Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

En efecto, los artículos 97, 98, 99, 100 y 101, forman parte del capítulo II, "Del financiamiento privado", correspondiente al título sexto, "Del financiamiento de los partidos políticos", de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, esto es, la simple ubicación de esas disposiciones en el capítulo referido demuestra que no prevén regla alguna sobre fiscalización, pues su contenido corresponde a las características de los recibos que deberán expedir los partidos políticos; la forma en la que se harán constar las aportaciones en especie; la relación mensual que el partido político deberá entregar de los nombres de los aportantes y, en su caso, cuentas de origen; el destino de las aportaciones de bienes muebles o inmuebles; así como que los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en el país, cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos, según las reglas ahí enumeradas.

De donde es claro que no se refieren a fiscalización, sino a financiamiento privado; y si bien por medio de esta figura se lleva a cabo la revisión detallada del origen y destino de los recursos que reciben los partidos políticos con base en los informes presentados por éstos, también lo es que los preceptos relativos a financiamiento privado no constituyen en sí reglas de fiscalización.

Lo mismo ocurre con los artículos 103 a 113, que forman parte del título séptimo, "Del régimen financiero de los partidos políticos", y sus capítulos I, "Del sistema de contabilidad de los partidos políticos", y II, "De las obligaciones de los partidos en cuanto al régimen financiero", ya que, concretamente, regulan el sistema de contabilidad de los partidos políticos y sus obligaciones en cuanto al régimen financiero, esto es, las características del sistema con base en el cual, organizarán su contabilidad, así como las reglas sobre el respaldo documental de dicha contabilidad, la generación de estados financieros, la entrega al Instituto Nacional Electoral sobre la información financiera correspondiente, avisos de contratación, la documentación de los gastos realizados y su forma de pago. Esto es, se trata de disposiciones que corresponden a la administración y destino de los recursos que reciben los partidos políticos, pero no se refieren en concreto a la función de fiscalización, que es la que combate el partido político actor; sin que sea óbice que en esas disposiciones se aluda al Consejo General o a la Unidad Técnica del Instituto Nacional Electoral, porque en estricto sentido no se está ante disposiciones que aludan en concreto a la revisión de los recursos de los partidos políticos.

Por otra parte, los artículos 102, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, sí contienen supuestos normativos sobre la verificación de operaciones financieras, concretamente el 102, y los siguientes expresamente se refieren a la fiscalización de partidos políticos, es decir, la fiscalización de las actividades ordinarias permanentes, la fiscalización durante los procesos electorales, los informes de ingresos y gastos, distinguidos por informes trimestrales de avance del ejercicio, informes anuales de gasto ordinario, informes de precampaña e informes de campaña; por tanto, las disposiciones referidas serán analizadas a la luz del concepto de invalidez que nos ocupa, es decir, el relativo a la falta de competencia del Congreso del Estado de Tlaxcala para legislar en materia de fiscalización electoral, y la consecuente carencia de facultades del instituto electoral local para ejercer esa función.

Al respecto, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 77/2015 y su acumulada 78/2015,(12) reiteró el criterio consistente en que, si bien las Legislaturas Locales carecen de atribuciones para regular la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, según lo ordena la Constitución Federal, en su artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 6; también lo es que esa disposición se complementa en el mismo Texto Constitucional, con la diversa regla, en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral puede delegar su atribución fiscalizadora en favor de los organismos electorales locales, lo que abre la posibilidad de un margen de intervención de las Legislaturas Locales en la regulación del procedimiento de fiscalización, con la condición de que la normatividad estatal adquiera aplicabilidad en forma excepcional para la recepción de la determinación delegatoria del Instituto Nacional, observando dos límites, a saber: a) Sólo tiene obligatoriedad dentro del ámbito espacial estatal; y, b) Sólo es vinculante dentro del régimen jurídico interno de la entidad federativa para las autoridades estatales, sin poder imponer ningún tipo de norma o condicionante a las facultades del Instituto Nacional Electoral.

Para ilustrar lo anterior, resulta conveniente transcribir las consideraciones sustentadas en el precedente referido, que son del tenor siguiente:

"DÉCIMO PRIMERO.-Presunta incompetencia del Congreso Local para establecer reglas de fiscalización, aunque el Instituto Nacional Electoral delegue esa facultad en favor de los organismos electorales locales. En su tercer concepto de invalidez, el PRD sostiene que los artículos 3o., fracción II, párrafos último y penúltimo; y el artículo 4o., fracciones II, penúltimo párrafo; y III, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Puebla invaden las atribuciones del Congreso de la Unión previstas en los artículos 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 6, y penúltimo y último párrafos; así como el apartado C, segundo párrafo, inciso b); y 73, fracciones XXI, inciso a); y XXIX-U de la Constitución Federal, ya que las Legislaturas de los Estados carecen de atribuciones para legislar en materia de fiscalización de partidos y campañas de candidatos.

"Para dar respuesta a lo anterior, ante todo se transcriben las disposiciones legales reclamadas, cuyo texto es el siguiente:

"‘Artículo 3o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 4o.’ (se transcribe)

"Son infundados los argumentos del partido actor, porque si bien las Legislaturas Locales carecen de atribuciones para regular la fiscalización de los recursos de los partidos y de las campañas de los candidatos, tal como lo dispone la Constitución Federal en su artículo 41, base V, apartado B, inciso a), párrafo 6, el cual determina que ‘corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes: a) Para los procesos electorales federales y locales: y ... 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.’; no debe perderse de vista que esta disposición se complementa, en el mismo Texto Constitucional, con otra para que el Instituto Nacional Electoral delegue su atribución fiscalizadora en favor de los organismos electorales locales, lo cual abre la posibilidad de un margen de intervención de las Legislaturas Locales en la regulación del proceso de fiscalización, a condición desde luego, de que esta normatividad estatal adquiera aplicabilidad en forma excepcional para la recepción de la determinación delegatoria de dicho instituto, observando los siguientes límites:

"a) Sólo tiene obligatoriedad dentro del ámbito espacial estatal; y,

"b) Sólo es vinculante dentro del régimen jurídico interno de la entidad federativa para las autoridades estatales, sin poder imponer ningún tipo de norma o condicionante a las facultades del Instituto Nacional Electoral.

"En efecto, la facultad de fiscalización de partidos y candidatos es una atribución delegable en favor de los organismos públicos electorales locales, conforme a las siguientes normas de la propia N.F.:

"• Artículo 41, base V, apartado C, párrafo segundo, inciso b), de la Constitución Federal, el cual establece que: ‘En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del consejo general, el Instituto Nacional Electoral podrá: ... b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del apartado B de esta base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento.’

"• Artículo 41, base V, apartado B, último párrafo, de la Constitución Federal, el cual establece que: ‘En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.’

