Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2014 Y SUS ACUMULADAS 64/2014 Y 80/2014. PARTIDOS POLÍTICOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y ACCIÓN NACIONAL. 1 DE OCTUBRE DE 2014. LA MINISTRA M.B. LUNA RAMOS HIZO SUYO EL ASUNTO EN SUSTITUCIÓN DEL MINISTRO S.A.V.H.. SECRETARIA: L.G.V..

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de octubre de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos recibidos el veinticuatro, veintinueve y treinta de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, D.G.R. y J.L.O., en su carácter de secretario técnico y secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México; D.A.D.R., J.Á.C., J.A.L.V.C., A.C.B., R.M.B., J.J.E.T., J.I.S.M., N.d.C.V.P. y M.E.O.L., en su carácter de coordinadores, integrantes y secretaria de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano; y G.E.M.M. en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Autoridades emisora y promulgadora de

la norma impugnada

A) Congreso del Estado de S.L.P.

B) Gobernador Constitucional del Estado de S.L.P.

Norma general cuya invalidez se reclama

Decreto 613, por el que se expide la Ley Electoral del Estado de S.L.P., publicado en el Periódico Oficial del Estado de S.L.P. el treinta de junio de dos mil catorce.

SEGUNDO. El Partido Movimiento Ciudadano señaló como antecedentes de la norma impugnada, los siguientes:

"1. El día domingo veintinueve de junio de dos mil catorce, la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de S.L.P., dictaminó y aprobó el Decreto por el que se expide la Ley Electoral del Estado de S.L.P.; en consecuencia, se remitió al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

"2. El día lunes treinta de junio de dos mil catorce, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de S.L.P., el Decreto Número 613, por el que se expide la Ley Electoral del Estado de S.L.P.."

Adicionalmente, el Partido Acción Nacional expuso:

"Primero. El pasado diez de febrero de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral;

"Segundo. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

"Tercero. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Partidos Políticos:

"Cuarto. A los veintinueve días del mes de junio del año en curso, en el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de S.L.P., se aprobó el decreto mediante el cual se emite la Ley Electoral del Estado de S.L.P.."

TERCERO. Los Partidos Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

Acción de inconstitucionalidad 40/2014 (partido verde)

En su primer concepto de invalidez, aduce que el artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., viola el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal, al restringir los derechos de votar y ser votado.

Esgrime que el legislador federal expidió la Ley General de Partidos Políticos, estableciendo en su artículo 1o., que su objeto es regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, dentro de las cuales se encuentra la relativa a las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones.

En dicho ordenamiento se dispuso como derechos de los partidos políticos, entre otros, formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la Ley General de los Partidos Políticos y las leyes federales o locales aplicables.

Bajo ese esquema, el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos establece la posibilidad de que los partidos políticos nacionales pueden formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa. Asimismo, los partidos políticos locales podrán formar coaliciones para las elecciones de gobernador, diputados a las Legislaturas Locales de mayoría relativa y Ayuntamientos, así como de jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

El mismo artículo determina que los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar un convenio de coalición en el que no podrán acordar, distribuir o transferirse votos.

Por último, el numeral 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe que los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, sean considerados válidos para el candidato postulado y tomados en cuenta para la asignación de la representación proporcional u otras prerrogativas.

Por su parte, la Legislatura Local emitió la Ley Electoral del Estado de S.L.P., con el objeto de regular la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como la de regular la organización, funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos políticos, disponiendo que, para fines electorales, dichos entes pueden formar coaliciones, alianzas y postular los mismos candidatos en las elecciones estatales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Electoral estatal.

Así, el promovente esgrime que el párrafo segundo del artículo 179 de la Ley Electoral local prohíbe que los votos en los que se hubieran marcado más de una opción de los partidos coaligados, sean tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Estima que dicha prohibición es contraria a lo previsto por la fracción I del artículo 35 de la Constitución, al restarle eficacia al voto emitido por los ciudadanos, en razón de que todo voto debe tener el mismo peso y ser contabilizado de la misma manera.

Considera que el diseño específico de nuestro sistema electoral hace que un solo voto del ciudadano sea utilizado y contabilizado para efectos de que el elector pueda escoger a sus representantes por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional en una misma boleta electoral.

Luego, los votos que son otorgados a los candidatos electos por el principio de mayoría relativa se traducen, en automático, en votos que deben ser contabilizados por partido político para determinar el porcentaje de votos que tendrán para que sus candidatos de listas integren el Congreso del Estado de S.L.P..

Estima que el hecho de que un ciudadano vote por dos o más partidos coaligados, no es una muestra de una confusión al momento de emitir su voto, sino prueba de una voluntad expresa de votar por los partidos que legalmente comparten una plataforma política común.

Además, en los casos en los que el elector marca más de una opción entre los partidos que postulan a candidatos en coalición, es posible inferir la real voluntad del votante respecto al partido de su elección, en tanto que necesariamente es uno de aquellos que contiende en la coalición; contrario a lo que sucede cuando el elector marca más de una opción entre los partidos que no contienden coaligados, en donde es materialmente imposible conocer la real voluntad del elector y se debe anular dicho voto por tal circunstancia.

En ese sentido, aplicar la norma que se impugna implicaría dejar de contabilizar la expresión de miles de ciudadanos por una opción política para efectos de la integración del Congreso del Estado por el principio de representación proporcional.

De ese modo, también se transgrede el derecho a ser votado de los candidatos por representación proporcional, eliminando la elección de los diputados locales bajo dicho principio.

Aduce que los candidatos, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, tienen derecho a que cada voto destinado para ellos, cuente indistintamente si, en el caso de partidos coaligados, en la boleta electoral se marcó una o más opciones.

Por otra parte, en su segundo concepto de invalidez, alega que el artículo 179 de la Ley Electoral del Estado, en los términos que señala su párrafo segundo para la integración de la Legislatura Local según el principio de representación proporcional, violenta el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal.

Lo anterior, pues, no obstante que el artículo 116, fracción II, tercer párrafo, constitucional, faculta a los Estados para legislar y establecer los términos en que se habrán de asignar a los diputados por el principio de representación proporcional, la prohibición establecida en la norma impugnada, es contraria a lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución, al pretender que los votos obtenidos por los partidos coaligados no se contabilicen para los efectos de la conformación de la Legislatura Local, con lo que se impide que la asignación de representantes populares se realice conforme a los resultados de la votación y se logre la proporcionalidad entre votos y escaños.

Considera que se pierde de vista que una de las características primordiales del principio de representación proporcional, es que cada partido alcance en el seno de la Legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total. De esa forma, la asignación de diputados es independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación.

En ese sentido, indica que, este Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009, se pronunció en el sentido de que la posibilidad de votar por alguno de los partidos coaligados, marcando en la boleta el cuadro que contenía el emblema del partido político de su preferencia, pretende otorgar certeza respecto de la fuerza político-electoral de cada uno de los partidos que conformen dicha coalición, incluyendo la posibilidad de que se vote por todos los partidos coaligados.

En esa medida, la fracción III del artículo 178 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. prevé que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, ya que se entiende que la coalición en nada altera el hecho de que cada partido recibirá una votación específica para efectos de acceder a curules por el principio de representación proporcional.

Los votos que se emiten respecto de un candidato de mayoría relativa en coalición, también se contabilizan como parte de la votación emitida para efectos de la asignación de curules, de conformidad con el principio de representación proporcional.

Por tanto, la prohibición impugnada modifica indebidamente la proporcionalidad en la repartición de los espacios a favor de aquellos partidos políticos que no se coaligaron y, por ende, generará que la votación efectivamente emitida, tenga efectos diversos a la voluntad de los sufragantes. Asimismo, el desconocer la votación efectivamente emitida a favor de los partidos coaligados, genera una afectación injustificada a la representatividad efectiva de las minorías políticas en el órgano legislativo local.

Finalmente, en su tercer concepto de invalidez, aduce que se violenta la esfera competencial de la Federación, transgrediendo los artículos 124 y segundo transitorio de la reforma político electoral de la Constitución Federal.

Si bien, hasta antes de las reformas político electorales y de conformidad con el párrafo tercero de la fracción I del artículo 116 de la Constitución, era facultad de las entidades federativas determinar en la ley local la forma en que habrán de integrarse la Legislaturas, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, dentro de los parámetros que el propio párrafo establece.

Ahora, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4 del inciso f) de la fracción I del transitorio segundo del decreto de reforma constitucional en materia política, es la Ley General de Partidos Políticos, la que debe establecer las modalidades para el escrutinio y cómputo de los votos.

Partiendo de lo dispuesto por las normas constitucionales referidas, corresponde al Congreso de la Unión determinar en la ley general las modalidades para computar los votos en caso de coaliciones y no es competencia de las Legislaturas Locales determinar la validez o no de los votos emitidos a favor de los partidos coaligados.

El ámbito material de la facultad del Congreso de la Unión de establecer las modalidades del cómputo se debe entender como la suma de votos consignados en las actas de escrutinio y, por ende, escapa de la esfera de acción del Congreso Local, prever la forma en que van a contabilizarse los votos a favor de los partidos coaligados como pretende hacerlo en el segundo párrafo del artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

Por lo que hace a la Ley General de Partidos Políticos, la facultad de establecer la modalidad en que se habrán de computar los votos de los partidos coaligados, implica necesariamente determinar la forma en que se habrán de distribuir los votos entre los partidos coaligados, de forma tal que se pueda contabilizar la votación total que corresponderá a cada partido coaligado y, por ende, la Legislatura Local se excede en sus facultades determinando la regla en que se van a contabilizar los votos en que se marque más de una opción de entre los partidos coaligados.

Por lo anterior, concluye que el Congreso del Estado no cuenta con competencia constitucional para regular el funcionamiento del principio de representación proporcional para la integración de las Legislaturas Locales, y en el caso de que así fuera, es incuestionable que el funcionamiento del principio de representación proporcional no puede desnaturalizar o controvertir los derechos humanos salvaguardados por la Constitución Federal que garantiza la efectividad y pluralismo del sistema electoral.

Acción de inconstitucionalidad 64/2014 (Movimiento Ciudadano)

En su primer concepto de invalidez, alega que, conforme al artículo 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo, de la Constitucional Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales y que en ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores; que la ley sustantiva determinará las reglas para las precampañas y campañas electorales, su duración y posibilidad de que la autoridad electoral imponga una sanción en caso de que se incumplan las reglas y requisitos establecidos en la ley.

Al respecto, el artículo 6o., fracción III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. establece la definición de lo que se entenderá como actos anticipados de precampaña, a saber: "... las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.".

Porción normativa que estima transgrede lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que el legislador local limita el concepto de "actos anticipados de precampaña" a una determinada temporalidad; ya que considera que éstos, sólo se pueden actualizar o llevar a cabo desde el inicio del proceso electoral, hasta el inicio de las precampañas, resultando tal previsión temporal inconstitucional, dado que se vulneran los principios de equidad en la contienda, certeza y seguridad jurídica.

Asevera lo anterior, en función de que la comisión de las conductas que se califican como actos anticipados de precampaña, consistentes en las expresiones que se hagan bajo cualquier modalidad, contengan llamados al voto en contra o a favor de una precandidatura no sólo se pueden presentar en la aludida temporalidad, sino también fuera del plazo establecido por el legislador, acorde con su contenido material.

De ahí que cualquier acto anticipado de precampaña, tiene como elemento sine qua non, el ser llevado a cabo con antelación a la precampaña, por lo que no se debe considerar que únicamente puede ocurrir a partir del inicio del procedimiento electoral, sino en cualquier tiempo, antes de la precampaña.

Considerar lo contrario, atenta en contra del principio de equidad en la contienda electoral, pues se pondría en una situación de desventaja a los posibles contendientes, aunado a que si no se regula el acto anticipado de precampaña en cualquier temporalidad previo al inicio del periodo de ésta, se estaría ante la autorización tácita de llevar a cabo conductas ilegales.

Motivo por el cual, demanda la invalidez de la porción normativa prevista en el artículo 6o., fracción III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

En su segundo concepto de invalidez, señala que, acorde con el artículo 54, fracción II, de la Constitución Federal, todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos los diputados según el principio de representación proporcional.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales refiere que debe entenderse por "votación válida emitida" "... la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.", y que se entenderá por "votación nacional emitida", "... la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes y los votos nulos."

Bajo ese orden de ideas, en el artículo 6o., fracción XLIV, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., se establecen las definiciones de lo que se entenderá como votación, siendo que, por lo que hace al término de "votación efectiva", para efecto de la asignación de cargos por el principio de representación proporcional, dispuso que ésta será: "... la resultante de restar... la votación válida emitida, los de los partidos políticos que no hayan postulado candidatos a diputados electos por el principio de mayoría relativa en cuando menos diez distritos uninominales del Estado, los votos emitidos a favor de fórmulas no registradas, los votos emitidos a favor de los candidatos independientes y los que hayan obtenido los candidatos de la coalición que no cuenten a favor de ninguno de los partidos políticos que los postularon.", porción normativa que estima inconstitucional, al atentar en contra del derecho al voto activo que la Constitución Federal reconoce a los ciudadanos en sus artículos 35, 39 y 41; además de violentar el derecho de asociación previsto en el artículo 9o. de la Ley Fundamental.

Estima que, para efectos de los cómputos distritales y municipales para cargos por el principio de representación proporcional, dicha disposición impacta de manera directa en la asignación de curules y regidurías bajo dicho principio y, por ende, en el porcentaje de votación de cada instituto político para la distribución de las prerrogativas a que tienen derecho.

Con ello se contraviene el principio de certeza en materia electoral y se desnaturaliza la participación efectiva de los partidos políticos y, en consecuencia, su intervención a través de las figuras de coalición y alianza transitoria, por distorsionar los efectos jurídicos que debe producir la emisión del voto por parte del elector, cuando en la boleta electoral aparecen por separado los partidos políticos que postulan a un candidato afín.

Aunado a lo anterior, la porción normativa que se establece en el artículo 6o., fracción XLIV, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., se contrapone con lo dispuesto en la propia ley respecto del cómputo de los votos emitidos a favor de los partidos políticos que contiendan bajo las figuras de coalición y alianza transitoria para efectos de la asignación de cargos según se trate por tipo de elección, pues da lugar a un manejo injustificado del voto ciudadano, que desvirtúa la voluntad de los electores y desnaturaliza, en consecuencia, el objeto y fin de la manifestación del sufragio, lo que contraviene lo dispuesto en la Constitución Federal, pues no debe perderse de vista que tanto las coaliciones, como las alianzas transitorias, son aquellas opciones de participación en las que dos o más partidos políticos pueden postular al mismo candidato sin perder su identidad en la boleta electoral como partido político en lo individual.

En el tercer concepto de invalidez redactado por Movimiento Ciudadano, señala que el artículo 63, párrafo primero, de la Constitución Federal establece: "Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la Legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente."

Asimismo, el artículo 77, fracción IV, de la Constitución General de la República dispone como facultad de las Cámaras: "Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente."

Por otro lado, la Ley Electoral del Estado de S.L.P., en relación con las elecciones extraordinarias, establece lo siguiente:

"Artículo 15. Cuando conforme a la ley se declare nula una elección de diputado, según el principio de mayoría relativa, o los candidatos triunfadores resulten inelegibles conforme resolución definitiva que emita el Tribunal Electoral del Estado, o Federal, se celebrarán elecciones extraordinarias dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral respectivo, previa convocatoria que para el caso de diputados expida el consejo.

"Asimismo, se efectuará la elección extraordinaria respectiva en los términos previstos en el párrafo anterior, si un Tribunal Electoral, ya sea estatal o federal, anula la elección de un Ayuntamiento o declara la inelegibilidad de los candidatos de la planilla triunfadora. En tal caso, se estará a lo previsto en la Constitución del Estado, y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, para los efectos de cubrir el inicio del periodo constitucional para el que debe ser electo el Ayuntamiento de que se trate."

"Artículo 18. Declarada la vacante de una diputación de mayoría relativa en los términos de la Constitución del Estado, o por causa superveniente, se verificará elección extraordinaria dentro de un plazo que no excederá de los sesenta días siguientes, y de acuerdo a las bases que contenga la convocatoria, así como de las disposiciones de la presente ley.

"La convocatoria la expedirá el propio consejo dentro de los diez días siguientes a la declaratoria de la vacante. ..."

Considera que dichas porciones normativas devienen inconstitucionales, toda vez que con la emisión de la convocatoria respectiva para la realización de elecciones extraordinarias emitida por el Consejo Estatal Electoral, se contravienen los principios de legalidad y certeza previstos en el artículo 16, párrafo primero, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

En función de que si bien, la Constitución Federal, otorga a las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), dicha facultad le corresponde al Consejo Estatal Electoral de la entidad, misma que sólo es atribuible para organizar las elecciones según se trate, como puede suceder con las elecciones extraordinarias, mas no para convocarlas de manera directa, ya que dicha conducta puede provocar la nulidad de una elección, posiblemente imputable a la propia autoridad organizadora y, en ese caso, la misma autoridad sería J. y parte en el proceso de elección extraordinario por motivo de nulidad de los comicios.

Por lo anterior, demanda la invalidez de las porciones normativas previstas en los artículos 15 y 18 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

En su cuarto concepto de invalidez, señala que en los artículos 152, párrafo primero, fracción II, inciso c), 165 y 166 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., se instituyó la figura de prorrateo, incurriendo en una aberración jurídica, al permitir que los partidos políticos puedan decidir la forma de cumplir las obligaciones que se les imponen en materia de fiscalización de los recursos que eroguen en campañas.

Lo anterior, toda vez que, si bien se establece que los recursos con los que cuenten serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas, lo cierto es que, al no quedar comprendido en el convenio de coalición y de alianza transitoria el porcentaje del monto que cada partido político aportará a la coalición y, por ende, la responsabilidad individualizada del uso de los recursos y reporte de los mismos, de manera directa ante la autoridad, se les da la oportunidad de elegir sus formas de prorrateo como mejor convenga al partido, coalición o alianza transitoria, trastocando los principios de equidad y certeza que deben regir el derecho electoral, violentando el artículo 17 de la Constitución Federal.

En ese sentido, estima que la regulación que se dé en materia de fiscalización respecto a los recursos públicos que utilicen las coaliciones o alianzas transitorias, debe ser clara y congruente con el ámbito que las rige e ir acorde a los protocolos de auditoría pública manejados por el Órgano Superior de la Federación.

Aduce que la norma impugnada provoca que los entes que deban ser sancionados no lo sean, y los que no tienen responsabilidad o hayan actuado debidamente, sean sujetos a una multa injusta y excesiva.

En relación con el quinto concepto de invalidez, señala que la porción normativa prevista en el artículo 172 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., que establece: "Los partidos de nuevo registro no pueden convenir frentes, alianzas partidarias, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección local inmediata posterior a su registro según corresponda.", es inconstitucional, pues limita el derecho al voto pasivo, así como el derecho de libre asociación reconocidos constitucionalmente.

Asimismo, demanda la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 178, último párrafo, de la ley impugnada, al disponer que los partidos políticos de reciente registro o inscripción ante el consejo, no podrán formar coalición para el primer proceso electoral en el que participen.

Sobre el particular señala que las figuras de alianzas partidarias o coaliciones representan una opción más de participación a favor de los ciudadanos y los partidos políticos en la postulación de candidaturas afines en un proceso electoral; por tanto, la intervención de los partidos políticos que obtengan su registro recientemente, no puede verse acotada en la postulación de candidatos con otros partidos políticos ya existentes, pues su participación contribuye a la maximización de los derechos de votar, ser votado y asociarse libremente para poder intervenir en un proceso electoral y tener acceso al poder público.

