Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

JuezJosé de Jesús Gudiño Pelayo,Norma Lucía Piña Hernández,Margarita Beatriz Luna Ramos,Juan Díaz Romero,Juan N. Silva Meza,Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,Genaro Góngora Pimentel,Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,Alberto Pérez Dayán,Javier Laynez Potisek,Luis María Aguilar Morales,Juventino Castro y Castro,Juan Luis González Alcántara Carrancá,Salvador Aguirre Anguiano,Humberto Román Palacios,Eduardo Medina Mora I.,Jorge Mario Pardo Rebolledo,José Fernando Franco González Salas
Fecha de publicación14 Agosto 2020
Número de registro29449
Fecha14 Agosto 2020
LocalizadorGaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, 3293
MateriaDerecho Fiscal
EmisorPrimera Sala

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 151/2019. MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA L.P.H., J.M.P.R., A.G.O.M.Y.J.L.G.A.C.. DISIDENTE Y PONENTE: L.M.A.M.. SECRETARIA: L.H.P..


Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.


VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 151/2019, promovida por el Municipio de Cosautlán de Carvajal, Estado de Veracruz de I. de la L., y


RESULTANDO:


1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.V.V. y R.B.H., en su carácter de presidenta municipal y síndico del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Estado de Veracruz de I. de la L., promovieron controversia constitucional en representación del citado Municipio, contra los siguientes actos:


"d) Actos reclamados:


"1. De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, por el concepto de del (sic) Ramo 33, en lo particular al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


"2. Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al Municipio que represento por concepto de Ramo 33, en lo particular al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


"3. Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el número sexto, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto de Ramo 33, en lo particular al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Que le corresponden al Municipio de Cosautlán de Carvajal, Veracruz de I. de la L., que represento, no obstante que hace meses éstas le fueron transferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de Ramo 33, al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de aportaciones provenientes del fondo del FISMDF que el Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la L. omitió depositar al Municipio de Cosautlán de Carvajal, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016."


2. Tales actos fueron atribuidos al gobernador, a la Secretaría de Finanzas, al director general de Contabilidad Gubernamental, así como al director de Cuenta Pública, ambos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.


3. SEGUNDO.—Antecedentes. En el escrito de demanda, el Municipio actor señaló que:


a) En el decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2015, en su artículo 3 y sus diversas fracciones y anexos, correspondientes a los rubros mencionados, se autorizaron lo recursos en las asignaciones previstas.


b) Desde hace meses el Municipio ha hecho requerimientos y solicitudes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, con el propósito de que pagaran las cantidades correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISMDF, por la cantidad de $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, en las oficinas administrativas nunca se le ha dado una respuesta clara y el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se les informó que el pago de dichos montos estaba retenido debido a que existían indicaciones a esa dependencia para que suspendiera su entrega hasta nueva orden.


c) Desde hace más de dos años se omitió realizar la entrega de los recursos federales que les corresponden al Ayuntamientos que representan, lo cual pone en riesgo el desarrollo social y económico del Municipio.


d) La omisión referida está poniendo en peligro el derecho humano al desarrollo social a que tienen derecho los habitantes de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; asimismo, está impidiendo el normal funcionamiento de la hacienda municipal, con el riesgo de paralizar las obras públicas municipales.


4. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora expone, fundamentalmente, lo siguiente:


a) Las autoridades demandadas, al retener indebidamente los fondos federales correspondientes al concepto del Ramo 33, transgreden el principio de integridad de los recursos municipales, lo que redunda en un perjuicio económico e impacta su autonomía, concretamente en la libertad de administración hacendaria, al afectarse su autosuficiencia económica y la libre disposición de los recursos económicos que le corresponden.


b) De los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Federal; 2o.-A, 6o., y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, 7, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz, se advierte que las participaciones federales que reciban los Municipios están sujetas a un régimen de libre administración y su disposición será acorde a las leyes, lo que, en la especie, no ocurre y agravia al Municipio.


c) No existe, por parte del Municipio, alguna manifestación de voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales llevaran a cabo la retención de tales fondos, esto es, no existe ningún acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio de Cosautlán de Carvajal en el que se comprometan los recursos que se reclaman, por lo que existe violación a los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos.


d) El artículo 115, fracción IV, de la Constitución General contempla el principio de libre administración para establecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos para satisfacer sus necesidades en los términos que fijen las leyes.


e) Existe violación al principio de integridad de los recursos, en virtud de que el Municipio no ha recibido el recurso de forma puntual y efectiva.


f) Cita en apoyo los siguientes criterios: P./J. 5/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", P./J. 9/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA." y P./J. 46/2004, de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."


g) La intervención del Estado de Veracruz y de las autoridades demandadas, respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa, de control y de supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención; de ahí que el Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos correspondientes al Ramo 33.


h) La omisión reclamada, además, violenta los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución General, pues transgrede el sistema de coordinación fiscal y la autonomía municipal.


i) El Municipio tampoco se ubica en las dos excepciones para que se efectúe la retención del fondo, tocante la primera de ellas, a las obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, la segunda, referente a las compensaciones que deban efectuarse a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados del incumplimiento de las metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones.


5. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor expone que se contravienen los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


6. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 151/2019; asimismo, ordenó turnarla al M.L.M.A.M., como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.


7. Posteriormente, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro L.M.A.M., en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional únicamente al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la L., mas no así a la Secretaría de Finanzas, al director general de Contabilidad Gubernamental, ni al director de Cuenta Pública de la mencionada secretaría, todos del Estado de Veracruz de I. de la L., por tratarse de dependencias subordinadas a dicho poder.


