de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38267984

de Suprema Corte de Justicia,

Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación:16 de Marzo de 2008
RESUMEN

PRUEBAS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA TESTIMONIAL DE UNA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE NO SEA PARTE EN AQUÉL, PERO QUE CONOZCA DEL ASUNTO POR VIRTUD DE SUS FUNCIONES, NO ES EQUIPARABLE A UNA CONFESIONAL POR ABSOLUCIÓN DE POSICIONES, PROSCRITA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Registro No. 20863

L.�n:

Novena �poca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

Tomo: XXVII, Marzo de 2008

P�gina: 839

CONTRADICCI�N DE TESIS 30/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL D�CIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIA: BLANCA LOBO DOM�NGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer la presente denuncia de contradicci�n de tesis, conforme a lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con el punto cuarto del Acuerdo Plenario N�mero 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicci�n de criterios en materia com�n entre Tribunales Colegiados de Circuito, no es necesaria la intervenci�n del Tribunal Pleno.

En efecto, los dos �ltimos acuerdos anotados dicen, en la parte que interesa, lo siguiente:

Acuerdo 4/2002:

Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que est�n con proyecto en la Secretar�a General de Acuerdos ser�n enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los se�ores Ministros integrantes del Comit� de Listas.

Acuerdo 6/2003:

"Primero. El Pleno enviar� a las Salas y, en su caso, �stas conservar�n para su resoluci�n, los asuntos anteriores al a�o dos mil tres, con excepci�n de los siguientes:

"...

e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretar�a General de Acuerdos con proyecto; ...

Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, subsiste la clara intenci�n por parte del Tribunal Pleno de agilizar la resoluci�n de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, dejando al mismo los de mayor inter�s y relevancia para el �mbito jur�dico nacional.

Lo anterior se advierte de las partes considerativas de dichos acuerdos que se�alan:

Acuerdo 4/2002:

"S�ptimo. Que si bien la aplicaci�n de los acuerdos citados en el considerando que antecede permiti� al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jur�dico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resoluci�n en el propio Pleno m�s de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, as� como m�s de cuarenta amparos en revisi�n programados en t�rminos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;

"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un inter�s excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica, las reformas a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia ind�gena y los conflictos de l�mites entre diversos Estados de la Uni�n; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisi�n relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el art�culo 224 del C�digo Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;

"Noveno. Que para agilizar la resoluci�n de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por raz�n de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios dis�miles al seno de este Alto Tribunal, los que deber�n resolverse con la mayor prontitud, se establecer� el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitir� cumplir con la finalidad de esa instituci�n; m�xime que, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido;"

Acuerdo 6/2003:

S�ptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garant�a de una justicia pronta y completa establecida en el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al a�o dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno.

As�, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervenci�n del Tribunal Pleno, el mismo debe resolverse en la Sala correspondiente, en el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, en t�rminos de los numerales 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que fue presentada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, que es uno de los �rganos colegiados entre los cuales se suscit� la probable contradicci�n de criterios.

TERCERO

Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicci�n, es conveniente establecer cu�les son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposici�n de criterios entre Tribunales Colegiados.

Para tal efecto cabe destacar que, atendiendo al contenido de los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para existir materia sobre la cual debe pronunciarse, trat�ndose de la contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

As� se determin� en la jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., abril de dos mil uno, que dice a la letra:

CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los art�culos 107, fracci�n XIII, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o la Sala que corresponda deben decidir cu�l tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Una vez precisado lo anterior, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicci�n se denuncia se ajustan a los requisitos que menciona la jurisprudencia previamente transcrita.

Con ese prop�sito, cabe destacar que de la ejecutoria pronunciada el once de enero de dos mil siete por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el recurso de queja 64/2006 interpuesto por Hylsa, Sociedad An�nima de Capital Variable, se advierte lo siguiente:

� La impetrante promovi� juicio de amparo indirecto contra actos del tesorero del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla.

� Entre otras pruebas, la quejosa ofreci� la testimonial a cargo de la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, presentando para tal efecto el siguiente cuestionario:

"Interrogatorio que deber� responder la C. Ma. G.J.B., al tenor del cual se debe desahogar la prueba testimonial ofrecida por la quejosa.

"Con fundamento en lo dispuesto por el segundo p�rrafo del art�culo 151 de la Ley de Amparo, vengo a ofrecer la prueba testimonial a cargo de la C. Ma. G.J.B., secretaria del H. Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, con domicilio conocido ubicado en la tesorer�a de dicho H. Ayuntamiento, al tenor del interrogatorio siguiente:

"1. Que diga el testigo a qu� se dedica.

"2. Que diga el testigo en d�nde trabaja.

"3. Que diga el testigo cu�les son sus funciones en el lugar donde labora.

"4. Que manifieste el testigo si dentro de sus funciones se encuentra la recepci�n de documentos.

"5. Que manifieste el testigo si el d�a once de agosto de dos mil seis, recibi� un escrito signado por E.V.M.�nez.

"6. Que diga el testigo si el escrito que recibi� el d�a once de agosto de dos mil seis, signado por E.V.M.�nez, conten�a alg�n anexo.

"7. Que diga el testigo, cu�ntos anexos conten�a el escrito que recibi� el once de agosto de dos mil seis, signado por E.V.M.�nez.

"8. Que manifieste el testigo de qu� constaban los anexos del escrito que recibi� el d�a once de agosto de dos mil seis, signado por E.V.M.�nez.

"9. Que diga el testigo si el escrito que recibi� el d�a once de agosto de dos mil seis, signado por E.V.M.�nez, conten�a como anexos la p�liza de fianza con n�mero de folio HS-008569, expedida por HSBC Fianzas, S. A. Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de tres millones ciento once mil setecientos noventa y siete pesos 90/100 M.N.; y el instrumento notarial n�mero 1,047, volumen IV, libro 7, foja 83, de fecha veintitr�s de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, otorgado ante la fe del licenciado H.A.C.C., notario p�blico n�mero setenta y uno, con ejercicio en el Municipio de San Nicol�s de los Garza, en el Estado de Nuevo Le�n.

"10. Que diga el testigo, teniendo a la vista el escrito de fecha once de agosto de dos mil seis, signado por E.V.M.�nez, si la escritura y la firma estampadas al calce de la primera hoja de dicho escrito, le pertenecen.

11. Que manifieste el testigo si mediante la leyenda y la firma insertas al calce de la primera hoja del escrito de once de agosto de dos mil seis, signado por E.V.M.�nez, hizo constar la recepci�n de dicho documento, as� como sus anexos.

� Con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 150 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito desech� esa prueba, por estimar que se equiparaba a la de posiciones, inadmisible en el juicio de garant�as.

� Contra ese prove�do, la agraviada interpuso recurso de queja, argumentando que la prueba testimonial ofrecida ten�a como finalidad demostrar que en el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, se recibi� el escrito de fecha once de agosto de dos mil seis, as� como la fianza que la autoridad neg� haber recibido; por tanto, la prueba debi� admitirse porque fue ofrecida para desvirtuar los afirmaciones de la responsable.

Adem�s, sostuvo la impetrante, es incorrecta la apreciaci�n del Juez de Distrito, porque el formulario se refiere a una testimonial, en tanto que la absoluci�n de posiciones s�lo puede recaer en una de las partes, no en quienes no los sean, adem�s de que el a quo no indica en forma alguna cu�les son los elementos que tom� en cuenta para considerar que la testimonial se equipara con absoluci�n de posiciones.

De igual forma, se�al� la quejosa, que en t�rminos del art�culo 165 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, est�n obligados a declarar como testigos, como ocurr�a con la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, pues con su testimonial se llegar�a a conocer la certeza del hecho afirmado sobre la recepci�n del escrito de once de agosto de dos mil seis y la fianza respectiva, motivo por el cual dicha prueba debi� ser admitida.

Al resolver ese recurso de queja, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estim� fundado pero inoperante el agravio de la inconforme, con base en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Los argumentos del �nico agravio deben desestimarse por las siguientes razones.

"...

"Ahora bien, al dictar el auto materia de esta queja, el a quo desech� la testimonial en comentario, con base en la siguiente fundamentaci�n y motivaci�n:

"�... y, por lo que a la testimonial marcada con el inciso g), con fundamento en lo dispuesto en el art�culo 150 de la Ley de Amparo, se desecha en raz�n de que dicha prueba se equipara a la de posiciones, misma que no es admisible en el juicio de garant�as.� (foja 52 vuelta).

"En esa medida, asiste raz�n a la inconforme cuando argumenta que el Juez de Distrito no le indica cu�les son los elementos que tom� en cuenta para considerar que la testimonial a cargo de Mar�a G.J.B. se equipara a la absoluci�n de posiciones, con lo que la deja en estado de indefensi�n, toda vez que no le es posible rebatir dicha estimaci�n, por lo que le resulta incomprensible que se admitan las otras testimoniales a cargo de R.G.�rrez P. y M.A.R., y que s�lo se deseche la correspondiente a Mar�a G.J.B..

"Sin embargo, ello resulta inoperante para resolver el asunto de manera favorable a sus pretensiones, pues en el caso es correcto el desechamiento cuestionado, como se ver� a continuaci�n.

"El art�culo 150 de la ley de la materia, dispone:

"�Art�culo 150. ...� (se transcribe).

"Al respecto, la doctrina reconoce diversas clases de confesi�n.

"As�, por ejemplo, la confesi�n judicial es la que se realiza dentro del proceso jurisdiccional, apegada a las formalidades legales. Extrajudicial, la que se lleva a cabo fuera del proceso judicial o ante �rgano jurisdiccional incompetente.

"Expresa, es la que se manifiesta en forma oral, al contestar (absolver) las posiciones (preguntas), formuladas (articuladas) por la contraparte ante el �rgano competente. T�cita, es aquella que se produce por la falta de comparecencia del confesante; o por la omisi�n de respuestas del absolvente; o que conteste con evasivas o dijere ignorar los hechos propios; o por la falta de respuestas categ�ricas (afirmativas o negativas).

"Sobre el tema, la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha emitido, entre otros, el siguiente criterio publicado en la p�gina 294 del Tomo LXXXIX, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que a la letra dice:

"�AMPARO, CONFESI�N EN EL. ...� (se transcribe).

"Como puede advertirse, la prueba de confesi�n s� puede admitirse en el juicio de amparo (por ejemplo, la confesi�n que se desprenda del informe justificado o de la propia demanda de garant�as) pues lo que en realidad est� prohibido es la absoluci�n de posiciones o confesi�n expresa, tambi�n denominada por la doctrina confesi�n judicial provocada.

"En otras palabras, el legislador no prohibi� la prueba confesional, de cualquier tipo, en t�rminos absolutos, sino una especie de este elemento de convicci�n: la confesi�n expresa que se manifiesta en forma oral, al absolver las posiciones articuladas por la contraparte ante el �rgano jurisdiccional competente.

"Entre las razones que el legislador tuvo para decretar dicha prohibici�n, diversos tratadistas coinciden en se�alar que el motivo primordial, no �nico, para que la ley no permita la confesional en materia de amparo (entendida como la confesi�n expresa o confesi�n judicial provocada) consiste en la observancia del principio de econom�a, ya que el desahogo de la referida probanza demorar�a considerablemente la tramitaci�n del juicio, con grave desacato a lo previsto en el art�culo 17 constitucional. Adem�s, si la autoridad responsable fuese la absolvente, la prueba de posiciones no se podr�a practicar ya que, en primer lugar, un hecho sobre el cual versara la confesi�n, es susceptible de ser realizado por diferentes �rganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante; y en segundo t�rmino, atendiendo a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisi�n todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y negocios de que conozca conforme a su competencia, dentro de la polifac�tica vida del Estado contempor�neo.

"En consecuencia, con base en las consideraciones legales y doctrinarias que se han expuesto, aplicadas a las caracter�sticas de este asunto en concreto, se arriba a la conclusi�n de que las preguntas del interrogatorio a cargo de Mar�a G.J.B., quien, dice la propia quejosa, se desempe�a como secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, se refieren a las actividades que habr�a desarrollado con motivo de su cargo, por lo que es evidente que se equipara a una confesi�n judicial expresa o provocada, prohibida en el art�culo 150 de la Ley de Amparo.

"Es importante se�alar que una de las notas que distingue a la confesional de la testimonial, es el car�cter que tengan en el juicio las personas a cargo de las cuales deban ser desahogadas, pues la doctrina distingue las declaraciones procesales seg�n el sujeto que las haga; en esa medida, las denomina �confesiones� cuando provienen de una de las partes del proceso, y �testimoniales� cuando son de otras personas. Por ende, en la prueba testimonial el sujeto declara sobre hechos que no le son propios, pero le constan, por haberlos presenciado u o�do, mientras que en la confesional el sujeto refiere hechos que le son propios, es decir, que por s� mismo efectu� o dej� de hacer; a lo anterior se agrega otra caracter�stica que diferencia una prueba de la otra, consistente en que el testigo expresa hechos que no le son perjudiciales, mientras que en la confesional, quien la desahoga, declara contra s� mismo.

"Por estas razones se concluye que la prueba ofrecida como testimonial por la ahora recurrente, se equipara a una confesi�n judicial expresa o provocada, pues a pesar de que la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, no es parte dentro del presente juicio de garant�as, lo cierto es que la oferente pretende que declare sobre hechos que habr�a realizado, no como particular, sino con motivo de las labores que desempe�a en el Ayuntamiento, que en los t�rminos narrados por la impetrante habr�an sido las correspondientes a un oficial de partes, lo cual hace improcedente la admisi�n de la probanza de m�rito, como legalmente estim� el Juez de Distrito.

"Son aplicables al caso, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 3111 del Tomo LIX, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, y por compartirse, la tesis aislada n�mero VIII.3o.14 K del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la p�gina 1780 del Tomo XX, julio de 2004, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que textualmente se leen:

"�AMPARO, PRUEBA DE POSICIONES EN EL. ...� (se transcribe).

"�PRUEBAS EN EL AMPARO. ES INADMISIBLE LA DECLARACI�N DE UNA DE LAS PARTES A TRAV�S DE POSICIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN QUE SE FORMULE, PUES EQUIVALE A UNA CONFESIONAL NO PERMITIDA POR LA LEY DE LA MATERIA. ...� (se transcribe).

"En este punto, cabe recapitular en que la nota distintiva entre las pruebas testimonial y confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece, pues si versa sobre la declaraci�n de un tercero, a trav�s de una serie de cuestionamientos sobre hechos que le consten por haberlos presenciado u o�do, se tratar� de una testimonial; por el contrario, la declaraci�n de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una prueba confesional por posiciones.

"Empero, la probanza ofrecida por la ahora recurrente bajo la denominaci�n de testimonial a cargo de la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, quien no tiene el car�cter de parte en el juicio de garant�as, virtualmente se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el art�culo 150 de la Ley de Amparo.

"Ello se considera as�, pues al respecto se estima que dicho precepto legal no se debe interpretar de manera letr�stica, sino atendiendo a las razones que tuvo el legislador para prohibir la confesi�n expresa o confesi�n judicial provocada en materia de amparo, consistente, como se ha se�alado en l�neas anteriores, en la observancia del principio de econom�a, toda vez que el desahogo de la confesional a trav�s de posiciones demorar�a en forma considerable la tramitaci�n del juicio, con desacato a lo dispuesto en el art�culo 17 de la Constituci�n Federal, aunado a que preponderantemente no es posible soslayar que cuando se propone a una autoridad como absolvente, con independencia de que sea parte o no dentro del juicio de garant�as, la prueba de posiciones no se podr�a realizar debido, primero, a que un hecho sobre el cual versara la confesi�n, al margen tambi�n de que la oferente la haya denominado testimonial, es susceptible de ser realizado por diferentes �rganos del Estado, de ah� que no de manera necesaria sea exclusivamente propio del absolvente; y en segundo lugar, porque resultar�a extremadamente dif�cil o en ocasiones pr�cticamente imposible que cualquier autoridad (en el caso la secretaria del Ayuntamiento que actu� como oficial de partes) recordara de manera precisa todas y cada una de las circunstancias en que se haya realizado el acto reclamado, ante los m�ltiples asuntos de los que cotidianamente conozca conforme a sus atribuciones.