Derivado de lo expuesto, las porciones normativas señaladas son inconstitucionales, al limitar la intervención efectiva de los partidos políticos de nuevo registro, en contravención a lo dispuesto en la base I del artículo 41 constitucional, por lo que se demanda la invalidez de las porciones normativas previstas en los artículos 172 y 178, último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

En su sexto concepto de invalidez, señala que lo previsto en el artículo 179, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., que establece: "Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas."; contraviene lo previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como en las disposiciones prescritas en la misma Ley Electoral local y en la Ley General de Partidos Políticos.

Lo anterior, en razón de que estima que el Congreso Local hace uso indebido de sus facultades, al desvirtuar la forma en que se contabiliza el voto emitido por los ciudadanos en favor de las coaliciones, cuando establece sin sustento, que los votos sólo cuenten para los candidatos y no para los partidos políticos que los postulan, lo que impacta en el porcentaje de votación de cada instituto político y afecta gravemente la distribución de las prerrogativas, y la asignación de curules por el principio de representación proporcional, transgrediendo el artículo 35, fracciones I, II y III, constitucional, además del derecho de asociación previsto en el artículo 9o. constitucional, en relación con el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Arguye que con dicho precepto, se pierde o disminuye la efectividad del voto en perjuicio del electorado y se atenta contra la libertad de asociación, al establecerse en la ley secundaria, que los partidos políticos pueden convenir libremente su participación política en una elección, pero imponiendo límites, prohibiciones y modalidades que van en contra del derecho fundamental de participación, asociación política y expresión del voto, que trastocan los principios de seguridad jurídica y de certeza en materia electoral.

Bajo tales argumentos, demanda la invalidez de la porción normativa prevista en el artículo 179, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., por desvirtuar el valor del sufragio en la asignación de representación proporcional y financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos; así como por su falta de certeza, proporción y medida, al excluir el sufragio efectivo realizado por los ciudadanos a favor de los partidos políticos que contiendan bajo la figura de coalición.

En su séptimo concepto de invalidez, señala que dentro del contexto de la reciente reforma constitucional y legal en materia electoral, se dispusieron las candidaturas independientes, bajo la intención de dar una respuesta a una demanda de la sociedad que no se siente representada por los partidos políticos.

Señala que la Constitución Federal, sólo se refiere al derecho de cualquier ciudadano a solicitar su registro como candidato de manera independiente, y los derechos y prerrogativas a que tiene derecho; sin embargo, la Ley Electoral del Estado de S.L.P., en su título séptimo, regula de manera excesiva los lineamientos, requisitos, derechos, obligaciones y etapas que debe observar un ciudadano que pretende postularse como candidato independiente en la entidad.

Estima que la Legislatura no tomó en cuenta que la figura de las candidaturas independientes, debe reflejar la participación más directa por parte de la sociedad, así como un legítimo acceso al poder inmediato de los ciudadanos, por lo que, al regular de manera excesiva la figura de candidatura independiente en franca desventaja con los partidos políticos, imposibilita el derecho a ser votado, anulando las condiciones equitativas de competencia electoral, cuando asigna a los candidatos independientes un costo más alto para participar en la vida democrática de nuestro país, en relación con los partidos políticos.

Por lo anterior, estima que las siguientes disposiciones normativas no otorgan igualdad de derechos y oportunidades a los candidatos independientes que pretendan postularse para un cargo de elección popular, a saber:

1. El artículo 222 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., en relación con la participación y registro de los candidatos independientes en los procesos electorales en la entidad, la ley dispone:

"Artículo 222. Los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes en las elecciones de que se trate, deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución del Estado, los siguientes:

"...

"II. No ser presidente del comité ejecutivo, nacional, estatal, municipal o su equivalente, de un partido político, antes del inicio del proceso electoral de que se trate, ..."

"Artículo 237. Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quien tendrá derecho a registrarse según el tipo de elección de que se trate, la cual será emitida por el Pleno del consejo.

"La declaratoria del candidato independiente que tendrá derecho a ser registrado como tal, se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:

"I. El consejo verificará la cantidad de manifestaciones de respaldo válido obtenido, por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular;

"II. Tendrán derecho a registrarse los aspirantes a candidatos independientes que hayan obtenido el respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral en el Estado, en el distrito electoral uninominal, o en el Municipio que corresponda con corte al mes de septiembre del año anterior al día de la jornada electoral que se trate y, de éstos solamente se podrá registrar solo un aspirante a candidato que de manera individual haya obtenido el mayor número de manifestaciones de respaldo válidas por tipo de elección: a gobernador, en cada uno de los distritos de mayoría relativa y en cada uno de los Ayuntamientos, y

"III. Si ninguno de los aspirantes registrados cumple con el dos por ciento de respaldo señalado en la fracción anterior, el Pleno del consejo declarará desierto el proceso de selección de candidato independientes en la elección respectiva."

Estima que la porciones normativas citadas devienen inconstitucionales, al coartar el derecho de ser votado de los ciudadanos que deseen postularse como candidatos independientes, como lo señala el artículo 35, fracción II, constitucional, cuando reconoce el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente, pues de ese dispositivo no se advierte la restricción o limitación impuesta por el artículo impugnado.

En ese sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso k), de la Constitución Federal dispone que, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes; garantizando, a su vez, su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes.

De ahí que lo dispuesto en los ordenamientos normativos controvertidos restringe el derecho fundamental de ser votado y acceso al cargo reconocido a favor de los candidatos independientes, pues tal como se ha expuesto, el artículo 35, fracción II, constitucional, otorga el derecho de los ciudadanos de poder registrarse de manera independiente, sin condicionar el número de ciudadanos que pueden hacerlo bajo esta modalidad; y de lo cual tampoco se desprende alguna prohibición expresa que límite el acceso al cargo de los ciudadanos por dicha vía, al ostentar cargos partidistas.

De conformidad con lo anterior, devienen inconstitucionales las porciones normativas previstas en los artículos 240, 241, párrafo primero, y fracción I, 242, párrafo primero, y fracciones I y II, 243, párrafo primero, y fracciones I, II y III, inciso a), 244 y 245, todos de la Ley Electoral del Estado de S.L.P.; al disponer el registro, exclusivamente, a los candidatos independientes seleccionados como únicos para los cargos de gobernador del Estado, diputados y ediles a los Ayuntamientos.

Aunado a lo anterior, el artículo 237, fracción II, de la ley impugnada establece el 2% como mínimo de firmas para el respaldo ciudadano para todas las elecciones, medida que estima excesiva y desproporcional, además de que considera que no es conforme para asegurar la representatividad, autenticidad y competitividad de los candidatos independientes en los procesos comiciales.

Motivos por los que demanda la invalidez de las porciones normativas que contienen los artículos 222, fracción II, 237, 240, 241, párrafo primero, y fracción I, 242, párrafo primero, y fracciones I y II, 243, párrafo primero, y fracciones I, II y III, inciso a), 244 y 245 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., al contravenir lo dispuesto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

2. Señala que los artículos 229, fracción III, 242, párrafo primero, fracción III, inciso d), y 243, párrafo primero, fracción III, inciso b), numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., son contrarios a lo previsto en los artículos 55 y 58 de la Constitución Federal, que refieren los requisitos de elegibilidad para ser diputado o senador al Congreso de la Unión, por medio de candidaturas independientes.

Lo anterior, porque tales preceptos exigen un requisito adicional que no guarda proporcionalidad y razonabilidad con los requerimientos constitucionales establecidos para acceder a un cargo de elección popular por medio de candidaturas independientes, al requerirles constancia de no antecedentes penales expedida por el Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del Estado o, en su caso, por el director del Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial que corresponda, pues dicha condicionante no constituye por sí misma una prueba apta para obtener un fin legítimo.

Además, los artículos 228, fracción III, párrafo final, 241, párrafo primero, fracción I, inciso c), párrafo final, 242, párrafo primero, fracción I, segundo párrafo, inciso d), y 243, párrafo primero, fracción II, inciso c), párrafo final, de la ley que nos ocupa, establecen que los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes, según la elección que corresponda, deberán realizar la manifestación correspondiente de que no cuentan con antecedentes penales.

Siendo el caso, que del mismo artículo 229, fracción V, del ordenamiento que nos ocupa, así como de los numerales señalados en el párrafo precedente, se desprende la manifestación por escrito de los ciudadanos bajo protesta de decir verdad, de que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado para el cargo de elección popular de que se trate, así como lo dispuesto por la ley.

Por otra parte, los artículos 229, 242 y 243 de la ley impugnada establecen el requisito de adjuntar a la solicitud, la copia fotostática por ambos lados de la credencial para votar con fotografía vigente, documental que corrobora que el ciudadano aspirante a ser candidato independiente, no se encuentra suspendido en el ejercicio de sus derechos político-electorales, lo cual traería como consecuencia que no se le expidiera tal credencial.

También considera que lo establecido en la porción normativa contemplada en el artículo 235, fracción I, párrafo final, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., deviene inconstitucional, al disponer que los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente deberán comparecer personalmente en los domicilios oficiales de las comisiones distritales o comités municipales electorales, con su credencial para votar vigente, requisitando el formato que para tal efecto apruebe el Pleno del consejo, el cual contendrá la firma o huella del ciudadano directamente interesado, debiéndose anexar a aquél, copia por ambos lados de su credencial para votar con fotografía.

Estima que dicha medida resulta desproporcional, irracional e innecesaria, en función de que, acorde a lo dispuesto en el mismo ordenamiento en estudio, los ciudadanos deberán comparecer ante los funcionarios electorales que se designen para tal efecto, presentando el original de su credencial para votar vigente, y deberán llenar el formato previamente aprobado por el consejo general del instituto.

Por lo anterior, estima que estas medidas no favorecen al derecho de ser votado mediante candidaturas independientes, al resultar excesivas, desproporcionales e injustificadas, motivo por el cual se demanda la invalidez de las porciones normativas señaladas.

3. El artículo 232, párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. establece que la etapa de obtención del respaldo ciudadano para cualquier cargo al que se aspire, se realizará a partir del primero de diciembre del año anterior a la elección, de acuerdo a las fechas que determine el consejo, sin que puedan durar más de 60 días para gobernador, ni más de 40 para diputados y Ayuntamientos.

Considera que los plazos que refiere el artículo 232, párrafo primero, de la Ley Electoral local, para llevar a cabo las acciones tendentes a obtener el respaldo ciudadano, no son idóneas ni razonables, en cuanto obstaculizan la promoción y garantía del voto activo y pasivo a través de una candidatura independiente.

Lo anterior, porque se establece que los plazos para la obtención del respaldo ciudadano, serán de acuerdo a las fechas que determine el consejo, con lo que se vulnera el principio de certeza que debe regir la materia electoral, mismo que se encuentra previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; toda vez que no se establecen los plazos perentorios a que quedarán sujetos los aspirantes a candidatos independientes para realizar las acciones tendentes a recabar el apoyo ciudadano.

4. En el artículo 236 fracciones I, II y III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., en relación con las manifestaciones realizadas por los ciudadanos para las candidaturas independientes, en lo que interesa, se establece:

"Artículo 236. Las manifestaciones de respaldo ciudadano serán nulas en los siguientes casos:

"I. Cuando se haya presentado, por la misma persona, más de una manifestación a favor del mismo aspirante, debiendo prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada;

"II. Cuando se hayan expedido por la misma persona a favor de dos o más aspirantes al mismo cargo de elección popular;

"III. Cuando carezcan de la firma o, en su caso, huella o datos de identificación en el formato previsto para tal efecto, o cuando tales datos no sean localizados en el listado nominal."

Porciones normativas que considera inconstitucionales, al resultar excesivas, desproporcionadas e injustificadas, en atención a que estima que las fracciones I y II del ordenamiento en cita violentan flagrantemente la libertad de los ciudadanos de decidir a favor de quién brindarán su apoyo, pues de manera arbitraria la autoridad electoral será la que decida cómo será computada la manifestación de su voluntad, pudiendo decretarlas nulas, cuando lo correcto es que se requiera al ciudadano para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez que realice la última manifestación de su voluntad, ésta sirva para definir el respaldo ciudadano al candidato de sus intereses; hecho que deja en estado de indefensión a los ciudadanos que brindan su apoyo a los candidatos independientes.

Por lo anterior, estima que dicha atribución hace nugatorio el derecho de libertad de asociación política consagrado en los artículos 9o. y 35, fracción III, de la Constitución Federal, al dejar al arbitrio de la autoridad la decisión sobre la manifestación del voto activo.

La disposición que señala que cuando el formato carezca de los datos requisitados la manifestación será nula, vulnera el derecho de audiencia de los ciudadanos previsto en la Constitución Federal, pues la autoridad electoral antes de decretar nula la manifestación de voluntad de un ciudadano, ante la omisión de datos en el llenado del formato que para tal efecto emitirá el consejo general, debe otorgarle un plazo improrrogable para que acuda a subsanar las omisiones encontradas.

Motivos por los cuales, no se asegura la existencia de condiciones generales de equidad entre la totalidad de contendientes, en el sentido de que todos los registros de candidaturas sea el reflejo de la voluntad de la ciudadanía.

Por lo anterior, demanda la invalidez de las porciones normativas contenidas en el artículo 236, fracciones I, II y III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

5. En el caso del artículo 246 de la ley impugnada, argumenta que la violación se deduce de la negativa de registro al candidato independiente: "Cuando el dictamen emitido por la autoridad electoral, no permita determinar la licitud de los recursos erogados en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o cuando a partir del mismo se concluya que el tope de gastos para tal efecto, o el límite de aportaciones individuales, fue rebasado"; "Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos establecidos en la presente ley."; y, "Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la procedencia del registro, ni siquiera con posterioridad al requerimiento que, en su caso, haya formulado el órgano electoral correspondiente."

Dicha circunstancia, a su parecer, genera una excesiva regulación y sanción por actos que en los partidos políticos no se configuran por igual, lo que acredita un proteccionismo partidocrático y metaconstitucional.

Así, considera que el marco normativo con el que se les pretende regular, está diseñado para amenazar a los ciudadanos que lo pretendan, pues por actos anticipados de campaña se sanciona con la negativa de registro (artículo 454, fracción V), por utilizar o contratar radio y televisión se sanciona con la negativa de registro (artículo 343, párrafo quinto), a los aspirantes que obtengan su registro a la candidatura independiente que no presenten los informes correspondientes para obtener el apoyo ciudadano o erogación de gastos realizados en dicha etapa, así como en campaña, se les sanciona de igual forma (artículos 239 y 454, fracción VIII), por rebasar los topes de gastos establecidos para la etapa de la obtención del respaldo ciudadano fijados por el consejo, pierden su derecho a ser registrados, y si ya está hecho, se les cancela el mismo (artículo 239, párrafo segundo).

Lo anterior, sin soslayar la disposición prescrita de que los aspirantes o candidatos independientes que incumplan con la normatividad electoral que les resulte aplicable, serán sancionados (artículo 262, párrafo primero).

Tales circunstancias, desde su punto de vista, contravienen el derecho de votar y ser votado previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, ante la regulación excesiva a la que son sometidos.

6. Lo previsto en el artículo 248 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., al establecer que los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral, y que el resultado de esto, será la cancelación del registro; es contrario a la N.S., al disponer prohibiciones que limitan el derecho de acceso al cargo de todo ciudadano por igual y sin distinción alguna salvo las previstas en la propia Constitución Federal.

Aunado a que, dicha disposición contraviene lo estipulado en el mismo artículo 248, y lo dispuesto en los artículos 242, fracción I, y 243, fracción III, inciso b), todos de la ley en comento, en donde se prevé el registro mediante fórmulas o planillas para los cargos de diputados de mayoría relativa o miembros de Ayuntamientos, respectivamente, a través de propietario y suplente; la sustitución que se llegase a suscitar, no puede verse afectada, como lo establece el artículo 248, en flagrante violación a los derechos fundamentales.

Toda vez que tanto propietario como suplente, reciben el respaldo ciudadano como aspirantes, y en esta etapa de registro como candidatos independientes no se tiene por qué eliminar la posibilidad de los suplentes de acceder a la titularidad de la formula por faltar los propietarios por cualquier causa.

7. La Ley Electoral del Estado de S.L.P., en lo que interesa, respecto al financiamiento público a que tienen derecho los candidatos independientes, dispone:

"Artículo 260. El financiamiento público que corresponderá en su conjunto para las campañas de todos los candidatos independientes, se constituirá por un fondo equivalente a la parte igualitaria que en términos del artículo 152 de esta ley, le corresponde a un partido político con registro o inscripción en el consejo. Este fondo será independiente del financiamiento de los partidos políticos.

"Tratándose de procesos electorales en donde se renueve el titular del Poder Ejecutivo del Estado, del total de la cantidad referida en el párrafo anterior, el treinta por ciento será aplicable a la campaña de gobernador; el treinta por ciento será aplicable a la campaña de diputados, dividido en partes iguales entre los quince distritos; y el cuarenta por ciento restante se aplicará a la campaña de Ayuntamientos distribuido de conformidad con la proporción que represente el listado nominal de electores de cada Municipio.

"Para el caso de elecciones en donde sólo se renueve el Poder Legislativo del Estado, y los Ayuntamientos, se integrará el fondo para las campañas de los candidatos independientes en los mismos términos establecidos en el párrafo primero de este artículo, pero únicamente se distribuirán las cantidades correspondientes a las campañas de estas elecciones, descontándose la que corresponde a la elección de gobernador."

Dichos preceptos prescriben que los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público para gastos de campaña, y el monto que les corresponderá, se constituirá por un fondo equivalente a la parte igualitaria, en términos del artículo 152 de la referida ley; sin embargo, deviene inconstitucional, al establecer que por cuanto hace al proceso electoral en donde se renueve el titular del Poder Ejecutivo del Estado el treinta por ciento será aplicable a la campaña de gobernador, el treinta por ciento será aplicable a la campaña de diputados, dividido en partes iguales entre los quince distritos; y el cuarenta por ciento restante se aplicará a la campaña de Ayuntamientos distribuido de conformidad con la proporción que represente el listado nominal de electores de cada Municipio; y que para el caso de elecciones en donde sólo se renueven el Poder Legislativo del Estado y los Ayuntamientos, se integrará el fondo para las campañas de los candidatos independientes en los mismos términos, pero únicamente se distribuirán las cantidades correspondientes a las campañas de estas elecciones; disposiciones que vulneran los principios de equidad y certeza contenidos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

Además, señala que la ley sólo contempla el registro único por cargo de elección popular para los ciudadanos que deseen contender bajo la figura de la candidatura independiente; lo cual trastoca los principios de equidad en la contienda y de certeza, pues, aun cuando se realice bajo dichas reglas, la distribución del financiamiento público es desproporcional frente a los candidatos de partidos políticos, pues, innegablemente, los candidatos independientes recibirán menor financiamiento.

Asimismo, los recursos públicos asignados sólo en periodo de campaña a los candidatos independientes, son insuficientes en comparación con los que reciben los partidos políticos.

En razón de lo anterior, demanda la invalidez del artículo 260, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

8. En relación con lo dispuesto en el artículo 467 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., aun cuando no se encuentra contenido en el título séptimo referente a las candidaturas independientes, estima que guarda relación con tales disposiciones, por lo que, demanda su inconstitucionalidad en el presente concepto de invalidez.

El ordenamiento en cita dispone como sanciones en relación con los aspirantes o candidatos independientes, lo siguiente:

"Artículo 467.

"I. Con amonestación pública;

"II. Con multa de cincuenta hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;

"III. Negación o, en su caso, cancelación del registro como candidato independiente, y

"IV. En caso de que el aspirante omita informar y comprobar al consejo los gastos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y

"V. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar al consejo los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidad penal que en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable."

