Ejecutoria num. 2a./J. 69/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 737472177

Ejecutoria num. 2a./J. 69/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 69/2018 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 473.
Fecha de Publicación:31 de Julio de 2018
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015.

 
CONTENIDO

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ V.D..
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre un Tribunal Colegiado Especializado y un Pleno de Circuito.
Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de A. o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, P., tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital 2000331]
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los Magistrados que conforman el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia que nos ocupa, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los órganos contendientes.
I. Por lo que hace al amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, resuelto en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, tenemos como antecedentes, los siguientes:
1. **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo en contra de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, por el acto consistente en la resolución por la que esa comisión expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada con el número RES/998/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil dieciséis.
2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró con el número **********; y, seguidos los trámites legales, el veinte de junio de dos mil dieciséis celebró audiencia constitucional y dictó resolución en la que sobreseyó en el juicio.
3. En contra de esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente lo registró con el número ********** y admitió mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis. En sesión de ocho de septiembre siguiente, dictó resolución en la que se declaró legalmente incompetente por materia para conocer de ese medio de impugnación, por lo que ordenó el envío de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a fin de que, por su conducto, los remita al Tribunal Colegiado en la citada materia y jurisdicción, que por razón de turno corresponda conocer.
4. El expediente en cuestión fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien lo registró con el número **********; y en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis revocó la resolución recurrida y ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. En esa ejecutoria sustentó lo siguiente:
"Naturaleza material de la resolución reclamada.
"20. El dos de diciembre de dos mil doce se firmó por el presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del País, el denominado ‘Pacto por México’.
"21. Dicho pacto contiene estos cinco acuerdos:
"1. Sociedad de derechos y libertades;
"2. Crecimiento económico, empleo y competitividad;
"3. Seguridad y justicia;
"4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y,
"5. Gobernabilidad democrática.
"22. Para el caso de nuestra atención interesa destacar el contenido del acuerdo ‘Crecimiento económico, empleo y competitividad’.
"23. En este acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones.
"24. Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se plantearon, entre otras, esta acción:
"• Creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones.
"25. En ese sentido, se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.
"26. Asimismo, en dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo.
"27. Para lo cual se señaló se impulsaría una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor.
"28. En el propio pacto se estableció un calendario para implementar esas propuestas.
"29. En coherencia con lo anterior, el once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones’, en el cual se señaló lo siguiente.
"‘Artículo único.’ (se transcribe)
"30. Para efecto de comprender la normatividad transcrita, es necesario atender a lo expuesto en la iniciativa del proceso legislativo que dio origen a esas reformas, de lo cual se puede destacar lo siguiente:
"(se transcribe)
"31. Como se ve, en la reforma constitucional referida, se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto a cargo de órganos jurisdiccionales especializados en la materia.
"32. Por ello, en la iniciativa se planteó la necesidad de establecer esos órganos jurisdiccionales especializados para efecto de brindar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades.
"33. Asimismo, se señaló que dicha certeza se garantizará por medio de juzgadores especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
"34. Por tanto, las razones que llevaron al legislador a crear los órganos jurisdiccionales en cuestión fueron en esencia las siguientes:
"a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos.
"b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación.
"c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas.
"d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social.
"e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica.
"f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad.
"35. Posteriormente, siguiendo, también, los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil trece, el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.’, en el cual se estableció lo siguiente:
"‘Artículo único.’ (se transcribe)
"36. De dicha reforma constitucional destaca la adición hecha al artículo 28 de un párrafo octavo, en el cual se estableció lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"37. El proceso legislativo del que derivó ese decreto dio inicio con tres distintas iniciativas.
"38. En la iniciativa presentada por legisladores federales, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, se expuso, entre otras cosas, lo siguiente:
"• Que como parte de las reformas que se ponían a consideración del Congreso de la Unión, estaba el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, ya que no podría entenderse una reforma como a la que se aspiraba y la que la sociedad demandada, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas.
"• Que en razón de lo anterior se proponía reformar el artículo 28 constitucional, con varios objetivos: en primer término, reorganizar la estructura de dicho artículo, a fin de que todas las disposiciones relativas a los monopolios quedaran agrupadas de tal forma que el Texto Constitucional tuviera coherencia normativa.
"• Asimismo, se proponía que dicho artículo se convirtiera en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemplara al Banco de México como regulador de la política monetaria del País, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al Texto Constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del País.
"• En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reiteró que se proponía se incorporara dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara.
"• Se señaló que como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía sería un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que debía regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentaría una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
"• En síntesis, se anotó, la incorporación de esos 3 órganos constitucionales autónomos se sumaba a los ya existentes en el artículo 28 constitucional, por lo que de manera genérica, les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en los que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo, salvo la constitución del Fondo Mexicano del Petróleo, que estaría sujeta a la integración que determinara la ley en la materia.
"39. Como resultado de lo anterior, los legisladores federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, sometieron a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con:
"(se transcribe)
"40. Por lo que respecta al artículo 28 constitucional se propuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"41. Por su parte, en el ‘Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía, y Estudios Legislativos, primera, con proyecto deDecreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía’, concretamente en el apartado denominado: ‘Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras’, se expuso, entre otras cosas, lo siguiente:
"• Que para el caso de la Comisión Reguladora de Energía la ley debía prever como parte de sus atribuciones, entre otras, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución de ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, la regulación de ventas de primera mano de dichos productos.
"42. Por su parte, en el apartado denominado: ‘Proyecto de decreto y régimen transitorio’, se expuso que se sometía a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente:
"‘Transitorio décimo.’ (se transcribe)
"‘Transitorio décimo segundo.’ (se transcribe)
"43. Luego del proceso legislativo del que se ha dado cuenta, entre otros cambios, se adicionó al artículo 28, el párrafo octavo, en el cual, cabe reiterar, se estableció lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"44. En los artículos transitorios del Decreto en Materia de Energía, se dispuso, entre otras cosas:
"‘Décimo.’ (se transcribe)
"‘Décimo segundo.’ (se transcribe)
"45. Derivado del Decreto en Materia de Energía, el once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Hidrocarburos, misma que en términos de sus transitorios primero y segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
"46. De dicha ley destaca lo dispuesto en su artículo décimo tercero transitorio, que dice:
"‘Décimo tercero.’ (se transcribe)
"47. De igual manera, el once de agosto de dos mil catorce, se publicó en ese mismo medio de difusión la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, misma que en términos de sus transitorios primero y segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco.
"48. De esta ley resalta lo dispuesto en su artículo 42, que dice:
"‘Artículo 42.’ (se transcribe)
"49. Bajo el contexto del marco regulatorio descrito, el quince de febrero dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la ‘Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano’, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso.
"50. De dicha resolución destaca lo dispuesto en su considerando séptimo, el cual señala:
"‘SÉPTIMO.’ (se transcribe)
"51. A fin de concluir con la descripción del marco regulatorio, que servirá de sustento a la conclusión de este tribunal, es conveniente mencionar que, en atención al mandato contenido en el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"52. En el punto cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que dichos órganos especializados conocerían de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"53. Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios.
"54. De lo hasta aquí expuesto se obtiene lo siguiente:
"1. Que los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, concretamente en el acuerdo denominado ‘Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad’.
"2. Que conforme a dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Asimismo, en el citado acuerdo se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.
"3. Que de acuerdo a la iniciativa con la que inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, se busca impedir el abuso del sistema de justicia, del que hacían uso los agentes económicos para frenar la regulación que pretendía reducir el poder de dichos agentes en mercados vitales o estratégicos, o detener prácticas anticompetitivas.
"4. Que conforme con dicho iniciativa se previó la creación de tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulaban las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y, b) a fin de evitar criterios contradictorios y permitir que los juzgadores que resolvieran esos conflictos pudieran especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, revestía una alta complejidad.
"5. Que con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica.
"6. Que conforme a la iniciativa presentada por legisladores federales de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (una de las tres con las que dio inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Energía), se propuso que el artículo 28 constitucional se convirtiera en el referente de los órganos reguladores, incorporando en ese precepto, entre otros, a la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, se planteó que, de manera genérica, a dichos órganos les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo.
"7. Que una vez concluido el proceso legislativo relativo a la reforma en Materia de Energía, se estatuyó, a nivel constitucional, que la Comisión Reguladora de Energía se convertiría en un órgano regulador coordinado en materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión. Debiéndose realizar las adecuaciones legales correspondientes a fin de establecer entre sus atribuciones: ‘en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos’.
"8. Que de conformidad con la Ley de Hidrocarburos la Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano, entre otros, de gas natural, a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
"9. Que conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
"10. Que de conformidad con la ‘Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano’, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso, la Comisión Reguladora de Energía, al expedir esa metodología, busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta, entre otros objetivos.
"11. Que de conformidad con el Acuerdo General 22/2013, los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en atención a la complejidad de aspectos técnicos que ello implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios.
"55. Concomitante a lo expuesto, con el ánimo de poder determinar con mayor nitidez la naturaleza material de la resolución reclamada, es conveniente aludir al contenido del artículo 25 constitucional.
"56. De conformidad con dicho precepto corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional aportando el marco jurídico, económico y político, para garantizar que el funcionamiento de la actividad económica, sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, propiciando mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza que, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
"57. Estos objetivos requieren de un sistema armónico y funcional, basado en valores, principios, derechos económicos, sociales y culturales, directrices, acciones y mecanismos, que interactúen funcionalmente, correlacionando medios y fines, que se traduzcan en planes y acciones eficaces de acuerdo a circunstancias concretas y cambiantes.
