Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 210/2016. AYUNTAMIENTO DE M., SONORA. 2 DE OCTUBRE DE 2017. PONENTE: E.M.M.I. SECRETARIOS: J.J.G. VARAS Y ETIENNE LUQUET FARIAS.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.-Demanda de controversia constitucional. Por oficio recibido el primero de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, C.A.S.R., en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de M., Estado de S., promovió controversia constitucional en representación del Municipio, en la que demandó la invalidez de lo siguiente:

1.1. Del Poder Legislativo del Estado, la aprobación del Decreto Número 88, que contiene la decisión de no autorizar en los términos que fue presentado por el Ayuntamiento demandante la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que habrán de aplicar para el ejercicio fiscal 2017, sin precisar de manera debida las razones y fundamentos que tuvo para apartarse de la propuesta inicial, decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de S., Número 32, de fecha 20 de octubre de 2016.

2. SEGUNDO.-Preceptos constitucionales violados. La parte actora considera que fueron violados los artículos 14, 16, 115, fracción IV, primer párrafo, incisos a) y c), y párrafo tercero, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos artículos 2, primer párrafo, 64, fracción XXXVIII Bis A, 128, 136, fracción XIII, 139, primer párrafo, inciso A), y segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de S., 1, 4, 61, fracción IV, inciso B), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

3. TERCERO.-Antecedentes. Los antecedentes del caso, son los siguientes:

3.1. El Ayuntamiento de M. implementó un programa de actualización del padrón de contribuyentes y de valores de los predios urbanos y rurales, pues se consideró que los terrenos tenían un valor por encima de lo declarado y que, por lo tanto, los propietarios y poseedores tenían la posibilidad de contribuir más con el gasto público municipal, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

3.2. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se celebró la sesión del Ayuntamiento, en la que, entre otros asuntos, se aprobaron los valores catastrales a valores comerciales de propiedades urbanas y rurales del Municipio, a partir de la información obtenida.

3.3. El treinta de agosto de dos mil dieciséis se elaboró el oficio PMM/104/2016, por medio del cual se remitían al Congreso del Estado de S. las bandas y tablas de valores con los cuales se calcularían los prediales que habrán de cobrarse en el año dos mil diecisiete para su aprobación. Al día siguiente, dicho oficio fue recibido por la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de S..

3.4. Una vez recibida la propuesta en el Congreso del Estado de S., en sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales del Estado de S. celebró una reunión de trabajo, en la que analizó, revisó y aprobó la propuesta en los términos en que fue presentada por el Ayuntamiento. Sesión en la que participaron diversos presidentes municipales y sus representantes -entre ellos, el del Municipio actor en la presente controversia constitucional-, a efecto de otorgar mayor información sobre sus respectivas propuestas a la comisión.

3.5. Una vez aprobada por la comisión, el día seis de octubre del mil año, se presentó al Pleno del Poder Legislativo un dictamen que contenía las propuestas de tablas y planos de valores unitarios de suelo y construcción que el Ayuntamiento aprobó.

3.6. Los diputados propusieron la modificación del artículo primero del dictamen, de tal forma que se le adicionara un segundo párrafo, que establecía lo siguiente:

"... El Congreso del Estado de S. aprueba, en sus términos, las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por los Ayuntamientos de Agua Prieta, B.J., Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, M., Navojoa, N., S.L. Río Colorado y S.A., excepto aquellas propuestas que, comparadas con los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción autorizados para el ejercicio fiscal 2016, representen un incremento igual o superior a 11%, en cuyo caso se tendrá por autorizado únicamente un incremento del 10%."

3.7. La propuesta modificada se aprobó en los términos antes narrados, en el Decreto 88, el cual fue publicado el veinte de octubre del mismo año, en el Boletín Oficial del Gobierno Local, el cual constituye la materia de la presente controversia constitucional. El Ayuntamiento consideró que la adición modificó su propuesta inicial, sin que su actuar se hubiera motivado suficientemente, por lo que presentaron la presente controversia constitucional.

4. CUARTO.-Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, se pueden sintetizar en dos argumentos principales:

4.1. La adición y modificación propuesta por los diputados, y aprobada por el Pleno del Congreso es violatoria del artículo 16 constitucional, en tanto no se fundamentó y motivó debidamente, por no establecerse las razones que llevaron a disentir de la propuesta original votada y aprobada por la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales. Señala que, al disentir con un dictamen que contenía elementos técnicos implícitos hacía necesario que el Pleno emitiera una motivación reforzada que contuviera igualmente elementos técnicos que combatieran debidamente los presentados en la propuesta original.

4.2. El Congreso del Estado de S. invadió competencias del Municipio, pues, sin tener facultades constitucionales y legales, establece de manera discrecional y arbitraria, el monto y porcentaje de los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria (fijándolo en un aumento del 10% en relación con los planos y tablas de valores del año dos mil dieciséis). Argumenta que esa facultad únicamente pertenece a los Ayuntamientos, en términos del artículo 115, fracción IV, primer párrafo, incisos a) y c), párrafo tercero, de la Constitución Federal, por lo que se intervino en la libre administración de la hacienda municipal y, con ello, se afectarán las contribuciones recibidas.

5. QUINTO.-Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 210/2016 y, por conexidad con otras controversias constitucionales en ponencia, se designó como instructor al Ministro Eduardo M.M.I.

6. En auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de S., así como al secretario de Gobernación de la entidad, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. SEXTO.-Contestación. Las autoridades demandadas contestaron la demanda en los términos que a continuación se precisan:

8. El Poder Ejecutivo de S. destacó que únicamente procedió a la promulgación, y ordenó la publicación del Decreto 88 para cumplir con su obligación, en términos de los artículos 56, 57, 58 y 60 de la Constitución Local. Por tanto, si en el presente asunto no se impugna por vicios propios el proceso de creación de la norma, en relación con su promulgación desde un punto de vista formal, considera que la controversia constitucional debe declararse infundada respecto de este punto.

9. La Secretaría de Gobernación del Estado de S. señaló que no tuvo participación alguna en el proceso legislativo hasta el refrendo del decreto, el cual fue realizado con estricto apego a la Constitución Local y demás disposiciones legales aplicables. En consecuencia, solicita que se declarare infundada la controversia constitucional respecto de su participación.

10. Finalmente, el Poder Legislativo del Estado de S. no contestó la demanda, por lo que este Alto Tribunal lo requirió y multó a efecto de que enviara los antecedentes del Decreto Número 88, impugnado en el presente asunto. Mediante auto recibido por esta Suprema Corte el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, la Mesa Directiva del Congreso Local remitió los documentos solicitados.

11. SÉPTIMO.-Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32, párrafo primero y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo constar que las partes no comparecieron, la relación de los autos que obran en el expediente, se tuvieron por exhibidas, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

12. OCTAVO.-Requerimientos. El dos de junio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor requirió al Municipio actor para que dentro del plazo de tres días hábiles remitieran: a) copias certificadas del acuse de recibo, por parte del Congreso del Estado, de la iniciativa y propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete presentada por dicho Municipio y, en su caso, los anexos entregados; y, b) las constancias que acrediten el acuse de recibo, por parte del Congreso del Estado, de los documentos presentados en la sesión del Congreso en que el presidente municipal o su representante acudieron a explicar los motivos por los que propusieron un incremento superior al 10%.

13. De igual forma, se requirió al Congreso Local, a efecto de que también entregara la mencionada iniciativa y propuesta del Municipio actor; así como las documentales relacionadas con los trabajos legislativos de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales con los Municipios del Estado que atendieron la invitación del Congreso para explicar los motivos por los que propusieron un incremento superior al 10% de las contribuciones a que se refieren los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, en comparación con las autorizadas para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; y, en su caso, copia certificada de las documentales que hayan presentado con motivo de su comparecencia.

14. En cumplimiento al anterior requerimiento, por escrito recibido en esta Suprema Corte de Justicia el siguiente trece de junio, E.O.B., en su carácter de presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de S., presentó copia certificada de la iniciativa presentada por el Municipio de M., S., la minuta de la comisión de presupuestos y asuntos municipales celebrada por la honorable LXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de S., de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis; así como la minuta de la sesión ordinaria celebrada por la honorable LXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de S. el seis de octubre de dos mil dieciséis.

15. Por su parte, el Municipio de M. no contestó el requerimiento efectuado por el Ministro instructor.

CONSIDERANDO:

16. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para reconocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de M., Estado de S., y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa.

17. SEGUNDO.-Oportunidad. De conformidad con el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para la interposición de la demanda, tratándose de normas generales, será de treinta días contados a partir del día siguiente de su publicación o del día siguiente al que se produce el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

18. El Decreto Número 88 fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de S. el día veinte de octubre de dos mil dieciséis. Por tanto, al tratarse de una norma de carácter general, el plazo de treinta días para presentar la presente controversia constitucional transcurrió del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis al día cinco de diciembre del mismo año, con fundamento en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria.

19. Al efecto, deben descontarse del cómputo los días veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, uno, dos,(1) cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre y los días tres y cuatro de diciembre todos del años dos mil dieciséis, por ser inhábiles, conforme a los artículos 2o. y 3o., fracciones II y III, de la ley reglamentaria, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto primero y segundo del Acuerdo General Número 18/2013.

20. Si la controversia constitucional fue recibida en esta Suprema Corte el día uno de diciembre del dos mil dieciséis, se concluye que fue presentada de manera oportuna.

21. TERCERO.-Legitimación. Por constituir un presupuesto indispensable, se procede a analizar a continuación la legitimación de la parte actora (A) y de la parte demandada (B):

22. A. Legitimación activa. Se reconoce legitimación al Municipio de M., Estado de S., para promover la presente controversia constitucional contra el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la ley reglamentaria.

23. Además, promovió la controversia constitucional C.A.S.R. como síndico del Municipio de M., Estado de S., quien acreditó dicho carácter con copia certificada de la constancia de mayoría y validez emitida por el Instituto Electoral del Estado de S., el diez de junio de dos mil quince.(2)

24. En términos del artículo 70, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado, el síndico del Ayuntamiento cuenta con la representación legal del Municipio, en litigios en que fuere parte, así como en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico. Por tanto, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se concluye que está facultada legalmente para representarlo.

25. B. Legitimación pasiva. Enseguida, se procede al análisis de la legitimación de las autoridades demandadas, al ser una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que ésta resulte fundada.

26. Conforme a los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

27. En la presente controversia se observa, respecto de las autoridades demandadas, lo siguiente:

28. b.1. Poder Legislativo del Estado de S..