Argumenta que se imponen sanciones frente a la comisión de determinadas conductas, por parte de los aspirantes o candidatos independientes, sin importar circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni las agravantes o atenuantes que pudieran existir en cada caso particular.

Aunado a que el legislador local se extralimita en sus funciones, al prohibir la participación de los ciudadanos como candidatos independientes en las dos elecciones subsecuentes, lo que estima que también atenta en contra del ejercicio del derecho humano a ser votado reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal.

En ese sentido, esgrime que tal disposición es excesiva, al no ajustarse a los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. De modo que, ante la comisión de faltas por parte de los aspirantes o candidatos independientes, la sanción a aplicar sólo deberá ejercerse en los casos de mayor gravedad, conforme a los principios referidos.

En su octavo concepto de invalidez, señala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, párrafo primero, inciso a), numeral 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen la Constitución y las leyes, lo relativo al padrón y a la lista de electores.

Lo cual guarda relación con lo dispuesto en los artículos 126, 127 y 154 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como ley reglamentaria de lo dispuesto en la Constitución Federal.

Por su parte, la Ley Electoral del Estado de S.L.P. dispone:

"Artículo 282. El consejo, cuando así lo acuerde la mayoría de sus integrantes, a solicitud de los partidos políticos, podrá contratar a empresas o instituciones especializadas para auditar el padrón electoral del Estado, que el Registro Federal de E. proporcione en los términos de esta ley."

"Artículo 283. El consejo, para efectos de la contratación a que se refiere el artículo inmediato anterior, deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado y, en por lo menos alguno de los de mayor circulación de la entidad, una convocatoria en la que se sienten las bases y reglas de la licitación correspondiente, debiendo contratar a la empresa o institución que ofrezca el mejor sistema metodológico y condiciones de imparcialidad y seguridad, a juicio de la mayoría de los miembros del consejo."

Estima tales disposiciones normativas inconstitucionales, pues, en términos de la Constitución Federal, lo relativo al padrón y la lista de electores se encuentra conferido al Instituto Nacional Electoral, por conducto del Registro Federal de E..

De ahí que lo dispuesto en el artículo 282 de la aludida ley y, en consecuencia, lo establecido en el artículo 283 del mismo ordenamiento, no puede ser una facultad atribuible discrecionalmente al Consejo Estatal Electoral, aun cuando así lo acuerde la mayoría de sus integrantes, o a solicitud de los partidos políticos; pues de acuerdo a la normativa constitucional, es una facultad que le corresponde en exclusiva al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Motivo por el cual, se demanda la invalidez de los artículos 282 y 283 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., al resultar contrarios a las disposiciones contenidas en la Norma Fundamental.

Respecto del noveno concepto de invalidez, el partido político promovente estima que es inconstitucional el artículo 304, párrafo primero, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., que se refiere al registro de los candidatos de partidos políticos, pues, como sostuvo previamente en relación a los requisitos que se solicitan para las candidaturas independientes, la presentación de la constancia de no antecedentes penales expedida por el Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del Estado o, en su caso, por el director del Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial que corresponda, resulta ser un requisito que no guarda proporcionalidad y razonabilidad con los requisitos constitucionales establecidos para acceder a un cargo de elección popular, previstos en los artículos 55 y 58 de la Constitución Federal.

Por otra parte, estima que el documento requerido no constituye una prueba apta para obtener un fin legítimo, en función de que del artículo 303, párrafo primero, fracción III, de la ley que nos ocupa, se advierte que los candidatos de partidos políticos deberán realizar la manifestación correspondiente de que no cuentan con antecedentes penales.

Por lo que se demanda la invalidez del artículo 304, párrafo primero, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

En su décimo concepto de invalidez, señala que los párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen que: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. -Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar."

De acuerdo con lo anterior, estima inconstitucional la porción normativa prevista en el artículo 347, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., que establece: "Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizar dentro del periodo de campaña electoral.", toda vez que considera que dicha disposición no es conforme a lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal.

Lo anterior, porque el establecimiento de una excepción a la prohibición prevista en el artículo constitucional señalado, relativa a que en el caso de los mensajes que se difundan en los medios de comunicación social, con motivo del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

Desde su punto de vista, tal artículo resulta una negación a la prohibición expresa que refiere el párrafo octavo del artículo 134 de nuestra Ley Fundamental, que de manera categórica dispone que en ningún caso la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública, o cualquier otro entre de los órdenes de Gobierno, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, sin que se prevea excepción alguna, como lo establece la porción normativa del artículo controvertido.

Por otra parte, en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se estableció que durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, el cual concluyó el treinta de abril del mismo año, se expediría la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, refiriéndose a una ley específica, y no a su regulación en leyes en materia electoral.

En ese sentido, considera que, si en el artículo 134 de nuestra Ley Suprema, no se establece un supuesto de excepción respecto a en qué casos la propaganda podría incluir nombre, imágenes, voces o símbolos que implicarían la promoción personalizada del servidor público, es inconstitucional lo previsto en la porción normativa establecida en el artículo 347, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., pues al ser una normatividad secundaria, no puede contener supuestos de excepción a una prohibición de rango constitucional de carácter absoluto.

En esa tesitura, demanda la invalidez de la porción normativa prevista en el artículo 347, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., al contravenir la prohibición establecida en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su décimo primer concepto de invalidez, señala que en el artículo 404, fracción V, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., se establece: "El presidente de la comisión distrital electoral, cuando una o más de las actas señalen un número de votos nulos que exceda al cinco por ciento de los votos sufragados, ordenará la apertura de los paquetes electorales respectivos, con el fin de verificar tal circunstancia."

Porción normativa que considera inconstitucional, al vulnerar los principios de legalidad y certeza previstos en la Constitución Federal, al establecer que la apertura de paquetes electorales, estará sujeta a cuando una o más de las actas señalen un número de votos nulos que exceda al cinco por ciento de los votos sufragados.

Estima que es inconstitucional, porque el resultado obtenido en el acta de escrutinio y cómputo de determinada casilla, no puede estar sujeto a los resultados consignados en las demás, en función de que cada casilla es única y los resultados obtenidos en ésta, sólo pueden verse afectados por los elementos que integran a la misma; de ahí que ineludiblemente cuando en un acta de escrutinio y cómputo se establezca que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación, debe proceder su apertura y recuento por la autoridad electoral; sin condicionamiento del mismo a un determinado porcentaje para su realización.

Por tanto, el sujetar la apertura de los paquetes electorales hasta que se cumpla con el parámetro del cinco por ciento para llevarse a cabo, no se cumple con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que ante la clara incertidumbre sobre lo que ocurrió en la casilla cuando se detectan anomalías, como acontece en el caso, cuando los votos nulos son mayores a la diferencia existente entre el primero y el segundo lugares, debe proceder el nuevo cómputo para contribuir a generar certeza y transparencia en el resultado de la misma, respecto a la casilla donde se adjudique dicha circunstancia.

Asimismo, esgrime que las disposiciones combatidas violentan la garantía de acceso a la justicia de quienes teniendo legitimación para ello, se encuentren en aptitud de controvertir el escrutinio y cómputo de votos realizado por cada una de las mesas directivas de casilla, ante inconsistencias graves, plenamente acreditables, y que pueden llegar a impactar en el resultado final de la elección.

Pues ante el error o dolo manifiesto detectados en el conteo de los votos en el acta de escrutinio y cómputo consignados para tal efecto por los integrantes de determinada mesa directiva de casilla, y que puede ser motivo de recuento para generar certeza en los resultados obtenidos, los partidos políticos quedarán sujetos a que se cubran primero los supuestos previstos en la ley, respecto a los porcentajes establecidos, para poder actuar y hacer valer las causales de nulidad respectivas.

Motivos por los cuales, se demanda la invalidez de las porciones normativas previstas en los artículos 404, fracciones V y VII, y 421, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

Finalmente, solicita que se realice una interpretación conforme de las disposiciones cuestionadas, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones no signifiquen menoscabo alguno a la libertad, pluralidad y democracia.

Acción de inconstitucionalidad 80/2014 (Partido Acción Nacional)

En su primer concepto de invalidez, alega la inconstitucionalidad de los artículos 191, 404 y 422 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., al considerar que violan los principios universales del sufragio.

Lo anterior, toda vez que del artículo 87, numerales 10 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos; así como 12, numeral 2, y 311, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que prohíben la partición y la transferencia de votos.

En ese orden de ideas, estima que los artículos impugnados son contrarios a la mayoría de la normatividad federal que regula el supuesto del cómputo de votos y, en ese sentido, son contrarios al espíritu de la reforma político-electoral federal.

De igual forma, sostiene que la transferencia y distribución del voto, transgrede el artículo 21, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que: "La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto."

Asimismo, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su inciso b), que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción de los derechos y oportunidades, dentro de los cuales se encuentra: "Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores."

Por otra parte, estima que también se vulnera lo establecido en el artículo 23, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establecen los derechos políticos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentra votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

De lo anterior, concluye que en México el derecho a votar debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y garantizará la expresión de la voluntad de los electores.

De las manifestaciones anteriores se concluye que el sistema de "transferencia" o "distribución" de votos entre partidos coaligados es inconstitucional; que en estos casos, los ciudadanos no manifiestan su preferencia por un partido político en particular, cuya votación deba ser transparentada, sino por un proyecto político común y que los mecanismos de transferencia de un determinado porcentaje de votos vulnera la voluntad expresa del elector.

Así, permitir que la votación de los electores se pueda distribuir o traspasar a otro instituto político sin que ésta haya sido la voluntad de elector o ciudadano, atenta en contra de las características del sufragio, libre, secreto, directo e intransferible y, por tanto, de interés público.

En ese sentido, por intransferible debe entenderse que no admite su traslado, es decir, si el voto fue emitido a favor de un partido político o coalición, no puede sumársele o contabilizársele a otro distinto del que lo recibió, ya que sólo puede contar para la opción que el elector consignó en la boleta respectiva, no así para una diversa, de ahí la ratio legis de las prohibiciones que consignan los artículos 87, numerales 10 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos y 12, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, la coalición electoral es una forma de organización política con fines electorales que se constituye por dos o más partidos políticos, para postular conjuntamente los mismos candidatos, y así representar una forma de ofrecer alternativas políticas al electorado; entendiendo por lo anterior, que una coalición no debe tener como propósito el beneficio de los partidos políticos coaligados, sino el de ofrecer mayores ventajas y opciones a los ciudadanos que ejercen su derecho al sufragio, y para su conformación, la ley establece que será a través de un convenio de coalición que puede celebrarse por dos o más partidos políticos.

En relación con lo anterior, tomando en cuenta que la soberanía estatal reside esencialmente en el pueblo y que se ejerce a través de los Poderes Constitucionales electos por los ciudadanos a través del voto, éste debe garantizarse y regularse de manera precisa por las leyes y normas locales, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Federal, por lo que concluye que los artículos 191, 404 y 422 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. son inconstitucionales.

Por otra parte, tales artículos también violan la voluntad expresa del elector, ya que en relación con el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de Partidos Políticos del Senado de la República, se desprende que se deben establecer condiciones de permanencia y, en su caso, de cancelación de registro de partidos políticos, puesto que también es cuestionable la existencia de partidos políticos sin suficiente legitimación social, al observarse desde el costo-beneficio para el país, por lo que los mecanismos de participación política, como lo son las coaliciones y las fusiones políticas, son esenciales como paradigma de fortalecimiento electoral de los partidos políticos.

Aunado a lo anterior, señala que este tribunal ya ha declarado la inconstitucionalidad de la transferencia de votos, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 6/1998 y 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008.

De dichos precedentes se advierte que la transferencia de votos también trastoca la universalidad del sufragio, su característica de intransferible, y la libertad de los partidos políticos coaligados para someterse a elección ciudadana, pues remite a una opción distinta la decisión por la cual el votante no manifestó claramente su voluntad para efectos del cómputo de votos para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Por tales motivos, estima inconstitucionales los artículos 191, 404 y 422 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., en su porción denunciada, en cuanto establecen la permisión de transferir los votos, cuando es una acción vedada por la Constitución Federal y diversos instrumentos internacionales.

En su segundo concepto de invalidez, también demanda la inconstitucionalidad de los artículos 191, 404 y 422 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., por representar un fraude a la ley que distorsiona el sistema de partidos políticos.

Lo anterior, en razón de que la partición o distribución de votos a que se ha hecho referencia, es inconstitucional por ser contrario a los principios generales de democracia, pues es obligación de las autoridades respetar la voluntad popular al momento de emitir su voto.

Esgrime que el espíritu de las normas electorales es respetar la voluntad de la ciudadanía y evitar su anulación a través de la división del Poder Legislativo, pues tal división genera el peligro de constituir minorías que obstaculicen el ejercicio legislativo de mayoría, desconociendo con ello el espíritu de la norma, que implica que la voluntad de la mayoría, así sea relativa, no debe estar sujeta a la eventualidad de alianzas partidistas minoritarias, con las que se pueda distorsionar la voluntad de las mayorías expresada a través del voto y, en congruencia con el espíritu de las normas electorales, omite otorgar la cláusula de gobernabilidad a un partido político para salvaguardar los principios antes citados.

En relación con lo anterior, señala que la Ley Electoral local pretende que, a través de un artículo, se realice un fraude a la ley que desemboque en una falsa representatividad, en razón de que si bien es cierto que para que se actualice la norma precitada, el elector debe marcar la boleta electoral por dos o más logotipos de los partidos coaligados, la práctica nos anticipa que a través del llamado "voto duro", se buscará darle la vuelta a la ley y actualizar de nueva cuenta la transferencia de votos, la cual se encuentra prohibida en la nueva reforma político-electoral.

De ahí que las porciones normativas impugnadas constituyan una ficción, al fraccionar el sufragio ante partidos políticos coaligados, los cuales no tienen como objetivo conformar una unidad de gobierno después de los resultados de la elección, pues, incluso, cabe la posibilidad de que se integre con partidos que obedezcan a principios y postulados ideológicos diferentes, sin existir una garantía de que conformarán un gobierno homogéneo, es por ello que es contradictorio considerarlos una unidad para la postulación de candidatos, pero entes diferentes para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, el cual, sólo produciría una conformación artificial del Congreso de la entidad, repartiendo las curules entre partidos coaligados que, a través de esta nueva modalidad de transferencia de votos, quedarían sobrerepresentados, pero, especialmente y a la par, los partidos que no contiendan en coalición se verán forzosamente subrepresentados, incluso, en la mayoría de los casos, por debajo del límite del 8% de subrepresentación que establece la reforma político electoral federal y local, en cuanto a la conformación de los Congresos Locales, según el porcentaje de votación obtenido por los partidos políticos.

En ese sentido, los artículos que se impugnan, son contrarios a los principios democráticos, toda vez que buscan hacer un fraude a la ley y al espíritu de la reforma político electoral federal, toda vez que esta última, busca una auténtica conformación de los Congresos, tanto Federales como Estatales, que sea acorde con la voluntad del electorado, elevando el porcentaje de la votación necesaria al 3%, no sólo para que los partidos políticos mantengan el registro, sino también para que sea el mínimo establecido para la adquisición de la primera asignación de una curul por el principio de representación proporcional.

Por otra parte, en el cuarto concepto de invalidez, señala que los artículos 191, fracción V, 404, fracción VIII, y 422, fracción II, de la Ley Electoral del Estado, en su porción denunciada, violan el principio de certeza en relación con la votación, pues el sistema de distribución de votos que establecen, contraviene el principio democrático, toda vez que la única certeza que establecen en caso de que el elector emita su voto a favor de dos o más partidos coaligados, es que manifiesta claramente su elección por el candidato motivo de la coalición partidista, no así que es su intención que su voto pueda ser tomado en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas, y mucho menos, que su voto se distribuya igualitariamente entre tales partidos.

Así, no existen elementos suficientes para determinar con precisión el sentido del voto del ciudadano en cuanto a su intención clara e indubitable de querer dividir o distribuir su voto, sino únicamente de emitir el sufragio por el candidato en cuestión; aunado a lo anterior, suponiendo sin conceder que efectivamente el ciudadano busque fraccionar su voto, no se contempla mecanismo alguno para que distribuya libremente los porcentajes a adjudicar a los partidos políticos de su preferencia, es decir, en caso de optar por distribuir su voto entre dos opciones partidistas para la asignación de representación proporcional, existe la posibilidad de que el ciudadano no quiera dividirlo exclusivamente en un 50% y 50%, sino en un porcentaje diverso al contemplado en la norma combatida, por lo que, al no dar margen a esa posibilidad, estima que no es una medida efectiva y que, por ende, debe declararse inconstitucional.

En otro aspecto, considera inconstitucional el artículo 311, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que contiene una contradicción en sí mismo; es decir, es contradictorio presumir por ministerio de ley que el ciudadano emite su voto a favor de dos o más partidos políticos coaligados, mismos que pueden no sólo carecer de una vinculación de los principios ideológicos, sino incluso ser contradictorios entre sí, por lo que suponer que la voluntad del elector es la de distribuir igualitariamente su voto, es violatorio de lo dispuesto por la Constitución Federal, por lo que sería más congruente considerar como nulo el sufragio para efectos de la representación proporcional, y solamente considerarlo válido para efectos de atribuirlo al candidato de la coalición.

Finalmente, en su cuarto concepto de invalidez, alega la inconstitucionalidad de los artículos 191, 404 y 422, por considerarla un "abuso de derecho", pues si bien, no contraría la norma en su literalidad, sí vulnera una serie de principios generales, así como los fines que persiguen.

Esta figura se identifica en la legislación mexicana dentro del Código Civil Federal, en sus artículos 16, 840 y 1912, de los que se desprende que sólo puede tomarse en cuenta atendiendo a las circunstancias del hecho en análisis y acreditando de manera plena los presupuestos del mismo, lo que se cumple en la especie, toda vez que:

1) Existe el ejercicio de un derecho, consistente en la posibilidad que otorga la legislación electoral a los partidos políticos para conformar coaliciones electorales y candidaturas comunes.

2) El ejercicio de ese derecho carece de un interés serio, puesto que la única utilidad de la coalición, es la indebida repartición de la votación, según lo establecido por las normas impugnadas.

3) Tiene una intención nociva en su sentido psicológico, es decir, está redactada con la intención de dañar el orden público y los principios democráticos más esenciales, circunstancia que no necesita materializarse, pues la sola preocupación de que exista dicha posibilidad, contraría cualquier principio democrático.

Ahora bien, es verdad que conforme al principio de legalidad, la autoridad administrativa sólo está facultada para hacer todo aquello que le está expresamente permitido; sin embargo, las facultades discrecionales también tienen límites descritos en la ley, con la finalidad de satisfacer el interés público y el objetivo del mismo acto, por lo que todos aquellos actos en uso de potestades administrativas, que se aparten de los fines antes mencionados, deberán ser declarados nulos, por considerarlos ilícitos, no obstante que su licitud no provenga directamente de la transgresión de normas jurídicas.

En esa medida, como lo ha sostenido a lo largo de sus conceptos de invalidez, estima que la partición de votos avala una forma artificiosa de participar en la postulación de candidatos de los partidos políticos que integren la coalición cuestionada, pues esas mismas fuerzas electorales no actualizan el enriquecimiento de la vida democrática en cuanto a la pluralidad de opciones, sino únicamente una sobrerepresentación en cuanto a la conformación del Congreso Local.