"Consecuentemente, con apoyo en estas disposiciones constitucionales, las Legislaturas de los Estados se encuentran autorizadas para establecer la normatividad para el caso en que opere en favor del organismo electoral local la delegación de la facultad fiscalizadora de partidos y candidatos, tal como acontece en la especie, porque las normas controvertidas tienen como condición de aplicación la existencia de dicha delegación y, por tanto, no hay la supuesta invasión que alega el partido actor, siempre y cuando su obligatoriedad se limite al territorial estatal sin generar obligaciones a cargo del Instituto Nacional Electoral.

"Similar criterio sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014, en su sesión pública correspondiente al 2 de octubre de 2014, en la cual, al examinar la legislación electoral del Estado de Nuevo León, estableció lo siguiente: (se transcribe)

"El asunto anterior se aprobó, en la parte que interesa, conforme a la siguiente votación: (se transcribe)

"A igual conclusión arribó este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 90/2014, en su sesión pública correspondiente al 2 de octubre de 2014, en la cual, al examinar también la legislación electoral del Estado de Nuevo León, sostuvo lo siguiente: (se transcribe)

"El asunto anterior, en los temas que interesan, se aprobó en los siguientes términos: (se transcribe)

"Finalmente, la interpretación anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso g), del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en cuanto señala que el Congreso de la Unión, al expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Federal, establecería, entre otras previsiones legales, un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, en los siguientes términos:

"‘Segundo.’ (se transcribe)

"Con base en lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos dispuso, en relación con el tema de la delegación de sus facultades fiscalizadoras, lo siguiente:

"‘Artículo 8.’ (se transcribe)

"‘Artículo 25.’ (se transcribe)

"Por último, conviene precisar que lo dispuesto en la fracción III del artículo 4o. de la Constitución Política del Estado de Puebla, en el sentido de que: ‘El código de la materia deberá de instituir las bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales del Estado en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos que señala la Constitución Federal y las leyes en la materia.’; debe interpretarse en el sentido de que esta facultad sólo autoriza al legislador local para prever bases de coordinación obligatorias exclusivamente para las autoridades estatales, y con el único objeto de brindar operatividad y eficacia a los lineamientos que dicte el Instituto Nacional Electoral al delegar, en su caso, sus facultades de fiscalización, por lo que este instituto no queda vinculado a ninguna norma que se dicte con base en el precepto antes transcrito.

"En estas condiciones, se reconoce la validez de los artículos 3o., fracción II, párrafos último y penúltimo; y 4o., fracciones II, penúltimo párrafo; y III, párrafo primero, ambos de la Constitución Política del Estado de Puebla."

Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno determina que el concepto de invalidez es parcialmente fundado, pues, en primer término, observando el precedente referido, debe decirse que el Congreso del Estado de Tlaxcala se encuentra autorizado para establecer la normatividad para el caso de que opere en favor del organismo electoral local, la delegación de la facultad fiscalizadora a partidos políticos, tal como acontece en la especie, pues, claramente, el artículo 117, en su primer párrafo, de la Ley de Partidos Políticos impugnada, se reconoce que es facultad del Instituto Nacional Electoral la fiscalización a los recursos de los partidos políticos, así como se hace referencia expresamente a que éste podrá delegarla al instituto electoral local, en los términos previstos en la ley general, por lo que la regulación combatida no significa una supuesta invasión de esfera competencial, siempre y cuando, desde luego, la obligatoriedad que ahí se establece se limite al territorio estatal, sin generar obligaciones a cargo del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, en este sentido, el artículo 117, sí contiene un vicio de inconstitucionalidad, cuando prevé que en cualquiera de los dos casos, es decir, que fiscalice el Instituto Nacional o local, la fiscalización se sujetará a las disposiciones que contiene ese precepto y todo el título noveno, "De fiscalización de partidos políticos". Ver votación 9

En efecto, el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala prevé lo siguiente: "La fiscalización a los recursos de que disponen los partidos políticos es facultad del Instituto Nacional, pero éste podrá delegarla al instituto por acuerdo del consejo general de aquel en los términos previstos por la ley general. En cualquiera de los dos casos la fiscalización se sujetará a las disposiciones siguientes: ..."; este último apartado que se destaca, resulta inconstitucional, en virtud de que en el precedente transcrito de la acción 77/2015 y su acumulada 78/2015, claramente se precisó que la normatividad que en su caso emitan las entidades federativas no debe implicar vinculación para el instituto Nacional Electoral, es decir, claramente se expresó que ese instituto no queda vinculado a ninguna norma que se dicte en materia de fiscalización, porque sólo rige en el régimen jurídico interno de la entidad federativa para las autoridades estatales, sin poder imponer ningún tipo de norma o condicionante a las facultades del Instituto Nacional.

Por tanto, si el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala establece que la disposiciones en materia de fiscalización se observarán tanto en el caso de que ese acto lo lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral o el instituto local, ello significa que se trata de una regla inconstitucional, pues observando el criterio sustentado en el precedente ya invocado, es válida la emisión de preceptos en materia de fiscalización, en la medida de que se entiendan referidos al supuesto en que opere en favor del organismo electoral local la delegación de la facultad fiscalizadora de partidos políticos, sin que ello implique que deba observarlas el Instituto Nacional Electoral o que le serán aplicables cuando él lleve a cabo la fiscalización.

En ese tenor, ha lugar a declarar la validez de los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala. Con excepción de lo establecido en la última parte del primer párrafo del artículo 117 de la ley combatida, esto es, se entiende expulsado del sistema normativo de la entidad, la hipótesis siguiente: "En cualquiera de los dos casos la fiscalización se sujetará a las disposiciones siguientes: ..."

Lo que implica que la normatividad indicada, incluida desde luego, las distintas fracciones de ese artículo 117, sólo rige en el caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue en el Instituto Estatal Electoral la facultad de fiscalización a partidos políticos.

El Partido de la Revolución Democrática aduce que es inconstitucional el artículo 131 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, ya que prevé que los partidos de nuevo registro o acreditación no podrán convenir, entre otros, coaliciones con otro partido político antes de la conclusión del primer proceso electoral local inmediato posterior a su registro o acreditación según corresponda, lo que aduce, invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, porque el Congreso Local está reglamentando la base constitucional contenida en el segundo transitorio, fracción I, inciso f), numeral 5, del decreto de reforma a la Constitución Federal de diez de febrero de dos mil catorce, en la cual, el Poder Reformador determinó que sería materia de regulación en la Ley General de Partidos Políticos lo relativo a las coaliciones y, concretamente, la previsión consistente en que el primer proceso electoral en el que participa un partido político no podrá coaligarse. Por tanto, el Congreso del Estado de Tlaxcala invadió la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, razón por la cual, es procedente declarar la invalidez de la norma impugnada.

