Ejecutoria num. 1a./J. 50/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 739526505

Ejecutoria num. 1a./J. 50/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 50/2015 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , página 677.
Fecha de Publicación:30 de Noviembre de 2015
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO, SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

 
CONTENIDO

DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO, SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: J.R.C.D.. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS A.Z. LELO DE LARREA, J.M.P.R.Y.A.G.O.M., EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: J.R.C.D.. AUSENTE: O.S.C.D.G.V.. PONENTE: A.Z. LELO DE LARREA. SECRETARIO: JULIO C.R.C..
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos.
Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, tal como se desprende de la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) pues la denuncia fue formulada por **********, quien fue parte en el amparo directo **********, fallado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito el once de diciembre de dos mil trece, criterio que participa en la presente contradicción.
En efecto, de acuerdo con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 226 del mismo ordenamiento legal,(3) cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de diferente circuito, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede plantearse, entre otros, por las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino del quejoso en el juicio de amparo directo penal **********, por lo que tiene legitimación para denunciar la probable divergencia de criterios, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
Respecto al tema de la presente contradicción se resolvió por el Pleno del Segundo Circuito, la contradicción de tesis 2/2013, sustentada entre el mismo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado con la misma especialidad y circuito; de dicha resolución surgió la tesis jurisprudencial PC.II. J/3 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del veintisiete de junio de dos mil catorce a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1084, en la que esencialmente se recoge el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
TERCERO.-Posturas contendientes.
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:
"Por cuanto se refiere al delito de delincuencia organizada, si bien se estimó aprobado el delito y la responsabilidad del quejoso en su comisión (entendido como juicio de reproche por su actuar involucrado en la comisión del delito), no obstante se advierte una inconsistencia técnica referida al fundamento legal en el que se pretendió basar la forma de intervención delictiva conforme al artículo 13 del Código Penal Federal.-Esto es así, pues invoca en la sentencia (siguiendo la petición ministerial) la fracción III, la cual no resulta aplicable como fundamento. Dicha fracción se refiere a lo que la doctrina denomina autoría aplicada o coautoría por codominio del hecho, la cual implica un supuesto de distribución de actividades necesarias para la actualización del núcleo típico, por ejemplo, privar de la vida en el homicidio o aprovechamiento sin derecho en el robo, pero tal hipótesis no se surte tratándose del delito de delincuencia organizada pues en éste, de acuerdo a la tendencia derivada incluso de los respectivos tratados internacionales en la materia, conviene como conducta punible la ‘pertenencia’ en sí misma, de manera dolosa a un grupo delincuencial organizado y no se refiere sólo al acto fundante de la organización sino también a la pertenencia constatada como residuo de la incorporación potencialmente posterior y aceptada, por tanto, el núcleo típico se reduce al verbo rector de ‘pertenecer’ de modo doloso a una agrupación delictiva con los requisitos y finalidades previstas por la ley (plurisubjetividad y propósitos delictivo específicos), lo que implica que dicho actuar ‘pertenecer’ se satura con un acto instantáneo y personal de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas y ese actuar se realiza de manera individual y completa sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible que lo es, por ende, en todo caso a título de autor material, esto es, autoría directa e individual para cada uno de los integrantes, pues acudir a la fracción III implica confundir la forma de intervención del activo con el carácter plurisubjetivo que caracteriza a la figura delictiva para efectos clasificatorios en relación a la exigencia de un determinado número de sujetos activos."
En el diverso amparo directo **********, en esencia plasmó las consideraciones siguientes:
"De igual forma, el Tribunal Unitario estimó que la intervención del aquí quejoso, fue en términos de lo dispuesto en el numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal, pues este delito se consuma desde el momento en que se participa en la organización para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que, por sí mismas o unidas a otras, tienen como finalidad o resultado cometer los delitos precisados en las diversas fracciones del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre las que se encuentran los delitos de contra la salud y tráfico de indocumentados por lo que no es necesario o condicionante demostrar la existencia del o de los delitos que pretendan cometer los integrantes de dicha organización.-En este apartado cabe precisar, que no asiste razón al tribunal de alzada al señalar que la participación del quejoso fue en términos de coautor material, pues se trata de una autoría directa; por tanto, es aplicable el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal.-Ello es así, porque en el delito de delincuencia organizada la conducta punible es la ‘pertenencia’ en sí misma, de manera dolosa, a un grupo delincuencial organizado, y no se refiere sólo al acto fundante de la organización sino también a la pertenencia constatada como residuo de la incorporación potencialmente posterior y aceptada.-Así, el verbo rector de ‘pertenecer’ se satura con un acto instantáneo y personal de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, y ese actuar se realiza de manera individual y completa sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible.-Corrobora lo anterior, el criterio II.2o.P.278 P (9a.), emitido por este Tribunal Colegiado, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Décima Época», Libro I, «Tomo 3», octubre de 2011, página 1626, de rubro y contenido siguientes: ‘DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN DEL ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.’ (se transcribe)"
En el diverso amparo directo **********, en esencia plasmó las consideraciones siguientes:
"Por otra parte resulta incorrecto que el Tribunal Unitario responsable, haya determinado que la responsabilidad de **********, sólo respecto a la comisión del delito de delincuencia organizada, haya sido en términos de la hipótesis jurídica prevista en la fracción III del numeral 13 del Código Penal Federal, toda vez que, si bien el delito es de los clasificados como ‘prurisubjetivos’ (sic), por razón del número de personas que en él intervienen, no debemos pasar por alto que el verbo rector previene como conducta punible, la ‘pertenencia’ en sí misma, a un grupo delincuencial, de manera dolosa; por tanto, la forma de intervención en ese caso, se actualiza a título de autoría directa y material, aun tratándose de la incorporación a grupos criminales preexistentes, lo que implica que dicho acto ilícito, se satura con un acto ‘instantáneo’ y personal, como lo es el integrarse a un grupo delincuencial, puesto que no se debe confundir la forma de intervención del activo, con el carácter plurisubjetivo del tipo penal para efectos clasificatorios, por razón del número de sujetos intervinientes; por ello, no procede realizar el examen en este delito, a partir de la figura del codominio funcional del hecho, dado que no se examina ni se reprocha en este ilícito, la realización fraccionada de alguna tarea adecuada y necesaria para la configuración del tipo, sino como ya se dijo, lo que se reprime al activo, es la pertenencia al grupo, con las características previstas en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.-Resulta aplicable al caso la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, identificada con el número «II.2o.P.278 P (9a.)», localizable en la página mil seiscientos veintiséis, Libro I, Tomo 3, octubre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena (sic) Época, que establece: ‘DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN DEL ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.’ (se transcribe)"
En el amparo directo **********, en lo que interesa plasmó lo siguiente:
"Ahora, se estableció que el grado de participación del quejoso en la comisión del delito analizado se llevó a cabo en términos de la hipótesis jurídica prevista en la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, es decir, como coautor material por codominio funcional del hecho; empero, este Tribunal Colegiado estima incorrecta esa conclusión, con base en los siguientes argumentos: El delito de delincuencia organizada es de los clasificados como ‘plurisubjetivos’, por razón del número de personas que en él intervienen; el verbo rector previene como conducta punible, la ‘pertenencia’ en sí misma, a un grupo delincuencial, de manera dolosa; por tanto, la forma de intervención en este caso, se actualiza a título de autoría directa y material, aun tratándose de la incorporación a grupos criminales preexistentes, lo que implica que dicho acto ilícito, se satura con un acto ‘instantáneo’ y personal, como lo es el integrarse a un grupo delincuencial, puesto que no se debe confundir la forma de intervención del activo, con el carácter plurisubjetivo del tipo penal para efectos clasificatorios, por razón del número de sujetos intervinientes; por ello, no procede realizar el examen en este delito, a partir de la figura del codominio funcional del hecho, dado que no se examina ni se reprocha en este ilícito, la realización fraccionada de alguna tarea adecuada y necesaria para la configuración del tipo, sino como ya se dijo, lo que se reprime al activo, es la pertenencia al grupo, con las características previstas en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.-Resulta aplicable al caso la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, identificada con el número «II.2o.P.278 P (9a.)» localizable en la página mil seiscientos veintiséis, Libro I, Tomo 3, octubre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena (sic) Época, que establece: ‘DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN DEL ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.’ (se transcribe)"