En razón de lo expuesto, solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 191, 404 y 422, en las porciones combatidas, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., y con fundamento en los conceptos expresados, estima que la norma que debe prevalecer, es la establecida en el artículo 87, numeral 13, de la Ley General de Partidos Políticos.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados, son los artículos 1o., 9o., 14, 16, 17, 35, fracciones I, II y III, 40, 41, 105, fracción II, 115, 116, fracciones II y IV, 124, 133 y 135.

QUINTO. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil catorce, el Ministro J.F.F.G.S., integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de receso dos mil catorce, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 40/2014.

Asimismo, por auto de treinta de julio de dos mil catorce se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 64/2014; asimismo, toda vez, en virtud de que en dichas acciones existe identidad en las normas impugnadas, ordenó hacer la acumulación de ese expediente a la diversa acción de inconstitucionalidad 40/2014.

Por auto de treinta y uno de julio de dos mil catorce, ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 80/2014, y en razón de que dicha acción guardaba identidad de normas impugnadas, se ordenó hacer la acumulación del expediente a la acción de inconstitucionalidad 40/2014 y su acumulada 64/2014.

El Ministro integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de receso de dos mil catorce, en los acuerdos de referencia, admitió las aludidas acciones; ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Poder Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, y dio vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opinión con relación con las presentes acciones.

SEXTO. El cuatro de agosto de dos mil catorce, el licenciado M.A.C.A., secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo al registro de turno de los asuntos, en términos del artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designó al M.S.A.V.H., como instructor de las acciones de inconstitucionalidad acumuladas.

SÉPTIMO. El cinco de agosto de dos mil catorce, el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que con motivo de la ausencia del Ministro instructor, correspondía actuar en suplencia al M.A.P.D..

OCTAVO. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, se acordó que, dado que el veintisiete de agosto del mismo año, se reincorporó a sus actividades el Ministro instructor S.A.V.H., se devolvió el expediente al citado Ministro para que continuara con el trámite correspondiente.

NOVENO. Al rendir su informe, el procurador general de Justicia del Estado de S.L.P., en representación del Poder Ejecutivo del Estado, manifestó:

Que es cierto que el gobernador del Estado, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de la entidad, sancionó, promulgó y publicó la Ley Electoral del Estado de S.L.P., por lo que con su actuación no vulnera los derechos de los partidos promoventes.

Lo anterior, porque la sanción, promulgación y publicación de la Ley Electoral del Estado, tienen sustento en la reforma político-electoral que motivó a adecuar diversas disposiciones de la Constitución Federal, por lo que la nueva Ley Electoral del Estado, observa las disposiciones electorales que la Constitución Federal y Local establecen.

DÉCIMO. Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de S.L.P. adujo, en síntesis, lo siguiente:

a) Respecto de las acciones de inconstitucionalidad 40/2014 y 64/2014:

1. En relación con el artículo 6o., fracción III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., en la que el partido político demandante alega que limita el concepto de actos anticipados de precampaña a una determinada temporalidad, y que considera que éstos sólo se pueden actualizar o llevarse a cabo desde el inicio del proceso electoral, hasta el inicio de las precampañas, lo que desde su óptica vulnera los principios de equidad en la contienda, certeza y seguridad jurídica, pues los actos anticipados de precampaña no sólo se pueden presentar en la aludida temporalidad, sino que se pueden quedar fuera del plazo establecido por el legislador.

De ahí que cualquier acto anticipado de precampaña, tiene como elemento sine qua non, el ser llevado a cabo con antelación a la precampaña, por lo que no se debe considerar que únicamente puede ocurrir a partir del inicio del procedimiento electoral, sino en cualquier tiempo, siempre que sea antes de la precampaña.

Estima infundados los argumentos de la parte actora, toda vez que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña, atiende a la preservación del principio de equidad en la contienda electoral, es decir, dentro del desarrollo de un proceso electoral.

Por ende, la determinación o no de la existencia de actos anticipados de precampaña, depende del cumplimiento, al menos, de las condiciones resolutorias siguientes:

- Que el responsable de las manifestaciones o actos presuntamente constitutivos de actos anticipados de precampaña, participe en el proceso electoral.

- Que las manifestaciones o actos tengan el propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y promoverse o promover a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura.

- Que existan pruebas suficientes que permitan acreditar que el presunto responsable, de haber cometido actos anticipados de precampaña, actuó de forma reiterada, sistemática, intencional, consciente, etcétera, con el propósito de posicionar su imagen frente al electorado en una situación ventajosa frente al resto de los participantes en el respectivo proceso electoral.

En ese sentido, aun cuando pueden ocurrir hechos que pudieran constituir actos anticipados de precampaña, previo a un proceso electoral, sólo pueden ser analizados y determinados por la autoridad administrativa electoral, luego de su inicio, pues, de otra forma, ésta no podría apreciar ni establecer la afectación real que pudiera generarse al principio de equidad.

Contrario a lo manifestado por los promoventes, ello no implica que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cancele atribución alguna respecto del control y vigilancia que ejerce en cuanto a los valores y principios que deben imperar en la materia electoral, porque ante el ejercicio indebido del derecho de la libre expresión, por parte de personas físicas o morales, este organismo cuenta con las facultades necesarias para hacer cesar, por ejemplo, promocionales contratados en radio y televisión en los que se incluyan los factores que pudieran constituir una alteración o perjuicio a la materia electoral o a los derechos de los actores políticos, actos que podrían o no encontrarse vinculados con la presunta realización de actos anticipados de campaña.

2. En el segundo concepto de invalidez, aduce que el artículo 6o., fracción XLIV, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., atenta contra del derecho de voto activo, al derecho de asociación y que da lugar a un manejo injustificado del voto ciudadano, que desvirtúa la voluntad de los electores y desnaturaliza, en consecuencia, el objeto y fin de la manifestación del sufragio, lo que contraviene la Constitución Federal.

En ese sentido, los argumentos que expone la parte actora para impugnar la norma que estima inconstitucional, no consisten en la expresión de un razonamiento jurídico concreto que demuestre porqué se considera que ésta se contrapone a algún precepto de la Constitución Federal.

Contrario a ello, los accionantes se limitan a realizar meras proposiciones sin sustento legal, que de ninguna forma evidencian la supuesta contradicción del precepto reclamado con los principios constitucionales a que hacen alusión, por lo que no resultan idóneas para ser analizadas por este Alto Tribunal.

En esa medida, estima que el concepto de invalidez referido es inatendible, en tanto que no se combate jurídicamente la legalidad de las normas impugnadas, motivo por el cual, debe estimarse inoperante.

3. En el tercer concepto de invalidez, se demanda la invalidez de los artículos 15 y 18 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., por contravenir los principios de legalidad y certeza previstos en el artículo 16, párrafo primero, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, pues, a su criterio, al Consejo Estatal Electoral de la entidad, sólo le es atribuible el organizar las elecciones según se trate, como puede suceder con las elecciones extraordinarias, mas no así para poder convocarlas de manera directa, pues, desde su óptica, la emisión de una convocatoria, con motivo de la nulidad de comicios para diputados y Ayuntamientos, debe ser emitida por el Congreso del Estado.

Los promoventes arriban a dicha conclusión, partiendo de la falsa premisa de que el artículo 77, fracción IV, de la Constitución Federal, prevé como facultad de las Cámaras, expedir la convocatoria para elecciones extraordinarias de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa, en consecuencia, tratándose de los integrantes de las Legislaturas Locales y los Ayuntamientos, debe regir el mismo principio.

No le asiste la razón al partido promovente, puesto que, de un análisis del contenido de los artículos 116, 117, 118 y demás relativos de la Constitución Federal, se advierte que no existe restricción para que las Constituciones y las Leyes Electorales de los Estados establezcan las formalidades bajo las cuales habrán de llevarse a cabo los procesos extraordinarios de elección.

Por tanto, las Legislaturas Locales gozan de un amplio margen de configuración legislativa para señalar los tiempos, formas y autoridades competentes para tal fin, sin que se encuentren obligadas a observar los criterios y bases establecidos en el orden federal, pues los Poderes Legislativos Estatales gozan de autonomía en su régimen interior.

4. El cuarto concepto de invalidez se formula en contra del contenido de los artículos 152, párrafo primero, fracción II, inciso c), y 165 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., respecto de los cuales, los promoventes manifiestan que las disposiciones legales en cita no contemplan los supuestos normativos que regulen y establezcan el porcentaje del monto que los partidos políticos aportarán en los casos en que conformen una coalición o la alianza transitoria, así como el que cada partido político integrante de las mismas, deba reportar de manera directa los gastos realizados en campaña y ser responsables del uso de los recursos.

Ahora bien, el Congreso Local señala que no existe la omisión aludida por el partido promovente, toda vez que, tratándose de coaliciones, la propia Ley Electoral establece que los montos de las aportaciones de cada partido coaligado será señalado en el convenio respectivo, así como también se indicará en dicho instrumento, la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

En ese sentido, queda demostrado que es falso que la norma impugnada genere incertidumbre en materia de fiscalización, respecto al manejo de recursos públicos, por parte de las coaliciones, ya que los partidos políticos que las conforman, en todo momento deberán sujetarse a lo acordado en los convenios de asociación respectivos.

5. En el quinto concepto de invalidez, se controvierten los artículos 172 y 178 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., al estimar que limitan el derecho del ciudadano de acceder a un cargo público, así como el derecho de libre asociación reconocido constitucionalmente, al disponer que los partidos políticos de reciente registro o inscripción ante el consejo, no podrán formar coalición para el primer proceso electoral en el que participen, en contravención a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, del Pacto Federal.

Sin embargo, según el criterio sostenido por esta Suprema Corte, el derecho a la asociación no es absoluto e ilimitado, en tanto que lo afectan condiciones y restricciones de variada índole que supeditan su ejercicio a la preservación del interés y orden públicos.

Entre las restricciones más comunes y generales a las que se condiciona el ejercicio de estos derechos, algunas conciernen al objeto o finalidades que persiguen los diferentes tipos de asociaciones o reuniones; mientras que otras se refieren a las personas que pueden o no pertenecer y participar en ellas.

Acorde con lo anterior, los preceptos impugnados no contienen una prohibición para que los partidos políticos puedan fusionarse o coaligarse; sino que sujeta su operancia a un requisito de temporalidad, lo cual no es más que la reglamentación que establece la Legislatura Estatal para regular la forma y términos en que los partidos políticos pueden participar en un proceso electoral determinado.

Lo anterior atiende a los principios de temporalidad y equidad, ya que los partidos políticos que participan por primera ocasión en un proceso electoral local, no han acreditado la representación suficiente para ser sujetos de los mismos derechos de aquellos que han demostrado tener una fuerza electoral representativa.

Por tanto, el requisito de temporalidad que imponen los preceptos impugnados, tiene por objeto que los partidos políticos de reciente registro, que carecen de antecedentes electorales y de una fuerza electoral acreditada por no haber participado en procesos electorales previos, solamente puedan participar en los próximos comicios en forma independiente y no mediante una coalición o fusión, pues de los resultados que logren hasta entonces es que podrán acreditar que mantienen vigente su registro y que cuentan con una representatividad suficiente que les permita equitativamente ser sujetos de los mismos derechos de los que gozan los partidos políticos que ya demostraron tener esa representatividad, circunstancia que no podría apreciarse objetivamente respecto de aquellos que no han participado en un proceso electoral y que, por ende, es necesario que primero actúen de manera individual para demostrar tales extremos; después podrán solicitar su coalición o fusión para poder gozar de los beneficios que resultan de estas figuras.

En ese tenor, si los artículos cuya constitucionalidad se controvierte, condicionan la coalición de los partidos políticos a un requisito de temporalidad, esto no es otra cosa más que el régimen legal al que tiene que estarse para tal efecto, lo cual no hace nugatorio el derecho a la coalición, sino que lo reglamenta, por lo que no puede decirse que se coarte la libre participación de los partidos políticos en las elecciones.

Máxime que dichas disposiciones fueron emitidas en armonía con lo dispuesto en el artículo 85, párrafo cuarto, de la Ley General de Partidos Políticos.

Los argumentos por los que se contraviene dicha porción normativa, consisten en que el Congreso del Estado hace uso indebido de sus facultades, al desvirtuar la forma en que se contabiliza el voto emitido por los ciudadanos a favor de las coaliciones, el establecer sin sustento que los votos sólo cuenten para los candidatos y no para los partidos políticos que los postulan, lo que además de impactar en el porcentaje de votación de cada instituto político, afecta gravemente la distribución de las prerrogativas, así como la asignación de curules por el principio de representación proporcional.

Estima tales aseveraciones falsas, toda vez que se adoptaron las reglas generales impuestas por la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos, relativas a las coaliciones, en lo que respecta al cómputo de los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados.

En efecto, el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral señala la obligación del Congreso de la Unión, de expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Federal, a más tardar el treinta de abril de dos mil catorce, mismas que deberán establecer, entre otras cosas, la ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, acorde con las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas y las modalidades del escrutinio y cómputo de votos.

En cumplimiento a dicha disposición constitucional, el veintitrés de mayo de dos mil catorce fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Partidos Políticos, misma que, de conformidad con su artículo 1o., párrafo 1, inciso e), tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en lo tocante a las formas de participación electoral, a través de la figura de coaliciones.

Así, dicha norma, en su título noveno, capítulo II, prevé lo relativo a las coaliciones y particularmente en su numeral 87, párrafo 13, dispone que los votos en los que se hubiere marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Aunado a ello, en el artículo transitorio tercero del decreto por el que se expide el ordenamiento jurídico en alusión, obliga a los Congresos Locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a adecuar su marco jurídico-electoral, conforme a las disposiciones previstas en dicha norma, otorgando un plazo hasta el treinta de junio de dos mil catorce para hacerlo.

Ahora bien, la nueva regulación en materia político electoral, originó que el Poder Legislativo Local llevara a cabo un procedimiento de reforma respecto de diversos artículos de la Constitución Local, así como la expedición de una nueva Ley Electoral, entre otras disposiciones.

Así, el artículo 179, párrafo segundo, de la Ley Electoral local reproduce el contenido del artículo 87 invocado, por lo que es inconcuso, que este Poder Legislativo no transgrede en forma alguna los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, en perjuicio de la institución política demandante, pues la ley impugnada se emitió en estricto apego a la normativa federal previamente establecida.

Por otra parte, si bien es cierto que tal disposición puede trascender y afectar a algún partido político, en lo particular en la obtención de votos, también lo es que se trata de una cuestión que, por sí misma, no significa contravención a los principios fundamentales de la elección, puesto que no se restringe la asociación de dos o más partidos políticos con la finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un puesto de elección popular en un proceso electoral determinado, ni tampoco violenta el derecho al voto de los candidatos postulados por cada uno de ellos para acceder al cargo de diputados por el principio de representación proporcional.

Se afirma lo anterior, toda vez que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la libertad de asociación, tratándose de los partidos políticos, se encuentra afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, esto es, que corresponde al legislador secundario, ya sea federal o local, establecer la forma y los términos en los que los citados entes políticos pueden participar en un proceso electoral determinado, bajo alguna modalidad que implique la asociación de uno o más institutos políticos, lo cual evidentemente incluye lo tocante al cómputo de los votos obtenidos.

En uso de esa facultad, este Poder Legislativo determinó que los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente conforme a ley; que independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; que los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos; que en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición, y que los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Esto tiene como finalidad permitir al elector identificar de entre los partidos coaligados la opción política que prefiera, ya que si bien los partidos están obligados a presentar para el registro de la coalición una plataforma electoral y, en su caso, un programa de gobierno de la coalición, un elector puede sentirse más identificado con uno de los partidos políticos que con otro y, en consecuencia, marcar en la boleta el emblema del partido de su preferencia.

Sin embargo, cuando un elector tacha dos o más emblemas de partidos políticos coaligados en la boleta electoral, se entiende que éste se siente identificado con el candidato, sin que sea posible determinar si existe preferencia hacia determinado partido político, motivo por el cual, los votos que se generen en esos términos, no pueden ser contabilizados para ninguna de las instituciones políticas coaligadas, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de que éstas alcancen curules que no reflejen realmente su representatividad.

De todo lo anteriormente planteado, se acredita plenamente la constitucionalidad del artículo 179, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

7. En el séptimo concepto de invalidez, el partido promovente se inconforma con el contenido del título séptimo de la Ley Electoral, que contempla la figura de los candidatos independientes y prevé una serie de disposiciones inherentes a ésta, como lo son, los procesos de selección, el registro de los candidatos; las prerrogativas, derechos y obligaciones de éstos; su financiamiento, el acceso a los espacios de radio y televisión a que tienen derecho, y la forma de fiscalización.

Al respecto, señalan los actores que las disposiciones normativas que se impugnan, no otorgan igualdad de derechos y oportunidades a los candidatos independientes que pretenden postularse para un cargo de elección popular, con respecto de los candidatos que postulan los partidos políticos, pues se les imponen términos, requisitos y condiciones que desde su óptica son prácticamente imposibles de cumplir.

En atención a lo anterior, señala que, atendiendo al marco jurídico vigente aplicable, el derecho político electoral ciudadano a ser votado no es absoluto, sino que se trata de un derecho fundamental de base o consagración constitucionalidad y configuración legal, por lo que este Poder Legislativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso k), de la Constitución Federal, tiene la competencia para regular, en el ámbito local, el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, lo cual delimita la prerrogativa de ser votado.

Dicha restricción no representa en sí misma una vulneración de las normas y principios constitucionales o de los tratados internacionales, ya que estos ordenamientos no prohíben las limitaciones o restricciones legales a los derechos político electorales ni a los derechos fundamentales o humanos en general, salvo que fueran irracionales, injustificadas, desproporcionadas, y se tradujeren en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental, lo cual no ocurre respecto de las porciones normativas cuya constitucionalidad se revisa.

Así, el conjunto normativo impugnado fue emitido en apego a lo dispuesto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, que reconoce el derecho del ciudadano a solicitar registro como candidato a cargos de elección popular de manera independiente, es decir, sin intervención de partidos políticos.

Por lo que hace a los incisos a) y b), en lo tocante al proceso de selección de candidatos independientes, se determinó que por cada cargo de elección popular, contienda únicamente un candidato independiente, atendiendo a la necesidad de que sólo las opciones que cuenten con representatividad y autenticidad sean las que participen en las elecciones constitucionales, ya que a los candidatos independientes se les reconocen derechos y obligaciones armónicos con los existentes para los partidos políticos, debiendo garantizarse la transparencia y la rendición de cuentas.

Así, todos los ciudadanos que pretendan contender de manera independiente en un proceso electoral, además de cumplir con los requisitos que prevén la Constitución Política del Estado y la propia Ley Electoral, para ser candidato a los diversos cargos de elección popular, deben primeramente participar en un proceso previo de selección de candidatos independientes, en donde, de manera similar a la realización de las precampañas de los partidos políticos, solicitarán el apoyo de los habitantes, ya sea del Estado, de un Distrito o de un Municipio, dependiendo del cargo por el cual se pretenda contender, para buscar obtener el mayor número de apoyos ciudadanos, de tal modo que aquel ciudadano que de manera individual obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, y obtenga, asimismo, en su respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos el dos por ciento de los ciudadanos registrados en el listado nominal electoral, será quien pueda participar como candidato independiente en las elecciones constitucionales y, en consecuencia, tener acceso al financiamiento público, así como a los espacios en radio y televisión para promover su candidatura.

De otra forma, sería insostenible el financiamiento de todas las personas que quisieran participar en los procesos electorales, como candidatos a los diferentes cargos de elección popular, aun cuando no cuenten con una representatividad suficiente para contender, en igualdad de oportunidades, contra los candidatos propuestos por los partidos políticos en lo particular, o bien, mediante alianzas o coaliciones.

En lo que respecta a los incisos c) y d), de ninguna manera conforman requisitos imposibles de cumplir, como lo señala el partido político promovente, además de que atienden a la necesidad de acreditar la probabilidad de quienes aspiran a un cargo de elección popular, en el primer caso; y en el segundo, de que se encuentre debidamente documentado el apoyo que los ciudadanos otorgan a determinado aspirante a candidato independiente.

Por otra parte, en cuanto a lo puntualizado en el inciso e), el hecho de que la etapa de obtención del respaldo ciudadano, no pueda durar más de sesenta días para gobernador, ni cuarenta para diputados y Ayuntamientos, no genera una desigualdad en perjuicio de los aspirantes a candidatos ciudadanos, con respecto de los que se postulan a representar a un partido político, puesto que dicha disposición guarda estricta relación con los tiempos previstos para las precandidaturas, en el artículo 343 de la propia Ley Electoral.

Atendiendo al inciso f), tampoco se reconoce la inconstitucionalidad de las porciones normativas contenidas en las fracciones I, II y III del artículo 236 de la Ley Electoral, que prevén las causales de nulidad de las manifestaciones de respaldo, puesto que éstas tienden a garantizar la certeza sobre la autenticidad de la representatividad con que cuenta cada uno de los aspirantes.

En otro orden de ideas, sobre lo apuntado en el inciso g), como ya se dijo, el derecho a participar en una contienda electoral no es absoluto, ya que los ciudadanos deben sujetarse al orden jurídico que regula el sistema electoral, a través del cual se lleven a cabo elecciones justas, imparciales y equitativas. En consecuencia, si un aspirante a candidato independiente incumple con alguno de los requisitos previstos en la ley, para la procedencia de su registro, es evidente que, en el marco de legalidad, debe negarse dicho registro, por lo que el artículo 246 de la Ley Electoral, que contempla tales supuestos, no es inconstitucional.

En lo tocante al inciso h), la prohibición de que los candidatos independientes que obtengan su registro sean sustituidos, tampoco deviene inconstitucional, toda vez que, como ya se dijo, para ser candidato ciudadano, debe acreditarse que se cuenta con el respaldo de los electores, suficiente para contender en igualdad de oportunidades contra los demás candidatos. En esa medida, permitir que un candidato ciudadano sea sustituido por otra persona, sin que hubiere participado en el procedimiento democrático correspondiente, se incurriría en una ilegalidad, por no haber quedado demostrada su representatividad, ni mucho menos, que ésta sea mayor a la que obtuvieron los demás aspirantes que contendieron en el proceso de selección de candidatos ciudadanos, lo cual además daría margen a prácticas desleales de simulación, situación que haría nugatorio el derecho de los ciudadanos a elegir a sus candidatos.

En relación con el inciso I), señala que es cierto que el financiamiento público para los candidatos independientes se calcula de forma distinta al de los candidatos propuestos por los partidos políticos; sin embargo, contrario a lo manifestado por la parte actora, ello no genera transgresión alguna al principio de igualdad.

Lo anterior, porque la diferenciación que se hace en la distribución de recursos públicos se encuentra debidamente justificada, pues resulta imposible calcular el financiamiento de los candidatos independientes, conforme a los criterios establecidos para los partidos políticos, puesto que la propia norma los contempla bajo un régimen distinto, que no es compatible con lo previsto en los artículos 150, 151, 152 y 154 de la Ley Electoral.

Máxime que los recursos que se otorgan a los candidatos independientes, no son excesivos, como lo pretende hacer ver la demandante, ni divergen de los contenidos en el artículo 469 de la propia ley, para los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, propuestos por los partidos políticos, además de que con ellos se pretende salvaguardar el interés general de que las elecciones sean imparciales, justas y equitativas.

8. En el octavo concepto de invalidez, los promoventes impugnan el contenido de los artículos 282 y 283, bajo el argumento de que dichos preceptos invaden la esfera jurídica del Instituto Nacional Electoral, pues a éste se encuentra conferido lo relativo al Registro Federal de E., en términos de lo dispuesto en los artículos 41 de la Constitución Federal, así como 126, 127 y 154 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La propia Ley Electoral, en su artículo 275, establece que en el Estado de S.L.P. serán válidos el padrón de electores, la lista nominal de electores con fotografía y las credenciales para votar con fotografía, que en la entidad haya integrado y expedido el Registro Federal de E..

Sin embargo, es inexacto que los preceptos impugnados otorguen facultades al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para crear un registro de electores, distinto al expedido por el Instituto Nacional Electoral, puesto que únicamente prevén la posibilidad de auditar el padrón electoral que emite dicho instituto, el cual, no está vedado en el Pacto Federal y que, lejos de causar un agravio al electorado, permite que haya mayor transparencia en beneficio de la ciudadanía.

9. En el noveno concepto de invalidez, impugna el artículo 304, párrafo primero, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado, que contempla, entre los documentos que deben anexarse a la solicitud de registro de candidatos, presentar constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de readaptación social del distrito judicial que corresponda.

El partido promovente afirma que dicho requisito no guarda proporcionalidad y razonabilidad con los requisitos constitucionales establecidos para acceder a un cargo de elección popular, previstos en los artículos 55 y 58 de la Constitución Federal, que refieren a los requisitos de elegibilidad para ser diputado o senador al Congreso de la Unión.

Además, desde su óptica, dicha constancia no constituye por sí misma una prueba apta para obtener un fin legítimo; en función de que en el artículo 303, párrafo primero, fracción III, de la Ley Electoral del Estado, se establece que los candidatos de partidos políticos deberán realizar la manifestación de que no cuentan con antecedentes penales, y que el mismo artículo 304, fracción II, de la norma aludida, se le pide adjuntar a la solicitud correspondiente, la copia fotostática por ambos lados de la credencial para votar con fotografía vigente, lo cual, atestigua que el ciudadano que aspira a ser registrado como candidato de un partido político, no se encuentra suspendido en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Tampoco asiste la razón en este punto a la parte actora, toda vez que el Poder Legislativo no se encuentra obligado a reproducir en el orden jurídico local, las disposiciones federales que regulan situaciones análogas, en lo casos en que se tiene plena autonomía para legislar. Ahora bien, la presentación de dicha constancia que tiene como finalidad acreditar, por el medio más idóneo, que el candidato cumple con uno de los requisitos de elegibilidad, que consiste en no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión, el cual se encuentra contemplado en los artículos 46, fracción III, 73, fracción VI, y 117, fracción III, de la Constitución Política del Estado de S.L.P..

Lo anterior deja en evidencia que la porción normativa impugnada, no contraviene los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal.

10. En su décimo concepto de invalidez, se impugna el contenido del artículo 347, párrafo tercero, de la Ley Electoral, que señala que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe, y que en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Estima que la disposición impugnada no contraviene lo dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo, de la Ley Fundamental, sino que más bien se armoniza con éste.

Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 134 constitucional prevé los lineamientos a los que debe ajustarse la propaganda gubernamental, entre las que se encuentra, precisamente, la difusión de los informes anuales de labores o gestión de los servidores públicos.

A su vez, el artículo 347 que se controvierte contempla una restricción adicional al empleo de propaganda gubernamental, al establecer que en ningún caso la difusión de los informes de actividades podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Esto con la finalidad de evitar que los informes de actividades de los servidores públicos sean utilizados con el ánimo de incidir en la voluntad de los votantes, lo cual podría otorgar una ventaja a un candidato o partido político y, consecuentemente, generar desigualdad entre los contendientes.

En mérito de lo anterior, estima que los conceptos de invalidez que hace valer el partido político promovente son, en su totalidad, infundados.

b) En relación con la acción de inconstitucionalidad 80/2014:

Esgrime que, en cumplimiento del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia político-electoral (publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el veintitrés de mayo de dos mil catorce), se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Partidos Políticos.

Dicha ley general, tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, en lo tocante a las formas de participación electoral a través de la figura de frentes, coaliciones y fusiones.

Aunado a lo anterior, en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide el ordenamiento jurídico en alusión, obliga a los Congresos Locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a adecuar su marco jurídico-electoral, conforme a las disposiciones previstas en dicha norma, otorgando un plazo hasta el treinta de junio de dos mil catorce.

Ahora bien, la nueva regulación en materia político-electoral, originó que el Poder Legislativo Local llevara a cabo un procedimiento de reforma especial respecto de diversos artículos de la Constitución Local, así como la expedición de una nueva Ley Electoral, en la cual, en su capítulo VII del título sexto, lo denomina De las alianzas partidarias, en el que se establecen las características, cómo se deben realizar y la manera en que se debe llevar a cabo el cómputo de los votos, en acatamiento a la reforma federal.

De conformidad con lo anterior, los artículos 191, 404 y 422 impugnados, van de acuerdo con la legislación federal, y en el apartado del que se queja el promovente, se refiere al cómputo de los votos, el cual, como se puede observar, en acatamiento a la Ley General de Partidos Políticos, así como también conforme lo establece el inciso c) del artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo anterior se desprende que el Congreso Local adoptó reglas generales impuestas por la Constitución Federal, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que respecta al cómputo de los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos en alianza.

En ese sentido, es inconcuso que el Poder Legislativo, no transgrede de forma alguna los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, en perjuicio de la institución política demandante, pues la norma impugnada se emitió en estricto apego a la normativa federal previamente establecida.

Por otra parte, aduce que, si bien es cierto que tal disposición puede trascender y afectar a algún partido político, en lo particular en la obtención de votos, también lo es que se trata de una cuestión que, por sí misma, no significa contravención a los principios fundamentales de la elección, puesto que no se restringe la asociación a dos o más partidos políticos con la finalidad de participar en apoyo a un mismo candidato a un puesto de elección popular en un proceso electoral determinado, ni tampoco violenta el derecho al voto de los candidatos postulados por cada uno de ellos para acceder al cargo de gobernador, diputados, así como en la elección de Ayuntamientos.

Afirma lo anterior, toda vez que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la libertad de asociación, tratándose de los partidos políticos, se encuentra afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, esto es, que corresponde al legislador ordinario, ya sea federal o local, establecer la forma y los términos en los que los citados entes políticos pueden participar en un proceso electoral determinado, bajo alguna modalidad que implique la asociación de uno o más institutos políticos, lo cual evidentemente incluye lo tocante al cómputo de los votos contenidos, y en el presente caso existen las alianzas partidarias, las cuales, como se puede observar, no transgreden en ningún momento los principios universales del sufragio, ni tampoco representa un fraude al sistema de partidos políticos, así como no hay violación al principio de certeza, ni mucho menos existe un abuso de derecho, ya que las alianzas partidarias se encuentran previstas en la ley, y el cómputo de votos, como se establece es equitativo y justo y, por tanto, no existe transgresión a los derechos fundamentales de la institución política recurrente.

Que en uso de esa facultad, el Poder Legislativo determinó que los partidos políticos que determinen realizar alianza partidaria para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente conforme a la ley; que, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos, cada uno aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; que la suma de los votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integren la alianza y, de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

Es preciso hacer mención que la institución política recurrente confunde la alianza partidaria con la coalición, ya que en la coalición no existe la distribución de los votos, ya que estaríamos en que a los partidos políticos les corresponderían escaños políticos que no les corresponden, pero en el caso de las alianzas partidarias, la distribución de votos es equitativa y justa, por lo que no se estarían vulnerando los derechos fundamentales de las instituciones políticas.

De lo anteriormente planteado, se acredita plenamente que las normas tildadas de inconstitucionales, no transgreden los derechos político-electorales consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, se solicita la declaratoria de validez de los artículos 191, 404 y 422 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

DÉCIMO PRIMERO. La S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de las acciones de inconstitucionalidad que nos ocupan, emitió opinión, en la que señaló, en síntesis, lo siguiente:

Acción de inconstitucionalidad 80/2014, promovida por el Partido Acción Nacional

• Forma de computar los votos a favor de partidos políticos en alianza, cuando se marquen dos o más emblemas en la boleta electoral.

El Partido Acción Nacional aduce que los artículos 191, fracción V, 404, fracción VIII, y 422, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. vulneran lo previsto en los artículos 1o., 14, 16, 40, 41, párrafo primero, 105, fracción II, párrafo cuarto, 115, párrafo primero, 116, párrafo segundo, y fracción IV, y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El promovente considera que las disposiciones controvertidas violan los principios de universalidad y certeza del sufragio, toda vez que vulneran la característica de intransferible, además de que resulta ser un fraude a la ley y un abuso del derecho que distorsiona el sistema de partidos políticos.

Cuando existe la figura de convenio de coalición, la distribución y partición de votos son violatorias de los principios rectores del voto, pues se asemeja a la transferencia de votos, en razón de que se hace una distribución indebida de votos, con la única diferencia de que en un caso se realiza en virtud de un convenio, y, en el otro, por ministerio de ley.

Al respecto, afirma que la voluntad de la mayoría, así sea relativa, no debe estar sujeta a eventualidades de alianzas partidistas minoritarias, con las que se pueda distorsionar la voluntad de las mayorías expresada a través del voto.

Aduce también, que se presenta un fraude a la ley, que puede tener como consecuencia una falsa representatividad, porque deriva de una ficción, al fraccionar el sufragio ante partidos políticos coaligados, mismos que no cuentan entre sus objetivos, el de conformar una unidad de gobierno después de los resultados de la elección.

Considera que la finalidad de las coaliciones es la de postular a un candidato de unidad, no así, la de conformar una unidad de gobierno después de los resultados de la elección, pues, incluso, cabe la posibilidad de que se integre con partidos de diferente ideología.

Asimismo, afirma que no existen elementos suficientes para determinar con precisión el sentido del voto ciudadano cuando a su intención clara e indubitable de querer dividir o distribuir su voto, sino únicamente de emitir el sufragio por el candidato en cuestión.

En este sentido, señala que el principal objetivo de una coalición de partidos políticos es meramente electoral, es decir, de unir fuerzas para impulsar candidaturas, ello más que buscar formar un gobierno de coalición.

Finalmente, aduce que la partición o distribución de votos es una forma artificiosa de participar en la postulación de candidatos de los partidos políticos que integran una coalición, toda vez que esas mismas fuerzas electorales no actualizan el enriquecimiento de la vida democrática en cuanto a la pluralidad

En concepto de la mayoría de la S. Superior, las porciones controvertidas de los artículos 191, fracción V, 404, fracción VIII, y 422, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., son inconstitucionales.

Al efecto, se debe tomar en cuenta que la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, estableció en los artículos 73, fracción XXIX-U, así como segundo transitorio, fracción I, inciso f), numerales 1 y 4, como mandato del Constituyente, que en la Ley General de Partidos Políticos, el Congreso de la Unión regulará, entre otros temas, un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, lo cual incluirá las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos.

Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de mayo de dos mil catorce en su artículo 87, párrafo 13, reguló el tema relativo a la modalidad en la que se computarían los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados.

De conformidad con lo anterior, se advierte que el mandato constitucional, es en el sentido de que esos votos serán válidos para el candidato postulado, contarán como uno solo, pero no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Por su parte, en el artículo 85, párrafo 5, de la aludida Ley General de Partidos Políticos, se estableció que, además de las formas de participación de los partidos políticos mediante frentes, coaliciones y fusiones, las entidades federativas tienen la facultad de establecer otras formas de asociación de esos institutos políticos con el fin de postular candidatos.

Si bien es cierto que el Congreso de la Unión previó la posibilidad de que las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal establecieran en sus Constituciones otras formas de participación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos, como puede ser la alianza partidista, también lo es que, en cumplimiento del mandato constitucional, esas formas de asociación de partidos no pueden contravenir normas previstas para el cómputo de votos a favor de las coaliciones, toda vez que, en ese caso, el modelo electoral se tornaría asistemático, al establecer reglas diferenciadas para dos o más formas de participación de los partidos políticos.

Del texto de los artículos 191, fracción V, 404, fracción VIII, y 422, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., se advierte que el Congreso del Estado de S.L.P. excede lo previsto en la reforma constitucional precisada, porque determinó, adicionalmente a lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos, que los votos emitidos a favor de dos o más partidos que integren una alianza partidaria se distribuirán igualitariamente entre los partidos que la integran y, de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación, lo cual es contrario a lo previsto para el cómputo de votos a favor de las coaliciones cuando se emiten a favor de dos o más partidos políticos.

A lo anterior, se debe agregar que, salvo algunos requisitos para su registro, a las coaliciones y alianzas partidistas no se les da trato sustancialmente diferenciado en la legislación estatal de S.L.P., a pesar de que son instituciones jurídicas distintas, por lo que ambas formas de participación deben ser tratadas por igual, al computar los votos cuando se marquen dos o más emblemas de partidos políticos en la boleta electoral.

Ahora bien, la S. refiere que no se pasa por alto que el artículo 311, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, a semejanza de las normas controvertidas del Estado de S.L.P., lo siguiente:

"Artículo 311.

"1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

"...

"c) En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación."

En concepto de la S. Superior, lo previsto en el citado artículo en nada varía la opinión, porque se considera que el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral del diez de febrero de dos mil catorce, estableció los ámbitos de especialización, en lo que al caso interesa, de los temas materia de regulación tanto de la Ley General de Partidos Políticos, así como de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, reservando a la Ley General de Partidos Políticos lo relativo al sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, en el que se establecerán, entre otros aspectos, las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos, normas aplicables a otras formas de participación de los partidos políticos en las elecciones estatales y del Distrito Federal.

Acción de inconstitucionalidad 64/2014. Movimiento Ciudadano

Primer concepto de invalidez. El Partido Político Movimiento Ciudadano aduce que el artículo 6o., fracción III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., es contrario al artículo 41, párrafo segundo, Bases IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como violatorio de los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica en materia electoral.

El partido impugnante afirma que indebidamente se considera que los actos anticipados de precampaña únicamente se pueden llevar a cabo desde el inicio del procedimiento electoral hasta el inicio de las precampañas, previsión temporal que en su concepto resulta inconstitucional.

A su juicio, las conductas que se hagan bajo cualquier modalidad y que contengan llamados al voto en contra o a favor de una determinada precandidatura, no sólo se pueden presentar en la mencionada temporalidad, sino que también fuera del plazo establecido por el legislador.

Consecuentemente, considera que cualquier acto anticipado de precampaña tiene como elemento sine qua non, el ser llevado a cabo con antelación a la precampaña, por lo que no se debe considerar que únicamente puede ocurrir a partir del inicio del procedimiento electoral, sino en cualquier momento, siempre que sea antes de la precampaña.

Por último, aduce que, considerar lo contrario, sería atentar contra el principio de equidad en la contienda electoral, pues se pondría en una situación de desventaja a los posibles contendientes, con lo que se estaría ante la autorización tácita de llevar a cabo conductas que serían ilegales y la consecuente violación al principio de equidad en la contienda previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En concepto de la S. Superior, asiste razón al Partido Político Movimiento Ciudadano, siendo fundado su concepto de invalidez, al ser inconstitucional la porción normativa impugnada.

Al caso, se debe tener presente que el artículo 41, párrafo segundo, bases IV y V, de la Constitución Federal establece que la organización de las elecciones es una función estatal, que corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales, y que en ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores; que la ley sustantiva determinará las reglas para las precampañas y campañas electorales, su duración y la posibilidad de que la autoridad electoral imponga una sanción en caso de que se incumplan las reglas y requisitos establecidos por la ley.

Por su parte, de la lectura de la porción normativa tildada de inconstitucional, se advierte que el legislador local limita el concepto a determinada temporalidad, ya que considera que los actos anticipados de precampaña sólo se pueden llevar a cabo desde el inicio del procedimiento electoral hasta el inicio de las precampañas, resultando tal previsión temporal inconstitucional, dado que se vulneran los principios de equidad en la contienda, certeza y seguridad jurídica.

Se afirma lo anterior, dado que la comisión de las conductas que se califican como actos anticipados de precampaña, consistentes en las expresiones que se hagan bajo cualquier modalidad que contengan llamados al voto en contra o a favor de un precandidato, no sólo se pueden presentar en la aludida temporalidad, sino que se puede dar fuera del plazo establecido por el legislador, acorde a su contenido material.

En consecuencia, la S. Superior opina que es inconstitucional el artículo 6o., fracción III, que determina que los actos anticipados de precampaña se pueden llevar a cabo en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral.

Segundo y sexto conceptos de invalidez. Por su estrecha vinculación, se emite opinión respecto de los conceptos de invalidez hechos valer por el partido político actor identificados como segundo y sexto, en los que controvierte la constitucionalidad de los artículos 6o., fracción XLIV, inciso c), última parte, y 179, párrafo segundo, ambos de la Ley Electoral de S.L.P..

En cuanto a la primera disposición controvertida, Movimiento Ciudadano aduce que es inconstitucional la porción normativa en la que se define el término "votación efectiva", para el efecto de la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional, toda vez que da lugar a un manejo injustificado del voto ciudadano, desvirtúa la voluntad de los electores y desnaturaliza el objeto y fin del voto, lo que vulnera el principio de certeza, el derecho de voto activo previsto en el artículo 35, así como el derecho de asociación, contenido en el artículo 9o. de la Ley Fundamental. Asimismo, aduce que la porción normativa controvertida resulta violatoria de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, respecto del párrafo segundo del artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., el partido político actor considera, es contrario a lo establecido en los artículos 9o. y 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, aduce que la objetividad del voto se pierde o disminuye en agravio del elector y se vulneran los principios de libertad de asociación y de certeza, toda vez que el sufragio no puede tener determinados efectos para la elección del candidato y diversas consecuencias para el partido que lo postula.

En concepto de la mayoría de la S. Superior, las disposiciones controvertidas no son contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, debido que, conforme a los artículos 73, fracción XXIX-U, así como segundo transitorio, fracción I, inciso f), numerales 1 y 4, de la Constitución Federal, lo siguiente fue mandato del Constituyente Permanente, que en la Ley General de Partidos Políticos, el Congreso de la Unión regulará, entre otros temas, un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, lo cual incluirá, las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos.

Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de mayo de dos mil catorce, reguló el tema relativo a la modalidad en la que se computarían los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, en el artículo 87, párrafo 13, de conformidad con lo anterior, se observa que el mandato constitucional, es en el sentido de que esos votos serán válidos para el candidato postulado, contarán como uno solo, pero no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

En ese orden de ideas, se puede concluir que, el legislador de S.L.P. atendió la reforma constitucional apuntada, porque aprobó disposiciones acordes a la prevista en la Ley General de Partidos Políticos, pues, como se advierte, concluyó que en materia de las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos emitidos a favor de las coaliciones, los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

En este sentido, también determinó que para los efectos de la asignación de representación proporcional, la votación efectiva es la resultante de restar de la votación válida emitida, los votos que hayan obtenido los candidatos de la coalición que no cuenten a favor de ninguno de los partidos políticos que los postularon, además de los votos de los partidos políticos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación válida emitida, los de los partidos que no hayan postulado candidatos a diputados por el principio de representación de mayoría relativa en cuando menos diez distritos uninominales del Estado, los votos emitidos a favor de fórmulas registradas y los votos emitidos a favor de candidatos independientes.

De ahí que la mayoría de esta S. Superior opine que no resultan inconstitucionales las porciones normativas previstas en los artículos 6o., fracción XLIV, inciso c), última parte, y 179, párrafo segundo, ambos de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

Tercer concepto de invalidez. El partido político actor aduce la inconstitucionalidad de los artículos 15 y 18 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., toda vez que establecen que, en caso de elección extraordinaria de diputados locales, la convocatoria respectiva será expedida por el consejo local, lo que en concepto del partido político es violatorio de los principios de legalidad y de certeza previstos en los artículos 16, párrafo primero y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en su concepto, quien debe convocar a elección extraordinaria debe ser el Congreso Local.

Al respecto, aduce que el artículo 77, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre las facultades de las Cámaras del Congreso de la Unión, expedir la convocatoria a elecciones extraordinarias, ante la vacante de sus miembros.

Señala que las porciones normativas de los preceptos cuya inconstitucionalidad aduce, son contradictorias con lo establecido en el artículo 17 de la propia Ley Electoral del Estado de S.L.P., en el que se prevé que las elecciones extraordinarias que se celebren para elegir gobernador del Estado, se sujetaran a las bases de la convocatoria que expida el Congreso de la mencionada entidad federativa.

De ahí que para el caso de vacantes de diputados al Congreso del Estado, debe ser el propio órgano legislativo el que expida la convocatoria respectiva, no así el consejo local.

Finalmente, argumenta el instituto político actor, que la facultad prevista para el Consejo Estatal Electoral de la entidad, sólo es para organizar las elecciones respectivas, pero no para convocarlas, toda vez que la conducta motivo de nulidad de una elección puede ser imputable a la propia autoridad administrativa electoral local, por lo que en ese caso sería J. y parte en el procedimiento de elecciones extraordinarias.

Al respecto, la S. Superior considera que el planteamiento aducido por el partido político actor tiene relación con la distribución de competencias para convocar a elecciones extraordinarias entre dos órganos del Estado, lo que en principio tendría relación con temas que pertenecen a la ciencia del derecho en general y del derecho constitucional, en lo particular, por lo que no se requeriría la opinión especializada de este órgano jurisdiccional, en razón de que no son temas exclusivos del derecho electoral.

Cuarto concepto de invalidez. Aduce Movimiento Ciudadano que los artículos 152, párrafo primero, fracción II, inciso c), 165 y 166 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., son inconstitucionales, toda vez que establecen la institución jurídica del prorrateo en los gastos de campaña electoral, lo que en su concepto constituye "una aberración jurídica", al permitir que los partidos políticos puedan decidir la forma en que cumplirán sus obligaciones en materia de fiscalización de los recursos públicos que como parte de sus prerrogativas les corresponde.

Lo anterior, toda vez que, si bien se establece que los recursos económicos con los que cuenten serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas, lo cierto es que "al no quedar comprendido en el convenio de coalición y de alianza transitoria el porcentaje del monto que cada partido político aportará a la coalición y, por ende, la responsabilidad individualizada en el uso de los recursos y el reporte de los mismos de manera directa a la autoridad, se les da la oportunidad de elegir sus formas de prorrateo que mejor convenga al partido, coalición o alianza transitoria", lo que en su concepto es violatorio de los principios de certeza y equidad, así como del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir hacerse justicia por su propia cuenta y premiar la omisión de una obligación.

Argumenta que el prorrateo no puede ser acorde con las disposiciones en materia de fiscalización que rigen para el caso de los partidos políticos que participen en alianza transitoria o coalición, "ya que estas últimas no están establecidas en la Constitución como un mecanismo de ese rango", sino que son formas de organización que establece el legislador, por lo que asimilar las figuras de coalición o alianza transitoria a los partidos políticos, no resulta posible desde el punto de vista constitucional, pues una cosa son los derechos o atribuciones establecidos a los partidos políticos y otra distinta la que pueden tener las alianzas o coaliciones transitorias.

Lo anterior, pues debe tener en cuenta que cuando los partidos políticos participen de manera individual, es evidente que no se les puede vulnerar alguno de sus derechos constitucionales, a cuando forman una coalición o alianza transitoria y participan de esta manera en ella, caso en el que se tienen que sujetar a las condiciones que establece la ley que las regula.

En el caso de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. no se establecen los supuestos normativos que regulen el porcentaje del monto que cada partido político aportará a la coalición o alianza transitoria, así la forma en que cada partido integrante deberá reportar de manera directa los gastos realizados en la campaña y ser responsable por ley del uso de los recursos.

Aduce que las violaciones constitucionales se actualizan porque, en materia de fiscalización a las coaliciones o alianzas transitorias, en lugar de individualizar se pretende colectivizar, sin separar los derechos y obligaciones de los partidos políticos que decidan contender en estas modalidades.

Por tanto, la regulación en materia de fiscalización tratándose de coaliciones o alianzas transitorias, debe ser clara y congruente con el ámbito que las rige e ir acorde con los protocolos de auditoría pública establecidos por el "Órgano Superior de la Federación".

En este sentido, argumenta que las disposiciones controvertidas, al dar una potestad indebida a los entes que regula, genera inequidad y distorsiona la justicia, provocando con ello que los sujetos que deban ser sancionados no lo sean, y aquellos que no tienen responsabilidad o hayan actuado conforme a derecho sean sujetos de una multa injusta y excesiva, lo que configura no sólo un contrasentido racional sino también jurídico en su dimensión constitucional, al desvirtuar el sentido de la ley y su aplicabilidad, de que en los hechos no se rebase el tope de gastos de campaña, con lo que se dispone a través del mencionado prorrateo, que prevén los artículos tildados de inconstitucionales, lo cual no resulta acorde a la realidad.

En tal sentido, concluye que cuando existe una deficiencia ante la regulación expresa de determinados aspectos del sistema electoral, ésta debe ser subsanada, en aras de la certeza, partiendo de que se trata de un sistema.

En concepto de la S. Superior, las disposiciones impugnadas no contravienen el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales preceptos jurídicos establecen reglas para la distribución del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos, así como al prorrateo que tienen que hacer cuando ese financiamiento se destine para gastos genéricos de campaña, para lo cual se dispone que las determinaciones en esta materia se harán del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o del Pleno del consejo, en la siguiente sesión, según corresponda, sin que los aludidos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados y siempre atendiendo a la reglamentación que en esta materia expida el Instituto Nacional Electoral.

Aunado a lo anterior, se debe destacar que los preceptos tildados de inconstitucionales resultan acordes a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, por lo que, en principio, las disposiciones controvertidas resultan constitucionales.

En este sentido, los artículos 51, párrafo 1, inciso b), fracción III, y 83 de la mencionada Ley General de Partidos Políticos prevén la forma en que los gastos de campaña de los partidos políticos serán prorrateados.

Asimismo, en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las leyes de los Estados deben estar acordes a lo previsto en la propia Constitución General, así como en las leyes generales en la materia, como es la Ley General de Partidos Políticos.

Cabe resaltar que esa disposición legal se incluyó en cumplimiento de lo establecido en el artículo transitorio segundo, fracción I, inciso f), apartado 5, del decreto de reforma constitucional, publicado el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, en el que se determinó que los partidos políticos no se podrán coaligar en el primer proceso electoral en el que participen.

En esa tesitura, los artículos 152, párrafo primero, fracción II, inciso c), 165 y 166 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., se constriñen a lo que establece la citada ley general, al determinar las formas de prorrateo para los gastos de campaña de los partidos políticos, por lo que esta S. Superior opina que no hay precepto o principio constitucional alguno que se vulnere directamente con las mencionadas disposiciones, toda vez que se trata de una adecuación hecha en la normativa electoral de la mencionada entidad federativa para hacerla acorde, tanto a lo establecido en el artículo transitorio segundo, fracción I, inciso f), apartado 5, del decreto de reforma constitucional, publicado el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, con lo establecido en los artículos 51, párrafo 1, inciso b), fracción III, y 83 de la citada Ley General de Partidos Políticos, la que, en principio, se presume constitucional.

No obstante lo anterior, la S. Superior considera necesario precisar que, si bien es cierto que el partido político promovente aduce que controvierte la constitucionalidad de los artículos 152, párrafo primero, fracción II, inciso c), 165 y 166 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., lo cierto es que sus argumentos en realidad están dirigidos a controvertir el artículo 184 del citado ordenamiento.

Se advierte que los artículos 91, párrafo segundo, de la Ley General de Partidos Políticos, y 184 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., son coincidentes en establecer que los partidos políticos coaligados se sujetarán a los topes de gastos de campaña, como si se tratara de un solo partido y que se deberá señalar el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas.

Se dice que ha sido criterio de la S. Superior que el derecho de los partidos políticos para constituir coaliciones es a través de la autodeterminación y libre determinación de su constitución y bajo las condiciones que sean respetuosas de la normativa electoral.

Por tal motivo, es válido que en el convenio de coalición, de manera expresa, los partidos coaligados asuman el compromiso de sujetarse a los topes de gastos de campaña, como si se tratara de un solo partido político, de precisar los montos que realizará cada uno a la coalición, y la forma de reportarlo.

Ahora bien, respecto al argumento en el cual sostiene que en materia de fiscalización, los partidos que estén coaligados deberán ser sancionados individualmente, y no así, de manera colectiva, esta S. Superior no emite opinión alguna, pues del texto de la porción normativa impugnada, no se advierte hipótesis normativa respecto a la forma en que las autoridades electorales deberán sancionarlas.

En este sentido, en opinión de la S. Superior, no resultan inconstitucionales los artículos 152, párrafo primero, fracción II, inciso c), 165 y 166 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

Quinto concepto de invalidez. En concepto del partido político actor, los artículos 172 y 178, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., son inconstitucionales, porque limitan el derecho fundamental del ciudadano en su vertiente de acceso a un cargo público.

En concepto de la S. Superior, las disposiciones impugnadas no contravienen el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la restricción que se impone a los partidos políticos de nueva creación, consistente en que no se podrán coaligar en la primera elección en la que participen, resulta acorde a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, además de que es una medida razonable y proporcional que no obstaculiza o vulnera el derecho de asociación con fines políticos.

Al caso, se debe tener en consideración que la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, establece en su artículo primero, que ese ordenamiento constituye una ley de orden público y observancia general, que tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales en materia de partidos políticos nacionales y estatales, así como distribuir la competencia en ese ámbito entre la Federación y los Estados.

En este sentido, el artículo 85, párrafo 4, de la mencionada Ley General de Partidos Políticos prevé que los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro, según corresponda.

Cabe resaltar, que esa disposición legal fue incluida en cumplimiento de lo establecido en el artículo transitorio segundo, fracción I, inciso f), apartado 5, del decreto de reforma constitucional, publicado el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, en el que se determinó que los partidos políticos no se podrán coaligar en el primer proceso electoral en el que participen.

En esa tesitura, se advierte que la norma prevista en la legislación electoral de S.L.P., se constriñe a lo establecido, tanto en el artículo transitorio segundo, fracción I, inciso f), apartado 5, del decreto de reforma constitucional, publicado el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, como en el artículo 85, párrafo 4, de la mencionada Ley General de Partidos Políticos, al prever que los partidos políticos se podrán coaligar, aliar, crear frentes o fusiones para postular candidaturas comunes, siempre que hayan participado cuando menos en la elección inmediata anterior, es decir, establece una condición o restricción al derecho de los partidos políticos para constituir coaliciones.

Por otra parte, se considera que la condicionante precisada no limita o restringe de forma irracional el derecho de los partidos políticos para formar coaliciones, dado que el fin de la norma es que aquellos institutos políticos que son de nueva creación demuestren tener la representatividad y el apoyo de la ciudadanía, lo que sólo se puede lograr de manera objetiva si en la primera elección en la que participan lo hacen de manera individual.

Lo anterior, porque la conformación de coaliciones implica la unión de fuerzas entre dos o más partidos políticos para postular candidatos comunes y buscar el apoyo del electorado, lo que no se lograría tratándose de un partido político de nueva creación si se le permitiese participar con otros partidos políticos para alcanzar el apoyo necesario en aras de conservar el registro recientemente obtenido.

Por las anteriores consideraciones y tomando en cuenta que la restricción es únicamente aplicable al partido político de reciente creación, en el primer procedimiento electoral en el que participe con posterioridad al otorgamiento de su registro, es que se opina que la norma no contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que con su establecimiento se persigue el cumplimiento de un fin público superior, como lo es el que los partidos políticos, como entidades de interés público, constituyan los cauces legales de la participación política de la ciudadanía haciendo posible el acceso de ésta al poder, para lo cual, se requiere representatividad, continuidad y permanencia; todo esto, acorde con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, en opinión de la S. Superior, no se advierte que la medida legal vulnere o limite el derecho fundamental de los ciudadanos en su vertiente de acceso al cargo público, porque la prohibición va encaminada a restringir la forma en que los partidos políticos participan en el proceso electoral, no así la forma en que los ciudadanos ejercen sus derechos políticos-electorales.

Por último, respecto al argumento relativo a que es contrario a derecho, que la reforma a la normativa electoral en S.L.P., se sustente en la Ley General de Partidos Políticos, que a su vez se pretende sustentar en el artículo transitorio segundo, de la reforma constitucional en materia político-electoral, toda vez que un artículo transitorio no puede estar sobre la Ley Fundamental, esta S. Superior considera que tal planteamiento tiene relación con la aparente vulneración al procedimiento de creación de la norma, lo que en principio tendría relación con temas que pertenecen a la ciencia del derecho en general y del derecho constitucional, en lo particular, por lo que no se requeriría la opinión especializada de este órgano jurisdiccional, en razón de que no son temas exclusivos del derecho electoral.

Séptimo concepto de invalidez. En este concepto de invalidez, el Partido Político Movimiento Ciudadano hace valer argumentos para controvertir diversas disposiciones reglamentarias de las candidaturas independientes, a lo que aduce que se trata de una excesiva regulación. Al respecto, para mayor claridad, estos temas serán analizados en el orden en que fueron planteados por el propio partido político actor.

1. Límite al registro de sólo un aspirante como candidato independiente, siempre que cuente con el dos por ciento de respaldo ciudadano. Respecto de los artículos 222, párrafo primero, fracción II, y 237, párrafos primero y segundo, fracciones II y III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., considera que son contrarios al artículo 35, fracción II, de la Constitución, toda vez que restringen el derecho ciudadano a participar como candidatos independientes, condicionando el registro al aspirante que obtenga el mayor número de manifestaciones de respaldo.

Aunado a lo anterior, afirma que el porcentaje de firmas resulta excesivo y desproporcionado, el cual no es conforme para asegurar la representatividad, autenticidad y competitividad de los candidatos independientes en los procedimientos electorales. En este tenor, considera que es desproporcionado que se exija el mismo porcentaje para todos los candidatos con independencia del cargo para el que pretendan ser postulados.

Así las cosas, al considerar que tales preceptos imponen exigencias contrarias a la Constitución General, el partido político actor considera que esto tiene como consecuencia que también sean inconstitucionales los artículos 240, 241, párrafo primero, y fracción I, 242, párrafo primero, y fracciones I y II, 243, párrafo primero, y fracciones I, II y III, inciso a), 244 y 245, todos de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., al prever el registro exclusivamente a los candidatos independientes seleccionados como únicos para los cargos de gobernador del Estado, diputados y ediles a los Ayuntamientos.

Finalmente, aduce que si bien se concedió un amplio margen al legislador local para regular sobre la materia, lo cierto es que no puede contravenir normas constitucionales.

El numeral en el que se prevé que tendrán derecho al registro un solo aspirante a candidato independiente que hayan obtenido el mayor número de manifestaciones de respaldo válidas por tipo de elección y el respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos inscritos y que haya obtenido en el listado nominal electoral en el Estado, en el distrito electoral uninominal, o en el Municipio que corresponda.

