Ejecutoria num. 1a./J. 67/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 827914897

Ejecutoria num. 1a./J. 67/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 67/2019 (10a.)
Localizacion:Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1049.
Fecha de Publicación:31 de Octubre de 2019
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA.

 
CONTENIDO

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS L.M.A.M., J.M.P.R., A.G.O.M.Y.J.L.G.A.C.. DISIDENTE: N.L.P.H.. PONENTE: J.L.G.A.C.. SECRETARIO: N.R.S. CASTILLO.
II. Competencia
7. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Plenos de diversos Circuitos.
III. Legitimación
8. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.(1)
IV. Existencia
9. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, son los siguientes:(2)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Para determinar si en el caso se reúnen tales requisitos, se procederá a hacer referencia a los casos de los que tocó conocer a los Plenos de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, así como a los criterios que sostuvieron para resolverlos.
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple, pues ambos Plenos de Circuito, al resolver las contradicciones de las que conocieron, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de una interpretación normativa para llegar a una solución determinada de los casos que se sometieron a su consideración, como se expone enseguida:
12. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 12/2015, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, emitió el siguiente criterio:(3)
"SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA. La acción o el derecho para pedir la ejecución de una sentencia constituye una cuestión distinta a la realización de los actos o formas para cumplimentarla; en ese sentido, la preclusión se actualiza en relación con la diversidad de actos procesales que realizan las partes en la fase de ejecución, como son el trámite de liquidación y el avalúo, pero no en relación con los derechos derivados del fallo, pues la única institución jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción. Por tanto, la prescripción no opera de forma independiente respecto de algunas de las prestaciones (líquidas o genéricas), pues ello implicaría transgredir la cosa juzgada, al tener que dejarse sin efectos una parte de la resolución firme, efectuando para ello una interpretación extensiva de la norma, ya que no existe un precepto que establezca la prescripción parcial del fallo, por lo cual, al tratarse de la restricción de un derecho, la prescripción debe operar de manera estricta en los supuestos que la ley prevé. Además, las prestaciones líquidas y las genéricas no constituyen un derecho divisible o distinto, sino que tienen un mismo origen y fin, de modo que aunque su ejecución requiera un proceso distinto integrado con una serie de actos interdependientes y coordinados que varían de acuerdo a lo condenado, buscan la satisfacción de la obligación consignada en la sentencia en favor del ejecutante."
13. Dicho criterio fue adoptado por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, para determinar si puede prescribir la condena establecida en la sentencia, de forma independiente, respecto de las prestaciones líquidas y las genéricas. Lo anterior bajo las consideraciones siguientes:
a) El Pleno de Circuito partió de que conforme a lo dispuesto en el artículo 1732 del Código Civil del Estado de Jalisco, la prescripción negativa constituye un medio de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, por no exigirse su cumplimiento. Al respecto, señaló que, al resolver la contradicción de tesis 92/2000, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el único derecho adjetivo susceptible de prescribir es el de la acción, pues si bien otros derechos procesales distintos pueden extinguirse por su no ejercicio oportuno, ello ocurre por la actualización de otra institución jurídica conocida como la preclusión.
b) Mencionó que los artículos 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1040, 1079, fracciones IV y V, así como el 1047 del Código de Comercio, prevén el plazo para solicitar la ejecución de una sentencia (prescripción), así como el momento en que comienza a correr de acuerdo a cada legislación; en tanto que ambas materias (civil y mercantil) regulan supuestos específicos sobre el proceso de ejecución, dependiendo de la naturaleza de las obligaciones que deriven del fallo.
c) Posteriormente, argumentó que el objeto último del proceso de ejecución es el cumplimiento de la obligación consignada en la sentencia, en tanto que las formas de ejecución dependerán de las condenas a cumplir, esto es, si se trata de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Por lo que pueden existir diversos actos en el proceso de ejecución, como lo son la solicitud de inicio de ejecución, la oposición a ésta, el avalúo de bienes y la liquidación de la sentencia. De lo anterior, concluyó que son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y la realización de cada uno de los actos o formas para cumplimentarla.
d) Retomó lo resuelto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2013 y la contradicción de tesis 475/2009, asuntos en los que se determinó:
- Que son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y la realización de cada uno de los actos o formas para cumplimentarla.
- Que la preclusión únicamente se actualiza en relación con las diversas de actos meramente procesales que realizan las partes y no en cuanto a los derechos derivados de la sentencia, como el que se ejercita al pretender hacer cumplir una ejecutoria, en tanto que la única institución jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción.
- Que el término para solicitar la ejecución de una sentencia constituye un derecho de naturaleza sustantiva; que el plazo que dura la acción para solicitar la ejecución de una sentencia (prescripción) empieza a contar a partir del día en que haya vencido el plazo judicial para el cumplimiento de voluntad, de manera que la ley dejó al vencedor en libertad para elegir el momento, dentro de ese periodo, para ejercitar la acción a través de la ejecución de la sentencia, sea que su contenido sea líquido o ilíquido.
e) Precisó que, con base en lo anterior, se podía concluir que el plazo con el que cuenta el beneficiario del fallo definitivo dictado en un proceso jurisdiccional para ejercer su derecho a ejecutar la sentencia definitiva, comprende tanto las prestaciones líquidas como las genéricas, sin que pueda operar la figura de la prescripción de forma diferenciada para cada una de ellas.
f) Aclaró que si una sentencia contiene obligaciones determinadas en valor económico y otras por cuantificar en ejecución, puede acontecer que se requiera el cumplimiento de ambas en diversos momentos, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso; sin embargo, ello no puede implicar que prescriba una porción de las prestaciones, pues se transgrediría la cosa juzgada, ya que se tendría que dejar sin efectos una parte de la resolución, siendo que no existe un precepto que establezca la prescripción parcial de la sentencia, por lo cual, al tratarse de la restricción de un derecho, la prescripción debe operar de manera estricta en los supuestos que la ley prevé.
g) En ese sentido, agregó el Pleno de Circuito que debía tenerse presente que las prestaciones líquidas y las genéricas no constituyen un derecho divisible o distinto, pues tienen un mismo origen y fin (la sentencia y su ejecución), lo que las diferencia es el procedimiento que debe seguirse para que puedan cumplimentarse.
h) Además, determinó que la decisión de esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 35/2009, en el sentido de que la única figura jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, por lo que si este Alto Tribunal estableció que no podía estimarse prescrito el incidente de liquidación, toda vez que ello implicaría hacer nugatorio el derecho reconocido en la sentencia definitiva que causó estado, por mayoría de razón se puede concluir que las prestaciones no pueden prescribir de forma parcial, pues se atentaría contra la obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada y la finalidad que persigue todo proceso jurisdiccional.
i) Por otra parte, señaló que no se desatendía que el artículo 489 del Código de Procedimientos del Estado de Jalisco dispone que si la sentencia contiene condena al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, porque lo que esa expresión prescribe es una facultad a favor del ejecutante, sin que constituya una exigencia, pues la norma no es imperativa en ese sentido.
j) Además, se precisó que tampoco se puede considerar que con base en ese precepto, el plazo de prescripción de ejecución de sentencia inicia de forma diferenciada para las prestaciones líquidas y las genéricas, porque se perdería de vista que la prescripción se interrumpe en el momento en que las partes realizan cualquier acto para impulsar la ejecución del fallo y, en esa medida, si el ejecutante gestiona el cumplimiento de una prestación determinada o promueve el incidente de liquidación, se reinicia el periodo de perención respecto de la totalidad de la condena, pues en ambos casos se realizan gestiones para lograr el cumplimiento del fallo.
k) Finalmente, el Pleno de Circuito concluyó que el plazo con el que cuenta el beneficiario del fallo definitivo dictado en un proceso jurisdiccional para ejercer su derecho a ejecutar la sentencia definitiva, comprende tanto las prestaciones líquidas como las genéricas, sin que pueda operar la figura de la prescripción de forma diferenciada para cada una de ellas.
14. El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 10/2017, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, emitió el criterio siguiente:(4)
"PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Cuando se está frente a una sentencia de condena mixta, esto es, con cantidades líquidas e ilíquidas, el derecho a ejecutarla se individualiza respecto de cada una de ellas. Por otra parte, la prescripción establecida en el artículo 1079, en relación con el diverso 1040, ambos del Código de Comercio (en su texto derivado de las reformas de 1994), es una figura que opera respecto de cada uno de los campos de condena, es decir, actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas –procedimiento de ejecución– e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas –procedimiento incidental–. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual, se extingue mediante la figura de la prescripción, que comienza a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio, una vez que la sentencia de condena causa ejecutoria como lo señala la fracción IV del numeral citado en primer término. Y por lo que hace a las cantidades ilíquidas, por ejemplo, la condena de intereses moratorios o gastos y costas, el derecho a ejecutar surge con posterioridad a que se tramita el incidente de liquidación previsto por el artículo 1348 del mismo ordenamiento legal, una vez que se fija en cantidad precisa y líquida una condena indeterminada. Conforme a ello, la extinción de ese derecho operaría indistintamente tanto para la condena líquida como para la ilíquida, donde los actos que se dan dentro de la etapa preparatoria a la ejecución, como la promoción del incidente de liquidación de sentencia, que interrumpe la prescripción de la ejecución de la condena indeterminada, pero que no tiende estrictamente a la ejecución, no resultan aptos para impulsar el procedimiento de ejecución de la cantidad líquida, y como consecuencia, tampoco interrumpe su prescripción. De ahí que el plazo para que opere la prescripción de sentencia de condena mixta dictada en un juicio ejecutivo mercantil comienza de manera diferenciada para el procedimiento de ejecución y para el incidente de liquidación de sentencia."
15. Dicho criterio fue adoptado por el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito para determinar si la prescripción de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil, comienza de manera diferenciada para la suerte principal (procedimiento de ejecución) y para la condena genérica (procedimiento incidental o de liquidación de sentencia). Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
a) El Pleno de Circuito precisó que en las sentencias que constituyeron el acto reclamado en los juicios de amparo de donde emanaron las sentencias recurridas, se condenó: I) al pago de una cantidad líquida, así como, II) al pago de una cantidad indeterminada, por concepto de intereses legales, así como gastos y costas.
b) Retomó lo determinado por esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 92/2000-PS, relativo a que el proceso es un fenómeno fundamentalmente dinámico, cuyo desarrollo, generalmente, está compuesto por las etapas siguientes: expositiva, probatoria, conclusiva, impugnativa y ejecutiva.
c) Explicó que la prescripción negativa es un contraderecho que puede oponerse al derecho sustantivo correspondiente, como medio para liberarse de la acción ejercida en juicio. Así, el derecho sustantivo para solicitar la ejecución de una sentencia firme derivada de un juicio ejecutivo mercantil, puede extinguirse por prescripción si transcurren tres años sin que se haga valer, conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. Plazo que debe iniciar a contarse desde el día en que la ejecución sea legalmente exigible, en términos del artículo 1040 del Código de Comercio, esto es, desde que la sentencia cause ejecutoria, al no poder recurrirla por ningún medio ordinario o extraordinario de impugnación, tal como lo señala el numeral 1343 del mismo ordenamiento legal.
d) En ese sentido, argumentó que si en la sentencia del juicio ejecutivo mercantil que ha causado ejecutoria se establece como condena el pago de cantidades líquida e ilíquida, entonces, para saber qué actos la interrumpen es menester atender, precisamente, a esas características de la condena. Por cuanto toca a la cantidad líquida, para conseguir el resultado práctico consistente en el pago, se necesita únicamente el ejercicio del derecho de su titular ante el órgano jurisdiccional; por otra parte, en lo que corresponde a la cantidad ilíquida, se requiere hacerla valer incidentalmente a través de la formulación de la planilla correspondiente, dado que la ejecución de la primera no impide que posteriormente se pida la liquidación de la segunda, ya que el artículo 1348 del Código de Comercio no restringe a reclamar conjuntamente las cantidades determinadas con las indeterminadas.
e) Así, consideró que un incidente de liquidación de intereses, ninguna trascendencia tiene para la parte líquida que es ejecutable desde que la sentencia ha causado ejecutoria. Entonces, el incidente de liquidación de intereses no resulta apto para interrumpir la prescripción de la parte líquida de la sentencia, porque es innecesario su trámite para que el ejecutante pueda obtener la satisfacción de la condena en esa parte de la sentencia, es decir, para conseguir el resultado práctico consistente en el pago de la suerte principal. Por lo tanto, si el derecho a pedir la ejecución de la parte líquida se encuentra en condiciones de ser ejercido y, con todo, en lugar de realizar los actos indispensables para hacerlo efectivo, su titular incurre en inercia durante tres años o más, se justifica que, si a su interés conviene, el obligado oponga la excepción de prescripción; dado que la pérdida del derecho de ejecutar la sentencia definitiva ejecutoriada se explica por el abandono de las prestaciones obtenidas.
f) Además, el Pleno de Circuito mencionó que en el artículo 1348 del Código de Comercio el legislador dispuso un procedimiento para fijar la cantidad líquida de una condena indeterminada en lo que se ha llamado "incidente de liquidación".
g) Retomó lo resuelto por esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 6/98, en el sentido de determinar que la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio que constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo. Con base en ello consideró que esa interlocutoria no puede reputarse propiamente como un acto de ejecución de sentencia. Luego, como la resolución de liquidación que regula el artículo 1348 del Código de Comercio es un acto en cierta medida autónomo, respecto del procedimiento de ejecución, los actos previos, que directamente se relacionan con ella, como procedimiento incidental, por regla general, se pueden considerar con tal carácter.
h) Mencionó que en la jurisprudencia 1a./J. 99/2010, esta Primera Sala determinó que el derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual, se extingue mediante la figura de la prescripción.
i) Señaló que la prescripción que contempla el artículo 1040 del Código de Comercio no se dirige directamente al procedimiento incidental de liquidación; sin embargo, el artículo 1348 del mismo ordenamiento vincula,necesariamente, al procedimiento de liquidación con el de ejecución. En la contradicción de tesis 92/2000-PS, la Primera Sala estimó que la incidencia de liquidación no podía entenderse como una institución estrictamente procesal, ajena al derecho sustantivo de ejecución de una sentencia de condena, de manera que también se encontraba sujeta al lapso de prescripción negativa que prevé la ley.
j) Asimismo, refirió que el contenido del enunciado normativo previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio se traduce en una regla general del ejercicio del derecho a ejecutar tratándose de sentencias que no contienen cantidad líquida, que dice que la promoción de ejecución va aparejada a la de liquidación. El legislador fue claro: al promoverse la ejecución debe presentarse la liquidación.
k) Señaló que el artículo 1410 del Código de Comercio, a virtud de la sentencia de remate, previo avalúo, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, lo que significa que la ejecución que deriva de una sentencia, en términos generales es de índole forzosa, en oposición a las que son de cumplimiento voluntario. Por regla general, las ejecuciones forzosas inician a petición de parte, lo que puede inferirse del artículo 1347 del Código de Comercio.
l) Añadió que, tratándose de condenas ilíquidas, antes de iniciarse propiamente la etapa de ejecución debe volverse ejecutable la condena; sin embargo, aun cuando la prescripción negativa se refiere al procedimiento de ejecución y no al de liquidación, dado que ésta es condición de aquélla, debe considerarse como sujeta al lapso en el cual se extingue el derecho para instar la ejecución, más si se considera como un acto coetáneo al de la ejecución, se admite que al promover la ejecución debe presentarse la liquidación.
m) Precisó que la sentencia ejecutiva mercantil es una resolución que pone fin al proceso y de entrar al estudio del fondo del asunto, resuelve la controversia mediante la aplicación de la ley general al caso concreto, sus efectos en relación con las partes y las consecuencias del litigio se podrían resumir en declarar, condenar o absolver a las partes. De haberse agotado los recursos, o bien, de no haberse agotado las formas de impugnación que dicta la ley, la sentencia dictada en autos causará ejecutoria, esto es, la cosa juzgada o verdad legal que deberá de cumplirse en todas y cada una de las partes propositivas de la misma. Así, en el periodo de ejecución de una sentencia, se deberá cumplir en los términos propositivos, incluso mediante la fuerza del Estado para cumplirla en todas sus partes.
n) Reiteró que para el caso de que en la sentencia del juicio ejecutivo mercantil que ha causado ejecutoria se establezca como condena el pago de cantidades líquida e ilíquida; por cuanto toca a la cantidad líquida, para conseguir el resultado consistente en el pago, se necesita únicamente el ejercicio del derecho de su titular ante el órgano jurisdiccional; y por lo que corresponde a la cantidad ilíquida, se requiere hacerla valer incidentalmente a través de la formulación de la planilla correspondiente, dado que la ejecución de la primera no impide que posteriormente se pida la liquidación de la segunda, ya que el artículo 1348 del Código de Comercio no restringe a reclamar conjuntamente las cantidades determinadas con las indeterminadas. En tal virtud, resulta claro que un incidente de liquidación de intereses se endereza para determinar la parte ilíquida de la sentencia, pero ninguna trascendencia tiene para la parte líquida, por lo que no resulta apto para interrumpir la prescripción de la parte líquida de la sentencia, porque es innecesario su trámite para que el ejecutante pueda obtener la satisfacción de la condena en esa parte de la sentencia.
ñ) Argumentó que el derecho a ejecutar una sentencia, por regla general, se considera como unitario, indivisible. A partir de esta afirmación podría pensarse que el ejercicio de ese derecho respecto de una condena, para efectos de la interrupción de su prescripción, vale por igual para toda la parte dispositiva de la sentencia de condena de pago. Admitir tal conclusión, nos conduciría a lo siguiente: tratándose de un proceso ejecutivo mercantil en el que la condena versa sobre cantidades líquidas e ilíquidas, los actos de ejecución de las cantidades líquidas interrumpen la prescripción en lo que hace a la condena indeterminada, y a la inversa, es decir, los actos que interrumpen la prescripción por el lado de la condena ilíquida también la interrumpirían en lo que toca a la condena líquida. Jurídicamente esto no es admisible. En efecto, la ley establece la materialización de las condenas líquidas e ilíquidas en términos de procedimientos distintos; de suerte que el derecho a ejecutar se verifica de maneras distintas.
o) Aclaró que cuando se está frente a una sentencia que contiene cantidades líquidas e ilíquidas, su ejecución se verifica de manera separada, generalmente ocurre que mientras, por un lado, se está en la sustanciación del remate o la adjudicación, por el otro se está en la liquidación; y cuando se está frente a una sentencia de condena mixta, esto es, con cantidades líquidas e ilíquidas, el derecho a ejecutar en realidad se individualiza respecto de cada una de ellas. Incluso, esto es más claro si se considera el caso en el cual la parte vencedora ejecuta la sentencia sólo en lo que hace a su parte determinada y omite actuar respecto a la indeterminada, en tal supuesto no podría decirse que el derecho a ejecutar que se desplegó abarcó ambas condenas; de ahí que tampoco pueda sostenerse su imposibilidad de individualización respecto de cada una de ellas.
p) Por otra parte, el Pleno de Circuito expuso que en el sistema de la ley mercantil, los actos que se dan respecto de la ejecución de cantidades líquidas en oposición a las ilíquidas, tiene a la materialización de la condena respectiva, pues hay casos en que aquélla no los funde, confundiéndolos para efectos del pago. Uno de ellos es el de los intereses, previsto en el artículo 364 del Código de Comercio, donde el legislador estableció una clara distinción en el destino de las cantidades pagadas. En el primer caso, el pago hecho al capital se distingue del de los intereses, éste se extinguirá si el acreedor expresamente no se reserva derecho sobre ellos; mientras que en el segundo, cuando no resulte expresa su aplicación se destinará al pago de los intereses, por orden de vencimientos y después al capital. De esta forma, tratándose de un asunto en el cual la cantidad líquida se refiere a la suerte principal y a la ilíquida a los intereses (y a los gastos y costas), en realidad todo lo actuado tanto respecto de una y otras condenas, al final de cuentas tendría que aplicarse, ante la ausencia de estipulación expresa, primero a los intereses y luego al capital.
q) Con base en lo anterior, estimó que también por el orden de la materialización de la condena líquida como de la ilíquida, el derecho que se da respecto de la ejecución de ellas es individualizable, porque si no fuera así, impondría postular que, al ser inindividualizable, los pagos hechos por el deudor, bien sean forzosos, se repartirían por igual o sin algún orden concreto, al pago de las obligaciones fijadas en la sentencia.
r) Finalmente, el Pleno de Circuito concluyó que la prescripción que establece el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, en relación con el diverso 1040, es una figura que opera respecto de cada uno de los campos de condena, es decir, actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas. Ahora, respecto de las cantidades ilíquidas, el derecho a ejecutar surge una vez que la sentencia de condena causa ejecutoria, por lo que el inicio del plazo prescriptivo debe atender a la fecha en la cual la resolución que contiene el derecho concreto se hace exigible. Así, los actos de ejecución de la sentencia no pueden interrumpir la prescripción de la liquidación de la sentencia y viceversa; de tal suerte que dicha figura jurídica aplica a ellos de manera independiente. Entonces, si bien el procedimiento de liquidación de sentencia es individualizable o distinguible frente al de ejecución de sentencia, lo cierto es que no hay fundamento ni motivo alguno para considerar que la prescripción negativa que regula el artículo 1040 del Código de Comercio opera directa y autónomamente respecto de él.
16. Una vez precisados los antecedentes y los criterios que adoptaron los Plenos de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, esta Primera Sala advierte que los dos órganos federales se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para interpretar los artículos 1732 del Código Civil del Estado de Jalisco, 489 y 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 364, 1040, 1079, 1047, 1343, 1347, 1348 y 1410 del Código de Comercio, esto a fin de determinar si la prescripción del derecho a ejecutar una sentencia opera indistintamente tanto para la condena líquida como para la ilíquida.
17. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo de los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis también se satisface en el presente asunto, puesto que los ejercicios interpretativos realizados por los Plenos de Circuito contendientes giraron en torno a una misma problemática jurídica surgida con motivo de la forma en que opera la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, en el caso de condena mixta; así, lo que uno de ellos afirmó fue negado por el otro, tal como se demostrará a continuación:
18. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito argumentó que son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y la realización de cada uno de los actos o formas para cumplimentarla. Agregó que debía tenerse presente que las prestaciones líquidas y las genéricas no constituyen un derecho divisible o distinto, pues tienen un mismo origen y fin (la sentencia y su ejecución), lo que las diferencia es el procedimiento que debe seguirse para que puedan cumplimentarse. Así, concluyó que el plazo con el que cuenta el beneficiario del fallo definitivo dictado en un proceso jurisdiccional para ejercer su derecho a ejecutar la sentencia definitiva, comprende tanto las prestaciones líquidas como las genéricas, sin que pueda operar la figura de la prescripción de forma diferenciada para cada una de ellas, pues de lo contrario se transgrediría la cosa juzgada.
19. Finalmente, agregó que no se desatendía el hecho de que se pueda hacer efectiva la condena al pago de la cantidad líquida primero que la parte ilíquida, porque ésa es una facultad a favor del ejecutante, sin que constituya una exigencia, pues la norma no es imperativa en ese sentido. En ese sentido, preciso que no se podía considerar que el plazo de prescripción de ejecución de sentencia inicia de forma diferenciada para las prestaciones líquidas y las genéricas, porque se perdería de vista que la prescripción se interrumpe en el momento en que las partes realizan cualquier acto para impulsar la ejecución del fallo y, en esa medida, si el ejecutante gestiona el cumplimiento de una prestación determinada o promueve el incidente de liquidación, se reinicia el periodo de perención respecto de la totalidad de la condena, pues en ambos casos se realizan gestiones para lograr el cumplimiento del fallo.
20. El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, en la contradicción de tesis que resolvió, consideró que si en la sentencia del juicio ejecutivo mercantil que ha causado ejecutoria se establece como condena el pago de cantidades líquida e ilíquida, entonces, para saber qué actos la interrumpen es menester atender, precisamente, a esas características de la condena. Así, determinó que un incidente de liquidación, ninguna trascendencia tiene para la parte líquida que es ejecutable desde que la sentencia ha causado ejecutoria, por lo que el incidente de liquidación no resulta apto para interrumpir la prescripción de la parte líquida de la sentencia.
21. En ese sentido, concluyó que la prescripción es una figura que opera respecto de cada uno de los campos de la condena, es decir, actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas. Finalmente, aclaró que respecto de las cantidades ilíquidas, el inicio del plazo prescriptivo debe atender a la fecha en la cual la resolución que contiene el derecho concreto se hace exigible, así los actos de ejecución de la sentencia no pueden interrumpir la prescripción de la liquidación de la sentencia o viceversa; de tal suerte que dicha figura aplica a ellos de manera independiente.
22. De ahí que esta Primera Sala considera que el presente asunto cumple con el segundo de los requisitos establecidos para la existencia de contradicciones de tesis, pues mientras que uno de ellos afirmó que el plazo con el que cuenta el beneficiario del fallo definitivo dictado en un proceso jurisdiccional para ejercer su derecho a ejecutar la sentencia definitiva, comprende tanto las prestaciones líquidas como las genéricas, sin que pueda operar la figura de la prescripción de forma diferenciada para cada una de ellas; el otro consideró que la prescripción es una figura que opera respecto de cada uno de los campos de la condena, es decir, que actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas.
23. Situación que es suficiente para afirmar la diferencia de criterios entre los sustentados por los Plenos de Circuito que participan en este asunto.
24. No es óbice a lo anterior, que el planteamiento de denuncia de contradicción se definió originalmente en cuanto a cuál es el punto que sirve de base para determinar el cómputo de la prescripción de una sentencia donde se establece una condena mixta. Sin embargo, del análisis a las posturas contendientes, esta Primera Sala considera que dicho punto es parte de la disyuntiva toral, que esencialmente consiste en determinar si la prescripción del derecho a ejecutar una sentencia con condena mixta, opera de forma independiente para la parte de la cantidad líquida respecto de la ilíquida. De ahí la nueva precisión del cuestionamiento a resolver y no como en un inicio se denunció a este Alto Tribunal.
25. Tampoco pasa inadvertido el hecho de que el criterio del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito haya surgido del análisis únicamente del Código de Comercio, mientras que el criterio del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito surgiera del análisis tanto del Código de Comercio como de la legislación local civil del Estado de Jalisco. Ello, porque, en primer lugar, existe un punto de toque indubitable por lo que se refiere a la interpretación jurídica que hicieron sobre la figura de prescripción. En segundo lugar, ambos criterios son aplicables al Código de Comercio. Y, en tercer lugar, esta Primera Sala advierte que las normas legales interpretadas por los órganos colegiados son coincidentes en su contenido jurídico. Por lo tanto, subsiste la divergencia de criterios.
26. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente:
• ¿La prescripción del derecho a ejecutar una sentencia con condena mixta, opera de forma independiente para la parte de la cantidad líquida respecto de la ilíquida?
27. Así las cosas y habiendo quedado acreditados los requisitos de procedencia de las contradicciones de tesis, esta Primera Sala considera que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada, en atención a que los Plenos de Circuito abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica y llegaron a conclusiones contrarias. Por tanto, ha lugar a dar respuesta a la interrogante que resulta de dicha oposición de criterios.
V. Estudio de fondo
28. Tal como quedó dicho en el apartado anterior, la pregunta a responder es: ¿La prescripción del derecho a ejecutar una sentencia con condena mixta, opera de forma independiente para la parte de la cantidad líquida que para la de la ilíquida?
29. En principio, cabe destacar que en diversos precedentes esta Primera Sala ha decidido que un elemento integrante del acceso a la justicia es lo que se ha identificado como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva,(5) cuyo concepto fue objeto de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."(6)
30. De este importante criterio se desprende que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: (I) una etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición que se dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por parte de éstas; (II) una etapa judicial –desde el inicio del procedimiento y hasta la última actuación dentro del mismo–, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (III) una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél.
31. Sobre la etapa correspondiente a la ejecución de sentencia, esta Primera Sala advierte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en sus precedentes el deber de los Estados de garantizar los medios para ejecutar los recursos judiciales en sede interna, al establecer que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas.(7)
32. En desarrollo de este criterio, la Corte Interamericana explicó que, en términos del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tienen dos obligaciones para asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso: (a) consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes y (b) garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes; de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Por ello, sentenció el Tribunal Interamericano, "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", pues una resolución con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento.(8)
33. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se desprende de lo establecido en los primeros párrafos de su artículo 17:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
34. El primer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal reconoce que corresponde al Estado Mexicano la impartición de justicia, lo cual deberá realizar a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. En relación con lo anterior, y precisamente por la imposibilidad de los particulares de impartir justicia, el segundo párrafo del mismo numeral establece el derecho delas personas a la "administración de justicia", el cual será garantizado por tribunales que deberían emplearla en los plazos y términos que fijen las leyes. De aquí se desprende la importancia de que, según lo apuntado, la justicia administrativa se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar el derecho que se había reconocido.
35. La principal consecuencia de los párrafos antes comentados es el surgimiento para el Estado Mexicano, de la obligación de prestar el servicio público de impartición de justicia.
36. En este orden de ideas, se debe precisar que el derecho para solicitar la ejecución de la sentencia dictada en un proceso judicial constituye un derecho de naturaleza sustantiva, pues se traduce en el derecho a accionar la maquinaria judicial a fin de obtener lo reconocido en sentencia firme. Sin embargo, una actitud omisa por parte del interesado para ejercer este derecho se traduce en la pérdida del mismo, conforme a la figura de la prescripción.(9)
37. En el Código Civil Federal, supletorio al de Comercio, la prescripción negativa se define como un medio para librarse de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento en el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.(10) Dicha figura se ha establecido en la mayoría de los sistemas legales, para proteger el derecho a la seguridad jurídica del obligado, pues evita que por el no ejercicio de los derechos exista la incertidumbre de su efectividad en las personas que están obligadas.
38. En esa virtud, a los derechos de contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado un término para su ejercicio, transcurrido el cual, el deudor puede excepcionarse válidamente y sin responsabilidad de cumplir con la obligación a su cargo. Además, se requiere que el acreedor haya permanecido en completa inacción durante el tiempo señalado por la ley.
39. Ahora bien, es importante recordar que el problema jurídico que ahora se analiza parte de los siguientes supuestos: (I) fue procedente un juicio, (II) ya existe una sentencia que ha causado ejecutoria, (III) la sentencia ha sido condenatoria y (IV) la condena establece el pago de una cantidad líquida y, a la vez, de una cantidad ilíquida.
40. Como punto de partida se debe mencionar que el artículo 1079 del Código de Comercio(11) prevé un plazo de tres años para ejercer el derecho a ejecutar la sentencia en un juicio ejecutivo mercantil. Por lo que se debe entender que dicho lapso se refiere al plazo de prescripción, mismo que empieza a contar desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercida en el juicio, conforme al artículo 1040(12) del mismo ordenamiento.(13) De esto se advierte que la ley dejó al vencedor en libertad para elegir el momento, dentro del lapso señalado, para ejercer la acción a través de la ejecución de la sentencia, independientemente de que su contenido sea líquido o ilíquido.
41. Aquí se debe precisar que son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y, otra, la realización de cada uno de los actos para cumplimentar la sentencia, una vez iniciada la sección de ejecución, por ejemplo, el incidente de liquidación.
42. En ese sentido, una sentencia es el acto procesal por medio del cual el juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso.(14) En caso de dictarse una sentencia condenatoria, el beneficiario obtiene un título nuevo (diferente del que fue materia del juicio): la sentencia. En ella, se estudian todas las pretensiones que se hicieron valer, en ese sentido, es única e indivisible. Una vez que la misma causa ejecutoria, comienza para el actor la prescripción de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia, que comprende el conjunto de todos los actos a través de los cuales se hace cumplir la resolución. Por lo tanto, dicho conjunto de actos debe considerarse como una unidad que busca la misma finalidad, esto es, ejecutar la sentencia.
43. En términos del artículo 1041 del Código de Comercio,(15) uno de los supuestos en los que la prescripción se interrumpe, es por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor.(16) En estos casos, para dilucidar en qué momento se interrumpe el tiempo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, es necesario atender a la naturaleza de la condena; así, cuando ésta genera una obligación de dar, la prescripción se interrumpe cuando, a petición del beneficiario de esa norma individualizada, se requiere a su contraparte del pago o la entrega de lo sentenciado; o bien, cuando la sentencia contiene una sanción que deba liquidarse en ejecución de sentencia, la prescripción se interrumpe en el momento en que se notifica a la parte condenada del trámite del incidente de liquidación correspondiente; o, en su caso, si la sentencia ordenó el remate de un bien, el plazo prescriptivo deja de transcurrir cuando se hace del conocimiento del sentenciado el inicio de ese procedimiento; etcétera.
44. En una sentencia que condena, por una parte, a una cantidad ilíquida y, por otra, a una cantidad líquida, es inconcuso que la parte demandada es deudora del importe total de la condena y que el acreedor tiene derecho para exigir su cumplimiento sólo de la parte líquida, sólo de la parte ilíquida, o de toda en su conjunto, ya sea en un mismo momento o sucesivamente, según le convenga a sus intereses.
45. Sin embargo, tanto la parte que condena a la cantidad líquida, como la parte que condena a la cantidad ilíquida, están vinculadas en virtud de que ambas encuentran su origen en la litis que fue materia del juicio principal y participan de una única naturaleza jurídica al derivar de la misma sentencia. Por lo que, si quien tiene a su favor el derecho de ejecutar la sentencia elige iniciar el procedimiento para cobrar la cantidad líquida (vgr. el remate de los bienes embargados), o bien, el procedimiento para cobrar la cantidad ilíquida (i.e. incidente de liquidación), se debe entender que cualquiera de esos actos están encaminados a hacer efectivo el derecho reconocido al actor, mediante sentencia firme, por lo tanto, se demuestra así la actividad del propio actor para hacer efectiva la sentencia y, en consecuencia, cualquiera de los referidos actos interrumpe la prescripción para pedir su ejecución, sin que se pueda operar dicha figura de forma diferenciada para la parte líquida y para la parte ilíquida, pues la excepción de prescripción se predica sobre el derecho a ejecutar, el cual es uno solo, esto es, comprende ambos conceptos.
46. Esta solución se ajusta al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en su vertiente de ejecución de sentencia, pues sostener lo contrario implicaría afirmar que aun cuando el actor hubiera iniciado el procedimiento de ejecución de sentencia dentro del plazo legal, sólo podría hacer efectiva parcialmente la misma y, por la otra parte, se le podría tener por prescrito su derecho. Conclusión que representaría un obstáculo para ejercer el derecho mencionado de manera completa. Por lo que, ante la severidad de semejante consecuencia, es menester elegir la interpretación que más proteja el derecho en cuestión.(17)
47. Lo anterior no implica desequilibrio a favor de ninguna de las partes, pues la exigibilidad u oportunidad de recuperar lo ganado no es derecho que quede indefinido en detrimento del deudor o vencido, ya que la ejecución de la sentencia no es exclusiva del actor, por el contrario, el demandado en cualquier momento tiene la posibilidad de cumplir la sentencia.
48. Así, para cumplir la condena respecto a la cantidad líquida, sólo deberá consignar el pago al que quedó obligado por medio de la sentencia. Mientras que si su deseo es dar cumplimiento a la obligación prevista en la sentencia ejecutoriada referente a la cantidad ilíquida, la parte que obtuvo resolución adversa puede iniciar el incidente de liquidación, con la finalidad de que se encuentre en aptitud de conocer el monto total del adeudo, es decir, tiene expedito su derecho para saber con certeza la cantidad con la cual se va a liquidar la sentencia y la forma en cómo se debe concluir el asunto. En el caso de los intereses, de esta forma el condenado, al interponer el incidente respectivo evitará que se genere una cantidad impagable, derivada de la generación excesiva de intereses por el simple transcurso del tiempo en el que el vencedor no interponga dicho incidente de liquidación.(18)
49. Además de que tampoco se afecta el derecho a la seguridad jurídica de la parte demandada, sino que, por el contrario, se le protege, pues para satisfacer ese derecho basta establecer con claridad que el plazo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia (tanto en su parte líquida como en su parte ilíquida) empieza cuando la sentencia causa ejecutoria y se ve interrumpido cuando el beneficiario de este derecho realiza cualquiera de los actos ya mencionados para ejecutar la sentencia.
VI. Decisión
50. En razón de lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio siguiente:
PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA. El acceso a la tutela jurisdiccional comprende el derecho a lograr la efectividad de las sentencias, la cual depende de su ejecución. Sin embargo, la completa inacción del interesado para ejercer este derecho, durante el plazo fijado en la ley, se traduce en su pérdida, conforme a la figura de la prescripción. Ahora bien, en una sentencia que condena, por una parte, a una cantidad ilíquida y, por otra, a una cantidad líquida, se debe entender que las dos partes están vinculadas en virtud de que ambas encuentran su origen en la litis que fue materia del juicio principal y participan de una única naturaleza jurídica al derivar de la misma sentencia. Por lo que, si quien tiene a su favor el derecho de ejecutar la sentencia elige iniciar el procedimiento para cobrar la cantidad líquida (por ejemplo, con el remate de los bienes embargados) o bien, el procedimiento para cobrar la cantidad ilíquida (a través del incidente de liquidación), se debe entender que cualquiera de esos actos está encaminado a hacer efectivo el derecho reconocido al actor, mediante sentencia firme, con lo que se demuestra la actividad de éste para hacer efectiva la sentencia y, en consecuencia, cualquiera de esos actos interrumpe la prescripción para pedir su ejecución, sin que dicha figura pueda operar de forma diferenciada para la parte líquida y para la ilíquida, pues la excepción de prescripción se predica sobre el derecho a ejecutar, el cual es uno solo, esto es, comprende ambos conceptos. En ese sentido, el plazo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia (tanto en su parte líquida como en su parte ilíquida) empieza cuando la sentencia causa ejecutoria y se interrumpe cuando el beneficiario de este derecho realiza cualquiera de los actos ya mencionados para lograr su ejecución.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 215, 216 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
RESUELVE:
PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis a que este toca 8/2019 se refiere.
SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto quedaron anotados en el último apartado de la presente ejecutoria.
TERCERO.—D. publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en los términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.
N.; con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese la anterior determinación a los Plenos de Circuito en cita y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los Ministros: L.M.A.M., J.M.P.R., A.G.O.M. y presidente y ponente J.L.G.A.C., en contra del emitido por la Ministra Norma Lucía P.H..



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1. "Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron."
2. Véase la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, publicada en la página ciento veintidós del Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."
3. Tesis PC.III.C. J/15 C (10a.), consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Tomo III, mayo de 2016, página 2220 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas», registro digital: 2011588.
4. Tesis PC.XXVII. J/4 C (10a.), consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Tomo II, agosto de 2018, página 2156 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas», registro digital: 2017699.
5. En lo siguiente, se retoman las consideraciones que se sostuvieron en el amparo en revisión 882/2016, resuelto por esta Primera Sala el tres de mayo de dos mil diecisiete, por mayoría de cuatro votos.
6. Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, registro digital: 172759.
7. Este criterio coincide con la primera etapa en el desarrollo del tema: (I) Caso B.R. y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párrafo 79; y, (II) Caso A.J. y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párrafo 216, Perú, 2006.
8. En una segunda etapa se reiteró el criterio con los alcances descritos: (I) Caso A.B. y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párrafo 72; (II) Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrafo 263; (III) Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. 246, párrafo 209; y, (IV) Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párrafo 229.
9. En lo siguiente, véase el amparo en revisión 307/2013, resuelto por esta Primera Sala en sesión de once de septiembre de dos mil trece, por mayoría de cuatro votos.
10. "Artículo 1135. Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley."
"Artículo 1136. La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa."
En forma similar se establece en el Código Civil del Estado de Jalisco:
"Artículo 1732. Prescripción es un medio de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, por no exigirse su cumplimiento."
11. "Artículo 1079. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial, o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:
"...
"IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos; ..."
12. "Artículo 1040. En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio."
13. En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco el plazo es de diez años y comienza a contarse desde que la sentencia es notificada, como se aprecia en el siguiente artículo:
"Artículo 503. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judicial, durará diez años contados desde el día en que, se notificó la misma."
14. Cfr. O.F., J. (2008), Teoría General del Proceso, Sexta edición, cuarta reimpresión, México: Oxford University Press.
15. "Artículo 1041. La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.
"Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda."
16. En similares términos el Código Civil del Estado de Jalisco prevé:
"Artículo 1746. La prescripción se interrumpe:
"I. Por la presentación de la demanda aunque la misma no hubiere sido notificada o por cualquier género de requerimiento o de interpelación hecha al deudor. ..."
17. Resulta aplicable la tesis 1a. LXX/2008, de rubro y texto: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SELECCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN LEGAL MÁS CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN.—La Suprema Corte, como garante supremo de la eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan las previsiones de la Carta Magna. Dado que las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito emergen de manera típica en ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de varios modos, cuando esta Suprema Corte establece cuál de estas posibilidades debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna duda más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucionales. Al desarrollar su labor, la Suprema Corte debe siempre tener presente el contenido de los imperativos constitucionales. Por ello, el contenido de la Constitución debe tenerse en cuenta no solamente en aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la Corte desemboca en la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la totalidad de tareas que tiene encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis."
Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., noviembre de 2008, página 215, registro digital: 168487.
18. Al respecto, véase la jurisprudencia 1a./J. 111/2006, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. QUIEN OBTIENE SENTENCIA DESFAVORABLE TAMBIÉN PUEDE PROMOVERLO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ, MICHOACÁN Y DEL DISTRITO FEDERAL)."
Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 337, registro digital: 173286.


Esta ejecutoria se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.