamblea del ejido"; en cambio, al n�cleo agrario, para el efecto de la ocupaci�n previa apuntada, s�lo se le pide su anuencia trat�ndose de tierras comunes, de manera que, con motivo de un decreto expropiatorio que afecte la parcela del ejidatario, �ste tiene el car�cter de directamente afectado. Esto aun cuando no se est� ante un titular de un derecho de propiedad privada sobre la parcela, pues si bien es cierto que la propiedad de las tierras dotadas pertenece al n�cleo ejidal, porque as� lo dispone el art�culo 9o. de la Ley Agraria, tambi�n lo es que con el decreto de expropiaci�n se afecta directamente el patrimonio del ejidatario, que es a quien le corresponde la indemnizaci�n, por tanto, est� legitimado para solicitar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal.

    Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del S�ptimo Circuito, en el amparo en revisi�n agraria n�mero 89/98, resolvi� que:

  8. Respecto del acto reclamado, que fue un decreto expropiatorio, mediante el cual se decret� la expropiaci�n por causas de utilidad p�blica, de terrenos ejidales y su ejecuci�n, el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causa de improcedencia establecida en el art�culo 73, fracci�n XVIII, en relaci�n con numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, porque los quejosos adujeron que los actos reclamados afectaban las parcelas que en lo individual les fueron asignadas, y no terrenos de uso com�n del ejido.

  9. De conformidad con la Ley Agraria, son tierras ejidales, las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n ejidal o incorporadas al r�gimen ejidal, las cuales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso com�n y tierras parceladas.

  10. Las tierras parceladas, sus derechos de uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute, corresponden a los ejidatarios beneficiados.

  11. El dominio pleno de los ejidatarios sobre sus parcelas s�lo lo adquieren por resoluci�n de la asamblea ejidal una vez que la mayor parte de aqu�llas han sido delimitadas y asignadas; y entonces, los ejidatarios interesados podr�n, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitar�n al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de �ste, el cual expedir� el t�tulo de propiedad respectivo, que ser� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente a la localidad, a partir de la cancelaci�n de la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional. En consecuencia, las tierras dejar�n de ser ejidales y quedar�n sujetas a las disposiciones del derecho com�n.

  12. Son facultades y obligaciones del comisariado ejidal, entre otras, representar al n�cleo de poblaci�n ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los t�rminos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas.

  13. Los derechos que el ejidatario tiene sobre su parcela se restringen exclusivamente al uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de la parcela, no as� de su dominio, porque �ste s�lo lo adquiere cuando se cancela la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, pues deja de ser la tierra ejidal y queda sujeta a las disposiciones del derecho com�n.

  14. Con independencia del destino, son tierras ejidales sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n o incorporadas al r�gimen ejidal.

  15. Las tierras parceladas, para asentamientos humanos o de uso com�n, conforman el n�cleo de poblaci�n, cuya representaci�n corresponde al comisariado con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas.

    1. Los derechos parcelarios que, en el caso, ostentan los quejosos y de los que se derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio, no los legitiman para presentar la demanda de amparo, porque es precisamente el dominio sobre tierras parceladas el que se aduce transgredido derivado de la expropiaci�n reclamada.

  16. El derecho de dominio de las tierras, corresponde al n�cleo ejidal y no a los ejidatarios en lo particular, por tanto, el �nico facultado legalmente para representar a aqu�l en defensa de ese derecho, es el comisariado del n�cleo de poblaci�n.

SEXTO

Pues bien, a juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, s� existe la contradicci�n de tesis denunciada, porque ambos �rganos jurisdiccionales analizaron cuestiones similares y arribaron a consideraciones distintas, como se desprender� de los siguientes p�rrafos.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito resolvi�, en esencia, que el ejidatario, en relaci�n con las parcelas que le destinaron, es afectado directo de un decreto expropiatorio, cuando �ste recae sobre su parcela, lo que lo leg�tima para solicitar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal. Esto, porque de conformidad con los art�culos 81 a 83 de la Ley Agraria, el ejidatario asumir� el dominio pleno de su parcela cuando solicite al Registro Agrario Nacional que las tierras sean dadas de baja en dicha dependencia oficial, quien deber� expedir el t�tulo de propiedad respectivo para su posterior inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, y a partir de la cancelaci�n en el primero de los organismos gubernamentales, las tierras dejan de ser ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del derecho com�n, de manera que, hasta en tanto no sucedan tales actos jur�dicos y culminen con su cancelaci�n en el Registro Agrario Nacional, la propiedad de las tierras ejidales corresponde al n�cleo de poblaci�n. Sin embargo, no obstante que las tierras est�n formalmente parceladas, cuando un decreto expropiatorio tiene como finalidad afectar directamente la propiedad de la tierra ejidal, sus consecuencias jur�dicas tambi�n producen una afectaci�n a los titulares de las parcelas en su aprovechamiento, uso y usufructo, por ello, tienen inter�s jur�dico para reclamar el decreto en el juicio de amparo.

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del S�ptimo Circuito resolvi�, en esencia, que el ejidatario, en relaci�n con las parcelas que le destinaron, es afectado directo de un decreto expropiatorio, cuando �ste recae sobre su parcela, sobre la que asume el dominio pleno, por resoluci�n de la asamblea ejidal, una vez que la mayor parte de las parcelas han sido delimitadas y asignadas; pues es entonces cuando los ejidatarios interesados podr�n, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitar�n al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de �ste, el cual expedir� el t�tulo de propiedad respectivo, que a su vez ser� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente a la localidad, a partir de la cancelaci�n de la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional. Es en este momento, en el que las tierras dejar�n de ser ejidales y quedar�n sujetas a las disposiciones del derecho com�n. De manera que las tierras parceladas para asentamientos humanos o de uso com�n, conforman el n�cleo de poblaci�n, cuya representaci�n corresponde al comisariado, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n, pleitos y cobranzas, por tanto, los derechos parcelarios de los que derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, pero no de dominio, no los legitiman para presentar la demanda de amparo.

Por tanto, de las consideraciones de los Tribunales Colegiados deriva que la materia de la contradicci�n radica en determinar si los ejidatarios en lo particular, tienen inter�s jur�dico para impugnar a trav�s del juicio de amparo, un decreto expropiatorio que afecta las tierras parceladas o, por el contrario, al ser tierras ejidales, sobre las que a�n no tiene el dominio pleno, sino s�lo su uso y usufructo, le corresponde su defensa al comisariado ejidal.

S�PTIMO

A efecto de estar en posibilidad de resolver la litis, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, los antecedentes de cada uno de los asuntos que fueron resueltos por los tribunales contendientes; en segundo lugar, lo dispuesto por el art�culo 27, p�rrafos tercero y noveno, fracci�n VII, de la Constituci�n Federal y, en tercer lugar, lo dispuesto por los art�culos 14, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83, todos ellos de la Ley Agraria.

Los antecedentes de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, en el amparo en revisi�n administrativa 103/2007, en sesi�n de tres de septiembre de dos mil siete, son los siguientes:

  1. Los quejosos se�alaron como autoridades responsables al presidente de la Rep�blica, secretario de la Funci�n P�blica y el secretario de la Reforma Agraria, y como actos reclamados, el decreto de veintiocho de diciembre de dos mil cinco, que afecta expropiando las parcelas ejidales de las cuales son titulares en el poblado "N�poles", Municipio de Silao, Guanajuato.

    B.T.� conocer del juicio, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien el quince de noviembre de dos mil seis, termin� de engrosar la sentencia, misma que culmin� en el sentido de: "PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por F.A., contra actos del presidente de la Rep�blica, secretario de la Funci�n P�blica y secretario de la Reforma Agraria, consistentes en la expedici�n, promulgaci�n y refrendo del decreto por el que se expropia, por causa de utilidad p�blica, una superficie de terreno del ejido denominado �N�poles�, Municipio de Silao, Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del veintiocho de diciembre de dos mil cinco. Lo anterior en t�rminos de lo expresado en la segunda parte del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Uni�n ampara y protege a F.A. y M.Z.��iga A., respecto de los actos reclamados al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de la Funci�n P�blica y secretario de la Reforma Agraria, consistentes en la expedici�n, promulgaci�n y refrendo, respectivamente, del decreto por el que se expropia, por causa de utilidad p�blica una superficie de terreno del ejido denominado �N�poles�, Municipio de Silao, Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del veintiocho de diciembre de dos mil cinco, as� como el art�culo 88 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Lo precedente en concordancia con lo expresado en el considerando quinto de la presente resoluci�n."

  2. El director general adjunto en la Direcci�n de Asuntos Jur�dicos de la Secretar�a de la Reforma Agraria, en ausencia del titular del ramo y �ste en representaci�n del presidente de la Rep�blica; el Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato y M. Z��iga A., interpusieron recursos de revisi�n.

  3. Finalmente, toc� conocer del recurso al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, quien, por lo que aqu� interesa, se�al� que en relaci�n con el argumento del tercero perjudicado, en el sentido de que los derechos parcelarios que detentan los quejosos �nicamente conceden derechos de uso, usufructo y disfrute, no as� de dominio y que, por ello, al no detentar la titularidad de las parcelas ejidales por corresponder al n�cleo de poblaci�n, aqu�llos carecen de legitimaci�n para promover la acci�n constitucional, estim� que los ejidatarios en lo particular, s� tienen inter�s jur�dico para impugnar el decreto de expropiaci�n reclamado, pues aun cuando tal decreto tiene como finalidad afectar directamente la propiedad de la tierra ejidal, sus consecuencias jur�dicas tambi�n producen una afectaci�n a los titulares de las parcelas en su aprovechamiento, uso y usufructo.

    C.� en este aspecto, en el sentido de que: "... el comisariado ejidal tiene legitimaci�n para acudir en defensa de la perturbaci�n correspondiente a las tierras de uso com�n de acuerdo con los citados numerales 32 y 33 de la Ley Agraria, en tanto que los ejidatarios tienen esa legitimaci�n para la defensa de sus derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas; adem�s de que la impugnaci�n no se orient� en defensa de los terrenos de uso com�n sino por actos que causan perjuicio a los derechos individuales de los impetrantes. Desde otra perspectiva, el ejido puede impugnar los actos que tiendan a afectar la propiedad de las tierras, pero tambi�n puede hacerlo el particular ejidatario en defensa del usufructo que constituye un derecho de ser transmitido, enajenado, heredado, y por ende, tiene un valor econ�mico que no puede estar supeditado a la voluntad del grupo cuyo inter�s puede verse disminuido por la importancia que le otorgue a la conservaci�n del ejido."

    Por su parte, los antecedentes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, al resolver en sesi�n de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve el amparo en revisi�n n�mero 89/98, son los siguientes:

  4. Las quejosas se�alaron como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de la Reforma Agraria, director general y al delegado fiduciario especial del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, y como actos reclamados, entre otros, el decreto expropiatorio de once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual se decret� la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica de una superficie de 37-88-32.57 hect�reas de terrenos ejidales del poblado Delfino Victoria, Municipio de Veracruz, Veracruz.

    B.T.� conocer del asunto al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, quien dict� sentencia en la que sobresey� en el juicio.

  5. Inconformes con esa sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisi�n.

    D.T.� conocer del recurso de revisi�n al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del S�ptimo Circuito, quien por lo que aqu� es de inter�s, se�al� que de conformidad con la Ley Agraria, los derechos que el ejidatario tiene sobre su parcela se restringen exclusivamente al uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de la misma, no as� el dominio sobre aqu�lla, el cual s�lo lo adquiere cuando finalmente se cancela la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, dejando entonces esa tierra de ser ejidal y quedando sujeta a las disposiciones del derecho com�n; por lo que hasta que esto no suceda, tiene inter�s jur�dico para presentar la demanda de amparo el comisariado ejidal, porque las tierras siguen siendo ejidales sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n o incorporadas al r�gimen ejidal. De manera que los derechos parcelarios que ostentan los quejosos y de los que se derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio, no los legitiman en t�rminos del art�culo 4o. de la Ley de Amparo, para ejercitar la acci�n constitucional.

    Pues bien, en relaci�n con la segunda cuesti�n a tratar previa a resolver la materia de la contradicci�n de tesis, radica en delimitar el art�culo 27 de la Constituci�n General de la Rep�blica, p�rrafos tercero y noveno, fracci�n VII, de la Constituci�n Federal, que dispone lo siguiente:

    Art�culo 27. ... La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones: VII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley proteger� la integridad de las tierras de los grupos ind�genas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger� la tierra para el asentamiento humano y regular� el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com�n y la provisi�n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regular� el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecer� los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podr�n asociarse entre s�, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, trat�ndose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n; igualmente fijar� los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgar� al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenaci�n de parcelas se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo n�cleo de poblaci�n, ning�n ejidatario podr� ser titular de m�s tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deber� ajustarse a los l�mites se�alados en la fracci�n XV. La asamblea general es el �rgano supremo del n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal, con la organizaci�n y funciones que la ley se�ale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democr�ticamente en los t�rminos de la ley, es el �rgano de representaci�n del n�cleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n se har� en los t�rminos de la ley reglamentaria.

    Del precepto antes transcrito se desprende en la parte que interesa, por un lado, que la Ley Agraria, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger� la tierra para el asentamiento humano y regular� el aprovechamiento de tierras de uso com�n y, por el otro, que dicha ley regular�, respetando la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.

    Asimismo, se aprecia que la ley fijar� los requisitos y procedimientos, conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgar� al ejidatario el dominio sobre su parcela.

    Cabe precisar que este numeral, para quedar como se ha transcrito con antelaci�n, fue modificado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, de cuya exposici�n de motivos, se advierte lo siguiente:

    ... La reforma se propone reafirmar las formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de los mexicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del pa�s. Cada una de ellas tiene origen y prop�sito en los intereses y la interacci�n entre grupos hist�ricamente conformados. El respeto y protecci�n a su configuraci�n como asentamiento humano es condici�n para la preservaci�n del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad para la naci�n. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protecci�n al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambig�edad al ejido y la comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra Ley Suprema. Son tierras de los ejidatarios y comuneros, a ellos corresponden las decisiones sobre su manejo. El siglo XX ratific� al ejido y la comunidad como formas de vida comunitarias creadas a lo largo de la historia. Demos paso a la reforma agraria de los propios campesinos. La reforma a la fracci�n VII, que promueve esta iniciativa, reconoce la distinci�n entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del n�cleo ejidal y comunal en el �mbito parcelario. Reconoce, tambi�n, la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los v�nculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. Tambi�n fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos realizan para vivir mejor. La propiedad ejidal y comunal ser� protegida por la Constituci�n. Se propone la protecci�n a la integridad territorial de los pueblos ind�genas. Igualmente, se protegen y reconocen las �reas comunes de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguir� siendo de la exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos podr�n enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga la ley, propiciando la compactaci�n parcelaria y sin permitir acumulaci�n o la fragmentaci�n excesivas. Los poseedores de parcelas podr�n constituirse en asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas condiciones presentes. La mayor�a calificada del n�cleo de poblaci�n que fije la ley podr� otorgar al ejidatario el dominio de su parcela, previa regularizaci�n y definici�n de su posesi�n individual. Hay que expresarlo con claridad. Los ejidatarios que quieran permanecer como tales recibir�n el apoyo para su desarrollo. No habr�n ventas forzadas por la deuda o por la restricci�n. La ley prohibir� contratos que de manera manifiesta abusen de la condici�n de pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, pero �ste jam�s puede confundirse con la carencia de opciones.

    De esta exposici�n de motivos se advierte, entre otras cuestiones, que se diferencia entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del n�cleo ejidal y comunal en el �mbito parcelario, y la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los v�nculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio.

    Finalmente, por lo que hace a la tercera cuesti�n a tratar, los art�culos 14, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83, todos ellos de la Ley Agraria establecen respectivamente lo siguiente:

    Art�culo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las dem�s tierras ejidales y los dem�s que legalmente les correspondan.

    Art�culo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I.R. al n�cleo de poblaci�n ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los t�rminos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los t�rminos de la ley, as� como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, as� como informar a �sta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso com�n y el estado en que �stas se encuentren; V. Las dem�s que se�alen la ley y el reglamento interno del ejido.

    Art�culo 43. Son tierras ejidales y por tanto est�n sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n ejidal o incorporadas al r�gimen ejidal.

    Art�culo 44. Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso com�n; y, III. Tierras parceladas.

    Art�culo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los art�culos 24 a 28 y 31 de esta ley, podr� determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de �stas, reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podr� destinarlas al asentamiento humano, al uso com�n o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, proceder� como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservar� las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitar� las tierras de uso com�n del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o est�n vacantes, podr� asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y, III. Los derechos sobre las tierras de uso com�n se presumir�n concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignaci�n de proporciones distintas, en raz�n de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitir� las normas t�cnicas que deber� seguir la asamblea al realizar la delimitaci�n de las tierras al interior del ejido y proveer� a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El registro certificar� el plano interno del ejido, y con base en �ste, expedir� los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, seg�n sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deber�n inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.

    Art�culo 62. A partir de la asignaci�n de parcelas, corresponder�n a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los t�rminos de esta ley. Cuando la asignaci�n se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumir�, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y ser�n ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resoluci�n de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en materia federal.

    Art�culo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas.

    Art�culo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los t�rminos del art�culo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los art�culos 24 a 28 y 31 de esta ley, podr� resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.

    Art�culo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resoluci�n prevista en el art�culo anterior, los ejidatarios interesados podr�n, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitar�n al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedir� el t�tulo de propiedad respectivo, que ser� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelaci�n de la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejar�n de ser ejidales y quedar�n sujetas a las disposiciones del derecho com�n.

    Art�culo 83. La adopci�n del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jur�dica de las dem�s tierras ejidales, ni significa que se altere el r�gimen legal, estatutario o de organizaci�n del ejido. La enajenaci�n a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso com�n, en cuyo caso el comisariado ejidal deber� notificar la separaci�n del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuar� las cancelaciones correspondientes.

    De los art�culos antes transcritos se desprende, en la parte que interesa, que son tierras ejidales las que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n ejidal o incorporadas al r�gimen ejidal, que como se advirti� al analizar el art�culo 27 constitucional y la exposici�n de motivos que deriv� en su reforma en mil novecientos noventa y dos, es acorde con lo se�alado en el sentido de que se reconoce y protege al ejido y a la comunidad, como formas de propiedad al amparo de la Constituci�n, como grupo colectivo.

    Las tierras ejidales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso com�n y tierras parceladas.

    Por su parte, dentro de las facultades y obligaciones del comisariado ejidal est� la de representar al n�cleo de poblaci�n ejidal, con las facultades de un apoderado general para actos de administraci�n y pleitos y cobranzas.

    La asamblea de cada ejido puede determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Asimismo, puede destinar las tierras ejidales: a) al asentamiento humano; b) al uso com�n; o, c) parcelarlas en favor de los ejidatarios.

    El Registro Agrario Nacional certificar� el plano interno del ejido, y con base en �ste, expedir�: a) los certificados parcelarios; b) los certificados de derechos comunes; o, c) ambos, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Los certificados se deben inscribir en el propio Registro Agrario Nacional.

    A partir de la asignaci�n de parcelas, corresponden a los ejidatarios beneficiados, por un lado, los derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas y, por el otro, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las dem�s tierras ejidales, as� como los dem�s que legalmente les correspondan.

    Una vez que la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios, conforme a lo establecido en p�rrafos anteriores, la asamblea puede resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, caso en el que los ejidatarios interesados, solicitar�n al Registro Agrario Nacional que las tierras sobre las que ejercer�n el dominio pleno, sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedir� el t�tulo de propiedad respectivo, que ser� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente a la localidad.

    Desde la cancelaci�n de la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejar�n de ser ejidales y quedar�n sujetas a las disposiciones del derecho com�n.

    Pues bien, una vez precisado lo anterior, no hay duda en relaci�n con la defensa de las tierras y el consecuente inter�s jur�dico en el amparo, por lo que hace a los extremos que se presentan, el primero, en el sentido de que corresponde al comisariado ejidal (quien representa al n�cleo de poblaci�n ejidal) la defensa de las tierras ejidales de uso com�n que han sido dotadas al n�cleo de poblaci�n o incorporadas al r�gimen ejidal.

    Y, el segundo caso, en donde tampoco hay duda, se presenta, en el sentido de que corresponde a los ejidatarios en particular la defensa de sus tierras y, en consecuencia, tienen inter�s jur�dico para presentar la demanda de amparo, respecto de la afectaci�n de aquellas tierras que han dejado de ser parte de las tierras ejidales, sobre las que ejercen el dominio pleno y que est�n reguladas por el derecho com�n.

    Las tierras sobre las que los ejidatarios ejercen el dominio pleno, son aquellas en las que: a) as� lo acord� la asamblea; b) a solicitud del ejidatario, el Registro Agrario Nacional ha dado de baja las tierras que hab�an sido registradas a su favor como parceladas; y, c) el mismo Registro Agrario Nacional ha expedido el t�tulo de propiedad respectivo que se inscribe en el Registro P�blico de la Propiedad.

    Desde la cancelaci�n de la inscripci�n correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejar�n de ser ejidales y quedar�n sujetas a las disposiciones del derecho com�n.

    El problema que se presenta en la presente denuncia de contradicci�n de tesis, es respecto a la defensa de las tierras y, en consecuencia, en relaci�n con quien tiene inter�s jur�dico en el amparo -siendo el acto reclamado una expropiaci�n y su ejecuci�n-, cuando las tierras todav�a no son parte del derecho com�n, esto es, sobre las que el ejidatario todav�a no ejerce el dominio pleno (pues no han sido dadas de baja en el Registro Agrario Nacional como tierras ejidales, ni tampoco han sido registradas en el Registro P�blico de la Propiedad), pero que son tierras parceladas a favor del ejidatario (y en consecuencia, ejercen los derechos de uso y usufructo -no de dominio- de sus parcelas).

    Otro caso que se puede presentar, tambi�n dentro de la zona intermedia que habr� de resolverse, es aquel en el que las parcelas del ejido han sido delimitadas y asignadas de hecho a favor de los ejidatarios, por parte de la asamblea, pero que a pesar de que no ha habido gesti�n alguna ante el Registro Agrario Nacional, los ejidatarios ejercen sobre ellas de facto, los derechos de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas.

    Para resolver estos supuestos (ambos), es necesario tener en cuenta, que como se se�al� con antelaci�n, a nivel constitucional se reconoce y protege al ejido y a la comunidad, como formas de propiedad, con lo que adem�s se reconoce la composici�n y defensa del grupo colectivo.

    En efecto, tanto la Constituci�n, como la Ley Agraria y la Ley de Amparo, reconocen la forma de vida colectiva -distinta al individualismo-, que existe en las comunidades campesinas que en ocasiones pueden o no estar compuestas adem�s por pueblos ind�genas, que en particular tienen una cosmovisi�n del mundo de trabajo colectivo y defensa de sus bienes tambi�n en esa forma, colectiva, se reitera, no individual.

    Tan es as�, que incluso en la Ley de Amparo, en ninguna materia salvo en la agraria (que est� regulada en un libro aparte al resto de las materias: libro segundo) permite el amparo colectivo, al establecer en el art�culo 213 lo siguiente:

    Art�culo 213. Tienen representaci�n legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un n�cleo de poblaci�n: I. Los comisariados ejidales o de bienes comunales; II. Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al n�cleo de poblaci�n perjudicado, si despu�s de transcurridos quince d�as de la notificaci�n del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo; y, III. Quienes la tengan, en los t�rminos de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los casos de restituci�n, dotaci�n y de ampliaci�n de ejidos, de creaci�n de nuevos centros de poblaci�n y en los de reconocimiento y titulaci�n de bienes comunales.

    Por otro lado, tambi�n es necesario tener en cuenta para resolver la litis, y acorde a lo manifestado en l�neas anteriores, que es la asamblea de cada ejido, la que est� facultada para destinar las tierras ejidales entre otros aspectos a parcelas en favor de los ejidatarios, y que puede efectuar el parcelamiento de las tierras que no est�n formalmente parceladas; reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho; y regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes.

    Asimismo, es menester tener presente que conforme a las instrucciones que d� la asamblea (por conducto del comisariado ejidal o por el representante que la asamblea designe) al Registro Agrario Nacional, �ste certificar� el plano interno del ejido, y con base en �ste, expedir� entre otros, los certificados parcelarios. Certificados que se deben inscribir en el propio Registro Agrario Nacional.

    Lo anterior lleva a advertir que en la materia agraria, juega un papel muy importante la asamblea general de ejidatarios (y la vida comunal), pues puede aqu�lla actuar inclusive de protector para preservar la existencia misma del ejido y evitar su desmembramiento, si as� lo desea, lo que claramente se advierte al ser el facultado final para acordar cu�ndo las tierras ya parceladas a favor de un ejidatario en lo individual, dejar�n de ser tierras ejidales (en su modalidad de parceladas) y pasar�n al amparo del derecho com�n, con todas sus consecuencias, como podr�a ser su enajenaci�n a terceros. En este caso es la propia asamblea quien acuerda que los ejidatarios en lo individual ejercer�an el dominio pleno sobre ellas.

    Pero adem�s, este rol activo de la asamblea de ejidatarios, se aprecia en muchos otros aspectos de la vida ejidal como es en la asignaci�n de parcelas, pues es quien las asigna a los ejidatarios en lo individual, y con ello que �ste pueda usar y usufructuar las tierras que son ejidales, pero en su modalidad de parceladas a favor de una persona; as� como en la intervenci�n ante el Registro Agrario Nacional, para que se expidan y registren los certificados parcelarios, y su participaci�n tambi�n se ve, en el hecho de tener la representaci�n del ejido y facultades para la defensa de las tierras ejidales.