El artículo combatido se reproduce a continuación:

"Artículo 131. Los partidos de nuevo registro o acreditación no podrán convenir frentes, coaliciones, candidaturas comunes o fusiones con otro partido político antes de la conclusión del primer proceso electoral local inmediato posterior a su registro o acreditación según corresponda."

Al respecto, debe decirse que asiste la razón al partido político actor, ya que este Tribunal Pleno ha emitido criterio, en el sentido de que las entidades federativas no se encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

En efecto, para dar respuesta al argumento que nos ocupa, se observarán las consideraciones sustentadas, al resolver la acción de inconstitucionalidad 42/2015 y sus acumuladas 43/2015 y 44/2015.(13)

En este sentido, es necesario precisar que el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que es facultad del Congreso de la Unión expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y los Estados en lo relativo a los partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases establecidas en la propia Ley Fundamental.(14)

En relación con lo apuntado, y en lo que ahora interesa destacar, el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Federal de diez de febrero de dos mil catorce, determina que en la ley general que regule a los partidos políticos nacionales y locales se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos federales y locales. Esa disposición es del tenor siguiente:

"Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

"I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:

"...

"f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:

"1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales;

"2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas;

"3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral;

"4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;

"5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse. ..."(15)

Ahora bien, en relación con las cuestiones relativas a la figura de las coaliciones, también se debe tener presente que, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,(16) en sesión de nueve de septiembre de dos mil catorce, este Tribunal Pleno determinó que con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, y el diverso segundo transitorio, fracción I, inciso f), del decreto de reforma de diez de febrero de dos mil catorce, las entidades federativas no se encuentran facultadas para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones. Este criterio de incompetencia de los legisladores locales se reiteró en diversos precedentes posteriores en los que se desestimaban las impugnaciones, ya que únicamente se alcanzaba una mayoría de siete votos; sin embargo, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014, en sesión de nueve de junio de dos mil quince, estas razones ya obtuvieron una votación idónea de ocho votos para declarar la invalidez respectiva.(17)

En los citados precedentes se indicó que las Legislaturas Locales, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, tienen atribución para legislar respecto de esa figura, pues el deber de adecuar su marco jurídico ordenado por el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la normativa referida, no requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local, si se considera que la citada ley es de observancia general en todo el territorio nacional.

También es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 85, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos, que prevé lo siguiente:

"Artículo 85.

"...

"4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda."

De este modo, aplicando los precedentes citados, se concluye que el artículo 131 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, resulta inconstitucional, tal como lo hace valer el partido promovente en su concepto de invalidez, ya que el órgano legislativo local no se encuentra facultado para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, pues de acuerdo con el criterio de este Tribunal Pleno, no se asignó a las entidades federativas facultad alguna para legislar en torno a los aspectos que, en materia de coaliciones, enumeró la norma de tránsito indicada con antelación, pues ésta es clara en ordenar que corresponde al legislador federal el establecimiento de un sistema uniforme para los procesos electorales federales y locales en materia de coaliciones.

Sobre todo, si se toma en cuenta que el supuesto normativo que se contiene en el precepto que nos ocupa, ya se encuentra expresamente regulado como consecuencia de lo que ordenó el Poder Reformador, en el artículo 85, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos.

Por tanto, si el artículo 131 impugnado dispone que los partidos de nuevo registro o acreditación no podrán convenir entre otras formas asociativas, coaliciones, con otro partido político antes de la conclusión del primer proceso electoral local inmediato posterior a su registro o acreditación, debe concluirse que dicha disposición es inconstitucional, en virtud de que el Congreso Local no tiene facultades para legislar al respecto, es decir, no existe competencia residual de los Estados en cuanto a este tópico.

En efecto, si por disposición transitoria de un decreto de reforma constitucional se determinó que será en ley general en la que se regule este aspecto del proceso electoral, debe concluirse que las entidades federativas no pueden reproducir ni, mucho menos, contrariar lo que ha sido previsto en ella, por tratarse de un régimen excepcional en el que sólo cuentan con competencia residual para normar los aspectos que no hayan sido previstos en la propia legislación general y, por tanto, en los tópicos que ya hayan sido abordados por ella, claramente, no tendrán libertad configurativa, pues deben sujetarse a lo que ésta prevé.

De acuerdo a lo razonado y toda vez que, por disposición constitucional el régimen de coaliciones debe ser regulado por el Congreso de la Unión, lo que implica que el Congreso del Estado de Tlaxcala no podía legislar sobre ese particular, procede declarar la invalidez del artículo 131 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, sólo por cuanto se refiere a la figura de las coaliciones.

Cabe agregar, según se expresó en el considerando noveno de esta ejecutoria, que de acuerdo con el artículo 41, fracción IV, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en acción de inconstitucionalidad deberán contener sus alcances y efectos, así como permite que cuando en ésta se declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas disposiciones que guarden una relación de dependencia con la declarada inconstitucional.

Por ello, en virtud de la declaratoria de invalidez a que se refiere este considerando, ésta se debe hacer extensiva al artículo 50, fracción VI, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala,(18) en virtud de que prevé como derecho de los partidos políticos, entre otros, el de formar "coaliciones", por lo que observando el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, por vía de consecuencia, se declara la invalidez de esa disposición sólo en la porción normativa que indica "coaliciones".

El partido político argumenta que son inconstitucionales los artículos 130, fracción II, 137, fracciones II y V, y 138, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, porque, sustancialmente, regulan la figura de la candidatura común, ordenando que para proceder dicha figura se requiere un convenio entre partidos políticos que contenga, entre otras exigencias, el emblema común de los partidos políticos y el color o colores con los que participen, así como la forma en que se asignarán los votos para efectos de la conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento público, y nada dicen respecto de la asignación de diputados de representación proporcional.

Que en la acción de inconstitucionalidad 69/2015 y sus acumuladas, el mismo partido político combatió la constitucionalidad del artículo 95 de la Constitución del Estado de Tlaxcala, concretamente, los párrafos décimo octavo y décimo noveno relativos, precisamente, al establecimiento de una forma de asociación de los partidos políticos para la postulación de candidaturas comunes, disposición que es contraria a la Constitución Federal y a la Ley General de Partidos Políticos, en cuanto al régimen de coaliciones y la utilización fraudulenta de la candidatura común, y que en obvio de repeticiones innecesarias solicita que se tenga por reproducido el concepto de invalidez hecho valer en la acción referida.

