Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 794462721

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Localizacion:Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Junio del 2019.
Fecha de Publicación:21 de Junio de 2019
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 187/2018. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL LESIONAR SU INDEPENDENCIA.

 
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 187/2018. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 3 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., E.M.M.I., J.F.F.G.S., Y.E.M.Y.J.L.P.. PONENTE: J.F.F.G.S.. SECRETARIO: M.P.R..
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de tres de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Congreso, del titular del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, todos de ese mismo Estado, de quienes demandó la invalidez del acto que se indica a continuación:
"Se reclama la invalidez del artículo 3o. del Decreto Número Dos Mil Quinientos Seis publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5630 de fecha 05 de septiembre de 2018, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a Ma. G.R.C. con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos al 95% de su último salario, asimismo abroga el diverso Decreto Número Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres, mediante el cual se otorgaba una pensión jubilatoria a favor de Ma. G.R.C. del 90% de su último salario."
El decreto impugnado es del tenor siguiente:
"Decreto Número Dos Mil Quinientos Seis por el que se abroga el Decreto Número Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 5476, el día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación, a la C. Ma. G.R.C..
"Artículo 1o. Se abroga el Decreto Número Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, Número 5476, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el que se otorga pensión por jubilación a la C. Ma. G.R.C., dejándolo sin efecto legal alguno.
"Artículo 2o. Se concede pensión por jubilación a la C. Ma. G.R.C., quien ha prestado sus servicios en los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Juez de Primera Instancia adscrita a los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de Morelos.
"Artículo 3o. La pensión decretada deberá cubrirse al 95% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) de la fracción II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores del Poder Judicial del Estado de Morelos. Poder que deberá cumplir con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
"Artículo 4o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley."
Los antecedentes narrados en la demanda son, en esencia, los siguientes:
1. El presupuesto autorizado en el año dos mil trece para el Poder Judicial del Estado de Morelos fue del orden de $451'559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), mismo que es idéntico con las autorizaciones de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, no así el número de pensiones concedidas, puesto que éstas sí han aumentado.
2. Mediante oficio número CJE/2675/2016 de nueve de mayo del dos mil dieciséis se solicitó a la Legislatura del Estado de Morelos que autorizara una ampliación presupuestal por la cantidad de $56'000,000,00 (cincuenta y seis millones M.N.), que requiere para el pago de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece y hasta el de dos mil diecisiete no se había autorizado ningún incremento en ese rubro pese a que se han autorizado de manera exponencial las jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha la Legislatura Local ha sido omisa en dar respuesta a dicha petición.
3. Por oficios números CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016 de uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de su presidenta, envió a la Legislatura de dicha entidad los anteproyectos de presupuesto de egresos de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, a efecto de solicitar un incremento presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que el Legislativo los haya autorizado.
4. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos mediante oficio CJE/MMCVCL/2154/2016, remitió al Poder Legislativo Local el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual del Tribunal Superior de Justicia de la entidad señalada para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, por el monto de $763'835,357.00 (setecientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).
Sin embargo, aun cuando el Poder solicitante consideró el incremento para el pago de pensiones y jubilaciones, éste no fue autorizado ni asignado por el Congreso del Estado de Morelos, el cual se entromete en las finanzas del Poder Judicial al emitir decretos en los cuales aprueba pensiones con cargo al presupuesto del citado Poder Judicial.
5. El ocho de febrero de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5476 el Decreto Número Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Ma. G.R.C. al 90% del salario que venía percibiendo con cargo a la inexistente partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos.
6. En contra de lo anterior, el Poder Judicial actor promovió controversia constitucional radicada con el número 120/2017, en la ponencia de la M.N.L.P.H., misma que fue resuelta en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de sobreseer en la controversia constitucional.
7. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5630 el Decreto Número Dos Mil Quinientos Seis a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Ma. G.R.C. al 95% del salario que venía percibiendo con cargo a la partida presupuestal de pensiones del Poder Judicial actor.
El Poder actor señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Asimismo, formuló conceptos de invalidez en contra del decreto impugnado, el cual consideró violatorio de su esfera competencial en relación con los dispositivos antes mencionados.(2)
Finalmente, ofreció como pruebas diversas documentales públicas.
SEGUNDO.—Registro, admisión, trámite y designación del Ministro instructor. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho,(3) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 187/2018; asimismo, designó como instructor al M.J.F.F.G.S..
Posteriormente, en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho,(4) el Ministro A.P.D., en suplencia del instructor, admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al secretario general de Gobierno de la citada entidad, a quienes ordenó emplazar; y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
TERCERO.—Contestación de demanda del Poder Legislativo. Por escrito recibido el cuatro de enero de dos mil diecinueve en Correos de México, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos(5) formuló la contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.
En el escrito de contestación se sostuvo la validez del decreto impugnado;(6) se exhibieron copias certificadas de diversas documentales públicas y se ofrecieron las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones.
Cabe mencionar que en el apartado denominado "II. En cuanto a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda", el Poder Legislativo negó el hecho 1, manifestando que el presupuesto asignado al Poder Judicial en los años de 2013 a 2016 sí ha variado, pues en el año 2013 se previeron asignaciones por la cantidad de $585'365,000.00, en el año 2014 se redujo a $565'198,000.00, en el año 2015 se otorgaron $570'679,000.00, en el año 2016 las asignaciones fueron por $554'679,000.00, para el año 2017 las asignaciones ascendieron a $572'669,000.00, y para el año 2018 el monto ascendió a $610'045,000.00, esto es, se aumentó en $48'441,000.00 respecto del ejercicio anterior, estipulándose además un rubro para las pensiones.
Asimismo, indicó que mediante decreto tres mil doscientos cuarenta y nueve, por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5611, de fecha 11 de julio de 2018, se estableció que deberá asignarse al Poder Judicial del Estado una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el decreto de presupuesto de egresos, lo cual equivaldrá a un presupuesto proyectable de $844'766,955.00.
CUARTO.—Contestación de demanda del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno. Por escritos presentados el ocho de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico y el secretario de Gobierno, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, formularon contestación a la demanda,(7) en donde sostuvieron con similares argumentos la validez del decreto impugnado.(8)
En los escritos de contestación se exhibieron diversas documentales públicas y se ofrecieron las pruebas presuncional en su doble aspecto, así como la instrumental de actuaciones.
QUINTO.—Se tiene por contestada la demanda. Por autos de siete y nueve de enero de dos mil diecinueve,(9) el Ministro instructor tuvo por recibidos los oficios y anexos suscritos por el consejero jurídico –en representación del titular del Poder Ejecutivo demandado– y el secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como el suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, respectivamente; asimismo, les tuvo por acreditada la personería para actuar en el presente asunto; por contestada la demanda; por designados a sus delegados; por señalados los domicilios para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por ofrecidas las pruebas que acompañaron a sus escritos; y se dio vista al actor y al procurador general de la República.
SEXTO.—Fijación de la audiencia de ley. En acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve(10) se señaló lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
SÉPTIMO.—No intervención de la Procuraduría General de la República. La procuradora general de la República no formuló opinión en este asunto.
OCTAVO.—Audiencia de ley y puesta en estado de resolución. Una vez sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Avocamiento. Previo dictamen del Ministro ponente, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
Consecuentemente, el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera al ponente para el dictado del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno,(13) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos con motivo de la emisión de un acto consistente en un decreto mediante el cual se otorgó una pensión por jubilación a una trabajadora del Estado con cargo al presupuesto del poder actor; sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de la litis. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:
• El Decreto Número Dos Mil Quinientos Seis publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5630 de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Ma. G.R.C., con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos.
TERCERO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente, pues la impugnación del decreto mencionado se realizó dentro del plazo legal previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
A ese respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(15) señala que el plazo para promover controversias constitucionales en contra de actos será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Ahora, se tomará como fecha de conocimiento del decreto impugnado la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el miércoles cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.
En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves seis de septiembre de dos mil dieciocho al jueves dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.
Ello, en el entendido que de conformidad con los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(16) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(17) y con el punto primero, incisos a), b), j) y m), del Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(18) en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días inhábiles: ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, así como seis, siete, doce, trece y catorce de octubre, todos de dos mil dieciocho.
En estas condiciones, si la demanda se presentó el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se evidencia que su presentación resulta oportuna.
CUARTO.—Legitimación activa. M.d.C.V.C.L., en su carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Morelos,(19) está legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(20) y 34 y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(21)
Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales, y en lo que atañe en específico al Poder Judicial de Morelos, corresponde al presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todas las controversias o litigios en que dicho ente público sea parte.
Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial P./J. 38/2003, de rubro y texto siguientes:"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El citado artículo 11, primer párrafo, prevé dos maneras para tener por reconocida la representación de quienes promueven a nombre de las partes en materia de controversias constitucionales: la primera, se trata de una representación consignada en la ley, en la que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podrán comparecer a juicio por conducto de sus funcionarios facultados por la ley que los rige para representarlos; y, la segunda, se trata de una presunción de la representación, en la que, en todo caso, quien comparezca a juicio cuenta con la capacidad y representación legal para hacerlo, salvo prueba en contrario, de ahí que de acuerdo con el orden de los supuestos referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley o, en caso contrario, podrá entonces presumir dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 27, primer párrafo, 35, fracción I, 113 y 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se desprende que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial de esa entidad, en todas aquellas cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Local; que es atribución de su presidente representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado, en nombre del propio tribunal; y que el presidente de éste lo será también del Consejo; sin embargo, no se advierte a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial Local para acudir ante los órganos jurisdiccionales, por lo que en atención a la segunda hipótesis del primer párrafo del referido artículo 11, se presume que el presidente del Tribunal Superior del Estado de Morelos, al comparecer a juicio tiene representación legal y capacidad para hacerlo, máxime si no existe prueba en contrario que desvirtúe esa circunstancia."(22)
QUINTO.—Legitimación pasiva. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación, publicación y refrendo, respectivamente, del decreto cuya constitucionalidad se cuestiona.
Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II(23) y 11, párrafo primero,(24) de la ley reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció el diputado A. de J.S.M., en su carácter de presidente de la mesa directiva, lo que se advierte del acta de sesión ordinaria concluida el treinta de agosto de dos mil dieciocho,(25) y cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(26)
Por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos acudió el consejero jurídico S.S.S., quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se publicó su nombramiento,(27) cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(28)
Finalmente, como secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos comparece P.H.O.C., quien acredita su cargo con el ejemplar del Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5648 de ocho de noviembre de dos mil dieciocho,(29) en el que consta su nombramiento.
Al respecto, cabe destacar que los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(30) y 21, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado(31) facultan al secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.
Conforme a lo anterior, el citado funcionario cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio.
Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 109/2001, sustentada por este Tribunal Pleno, cuyos rubro y texto se citan a continuación:
"SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO.—Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los ‘órganos de gobierno derivados’, es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimación pasiva, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimación atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica. Por tanto, si conforme a los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el refrendo de los decretos y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia."(32)
SEXTO.—Causales de improcedencia. En el presente caso no se invocaron causales de improcedencia, razón por la que se procede al estudio de los conceptos de invalidez formulados por la parte actora.
SÉPTIMO.—Estudio. El poder actor sostiene en una parte de sus conceptos de invalidez que el decreto impugnado viola la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso Estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial Local.
Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.
A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en el Estado de Morelos.
Para ello, el presente análisis tiene como objetivo esclarecer tres puntos principales:
• ¿Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos?
•¿Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa?
•¿Ese sistema de pagos (reflejado en los decretos de pensión como el que aquí se impugna) respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal?
En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de 1984, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.(33)
Esa institución, de conformidad con los artículos 4o., 5o. y 6o. de su ley, es un "organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el gobernador al efecto, en términos de la ley orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la administración pública central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos", que tiene por objeto "procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales".
El patrimonio del citado instituto, de conformidad con el artículo 8o. de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados;(34) las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del instituto.
Y para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece:
• En el artículo 6o., que el instituto, para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones:
"...
"I. Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios;
"II. Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio instituto;
"III. Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente ley, su reglamento y demás normativa aplicable;
"IV. Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y demás normativa aplicable; y,
"V. Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo."
• Y en los artículos 63 y 64, se dispone que las prestaciones sociales que el instituto otorga a sus afiliados son las relativas a: I. Servicios de odontología; II. Servicios de optometría; y, III. Cualquier otra que proponga el director general a la aprobación del Consejo Directivo.
El artículo 29 prevé que tienen la calidad de afiliados: "I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados; y, II. Los pensionistas que continúen cotizando al instituto."
Mientras que el artículo 30 establece que los derechos y las obligaciones del instituto con los afiliados "...nacen concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones".
Por su parte, el artículo 26 señala las obligaciones que tienen los entes obligados en relación con el instituto, de entre las que destaca la relativa a "III. Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los créditos otorgados."; mientras que el artículo 27 dispone que: "Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados deberán enterar al instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha de corte de nómina, el monto de sus aportaciones, así como las retenciones realizadas a los afiliados por concepto de cuotas y créditos otorgados."
En el artículo 41, se menciona que: "Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes obligados, cuya base de cotización será el 6% sobre las percepciones constantes de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos presupuestos de egresos."
Y en el artículo 42, se establece que: "Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los afiliados, cuya base de cotización será el 6% sobre sus percepciones constantes, mismas que serán retenidas por los entes obligados y enteradas al instituto en términos de lo dispuesto en la presente ley y demás normativa aplicable."
De todo lo anterior se advierte que si bien el mencionado instituto recibe diversas aportaciones y pago de cuotas por parte de los Poderes del Estado y de los trabajadores de esos poderes,(35) tales cuotas y aportaciones no se aplican al pago de pensiones, sino de los demás servicios y prestaciones sociales que otorga, en tanto que dicho instituto, actualmente, no tiene la obligación expresa de pagar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos o de administrar los recursos derivados de las aportaciones para esos conceptos.
Por otra parte, el miércoles seis de septiembre de dos mil se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que abrogó la ley del mismo nombre que había sido promulgada el veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta.
En las consideraciones legislativas que sustentaron esa normatividad, el legislador sostuvo:
"Reflexión constitucional
"Los actores políticos reconocemos que la declaración de los derechos individuales del hombre, heredados en nuestras luchas del siglo XIX por la libertad, y la declaración de los derechos sociales del trabajo y del campesino, integran los derechos humanos reconocidos y garantizados por el pueblo en su Constitución, derechos intocables por los gobiernos, no sólo por su origen, sino porque los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos debemos y somos obra del mismo pueblo, quien nos encomendó velar por la efectividad de esos derechos.
"Reconociendo el origen de nuestro sistema de gobierno, es corresponsabilidad de esta Soberanía asegurar una existencia decorosa y libre del ciudadano, que le ponga al abrigo de la necesidad y le permita disfrutar honesta y razonablemente los beneficios de la economía, de la civilización y de la cultura.
"La distinción entre trabajadores y servidor público quedó en el pasado, por lo que la actuación del Estado debe subordinarse a los principios y Normas Fundamentales del derecho proclamados en la Constitución. Estamos convencidos de que los sistemas y procedimientos deben elevar el trabajo al valor supremo de la vida social.
"En este orden de ideas, el ordenamiento que se somete a su consideración no busca alcanzar un valor universal, y se limita a responder a los problemas sociales, económicos y de trabajo propios del mismo, en el que se atiende la evolución histórica, los factores reales de poder, el de los servidores públicos y la cultura.
"Con este ánimo, en el Estado de Morelos, perseguimos con la presente tres objetivos: El primero, incorporar en el texto que nos ocupa los principios que rigen el derecho del trabajo tratándose de empleados públicos; el segundo, adecuar a las condiciones vigentes la ley que rige al Estado desde el año de 1950; y tercero, garantizar a los sujetos de la ley, sus derechos y obligaciones.
"Cabe señalar que en esta ley se recogen las propuestas resultantes de la consulta a las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado, así como a empleados públicos y profesionales en la materia.
"Por lo anterior, presentamos ante ustedes la iniciativa de Ley de Servicio Civil compuesta en la siguiente forma:
"Elementos de la reforma
"Se estructura con once títulos y 124 artículos, a saber:
"En el título primero se determinan plenamente los sujetos de la ley; la clasificación de los trabajadores, destacándose la creación de un tercer grupo de trabajadores, es decir, los eventuales; y las disposiciones generales propias de la ley que nos ocupa.
"En el título segundo se establece que la falta de nombramiento no priva al trabajador de los derechos que le otorga la presente ley, y tal omisión es imputable al patrón; asimismo se prohíbe el traslado de trabajadores para prestar sus servicios en dependencia distinta a la de su adscripción ya sea como comisionado o de índole similar para dependencias de un mismo poder, Ayuntamiento o entidad paraestatal.
"En los títulos tercero y cuarto se precisan, atendiendo las características de los horarios de trabajo que se han adoptado en las actuales administraciones, la jornada, así como los descansos laborales, horarios en los que participa el sindicato de burócratas correspondiente, en su fijación; asimismo se establece que el salario se incrementará anualmente previo acuerdo entre las autoridades competentes, sin menoscabo de incremento que se haga al salario mínimo a nivel nacional o según lo establezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
"En el título quinto que es la parte toral de la ley que se presenta, se trasladan por supuesto los derechos y obligaciones de los trabajadores y del Gobierno del Estado y Municipios que se contenían en la ley que por virtud de ésta se abroga, pero se amplían tales derechos y obligaciones con el propósito de adecuar a las circunstancias que prevalecen en la actualidad, con lo cual otorgamos certeza jurídica a los sujetos señalados.
"Respecto de las obligaciones del Gobierno del Estado y de los Municipios con sus trabajadores, se establecen, entre otras, la reinstalación a sus plazas y al pago de los salarios caídos en caso de que el laudo en estado de ejecutoria, resulte favorable al trabajador.
"En el título sexto, se plasman las prestaciones sociales a favor de los trabajadores tales como las siguientes: IMSS, ISSSTE e ICTSGEM, centros de desarrollo infantil, casa, departamentos y terrenos a precios accesibles, despensa familiar mensual, préstamos y servicios médicos, capacitación permanente, doce meses de salario mínimo general del trabajador fallecido para gastos funerales, entre otro; además de estímulos y recompensas a trabajadores distinguidos consistentes en nota de mérito, gratificación en efectivo o en especie, premio a la perseverancia y lealtad al servicio, impresión de tesis de titulación y becas económicas, y se reconoce como beneficiario de las pensiones que otorga la presente ley al cónyuge supérstite o concubino.
"En el título séptimo se establecen la instrucción de actas y medidas disciplinarias que se le impondrán al trabajador por incumplimiento de sus obligaciones o por la comisión de faltas graves así calificadas por la presente ley, mismas que deberán constar en los mecanismos establecidos para este efecto.
"Por último, en los títulos octavo, noveno, décimo y undécimo se establece la organización colectiva de los trabajadores; las bases generales de trabajo, de las cuales destacamos que deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios; el procedimiento en materia de huelga; la integración y competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y las sanciones aplicables resultado de la desobediencia a las resoluciones del mismo."
En este contexto, en los títulos quinto y sexto de la ley, denominados "De los derechos y de las obligaciones" y "Del régimen de seguridad social" respectivamente, el legislador estableció, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
• En su artículo 43, fracciones VI, VII y XIV, que los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán, entre otros, derecho a "Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la Institución con la que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado convenio", a "Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su caso" y a obtener "Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por invalidez".
• En el artículo 45, fracción XV, que los Poderes del Estado y sus Municipios están obligados con sus trabajadores a: "XV. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes: a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad; c) Pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte; d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en alguna institución de seguridad social; e) Establecimiento de centros vacacionales, de guarderías infantiles y de tiendas económicas; f) Establecimiento de escuelas de la administración pública en las que se impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud profesional; g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su dependencia el arrendamiento o la compra de habitaciones baratas; y h) La constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus salarios básicos para integrar un fondo de la vivienda, a fin de establecer sistemas que permitan otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas, para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.—Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos."
• En el artículo 54, fracciones I y VII, se establece que los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: "I. La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; ... VII. Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables."
Mientras que en el siguiente precepto (55), se precisa que: "Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen."
De donde destaca que el pago de las pensiones correría a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, pero a través de las instituciones que para el caso ellos determinen.
• No obstante lo anterior, en el artículo 56, se señala que: "Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.—El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento."
En relación con el precepto anterior resulta necesario mencionar que en sesión de ocho de noviembre de dos mil diez, el Tribunal Pleno, al resolver las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008,(36) señaló que: "... de conformidad con el artículo 56 de la ley impugnada en el Estado de Morelos, corresponde en exclusivo al Congreso del Estado de Morelos, sin la intervención de cualquiera otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud que le formule el interesado, el determinar la procedencia de alguna de esas prestaciones, señalando el monto a que ascenderá, independientemente de que la relación de trabajo se haya verificado con el Gobierno Estatal, el municipal o con ambos" y declaró la invalidez de dicho numeral, con efectos únicamente para las partes que participaron en esas controversias.
• En el artículo 57 se establecen los documentos que deben acompañarse a la solicitud de pensión respectiva, mientras que en los numerales 58 y 59 se regulan los porcentajes que deberán pagarse dependiendo de los años de servicio del trabajador.
• Es importante destacar también que en términos del artículo 66, último párrafo, los trabajadores no pueden gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en el entendido que en tal evento "el Congreso del Estado lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador".
• Y por último, el artículo 67, refiere que "Los gastos que se efectúen por las prestaciones, seguros y servicios que establece esta ley y cuyo pago no corresponda exclusivamente a los Poderes Estatales o Municipios, se cubrirán mediante cuotas y aportaciones a cargo de los trabajadores.—Las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo, se determinarán tomando como base para el descuento correspondiente el salario de cotización, entendiéndose por tal, el salario base que corresponda a la categoría o cargo.—Los porcentajes correspondientes serán revisados periódicamente con el objeto de actualizarlos, al igual que las aportaciones que para los mismos fines sean a cargo de los Poderes del Estado y de las administraciones municipales."
Del examen relacionado de los artículos transcritos destaca que:
1. Por una parte, los trabajadores del Estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los Poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. Y a efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
2. Con independencia de las pensiones anteriores, los trabajadores del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión (por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte) que se otorga mediante decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.
Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos poderes.
En atención a lo anterior, y tal como se advierte de los informes presentados por el Poder Judicial de Morelos y por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las diversas controversias constitucionales 142/2017 y 199/2017,(37) así como del portal de transparencia del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, desde el año de 1997 el citado poder se encuentra inscrito como patrón ante dicho instituto bajo el régimen obligatorio del Seguro Social; ha enterado las aportaciones respectivas y ha inscrito a sus trabajadores, quienes cubren sus cuotas y reciben las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social en relación con los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y demás prestaciones sociales.
Y por su parte, el Congreso del Estado ha otorgado mediante decreto diversas pensiones en favor de los trabajadores del referido poder actor, con cargo al presupuesto del propio poder, como sucedió en el caso que ahora nos ocupa.
Una vez analizado el marco normativo y fáctico en que se desarrolla el sistema de seguridad social y, en especial, el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, se procede a realizar el estudio de fondo de la presente controversia.
En este contexto cabe mencionar que el Tribunal Pleno ha sostenido que la Constitución Federal protege el principio de división de poderes, así como la autonomía en la gestión presupuestal entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que respecto de este último, tales principios pueden verse violados cuando se incurre en las siguientes conductas:
a) Que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo;
b) Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; y,
c) Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal.
Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 81/2004, de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."(38)
Asimismo, ha establecido que la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, además de que dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal.
Así, si se tiene en cuenta que la mencionada autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los Poderes Judiciales Locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes que establece el artículo 116 constitucional.
Ello se desprende así de la diversa tesis jurisprudencial P./J. 83/2004, titulada: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."(39)
Ahora bien, de la lectura del decreto impugnado se advierte que el Congreso del Estado:
• En el artículo 1o., abrogó el diverso Decreto Número Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres, de seis de diciembre de dos mil dieciséis (en cumplimiento a lo ordenado en una ejecutoria de amparo).
• En el artículo 2o., concedió una pensión por jubilación en favor de Ma. G.R.C., por haber prestado sus servicios en los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Juez de Primera Instancia adscrita a los Juzgados de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de Morelos.
• En el artículo 3o. estableció que la pensión decretada debía cubrirse en un monto equivalente al 95% (noventa y cinco por ciento) del último salario que había percibido la solicitante; que tal pensión debía pagarse a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separara de sus labores. Asimismo se indicó que el Poder Judicial deberá cumplir con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.(40)
• Y en el artículo 4o. determinó que la pensión concedida se calcularía tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose su cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.
En este sentido, debe decirse que resultan inoperantes los conceptos de invalidez en los que se controvierte la forma de calcular la pensión, así como los incrementos respectivos, ya que los vicios que se atribuyen al respecto se hacen depender de aspectos que en forma alguna denotan una afectación al ámbito de facultades del aquí promovente.
Por otra parte, el poder actor combate la parte del decreto en donde se establece que la pensión concedida por el Congreso de Morelos deberá ser cubierta por el Poder Judicial de esa misma entidad, en tanto que ello representa una determinación del destino de una parte del presupuesto de dicho Poder.
Al respecto debe decirse que, con base en las consideraciones anteriores, esta Suprema Corte considera que efectivamente, esa orden emitida por el Congreso Local lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación)(41) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal referidos, pues a través de ella el Legislativo dispone de los recursos presupuestales de otro poder sin que le haya otorgado ningún tipo de participación y sin que hubieran generado previamente las condiciones legales y materiales para que el demandante pudiera hacer frente a esa carga.
Aunado a ello, cabe destacar que si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cubrirse para ello y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto; no define cómo deben financiarse esas pensiones, cómo, en su caso, se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público y mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial o Ejecutivo, para que sean, respectivamente, los que cubran aquéllos a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
Y si bien ante esa indefinición podría pensarse que la propia ley posibilita que sea el Congreso Local quien otorgue las pensiones con cargo al presupuesto de otro poder, esta Segunda Sala estima que es precisamente ello lo que torna al sistema de pensiones del Estado y al decreto aquí impugnado inconstitucionales.
Máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,(42) el Congreso Estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y, por ende, correspondería a dicha Legislatura establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil.
En mérito de las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar la invalidez del Decreto Dos Mil Quinientos Seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, únicamente en la parte del artículo 3o. en donde se indica que la pensión "... Poder que deberá cumplir con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado."
Sin que sea óbice a lo anterior el argumento formulado por las demandadas, en relación con que el once de julio de dos mil dieciocho se reformó la Constitución Local en sus artículos 32, segundo párrafo,(43) 40, fracción V,(44) 87, párrafo segundo,(45) entre otros, en los que se estableció, en lo que aquí interesa, que a partir de esa reforma, el Congreso del Estado deberá asignar en cada ejercicio fiscal al Poder Judicial una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el decreto de presupuesto de egresos que anualmente se apruebe para esa entidad federativa; lo que implicará un aumento en el presupuesto del Poder Judicial equivalente a casi el doble de lo que recibieron en el ejercicio dos mil dieciocho.
Al respecto debe decirse que tales argumentos resultan insuficientes para justificar la invasión de esferas antes referida, ya que, por una parte, al momento en que se emitió el decreto aquí impugnado, todavía no se había aprobado un nuevo presupuesto en el que se reflejara el aumento establecido en la referida reforma constitucional; y por otra, tampoco existen constancias de que el Poder Legislativo, al momento de expedición del decreto, haya incrementado de alguna manera el presupuesto del Poder Judicial.
Tampoco es óbice el argumento del Congreso del Estado al contestar la demanda, en el sentido de que el Poder Judicial tenía la obligación de presentar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, que debía actualizase cuando menos cada tres años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, lo que afirma no ocurrió en la especie.
Al respecto debe decirse que aun cuando pudiera considerarse conveniente que, a fin de elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, todos los entes públicos,(46) incluido el Poder Judicial, presenten los estudios actuariales de las pensiones de sus trabajadores en los términos que señala el artículo 5(47) de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo cierto es que ni esa ley, ni la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, son claras en cuanto a qué entes deben cumplir con esa obligación.
En este contexto, resulta importante destacar que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en su artículo 10, fracción V,(48) establece que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de presentar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; sin embargo, ni ese ni algún otro artículo disponen de manera expresa esa obligación para el Poder Judicial.
Por ello, el hecho de que el Poder Judicial del Estado de Morelos no haya presentado el estudio actuarial en comento, no podría llevar a justificar la invasión de esferas por parte del Poder Legislativo, y mucho menos a estimar que no deban otorgarse los recursos necesarios para pagar la pensión que es materia de la presente controversia.
Máxime que, aun cuando se considerara que el Poder Judicial estaba obligado a presentar el referido estudio, lo cierto es que el incumplimiento a la obligación en comento, si fuese el caso, sólo podría dar lugar a la responsabilidad administrativa o a la imposición de alguna de las sanciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios(49) o en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos,(50) pero ello en modo alguno podría incidir o afectar lo resuelto por esta Suprema Corte en relación con la invasión de esferas de competencia.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que de conformidad con el artículo 26, último párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos,(51) el Congreso del Estado de Morelos está facultado para solicitar toda la información y documentación que considere necesaria para la valoración, dictamen, discusión y votación informada de la iniciativa de Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos.
Por lo que si para autorizar o no el presupuesto solicitado por el Poder Judicial –y en especial el aumento para pago de pensiones solicitado mediante oficios números CJE/5510/2015 y CJE/MMCVCL/2154/2016, de uno de septiembre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis– el Congreso consideraba necesaria la exhibición de los estudios actuariales correspondientes, debió requerírselos, y si no lo hizo, resulta injustificado que ahora pretenda excusarse en la falta del referido informe, para no otorgar los recursos necesarios para el pago de las pensiones respectivas.
Precisado lo anterior, debe decirse que el efecto de la invalidez parcial decretada por esta Suprema Corte no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la trabajadora pensionada y que no fueron materia de la invalidez decretada en la presente controversia, por lo que el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del presente fallo:
1. Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez; y,
2. A fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, deberá establecer de manera puntual:
a) Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado; o,
b) En caso de considerar que debe ser algún otro poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, o en su caso justificar en el presupuesto de egresos la suficiencia presupuestaria que se hubiese otorgado al poder respectivo para tales efectos.
Máxime que en el presente caso, como incluso se precisa en el propio decreto impugnado, la trabajadora a quien se concedió la pensión por jubilación laboró tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Judicial, razón por la que no se justifica que sea sólo este último quien absorba el costo correspondiente a la totalidad de los pagos respectivos.
Finalmente, resulta claro que el sistema de pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos no responde a los principios establecidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México en materia de seguridad social.
Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala, por unanimidad de votos, al resolver, entre otras, la controversia constitucional 323/2017, en sesión de once de julio de dos mil dieciocho.(52)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Es procedente y fundada la controversia constitucional.
SEGUNDO.—Se declara la invalidez parcial del Decreto Dos Mil Quinientos Seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, para los efectos precisados en la parte final del considerando último de esta sentencia.
N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D., E.M.M.I., J.F.F.G.S. (ponente), Y.E.M. y presidente J.L.P.. El Ministro J.F.F.G.S., emitió su voto con reservas.
En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 43/2009 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., abril de 2009, página 1102.



________________
1. Fojas 1 a 26 de este expediente.
2. Los conceptos de invalidez hechos valer por el poder accionante se sintetizarán y analizarán en el considerando correspondiente de este fallo.
3. Foja 42 de este expediente.
4. Fojas 44 a 47 ibidem.
5. Fojas 99 a 119 ibidem.
6. En esencia se argumentó que el decreto impugnado se había emitido en cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo (emitida en un juicio de amparo promovido por el trabajador pensionado en relación con el porcentaje de pensión) y de conformidad con las facultades y obligaciones que se establecen en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; además de que el Poder Judicial no había cumplido con la obligación que tiene, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de presentar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, así como tampoco ha cumplido con sus obligaciones en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
7. Fojas 136 a 151 y 174 a 189 ibidem.
8. Las citadas demandadas sostuvieron que el Poder Judicial actor no había impugnado la publicación y el refrendo del decreto combatido por vicios propios, razón por la que resultaba falso que con tales actos se hayan violado las disposiciones constitucionales invocadas en los conceptos de invalidez.
Asimismo, señalaron que con el aumento presupuestal derivado de la reforma constitucional local de julio de dos mil dieciocho, se aumentaría el presupuesto del Poder Judicial casi al doble de lo que recibió en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que en lo subsecuente estará en condiciones de cubrir a cabalidad el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus ex servidores, sin que vaya a encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales.
También refirieron que los actos que se les atribuyeron (publicación y refrendo del decreto impugnado) se encontraban apegados al orden constitucional federal y al orden jurídico local, y que no invadían el ámbito de facultades del poder actor.
Asimismo, refirieron que en atención a las diversas controversias constitucionales resueltas por esta Segunda Sala, hicieron del conocimiento del Poder Legislativo que el decreto podría incurrir en una invasión de esferas respecto del Poder Judicial; sin embargo, el Legislativo insistió en emitir el decreto en los términos que ahora se combaten.
9. Fojas 129 y 270 ibidem.
10. Foja 436 ibidem.
11. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"h) Dos poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
12. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las S. a través de acuerdos generales. Si alguna de las S. estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda."
13. "SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
"I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquellas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
"Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las S. para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente."
"TERCERO. Las S. resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."
14. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados."
15. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."
16. "Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
"II. Se contarán sólo los días hábiles, y
"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
17. "Articulo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
18. "PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles:
"a) Los sábados;
"b) Los domingos;
"...
"j) El doce de octubre;
"...
"m) (sic) Los demás que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal."
19. Carácter que se le reconoce al ser un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme a lo acreditado en los autos de la controversia constitucional 244/2017, y en términos del artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos.
20. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
21. "Artículo 34. El presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá las facultades que le confieren la presente ley y los demás ordenamientos legales, siendo la obligación principal la de vigilar que la administración de justicia del Estado se ajuste a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución General de la República, dictando al efecto las providencias que los ordenamientos legales le autoricen."
"Artículo 35. Son atribuciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia:
"I. Representar al Poder Judicial ante los otros Poderes del Estado, en nombre del Tribunal Superior de Justicia."
22. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., agosto de 2003, materia constitucional, página 1371, con el número de registro digital: 183580.
23. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
24. Transcrito con anterioridad.
25. Fojas 121 a 128 del expediente.
26. "Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:
"...
"XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al Pleno del Congreso del Estado."
27. Fojas 190 a 302 del expediente.
28. "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:
"...
"II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
29. Fojas 153 a 173 ibidem.
30. "Artículo 76. Todos los decretos, reglamentos y acuerdos administrativos del gobernador del Estado, deberán ser suscritos por el secretario de despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda.
"El decreto promulgatorio que realice el titular del Ejecutivo del Estado respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el secretario de Gobierno."
31. "Artículo 21. A la Secretaría de Gobierno corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le corresponden las siguientes:
"...
"XXXI. Ser el conducto para presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley o decretos del Ejecutivo, así como refrendar y publicar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que deban regir en el estado de Morelos."
32. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., septiembre de 2001, página 1104, materia constitucional, con el número de registro digital: 188738.
33. En el decreto de creación de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, el legislador consideró:
"Que ha sido preocupación del Gobierno del Estado de Morelos, el otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar. Dentro de los propósitos del servidor público y de este Gobierno, el Ejecutivo ha instrumentado la creación de un instituto que cumpla con los requerimientos económicos de los servidores públicos al servicio del Estado. En la composición de este instituto participan los trabajadores de los tres poderes por conducto de sus representantes sindicales o los que designen éstos, así como un representante del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Finanzas, un representante de la Secretaría de Programación y Presupuesto, un representante de la Secretaría de la Contraloría General de Gobierno y un representante de la Oficialía Mayor, obedeciendo esta composición a que directamente serán los beneficiarios los que conozcan y participen en las autorizaciones de los créditos que se otorguen. De esta manera, que mejor que los servidores públicos puedan estar conscientes de las cuotas o aportaciones que deben hacer para formar y robustecer el patrimonio de esta institución que se propone crear.
"Que esta iniciativa contempla las tres formas de crédito, el quirografario al cual tiene derecho el servidor público que haya hecho aportaciones al instituto por un periodo mínimo de seis meses, el importe del préstamo que se le conceda estará en relación directa con sus años de servicio y el monto de sus percepciones, este préstamo lo cubrirá el deudor con abonos iguales quincenales en un plazo no mayor de dieciocho meses y sólo se le concederá al trabajador un nuevo préstamo de esta clase cuando se encuentre liquidado el anterior; sin embargo, podrá renovarse o ampliarse en su monto o plazo si han transcurrido a partir de la fecha en que fue concedido, seis quincenas.
"Que el préstamo especial se otorgará en aquellos casos que por las propias circunstancias del servidor público ameriten un minucioso análisis por los miembros del Consejo Directivo para que éste pueda otorgar el crédito.
"Que el préstamo hipotecario se otorgará por acuerdo del Consejo Directivo a los servidores públicos con más de tres años de cotización al instituto y el cual se cubrirá en un plazo que no exceda de quince años.
"Que por lo anteriormente expuesto, esta H. Cuadragésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, ha tenido a bien expedir la siguiente: ..."
34. De conformidad con el artículo 25, fracción III, de la ley en cuestión, uno de los entes obligados es el Poder Judicial del Estado de Morelos.
Además, los artículos 26 y 27 de la ley en cita disponen:
"Artículo 26. Los entes obligados tienen a su cargo:
"I. Proporcionar seguridad social en materia de vivienda a través del instituto, a los servidores públicos o pensionistas con los que guarden relación laboral o, en su caso, administrativa;
"II. Avisar al instituto dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que ocurran las altas, bajas y modificaciones salariales sujetas a cotización de los afiliados;
"III. Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los créditos otorgados;
"IV. Registrar el número de días laborados y la percepción constante de los afiliados;
"V. Enviar al instituto con anticipación de al menos tres días hábiles al pago de la nómina de sus trabajadores, los archivos electrónicos en los que consten las retenciones por concepto de cuotas, créditos y aportaciones, así como las percepciones constantes de los afiliados o cualquier otro elemento que, al efecto, sea requerido;
"VI. Proporcionar los elementos necesarios para precisar la existencia de actos, derechos u obligaciones que le solicite el instituto respecto de los afiliados;
"VII. Informar, cuando así lo solicite el instituto, situaciones específicas o genéricas, a efecto de verificar la información que sea proporcionada por los afiliados, y
"VIII. Las demás responsabilidades que les imponga el Consejo Directivo para el cumplimiento del objeto de la ley."
"Artículo 27. Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados deberán enterar al instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha de corte de nómina, el monto de sus aportaciones, así como las retenciones realizadas a los afiliados por concepto de cuotas y créditos otorgados."
35. Esto se corrobora con la lectura del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2017 del citado instituto, así como de la nómina de trabajadores del Poder Judicial del Estado.
36. Por mayoría de ocho votos de los Ministros J.R.C.D., M.B.L.R., A.Z.L. de L., L.M.A.M., S.A.V.H., O.S.C. de G.V., J.N.S.M. y presidente G.I.O.M.; el M.J.F.F.G.S. votó en contra y reservó su derecho para formular voto particular.
37. Ello se invoca como hecho notorio en términos de la jurisprudencia P./J. 43/2009 de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO."
38. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1187, con número de registro digital: 180538.
39. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1187, con número de registro digital: 180537.
40. "Artículo 55. Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen."
"Artículo 56. Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
"El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
"El trabajador que se hubiera separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación."
"Artículo 58. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones:
"I. La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:
"a) Con 30 años de servicio 100%;
"b) Con 29 años de servicio 95%;
"c) Con 28 años de servicio 90%;
"d) Con 27 años de servicio 85%;
"e) Con 26 años de servicio 80%;
"f) Con 25 años de servicio 75%;
"g) Con 24 años de servicio 70%;
"h) Con 23 años de servicio 65%;
"i) Con 22 años de servicio 60%;
"j) Con 21 años de servicio 55%; y
"k) Con 20 años de servicio 50%.
"Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida.
"Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada.
"II. Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden:
"a) Con 28 años de servicio 100%;
"b) Con 27 años de servicio 95%;
"c) Con 26 años de servicio 90%;
"d) Con 25 años de servicio 85%;
"e) Con 24 años de servicio 80%;
"f) Con 23 años de servicio 75%;
"g) Con 22 años de servicio 70%,
"h) Con 21 años de servicio 65%;
"i) Con 20 años de servicio 60%;
"j) Con 19 años de servicio 55%; y
"k) Con 18 años de servicio 50%.
"Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes.
"Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada.
"El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad.
"En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta ley."
41. Sobre los grados de afectación a la independencia entre poderes, el Tribunal Pleno ha señalado lo siguiente:
a) La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión;
b) La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma; y,
c) La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
42. "Artículo 32. El Congreso del Estado tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 15 de julio. El Congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la revisión de la cuenta pública del Estado, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, misma que se presentará trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario, conforme al avance de gestión financiera en concordancia con el avance del Plan Estatal de Desarrollo, los programas operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, del programa financiero.
"El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año, recibirá la iniciativa de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente, así como las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios, para su examen, discusión y aprobación, debiendo aprobarlas a más tardar el 15 de diciembre de cada año.
"Cuando el gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año.
"...
"Al aprobar el Congreso el presupuesto de egresos del Estado, deberá verificar que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos mismas que deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución. Asimismo, deberá verificar que se incluyan los tabuladores salariales y, en caso contrario, deberá incluir y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones.
"...
"Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Municipios así como los organismos públicos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables."
"Artículo 61. Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes:
"...
"II. Conocer y dictaminar sobre el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado."
43. "Artículo 32. ...
(Reformado, P.O. 11 de julio de 2018)
"El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año recibirá para su examen, discusión y aprobación la iniciativa de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente en el que se deberá respetar el porcentaje que en términos de esta Constitución está determinado para el Poder Judicial, así como las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los Ayuntamientos. Cuando el gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año. Teniendo la obligación el Congreso del Estado de aprobarlas a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Los presidentes municipales que inicien su encargo, presentarán al Congreso del Estado a más tardar el 1 de febrero la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio fiscal actual. Teniendo la obligación el Congreso del Estado de aprobarlas a más tardar el último día de febrero del año que corresponda. De manera transitoria, se utilizarán los parámetros aprobados para el ejercicio fiscal inmediato anterior de cada Ayuntamiento, para los meses de enero y febrero o hasta en tanto la Legislatura apruebe la nueva Ley de Ingresos."
44. "Artículo 40. Son facultades del Congreso:
"...
(Reformada, P.O. 11 de julio de 2018)
"V. Fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, debe autorizar en el presupuesto de egresos las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que se celebren con la previa autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Además deberá asignar en cada ejercicio fiscal al Poder Judicial del Estado una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el decreto de presupuesto de egresos que anualmente aprueba."
45. "Artículo 87. ...
(Adicionado, P.O. 11 de julio de 2018)
"La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá las bases para la distribución interna entre los tribunales que conforman al Poder Judicial, respecto del presupuesto de egresos que anualmente reciba dicho poder."
46. De conformidad con el artículo 2, fracción X, de la propia ley, debe entenderse por "Entidades federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México".
47. "Artículo 5. Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de las entidades federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente:
"I.O. anuales, estrategias y metas;
"II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.
"Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;
"III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;
"IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y
"V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.
"Las Leyes de Ingresos y los presupuestos de egresos de las entidades federativas deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente."
48. "Artículo 10. Las iniciativas de Ley de Ingresos y proyectos de presupuesto de egresos se deberán elaborar conforme a lo establecido en la presente ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tomando como base los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño.
"Para el Poder Ejecutivo, las iniciativas de Ley de Ingresos y presupuesto de egresos deberán ser congruentes con el plan estatal de desarrollo y los programas autorizados que deriven de los mismos, debiendo incluir cuando menos lo siguiente:
"...
"V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente."
49. "Título quinto
"De las sanciones
"Capítulo único
"Artículo 61. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 62. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de las entidades federativas o de los Municipios, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
"Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.
"Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad."
"Artículo 63. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las disposiciones de esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable".
"Artículo 64. Los funcionarios de las entidades federativas y los Municipios informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal."
"Artículo 65. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes."
50. "Capítulo X
"De las responsabilidades
"Artículo 59. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, y de las que de ella se deriven, será sancionado en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normativa aplicable."
51. "Artículo 26. ...
"El Congreso del Estado de Morelos, por conducto de la presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, o bien, de la presidencia de la mesa directiva, estará facultado para solicitar toda la información y documentación necesaria para la valoración, dictamen, discusión y votación informada de la iniciativa de Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos."52. Por unanimidad de cuatro votos. Ausente el M.A.P.D..


Esta ejecutoria se publicó el viernes 21 de junio de 2019 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.