"58. La competitividad basada en un modelo de economía de mercado, promotor de la libre concurrencia, debe ser entendida como capacidad de la economía nacional, mercados y sectores productivos, para generar mayor satisfacción de los consumidores, ofreciendo los menores precios y las mejores condiciones de abasto y calidad a efecto de financiar o promover el bienestar de las personas y satisfacer sus necesidades, en especial las más apremiantes. Estos efectos deben darse a nivel colectivo e individual, lo que se traduce en eficiencias, tanto en lo económico, como en lo jurídico, y bienestar integral de las personas para lo cual deben promoverse un conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, auspiciando la inversión y la generación de empleo.
"59. La competitividad debe ser entendida como el diseño y aplicación de toda una serie de políticas de competencia y no reducirse a la mera utilización de ciertas reglas o leyes de competencia.
"60. Las alternativas de tales políticas pueden diferir y obedecen a que el desarrollo de la competencia es distinto, si se aplica a mercados libres o a aquellos que tradicionalmente han sido regulados.
"61. Respecto a estos segundos, la tendencia en varios países, incluyendo México, es que las políticas de competitividad deben propiciar la apertura a la competencia, abarcando aspectos de liberalización, desregulación y privatización, que se estiman necesarios para lograr eficiencia en dichos mercados.
"62. Estos propósitos deben ser acordes para obtener a la competencia como objetivo y a la regulación como instrumento necesario.
"63. A manera de ejemplo, se tiene que la Constitución prevé, de manera expresa en el artículo 6o., tal régimen de competencia para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. En tanto que la Ley de Hidrocarburos así como la Ley de la Industria Eléctrica disponen que regirá la competencia para los mercados de hidrocarburos y energía eléctrica.
"64. En síntesis, el nuevo modelo de regulación para la competencia consiste precisamente en esto: en introducir una mayor competencia en aquellos aspectos o actividades en que ésta sea posible y en revisar o reformar el sentido de la regulación orientándola a la re-creación del mercado.
"65. Por tanto, una regulación económica conforme al mercado debe favorecer el funcionamiento de éstos, en el entendido que la provisión de servicios públicos en régimen de competencia, exige asegurar la calidad del servicio, proteger al usuario y defender la competencia.
"66. Así, competencia y regulación no son antitéticas sino complementarias, como lo demuestra la experiencia británica o norteamericana que anteceden e inspiran a la reforma que México adoptó.
"67. Para consolidar estos propósitos se debe optar entre un espectro donde podrá oscilarse desde la total libertad de empresa, hasta la indispensable y pertinente intervención pública, para promover innovación, desarrollo, investigación e inversión, corrigiendo fallas en mercados, pero también fomentando y encausando servicios, actividades y acceso a bienes de interés colectivo, generando para ello diferentes esquemas, dinámicos y dúctiles de regulación e intervención, acorde a la realidad y a los fines pretendidos.
"68. Sobre todo en áreas en las que existe un desinterés del sector privado, para ofertas bienes o servicios, de tal modo que la intervención del Estado, a través de una política regulatoria, se hace indispensable para asegurar la satisfacción de necesidades colectivas.
"69. De esta manera tenemos que, en la actualidad, nuestra Constitución desarrolla un modelo mixto o plural, en el cual coexisten un modelo de libre mercado, junto con otro intervencionista, que se advierte a través de la rectoría económica del Estado, el cual paulatinamente ha ido liberalizando sectores de la economía y mercados, muestra visible de ello son las reformas estructurales derivadas del ‘Pacto por México’, del cual ya se ha dado cuenta.
"70. Estos mercados en proceso de liberalización se rigen por reglas especiales, en el entendido que como en el modelo de libre mercado se pugna por promover y mantener con la mayor funcionalidad posible un proceso de competencia y libre concurrencia, es decir, un funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, que redunde, al final del día, en un beneficio a los consumidores al adquirir en costos reales y con una mayor calidad esos bienes y servicios.
"71. De este modo el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de reconocidas libertades constitucionales. Con este propósito, de manera excepcional, sólo el sector público participará en las áreas estratégicas señaladas en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional; en tanto, se prevé la posibilidad de la participación estatal por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Finalmente, el sector privado también está sujeto a regulación, pues se establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en términos que establece la Constitución.
"72. El análisis armónico de lo dispuesto en el artículo 25 constitucional, en relación con el 28 de ese mismo ordenamiento, al que se hizo mención antes, nos permite advertir que nuestro modelo constitucional adopta la concepción del Estado regulador, dentro de una economía social de mercado, entendido como el modelo de diseño estatal insertado por el Constituyente Permanente para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), que deposita en determinadas agencias independientes –de los órganos políticos y de los entes regulados– la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas, a través de un variado abanico de medidas ex ante o ex post que resulten ser idóneas y necesarias para conducir la mejor política de rectoría del desarrollo nacional.
"73. Este modelo de Estado regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. De ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias, diferenciadas de las legislativas, otorgadas al Congreso de la Unión y de las reglamentarias otorgadas al Ejecutivo por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal.
"74. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 46/2015 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, del Libro 26, Tomo I, enero de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas», que dice:
"‘ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe)
"75. Como se puede notar, el modelo de Estado regulador se inserta para atender necesidades prioritarias y de interés nacional, mediante la creación de agencias independientes en sectores especializados, como competencia económica, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, etcétera, con facultades de creación normativa, cuya finalidad es desarrollar desde una racionalidad técnica los principios generales de política pública establecidos por el legislador; dicho modelo, como antes se dijo, exige la concurrencia de dos fines: la eficiente funcionalidad de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional.
"76. Los principios de eficiencia y planificación requierenque sean los órganos expertos y técnicos los que conduzcan el diseño de esos principios de política pública y su ejecución conforme a una óptima realización, mediante la emisión de normas operativas que no podrían haberse previsto por el legislador, o bien, si estableciéndolo, estarían en un constante peligro de quedar obsoletas, pues los cambios frecuentes de los sectores tecnificados obligaría a una constante adaptación poco propicia para el proceso legislativo y más apropiado para los procedimientos administrativos.
"77. En ese mismo sentido, es preciso mencionar que la competitividad como política pública y el derecho de defensa de la competencia son expresiones y elementos del derecho económico que busca, precisamente, el funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. En nuestro país ese conjunto de ideologías, fines, medios y habilitaciones, está previsto en los citados numerales 25 y 28 constitucionales.
"78. Es así que la competencia económica debe ser entendida como una política pública, integrada en un conjunto más amplio de acciones y fines institucionales del Estado, basados en distintas potestades, políticas y propósitos concomitantes, que interactúan de manera dinámica y complementaria, como lo disponen aquellos preceptos, para la obtención de los resultados más adecuados a circunstancias particulares, siempre en el entendido de conseguir los mejores resultados y consecuencias para el interés público.
"79. Por tanto, la rectoría del desarrollo nacional, entendida como objeto de regulación constitucional, se vale de medios o directrices (competitividad, crecimiento económico, empleo y justa distribución del ingreso y la riqueza) tendentes a conseguir eficiencias para alcanzar fines inmediatos (desarrollo sustentable, soberanía y democracia) e ideologías o fines últimos (libertad, dignidad y seguridad).
"80. Lo relatado en este apartado nos permite resolver ya la pregunta inicial consistente en ¿Cuál es la naturaleza material de la resolución reclamada?
"81. A lo que este tribunal responde: concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica.
"82. Ello es así, por lo siguiente:
"I. Porque los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, concretamente en el acuerdo denominado ‘Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad’, imbricado en la rectoría del desarrollo nacional, en el cual se propuso intensificar la competencia económica y eficiencia, dotando de una adecuada y específica regulación, en sectores prioritarios como las telecomunicaciones y energía, entre otros; así como crear tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y, b) que evitaran el dictado de criterios contradictorios.
"II. Porque el derecho regulatorio se inserta para atender servicios prioritarios de interés público, en sectores especializados, que el Estado propicia y garantiza que sean prestados adecuadamente, de tal modo que no puede abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado, sino que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios.
"III. Porque el derecho de la competencia económica supone la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Se trata pues de un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, en términos generales, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores.
"IV. Porque el principio de eficiencia y funcionalidad en el mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica y lo pertinente es, consolidar en una jurisdicción especializada, la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines esenciales o fundamentales.
"V. Porque las ventas de primera mano –a que se refiere la resolución reclamada en el juicio de amparo de nuestra atención– en el mercado petrolero o sector de energéticos exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujetas a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
"VI. Porque conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional, entre otros.
"VII. Porque la Comisión Reguladora de Energía al expedir la metodología inserta en la resolución reclamada busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; entre otros objetivos.
"VIII. Por tanto, al encontrarse vinculada la resolución reclamada con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de lograr a la postre y garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas natural, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; es que la naturaleza material de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica.
"83. Como consecuencia de lo anterior, se llega a la conclusión de que el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un Juzgado Especializado en Materia de Competencia Económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico, que fue el que conoció y resolvió en definitiva ese asunto.
"84. Sin que se oponga a esa conclusión el hecho de que la resolución reclamada no haya sido emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, sino por la Comisión Reguladora de Energía, pues, como se vio, la naturaleza material de dicho acto se vincula con la subespecialidad en competencia económica, que se extiende por las implicaciones correspondientes a otras áreas del derecho económico, como es la regulación de determinados de servicios y actividades prioritarias.
"85. De este modo los temas de derecho económico corresponden a la amplía esfera competencial atribuida a los citados órganos judiciales especializados, ya que la competitividad, concepto dinámico y en constante movimiento, es parte de un entramado más amplio, como lo son las materias que exigen acciones regulatorias del Estado al quedar insertas en el amplio campo de rectoría económica del Estado.
"86. A fin de confirmar la conclusión adoptada conviene tener presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********.
"87. En dicha contradicción el punto a dilucidar consistió en determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de un juicio de amparo o sus recursos relacionados con una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, si los especializados en materia administrativa en general o los especializados en las aludidas materias.