Que los preceptos impugnados, tanto de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, como el artículo 95 de su Constitución Local, contienen los mismos elementos que antes se establecían para la figura de las coaliciones, es decir, la suscripción de un convenio, la existencia de un emblema y color o colores comunes y la forma de asignación de votos, y que este aspecto de asignación de votos mediante convenio trastoca la libertad del sufragio, en virtud de que el elector verá manipulado su voto, porque su libertad de voto estará supeditada a un convenio entre partidos y, por tanto, no hay respeto a la voluntad ciudadana; es decir, a lo largo de los últimos veinticinco años, el convenio entre partidos para competir coaligados con emblema y colores comunes, así como determinando la asignación de votos para efectos de conservación de registro y de financiamiento público, es un acuerdo que ha sido catalogado como un atentado a la libertad del sufragio, lo que ha provocado que dichos requisitos previstos en distintas leyes electorales hayan sido derogados con base en criterios sustentados por la Suprema Corte; sin embargo, con la legislación combatida, esos elementos que para las coaliciones atentan en contra de la libertad del voto, pretenden ser válidos con las nuevas formas de participación denominadas candidaturas comunes, pues a través de ellas se permite el convenio entre partidos para participar con un emblema y colores comunes, así como el acuerdo para la asignación de votos para efectos de mantener su registro y para el otorgamiento de financiamiento.

Por ello, aduce, de mantenerse la validez de los preceptos combatidos, se estaría atentando en contra de la libertad del sufragio; independientemente de que la forma de participación opere en coalición o en candidatura común, si se permite que los partidos acuerden cómo asignarse votos, pues con ello se afecta la libertad del ciudadano de decidir por cual partido votar; en otras palabras, el voto de los gobernados no puede estar supeditado a un convenio entre partidos, y éstos no pueden determinar a qué partido se le asignan votos, pues ello equivale a manipular la voluntad del elector.

También argumenta que la expresión del voto ciudadano debe ser respetado, lo que implica que, por ningún concepto tiene que ser transferido a través de un convenio entre partidos como lo permiten las disposiciones combatidas, lo que así prevé el artículo 7, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir que, el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que si se constriñe a los ciudadanos a votar por diversos partidos con un emblema y color o colores comunes, ello significa que su voto será transferible y, por tanto, violatorio de la libre decisión electoral, pues la propia ley estará obligando a los electores a votar por partidos que no son de su preferencia aunque el candidato común si lo sea, por lo que claramente se violan los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, ya que es indebida la regla de transferencia de votos.

Los artículos 130, fracción II, 137, fracciones II y V y 138, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, se reproducen a continuación:

"Artículo 130. Los partidos políticos podrán constituir:

"...

"II. Candidaturas comunes entre dos o más partidos políticos, con relación a un mismo candidato, para determinado tipo de elección y usando un emblema común."

"Artículo 137. Los partidos políticos deberán suscribir un convenio de candidatura común el cual deberá contener:

"...

"II. Emblema común de los partidos políticos y el color o colores con los que se participe;

"...

"V. La forma en que se asignarán los votos de cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común, para efectos de la conservación del registro y el otorgamiento del financiamiento público."

"Artículo 138. El consejo general del instituto dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud del registro del convenio común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia del mismo, mandando publicar su resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

"...

"Los votos que se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Consejo General.

"En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos."

Esos preceptos establecen, respectivamente, que los partidos políticos podrán constituir candidaturas comunes entre dos o más partidos políticos, con relación a un mismo candidato, para determinado tipo de elección y usando un emblema común; que el convenio de candidatura común deberá contener entre otros elementos, el emblema común de los partidos políticos y el color o colores con los que se participe, así como la forma en que se asignarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común, para efectos de la conservación del registro y el otorgamiento del financiamiento público; y que los votos que se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio referido registrado ante el Consejo General; así como que en la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos.

Por otro lado, es importante señalar que este Tribunal Pleno en distintos precedentes en los que ha analizado la figura de las candidaturas comunes, la ha definido como la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, lista o fórmula, cumpliendo los requisitos que en cada legislación se establezcan. Que la coalición y la candidatura común tienen como rasgo compartido que son la unión temporal de dos o más partidos políticos con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral, presentando la misma candidatura para maximizar sus posibilidades de triunfo, con la diferencia de que tratándose de candidaturas comunes únicamente se pacta la postulación del mismo candidato; en cambio, en la coalición la reunión de los partidos políticos equivale a que participan como si fuera uno solo, lo que influye por ejemplo, en las prerrogativas que les son propias.(19)

Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas,(20) este Tribunal Pleno reconoció que si bien la candidatura común y la coalición constituyen mecanismos mediante los cuales es posible que dos o más partidos políticos puedan postular a los mismos candidatos, una y otra figura tienen importantes diferencias. En las candidaturas comunes, la oferta política al electorado de cada uno de los partidos políticos que participan no tiene que ser uniforme, mientras que en las coaliciones los partidos políticos que se coaligan, no obstante las diferencias que pueda haber entre ellos, llegan a un acuerdo con el objeto de proponer al electorado una propuesta política identificable; en cambio, en el caso de los candidatos comunes, cada partido político continúa sosteniendo su propia plataforma electoral, sin tener necesariamente que formular una de carácter común.

Ahora bien, el partido político en el concepto de invalidez, se duele sustancialmente de que las porciones normativas controvertidas violan la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto, en virtud de que permiten la transferencia o asignación de votos mediante el convenio de candidatura común, cuando esto es una práctica prohibida en la figura de las coaliciones y que de alguna forma para evitar esa prohibición, la legislación combatida permite la transferencia y asignación de votos con el pretexto de la existencia de una candidatura común.

Al respecto, es necesario referirnos a lo determinado por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 59/2014,(21) en la cual se analizó una regla de similar contenido al que ahora nos ocupa, prevista en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; en la sentencia respectiva se sostuvo lo siguiente:

"b) Artículo 176, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

"El promovente impugnó el artículo citado, por contravenir lo dispuesto por el artículo 87, párrafo 10, de la Ley General de Partidos Políticos y autorizar la transferencia de votos entre los partidos que contienden en una elección bajo la figura de la candidatura común.

"El precepto que se combate a la letra establece:

"‘Artículo 176.’ (se transcribe)

"Como se advierte, la norma impugnada prevé reglas de cómputo y distribución de los votos respecto de candidaturas comunes, forma de participación o asociación de partidos políticos con el fin de postular candidatos que las entidades federativas pueden establecer en sus Constituciones Locales, de conformidad con el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos (cuya constitucionalidad ha sido reconocida en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014).

"En este sentido, aun cuando las entidades federativas gozan de libertad de configuración para regular otras formas de participación o asociación de los partidos, distintas de los frentes, las fusiones y las coaliciones -regulados en la Ley General de Partidos Políticos-, ésta no es irrestricta, pues deben observar los parámetros constitucionales que permitan el cumplimiento de los fines de los partidos políticos como entidades de interés público, en términos del artículo 41, base I, de la N.F., a saber, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

"En el caso concreto, la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en su artículo 36, fracción IX, contempla la existencia de las candidaturas comunes, delegando en el legislador local el establecimiento de las reglas a que se sujetarán:

"(se transcribe)

"Al respecto, la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en su título décimo primero, capítulo único ‘De las candidaturas comunes, frentes, fusiones y coaliciones’, específicamente, en los artículos 174 a 176, regula la figura bajo análisis, destacando, en lo que interesa, las siguientes disposiciones:

"1. Los partidos con registro pueden postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de Ayuntamientos, para lo cual deben celebrar un convenio firmado por sus representantes y dirigentes y presentarlo para su registro ante el Instituto Estatal Electoral hasta cinco días antes del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate (artículo 174, párrafo primero).

"2. El convenio debe contener, entre otros, el nombre de los partidos que conforman la candidatura común, así como el tipo de elección de que se trate; el emblema común de los partidos que la integran y el color o colores con que se participa; y la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos que la postulan, para efectos de conservación del registro y otorgamiento de financiamiento público (artículo 174, párrafo cuarto, fracciones I, II y V).

"3. Al convenio debe anexarse la documentación que acredite que los partidos políticos postulantes del candidato común entregaron en tiempo y forma su plataforma a la autoridad electoral (artículo 175, fracción I).

"4. El consejo general del instituto Estatal Electoral, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio, debe pronunciarse sobre su procedencia y publicar su resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (artículo 176, párrafo primero).

"5. Los partidos que postulen candidatos comunes no pueden postular candidatos propios, ni de otros partidos, para la elección que convinieron la candidatura común (artículo 176, párrafo segundo).

"6. En la boleta electoral debe aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos (artículo 176, párrafo quinto).

"Ahora bien, al resolver la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, este Tribunal Pleno definió a la candidatura común como la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, lista o fórmula, cumpliendo los requisitos que en cada legislación se establezcan; así también, se le distinguió de la coalición, señalando que, mientras en ésta, los partidos, no obstante las diferencias que pueda haber entre ellos, deben llegar a un acuerdo con objeto de ofrecer al electorado una propuesta política identificable, en aquélla, cada partido continúa sosteniendo su propia plataforma electoral, sin tener que formular una de carácter común (lo que, en la especie, sí se exige, como se refirió en el punto 3 anterior).

"Con independencia de lo anterior, a diferencia de lo que se establece respecto de coaliciones en el artículo 87, párrafo 12, de la Ley General de Partidos Políticos, en el sentido de que cada uno de los partidos coaligados aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral; en el artículo 176, párrafo quinto, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se prevé que, en candidatura común, aparezca en un mismo espacio de la boleta el emblema conjunto de los partidos que contiendan bajo esta modalidad (como se indicó en el punto 6 anterior).

"De este modo, si el elector marca el emblema conjunto de los partidos políticos que conforman la candidatura común, no existirá duda sobre su voluntad de apoyar tanto al candidato como a los partidos que lo postularon; sin que pueda, por tanto, manipularse su voto, a efecto de otorgar indebidamente a un partido los sufragios necesarios para conservar el registro y acceder a la prerrogativa de financiamiento.

"En este orden de ideas, para efectos del reparto de los votos emitidos a favor de la candidatura común entre los partidos que la integran, no puede sino estarse a los términos del convenio que éstos hubiesen celebrado y que el Instituto Estatal Electoral haya aprobado y publicado en el Boletín Oficial Local, con objeto de que la ciudadanía conozca la forma como se distribuirán los sufragios en caso de que decida votar por la candidatura común.

"De lo anterior, se advierte que, contrario a lo manifestado por el accionante, las reglas establecidas por el legislador local respecto de la candidatura común se enmarcan dentro del ejercicio de su libertad de configuración en materia electoral y no violan precepto constitucional alguno, pues se respeta la decisión del elector, quien no vota por un partido identificado individualmente, sino por la candidatura común, y se encuentra en posibilidad de saber que su voto, en todo caso, tendrá efectos conforme a la ley y al convenio que hubiesen celebrado los partidos políticos postulantes, lo cual garantiza certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral.

"Además, no se genera inequidad en la contienda, pues todos los partidos se encuentran en aptitud de participar bajo esta modalidad -lo cual obedecerá a razones de oportunidad y estrategia política de cada uno de ellos-, al tiempo que obligados a alcanzar el porcentaje mínimo de votación que se requiere para conservar el registro y acceder a prerrogativas que, en Baja California Sur, es el tres por ciento de la votación válida emitida.

"Así pues, la justificación de la norma impugnada estriba en la determinación sobre la procedencia o no del registro del convenio de candidatura común que debe hacer el Instituto Electoral del Estado; en la publicación del mismo en el medio oficial de difusión local para conocimiento de los electores; y en la necesidad de otorgar plenos efectos al voto emitido a favor de la candidatura común, no sólo en beneficio del candidato, sino también de los partidos que la conforman, en cuanto a la conservación de registro y el acceso, en particular, a la prerrogativa de financiamiento.

"Similares consideraciones se sostuvieron por este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 129/2008 y su acumulada 131/2008, que, aunque se refiere a coaliciones locales, comparte con la que nos ocupa la premisa básica del emblema común de los partidos políticos que intervienen en el proceso electoral bajo una forma de asociación; a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad 6/98, 61/2008 y sus acumuladas y 118/2008, invocadas por el promovente, que presuponen la aparición en la boleta electoral del emblema por separado de cada uno de los partidos coaligados, cuyas razones, por lo mismo, no son aplicables.

"Por consiguiente, debe reconocerse la validez del artículo 176, párrafo cuarto, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, al haber resultado infundados los argumentos hechos valer por el accionante. ..."

Las consideraciones sustentadas en el precedente transcrito orientan la resolución del asunto que nos ocupa y, por tanto, no asiste la razón al partido político, pues rige el criterio ahí fijado, es decir, que reglas como las combatidas se enmarcan dentro del ejercicio de libertad de configuración legislativa que corresponde a las entidades federativas, por lo que no violan los preceptos constitucionales a que se refiere el actor, es decir, el hecho de que los partidos políticos compitan por medio de una candidatura común, en cuyo convenio se acuerde que aparecerán con emblema común y el color o los colores con los que participen, pero sobre todo que en dicho convenio se establecerá la forma en que se asignarán los votos de cada uno de los partidos que postulan la candidatura común, no resulta inconstitucional, ya que se entiende que se respeta la decisión del elector, quien no vota por un partido identificado individualmente, sino por la candidatura común, y se encuentra en posibilidad de saber que su voto, en todo caso, tendrá efectos conforme a la ley y al convenio que hubiesen celebrado los partidos políticos postulantes, lo que desde luego, garantiza certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral, pero sobre todo, implica respeto al voto de los ciudadanos, ya que la forma en la que los partidos en candidatura común, aparecen en la boleta, les demuestra que votan por un candidato que no sólo es postulado por un instituto político, por tanto, se respeta la decisión ciudadana.

No afecta a esta conclusión, lo aducido por el partido político en el sentido de que, por medio de la acción de inconstitucionalidad 69/2015 y sus acumuladas, planteó la inconstitucionalidad del artículo 95, párrafos décimo octavo y décimo noveno, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, en virtud de que contienen similar vicio al que ahora menciona, por lo que solicita tener por reproducidos los argumentos hechos valer en esa demanda.

Lo anterior es así, pues como lo reconoce el partido político, en su momento combatió el precepto constitucional, cuyo vicio pretende ahora reiterar, lo que ya fue materia de pronunciamiento por este Alto Tribunal, al resolver el expediente citado, en el que se concluyó que el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, párrafos décimo noveno y vigésimo (antes décimo octavo y décimo noveno), no es inconstitucional, porque la regulación de los requisitos y lineamientos para la postulación de candidaturas comunes y la forma del cómputo de sus votos queda bajo el amparo de la libre configuración legislativa del Congreso Local.

En la ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad 69/2015 y sus acumuladas 71/2015 y 73/2015, se sostuvo al respecto, lo siguiente:

"Este Tribunal Pleno estima que el artículo 95, párrafos décimo noveno y vigésimo (antes décimo octavo y décimo noveno), de la Constitución de Tlaxcala son constitucionales, toda vez que la regulación de los requisitos y lineamientos para la postulación de candidaturas comunes y la forma del cómputo de sus votos queda bajo el amparo de la libre configuración legislativa del Congreso Local. Ello, en aras de respetar el artículo 116 de la Constitución Federal y los principios de certeza y de libertad de sufragio.

"Como se ha dicho esta conclusión tiene sustento en los precedentes de esta Suprema Corte las acciones de inconstitucionalidad 59/2014 y 17/2015 y su acumulada. Con base en estos precedentes, esta Suprema Corte considera que no existe vicio de constitucionalidad alguno de la norma reclamada: primero, porque bajo el principio de libertad configurativa se permite que los Estados de la República regulen la figura de candidaturas comunes y lo hagan a través de convenios aprobados por los órganos electorales locales; segundo, debido a que tampoco se afectan los principios de certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral, al amparar esa libertad configurativa la posibilidad de que los convenios contengan las reglas sobre la distribución de los votos a favor de un candidato en común para los partidos políticos postulantes, y tercero, dado que se respeta la voluntad del elector en relación con los efectos de su voto para los partidos políticos y su representatividad en el Congreso, al tener previo conocimiento de los mecanismos de distribución con base en un convenio previo.

"Finalmente, se estima que la reforma al artículo 95, párrafos décimo noveno y vigésimo (antes décimo octavo y décimo noveno), de la Constitución de Tlaxcala tienen fundamento en el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos. Y si bien su motivación no fue expresa eso no los hace inconstitucionales. Sirve de apoyo la tesis P. C/97, de rubro y texto: ‘PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO.’ ..."

En consecuencia, ha lugar a reconocer la validez de los artículos 130, fracción II, 137, fracciones II y V y 138, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala.

El Partido de la Revolución Democrática combate el párrafo cuarto del artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, porque en su opinión viola los artículos 1o. y 41, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal, que prevén la paridad de género en materia electoral y prohíben la discriminación por cuestiones de género, por lo que exigen que debe garantizarse dicha paridad en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular, tanto federales, locales, como municipales, lo que encuentra respaldo en distintas jurisprudencias emitidas por la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconocen la obligación de observar la paridad de género en la postulación de candidaturas.

También señala en apoyo de sus argumentos, lo considerado por la Suprema Corte en el sentido de reconocer la necesidad de implementar acciones afirmativas que favorezcan la integración paritaria de los órganos de representación, es decir, que conduzcan a candidaturas efectivas y no al cumplimiento de una mera formalidad, según se sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.

Agrega que conforme a esas disposiciones constitucionales y criterios referidos, se evidencia la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, que establece que los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la igualdad de género en proporciones de 50% (cincuenta por ciento) en candidaturas propietarias y suplentes en las elecciones ordinarias y extraordinarias de diputados locales y de Ayuntamientos; así como que ningún partido o coalición excederá del 50% (cincuenta por ciento) de candidatos de un mismo género, a excepción de los que sean producto de procesos de selección interna por medio de la consulta directa, esto es, la norma prevé una excepción en la garantía que deben dar los partidos a la paridad de género en las candidaturas a diputados locales y Ayuntamientos en Tlaxcala, lo que resulta inconstitucional porque atenta contra el derecho humano de no discriminación por cuestiones de género previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, así como con lo establecido en el diverso 41 de la misma Constitución, pues la medida no permite que la paridad de género sea efectiva al contemplar una excepción que permite un manejo parcial de los porcentajes de candidatos que, por cada género debe postular un partido político; es decir, la disposición propicia que los institutos políticos busquen generar la excepción que permite, con el pretexto de que se trata de una selección interna por medio de una consulta directa, lo que se traduce en un fraude a la ley, pues con ello se evita respetar la regla de paridad de género que exige la Constitución Federal, la que para ser efectiva no puede estar sujeta a excepciones.

El artículo 10, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, es del tenor siguiente:

"Artículo 10. Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la igualdad de género en proporciones de cincuenta por ciento en candidaturas propietarias y suplentes en las elecciones ordinarias y extraordinarias de diputados locales y de Ayuntamientos; del mismo modo, dicha igualdad deberán cumplir las planillas de candidatos independientes a los Ayuntamientos.

"Las fórmulas de candidatos deberán ser integradas por personas del mismo género.

"Las listas por el principio de representación proporcional se integrarán de manera alternada con candidaturas de género distinto.

"Ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género, a excepción de los que sean producto de procesos de selección interna por medio de la consulta directa."

Por otro lado, los artículos 1o., último párrafo y 41, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente:

"Artículo 1o. ...

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

"...

"I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

"Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas (sic) la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

"Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

"Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. ..."

De las disposiciones transcritas destaca la prohibición de discriminación por razón de género; así como que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, entre otras obligaciones, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

También es importante acudir a lo sustentado por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 47/2015(22) que, en el tema de paridad de género, determinó lo siguiente:

"Al resolverse la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014; así como la diversa 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014 este Tribunal Pleno fijó el marco constitucional sobre paridad de género en materia electoral, en lo que importa destacar las siguientes consideraciones fundamentales:

"El principio de paridad de género contenido en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 constitucional establece un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, un derecho humano que el legislador deberá tomar en cuenta al diseñar las reglas para la presentación de candidaturas tanto para legisladores federales como locales.

"Como un concepto previo a la paridad, se encuentra el de igualdad. La igualdad tiene dos aspectos, uno formal que implica la igualdad en la ley y ante la ley; y uno sustancial, que puede transformarse en una discriminación indirecta o de resultados. Mientras la primera se refiere a las normas generales que deben garantizar la igualdad y a la posibilidad de revisar aquellas que se consideren discriminatorias; la segunda, trata acerca de los impactos de la norma en la realidad.