29. En términos del artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria, el Poder Legislativo del Estado tiene el carácter de autoridad demandada, en virtud de que se trata del poder que emitió la norma general objeto de la presente controversia constitucional; y como tal, es de reconocérsele la legitimación pasiva en el presente medio de control constitucional.

30. Al respecto, se precisa que la autoridad indicada no rindió informe justificado alguno, por lo que, mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete, se impuso una multa a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de S.; y se le requirió para que en un plazo de tres días hábiles remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de las documentales relacionadas con los antecedentes del decreto controvertido.

31. Mediante diverso proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por desahogado el requerimiento indicado; por lo que, a continuación, se procede a determinar si en términos del diverso artículo 11 de la ley reglamentaria, la funcionaria que atendió el requerimiento de esta Suprema Corte de Justicia cuenta con facultades suficientes para representar al Poder Legislativo del Estado de S.:

32. C.B.E.J.M., en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien acreditó dicha personalidad con copia certificada del acuerdo número uno, de dieciséis de septiembre de dos mil quince, y de la circular número diecisiete, del primero de febrero de dos mil diecisiete.(3)

33. Por su parte, el artículo 66, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de S. establece que el presidente fungirá como representante legal del Congreso del Estado; por lo que la titular de dicho cargo cuenta con facultades suficientes para comparecer en representación del Poder Legislativo del Estado.

34. b.2. Poder Ejecutivo del Estado de S.

35. De igual forma, es de reconocérsele legitimación pasiva al Poder Ejecutivo del Estado de S., en virtud de que, en términos del artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria, intervino en la promulgación de la norma general cuya invalidez se demanda.

36. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de S. compareció a juicio por conducto de N.M.R.P., directora general de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento correspondiente, expedido por la gobernadora del Estado el diecisiete de noviembre de dos mil quince.(4)

37. El artículo 15, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo establece la posibilidad de que las direcciones generales de tal dependencia puedan representar al titular del Poder Legislativo en controversias constitucionales; por lo que cuenta con facultades suficientes para representar al poder demandado en términos del artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria.

39. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los órganos de gobierno derivados, entre ellos, los secretarios de Estado cuando intervienen en el refrendo de los decretos del Poder Legislativo, como es el caso, pueden tener legitimación pasiva en la controversia constitucional; y en ese sentido se reconoce como parte demandada en el presente medio de control constitucional.

40. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 109/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1104 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil uno, la cual establece:

"SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO.-Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los ‘órganos de gobierno derivados’, es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimación pasiva, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimación atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica. Por tanto, si conforme a los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el refrendo de los decretos y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia."

41. Por su parte, la Secretaría de Gobernación compareció a través de su propio titular, M.E.P.C., secretario de Gobernación, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento correspondiente, expedido por la gobernadora del Estado el trece de septiembre de dos mil quince.(5)

42. Los artículos 2, primer párrafo y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establecen que al frente de la secretaría estará "un secretario", a quien le corresponde el trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Gobierno, así como su representación; por lo que resulta indiscutible que cuenta con facultades suficientes para representar al poder demandado en el presente medio de control constitucional, con fundamento en el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria.

43. CUARTO.-Causales de improcedencia. Al no advertirse alguna causa de improcedencia, procede estudiar el fondo del asunto.

45. El Municipio actor aduce en sus conceptos de invalidez dos argumentos fundamentales: (i) que la Legislatura del Estado no tenía facultades para modificar la iniciativa que presentó en los términos en los que lo hizo, por lo que existió una invasión de esferas competenciales; y, (ii) que el legislador estatal modificó sustancialmente la iniciativa presentada con las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, sin fundar ni motivar adecuadamente dicha situación, con lo que se vulnera el artículo 115, fracción IV, constitucional.

46. El artículo 115 constitucional regula, entre otras cosas, la facultad de iniciativa de los Municipios en la materia de ingresos municipales, el cual establece que los Municipios tienen la competencia constitucional para proponer los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

47. Por su parte, las Legislaturas tienen competencia para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. De esta forma, la facultad relacionada con la fracción IV del artículo 115 constitucional es una potestad tributaria compartida entre los Municipios y el Estado en el proceso de su fijación.

48. Así, desde este primer momento, conviene calificar de infundado el argumento del Municipio actor, en el sentido de que la Legislatura del Estado no tenía competencia para modificar su iniciativa, pues esta Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que se trata de una potestad tributaria compartida.

49. Sin que pase desapercibido que a juicio del Municipio actor la forma en la que la Legislatura del Estado modificó la propuesta inicial, a través del establecimiento de un límite generalizado de aumento en todos los Municipios (topado a un 10%) "equivale a establecer los porcentajes de aumento que deben aplicarse". Pues ello, en todo caso, será objeto de un análisis de razonabilidad, como se explicará en líneas posteriores.

50. En consecuencia, la presente controversia constitucional se centra en determinar los alcances de cada una de las atribuciones competenciales compartidas antes referidas en torno al nivel de motivación que le era exigible a la Legislatura para modificar la propuesta del Municipio, por lo que adquieren trascendencia algunos de los precedentes que este Alto Tribunal ha aprobado en relación con el modo en que deben articularse los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General.

51. Así, para estar en aptitud de resolver sobre el caso concreto, por una parte, se reseñan las premisas constitucionales que ha sustentado este Tribunal Pleno para la resolución de estos casos (A), y de manera posterior, se evalúa, conforme a los antecedentes y pruebas que obran en el expediente, el caso concreto (B).

53. El Pleno de esta Suprema Corte sentó las bases de la mencionada doctrina en la controversia constitucional 14/2004. Si bien en ese caso concreto no se trataba de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, sino de la impugnación de la Ley de Ingresos del Municipio, se interpretó y precisó de qué modo debían articularse las previsiones de los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 115 constitucional.

54. Arribó a la conclusión de que tales previsiones constitucionales otorgan a los Ayuntamientos la competencia para proponer a las Legislaturas Estatales tanto las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, como las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que deben servir de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y a las Legislaturas Estatales la competencia para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios. El Pleno resolvió, en síntesis, lo siguiente:

54.1. El principio de libre administración de la hacienda municipal asegura a los Municipios la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos que integran la hacienda municipal, sin que tengan que sufrir la injerencia de intereses ajenos.

54.2. El principio de reserva de fuentes de ingresos, asegura a los Municipios la disposición de ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.

54.3. Los Municipios tienen derecho a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

54.4. El principio de integridad de los recursos económicos municipales asegura a los Municipios la percepción efectiva y puntual de los recursos a que constitucionalmente tienen derecho -con independencia de que sólo algunos de ellos caigan bajo el régimen de libre administración municipal- y que obliga a los Estados a pagar los intereses correspondientes cuando retarden la entrega de recursos federales a los Municipios.

54.5. Es facultad de los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

54.6. Las Legislaturas Estatales deben decidir siempre sobre la base de una propuesta de los Municipios en la que conste la propuesta referida en el numeral anterior.

54.7. Las Legislaturas Estatales sólo pueden alejarse de las propuestas de los Ayuntamientos si proveen para ello los argumentos necesarios para construir una justificación objetiva y razonable.

54.8. En el caso del impuesto predial, la confluencia de competencias que la Constitución establece, exige un proceso de discusión y decisión que refleje una interacción sustantiva entre los Ayuntamientos proponentes y las Legislaturas que toman la decisión final.

55. De las premisas anteriores se concluyó que la propuesta de los Ayuntamientos goza de "vinculatoriedad dialéctica"; es decir, la propuesta no es vinculante si por ella entendemos la imposibilidad de que la Legislatura haga cambio alguno, pero sí lo es en cuanto implica la imposibilidad de que ésta introduzca cambios por motivos diversos a los provenientes de argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos en al menos alguna etapa del procedimiento legislativo, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo.

56. La ejecutoria en comento dio lugar a la tesis P./J. 124/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1123 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, la cual establece:

"HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERÁN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no obliga a las Legislaturas Estatales a establecer tasas idénticas para el cálculo de impuestos constitucionalmente reservados a la hacienda municipal, cuando aprueben las leyes de ingresos para cada uno de los Municipios de las entidades federativas; sin embargo, éstos no están constitucionalmente indefensos ante las arbitrariedades que aquellos órganos legislativos pudieran cometer al fijar diferenciadamente dichas tasas, en tanto que si deciden establecer tasas diferenciadas y apartarse de la propuesta municipal respectiva, tienen la carga de demostrar que lo hacen sobre una base objetiva y razonable, pues la integridad de los recursos económicos municipales se vería fuertemente comprometida si tales Legislaturas pudieran reducirlos arbitrariamente. Es por ello que aunque la Constitución Federal no beneficie a los Municipios con una garantía de equidad tributaria idéntica a la que confiere a los ciudadanos a través del artículo 31, fracción IV, sí les otorga garantías contra acciones legislativas arbitrarias, como la de recibir impuestos constitucionalmente asegurados en una cantidad menor a la que reciben otros Municipios."

57. Dos años después, en junio de dos mil seis, este Tribunal Constitucional resolvió las controversias constitucionales 15/2006, 13/2006 y 18/2006, en las que se retomaron las consideraciones vertidas en la controversia constitucional 14/2004, y se estableció una metodología de cómo se debía analizar si las modificaciones hechas por el Congreso de un Estado a una propuesta del Municipio tenía una motivación objetiva y razonable, en términos del artículo 115 constitucional.

58. Se destaca que el primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional establece, en síntesis, que la hacienda municipal se integrará con los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los Municipios y con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales deben contarse necesariamente: a) las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; b) las participaciones en recursos federales; y, c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

59. Por su parte, el segundo párrafo de la fracción IV prohíbe a la Federación limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), y añade que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones; precisa también que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, salvo que sean utilizados para fines o propósitos distintos de su objeto público.

60. El conjunto de las previsiones referidas configura una serie de garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario muy claras en favor de las haciendas municipales que, por otro lado, acentúan que en este proceso de regulación el Congreso Local actúa como representante de los intereses de los ciudadanos.

61. Así, la regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, debe ser necesariamente el resultado de un proceso legislativo distinto al ordinario.

62. Mientras en un procedimiento ordinario la facultad de iniciativa legislativa se agota en el momento de la presentación del documento ante la Cámara decisoria, en el caso que nos ocupa, la propuesta presentada por el Municipio sólo puede ser modificada por la Legislatura Estatal, con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable.