En el amparo directo **********, en lo que interesa plasmó lo siguiente:
"Es cierto que el Tribunal Unitario responsable estableció que el grado participación del quejoso en la comisión del delito analizado se llevó a cabo en términos de la hipótesis jurídica prevista en la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, es decir, como coautor material por esa conclusión, con base en los siguientes argumentos: El delito de delincuencia organizada es de los clasificados como ‘plurisubjetivos’, por razón del número de personas que en él intervienen; el verbo rector previene como conducta punible, la ‘pertenencia’ en sí misma, a un grupo delincuencial, de manera dolosa; por tanto, la forma de intervención en este caso, se actualiza a título de autoría directa y material, aun tratándose de la incorporación a grupos criminales preexistentes, lo que implica que dicho acto ilícito, se satura con un acto ‘instantáneo’ y personal, como lo es el integrarse a un grupo delincuencial, puesto que no se debe confundir la forma de intervención del activo, con el carácter plurisubjetivo del tipo penal para efectos clasificatorios, por razón del número de sujetos intervinientes; por ello, no procede realizar el examen en este delito, a partir de la figura del codominio funcional del hecho, como se plantea en uno de los conceptos de violación dado que esa forma de comisión no se examina ni se reprocha en este ilícito, la realización fraccionada de alguna tarea adecuada y necesaria para la configuración del tipo, sino como ya se dijo, lo que se reprime al activo, es la pertenencia al grupo, con las características previstas en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.-Resulta aplicable al caso la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, identificada con el número «II.2o.P.278 P (9a.)», localizable en la página mil seiscientos veintiséis, Libro I, Tomo 3, octubre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena (sic) Época, que establece: ‘DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN DEL ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.’ (se transcribe)"
En atención a lo resuelto en dichos asuntos, amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, integró la jurisprudencia II.2o.P. J/1 (10a.), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1178, cuyo contenido es:
"DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN DEL ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.-Se actualiza una inconsistencia técnica referida al fundamento legal que pretende basar la forma de intervención delictiva en el delito de delincuencia organizada conforme al artículo 13 del Código Penal Federal, cuando se invoca en la sentencia la fracción III de dicho numeral, al no resultar aplicable como fundamento. Dicha fracción se refiere a lo que la doctrina denomina autoría ampliada o coautoría por codominio del hecho, la cual implica un supuesto de distribución de actividades necesarias para la actualización del núcleo típico, por ejemplo, privar de la vida en el homicidio o aprovechamiento sin derecho en el robo, pero tal hipótesis no se surte tratándose del delito de delincuencia organizada, pues en éste, de acuerdo con la tendencia derivada incluso de los tratados internacionales en la materia, se previene como conducta punible la ‘pertenencia’ en sí misma, de manera dolosa, a un grupo delincuencial organizado, y no se refiere sólo al acto fundante de la organización sino también a la pertenencia constatada como residuo de la incorporación potencialmente posterior y aceptada; por tanto, la forma de intervención delictiva en este delito se actualiza a título de autoría directa y material, aun tratándose de la incorporación a grupos criminales preexistentes, toda vez que el núcleo típico se reduce al verbo rector de ‘pertenecer’ de modo doloso a una agrupación delictiva con los requisitos y las finalidades previstas por la ley (plurisubjetividad y propósitos delictivos específicos), lo que implica que dicho actuar de ‘pertenecer’ se satura con un acto instantáneo y personal de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, y ese actuar se realiza de manera individual y completa sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible, que lo es, por ende, en todo caso, a título de autor material, esto es, autoría directa e individual para cada uno de los integrantes (artículo 13, fracción II, del ordenamiento mencionado); acudir a la citada fracción III implicaría confundir la forma de intervención del activo con el carácter plurisubjetivo que caracteriza a la figura delictiva para efectos clasificatorios en relación con la exigencia de un número determinado de sujetos pertenecientes."
2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en lo conducente sostuvo lo siguiente:
"Probanzas las anteriores que fueron correctamente valoradas de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los diversos 207, 279, 280, 284 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, como bien, lo establece el Tribunal Unitario responsable, resultan aptos y suficientes para acreditar el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, previsto y sancionado por el numeral 2o., fracción V, en relación con el 4o., fracción II, inciso a), ambos de la mencionada ley penal especial, vigente en la época de los hechos; ya que, ciertamente, esos medios de prueba constituyen indicios suficientes que al ser analizados en su conjunto en forma natural, dado su orden lógico y jurídico, evidencian que el sujeto activo, al menos, desde el año de mil novecientos noventa y seis, empezó a integrarse en un grupo con más de tres personas, en el que acordaron organizarse para ejecutar de manera permanente y reiterada una conducta colectiva, en cuya realización el comportamiento de cada uno representó la actuación fraccionada de una voluntad común y así, con esa comunicabilidad de acciones y circunstancias, se encontraron potencialmentepreparados para ejecutar diversas conductas ilícitas ... La responsabilidad penal de ********** o **********, en la perpetración del aludido delito, se estima probada con los elementos probatorios que se aportaron a la causa penal, ya que entre los indicios incriminatorios se encuentran las probanzas descritas en este considerando y que aquí se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las cuales, como ya se dijo, fueron correctamente valoradas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los diversos 207, 279, 280, 284 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales y ponen de manifiesto, como bien lo señaló el Tribunal Unitario responsable, que ********** o **********, al menos desde el año de mil novecientos noventa y seis, empezó a integrarse en un grupo con más de tres personas, en el que acordaron organizarse para ejecutar de manera permanente y reiterada una conducta colectiva, en cuya realización el comportamiento de cada uno representó la actuación fraccionada de una voluntad común y así, con esa comunicabilidad de acciones y circunstancias, se encontraron potencialmente preparados para ejecutar diversas conductas ilícitas; organización en la que cada uno de sus miembros llevaba a cabo acciones específicas para el logro de sus objetivos, pues se encontraba conformada perfectamente, dentro de la cual estaban encomendadas y distribuidas de manera precisa las funciones de sus integrantes; esto es, en ellas se encontraban personas que administraban, dirigían o supervisaban y otros que ejecutaban las diversas órdenes encomendadas por aquellos que como finalidad común tenían la de realizar conductas tendentes a ejecutar diversos ilícitos; conductas con las cuales se violó el bien jurídico tutelado por la norma especial, que en el caso lo es la seguridad pública, pues el solo conocimiento de su existencia produce inquietud social, lo que a su vez se traduce en el peligro que implica para la preservación del orden social establecido y legalmente protegido; organización delictiva a la que se incorporó el hoy quejoso ********** o **********, teniendo participación en el secuestro de **********, en Colima, Colima; **********, en Guadalajara, Jalisco; **********, de San Quintín, Baja California, y **********, en Guamuchil, Sinaloa.-Organización que, como bien lo señaló el Tribunal Unitario responsable, realizó entre otros secuestros el de ... En la inteligencia que, como correctamente lo señaló el Tribunal Unitario responsable, la conducta realizada por el acusado se ejecutó de manera consciente y voluntaria, pues consciente del hecho descrito por la ley o previendo como posible el resultado típico, deseó y aceptó su realización, al exteriorizar su voluntad de ejecutar el delito de secuestro de **********, en Colima, Colima; **********, en Guadalajara, Jalisco; **********, de San Quintín, Baja California, y a **********, en Guamuchil, Sinaloa, actualizándose de esta manera la hipótesis prevista en el numeral 9, párrafo primero, del Código Penal Federal, sin que obre en el proceso dato o circunstancia alguna que nulifique el dolo en particular, por lo que el actuar del hoy quejoso fue en contravención a lo establecido en la norma penal, así como la ley especial respectiva, no obstante que le era exigible un proceder apegado a dichos cuerpos normativos, pues contaba con la libertad de voluntad o de decisión para desplegar o abstenerse de realizar dichas conductas, aspectos que denotan su participación dolosa en la comisión del ilícito que se le imputa.-Así, acertadamente la autoridad responsable ordenadora destacó el testimonio de ... Declaraciones que fueron acertadamente valoradas en términos de lo establecido en los artículos 207, 279, 285, 286, 287 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos numerales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; pues no existe en autos prueba eficaz que las desvirtúe y les reste el valor probatorio; por lo contrario, se corroboran entre sí, pues reconocen su participación en la organización delictiva, y algunos argumentaron conocerse entre sí.-Elementos de prueba con los cuales el Tribunal Unitario estableció que el acusado ********** o **********, entre otras personas, y consciente de su estancia en dicha agrupación criminal, planearon diversos secuestros, seleccionaron a las personas que podían secuestrar y daban las indicaciones para que otros llevaran a cabo diversas actividades, que en conjunto eran eficaces para alcanzar los fines de la organización delictiva; esto es, en momentos determinados llevaron a cabo acciones que se tradujeron en funciones de administración, dirección o supervisión, dentro de la agrupación delictiva a la que pertenecían, que como objetivo tenía el realizar secuestros de personas por las que pedían determinadas cantidades de dinero como rescate para su liberación.-Esas facultades de administración, dirección o supervisión se advierten como dijo la responsable, específicamente del secuestro de **********, donde el acusado dijo que compró un vehículo ********** o **********, color blanco y un **********, color negro, esto es, aportó recursos económicos para su realización, así como parte de la infraestructura para su ejecución, ello con independencia de haber supervisado su desarrollo, al señalar que permaneció vigilante en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el plagio con la finalidad de cerciorarse de la existencia de patrullas; es decir, en dicha conducta no se aprecia ningún vestigio relacionado con la subordinación a alguien, mucho menos el acatamiento de alguna orden proporcionada por alguien más; aunado a lo anterior, de las constancias de autos se advierte que ********** a quien se dirigió como amigo y compadre, lo invitó a participar en un secuestro de una persona de la que sólo recordaba se apellidaba **********; ... de ahí que son desafortunados los conceptos de violación que hace el promovente en relación con que no se encuentran acreditadas sus facultades de administración, dirección o supervisión, dentro de la organización criminal.-En esas condiciones, como acertadamente lo consideró el tribunal responsable, los medios de prueba fueron correctamente valorados en términos de los artículos 285 y 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 40 y el 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de los que se advierte que ********** o **********, entre otros sujetos, tenía funciones de administración, dirección o supervisión, dentro de la agrupación delictiva a la que se ha hecho alusión, pues de las constancias que obran en autos del proceso se pone en evidencia el acuerdo previo que existía entre ellos, para ejecutar el delito referido, en la medida que los acusados se reunían en diversas ocasiones entre sí y con otros, con la finalidad, de ejecutar distintos secuestros, lo que implícitamente conlleva a establecer que se trataba de una organización de delincuencia organizada, pues la finalidad de esas reuniones era la planeación y forma de ejecución para llevar a cabo el referido delito, así como definir a los participantes y su intervención. ... El promovente alega que la resolución que combate es violatoria de los derechos fundamentales, porque a su juicio, de los elementos de prueba recabados en autos del proceso penal, en específico diversos informes de autoridad y varias declaraciones de los implicados, no hacen señalamiento alguno de su participación en la planeación o ejecución de algún delito de secuestro y cita al respecto los criterios: ... Es desafortunado ese concepto de violación.-Eso se dice, porque la autoridad tomó en cuenta para acreditar la responsabilidad de todos los implicados los elementos probatorios que fueron analizados en esta resolución, y es verdad que en diversos informes y declaraciones no se hace alusión a su persona; sin embargo, es de recordar que en este apartado se analizó tanto el delito de delincuencia organizada para la comisión del delito de secuestro y la responsabilidad del acusado en su comisión; entonces, el hecho de que el tribunal responsable citara todas las pruebas recabados en autos del proceso, es para ese efecto, y en concreto, de algunas de esas ... se advierte la participación del implicado en su comisión; por esa razón se convino con el tribunal responsable al considerar que los medios de convicción en términos del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con diversos numerales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ponen de manifiesto que ********** o **********, al menos desde el año de mil novecientos noventa y seis, empezó a integrarse en un grupo con más de tres personas; organización dedicada a secuestrar personas, cuyo líder era principalmente ********** y que ejecutó el secuestro de ...; es por esa razón, que no se consideran aplicables las tesis que cita relativas a la prueba testimonial, a la prueba circunstancial e indiciaria, a la valoración de las pruebas en delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la de la temporalidad de la pertenencia en la organización criminal, pues las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de los secuestros se advierten del cúmulo de pruebas que tomó la responsable para emitir la resolución, la cual se considera acertada, de ahí que no es aplicable el criterio de falta de motivación en la sentencia; tampoco el criterio de confesión calificada divisible, pues el tribunal responsable en ningún momento tomó su declaración como confesión calificada. ... El promovente refiere que el delito por el cual se le acusó de delincuencia organizada, debió ser reclasificado al delito de asociación delictuosa, figura que a su juicio era la que legalmente correspondía a la temporalidad que se estableció en la sentencia que se combate (mil novecientos noventa y seis).-Ese alegato es desafortunado, primero, porque a diferencia del delito de asociación delictuosa que en forma general solamente se refiere a delinquir, sin hacer referencia a la clase de delitos que pueden cometerse, el delito de delincuencia organizada tiene como nota distintiva la finalidad de cometer alguno o algunos de los delitos expresamente establecidos en el artículo 2o. de la ley citada, como en el caso el secuestro de personas; segundo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cobró vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, año desde el que se tuvo por acreditada la organización criminal; tercero, porque el delito de delincuencia organizada es permanente, esto es, no habrá de buscarse fecha exacta de consumación de aquél; cuarto, el delito en comento no se realizó solamente antes de inicio de la vigencia de la nueva norma penal que prevé y sanciona el delito de delincuencia organizada, sino que siguió cometiéndose después de su entrada en vigor; y, quinto, bajo el principio de especialidad, la ley especial excluye a la general (lex especialis derogat legi generali). ... El promovente señala que el tribunal responsable indebidamente consideró a todos los implicados responsables en igualdad de condiciones, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal.-Es desafortunado ese concepto de violación, porque este Tribunal Colegiado conviene con el tribunal responsable, en que existieron diversos implicados que participaron en la comisión del delito de delincuencia organizada; además, que el implicado participó en diversos secuestros para la organización criminal, de ahí que efectivamente exista una aportación de él, junto con otros (conjuntamente en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal), para la acreditación del delito en comento. ..."
CUARTO.-Existencia de la contradicción. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
3. En la sentencia recaída al amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, se sostuvieron, en lo que interesa, las siguientes consideraciones:
"El promovente señala que el tribunal responsable indebidamente consideró a todos los implicados responsables en igualdad de condiciones, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal.
"Es desafortunado ese concepto de violación, porque este Tribunal Colegiado conviene con el tribunal responsable, en que existieron diversos implicados que participaron en la comisión del delito de delincuencia organizada, además que el implicado participó en diversos secuestros para la organización criminal, de ahí que efectivamente exista una aportación de él junto con otros (conjuntamente en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal), para la acreditación del delito en comento. ..."
2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en atención a lo resuelto en los amparos directos **********, **********, **********, ********** y **********, emitió la jurisprudencia II.2o.P. J/1 (10a.), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1178, cuyo contenido es:
"DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN DEL ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.-Se actualiza una inconsistencia técnica referida al fundamento legal que pretende basar la forma de intervención delictiva en el delito de delincuencia organizada conforme al artículo 13 del Código Penal Federal, cuando se invoca en la sentencia la fracción III de dicho numeral, al no resultar aplicable como fundamento. Dicha fracción se refiere a lo que la doctrina denomina autoría ampliada o coautoría por codominio del hecho, la cual implica un supuesto de distribución de actividades necesarias para la actualización del núcleo típico, por ejemplo, privar de la vida en el homicidio o aprovechamiento sin derecho en el robo, pero tal hipótesis no se surte tratándose del delito de delincuencia organizada, pues en éste, de acuerdo con la tendencia derivada incluso de los tratados internacionales en la materia, se previene como conducta punible la ‘pertenencia’ en sí misma, de manera dolosa, a un grupo delincuencial organizado, y no se refiere sólo al acto fundante de la organización sino también a la pertenencia constatada como residuo de la incorporación potencialmente posterior y aceptada; por tanto, la forma de intervención delictiva en este delito se actualiza a título de autoría directa y material, aun tratándose de la incorporación a grupos criminales preexistentes, toda vez que el núcleo típico se reduce al verbo rector de 'pertenecer' de modo doloso a una agrupación delictiva con los requisitos y las finalidades previstas por la ley (plurisubjetividad y propósitos delictivos específicos), lo que implica que dicho actuar de ‘pertenecer’ se satura con un acto instantáneo y personal de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, y ese actuar se realiza de manera individual y completa sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible, que lo es, por ende, en todo caso, a título de autor material, esto es, autoría directa e individual para cada uno de los integrantes (artículo 13, fracción II, del ordenamiento mencionado); acudir a la citada fracción III implicaría confundir la forma de intervención del activo con el carácter plurisubjetivo que caracteriza a la figura delictiva para efectos clasificatorios en relación con la exigencia de un número determinado de sujetos pertenecientes."
Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes existe disenso en la cuestión jurídica analizada, como se demuestra enseguida.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito consideró que tratándose del delito de delincuencia organizada, es posible que se actualice la coautoría a que se refiere el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostiene que tratándose del delito de delincuencia no puede aplicarse como fundamento la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, que se refiere a lo que la doctrina denomina autoría ampliada o coautoría por codominio del hecho, en tanto la forma de intervención delictiva del delito de delincuencia organizada sólo se actualiza a título de autoría directa y material, aun tratándose de la incorporación a grupos criminales preexistentes, por lo que en todo caso se actualiza la fracción II del artículo 13 del ordenamiento mencionado.
Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta: Tratándose del delito de delincuencia organizada ¿La forma de intervención de los sujetos es en coautoría material en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal?
QUINTO.-Determinación del criterio que debe prevalecer. Conforme a las consideraciones que enseguida se expresan, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Previamente, a manera de antecedente de la creación del tipo penal de delincuencia organizada, se estima conveniente citar la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, enviada a la Cámara de Senadores el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dice:
"Cámara de Origen: Senadores exposición de motivos. México, D.F., a 19 de marzo de 1996. Iniciativa del Ejecutivo.-Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, presente.-Con esta misma fecha el Ejecutivo Federal y los señores legisladores del honorable Congreso de la Unión presentamos una iniciativa de reformas a los artículos 16, 21, 22 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos. Con el fin de que esa soberanía cuente con mayores elementos para valorar la reforma constitucional mencionada, también sometemos a su consideración la presente iniciativa de ley para su discusión y, en su caso, aprobación, especialmente en aquellos artículos que suponen la reforma constitucional antes mencionada, los cuales tendrán razón de ser siempre que se hayan aprobado los cambios constitucionales propuestos.-La suscripción conjunta de la presente iniciativa de ley, además de reiterar la preocupación de ambos poderes por fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, es sin perjuicio de que sea discutida y, en su caso, enriquecida durante todo el proceso legislativo, incluso por los señores legisladores que la suscriben.-I. De la delincuencia organizada en general.-I.1. Presentación del problema y compromisos gubernamentales.-a) Es compromiso del Estado fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, pues ésta ha manifestado en los últimos tiempos una gran transformación, observando entre otras tendencias, además de una mayor organización, mayor violencia en su comisión y su indiscutible transnacionalización, como puede verse en el caso del tráfico internacional de estupefacientes, tráfico de armas, tráfico de personas, entre otros.-Toda esa transformación ha hecho, a su vez, que la delincuencia muestre actualmente una mayor eficacia frente a los medios de control estatal, en los diversos órdenes. Con frecuencia, según nos muestra la realidad, el fenómeno delictivo supera a las formas institucionales de reacción, obligando a éstas a superarse o quedarse rezagadas. Por ello, los métodos y las técnicas utilizados por las formas modernas de delincuencia motivan, también, la necesidad de generación de métodos y técnicas modernos para combatirla eficazmente.-La delincuencia organizada es uno de los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial, del que México no escapa. Se trata de una delincuencia de carácter transnacional, que ha sido identificada, en diversos foros como todo un sistema económico clandestino, con ingresos que sobrepasan el producto nacional bruto de algunas naciones. Uno de sus componentes principales, el narcotráfico, arroja por sí mismo ganancias exorbitantes, que implican, incluso, la evasión fiscal y las prácticas comerciales restrictivas para eliminar la competencia. Otras consecuencias de estas conductas ilegales son el comercio ilícito de armas, el uso de la fuerza física, la corrupción, la pérdida de la seguridad urbana y rural y aun la participación en conflictos políticos y étnicos; por lo que plantea una amenaza directa para la estabilidad de las naciones y constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas de los Estados.-b) Consciente de la gravedad del problema, el Ejecutivo Federal al definir su política de gobierno, en el mensaje a la nación del 1o. de diciembre de 1994, aseveró, respecto de una de las manifestaciones más importantes de la delincuencia organizada, que es intolerable la impunidad al narcotráfico, ya que éste es la mayor amenaza a la seguridad nacional, el más grave riesgo para la salud social y la más cruenta fuente de violencia. Idea que reiteró al conmemorarse el día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en junio del presente año, al afirmar: ‘El narcotráfico es la más grave amenaza para la integridad física, mental y moral de los jóvenes; el narcotráfico es la más grave amenaza a la salud de la sociedad; el narcotráfico es la más grave amenaza a la tranquilidad y el orden público; el narcotráfico es la más grave amenaza al Estado de Derecho ... y a nuestra seguridad nacional.’. ‘Por la gravedad de los peligros que representa, el tráfico de drogas debe ser combatido por todos los medios, en todo lugar, en todo tiempo y sin titubeos. Si flaquea nuestra voluntad, si se debilita la cooperación internacional, si dependemos sólo del esfuerzo aislado de cada nación, se fortalecerá el enemigo común que son los narcotraficantes.’-El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 recoge esta preocupación al establecer que ‘combatir sus causas y sus efectos, acabar con la impunidad que genera y castigar a sus autores, son tareas urgentes que debemos emprender sin dilaciones ni titubeos’; anunciándose, además, que para ello se establecerán programas que permitan una mayor especialización de los cuerpos policiales encargados de esa tarea; se deberán intensificar los esfuerzos de cooperación internacional, fortaleciendo los convenios y acuerdos destinados a la identificación y seguimiento de los delincuentes, de sus operaciones y de las acciones de lavado de dinero e inversión de fondos obtenidos de sus actividades ilícitas; y también que se revisará la legislación penal sustantiva, a fin de que pueda sancionarse de manera directa efectiva y con mucha mayor severidad, a quienes se organicen para delinquir, o a quienes colaboren con ellos con anterioridad o posterioridad a la realización de los ilícitos. Por este motivo, es necesario revisar las distintas modalidades de actuación del crimen organizado, así como el catálogo de las penas que deban corresponder a quienes las realicen.-c) El Poder Legislativo Federal, igualmente sensible a este gran problema, se dio a la tarea de conocer la opinión pública y buscar alternativas más eficaces, promoviendo en agosto de 1995 una Consulta Nacional para el Combate al Narcotráfico. En ella se recibieron aportaciones valiosas de especialistas, quienes enfatizaron la necesidad de luchar en contra de dicho fenómeno de manera más eficaz, desde una óptica multidisciplinaria y con la colaboración de todos los países, realizando las reformas legales conducentes, que regulen en forma clara cómo combatir al crimen organizado. Sugerencias que también se manifiestan en el contenido de esta iniciativa, sobre todo por lo que hace a ciertas estrategias procedimentales.-En efecto, la iniciativa de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuya necesidad reiteradamente se ha anunciado y que ahora, el Ejecutivo Federal y señores legisladores del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del Poder Legislativo Federal, parte de la base de que para enfrentar este fenómeno generalizado es necesario estudiarlo y definir su origen, su forma de operación, sus consecuencias y la manera en que se procesan las ganancias ilícitas obtenidas.-I.2. Conceptualización.-Si bien el problema de la conceptualización ha sido uno de los temas que ha provocado discusión en la doctrina, ésta ha conceptualizado al crimen organizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez. Se caracteriza porque sus acciones no son impulsivas, sino más bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad y así amasar grandes oportunidades de dinero y de poder real.-El crimen organizado, en sus diversas manifestaciones, afecta las vidas de miles de seres humanos; pero debido a que conserva escrupulosamente su invisibilidad, muchos no estamos conscientes de cuánto nos daña o siquiera que nos afecte. Ciertamente, mucho se ha hablado y se habla del narcotráfico, desafortunadamente no siempre con plena compresión de su enorme complejidad, ya que involucra elementos jurídicos, políticos, económicos y de salud, entre otros; de ahí que, gran parte de la insuficiencia de los resultados obedece a que no se han entendido bien todos los factores causales del fenómeno, por un lado, ni todas las consecuencias en su magnitud y complejidad, por el otro.-Es importante señalar que la delincuencia organizada constituye el género y el narcotráfico la especie, aunque éste es una de sus más importantes manifestaciones; por ello, analizar e intentar comprender el fenómeno del crimen organizado sólo desde la perspectiva del narcotráfico resulta ser una visión parcial y las conclusiones serían carentes de método. Es necesario, entonces, analizar las características específicas de la delincuencia organizada, con el fin de entender mejor su funcionamiento y adoptar las estrategias político criminales más adecuadas para enfrentarla eficazmente.-I.3. Características específicas.-Se entiende a esta forma de delincuencia como una organización permanente, con estructura jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados, que se agrupan para cometer delitos.