"La igualdad sustancial se trata de un principio que implica un mandato de optimización a los poderes públicos para ser realizado en la medida de sus posibilidades; es decir, se trata de una razón prima facie que puede ser desplazada por otras razones opuestas.

"La incorporación de la ‘paridad’ a nivel constitucional, fue un resultado de la necesidad de implementar acciones y diseñar fórmulas que generaran condiciones que permitieran el igual disfrute y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, con los que se hicieran efectivos los principios de igualdad previstos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

"De esta forma, el Estado está obligado a hacer efectiva la representación como una dimensión política de la justicia que hace posible la participación, en condiciones de igualdad, en la deliberación pública mediante la cual se define el marco de referencia de la justicia, y la forma en que los derechos serán garantizados y protegidos.

"Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso C.G. vs. Estados Unidos Mexicanos, afirmó que el párrafo 1 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce a todos los ciudadanos el derecho de acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

"Para el debido cumplimiento de dicho mandato, es factible el establecimiento de acciones afirmativas, las cuales son medidas de carácter administrativo y/o legislativo que implican un tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra en desventaja o es discriminado, y que, por su naturaleza deben ser de carácter temporal, hasta en tanto se repare la situación que se pretende corregir, pues una vez que se haya logrado el objetivo de igualdad, el trato diferenciado debe desaparecer.

"En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en el artículo 7 obliga a la adopción de medidas tendentes a eliminar la discriminación de la mujer en la vida política y pública del país, y garantizar en igualdad de condiciones con los hombres, ser elegibles para todos los organismos integrados mediante elecciones públicas.

"A su vez, en la recomendación general 23 elaborada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por lo que hace a la toma de acciones afirmativas para lograr la participación de la mujer en la vida pública, ha señalado que:

"(se transcribe)

"De igual forma, dicho comité al emitir la recomendación general número 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la convención, en relación con la necesidad de la adopción de medidas temporales para lograr una igualdad sustantiva, señaló la exigencia de generar una estrategia que corrija la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer. Esta igualdad se alcanzará cuando las mujeres disfruten de derechos en proporciones casi iguales que los hombres, en que tengan los mismos niveles de ingresos y que haya igualdad en la adopción de decisiones y en la influencia política.

"Este derecho constituye un mandato de optimización, por lo que en la medida en que no sea desplazado por una razón opuesta (otro principio rector en materia electoral, como lo serían el democrático o la efectividad del sufragio), el principio de paridad será la medida para garantizar la igualdad sustancial entre los géneros, tanto en las candidaturas como en la integración de los órganos de representación.

"En suma, la paridad constituye una de las estrategias orientadas a combatir los resultados de la discriminación histórica y estructural que ha discriminado y mantenido a las mujeres al margen de los espacios públicos de deliberación y toma de decisiones para asegurar la participación política-electoral de las personas, de modo que se garantice su universalidad.

"En tales condiciones, conforme al artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

"A su vez, el artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal publicado el diez de febrero de dos mil catorce, en su fracción II, inciso h), indica que el Congreso de la Unión, en la ley general que regule los procedimientos electorales deberá establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

"Derivado de lo anterior, al emitir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Congreso de la Unión previó ciertas directrices relativas al principio de paridad de género -relativas al ámbito local- en los siguientes términos:

"Es un derecho de los ciudadanos y una obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular (artículo 7).

"Es una obligación de los partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales (artículo 25).

"Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (artículo 232, numeral 3).

"El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas y, en caso de que no sean sustituidas, no aceptarán dichos registros (artículo 232, numeral 4).

"Además, cabe señalar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es de observancia general en el territorio nacional y sus disposiciones son aplicables en las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local, por lo que las Constituciones y leyes locales se deben ajustar a lo previsto en ella, en lo que les corresponda.

"Cabe señalar que esta paridad debe entenderse garantizada en el momento de la postulación y registro, tal como expresamente lo indica el artículo 232 en sus numerales 3 y 4, por lo que de existir un procedimiento interno de selección partidaria, éste deberá balancear las exigencias democráticas con las de la paridad de género.

"Conforme a lo anterior, no existe una norma expresa para las entidades federativas, en relación con la conformación de las candidaturas, pero se establece una directriz en el artículo 232, numerales 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad de géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular, para la integración de los órganos de representación; y que los institutos electorales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas.

"De manera residual, las entidades federativas tienen competencia para legislar en materia de paridad de género, sin obligación de regular en los mismos términos que las normas aplicables para las elecciones federales. ..."

De la transcripción que antecede, se desprenden las siguientes consideraciones sustanciales:

1. Que el principio de paridad de género contenido en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 constitucional establece un principio de igualdad sustantiva en materia electoral, un derecho humano que el legislador deberá tomar en cuenta, al diseñar las reglas para la presentación de candidaturas tanto para legisladores federales como locales.

2. La incorporación de la "paridad" a nivel constitucional, fue resultado de la necesidad de implementar acciones y diseñar fórmulas que generaran condiciones que permitieran el igual disfrute y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, con los que se hicieran efectivos los principios de igualdad previstos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

3. Que la paridad constituye una de las estrategias orientadas a combatir los resultados de la discriminación histórica y estructural que ha discriminado y mantenido a las mujeres, al margen de los espacios públicos de deliberación y toma de decisiones para asegurar la participación política-electoral de las personas, de modo que se garantice su universalidad.

4. Que no existe una norma expresa para las entidades federativas en relación con la conformación de las candidaturas, pero se establece una directriz en el artículo 232, numerales 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad de géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular, para la integración de los órganos de representación; y que los institutos electorales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas; y,

5. Que de manera residual, las entidades federativas tienen competencia para legislar en materia de paridad de género, sin obligación de regular en los mismos términos que las normas aplicables para las elecciones federales.

Por último, es pertinente tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 95, párrafo décimo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en cuanto prevé que los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones ordinarias de diputados locales y de Ayuntamientos y, que respecto a su número total de candidatos de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del 50% (cincuenta por ciento) de candidatos de un mismo género.

El precepto referido se reproduce a continuación:

"Artículo 95. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el órgano encargado de la organización, dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el apartado A del artículo 29 de esta Constitución; que constituyen una función de carácter público y estatal; es autoridad en la materia, dotada de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los particulares; tiene carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio propios; dispondrá de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y financiera.

"...

"Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones ordinarias de diputados locales y de Ayuntamientos. Con respecto a su número total de candidatos de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género. Cada planilla de candidatos independientes para los Ayuntamientos, garantizará la paridad de género en la misma proporción que no excederá del cincuenta por ciento de un mismo género. ..."