"88. En este punto cabe llamar la atención que algunos de los criterios que contendieron en esa contradicción tuvieron como antecedentes juicios de amparo en los que se reclamaron resoluciones derivadas de recursos de revisión dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
"89. En la contradicción la Segunda Sala estableció, en esencia, lo siguiente:
"A) Que para revisar la determinación adoptada respecto de una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica es necesario que el órgano jurisdiccional al que se le encargue esa función tenga conocimientos especializados en esas materias.
"B) Que si bien el derecho de acceso a la información encuadra dentro de la materia administrativa, pues por regla general versa sobre las relaciones entre los órganos del Estado y particulares, cuando la solicitud de acceso a la información entraña el acceso a la información relacionada con la materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, encuadra dentro de la especialización en esas materias.
"C) Ello, porque el derecho de acceso a la información no implica únicamente la entrega de cierta documentación, sino que además, ésta se debe realizar de forma congruente a lo pedido, completa, en los formatos solicitados, dentro del plazo legal, fundada y motivadamente, en los casos en que se solicite una respuesta en específico y, en algunas ocasiones, será necesario revisar la clasificación de la información realizada por la autoridad correspondiente.
"D) Por tanto, consideró, para que un juzgador se encuentre en aptitud de resolver si la respuesta a una solicitud de acceso a la información relacionada con esas materias se realizó de forma correcta, congruente y completa con lo solicitado, es necesario que cuente con conocimientos técnicos y especializados en la materia.
"E) En conclusión, expuso, cuando en un juicio de amparo se reclaman cuestiones concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información relacionado con las materias de radiodifusión, telecomunicaciones o competencia económica, su resolución no implica que sólo se abordarán aspectos relativos a ese derecho, como pueden ser el propio acceso a la información, los medios por los que se ejerce ese derecho o las limitaciones que al respecto se pueden determinar; sino que también se debe resolver si la información fue completa, congruente, las reservas fundadas y motivadas, etcétera, lo cual es compatible con la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en esas materias.
"F) Señaló además que el objetivo de la creación de los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones fue la de dirimir las controversias suscitadas mediante la aplicación de conocimientos técnicos, los cuales se estiman de alta complejidad; situación que se actualizaba en la cuestión planteada, ya que un juzgador en materia administrativa no cuenta con los conocimientos técnicos de alta complejidad necesarios para resolver sobre el fondo, congruencia y clasificación de la información solicitada con la entregada por el sujeto obligado.
"G) Lo expuesto, anotó, guarda congruencia con el objetivo de la creación de esos órganos, el cual consiste en evitar criterios contradictorios e incertidumbre jurídica y que existan juzgadores que conozcan los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de dar congruencia a todo el marco regulatorio de esas materias.
"H) Finalmente, resolvió cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación adoptada derivada del acceso de determinada información en específico, resulta competente el órgano jurisdiccional especializado en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, pues el tema jurídico a resolver requiere de conocimientos especializados en esas materias, a fin de que se dé certidumbre jurídica.
"90. Como se puede ver, la Segunda Sala al decidir qué órgano jurisdiccional era el competente para conocer de un juicio de amparo o sus recursos relacionados con una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, si los especializados en materia administrativa en general o los especializados en las aludidas materias, atendió a la naturaleza material y específica sobre la que versaba la solicitud correspondiente, con independencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, y al respecto resolvió que los competentes para conocer de esos asuntos eran los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en razón de la temática que en su integridad se debía abordar entrañaba cuestiones relacionadas con esas materias, de alta complejidad, sobre las cuales tenían conocimientos especializados tales órganos, lo cual además abonaba a generar certidumbre jurídica y evitar el dictado de criterios contradictorios.
"91. En ese sentido, lo resuelto por la Segunda Sala en la contradicción de tesis enunciada confirma el criterio contenido en esta ejecutoria, así como el método desarrollado para determinar la naturaleza material del acto reclamado, por lo que, en el caso, al vincularse la naturaleza de la resolución reclamada en este asunto con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico, independientemente de que dicha resolución no haya sido dictada por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino por la Comisión Reguladora de Energía; pues, tal como se vio, en la decisión a la que se llegó en la contradicción de tesis, ese aspecto no tuvo influencia para decidir qué órgano jurisdiccional debía conocer de los asuntos relativos, a pesar de que, como se anotó, algunos de los criterios que contendieron en esa contradicción tuvieron como antecedentes juicios de amparo en los que se reclamaron resoluciones derivadas de recursos de revisión dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
"92. Finalmente, cabe anotar en este apartado que no escapa a la apreciación de este tribunal, la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), sustentada, también, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.’ (se transcribe)
"93. A fin de conocer con mayor claridad las consideraciones que informan la jurisprudencia transcrita, es conveniente remitirnos a una de las ejecutorias, de las que derivó por reiteración dicha jurisprudencia, de la que destaca lo siguiente:
"(se transcribe)
"94. Como se puede notar la ejecutoria transcrita dilucidó un conflicto competencial entre un Tribunal Colegiado administrativo genérico, y un Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
"95. En dicho conflicto ambos tribunales consideraron carecer de competencia, por razón de materia, para conocer de un juicio de amparo.
"96. En el juicio constitucional se reclamó una sentencia emitida dentro de un juicio contencioso administrativo por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"97. Los actos impugnados en aquel juicio contencioso se vinculaban con créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"98. A partir de esos elementos la Segunda Sala concluyó que el tribunal competente para conocer del juicio de amparo directo era el Tribunal Colegiado administrativo genérico, y no el especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"99. Tal conclusión se apoyó en dos premisas indisociables: por un lado, que el acto impugnado en el juicio de nulidad, del que derivó el juicio de amparo, se vinculaba con créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por otro, a que dicho acto no involucraba el proceso de competencia y libre concurrencia, tal como se constata del siguiente apartado de la aludida ejecutoria que, nuevamente, se transcribe:
"(se transcribe)
"100. En el caso materia de estudio de esta ejecutoria, el acto reclamado en el juicio de amparo fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía, a lo que se suma que, tal como quedó ampliamente desarrollado, dicho acto está vinculado con un tema de competencia económica, lo que revela que el criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), no influye para sustentar una conclusión distinta a la que se adoptó en la presente ejecutoria, sino que, por lo contrario, sirve para robustecerla.
"101. Esto es así, porque al igual que como lo anota dicha jurisprudencia en un apartado, un tema que revela la competencia material de los órganos especializados es que el asunto involucre el proceso de competencia y libre concurrencia, lo cual sucede en la especie.
"102. Así, las consideraciones antes desarrolladas llevan a este tribunal a concluir que se debe revocar la sentencia recurrida pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al haberse violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo cual se expondrá en el siguiente apartado. ..."
De la ejecutoria transcrita, derivó la tesis, cuyos rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:
"COMPETENCIA MATERIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Corresponde a los órganos jurisdiccionales indicados y no a los de la materia administrativa genérica, conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución señalada, emitida por la Comisión Reguladora de Energía y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2016, pues está vinculada con un tema de competencia económica, ya que involucra el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas natural, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado." [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados deCircuito, tipo de tesis aislada, Libro 38, Tomo IV, enero de 2017, tesis I.1o.A.E.196 A (10a.), página 2474, registro digital: 2013560 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de enero de 2017 a las 10:28 horas»]
II. Por lo que toca a la contradicción de tesis **********, del índice del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelta el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se tienen los siguientes antecedentes:
1. Mediante oficio 41926/2016 el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero, Décimo Segundo y Décimo Noveno, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitidos en el amparo en revisión **********, y los conflictos competenciales ********** y **********, respectivamente.
2. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó formar y registrar el expediente con el número ********** y admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis; así como solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes remitieran las ejecutorias correspondientes e informaran si los criterios ahí contenidos siguen vigentes o no.
3. Posteriormente, en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, ese Pleno dictó resolución en la que estableció que la competencia para conocer del juicio de amparo contra la resolución RES/998/2015 de la Comisión Reguladora de Energía, corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia administrativa. De esa ejecutoria se reproduce lo siguiente:
"QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Con fundamento en los artículos 217, párrafo segundo y 225 de la Ley de Amparo, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a continuación se sustenta.
"Tema de la contradicción.
"Como se anticipó, el tema de la contradicción se centra en determinar qué órgano es legalmente competente por materia para conocer de la resolución RES/998/2015 y anexo único del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil dieciséis.
"Para dilucidar el planteamiento anterior, resulta útil referir el contenido del conflicto competencial **********, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de marzo de dos mil catorce, que en la parte que interesa, señala lo siguiente:
"(se transcribe)
"De esta transcripción se advierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ya se ha pronunciado sobre la competencia material de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, destacando lo siguiente:
"• Que se trata de órganos jurisdiccionales en materia administrativa, subespecializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"• Que a fin de conocer qué debe entenderse por competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hay que remitirse a la reforma constitucional en materia de competencia económica y telecomunicaciones de once de junio de dos mil trece, para conocer cuál es la materia reservada a dichos órganos jurisdiccionales.
"• Que la materia de competencia deriva de los artículos reformados 6o. y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"• Que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en el tema de competencia económica, en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia. Entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad.
"• Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales deben surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el transcrito artículo 28 constitucional.
"De acuerdo con estos lineamientos y, conforme con la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la competencia material de un órgano jurisdiccional especializado debe atenderse además a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable.
"Dicho criterio establece lo siguiente:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’ (se transcribe)
"Precisado lo anterior, conviene referir la parte considerativa de la resolución RES/998/2015 y anexo único del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil dieciséis, que en lo que interesa señala:
"(se transcribe)
"De acuerdo con esta transcripción, se advierte que dicho acto no derivó de la reforma constitucional en materia de competencia económica y telecomunicaciones de once de junio de dos mil trece, sino de la llamada reforma energética, publicada mediante decreto de veinte de diciembre de dos mil trece, y de las reformas a las leyes reglamentarias en materia energética, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce.