63. Es por ello que se ha afirmado que nos encontramos ante una potestad tributaria compartida, pues en los supuestos señalados por la fracción IV del artículo 115 constitucional, la potestad tributaria originalmente reservada para el órgano legislativo, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, se complementa con el principio de fortalecimiento municipal, reserva de fuentes y con la norma expresa que les otorga la facultad de iniciativa.

64. En consecuencia, aun cuando la decisión final sigue correspondiendo a la Legislatura, ésta se encuentra condicionada por la Norma Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad del Municipio, lo cual se concreta en la motivación que tendrá que sustentar, en caso de que se aparte de la propuesta municipal.

65. Este criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia P./J. 111/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1129 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondiente al mes de octubre de dos mil seis, la cual establece:

"HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN.-La regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, es el resultado de un proceso legislativo distinto al ordinario: mientras en éste la facultad de iniciativa legislativa se agota con la presentación del documento ante la Cámara decisoria, en aquél la propuesta del Municipio sólo puede modificarse por la Legislatura Estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable, por lo que es válido afirmar que se trata de una potestad tributaria compartida, toda vez que en los supuestos señalados por la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la potestad tributaria originalmente reservada para el órgano legislativo, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, se complementa con los principios de fortalecimiento municipal y reserva de fuentes, y con la norma expresa que le otorga la facultad de iniciativa; de ahí que, aun cuando la decisión final sigue correspondiendo a la Legislatura, ésta se encuentra condicionada por la Norma Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad del Municipio, lo cual se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en el caso de que se aparte de la propuesta municipal."

66. Y, en el mismo tenor, resulta orientadora la jurisprudencia P./J. 112/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1131 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondiente al mes de octubre de dos mil seis, la cual establece:

"HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.-El precepto constitucional citado divide las atribuciones entre los Municipios y los Estados en cuanto al proceso de fijación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, pues mientras aquéllos tienen la competencia constitucional para proponerlos, las Legislaturas Estatales la tienen para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, conforme a la tesis P./J. 124/2004, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1123, con el rubro: ‘HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERÁN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.’, las Legislaturas Estatales sólo podrán apartarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable. En ese sentido, se concluye que al igual que en el supuesto de los impuestos abordado en el precedente referido, la propuesta del Municipio respecto de las cuotas y tarifas aplicables a derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sólo puede modificarse por la Legislatura Estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable."

68. Lo anterior es así, toda vez que el estándar de motivación exigible a los Congresos Locales dependerá de las circunstancias en que se desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo, lo que requerirá un aumento, o bien, permitirá una disminución del grado de motivación cualitativa exigible a los órganos legislativos locales.

69. Este aspecto debe ser tratado con especial cuidado para no caer en el extremo de que este Alto Tribunal, al pronunciarse sobre la validez constitucional de las normas, decida los criterios de conveniencia económica o social en lugar del Congreso del Estado, sustituyendo con ello valoraciones de política económica y tributaria que corresponden a aquél en su carácter de órgano democrático; sin embargo, como esta Suprema Corte ya ha sostenido, también resulta necesario darle peso constitucional específico a la facultad de iniciativa del Municipio, a fin de armonizar la garantía institucional de integridad de la hacienda pública municipal con el principio de reserva de ley.

70. Por ello, es pertinente tener en cuenta ciertos parámetros que ayuden a ponderar las facultades en conflicto sin caer, por un lado, en una regla general que implique la mera verificación superficial de la existencia o inexistencia de cualquier tipo de justificación o, por otro, exigir en todos los casos una valoración pormenorizada y detallada, que implique un pronunciamiento de política tributaria respecto de las decisiones tomadas por las Legislaturas Estatales, motivo por el cual, para realizar esta armonización, debemos dar especial relevancia al criterio de la razonabilidad, que nos permitirá determinar, en su caso, la arbitrariedad del legislador.

71. La vinculación existente en el proceso legislativo entre las facultades del Municipio y de la Legislatura Local, en torno a los ingresos municipales, que se encuentra estructurada en la fracción IV del artículo 115 constitucional, lleva a este Alto Tribunal a considerar que dicha relación debe desenvolverse como un auténtico diálogo en el que existe un ejercicio alternativo de facultades y de razonamientos.

72. Se dice que existe un diálogo, porque comienza con la presentación de la propuesta, la que en algunos casos puede ir acompañada de una exposición de motivos; y continúa con la actuación de las Legislaturas Locales que se desenvuelve, por una parte, en el trabajo en comisiones, en las cuales se realiza un trabajo de recopilación de información, a través de sus secretarios técnicos u órganos de apoyo, en algunos casos a través de la comparecencia de funcionarios y en la evaluación de la iniciativa que se concreta en la formulación de un dictamen y, por otra parte, en el proceso de discusión, votación y decisión final de la Asamblea en Pleno.

73. Así pues, el estándar de motivación exigible a los Congresos Locales dependerá de las circunstancias en que se desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo, lo que requerirá un aumento, o bien, permitirá una disminución del grado de motivación cualitativa exigible a los órganos legislativos locales.

74. En orden a lo anterior y con base en lo resuelto en las diversas controversias constitucionales antes citadas, esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que la reflexión debe estar centrada en torno a dos ejes: el grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el Municipio (a.1), y la existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por el Municipio (a.2).

76. El primer elemento articulador a tomar en cuenta consiste en el grado de distanciamiento de la ley finalmente aprobada respecto de la iniciativa del Municipio, pues en la medida en que aquél aumente y redunde en la afectación de la recaudación de dicho nivel de gobierno, generará una obligación para el Congreso del Estado de formular argumentos cualitativamente superiores, independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de los motivos externados por el Municipio.

77. a.2. Existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por el Municipio

78. Tomando en cuenta la diversidad geográfica, social, cultural, de vocación económica de los Municipios que integran el país y sus capacidades económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de la facultad de iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones que incidirán en el grado sustancial de motivación exigible a los Congresos:

78.1. a.2.1. Ausencia de motivación. Si bien los Municipios tienen facultades constitucionales para proponer sus leyes de ingresos, la motivación de sus iniciativas no es un requisito constitucional y, por tanto, no es un elemento que, con base en su ausencia, justifique el rechazo de las propuestas del Municipio, sin embargo, esto tampoco implica que debe caerse en el extremo de exigir una decisión parlamentaria que pondere circunstancias que no fueron aducidas por los Municipios para dar sustento a su propuesta.

78.2. En estas circunstancias, el Congreso sólo deberá expresar en forma concisa, pero racional, los motivos por los cuales se deniega o se modifica la propuesta del Municipio.

78.3. a.2.2. Motivación básica. Puede suceder que se ofrezca una motivación elemental o limitada a las propuestas de leyes de ingresos. En tales casos, en virtud de que los Municipios han aportado un primer elemento para el proceso dialéctico legislativo, el parámetro de motivación por parte de las Legislaturas Estatales se incrementa en relación con el inciso anterior, surgiendo una obligación de formular argumentos que desvirtúen las propuestas de los Municipios, a partir de los aportados por éstos.

78.4. a.2.3. Motivación técnica. En los casos en que se formulen iniciativas con razonamientos pormenorizados basados en argumentos de política tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los elementos de su propuesta, se incrementa el estándar de motivación y el Congreso del Estado se verá obligado a desvirtuar con equivalentes argumentos técnicos o de política tributaria, la proposición del Municipio y la necesidad de apartarse de ella, con las acotaciones siguientes:

78.4.1. El criterio que se ha plasmado es cualitativo y no cuantitativo, es decir, para la aplicación del mismo debe atenderse a la calidad de los argumentos más que a la cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se exige es de sustancia.

78.4.2. No obstante lo anterior, la labor de este Alto Tribunal será revisar la razonabilidad de la respuesta, lo cual implica una especie de interdicción a la arbitrariedad del legislador más que la revisión minuciosa de la misma, por lo que una aparente inconsistencia de datos técnicos no sería motivo de invalidez, a menos que se detecte su arbitrariedad, cuestión que se irá construyendo caso por caso.

79. Bajo los términos indicados, la motivación del Congreso Local deberá darse, fundamentalmente, en los argumentos sustentados en los debates llevados a cabo en la respectiva Comisión de Dictamen Legislativo, pues como ha sostenido en esta Suprema Corte, la consideración y discusión cuidadosa de las iniciativas de ley municipales sería muy larga y compleja si tuviera que darse a nivel plenario en los Congresos Estatales, debiendo destacar que el trabajo de las Comisiones Legislativas favorece la adecuada división del trabajo en el seno de la Legislatura y permite interacción adecuada entre los diputados que tienen un mayor conocimiento en materias específicas.

80. Sirven de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 113/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1127 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondiente al mes de octubre de dos mil seis, la cual establece:

"HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES.-La vinculación existente en el proceso legislativo entre las facultades del Municipio y de la Legislatura Local en torno a los ingresos municipales a que se refiere la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desenvolverse como un auténtico diálogo en el que existe un ejercicio alternativo de facultades y de razonamientos, de manera que el principio de motivación objetiva y razonable reconocido como un límite a la libertad de configuración de los tributos por parte del legislador, debe guiarse por ciertos parámetros a fin de encontrar una motivación adecuada y proporcional en cada caso concreto, toda vez que el estándar de motivación exigible a los Congresos Locales dependerá de las circunstancias en que se desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo. En este orden de ideas, este Alto Tribunal considera que algunos ejes que pueden brindar parámetros para guiar la ponderación y dar el peso constitucional adecuado a dichas facultades son: 1) Grado de distanciamiento frente a la propuesta de ingresos enviada por el Municipio, que implica que en la medida en que exista mayor distanciamiento y redunde en la afectación de la recaudación del mencionado nivel de gobierno, se generará una obligación del Congreso del Estado de formular argumentos cualitativamente superiores, independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de los motivos externados por el Municipio; y, 2) Existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por el Municipio, respecto del cual debe destacarse que de acuerdo con la diversidad geográfica, social, cultural, de vocación económica de los Municipios que integran el país y sus capacidades económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de la facultad de iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones que, atendiendo al principio de razonabilidad, incidirán en el grado sustancial de motivación exigible a los Congresos, la cual debe ser adecuada a cada caso: a) Ausencia de motivación. Si bien la motivación de las iniciativas de las leyes de ingresos de los Municipios no es un requisito constitucional, esto no implica que deba caerse en el extremo de exigir una decisión parlamentaria que pondere circunstancias que no fueron aducidas por los Municipios para dar sustento a su propuesta, por lo que la labor del Congreso se simplificará y sólo deberá expresar en forma concisa pero racional, los motivos por los cuales se deniega o modifica la propuesta del Municipio; b) Motivación básica. Puede suceder que se ofrezca una motivación elemental o limitada a las propuestas de leyes de ingresos, en cuyo caso, en virtud de que los Municipios han aportado un primer elemento para el proceso dialéctico legislativo, el parámetro de motivación por parte de las Legislaturas Estatales se incrementa en relación con el inciso anterior, surgiendo una obligación de formular argumentos que desvirtúen las propuestas de los Municipios, a partir de los aportados por éstos; y, c) Motivación técnica. En otros casos se formularán iniciativas con razonamientos pormenorizados basados en argumentos de política tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los elementos de su propuesta; frente a este escenario, se incrementa el estándar de motivación y el Congreso del Estado se verá obligado a desvirtuar con argumentos técnicos equivalentes o de política tributaria la proposición del Municipio y la necesidad de apartarse de ella."

81. Asimismo, la tesis de jurisprudencia P./J. 114/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1126 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondiente al mes de octubre de dos mil seis, la cual establece:

"HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON CRITERIOS DE CARÁCTER CUALITATIVO Y NO CUANTITATIVO, CON BASE EN LOS CUALES DEBE DETERMINARSE LA RAZONABILIDAD DE LA MOTIVACIÓN DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES.-El grado de distanciamiento frente a la propuesta de ingresos enviada por el Municipio y la existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada por éste son considerados como herramientas que pueden auxiliar a evaluar la motivación exigible a las Legislaturas Estatales; sin embargo, debe enfatizarse que estos criterios son de carácter cualitativo y no cuantitativo, es decir, para su aplicación debe atenderse a la calidad de los argumentos más que a su cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se exige es de sustancia, de ahí que un argumento desarrollado extensamente, pero sin contenido sustancial, podrá desvirtuarse por otro más breve que sea esencial. Por otra parte, debe destacarse que la labor de este Alto Tribunal será revisar la razonabilidad de la respuesta, lo que implica una especie de interdicción a la arbitrariedad del legislador más que su revisión minuciosa, por lo que una aparente inconsistencia de datos técnicos no será motivo de invalidez a menos que se detecte su arbitrariedad, cuestión que se irá construyendo caso por caso."

82. También es necesario atender que, como se dijo en la contradicción de tesis 17/2003-PL, el impuesto predial es un gravamen directo, real y local. De tal forma que es una de las principales fuentes de ingreso de la hacienda pública municipal.

83. Asimismo, tratándose de la regulación legal del impuesto predial, este Alto Tribunal ha reconocido que la propuesta de los Ayuntamientos tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales y que, toda vez que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, sí proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable.

84. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 122/2004, visible en la página mil ciento veinticuatro, Tomo XX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).-La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el proceso de regulación del impuesto predial, divide las atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe derivarse de una interpretación sistemática de la citada fracción IV, la cual regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales, asimismo, establece diversas garantías a favor de los Municipios, como la libre administración de la hacienda municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarían soslayadas si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad los elementos configuradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar la propuesta municipal más allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. Por ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que sólo pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable; de ahí que cuando las Legislaturas, al aprobar las leyes de ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los Ayuntamientos referentes al impuesto predial, es necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que dichos órganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivación objetiva en la cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo."

86. En este sentido, se advierte que la valoración de la motivación presentada por el Municipio y la exigida al Congreso depende de cada caso concreto, atendiendo a lo manifestado por las partes, las pruebas presentadas, así como de todos los elementos con los que se cuenta al momento de resolver. Corresponde destacar que, a partir de entonces, han existido otros casos, en los que se ha aplicado dicha doctrina, tales como las controversias constitucionales 1/2011, 4/2011, 16/2013 y 1/2015.

87. Así, con base en el estándar desarrollado por este Tribunal Pleno, corresponde ahora analizar si la actuación de la Legislatura se ajustó a la potestad tributaria compartida que establece la Constitución Federal.

88. (B) Determinar si en el caso concreto la actuación de la Legislatura Estatal, de limitar los incrementos propuestos por el Municipio correspondiente, se ajusta al parámetro de control constitucional reseñado con anterioridad.

89. Una vez relatados los precedentes anteriores, se determinará si el Congreso del Estado de S. se apartó de manera importante de la propuesta enviada por el Municipio (b.1); y si para hacerlo expuso una base objetiva y razonable, en comparación con los motivos expuestos por el Municipio actor sobre la pertinencia de su propuesta (b.2).

91. Sobre el grado de distanciamiento de la propuesta del Municipio se advierte que, efectivamente, el Congreso del Estado modificó la iniciativa. En el caso concreto del Municipio de M., se presentaron las siguientes tablas como propuesta para fijar los valores unitarios de suelo y construcción:

Ver tablas 1

92. Como puede advertirse de esta tabla, la propuesta del Municipio de M. presentaba incrementos respecto del año anterior en la tabla de valores de suelo y construcción para el año dos mil diecisiete, los cuales iban desde un 0% hasta un 1339%.

93. La Legislatura Estatal, si bien en el dictamen del trabajo que realizó en comisión inicialmente propuso aprobar las tablas en sus términos, en su discusión frente al Pleno del Congreso Estatal modificó la propuesta de actualización realizada por los diversos Ayuntamientos, entre los que se incluye el actor, a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo primero del decreto, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

94. Se observa que la modificación realizada por el Poder Legislativo, fue limitar los incrementos a un 10% en aquellos casos en que procediera un incremento igual o superior a 11% frente a los valores del ejercicio anterior. Se precisa que la técnica legislativa empleada fue la de establecer un límite general que debe adminicularse con los valores que se insertaron al propio decreto, los cuales se encuentran publicados en los mismos términos en que fueron presentados por los Municipios.

95. En otras palabras, la Legislatura no realizó cálculo alguno sobre los nuevos valores que se consideraban aprobados para efectos de su publicación en el Diario Oficial, es decir, no realizó la operación aritmética necesaria para obtener la diferencia entre el valor propuesto por el Municipio y el aprobado por el Congreso conforme al límite del 10%; sino que los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción fueron publicados con los valores propuestos por el Municipio (los cuales, en términos del artículo tercero del propio decreto, en el cual se establece que forman parte de tal instrumento normativo).

96. No obstante lo anterior; es claro que, al establecer un límite general que se considera aprobado frente a tales valores, aquellos que representen un incremento igual o superior al 11% de los valores aprobados en el ejercicio fiscal anterior fijado por el Congreso del Estado, deben entenderse modificados por la decisión aprobada por la Legislatura.

97. El Municipio actor propuso que todos los valores catastrales sufrieran un incremento importante, pues sus valores oscilan entre el más bajo porcentaje de 0% y el más alto porcentaje de 1339.73%. Como se puede observar de la tabla, casi todos los incrementos propuestos son superiores al 11% establecido por el Congreso del Estado de S., con excepción del caso en el que no existió un incremento, por lo que la modificación del primer artículo del decreto impacta directamente en los 47 valores restantes propuestos por el Municipio de M..

98. Así, el grado de distanciamiento entre la propuesta enviada por este Municipio y lo aprobado por el Congreso Local puede determinarse al calcular la diferencia que resulte entre el porcentaje de incremento para cada predio propuesto por el Municipio (indicado en las tablas que se insertaron previamente) y el límite tasado por el Congreso del Estado de S. (10%).

99. En el caso concreto de los valores modificados, el grado de distanciamiento del Congreso Local de la propuesta del Municipio de M. puede ser alto, en virtud de que modificó casi todos los valores propuestos, y en una diferencia porcentual importante en la mayoría de ellos, en un margen de distanciamiento que cuantitativamente se sustenta entre un 19.57% y el más alto porcentaje de 1329.73%.

100. Al respecto, puede ser de utilidad para identificar el grado de distanciamiento general en el caso concreto, las tablas que a continuación se insertan y que expresan en porcentaje la diferencia entre la propuesta municipal y el producto legislativo final adoptado por el Congreso:

Ver tablas 2

101. Como se observa, en el presente asunto el Congreso del Estado de S. se distanció de manera importante de la propuesta presentada por el Municipio que pretendía la aprobación de incrementos superiores al promedio del resto de los Municipios del Estado.

102. Al respecto, debe destacarse que evaluar el grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el Municipio es una forma objetiva de determinar la importancia de las modificaciones realizadas por el Congreso Local. En esta lógica, un mayor grado de distanciamiento implicaría: 1) un mayor grado de intromisión a la facultad constitucional de los Municipios de emitir sus propias tablas de valores unitarios de suelo y construcción; y, 2) que el Congreso consideró necesario intervenir de manera importante en atención a las valoraciones de política económica y tributaria que corresponden a aquél en su carácter de órgano democrático.

103. En estas consideraciones, entre mayor sea el grado de distanciamiento respecto de la propuesta original, se advierte que debe analizarse con mayor cuidado y con un escrutinio más estricto si existía una justificación objetiva y razonable para la intervención del Congreso Local. Lo anterior, pues es evidente que existía un mayor riesgo de que el Congreso se hubiere extralimitado de sus facultades en este proceso dialéctico y, al mismo tiempo, es necesario valorar si existía una justificación para que el Congreso actuara de esa forma.

104. Es por ello que, al determinar este primer elemento articulador, el Tribunal Pleno ha concluido que existe una carga para la Legislatura de formular argumentos cualitativamente superiores, independientemente de los motivos externados por el Municipio.

105. Sin embargo, esto no implica que el Congreso haya actuado indebidamente, puesto que si bien tal circunstancia implica que el Congreso estaba obligado a emitir razonamientos cuantitativamente superiores para desvirtuar los argumentos del Municipio actor; dicho Poder Legislativo cuenta con las facultades necesarias para hacer cambios a las propuestas de los Municipios, siempre que tengan una justificación objetiva y razonable, tal como se explicó en párrafos anteriores. Aspecto que será desarrollado en el siguiente apartado.

107. Para evaluar la motivación expresada por el Congreso Local para dicha modificación en comparación con los motivos expresados por el Ayuntamiento actor, es necesario tomar en cuenta los antecedentes legislativos de las disposiciones cuya invalidez se demanda:

108. Mediante el oficio que el Ayuntamiento de M. hizo llegar al Congreso del Estado de S., se señaló que en las bandas y tablas de valores, se asemejan los valores catastrales a los valores comerciales de los predios urbanos y rurales, debido a que las bandas de valores urbanas estaban hasta en un 40% de su realidad; así como también en los predios de agostaderos y agricultura, destacando que en esta localidad solamente pagan impuestos o están registrados sólo un 47% de las propiedades.

109. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Congreso del Estado de S. recibió la iniciativa de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio de M. (no acompañó documentación comprobatoria o técnica alguna de lo manifestado en su escrito).(7)

110. Dentro de los trabajos legislativos, se desprende que el día cuatro de octubre de dos mil dieciséis, los diputados pertenecientes a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales se sentaron a discutir las propuestas presentadas por los Municipios de S.. Al efecto, se invitó tanto al Instituto Catastral y R. del Estado de S. (I.), como a los presidentes municipales y sus representantes con el fin de que se les proporcionara información sobre el comportamiento de los valores catastrales en sus Municipios para el año dos mil diecisiete.

111. En uso de la palabra, en primer lugar, la directora general de Catastro en el Estado, la licenciada M.B. aportó algunos lineamientos, manifestando lo siguiente: Que presentaban los estudios y valores unitarios de terrenos de construcción, de conformidad con el artículo 115 constitucional, apegado a los principios de proporcionalidad y equidad; y que para poder llegar al estudio de valores unitarios de terrenos y construcción se cuenta con dos grupos de apoyo que son el Consejo Consultivo de Peritos Valuadores, así como el Consejo Consultivo de Técnico Catastral. Acto seguido, explicó la metodología empleada para poder establecer los valores catastrales en los Municipios y el calendario al que se apegaron para presentar sus propuestas.(8) Al respecto, manifestó lo siguiente:

111.1 Los Ayuntamientos presentan a I. los estados de valores de terrenos y construcciones en planos debidamente constituidos.

111.2 Posteriormente se capturan los valores unitarios, haciendo un cruce entre las capas de predios de las zonas homogéneas y bandas de valor.

111.3 Así, se crea un catálogo de valores de la misma zona.

111.4 Estos catálogos, al ser constituidos en el sistema de gestión catastral, generan la valuación de todos los predios, sirviendo como base para determinar el impuesto predial.

112. En lo que al caso interesa, el representante del Municipio de M. se presentó a la invitación efectuada por el Congreso y explicó los motivos de su iniciativa, al tenor de diverso argumentos, entre los que destacan los siguientes:(9)

112.1 Los valores catastrales no habían sido actualizados en 15 o 20 años.

112.2 Se trata de asemejar los valores catastrales en un 70 u 80% del valor de las propiedades.

112.3 En el Municipio se cuenta con todos los servicios, se encuentra urbanizado en su mayoría con concreto hidráulico, y donde no existe concreto asfáltico o carpeta asfáltica.

112.4 En el centro existe una convergencia de cuatro carreteras y hay una plusvalía de las propiedades.

112.5 Es el primer Municipio que realiza un levantamiento con apoyo decidido del I., porque solamente tenía registrado el 47% de la gente inscrita ante el catastro.

112.6 Los valores de las construcciones también se consideraron con los ingenieros civiles, los constructores, y aun así se encuentran muy por debajo en los valores y en las tablas de valores unitarios de construcción.

112.7 Los incrementos propuestos, además, dan la oportunidad de que la gente en realidad refleje el valor real de su propiedad, porque a veces se les realizan avalúos que resultan irreales.

112.8 Los incrementos propuestos permitirán al Municipio cobrar lo real, en concepto de traslación de dominio, y lo justo por impuesto predial.

113. Por su parte, por lo que hace a los diputados que integraron la comisión respectiva, se observa dentro de los posicionamientos que efectuaron de manera dialéctica en el trabajo con los Municipios, los siguientes:

113.1 Respecto del tema de que existían Municipios que tenían muchos años sin actualizar sus valores, se sobreponía la idea de que fueran actualizados constantemente y que se cumpla con esa responsabilidad, para luego no tener que interpretar incrementos que aparentan ser excesivos. Es saludable pensar en que no se trata de subir impuestos, sino de que se tengan valores apegados a la realidad.(10)

113.2 Se externó la preocupación de que los incrementos no fueran trasladados al cobro del predial, aun cuando se tiene el conocimiento de que las finanzas de los Municipios son complicadas. En todo caso, para obtener mayores recursos deben llevarse a cabo diversas medidas: la disminución del gasto corriente, partidas no indispensables y programas de austeridad.(11)

113.3 El aumento de los valores catastrales es parte del trabajo que se desarrolla desde la presidencia, en el Gobierno Federal, con relación a la regularización del patrimonio de las familias, pero se insiste en que se tiene que tener especial cuidado en que no se afecten los impuestos prediales.

113.4 Si bien se advierten incrementos aparatosos, debe considerarse que en muchos Municipios tenían varios años sin haberlos regularizado y sin haber actualizado sus valores. Así, una medida es que los incrementos del impuesto no sean mayores al 10% del año anterior.(12)

113.5 Es prudente que se actualicen los valores, siempre y cuando lo realicen especialistas y peritos en la materia para que no haya un abuso, y en esa medida se recaude lo justo.(13)

113.6 El dictamen propuesto por la comisión, podría ser revalorado en sus consideraciones para que se reflejara lo que marca el I. y, además, homologar en la exposición de motivos las razones por las que se están actualizando las tablas.(14)

114. Después de los trabajos que se han narrado con anterioridad, la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales aprobó el dictamen de fecha de cuatro de octubre, tanto en lo general como en lo particular, en el que se aprobaban -en sus términos- las iniciativas presentadas por diversos Municipios, entre ellos, el de M., a efecto de someterlo a consideración del Pleno de ese Poder Legislativo.(15)

115. De acuerdo con lo reseñado por la comisión en el dictamen, el Municipio actor propuso lo siguiente:

"... asemejar los valores catastrales a valores comerciales de propiedades urbanas y rurales para el año 2017, para lo cual, según argumentos vertidos por las autoridades municipales, llevaron a cabo un levantamiento de todas las propiedades urbanas, con el apoyo de la Dirección de I., debido a que se detectó que sólo el 47% de los propietarios estaban registrados y de éstos, sólo el 30% hace el pago correspondiente al impuesto predial, por lo que se revisó cuál era el valor de los terrenos y éstos estaban en un promedio del 20%, al 25% de su precio, al igual que en las construcciones, las cuales se contemplaban con un valor del 30% al 40% del valor real y en lo concerniente a los predios rurales, se detectó que sus valores eran totalmente inferiores a los valores reales, por lo que en estos casos se dan incrementos hasta equipararlos a un 80% del valor comercial, para lo cual se proponen los siguientes incrementos. ...". Al respecto, en el dictamen se reseñaron los diferentes incrementos que proponía el Municipio de M., los cuales iban desde 29.57% el menor, hasta 1339.73% el mayor.

116. Cabe destacar que la comisión señaló en el dictamen que sus integrantes habían tomado el compromiso para establecer un mecanismo jurídico en las 72 leyes de ingresos municipales para que el cobro del impuesto predial relativo al ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete no representara incrementos sustanciosos, a efecto de cuidar la economía de los contribuyentes sonorenses.

117. Ahora bien, el día seis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Poder Legislativo de S. discutió la aprobación de los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que servirán de base para efectuar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Entre los puntos a discusión, se destaca el debate relacionado con los incrementos del valor catastral que fueran superiores al 10%.

118. De acuerdo con la minuta de la sesión, el rechazo de los incrementos propuestos que excedían de un 11%, por 11 Municipios, se basaba en que era su obligación defender los derechos de la ciudadanía por encima de cualquier otro tipo de interés. De acuerdo con su argumentación, el incremento desmedido derivaría en un aumento de impuestos en perjuicio de la gente, a efecto de que el Municipio cuente con más recursos.

119. Los diputados que rechazaron los incrementos -quienes sustentaron que su decisión no estaba motivada por inclinaciones políticas- alegaron que la "complicada" situación financiera de los Municipios requería la imposición de otras medidas, como la disminución del gasto corriente, la disminución de partidas no indispensables como viáticos, gastos de ceremoniales, contratación de honorarios, así como llevar a cabo verdaderos programas de austeridad. De esta forma, señalaron que la obtención de mayores recursos para mejorar las finanzas de los Municipios y la debida actualización de las tablas de valores catastrales, no justificaba el aumento de impuestos en perjuicio de la ciudadanía.

120. Así, durante la discusión en lo particular del dictamen, presentado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, con proyecto de decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, presentadas por diversos Ayuntamientos del Estado, la diputada A.M.L.V.A. presentó una propuesta de modificación al artículo primero, en el que, precisamente, se limitaba de manera general el incremento propuesto por los Municipios a un 10%.

121. Ante la propuesta, se posicionaron dos diputadas: C.T.L.C. indicó que el grupo parlamentario de Acción Nacional se sumaban a la propuesta, porque consideraban fundamental que se privilegiara la economía de las familias. Por su parte, la diputada A.M.P.G. indicó lo siguiente:

"... yo quiero dejar claro que no es vinculante el impuesto predial con la actualización de las tablas de valores catastrales, que los Ayuntamientos en este caso los alcaldes han solicitado, sobre todo los que vinieron a la reunión de comisión que tuvimos y que yo les agradezco, sobre todo en el caso de S.L. Río Colorado que vino y justificó y argumentó muy bien por qué tenía el que actualizar las tablas de valores catastrales, ya que tenía 14 años el Municipio sin hacerlo, al igual que el Municipio de M. y otros más, es cierto los otros Municipios no acudieron reunión, a la invitación que se les hizo, pero también los que venían queriendo o solicitando se les apruebe la actualización de sus tablas de valores catastrales, era porque ya traían un requerimiento de la misma dirección general de servicios catastrales para que lo hagan a la brevedad en tiempo y forma, es una disposición del Gobierno Federal que todos los Municipios actualicen sus tablas de valores catastrales."

122. La decisión de modificar la iniciativa del decreto, a efecto de limitar los incrementos que fueran iguales o superiores al 11% comparados con los valores aprobados para el ejercicio inmediato anterior a un máximo de 10%, fue aprobada por unanimidad en dicha sesión del Congreso del Estado de S., una vez rechazada, también por unanimidad, la propuesta original presentada por la comisión.

123. Así, de los antecedentes transcritos se advierten diversos elementos que permiten a este Tribunal Pleno estar en aptitud de tomar una decisión sobre el presente asunto:

124. La propuesta de modificación a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio actor, en relación con los incrementos a los valores catastrales, surgió como resultado de que muy pocos predios pagan impuestos o están registrados, por lo que se buscó asemejar dichos valores a los valores comerciales.

125. El Municipio actor indicó que las bandas de valores urbanos estaban hasta en un 40% de su realidad; así como también los predios de agostaderos y agricultura, respecto de los cuales se mencionó que solamente pagan impuestos o están registrados un 47% de las propiedades.

126. Cabe mencionar que en los trabajos legislativos efectuados en comisiones (a los cuales, como se ha reseñado con antelación, el Tribunal Pleno ha dado un peso específico y relevante en estos casos), se señalaron algunos elementos adicionales: que los valores catastrales no habían sido actualizados en años, que el Municipio cuenta con todos los servicios y se encuentra urbanizado, que algunas zonas cuentan con plusvalía por la convergencia de carreteras, que realizó un levantamiento con apoyo del I.; y que, a pesar de todo, los valores de las construcciones se encuentran muy por debajo en los valores.

127. Por su parte, el Congreso del Estado de S. concluye de una revisión de la iniciativa (de manera conjunta con la de otros Municipios) que el incremento del valor catastral tendría un impacto directo en el monto a pagar del impuesto predial en detrimento de la economía de los contribuyentes, cuando existen otras medidas que pudieran ayudar a las finanzas municipales sin afectar a los particulares. Por lo tanto, el Poder Legislativo del Estado de S., al aprobar el decreto combatido, decidió limitar los incrementos, para prevenir el aumento de manera excesiva el pago de impuestos; de tal forma que se protegieran los intereses de los particulares.

128. Así, el Municipio actor presentó una propuesta de modificación de las tablas de valores unitarios de suelo, con una justificación que esgrimió en el escrito mediante el cual remitió dicha iniciativa al Congreso Local. En este sentido, se advierte que las manifestaciones del Ayuntamiento expresaron cuál era la razón de incrementar el valor catastral de los predios de su Municipio, las cuales han sido reseñadas con anterioridad.

129. De lo anterior se deduce que en el desarrollo del ejercicio de la facultad de iniciativa, el Municipio de M. expresó argumentos para justificar el incremento de valores catastrales, por lo que el grado sustancial de motivación exigida al Congreso no puede ser el de ausencia de motivación, pues sí señaló de manera concreta razones básicas para presentar su iniciativa.

130. Debe precisarse que la explicación del Municipio no contiene razonamientos pormenorizados basados en argumentos de política tributaria o con un importante sustento técnico para justificar los elementos de su propuesta, ni tampoco fue acompañada de la documentación comprobatoria respectiva, como lo pueden ser estudios o análisis aportados por peritos valuadores; sin que pueda considerarse, como lo señala el actor, que los elementos técnicos se encontraban "implícitos" en su iniciativa. Pues si bien se indica que es el resultado del trabajo de profesionales en ese campo, no se observa que tales documentos se hubieren presentado ante el Congreso del Estado (inclusive, cuando fueron requeridos, para el caso de existir, por el Ministro instructor).

131. De igual forma, se advierte que el Municipio actor no otorgó ninguna razón que explique por qué decidió imponer los montos de incremento en cada uno de los tipos de predio señalados en la tabla de valores catastrales. Es decir, si bien explicó las razones que lo llevaron incrementar dichos valores, lo cierto es que su explicación no fue exhaustiva hasta incluir los motivos que lo llevaron a determinar ciertos montos en específico en lugar de otros, y respecto de determinados rubros en las tablas correspondientes.

132. La simple mención de elementos técnicos o de haber recibido el apoyo de profesionales técnicos en la valuación de predios, no puede encuadrar, ni presumir, que la motivación de un Municipio presentada en su iniciativa es de carácter técnico, pues ello implicaría arrojar una carga desproporcionada a las Legislaturas de los Estados de pronunciarse sobre cuestiones de las cuales no se cuenta con información suficiente, rompiendo con ello el proceso de vinculación dialéctica al que se aspira en el estándar de control constitucional.

133. Es por ello que para considerar una motivación técnica, los Municipios, al presentar sus iniciativas, no sólo deben hacer mención del proceso y asesoramiento de profesionales por virtud del cual arribaron a los valores que proponen; sino que, de ser el caso, deberán acompañar una explicación suficiente sobre los elementos que los componen: metodologías, estudios, fórmulas, descripción de los trabajos de infraestructura en las zonas correspondientes, entre otros.

134. Sin embargo, es correcto que -como lo señala el actor- el Congreso Local estaba obligado a emitir de expresar una motivación; sin embargo, tampoco se encontraba obligado a esgrimir una motivación técnica, puesto que la iniciativa no contiene razonamientos pormenorizados basados en argumentos de política tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los elementos de su propuesta.

135. A juicio de este Alto Tribunal, la obligación del Congreso puede evaluarse conforme al estándar de motivación básica, en tanto se ofreció una motivación elemental o limitada. De esta forma, en virtud de que el Municipio aportó un primer elemento para el proceso dialéctico legislativo, el parámetro de motivación por parte de la Legislatura Local conlleva la obligación de formular argumentos que desvirtúen razonablemente la propuesta del Municipio de M..

136. Como se relató, el Congreso del Estado de S. señaló las razones por las que disentía de la propuesta planteada por el Municipio actor: principalmente, no afectar a los gobernados respecto de las cargas tributarias a las que estaban obligados. No obstante, estas razones -sin prejuzgar sobre la política tributaria adoptada- no guardan ninguna relación con la justificación que otorgó el Municipio para los incrementos propuestos, pues de ninguna manera desvirtúan la validez de las pretensiones del Municipio de aumentar los valores unitarios de suelo y construcción.

137. Lo anterior es así, pues no combaten lo expresado por el Municipio en el sentido de que se pretendía asemejar los valores catastrales al valor comercial, que el Municipio ahora cuenta con todos los servicios y se encuentra urbanizado, que algunas zonas cuentan con plusvalía por la convergencia de carreteras y que recibió el apoyo del I.. Máxime cuando, inclusive, en el trabajo en comisiones asistió la directora de Catastro del Estado, quien explicó la metodología empleada para formular las propuestas de los Municipios.

138. En virtud de que el estándar de motivación básica impone la obligación al Congreso Local de otorgar argumentos objetivos y razonables que desvirtúen las propuestas de los Municipios, esta Suprema Corte concluye que la Legislatura del Estado de S. no cumplió con su obligación de motivación, en términos del artículo 115 constitucional.

139. En otras palabras, si en el presente asunto el Municipio de M. otorgó razonamientos básicos para sustentar su propuesta, entonces, el Poder Legislativo estaba obligado a desvirtuar las justificaciones del Municipio actor para aumentar los valores unitarios de suelo y construcción, con base en argumentos objetivos y razonables. Por tanto, no es suficiente lo que manifestó el Congreso Local, en la sesión ordinaria de seis de octubre de dos mil dieciséis, pues se apartó de la iniciativa, con un argumento que no guarda una relación directa o medianamente vinculada con las razones que fueron aportadas por el Municipio.

140. Además, el límite se estableció de manera general frente a las propuestas que fueron presentadas por la totalidad de los Municipios, sin reparar en estudiar las condiciones o circunstancias particulares de cada uno de ellos, lo que evidencia que con la decisión adoptada por el Congreso del Estado se dejó de ponderar la posible afectación a la hacienda pública municipal, pues no es posible que ello se realice de manera general frente a todos los Ayuntamientos, siendo que cada uno se desenvuelve en un contexto distinto económico y social.

141. R. lo anterior el hecho de que -inclusive- en diversos precedentes, este Tribunal Pleno ha concluido que la afectación de los particulares por sí misma no es una razón válida que justifique la modificación de las iniciativas propuestas por los Municipios ante la presencia de razones (básicas o técnicas) aportadas por ellos. A manera de ejemplo, desde la controversia constitucional 18/2006 se sostuvo lo siguiente:(16)

"... Por otro lado, no es desconocido que cualquier aumento en los valores unitarios del suelo y construcciones, para efecto del cálculo del impuesto predial, ‘afecta a los particulares’; sin embargo, ese argumento aislado que brinda la Legislatura demandada no constituye una razón jurídica y presupuestal suficiente para desvirtuar la propuesta presentada por el Ayuntamiento actor, pues tal como se sostuvo con anterioridad, dicha ‘afectación’ es consecuencia de la naturaleza de las tablas de valores unitarios, al constituir la base de cálculo del impuesto predial, además, la Legislatura deja de ponderar la posible afectación a la hacienda pública municipal."

142. Por su parte, al resolverse la controversia constitucional 13/2006, se desprende que en aquel asunto, en dictamen que aprobó la modificación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, se indicaba que con la iniciativa propuesta por el Municipio actor "se afectaría a los particulares en sus obligaciones contributivas",(17) lo cual fue desestimado, en virtud de la declaratoria de invalidez que se efectuó en el precedente indicado.

143. De igual forma, al resolverse la controversia constitucional 1/2011, este Tribunal Pleno consideró que el Congreso del Estado de Nuevo León no había modificado la propuesta enviada por el Municipio de S.P.G.G., pues se había limitado a señalar que algunas de las 320 colonias revaloradas eran consideradas como de escasos recursos, lo cual no desvirtuaba objetivamente las razones aportadas por el actor (en aquel caso de carácter técnico):(18)

"Las razones que otorga el Congreso, no pueden considerarse como una justificación objetiva y razonable que lleve a la modificación de la propuesta del Municipio, pues si el proyecto de referencia se apoyó en un dictamen técnico, también lo debió haber sido su modificación, lo cual no sucedió en el caso que nos ocupa, pues el Congreso Local sólo justificó su actuar con el argumento de que algunas colonias son consideradas de escasos recursos.

"En tales circunstancias, se desprende que la propuesta del Municipio no fue atendida del todo, en tanto si bien se concedió su actualización de manera parcial y consideró excluir ciertas colonias por ser de escasos recursos, lo cierto es que el Congreso Local no aportó argumentos suficientes para explicar la racionalidad de su actuación."

144. Lo expuesto es acorde con la lógica del parámetro de control constitucional, pues el requisito de aportar razones objetivas y razonables para apartarse de la iniciativa presentada por un Municipio debe darse necesariamente en el entendido del proceso dialéctico que guardan entre uno y otro, y no de manera aislada. En consecuencia, es necesario que las razones aportadas por la Legislatura se dirijan a desvirtuar las aportadas por el Municipio, y sin que sea posible que esta Suprema Corte analice en abstracto la objetividad y razonabilidad de una medida de manera aislada en aquellos casos en que hubo una motivación cuando menos de carácter básico.

145. Además, el Tribunal Pleno ha guardado siempre un especial cuidado para no caer en el extremo de que, al pronunciarse sobre la validez constitucional de las normas, se decida sobre los criterios de conveniencia económica o social en lugar del Congreso del Estado, sustituyendo con ello, valoraciones de política económica y tributaria que le corresponden en su carácter de órgano democrático.

146. Por tanto, no implica que las Legislaturas de los Estados no puedan o no deban tomar decisiones con base en aspectos objetivos de política económica o tributaria, entre ellas, la protección de los particulares frente a sus obligaciones tributarias; sin embargo, ello no desnaturaliza de forma alguna la obligación constitucional de dar contestación a las razones aportadas por los Municipios en las iniciativas mediante las cuales proponen el incremento o el ajuste de valores de aquellos aspectos que son de su competencia.

147. Más aún, la potestad tributaria (inclusive, cuando se encuentra establecida de forma compartida) encuentra sus propios límites frente a los gobernados en los principios constitucionales de justicia tributaria (legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público), pero ello constituye un parámetro de control constitucional distinto al problema competencial que en el presente asunto se discute, en el que la Legislatura Local se encontraba constreñida a desvirtuar las razones expuestas por el Municipio, lo que enfatiza que "la afectación a las cargas tributarias" no es un elemento que verdaderamente pondere la posible afectación a la hacienda municipal.

148. Aunado a esto, es importante recordar que en el presente caso se está ante un grado de distanciamiento alto frente a la propuesta que presentó el Municipio, por lo que el Congreso tenía la obligación de motivar de manera cualitativamente superior, con independencia de las razones aportadas por el Ayuntamiento, su decisión de limitar los incrementos propuestos; aspecto que indiscutiblemente aumenta el grado de escrutinio de las razones externadas por la Legislatura Estatal.

149. En consecuencia, toda vez que el Congreso Local no actuó dentro del ámbito de sus facultades, este Tribunal Pleno concluye que al modificar la propuesta del Municipio de M. se contravino el artículo 115 constitucional, fracción IV, primer párrafo incisos a) y c); y, asimismo, actuó en contra de lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales y, en consecuencia, se declara fundado el concepto de invalidez en estudio.

151. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracciones IV y V, y 45, en relación con el 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para determinar los órganos obligados a cumplirla, el término para el cumplimiento y la fecha en la que producirán sus efectos las sentencias que dicte en este medio de control constitucional.

152. En particular, cabe destacar que el artículo 45 de la mencionada ley establece que no es posible otorgar efectos retroactivos en una controversia constitucional, excepto en materia penal. De esta forma, los efectos de la declaración y la consiguiente inaplicación de los preceptos impugnados, sólo surtirá efectos respecto de aquellas contribuciones que no se hayan causado aún en la fecha de publicación de la presente sentencia.

153. En tales condiciones, este Tribunal Pleno determina que la presente sentencia surtirá sus efectos a los treinta días naturales siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de S., al cual se fija el referido plazo para que subsane el vicio advertido, según lo expuesto en el considerando anterior.

154. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.-Se declara la invalidez del Decreto Número 88, por el que se aprueban las tablas y planos de valores unitarios de suelo y construcción, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Ayuntamiento de M., Estado de S., para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, publicado en el Boletín Oficial del Estado el veinte de octubre de dos mil dieciséis, respecto de aquellos valores que, habiéndose propuesto por el Municipio actor en un incremento superior al 11%, se entendieron limitados a un 10%; declaración de invalidez que surtirá sus efectos a los treinta días naturales siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de S., al cual se fija el referido plazo para que subsane el vicio advertido.

TERCERO.-Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de S., así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

N., haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., L.P. y presidente A.M., respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causales de improcedencia.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., L.P. y presidente A.M., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo. El M.F.G.S. reservó su derecho de formular voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los Ministros G.O.M., C.D., P.R., P.H. con precisiones, M.M.I., y presidente A.M., respecto del considerando sexto, relativo a la decisión y efectos. Los Ministros L.R., F.G.S., Z.L. de L. y L.P. votaron en contra. El M.F.G.S. anunció voto particular.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., L.P. y presidente A.M..

El Ministro P.D. no asistió a la sesión de dos de octubre de dos mil diecisiete por desempañar una comisión oficial.

El Ministro presidente A.M. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Nota: El voto particular que formuló el M.J.F.F.G.S. en las ejecutorias relativas a las controversias constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 210/2016, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de febrero de 2018 a las 10:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Tomo I, febrero de 2018, página 284, así como en el Diario Oficial de la Federación de 13, 14 y 12 de febrero de 2018, respectivamente.

La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 12 de febrero de 2018.

________________

1. Declarados inhábiles los días treinta y uno de octubre, el uno y dos de noviembre, en sesiones privadas de diecinueve de septiembre, y seis de octubre con fundamento en el punto primero, inciso n), del Acuerdo General 18/2013.

2. Foja 13 del expediente de la controversia constitucional 210/2016.

3. Fojas 154 a 160 del expediente principal.

4. Foja 114 del expediente de la controversia constitucional 210/2016.

5. Foja 60 del expediente de la controversia constitucional 210/2016.

6. En efecto, en la controversia constitucional 15/2006, por ejemplo, se le dio un gran valor a lo discutido por la Comisión de la Legislatura para analizar la motivación del Congreso. Por otro lado, en la controversia constitucional 18/2006 se valoró la omisión del Congreso de otorgar el derecho de audiencia al Municipio para realizar manifestaciones respecto de las observaciones y modificaciones realizadas, cuando la Constitución Local preveía que las iniciativas rechazadas tenían que comunicarse a su autor, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal establecía que las comisiones podrían solicitar la comparecencia de funcionarios municipales cuando lo consideren necesario. Finalmente, en la controversia constitucional 13/2006 se resolvió con base en presunciones a favor de lo manifestado por el Municipio actor y por la omisión del Congreso de desvirtuarlas.

7. Inclusive, el Ministro instructor requirió al Municipio actor para que proporcionara, de ser el caso, los anexos que acompañó a su iniciativa, lo cual no fue desahogado en su momento.

8. Inclusive, se menciona que el único Municipio que no presentó ante el Congreso del Estado ninguna propuesta, fue el Municipio de Puerto Peñasco, al que se le aplicaba el factor que establece la Ley Catastral 143, que es con el factor del índice inflacionario. De la versión estenográfica también se desprende que se proyectó una presentación, cuyas diapositivas no obran en el expediente en el que se actúa.

9. Al respecto, se observa el posicionamiento del ingeniero H.S., en el cual, manifiesta lo siguiente: "... Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta, la diputada P., de esta Comisión de Presupuestos Municipales. Yo quiero decirles que quizá sea el único Municipio pequeño del Estado de S. que esté ahorita aquí. En lo cual, una revisión que hacemos en los valores catastrales, considero que por lo menos hacía 15 o 20 años en que no había una actualización en nuestro Municipio. Tan es así, que el valor en las periferias trae un valor de $13 el metro cuadrado de suelo urbano, lo cual es injusto, y la única posibilidad de nuestros Municipios, los Municipios pequeños, de tener una pequeña recaudación, es a través de los impuestos prediales y es a través de la traslación de dominio, que comentaba el compañero de Obregón. Platicando con la gente, con los ingenieros, tanto con los constructores, como con los evaluadores, tratamos de asemejar los valores catastrales en un 70, 80% al valor real de las propiedades. Y aquí podrán ver donde manejamos únicamente cuatro zonas: Traemos ... En el centro trae un valor de $138 en M.. En M. contamos con todos los servicios, urbanizado en su mayoría con concreto hidráulico, donde no pues hay concreto asfáltico o carpeta asfáltica. Entonces ahí los terrenos ... como ejemplo, la parte céntrica tiene un valor, ahorita, en el mercado, desde $1,000 hasta $2,000 el metro cuadrado, por ser M. el centro de la Sierra, donde hay una convergencia de cuatro carreteras y hay una plusvalía en las propiedades en el Municipio. Estamos manejando $600, donde hay un incremento de 331%. ¿Por qué? Porque yo considero que, por lo menos, hacia ... desde el 2002 teníamos ya nosotros la facultad como Municipio para poder hacerles la propuesta al Congreso del Estado en este sentido. Pues quizá se va ver muy injusto, pero ésa es la realidad. Además, M. es el primer Municipio que hizo un levantamiento con el apoyo decidido de I., donde hicimos ... con una brigada de ellos hicimos un levantamiento de todas las propiedades, en su mayoría urbanas, porque el Municipio solamente tenía registrado el 47% de la gente inscrita ante Catastro, entonces pues no había una participación. Después de hacer una revisión, como presidente municipal, se me hace una cosa injusta y les hago una comparación: Los Municipios que tienen 1000 habitantes tienen un 70% del presupuesto, cuando M. tiene más de 5000 habitantes, y la única forma es poder recaudar a través de la recaudación vía impuesto predial y traslación de dominio. Al igual, hacemos la propuesta ... Le podemos pasar una copia, si me hace alguien el favor, a cada uno de los diputados ... En los valores de los ... perdón, en los valores de las construcciones, también lo consideramos con los ingenieros civiles, los constructores, y aun así estamos muy por debajo en los valores y en las tablas de valores unitarios de construcción. De igual manera, en lo que es el área en los terrenos al cultivo, totalmente desproporcionado, y les digo ... les doy un ejemplo: En el caso de las tierras de temporal tienen un valor de $2000 una hectárea, cuando aquí en la ciudad, un metro cuadrado urbano, da más valor que una hectárea de una tierra susceptible al cultivo por temporal. Entonces esto está hecho a conciencia. Un servidor ha pasado por la sindicatura municipal, tengo la experiencia de haber sido presidente y hacer (sic) presidido esta comisión en un tiempo, aquí en el Congreso del Estado. Lo hicimos preguntándole a la sociedad. Además, esto nos da la oportunidad de que la gente en realidad se refleje el valor real de su propiedad. Porque a veces se les quiere o se les hacen avalúos, los cuales son totalmente irreales, y yo se los decía en las reuniones que teníamos ahí, con I.. Nos presentaron un avalúo en M., de una gasolinera que vale quizá 2 o 3 millones de pesos y nos presentaban un avalúo de $180,000. Entonces esto nos va permitir a nosotros cobrar lo real, en concepto de traslación de dominio, pero también cobrar lo que es justo por impuesto predial. Para cualquier duda, pues por ahí les pasaron una copia, y con mucho gusto, estamos en la mayor disposición de poder contestarla. Muchas gracias."

10. Al respecto, debe observarse el posicionamiento del Dip. R.A.A.: "... pero me gusta más la idea de que esto se revise, se actualice constantemente para que, precisamente, después no tengamos el problema de interpretar que al momento de que ... ahorita hay unos incrementos del 200 al 400, al 1000%, como trae H.S., por ahí en el tema de valores de terrenos urbanos, que no se han actualizado no sé por cuántos años, H.. Me gusta la idea de que cumplamos con esa responsabilidad, como bien dice E., presidente municipal de S.L., como autoridad municipal que tiene esa facultad de ir actualizando esos valores, esas tablas de valores, por muchísimas razones que ustedes ya expusieron muy claramente. Qué bueno que también, por supuesto, el Instituto Catastral y R. esté haciendo lo propio. He visto que ellos están más ocupados que preocupados por darle certidumbre jurídica a los ciudadanos en su patrimonio. Es más conveniente que quien tenga una propiedad, el Ayuntamiento correspondiente, le dé el valor catastral lo más pegado a la realidad de lo que es comercial. Porque al final de cuentas, no tan fácil te lo puedes ‘piñar’ al momento de hacer una operación ¿no? Porque el que compra, pues tiene la ventaja ... Oye, pues el catastral está muy bajo y cómo me quieres vender a peso, si dice que el Catastro dice 10 centavos. Entonces creo que no es lo justo. Por eso les digo, les felicito y qué bueno que nuestro Estado ahora, a través del Instituto Catastral y R. esté haciendo su chamba y los presidentes municipales, que naturalmente entienden y se ocupan de ello para tener siempre esos valores al mejor nivel o en el nivel que deben estar. A nosotros, como Congreso nos corresponde, según la Ley Catastral y según la Constitución Política del Estado, nos corresponde naturalmente aprobar esas tablas catastrales, esos valores, que naturalmente previamente fueron analizados por el instituto, los institutos correspondientes, los Municipios, los Cabildos, y a nosotros nos permite ... Solamente la ley nos faculta para que aprobemos dichas tablas. Y naturalmente también me gustó mucho lo que escuché de los presidentes municipales, en el tema de que no se trata de subir más impuestos, sino que se trata de que realmente tengamos un valor más apegado a la realidad. Y bueno, ya veremos en su momento el tema del incremento a los impuestos. Es cuanto, presidenta."

11. En ese sentido se pronunció la Dip. A.M.L.V.A.: "Una vez que hemos escuchado las explicaciones de quienes nos acompañan de los diversos Ayuntamientos convocados a esta reunión, consideramos importante que como miembros del Grupo Parlamentario del PRI, fijar nuestra postura en relación con las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de terreno y de construcción aprobados por los Cabildos, y muy especialmente la de N. y Navojoa, que es la que presente el mayor incremento con respecto al año anterior ... Si bien es cierto que como Congreso no tenemos atribuciones para modificar las tablas de valores que nos presentan los Ayuntamientos, muy particularmente los incrementos inusuales que presentan los Ayuntamientos de N. y Navojoa, y por lo mismo, no tenemos otra salida más que aprobar las tablas como nos han sido presentadas. Y desgraciadamente no estuvieron aquí ninguno de los dos Ayuntamientos explicando el porqué de estos incrementos. Desde este momento queremos dejar muy en claro nuestra postura y firme decisión de que dichos incrementos no se trasladen al cobro del predial al momento de aprobar la Ley de Ingresos de N. y Navojoa, para que el caso de que dichos Ayuntamientos quieran hacer valer, trasladar o hacer efectivos esos aumentos en el cobro del predial. Sabemos que las finanzas de los Municipios está complicada y que es indispensable que cuenten con más recursos, sin embargo, la solución no es aumentando impuestos en perjuicio de la gente. Hay que llevar a cabo otras medidas por parte de las administraciones municipales, como la disminución del gasto corriente, la disminución de partidas no indispensables como viáticos, gastos de ceremoniales, contrataciones de honorarios, así como llevar a cabo verdaderos programas de austeridad. Por esas razones votaremos a favor del dictamen, pero estaremos pendientes de que esos incrementos no se apliquen en la próxima Ley de Ingresos para el año 2017. Y haciendo un breve análisis de manera particular, en el Municipio de Navojoa tenemos incrementos del 15 al 442% en valores de las colonias Tierra y Libertad, A., J. y un 442% en el Pueblo Viejo. Colonias donde viven familias de escasos recursos y quienes estaremos muy pendientes que no se les vea afectado el impuesto predial a estas familias. Estaremos pues, atentos a que existan dentro de la Ley de Ingresos, mecanismos jurídicos que no permitan este aumento en ese impacto. Y como bien ya se ha dicho en esta reunión, el aumento de los valores catastrales es parte del trabajo que está desarrollando, tanto el presidente Peña Nieto, con relación a la regularización del patrimonio de las familiar (sic). De igual manera, aquí en el Estado con programas como el P.H., que está impulsando la gobernadora y que ha recorrido todos los Municipios del Estado con este importante programa. Pues tenemos que estar muy pendientes de que no se vea, repito, afectado los impuestos prediales de nuestros representados en estos Municipios, especialmente. Y de igual manera, ver también el impuesto de traslado de dominio en conceptos, por ejemplo, de donación o de herencias. Entonces es claro considero, importante si, consideramos, porque el hecho de que se valúen y se valoren a montos reales el patrimonio de las familias. Claro que sí debe ser, sin embargo, tener mucho cuidado que este valor familiar no se vea en detrimento del impuesto. Y también autoevaluarse cuál es la cuota de recuperación del impuesto predial de nuestros ciudadanos en los Municipios. De esta manera, si estamos con tasas bajas de recuperación, pues ahora incrementando los impuestos, pues con más razón vamos a tener esas diferencias tan grandes entre lo que debemos de recuperar y que está presupuestando en la Ley de Ingresos y lo real ¿no? Entonces, sí siento yo que tenemos que tener mucho cuidado, y como Ayuntamiento la recomendación es esa, precisamente. ..."

12. V. el pronunciamiento de la Dip. F.A.R.L.: "... Nada más para comentar, que, pues que una vez que los diputados hemos recibido las propuestas de planos y tablas de valores de todos los Ayuntamientos, hemos hecho un análisis muy exhaustivo de cada uno de ellos, en los que hemos podido contar con la información, por supuesto, para hacer este tipo de análisis. Efectivamente, vemos incrementos muy ... quizá en algunos casos se ven muy aparatosos, pero también tenemos que entender que en muchos de los Municipios tenían muchos años sin haberlos regularizado y sin haber actualizado sus valores. Nada más como parte de la Comisión de Hacienda, comentarle a los Municipios, estaremos muy pendientes de las propuestas que se traigan en las leyes de ingresos para sus próximas aprobaciones, siempre viendo que estos incrementos del impuesto no sean mayores al 10% del anterior. Vamos a tratar de que todos los Ayuntamientos se ajusten a esa medida y esperando que los procedimientos, también de algunos Municipios, de la publicación de sus tablas de valores, se hayan hecho correctamente. Creo que eso es algo muy importante, sobre todo para los inversionistas y para aquellos que quieran hacer estas transferencias comerciales, creo que es sumamente importante. ..."

13. En ese sentido se manifestó el Dip. R.A.D.N.: "... Yo les quiero comentar, que la verdad que a mí me da mucho gusto ver el trabajo que están llevando a cabo, porque aquí lo que yo veo, lo más importante es que le están dando el valor real a los Municipios, ¿no? Porque cuando se llevan a cabo las compra-venta, cuando se llevan a cabo los traslados de dominio, es donde puede recaudar el Municipio. Entonces eso es importantísimo, porque ya lo dijeron ahorita, a mí me tocó estar como alcalde de Huatabampo, y pues no hay recurso que alcance. La gente está ávida porque le den los servicios básicos importantes, lo que es la recolección de basura, lo que son los servicios de alumbrado público, la seguridad. Entonces pues los recursos nunca alcanzan. Entonces la verdad que a mí sí me da mucho gusto que se estén actualizando los valores, siempre y cuando lo hagan especialistas, los peritos en la materia, para que tampoco haya un abuso, pero sí se recaude lo justo para que el Municipio recaude lo que le corresponde. Y otra cosa, también aquí lo que comentan las diputadas, que hay que privilegiar que la gente de bajos recursos, para que, al momento de establecer tarifas, los porcentajes en los prediales, pues ahí ayudar a la gente que menos tiene. ..."

14. Al respecto, puede observarse lo manifestado por la Dip. L.A.C.: "... Yo creo que coincido totalmente con el diputado R.A.. Yo creo que la interpretación de nuestro dictamen tendría que darse una nueva valoración, diputada A., para que podamos reflejar, no en porcentaje, sino precisamente en lo que marca el I., que son las tablas. Y esta disposición me gustaría que se tomara en consideración para que nuestro dictamen, que hoy se nos presenta una propuesta, se pudiera modificar y realmente manejar el anexo tal como lo mandan los alcaldes, y que quede muy claro cuál es el precio del valor unitario que se está manejando, y no hacer una interpretación que muchas veces puede confundir. Pero también quisiera que se pudiera homologar, ahora sí, la exposición de motivos que todos y cada uno de los alcaldes han hecho de las razones de los por qué están actualizando, ya sea por muchos años o porque lo están haciendo de manera paulatina, para que no se vea únicamente las consideraciones de una manera tan sencilla. Está demasiado general el dictamen, yo creo que pudiéramos enriquecerlo con todas las aportaciones que nos han dado los alcaldes. Y pues, en consecuencia, le someto a consideración que podamos volver a revalorar el sentido del dictamen."

15. Fojas 179 a 181 del expediente en el que se actúa. Dictamen que se encuentra firmado por los diputados que integraron la referida comisión, a saber: La Dip. A.M.P.G., la Dip. L.A.C., el Dip. R.A.D.N., el Dip. R.A.A., el Dip. R.B.C., el Dip. J.L.C.G. y la Dip. A.M.L.V.A..

16. Tal como se desprende de la página 93 del engrose respectivo.

17. V., al respecto, la foja 64 del engrose respectivo y la última parte de la transcripción que se contiene en la foja 66, relativa al dictamen de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro.

18. V., al respecto, la foja 33 del engrose respectivo y la última parte de la transcripción que se contiene en la foja 95, relativa al dictamen de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado de Nuevo León.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.