-Este esquema presenta a una delincuencia de mayor peligrosidad que la común, ya que permite el reclutamiento de individuos eficientes; entrenamiento especializado; tecnología de punta; capacidad para el ‘lavado de dinero’; acceso a información privilegiada; continuidad en sus acciones y capacidad de operación que rebasa, en el marco existente, la capacidad de reacción de las instituciones de Gobierno.-En síntesis, a nivel internacional se destaca que la delincuencia organizada se identifica por los siguientes atributos: a) No tiene metas ideológicas. Sus metas son el dinero y el poder sin connotaciones políticas (salvo en caso de terrorismo); b) Tiene una estructura jerárquica vertical y rígida con dos o tres rangos máximos y permanentes de autoridad; c) Limitación o exclusividad de membresía con diferentes criterios de aptitud y proceso de selección riguroso; d) Permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; e) Uso de violencia y corrupción como recursos reconocidos y aceptados para el cumplimiento de los objetivos; f) Operan bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores. Cuenta con posiciones perfectamente perfiladas en relación a las cualidades de sus miembros y, en caso de ser necesario, subcontratan servicios externos; g) Siempre pretende ejercer hegemonía sobre determinada área geográfica o sobre determinada industria (legítima o ilegítima); y, h) Reglamentación interna oral o escrita que los miembros están obligados a seguir, entre otros.-II. La delincuencia en México.-II.1. Marco legal.-En México, como es sabido, el concepto de delincuencia organizada se introdujo legalmente en el año de 1993 con la reforma que la Constitución experimentó en su artículo 16, al disponer en el párrafo séptimo que el plazo de la retención de cuarenta y ocho horas, para los casos de flagrancia y urgencia, ‘podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada.’-A raíz de la reforma constitucional, el 1o. de febrero de 1994 entraron en vigor las importantes reformas que se hicieron al Código Penal Federal y a los Códigos de Procedimientos Penales, federal y del Distrito Federal, en los que también se hace mención de la ‘delincuencia organizada.’ En el Código Penal el problema de la delincuencia organizada se vincula directamente al del narcotráfico, estableciéndose una penalidad de 20 a 40 años de prisión y de quinientos a diez mil días multa, además de decomiso, ‘a quien por sí, a través de tercero o a nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa constituida con el propósito de practicar o que practique cualquiera de las actividades a que se refiere este capítulo’ (a.196 Bis). Se prevé, asimismo, una penalidad menor (hasta una mitad) para quienes no tienen facultades de decisión pero de alguna manera colaboran en dichas organizaciones, o una penalidad accesoria (destitución e inhabilitación) si el delito es cometido por servidor público de alguna corporación policiaca o por un miembro de las fuerzas armadas mexicanas.-El Código Federal de Procedimientos Penales, por su parte, hace referencia a la delincuencia organizada en el artículo 194 Bis, únicamente para efectos de duplicar el plazo de retención de cuarenta y ocho horas en los casos de delitos flagrantes o en los casos urgentes. Y establece que los casos de ‘delincuencia organizada’ serán aquellos ‘en los que tres o más personas que se organizan bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer de modo violento y reiterado o con fines predominantes lucrativos alguno de los delitos legalmente previstos en los siguientes artículos del Código Penal: ...’. Entre los delitos que se prevén en dichos artículos se encuentran: terrorismo, sabotaje, evasión de presos, ataque a las vías de comunicación, trata de personas, explotación de cuerpos de un menor de edad por medio de comercio carnal, violación, homicidio doloso, secuestro, robo calificado, extorsión, despojo, tortura, piratería, uso ilícito de instalaciones destinadas al tráfico aéreo, asalto en carreteras o caminos, posesión y tráfico de armas de fuego, narcotráfico, tráfico de indocumentados, ‘lavado de dinero’, falsificación de moneda.-Es importante indicar que, al encontrarse definida la delincuencia organizada en los códigos de procedimientos penales, se identifica sólo para efectos de considerar plazos más amplios de retención por el Ministerio Público sobre presuntos responsables y no para otros fines. Tampoco se le considera como un delito por sí mismo; por lo que, en nuestro país no se puede procesar a alguien sólo por pertenecer a una organización criminal con las características señaladas, sino que sólo se le puede procesar cuando cometa un delito de los previstos como tal en la legislación penal.-Por tanto, no obstante tales inserciones a la ley, la regulación es aún insuficiente; todavía no puede afirmarse que la delincuencia organizada está debidamente atendida en el plano formal. De ahí la necesidad de su previsión en este anteproyecto de ley especial, en la que se establece, por una parte, lo que se entiende por ‘delincuencia organizada’, señalándose sus rasgos característicos y, por otra, el listado anterior disminuye considerablemente, para que la ley resulte efectivamente funcional, abarcando únicamente aquellos casos que realmente constituyen problema de delincuencia organizada en la actualidad, como son: terrorismo, narcotráfico, acopio y tráfico de armas, secuestro, tráfico de indocumentados, falsificación y alteración de moneda, robo de vehículos, y lavado de dinero. Se entiende, por supuesto, que en el conocimiento de estos delitos también se comprenden a los delitos que tengan conexidad en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales, como serían, por ejemplo, el homicidio y la portación de arma de fuego.-II.2. Estado de la delincuencia organizada en México.-Las organizaciones criminales mexicanas, relacionadas sobre todo con delitos contra la salud, se ajustan en gran medida a los patrones universales ya señalados para la delincuencia organizada. Nos encontramos, en efecto, con un crimen organizado formado en gran parte por las organizaciones para el narcotráfico, entre las cuales destacan los cárteles de Tijuana, J., del Pacífico y del Golfo, de los que importantes miembros han sido ya objeto de procesos, sin que a la fecha hayan podido ser desarticulados totalmente.-Según estimaciones de la Procuraduría General de la República, los grupos narcotraficantes que operan en México tuvieron ingresos brutos en 1994 de alrededor de 30 mil millones de dólares. Lo anterior nos da una idea de las grandes ganancias y del enorme poderío económico que tienen estas organizaciones, que les permite igualmente contar con medios modernos y con mayor capacidad de operación. Lo que quiere decir que México, al igual que muchos otros países del mundo, se encuentre con frecuencia rebasado y ve amenazada la salud y seguridad de sus habitantes ante los embates de un fenómeno de gran magnitud y complejidad, como es el consumo y tráfico de drogas ilícitas que, además, ponen en riesgo la seguridad nacional.-Los hechos muestran que durante los últimos años, los ‘ajustes de cuentas’ y la disputa entre cárteles para controlar la ruta del Pacífico han ocasionado más de 170 muertes. A eso habrá que agregar las que se dan en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad pública tanto federales como locales, los que han sufrido bajas muy considerables y lamentables.-Por otro lado, se han decomisado grandes arsenales de armas de diferentes calibres. Informes de las 39 zonas militares indican que existe un promedio de 60 armas decomisadas diariamente en todo el país, además de los aseguramientos que realiza la Policía Judicial Federal.-Por lo que se refiere a los secuestros, algunos analistas han calculado que entre julio de 1988 y abril de 1994 se cometieron cerca de 800 secuestros de empresarios y otras personalidades en todo el territorio nacional. Por supuesto, los datos reales son mayores ya que muchos familiares de las víctimas prefieren no reportarlos a la policía. En muchos casos el modo de operación parece responder a un patrón de comportamiento.-Los robos de vehículos se presentan constantemente en las grandes urbes de nuestro país; respecto de este ilícito se observa la existencia de bandas cada vez más organizadas para su comisión, la que en los últimos años ha alcanzado un enorme incremento, constituyendo una de las importantes fuentes de ingreso de organizaciones criminales.-Por otra parte, es ineludible aceptar que el avance de la delincuencia organizada está relacionado con la corrupción de los cuerpos de seguridad pública a tal grado que, en las tragedias más lamentables de los últimos meses, o como se constató con la detención de J.H.S. (a) ‘El Güero Palma’, jefe del ‘Cártel de Sinaloa’, se han vinculado a policías o ex-policías, habiéndose ejercitado acción penal en contra de miembros o ex-miembros de esas corporaciones.-II.3. D. institucional de reacción contra la delincuencia organizada.-Ahora bien, por lo que hace a los medios de reacción contra la delincuencia organizada, debe aceptarse que hasta ahora no existe en México una política criminal integral para enfrentarla; una política que comprenda desde la prevención general hasta la readaptación social especial, pasando por la procuración y la impartición de justicia, y que se base en criterios uniformes. Siempre se han adoptado políticas aisladas, desvinculadas unas de otras, sin conexión de rumbos y de criterios; por ello, aunque aisladamente han parecido adecuadas, han resultado finalmente disfuncionales.-Las instituciones encargadas del combate a la delincuencia organizada padecen de los problemas identificados en lo general para la seguridad pública, pudiendo destacarse por su importancia respecto de este tema la falta de especialización (aunque no debe desconocerse el esfuerzo importante que para el caso del narcotráfico se ha hecho con la creación del Cendro e INCD), la impunidad, la falta de profesionalización de sus integrantes, la corrupción, la falta de coordinación y corresponsabilidad, y la falta de un sistema nacional de información.-A este respecto, cabe notar que buena parte de la ineficiencia institucional en esta materia se debe a la existencia de un marco legal relativamente rígido, que impide a las instituciones actuar con flexibilidad y eficacia contra un adversario dinámico y cada vez más eficiente."
Lo anterior sentó la base para la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en cuyo artículo 2o., primer párrafo, se describe el tipo penal que nos ocupa, en los términos siguientes:
"Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada."
Dicho numeral se reformó el veintitrés de enero de dos mil nueve para quedar como sigue:
"Artículo 2o.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada."
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la estructura del tipo penal, la naturaleza del delito y su composición, ha emitido los criterios siguientes:
"Novena Época
"Registro: 186614
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XVI, julio de 2002
"Materia: penal
"Tesis: P. XXV/2002
"Página: 8
"DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 4o., AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA, ES AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE.-Del texto de los artículos 1o., 2o., párrafo primero, y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con su exposición de motivos, se advierte que el solo acuerdo de la organización o la organización misma, que tenga como fin cometer algunos de los delitos precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4o. de la ley referida, con independencia de la sanción que le corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. Acorde con lo anterior, debe decirse que el ilícito de mérito no es una agravante de los diversos previstos en las fracciones del citado artículo 2o. de la ley en cuestión, toda vez que las circunstancias señaladas denotan la autonomía del ilícito de delincuencia organizada, porque le dan vida propia, esto es, para su consumación no requiere de la realización de otra conducta tipificada como delito."
"Novena Época
"Registro: 186612
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XVI, julio de 2002
"Materias: constitucional y penal
"Tesis: P. XXXII/2002
"Página: 10
"DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN I, Y 4o., FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TIPIFICAN LOS MISMOS HECHOS O CONDUCTAS ILÍCITAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y, POR TANTO, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-El solo acuerdo de organización o la organización misma que, como establece el artículo 2o., fracción I, de la ley de la delincuencia organizada, tenga como fin cometer alguno de los delitos contra la salud, es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4o. de la propia ley, con independencia de la comisión y sanción de estos últimos, implicando la autonomía del tipo, respecto del artículo 194, fracción III, del Código Penal Federal. En efecto, del artículo relativo al delito contra la salud en la modalidad de colaborar ‘de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo (capítulo I «De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos», comprendido en el título séptimo «Delitos contra la salud»)’, del Código Penal Federal, se advierte que la descripción del tipo penal es la siguiente: Que el sujeto activo preste colaboración a otras personas en el financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere el capítulo I, título séptimo, del Código Penal Federal, en la inteligencia de que esa colaboración implica su intervención en inversiones o cuestiones financieras que capten los recursos procedentes del narcotráfico, y que después vuelvan a reinvertirse como recursos económicos en el financiamiento de esas conductas ilícitas, o bien supervisando o fomentando para posibilitar la ejecución de estas últimas. Por su parte, los elementos del tipo de delincuencia organizada son: 1) El acuerdo de tres o más personas para organizarse o que se organicen; 2) Que el acuerdo para organizarse o la organización sea en forma permanente o reiterada; y, 3) Que el acuerdo o la organización tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que señala el mencionado artículo 2o., esto es, los tipos de ambas figuras delictivas 'delincuencia organizada' y 'delito contra la salud' en la modalidad mencionada son diferentes: primero, porque mientras aquél contempla dentro de sus elementos integrantes el acuerdo para organizarse o la organización, por sí solos, para cometer reiterada o permanentemente alguno de los delitos señalados en esa ley federal, con independencia de que se actualice la comisión de alguno de esos ilícitos, el segundo alude a la conducta consistente en prestar colaboración a otras personas, en el financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere el capítulo aludido; en segundo lugar, el numeral 2o. requiere de pluralidad de sujetos activos del delito, es decir, concurrencia de voluntades, requisito no exigido en el artículo 194, pues conforme a éste el activo del delito contra la salud puede ser una sola persona. Lo expuesto revela que los artículos analizados contemplan figuras delictivas diferentes; de ahí que el auto de formal prisión con el cual inicia la prosecución del proceso a la peticionaria de garantías no se sigue por dos delitos que sancionan la misma conducta sino que se está en presencia de un concurso real de delitos, como lo establece el artículo 18 del Código Penal Federal y no infringen el artículo 23 de la Constitución Federal."
"Novena Época
"Registro: 179616
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXI, enero de 2005
"Materia: penal
"Tesis: 1a. CLXVIII/2004
"Página: 412
"DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES AUTÓNOMO CON RESPECTO AL DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.-De conformidad con el primero de los numerales citados, los elementos integradores del delito de delincuencia organizada son los siguientes: a) Un acuerdo de tres o más personas para organizarse o la existencia de esa organización; b) Que el acuerdo para organizarse o la organización sea en forma permanente o reiterada; c) Que el acuerdo o la organización tengan como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que señala el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por su parte, el artículo 164 del Código Penal Federal establece que el delito de asociación delictuosa es el acuerdo de constitución de una asociación u organización de tres o más personas, cuyo elemento subjetivo específico lo constituye el propósito de delinquir, esto es, cometer ilícitos. De lo anterior puede establecerse el rasgo distintivo entre ambas figuras delictivas, ya que mientras el delito de delincuencia organizada tiene como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos expresamente establecidos en el artículo 2o. de la ley citada, el delito de asociación delictuosa, en forma general, sólo se refiere al propósito de delinquir, sin hacer referencia a la clase de delitos que pueden cometerse. En estas condiciones, ambos tipos penales pueden contener elementos constitutivos análogos, sin embargo, el rasgo distintivo anotado permite advertir que el delito de delincuencia organizada es un tipo penal autónomo en relación con el diverso de asociación delictuosa; máxime que la autonomía del delito de delincuencia organizada se corrobora con lo dispuesto en el citado artículo 2o., en el sentido de que: ‘... serán sancionadas por ese solo hecho ...’, excluyendo dicha porción normativa la aplicación del diverso tipo penal de asociación delictuosa."
Conforme a este último criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos integradores del tipo penal de delincuencia organizada previsto en el artículo 2o., primer párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente hasta el veintitrés de enero de dos mil nueve, son los siguientes:
a) Un acuerdo de tres o más personas para organizarse o para que se organicen.
b) Que el acuerdo para organizarse o la organización sea en forma permanente o reiterada.
c) Que el acuerdo o la organización tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que señala el artículo 2o. de la misma ley.
Ahora bien, en el aspecto dogmático del tipo penal cabe preciar que de acuerdo a su conformación se caracteriza por ser un delito plurisubjetivo, y de sujeto activo indeterminado, ya que cualquier persona que así lo determine, puede llevar a cabo la conducta descrita por la norma, pero es de tipo cuantitativo, relativa al hecho de que la conducta de interés para el derecho penal necesariamente deberá ser cometida por tres o más personas.
Por otra parte, se trata de un tipo penal de los denominados como alternativamente formados, lo que significa que prevé más de un supuesto normativo para su integración, por lo que podrá actualizarse con cualquiera de las conductas descritas "acuerden organizarser o se organizasen".
En cuanto al bien jurídico protegido se protege su puesta en peligro, ya que no se requiere de la existencia de un resultado material cuando se despliega la conducta.
El sujeto pasivo de la delincuencia organizada resulta ser la generalidad de la sociedad mexicana, por ello, organizada en Estado, es la interesada en la persecución del ilícito en cuestión.
Los elementos normativos contenidos en la descripción típica del artículo 2o. preinserto, son los relativos a las locuciones organicen, en forma permanente o reiterada.
Atento a la construcción típica de cada una de las hipótesis normativas contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el delito únicamente se puede realizar con dolo directo, es decir con conocimiento de los elementos del tipo penal y queriendo la realización del hecho descrito por la ley.
Se trata de un delito de resultado anticipado, ya que no requiere para su configuración la consumación o materialización de la comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es suficiente tal finalidad. De la expresión "conductas que, por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes", también se logra advertir la presencia de un elemento subjetivo específico, ya que se sanciona el propósito de cometer alguno de los delitos previstos en el catálogo del mismo artículo 2o. de la ley especial en análisis.
Por su parte, en cuanto a las formas de intervención en la comisión de los delitos -aspecto sobre el que versa la presente contradicción- se distinguen sobre manera la autoría directa y material y la coautoría, previstas en el artículo 13, fracciones II y III, del Código Penal Federal, respectivamente, que establecen lo siguiente:
"Artículo 13. Son autores o partícipes del delito:
"...
"II. Los que los realicen por sí;
"III. Los que lo realicen conjuntamente."
La resolución de este asunto amerita un análisis previo de dichas formas e intervención conforme a que enseguida se desarrolla.
Es autor material del delito, aquel sujeto activo que despliega la conducta típica, esto es, quien ejecute la descripción legal prevista por la norma penal.
Así, el autor material se identifica con la persona que, por sí misma, sin contar con la intervención de otra ejecuta los actos productores del resultado.
En la coautoría, o denominada por la doctrina autoría aplicada o coautoría por codominio del hecho; varios sujetos en codominio del hecho, dividiéndose el trabajo delictivo y mediante un plan común (acordado antes o durante la perpetración del suceso), concurren a la ejecución del hecho punible; así, la coautoría, está delimitada por el concepto final de la acción.
En este sentido el autor E.R.Z., considera:
"1. Cuando en la realización de un hecho converge una pluralidad de sujetos y cada uno de ellos realiza por sí la totalidad de la acción típica, se trata de un supuesto de autoría plural, que se conoce con el nombre de autoría concomitante o paralela, cuyo concepto emerge del autor individual, conforme a cada uno de los tipos en particular. Su característica esencial es la inexistencia de una decisión común al hecho, por lo cual, en su modalidad dolosa, abarca los casos de aprovechamiento doloso del plan criminal ajeno. No obstante, la coautoría concomitante o simultánea es mucho más frecuente en los tipos culposos que en los dolosos. Tratándose de la forma dolosa, es claro que cada autor es sólo responsable por lo que ha querido. Muchos de los problemas que suelen plantearse en este ámbito, poco tienen que ver con la autoría: el clásico caso de dos sujetos que proporcionan a un tercero sendas dosis de veneno que no son mortales, ignorando mutuamente las conductas, pero la suma de ambas dosis resulta mortal y la víctima sucumbe, es un problema de causalidad, en algún caso relevado como doloso. 2. Otra forma de coautoría, con problemas por completo diferentes de la simultánea, se presenta cuando por efecto de una división de tareas, ninguno de quienes toman parte en el hecho realiza más que una fracción de la conducta que el tipo describe, o sea, que ninguno de los intervinientes realiza la totalidad del pragma, sino que éste se produce por la sumatoria de los actos parciales de todos los intervinientes. Se trata de la coautoría caracterizada por el dominio funcional del hecho. Este concepto demanda una base legal, porque de lo contrario puede parecer violatorio de la legalidad que quien no realiza más que una parte del acto típico sea considerado autor, aunque ello no supone que se trate de una mera creación del legislador, dado el claro límite óntico que respeta esta forma de autoría. La base legal está establecida en el artículo 45, cuando dispone que son coautores los que toman parte en la ejecución del hecho, siendo tarea de la doctrina precisar el alcance de este concepto. 3. La coautoría funcional presupone un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. El primero, es la decisión común al hecho, y el segundo es la ejecución de esta decisión mediante división del trabajo. Los dos aspectos son imprescindibles, y la acentuación de uno en detrimento del otro no es más que una recaída en alguna de las teorías tradicionales, como sucede en algunas posiciones para las que basta con que el coautor se ajuste al hecho del ejecutor, en tanto que otros objetan con razón que renunciar a una división consciente de la tarea importa violar la prohibición de analogía. La decisión común es imprescindible, puesto que es lo que confiere una unidad de sentido a la ejecución y delimita la tipicidad, pero ello no puede identificarse con cualquier acuerdo para la realización dolosa (que también puede existir entre el autor y el cómplice). Así, vuelve a aparecer el problema central de la autoría, esto es, determinar si la decisión común es una fórmula hueca que encubre el animus autoris de la teoría subjetiva, a lo que el criterio subjetivo responderá afirmativamente. Pero como la teoría final objetiva parte de la contribución al hecho como tal, es decir, de la clase de correalización de la conducta, será determinante averiguar si ha tomado parte en el dominio del acto, por lo que el punto central pasa por el segundo requerimiento, que es la realización común del hecho ... la coautoría funcional registra una imputación inmediata y mutua de todos los aportes que se prestan al hecho en el marco de la decisión común ...".(5) Lo resaltado no es de origen.
En similar sentido se pronunció el tratadista S.M.P., al indicar que:
"1. Son coautores los que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho. Los coautores son autores porque cometen el delito entre todos. Los coautores se reparten la realización del tipo de autoría. Como ninguno de ellos por sí solo realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro. No rige, pues, aquí el ‘principio de accesoriedad de la participación’, según el cual el partícipe sólo es punible cuando existe un hecho antijurídico del autor, sino un principio en cierto modo inverso: el principio de imputación recíproca de las distintas contribuciones. Según este principio, todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable (es extensible) a todos los demás. Sólo así puede considerarse a cada autor de la totalidad. Para que esta ‘imputación recíproca’ pueda tener lugar es preciso el mutuo acuerdo, que convierte en partes de un plan global unitario las distintas contribuciones ... B a) Nuestra posición ha de ser coherente con el concepto de autor ... autoría es pertenencia del delito; es autor todo aquel que contribuye al delito en condiciones tales que pueda imputársele como suyo. Esta pertenencia no se da sólo en quien realiza por sí solo todos los actos ejecutivos en el sentido estricto de la teoría objetivo-formal. La pertenencia del hecho, la autoría, se atribuye también al autor mediato que realiza el tipo mediante otra persona a la que, en general, no puede pertenecer el delito ... Lo acertado es, pues, considerar coautores no sólo a los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos ‘pertenece’ el hecho, que es ‘obra’ inmediata de todos, los cuales ‘comparten’ su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar ... b) Aunque es excesiva la doctrina del acuerdo previo mantenida por la jurisprudencia tradicional, según la cual basta dicho acuerdo para la coautoría, importa subrayar la necesidad de un mutuo acuerdo para la presencia de la coautoría. Debe entenderse que sólo ‘realizan el hecho conjuntamente’, en el sentido del art. 28 CP, quienes se inscriben conscientemente en el plan conjunto, sabiendo que su intervención constituye una parte del mismo. Normalmente existirá un acuerdo precedente y expreso, en virtud del cual los coautores se repartirán los papeles ...".(6) (lo destacado no es de origen)
En el supuesto de la coautoría en términos de la fracción III del artículo 13, de la citada codificación, es coautor el que toma parte en la materialización del hecho, sea en su totalidad o en parte, haciendo así un aporte al hecho mismo, pues lleva a cabo algo necesario para que se concrete y, por tanto, es autor y ello indica que, cuando hay un reparto de tareas o distribución de actividades necesarias para la actualización del núcleo típico, cada uno de los que realiza una parte del todo, toma parte en su ejecución es considerado coautor. En concreto, en la comisión de la conducta delictiva, se contribuye junto con otros individuos; esto es, se tiene el dominio funcional del hecho y ello, precisamente, justifica el que el activo responda del delito en su integridad.
Esta Primera Sala ha determinado que es coautor(7) quien realiza la actividad conjuntamente con otro u otros, descrita en la ley y su actividad es la "ejecución común consciente", es decir, son los que de mutuo acuerdo realizan conjuntamente un hecho delictivo y distribuyen la realización del tipo de autoría (fracción III).
Esta forma de intervención es conocida doctrinariamente como "coautoría por codominio del hecho" y consiste en la fusión de la autoría material (quien realiza la conducta y núcleo del tipo) y la participación primaria (cooperación previa o simultánea) que se presenta cuando dos o más sujetos intervienen en el momento ejecutivo del hecho, teniendo el dominio del mismo; autoría que se sujeta a la justificación de los siguientes requisitos:
1. Que en el hecho delictuoso intervengan dos o más personas. Esto se entiende por sí mismo, puesto que se trata de una forma conjunta de actuar.
2. Debenintervenir en el momento ejecutivo o consumativo. Es decir, su intervención debe vincularse necesariamente al momento de desplegarse la conducta que ha de consumar el hecho o tenerlo por ejecutado.
3. Las personas que intervienen en el momento ejecutivo o consumativo, deben actuar en conjunto, esto es, deben intervenir, en virtud de un acuerdo (incluso rudimentario) previo, coetáneo o adhesivo, porque lo importante es que su conducta se encuentra ligada.
4. En la actuación conjunta, por lo menos uno de los que intervienen, ejecuta materialmente la conducta típica (núcleo del tipo) y los demás actos cooperativos.
5. Los que intervienen tienen dominio del hecho delictivo, porque pueden impulsarlo o hacerlo cesar; y,
6. Todos los que intervienen realizan un aporte conductual en el momento ejecutivo o consumativo, incluso la actitud pasiva de alguno, puede ser eficiente como aporte, si ello fue lo acordado o es la forma en que se adhiere.
Al respecto, cabe distinguir entre la participación múltiple y la coautoría, de conformidad con lo que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia del tenor siguiente:
"ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y PARTICIPACIÓN MÚLTIPLE. DIFERENCIAS.-La presencia de activos múltiples en la comisión de un delito, no basta para que se integre el tipo de asociación delictuosa, a que se refiere el artículo 164 del Código Penal Federal, pues éste requiere que sus miembros, asociados, acepten intervenir en la ejecución de uno o más delitos cuya planeación individual no se ha llevado a cabo; en cambio, en la participación múltiple los partícipes aceptaron intervenir en un delito perfectamente delineado en sus fases de ejecución y consumación. Consecuentemente, la diferencia básica entre ambas figuras delictivas, radica en que en la asociación delictiva el motor de la relación es la intención ilícita para la ejecución de más de un delito, en tanto en la participación, sea por concierto previo o por adherencia, la relación será en función de uno o varios delitos únicos, perfectamente delineados y de ejecución planeada, como lo es en un caso en el que de no existir dato alguno del cual se infiera que el inculpado y coacusado había decidido ejecutar en abstracto algunos otros ilícitos, solamente existió participación de aquél en el cometido, y no debe reclasificarse su conducta estimándola también constitutivas de asociación delictuosa."(8)
De lo ya señalado se concluye, que la figura típica de delincuencia organizada se actualiza una forma de autoría, ya que para su configuración desde un punto de vista de la responsabilidad, no es necesario un reparto de tareas o distribución de actividades para su realización, únicamente se requiere de su actuar "por sí" dentro de la organización delictiva.
En efecto, en la delincuencia organizada los miembros institucionalmente activos, se corresponden con los fines de la organización que exige una actualización clara y permanente de pertenencia, en donde el agente que se integra en la organización lleva a cabo una conducta descrita ex re claramente como perturbadora; ha orientado "adoptado" su comportamiento de tal modo que su conducta pasa a ser relevante a la organización. Pero a su vez, su injusto no deriva ni depende de los delitos-fin que los miembros de la asociación delictiva quieren realizar, sino que ex ante constituye un delito autónomo, que tiene un contenido de injusto propio, diferenciado de los injustos de los delitos-fin, ya que no es necesaria la realización de este último para la actualización del delito de delincuencia organizada.
Esto es, según la tipología, se está ante un delito impropio de estatus, el cual se sanciona por el hecho de agruparse o asociarse con otros con un fin delictivo, por lo que se forma una colectividad, con independencia de que realicen o no los delitos que pretenden llevar a cabo. Por lo que en este tipo penal se sanciona la pertenencia y no el resultado de la finalidad o la actividad de la agrupación delincuencial organizada orientada a cometer delitos (alguno de los previstos en el párrafo segundo del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada).(9) Lo anterior, indica su autonomía frente al delito-fin, ya que no es necesario que se lleve a cabo alguno de los delitos descritos en la ley especial en comento.
Tal ideología, es compatible con el entorno internacional, en concreto en el artículo 2o., la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Trasnacional Organizada, se define a la delincuencia organizada como "grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material".
En tal sentido en el caso, la figura típica prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sanciona la "pertenencia" del sujeto a una organización delictiva cuya finalidad o resultado es realizar determinados delitos. Por lo cual el actuar reprochable del sujeto se da como un acto instantáneo de formar parte de dicha organización, como el elemento característico del tipo penal que implica pertenencia y, por ende, personalísimo de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, y ese actuar se realiza de manera individual, sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible. Por ende, no es necesario el acuerdo previo entre los integrantes del grupo, que corresponde al elemento esencial de la coautoría.
Esta organización antisocial en cuanto a la responsabilidad de cada uno de sus integrantes se verifica de manera individual, en función de su aportación concreta, esto es, de su carácter de pertenencia a la institución organizada delictiva; sin que sea dable confundir la pluralidad de sujetos necesarios para la conformación del tipo con la forma de participación de cada uno de sus integrantes, ya que sería tanto como afirmar que la calidad cuantitativa del tipo penal determina la forma de intervención de los sujetos activos, lo cual es claramente incorrecto, ya que la forma de participación no se erige como elemento típico.
Por lo que la determinación del injusto se proyecta sobre los delitos futuros, cuya comisión por parte de la organización se teme. La mera existencia de la organización delictiva en sí constituye una "fuente de peligro incrementado" ante la latente posibilidad o finalidad de cometer algún delito de los previstos en la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; por lo que el responsable actúa a título de autor, en razón de su libre decisión de pertenecer a la organización criminal.
Por ende, es evidente que respecto al grado de intervención de cada uno de los miembros del grupo delincuencial organizado será autor de hecho por la simple acción típica de "pertenecer" o formar parte de manera individual en la organización delincuencial a la que hace referencia el artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada "cuando tres o más personas, acuerden organizarse para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que, por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos a los que hace referencia el segundo párrafo del ilícito penal en cita".
Atento a lo expuesto, esta Primera Sala, considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio siguiente:
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO, SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. En el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se sanciona el hecho de que tres o más personas se organicen con un fin delictivo, independientemente de que realicen o no los delitos que pretenda llevar a cabo la organización, lo cual indica su autonomía frente al delito-fin y, en este sentido, los miembros activos se corresponden con los fines de la organización, que exige una actualización clara y permanente de pertenencia, por lo que el actuar reprochable de los sujetos activos se da como un acto instantáneo de formar parte de dicha organización y, por ende, personalísimo de integrar ese grupo; actuar que se realiza de forma individual, sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible, a título de autoría directa y material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; de ahí que sea innecesario el acuerdo previo entre los integrantes del grupo, que corresponde al elemento esencial de la coautoría.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis a que este toca 29/2014, se refiere.
SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en la parte final del último considerando del presente fallo; sin que se afecte la situación jurídica concreta, derivada de los juicios en que ocurrió la contradicción.
TERCERO.-Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.
N.; con testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), J.M.P.R. y presidente A.G.O.M. en contra del emitido por el Ministro J.R.C.D., por lo que hace a la competencia, y por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, J.R.C.D., J.M.P.R. y A.G.O.M., por lo que respecta al fondo del asunto.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 414/2010 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, página 975.



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1. "De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de A. o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Décima Época. Registro digital: 2000331. Pleno. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9]
2. "Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron."
3. "Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"...
"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; ..."
4. Al respecto, véase la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.". Tesis número 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122.
5. Derecho Penal, P. General, editorial P., segunda edición, México 2005, a foja 784.
6. Derecho Penal, P. General, 7a. edición, editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2004, página 390.
7. Respecto al tema véase la contradicción de tesis 414/2010, resuelta por unanimidad de cinco votos respecto del fondo, en sesión de diecinueve de octubre de dos mil, proyecto presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de L..
8. Apéndice 1917-septiembre 2011, Materia Penal, Tomo III, Penal, Primera Parte-SCJN, Sección Sustantivo, Séptima Época, tesis 42, página 40.
9. "Artículo 2o.
"...
"I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y (sic) 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
"II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
"III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población;
"IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis de la Ley General de Salud;
"V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores o personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal, y
"VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas."


Esta ejecutoria se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación.