Voto num. 1a./J. 90/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 409892170

Voto num. 1a./J. 90/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 90/2012 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

 
CONTENIDO

FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 22 DE AGOSTO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: J.R.C.D.. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIOS: R.R.M.Y.J.V.S.V..

III. Competencia y legitimación

10. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

11. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y, actualmente, establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

12. Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que, a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

13. Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que, realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que, a la fecha, no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Décimo Séptimo Circuito.

14. La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad, respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica, como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

15. En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al del Décimo Séptimo Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma- y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

16. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por **********, autorizado de **********, parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión **********, que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, y en cuya sentencia se aplicó el criterio que la quejosa-recurrente, ahora denunciante, considera está en contradicción con el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

IV. Existencia de la contradicción

17. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la normatividad aplicable. Se trata de los siguientes:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. Estas condiciones se encuentran en las siguientes tesis de jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(2)

19. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que este asunto sí cumple con los requisitos de existencia:

20. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

21. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, analizó un asunto con las siguientes características:

22. Antecedentes. En el año dos mil, ********** ayudó a ********** a colocar diversas tandas, para lo cual le entregó un pagaré por la cantidad de ********** como garantía.

23. En junio de dos mil dos, ********** le pidió a ********** le devolviera el pagaré, indicándole esta última que su esposo ********** se lo había **********.

24. En virtud de lo anterior, ********** y **********, endosatarios en procuración de **********, promovieron demanda de amparo, la cual fue admitida en la vía ejecutiva mercantil por el Juez Segundo de lo Civil en el Distrito Judicial Benito Juárez mediante auto de veintisiete de abril de dos mil cinco; asimismo, se ordenó su registro bajo el número **********. En el auto de radicación, se solicitó se girara despacho al Juez Menor Mixto de ciudad Madera, Chihuahua, para que requiriera a la parte demandada **********, para que en el acto de la diligencia realizara el pago al actor de la cantidad reclamada como adeudo principal, el pago de los intereses y costas del juicio y, en caso de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad con los cuales se cubriera lo reclamado.

25. La parte demandada fue emplazada el catorce de marzo de dos mil seis. Fue embargada la casa de ********** y de su esposo, misma que se remató y se adjudicó el 50% a favor de un tercero.

26. **********, el seis de septiembre de dos mil siete, presentó querella ante el jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, Subprocuraduría Zona Cuauhtémoc, en contra de ********** y ********** por los ********** o ********** y **********, argumentando que habían falsificado su firma para llenar el pagaré referido y así perjudicarla. Lo anterior dio origen a la averiguación previa **********. **********, el doce de diciembre del año en cita, presentó ante la autoridad ministerial de ciudad Madera, Chihuahua, ampliación de la misma, por lo que se ordenó su registro como averiguación previa **********.

27. El agente del Ministerio Público adscrito a ciudad Madera, Chihuahua, determinó acumular la averiguación previa formada con motivo de la ampliación de querella con la averiguación previa **********, que se llevaba en ciudad C., ordenando así la remisión de todo lo actuado.

28. El perito de la Subprocuraduría de ciudad C., el veintidós de mayo de dos mil ocho, presentó dictamen pericial de grafoscopia y documentoscopia, en el que indicó que la firma plasmada en el pagaré objeto de la querella sí corresponde, por su origen gráfico, al del puño y letra de **********, y que dicho documento no presentaba alteración fraudulenta alguna; por lo que el agente del Ministerio Público adscrito a ciudad C., el cuatro de junio de dos mil ocho, decretó el no ejercicio de la acción penal. Asimismo, la autoridad ministerial determinó querellarse en su contra por el ********** ante autoridad.

