Ejecutoria num. 2a./J. 169/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 656582009

Ejecutoria num. 2a./J. 169/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 169/2016 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Diciembre del 2016.
Fecha de Publicación: 9 de Diciembre de 2016
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN LOS QUE SE INVOCARON PRECEDENTES EMITIDOS POR LA PROPIA SALA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEJE SIN DEFENSA A LA PARTE QUE LOS FORMULÓ. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA FUNDAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL, ES INNECESARIA LA CITA DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE LA LEY RELATIVA.

 
CONTENIDO

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS E.M.M.I., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y A.P.D.; MAYORÍA DE TRES VOTOS EN RELACIÓN CON EL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. DISIDENTES: M.B. LUNA RAMOS Y J.L.P.. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: N. MONTSERRAT TORRES CONTRERAS.CONSIDERANDO:PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito en temas que, por ser de naturaleza administrativa, corresponden a la materia de su especialidad.SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(4) de la Ley de A. en vigor, ya que se formuló por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existen las contradicciones de tesis denunciadas y, en su caso, los criterios que deben prevalecer, con carácter de jurisprudencias, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan. Antes de exponerlas, cabe precisar que en este asunto se advierten dos posibles temas de contradicción (uno relacionado con la fundamentación de la competencia material de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria y otro, respecto al contenido de los alegatos en el contencioso administrativo federal).Además, es pertinente acotar que en la primera ejecutoria que se relatará se abarcaron ambos temas, como se advierte de lo siguiente:I. Juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 1. La Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, emitió el oficio 500-26-00-03-02-2010-13296, de veinte de diciembre de dos mil diez, a través del cual determinó créditos fiscales por concepto de impuestos: sobre la renta, al valor agregado, al activo, recargos y multas, además del reparto de utilidades a favor de los trabajadores.2. Inconforme, **********, interpuso recurso de revocación, el que se resolvió mediante oficio 600-29-2011-0693, de treinta y uno de mayo de dos mil once, confirmando el acto impugnado.3. Insatisfecha, la contribuyente demandó la nulidad tanto de la resolución emitida en el recurso de revocación, como de la liquidación.Previa remisión del asunto, la Sala Regional del Norte Centro III del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, registró el asunto y dictó la sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:"PRIMERO.-La parte actora **********, PROBÓ PARCIALMENTE SU PRETENSIÓN, en consecuencia; SEGUNDO. se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas, precisadas en el resultando primero de este fallo, para los efectos establecidos en los considerandos quinto, sexto, y parte final del último considerando en esta sentencia. TERCERO.-Notifíquese ..."2. Inconforme con la anterior resolución, la actora promovió el juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, el que concedió el amparo.En relación con el tema del contenido de los alegatos en el juicio contencioso administrativo federal, resolvió lo siguiente:"SÉPTIMO.- ... "En el concepto de violación identificado como tercero, la parte quejosa sostiene que existe infracción al artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque al emitirse la sentencia que se reclama no se consideraron los alegatos que presentó por escrito ante la responsable."... "Pues bien, el artículo 47 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: (se transcribe)"... "Conforme a lo anterior, las S. del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes."... "En el entendido que no basta que la Sala responsable haya dejado de hacer mención formal de los alegatos en su sentencia, pues si en ellos sólo se reiteran conceptos de anulación o se insiste en pruebas ofrecidas y esos temas se estudian en el acto reclamado, la protección federal debe negarse por no existir estado de indefensión."Pero si de dicho análisis advierte que se formularon alegatos de bien probado o aquellos, en los que se controvierten los argumentos de la contestación de la demanda o se objetan o refutan las pruebas ofrecidas por la contraparte, sí deberá concederse la protección federal, para que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y dicte otro en el que se ocupe de esos alegatos, pues en ese caso sí puede variar sustancialmente el sentido de la sentencia."... "En el caso concreto, las actuaciones que integran el juicio de nulidad de origen ... ponen de relieve lo siguiente: "... "d) En proveído del cuatro de septiembre de dos mil doce la autoridad responsable ... determinó hacer del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la fecha en que surtirá efectos la notificación de ese proveído y transcurrido el plazo de diez días e inmediatamente al día siguiente, contarán con un plazo adicional de cinco días para formular alegatos por escrito."e) Con motivo de la decisión anterior, la parte quejosa presentó otro escrito de alegatos ..."Asimismo, acompañó sendas documentales consistentes en los precedentes judiciales a los que aludió en texto de su escrito."f) En proveído del diecinueve de octubre de dos mil doce, se tuvieron por presentados aquéllos."La lectura de la sentencia reclamada pone de relieve que de manera expresa la autoridad responsable no hizo mención a los alegatos, por lo que se estima cierta la omisión apuntada."El análisis de los ... alegatos que se tuvieron por presentados ... pone de relieve que no se expresaron alegatos de bien probado, porque no se recapituló en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Tampoco se controvirtieron argumentos de la contestación de la demanda ni se objetaron o refutaron las pruebas ofrecidas por la contraparte."Por el contrario, aquéllos se concretan a expresar la existencia de precedentes con el propósito de evidenciar que la autoridad responsable se pronunció en asuntos similares al caso concreto en determinado sentido que la actora estima le es favorable; y a reiterar (en el primero) conceptos de anulación."Luego, si se tiene en cuenta por un lado que no existe disposición legal que obligue a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación a resolver conforme al precedente; y, por otro, que de considerarse que el criterio de la responsable que discrepa con lo resuelto en un precedente es contrario a derecho, se puede hacer valer como concepto de violación en el amparo directo que en el caso se interponga, ..."Así las cosas, el concepto de violación en que se alega omisión de la responsable en considerar en su sentencia los alegatos en que se invocan precedentes no constituye una violación a las reglas del procedimiento ni genera un estado de indefensión en el quejoso, quien a través del juicio de amparo directo que en su caso promueva contra aquella tiene la oportunidad de evidenciar la, a su parecer, vulneración de sus derechos fundamentales que genera el nuevo criterio seguido por aquella que no se ajustó al precedente."Pensar de modo contrario equivaldría, a juicio de este tribunal a desnaturalizar el propósito buscado por el legislador, con la vigente Ley de A. al privilegiar en todas las materias el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, según se indica en el numeral 189 de la invocada legislación que dice: (se transcribe)"Razón por la que no se comparte la tesis X.2o.(XI Región) 2a. (10a.)(5) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Primera Región ..."... no se desatiende que los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponen: (se transcribe)."De lo transcrito se siguen las siguientes premisas:"... "Conforme a lo anterior sólo constituye precedente las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete Magistrados; o las tesis sustentadas en la sentencias de las secciones de la Sala Superior, siempre que sean aprobadas cuando menos por cuatro de los Magistrados integrantes de la sección de que se trate."Luego, el legislador no consideró que las tesis sustentadas por las Salas Regionales sean precedentes; y en ese sentido no existe obligación legal de las Salas Regionales de expresar las razones por las que no se siguen."En los alegatos, para que se tomara en cuenta lo ahí resuelto, se hizo valer lo siguiente:..."Esto es, se alude a criterios contenidos en sentencias de Salas Regionales y de Tribunales Colegiados de Circuito, no así de la Sala Superior o sus secciones."Por tanto, la autoridad responsable no estaba obligada a tenerlos en cuenta y/o expresar las razones para apartarse de ellas, lo que corrobora lo infundado del atinente motivo de inconformidad."En la inteligencia que por cuanto a la invocación del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación y la tesis aislada 2a. XLIV/2009, en los alegatos no deben introducirse elementos nuevos a la controversia, pues no resulta una oportunidad para ampliar los motivos de impugnación hechos valer ..."En relación con el tema de la fundamentación de la competencia material de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, abordado en el citado considerando séptimo, el Tribunal Colegiado del conocimiento estableció:"Y, en la parte en la que controvierte la decisión de la juzgadora ya reseñada en los párrafos que antecede, sus motivos de inconformidad son infundados."En efecto, el quejoso sostiene que si la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, pertenece al Servicio de Administración Tributaria resultaba un deber ineludible en aras de salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, que citara el artículo 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para cumplir con el requisito de fundamentación que exige el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; pues determina de manera originaria la posibilidad de que sea a través de un reglamento interior en donde se establezca la existencia y, por ende, la competencia material y no grado (sic) de las unidades administrativas son integrantes del Servicio de Administración Tributaria; de ahí que, dice, para estimar que el oficio de trato está debidamente fundado, en cuanto a la posibilidad de que a través de un reglamento interno se establezca la competencia material para ejercer las facultades mencionadas, debió citarse el numeral que habilita al Poder Ejecutivo para que éste sea quien a través de un reglamento interior creara y establezca las facultades materiales, por cuantía, grado de las unidades administrativas que son parte del Servicio de Administración Tributaria."... "Contrario a lo ahí expuesto, como acertadamente lo estimó la Sala responsable, resulta innecesaria la cita del artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para fundar la existencia y competencia material de la autoridad, administrador local de Auditoría Fiscal de Durango, de acuerdo con lo siguiente:"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en reiteradas ocasiones, que la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad, ..."Ahora bien, la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, cuatro criterios: por razón de materia, grado, territorio y cuantía, los cuales consisten en:"... "En algunos casos, este deber implica transcribir una porción del precepto que prevé tal competencia, cuando se trate de una norma compleja. "Tal criterio fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 115/2005 ... ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’"Ahora bien, en el caso concreto se debe determinar cuál es la naturaleza del artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, es decir, es menester precisar cuál es su contenido: si se trata de una norma que prevé la existencia de ciertas unidades administrativas, o si establece la competencia de éstas."El referido artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establece: (se transcribe)."Como se observa, esa disposición establece los órganos con los que contará el Servicio de Administración Tributaria, mencionando su nombre Junta de Gobierno, jefe y unidades administrativas."Sin embargo, de ahí no se sigue que en esa norma se prevea la competencia por grado, materia o competencia de las administraciones locales de auditoría fiscal, sino sólo, de manera genérica, la denominación de los órganos con los que contará el Servicio de Administración Tributaria."En cambio, la competencia de ellos, en específico de las administraciones, se estableció en otros artículos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria."En efecto, la competencia por materia y grado de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal está consignada en los artículos 17, fracción III, y 19 del reglamento interior ... (se transcriben) ... "Con base en lo expuesto, se confirma que el artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, no pretendió fijar la competencia por materia, grado, territorio o cuantía de las unidades administrativas de ese órgano, sino solamente su existencia genérica."Empero, de ahí no se desprende la existencia jurídica de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal de ese órgano, concretamente de la que al caso nos ocupa, pues esa existencia deriva de los preceptos citados en párrafos antecedentes y no se puede deducir a partir de una revisión del artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria."En esa medida, no puede exigirse la cita de ese numeral para una debida fundamentación de la competencia material de la autoridad demandada, por más que sea la norma primaria en la que se contempla la existencia de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, dado que, se insiste, en ese precepto sólo se señala de manera genérica su denominación, y es en diversos artículos del reglamento interior de esa dependencia, donde se señalan las facultades que les fueron conferidas, sin que haya necesidad de establecer, como lo pretende la parte quejosa, una liga entre lo que señala el reglamento y la ley, pues basta con la cita precisa de los numerales que prevén su competencia material y territorial."Por ello, contrariamente a lo que señala la quejosa con relación al artículo 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las autoridades no están obligadas a observar lo ordenado en la jurisprudencia 115/2005 de la Segunda Sala, porque no establece la competencia de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal."Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 180/2008 de rubro y texto siguientes: ‘SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 2o. DE SU REGLAMENTO INTERIOR PREVÉ EL NOMBRE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESE ÓRGANO, PERO NO FIJA LA COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL.’ (se transcribe)"Y es que, además, no puede perderse de vista que el cumplimiento de la obligación de citar los preceptos legales en los que sustente su competencia no llega al extremo de que los órganos de autoridad justifiquen su existencia en cada una de las resoluciones que lo emitan; esto es, establecer cómo o por qué fueron creados, qué es lo que pretende el quejoso al sostener la invocación indispensable del numeral 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. ..."II. Amparo directo ********** (expediente auxiliar) del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región.(6)1. **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la cédula de liquidación emitida por la titular de la Subdelegación Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la omisión total en la determinación y pago de cuotas correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de dieciocho de noviembre de dos mil diez.Del asunto conoció la Sala Regional del Sureste del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de J. y, lo resolvió mediante sentencia de doce de septiembre de dos mil once, en la que determinó que la actora no probó su acción, por lo que reconoció la validez de la resolución impugnada.2. Inconforme con la anterior determinación, la actora promovió el juicio de amparo directo **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y en apoyo de éste, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, dictó sentencia, en sesión de ocho de marzo de dos mil doce, en la que concedió la protección constitucional, al considerar, en lo que aquí interesa: "SÉPTIMO.-ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es substancialmente fundado el único concepto de violación, a través del cual la empresa quejosa alega que la Sala responsable viola en su perjuicio lo estipulado por el artículo 17 constitucional; en virtud de que aduce, en la sentencia reclamada se transgredieron sus garantías que tienen inmerso el principio de exhaustividad, pues la Sala pasó por alto lo argumentado en su escrito de alegatos de fecha dos de agosto de dos mil once, en donde solicita que debe considerarse el criterio emitido por la responsable en la diversa sentencia dictada en el juicio de nulidad **********, de veintitrés de junio de dos mil once, y se tenga a la vista para ser examinado antes de emitir la sentencia respectiva. "... "En este orden de ideas, queda claro, que cuando existen alegatos de bien probado, es obligación de la Sala Fiscal, pronunciarse sobre los mismos, ya que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la parte actora. "... "Así, atento a que la garantía de seguridad jurídica implica que el órgano jurisdiccional al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho, debe considerarse que el principio de universalidad de las decisiones, constituye una directriz que coadyuva al fortalecimiento de la seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales, en tanto se erige como una garantía procesal que por una parte, obliga a los juzgadores a pronunciarse en un sentido y, en contra partida, impide a los juzgadores a resolver un mismo tipo de asunto aplicando diversos criterios sin una unificación objetiva."Precisado lo anterior, ahora corresponde determinar si en el caso, tal y como lo aduce la impetrante de amparo, la Sala responsable transgredió sus garantías constitucionales al dejar de analizar su escrito de alegatos de fecha dos de agosto de dos mil once, en donde solicita que debe considerarse el criterio emitido por la responsable en la diversa sentencia dictada en el juicio de nulidad **********, de veintitrés de junio de dos mil once, y se tenga a la vista para ser examinado antes de emitir la sentencia respectiva, y para así demostrarlo, conviene traer a contexto los principales antecedentes del caso, a saber: (se transcribe)."Como se advierte de lo transcrito, la Sala del conocimiento transgredió las normas del procedimiento en perjuicio de la actora aquí quejosa, pues omitió cumplir con su obligación de analizar los alegatos expresados por aquélla en el juicio de nulidad, a través de los cuales solicitaba se tuviera a la vista la sentencia emitida por la responsable en el expediente **********, para que fuera examinada antes de emitir la sentencia correspondiente."En efecto, del contenido integral de los alegatos de mérito se advierte, que según la parte actora, la Sala responsable ya se había pronunciado en un asunto similar al que plantea; por tanto, en atención al principio de seguridad jurídica y de universalidad de trato, la responsable en su sentencia se encontraba constreñida a atender las peticiones del hoy quejoso, a efecto de que, de manera fundada y motivada, estableciera las razones por las cuales no cabría aplicar el precedente que invocó bajo el argumento de que en él se había resuelto la misma problemática; en su caso, las razones por las que había de abandonar ese criterio, aun siendo el mismo tema a debate o, finalmente, si es el caso de seguirlo sosteniendo."Lo anterior, porque a ello obliga la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 constitucional, en cuanto exige a las autoridades jurisdiccionales a sujetar sus decisiones a las formalidades previstas en las leyes, en correspondencia del derecho de los gobernados a que sus actos se dicten de esa forma."Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 62/2001, sustentada por la Segunda Sala ... que a la letra dice: ‘ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE CONTROVIERTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS.’"... En consecuencia, al haber demostrado la promovente que la sentencia reclamada viola en su perjuicio las garantías constitucionales que invoca, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable ..."De las anteriores consideraciones derivó la tesis aislada X.2o.(XI Región) 2 A (10a.), que a la letra se lee: "ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EN EL ESCRITO RELATIVO EL ACTOR SOLICITÓ OPORTUNAMENTE A LA SALA QUE TOMARA EN CONSIDERACIÓN UNO DE SUS PRECEDENTES QUE RESOLVIÓ LA MISMA PROBLEMÁTICA PLANTEADA, Y NO OBSTANTE ELLO, PRESCINDE DE SU ANÁLISIS Y DICTA LA SENTENCIA RESPECTIVA, EN ATENCIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA Y AL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD, TAL OMISIÓN TRANSGREDE LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO EN SU PERJUICIO, LO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.-De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes. Por otra parte, atento a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. Asimismo, el principio de universalidad constituye una directriz que coadyuva al fortalecimiento de la seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales, en tanto que se erige como una garantía procesal que obliga a los juzgadores a pronunciarse en un sentido y, en contrapartida, les impide resolver un mismo tipo de asunto aplicando diversos criterios sin una justificación objetiva. En tal virtud, en atención a la garantía de seguridad jurídica y al principio de universalidad, si en el escrito de alegatos el actor solicitó oportunamente a la Sala que tomara en consideración uno de sus precedentes que resolvió la misma problemática planteada, y no obstante ello, prescinde de su análisis y dicta la sentencia respectiva, tal omisión transgrede las normas del procedimiento en su perjuicio, lo que amerita la reposición del procedimiento, para que se deje insubsistente la sentencia y se emita otra, en la que, de manera fundada y motivada, se establezcan las razones por las cuales no cabría aplicar el precedente invocado o, en su caso, las razones por las que habría de abandonarse ese criterio o, si es el caso, seguirlo sosteniendo al dictar el fallo."(7)III. Juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.1. El administrador Local de Auditoría Fiscal de Colima, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, emitió el oficio 500-20-00-03-01-2010-4441 de treinta de junio de dos mil diez, en el que determinó crédito fiscal por concepto de impuesto al valor agregado, recargos y multas, correspondientes al ejercicio de dos mil nueve.2. Insatisfecho, el contribuyente promovió juicio de nulidad ante la Segunda Sala Regional de Occidente del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que se resolvió mediante sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, en la que se declaró la validez de la resolución impugnada.3. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo directo (**********), del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la que concedió la protección constitucional, al considerar, en lo que aquí interesa: "SEXTO.-Son, sustancialmente, fundados los conceptos de violación."En sus motivos de queja, la representante de la peticionaria sostiene ... que sí era necesaria la invocación del numeral 1 de la ley en cita, porque la demandada se encontraba obligada a acreditar su calidad de autoridad fiscal, ... que la autoridad demandada sí se encontraba en la obligación de citar el diverso arábigo 8o., debido a que tenía la carga de evidenciar las facultades que se otorgan a las autoridades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, y, agrega, que ... la autoridad demandada en el juicio de nulidad no fundó su competencia ..."Como se ve ... como correctamente se aduce en los conceptos de violación, el tema de la competencia sí se encuentra involucrado en los precitados arábigos 1o. y 8o."... "De lo trasunto descuella con claridad que, como correctamente se adujo en los motivos de queja, la autoridad demandada no citó los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de los que se desprende que la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, podía ejercer las facultades cuestionadas. Lo anterior evidencia que, en el caso, no quedó suficientemente fundada la competencia material de la autoridad fiscalizadora, pues se insiste, no se citó precepto legal -que no reglamentario-, donde se adviertan expresamente sus atribuciones."... "Consecuentemente, lo que se impone es conceder la protección instada para el efecto de que la S.F., deje insubsistente su sentencia y en su lugar emita otra en la que atienda el concepto de anulación cuyo estudio omitió, pero siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo ..."De las anteriores consideraciones, derivó la tesis aislada III.1o.A.23 A (10a.), que a la letra se lee: "COMPETENCIA MATERIAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA CONSIDERARLA SUFICIENTEMENTE FUNDADA, LAS AUTORIDADES DE ESE ÓRGANO DEBEN CITAR LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE SU LEY. La competencia material de un ente administrativo es el conjunto de atribuciones o facultades que le incumben, delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica; ésta deriva, en un primer plano, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del otorgamiento de atribuciones que se hace a la administración pública y, de forma secundaria, procede de la ley (atento a que es en ésta donde se prevé ‘la naturaleza del acto’ y las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de un órgano de Estado), entendida como el conjunto de ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que además son formal y materialmente legislativos. Así, la ley nace de los actos regla e integra un conjunto normativo de previsiones dirigidas tanto a la comunidad a través de los juicios taxativos, como a los órganos de la administración pública encargados deaplicarla en cada caso concreto. Luego, es claro que al ejercer sus facultades, las autoridades están obligadas a citar los preceptos legales que delimitan su acción. En consecuencia, tratándose del Servicio de Administración Tributaria, para considerar suficientemente fundada su competencia material, las autoridades de ese órgano deben citar los artículos 1o. y 8o. de su ley que la prevén."(8)CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, es importante precisar que acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia «P./J. 72/2010» y la tesis aislada «P. XLVII/2009», cuyos títulos y subtítulos son los siguientes: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(10) Deriva de los referidos criterios que, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes. Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.En efecto, del análisis de las ejecutorias contendientes se deja de manifiesto la existencia de dos puntos de contradicción a dilucidar, a saber:a) Si las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, para fundar su competencia material deben citar los artículos 1o. y 8o. de la ley de dicho organismo.b) Si la omisión de la Sala Regional del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de pronunciarse sobre los alegatos en el juicio contencioso administrativo federal, en los que se invocaron precedentes emitidos por ésta al resolver la misma problemática, implica o no una violación que deja sin defensa a la parte alegante.En relación con el tema identificado con el inciso a), relacionado con la fundamentación de la competencia material de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, los tribunales contendientes emitieron las consideraciones que se sintetizan a continuación:I. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, estimó:• Que resulta innecesaria la cita del artículo 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para fundar la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, dado que por más de que sea la norma en que se prevé la existencia de las unidades administrativas del citado organismo, ese precepto sólo señala de manera genérica su denominación y es en diversos artículos del reglamento interior de éste, en donde se prevén las facultades que le fueron conferidas, sin que haya necesidad de establecer una liga entre lo señalado por el reglamento y la ley.• Apoyó las consideraciones en la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."II. En oposición al anterior criterio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, consideró:• Que tratándose de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Colima, del Servicio de Administración Tributaria, para considerar suficientemente fundada su competencia material, las autoridades de ese órgano deben citar los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. • De las anteriores consideraciones, derivó la tesis aislada III.1o.A.23 A (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA MATERIAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA CONSIDERARLA SUFICIENTEMENTE FUNDADA, LAS AUTORIDADES DE ESE ÓRGANO DEBEN CITAR LOS ARTÍCULOS 1o. Y 8o. DE SU LEY."De acuerdo con la síntesis que antecede, se advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito determinó que resulta innecesaria la cita del artículo 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para fundar la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que sí es necesario que se citen para esos efectos los artículos 1o. y 8o., del cuerpo legal en cita.Como se advierte, los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron posturas disímiles frente a una misma situación jurídica, consistente en determinar si para fundar la competencia material de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, deben citar los artículos 1o. y 8o. de la ley de dicho organismo; ya que mientras uno considera que sí se tienen que invocar, el otro estima que no es necesario que se indiquen. En esa tesitura, el punto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estriba en determinar, si las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, para fundar su competencia material deben citar los artículos 1o. y 8o. de la ley de dicho órgano.No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que uno de los tribunales contendientes se haya basado en el numeral 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y el otro haya tomado en cuenta los artículos 1o. y 8o. del referido ordenamiento; ello, porque la finalidad perseguida por los preceptos 225 y 226 de la Ley de Amparo, al otorgar competencia, entre otros, a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, determinando cuál es la tesis que debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que a su vez tiende a garantizar la seguridad jurídica.Por lo que, este Alto Tribunal del País, válidamente puede acoger un tercer criterio independientemente de las posturas de los órganos contendientes, ya que no tiene que ser necesariamente una de esas dos posturas la que debe coincidir con lo que decida la Suprema Corte, dado que la resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias; de ahí que, el punto de contradicción se haya fijado en forma genérica, sin que se soslaye que las consideraciones de los Tribunales Colegidos de Circuito atienden a preceptos que aunque pertenecen a un mismo ordenamiento varían, dado que mientras un tribunal alude al artículo 8o., fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el otro señala los numerales 1o. y 8o. del mismo ordenamiento; sin embargo, cabe precisar que la naturaleza de la normatividad es coincidente, por lo que es factible acogerlos en el punto de contradicción.Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 3/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(11)Además, tampoco es relevante para efectos de la contradicción de tesis que, en los asuntos que la originaron se refieran a la fundamentación de la competencia de diversas autoridades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, dado que en un asunto se trata de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango y en el otro de Colima, puesto que lo esencial en el caso, es que en las ejecutorias contendientes se hizo un pronunciamiento sobre si era necesario citar o no diversos preceptos para fundar la competencia material de éstas.Por otra parte, y en relación con el tema identificado con el inciso b) relacionado con el contenido de los alegatos en el juicio contencioso administrativo federal, los tribunales contendientes emitieron las consideraciones que se sintetizan a continuación:I. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, estimó:• Que si bien, la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, omitió pronunciarse respecto del escrito de alegatos; lo cierto es que, en tal ocurso no se expresaron alegatos de bien probado, dado que únicamente se hizo valer la existencia de precedentes con el propósito de evidenciar que la Sala responsable se pronunció en asuntos similares en determinado sentido que pudiera favorecer a la actora.• Que conforme a lo establecido en los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sólo constituyen precedentes las tesis derivadas de las sentencias emitidas con determinada votación, por la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o por las secciones de dicha Sala; por lo que, no existe disposición legal que establezca que los criterios sustentados por las Salas Regionales, constituyen precedentes, motivo por el cual, no existe obligación para que éstas expresen razones para justificar que no los siguen.• Por lo que, si en los alegatos se invocaron precedentes emitidos por la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala responsable no estaba obligada a tenerlos en cuenta, ni a expresar las razones para apartarse de éstos; de ahí que el concepto de violación en el que se adujo omisión de la Sala de tomar en cuenta alegatos en los que se invocan precedentes, no constituye una violación, ni genera estado de indefensión.II. En oposición al anterior criterio, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Primera Región, al resolver el amparo directo ********** (expediente auxiliar), expuso las siguientes consideraciones esenciales:• Declaró fundado el argumento en el que se hizo valer la existencia de una violación al procedimiento, porque la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa omitió analizar los alegatos expuestos en el juicio de nulidad en los que se planteó que se debía tomar en cuenta un precedente que ésta había emitido al resolver un tema similar al propuesto, el que de resolverse en igual sentido le resultaría favorable. • Lo anterior, al considerar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando existen alegatos de bien probado, es obligación de la Sala tomarlos en cuenta en la sentencia, ya que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la parte alegante.• Que el principio de universalidad de las decisiones jurisdiccionales constituye una directriz que coadyuva al fortalecimiento de la seguridad jurídica en las resoluciones judiciales, dado que obliga a los juzgadores a pronunciarse en un sentido y les impide que resuelvan un asunto aplicando diversos criterios sin alguna unificación objetiva. • Que la Sala Regional transgredió las normas del procedimiento en perjuicio de la quejosa, al no cumplir con la obligación de analizar los alegatos expuestos en el juicio de nulidad, a través de los cuales se solicitó se tomara en cuenta un precedente que ésta había emitido al resolver un tema similar al propuesto, el que de resolverse en igual sentido le resultaría favorable.• Por lo que, en atención a los principios de seguridad jurídica y de universalidad de las decisiones jurisdiccionales, la Sala Regional estaba obligada en la sentencia a pronunciarse respecto a lo aducido en los alegatos, exponiendo las razones por las cuales no era viable aplicar el precedente invocado respecto de un asunto similar, puesto que a ello estaba constreñida en términos del artículo 14 constitucional. De acuerdo con la síntesis que antecede, se advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, determinó que la omisión de la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de tomar en consideración los alegatos en el juicio contencioso administrativo federal, en los que se invocan precedentes judiciales con los que ésta resolvió la misma problemática, no constituye una violación que deja sin defensa a la parte que los formuló, porque la sola invocación de precedentes no constituyen alegatos de bien probado.A diferencia de lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Primera Región, el que consideró que la omisión de la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de tomar en consideración los alegatos en los que se invocan precedentes judiciales con los que se resolvió la misma problemática, sí constituye una violación que deja sin defensa a la parte que los formuló y provoca la reposición del procedimiento, porque atendiendo al principio de universalidad el cual constituye una directriz que coadyuva al fortalecimiento de la seguridad jurídica en las decisiones jurisdiccionales, se impide a los juzgadores resolver un mismo asunto aplicando diverso criterio, sin una justificación objetiva.Como se advierte, los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron posturas disímiles frente a una misma situación jurídica, consistente en determinar si la omisión de la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de tomar en consideración los alegatos del juicio contencioso administrativo federal, en los que se invocan precedentes judiciales con los que ésta resolvió la misma problemática, constituye una violación que deja sin defensa a la parte que los formuló y provoca la reposición del procedimiento; ya que mientras uno considera que sí constituye una violación; el otro estima que no. En esa tesitura, el punto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estriba en determinar si la omisión de la Sala Regional del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de pronunciarse sobre los alegatos en el juicio contencioso administrativo federal, en los que se invocaron precedentes emitidos por ésta al resolver la misma problemática, implica o no una violación que deja sin defensa a la parte alegante.Se arriba a lo anterior, sin que implique obstáculo para resolver la contradicción, el hecho de que los órganos colegiados hayan resuelto los asuntos sometidos a su consideración a partir del análisis de diversas disposiciones, de las que destaca el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual se reformó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis, puesto que no se modificó la esencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis P. VIII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA.-No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."(12)Además, no es óbice a lo anterior, el hecho de que para resolver las posturas contendientes se haya tomado en cuenta la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; ya que la necesidad de dilucidar precisamente el referido punto de contradicción, deriva del hecho de que pueden encontrarse pendientes asuntos que, regulados bajo el régimen rector de aquella ley, deban resolverse conforme a las directrices jurídicas que se lleguen a establecer con motivo de esta contradicción. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón y, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 64/2003,(13) que esta Segunda Sala comparte, de título, subtítulo y texto: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS.-Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."QUINTO.-Competencia material de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria. Respecto del punto de divergencia identificado con el inciso a), consistente en determinar si las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, para fundar su competencia material deben citar los artículos 1o. y 8o. de la ley de dicho organismo.Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avoca a su resolución, determinando que debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, el criterio que aquí se establece.Este Alto Tribunal ha determinado, en reiteradas ocasiones, que la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad, como se aprecia en la jurisprudencia P./J. 10/94, emitida por el Pleno, que indica:"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.-Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria."(14)Además, este Máximo Tribunal, en diversos criterios ha profundizado en relación con la interpretación y alcance de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, respecto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como la obligación a cargo de la autoridad de incluir en los actos administrativos la cita o transcripción de los preceptos que le confieren competencia. A guisa de ejemplo, se cita el criterio emitido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2008 sobre el tema:"En materia administrativa, para poder considerar un acto de autoridad como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, que contengan los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones, párrafos y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado."La competencia del órgano administrativo es el conjunto de atribuciones o facultades que le incumbe, las cuales se encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica, por lo que no es posible considerar que para cumplir con los fines del derecho fundamental garantizado en el artículo 16 constitucional, baste la cita del ordenamiento legal que le otorgue competencia, ya que la organización de la administración pública en este país está encaminada a distribuir las funciones de los órganos que la integren por razón de materia, grado, territorio y cuantía, a fin de satisfacer los intereses de la colectividad de una manera eficiente; para lo cual, si bien es cierto que en una ley, reglamento, decreto o acuerdo, es en donde por regla general, que admite ciertas excepciones, se señala la división de estas atribuciones, no menos cierto lo es que aquéllos están compuestos por diversos numerales, en los que se especifican con claridad y precisión las facultades que a cada autoridad le corresponden."De esta manera, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad se mencionen con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones."La competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, cuatro criterios: por razón de materia, grado, territorio y cuantía, los cuales consisten en:"a) Materia:"Atiende a la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás."b) Grado:"También llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa."c) Territorio:"Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, eventualmente se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitada localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio."d) Cuantía:"Atiende al mayor o menor quántum, se determina por el valor jurídico o económico del objeto del acto que ha de realizar el órgano correspondiente."Por tales razones, la invocación de un ordenamiento jurídico en forma global es insuficiente para estimar que el acto de molestia, en cuanto a la competencia de la autoridad, se encuentra correctamente fundado, toda vez que al existir diversos criterios sobre ese aspecto, tal situación implicaría que el particular ignorara cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado, territorio y cuantía; luego, ante tal situación, también resulta indispensable señalar el precepto legal que atendiendo a dicha distribución de competencia, le confiere facultades para realizar dicho proceder, a fin de que el gobernado se encuentre en posibilidad de conocer si el acto respectivo fue emitido por la autoridad competente. "La cita de una disposición jurídica de manera general, cuando ésta contiene varios supuestos en cuanto a las atribuciones que le competen a la autoridad por razón de materia, grado, territorio y cuantía, precisados en apartados, fracciones, incisos y subincisos, tampoco podría dar lugar a considerar suficientemente fundada la competencia del funcionario, ya que se traduciría en que el afectado desconociera en cuál de esas hipótesis legales se ubica la actuación de la autoridad, con el objeto de constatar si se encuentra o no ajustada a derecho."En este tenor, para estimar satisfecha la garantía de debida fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa en el acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga, se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora, y en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad ydetalle el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación, pues de no ser así se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que ignoraría si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, por razón de materia, grado, territorio y cuantía y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho ..."(15)De lo que precede se advierte que la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo cuatro criterios; por razón de materia, grado, territorio y cuantía.Destaca de lo anterior, en relación con el criterio relativo a la materia, éste alude a la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás; es decir, la competencia material de un ente administrativo es el conjunto de atribuciones o facultades que le incumben, delimitan su campo de acción y generan certeza al gobernado sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente afectar su esfera jurídica.Además, cabe precisar que para estimar que un acto de autoridad está debidamente fundado, la autoridad administrativa debe invocar adecuadamente su competencia (por materia, grado, territorio y cuantía). En algunos casos, ello implica transcribir una porción del precepto que prevé tal competencia, cuando se trate de una norma compleja. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.-De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’; así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."