Voto num. 291/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 471841898

Voto num. 291/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:291/2012
Localizacion:Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1.Pág. 64.
Fecha de Publicación:30 de Abril de 2013
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 291/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

 
CONTENIDO

Voto particular que formula el señor M.J.F.F.G.S., en la contradicción de tesis 291/2012, fallada por el Tribunal Pleno, en sesión de 27 de septiembre de dos mil doce. La contradicción de tesis recién identificada, se suscitó respecto de los criterios sustentados por ambas Salas de este tribunal,(1) en relación con el análisis de constitucionalidad del artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez, que establece el aseguramiento en bienes del contribuyente, respecto del cual la Primera Sala concluyó que dicho numeral es violatorio de la garantía de seguridad jurídica y la Segunda Sala, a la que me encuentro adscrito, arribó a una tesis opuesta, esto es, sosteniendo la constitucionalidad de la medida de apremio. Al someterse la consulta al Tribunal Pleno se obtuvo mayoría de votos,(2) en sentido contrario a la propuesta original que se apegaba a la tesis de constitucionalidad del numeral analizado. Esta es la razón que me conduce a formular este voto con el propósito de sostener la postura que externé en la Segunda Sala y las razones por las que estoy convencido de que el aseguramiento como medida de apremio de bienes del contribuyente encuentra sustento constitucional y legal y que por ende, no es violatorio de la garantía de seguridad jurídica. Como lo señalé, el punto contradictorio deriva de la interpretación del artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez.(3)Dicho numeral establece la facultad a favor de las autoridades fiscales de imponer como medida de apremio, entre otras, el aseguramiento de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando éste, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y precisa que la autoridad que practique el aseguramiento deberá levantar acta circunstanciada en la que indique de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades mencionadas, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en la sección II del capítulo III, título V, del propio código.(4) Este capítulo y sección regulan lo relativo a las formalidades que deben regir en el procedimiento de embargo que si bien constituye una figura jurídica con características propias,(5) sujeta la actuación de la autoridad administrativa a un marco que impide actuaciones arbitrarias o caprichosas. En efecto, es importante distinguir que las medidas de apremio son autónomas al procedimiento en el cual se dicten, ya que se trata de una serie de instrumentos jurídicos para vencer la oposición antijurídica de un particular (contumacia) a un mandato que le es dirigido por la autoridad que lleve un procedimiento o haya dictado un mandamiento específico, o bien, para que el particular permita la continuación o realización de las diligencias que conforman el cauce normal de dicho procedimiento o desarrollo de las diversas facultades de la autoridad fiscal; de manera que la justificación de este tipo de medidas de apremio, radica en que constituyen un medio coercitivo con que cuenta la autoridad para hacer cumplir sus propias determinaciones.Bajo esta óptica, fue el legislador quien dispuso como medida de apremio, el aseguramiento de bienes, -dentro de los cuales se encuentran las cuentas bancarias del contribuyente-, en el caso de que éste no permita, obstaculice o se oponga materialmente al inicio o desarrollo de las facultades de la autoridad fiscal, siendo una medida que no comparte la misma finalidad con la relativa al embargo precautorio de bienes, como medida cautelar o preventiva, la cual puede decretarse dentro de un procedimiento de fiscalización, como expresión de la potestad económico-coactiva del Estado, a través de la cual se busca la satisfacción del interés fiscal.De la exposición de motivos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del veinte de octubre de dos mil nueve, relativo al Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales,(6) se advierte que el aseguramiento que se regula en el código tributario constituye una medida de apremio de carácter excepcional, cuya finalidad es desincentivar las conductas que obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, y vencerlas una vez que son desplegadas, a efecto de hacer efectivo el imperio de las autoridades al hacer uso de ellas y que los particulares obedezcan sus determinaciones.Como ya señalé, la imposición de este tipo de medidas, surge de la necesidad de contar una herramienta eficaz para que los titulares de los órganos de autoridad estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que aquéllos se encuentran investidos.Por tal motivo estimo que contrariamente al criterio que se sostuvo en la sentencia de la mayoría, la imposición de esta medida no resulta desproporcional porque se encamina a combatir la conducta antijurídica (contumaz) de quien despliega actos que obstaculizan el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Por tanto, se trata de un acto de molestia transitorio que cesará en cuanto haya cumplido su cometido, esto es, cuando el contribuyente deje de obstaculizar el desarrollo de facultades de revisión, constituyendo por ende, un medio proporcional e idóneo para lograr superar la resistencia al ejercicio de las facultades de comprobación.Tal medida se justifica entonces, por la necesidad de lograr el respeto al interés público en el cumplimiento de las disposiciones fiscales, evitando que se pueda evadir injustificadamente el cumplimiento de obligaciones de orden público que emanan directamente de la Constitución; por tanto, esa medida cautelar constituye un mecanismo eficaz para compeler al cumplimiento de un acto obligatorio (con fuerza o por autoridad), a fin de que los sujetos contumaces hagan lo que en principio no quieren y acaten la determinación que la autoridad competente, en uso de sus facultades, legalmente les está imponiendo.En esta línea argumentativa, no cabe sino concluir que el aseguramiento previsto en el precepto analizado sea acorde y proporcional con la seguridad jurídica como requisito constitucional, puesto que se trata de un medio enérgico (propio de las medidas de apremio), que busca constreñir a quien se dirija el apremio, para que se permita materialmente hablando, el inicio o desarrollo de dichas facultades de la autoridad fiscal; sobre todo porque su actuación, desplegada a través de los distintos cauces legales que tiene a su alcance (trátese del ejercicio de sus facultades de comprobación, verificación, entre otras), es la única forma en que le permite emitir las determinaciones sobre el estatus fiscal de los contribuyentes.En mérito de las razones expuestas, considero que debió prevalecer el criterio sustentado originalmente por la Segunda Sala.En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.__________________1. Criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 813/2011 y 786/2011, respectivamente. 2. El primer punto resolutivo relativo a la existencia de la contradicción de tesis se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros: A.A., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., V.H., S.C. de G.V., O.M. y presidente S. Meza.El segundo punto resolutivo sobre el criterio que debe prevalecer, fue aprobado por mayoría de seis votos de los señores M.C.D., Z.L. de L., P.R., V.H., O.M. y presidente S.M.. Los señores M.A.A., L.R., F.G.S., A.M. y S.C. de G.V. «votaron en contra».3. El texto de este numeral, es el siguiente: Artículo 40. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:I.S. el auxilio de la fuerza pública.II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente.Para los efectos de esta fracción, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en la Sección II del Capítulo III, Título V de este Código.IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales federales y los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes, para estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuar el mismo; así como en brindar la seguridad necesaria a los visitadores.En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades federativas, del Distrito Federal o de los Municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que se tengan celebrados con la Federación.4. Esta remisión se refiere al título de formalidades de las actuaciones de embargo. En lo conducente, el código prevé: Título VDe los Procedimientos Administrativos...Sección segundaDel embargoArtículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco.II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo.Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 de este Código. De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este ordenamiento.Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo por edictos, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local de la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él.En el caso de actos de inspección y vigilancia, se procederá al aseguramiento de los bienes cuya importación debió ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por éstas, siempre que quien practique la inspección esté facultado para ello en la orden respectiva.Artículo 153. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario.En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 y 167 de este Código.La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales.El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado.Artículo 154. (Derogado primer párrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 1982)El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales.Artículo 155. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al orden siguiente:I.D., metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia.III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo.Artículo 156. El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento.II. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale:a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora.b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior.c) Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables. El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se levante o bien, su negativa.Artículo 156-BIS. La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I del presente código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado conforme a la Ley de la materia, sólo se procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos. La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados.Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte del Servicio de Administración Tributaria o la instrucción que se dé por conducto de la