29. **********, el veintiséis de junio de dos mil ocho, inconforme con la determinación del no ejercicio de la acción penal, presentó escrito ante el subprocurador de justicia de la Zona Occidente de C., C., y ofreció como pruebas, entre otras, el dictamen pericial y un disco compacto respecto de una conversación. El veinte de abril de dos mil diez, el subprocurador emitió acuerdo, en el que consideró procedente el archivo del asunto por estar extinta la acción penal; asimismo, ordenó enviar el original de las actuaciones de la averiguación previa a la procuradora general de Justicia del Estado, así como el dictamen, para que dicha funcionaria decidiera si debía cesar en definitiva el procedimiento para hacer improcedente el ejercicio de la acción penal.

30. El subprocurador de justicia Zona Occidente de C., Chihuahua, el veinticinco de agosto de dos mil diez, decretó que era procedente el archivo de la averiguación previa ********** en estudio por estar extinta la acción penal.

31. Amparo indirecto. ********** promovió demanda de amparo indirecto, señalando como acto reclamado la determinación de veinte de abril, reiterada el veinticinco de agosto de dos mil diez.

32. La demanda se radicó ante el Juzgado Décimo de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, bajo el número **********, mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil diez. El doce de mayo de dos mil once dictó sentencia, misma que se terminó de engrosar el treinta del mes y año en cita, en la que determinó negar el amparo solicitado por la quejosa.

33. Recurso de revisión. La parte quejosa interpuso recurso de revisión. Conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien ordenó su registro bajo el número **********. Mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil once determinó confirmar la sentencia recurrida. Las razones en las que dicho órgano sustentó su fallo son las siguientes:

"... Concluye, que si el delito de fraude procesal resulta ser instantáneo, continuo o permanente, ello es indiferente ante la causa de pedir expuesta, en el sentido de que el delito de fraude procesal de que se trata no ha prescrito aún por su naturaleza, los efectos generados y que se siguen produciendo, las conductas del activo, los perjuicios sucintos, por la intención y finalidad de los imputados, es decir, que en dos mil nueve y dos mil diez realizaron conductas que no son ajenas a dicho antijurídico, y que, inclusive, dañaron en mayor grado sus bienes jurídicos, resultando aplicables, en la especie, las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tituladas: ‘DELITOS INSTANTÁNEOS Y CONTINUOS’, ‘DELITO CONTINUO Y CONTINUADO.’ y ‘DELITO CONTINUO.’

"En primer término, es puntual destacar que en la sentencia sujeta a revisión, entre otras cosas, el Juez Federal concluyó: (lo transcribe)

"Tal contenido conduce a determinar infundada la violación al principio de exhaustividad que atribuye al resolutor de garantías, porque contrario a su afirmación, no sólo se pronunció sobre la naturaleza del delito de fraude procesal y la inaplicabilidad al caso de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Poder Judicial de la Federación que invocó en su demanda de amparo para apoyar sus conceptos de violación, sino que, además, expuso los motivos y fundamentos que lo llevaron a concluir que ese antijurídico se clasificaba como instantáneo y, en consecuencia, a desestimar aquellas posturas versadas sobre los considerandos continuos o permanentes, dentro de los cuales si bien señaló que, en la especie, no podía decirse que todo el proceso ejecutivo mercantil que inició con la demanda presentada con motivo de un pagaré, que aducía nunca suscribió, eran actos continuados del delito de fraude procesal, porque se llegaría al absurdo de considerar todo el procedimiento y cada uno de sus actos como de ejecución respecto a ese antijurídico, siendo ello incorrecto, también es verdad que sin dificultad alguna se desprende que tal explicación la efectuó específicamente para determinar la inaplicabilidad en el particular de la tesis de rubro: ‘ABUSO DE CONFIANZA. DELITO CONTINUADO.’, y después de brindar las razones lógico jurídicas por las que estimó que el delito de fraude procesal era instantáneo y no continuo, que básicamente hizo consistir en el hecho de que su duración no se prolongó en el tiempo, ni existió reiteración de la conducta de falsificación del sujeto activo, sino que se consumó al momento de alterar el documento, con el que se interpuso una demanda que logró una resolución jurisdiccional de la que derivó un beneficio indebido, que se traducía en peligro del patrimonio del sujeto pasivo, en el caso, el auto de exequendo, dado que el bien tutelado por la norma era la administración de justicia y, en forma secundaria, el patrimonio, pronunciamientos con los cuales se desvirtúa la irregularidad que al respecto le atribuye.