Para la mayoría de la S. Superior, el artículo 237, párrafos primero y segundo, fracciones II y III, que establece que solamente se podrá registrar un aspirante a candidato que de manera individual haya obtenido el mayor número de manifestaciones de respaldo válidas por tipo de elección: a gobernador, en cada uno de los distritos de mayoría relativa y en cada uno de los Ayuntamientos, no es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, porque garantizan que un aspirante a candidato independiente cuente de manera efectiva con el apoyo mínimo exigido para cada cargo de elección popular, lo que, a su vez, asegura la existencia de condiciones generales de equidad entre la totalidad de contendientes, en el sentido de que todos los registros de candidaturas sean el reflejo de la voluntad de la ciudadanía.

El artículo 35, fracción II, de la Constitución General de la República reconoce el derecho político electoral a ser candidato independiente sin establecer condición o restricción alguna, por lo que se deja al legislador establecer las condiciones, requisitos y reglas para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho, con la única limitante que las mismas sean razonables y proporcionales.

De esta forma, se opina que el precepto cuya invalidez se pretende, es acorde con la Constitución General, en la medida que tiene como finalidad garantizar un efectivo apoyo ciudadano mínimo a favor de un aspirante a candidato independiente.

Finalmente, toda vez que los artículos 222, párrafo primero, fracción II, 240, 241, párrafo primero, fracción I, 242, párrafo primero, fracciones I y II, 243, párrafo primero, fracciones I, II y III, inciso a), 244 y 245 de la citada Ley Electoral, no tienen relación alguna con los argumentos del partido político actor, vinculados a lo previsto en el numeral 237, párrafo primero, fracciones II y III, de la misma ley, esta S. Superior considera que no procede emitir opinión respecto a los mencionados preceptos.

2. Requerimiento de copia de credencial para votar para manifestar el apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes. En concepto de Movimiento Ciudadano es inconstitucional el artículo 235, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., toda vez que establece que los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente, además de comparecer personalmente en las instalaciones de las comisiones distritales o comités municipales para suscribir el formato correspondiente, con su credencial de elector vigente, deberán anexar copia por ambos lados de la credencial para votar.

La S. Superior opina que los preceptos impugnados son contrarios a la Constitución, ya que establecen un requisito que resulta desproporcionado y afecta el núcleo esencial de los derechos ciudadanos a ser votado y de ser registrados como candidato de manera independiente a los partidos políticos.

Lo anterior, porque la S. Superior ya ha sostenido que ese requisito es excesivo e injustificado, ya que la copia simple de la credencial para votar con fotografía no constituye, por sí misma, una prueba apta para obtener un fin legítimo, como pudiera ser determinar la veracidad de los datos asentados en los formatos de respaldo a las candidaturas independientes.

Ello, porque su sola exhibición no acredita la coincidencia de los datos recabados con lo asentado en el listado nominal, ya que podría tratarse de credenciales no actualizadas, credenciales con datos erróneos o apócrifos, por lo que se requiere una confrontación con la información y datos de los ciudadanos resguardados en el Registro Federal de E..

Aunado a que la medida adoptada por el legislador local no es la más favorable al derecho humano de ser votado, entre otras alternativas posibles.

3. Plazos para llevar a cabo actos relativos a la obtención del respaldo ciudadano. En concepto de Movimiento Ciudadano, es inconstitucional el artículo 232, párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., toda vez que vulnera el derecho a votar y ser votado previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, al resultar inequitativo y disfuncional, ya que los plazos que se prevén para que los aspirantes a candidatos independientes lleven a cabo los actos relativos a la obtención del respaldo ciudadano, no se pueden considerar idóneos ni razonables para promover y garantizar el ejercicio de dichos derechos político-electorales.

En concepto de la S. Superior, la norma no resulta inconstitucional, debido a que el plazo previsto para que los aspirantes a candidatos independientes obtengan el apoyo ciudadano, no es inequitativo o disfuncional, tampoco contraviene el principio de certeza, ni el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas tienen autonomía para definir en sus ordenamientos legales y en la forma en que mejor consideren conveniente, la regulación atinente a su ámbito de competencia, cuando tal facultad está prevista en la propia Ley Fundamental.

Del análisis de la porción normativa tildada de inconstitucional, no se advierte que el plazo previsto constituya un impedimento u obstáculo irracional que impida a los ciudadanos el pleno ejercicio de su derecho a ser votado a un cargo de elección popular, en forma independiente a un partido político.

Lo anterior es así, porque se advierte que establece como fecha cierta para el inicio de las actividades para la obtención del respaldo ciudadano el primero de diciembre del año anterior a la elección, de acuerdo a las fechas que determine el consejo, estableciendo que esa etapa no podrá durar más de sesenta días para gobernador, ni más de cuarenta para diputados y Ayuntamientos.

En este sentido, se considera que el artículo impugnado no vulnera el principio de certeza, ni establece algún requisito desmedido o desproporcional.

4. Nulidad de manifestaciones de respaldo ciudadano a aspirantes a candidatos independientes. En concepto de Movimiento Ciudadano, es inconstitucional la porción normativa del artículo 236, fracciones I, II y III, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

La S. Superior refiere que el precepto impugnado es conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque garantiza que un aspirante a candidato independiente cuente de manera efectiva con el apoyo mínimo exigido para cada cargo de elección popular, lo que, a su vez, asegura la existencia de condiciones generales de equidad entre la totalidad de contendientes, en el sentido de que todos los registros de candidaturas sean el reflejo de la voluntad de la ciudadanía.

El artículo 35, fracción II, de la Constitución General de la República reconoce el derecho político electoral a ser candidato independiente sin establecer condición o restricción alguna, por lo que se deja al legislador establecer las condiciones, requisitos y reglas para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho, con la única limitante que las mismas sean razonables y proporcionales.

De esta forma, se opina que el precepto cuya invalidez se pretende, es acorde con la Constitución General, en la medida que tiene como finalidad garantizar un efectivo apoyo ciudadano mínimo a favor de un aspirante a candidato independiente.

Se puede advertir que el legislador del Estado de S.L.P. atendió lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al estar obligado a ello, por tratarse de una ley general.

En esa tesitura, las normas tildadas de inconstitucionales, previstas en la legislación electoral de S.L.P., se constriñen a lo que establece la citada ley general, al determinar la forma en que serán computadas las cédulas de respaldo ciudadano en los casos que en que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante, y en el caso de que una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante, por lo que la S. Superior opina que no hay precepto o principio constitucional alguno que se vulnere con las mencionadas disposiciones, toda vez que se trata de una adecuación hecha en la normativa electoral de la mencionada entidad federativa, la cual es acorde con lo establecido en la citada ley general.

En este sentido, de una interpretación sistemática de las fracciones I, II y III del artículo 246 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., en relación con el artículo 385, párrafo 2, incisos f) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se considera que el precepto controvertido es constitucional.

Se considera que los supuestos que regulan las porciones normativas del artículo tildado de inconstitucional, tienen como finalidad evitar conductas constitutivas de infracción a los principios de certeza y objetividad, toda vez que, al no poder determinar, de manera cierta, si las manifestaciones de apoyo a un aspirante a candidato independiente fueron emitidas de manera efectiva, con el apoyo mínimo exigido para cada cargo de elección popular, lo que, a su vez, asegura la existencia de condiciones generales de equidad entre la totalidad de contendientes, en el sentido de que todos los registros de candidaturas sean el reflejo de la voluntad de la ciudadanía, es que el precepto controvertido se considera conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, la S. Superior también ha sostenido, al resolver el incidente de inejecución de la sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-357/2014, que ese mínimo de apoyo ciudadano tiene como fin legítimo que la participación de los candidatos independientes en las elecciones, sea acorde con los principios constitucionales de equidad en la contienda, así como la igualdad de condiciones entre los contendientes.

5. Negativa de registro como sanción a los aspirantes a candidatos. Aduce el partido político actor que es inconstitucional la porción normativa del artículo 246 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., que establece como sanción a los aspirantes a candidatos independientes, la negativa de registro en diversos supuestos.

La S. Superior considera que el partido accionante no contrasta el contenido de la norma impugnada con algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evidenciar la inconstitucionalidad planteada, pues el ejercicio comparativo que realiza el citado partido es respecto a diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. que establecen las diversas sanciones a imponer tanto a los candidatos independientes como a los partidos políticos que rebasen los topes a los gastos de campaña, o los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas.

No obstante lo anterior, la S. Superior estima que la negativa del registro de los aspirantes a candidatos independientes, no deviene inconstitucional ni quebranta el principio de igualdad en la contienda en perjuicio de los candidatos independientes, pues, la misma se encuentra como sanción, respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular postulados por un partido político o coalición, los cuales sí son equiparables en cuanto a sus funciones y finalidades a los candidatos independientes, en el artículo 469, fracción III.

Así, la negativa de registro como candidato ciudadano cuando del dictamen que emita la autoridad administrativa electoral local no se permita determinar la licitud de los recursos erogados en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o cuando a partir del mismo se concluya que el tope de gastos para tal efecto, o el límite de aportaciones individuales fue rebasado, resulta ser una medida adecuada, toda vez que, de concederse un eventual registro, se podría afectar el principio de equidad en la contienda electoral en detrimento de los demás participantes; lo anterior, desde luego, siempre que en el caso concreto se analicen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de tal manera que se acredite que incide de manera grave.

Asimismo, se trata de una medida necesaria, en tanto que los candidatos independientes, al participar en tal modalidad para efecto de ejercer su derecho de ser votado, necesariamente se deben someter a una serie de requisitos y condiciones de configuración legal.

6. Sustitución de candidatos independientes. Aduce Movimiento Ciudadano que es contrario a lo previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución General, la porción normativa del artículo 248 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., que establece que en ninguna de las etapas del procedimiento electoral se podrá sustituir el candidato independiente, por lo que en su caso, se cancelará el registro. En este tenor, considera que se trata de una prohibición que limita el derecho de acceso al cargo de todo ciudadano por igual y que tanto propietario como suplente reciben el respaldo ciudadano como aspirantes.

En concepto de la S. Superior, el artículo 248 de la mencionada Ley Electoral, es contrario a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dada la naturaleza jurídica de la candidatura independiente se constituye como un derecho humano de carácter unipersonal.

En tal sentido, se debe considerar que los candidatos independientes, atendiendo a su naturaleza jurídica, representan una forma de participación de carácter individual, de ahí que no sea válida la regulación de la institución de la suplencia en las candidaturas independientes, por lo que, en todo precepto normativo tendiente a señalar que pueden ser suplidos, en opinión de ese órgano colegiado, atenta contra la naturaleza del cargo reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, al ser los candidatos independientes, candidatos unipersonales, tomando en cuenta su naturaleza jurídica, la S. Superior opina que toda porción normativa que establezca la existencia de un suplente en una candidatura independiente se debe considerar que no es acorde a la Constitución Federal.

8. Parámetros fijos respecto del financiamiento público a los candidatos independientes. En concepto del partido político actor, es inconstitucional el artículo 260, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., toda vez que establece que el financiamiento público que corresponda en su conjunto para las campañas de todos los candidatos independientes, se constituirá por un fondo equivalente a la parte igualitaria que, en términos del artículo 152 de la citada ley, le corresponde a un partido político con nuevo registro.

La S. Superior opina que el artículo 260 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Refiere que la Constitución Federal reconoce en el artículo 35, fracción II, el derecho de los ciudadanos para que de manera independiente soliciten el registro de candidatos ante la autoridad administrativa electoral, siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

En ese orden de ideas, el artículo 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución Federal establece que las Constituciones y leyes de los Estados garantizarán lo relativo al régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, así como el derecho al financiamiento público; y, por otra parte, establece que deberán fijar las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular.

De acuerdo con lo anterior, los temas relativos a requisitos, condiciones y términos para ser registrado como candidato independiente, así como los relativos a las prerrogativas que tengan derecho a recibir (entre ellas, el financiamiento público) son de configuración legal, pero sujetos a las normas y principios contenidos en el Pacto Federal.

Es decir, el derecho a ser candidato independiente está plenamente reconocido en la Constitución Federal, siendo obligación de los Congresos de las entidades federativas el establecimiento de las formas de participación de éstos en los procedimientos electorales respectivos, respetando los derechos y principios que se derivan de la Carta Magna.

En ese contexto, el legislador del Estado de S.L.P. determina que los candidatos independientes tienen derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña, considerándose como partido político de nuevo registro, y dividiendo el financiamiento que le correspondería a un partido político de nuevo registro, entre todos los candidatos independientes que obtengan el registro respectivo.

El mencionado precepto, en opinión de la S. Superior, resulta contrario a la Constitución Federal, al no existir parámetros fijos respecto de las cantidades de dinero público que, en su caso, les corresponderían a los candidatos independientes al cargo de diputados e integrantes del Ayuntamiento.

Por lo que corresponde al candidato independiente al cargo de gobernador, la mayoría de los integrantes de la S. Superior opina que, en términos de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 260 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., si existen parámetros fijos respecto de las cantidades de dinero público que se le deberá entregar al mencionado candidato independiente; sin embargo, tal circunstancia no hace que la norma sea constitucional, debido a que se afecta el principio constitucional de equidad en el procedimiento electoral.

En efecto, del mencionado precepto se advierte que el monto que le corresponde al candidato independiente a gobernador, es el equivalente al treinta por ciento (30%) del monto que le correspondería a un partido político de nuevo registro, teniendo en consideración que solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente a gobernador aquel aspirante que de manera individual, haya obtenido la mayoría de las manifestaciones de apoyo válidas, siempre y cuando ese apoyo sea igual o mayor del dos por ciento (2%) de la lista nominal de electores.

Así, la S. Superior considera que el obtener hasta el treinta por ciento (30%) del monto que le correspondería a un partido político de nuevo registro, podría implicar que un candidato independiente obtuviera mayores recursos que los demás candidatos de los partidos políticos, dado que esos institutos deben dividir su financiamiento público, entre todos los candidatos que registren, de tal suerte que se podría generar inequidad en la contienda.

De ahí que la mayoría de la S. Superior opine que por lo que corresponde al candidato independiente a gobernador del Estado de S.L.P., el artículo 260 de la Ley Electoral local, es contrario a la Constitución Federal.

9. Negativa o cancelación del registro y prohibición de participar en dos procedimientos electorales subsecuentes como sanción a los candidatos independientes. Movimiento Ciudadano aduce que es inconstitucional la porción normativa del artículo 467 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., que prevé como sanción a los aspirantes a candidatos independientes, la negativa o cancelación de registro, así como la prohibición para participar en dos procedimientos electorales subsecuentes.

En concepto de la S. Superior, las fracciones IV y V del artículo 467 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., son contrarias a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se considera que el artículo 467 de la mencionada Ley Electoral local, sí viola lo previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, porque de acuerdo con lo establecido en sus fracciones IV y V, tanto al aspirante a candidato independiente que omita informar y comprobar al consejo los gastos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, como al candidato independiente que omita informar y comprobar al consejo los gastos de campaña y no los reembolse, se establece como sanción, en ambos casos, que no podrán ser registrados en las dos elecciones subsecuentes, sin tomar en consideración las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni las agravantes o atenuantes que pudieran existir en cada caso particular.

En efecto, la sanción que prevén las fracciones IV y V del citado precepto legal, es la cancelación, durante dos elecciones subsecuentes, del derecho humano a ser votado, lo cual se considera excesivo y restrictivo, al no ajustarse a los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

No obstante lo anterior, la S. Superior considera necesario señalar que del artículo 1o. de la Constitución Federal, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de junio de dos mil once, se advierte un nuevo paradigma en materia de derechos humanos y sus garantías, conforme al cual, se debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, interpretando las normas relativas a estos derechos humanos, de conformidad con la Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En ese orden de ideas, las fracciones IV y V del artículo 467 de la mencionada Ley Electoral local, podrían sujetarse a la interpretación conforme que más favorezca y proteja a las personas, de modo que ante la omisión por parte de los aspirantes a candidatos independientes de informar y comprobar ante el consejo los gastos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, así como ante la omisión de los candidatos independientes de informar y comprobar ante el consejo local los gastos de campaña y no los reembolse, la sanción consistente en que no podrán ser registrados en las dos elecciones subsecuentes, sólo deberá aplicarse a los casos de mayor gravedad, conforme a los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

Como consecuencia de lo anterior, se opina que las fracciones IV y V del artículo 467 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. violan lo previsto por el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, salvo que procediera la interpretación conforme que se ha propuesto.

Octavo concepto de invalidez. En concepto del partido político actor, son inconstitucionales los artículos 282 y 283 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., particularmente la porción normativa que establece que el consejo local podrá contratar a empresas e instituciones especializadas para auditar el padrón electoral del Estado, que el Registro Federal de E. le proporcione.

En concepto de la S. Superior, son inconstitucionales los preceptos impugnados, toda vez que establecer como facultad del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana llevar a cabo auditorías al listado nominal que le proporcione el Instituto Nacional Electoral, por conducto de empresas o instituciones especializadas, invade el ámbito de competencia del mencionado Instituto Nacional.

Al caso, se debe tener en consideración que ese órgano jurisdiccional electoral federal ha sostenido reiteradamente el criterio de que la competencia, conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un presupuesto de validez de toda actuación de las autoridades.

En su caso, la competencia de la autoridad constituye un presupuesto de validez indispensable para la adecuada instauración de la relación jurídico procesal y también para la validez de toda relación procedimental, de tal suerte que, si el órgano de autoridad, jurisdiccional o administrativo, que actúa en un caso concreto, carece de competencia, todo lo actuado estará afectado de nulidad, por la incompetencia de la autoridad actuante.

Contrario al principio de libre actuación que rige, por regla general, la conducta de los gobernados, conforme al cual, éstos pueden hacer todo lo que no está prohibido; para su actuación válida, todo órgano de autoridad debe estar investido de la facultad correspondiente, conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en términos del cual la autoridad sólo puede actuar válidamente si está facultada para ello por la ley.

Así pues, de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), numeral 3, constitucional, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos de la propia Constitución y las leyes, para los procesos electorales federales y locales, todo aquello relativo a la integración del padrón y la lista de electores.

En este orden de ideas, si constitucionalmente se otorgó al Instituto Nacional Electoral el llevar a cabo las tareas inherentes al Registro Federal de E. para mantener actualizado el padrón electoral, así como la conformación de las listas nominales de electores, el órgano administrativo electoral local carece de competencia tanto para llevar a cabo auditorías al aludido padrón, como para contratar a empresas o instituciones especializadas para que lleven a cabo esta tarea y, en todo caso, la facultad de fiscalización de tales registros ciudadanos recae, en términos de los artículos 157 y 158 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Comisión de Vigilancia integrada por funcionarios del Instituto Nacional Electoral y los representantes de los partidos políticos.

Todo ello lleva a la conclusión de que el órgano electoral competente para conocer de todo lo relativo al Registro Federal de E., al padrón electoral y al listado nominal de electores, es el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus órganos internos, por lo que la posibilidad de que el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de S.L.P. pueda contratar a empresas o instituciones especializadas para auditar el padrón electoral, aunque se circunscriba al relativo a esa entidad federativa, es contrario a la Constitución.

Noveno concepto de invalidez. El partido político actor aduce que es contrario a la Constitución el requisito previsto en los artículos 228, fracción III, 229, fracción IV, 242, párrafo primero, fracción III, inciso d), y 243, párrafo primero, fracción III, inciso b), numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., consistente en que se debe adjuntar a la solicitud del registro de aspirantes a candidatos independientes, así como a la solicitud de registro de candidatos independientes, constancia de no antecedentes penales.

En opinión de la S. Superior, las correspondientes porciones normativas de los preceptos controvertidos son inconstitucionales, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 35, fracción II, constitucional establece como derecho de los ciudadanos el poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, la exigencia de no contar con antecedentes penales para el registro de las candidaturas, resulta ser una restricción indebida al derecho a ser votado, que viola el principio de presunción de inocencia.

Por principio de cuentas, se debe precisar que, no obstante que el partido político actor aduce que no existe concordancia entre lo previsto en los artículos 228, fracción III, 229, fracción IV, 242, párrafo primero, fracción III, inciso d), y 243, párrafo primero, fracción III, inciso b), numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., con lo establecido en los artículos 55 y 58 de la Constitución Federal, en los que se establecen los requisitos de elegibilidad para ser diputado o senador al Congreso de la Unión, porque se exige un requisito adicional que no guarda proporcionalidad y razonabilidad con los requisitos constitucionales establecidos para acceder a un cargo de elección popular, la S. Superior considera que el análisis respecto a la supuesta inconstitucionalidad, se debe hacer a la luz de disposiciones constitucionales diversas.

En este sentido, en el sistema jurídico mexicano prevalece el principio de presunción de inocencia, conforme a lo establecido en los artículos 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El mencionado principio se traduce en el derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, en tanto no se presente prueba suficiente para destruir esa presunción y de cuya apreciación se derive un resultado sancionador o limitativo de los derechos del gobernado.

Lo anterior, en el entendido de que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, extiende su ámbito de aplicación no sólo al proceso penal, sino a cualquier resolución, con inclusión, por ende, de las que se emiten en materia electoral; luego, en los procedimientos sancionadores, las resoluciones que emitan las autoridades administrativas deben estar sustentadas en elementos que demuestren de manera fehaciente la autoría y participación del sujeto denunciado en los hechos que se le atribuyen.

En tal sentido, se considera que el requisito relativo a presentar una carta de no antecedentes penales, previsto para la solicitud de registro de los aspirantes, así como de los candidatos independientes, viola el mencionado principio de presunción de inocencia, el cual consiste en que se debe considerar que toda persona se presume inocente, hasta en tanto no exista una imputación en contrario, con elementos de prueba suficientes.

Al caso, se considera que resulta un requisito excesivo la presentación de una carta de no antecedentes penales, toda vez que, con la simple manifestación que haga el aspirante o el candidato, en el sentido de no tener antecedentes de ese tipo, es suficiente para que sea considerado colmado el requisito en cuestión, pues en caso de que alguien alegue que el aspirante o candidato resulta inelegible, deberá sustentarlo con elementos de convicción que respalden su afirmación.

Décimo concepto de invalidez. Movimiento Ciudadano aduce que la porción normativa establecida en el artículo 347, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., es inconstitucional, ya que pretende establecer un supuesto de excepción a la prohibición establecida en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, relativa a la difusión de propaganda con motivo de la rendición de informes de gobierno o de gestión de los servidores públicos.

En concepto de la S. Superior, la porción normativa de la disposición impugnada es conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución General establece el deber al que quedan sujetos los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades del aparato administrativo público en sus tres ámbitos de Gobierno -Federal, Estatal y Municipal- para que toda aquella propaganda que difundan a través de cualquier medio de comunicación social, guarde en todo momento un carácter institucional, tenga fines informativos, educativos o de orientación social; además de que, en ningún caso, esos mensajes deberán contener nombres, la imagen, voces o símbolos de los que se pueda entender una promoción personalizada de cualquier servidor público.

De una interpretación sistemática del párrafo octavo del artículo 134, en relación con el artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que la difusión de informes de labores o de gestión de los servidores públicos y, por ende, tales actividades no pueden ser consideradas como actos de proselitismo o de precampaña, por lo que el hecho de que en la porción normativa en comento se prevea la realización de este tipo de actos no se puede considerar que sean contrarios a la Constitución.

En este sentido, se debe tener en consideración que el artículo 6o. de la Constitución establece, en su párrafo segundo, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En el mismo tenor, también se establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Ahora bien, al caso, también se debe tener presente que los informes de labores reflejan una mayor rendición de cuentas, lo que llevaría a robustecer de una mejor manera el Estado de derecho y habría mejor desempeño de las autoridades gubernamentales.

Se debe precisar que el partido político actor parte de una premisa equivocada, al considerar que en virtud del artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, las normas relativas a regular la materia de propaganda deben emanar de una ley general que emita el Congreso de la Unión, esto, porque de la simple lectura del artículo 134, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que las normas relativas a la propaganda se podrán establecer en diversos ordenamientos, por lo que si el legislador de S.L.P. previó un supuesto de excepción a la norma constitucional en cuestión y lo introdujo en la Ley Electoral del Estado, ello no puede ser considerado, en modo alguno, como inconstitucional.

Por tanto, tal como se estableció previamente, las leyes locales podrán prever disposiciones relacionadas con la materia prevista en el artículo 134, párrafo octavo, de la propia Constitución Federal.

Además de que, de conformidad a lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional, sólo se refiere a la emisión de una legislación de carácter reglamentario, lo cual no imposibilita a las Legislaturas Locales la emisión de enunciados normativos como el que es objeto de opinión.

Consecuentemente, la porción normativa en cuestión guarda consonancia con el hecho de que las leyes locales no pueden contravenir los principios constitucionales y las leyes generales, resultando constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, la S. Superior opina que el artículo 347, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., no es inconstitucional.

Décimo primer concepto de invalidez. Aduce el partido político Movimiento Ciudadano, que es inconstitucional el artículo 404, fracción V, de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., toda vez que establece como requisito para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, que el número de votos nulos exceda en cinco por ciento al total de los votos sufragados.

Asimismo, aduce que resulta inconstitucional la fracción VII del citado artículo 404 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., el cual establece que en la elección de diputados, sólo se podrán abrir la totalidad de los paquetes electorales para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, cuando exista una diferencia menor al dos por ciento entre el primer y el segundo lugar.

Por último, aduce la inconstitucionalidad del artículo 421 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P., el cual establece que, tratándose de la elección de integrantes de Ayuntamientos, para abrir la totalidad de los paquetes electorales para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, la diferencia entre el primer y el segundo lugar debe ser menor a tres por ciento.

Para la S. Superior, los preceptos controvertidos son constitucionales, toda vez que se considera que el establecimiento, por parte del Congreso del Estado, de determinados porcentajes para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo en el caso de las elecciones de diputados e integrantes de Ayuntamientos, está dentro del ámbito de la libertad configurativa de las entidades federativas, establecida en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al caso, se debe tener en consideración que el citado artículo constitucional no prevé alguna condición concreta o restricción específica al respecto, por lo que son los Congresos Estatales quienes deben emitir la regulación correspondiente.

En este sentido, las Legislaturas de las entidades federativas no están obligadas a seguir un modelo específico en cuanto a los mecanismos para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones, sin que ello implique que su libertad sea absoluta o carente de límites sobre ese tema.

En ese orden de ideas, dado que actualmente la fracción IV del artículo 116 de la Norma Fundamental establece, en su inciso m), que las Constituciones y leyes de las entidades federativas garantizarán lo relativo al establecimiento de las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y miembros de Ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las etapas impugnativas, por lo que es inconcuso que las entidades federativas siguen gozando de libertad para regular, entre otras cosas, lo atinente a los porcentajes de votos que se deben actualizar para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo.

Acción de inconstitucionalidad 40/2014. Partido Verde Ecologista

En su acción el partido político aduce que el párrafo segundo del artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. vulnera lo previsto en los artículos 35, fracciones I y II, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce.

Al respecto, hace valer tres conceptos de invalidez en los cuales, en términos generales, refiere lo siguiente:

Primer concepto de invalidez: Que la disposición restringe indebidamente los derechos a votar y ser votado, pues constitucional y legalmente está permitido que los partidos políticos formen coaliciones para participar en los procedimientos electorales en esa entidad federativa, por lo que los votos emitidos por dos o más partidos políticos coaligados deben ser contabilizados para la asignación de representación proporcional.

Al respecto, afirma que se impide que el sufragio de todos los ciudadanos tenga el mismo valor, toda vez que el voto único para la representación legislativa se debe entender en su doble carácter, es decir, a favor del candidato por el principio de mayoría relativa y a favor de los de representación proporcional.

Además, precisa que el hecho de que un ciudadano vote por dos o más partidos coaligados, no necesariamente es una muestra de confusión, sino que es una prueba de su voluntad expresa de votar por los partidos que legalmente comparten una plataforma política común. Por tanto, si el voto no se contabiliza para la asignación de representación proporcional, se violan los principios de equidad, indivisibilidad y universalidad del voto.

En este orden de ideas, considera que todos los candidatos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, tienen derecho a que cada voto cuente para ellos indistintamente. Además de que, indebidamente, se restringe la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Segundo concepto de invalidez. En este mismo tenor, el Partido Verde Ecologista de México aduce que con la disposición controvertida se vulnera el principio de representación proporcional, porque se impide que la asignación de diputados se lleve a cabo conforme a los resultados de la votación para lograr proporcionalidad entre votos y curules.

En concepto de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la disposición controvertida no es contraria a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para arribar a la anotada conclusión, se debe tomar en cuenta que la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, estableció en los artículos 73, fracción XXIX-U, así como segundo transitorio, fracción I, inciso f), numerales 1 y 4, lo siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución."

"Transitorios

"Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

"I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:

"...

"f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:

"1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales;

"...

"4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos."

En ese orden de ideas, fue mandato del Constituyente Permanente que en la Ley General de Partidos Políticos, el Congreso de la Unión regulara, entre otros temas, un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, lo cual incluirá las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos.

Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de mayo de dos mil catorce, reguló el tema relativo a la modalidad en la que se computarían los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, en el artículo 87, párrafo 13, en los términos siguientes:

"Artículo 87.

"...

"13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas."

De conformidad con lo anterior, se observa que el mandato constitucional, es en el sentido de que esos votos serán válidos para el candidato postulado, contarán como uno solo, pero no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Ahora bien, el texto del párrafo segundo del artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. que se controvierte, es el siguiente:

"Artículo 179. ...

"Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas."

En ese orden de ideas, se puede concluir que el legislador de S.L.P. atendió la reforma constitucional apuntada, porque aprobó una norma acorde a la prevista en la Ley General de Partidos Políticos, pues, como se advierte, concluyó que en materia de modalidades del escrutinio y cómputo de los votos emitidos a favor de las coaliciones, en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

De ahí que la mayoría de la S. Superior opine que no resulta inconstitucional la porción normativa prevista en el párrafo segundo del artículo 179 de la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

Tercer concepto de invalidez. El Partido Verde Ecologista de México considera que la disposición controvertida violenta la distribución de competencias prevista constitucionalmente para el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales, toda vez que, si bien es cierto que en la Constitución está previsto que las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, también lo es que en el artículo transitorio segundo, fracción I, inciso f), numeral 4, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se estableció que en la ley general que regule los partidos políticos nacionales y estatales se debía establecer el sistema de participación electoral a través de la figura de coaliciones, en el cual se tendrían que prever las reglas conforme aparecerán los emblemas de los partidos políticos en las boletas electorales, así como las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos.

En este sentido, el partido político actor afirma que, si en la Ley General de Partidos Políticos se deben regular las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos a favor de las coaliciones, no es competencia de las Legislaturas Locales determinar la validez o no de estos votos, debido a que esa es una facultad del Congreso de la Unión.

Esto es así, toda vez que la facultad de establecer la modalidad en que se habrán de computar los votos de los partidos políticos coaligados implica necesariamente determinar la forma en que se habrán de distribuir los votos cuando se marquen en la boleta electoral dos o más partidos políticos coaligados, lo que no puede estar regulado en una ley local, como es la Ley Electoral del Estado de S.L.P..

Al respecto, la S. Superior considera que tal planteamiento tiene relación con la aparente vulneración al procedimiento legislativo o de creación de la norma y al sistema de distribución de competencias en materia legislativa entre el Congreso de la Unión y los Congresos Locales, lo que, en principio, tendría relación con temas que pertenecen al ámbito del derecho en general, y del derecho constitucional en lo particular, por lo que no se requeriría la opinión especializada de ese órgano jurisdiccional, en razón de que no son temas exclusivos del derecho electoral.

DÉCIMO SEGUNDO. El procurador general de la República no formuló opinión.

DÉCIMO TERCERO. Recibidos los informes de las autoridades y la opinión de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de S.L.P. y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver votación 1

SEGUNDO. Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar se debe analizar si las acciones de inconstitucionalidad acumuladas fueron presentadas oportunamente. Ver votación 2

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerando, en materia electoral, todos los días como hábiles.

El Decreto por el que se expide la ley Electoral del Estado de S.L.P., se publicó en el Periódico Oficial de dicho Estado el treinta de junio de dos mil catorce, según consta de la copia certificada del ejemplar que obra a fojas 216 a 337 de este expediente.

Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción, inició el martes uno de julio y venció el miércoles treinta de julio de dos mil catorce.

En el caso, la acción del Partido Verde Ecologista de México se presentó el veinticuatro de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (según se desprende del sello que obra al reverso de la foja 20 de este expediente); la del Partido Movimiento Ciudadano se presentó el veintinueve de julio de ese año (como se aprecia en el sello de recepción impreso al reverso de la foja 158 del expediente); y, la del Partido Acción Nacional se presentó el treinta de julio de dos mil catorce, (según se advierte del sello que obra al reverso de la foja 479 del expediente); por lo que se concluye que fueron presentadas en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.

TERCERO. Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quienes promueven, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción. Ver votación 3

Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria disponen:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro."

"Artículo 62. ... (último párrafo) En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."

De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso).

c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

En el caso se cumplen con todos los requisitos previstos, de acuerdo con lo siguiente:

1. El Partido Verde Ecologista de México es un partido político nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral, según certificación expedida por el secretario ejecutivo de dicho instituto; asimismo, de las constancias que obran en autos, se advierte que D.G.R. y J.L.O., quienes suscriben el escrito relativo a nombre y en representación del mencionado partido, se encuentran registrados como secretario técnico y secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional.

Del artículo 22, fracción I, inciso g), de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, se desprende que el secretario técnico y el secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional cuentan con la facultad de representarlo legalmente:

"Artículo 22. Del secretario técnico y el secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional.

"I.F. y atribuciones del secretario técnico y secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional:

"...

"g) Tendrán mancomunadamente, la representación legal del partido frente a terceros, así como ante toda clase de autoridades políticas, administrativas y judiciales, y consecuentemente:

"1. Podrán celebrar toda clase de convenios, contratos o cualesquiera otros actos jurídicos tantos civiles, mercantiles, administrativos o de cualquier otra naturaleza;

"2. Tendrán para estos fines poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con toda la amplitud a que se refiere el artículo 2554 del Código Civil Federal y de sus correlativos en el Distrito Federal y en los Estados de la República Mexicana, igualmente tendrá las facultades especiales a que se refieren los artículos 2582 y 2587 del mismo Código Civil y de sus correlativos de los demás Estados de la República Mexicana, así como la facultad para promover el juicio de amparo con la facultad que establece el artículo 27 de la ley de la materia;

"3. Podrán suscribir con cualquier carácter toda clase de títulos de crédito en los términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y

"4. Dentro de sus facultades, podrá otorgar poderes generales o especiales, así como revocarlos."

En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Verde Ecologista de México, fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que: (i) se trata de un partido político nacional, con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes; y, (ii) fue suscrita conjuntamente por el secretario técnico y el secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional, quienes cuentan con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen al partido.

2. El Partido Movimiento Ciudadano es un partido político nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral, según certificación expedida por el secretario ejecutivo de dicho instituto; asimismo, de las constancias que obran en autos, se advierte que D.A.D.R., J.Á.C., J.A.L.V.C., A.C.B., R.M.B., J.J.E.T., J.I.S.M., N.d.C.V.P. y M.E.O.L., quienes suscriben el escrito relativo a nombre y en representación del mencionado partido, se encuentran registrados como coordinador, integrantes y secretaria de acuerdos de la comisión operativa nacional.

Del artículo 19, numerales 1 y 2, incisos a) y p), de los Estatutos del Partido Movimiento Ciudadano, se desprende que la comisión operativa nacional cuenta con la facultad de representarlo legalmente:

"Artículo 19

"De la comisión operativa nacional

"1. La comisión operativa nacional se integra por nueve miembros y será elegida de entre los integrantes de la coordinadora ciudadana nacional, para un periodo de tres años por la mayoría absoluta de votos de la convención nacional democrática y ostenta la representación política y legal del Movimiento Ciudadano y de su dirección nacional. Sus sesiones deberán ser convocadas por lo menos con tres días de anticipación de manera ordinaria cada quince días y de manera extraordinaria por lo menos con un día de anticipación, cuando así se requiera por cualquiera de sus miembros. El quórum legal para sesionar se integrará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Todos los acuerdos, resoluciones y actos de la comisión operativa nacional tendrán plena validez, con la aprobación y firma de la mayoría de sus miembros, y en caso de urgencia suscritos únicamente con la firma del coordinador, en términos de lo previsto por el artículo 20, numeral 3, de los presentes estatutos:

"La comisión operativa nacional inmediatamente después de su elección nombrará de entre sus integrantes, por un periodo de tres años, a su coordinador quien será non entre pares y tendrá como responsabilidad adicional, la vocería y la representación política y legal de movimiento.

"2. Son atribuciones y facultades de la comisión operativa nacional:

"a) Ejercer la representación política y legal del Movimiento Ciudadano en todo tipo de asuntos de carácter judicial, político, electoral, administrativo, patrimonial y para delegar poderes y/o establecer convenios en los marcos de la legislación vigente. A excepción de la titularidad y representación laboral, que será en términos de lo establecido en el artículo 31, numeral 9.

"...

"p) Para interponer, en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral."

En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Movimiento Ciudadano fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que: (i) se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes; y, (ii) fue suscrita por los integrantes de la comisión operativa nacional, la cual cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen al partido.

3. El Partido Acción Nacional, es un partido político nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral, conforme a la certificación expedida por el secretario ejecutivo de dicho instituto, la cual fue remitida por el Instituto Nacional Electoral, en atención al requerimiento formulado por este Alto Tribunal el trece de agosto de dos mil catorce, y que obra a foja mil cuatrocientos del expediente; asimismo, de las constancias que obran en autos, se advierte que G.E.M.M., quien suscribe el escrito relativo a nombre y en representación del mencionado partido, se encuentra registrado como presidente del comité ejecutivo nacional.

De los artículos 43, numeral 1, inciso a), y 47, numeral 1, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, se desprende que el presidente del comité ejecutivo nacional cuenta con la facultad de representarlo legalmente:

"Artículo 43.

"1. Son facultades y deberes del comité ejecutivo nacional:

"a) Ejercer por medio de su presidente o de la persona o personas que estime conveniente designar al efecto, la representación legal de Acción Nacional, en los términos de las disposiciones que regulan el mandato tanto en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal (sic), en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y (sic) Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, el presidente gozará de todas las facultades generales y aun las que requieran cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para suscribir títulos de crédito. Las disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra, así como los relativos de la legislación electoral vigente."

"Artículo 47.

"1. La o el presidente del comité ejecutivo nacional, lo será también de la asamblea nacional, del consejo nacional y la comisión permanente nacional, con las siguientes atribuciones y deberes:

"a) Representar a Acción Nacional en los términos y con las facultades a que se refiere el inciso a) del artículo 43 de estos estatutos. Cuando el presidente nacional no se encuentre en territorio nacional, ejercerá la representación del partido el secretario general."

En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que: (i) se trata de un partido político nacional, con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente; y, (ii) fue suscrita por el presidente del comité ejecutivo nacional, quien cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen al partido.

Finalmente, debe señalarse que los partidos políticos promovieron la acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se expide la Ley Electoral del Estado de S.L.P., norma de naturaleza electoral que pueden impugnar los institutos políticos a través de este medio de control.