    Por todo ello, en relaci�n con la litis, se puede arribar a la conclusi�n siguiente:

    Si por un lado, las tierras ejidales, por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso com�n y tierras parceladas; por otra parte, corresponde al comisariado ejidal la defensa de las tierras ejidales y, por �ltimo, si es la asamblea ejidal quien tiene facultad para destinar las tierras ejidales a parceladas en favor de los ejidatarios; para reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho para regularizar ante el Registro Agrario Nacional la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes, para que se les expidan y, finalmente, para determinar qu� tierras son aquellas sobre las que los ejidatarios ejercer�n el dominio pleno, entonces quien tiene inter�s jur�dico para solicitar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en contra de un decreto que expropie tierras ejidales (en cualquiera de sus modalidades, dentro de las que se incluyen las parceladas) es el comisariado ejidal.

    Esto es as�, porque aun cuando una vez parceladas las tierras (de hecho o de iure, es decir, inscritas o no en el Registro Agrario Nacional y expedido o no el certificado correspondiente) el ejidatario en lo individual tiene derecho a su uso y usufructo, lo cierto es que las tierras parceladas todav�a forman parte de las tierras ejidales, tal como se desprende del art�culo 44 de la Ley Agraria, y de conformidad con el diverso 33, fracci�n II, del mismo ordenamiento legal, el comisariado ejidal est� obligado a velar porque se respeten los derechos de los ejidatarios (como son aquellos de uso y usufructo, sobre las tierras ejidales, que han sido parceladas) de manera que si la asamblea de ejidatarios tiene facultades para representar al ejido y tambi�n para defender los derechos ejidatarios en particular, referente a las tierras ejidales en concreto a la parcela del ejidatario, tiene inter�s jur�dico para presentar el amparo en contra de un decreto expropiatorio de tierras ejidales parceladas.

    Razonar de una manera distinta, implicar�a restarle a la asamblea de ejidatarios sus funciones y facultades, y tratar a las tierras ejidales, en su modalidad de tierra parcelada, como si fueran tierras ya inscritas en el Registro P�blico de la Propiedad a favor de un ejidatario en lo individual, sobre las que ejerce el dominio pleno, con lo que se podr�a fragmentar la instituci�n del ejido.

    Adem�s, si la asamblea es quien determina qu� ejidatario es el que ejercer� el pleno dominio de su parcela y as� lo resuelve, �ste, -el ejidatario- gestionar� ante el Registro Agrario Nacional la cancelaci�n de su certificado respecto a la tierra parcelada, y su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, caso en el que desde luego, ser� el ejidatario quien tenga inter�s jur�dico para acudir al amparo, porque las tierras han pasado a formar parte del derecho com�n, pero no cuando todav�a forman parte de las tierras ejidales.

    Ahora bien, la existencia de la representaci�n sustituta en materia agraria, ya ha sido materia de an�lisis por esta Segunda Sala, en la tesis aislada n�mero 2a. LXXXVI/2006, de la que se desprende, en la parte que interesa, que tanto el comisariado ejidal, como quienes acudieron a la v�a constitucional en representaci�n sustituta, sin exclusi�n de uno sobre otro, est�n legitimados para defender dentro del juicio de amparo los derechos colectivos del n�cleo de poblaci�n al que pertenecen, realicen las promociones tendentes al cumplimiento de una sentencia que le concedi� la protecci�n constitucional.

    Lo anterior tal como se advierte de la tesis referida, cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, a la letra dicen lo siguiente:

    No. Registro: 173,674. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XXIV, diciembre de 2006. Tesis 2a. LXXXVI/2006. P�gina 237.

    SENTENCIA DE AMPARO. TANTO EL COMISARIADO EJIDAL, COMO QUIENES ACUDIERON EN REPRESENTACI�N SUSTITUTA TIENEN LEGITIMACI�N PARA REALIZAR LAS PROMOCIONES TENDENTES A SU CUMPLIMIENTO TRAT�NDOSE DE DERECHOS COLECTIVOS AGRARIOS.-No existe impedimento alguno para que, tanto el comisariado ejidal, como quienes acudieron a la v�a constitucional en representaci�n sustituta, estando ambos legitimados para defender dentro del juicio de garant�as los derechos colectivos del n�cleo de poblaci�n al que pertenecen, realicen las promociones tendentes al cumplimiento de una sentencia que le concedi� la protecci�n constitucional; sin que la actuaci�n de uno excluya la del otro, pues ambos defienden los intereses del poblado en su conjunto. As�, el hecho de que la demanda de amparo se haya promovido por los representantes sustitutos, no extingue el car�cter del comisariado ejidal como representante legal del ejido, legitimado para realizar ante las autoridades responsables o con terceros, los actos indispensables para el cabal cumplimiento de la sentencia protectora; m�xime que ese �rgano no act�a motu proprio, sino como encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea, �rgano supremo del ejido, a la que debe rendir informes sobre su actuaci�n, la cual no se restringe a la representaci�n legal del poblado, sino que tiene tambi�n, entre otras obligaciones, la de administrar los bienes comunes del ejido, en los t�rminos que fije la asamblea y procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios.

    Por tanto, si el comisariado ejidal no acude a solicitar el amparo y protecci�n de la Justicia Federal en contra de un decreto expropiatorio de tierras ejidales, cuando �ste o su ejecuci�n recaiga sobre derechos parcelarios, el ejidatario en lo individual puede, en representaci�n sustituta del primero, acudir al juicio de amparo, pues en este caso tendr� legitimaci�n procesal para ello.

    En otras palabras, si el comisariado ejidal no ejerce la acci�n de amparo, los ejidatarios en lo particular tienen legitimaci�n para reclamar un decreto expropiatorio de tierras ejidales, cuando recaiga �ste o su ejecuci�n sobre derechos parcelarios, pues acudir�n representando sustitutamente al primero.

    Adem�s, es necesario precisar, que de conformidad con el art�culo 96 de la Ley Agraria, que a la letra dice:

    Art�culo 96. La indemnizaci�n se pagar� a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiaci�n s�lo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, �stos recibir�n la indemnizaci�n en la proporci�n que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuradur�a Agraria intentar� la conciliaci�n de intereses y si ello no fuera posible, se acudir� ante el tribunal agrario competente para que �ste resuelva en definitiva.

    La indemnizaci�n se pagar� a los ejidatarios atendiendo a sus derechos, y si la expropiaci�n s�lo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, �stos reciben la indemnizaci�n en la proporci�n que les corresponda.

    Por todo lo manifestado a lo largo de este considerando, el criterio que debe prevalecer es el que, atento a lo dispuesto en los art�culos 192, p�rrafo tercero y 197-A de la Ley de Amparo, se plasma en la siguiente tesis:

    COMISARIADO EJIDAL. TIENE LEGITIMACI�N PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES AUNQUE SE REFIERA A DERECHOS PARCELARIOS, Y SI NO LO HACE, PUEDE ACUDIR EL EJIDATARIO EN REPRESENTACI�N SUSTITUTA DE AQU�L.-Conforme a los art�culos 14, 32, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81, 82 y 83 de la Ley Agraria, el comisariado ejidal es el �rgano legitimado para promover juicio de amparo indirecto contra un decreto expropiatorio y su ejecuci�n sobre las tierras ejidales, tanto de uso com�n como parceladas. Por otra parte, corresponde a los ejidatarios en particular la defensa de las tierras que han dejado de ser parte de las tierras ejidales y sobre las que ejercen el dominio pleno. Ahora bien, cuando las tierras afectadas por un decreto expropiatorio y su ejecuci�n contin�an siendo ejidales en su modalidad de parcelas, sobre las que el ejidatario solamente ejerce derechos de uso y usufructo, pero no el dominio pleno conforme al citado art�culo 82, corresponde al comisariado ejidal su defensa y, por tanto, cuenta con inter�s jur�dico para promover el juicio de amparo, con independencia de que la indemnizaci�n, en su caso, la recibir�n los ejidatarios atendiendo a sus derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 96 de la Ley Agraria. Sin embargo, si el comisariado ejidal no acude a solicitar el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal, el ejidatario en lo individual puede promover el juicio de garant�as en t�rminos del art�culo 213, fracci�n II, de la Ley de Amparo, en representaci�n sustituta de aqu�l.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Existe la contradicci�n de tesis denunciada entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n administrativa n�mero 103/2007, y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del S�ptimo Circuito, al pronunciarse en el amparo en revisi�n agraria n�mero 89/98.

SEGUNDO

Debe prevalecer con el car�cter de jurisprudencia la tesis citada al final del �ltimo considerando.

N.�quese, con testimonio de la presente resoluci�n a cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyas ejecutorias se examinaron; env�ese la jurisprudencia que se sustenta al Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el art�culo 195 de la Ley de Amparo; rem�tase de inmediato la indicada jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta; y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.A.G.�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., M.B.L.R. y presidente J.F.F.G.S..