8. Además, requirió al poder demandado para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; determinó no tener como tercero interesado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresaran lo que a su representación correspondiera.


9. SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito depositado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correos de México y recibido el once de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, E.P.C.B., en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la L., contestó la demanda, respecto de la cual, manifestó lo siguiente:


• En cuanto a los hechos, por lo que hace a la omisión y retraso en la entrega de los recursos, no los afirma ni los niega, al no ser propios de la actual administración que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.


• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional (definitividad), toda vez que los recursos que reclama el Municipio actor son federales, por lo que, al emanar del sistema de coordinación fiscal y regularse por las leyes de coordinación fiscal, ante alguna omisión de pago, los Municipios tienen la posibilidad de hacer valer los medios de defensa previstos en tales ordenamientos.


• Se actualiza lo dispuesto en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 45 del mismo ordenamiento, toda vez que han cesado los efectos del acto que se impugna, pues corresponde al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y, al haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, resulta inconcuso que el promovente de la controversia pretenda allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos. Además, destaca que, en caso de condenar a la parte demandada, se afectaría el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar, por lo que el titular del Ejecutivo podría incurrir en alguna responsabilidad administrativa, por lo que al momento de dictarse el fallo, en su caso, se fije un plazo razonable para dar cumplimiento a la ejecutoria.


• El Municipio pretende ejercer un derecho de forma extemporánea, ya que el plazo para reclamar lo que pretende, transcurrió de forma excesiva, pues pasaron más de dos años desde el acto hasta la presentación de la demanda.


• El Municipio actor tenía conocimiento de las fechas y calendario de entregas de recursos del ejercicio fiscal 2016, por lo que, al no haberlos recibido pasados cinco días de su recepción por parte del Estado, debió ejercer la acción correspondiente para exigirlos.


• Los conceptos de invalidez del Municipio actor son inatendibles, al actualizarse las causas de improcedencia que hizo valer, sumado a que en caso de que exista algún derecho a favor del Municipio actor, éste únicamente será de aquellas cantidades que efectivamente no le hayan sido entregadas.


10. SÉPTIMO.—Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento.


11. OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, con relación a los alegatos, se indicó que las partes no los habían formulado; por último, se puso el expediente en estado de resolución.


12. NOVENO.—Avocamiento. En atención con la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de presidencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se envió el presente asunto a esta Primera Sala para su resolución, y en acuerdo de diecinueve de noviembre siguiente, ésta realizó el acuerdo de avocamiento correspondiente y se determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia del Ministro L.M.A.M. para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.


CONSIDERANDO:


PRIMERO.—Competencia.


13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.


SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados.


14. Del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos concretos y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor, son:


• La omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; y,


• El pago de intereses que se hubieren generado por la falta de entrega oportuna del citado fondo.


15. En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(1) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."


TERCERO.—Oportunidad.


16. A continuación, se determinará si la controversia fue promovida en tiempo:


17. En virtud de los actos precisados, cabe destacar que respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer– el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio, las cuales fueron reiteradas, al resolverse la controversia constitucional 135/2016:


18. Al resolver la controversia constitucional 3/97,(2) se destacó, que de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que, al referirse dichos numerales, en forma genérica a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.


19. Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99,(3) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES."


20. Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001,(4) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.


21. De esto se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo, entonces, que la demanda pueda presentarse en cualquier momento, mientras que tal omisión persista.


22. La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia P./J. 43/2003,(5) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."


23. Cabe destacar que para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no del solo incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio –acto positivo– que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.


24. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009,(6) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."


25. En consecuencia, sólo si el demandado demuestra que llevó a cabo el acto cuya omisión se le imputa y que tal circunstancia fue del conocimiento del actor antes de la presentación de la demanda de controversia constitucional, entonces, resultará inexistente el acto negativo impugnado y procederá sobreseer en el juicio por ese motivo.


26. De lo anterior puede concluirse válidamente que, en caso de que se solicite el pago de intereses con motivo de una entrega atrasada de participaciones federales, el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional empieza a correr con motivo del conocimiento que tenga el Municipio respectivo de la fecha en que se llevó a cabo dicha entrega.


27. Por ende, la falta pago de intereses, en el caso descrito, no puede estimarse como una mera omisión o acto de naturaleza negativa respecto del cual pueda presentarse en cualquier momento la demanda de controversia constitucional, pues no se trata de una abstención absoluta, puesto que se encuentra íntimamente relacionada con un acto positivo consistente en la entrega de la participación federal, es decir, se trata de un accesorio vinculado con el pago del principal.


28. Apoya las consideraciones precedentes –por identidad de razón– la jurisprudencia P./J. 113/2010,(7) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."


29. Ahora, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia no establece plazo para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión; de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.


30. Lo anterior es acorde con la tesis número P./J. 43/2003,(8) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."


31. En el caso, se impugna la omisión total por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la L., de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor, de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.


32. Conforme a lo expuesto, se estima que no se actualiza el motivo de improcedencia planteado por la parte demandada, respecto de la extemporaneidad de la controversia, toda vez que, de forma preliminar, no se puede advertir la existencia de alguna entrega parcial u otro acto positivo; por tanto, la presentación de la demanda es oportuna.


CUARTO.—Legitimación activa.


33. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:


"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:


"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:


"...


"i). Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."


34. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:


"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:


"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."


"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."


35. De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos; además, que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.