De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que el concepto de invalidez es fundado, pues si bien, el primer párrafo del artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, establece que los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la igualdad de género en proporciones de 50% (cincuenta por ciento) en candidaturas propietarias y suplentes, en las elecciones ordinarias y extraordinarias de diputados locales y de Ayuntamientos; y en su párrafo cuarto dispone que ningún partido político o coalición excederá del 50% (cincuenta por ciento) de candidatos de un mismo género, también lo es que esa regla de paridad termina desconociéndola con la hipótesis final de ese párrafo cuarto, en cuanto prevé una excepción.

En efecto, el párrafo cuarto del artículo 10 de la ley cuestionada prevé que ningún partido político o coalición excederá del 50% (cincuenta por ciento) de candidatos de un mismo género "a excepción de los que sean producto de procesos de selección interna por medio de la consulta directa", lo que significa que abre la posibilidad de que ese 50% (cincuenta por ciento) de candidatos de un mismo género se desconozca como consecuencia de esa excepción, por medio de la cual pueden existir candidatos de un mismo género por más de un 50% (cincuenta por ciento), lo que sin duda provocaría que se dejaría sin efectos la intención del legislador de entregar a cada género un 50% (cincuenta por ciento) de candidaturas y, por ende, implica desconocer la exigencia constitucional consistente en que debe garantizarse la paridad entre géneros.

Máxime que como lo ha reconocido esta Suprema Corte, no sólo la Constitución Federal exige ese respeto al principio de paridad, sino que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es clara en fijar directrices en torno a la paridad de género, que resultan aplicables al ámbito local, según se estableció expresamente en el precedente ya transcrito, que alude a lo dispuesto en el artículo 232 de esa ley general, cuyo numeral 3 ordena que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dicha disposición es del tenor siguiente:

"Artículo 232.

"1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta ley.

"2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

"3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

"4. El instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

"5. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás."

En consecuencia, el concepto de invalidez es fundado, por lo que ha lugar a declarar la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, sólo en la porción normativa que establece: "a excepción de los que sean producto de procesos de selección interna por medio de la consulta directa".

DÉCIMO QUINTO.-Tema 10. Integración del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

El partido político argumenta que es inconstitucional el artículo 27, párrafo primero, fracciones III, V y VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, porque viola el diverso 116, fracción IV, incisos b), c) y g), de la Constitución Federal, pues la disposición se refiere a la integración del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pero su forma de integración transgrede los principios que rigen la función electoral porque colocan en riesgo la autonomía e independencia del órgano.

Que lo anterior es así, porque la fracción III del artículo 27 de la ley combatida prevé que el patrimonio del instituto puede constituirse con donaciones, herencias y legados, lo que pone en riesgo la autonomía e independencia del órgano y lo distrae de sus funciones conforme a los principios rectores que debe observar; sobre todo si se toma en cuenta que el artículo 29 del mismo ordenamiento salvaguarda las citadas bases constitucionales, al garantizar la suficiencia presupuestal de ese órgano electoral, lo que hace innecesaria cualquier previsión patrimonial distinta al presupuesto público. Aunado al hecho de que si bien es un organismo público con autonomía, también lo es que no deja de depender de la administración pública del Estado y, por ello, recibe presupuesto anual, por lo que no se justifica que su patrimonio se integre por medio de donaciones, herencias o legados y, mucho menos, desconocer de quiénes y de dónde provienen dichos recursos.

Que también resultan inconstitucionales las fracciones V y VII del artículo 27 de la ley combatida, en cuanto prevén que el patrimonio del instituto se constituye con las devoluciones del financiamiento público no ejercido o comprobado por los partidos políticos, así como por los ingresos por suspensión o retención de ministraciones a los partidos políticos con motivo de las sanciones impuestas por la presentación de los informes especiales y anuales, ya que el financiamiento determinado para las actividades de los partidos políticos constituye financiamiento público etiquetado y determinado para fines específicos y, por tanto, no forma parte del patrimonio del órgano público local electoral; y, para ello, se debe estar a lo dispuesto en el artículo 31, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone que los recursos presupuestarios destinados al financiamiento de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la ley. Agrega que en el mismo sentido los artículos 23, numeral 1, inciso d), 25, numeral 1, inciso n) y 50 de la Ley General de Partidos Políticos, prevén que el financiamiento de los partidos políticos debe destinarse a los fines para los cuales fue determinado y otorgado.

El artículo 27, párrafo primero, fracciones III, V y VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, es del tenor siguiente:

"Artículo 27. El patrimonio del instituto se destinará únicamente a la consecución de sus fines y el cumplimiento de sus atribuciones y funciones, y estará constituido por:

"I. Los ingresos que perciba conforme a su presupuesto anual;

"II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera con su presupuesto;

"III. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor;

"IV. Los activos recuperados con motivo de la pérdida de registro de partidos políticos estatales y de la cancelación de acreditación de partidos políticos nacionales;

"V. Las devoluciones del financiamiento público no ejercido o comprobado por los partidos políticos;

"VI. Los ingresos por suspensión o retención de ministraciones a los partidos políticos con motivo de las sanciones impuestas por la presentación de los informes especiales y anuales; y

"VII. Todos los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio legal."

El artículo combatido dispone que el patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se destinará únicamente a la consecución de sus fines y el cumplimiento de sus atribuciones y funciones; así como que estará constituido, entre otros, por las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; las devoluciones del financiamiento público no ejercido o comprobado por los partidos políticos; y los ingresos por suspensión o retención de ministraciones a los partidos políticos, con motivo de las sanciones impuestas por la presentación de los informes especiales y anuales.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 41, fracción V, primer párrafo, de la Constitución Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución; y el apartado C de esta fracción, primer párrafo,(23) prevé que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la Constitución, así como enumera las funciones que le son propias.

A su vez, el artículo que se aduce como violado, esto es, el 116, fracción IV, incisos b), c) y g), de la Constitución Federal, prevé lo siguiente:

"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"...

"IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

"...

"b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

"1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

"2o. El consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el consejo general del instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

"3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el consejo general del instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.

"4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

"5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de Magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

"6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

"7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley.

"...

"g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes."

Este precepto constitucional enumera el contenido que las Constituciones y leyes de los Estados deben garantizar en materia electoral; así, se refiere, en primer término, a los principios rectores; en segundo lugar, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones conforme a los siete numerales que se refieren a la integración de los organismos públicos locales electorales, el sistema para su designación, duración en el cargo, así como la competencia para resolver las impugnaciones en contra de los actos que emita; y por último, que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se establezca el procedimiento para su liquidación cuando pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes.

También es importante tener presente que de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el órgano encargado de la organización, dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana, dotado de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los particulares, con carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio propios, que dispondrá de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y financiera; así como que en el cumplimiento de sus atribuciones y la consecución de sus fines, se conducirá en todos sus actos de acuerdo con los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima publicidad.

Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno determina que es parcialmente fundado el concepto de invalidez que se analiza, por las razones que a continuación se exponen: