Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 798810869

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, página 424.
Fecha de Publicación:31 de Marzo de 2019
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132, FRACCIÓN VII, 147, PÁRRAFO TERCERO, 251, FRACCIONES III Y IV, 266 Y 268, TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). III. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES (INCLUYENDO VEHÍCULOS). NO ENCUADRA EN LA CATEGORÍA DE ACTOS DE MOLESTIA, SINO EN LA DE CONTROLES PREVENTIVOS PROVISIONALES. IV. CONTROLES PREVENTIVOS PROVISIONALES. EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE ESAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DEAMBULATORIA SE ENCUENTRA EN LAS FACULTADES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. V. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES (INCLUYENDO VEHÍCULOS). CONSTITUYE UN CONTROL PREVENTIVO PROVISIONAL AUTORIZADO CONSTITUCIONALMENTE NO SÓLO EN LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, SINO TAMBIÉN EN SU INVESTIGACIÓN. VI. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES CRIMINALES. VII. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS COMETIDOS EN FLAGRANCIA. VIII. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES. LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUEDEN PRACTICARLA AL TENER NOTICIA DE LA COMISIÓN O POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO (NOTICIA CRIMINIS), SIEMPRE QUE EN EL CASO EXISTA UNA SOSPECHA RAZONABLE. IX. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES. PARA QUE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUEDAN PRACTICARLA CUANDO EXISTA SOSPECHA RAZONABLE SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO, DEBEN VERIFICAR SI LAS CIRCUNSTANCIAS COINCIDEN OBJETIVAMENTE CON LOS OBJETOS MATERIALES DEL ILÍCITO Y LOS SUJETOS, LUGARES Y HORARIOS DESCRITOS EN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS PREVIAMENTE. X. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y SUS POSESIONES. SU DESARROLLO Y LA DETENCIÓN DERIVADA DE AQUÉLLA NO GOZAN DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, POR LO QUE DEBE DEMOSTRARSE QUE SE LLEVÓ A CABO ATENDIENDO AL ESTÁNDAR DE SOSPECHA RAZONABLE. XI. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE SU DESARROLLO Y DE LA DETENCIÓN DERIVADA DE AQUÉLLA. XII. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS UNA VEZ RECIBIDA LA NOTICIA DE SU COMISIÓN. XIII. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONTROLES PREVENTIVOS PROVISIONALES QUE IMPLICAN QUE EL CONDUCTOR "PARE" LA MARCHA DEL VEHÍCULO, SU REGISTRO E INCLUSO EL DE SUS OCUPANTES. XIV. INSPECCIÓN FORZOSA EN PERSONAS Y VEHÍCULOS. LOS AGENTES DE LA POLICÍA PUEDEN PRACTICARLA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN TANTO CON CRITERIOS DE RAZONABILIDAD MODULADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, COMO CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. XV. INSPECCIÓN EN PERSONAS Y VEHÍCULOS. SI NO CONCUERDA CON LOS PARÁMETROS DE CONSTITUCIONALIDAD QUE LA RIGEN, RESULTA INVÁLIDA EN SÍ MISMA Y, POR ENDE, TODO LO OBTENIDO A PARTIR DE DICHA ACTUACIÓN ILEGAL CARECE DE VALOR JURÍDICO EN EL JUICIO PENAL (ARTÍCULOS 132, FRACCIÓN VII, 147, PÁRRAFO TERCERO, 251, FRACCIONES III Y IV, 266 Y 268, TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XVI. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE REQUIERAN QUERELLA (ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XVII. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. NO EXISTE DISTINCIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE LOS SUPUESTOS EN LOS CUALES PROCEDE SU EJERCICIO (ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XVIII. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA PREVISIÓN LEGAL ESTABLECE UN PLAZO MÁXIMO DE DOCE HORAS PARA QUE LA PARTE OFENDIDA PRESENTE LA QUERELLA REQUERIDA Y DE VEINTICUATRO HORAS EN CASO DE QUE NO PUEDA LOCALIZARSE (ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XIX. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. ALCANCES DE ESTA FACULTAD OTORGADA AL MINISTERIO PÚBLICO. XX. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. ESTÁNDAR CONSTITUCIONAL SOBRE EL CONTROL JUDICIAL PREVIO EN MATERIA PENAL (ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXI. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. REGLAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES RESPECTO DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE IMPLIQUEN AFECTACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE CONTROL Y AQUELLOS EN LOS QUE EXPRESAMENTE NO SE EXIJA ÉSTA (ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXII. ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA SU EJERCICIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXIII. EMBARGO PRECAUTORIO, ASEGURAMIENTO Y DECOMISO DE BIENES POR VALOR EQUIVALENTE. SUS ALCANCES ESPECÍFICOS. XXIV. EMBARGO PRECAUTORIO, ASEGURAMIENTO Y DECOMISO DE BIENES POR VALOR EQUIVALENTE. DEBE SOMETERSE A ESCRUTINIO JUDICIAL, AUN CUANDO CONSTITUYA UN ACTO DE MOLESTIA (PROVISIONAL), AL RESTRINGIR EL DERECHO DE PROPIEDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. XXV. EMBARGO PRECAUTORIO Y ASEGURAMIENTO DE BIENES POR VALOR EQUIVALENTE. NECESIDAD DE CONTROL JUDICIAL PREVIO PARA SU DESARROLLO DEBIENDO TOMAR EN CUENTA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 249 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "DECRETARÁ O"). XXVI. EMBARGO PRECAUTORIO, ASEGURAMIENTO Y DECOMISO DE BIENES. CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE ORDENARLO AL JUEZ QUE RESUELVA EL PROCESO PENAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 249 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "DECRETARÁ O"). XXVII. EMBARGO PRECAUTORIO Y ASEGURAMIENTO POR VALOR EQUIVALENTE. EL HECHO DE QUE ESTAS MEDIDAS NO TENGAN UNA TEMPORALIDAD DEFINIDA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES SUBSISTIRÁN EN TÉRMINOS DE LA AUTORIZACIÓN EMITIDA POR EL JUEZ Y EN TANTO EL PROCESO PENAL NO CULMINE CON ALGUNA DE LAS CAUSAS O SUPUESTOS ESPECÍFICAMENTE PREVISTOS EN LA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 249 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "DECRETARÁ O"). XXVIII. GEOLOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE COMUNICACIÓN MÓVIL. ALCANCES ESPECÍFICOS. XXIX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS AL TRATARSE DE UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA (ARTÍCULO 303, PÁRRAFO PRIMERO [PUBLICADO EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE] DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXX. GEOLOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL. DEBE ESTAR ACOTADA A DELITOS TAXATIVAMENTE ENUNCIADOS EN LA LEY Y EN SUPUESTOS DE URGENCIA QUE LA JUSTIFIQUEN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 303, PÁRRAFO PRIMERO [PUBLICADO EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE] DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXI. RESGUARDO DOMICILIARIO COMO MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO (ARTÍCULO 155, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXII. RESGUARDO DOMICILIARIO COMO MEDIDA CAUTELAR. RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL DE MENOR INTENSIDAD QUE EL INTERNAMIENTO PREVENTIVO, SIEMPRE QUE SE SUJETE AL CONTROL DE LA AUTORIDAD JUDICIAL SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD (ARTÍCULO 155, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXIII. MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD DE SU DURACIÓN (ARTÍCULO 153, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXIV. MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU REGULACIÓN NO ESTABLEZCA UN PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN, NO GENERA INCERTIDUMBRE AL IMPUTADO, PUES NO PUEDE DURAR MÁS ALLÁ DEL LÍMITE TEMPORAL QUE TIENE EL JUZGADOR PARA DICTAR SENTENCIA (ARTÍCULO 153, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXV. MEDIDAS CAUTELARES. AUSENCIA DE PLAZO O CATÁLOGO PARA SU IMPOSICIÓN NO IMPLICA CONCEDER ATRIBUCIONES ARBITRARIAS O EN EXCESO AL JUEZ DE CONTROL (ARTÍCULO 153, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXVI. ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. RESULTA CONTRARIO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL AL PERMITIRLO HASTA POR QUINCE DÍAS Y EXCEDER EL PLAZO DE TREINTA Y SEIS HORAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 355, ÚLTIMO PÁRRAFO [ANTERIOR A SU REFORMA DE DOS MIL DIECISÉIS] DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXVII. ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL. LA PREVISIÓN LEGAL ESTABLECE QUE SÓLO PODRÁ SER INVOCADA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA ORDENADOS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, O BIEN LA JUDICIAL PARA MEJOR PROVEER (ARTÍCULO 434, ÚLTIMO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LA ASISTENCIA JURÍDICA SÓLO PODRÁ SER INVOCADA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA ORDENADOS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, O BIEN LA JUDICIAL PARA MEJOR PROVEER" DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). XXXVIII. ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL. NO PUEDE INVOCARSE PARA LA OBTENCIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SON OFRECIDOS POR LOS IMPUTADOS O SUS DEFENSORES, AUN CUANDO HAYAN SIDO ACEPTADAS O ACORDADAS POR EL JUZGADOR (DESESTIMACIÓN DEL ARTÍCULO 434, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PERO JAMÁS PARA LAS OFRECIDAS POR LOS IMPUTADOS O SUS DEFENSAS, AÚN (SIC) CUANDO SEAN ACEPTADAS O ACORDADAS FAVORABLEMENTE POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES"). XXXIX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN PERJUICIO DE SU APLICACIÓN EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 242, 249, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DECRETARÁ O", 303, PÁRRAFO PRIMERO, Y 355, ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

 
CONTENIDO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS. 22 DE MARZO DE 2018. PONENTE: MINISTRO J.L.P.. SECRETARIOS: R.S.N.Y.J.O.H.S..
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de marzo de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su acumulada 11/2014 presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en contra de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
I. Antecedentes
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su demanda el tres de abril de dos mil catorce. Impugnó la constitucionalidad de los artículos 132, fracción VII; 147, tercer párrafo; 148; 153, primer párrafo; 155, fracción XIII; 242; 249; 251, fracciones III y V; 266; 268; 303; 355, último párrafo y 434, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.
2. Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos interpuso su demanda el cuatro de abril de dos mil catorce. Señaló como norma impugnada al artículo 303 del código nacional.
3. Las demandas se tuvieron por presentadas(1) y, previa acumulación, fueron turnadas al M.L.M.A.M., quien las admitió a trámite(2) e instruyó el procedimiento correspondiente. Posteriormente y en virtud de su designación como presidente de este Máximo Tribunal, el cinco de enero de dos mil quince, el expediente fue turnado al M.J.N.S.M.. Sin embargo, en virtud de la conclusión de su periodo como Ministro de la Suprema Corte, el cinco de enero de dos mil dieciséis, el asunto fue turnado al Ministro J.L.P..
II. Competencia
4. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos plantean la posible contradicción entre diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Federal.
III. Oportunidad
5. Conforme al artículo 60, primer párrafo, de la ley reglamentaria(3) el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que la norma general impugnada fue publicada en el medio oficial correspondiente. Si el decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, el plazo señalado inició el seis de marzo de dos mil catorce y venció el cuatro de abril de dos mil catorce.
6. Por tanto, si la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentó el tres de abril de dos mil catorce y la correspondiente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se presentó el día cuatro siguiente, es evidente que ambas resultan oportunas.
IV. Legitimación
7. Conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución, sólo los órganos señalados en el mismo cuentan con legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad. Dichos órganos deben a su vez comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario que comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario (artículo 11 de la ley reglamentaria(4) aplicado en términos del artículo 59 del mismo ordenamiento).(5)
8. Acción de inconstitucionalidad 10/2014. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución,(6) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, ya que argumenta que las disposiciones reclamadas son violatorias de diversos derechos humanos.
9. Asimismo, suscribió la demanda R.P.V., en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la mesa directiva de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil nueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo a partir del dieciséis de noviembre de dicho año y hasta el quince de noviembre de dos mil catorce.(7) Asimismo, en términos de los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su Reglamento Interno,(9) a dicho funcionario le corresponde su representación legal. En consecuencia, debe considerarse que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la representación legal para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en nombre de dicho órgano.
10. Acción de inconstitucionalidad 11/2014. Conforme al artículo 105, fracción II, inciso h),(10) de la Carta Magna, el organismo garante a que se refiere el artículo 6o. de la Constitución se encuentra legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.
11. Dicho inciso h) fue adicionado a la Constitución Federal, en el contexto de la reforma constitucional en materia de transparencia publicada el siete de febrero de dos mil catorce (que entró en vigor a partir del día ocho siguiente), en la que se creó el órgano con autonomía constitucional encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Sin embargo, el código nacional impugnado fue aprobado y la demanda respectiva presentada, durante el periodo de transición para la conformación y regulación de dicho órgano constitucional. Por tanto, cabe preguntarse, tal y como lo sostiene el presidente de la República,(11) si el instituto actor contaba en ese momento con la legitimación constitucional para presentar esta acción.
12. En el decreto de reformas aludido se estableció, entre otras cuestiones, lo siguiente:(12)
a) La creación del órgano garante en materia de transparencia y protección de datos personales, con autonomía constitucional.