"En este orden de ideas, el ofrecimiento de la declaraci�n de aquella autoridad no puede admitirse como prueba testimonial, independientemente de sus fines y en probable beneficio de quien la propone, en la medida en que dicha probanza se equipara a una confesional por absoluci�n de posiciones, dado que la autoridad (que si bien no es parte en el juicio y por ello la equiparaci�n) no declarar�a como testigo de hechos que haya presenciado u o�do, sino sobre aquellos cuya realizaci�n le atribuye la quejosa, ni depondr�a sobre hechos que no le fueran perjudiciales, pues lo cierto es que la oferente pretende que declare contra s� misma, no obstante que �stas son caracter�sticas propias de una confesional por posiciones, no as� de una testimonial.

"Adem�s, valga insistir en que, independientemente de la pretensi�n de la impetrante, en el sentido de imputarle a la secretaria del Ayuntamiento la realizaci�n de hechos que, dice, le ser�an propios, ya que le atribuye la recepci�n de determinado escrito y anexos que consistir�an en una p�liza de fianza y un instrumento notarial, en este caso en concreto no debe pasar inadvertida la dificultad de que un oficial de partes recordara con exactitud las fechas en las que hubiera recibido escritos, anexos y en general toda clase de documentos que le presentaran con motivo del desempe�o de sus funciones, aunado a lo que afectar�a a la marcha normal de una dependencia u �rgano de gobierno, la circunstancia de que ese mismo oficial de partes acudiera a declarar sobre la documentaci�n recepcionada en todos los juicios en los que fuera requerido con tal finalidad, sin que sea obst�culo para considerar legal el desechamiento de la probanza en comento, el hecho de que el art�culo 150 de la Ley de Amparo textualmente disponga que en el juicio de garant�as son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueran contrarias a la moral o al derecho, pues como ya se ha se�alado esta norma jur�dica no debe interpretarse letr�sticamente sino de manera extensiva a una prueba equiparada a una confesional por absoluci�n de posiciones.

"En apoyo de lo anterior se citan, por identidad de raz�n, los siguientes criterios de diversos Tribunales Colegiados que este �rgano jurisdiccional comparte, en los que se ha interpretado el numeral 150 de la ley de la materia, a fin de negar la admisi�n de pruebas tales como la de reconocimiento de parte, el careo solicitado por el quejoso con las diversas partes en el juicio, y la denominada testimonial a cargo del quejoso.

"Las tesis mencionadas se encuentran identificadas con los n�meros III.5o.C.24 K, III.2o.A.11 K y I.3o.C.2 K, emitidas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respectivamente, publicadas, la primera en la p�gina 1372 del T.X.V, octubre de 2006, la segunda en la p�gina 371 del Tomo IV, diciembre de 1996 y la tercera en la p�gina 516 del Tomo II, septiembre de 1995, todas de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dicen:

"�CONFESI�N DE POSICIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL RECONOCIMIENTO DE PARTE ES INADMISIBLE. ...� (se transcribe).

"�CAREOS. NO SON ADMISIBLES COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ...� (se transcribe).

"�AMPARO, PRUEBAS EN EL. ES INADMISIBLE LA TESTIMONIAL A CARGO DEL QUEJOSO. ...� (se transcribe).

Finalmente, se debe a�adir que contrariamente a lo aseverado por la recurrente, la prueba cuyo desechamiento se impugna, no es la id�nea para acreditar la recepci�n de un escrito al que se haya adjuntado una p�liza de fianza, en el Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, habida cuenta que esa idoneidad recae, por regla general, en el acuse de recibo correspondiente, no as� en la declaraci�n del oficial de partes a quien se atribuya haber recibido los documentos, con independencia de que la peticionaria de amparo tambi�n pretenda demostrar ese hecho con otros medios de prueba, como las deposiciones de los particulares R.G.�rrez P. y M.A.R., de ah� que el a quo no contravenga lo dispuesto en los art�culos 150 y 151 de la ley de la materia, al margen de precisar que los numerales 76 y 77 de este ordenamiento, al igual que el diverso 222 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, invocados por la inconforme, regulan el pronunciamiento de la sentencia que en primera instancia llegue a emitir el Juez de Distrito, no un acuerdo dictado durante la tramitaci�n del juicio de garant�as, como el recurrido mediante la presente queja.

Con base en esa ejecutoria, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emiti� la tesis VI.1o.A.34 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XXV, febrero de dos mil siete, p�gina 1666, del siguiente tenor:

CONFESI�N JUDICIAL EXPRESA EN EL JUICIO DE AMPARO. LA ABSOLUCI�N DE POSICIONES A CARGO DE UNA AUTORIDAD QUE NO TENGA EL CAR�CTER DE PARTE SE EQUIPARA A LA PRUEBA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 150 DE LA LEY DE LA MATERIA. La nota distintiva entre la testimonial y la confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece, pues si versa sobre la declaraci�n de un tercero, en relaci�n con hechos que le consten por haberlos presenciado u o�do, se tratar� de una testimonial; por el contrario, la declaraci�n de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una confesional por posiciones. Sin embargo, la probanza ofrecida bajo la denominaci�n de testimonial a cargo de una autoridad que no tenga la calidad de parte dentro del juicio de garant�as, virtualmente se traduce en una confesional por absoluci�n de posiciones, proscrita por el art�culo 150 de la Ley de Amparo, pues al respecto se estima que dicho precepto legal no se debe interpretar de manera letr�stica, sino atendiendo a las razones que tuvo el legislador para prohibir la confesi�n expresa o confesi�n judicial provocada en materia de amparo, consistente en la observancia del principio de econom�a, toda vez que el desahogo de la confesional a trav�s de posiciones demorar�a en forma considerable la tramitaci�n del juicio, con desacato a lo dispuesto en el art�culo 17 de la Constituci�n Federal, aunado a que preponderantemente no es posible soslayar que cuando se propone a una autoridad como absolvente, con independencia de que sea parte o no dentro del juicio de garant�as, la prueba de posiciones no se podr�a realizar debido, primero, a que un hecho sobre el cual versara la confesi�n, al margen tambi�n de que la oferente la haya denominado testimonial, es susceptible de ser realizado por diferentes �rganos del Estado, de ah� que no de manera necesaria sea exclusivamente propio del absolvente; y en segundo lugar, porque resultar�a extremadamente dif�cil o en ocasiones pr�cticamente imposible que cualquier autoridad recordara de manera precisa todas y cada una de las circunstancias en que se haya realizado el acto reclamado, ante los m�ltiples asuntos de los que cotidianamente conozca conforme a sus atribuciones.

Por su parte, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el diecisiete de agosto de dos mil siete el recurso de queja administrativo 54/2007, se observa:

� Que J.L. de la Rosa Vargas promovi� juicio de amparo indirecto, reclamando actos que, estim�, afectaban sus derechos para ejercer el comercio y obstaculizaban su negocio.

� El quejoso ofreci� diversas pruebas, entre ellas, la testimonial a cargo de los titulares de la Agencia Once del Ministerio P�blico, del director de Control de Procesos de la Subprocuradur�a General de Justicia y el subcoordinador de la Polic�a Ministerial, todos de la ciudad de Le�n, Guanajuato, para lo cual present� el siguiente interrogatorio:

"Dir� el testigo ...

"1. �Si sabe que el pasado d�a 9 de mayo del presente a�o se llev� a cabo un operativo policiaco en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad?

"2. �Si usted estuvo presente el pasado d�a 9 de mayo de 2007 en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad?

"3. �Si usted intervino como autoridad en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 9 de mayo de 2007?

"4. �Si usted orden� el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 9 de mayo de 2007?

"5. �Si usted actu� bajo �rdenes de sus superiores en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 9 de mayo de 2007?

"6. �En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, que especifique qui�n le ordenaba su actuaci�n en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 09 de mayo de 2007?

"7. �Si usted fundament� su actuaci�n en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 9 de mayo de 2007, en una orden escrita de autoridad?

"8. �En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, qui�n firm� esa orden escrita de autoridad?

"9. �Si sabe que el pasado d�a 10 de mayo del presente a�o se llev� a cabo un operativo policiaco en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad?

"10. �Si usted estuvo presente el pasado d�a 10 de mayo de 2007 en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad?

"11. �Si usted intervino como autoridad en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 10 de mayo del 2007?

12. �Si usted orden� el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 10 de mayo de 2007?

"13. �Si usted actu� bajo �rdenes de sus superiores en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 10 de mayo de 2007?

"14. �En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, que especifique qui�n le ordenaba su actuaci�n en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 10 de mayo de 2007?

"15. �Si usted fundament� su actuaci�n en el operativo policiaco que se llev� a cabo en la calle Nuevo Le�n de esta ciudad, el pasado d�a 10 de mayo del 2007, en una orden escrita de autoridad?

16. �En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, qui�n firm� esa orden escrita de autoridad?

� Mediante acuerdo del cinco de junio de dos mil siete, el Juez de Distrito neg� la admisi�n de la citada prueba testimonial, por estimar que se trata de una confesional por posiciones, prohibida por el art�culo 150 de la Ley de Amparo.

� Contra dicho prove�do, el impetrante interpuso recurso de queja, expresando como agravios que los testigos no estaban se�alados como autoridades responsables y por ello, no eran parte en el juicio de amparo. Asimismo, que el desahogo de la prueba no demorar�a el asunto, pues por la magnitud de los acontecimientos, los testigos dif�cilmente podr�an olvidar los hechos que ocurrieron, adem�s de no tener dependencia con las autoridades responsables; y que s�lo pod�a coartarse su derecho de defensa para acreditar su pretensi�n en caso de falta de idoneidad de la prueba.

� Al resolver el recurso de queja, radicado con el n�mero 54/2007, en ejecutoria del diecisiete de agosto de dos mil siete, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito consider� fundados los agravios, para lo cual efectu� los siguientes razonamientos:

"QUINTO. Son fundados los anteriores agravios.

"...

"Pues bien, los anteriores agravios son fundados.

"El art�culo 150 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad probatoria en el juicio de amparo, y s�lo excluye la prueba de posiciones y las que sean contrarias a la moral o al derecho.

"El contenido de esa disposici�n, es el siguiente:

"�Art�culo 150. ...� (se transcribe).

"De manera similar, el precepto 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, indica que las partes podr�n ofrecer cualquier prueba, excepto la de posiciones y las contrarias al derecho.

"La disposici�n mencionada, en lo conducente establece:

"�Art�culo 31. ...� (se transcribe).

"Al respecto de esta �ltima disposici�n, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver en sesi�n de treinta de marzo de dos mil cinco, el recurso de reclamaci�n 27/2005-PL, derivado de la controversia constitucional 67/2004, expres� lo siguiente:

"�... De lo anterior se advierte que, contrariamente a lo que se sostiene en el auto que se combate, la confesi�n expresa s� es un medio de prueba admisible en las controversias constitucionales, con car�cter espec�fico, dado que adem�s de las que son contrarias a derecho, la que no puede admitirse es la de posiciones, que consiste en que el absolvente (actor o demandado) realice manifestaciones a preguntas expresas de la contraparte, relacionadas con hechos propios del declarante; no siendo de esta clase la que en el caso la recurrente denomin� como confesional expresa ...�

"La resoluci�n emitida en ese recurso de reclamaci�n form� la tesis 2a. II/2007, publicada en la p�gina 2115, Tomo XXV, enero de 2007, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"�CONFESI�N EXPRESA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES UN MEDIO DE PRUEBA ADMISIBLE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. ...� (se transcribe)

"De la consideraci�n y de la tesis reproducidas, se colige que la prueba de posiciones que proh�be el art�culo 31, consiste en aqu�lla que se desahoga a cargo de la contraparte mediante preguntas formuladas por una de las partes, relacionadas con hechos propios del declarante.

"Luego, de manera anal�gica puede sostenerse que el art�culo 150 de la Ley de Amparo -de contenido similar al diverso 31 antes citado-, tambi�n se refiere a la prohibici�n de que la prueba confesional en el juicio de amparo se desahogue en la modalidad de posiciones en los t�rminos antes explicados, puesto que si bien, el juicio de amparo as� como la controversia constitucional y la acci�n de inconstitucionalidad tienen caracter�sticas que los distinguen, tienen en com�n que se trata de medios de control constitucional en los que intervienen autoridades como contrapartes de quien los promueve.

"Ello implica que la prohibici�n de desahogar posiciones en el juicio de amparo �nicamente se vincula con las autoridades responsables y, por ende, no puede hacerse extensivo a las autoridades que no tengan ese car�cter.

"Lo anterior se sostiene, en primer lugar, porque una de las caracter�sticas de la prueba confesional desahogada a trav�s de posiciones que la diferencia de la testimonial, es que en aqu�lla se interroga a alguna de las partes sobre hechos propios, y en la testimonial a cualquier persona que no tiene el car�cter de parte.

"En segundo lugar, el p�rrafo segundo del art�culo 2o. de la Ley de Amparo permite la aplicaci�n supletoria del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que en el art�culo 169, establece la posibilidad de que los funcionarios p�blicos declaren como testigos a solicitud de las partes respecto del asunto del que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones, con la salvedad de que �nicamente es factible si el tribunal estima indispensable su dicho para el conocimiento de la verdad. El contenido de esa disposici�n, es el siguiente:

"�Art�culo 169. ...� (se transcribe).

"Asimismo, el art�culo 171 de ese c�digo regula la forma en que rendir�n su declaraci�n los funcionarios p�blicos de la Federaci�n y de los Estados que se�ala el art�culo 108 constitucional, como se desprende de la siguiente transcripci�n:

"�Art�culo 171. ...� (se transcribe).

"Por tanto, en el juicio de amparo no es dable prohibir que los funcionarios p�blicos (autoridades) declaren como testigos en los asuntos que conozcan por virtud de sus funciones, en principio, porque la legislaci�n civil mencionada lo permite cumpliendo determinados requisitos, y adem�s, porque con ello se restringe el acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el art�culo 17 constitucional, que consiste en permitir a los gobernados un efectivo acceso, y m�s a�n trat�ndose del juicio de amparo instituido por los art�culos 103 y 107 del mismo ordenamiento, ya que es un medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de las autoridades p�blicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, y la justicia debe obtenerse a trav�s de un procedimiento que garantice una efectiva defensa que permita al juzgador conocer con mayor precisi�n la verdad legal, aspecto que evidentemente redunda en dar mayor seguridad y certeza jur�dica a las resoluciones.

"En ese sentido, la interpretaci�n que sostiene este Tribunal Colegiado es conforme y, por ende, encuentra apoyo, por el tema analizado, en la jurisprudencia 1a./J. 51/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 89, Tomo XXVI, julio de 2007, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: �PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PROCEDE LA ADMISI�N Y DESAHOGO DE LA TESTIMONIAL Y LOS CAREOS OFRECIDOS POR EL INCULPADO, A CARGO DEL AGENTE DEL MINISTERIO P�BLICO Y DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE INTERVINIERON EN UNA DILIGENCIA DE CATEO. ...� (se transcribe); ya que al existir la posibilidad de que en un procedimiento penal se desahogue la testimonial ofrecida por el inculpado a cargo del Ministerio P�blico, entonces, tambi�n ser� factible la admisi�n de esa testimonial en el juicio de amparo indirecto en que se reclame una orden de aprehensi�n y exista la posibilidad de ofrecer diversas pruebas a las que obren en el expediente penal; lo cual refuerza la procedencia de la testimonial a cargo de una autoridad que no tiene la calidad de responsable en el juicio constitucional de referencia.

"Luego, el principio de econom�a procesal no puede justificar el desechamiento de una prueba testimonial a cargo de funcionarios p�blicos (autoridades), ya que precisamente la oportunidad otorgada a las partes para probar los hechos que sustentan su pretensi�n constituye una formalidad esencial del procedimiento, y s�lo la garant�a de celeridad en la administraci�n de justicia encuentra su l�mite en el momento en que impide que los procesos jurisdiccionales sirvan, en t�rminos reales, como mecanismos para administrar justicia, lo que sucede cuando resulta notoriamente impertinente una prueba por haberse ofrecido con el prop�sito fundamental de provocar la dilaci�n del juicio. Por su contenido ilustrativo se cita la jurisprudencia P./J. 87/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 9, T.X.V, Julio de 2006, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de la siguiente sinopsis:

"�TESTIMONIAL. ES ADMISIBLE EN AMPARO INDIRECTO AUNQUE DEBA DESAHOGARSE EN EL EXTRANJERO. ...� (se transcribe).

"Asimismo, tampoco puede justificar el desechamiento de la prueba en estudio, la circunstancia de que la administraci�n p�blica se realice por diferentes �rganos y que no sea factible que los funcionarios recuerden de manera precisa los asuntos en los que intervienen; toda vez que ello se encuentra impl�citamente reconocido en el art�culo 169 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que se�ala que los funcionarios p�blicos o quienes lo hayan sido, no se encuentran obligados a declarar a solicitud de las partes, salvo que el tribunal lo juzgue indispensable para investigar la verdad, esto es, el legislador condiciona la obligaci�n de que las personas antenombradas comparezcan a un procedimiento judicial a rendir su declaraci�n, s�lo en el caso que se estime imprescindible.

"Aunado a lo anterior, el hecho que la administraci�n p�blica se efect�e con la intervenci�n de diferentes �rganos y que los funcionarios no puedan recordar de manera precisa los asuntos en los que intervienen, en su caso, ello s�lo repercutir� en el valor de la prueba al analizar los requisitos que para tal efecto prev� el art�culo 215 del c�digo en consulta, pero de ninguna manera en la procedencia del ofrecimiento de ese medio de convicci�n.

"Ante esa perspectiva, el desechamiento de la prueba testimonial a cargo de funcionarios p�blicos s�lo encuentra justificaci�n, entre otros supuestos, en el principio de idoneidad, en lo prescindible de su desahogo y en el caso de que el funcionario adquiera el car�cter de autoridad responsable.

"El principio de la idoneidad de la prueba, se contiene en el art�culo 79 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles; por lo que debe considerarse que todo medio de convicci�n de los permitidos por el art�culo 150 de la Ley de Amparo, para ser admitido, requiere tener vinculaci�n con los hechos controvertidos, puesto que es contrario a la l�gica y al sentido com�n que se prepare la testimonial cuando del interrogatorio que debe acompa�arse desde el ofrecimiento, se aprecie, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la controversia, o bien, que de manera indubitable se advierta que la prueba ofrecida no es la id�nea para acreditar el hecho pretendido. Por su contenido ilustrativo por su �ltima parte, se cita la jurisprudencia 1a./J. 41/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 179, T.X., septiembre de 2002, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"�INSPECCI�N OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO RESULTE ID�NEA PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSO, EL JUEZ DE DISTRITO NO EST� FACULTADO PARA DESECHARLA BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL HECHO ES SUSCEPTIBLE DE DEMOSTRARSE CON LA DOCUMENTAL. ...� (se transcribe).

"En ese orden de ideas, el desechamiento de la prueba tambi�n puede tener lugar en caso de que se estime prescindible su desahogo, puesto que es requisito obligatorio en t�rminos del art�culo 169 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, que el tribunal considere imprescindible el testimonio del funcionario p�blico para investigar la verdad.

"Por �ltimo, tambi�n ser� factible desechar la prueba testimonial, incluso cuando se haya tenido por anunciada, en el caso de que el funcionario p�blico adquiera el car�cter de autoridad responsable en el juicio de amparo, puesto que ello transforma su naturaleza en una confesional en la modalidad de posiciones prohibida por el art�culo 150 de la Ley de Amparo.

"En conclusi�n, si en el caso, las personas se�aladas como testigos tienen el car�cter de funcionarios p�blicos en t�rminos del art�culo 7o. de la Ley Org�nica del Ministerio P�blico del Estado de Guanajuato, pero no fueron se�alados como autoridades responsables, entonces la prueba no se trata de la confesional, en la modalidad de posiciones, prohibida por el precepto 150 de la Ley de Amparo, lo que implica que el desechamiento de ese medio de convicci�n no puede sustentarse en la justificaci�n aludida por la Jueza de Distrito.

En virtud de lo anterior, ante lo fundado de los agravios expuestos por el recurrente, debe revocarse la parte impugnada del auto recurrido, para el efecto de que la Jueza de Distrito resuelva de nueva cuenta sobre el anuncio de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, atendiendo a lo analizado en esta resoluci�n, soslayando que se trata de una confesional prohibida por el art�culo 150 de la Ley de Amparo.

De las ejecutorias transcritas se obtiene que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 64/2006, estim� correcto el desechamiento de la prueba testimonial ofrecida por la quejosa, se�alando:

1. Que la prueba de confesi�n s� puede admitirse en juicio de amparo, pues la que resulta prohibida es la absoluci�n de confesiones o confesi�n expresa, denominada por la doctrina confesi�n judicial provocada.

2. Una de las razones que el legislador tuvo para decretar dicha prohibici�n es la observancia del principio de econom�a, pues el desahogo de dicha prueba demorar�a la tramitaci�n del juicio, en desacato del art�culo 17 constitucional.

3. La prueba ofrecida por la quejosa se equipara a una confesi�n judicial, pues a pesar de que la testigo no era parte del juicio de amparo, la oferente pretend�a que declarase sobre hechos que habr�a realizado, no como particular, sino con motivo de sus labores, por lo que resultaba improcedente admitirla.

Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 54/2007, consider�:

1. Que la prohibici�n de desahogar posiciones en el juicio de amparo �nicamente se vincula con las autoridades responsables y no puede hacerse extensivo a las autoridades que no tengan ese car�cter, pues en la prueba confesional se interroga a alguna de las partes sobre hechos propios y en la testimonial a cualquier persona que no tiene el car�cter de parte.

2. El art�culo 2o. de la Ley de Amparo permite la aplicaci�n supletoria del C�digo Federal de Procedimientos Civiles y �ste, en su art�culo 169, establece la posibilidad de que, si el tribunal estima indispensable para el conocimiento del asunto, los funcionarios p�blicos pueden declarar como testigos a solicitud de las partes, adem�s de que el art�culo 171 del citado c�digo, regula la forma en que se rendir� la declaraci�n.

3. No se puede prohibir a los funcionarios p�blicos que declaren como testigos en los asuntos que conozcan por virtud de sus funciones, toda vez que la legislaci�n civil lo permite y porque ello restringe el acceso a la tutela jurisdiccional prevista en al art�culo 17 constitucional, que permite a los gobernados un acceso efectivo a la justicia.

4. Tampoco se puede justificar el desechamiento de una prueba testimonial a cargo de funcionarios p�blicos en base al principio de econom�a procesal, ya que la oportunidad de que gozan las partes para probar los hechos de su pretensi�n constituye una formalidad esencial y s�lo la garant�a de celeridad en la administraci�n de justicia se limita en el momento en el que impide que los procesos sean mecanismos para administrar justicia.

Por tanto, el desechamiento de la prueba testimonial a cargo de los funcionarios p�blicos s�lo encuentra justificaci�n, entre otros supuestos, en el principio de idoneidad, en lo prescindible de su desahogo y en el caso de que el funcionario adquiera el car�cter de autoridad responsable.

5. Si las personas se�aladas como testigos tienen el car�cter de funcionarios p�blicos, pero no fueron se�alados como autoridades responsables, entonces la prueba no se trata de confesional, en la modalidad de posiciones, prohibida por el precepto 150 de la Ley de Amparo, lo que implica que el desechamiento de �sta no puede sustentarse en la justificaci�n aludida por la Juez de Distrito.

De acuerdo con esas consideraciones, esta Segunda Sala estima que en el caso, existe la contradicci�n de tesis denunciada.

En efecto, de las ejecutorias transcritas se obtiene que en los juicios de amparo indirecto que les dieron origen, los quejosos ofrecieron la prueba testimonial a cargo de un funcionario p�blico o autoridad que no ten�a la calidad de parte.

Tambi�n, que mediante los respectivos acuerdos los Jueces de Distrito desecharon la prueba, pues estimaron que �sta se equiparaba a la confesional por absoluci�n de posiciones, misma que se encuentra prohibida en el juicio de garant�as de acuerdo al art�culo 150 de la Ley de Amparo, siendo impugnada esa determinaci�n por los agraviados, mediante el recurso de queja.

Sin embargo, ante esas situaciones similares, los Tribunales Colegiados sostuvieron diferentes criterios en cuanto a la posibilidad de que la prueba testimonial a cargo de una autoridad que no fuera parte del juicio de amparo, pudiera equipararse a la prueba confesional mediante la absoluci�n de posiciones, prohibida por el precepto 150 de la Ley de Amparo.

Lo anterior porque, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito se�al� que la prueba ofrecida por la quejosa en los t�rminos presentados se equiparaba a una confesi�n judicial, pues a pesar de que la testigo no era parte del juicio de amparo la oferente pretend�a que declarase sobre hechos que habr�a realizado con motivo de sus labores; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del D�cimo Sexto Circuito sostuvo lo contrario, argumentando, fundamentalmente, que si los funcionarios p�blicos propuestos no fueron se�alados como autoridades responsables, entonces la prueba no se trataba de confesional en la modalidad de posiciones.

En consecuencia, debe concluirse que s� existe la contradicci�n de criterios denunciada y que �sta consiste en determinar:

Si la prueba testimonial de los funcionarios p�blicos que declaren en el juicio de amparo como testigos en los asuntos de que conozcan en virtud de sus funciones, puede equipararse a una confesional por absoluci�n de posiciones, proscrita por el art�culo 150 de la Ley de Amparo.

CUARTO

Para resolver la contradicci�n de tesis planteada, es menester considerar que la doctrina define la prueba confesional, como:

El reconocimiento de hechos propios que produce efectos jur�dicos en contra de quien, siendo capaz, lo hace libre y formalmente en el juicio.

D.�n que concuerda con la contenida en la Enciclopedia Jur�dica de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, que reza:

Confesi�n judicial. En un sentido lato, es la admisi�n que se hace en un juicio (sin�nimo de procedimiento judicial) o fuera de �l, de la �verdad� (coincidente o no con la verdad hist�rica) de un hecho o de un acto, que produce consecuencias desfavorables para el confesante.

Ahora bien, por la forma en que se realiza ese reconocimiento de hechos propios en perjuicio de la persona que lo realiza, la confesi�n puede ser expresa o t�cita:

Confesi�n expresa es la que una parte del proceso efect�a de manera clara y distinta, espont�neamente, o bien, absolviendo posiciones, es decir, contestando oralmente las preguntas que le sean formuladas por su contraparte ante un �rgano competente, dando lugar esta �ltima forma de realizaci�n, a la denominada por la doctrina como confesi�n provocada.

Mientras que la confesi�n t�cita, llamada tambi�n confesi�n ficta, es la que se presume en los casos se�alados por la ley, con base en la actitud que asuma la parte de un proceso, salvo prueba en contrario. Ejemplo de ello, es la disposici�n que contiene el art�culo 201 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, relativa a que los hechos que el demandado deje de contestar, se presumir�n confesados.

La confesi�n ficta o t�cita se encuentra prevista en diversas legislaciones que han sido analizadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como las que dieron lugar a las tesis que a continuaci�n se transcriben:

"JUICIOS DE PATERNIDAD. EN LOS CASOS EN QUE A PESAR DE LA IMPOSICI�N DE MEDIDAS DE APREMIO LOS PRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A PRACTICARSE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GEN�TICA (ADN), OPERA LA PRESUNCI�N DE LA FILIACI�N CONTROVERTIDA (LEGISLACIONES DE NUEVO LE�N Y DEL ESTADO DE M�XICO). Conforme a los art�culos 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 6o., 7o. y 8o. de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o; y 22 de la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y Adolescentes, los menores tienen derecho a conocer su identidad, y la importancia de ese derecho fundamental no s�lo radica en la posibilidad de que conozcan su origen biol�gico (ascendencia), sino en que de ese conocimiento deriva el derecho del menor, constitucionalmente establecido, de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y sano esparcimiento, para su desarrollo integral, adem�s de que puede implicar el derecho a una nacionalidad determinada. Por otra parte, los C�digos de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo Le�n y del Estado de M�xico establecen medidas de apremio a trav�s de las cuales los Jueces y Magistrados pueden lograr que sus determinaciones se cumplan. As�, cuando en un juicio de paternidad se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de gen�tica (ADN) y el presunto ascendiente se niega a que se le practique, es constitucional que se le apliquen dichas medidas para que se cumpla la determinaci�n del juzgador, pero si a pesar de esas medidas no se logra vencer la negativa del demandado para la realizaci�n de la prueba, esto no significa que se deje a merced de la voluntad del presunto ascendiente el inter�s superior del menor, y que dicha negativa u oposici�n para la pr�ctica de la prueba quede sin consecuencia alguna, ya que en todo caso debe operar la presunci�n de la filiaci�n controvertida porque, por una parte, el art�culo 190 bis V del C�digo de Procedimientos Civiles de Nuevo Le�n as� lo se�ala expresamente y, por otra, aunque la legislaci�n del Estado de M�xico no precisa esa circunstancia en una norma expresa, atendiendo al inter�s superior del ni�o y de una interpretaci�n extensiva y anal�gica de los art�culos 1.287 y 2.44 del C�digo Procesal Civil de esa entidad federativa, que establecen los supuestos de confesi�n ficta y reconocimiento de documentos, se concluye que ante la negativa del presunto ascendiente a practicarse la mencionada prueba, debe operar la presunci�n de la filiaci�n, salvo prueba en contrario, pues como se ha dicho, considerarlo de otra manera llevar�a a dejar el inter�s superior del ni�o a merced de la voluntad del presunto progenitor y no se respetar�a su derecho fundamental a conocer su identidad." (No. Registro: 172.993. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, tesis 1a./J. 101/2006, p�gina 111).

"CONFESI�N FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACI�N (LEGISLACI�N CIVIL DE LOS ESTADOS DE M�XICO, PUEBLA Y JALISCO). De conformidad con diversas disposiciones de los C�digos de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de M�xico (y que estuvieron vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de la confesi�n ficta, produce presunci�n legal cuando no exista prueba en contrario y en este caso se le debe conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho car�cter, ya que su valoraci�n en esta precisa hip�tesis no queda al libre arbitrio del juzgador, porque se trata de una prueba tasada o legal; sin que esto implique que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, �stas puedan ser apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio de convicci�n, ya que en ese supuesto la propia ley le otorga el car�cter de una presunci�n juris tantum." (No. Registro: 173,355. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, tesis 1a./J. 93/2006, p�gina 126).

"CONFESI�N FICTA. ES SUFICIENTE PARA PROBAR PAGOS DE T�TULOS DE CR�DITO. Si bien el t�tulo de cr�dito en que se funda un juicio ejecutivo es una prueba preconstituida de la acci�n, ello no implica que la confesi�n ficta de la que se deriven hechos o circunstancias contrarias a las expresadas en �l, resulte inveros�mil o pierda valor, ya que la dilaci�n probatoria que se concede en estos juicios es, precisamente, para desvirtuar ese documento, es decir, para que la parte demandada justifique sus excepciones; lo que significa que un t�tulo de cr�dito sea una prueba preconstituida de la acci�n es que, por el solo hecho de que se funde la acci�n en un t�tulo de cr�dito, ya no debe demostrarse la procedencia de �sta, ni de la relaci�n causal que le dio origen, pero de ninguna manera puede decirse que sea una prueba preconstituida del adeudo o de que �ste no se ha pagado. La confesi�n ficta es una presunci�n juris tantum que admite prueba en contrario. Los medios de convicci�n que pueden probar en contra de una confesi�n ficta deben ser distintos a la del documento que se trata, a su vez, de desvirtuar con la confesi�n ficta, pues si se considera que cualquiera puede perder valor ante un t�tulo de cr�dito, por el solo hecho de ser prueba preconstituida, har�a nugatoria la dilaci�n probatoria. De esta manera, cuando en un juicio ejecutivo mercantil se declara f�ctamente confesa a la parte actora de que se ha realizado el pago del adeudo, esta declaraci�n es eficaz y prueba plenamente ese hecho cuando no existe otra prueba en contrario distinta del propio t�tulo de cr�dito." (No. Registro: 176,354. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2006, tesis 1a./J. 69/2005, p�gina 223).

Ahora bien, la confesi�n expresa puede realizarse en un acto prejudicial, como son los medios preparatorios a juicio, en los cuales el promovente puede pedir la declaraci�n bajo protesta sobre alg�n hecho en particular del futuro demandado. Sobre esta clase de confesi�n, llamada tambi�n confesi�n anticipada, versa la siguiente tesis de jurisprudencia:

"CONFESI�N JUDICIAL COMO MEDIO PREPARATORIO A JUICIO EJECUTIVO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA V�A EJECUTIVA MERCANTIL, AQU�LLA DEBE SER PLENA EN RELACI�N CON EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO EN CANTIDAD CIERTA, L�QUIDA Y EXIGIBLE.-Los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil preparan la acci�n y �sta, conforme al art�culo 1391 del C�digo de Comercio, requiere para su procedencia que la demanda se funde en un documento que traiga aparejada ejecuci�n, entendido como aquel en el que consta una cantidad cierta, l�quida y exigible. Por tanto, es evidente que atento a la naturaleza del procedimiento ejecutivo mercantil, para que �ste resulte procedente con base en la confesi�n judicial del deudor obtenida en la diligencia de medios preparatorios -tramitada acorde con el art�culo 1162 del c�digo citado- como prueba preconstituida de la acci�n, dicha confesi�n debe ser plena en relaci�n con el reconocimiento de un adeudo en cantidad cierta, l�quida y exigible, condiciones que son esenciales en un t�tulo ejecutivo, pues no se puede despachar la ejecuci�n cuando �ste no contiene en s� la prueba preconstituida de esos tres elementos." (No. Registro: 178,221. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., junio de 2005, tesis 1a./J. 43/2005, p�gina 24).

Pero tambi�n la confesi�n expresa puede realizarse dentro de un juicio, sea al formular o contestar la demanda, o en cualquier diligencia judicial, en la que una de las partes acepte la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jur�dicas a su cargo, como la realizada por el obligado en la diligencia de exequendo, seg�n se advierte de la tesis 1a./J. 37/99, que se cita a continuaci�n:

"CONFESI�N JUDICIAL. ALCANCES DE LA PRODUCIDA EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO.-En el juicio ejecutivo mercantil el requerimiento de pago, durante la diligencia de exequendo como primera actuaci�n judicial, es la intimaci�n que por virtud de un mandamiento judicial, el ejecutor del juzgado con base en las facultades y la fe p�blica de la que se encuentra investido, dirige a una persona para que pague el adeudo contra�do o para que, en su caso, manifieste lo que estime conducente en relaci�n con tal requerimiento; por tanto, si en dicha diligencia, a la luz de los art�culos 1212 y 1235 del C�digo de Comercio, el demandado admite deber a la actora determinada cantidad, es una declaraci�n que constituye una confesi�n, ya que se acepta la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jur�dicas a cargo del obligado, sobre todo cuando se realiza de manera espont�nea, lisa, llanamente y sin reservas; por ello si el reconocimiento del adeudo se hace en el momento en que el deudor es requerido del pago, tal declaraci�n es precisamente la que implica la confesi�n, misma que deber� ser valorada de acuerdo con las reglas de apreciaci�n de las pruebas y en conjunto con el restante valor probatorio constante en autos." (No. Registro: 193,192. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, tesis 1a./J. 37/99, p�gina 5).

Aunque tambi�n puede realizarse la confesi�n judicial expresa mediante la absoluci�n de posiciones, es decir, en aquella diligencia donde, siguiendo las formalidades legales, una de las partes contesta oralmente las preguntas que sobre hechos propios, le sean formuladas por su contraparte ante un �rgano competente; dando lugar esta prueba a la denominada por la doctrina como confesi�n provocada.

Sobre los requisitos que deben cumplir las posiciones del confesante, el art�culo 99 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, dispone:

"Art�culo 99. Las posiciones deben articularse en t�rminos claros y precisos; no han de ser insidiosas; deben ser afirmativas, procur�ndose que cada una no contenga m�s de un hecho, y �ste ha de ser propio del que declara."

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garant�as son admisibles toda clase de pruebas, "excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho".

Esto significa que la confesi�n expresa de una de las partes, realizada de una manera diversa a la absoluci�n de posiciones, en la que admita hechos propios que produzcan efectos jur�dicos en su perjuicio, s� es admisible en el juicio de amparo, como se constata en las tesis que se transcriben a continuaci�n:

"DEMANDA DE AMPARO. T�RMINO PARA INTERPONERLA (ART�CULO 22, F.I., DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESI�N EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIV� EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.-El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por v�a telef�nica del procedimiento que motiv� los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el �ltimo de los supuestos previstos en el p�rrafo final de la fracci�n III del art�culo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el t�rmino de 180 d�as para la interposici�n de la demanda de garant�as, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situaci�n de que el quejoso se manifest� sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jur�dicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acci�n de amparo no deba ejercerse dentro del t�rmino de 180 d�as de conformidad con el precepto en examen, sino de quince d�as, lo cual provocar� seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el art�culo 73, fracci�n XII, en relaci�n con el 21, ambos de la Ley de Amparo. As�, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestaci�n expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestaci�n constituye una confesi�n expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 199 y 200 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo." (No. Registro: 200,094. Jurisprudencia. Materia(s): Com�n. Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, tesis P./J. 27/96, p�gina 57).

"DEMANDA DE AMPARO. C�MPUTO DEL T�RMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIP�TESIS QUE ESTABLECE EL ART�CULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.-El citado art�culo dispone que el t�rmino para la interposici�n de la demanda de amparo ser� de quince d�as, el cual se computar� desde el d�a siguiente al en que haya surtido efectos la notificaci�n al quejoso de la resoluci�n o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. As�, el indicado art�culo hace tres distinciones para el c�mputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre s� y no guardan orden de prelaci�n; por tanto, es claro que la intenci�n del legislador fue establecer que el inicio del c�mputo del t�rmino para promover el juicio de garant�as fuera a partir del d�a siguiente al en que se verifique cualquiera de las se�aladas hip�tesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posici�n del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que �ste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificaci�n, el conocimiento o la confesi�n, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el c�mputo respectivo, obviamente deben ser id�neos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificaci�n de un acto que tener conocimiento de �l, en virtud de que aqu�lla es una actuaci�n procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificaci�n. Esto es, trat�ndose de la notificaci�n, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resoluci�n, as� como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resoluci�n se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificaci�n, as� como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podr�an ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por B.�n Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el t�rmino para el c�mputo de la presentaci�n de la demanda de garant�as debe iniciarse desde el d�a siguiente al en que haya surtido efectos la notificaci�n, conforme a la ley del acto." (No. Registro: 172,550. Jurisprudencia. Materia(s): Com�n. Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, tesis 1a./J. 30/2007, p�gina 286).

"IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN EL ART�CULO 146, F.X., EN RELACI�N CON LA XVIII, DE LA LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N, PUEDE ACREDITARSE CON LA CONFESI�N DEL FUNCIONARIO JUDICIAL EN EL SENTIDO DE QUE INTERVINO COMO INSTRUCTOR O RESOLUTOR EN OTRA INSTANCIA DEL MISMO PROCEDIMIENTO.-La causa de impedimento se�alada tiene como objetivo que el funcionario judicial que haya participado en otra instancia del mismo procedimiento como juzgador no conozca del nuevo, en virtud de que tendr�a un criterio semejante o id�ntico al adoptado en las actuaciones relativas, lo que atentar�a contra la imparcialidad en los asuntos jurisdiccionales. En consecuencia, si el funcionario judicial manifiesta que en otra instancia del mismo procedimiento intervino como instructor o resolutor, tal afirmaci�n, valorada en t�rminos de los art�culos 93, fracci�n I, 95, 96 y 199 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria, tiene eficacia probatoria plena para acreditar la referida causa de impedimento, por tratarse de una confesi�n expresa hecha por persona capaz, con pleno conocimiento, sin coacci�n ni violencia y proveniente de un hecho propio." (No. Registro: 179,015. Tesis aislada. Materia(s): Com�n. Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2005, tesis P. VI/2005, p�gina 6).

Criterio que tambi�n esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha considerado aplicable a las controversias constitucionales, seg�n se advierte de la tesis 2a. II/2007, que dice:

"CONFESI�N EXPRESA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES UN MEDIO DE PRUEBA ADMISIBLE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.-Conforme a los art�culos 93, fracci�n I, y 95 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en t�rminos de su art�culo 1o., la confesi�n puede ser expresa cuando se hace clara y distintamente, ya absolviendo posiciones o en cualquier otro acto del proceso. En ese tenor, se concluye que la confesi�n expresa es admisible en controversia constitucional, con car�cter espec�fico pues, adem�s de las pruebas contrarias a derecho, no puede admitirse la de posiciones, que consiste en que el absolvente (actor o demandado) realice manifestaciones a preguntas expresas de la contraparte, relacionadas con hechos propios del declarante. Esto es, en la controversia constitucional no est� prohibida la confesional, puesto que, por ejemplo, implican el reconocimiento formulado por la autoridad demandada acerca de hechos que se le atribuyen, que es cierto el acto impugnado, o la aceptaci�n, por el actor, de que tal acto se le notific� en determinada fecha." (No. Registro: 173,589. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, tesis 2a. II/2007, p�gina 2115).

De acuerdo con lo antes se�alado, para que una declaraci�n sea catalogada como una confesi�n expresa debe:

� Ser realizada por una de las partes del juicio;

� V. sobre hechos propios del confesante;

�Producir efectos en perjuicio del que la hace.

De ah� que la declaraci�n que rinda un funcionario p�blico que no haya sido se�alado como autoridad responsable o tercero perjudicado no puede ser asimilada a una confesi�n, pues adem�s de que la realiza quien no es parte del juicio de garant�as, no puede producir efectos en su perjuicio; por lo que dicha declaraci�n debe ser considerada como una prueba testimonial.

Efectivamente, la doctrina define a la prueba testimonial como aquella basada en la declaraci�n de una persona ajena a las partes sobre los hechos relacionados con la litis que hayan sido conocidos directamente por ella y a trav�s de sus sentidos.

Sin embargo, el testimonio que rinda una persona en el juicio no debe versar sobre hechos propios, salvo que se trate de circunstancias relacionadas con la raz�n de su dicho, pues uno de los requisitos para la validez de esa prueba es que el testigo carezca de inter�s en el resultado de la controversia.

Lo anterior, porque desde el derecho romano se acept� el principio seg�n el cual "nadie puede ser testigo en causa propia" y la raz�n que justifica este principio es que si una de las partes declara, s�lo puede hacerlo o en su contra o en su favor; en el primer caso, en realidad estar�a confesando y en el segundo, resultar�a in�til y ociosa su declaraci�n.

Por ello, existe criterio uniforme de que para la validez de la prueba testimonial �sta debe cumplir con los siguientes requisitos:

� Realizarse ante el Juez del proceso y con citaci�n o presencia de las partes.

� Tratarse de hechos relacionados con la controversia.

� V. sobre hechos conocidos directamente por el testigo a trav�s de sus sentidos.

� La declaraci�n debe realizarse sobre hechos, no sobre situaciones jur�dicas, pues los hechos son los �nicos sujetos a prueba.

� Todas las personas que tengan conocimiento directo de los hechos a prueba est�n obligadas a rendir su declaraci�n como testigos.

De acuerdo con las premisas anteriores, es factible que en el juicio de garant�as el Juez de Distrito admita la prueba testimonial a cargo de funcionarios p�blicos que no hayan sido se�alados como autoridades responsables o terceros perjudicados, respecto de los hechos que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones; sin que dicha declaraci�n pueda asimilarse a la confesional por absoluci�n de posiciones, proscrita por el art�culo 150 de la Ley de Amparo, pues adem�s de que la realiza quien no es parte de ese procedimiento, no produce efectos en perjuicio del declarante; por lo que debe ser considerada como una testimonial, cuya admisi�n se encuentra sujeta, entre otros requisitos, al principio de idoneidad de la prueba, esto es, que los hechos a demostrar sean susceptibles de acreditarse, legalmente, mediante dicha probanza.

En la inteligencia de que el interrogatorio propuesto para ese testigo no debe contener preguntas referidas a hechos propios del declarante que no est�n relacionados con la raz�n de su dicho, pues de ser as�, el Juez debe calificarlas de ilegales, por ser ajenas a la naturaleza de la prueba testimonial; pues como se apunt� en p�rrafos anteriores, una de las notas distintivas de los testigos es el desinter�s que deben observar en la controversia.

Atento a lo anterior, esta Segunda Sala estima que el criterio que debe regir, con car�cter de jurisprudencia, es el siguiente:

PRUEBAS EN EL JUICIO DE GARANT�AS. LA TESTIMONIAL DE UNA AUTORIDAD O FUNCIONARIO P�BLICO QUE NO SEA PARTE EN AQU�L, PERO QUE CONOZCA DEL ASUNTO POR VIRTUD DE SUS FUNCIONES, NO ES EQUIPARABLE A UNA CONFESIONAL POR ABSOLUCI�N DE POSICIONES, PROSCRITA POR EL ART�CULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.-Conforme al mencionado precepto, en el juicio de amparo es permisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho; lo cual significa que la confesi�n expresa de una de las partes, realizada de manera diversa a la absoluci�n de posiciones, es admisible. En ese contexto, considerando que la confesi�n debe: a) ser realizada por una de las partes del juicio, b) versar sobre hechos propios del confesante y, c) producir efectos en perjuicio del que la hace; se concluye que la declaraci�n que rinda un funcionario p�blico que no haya sido se�alado como autoridad responsable o como tercero perjudicado, respecto de hechos que haya conocido por virtud de sus funciones, no puede asimilarse a una confesi�n, pues adem�s de que la realiza quien no es parte del juicio de amparo, no produce efectos en su perjuicio; por lo que debe ser considerada como una testimonial, cuya admisi�n se encuentra sujeta, entre otros requisitos, al principio de idoneidad de la prueba, esto es, que los hechos a demostrar sean susceptibles de acreditarse, legalmente, mediante dicha probanza. Ahora bien, en caso de que el interrogatorio propuesto para ese testigo contenga preguntas que se refieran a hechos propios del declarante y que no est�n relacionados con la raz�n de su dicho, m�s que desechar la prueba por ese motivo, el juzgador debe admitirla como testimonial, calificando de ilegales las preguntas que tengan ese car�cter, por ser ajenas a la naturaleza del citado medio de convicci�n, pues una de las notas distintivas de los testigos es el desinter�s que deben observar en la controversia.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere.

SEGUNDO

Se declara que debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio precisado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando de esta resoluci�n.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; env�ese testimonio de esta resoluci�n a los tribunales contendientes y, en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.A.G.�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., M.B.L.R. y Ministro presidente J.F.F.G.S..

Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..