"Ahora bien, como se anticipó, en la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticinco de agosto de dos mil diez -fojas 467 a 474 del tomo II dellegajo auxiliar de pruebas-, que dirimió la impugnación interpuesta por la ahora recurrente, en contra del auto de no ejercicio de la acción penal, pronunciado por la titular de la entonces Oficina de Averiguaciones Previas, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en la que, entre otras cosas, el subprocurador de justicia Zona Occidente determinó la procedencia del archivo de la averiguación previa **********, instaurada con motivo del ********** y/o **********, cometido en su perjuicio y de la sociedad, en donde aparecen como probables responsables ********** y/o **********, por encontrarse extinta la acción penal ante su prescripción, para lo cual expuso, en lo que interesa, lo siguiente: (lo transcribe).

"El Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos, establece el delito de fraude procesal en su artículo 142, que textualmente refiere:

"‘Artículo 142. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el salario, al que simule actos jurídicos, o altere elementos de prueba, para obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido.

"‘Cuando en la comisión de este delito participe un licenciado en derecho o litigante legalmente autorizado, además se le suspenderá en el ejercicio profesional o en la actividad indicada, por un término igual al de la prisión impuesta, haciéndose lo anterior del conocimiento de la autoridad que corresponda para la vigilancia de la pena impuesta.’

"Es importante resaltar que, al resolver la contradicción de tesis **********, cuyo tema estribó en determinar si para tener por acreditado el delito de fraude procesal era necesario que existiera una sentencia que resolviera el fondo del asunto planteando ante la autoridad, o bien, cualquier determinación dentro de un proceso en el que el sujeto activo hubiera obtenido un beneficio indebido y el consiguiente perjuicio a su contraparte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que interesa, determinó: (lo transcribe).

"Entonces, atendiendo a que las disposiciones secundarias analizadas e interpretadas por dicha superioridad, al resolver la invocada contradicción de tesis -artículos 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato y 272 del Código Penal para el Estado de Veracruz-, contienen los mismos elementos y supuestos normativos que el diverso 142 del invocado Código Penal de esta entidad federativa, la presente ejecutoria tendrá como punto de partida los lineamientos que aquélla contiene, reproducidos en párrafos precedentes.

"Así, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delito de fraude procesal que prevé el numeral 142 del Código Penal del Estado de Chihuahua requiere, para su actualización, que el sujeto activo altere o simule cualquier elemento de prueba con la finalidad de provocar una resolución judicial o administrativa con la que obtenga un beneficio o perjuicio indebidos.

"De ello se obtiene que la conducta sancionada por el tipo penal es esencialmente la alteración o simulación de documentos o actos, y que éstos sean utilizados como elementos de prueba en un proceso; empero, determina que sólo se configurará si se obtiene un beneficio indebido y, en consecuencia, un perjuicio para la contraparte, lo que debe darse a través de una resolución jurisdiccional.

"Para determinar qué debe entenderse por esta última, conviene reproducir el texto de los artículos 86 a 88 del referido Código Penal de este Estado, que rezan:

"‘Artículo 86. Las resoluciones judiciales son sentencias si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal y autos en cualquier otro caso.

"‘Toda resolución expresará la fecha en que se pronuncie.’

"‘Artículo 87. Las sentencias contendrán:

"‘I. El lugar en que se pronuncien;

"‘II. La designación del tribunal que las dicte;

"‘III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, su estado civil, su residencia o domicilio y su ocupación, oficio o profesión;

"‘IV. Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución;

"‘V. Sus consideraciones y fundamentos legales;

"‘VI. La condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes.

"‘VII. Si hubiere condena a la reparación del daño el Juez dispondrá que se haga efectiva la garantía otorgada para cubrirla.’

"‘Artículo 88. Con excepción de los de mero trámite, los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus fundamentos legales.’

"De estos ordinales se advierte que el legislador local alude a resoluciones judiciales, no a sentencias, por lo que del texto se puede inferir válidamente que, si bien para tener por acreditado tal delito es menester que se materialice un beneficio y el consecuente perjuicio indebidos, (sic) esa materialización no necesariamente debe manifestarse mediante una sentencia que resuelva el fondo del conflicto planteado ante una autoridad, pues considerar que alude sólo a una sentencia de fondo, equivaldría a restringir la tutela jurídica del ilícito, y el valor protegido por la norma quedaría al descubierto, dado que un perjuicio o un beneficio procesal puede obtenerse con cualquier tipo de resolución dictada dentro del juicio, ya que literalmente la ‘resolución judicial o jurisdiccional’ es un término genérico que comprende una gama de actuaciones judiciales.

"En lógica congruencia con lo anterior, resulta importante establecer que el delito de fraude procesal se encuentra contenido dentro del título tercero del libro segundo del Código Penal del Estado, vigente en la época de los hechos, relativo a los delitos contra la administración de justicia, por lo que es tal el único bien jurídicamente tutelado, esto es, no protege, ni aun de manera secundaria, ni el patrimonio ni ningún otro bien, como indebidamente lo afirma en los agravios que se analizan, pues resulta inconcuso que, con ello, el legislador local fue claro al establecer que su objeto, al prever dicha conducta como delictiva, es garantizar la correcta administración de justicia y, en consecuencia, el propósito esencial es evitar que por medios ilícitos se obtenga un beneficio indebido dentro de un procedimiento instado por quien con interés ha sometido un conflicto a la consideración de una autoridad competente, de modo que aquel que obtuvo un beneficio indebido mediante una resolución de cualquier tipo, aun cuando no sea de fondo, incurre en tal delito, dado que afecta la correcta administración de justicia, lesionando el bien jurídico que tutela, que se reitera, no es otro que esta última, lo que lleva a desestimar su alegada protección al patrimonio del sujeto pasivo.

"Bajo ese entorno, es dable concluir que para tener por acreditado el delito de fraude procesal es suficiente con que exista una determinación emitida por una autoridad competente, en la que con fundamento en las normas que rigen el procedimiento que se sigue, el sujeto activo haya obtenido un beneficio indebido, con la consiguiente afectación a la contraparte.

"Ello conlleva a resolver que, distinto a sus argumentaciones, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto, al establecer que tal antijurídico es de consumación instantánea y no permanente o continuo.

"Ciertamente, el numeral 8 del consultado código adjetivo dispone:

"‘Artículo 8. El delito es:

"‘I.I., cuando la consumación se lleva a cabo en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos que lo constituyen.

"‘II. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. ...’

"Como lo reconoce en sus agravios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el delito instantáneo es el que tiene realización en un solo instante; en cambio, el permanente, supone que la acción u omisión constitutiva tiene un periodo más o menos largo de consumación, durante el cual permanece el estado antijurídico, cuya remoción depende de la voluntad del sujeto activo del delito.

"I. sobre el tema los siguientes rubros:

"‘DELITOS INSTANTÁNEOS Y CONTINUOS.’ y ‘DELITO INSTANTÁNEO Y DELITO CONTINUO. DIFERENCIA ENTRE AMBOS.’ (se transcriben)

"Consecuentemente, el delito es instantáneo cuando su consumación se agota en el momento en que se han realizado todos los elementos típicos; en la figura del continuado, la acción u omisión constitutivas tiene un periodo más o menos largo de consumación, durante el cual permanece el estado antijurídico, cuya remoción depende de la voluntad del sujeto activo.

"Ante ese contexto fáctico y jurídico, el delito de fraude procesal en orden a su consumación es instantáneo, porque el resultado y lesión al bien jurídico penalmente protegido -administración de justicia- se produce de manera concomitante en que el activo, mediante la alteración de un elemento de prueba, obtiene una resolución jurisdiccional -que puede o no ser de fondo- de la que deriva un beneficio o un perjuicio indebidos, esto es, basta para ello con que alcance alguno de éstos a través de cualquier acuerdo dentro del procedimiento, pues es en ese mismo momento cuando se agotan todos sus elementos típicos, con independencia de que sus efectos pudieran o no permanecer en el tiempo, como sería, en su caso, la realización de otras diversas actuaciones procesales tendentes a la continuación y resolución del juicio.

"Por ende, su alegada circunstancia, en cuanto a que dentro del juicio ejecutivo mercantil, promovido por los activos con motivo del pagaré que aduce no haber suscrito, se produjeron otros actos procedimentales distintos al auto de exequendo, de mayor afectación a su patrimonio, como la adjudicación de un inmueble de su propiedad a favor de otra persona, no incide en el perfeccionamiento del delito de fraude procesal como figura de consumación instantánea, máxime que, como se dijo, el bien jurídico que tutela sólo incluye la debida administración de justicia -nunca el patrimonio, ni siquiera de forma indirecta-, por lo que cuando a través de un medio ilícito, traducido en la alteración de un elemento de prueba -como en el caso podría ser ese título de crédito base de la acción en la referida controversia mercantil-, se obtiene un beneficio indebido mediante una resolución de cualquier tipo, aun cuando no sea la de fondo, se consuma tal ilícito, dado que se afecta la correcta administración de justicia, lesionando el bien jurídico que tutela, con independencia de los efectos que su realización genera.

"Por tales razones, devienen infundados los motivos de inconformidad, por los cuales insiste en sostener que el delito de fraude procesal es de consumación permanente o continua, e inaplicables al particular, la fracción IV del artículo 93 del aludido Código Penal de este Estado y las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ellos hacen valer -‘DELITOS CONTINUO Y CONTINUADO.’ y ‘DELITO CONTINUO.’-, al referirse a ilícitos de naturaleza diversa a la que tiene el de fraude procesal, en relación al momento de su consumación.

"Relaciona (sic) con esa esencia, tenemos que la prescripción de la acción penal se encuentra regulada en el referido código sustantivo, dentro de sus ordinales 91, 92, 93, fracción I y 94, en tanto disponen: (los transcribe).

"En todo caso, para computar el término de prescripción de la acción penal en los delitos en que haya tenido aplicación el segundo párrafo del artículo 61 y el 281, si el inculpado se sustrae a la acción de la justicia, antes de que se dicte sentencia de primera instancia, se atenderá al que corresponda conforme a las penas de prisión aplicables que originalmente eran procedentes, salvo que el ofendido haya recogido a su entera satisfacción la devolución o el pago realizados o se haya dado por satisfecho de la reparación del daño.

"Como lo estableció la responsable en la resolución reclamada y el a quo en la sentencia que se revisa, el antijurídico que nos ocupa se encuentra sancionado con seis meses a cinco años de prisión, siendo su término medio aritmético dos años nueve meses, tiempo que ha de transcurrir a partir de su consumación para la prescripción de la acción penal, de conformidad con el ordinal 93, fracción I, en relación con el diverso 94, ambos de la legislación sustantiva en cita.

"Sin embargo, en el particular, y para efecto de establecer la concurrencia de esa causa de extinción de la acción penal, el delito de fraude procesal de que se trata se consumó el veintisiete de abril de dos mil cinco, pues así se demuestra con la copia certificada del auto de exequendo que en esa fecha se dictó dentro del referido juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del D.J.B.J., con sede en Cuauhtémoc, C., obrante a fojas 127 y 128 del tomo II del cuaderno auxiliar de pruebas, ya que fue en ese momento y a través de esa resolución jurisdiccional cuando alterando el pagaré base de la acción, que al respecto ejercitó, el activo alcanzó un beneficio indebido con la consiguiente afectación a su contraparte, consistente en la instauración de un procedimiento mercantil en contra de la ahora recurrente, con base en un medio ilícito, y en la obtención de aquel auto con efectos de mandamiento en forma, toda vez que no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del Juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede, incluso, con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia, esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que desde luego le genera perjuicio.