36. En el caso, como se determinó en el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro instructor, la demanda de controversia constitucional se tiene por presentada únicamente respecto del síndico del Municipio de Cosautlán de Carvajal, Estado de Veracruz de I. de la L., R.B.H., quien acreditó su personalidad con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez que lo acredita como síndico propietario, expedida por el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal del organismo público local electoral del Estado,(9) así como de un extracto de la Gaceta Oficial de la entidad de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que fue publicada la "Lista de nombres de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme a las constancias de mayoría relativa y de asignación expedidas por el organismo público electoral del Estado de Veracruz".(10)


37. Por tanto, con base en las documentales que al efecto exhibe y conforme al artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz,(11) se reconoce la representación que ostenta el referido funcionario, para promover en nombre del Municipio actor, ente que tiene legitimación para promover el presente juicio constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Ley Fundamental.


QUINTO.—Legitimación pasiva.


38. A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda:


39. En el auto de admisión de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.


40. Así, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz dio contestación a la demanda por conducto de E.P.C.B., en su carácter de secretario de Gobierno del Estado, personalidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho por el gobernador del Estado de Veracruz de I. de la L..(12)


41. Ahora bien, los artículos 42 y 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de I. de la L.; 8, fracción X, 9, fracción I y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del citado Estado; y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la mencionada entidad, disponen:


Constitución Política del Estado de Veracruz de I. de la L.


"Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: gobernador del Estado."


"Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las dependencias centralizadas y entidades paraestatales que señale la ley, con las atribuciones y organización que ésta determine."


Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la L.


"Artículo 8. El titular del Poder Ejecutivo, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, podrá:


"...


"X. Designar a quien lo represente en las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, y en los demás juicios en que intervenga con cualquier carácter; así como a quien lo represente ante el Congreso del Estado, para efectos de lo previsto en los artículos 35 fracción III y 36, ambos de la Constitución Política del Estado."


"Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la administración pública centralizada, el titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias:


"I. Secretaría de Gobierno."


"Artículo 17. La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política interna de la entidad y tendrá la competencia que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, esta ley y demás legislación aplicable."


Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de I. de la L.


"Artículo 15. El titular de la secretaría tendrá las facultades siguientes:


"...


"XXXII. Representar legalmente al Gobierno del Estado y al gobernador ante cualquier instancia administrativa, legislativa, fiscal o jurisdiccional, de carácter federal, estatal o municipal, e intervenir en toda clase de juicios en que sea parte, incluyendo el juicio de amparo, por sí o por conducto de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos y/o su Dirección General Jurídica prevista en este reglamento; así como presentar denuncias o querellas penales, coadyuvar con el Ministerio Público o la Fiscalía General, contestar y reconvenir demandas, oponer excepciones, comparecer en las audiencias, ofrecer y rendir pruebas, presentar alegatos, nombrar delegados o autorizados en los juicios en que sea parte, recibir documentos y formular otras promociones en juicios civiles, fiscales, administrativos, laborales, penales o de cualquier otra naturaleza, intervenir en actos y procedimientos en general, recusar Jueces o Magistrados, e interponer todo tipo de recursos."


42. De los artículos transcritos se advierte que el titular del Poder Ejecutivo podrá designar a quien lo represente en las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución General; que dicho poder contará con una Secretaría de Gobierno, que contará con las facultades que le confiera la legislación aplicable, entre ellas, representar legalmente al Gobierno del Estado y al gobernador ante cualquier instancia jurisdiccional de carácter federal en los juicios en que sea parte y de cualquier naturaleza.


43. Por tanto, esta Primera Sala estima que E.P.C.B. tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de L. en la presente controversia, el cual tiene legitimación pasiva por ser a quien se le atribuyen los actos impugnados.


SEXTO.—Causas de improcedencia.


44. I. En principio, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz señala que es improcedente la controversia, porque no se surte alguna excepción al principio de definitividad, en virtud que el actor tuvo a su alcance los medios idóneos, ya sea pactados en los convenios de coordinación fiscal y estatal, así como en lo previsto en el artículo 5o. de la Ley de Coordinación Fiscal de la entidad para combatir los actos que le ocasionaban el agravio, por lo que, a su juicio, la controversia es improcedente, en términos del artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria.


45. La causa de improcedencia es infundada, en virtud de que si bien el artículo 19, fracción VI,(13) de la ley reglamentaria establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando no hubiere sido agotada la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto, lo cierto es que dicho supuesto no se actualiza en el caso, toda vez que el Municipio actor no tenía obligación de agotar procedimiento alguno para lograr la transferencia de los recursos a que tiene derecho, en tanto que el principio de definitividad en la controversia constitucional sólo opera cuando en las legislaciones locales se establecen medios de defensa o recursos y siempre que en la demanda no se hubieren planteado violaciones directas e inmediatas a la Constitución General, sino violaciones a las leyes locales que produzcan una transgresión a la Carta Magna a manera de consecuencia.


46. Por ende, si en el presente asunto el Municipio actor adujo la violación directa al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Sala no puede tener por actualizada la causal de improcedencia invocada por la demandada.


47. Sustenta esta conclusión el criterio contenido en la tesis P./J. 136/2001,(14) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."


48. II. Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado aduce que la demanda es extemporánea, porque el Municipio actor conocía del calendario de entrega de las aportaciones federales, al ser dados a conocer en la Gaceta Oficial del Estado; máxime que el plazo para reclamar lo que pretende transcurrió de forma excesiva, pues pasaron más de dos años desde el acto hasta la presentación de la demanda.


49. Este argumento también es infundado, pues como quedó establecido en el capítulo de procedencia, el acto impugnado consiste en la omisión de entrega de las aportaciones federales y, como consecuencia, la omisión de pago de intereses.


50. En estos términos, tratándose de actos omisivos, no tiene aplicación el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la demanda de controversia constitucional debe presentarse dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, sino que, por tratarse de omisiones, generan una situación permanente hasta en tanto no se satisfaga la obligación legal.


51. III. En diverso aspecto, en cuanto al argumento tocante a que los actos impugnados no son propios de la actual administración, ya que ésta inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho (con posterioridad a las omisiones demandadas), debe señalarse que tal aseveración no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al Poder Ejecutivo de forma abstracta y no a su actual titular, como persona física.


52. Consecuentemente, con independencia de quién represente en determinado momento al Ejecutivo Estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, por tanto, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo del Estado, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.


53. IV. Por otra parte, por lo que hace a la cesación de efectos planteada por el poder demandado, si bien es cierto que este caso versa sobre las aportaciones federales que se destinaron para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, tal circunstancia no implica que la controversia quede sin materia por cesación de efectos, pues la pretensión final del promovente es que se le paguen los recursos que, a su juicio, le fueron reducidos indebidamente. En este sentido, la controversia constitucional es un medio apto para tutelar los derechos del Municipio, a pesar de haber concluido el ejercicio fiscal.


54. No se desconoce que en diversos precedentes –que no son aplicables a este caso–, como en la controversia constitucional 6/2015,(15) la Segunda Sala decretó el sobreseimiento de una controversia promovida en contra del presupuesto de egresos del Estado de Veracruz en el que se acusó una incorrecta aplicación de la fórmula para determinar los montos de las participaciones federales del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), en virtud de que este tipo de instrumentos se encuentra sujeto al principio de anualidad, por lo que, transcurrido el periodo de su vigencia, necesariamente deja de existir.


55. Sin embargo, a diferencia de ese supuesto, en el que se impugnaba el presupuesto de egresos y la ley de ingresos –las cuales sí son normas de vigencia anual–, en la presente controversia se cuestiona un acto del Ejecutivo que, se estima, no se rige por el principio de anualidad.


56. Además, en este caso, los recursos ya se encontraban en poder del Estado, pues le fueron entregados por la Federación para que, a su vez, los transfiriera al Municipio en las fechas calendarizadas, por lo que se considera que, de resultar fundada la controversia, sí sería posible restituir al promovente en sus derechos presupuestarios, mediante el dictado de una resolución de condena.


57. En adición a lo anterior, el Tribunal Pleno ha sostenido, al resolver la controversia constitucional 5/2004 –y si bien se centró en analizar la entrega tardía de recursos, resulta aplicable a este caso–, que "las normas o actos reclamados pueden tener efectos materiales que incidan en el entorno material o el patrimonio de todas o algunas de las partes en litigio y entonces la cesación de efectos no se produce hasta que dicho entorno material y patrimonial vuelve al estado en que se encontraba antes del acto que los afectó o cuando se haya reparado el daño que hubieran sufrido".


58. Ahora bien, el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia,(16) por regla general, establece que la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal. No obstante, esta Suprema Corte ha sostenido que esa regla admite excepciones, por ejemplo, ha permitido que la declaración de invalidez sea efectiva a partir de la presentación de la demanda, cuando exista una suspensión de los actos reclamados.(17)


59. Bajo este orden de ideas, la línea jurisprudencial de este Alto Tribunal ha optado, para proteger la autonomía de los Municipios, por maximizar el acceso a la justicia y evitar cerrar las puertas de la controversia constitucional por el transcurso del tiempo, cuando se ha preservado la materia del juicio y la controversia permite reparar la afectación.


60. En este sentido, esta Suprema Corte ha ordenado al Estado, en los casos que proceda, el pago de los recursos que fueron indebidamente retenidos y, además, de los intereses y accesorios a que haya lugar.


61. Por tanto, se considera que la pretensión del Municipio actor, de resultar fundada, puede ser reparada mediante la controversia constitucional, aun cuando el ejercicio fiscal haya terminado.


62. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes adicional a los ya analizados ni advertido de oficio por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procede a estudiar el fondo del asunto.


SÉPTIMO.—Estudio de fondo.


63. Ahora bien, para analizar la cuestión planteada, se retoman precedentes que han resuelto, tanto el Tribunal Pleno, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en materia de hacienda municipal.(18)


64. Se ha sostenido que la fracción IV del artículo 115 constitucional establece un conjunto de previsiones con el objeto de regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. Se prevén diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo que resulta congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve–, de fortalecer la autonomía municipal a nivel constitucional.


65. El cumplimiento de los contenidos de dicha fracción del artículo 115 constitucional garantiza el respeto a la autonomía municipal. Lo anterior se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010(19) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."


66. En particular, para lo que a este caso interesa, se ha señalado lo siguiente:


a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.


b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, que es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades. Lo anterior, de conformidad con las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.


c) Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente para una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no para la totalidad.(20)


d) Tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria.


e) Las aportaciones federales son recursos preetiquetados por los diversos fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Esto no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una preetiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de su utilización, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(21)


f) Esto último se ha entendido como el principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal.(22)


g) Derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios,(23) que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos; de manera que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.


h) El artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución General establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; de ahí que quien incurre en mora debitoria está obligado a pagar intereses.(24)


67. La Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 6o., en relación con las participaciones federales, establece lo siguiente:(25)


a) La Federación deberá entregar las participaciones que correspondan a los Municipios por conducto de los Estados.


b) Dicha entrega deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba.


c) El retraso en las entregas de tales participaciones dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.


d) En caso de incumplimiento de los Estados, la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto correspondiente, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.


e) Las participaciones deben cubrirse en efectivo, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de la propia Ley de Coordinación Fiscal.


f) Las entidades federativas, a más tardar el quince de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como en su página oficial de Internet, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.(26)


g) El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en el inciso anterior será sancionado en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.(27)


68. Precisados los alcances de los principios de autonomía municipal y libertad hacendaria, conviene referir que a las participaciones y aportaciones federales las rigen los principios de inmediatez y agilidad.


69. La Ley de Coordinación Fiscal establece expresamente que los recursos federales participables se entregarán a los Municipios de manera ágil e incondicionada.


70. El artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones federales deberán ser entregadas a los Municipios en efectivo, sin condicionamiento alguno. Asimismo, que la Federación entregará los recursos a estos últimos, por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba. En caso de retraso, se genera la obligación del pago de intereses, cuya tasa de cálculo tendrá como base la que haya establecido el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.


71. Asimismo, prevé que, en caso de incumplimiento, la Federación hará la entrega directa a los Municipios, descontando la participación del monto que corresponda al Estado.


72. Por otro lado, el artículo 32 de la normativa en cita dispone que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se enterará mensualmente a los Municipios, por conducto de las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones o restricciones –incluso de carácter administrativo– que las previstas en el artículo 33 de dicha legislación.(28)


73. De lo anterior se observa que la Ley de Coordinación Fiscal establece una regla general de inmediatez que rige el entero de los recursos federales participables a los Municipios, en el sentido de que, si bien deben ser entregados por conducto de los Gobiernos Estatales, no pueden estar sujetos a condicionamiento alguno.


74. No pasa inadvertido que, en torno al fondo de que se trata, no se establece una regla expresa en cuanto a la rapidez en la entrega de los recursos; sin embargo, esta Primera Sala considera que dicho principio irradia a la totalidad de aportaciones federales, tomando en cuenta que estos recursos están destinados a las necesidades básicas y urgentes de los Municipios.


75. De esta manera, resulta que tanto las participaciones como las aportaciones federales que corresponden a los Municipios, en términos del Sistema de Coordinación Fiscal, deben ser entregadas de manera inmediata a través de las entidades federativas.(29)


76. Aunado a ello, debe señalarse(30) que cuando la demandada ofrezca elementos de convicción destinados a demostrar que sí realizó el acto cuya omisión se le imputa, entonces, se revierte la carga probatoria y será la actora quien deberá desvirtuar tales pruebas.(31)


77. Asimismo, al contestar la demanda, la parte demandada, para acreditar que no existen las omisiones que se le imputan, puede dar a conocer al actor aspectos novedosos, por lo que, a partir de tal conocimiento, el actor podrá ampliar su demanda, en términos de lo previsto por el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia, con el fin de desvirtuar los elementos de convicción exhibidos y/o hacer valer lo que a su interés convenga. De ahí que si bien corresponde a la demandada acreditar que no existen las omisiones impugnadas, cuando se ofrecen elementos de convicción para demostrar que sí se cumplió con la obligación respectiva, entonces, se revierte la carga probatoria y será la actora quien deberá desvirtuar tales pruebas, así como hacer valer lo que a su derecho convenga con respecto a ellas, lo cual podrá llevar a cabo, precisamente, a través de la ampliación de demanda, al constituir el momento oportuno para ello y, de no hacerlo así, incumplirá con la referida carga procesal.


78. Cabe señalar que, aun cuando las participaciones como las aportaciones conforman una parte del gasto federalizado, existe diferencia entre ambos conceptos.


79. Las aportaciones federales para entidades federativas y Municipios o Ramo 33, es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los Estados y Municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de:


• Educación


• Salud


• Infraestructura básica


• Fortalecimiento financiero y seguridad pública


• Programas alimenticios y de asistencia social


• Infraestructura educativa


80. Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben atender las necesidades de su población, buscando, además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman.(32)


81. Los recursos cuentan con etiquetas de gasto establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.


82. Estas aportaciones federales se distribuyen a los Estados en los siguientes fondos con base a lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25 a 51.


• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal


• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud


• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social


• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal


• Fondo de Aportaciones Múltiples


• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos


• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal


• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.


83. En el presente caso se demanda la omisión en el pago del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).


84. El Ramo 33 pertenece al gasto programable, por lo que su asignación debe cumplirse independientemente de la evolución de la recaudación o de cualquier otra variable.


85. En atención a lo anteriormente señalado, esta Primera Sala estima que la presente controversia constitucional es fundada, por las razones que a continuación se exponen:


86. De acuerdo con lo precisado en los considerandos relativos a la precisión de la litis y a la oportunidad, lo que debe resolverse en esta controversia constitucional es si se ha incurrido en la omisión en la entrega de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor por el Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis y sus intereses.


87. De las constancias que obran en autos se advierte que la tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, mediante oficio TES-VER/2229/2019, de veintinueve de abril de dos mil diecinueve,(33) respondió la solicitud de información hecha por la Secretaría de Gobierno de la entidad en el oficio SG-DGJ/2157/04/2019, exponiendo lo siguiente:


"En referencia a los recursos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se detallan a continuación las ministraciones efectuadas al Municipio:


Ver ministraciones

"De lo anterior, se advierte en el SIAFEV registros pendientes de pago correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre 2016, que a continuación se detallan:


Ver registros pendientes de pago

88. De la transcripción que antecede, se puede advertir que la tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz admite expresamente que está pendiente de pago la cantidad de $4'013,687.40 (cuatro millones trece mil seiscientos ochenta y siete 40/100 M.N.), por los meses de agosto, septiembre y octubre.


89. Sin embargo, del "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2016", publicado en la Gaceta Oficial del Estado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se advierte que al Municipio actor le correspondería por el fondo referido, la cantidad de $17'424,866.00 (diecisiete millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).


90. Y que el monto indicado, de conformidad con el calendario de fechas de pago publicado en el mencionado acuerdo, debía cubrirse en diez meses, de enero a octubre, que serían enterados de los meses de febrero a noviembre de dos mil dieciséis, como se aprecia a continuación:


Ver calendario de fechas de pago 2016 del FISMDF

91. De modo que, al no haber demostrado pago alguno de esos meses, esta Primera Sala puede comprobar que, efectivamente, se actualiza una omisión en ministrar al Municipio actor los multicitados fondos federales relativos a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.


92. Lo anterior lleva a afirmar que la actuación de la autoridad demandada –Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la L.– generó una inobservancia al principio de integridad de los recursos municipales, porque tal como se acredita de autos, los fondos federales reclamados no han sido entregados al Municipio actor, lo que genera una violación a su autonomía.


93. Por tanto, se condena a la autoridad demandada a que entregue los recursos que correspondan a los meses de agosto, septiembre y octubre, relativos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por un monto de $4'013,687.40 (cuatro millones trece mil seiscientos ochenta y siete 40/100 M.N.), por concepto de suerte principal, una vez que se realicen las aportaciones correspondiente a esos meses, al Fideicomiso FAIS (F977), por la cantidad de 1'213,773.6,(34) debiendo entregar al Municipio la constancia relativa.


94. Y, además de la cantidad pendiente de pago a la que se hizo referencia con anterioridad, el Ejecutivo Local demandado deberá pagar intereses por el periodo que comprende del día siguiente al de la "fecha límite de radicación a los Municipios", hasta la data en que se realice la entrega de tales recursos.


95. Esto es acorde con la jurisprudencia P./J. 46/2004,(35) de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.", en la que el Tribunal Pleno determinó que, conforme al principio de integridad de los recursos económicos municipales, la entrega extemporánea de recursos genera el pago de intereses.


96. Similares consideraciones fueron sostenidas por el Tribunal Pleno, al resolver, en sesión de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, la controversia constitucional 135/2016;(36) así como por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 184/2016,(37) 162/2016,(38) 245/2016,(39) 235/2016,(40) 192/2016,(41) y 118/2016(42)


OCTAVO.—Efectos


97. De conformidad con lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(43) esta Primera Sala determina que los efectos de la presente sentencia son los siguientes:


98. El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la L., en un plazo no mayor a noventa días contados a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado este fallo, deberá realizar el pago a favor del Municipio actor, por los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por concepto de Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la cantidad de $5'227,459.80 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve 80/100 M.N.), así como los correspondientes intereses que se hubieren generado, los que deberán contabilizarse aplicando la tasa de recargos establecida por el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.


99. Los intereses de referencia deberán calcularse a partir del día siguiente al de la "fecha límite de radicación a los Municipios", hasta el día en que sean efectivamente pagados.


100. Por lo expuesto y fundado, se


RESUELVE:


PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.


SEGUNDO.—Se declara la invalidez de los actos impugnados.


TERCERO.—El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de I. de la L. deberá actuar en términos del último considerando de esta ejecutoria.


N., haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.


Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de la Ministra Norma Lucía P.H. y los Ministros J.M.P.R., A.G.O.M. y presidente J.L.G.A.C. (presidente). En contra el M.L.M.A.M..








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1. De texto: "El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1536, «con número de registro digital: 166985».


2. En sesión de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de nueve votos de los Ministros A.A., C. y C., D.R., G.P., O.M., R.P., S.C., S.M. y G.P..


3. De texto: "De la lectura de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 21 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional, se advierte que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y en el artículo 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos dispositivos en forma genérica a ‘actos’, debe entenderse que éstos pueden ser positivos, negativos y omisiones.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 568, «con número de registro digital: 193445».


4. Resuelta en sesión del Tribunal Pleno de veintidós de abril de dos mil tres, por unanimidad de diez votos.


5. De texto: "El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., agosto de 2003, página 1296, «con número de registro digital: 183581».


6. De texto: "El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.’, sostuvo que cuando en una controversia constitucional se reclamen omisiones, el plazo para promover la demanda es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada. Sin embargo, para que dicha norma de excepción creada por la jurisprudencia cobre aplicación, es menester que precisamente esa inactividad sea el motivo de la impugnación, de tal forma que la pretensión del actor sea que se llene un vacío legal o se materialice una obligación derivada de la ley, de manera que la sentencia que en su momento se dicte declare que la omisión de la demandada es contraria a las normas jurídicas aplicables, ante la evidencia de que no actuó como debía hacerlo; en la inteligencia de que no basta el incumplimiento de una norma general para que se actualice una omisión impugnable en esos términos, pues para ello es necesario que con ese proceder se produzca un vacío legal o bien la falta absoluta de actuación de la autoridad, ya que de otra forma cualquier infracción a la ley implicaría la omisión y, por tanto, dejar de hacer debidamente lo ordenado bastaría para que el actor pudiera reclamarla sin sujetarse a un plazo, lo cual no puede ser aceptable, por lo que en este supuesto deben regir las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1502, «con número de registro digital: 166988».


7. De texto: "Si bien es cierto que como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 43/2003, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.’, cuando se trate de omisiones, la oportunidad para impugnarlas a través de la controversia constitucional se actualiza día a día, mientras aquéllas subsistan, también lo es que tal criterio no es aplicable cuando se impugnan las consecuencias directas de un acto positivo que no se controvirtió oportunamente, como es la falta de remisión al Congreso del Estado de Jalisco del dictamen técnico y del expediente de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia local tres meses antes de que concluyera su nombramiento para determinar lo relativo a su ratificación, a la que por ser una consecuencia necesaria del acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el que determinó que el indicado juzgador es inamovible por haber sido ratificado con anterioridad, no se le puede atribuir el carácter de omisión para los efectos de la controversia, por lo que el plazo para controvertir la aludida falta de remisión es el mismo que rige para la impugnación del acuerdo del que deriva, sin que sea válido sujetarlo a la regla prevista en la jurisprudencia mencionada.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2716, «con número de registro digital: 163194».


8. De texto: "El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., agosto de 2003, página 1296, «con número de registro digital: 183581».


9. Foja 44 del cuaderno principal.


10. Foja 46 del cuaderno principal.


11. "Artículo 37. Son atribuciones del síndico: ...

"II. Representar legalmente al Ayuntamiento."


12. Foja 183 del expediente en que se actúa.


13. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."


14. De texto: "El artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, principio de definitividad que tratándose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales sólo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constitución Federal, sino violaciones a la legislación local que, como consecuencia, produzcan la transgresión a normas de la Carta Magna, pues el órgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneración a disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretación de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., enero de 2002, página 917, «con número de registro digital: 188010».


15. Controversia constitucional 6/2015, fallada el 9 de marzo de 2016, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Medina Mora Icaza, L.P., F.G.S., L.R. y P.D..


16. "Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."


17 "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ EXCEPCIONALMENTE PUEDE SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA". Registro 175116. [J]; Novena Época; Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.X., mayo de 2006, página 1377, P./J. 71/2006.


18. Como precedentes se pueden citar la controversia constitucional 14/2004, resuelta por unanimidad de once votos en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil cuatro y la contradicción de tesis 45/2004-PL, fallada por unanimidad de once votos, en sesión de dieciocho de enero de dos mil cinco, los cuales han sido reiterados en diversos casos.


19. De texto: "El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los Estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los Estados y Municipios económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del Ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria –como las aportaciones federales–, deben ejercerse en forma directa por los Ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el derecho de los Municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los Municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los Ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Estatales; y, g) la facultad de las Legislaturas Estatales para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXXII. noviembre de 2010, página 1213, «con número de registro digital: 163468».


20. Sobre este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia, entre las cuales se encuentran, las tesis P./J. 5/2000 y 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", C. en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, páginas 515 y 514, «con números de registro digital: 192331 y 192330», respectivamente.


21. Este criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 514, «con número de registro digital: 192327».


22. Este principio de ejercicio directo de los recursos que integran la hacienda municipal, previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, se desarrolló por el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 12/2004, en sesión de 23 de noviembre de 2004. Del asunto anterior derivó la jurisprudencia P./J. 12/2005, cuyos rubro y texto son los siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONTENIDO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—La citada disposición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, al otorgar a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable la facultad de aprobar la determinación del monto y el rubro al cual se aplicarán las aportaciones federales provenientes del ramo 33 –Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en lo relativo al fondo de aportaciones para la infraestructura productiva rural–, contraviene el principio de ejercicio directo que, con apego a las normas aplicables, tienen los ayuntamientos sobre los recursos que integran la hacienda pública municipal, de acuerdo con el último párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". «Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo 2005, página 814, con número de registro digital: 179065».


23. Al resolver la controversia constitucional 5/2004 del Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, este Alto Tribunal determinó que la Constitución no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades constitucionales, por lo que, una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de sus recursos.


24. Al respecto, también se ha sostenido que no obstante que dicho precepto sólo se refiere a las participaciones federales, la obligación de pago de intereses derivada del mismo, resulta igualmente aplicable a las aportaciones federales, atendiendo a que estos recursos también integran la hacienda municipal, por lo que el citado orden de gobierno tiene derecho a contar con ellos en tiempo a fin de poder llevar a cabo, de manera inmediata, los programas para los que fueron destinados.


25. "Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

"La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

"Los Municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.

"Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los gobiernos de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este artículo será sancionado en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos."


26. Este párrafo fue reformado el 9 de diciembre de 2013 y se alude a su redacción vigente.


27. De igual manera, este párrafo se reformó el 9 de diciembre de 2013.


28. En síntesis, el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé las reglas de etiquetado de los recursos atinentes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Administrativamente, dispone que los Municipios y demarcaciones del Distrito Federal deberán hacer del conocimiento de sus habitantes los montos recibidos, promover la participación de las comunidades beneficiadas, informar a los habitantes sobre el avance del ejercicio de los recursos, proporcionar información a la Secretaría de Desarrollo Social, procurar que las obras realizadas sean compatibles con la preservación del medio ambiente y publicar en su página oficial las obras financiadas con los recursos del fondo.


29. Lo que es coincidente con el criterio sostenido por esta Primera Sala en la tesis 1a. CCXXII/2013 (10a.), de rubro: "APORTACIONES FEDERALES. SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DA LUGAR AL PAGO DE INTERESES.". «Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, julio de 2013, Tomo 1, página 620, con número de registro digital: 2003921».


30. Conforme a los resuelto por el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 135/2016.


31. Ver la jurisprudencia P./J. 81/99, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA.—Si bien es cierto que tratándose de omisiones corresponde a la autoridad demandada probar su inexistencia, también lo es que si ésta acredita esa circunstancia, traslada la carga de la prueba a la actora, quien debe desvirtuar las pruebas ofrecidas por aquélla para demostrar que no incurrió en la omisión que se le atribuyó.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 567, «con número de registro digital: 193446».


32. Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.


33. Este oficio y sus anexos se encuentran agregados en las fojas 184 a 193 del expediente de controversia constitucional.


34. Así, si la cantidad total es de $17'424,866.00 (diecisiete millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), dividida en diez mensualidades, cada una corresponde a $1'742,486.60 (un millón setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis 60/100, M.N.), esta cantidad multiplicada por tres meses que se adeudan, resulta en un total, como suerte principal de $5'227,459.80 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve 80/100 M.N.), sin embargo, conforme a las constancias allegadas por la propia parte actora (fojas 67 a 72 del cuaderno en que se actúa), se informó al Municipio que a cada aportación mensual, se realizaría una deducción de $404,591.20 (cuatrocientos cuatro mil, quinientos noventa y un pesos 20/100 M.N.), por concepto del Fideicomiso FAIS (F977).


35. De texto: "La reforma de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución Federal consolidó la autonomía del Municipio, configurándolo como un tercer nivel de gobierno con un régimen competencial propio y exclusivo. La Constitución, sin embargo, no le atribuye potestad legislativa en materia impositiva, como vía para proveerle de los recursos necesarios para hacer frente a dichas competencias y responsabilidades. Así, la fracción IV del mencionado artículo prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que habrán de integrarla; su segundo párrafo establece garantías para que la Federación y los Estados no limiten, mediante exenciones o subsidios, el flujo de recursos que deben quedar integrados a la hacienda municipal; finalmente, el último párrafo de la citada fracción subraya que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos. De la interpretación sistemática de la fracción IV, en el contexto general del artículo 115 –que pone a cargo exclusivo de los Ayuntamientos la prestación de un número importante de funciones y servicios públicos–, puede concluirse que nuestra Constitución ha consagrado implícitamente el principio de integridad de los recursos económicos municipales. La Constitución, en otras palabras, no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades constitucionales. Por ello, una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de sus recursos. Si la Federación y los Estados, una vez que han acordado la transferencia de ciertos recursos a los Municipios, incumplen o retardan tal compromiso los privan de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales y violan el artículo 115 de la Constitución Federal; por tanto, la entrega extemporánea de dichos recursos genera los intereses correspondientes.". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., junio de 2004, página 883, «con número de registro digital: 181288».


36. "En cuanto al fondo, se aprobó por mayoría de seis votos, respecto del considerando octavo, relativo al estudio de fondo, en su inciso a), denominado ‘Omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis’, en su parte primera, consistente en determinar, por un lado, que respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal está pendiente de pago la cantidad de $436,081.00 (cuatrocientos treinta y seis mil ochenta y un pesos) por el mes de agosto de dos mil dieciséis y, por otro lado, determinar que, además del monto pendiente de pago al que se hizo referencia, el Ejecutivo local demandado debe pagar intereses, por el período que comprende desde el día siguiente al de la fecha límite de radicación a los Municipios, hasta la fecha en que se realice la entrega de tales recursos.

"Se aprobó por unanimidad de once votos, respecto del considerando octavo, relativo al estudio de fondo, en su inciso a), denominado ‘Omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis’, en su parte segunda, consistente en determinar, por un lado, que respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal está pendiente de pago la cantidad de $436,082.00 (cuatrocientos treinta y seis mil ochenta y dos pesos) por el mes de septiembre de dos mil dieciséis y, por otro lado, determinar que, además del monto pendiente de pago al que se hizo referencia, el Ejecutivo Local demandado debe pagar intereses, por el periodo que comprende desde el día siguiente al de la fecha límite de radicación a los Municipios, hasta la fecha en que se realice la entrega de tales recursos.

"Se aprobó por unanimidad de once votos, respecto del considerando octavo, relativo al estudio de fondo, en su inciso b), denominado ‘Omisión de pago de las aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al mes de septiembre de dos mil dieciséis’, consistente en determinar que, respecto del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por el mes de septiembre de dos mil dieciséis, el pago se realizó de forma extemporánea y, por tanto, el Ejecutivo Local demandado debe pagar intereses, por el período que comprende desde el día siguiente al de la fecha límite de radicación a los Municipios, hasta la fecha en que se realizó la entrega de tales recursos. La Ministra L.R. anunció voto concurrente."


37. Resuelta en sesión de 11 de abril de 2018, por unanimidad de votos.


38. Resuelta en sesión de 11 de abril de 2018, por unanimidad de votos.


39. Resuelta en sesión de 2 de mayo de 2018, por unanimidad de votos.


40. Resuelta en sesión de 20 de junio de 2018, por unanimidad de votos.


41. Resuelta en sesión de 4 de julio de 2018, por unanimidad de votos.


42. Resuelta en sesión de 15 de agosto de 2018, por unanimidad de votos.


43. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener: ...

"IV. Los alcances y los efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos encargados de cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las acciones que se señalen.

"VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación."

Esta ejecutoria se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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