"Dicha situación cobra relevancia ya que la iniciativa de reforma en competencia económica y telecomunicaciones tuvo, entre otros objetivos, los siguientes:
"1. Garantizar la libertad de expresión, difusión y el derecho a la información, así como el derecho de acceso efectivo y de calidad a las tecnologías de la información, la comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.
"2. Se propuso la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para garantizar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general.
"3. Fortaleció a la Comisión Federal de Competencia para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Se le otorgaron facultades para ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
"4. En el mismo sentido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se designó como autoridad en materia de competencia económica para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, se le otorgaron facultades para ejercer las acciones necesarias para evitar las prácticas desleales o monopólicas, establecer medidas correctivas respecto a los operadores que tengan poder sustancial en el mercado y emitir regulación asimétrica respecto de los agentes económicos de dichos sectores, la cual podrá ser particular o de carácter general para todos los operadores con poder sustancial en un mercado.
"5. Otra característica particular de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica fue la creación de tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación, lo que se advierte de la exposición de motivos de la reforma, que en la parte que interesa señala:
"(se transcribe)
"Derivado de dicha reforma constitucional, se estableció una competencia del orden constitucional y restrictiva, para atender la resolución de estos asuntos y promover la efectividad de las resoluciones de los órganos reguladores evitando el abuso de las instancias jurisdiccionales, entre ellas del juicio de amparo.
"Con base en estas consideraciones, se concluye que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de once de junio de dos mil trece, tuvo como objetivo promover la competitividad en el sector de las telecomunicaciones y garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso efectivo y de calidad a las tecnologías de la información y la comunicación.
"Asimismo, garantizó condiciones de competencia y libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y en la actividad económica en general.
"En cambio, la reforma energética de veinte de diciembre de dos mil trece, tuvo entre otros objetivos: modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos –en adelante Pemex– y a la Comisión Federal de Electricidad –en adelante CFE–; mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo; y atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país.
"En lo que respecta a los hidrocarburos, la exposición de motivos elaborada por el presidente de la República, destaca lo siguiente:
"(se transcribe)
"Conforme a lo anterior, puede afirmarse que a través de la reforma energética de veinte de diciembre de dos mil trece, terminó el monopolio cerrado de Pemex y CFE, quedando reservadas a la Nación ciertas materias como son: la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
"Importa destacar que en dicha reforma constitucional no se previó la existencia de tribunales especializados, como sí se hizo en la diversa de once de junio de dos mil trece en materia de competencia económica y telecomunicaciones, en donde se destacó la problemática y necesidad de especialización del control judicial sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación dichas materias, distintas a la energética que ahora nos ocupa.
"En el caso de los hidrocarburos, actualmente se permite que las actividades de exploración y extracción se lleven a cabo no sólo a través de Pemex, sino mediante contratos con particulares, en los términos de las leyes reglamentarias, lo cual constituye un área estratégica para el Gobierno Federal, lo que se desprende de los artículos 25 y 27 de la Constitución Federal, que disponen lo siguiente:
"‘Artículo 25.’ (se transcribe)
"‘Artículo 27.’ (se transcribe)
"Finalmente, cabe señalar que las actividades estratégicas a que se hace referencia no están calificadas como monopolio, pues así se desprende del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"De acuerdo con dicho precepto, se advierte que las funciones que ejerce el Estado, como son la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos no constituyen monopolios al tratarse de áreas estratégicas de carácter prioritario para el País.
"Establecido lo anterior, y con la finalidad de precisar la naturaleza del acto reclamado de los asuntos que motivaron esta contradicción de tesis, resulta conveniente transcribir el contenido de la resolución RES/998/2015 y anexo único del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil dieciséis, que señala:
"(se transcribe)
"De la resolución RES/998/2015, se advierte que sólo es aplicable para Pemex, sus organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones, con el objeto de regular la expedición de la metodología para el cálculo de los precios de las ventas de primera mano de gas natural, debiendo observar la práctica común en mercados desarrollados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, a fin de que los precios reflejen, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos; asimismo, establece una metodología de precios máximos de ventas de primera mano de gas natural.
"Dicho acto administrativo fue emitido con fundamento en los artículos 1o., 2o. y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 4o., 22, fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, XXVI, inciso a), y XXVII, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y 1o., 2o., 3o., 16 y 59 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, que disponen lo siguiente:
"Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
"‘Artículo 1.’ (se transcribe)
"‘Artículo 2.’ (se transcribe)
"‘Artículo 43 Ter.’ (se transcribe)
"Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
"‘Artículo 1.’ (se transcribe)
"‘Artículo 2.’ (se transcribe)
"‘Artículo 3.’ (se transcribe)
"‘Artículo 4.’ (se transcribe)
"‘Artículo 22.’ (se transcribe)
"‘Artículo 42.’ (se transcribe)
"Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía
"‘Artículo 1.’ (se transcribe)
"‘Artículo 2.’ (se transcribe)
"‘Artículo 3.’ (se transcribe)
"‘Artículo 16.’ (se transcribe)
"‘Artículo 59.’ (se transcribe)
"De los artículos transcritos se advierte que la resolución RES/998/2015 constituye una regla general administrativa, esto es, un acto materialmente legislativo, cuyo dictado encuentra fundamento en una cláusula habilitante prevista en una ley o en un reglamento al tenor de la cual una autoridad administrativa diversa al presidente de la República es dotado de la atribución para emitir disposiciones generales cuya finalidad es pormenorizar lo previsto en una ley o en un reglamento, generalmente con el objeto de regular cuestiones de carácter técnico que, por su complejidad o minucia es conveniente sean desarrolladas por una autoridad administrativa que atendiendo a su elevado nivel de especialización puede levantar de la realidad cambiante, con mayor oportunidad y precisión, las particularidades de los fenómenos sociales que ameritan ser normados.
"Ahora bien, de la lectura de la resolución RES/998/2015 y anexo único del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se advierte en su contenido la regulación de un proceso de competencia entre dos actores económicos ajenos al Estado, sino que únicamente se determinan los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano.
"Es decir, se trata de la fijación unilateral del precio de un producto por parte de un órgano regulador del Estado, en el entendido que dichas actividades no constituyen monopolios en términos del artículo 28 de la Constitución Federal, por tratarse de áreas estratégicas de carácter prioritario.
"De acuerdo con el nuevo modelo de derecho administrativo y económico, dicho acto no es de competencia de los Tribunales Especializados en Competencia Económica y Telecomunicaciones, ya que no regula un proceso de competencia entre dos actores económicos ajenos a las empresas productivas del Estado, pues así se advierte del considerando duodécimo de la resolución RES/998/2015, que señala:
"‘Duodécimo.’ (se transcribe)
"En ese sentido, la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano sólo es aplicable para Pemex y organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones, y no regula a otros agentes económicos del Estado o particulares.
"Además, en dicho acto no rige un proceso de competencia inmediata, sino mediata, de acuerdo con lo siguiente:
"Se considera que no hay un conflicto entre consumidores, pues con la emisión de la citada resolución se fijan precios de manera general para la enajenación de bienes del dominio público, cuya venta no constituye monopolio por disposición constitucional, ya que sólo es aplicable para Pemex, dejando a salvo las facultades de la Comisión Reguladora de Energía para que en un futuro apruebe una metodología aplicable a otras empresas productivas del Estado o personas morales que, por cuenta y orden del Estado realicen venta de primera mano de gas natural.
"Inclusive, en la propia resolución se reconoce que no hay suficiente participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, lo que evidencia que en dicho acto no se regula un proceso de competencia, como se advierte del segundo considerando de la resolución RES/998/2015, que dispone:
"‘Segundo.’ (se transcribe)
"Por esta razón, aun y cuando se afirma que no existe suficiente participación de agentes económicos, tampoco puede considerarse que la resolución RES/998/2015 regula o pretende evitar prácticas monopólicas relativas; esto es, que una empresa abuse del poder sustancial que tiene en un mercado para desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles el acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, como pueden ser:
"a) Las ventas atadas, que obliguen a adquirir determinados productos o servicios en la misma empresa;
"b) La concertación para realizar presiones sobre una empresa o para evitar vender o adquirir bienes o servicios a esa empresa (boicot);
"c) La contratación de exclusividades para la venta sujeta a condición de no adquirir o vender bienes o servicios de otras empresas;
"d) La fijación de precios o condiciones diferentes para compradores en circunstancias equivalentes (discriminación de precios); o,
"e) La negativa de vender o proporcionar un bien o servicio normalmente ofrecido a terceros (negativa de trato).
"Ello es así, pues como se explicó anteriormente, las actividades estratégicas de carácter prioritario para el País que realiza Pemex no son consideradas monopolios en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, la fijación de precios de manera unilateral por parte de la Comisión Reguladora de Energía no se ubica en ninguno de estos supuestos.
"Por otro lado la citada resolución tampoco regula prácticas monopólicas absolutas, ya que no tiene como finalidad evitar la realización de acuerdos ilegales entre agentes económicos que dañen el proceso de competencia, mediante la manipulación de precios; la manipulación de la oferta o la demanda; división de mercado o intercambio de información; o coordinación de posturas en licitaciones.
"Por el contrario, de acuerdo con su considerando duodécimo anteriormente transcrito, únicamente es aplicable a Pemex, sus organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones, de ahí que no exista un proceso de competencia entre agentes económicos.
"En ese sentido, se concluye que la resolución RES/998/2015 es un acto en el que el Estado fija de manera unilateral los precios de venta de primera mano de gas natural, conforme con sus facultades constitucionales y legales.
"Si bien es cierto que el acto dimana de un órgano regulador como lo es también la Comisión Federal de Competencia Económica, en el caso no se previó la competencia de ésta para conocer de la materia de hidrocarburos, y en específico, de los actos de enajenación por el Estado de bienes del dominio público.
"De tal manera que no hay que perder de vista que se trata de un acto esencialmente de autoridad administrativa que incide en bienes del dominio público y de la fijación de los precios para su enajenación al público; y el órgano regulador específico es la Comisión Reguladora de Energía.
"Aunque en dicha resolución existen conceptos y autoridades relacionados con la materia de competencia económica, porla naturaleza del acto corresponde conocer a los tribunales especializados en materia administrativa, ya que no existe un proceso de competencia entre agentes económicos, sino que a través de dicha regla general administrativa el Estado Mexicano se reservó el derecho de fijar los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano.
"Ello es así, pues mediante la resolución RES/998/2015 el Estado no compite con otras empresas o con los particulares, sino que fija de manera unilateral los precios de venta de los hidrocarburos de los cuales tiene dominio directo y cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.
"De lo hasta aquí expuesto, se advierte que, por su naturaleza, el acto reclamado es de la competencia de los órganos de control constitucional especializados en materia administrativa.
"Además de su contenido no se desprende alguna regulación propia de la materia especializada en competencia económica; específicamente, no se advierte que el acto reclamado regule cuestiones involucradas con el proceso de competencia y libre concurrencia.
"Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de la autoridad responsable, dicho acto fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía que es un órgano autónomo previsto en el artículo 28 de la Constitución Federal, integrante de la administración pública centralizada; cuenta con personalidad jurídica y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria.
"No obstante, depende directamente del Ejecutivo Federal, quien ejerce sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos, a través de dicho órgano regulador coordinado en materia energética, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético.
"Entre las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía se encuentran las siguientes: i) ejercer las facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos; ii) proteger los intereses de los usuarios; y, iii) propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
"En ese sentido, se concluye que tampoco se surte la competencia en favor de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, atendiendo a la naturaleza de la autoridad responsable, ya que el acto reclamado no surge de la actividad reguladora de los organismos autónomos a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Federal.
"Finalmente, no pasa inadvertido que la resolución reclamada únicamente puede ser impugnada a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que dispone lo siguiente:
"Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
"‘Artículo 27.’ (se transcribe)
"Asimismo, se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Federal, que en la parte que interesa señala lo siguiente:
"‘Artículo 28.’ (se transcribe)
"De acuerdo con lo anterior, se advierte que el artículo 28 constitucional remite expresamente a la competencia de los órganos de control constitucional especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para conocer de las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
"Lo que no sucede en el supuesto del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que únicamente limita la impugnación de las normas generales, actos u omisiones de los órganos reguladores coordinados en materia energética, mediante el juicio de amparo indirecto, sin remitir a la competencia de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, lo que evidencia que la intención del legislador en este último precepto no fue que dichos órganos resolvieran de las controversias suscitadas por los actos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía.
"En ese sentido, se justifica la competencia de los Jueces y tribunales especializados en materia administrativa para conocer de las demandas de amparo en las que se reclame la resolución RES/998/2015 y anexo único del treinta y uno de diciembre de dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil dieciséis.
"Finalmente, es importante precisar que esta determinación es casuística, ya que no se pueden sentar reglas generales y, en este caso, no se advirtió que la resolución de mérito involucre un proceso de competencia entre empresas. ..."
De la ejecutoria transcrita, derivó la tesis, cuyos rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚM. RES/998/2015 DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 24/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados se fija atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora bien, la Resolución Núm. RES/998/2015, por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2016, constituye una regla general administrativa encaminada a regular cuestiones de carácter técnico, mediante la cual se fijan precios de manera general para la enajenación de bienes propiedad de la Nación, cuya venta no constituye un monopolio por disposición expresa del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser aplicable sólo para Petróleos Mexicanos; y de acuerdo con su contenido, no se advierte la regulación de un proceso de competencia entre dos actores económicos ajenos al Estado, sino que se trata de la fijación unilateral del precio de bienes del dominio público de actividades exclusivas del gobierno, por lo que dicha cuestión no comprende temas de competencia económica, ya que su objeto no involucra el proceso de libre concurrencia de consumidores y productores en el mercado de compraventa de gas natural. Así, atento a la naturaleza de la Comisión Reguladora de Energía, la competencia por materia para conocer del juicio de amparo contra dicha resolución no se surte en favor de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al ser un órgano autónomo previsto en el artículo 28 constitucional, que depende directamente del Ejecutivo Federal, quien ejerce sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de ese órgano regulador coordinado en materia energética, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético; de ahí que dicha competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia administrativa, al tratarse de una resolución administrativa emitida por una autoridad de la misma naturaleza." [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Plenos de Circuito, jurisprudencia, Libro 42, T.I., mayo de 2017, tesis PC.I.A. J/103 A (10a.), página 939, registro digital: 2014291 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas]
CUARTO.—Existencia de la contradicción. Una vez transcritas las sentencias denunciadas como contradictorias, lo que procede es verificar si existe o no la divergencia de criterios denunciada.
Al respecto, es necesario indicar que conforme a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno, para que se produzca una contradicción de tesis se requiere que los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.
La jurisprudencia referida se transcribe a continuación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de A., se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, T.X., agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7, registro digital: 164120)
Ahora bien, para demostrar o no la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es necesario formular una síntesis de las consideraciones sustentadas por los órganos que participan en esta contradicción.
Así, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, sostuvo que el conocimiento del juicio de amparo corresponde a un juzgado especializado en competencia económica y no a un Juzgado de Distrito Administrativo genérico, porque las ventas de primera mano a que se refiere el acto reclamado en el mercado petrolero o sector de energéticos, exige una regulación estatal sujeta a los principios de regulación asimétrica, con el objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
Para arribar a esa conclusión hizo referencia en primer término, al llamado Pacto por México, concretamente al Acuerdo de Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de junio de dos mil trece, así como a la diversa reforma constitucional en materia de energía publicada en ese diario pero de veinte de diciembre de dos mil trece, de las cuales aludió a distintos documentos de los procedimientos seguidos por el Poder Reformador, esto para destacar la nueva redacción del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Federal y disposiciones de carácter transitorio de dichos decretos. Asimismo aludió a los artículos transitorios de la Ley de Hidrocarburos, a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, al acto reclamado y al Acuerdo General 22/2013 del Consejo de la Judicatura Federal.
Después de exponer algunas ideas sobre el concepto de competitividad y el modelo de Estado regulador, concluyó que la naturaleza material de la resolución reclamada corresponde a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica, por lo siguiente:
"I. Porque los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el ‘Pacto por México’, concretamente en el acuerdo denominado ‘Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad’, imbricado en la rectoría del desarrollo nacional, en el cual se propuso intensificar la competencia económica y eficiencia, dotando de una adecuada y específica regulación, en sectores prioritarios como las telecomunicaciones y energía, entre otros; así como crear tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y b) que evitaran el dictado de criterios contradictorios.
"II. Porque el derecho regulatorio se inserta para atender servicios prioritarios de interés público, en sectores especializados, que el Estado propicia y garantiza que sean prestados adecuadamente, de tal modo que no puede abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado, sino que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios.
"III. Porque el derecho de la competencia económica supone la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Se trata pues de un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, en términos generales, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores.
"IV. Porque el principio de eficiencia y funcionalidad en el mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica y lo pertinente es, consolidar en una jurisdicción especializada, la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines esenciales o fundamentales.
"V. Porque las ventas de primera mano –a que se refiere la resolución reclamada en el juicio de amparo de nuestra atención– en el mercado petrolero o sector de energéticos exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujetas a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
"VI. Porque conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional, entre otros.
"VII. Porque la Comisión Reguladora de Energía al expedir la metodología inserta en la resolución reclamada busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; entre otros objetivos.
"VIII. Por tanto, al encontrarse vinculada la resolución reclamada con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de lograr a la postre y garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas natural, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; es que la naturaleza material de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. ..."
Aclaró el Colegiado que no se opone a su conclusión el hecho de que la resolución reclamada RES/998/2015, no haya sido emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, sino por la Comisión Reguladora de Energía, esto porque la naturaleza material de dicho acto se vincula con la subespecialidad en competencia económica, que se extiende por las implicaciones correspondientes a otras áreas del derecho económico, como es la regulación de determinados servicios y actividades prioritarias; y que su conclusión encuentra respaldo en la jurisprudencia «2a./J. 119/2015 (10a.)» derivada de la contradicción de tesis **********(2) de la Segunda Sala de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓNADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.", porque la Sala, al decidir qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de un juicio de amparo o sus recursos relacionados con una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, atendió a la naturaleza material y específica sobre la que versaba la solicitud correspondiente, con independencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, resolviendo que los competentes para conocer de esos asuntos eran los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en razón de que la temática que en su integridad se debía abordar, entraña cuestiones relacionadas con esas materias, de alta complejidad, sobre las cuales tienen conocimientos especializados tales órganos, lo cual además abona a generar certidumbre jurídica y evitar el dictado de criterios contradictorios.
Por último indicó que el criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.) no influye para sustentar una conclusión distinta, por el contrario, la robustece, pues tal y como lo establece esa jurisprudencia, en un apartado, un tema que revela la competencia material de los órganos especializados es que el asunto involucre el proceso de competencia y libre concurrencia, como ocurre en el caso.
En ese contexto estimó que en el caso se violaron las reglas del proceso de amparo, pues conoció de éste un órgano jurisdiccional que no tiene competencia para ello, por lo que revocó la resolución recurrida y ordenó remitir los autos a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno.
En cambio, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo contra la resolución RES/998/2015 de la Comisión Reguladora de Energía, corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia administrativa, ya que de su contenido no se advierte la regulación de un proceso de competencia entre dos actores económicos ajenos al Estado, sino que únicamente se determinan los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano; es decir, trata de la fijación unilateral del precio de un producto por parte de un órgano regulador del Estado, actividades que además no constituyen monopolios en términos del artículo 28 constitucional, por tratarse de áreas estratégicas de carácter prioritario.
De igual forma expresó que la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, sólo es aplicable para Pemex y organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones y no regula a otros agentes económicos del Estado o particulares; además de que no rige un procedimiento de competencia inmediata, sino mediata, porque la propia resolución reclamada reconoce que no hay suficiente participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, lo que evidencia que en el acto no se reguló un acto propio de la competencia económica.
También sostuvo que aun cuando se afirme que no existe suficiente participación de agentes económicos, tampoco puede considerarse que la resolución reclamada regula o pretende evitar prácticas monopólicas relativas, ello porque las actividades estratégicas que realiza Pemex no son consideradas monopolio; y tampoco regula prácticas monopólicas absolutas, sino que simplemente es un acto en el cual el Estado fija de manera unilateral los precios de venta de primera mano de gas natural, conforme a sus facultades constitucionales y legales; máxime que no se previó la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica para conocer de la materia de hidrocarburos y, en específico, de los actos de enajenación por parte del Estado de bienes de dominio público.
Asimismo razonó que el acto fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía, órgano autónomo previsto en el artículo 28 constitucional, que depende directamente del Ejecutivo Federal, argumento adicional que demuestra la competencia de los órganos jurisdiccionales administrativos, toda vez que el acto reclamado no surge de la actividad reguladora de los organismos autónomos a que se refiere ese precepto constitucional, como son la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; sobre todo porque esa norma constitucional sí alude a los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica y telecomunicaciones, lo que no sucede con la comisión responsable, esto es, cuando la Constitución la menciona no se estableció que de sus actos conocerían órganos jurisdiccionales especializados; incluso, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética únicamente precisa que la impugnación de los actos de esa autoridad deberá llevarse a cabo mediante juicio de amparo indirecto, pero no alude a órganos jurisdiccionales especializados.
Cabe indicar que previo a esas conclusiones el Pleno de Circuito reprodujo lo considerado por esta Segunda Sala, al resolver el conflicto competencial **********, para subrayar que ya se ha pronunciado sobre la competencia material de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues expresó que la competencia por materia a favor de éstos se surte en el tema de competencia económica, en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia; entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes y servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad, por lo que reprodujo la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, que así lo establece.
De igual forma, después de reproducir parte del acto reclamado, indicó que éste no derivó de la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, sino de la llamada reforma energética de veinte de diciembre de ese año; que entre los objetivos de la primera está la creación de los tribunales especializados, apuntando que tienen una competencia de orden constitucional y restrictiva, y el de promover la competitividad en telecomunicaciones. En cambio, la reforma energética tuvo entre otros objetivos, el de modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad; mantener la propiedad de la Nación sobre hidrocarburos y atraer mayor inversión en ese sector, por lo que reprodujo parte de la iniciativa respectiva, precisando que en dicha reforma no se previó la existencia de tribunales especializados.
Así como analizó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal; y reprodujo el fundamento legal con base en el cual se emitió el acto reclamado, es decir, los artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, para concluir que el acto reclamado constituye una regla general administrativa.
De acuerdo con la síntesis que antecede, se concluye que existe la contradicción de criterios denunciada, ya que el Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito conocieron de expedientes en los que fue necesario definir qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer del acto reclamado consistente en la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada como RES/998/2015, es decir, si corresponde a la materia de competencia económica o a la materia general administrativa; y sostuvieron conclusiones discrepantes, pues para el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el conocimiento del juicio de amparo corresponde a un juzgado especializado en competencia económica porque las ventas de primera mano en el mercado petrolero o sector de energéticos, exige una regulación estatal sujeta a los principios de regulación asimétrica, con el objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, con lo que se involucra en el proceso de competencia y libre concurrencia en materia energética.
Frente a ello, el Pleno de Circuito en Materia Administrativa estableció que la competencia es para los órganos jurisdiccionales en materia administrativa, porque la resolución en cuestión constituye una regla general encaminada a regular cuestiones de carácter técnico, mediante la cual se fijan precios de manera general para la enajenación de bienes propiedad de la Nación, cuya venta no constituye monopolio y no se advierte la regulación de un proceso de competencia entre dos actores económicos ajenos al Estado, sino que se trata de la fijación unilateral del precio de bienes del dominio público de actividades exclusivas del gobierno, por lo que no comprende temas de competencia económica.
En consecuencia, existe la contradicción de tesis denunciada, y el problema jurídico a resolver consiste en determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de juicios de amparo en los que el acto reclamado es la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada como RES/998/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación del quince de febrero de dos mil dieciséis.
QUINTO.—Estudio. Precisada así la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Segunda Sala determina que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio consistente en que los órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, son los competentes para conocer de aquellos juicios de amparo en los que el acto reclamado sea la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada como RES/998/2015.
Al respecto, es importante conocer el contenido del acto referido, el cual es del tenor siguiente:
"Resolución Núm. RES/998/2015.
"Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano.
"RESULTANDO
"PRIMERO.—Que, mediante la resolución RES/524/2013, esta Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) aprobó y expidió la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano (la metodología transitoria), cuya vigencia empezó a partir del 1 de octubre de 2013 y hasta que se emita una nueva metodología.
"SEGUNDO.—Que, derivado del decreto del 20 de diciembre de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía (el Decreto de Reforma Energética), el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Hidrocarburos (LH), misma que en términos de sus transitorios primero y segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el DOF el 29 de noviembre de 1958.
"TERCERO.—Que, de igual manera, el 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), misma que en términos de sus transitorios primero y segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, abrogando la Ley de la Comisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1995.
"CUARTO.—Que, el 31 de octubre de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la LH, el titular del Ejecutivo Federal expidió y publicó en el DOF, el reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos (el reglamento), mismo que en términos de sus transitorios primero y segundo entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, abrogando el Reglamento de Gas Natural, publicado el 8 de noviembre de 1995 en el DOF.
"CONSIDERANDO
"PRIMERO.—Que, de conformidad con los artículos tercero transitorios de la LH y la LORCME, la normatividad y regulación emitida por esta comisión con anterioridad a la entrada en vigor de dichas leyes, que no se oponga a las mismas, continuará vigente, sin perjuicio de que pueda ser adecuada, modificada o sustituida, en términos de las disposiciones de esas leyes y las demás disposiciones aplicables.
"SEGUNDO.—Que, de conformidad con el artículo décimo tercero transitorio de la LH, primer párrafo, esta comisión continuará sujetando las ventas de primera mano (VPM), entre otros, de gas natural, a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos (Pemex), en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
"TERCERO.—Que dicho artículo décimo tercero transitorio establece que la VPM se entiende como la primera enajenación, en territorio nacional, que realice Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una persona moral, por cuenta y orden del Estado, y que dicha venta deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto importado, ductos de internación o en los puntos de inyección de los hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de producción.
"CUARTO.—Que la misma disposición transitoria establece, en su párrafo cuarto, que la regulación de las ventas de primera mano que emita esta comisión incluirá la aprobación y expedición de los términos y condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios, en las que se deberá observar la práctica común en mercados desarrollados de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos.
"QUINTO.—Que, de conformidad con el artículo 42 de la LORCME esta comisión tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
"SEXTO.—Que, como resultado del nuevo marco legal y regulatorio emanado del Decreto de Reforma Energética, la LH, la LORCME y el reglamento, se genera un cambio en la organización industrial, en el sector del gas natural, que implica la necesidad de diseñar una nueva metodología de precios máximos de VPM que contemple los cambios fundamentales en la estructura, organización y funcionamiento de la industria de los hidrocarburos.
"SÉPTIMO.—Que, en congruencia con lo establecido en el artículo décimo tercero transitorio de la LH, esta Comisión considera necesario expedir una nueva metodología de precios máximos de VPM, que permita:
"I.M. participación de agentes económicos en el mercado de gas natural;
"II. Que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta;
"III. Evitar que exista arbitraje de precios entre las diferentes zonas del País, e
"IV. Incentivar la mayor producción nacional posible de gas.
"OCTAVO.—Que, para efecto de lo dispuesto en el considerando inmediato anterior, esta comisión realizó un análisis exhaustivo del que se concluyó que para la nueva metodología de precios máximos de VPM resulta conveniente emplear como referencia una estimación de las cotizaciones de precio en el sur de Texas a partir de un ‘modelo de corrección de error vectorial’ con objeto de capturar la relación de largo plazo, así como las condiciones de arbitraje entre tales cotizaciones y las correspondientes a los mercados relevantes de H.H. y Houston Ship Channel.
"NOVENO.—Que el citado modelo de corrección de errores al que hace referencia el considerando anterior es adecuado para los propósitos citados, ya que considera la dinámica del mercado del sur de Texas, integrando en el análisis los ajustes intrarregionales en los precios, debido al arbitraje ocasionado por las condiciones globales y regionales.
"DÉCIMO.—Que, de acuerdo con la Metodología Transitoria, el valor de transporte ha permanecido en 0.065 dólares por millón de unidades térmicas británicas (USD/MMBTU) conforme a la resolución RES/142/2003. Este valor fue resultado de un análisis realizado en 2003 a partir de los costos de transporte en que incurría PGPB en aquel entonces, y se determinó con base en la contratación y utilización eficiente de servicios de transporte en los ductos del sur de Texas, a efecto de que reflejara adecuadamente el costo de oportunidad del gas nacional.
"UNDÉCIMO.—Que, derivado de un análisis realizado por esta comisión con datos públicos provenientes de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) sobre de las tarifas de los transportistas relevantes en el sur de Texas: Tennessee Gas Pipeline Company LLC (TPG), Texas Eastern Transmission, LP (TETCO) y El Paso Natural Gas Company (EPNG), cuyos sistemas son susceptibles de ser empleados para transportar gas natural a México, se estimó pertinente la actualización del costo de transporte a 0.2505 USD/MMBTU o 0.2374 USD/Gigajoules.
"DUODÉCIMO.—Que la presente metodología es aplicable únicamente a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones, sin perjuicio de que la comisión apruebe y expida una metodología aplicable a otras empresas productivas del Estado o una persona moral que por cuenta y orden del Estado realice VPM de gas natural.
"DECIMOTERCERO.—Que, en términos del artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, antes de la emisión de los actos administrativos a que se refiere el artículo 4 de dicha ley, se requerirá la presentación de una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
"DECIMOCUARTO.—Que, mediante el oficio COFEME/15/4683, de fecha 28 de diciembre de 2015, la Cofemer emitió dictamen final respecto del proyecto de la presente resolución, de conformidad con el artículo 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y señaló que se puede proceder a su publicación en el DOF.
"Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 42 y transitorios primero, segundo y tercero de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 81, fracción VI, 95, 131 y transitorios tercero y décimo tercero de la Ley de Hidrocarburos; 4 y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 y transitorio séptimo del Reglamento de las Actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción I,10, 16, fracciones I, II y III, 17, fracción I y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, esta Comisión Reguladora de Energía.
"RESUELVE
"PRIMERO.—Se expide la Metodología para determinar los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, aplicables a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones, contenida en el anexo único de la presente resolución y que se tiene por reproducido como si a la letra se insertare.
"SEGUNDO.—Queda sin efectos la resolución RES/524/2013 y su anexo único, a que hace referencia el resultando primero.
"TERCERO.—P. esta resolución y su anexo único en el Diario Oficial de la Federación.
"CUARTO.—La presente resolución incluido su anexo único, entrará en vigor a partir del primer día del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación la presente resolución.
"QUINTO.—H. del conocimiento público que el presente acto administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
"SEXTO.—Inscríbase la presente resolución bajo el Núm. RES/998/2015 en el registro al que se refiere los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. ..."
De ese acto administrativo destaca lo siguiente:
• Que con base en el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos,(3) la Comisión Reguladora de Energía debe continuar sujetando las ventas de primera mano de gas natural y de otros productos, a principios de regulación asimétrica, con el objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados;
• Que por venta de primera mano se entiende la primera enajenación, en territorio nacional, que realice Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una persona moral por cuenta y orden del Estado;
• Que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética,(4) la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios, entre otras facultades;
• Que congruentes con el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos es necesario expedir una nueva metodología de precios máximos de ventas de primera mano que permita mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural; y,
• Que la metodología que contiene es aplicable únicamente a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus filiales o divisiones, sin perjuicio de que la Comisión Reguladora de Energía apruebe y expida una metodología aplicable a otras empresas productivas del Estado o una persona moral que, por cuenta y orden del Estado realice ventas de primera mano de gas natural.
Ahora bien, esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis **********,(5) determinó en una problemática similar, que son competentes para conocer de aquellos juicios de amparo relacionados con la fijación de los precios de las gasolinas y el diésel, los órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en virtud de que se trata de cuestiones que inciden en los procesos de competencia en el sector energético. A fin de ilustrar lo antedicho, es conveniente reproducir parte de los razonamientos ahí sustentados, los cuales son del tenor siguiente:
"Precisado lo anterior, como se indicó, la competencia para conocer de juicios de amparo relacionados con los precios de las gasolinas y el diésel, es decir, de aquellos en los cuales el acto reclamado es el ‘Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación’, identificado con el número 98/2016, expedido por el secretario de Hacienda y Crédito Público; y la omisión de la Secretaría de Economía de aplicar lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del artículo 28 de la Constitución Federal, esto es, de fijar los precios respecto de esos productos, corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en virtud de que se trata de cuestiones que inciden en los procesos de competencia en el sector energético, aun y cuando no se hayan atribuido a la Comisión Federal de Competencia Económica.
"En efecto, con el decreto de reforma constitucional en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de diciembre de dos mil trece, nuestro sistema jurídico ha tenido una gran transformación para delimitar las actividades en las que el Estado Mexicano interviene; pero principalmente, se está ante un nuevo modelo que reconoce la participación de terceros en lo que se llama la cadena de valor de los hidrocarburos, es decir, su colaboración en actos posteriores a la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos; para lo cual, se cuenta hoy en día con la normativa que tiene como objetivo crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo de combustibles, su comercialización y lo que ésta conlleva, como lo son los precios de esos productos.
"Se trata entonces, de un nuevo régimen constitucional y legal que sólo contempla como área estratégica la exploración y extracción del petróleo, por lo que el resto de actividades que comprendía el monopolio antes de la reforma constitucional se redujo, de ahí la intervención de particulares en un nuevo orden jurídico que busca fomentar la libre competencia y concurrencia en los mercados de comercialización y expendio al público de petrolíferos, en los que se incluyen las gasolinas y el diésel.
"Esto implica que el Estado debía crear toda una política de competencia en el sector de los petrolíferos, con reglas contenidas en leyes y otros instrumentos cuya finalidad sea ésa, la de fomentar la libre competencia y concurrencia en ese mercado. Por ello, se emitieron entre otras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y, desde luego, los acuerdos administrativos que han sido reproducidos en páginas anteriores.
"Sobre el particular resulta aplicable en lo conducente, la tesis que a continuación se reproduce:
"‘INDUSTRIA PETROLERA. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2013, Y LOS ORDENAMIENTOS DERIVADOS, PREVÉN MEDIDAS TENDIENTES A PROPICIAR EL DESARROLLO EFICIENTE Y COMPETITIVO DE LOS MERCADOS.’ (se transcribe)
"En ese contexto, el ‘Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación’, se inscribe en esa política derivada de la reforma constitucional, ya que se trata del instrumento que establece la metodología para la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, y de las regiones en que se aplicarán éstos, hasta en tanto no se determinen dichos precios bajo condiciones de mercado, lo que se explica por el cambio de modelo constitucional y local que superó un monopolio y permite ahora la participación de terceros en la cadena de valor de los hidrocarburos, para el caso, en la venta de esos productos.
"En ese sentido, si actos como el reclamado en los juicios de amparo que dieron origen a los conflictos competenciales materia de esta contradicción, tienen por objeto buscar un equilibrio en los precios de las gasolinas y el diésel para crear condiciones de libre competencia y concurrencia en ese sector, es claro que impactan en el derecho de la competencia económica y, por lo mismo, la competencia para conocer de esos procesos recae en los órganos jurisdiccionales especializados.
"Incluso, la Ley de Hidrocarburos, establece medidas, por ejemplo, de regulación asimétrica para limitar el poder dominante que tiene el órgano del Estado al que le correspondía de manera exclusiva la realización de esas actividades, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo en el mercado.
"Esto explica que la competencia se defina para aquellos órganos jurisdiccionales especializados, pues el Poder Reformador, al establecer el nuevo orden jurídico en materia de energía hizo especial énfasis en la necesidad de fomentar la libre competencia y concurrencia en los mercados de comercialización de productos petrolíferos, como lo son las gasolinas y el diésel; y, en este sentido, una de las formas en que ello se puede lograr es a través de los precios, pues recordemos que previo a la reforma constitucional existía un monopolio autorizado constitucional y legalmente, de ahí la existencia de reglas asimétricas y de regulaciones que tienen que ver con la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. Se tiene entonces, que los actos reclamados en los juicios de amparo que antecedieron a esta ejecutoria, se enmarcan en ese objetivo de la reforma constitucional de fomentar la libre competencia y concurrencia en el mercado de los petrolíferos, de donde se advierte la repercusión indirecta en un tema que es propio de la competencia económica, si se toma en cuenta la estrecha relación entre precios y competencia.
"Ahora bien, es verdad que el artículo 28 constitucional permite un sistema de libre fijación de precios y sólo por excepción es que la autoridad puede señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, los que pueden establecerse cuando no existen condiciones de competencia efectiva. Lo que es muy útil para el caso que nos ocupa pero sobre todo, ello explica que en el ‘Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación’, se aluda a la fijación de precios máximos y a la flexibilización de éstos, según las condiciones de mercado; aspecto de la litis constitucional de los asuntos materia de la contradicción, que demuestra la repercusión o incidencia que los actos reclamados tienen en el derecho de la competencia económica, es decir, en la libre competencia y concurrencia del mercado de los petrolíferos.
"Por tanto, el diverso acto reclamado analizado por los Tribunales Colegiados consistente en la omisión de la Secretaría de Economía de fijar precios a los combustibles en términos del artículo 28 constitucional, también debe ser objeto de análisis por los órganos jurisdiccionales especializados, pues como se indicó, ese precepto permite un sistema de libre fijación de precios y sólo por excepción es que autoriza el establecimiento de precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, lo que se insiste, se fijan cuando no existen condiciones de competencia efectiva.
"No se desconoce que los actos reclamados no fueron emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, o que no se trate de actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, porque finalmente se trata de actos, los reclamados, tendentes a lograr esa libre competencia y concurrencia, es decir, de políticas de competencia, cuyo objetivo es alcanzar precisamente ésta, y que no se reducen a la utilización de sólo ciertas reglas o leyes, sino a toda una estrategia en busca de ese fin; de ahí que se requiera para su valoración de conocimientos técnicos y especializados que en el rubro de competencia económica tienen los órganos jurisdiccionales especializados en esa materia.
"Bajo esa lógica, según el contenido material de los actos reclamados, serán competentes esos órganos jurisdiccionales, pues en el caso lo son, porque se trata de determinaciones que están vinculadas con la competencia económica, con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los haya emitido.
"Cabe aclarar que el criterio que ahora se fija es congruente con la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, de la que derivaron los tribunales especializados, y en la que claramente el objetivo del Poder Reformador consistió en crear éstos con la finalidad de que existan órganos judiciales con conocimientos técnicos especializados que le permitan aplicar de manera eficaz y técnicamente informada, los marcos normativos que regulan actividades y litigios sobre competencia económica; por ello, si se está en presencia de un asunto vinculado con esa materia, debe ser resuelto por un órgano jurisdiccional especializado, con independencia del sector al que está destinado, como en el caso, en materia de energía.
"También es importante aclarar que el criterio que ahora se fija no implica que esos órganos jurisdiccionales especializados sean competentes para conocer de otros actos derivados de la reforma en materia de energía, sino exclusivamente de aquéllos, como los ahora analizados, que inciden en la ordenación del mercado de los petrolíferos, como lo son los precios de las gasolinas y el diésel; por tanto, en asuntos posteriores, para definir la competencia del Juez de amparo, deberá analizarse la naturaleza del acto reclamado.
"Finalmente se indica que no es óbice a lo antedicho, lo ordenado en el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se establece que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, la Ley de Hidrocarburos, el acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que contiene el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos referida; lo anterior es así, porque éste se emitió por la promoción de una gran cantidad de demandas de amparo relacionadas con esos actos, lo que provocó una considerable carga de trabajo para los Juzgados de Distrito de la República Mexicana, pero no se estableció bajo la idea de que los actos reclamados involucraran la materia administrativa en general. Máxime que se debe tomar en cuenta que en la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, se fijaron reglas específicas para los amparos que tratan de competencia económica y telecomunicaciones, como lo es, aquella sobre la procedencia del juicio y sobre la medida cautelar.
"En otras palabras, el Acuerdo General 2/2017 se emitió como una política judicial, cuyo objetivo es el de distribuir asuntos en atención al volumen de demandas de amparo en las que se reclamaron actos de autoridad relativos a la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. Por ello, el criterio que ahora fija esta Segunda Sala no implica que se deje de aplicar lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal en ese Acuerdo General, es decir, éste sigue rigiendo, pero en la resolución de los juicios de amparo se debe tomar en cuenta que los actos reclamados se ubican en el derecho de la competencia económica. ..."
De ese precedente se advierte lo siguiente:
• Con la reforma constitucional en materia de energía nuestro sistema jurídico tuvo una gran transformación para delimitar las actividades del Estado Mexicano;
• Se trata de un nuevo modelo que reconoce la intervención de particulares en lo que se conoce como la cadena de valor de los hidrocarburos, es decir, su intervención en actos posteriores a la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos;
• La normativa generada con esa reforma constitucional tiene como objetivo crear las condiciones adecuadas para un mercado abierto y competitivo de combustibles, su comercialización y lo que ésta conlleva, como lo son los precios de esos productos; por tanto, es un nuevo orden jurídico que busca fomentar la libre competencia y concurrencia;
• Los actos reclamados en los juicios de amparo que dieron origen a las ejecutorias materia de la contradicción, impactan en el derecho de la competencia porque tienen por objeto buscar un equilibrio en los precios de las gasolinas y el diésel para crear condiciones de libre competencia y concurrencia; y,
• Una de las formas de lograr la libre competencia y concurrencia es a través de los precios, pues previo a la reforma constitucional existió un monopolio autorizado, de ahí la existencia de reglas asimétricas y de regulaciones que tienen que ver con la fijación de precios máximos; por tanto, son actos que repercuten indirectamente en un tema propio de la competencia económica.
Con base en lo hasta aquí expuesto, como se apuntó, esta Segunda Sala concluye que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de aquellos juicios de amparo promovidos en contra de la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, también conocida como RES/998/2015, son los especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, toda vez que es una regulación sobre precios máximos de gas natural en un sector en el que se requiere fomentar la competencia y la libre concurrencia; por tanto, es un acto que incide en el derecho de la competencia.
En efecto, al igual y como se razonó en la contradicción de tesis **********, la resolución de la Comisión Reguladora de Energía es resultado del nuevo modelo constitucional y legal derivado de la reforma constitucional en materia de energía, entre cuyos objetivos está el de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, en el caso, para el gas natural. Características las anteriores que explican el criterio que ahora se define porque una de las formas de encontrar el equilibrio entre el poder dominante referido y una competencia efectiva de particulares es precisamente con la regulación de precios, de donde es clara una repercusión indirecta en el derecho de la competencia económica, si se toma en cuenta la estrecha relación entre precios y competencia.
El vínculo con el derecho de competencia económica lo confirma además, la circunstancia de que el sector energético es de interés general y prioritario que, por sus características, amerita una regulación especial de carácter asimétrico, que es la forma en la que se pretende asegurar una competencia efectiva en el mercado del gas natural, la cual debe prevalecer hasta en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de ese sector.
Asimismo, tal y como se reconoció en la contradicción de tesis **********, no es impedimento a la conclusión el hecho de que el acto de que se trata no haya sido emitido por la Comisión Federal de Competencia Económica, o que no se trate de actos enfocados a su principal función de prevención, investigación y combate demonopolios y prácticas monopólicas, entre otros, esto porque forma parte de esa normativa que busca alcanzar precisamente competencia en el sector de los energéticos; por ende, orientados en el contenido material de ese acto, es que se define la competencia en los órganos jurisdiccionales especializados, con independencia de la autoridad administrativa que lo emitió.
De igual forma es de suma importancia aclarar que el criterio que ahora se fija no implica que esos órganos jurisdiccionales especializados sean competentes para conocer de otros actos derivados de la reforma en materia de energía, sino exclusivamente de aquellos que incidan en la ordenación del mercado del gas natural.
No es óbice a lo antedicho, lo ordenado en el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(6) por el cual se establece que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se señale como acto reclamado, entre otros, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, la Ley de Hidrocarburos, el acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el acuerdo que contiene el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos referida; lo anterior es así, porque éste se emitió por la promoción de una gran cantidad de demandas de amparo relacionadas con esos actos, lo que provocó una considerable carga de trabajo para los Juzgados de Distrito de la República Mexicana, pero no se estableció bajo la idea de que los actos reclamados involucraran la materia administrativa en general. Máxime que se debe tomar en cuenta que en la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, se fijaron reglas específicas para los amparos que tratan de competencia económica y telecomunicaciones, como lo es, aquella sobre la procedencia del juicio y sobre la medida cautelar.
En otras palabras, el Acuerdo General 2/2017 se emitió como una política judicial, cuyo objetivo es el de distribuir asuntos en atención al volumen de demandas de amparo en las que se reclamaron actos de autoridad relativos a la determinación de precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. Por ello, el criterio que ahora fija esta Segunda Sala no implica que se deje de aplicar lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal en ese Acuerdo General, es decir, éste sigue rigiendo, pero en la resolución de los juicios de amparo se debe tomar en cuenta que los actos reclamados se ubican en el derecho de la competencia económica.
En atención a lo razonado, el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, en términos de lo dispuesto en los artículos 218 y 225 de la Ley de Amparo, queda redactado bajo los siguientes rubro y texto:
ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RES/998/2015. La reforma constitucional en materia de energía contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y la legislación que de ésta derivó tienen, entre otros objetivos, crear las condiciones que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en ese sector. En consecuencia, de los juicios de amparo o sus recursos promovidos contra la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, identificada con el número RES/998/2015, publicada en el medio de difusión oficial indicado el 15 de febrero de 2016, deben conocer los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, pues contiene una regulación de carácter asimétrico que es la forma en la que se pretende asegurar una competencia efectiva en el mercado del gas natural, la cual debe prevalecer hasta en tanto se logra una mayor participación de los agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de ese mercado; máxime que el sector energético es de interés general y prioritario para el Estado Mexicano. Cabe agregar que este criterio no implica que deje de tener aplicación el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis denunciada.
SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala que ha quedado redactado en el último considerando de esta ejecutoria.
TERCERO.—D. publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.
N.; remítase testimonio de esta resolución al Tribunal Colegiado y al Pleno de Circuito referidos y la tesis de jurisprudencia que se establece en este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, así como de la parte considerativa correspondiente para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, y hágase del conocimiento del Pleno y de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Amparo. En su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D. (ponente), J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y presidente E.M.M.I.
En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.) y 2a./J. 119/2015 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de agosto de 2016 a las 10:05 horas y del viernes 29 de enero de 2016 a las 11:00 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 33, T.I., agosto de 2016, página 1092 y 26, T.I., enero de 2016, página 1322, respectivamente.



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1. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"I. Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
2. Bajo la ponencia del M.J.F.F.G.S., resuelta en sesión de ocho de julio de dos mil quince.
3. "Décimo tercero. La Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
"La venta de primera mano se entiende como la primera enajenación, en territorio nacional, que realice Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre ellos. Dicha venta deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto importado, ductos de internación o en los puntos de inyección de los Hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de producción. Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, así como cualquier otra empresa productiva del Estado, o una persona moral, por cuenta y orden del Estado, podrán comercializar Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos siempre que desagregue los distintos servicios que preste y el precio de venta de primera mano del producto de que se trate.
"La comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de las citadas personas, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
"La regulación de las ventas de primera mano incluirá la aprobación y expedición de los términos y condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios. En estas materias, se deberá observar la práctica común en mercados desarrollados de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos.
"En todo caso, se deberán observar las obligaciones de no discriminación previstas en esta ley.
"El incumplimiento de la regulación que la Comisión Reguladora de Energía establezca sobre los términos y condiciones de ventas de primera mano y sus precios, se sancionará por dicha comisión con multas de ciento cincuenta mil días a setenta y cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."
4. "Artículo 42. La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios."
5. Bajo la ponencia del Ministro A.P.D., resuelta en la misma sesión en que se falla la presente ejecutoria.
6. Publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, cuyo título completo es el de: "Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México."

Esta ejecutoria se publicó el viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.