Ejecutoria num. P./J. 6/2002 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26826560

Ejecutoria num. P./J. 6/2002 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 6/2002
Localizacion:MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2002
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2001 Y SU ACUMULADA 31/2001. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS BREVES PREVISTOS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RIGEN EN AQUELLOS ASUNTOS QUE DEBAN RESOLVERSE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS ANTERIORES AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE LAS NORMAS IMPUGNADAS.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, SON DE NATURALEZA ELECTORAL, POR LO QUE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNARLOS POR ESA VÍA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO).INDEPENDENCIA JUDICIAL. LOS ARTÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCIÓN Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, TRANSGREDEN AQUELLA GARANTÍA, EN CUANTO PREVÉN UN SISTEMA QUE NO ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE REELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE ESA ENTIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO).TRIBUNALES ELECTORALES DE LOS ESTADOS. SI ÉSTOS FORMAN PARTE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DEBE DETERMINARSE EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL LA POSIBILIDAD DE LA RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN.TRIBUNALES ELECTORALES DE LOS ESTADOS. SI SON PARTE DEL PODER JUDICIAL, RIGEN PARA ELLOS LAS REGLAS ESPECÍFICAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2001 Y SU ACUMULADA 31/2001. PARTIDO DE LA R.D. Y CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, PARTIDO POL�TICO NACIONAL.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA G�ITR�N.
SECRETARIA: MAR�A ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veintiocho de enero de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil uno en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, A.G.�a M., en su car�cter de presidenta del P.do de la Revoluci�n D.�tica, promovi� acci�n de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las normas generales que a continuaci�n se indican:
"II. El �rgano legislativo emisor de la norma impugnada. El Poder Legislativo del Estado de J., a trav�s de su honorable Congreso, actuando, entre otros dispositivos normativos, con fundamento en los art�culos 16 y 35 de la C.�n Pol�tica del Estado de J.. III. El �rgano u �rganos que ordenaron la promulgaci�n de la norma impugnada. El Gobernador C.onal del Estado de J., con fundamento en lo mandado por el art�culo 50 de la citada C.�n L.; y el secretario general de Gobierno, al haber ejercido, este �ltimo, la atribuci�n de refrendo en relaci�n con los art�culos cuya invalidez se reclaman. IV. La norma o normas generales cuya invalidez se reclama. A) El adicionado p�rrafo segundo del art�culo 78, el art�culo cuarto transitorio y el primer p�rrafo del propio art�culo 78, todos de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., y que son producto de la reforma publicada el diecisiete de julio de dos mil uno, en virtud de que se niega, en forma expresa, el derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de dicho Estado, a reelegirse despu�s de que hubiese concluido el primer periodo de tiempo para el que hubiesen sido electos, y en raz�n de que se suprimi� la parte del citado primer p�rrafo, en que se establec�a tal derecho de reelecci�n, y que hasta antes de la reforma, era acorde con la Ley Fundamental de nuestro pa�s; y B) Los p�rrafos quinto y sexto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., vigente en la actualidad, como consecuencia de la reforma de dieciocho de julio del actual a�o, toda vez que son producto de la reforma al p�rrafo cuarto del propio art�culo 69, vigente hasta antes del dieciocho de julio del actual a�o, ya que en el fondo, dichos p�rrafos quinto y sexto, por supresi�n, entra�an u ocultan la parte que en el citado p�rrafo cuarto resultaba acorde con la C.�n Federal, en la materia del derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del mencionado Estado de J., a ser reelectos en el cargo para el periodo inmediato, despu�s de haber concluido el primero de dichos periodos. Todo lo anterior, con el fin �ltimo de que despu�s de la invalidez que se decrete, queden tambi�n sin efecto los actos emitidos como consecuencia de la aplicaci�n de dichas normas, por el Poder Legislativo del Estado de J., emisor de las normas cuestionadas, y por estar, normas y actos, rec�procamente vinculados y provenir del �rgano emisor de las normas no conformes con la C.�n Federal."
SEGUNDO. La parte promovente se�al� como preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos infringidos el 17, p�rrafos segundo y tercero, 116, p�rrafo segundo, fracciones III, p�rrafos segundo, cuarto y quinto; y IV, inciso c), con base en los siguientes conceptos de invalidez:
"VII. Conceptos de invalidez: Por raz�n de m�todo, en un primer apartado, y en lo fundamental, se formular�n conceptos de invalidez en relaci�n al p�rrafo segundo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., toda vez que se est� en presencia de una adici�n y disposici�n expresa, que en su literalidad no es conforme con la Carta Magna; y se expondr�n los conceptos de invalidez relacionados con el primer p�rrafo del art�culo 78 mencionado, y en lo concerniente a los p�rrafos quinto y sexto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., y que antes de la reforma era el p�rrafo cuarto del propio art�culo 69, y en un segundo apartado, se expondr�n otros conceptos de invalidez que resultan pertinentes para la procedencia de esta acci�n de inconstitucionalidad. Primer apartado: 1. Para los efectos de esta acci�n de inconstitucionalidad, debe tenerse en cuenta lo siguiente: a) el segundo p�rrafo del art�culo 17 de la C.�n Federal, establece como una garant�a de toda persona, el derecho a que se le administre justicia por tribunales cuyas resoluciones se emitan en forma imparcial; b) el tercer p�rrafo del propio art�culo 17, estatuye como una garant�a, el de que las leyes locales o de los Estados miembros de la Federaci�n mexicana, deber�n establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales que deber�n impartir justicia a toda persona; c) el segundo p�rrafo de la fracci�n III, del p�rrafo segundo del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la independencia, en el ejercicio de sus funciones, de los M. de los tribunales de justicia del Poder Judicial de los Estados, deber� estar garantizada en las C.ones L.es y leyes org�nicas de los propios Estados; d) el propio segundo p�rrafo de esta misma fracci�n III, manda que las C.ones L.es y las respectivas leyes org�nicas, establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados (M.); e) el p�rrafo cuarto de la fracci�n III del citado art�culo 116, ordena que los nombramientos de los M. integrantes de los Poderes Judiciales de los Estados, ser�n hechos, preferentemente, entre aquellas personas que hubieren prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia; f) el p�rrafo quinto de la propia fracci�n III y citado art�culo 116 constitucional, establece que los M. que integren los tribunales de justicia de los Estados, durar�n en el cargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es y que podr�n ser reelectos, y que si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones L.es y las leyes de responsabilidad de los servidores p�blicos de las propias entidades federativas; y g) el inciso c) de la fracci�n IV del multirreferido art�culo 116 constitucional, ordena que las autoridades, en las entidades federativas que tengan a su cargo la funci�n jurisdiccional relativa a la soluci�n de las controversias en materia electoral, gozar�n de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. De lo anterior se obtiene las siguientes conclusiones: En relaci�n a los tribunales de justicia de los Estados: a) el art�culo 17, p�rrafos segundo y tercero, de la C.�n Federal, como garant�a de toda persona, establece que los tribunales que administren justicia deber�n ser imparciales, al disponer que las resoluciones de los mismos deber�n caracterizarse por la imparcialidad; b) las leyes de los Estados garantizar�n que los tribunales que administren justicia ser�n independientes; y c) que las autoridades jurisdiccionales (tribunales) que resuelvan las controversias en materia electoral, deber�n gozar de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Respecto de los M. de los tribunales de justicia de los Estados, los citados art�culos disponen: a) que los M. integrantes de los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados, en las C.ones y leyes org�nicas correspondientes, deber�n tener garantizado el contar con independencia en el ejercicio de sus funciones; b) que las C.ones L.es y las leyes org�nicas respectivas, en relaci�n con los M. de los tribunales de los correspondientes Poderes Judiciales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de los citados M.; c) que los nombramientos de los M. de los Poderes Judiciales de los Estados, preferentemente, ser�n hechos entre aquellas personas que hubieren prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia; y d) que los M. de los tribunales de justicia de los Estados, durar�n en su cargo un periodo de tiempo que se�alar�n las C.ones L.es y que podr�n ser reelectos, y que si lo fueren, solamente podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y leyes de responsabilidad de los servidores p�blicos de dichos Estados. Ahora bien, no obstante que el honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en forma amplia y reiterada, en diversas tesis de jurisprudencia, ha expuesto diversos razonamientos en cuanto a la independencia, autonom�a e imparcialidad de los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados; y en cuanto a la independencia, ingreso, nombramiento, formaci�n, permanencia y reelecci�n de los M. de los tribunales de justicia en cita, cabe decir que el Gran Diccionario de la Lengua Espa�ola editado por Larousse Editorial, Barcelona, Espa�a, en su primera edici�n de 1998, entre otros conceptos dice: ?En relaci�n a la independencia: independencia 1: Falta de dependencia; independencia 2: S.�n del estado o el individuo que goza de libertad y autonom�a ...?. Por lo que ve a la autonom�a: ?autonom�a 1: Independencia, condici�n de una entidad o una persona que no depende de otra ...?. Respecto a la imparcialidad: ?imparcialidad: Falta de inclinaci�n a favor o en contra de personas o cosas.?. En cuanto a imparcial: ?imparcial 2: Que no pertenece a ning�n partido o parcialidad ...?. En relaci�n a reelegir: ?reelegir: Volver a elegir a una persona o una cosa ...?. Cabe tener en cuenta que lo que es aplicable a los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados, tambi�n, por inclusi�n, debe ser propio de los M. que los integren; y en el mismo sentido, lo que deba caracterizar a los M. de los tribunales de justicia de los cuales formen parte. Es decir, no podr� haber tribunales de justicia independientes, aut�nomos e imparciales, si no existe la posibilidad cierta de que sus M. tambi�n tengan dichos atributos, y en el mismo sentido, los tribunales de justicia son independientes, aut�nomos e imparciales, si sus M. tambi�n lo son. Dicho de otra manera, ser�a un contrasentido y contrario a toda l�gica, que pudi�semos sostener que hay tribunales independientes, aut�nomos e imparciales, con M. carentes de independencia, de autonom�a y de imparcialidad en su actuaci�n, o bien, que hay M. que tienen garantizado el derecho de ingreso, permanencia, independencia, reelecci�n y estabilidad si los tribunales que ellos integren no son independientes y aut�nomos, toda vez que sus atribuciones, libremente, puedan ser otorgadas o suprimidas por el legislador y en el mismo sentido, los citados derechos de los M., discrecionalmente, pueden ser violentados o suprimidos por el legislador ordinario. 2. El art�culo 78, p�rrafo segundo, de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., reformado, por un lado, establece que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J. no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato; y por el otro lado, dispone que dichos M. electorales ser�n elegibles despu�s del periodo inmediato (segundo periodo), es decir, hasta el tercer periodo. Lo anterior, en forma expresa y literal contradice el mandato textual del art�culo 116, p�rrafo segundo, fracci�n III, p�rrafo quinto de la C.�n Federal; y es contrario a la interpretaci�n sistem�tica y arm�nica de los art�culos 17, p�rrafos segundo y tercero; 116, p�rrafo segundo, fracci�n III, p�rrafos segundo, cuarto y quinto; y 116, p�rrafo segundo, fracci�n IV, inciso c) de la propia Carta Magna, en relaci�n a la imparcialidad, independencia y autonom�a de los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados, y respecto de la independencia, ingreso, formaci�n, permanencia, reelecci�n y a la preferencia de que gozan dichos M. para ser nombrados para tal cargo, aquellas personas que hubieren prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia, respecto de aquellos que solamente lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica. Lo anterior resulta verdad, toda vez que dicho p�rrafo quinto de la fracci�n III del mencionado art�culo 116 de la Carta Magna, dispone que los M. de justicia de los tribunales de los Poderes Judiciales de los Estados, durar�n en el ejercicio del cargo, el tiempo que se�alen las C.ones L.es y que podr�n ser reelectos. Es decir, la C.�n Federal deja a las C.ones de los Estados que establezcan el tiempo de duraci�n del primer periodo en el cargo de Magistrado, y que podr�n ser reelectos, o sea, que podr�n nuevamente elegirse para un segundo periodo. Esto �ltimo no se otorga para que sea ejercido por la soberan�a de los Estados en forma discrecional y sin control, ya que el mandato del derecho a la reelecci�n es expreso, de lo cual puede concluirse que lo que es atribuci�n de la soberan�a de los Estados, es establecer los mecanismos, sistemas y normatividad que servir�n como marco normativo para que opere o no la reelecci�n, es decir, los instrumentos de evaluaci�n de la labor desarrollada por los M. en el ejercicio de su funci�n, pero de ninguna manera se les faculta por la N.F., para que decidan libremente si se reelige a una persona o no. Luego, por el contrario, en el texto del p�rrafo segundo del art�culo 78, cuya invalidez se reclama expresamente, se dispone lo contrario a lo mandado por el antes enunciado p�rrafo quinto, ya que la reelecci�n debe entenderse, como la posibilidad de ser electo para el segundo inmediato periodo, y no para un tercero o cuarto periodo, respecto del primero. Dicho de otra manera, la reelecci�n opera y existe en la medida en que entre el periodo de elecci�n y el de reelecci�n haya una vinculaci�n inmediata y estrecha de tal suerte que no podr� haber periodos intermedios entre la elecci�n y la reelecci�n. Lo anterior se ilustra de la siguiente manera: hay reelecci�n si a una persona se le elige como Magistrado para un primer periodo, e inmediatamente se le vuelve a elegir para un segundo periodo inmediato; y por el contrario, no hay reelecci�n si a una persona electa para un primer periodo, se le elige para el mismo cargo pero para un tercero o ulterior periodo. Por lo anterior, la prohibici�n expresa de que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., puedan ser reelectos para el periodo inmediato, contenida en el p�rrafo segundo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de dicho Estado, es contraria a la literalidad del art�culo 116, p�rrafo segundo, fracci�n III, p�rrafo quinto, de la C.�n Federal, y a la interpretaci�n sistem�tica y arm�nica de lo dispuesto por los p�rrafos segundo y tercero del art�culo 17; p�rrafos segundo, cuarto y quinto de la fracci�n III del citado art�culo 116; e inciso c) de la fracci�n IV del propio numeral 116. Y en consecuencia, la disposici�n del mismo p�rrafo segundo del art�culo 78 de que una vez pasado el segundo periodo, o sea, el inmediato, los M. electorales podr�n ser nuevamente elegibles, sujet�ndose al procedimiento previsto en la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., tambi�n es contrario al citado p�rrafo quinto de la fracci�n III constitucional, toda vez que esto �ltimo es una consecuencia de la prohibici�n expresa que tiene como finalidad darle mayor firmeza, contundencia y certidumbre a la prohibici�n de que los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Esto �ltimo cobra mayor eficacia, si tenemos en cuenta que la parte final del p�rrafo segundo cuya invalidez se reclama, habla de la posibilidad de ser elegible, ni siquiera dice reelegible, de ah� que la prohibici�n de la reelecci�n expresa de los M. a que tantas veces nos hemos referido, por s� misma, debe ser invalidada, toda vez que literalmente contradice la C.�n Federal. Para ilustrar lo anterior, se hace necesario mencionar lo que establec�a el art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., antes y despu�s de la reforma publicada el diecisiete de julio anterior, para lo cual, en el siguiente cuadro, en la columna izquierda se anota el texto anterior a la reforma y, en la derecha, se lee el texto posterior a la misma:


"La invalidez que se reclama del p�rrafo segundo del vigente art�culo 78, se clarifica de la siguiente manera: la adici�n, dentro de la reforma del mismo art�culo, de lo relativo a que los M. del Tribunal Electoral en cita, despu�s de cumplir el primer periodo para el cual hubiesen sido electos, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, y que s� podr�n ser electos pero pasado el periodo inmediato, es decir, hasta el tercer periodo, cuando dice: ?Al t�rmino de su gesti�n los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles sujet�ndose al procedimiento previsto en esta ley.?. 3. En relaci�n con la supresi�n de la parte que establec�a el mandato de que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., cumplido el primer periodo para el cual hab�an sido electos o designados, ten�an la posibilidad de ser reelectos para un periodo de cuatro a�os m�s, que se conten�a en el primer p�rrafo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J. y en el p�rrafo cuarto, ahora quinto y sexto, del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica de J.. Los argumentos expuestos a t�tulo de conceptos de invalidez, anteriormente, en lo general y sustancial, resultan plenamente aplicables a la reforma del primer p�rrafo del art�culo 78 a que se viene haciendo alusi�n y a la reforma del cuarto p�rrafo, ahora quinto y sexto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica de J., toda vez que en estos dos casos se suprimi� el derecho que en el segundo p�rrafo, actual del propio art�culo 78, en forma expresa se niega lo relativo a la reelecci�n de M. tantas veces mencionado. Es decir, en relaci�n con la supresi�n que se comenta, en efecto, se trata del derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J., a ser reelectos para el inmediato periodo en que hubieren ejercido la funci�n de M., mientras que en el segundo p�rrafo del vigente art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., en forma expresa se niega tal derecho. Entonces, en un caso, simple y llanamente se niega por supresi�n textual de una norma general, un derecho constitucional, mientras que en el otro caso, por adici�n, en forma expresa y literalmente se niega el mismo derecho. Por tanto, los conceptos de invalidez de las normas generales cuya invalidez se reclama, est�n ampliamente vinculados, al no poder existir unos sin la concurrencia de los otros, lo que implica aceptar que la no conformidad con la C.�n Federal, se actualiza en el segundo p�rrafo del art�culo 78 tantas veces mencionado, por mandato expreso, pero tambi�n se actualiza por supresi�n u omisi�n, como en los casos de los p�rrafos quinto y sexto, actuales del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica de J., y en el primer p�rrafo del vigente art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., por ser concomitantes ytener correspondencia e interdependencia rec�proca. 4. Asimismo, en relaci�n con la reforma del entonces p�rrafo cuarto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica de J., que subsiste en los actuales p�rrafos quinto y sexto del propio art�culo, cabe decir, que la misma reforma es contraria al m�s elemental principio de las reglas de interpretaci�n, ya que dicha reforma rompe con la teleolog�a en el punto que se discute, misma que puede encontrarse desde la Ley Electoral del Estado de J. publicada el martes treinta de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, en su art�culo 352. Del texto de dicho numeral 352, se desprende que desde tal fecha se estableci� la posibilidad de reelecci�n de los M. del Tribunal de lo Contencioso Electoral del Estado de J., al establecerse que la designaci�n de los M. de dicho organismo, se har�a para el proceso electoral ordinario respectivo, o en su caso, para el extraordinario, pudiendo ser confirmada su designaci�n para los procesos electorales posteriores, previa resoluci�n que en ese sentido se emitiese por el Congreso del Estado. Como puede verse, en esencia, ya desde mil novecientos noventa y cuatro el legislador ordinario de J. plasm� en el art�culo en cita, la idea fundamental de darle a los juzgadores electorales permanencia y continuidad en la funci�n, prop�sito que guarda plena congruencia con lo establecido en la C.�n Federal, con motivo de la reforma del veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis. Luego entonces, en el mismo orden de ideas, el Constituyente del Estado de J., el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, aprob� diversas reformas y adiciones a la C.�n Pol�tica de dicho Estado, seg�n Decreto N�mero 16541, publicado el veintiocho de abril del mismo a�o en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, habi�ndose razonado en la exposici�n de motivos en la conveniencia de la profesionalizaci�n de la funci�n electoral, cuando se dice que la funci�n electoral sea desempe�ada por servidores p�blicos profesionales, por lo cual se creaba el servicio profesional electoral; y en congruencia con ello, el art�culo transitorio cuarto estableci� la posibilidad de que los M. del Tribunal de lo Contencioso Electoral pudiesen ser reelectos para integrar el Tribunal Electoral creado con la reforma de mil novecientos noventa y siete. Es decir, el Constituyente de J. de mil novecientos noventa y siete, de forma clara estableci� la necesidad de la profesionalizaci�n de la justicia electoral, al posibilitar que los M. electos con motivo de la Ley Electoral de mil novecientos noventa y cuatro, pudiesen ser reelectos en los t�rminos y para la estructura electoral que fue aprobada en la Ley Electoral de J. de mil novecientos noventa y siete; luego entonces, resulta inveros�mil y contrario a toda l�gica que el propio Poder Revisor de la C.�n en J., por virtud de las reformas que de la C.�n Pol�tica de J., en su art�culo 69, se combaten a trav�s de esta acci�n, hubiere suprimido de la multicitada C.�n de J., la posibilidad de reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J.. Es decir, si en mil novecientos noventa y cuatro, en la norma electoral de J., se estableci� la posibilidad cierta de reelegir a los M. del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y si en mil novecientos noventa y siete, en la propia norma electoral de J., en el enunciado art�culo cuarto transitorio, se dijo que los M. del entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral podr�an ser reelectos, hemos de concluir que no existe ninguna raz�n ni motivo suficiente para suprimir del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica de J., el derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de dicho Estado, a ser reelectos para un periodo de cuatro a�os m�s. En todo caso, la supresi�n del derecho de reelecci�n cuya no conformidad con la C.�n Federal se combate a trav�s de esta acci�n de inconstitucionalidad, debiera tener una amplia justificaci�n en la realidad pol�tica del Estado de J., pero sobre todo, en torno a la actuaci�n general y particular de los M. electorales, debidamente anotada en la exposici�n de motivos de la reforma que se combate. Pero aun as�, en el peor de los casos, en el supuesto de que estuviese demostrada una conducta desviada de todos y cada uno de los M. electorales, ello, por s� mismo, no es suficiente para trastocar el mandato constitucional de la reelecci�n de los M. electorales, toda vez que de ser cierto el incorrecto actuar de los juzgadores electorales, ello, obedecer�a a factores de �ndole diversa, pero de ninguna manera atribuibles a la figura de la reelecci�n establecida en la C.�n General de la R.�blica. Por tanto, ante la ausencia de una amplia exposici�n de razones y motivos en la iniciativa de reforma a la C.�n de J. que ahora se combate, lo procedente es concluir que la supresi�n de la figura de la ratificaci�n o reelecci�n de los M. electorales de J., obedeci� a errores en la t�cnica legislativa y descuidos propios del hacer humano, pero de ninguna manera podr�a pensarse que tengan una sustentaci�n dolosa y de mala fe de los legisladores jalisciences, exclusivamente, destinada a excluir de la funci�n jurisdiccional electoral a las personas contrarias a sus simpat�as. En relaci�n con la g�nesis y teleolog�a de una disposici�n normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia P./J. 113/2000, que se transcribir� posteriormente, en relaci�n con el tema que se debate, estableci� que el Poder Revisor de la C.�n pretendi� fortalecer la independencia del Poder Judicial de los Estados, estableciendo la inamovilidad de los M., motivo por el cual consider� que al interpretar un precepto relacionado con los Poderes Judiciales de los Estados, debe buscarse salvaguardar los valores de la seguridad jur�dica e independencia judicial. As�, en cuanto al art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., con la finalidad de ilustrar, en el siguiente cuadro, se anota en la columna izquierda el texto literal vigente antes de la reforma, y en la columna derecha, el contenido textual vigente despu�s de la reforma.

Ver tabla 2


"Por ello, en el mismo orden de ideas, esencialmente, en cuanto a la invalidez de la reforma al art�culo 69 de la citada C.�n Pol�tica de J., tiene justificaci�n, toda vez que guarda relaci�n con la supresi�n, en el entonces p�rrafo cuarto, ahora quinto y sexto, en la parte que se refer�a a la posibilidad de que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., al t�rmino del periodo para el cual hab�an sido electos, pudiesen ser reelectos, y si lo fueren, continuaren en el cargo por cuatro a�os m�s. Como puede apreciarse, en el texto reformado, el contenido de los dos �ltimos p�rrafos, en el mismo del �ltimo p�rrafo del art�culo antes de la reforma, pero sin incluir la parte que en la transcripci�n del texto (anterior a la reforma) y que anteriormente se destac� con negritas, dice: ?... al t�rmino de los cuales podr�n ser reelectos y, si lo fueren, continuar�n en esa funci�n por cuatro a�os m�s ...?. Y en relaci�n a esa tem�tica de las supresiones, en el primer p�rrafo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., con la reforma se suprimi� la parte del art�culo que dec�a como sigue: ?... al t�rmino de los cuales, podr�n ser reelectos, continuando en su funci�n cuatro a�os m�s ...?. Por tanto, la reforma al art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., por omisi�n, no es conforme con las disposiciones constitucionales citadas de la C.�n Pol�tica, toda vez que se omite y, por ende, se suprimi� la parte conducente que conten�a dicho numeral, en lo relativo al derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., en el sentido de que una vez cumplido el primer periodo en el cargo de M. para el cual hubieren sido designados, podr�an ser reelectos y continuar en su funci�n por un periodo m�s de cuatro a�os. 5. Las normas cuya invalidez se reclama, no son conformes con el principio de la divisi�n de poderes que debe existir en el Estado de J., en t�rminos del art�culo 116, p�rrafo primero, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, entendido �ste, como el hecho de que entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia rec�proca, de tal suerte que se logre la armonizaci�n en el actuar de cada uno de los citados poderes atendiendo al marco normativo que les impone la C.�n Federal en el citado art�culo 116, adem�s de que implica reconocer que ni en forma expresa ni t�cita, un poder en forma clara o aparente podr� invadir los campos competenciales y de independencia de otro poder. En el caso concreto del actual p�rrafo segundo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., as� como de su p�rrafo primero, antes p�rrafo cuarto, ahora quinto y sexto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado en cita, se evidencia que la misma tuvo como finalidad vulnerar la independencia del Poder Judicial de J., a trav�s del Tribunal Electoral del Estado en cita, en la medida en que por el hecho de suprimir la parte conducente del art�culo 78 mencionado, respecto a la posibilidad de que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J., despu�s de concluido el primer periodo de su encargo, puedan ser reelectos para un siguiente periodo, o bien, de disponerlo expresamente, ya que en forma clara, se puede percibir que al concluir cada periodo de cuatro a�os en que deben ejercer el cargo los M. del citado Tribunal Electoral, existe la posibilidad cierta de que el Poder Legislativo designe a los M. que ocupar�n el cargo de Magistrado electoral con absoluta libertad y sin sujeci�n alguna al mandato expreso del art�culo 116 constitucional, seg�n se ha se�alado, es decir, sin sujetarse al procedimiento de reelecci�n constitucional a los funcionarios que antes hubieren ocupado el propio cargo. Es decir, ante la posibilidad de que en cada periodo se nombre M. para el mencionado Tribunal Electoral, puede evidenciarse que los funcionarios que en tales supuestos se nombren, tendr�n mayores v�nculos con la autoridad o poder que los design�, que con la funci�n de la impartici�n de justicia en materia electoral y, por ende, con la independencia, autonom�a e imparcialidad que debe caracterizar la funci�n jurisdiccional, con lo que se imposibilita alcanzar los derechos constitucionales de inamovilidad y carrera judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J.. Lo anterior cobra mayor sustento al tenor de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia n�mero P.1., misma que posteriormente se transcribir�, cuando dice que el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna establece un marco al que deben sujetarse los Poderes Judiciales L.es, y que debe contenerse en las C.ones y leyes de los Estados, mismo al que tambi�n deben circunscribirse los �rganos locales de poder, a fin de garantizar la independencia de M. y J., y con ello, garantizar los principios que consagra como formas para lograr la independencia del Poder Judicial, respecto de los otros Poderes L.es. Por tanto, sigue diciendo el mencionado Alto Tribunal de la naci�n, que ante posibles interpretaciones diversas de los preceptos relativos en la materia, en las C.ones L.es, invariablemente, debe optarse por aquella que permita que la labor jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin ingerencias externas, a efecto de fortalecer al Poder Judicial. Asimismo, la supresi�n en el art�culo 78 tantas veces referido de que los M. electorales, despu�s del primer periodo no podr�n ser reelectos, y la prohibici�n expresa en tal sentido, sin duda, no puede atribuirse a una conducta dolosa o de mala fe por parte del Poder Legislativo del Estado de J., o por parte de cada uno de los integrantes que votaron la reforma, toda vez que los actos de los poderes p�blicos y de las autoridades, en general, gozan de la presunci�n en su favor, de ser emitidos de buena fe y de ser legalmente v�lidos, motivo por el cual, la irregularidad constitucional que se reclama, pudiera entenderse como una deficiencia en la expresi�n del texto o de t�cnica legislativa. En los mismos t�rminos, con la reforma combatida en los t�rminos de esta acci�n de inconstitucionalidad, se transgrede el principio de la divisi�n de poderes y el de seguridad o estabilidad en el cargo, y el de carrera judicial, que a su vez posibilitan garantizar la independencia y autonom�a judicial, ya que por el hecho de prohibir o de omitir con la reforma cuestionada lo relativo a la reelecci�n de los M. electorales, despu�s de haber concluido el primer periodo para el cual fueron nombrados, se atenta contra los mencionados principios, ya que existe la posibilidad cierta de que el Poder Legislativo de J., cada cuatro a�os pueda nombrar a los M. electorales, sin estar obligado a estudiar la posibilidad de ratificar a los que hubieren concluido el encargo en el periodo inmediato anterior, entonces, resulta evidente que dicho Poder Legislativo podr�, cada cuatro a�os, nombrar para los mencionados cargos a personas m�s afines a sus intereses, y a su vez, desvinculadas de la funci�n jurisdiccional, con la consecuencia de que los M., en tales condiciones nombrados, estar�n sujetos a los intereses de la pol�tica, y no a un marco normativo en que se privilegien los principios a que se hizo referencia en la parte inicial de este p�rrafo, con lo cual se vulneran: la imparcialidad, autonom�a e independencia que debe caracterizar a los tribunales, as� como los derechos relativos al ingreso, permanencia, formaci�n y reelecci�n de los M., y el derecho preferente de que sean primeramente nombrados para el cargo de Magistrado, aquellas personas eficientes y de probidad plena en la funci�n jurisdiccional. Lo anterior lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la tesis de jurisprudencia identificada con el n�mero P./J. 105/2000, que posteriormente se transcribir�. En el mismo sentido, puede decirse que la norma cuya invalidez se reclama, transgrede lo dispuesto por el art�culo 17, p�rrafo III (sic) de la C.�n Federal, que tutela la garant�a de independencia de los tribunales que impartan justicia a los gobernados, toda vez que si existe la posibilidad de que cada cuatro a�os, el Poder Legislativo de J. pueda nombrar M. electorales sin estar sujeto a la ratificaci�n de los que antes hubieren ocupado el cargo, previa evaluaci�n de su actuaci�n, es de concluirse que discrecionalmente, podr�n nombrarse a personas con mayores v�nculos a las �lites de poder, y con menos compromiso profesional con la impartici�n de justicia imparcial e independiente, y en esas condiciones, se ausenta la posibilidad de que los gobernados tengan la certeza de que los �rganos que imparten la justicia electoral son imparciales y objetivos. Tambi�n cabe decir que no es posible alcanzar la permanencia e inamovilidad en la funci�n de los M. electorales, si existe la posibilidad cierta de que cada cuatro a�os pueda desestimarse, sin control alguno, la posible reelecci�n de aquellos funcionarios electorales que est�n por concluir el encargo en un primer periodo. Adem�s, aceptar como v�lidas las normas cuya invalidez se reclama, implica tener por cierta la posibilidad de nunca reelegir ni ratificar a los M. electorales de J., con lo que se violentar�an las normas constitucionales se�aladas como vulneradas, con lo cual no habr�a M. inamovibles e independientes, ya que los que se llegaren a designar, en torno al nuevo marco normativo, podr�an conservar v�nculos opuestos a la autonom�a y a la independencia del Poder Judicial y de los M. y se violentar�an los principios de divisi�n y equilibrio de poderes, tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 105/2000, que posteriormente se transcribir�, m�xime que la independencia judicial tiene como principios b�sicos: la designaci�n sujeta a requisitos de idoneidad; la carrera judicial, para lo cual se tiene en cuenta el ingreso, formaci�n, permanencia y preferencia a favor de quienes hubieren prestado el servicio con eficiencia y probidad; la seguridad econ�mica, es decir, remuneraci�n adecuada, e irrenunciable; y la estabilidad y seguridad, sujeta a que, al concluir el periodo, exista la posibilidad de ratificaci�n en el encargo, tal como se indica en la tesis de jurisprudencia P./J. 101/2000, que posteriormente se transcribir�. En el mismo orden de ideas, la conducta desplegada por el Congreso del Estado de J., a trav�s de su honorable asamblea cobra mayor relevancia y, por tanto, de una directa violaci�n al texto literal del art�culo 116, p�rrafo segundo, fracci�n III, p�rrafo quinto, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., en su p�rrafo segundo, reformado, expresamente se dice que los M. electorales en el Estado no podr�n ser reelectos, mientras que por el contrario, la N. Superior del Estado mexicano, en el aludido p�rrafo quinto de la fracci�n III referida, literalmente establece que los M. de los Poderes Judiciales de los Estados podr�n ser reelectos, por lo cual, es dable concluir que la violaci�n cometida por el legislador ordinario de J. es may�scula y de franca contrariedad al texto de la C.�n General de la R.�blica. Ahora bien, podr�a alegarse que s� est� establecida la reelecci�n, cuando se dice que ella ser� posible una vez pasado el periodo inmediato, es decir, que un Magistrado electo para un primer periodo, podr� ser reelecto para un tercer periodo. Lo anterior ninguna congruencia tiene con la l�gica y el sentido com�n toda vez que la figura de la reelecci�n opera para un periodo inmediato y no para uno mediato. Por tanto, puede pensarse que por descuido y errores de t�cnica legislativa, el legislador ordinario de J. confundi� la figura de la reelecci�n, con lo cual, finalmente, flagrantemente viola el citado art�culo 116 constitucional, en su fracci�n III, p�rrafo quinto. Las normas cuya invalidez se reclama, tambi�n incumplen con el mandato de los art�culos 17, p�rrafos segundo y tercero; 116, p�rrafo segundo, fracci�n III, p�rrafos segundo, cuarto y quinto; y 116, p�rrafo segundo, fracci�n IV, inciso c), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con el contenido de las diversas tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que posteriormente se transcribir�n, en relaci�n a la garant�a de independencia de los tribunales, a la garant�a de autonom�a en el funcionamiento de los tribunales de justicia en materia electoral, y a la garant�a de independencia en sus decisiones; y adem�s, relacionado con la inamovilidad judicial, la seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo, el derecho a reelecci�n en el cargo, el principio y derecho de ratificaci�n en el propio cargo como una garant�a en beneficio de la sociedad, al principio de la divisi�n de poderes y de equilibrio e independencia rec�proca. Adem�s, declarar la invalidez de las normas cuya invalidez se reclama, posibilita preservar los principios y garant�as constitucionales antes referidas, respecto a la independencia y autonom�a judiciales, y a laseguridad, inamovilidad, estabilidad, permanencia y carrera judicial, consagrados en la C.�n Federal como valores supremos a proteger en beneficio de la sociedad y del orden p�blico. Asimismo, las disposiciones cuya invalidez se reclama, al prohibir u ocultar la reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., violentan el principio de la divisi�n de poderes, el de independencia y autonom�a de los tribunales de justicia de los Poderes Judiciales de los Estados, toda vez que el derecho a la reelecci�n se otorga en relaci�n directa con la actuaci�n del funcionario judicial de que se trate y no con la voluntad del �rgano y �rganos a los que la C.�n Pol�tica de J. otorgan la atribuci�n de decidir sobre la reelecci�n, es decir, el Congreso del Estado de J.. Lo anterior, en virtud de que el derecho de reelecci�n, tiene rango de principio supremo a salvaguardar, toda vez que est� establecido como una de las formas de garantizar la independencia y autonom�a judicial, y no s�lo como un derecho de los servidores p�blicos, sino principalmente como una garant�a establecida a favor de la sociedad y de contar con servidores id�neos que aseguren una impartici�n de justicia pronta, completa e imparcial en los t�rminos se�alados en el art�culo 17 constitucional. Puesto que en el caso, el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo del periodo para el cual fue electo, y que en caso de haber cumplido en la funci�n todo el periodo, s�lo resta como consecuencia necesaria para la ratificaci�n, el acto administrativo de orden p�blico de evaluaci�n de aquellos funcionarios que hubiesen prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia, como una garant�a de preferencia, respecto de otros profesionales destacados por sus antecedentes, competencia y honorabilidad en el campo del derecho. Por tanto, la consecuencia ineludible a ser reelecto en el cargo de Magistrado electoral de un tribunal de justicia del Poder Judicial de cualquier Estado, est� condicionada a que el funcionario de que se trate hubiere sido nombrado y hubiere ejercido el cargo por todo el periodo, luego, tal funcionario tiene un derecho preferente a ser reelecto para el periodo inmediato, si prest� sus servicios en la administraci�n de justicia con eficiencia y probidad, con respecto a otros aspirantes al cargo como ya se dijo. En cuanto a la preferencia de que gozan las personas que hubieren prestado sus servicios en la administraci�n de justicia para ser nombrados y reelectos en los cargos de M., se considera que tal preferencia est� condicionada a que el funcionario de quien se trate re�na los valores de honestidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y buena fama p�blica, lo cual debe obtenerse mediante un dictamen evaluatorio permanente y terminal, con sustento en pruebas objetivamente valoradas, y a trav�s de un procedimiento que debe ser del reconocimiento p�blico y oportuno, ya que de lo contrario, estar�a en entredicho la seguridad y estabilidad en el cargo, dado que la inamovilidad producto de la ratificaci�n se obtiene desde el preciso momento en que se es designado Magistrado, y no desde que se es reelecto, dado que la reelecci�n es solamente una consecuencia necesaria y l�gica de todos los momentos y circunstancias a que se hizo referencia en este p�rrafo. Por tanto, la reelecci�n no es una facultad discrecional de la autoridad que deba decidirla, ya que en el supuesto de que ello fuere cierto, se presentar�a la posibilidad de nunca reelegir ni ratificar a los M., con lo que se violentar�an las normas constitucionales que se reclaman como sustentatorias de la invalidez arg�ida, y entonces, no habr�a M. inamovibles independientes, con lo cual se violentar�an los principios de divisi�n y equilibrio de poderes. Por otro lado, la seguridad y estabilidad en el cargo que debe tener todo Magistrado que imparte justicia en los Tribunales Superiores de los Estados, se inicia desde el primer momento en que se ejerce el cargo en el primer periodo para el que hubiese sido nombrado, de ah� que, aceptar que la seguridad en el empleo se obtiene hasta que se es reelecto, implica reconocer que ning�n funcionario de los Estados, de rango superior tendr�a seguridad, estabilidad y permanencia en su cargo, puesto que estar�a sujeto a la actitud discrecional y factiblemente arbitraria de los �rganos que deban tomar la decisi�n, y en el caso concreto, el Poder Legislativo del Estado de J.. Por ello, la �nica forma de salvaguardar el derecho de seguridad, estabilidad y permanencia en el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral de J., es ordenando que resulta inv�lido el segundo p�rrafo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., as� como la reforma al primer p�rrafo de dicho numeral y del entonces p�rrafo cuarto, hoy quinto y sexto, del multicitado art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado en cita, contenidos en el Decreto N�mero 19117 a que antes se hizo alusi�n, toda vez que no es conforme, es decir, es contrario a lo dispuesto por los art�culos 17 y 116, fracciones III y IV, seg�n se dijo, en el aspecto de la independencia de la funci�n jurisdiccional, la autonom�a de la misma, la estabilidad en el empleo y la permanencia y seguridad de que la justicia ser� pronta, expedita e imparcial. 6. En relaci�n a los conceptos de invalidez que en relaci�n a esta acci�n de inconstitucionalidad se exponen, tambi�n deben tenerse en cuenta a t�tulo de conceptos de invalidez, todos y cada uno de los argumentos que se contienen en las diversas tesis de jurisprudencia pronunciadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los d�as veintiocho de septiembre y dos de octubre del a�o dos mil, en su Novena �poca, fundamentalmente, vinculadas con lo mandado por los art�culos 17, p�rrafos segundo y tercero y 116, p�rrafo segundo, fracciones III y IV, de la C.�n General de la R.�blica, en relaci�n a la independencia e integraci�n de los Tribunales Supremos de Justicia de los Estados, nombramiento, designaci�n y ratificaci�n de M. de los mismos, as� como respecto de la carrera judicial y permanencia en los cargos de M. de dichos tribunales, mismas que en obvio de la lectura, solamente se anotan los rubros y texto, n�mero de las mismas, tomo, fojas, mes y a�o del Semanario Judicial de la Federaci�n en que se publicaron, omitiendo anotar los precedentes respectivos. Dichas tesis son las siguientes: Tomo XII, octubre de 2000, Pleno y S., fojas de la ocho a la treinta y cuatro: fojas 8 y 9 ?INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO S�LO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANT�A A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES ID�NEOS. La inamovilidad judicial, como uno de los aspectos del principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de M. de los Poderes Judiciales L.es, consagrado en el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, se obtiene una vez que se han satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del cargo durante el tiempo se�alado en la C.�n L. respectiva y b) la ratificaci�n en el cargo, que supone que el dictamen de evaluaci�n en la funci�n arroj� como conclusi�n que se trata de la persona id�nea para desempe�arlo. La inamovilidad as� adquirida y que supone que los M. que la han obtenido �s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados�, constituye no s�lo un derecho del funcionario, pues no tiene como objetivo fundamental su protecci�n, sino, principalmente, una garant�a de la sociedad de contar con M. independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de administraci�n de justicia consagra nuestra Carta Magna, garant�a que no puede ponerse en tela de juicio bajo el planteamiento de que pudieran resultar beneficiados funcionarios sin la excelencia y diligencia necesarias, pues ello no ser�a consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado sistema de evaluaci�n sobre su desempe�o que incorrectamente haya llevado a su ratificaci�n. De ah� la importancia del seguimiento de la actuaci�n de los M. que en el desempe�o de su cargo reviste y de que el acto de ratificaci�n se base en una correcta evaluaci�n, debi�ndose tener presente, adem�s, que la inamovilidad judicial no es garant�a de impunidad, ni tiene por qu� propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempe�o del cargo exige, en tanto esta garant�a tiene sus l�mites propios, ya que implica no s�lo sujeci�n a la ley, sino tambi�n la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva que en la legislaci�n local deben establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la conducta de los M. y de responsabilidades tanto administrativas como penales, pues el ejercicio del cargo exige que los requisitos constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen no s�lo se cumplan al momento de su designaci�n y ratificaci�n, sino que deben darse de forma continua y permanente, prevaleciendo mientras se desempe�en en el cargo.?. P./J. 106/2000, foja 10 ?INTER�S JUR�DICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA QUE HAYA SIDO REMOVIDO DE SU CARGO. Tanto en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos como en la C.�n Pol�tica del Estado de Colima se prev�n una serie de condicionamientos y formalidades para la designaci�n de M. integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, por el inter�s p�blico que reviste, a fin de que dicha designaci�n recaiga en personas honorables, capaces y eficientes, debiendo sujetarse el procedimiento relativo a garantizar el cumplimiento de estos objetivos para la obtenci�n de una recta y eficaz administraci�n de justicia. Por ello, las personas que se han visto favorecidas con el nombramiento de Magistrado cuentan, constitucionalmente, con diversos derechos, a saber: 1) Permanecer en el ejercicio del encargo por el tiempo se�alado en el art�culo 73 de la C.�n L.; 2) Ser reelecto si en el desempe�o de la funci�n demostr� poseer los atributos que se le reconocieron al ser designado, a trav�s del desahogo oportuno, imparcial y de alta calidad profesional de los asuntos que le hayan correspondido; y, como consecuencia, 3) La inamovilidad, es decir, no ser privado del cargo, sino s�lo en los t�rminos previstos en la C.�n L. o en la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Colima; y 4) Continuar en el ejercicio de sus funciones mientras no se designen nuevos M. o no se presenten los designados, hasta que tomen posesi�n los que se nombren. Ahora bien, para efectos del acreditamiento del inter�s jur�dico para promover el juicio de amparo, debe considerarse suficiente que la parte quejosa demuestre que se pretende removerlo de su cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, si considera que fue lesionado en su perjuicio alguno de los referidos derechos, constituyendo una cuesti�n de fondo y no de la procedencia del juicio de amparo, determinar cu�ndo y bajo qu� condiciones surgi� cada uno de estos derechos y si podr�a considerarse que el peticionario del amparo los hab�a o no adquirido y, por tanto, si fueron transgredidos en su perjuicio.?. P.1., fojas 11 y 12. ?MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACI�N DE AQU�LLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 116, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. La posibilidad de ratificaci�n de los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados consagrada en el art�culo 116, fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal, como condici�n para obtener la inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuaci�n del funcionario judicial y no as� a la sola voluntad del �rgano u �rganos a los que las C.ones L.es otorgan la atribuci�n de decidir sobre tal ratificaci�n, en tanto este principio ha sido establecido como una de las formas de garantizar la independencia y autonom�a judicial, no s�lo como un derecho de tales servidores p�blicos sino, principalmente, como una garant�a de la sociedad de contar con servidores id�neos que aseguren una impartici�n de justicia pronta, completa e imparcial en los t�rminos se�alados en el art�culo 17 constitucional. En consecuencia, tal posibilidad se encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa b�sica de que el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las C.ones L.es para la duraci�n del mismo; 2) A la condici�n relativa de que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo del cargo establecido en las C.ones L.es; y 3) A un acto administrativo de orden p�blico de evaluaci�n de la actuaci�n de los M., que se concreta en la emisi�n de dict�menes escritos en los que se precisen las causas por las que se considera que aqu�llos deben o no ser ratificados, antes de que concluya el periodo de duraci�n del cargo, para no afectar la continuidad en el funcionamiento normal del �rgano jurisdiccional y, preferentemente, aplicando reglas fijadas de antemano y que sean del conocimiento p�blico para garantizar que la calificaci�n realizada atienda a criterios objetivos, lo que implica un examen minucioso del desempe�o que se haya tenido y, por tanto, un seguimiento de la actuaci�n del Magistrado relativo que conste en el expediente que haya sido abierto con su designaci�n y que se encuentre apoyado con pruebas que permitan constatar la correcta evaluaci�n de su desempe�o en la carrera judicial y su comprobaci�n mediante los medios id�neos para ello, como puede serlo la consulta popular, en tanto los requisitos exigidos para la designaci�n, como son la buena reputaci�n y la buena fama en el concepto p�blico tienen plena vigencia para el acto de ratificaci�n y significa la exigencia de que el dictamen que concluya con la ratificaci�n, debe basarse no s�lo en la ausencia de conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya actuaci�n se eval�e, sino en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona de excelencia para seguir ocupando el cargo, dictamen que debe ser emitido siempre, ya sea que se concluya en la ratificaci�n o no del Magistrado, ante el inter�s de la sociedad de conocer a ciencia cierta, por conducto del �rgano u �rganos correspondientes, la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios judiciales relativos.?. P./J. 103/2000, foja 13. ?MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. EN LA INTERPRETACI�N DE SUS CONSTITUCIONES, EN LA PARTE RELATIVA A SU DESIGNACI�N, DEBE OPTARSE POR LA QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL ART�CULO 116, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna establece un marco jur�dico para los Poderes Judiciales L.es al que deben sujetarse las C.ones y las leyes de los Estados y los �rganos de poder, a fin de garantizar la independencia de M. y J. y, con ello, los principios que consagra como formas para lograr tal independencia. Asimismo, en su p�rrafo inicial el propio precepto impone a los Estados miembros de la Federaci�n el principio de la divisi�n de poderes conforme al cual, entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia rec�proca. Lo anterior implica que ante posibles interpretaciones diversas de los preceptos relativos de las C.ones L.es, debe optarse por aquella que permita que la labor jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas, bajo el criterio de fortalecimiento del Poder Judicial, y de la realizaci�n plena de su autonom�a e independencia, lo que exige la efectividad de las garant�as jurisdiccionales. Por tanto, ante situaciones que no se encuentren reguladas o que no lo sean con toda claridad, la interpretaci�n de las normas locales debe hacerse en forma tal que se integren bajo los principios que con toda nitidez se contienen en la C.�n Federal. Aceptar que se interpreten las normas de las C.ones L.es en forma tal que pugnen con la C.�n Federal, en especial cuando de los antecedentes de la reforma introducida a aqu�llos se advierta que su prop�sito espec�fico fue ajustarse a la segunda, equivaldr�a a atribuir al Congreso Estatal y, l�gicamente, a sus integrantes, dolo y mala fe, lo que resulta jur�dicamente inaceptable, debi�ndose en consecuencia entender que si por la redacci�n del precepto podr�a seguirse esa oposici�n, ello s�lo puede explicar deficiencias de expresi�n o de t�cnica legislativa.?. P.1., fojas 14 y 15. ?MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. LA SEGURIDAD O ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO LA OBTIENEN DESDE EL INICIO DE SU DESEMPE�O Y NO HASTA QUE SE LOGRA LA INAMOVILIDAD JUDICIAL, AUNQUE CON LA CONDICI�N DE QUE SE LLEGUEN A DISTINGUIR POR SU DILIGENCIA, EXCELENCIA PROFESIONAL Y HONESTIDAD INVULNERABLE. El principio de divisi�n de poderes que impone la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos a los Estados, en el primer p�rrafo del art�culo 116, y el de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de los M. del Poder Judicial, establecido en su fracci�n III, como forma de garantizar la independencia judicial, se obtiene desde que se inicia su desempe�o y no hasta que se logra la inamovilidad judicial mediante la ratificaci�n, una vez que ha concluido el tiempo de duraci�n del mismo, previsto en la C.�n L. correspondiente, pues la disposici�n relativa a que las C.ones L.es deber�n establecer el tiempo en que los M. durar�n en el ejercicio de su encargo, aunado a la posibilidad de ratificaci�n y a los requisitos de honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como M., as� como el principio de carrera judicial, consagrado en la propia fracci�n, relativo al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados, permite establecer que el ejercicio en el cargo de que se trata no concluye con el solo transcurso del tiempo previsto en las C.ones L.es para su duraci�n, ante el derecho a la ratificaci�n, puesto que si en el caso concreto el servidor judicial ha demostrado cumplir con su responsabilidad actuando permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable debe ser ratificado no s�lo porque desde su designaci�n hab�a adquirido ese derecho condicionado, sino por el inter�s de la sociedad de contar con M. de experiencia, honorabilidad y competencia, as� como independientes de la voluntad de los gobernantes y dependientes s�lo de la ley, lo que de modo fundamental tiende a salvaguardar el art�culo constitucional que se interpreta. Adem�s, considerar que la seguridad y estabilidad en el cargo se obtienen hasta que se logra la inamovilidad judicial ser�a contradecir la garant�a de independencia judicial consagrada en el art�culo 17 constitucional como una de las principales garant�as de jurisdicci�n, ya que se propiciar�a el fen�meno contrario a la seguridad y permanencia en el cargo que se busca, pues se entender�a, indebidamente, que la ratificaci�n de M. es una facultad discrecional del �rgano u �rganos de gobierno previstos por las C.ones L.es para ejercerla, propici�ndose la actuaci�n arbitraria de nunca reelegir o ratificar M., con lo quese burlar�a lo dispuesto en la norma constitucional, pues no habr�a M. inamovibles y, por lo mismo, absolutamente independientes de la persona o personas que intervinieron en su designaci�n, lo que llevar�a tambi�n al doble riesgo de que los m�s altos servidores de los Poderes Judiciales L.es conservaran v�nculos opuestos a la autonom�a e independencia que deben caracterizarlos, salvaguardando la situaci�n de desempleo que l�gicamente tendr�an que afrontar, as� como que independientemente de reunir o no los requisitos de excelencia aludidos, buscaran la ratificaci�n que, en cierto sentido se considerar�a un favor con el grave peligro de disminuir o aniquilar la referida independencia. Con ello, el prop�sito del Constituyente Permanente se habr�a burlado con la consecuencia l�gica de que los gobernados no llegar�an a tener confianza en el sistema de impartici�n de justicia local. Adem�s, si los �rganos encargados, conforme a la C.�n L., fueron los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, lejos de salvaguardarse la divisi�n y equilibrio de poderes se disminuir�a al Poder Judicial, al someterlo, a trav�s de ese sofisticado sistema.?. P./J. 105/2000, foja 16. ?MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS, DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN DE EVALUACI�N POR EL �RGANO U �RGANOS COMPETENTES EN EL QUE SE PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS. La interpretaci�n jur�dica del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben sujetarse las C.ones L.es y las leyes secundarias, obliga a establecer que para salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y carrera de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y con la debida anticipaci�n que garantice la continuidad en el funcionamiento normal del �rgano al que se encuentren adscritos, debe emitirse un dictamen de evaluaci�n, debidamente fundado y motivado, en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuaci�n �tica y profesional de los juzgadores y permita arribar a la conclusi�n de si deben o no continuar llevando a cabo las altas labores jurisdiccionales que les fueron encomendadas y, en el �ltimo supuesto, si es el caso de nombrar a un nuevo Magistrado que los deba sustituir.?. P./J. 112/2000 (sic), foja 17. ?MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE SU RATIFICACI�N T�CITA. Los presupuestos para que opere la ratificaci�n t�cita de los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son: 1) que se haya ejercido el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L. respectiva y 2) que al t�rmino del periodo no se haya emitido dictamen de evaluaci�n, por el �rgano u �rganos encargados de proponer y aprobar la ratificaci�n, que concluya en la negativa de la ratificaci�n. Adem�s, no constituye presupuesto condicionante de tal ratificaci�n el que no haya sido designado un nuevo Magistrado que sustituya al que ejerci� el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L. y en relaci�n a cuyo desempe�o no se haya emitido un dictamen de evaluaci�n que culmine con la determinaci�n de que no deba ser reelecto, pues es claro que s�lo podr� hacerse una nueva designaci�n cuando, previamente, se haya determinado negar la ratificaci�n del Magistrado que ven�a desempe�ando la funci�n judicial, ya que de aceptarse lo contrario se vulnerar�an sus derechos constitucionalmente establecidos sin resoluci�n fundada y motivada que as� lo determine.?. P./J. 112/2000, foja 18. ?MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS CONTIN�AN EN EL EJERCICIO DEL CARGO TRANSCURRIENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO REELECCI�N, DEBE ENTENDERSE QUE ADEM�S DE HABER SIDO REELECTOS T�CITAMENTE, ALCANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La interpretaci�n gen�tico-teleol�gica de lo dispuesto en el citado precepto constitucional revela la preocupaci�n del Poder Revisor de la C.�n de fortalecer la independencia del Poder Judicial de los Estados y de establecer la inamovilidad de los M. como un mecanismo para lograrla. De lo anterior se sigue que, al interpretarse el precepto fundamental se�alado, debe buscarse salvaguardar el valor de la independencia judicial por lo que si se est� ante la situaci�n anormal de que al concluirse el periodo por el que fue nombrado un Magistrado, contin�a en el ejercicio del cargo por el tiempo necesario para alcanzar la inamovilidad, sin que se llegue a emitir un dictamen valorativo que funde y motive la causa para no reelegirlo, debe entenderse que, adem�s de haber sido reelecto t�citamente, alcanz� la inamovilidad, dado que esta calidad no puede quedar sujeta al arbitrio de otros �rganos del Poder L. en detrimento de la independencia de la judicatura, puesto que a trav�s de ese mecanismo podr�a mantenerse, incluso permanentemente, a todos los integrantes del Poder Judicial, en una situaci�n de incertidumbre en relaci�n con la estabilidad en su puesto lo que, necesariamente, disminuir�a o aniquilar�a la independencia de los M., respecto de los integrantes de los otros poderes y se atentar�a contra el principio de la carrera judicial que tiende a garantizar la administraci�n pronta, completa e imparcial que establece el art�culo 17 de la C.�n Federal, a trav�s de M. independientes, aut�nomos y con excelencia �tica y profesional.?. P./J. 113/2000, fojas 30 y 31. ?PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACI�N, CONFORME A LA INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Del an�lisis de este precepto y de las diferentes tesis que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se pueden enunciar los siguientes criterios sobre la situaci�n jur�dica de los Poderes Judiciales L.es, y que constituyen el marco que la C.�n Federal establece a los Poderes Ejecutivo y Judicial de los Estados miembros de la Federaci�n, en cuanto a la participaci�n que les corresponde en la integraci�n de aqu�llos: 1o. La C.�n Federal establece un marco de actuaci�n al que deben sujetarse tanto los Congresos como los Ejecutivos de los Estados, en cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de los M. de los Tribunales Supremos de Justicia, o Tribunales Superiores de Justicia. 2o. Se debe salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados y, l�gicamente, de los M. de esos tribunales. 3o. Una de las caracter�sticas que se debe respetar para lograr esa independencia es la inamovilidad de los M.. 4o. La regla espec�fica sobre esa inamovilidad supone el cumplimiento de dos requisitos establecidos directamente por la C.�n Federal y uno que debe precisarse en las C.ones L.es. El primero, conforme al quinto p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n Federal, consiste en que los M. deben durar en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, como expresamente lo se�ala la C.�n Federal; el segundo consiste en que la inamovilidad se alcanza cuando, cumpli�ndose con el requisito anterior, los M., seg�n tambi�n lo establece el texto constitucional, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. El requisito que debe preverse en las C.ones L.es es el relativo al tiempo espec�fico que en ellas se establezca como periodo en el que deben desempe�ar el cargo. 5o. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde el momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su encargo. Esta conclusi�n la ha derivado la Suprema Corte del segundo y cuarto p�rrafos de la propia fracci�n III del art�culo 116 y de la exposici�n de motivos correspondiente, y que se refieren a la honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como M., as� como a la carrera judicial, relativa al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Si se aceptara el criterio de que esa seguridad s�lo la obtiene el Magistrado cuando adquiere la inamovilidad, se propiciar�a el fen�meno contrario que vulnerar�a el texto constitucional, esto es, que nunca se reeligiera a nadie, con lo que ninguno ser�a inamovible, pudi�ndose dar lugar exactamente a lo contrario de lo que se pretende, pues ser�a imposible alcanzar esa seguridad, poni�ndose en peligro la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados de la R.�blica. El principio de supremac�a constitucional exige rechazar categ�ricamente interpretaciones opuestas al texto y al claro sentido de la Carta Fundamental. Este principio de seguridad en el cargo no tiene como objetivo fundamental la protecci�n del funcionario judicial, sino salvaguardar la garant�a social de que se cuente con un cuerpo de M. y J. que por reunir con excelencia los atributos que la C.�n exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garant�a de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que consagra el art�culo 17 de la C.�n Federal. No pasa inadvertido a esta Suprema Corte, que este criterio podr�a propiciar, en principio, que funcionarios sin la excelencia y sin la diligencia necesarias pudieran ser beneficiados con su aplicaci�n, pero ello no ser�a consecuencia del criterio, sino de un inadecuado sistema de evaluaci�n sobre su desempe�o. En efecto, es l�gico que la consecuencia del criterio que se sustenta en la C.�n, interpretada por esta Suprema Corte, exige un seguimiento constante de los funcionarios judiciales, a fin de que cuando cumplan con el t�rmino para el que fueron designados por primera vez, se pueda dictaminar, de manera fundada y motivada, si debe reeleg�rseles, de modo tal que si se tiene ese cuidado no se llegar� a producir la reelecci�n de una persona que no la merezca, y ello se podr� fundar y motivar suficientemente. 6o. Del criterio anterior se sigue que cuando est� por concluir el cargo de un Magistrado, debe evaluarse su actuaci�n para determinar si acredit�, en su desempe�o, cumplir adecuadamente con los atributos que la C.�n exige, lo que implica que tanto si se considera que no debe ser reelecto, por no haber satisfecho esos requisitos, como cuando se estime que s� se reunieron y que debe ser ratificado, deber� emitirse una resoluci�n fundada y motivada por la autoridad facultada para hacer el nombramiento en que lo justifique, al constituir no s�lo un derecho del Magistrado, sino principalmente, una garant�a para la sociedad.?. P./J. 107/2000. ?PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JUR�DICO DE GARANT�AS ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 116, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. La interpretaci�n relacionada del texto de este precepto de la Carta Magna y el proceso legislativo que le dio origen, surgido con motivo de la preocupaci�n latente en el pueblo mexicano del perfeccionamiento de la impartici�n de justicia que plasm� directamente su voluntad en la consulta popular sobre administraci�n de justicia emprendida en el a�o de mil novecientos ochenta y tres y que dio lugar a la aprobaci�n de las reformas constitucionales en la materia que, en forma integral, sentaron los principios b�sicos de la administraci�n de justicia en los Estados en las reformas de mil novecientos ochenta y siete, concomitantemente con la reforma del art�culo 17 de la propia Ley Fundamental, permite concluir que una justicia completa debe garantizar en todo el �mbito nacional la independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en el �ltimo precepto constitucional citado que consagra el derecho a la jurisdicci�n y en el diverso art�culo 116, fracci�n III, de la propia C.�n Federal que establece que �La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados�. Ahora bien, como formas de garantizar esta independencia judicial en la administraci�n de justicia local, se consagran como principios b�sicos a los que deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder p�blico, los siguientes: 1) La sujeci�n de la designaci�n de M. de los Tribunales Superiores de Justicia L.es a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los nombramientos de M. y J. deber�n hacerse preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que la merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica y exigirse que los M. satisfagan los requisitos que el art�culo 95 constitucional prev� para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, lo que ser� responsabilidad de los �rganos de gobierno que de acuerdo con la C.�n Estatal, a la que remite la Federal, participen en el proceso relativo a dicha designaci�n; 2) La consagraci�n de la carrera judicial al establecerse, por una parte, que las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la preferencia para el nombramiento de M. y J. entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia, lo que ser� responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, cuando se hayan establecido; 3) La seguridad econ�mica de J. y M., al disponerse que percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable que no podr� ser disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinaci�n en las C.ones L.es, de manera general y objetiva, del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no podr� ser removido de manera arbitraria durante dicho periodo; b) La posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del ejercicio conforme al periodo se�alado en la C.�n L. respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al hab�rseles designado, as� como que esa demostraci�n se realiz� a trav�s del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresi�n de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan dict�menes de evaluaci�n de su desempe�o por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificaci�n y vigilancia en el desempe�o de la funci�n, con motivo de la conclusi�n del periodo del ejercicio del cargo; y, c) La inamovilidad judicial para los M. que hayan sido ratificados en sus puestos, que s�lo podr�n ser removidos �en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados�.?. P./J.101/2000. Segundo apartado: 1. Toda vez que se trata de normas jur�dicas que tienen el rango de disposiciones generales, y que se aplicaron por el mismo Poder Legislativo que las emiti�, en la designaci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J., y en el acto por virtud del cual se neg� la reelecci�n a los M. de dicho tribunal que hab�an cumplido su primer periodo en el cargo, lo procedente es que decretada la invalidez de las normas cuya no conformidad con la C.�n Federal se reclama es que, decretada la invalidez de las normas cuestionadas, subsistan en sus t�rminos las normas vigentes, hasta el diecisiete de julio del a�o en curso y, por tanto, en todos aquellos actos en que las normas invalidadas se hubieren aplicado, deber�n correr la misma suerte, es decir, quedar insubsistentes, dada la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentaron. Para ello, el acto relativo a la no reelecci�n de los once M. que integraban el entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de J., se neg�, seg�n diversos acuerdos econ�micos, que con fecha diecinueve de julio se emitieron y que, en lo conducente, dicen lo siguiente: ?... III. Que las Comisiones conjuntas de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, deben definir la situaci�n jur�dica de los actualmente M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., analizando cada caso en particular, con apego al marco jur�dico vigente en el Estado.?. En este orden de ideas, se establece que la conformaci�n del Tribunal Electoral, as� como el nombramiento y permanencia de los M. electorales, encuentra su regulaci�n en la C.�n L., por el art�culo 69 en el que se establece: ?Art�culo 69. El Tribunal Electoral, para el ejercicio de sus funciones contar� con un cuerpo de M. y secretarios, los cuales ser�n independientes y s�lo responder�n al mandato de la ley. ... Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales y civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley. Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, al t�rmino de los cuales podr�n ser reelectos y, si lo fueren, continuar�n en esa funci�n por cuatro a�os m�s, durante los cuales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan esta C.�n y las leyes, en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos.?. Respecto a la posible reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral, es necesario establecer que el procedimiento de reelecci�n, al no estar contemplado espec�ficamente en la C.�n L. o en la ley debe ser el mismo procedimiento destinado a la elecci�n de los M.. Lo anterior, toda vez que ni la C.�n L. ni la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., contemplan un procedimiento para la ratificaci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial y en este sentido, deber�n estarse a lo dispuesto por el marco legal vigente, es decir, duran en su encargo cuatro a�os a partir de la fecha en que tomaron protesta, feneciendo dicho t�rmino el 22 de julio de 2001, llegada que sea dicha fecha, podr�n ser considerados nuevamente por los grupos parlamentarios y, en su caso, ser reelectos con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. Es necesario destacar, que conforme a la redacci�n vigente de la Ley Org�nica del Poder Judicial en su art�culo 78, los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial duran en su encargo cuatro a�os y no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, mas esta reforma aprobada mediante el Decreto 19117, no aplica a los M. queactualmente integran el Tribunal Electoral, de acuerdo a lo dispuesto por el art�culo cuarto transitorio, por lo que tienen la posibilidad de ser considerados para un segundo periodo de cuatro a�os, con la reserva de que se sujetar�n al procedimiento ya se�alado y que de los once integrantes que se desempe�an hasta el 22 de julio del presente, s�lo podr�n elegirse cinco para el siguiente periodo, siendo factible que �stos se elijan de entre los actuales M. o, en su caso, entre aquellos profesionistas que re�nan los requisitos exigidos por la ley. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 36, fracci�n V, 40, fracci�n VI, 88, 93 y 94 todos de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones conjuntas de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, sometemos a la consideraci�n de la asamblea el siguiente proyecto de: ?Acuerdo econ�mico. �nico: Se desecha la solicitud de ratificaci�n del Magistrado integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., estableciendo que su actual nombramiento as� como sus funciones terminan el 22 de julio de 2001, y se deja a salvo en lo particular su derecho para que los grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado, lo propongan o no para la integraci�n del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., en los t�rminos del art�culo 75 de la ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.. ...?. Ahora bien, en el caso, estamos en presencia de normas emitidas por el Poder Legislativo del Estado de J., mismas que en dos actos eminentemente administrativos aplic� el propio Poder Legislativo, siendo el primero, el haber rechazado la reelecci�n de los M. que hasta el veintid�s de julio del a�o en curso, cumpl�an su primer periodo de cuatro a�os en el cargo de M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de dicho Estado, aplic�ndoles la norma inconstitucional reformada, y el segundo, el haber designado a los M. que a partir del veintitr�s de julio del actual a�o integrar�n el Tribunal Electoral citado. Luego, no podemos aceptar que los efectos de las acciones de inconstitucionalidad solamente trasciendan a las normas generales cuya invalidez se reclama, cuando, como en el caso acontece, el mismo �rgano que las emite las aplica, dictando actos con sustento en ellas, dentro del plazo de los treinta d�as en que pueden ser impugnadas por inv�lidas, ya que en tal caso, estar�amos en presencia de un acto fraudulento de la ley. Es decir, para el �rgano legislativo de cualquier Estado de la R.�blica mexicana, resulta demasiado f�cil vulnerar, transgredir, violar, incumplir o desacatar cualquier disposici�n de la Carta Fundamental de nuestro pa�s, ya que simplemente le basta con reformar su C.�n L. o alguna de las leyes ordinarias del Estado de que se trate, y con sustento en tal reforma, emitir una serie de actos formalmente legislativos pero materialmente administrativos, o incluso, propiamente legislativos, a sabiendas de que sus actos, de suyo inconstitucionales, ser�n intocados. Esto es as�, toda vez que contrario a toda l�gica y al m�s elemental de los principios que rigen la organizaci�n pol�tica de una sociedad democr�tica, como es el equilibrio de los poderes, o el de que entre los poderes deben existir contrapesos y controles rec�procos, un Poder Legislativo reforma una ley en franca contravenci�n a la N. Suprema e inmediatamente emite una serie de actos con sustento en la norma reformada, dado que en el supuesto de que se combata de inconstitucional la reforma, ello no afectar� los actos que hubiere emitido, con lo cual se actualiza el supuesto de fraude a la ley. Por tanto, consideramos que la acci�n de inconstitucionalidad no debe llevar sus efectos a los actos que con motivo de una ley reformada y tachada de inconstitucional emitiere un poder distinto al emisor de la norma cuestionada (Poder Judicial, por ejemplo), ya que en tal caso, existe la posibilidad cierta de que tal poder, en ejercicio de sus atribuciones, controle la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma general de que se trate, y no emita acto alguno con sustento en una norma que dada su inconstitucionalidad, puede ser invalidada, o bien, que lo emita, a sabiendas que la norma reformada de que se trate no es inconstitucional; pero por el contrario, los efectos de las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad, s� deben trascender sus efectos a los actos que en forma inmediata y paralela, y como consecuencia y en aplicaci�n de la norma inconstitucional reformada, se emitieren por el mismo �rgano legislador, ya que en tal supuesto, estar�amos en presencia de una conducta en fraude de la ley puesto que la forma m�s f�cil en que se puede no aplicar la C.�n Federal, es mediante una reforma contraria a la propia C.�n, y en aplicaci�n de dicha norma reformada, emitir actos, de suyo contrarios a la C.�n, a sabiendas de que cuando se invalide la norma general de que se trate, subsistir�n en sus t�rminos los actos inconstitucionales emitidos. Por tanto, teniendo en cuenta que el principio que caracteriza a una democracia, relativo a que el poder debe estar controlado por el poder y que se concreta en la divisi�n de poderes establecida en el primer p�rrafo del art�culo 116 constitucional, es un valor supremo a salvaguardar; debe concluirse que cuando un Poder Legislativo emita una reforma en la normatividad cuya competencia se le atribuye, y en forma inmediata, directa y concomitante emitiese actos diversos con sustento en tal reforma, en el supuesto de que la norma general reformada sea declarada inv�lida, tambi�n deben declararse inv�lidos los actos que en forma inmediata, directa y concomitante emitiese el mismo �rgano legislativo, por actualizarse el supuesto de fraude a la ley, ya que se estar� en presencia de actos administrativos sin control. Luego entonces, si el Poder Legislativo del Estado de J. emiti� el decreto por virtud del cual se reform� la normatividad de dicho Estado en lo relativo a la manera de integrar el Tribunal Electoral del Estado en referencia, prohibiendo la reelecci�n de los M. que deben conformarlo, seg�n los art�culos 69, p�rrafos quinto y sexto, antes cuarto, de la C.�n Pol�tica L. y 78, p�rrafo segundo actual, y primero actual y anterior, la cual puede ser invalidada por inconstitucional, y si con sustento en tal normatividad reformada se neg� la reelecci�n de los M. que el veintid�s de julio cumplieron su primer periodo en el cargo de M., cuando en el acuerdo de negativa de reelecci�n dice el Poder Legislativo: ?... toda vez que ni la C.�n L. ni la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., contemplan un procedimiento para la ratificaci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial y en este sentido, deber�n estarse a lo dispuesto por el marco legal vigente, es decir, duran en su encargo cuatro a�os a partir de la fecha en que tomaron protesta, feneciendo dicho t�rmino el 22 de julio de 2001, llegada que sea dicha fecha, podr�n ser considerados nuevamente por los grupos parlamentarios y, en su caso, ser reelectos con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado.?, lo procedente es que tambi�n se invaliden los actos de negativa de reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral de J., por las razones expuestas con anterioridad. 2. Con la reforma al p�rrafo cuarto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica de J. que estuvo vigente hasta el diecisiete de julio del a�o en curso, que finalmente qued� como p�rrafos quinto y sexto del propio art�culo, seg�n reforma que ahora se combate, se suprimi� la parte que establec�a el derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J. a ser reelectos para un segundo periodo, despu�s de concluido el primero; y en los mismo t�rminos, con la reforma al art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., en su �nico p�rrafo, y que despu�s de la reforma qued� en dos p�rrafos, se suprimi� la parte que establec�a el derecho de los M. en cita a ser reelectos para el periodo inmediato, y se adicion� la prohibici�n expresa de que los M. del citado Tribunal Electoral puedan ser reelectos para el periodo inmediato. Ahora bien, la C.�n Federal establece, en el p�rrafo tercero de la fracci�n II del art�culo 105, respecto de las leyes electorales que, si no son conformes con la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe reclamarse tal no conformidad mediante la acci�n de inconstitucionalidad. Luego entonces, por no conformidad podemos entender: al adjetivo que se ajusta adecuadamente a una cosa o es como conviene o corresponde, o bien, la correspondencia entre las cosas. Derivando del bajo lat�n, la palabra conforme, se entend�a como muy semejante (conformis). En tales condiciones, se considera que no es conforme a la C.�n Federal el segundo p�rrafo del vigente art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., producto de la reforma del dieciocho de julio del a�o en curso, toda vez que en forma expresa, por acci�n, adici�n y mandato, contradice, por un lado, la literalidad, y por el otro la interpretaci�n sistem�tica y arm�nica de los art�culos constitucionales que se citaron como violados, en lo relativo al derecho a la reelecci�n de que gozan los M. de los tribunales de justicia de los Estados. Asimismo, no existe conformidad con la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellos casos en que por virtud de una reforma a una norma general ordinaria, se suprimen partes de un texto vigente, que s� son acordes a la Carta Magna, subsistiendo otras partes de la disposici�n reformada que, si bien no contradicen el texto de la Ley Fundamental de la Federaci�n, s� entra�an u ocultan, por supresi�n, una violaci�n al Texto Fundamental. En el caso, el dieciocho (sic) de julio del a�o en curso, en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.? se public� una reforma a los art�culos 69 de la C.�n Pol�tica L. y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, mediante la cual se suprimieron partes que resultaban acordes con el texto constitucional, tanto en su literalidad como en su interpretaci�n sistem�tica y arm�nica, ya que, hasta antes de la reforma dichos dispositivos conten�an el derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J., de reelegirse para el periodo inmediato, despu�s de concluir el primero de dichos periodos. As�, en el art�culo 69 citado, se reform� el p�rrafo cuarto que s� conten�a tal mandato, subsistiendo en los actuales p�rrafos quinto y sexto, pero excluyendo tal disposici�n la reelecci�n. Y en los mismos t�rminos, se reform� el primer p�rrafo del art�culo 78 mencionado, con el resultado final de realizar la misma supresi�n relativa a la no reelecci�n de los M., tanta veces comentada. Por tanto, no hay conformidad con la C.�n Federal en un ordenamiento de rango inferior, por disposici�n expresa que la contravenga, pero tambi�n, por omisi�n expresa producto de una reforma que entra�a o tiene como fin �ltimo borrar del texto las partes de una disposici�n normativa que resultaban acordes con la C.�n Federal. Esto resulta verdad toda vez que no puede aceptarse como v�lido, que las reformas a las leyes puedan hacerse en forma arbitraria y sin ning�n control y equilibrio, al grado que, en lugar de avanzar clarificando mediante leyes ordinarias o reglamentarias las disposiciones superiores, por el contrario, se retroceda creando o dejando lagunas en las disposiciones normativas, mediante la supresi�n de parte de alguna disposici�n que es acorde con la C.�n Federal. Por todo ello, resulta evidente que una disposici�n normativa creada como consecuencia de una reforma o una adici�n a un cuerpo de leyes, puede ser por disposici�n expresa, no conforme con la C.�n Federal; pero tambi�n se considera que no es conforme con la Ley Fundamental aquel texto que siendo producto de una reforma a una disposici�n general, entra�a u oculta una violaci�n expresa a la Carta Magna, por virtud de la supresi�n de un texto, que hasta antes de la reforma de que se trate, resultaba acorde con la N. Suprema de nuestro pa�s. 3. Bajo protesta de decir verdad, cabe decir que en el �mbito normativo del Estado de J., no existe v�a por virtud de la cual se pueda combatir la invalidez de las disposiciones normativas cuya invalidez se reclama. 4. Cabe sostener que esta acci�n de inconstitucionalidad est� vinculada con la materia electoral, toda vez que la tem�tica esencial reformada que se pretende invalidar se refiere, esencialmente, a la prohibici�n de que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, respecto del primer periodo para el que hubieren sido electos. La naturaleza de esta acci�n, en cuanto a la materia, es electoral, toda vez que el Poder Judicial del Estado de J. es tric�falo, dado que la justicia ordinaria la imparte el Supremo Tribunal de Justicia, la contenciosa administrativa el Tribunal de lo Administrativo, y la electoral el Tribunal Electoral, no existiendo lazos de dependencia jurisdiccional y, por ende, tampoco de subordinaci�n entre ninguno de los tres �rganos de justicia del Estado de J., recayendo en el Supremo Tribunal de Justicia la representaci�n del Poder Judicial, dada su antig�edad, mayor tama�o y n�mero de juzgados y personal a su servicio. Por tanto, si esta acci�n se refiere a la prohibici�n de reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado J., es evidente que la acci�n es de naturaleza electoral, en raz�n de la materia."
TERCERO. Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil uno ante el licenciado Jes�s D�az G.�a, autorizado por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para recibir las demandas y promociones a que se refiere el art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, D.D.R., en su car�cter de presidente de Convergencia por la D.acia, P.do Pol�tico Nacional, promovi� acci�n de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las normas generales que se se�alaron en el resultando primero de la presente resoluci�n; e igualmente se�al� como infringidos los preceptos de la C.�n General de la R.�blica mencionados en el resultando precedente de este fallo y plante� id�nticos conceptos de invalidez a los hechos valer por quien promovi� a nombre del P.do de la Revoluci�n D.�tica.
CUARTO. Por autos de veinte de agosto de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el P.do de la Revoluci�n D.�tica y por el P.do Convergencia por la D.acia, a los que correspondieron los n�meros 30/2001 y 31/2001, respectivamente; asimismo, design� como instructor al Ministro Jos� de Jes�s G.�o P., y por diverso auto de la misma fecha decret� la acumulaci�n de la segunda acci�n de inconstitucionalidad citada a la primera mencionada.
QUINTO. Mediante prove�do de veintiuno de agosto de dos mil uno, el Ministro instructor admiti� a tr�mite ambas demandas; determin� no tener con el car�cter de autoridad demandada al secretario general de Gobierno del Estado de J.; orden� emplazar al Congreso y al gobernador de ese Estado para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la R.�blica para que formulara pedimento; por �ltimo, solicit� la opini�n de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n.
SEXTO. Por escrito presentado el d�a veintiocho de agosto de dos mil uno en el domicilio del secretario autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n formul� su opini�n, se�alando:
"Previamente a cualquier pronunciamiento, debe precisarse que el objeto de la opini�n prevista en el art�culo 68, p�rrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, en su calidad de �rgano especializado en la materia, proporcione al m�s Alto Tribunal del pa�s los mayores elementos posibles para el examen y soluci�n de las cuestiones planteadas en la acci�n de inconstitucionalidad de que se trate; por tanto, las opiniones que al respecto se emitan, deben concretarse a los t�picos espec�ficos o estrechamente vinculados a la materia electoral. Por lo anterior, la opini�n que aqu� se vierta, �nicamente versar� respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del art�culo 69, p�rrafos quinto y sexto, de la C.�n Pol�tica del Estado de J., as� como del art�culo 78, p�rrafos primero y segundo, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de esa propia entidad, modificados mediante reforma de julio del presente a�o. As�, no ser�n objeto de la presente opini�n, los efectos que los partidos pol�ticos actores pretenden que se le d� a la sentencia, para el caso de resultar procedentes los motivos de invalidez planteados en sus respectivas demandas, porque esto no constituye cuesti�n espec�fica con particularidades propias y exclusivas de la materia electoral, sino que pertenecen al �mbito general del derecho procesal, espec�ficamente a los efectos de las sentencias pronunciadas en las acciones de inconstitucionalidad. Pues bien, de las respectivas demandas se advierte que los partidos pol�ticos actores impugnan las reformas de diecisiete de julio del a�o en curso, publicadas en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, respecto de los art�culos 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de esa propia entidad. En los conceptos de invalidez, esencialmente aducen los actores que en la reforma al art�culo 69 de la C.�n L., se suprimi� el derecho de reelecci�n e inamovilidad, que ese propio precepto, antes de la reforma, reconoc�a a los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; que en el art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, tambi�n reformado, se proh�be expresamente la reelecci�n e inamovilidad de dichos M.; que lo anterior, resulta violatorio de los art�culos 17, p�rrafos segundo y tercero, y 116, fracciones III, p�rrafos segundo, cuarto y quinto, y IV, inciso c), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la posibilidad de reelecci�n de los M. de los Poderes Judiciales de los Estados, es un derecho establecido expresamente por la N. Suprema, cuyo objetivo es salvaguardar la garant�a de estabilidad o seguridad en el cargo, y contribuye a la independencia y autonom�a de dichos �rganos jurisdiccionales. El art�culo 17 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, consagra, por una parte, la garant�a de acceso a la justicia, determinando que habr� tribunales que estar�n expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El tercer p�rrafo del propio precepto, impone a las Legislaturas L.es y F., que establezcan en las leyes respectivas, los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. Mientras tanto, la fracci�n III del art�culo 116 de la propia N.S., que proviene de la reforma constitucional publicada en elDiario Oficial de la Federaci�n de diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, y que establece el r�gimen constitucional del Poder Judicial de los Estados, consagra una serie de garant�as a favor de los M. integrantes de los tribunales de dicho poder, como se detalla enseguida: a) El Constituyente L. ser� quien establezca, en la C.�n del Estado, cu�les tribunales ejercer�n el Poder Judicial en la entidad. b) Se deber� garantizar la independencia de los M. en el ejercicio de sus funciones, y se establecer�n condiciones de ingreso, formaci�n y permanencia en el cargo. c) En los nombramientos de los M., tendr�n preferencia las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia. d) En la C.�n del Estado se deber� determinar el tiempo que los M. durar�n en el ejercicio de su encargo; podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo ser�n privados de sus puestos en los t�rminos que determinen la propia C.�n Estatal y la Ley de Responsabilidad de los Servidores P�blicos de la respectiva entidad. Las anteriores precisiones permiten establecer, que la N. Suprema consagra la garant�a de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los M. de los Poderes Judiciales de cada entidad federativa. Dicha garant�a se manifiesta a partir de que la N.F. exige que en las C.ones L.es se determine: 1. El periodo de ejercicio del cargo de M., lo que quiere decir que durante ese periodo no podr�n ser removidos arbitrariamente; 2. La posibilidad de que sean ratificados al t�rmino del periodo para el que se les design�, lo que implica que en funci�n de su desempe�o la ratificaci�n puede o no otorgarse; y 3. La inamovilidad que se logra una vez obtenida la ratificaci�n del cargo, y significa que los M. s�lo podr�n ser privados de su cargo, en los t�rminos que determinen las propias C.ones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores P�blicos de los Estados. Esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ya se ha pronunciado sobre el t�pico de la garant�a de permanencia o seguridad en el cargo de los M. de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, consagrada por el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, estableciendo que el respeto de esa garant�a contribuye al fortalecimiento de la independencia y autonom�a del propio Poder Judicial, lo que es acorde a la exigencia establecida en el art�culo 17 del propio ordenamiento. Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, se reformaron y adicionaron una serie de preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que originaron la consecuci�n de un sistema integral de justicia electoral, no s�lo a nivel federal sino tambi�n local. Entre otras cuestiones importantes de la reforma, se encuentra la relativa a que todos los actos de las autoridades electorales locales estar�n sujetos, invariablemente, al principio de legalidad, para lo cual se exigi� que las legislaturas de las entidades federativas establecieran un sistema de medios de impugnaci�n en materia electoral y, por supuesto, la creaci�n de �rganos jurisdiccionales locales que resolvieran, con car�cter definitivo, las controversias de esa naturaleza. De dicha reforma surgi� la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone, en el inciso c), que en las C.ones y leyes de los Estados se deber� garantizar que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en materia electoral, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Con motivo de la reforma que se comenta, la mayor�a de las Legislaturas L.es fueron adecuando su marco constitucional y legal en materia electoral, estableciendo sistemas de medios de impugnaci�n en esa materia, y creando tribunales jurisdiccionales en materia electoral, que incorporados, en algunos casos, al Poder Judicial del Estado, resolvieran de manera definitiva, en la entidad, las controversias que a ese respecto surgieran. Pues bien, en concepto de esta S. Superior, uno de los puntos a dilucidar en las acciones de inconstitucionalidad motivo de la presente opini�n, es si resultan aplicables a los M. de los Tribunales Electorales de los respectivos Poderes Judiciales de los Estados, las garant�as judiciales establecidas en el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, pues en funci�n de lo anterior, ser� factible determinar si los preceptos de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la propia entidad, que se impugnan, contradicen a las N.s Supremas que se precisan en las demandas de los partidos pol�ticos. Al establecer el art�culo 116, fracci�n III, primer p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que el Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las propias C.ones L.es, dej� abierta la facultad para que fuera el propio Constituyente L. el que determinara cu�les tribunales ser�n incorporados al Poder Judicial de la entidad para ejercer dicho poder en el Estado. De esta manera, determinado en la C.�n del Estado de que se trate, cu�les son los tribunales que ejercer�n el Poder Judicial en la entidad, al margen de la especialidad de la materia de que conozcan (penal, civil, electoral, etc�tera) sus titulares (J. o M.) gozan de las garant�as judiciales consagradas en la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dicho precepto constitucional se alude, en general, a los M. y J. que sean integrantes de los tribunales de los Poderes Judiciales de los Estados, como sujetos de las garant�as ah� precisadas. De esa manera, si con motivo de la reforma constitucional electoral de veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, comenzaron a crearse en las entidades federativas tribunales jurisdiccionales en materia electoral, que fueron incorporados a los Poderes Judiciales de los respectivos Estados, entonces, a los M. integrantes de dichos tribunales les son aplicables las garant�as judiciales a que se refiere el precepto constitucional en comento, pues adem�s de su pertenencia al Poder Judicial de la entidad, la garant�a de estabilidad o seguridad en el ejercicio de su funci�n contribuye, en gran medida, al fortalecimiento de la independencia de dichos tribunales, como lo exige la fracci�n IV, inciso c), del propio precepto constitucional, donde se dispone que en las C.ones y leyes de los Estados, se debe garantizar la autonom�a e independencia de los �rganos que resuelvan las controversias en materia electoral, y el diverso art�culo 17 de la propia Carta Magna, donde se dispone que las leyes garantizar�n la plena independencia de los tribunales encargados de administrar justicia. Determinado lo anterior, en opini�n de esa S. Superior, el art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. no resulta contrario a los art�culos 17 y 116, fracciones III y IV, inciso c), de la Carta Magna. En efecto, partiendo de la base de que la inconstitucionalidad de una ley secundaria surge en funci�n de su contradicci�n con un precepto o principios establecidos por la C.�n Federal, entonces, el solo hecho de que en la C.�n L. no se reitere un derecho, prerrogativa o garant�a que se consagra en la N. Superior a favor de un grupo de personas que se encuentren en un supuesto determinado, no quiere decir que aqu�lla se encuentra en contradicci�n con �sta, pues la simple omisi�n de la norma secundaria en relaci�n con determinado derecho o garant�a individual consagrado en la Carta Magna, s�lo lleva a que en tal aspecto tenga aplicaci�n directa la disposici�n de la N. Suprema que contiene la garant�a o derecho demandados, pero no a la existencia de la contradicci�n anotada. Por consiguiente, el art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., al no prever la posibilidad de reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, pero tampoco proh�be tal reelecci�n, no contradice lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que los M. de los Poderes Judiciales L.es ?podr�n ser reelectos?, y que una vez obtenida la reelecci�n, adquieren su inamovilidad, pues en el aspecto considerado, no se evidencia que la C.�n Pol�tica del Estado de J. proh�ba t�cita o expresamente la reelecci�n e inamovilidad de dichos M., porque aun cuando s�lo establece el periodo que habr�n de durar en su encargo, no significa que su reelecci�n e inamovilidad queda cercenada, pues esa omisi�n, s�lo permitir�a la aplicaci�n directa de lo que sobre el particular establece la Carta Magna, e inclusive permitir�a la reelecci�n por m�s de un periodo. Es verdad que el precepto tildado de inconstitucional, antes de ser reformado, expresamente contemplaba la posibilidad de reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la entidad, por un periodo de cuatro a�os m�s, y que con motivo de la reforma que se impugna se elimin� el texto correspondiente a ese apartado. Sin embargo, lo anterior no admite servir de base para fincar ah� la contradicci�n pretendida, porque como ya se explic�, la contradicci�n s�lo podr�a surgir a partir de que en la norma ordinaria se cercene o modifique, t�cita o expresamente, un derecho o garant�a reconocidos en la N. Suprema, cuesti�n que no se obtiene de la mera omisi�n en que incurre el legislador local; primero, porque la redacci�n del precepto no lleva al convencimiento de que se est� prohibiendo la posibilidad de reelecci�n de los M., y segundo, porque la precisi�n del periodo que durar�n en su cargo, sin hacer referencia a la posibilidad de reelecci�n y su inamovilidad, no impide la aplicaci�n y el reconocimiento de ese derecho consagrado en la Carta Magna, ni por ende lleva a la consideraci�n de que t�citamente se contradice con lo dispuesto en la C.�n Federal. Por otro lado, el impugnado p�rrafo primero del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, en la medida que establece que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado durar�n en su encargo cuatro a�os, a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, y que durante ese periodo no podr�n ser privados de su empleo, salvo los casos previstos en la C.�n Pol�tica del Estado, en materia de responsabilidades, tampoco resulta contrario al art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, antes bien, resulta acorde con esta fracci�n, pues en ella se faculta al legislador local para que determine el periodo que durar�n en su cargo los M. del Poder Judicial del Estado de que se trate, de modo que durante ese periodo, no sean removidos arbitrariamente. En cambio, el p�rrafo segundo del referido art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, resulta violatorio de los art�culos 17 y 116, fracciones III, p�rrafo quinto, y IV, inciso c), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que la posibilidad de ratificaci�n de los M. de los tribunales de justicia de los Estados, consagrada en el art�culo 116, fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, como condici�n para obtener la inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuaci�n del funcionario judicial y no as� a la sola voluntad del �rgano u �rganos a los que las C.ones L.es otorgan la atribuci�n de decidir sobre tal ratificaci�n, en tanto este principio ha sido establecido como una de las formas de garantizar la independencia y autonom�a judicial, no s�lo como un derecho de tales servidores p�blicos, sino principalmente como una garant�a de la sociedad de contar con servidores id�neos que aseguren una impartici�n de justicia pronta, completa e imparcial, en los t�rminos se�alados en el art�culo 17 constitucional. Por consiguiente, si la posibilidad de reelecci�n, como condici�n establecida en la C.�n Federal para obtener la inamovilidad de los M. de los Poderes Judiciales de los Estados, constituye un derecho a la seguridad o estabilidad en el cargo, elevado a rango de garant�a para dichos funcionarios, es inconcuso que las disposiciones que proh�ban esa posibilidad de reelecci�n y consecuente inamovilidad, resultan contrarias a la N. Suprema que salvaguarda esa garant�a. En el caso, el p�rrafo segundo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., al establecer que: ?Al t�rmino de su gesti�n los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles sujet�ndose al procedimiento previsto en esta ley.?, contradice de manera directa lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la Carta Magna, que consagra la posibilidad de reelecci�n de los M. de los tribunales de justicia de los Estados, y en esa medida, constituye un obst�culo para garantizar la autonom�a en el funcionamiento e independencia en sus decisiones, como se establece en los diversos art�culos 17 y 116, fracci�n IV, inciso c), de la propia N.S.. Es as�, porque el ejercicio del Poder Judicial del Estado de J. se deposita y ejerce, entre otros, por el Tribunal Electoral, en el �mbito de su respectiva competencia, seg�n se desprende de lo dispuesto en el art�culo 56 de la C.�n Pol�tica del Estado de esa entidad federativa, por lo cual, a los M. que componen dicho Tribunal Electoral les resulta aplicable la garant�a judicial de seguridad o estabilidad en el ejercicio de su funci�n, que se desprende de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n Federal, y que encierra, entre otros, el derecho a que tengan la posibilidad de ser reelectos o ratificados en su cargo, en atenci�n al desempe�o de su funci�n. Adem�s, porque el art�culo 17 de la propia Carta Magna establece que las leyes federales y locales deber�n garantizar la independencia de los tribunales (en general), mientras que el art�culo 116, fracci�n IV, inciso c), dispone que las C.ones de los Estados y las leyes electorales deber�n garantizar que los �rganos jurisdiccionales que resuelvan las controversias que surjan en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, de modo que, si la posibilidad de ratificaci�n y la inamovilidad de los M. constituye una forma de contribuir a esa independencia, como lo ha sostenido ese M�ximo Tribunal del pa�s, es inconcuso que las garant�as judiciales que se derivan de la fracci�n III del art�culo 116 en comento, resultan aplicables a los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J.. En esa medida, en concepto de esta S. Superior, a dichos M. tambi�n resultan aplicables las tesis de jurisprudencia que sobre el particular ha sostenido ese M�ximo Tribunal de la naci�n, consultables en las p�ginas 11 y 12, 30 y 31, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, octubre de 2000, Pleno y S., que dicen: ?MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACI�N DE AQU�LLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 116, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. La posibilidad de ratificaci�n de los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados consagrada en el art�culo 116, fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal, como condici�n para obtener la inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuaci�n del funcionario judicial y no as� a la sola voluntad del �rgano u �rganos a los que las C.ones L.es otorgan la atribuci�n de decidir sobre tal ratificaci�n, en tanto este principio ha sido establecido como una de las formas de garantizar la independencia y autonom�a judicial, no s�lo como un derecho de tales servidores p�blicos sino, principalmente, como una garant�a de la sociedad de contar con servidores id�neos que aseguren una impartici�n de justicia pronta, completa e imparcial en los t�rminos se�alados en el art�culo 17 constitucional. En consecuencia, tal posibilidad se encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa b�sica de que el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las C.ones L.es para la duraci�n del mismo; 2) A la condici�n relativa de que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo del cargo establecido en las C.ones L.es; y 3) A un acto administrativo de orden p�blico de evaluaci�n de la actuaci�n de los M., que se concreta en la emisi�n de dict�menes escritos en los que se precisen las causas por las que se considera que aqu�llos deben o no ser ratificados, antes de que concluya el periodo de duraci�n del cargo, para no afectar la continuidad en el funcionamiento normal del �rgano jurisdiccional y, preferentemente, aplicando reglas fijadas de antemano y que sean del conocimiento p�blico para garantizar que la calificaci�n realizada atienda a criterios objetivos, lo que implica un examen minucioso del desempe�o que se haya tenido y, por tanto, un seguimiento de la actuaci�n del Magistrado relativo que conste en el expediente que haya sido abierto con su designaci�n y que se encuentre apoyado con pruebas que permitan constatar la correcta evaluaci�n de su desempe�o en la carrera judicial y su comprobaci�n mediante los medios id�neos para ello, como puede serlo la consulta popular, en tanto los requisitos exigidos para la designaci�n, como son la buena reputaci�n y la buena fama en el concepto p�blico tienen plena vigencia para el acto de ratificaci�n y significa la exigencia de que el dictamen que concluya con la ratificaci�n, debe basarse no s�lo en la ausencia de conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya actuaci�n se eval�e, sino en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona de excelencia para seguir ocupando el cargo, dictamen que debe ser emitido siempre, ya sea que se concluya en la ratificaci�n o no del Magistrado, ante el inter�s de la sociedad de conocer a ciencia cierta, por conducto del �rgano u �rganos correspondientes, la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios judiciales relativos.?. ?PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACI�N, CONFORME A LA INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Del an�lisis de este precepto y de las diferentes tesis que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se pueden enunciar los siguientes criterios sobre la situaci�n jur�dica de los Poderes Judiciales L.es, y que constituyen el marco que la C.�n Federal establece a los Poderes Ejecutivo y Judicial de los Estados miembros de la Federaci�n, en cuanto a la participaci�n que les corresponde en la integraci�n de aqu�llos: 1o. La C.�n Federal establece un marco de actuaci�n al que deben sujetarse tanto los Congresos como los Ejecutivos de los Estados, en cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de los M. de los Tribunales Supremos de Justicia, o Tribunales Superiores de Justicia. 2o. Se debe salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados y, l�gicamente, de los M. de esos tribunales. 3o. Una de las caracter�sticas que se debe respetar para lograr esa independencia es lainamovilidad de los M.. 4o. La regla espec�fica sobre esa inamovilidad supone el cumplimiento de dos requisitos establecidos directamente por la C.�n Federal y uno que debe precisarse en las C.ones L.es. El primero, conforme al quinto p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n Federal, consiste en que los M. deben durar en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, como expresamente lo se�ala la C.�n Federal; el segundo consiste en que la inamovilidad se alcanza cuando, cumpli�ndose con el requisito anterior, los M., seg�n tambi�n lo establece el texto constitucional, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. El requisito que debe preverse en las C.ones L.es es el relativo al tiempo espec�fico que en ellas se establezca como periodo en el que deben desempe�ar el cargo. 5o. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde el momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su encargo. Esta conclusi�n la ha derivado la Suprema Corte del segundo y cuarto p�rrafos de la propia fracci�n III del art�culo 116 y de la exposici�n de motivos correspondiente, y que se refieren a la honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como M., as� como a la carrera judicial, relativa al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Si se aceptara el criterio de que esa seguridad s�lo la obtiene el Magistrado cuando adquiere la inamovilidad, se propiciar�a el fen�meno contrario que vulnerar�a el texto constitucional, esto es, que nunca se reeligiera a nadie, con lo que ninguno ser�a inamovible, pudi�ndose dar lugar exactamente a lo contrario de lo que se pretende, pues ser�a imposible alcanzar esa seguridad, poni�ndose en peligro la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados de la R.�blica. El principio de supremac�a constitucional exige rechazar categ�ricamente interpretaciones opuestas al texto y al claro sentido de la Carta Fundamental. Este principio de seguridad en el cargo no tiene como objetivo fundamental la protecci�n del funcionario judicial, sino salvaguardar la garant�a social de que se cuente con un cuerpo de M. y J. que por reunir con excelencia los atributos que la C.�n exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garant�a de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que consagra el art�culo 17 de la C.�n Federal. No pasa inadvertido a esta Suprema Corte, que este criterio podr�a propiciar, en principio, que funcionarios sin la excelencia y sin la diligencia necesarias pudieran ser beneficiados con su aplicaci�n, pero ello no ser�a consecuencia del criterio, sino de un inadecuado sistema de evaluaci�n sobre su desempe�o. En efecto, es l�gico que la consecuencia del criterio que se sustenta en la C.�n, interpretada por esta Suprema Corte, exige un seguimiento constante de los funcionarios judiciales, a fin de que cuando cumplan con el t�rmino para el que fueron designados por primera vez, se pueda dictaminar, de manera fundada y motivada, si debe reeleg�rseles, de modo tal que si se tiene ese cuidado no se llegar� a producir la reelecci�n de una persona que no la merezca, y ello se podr� fundar y motivar suficientemente. 6o. Del criterio anterior se sigue que cuando est� por concluir el cargo de un Magistrado, debe evaluarse su actuaci�n para determinar si acredit�, en su desempe�o, cumplir adecuadamente con los atributos que la C.�n exige, lo que implica que tanto si se considera que no debe ser reelecto, por no haber satisfecho esos requisitos, como cuando se estime que s� se reunieron y que debe ser ratificado, deber� emitirse una resoluci�n fundada y motivada por la autoridad facultada para hacer el nombramiento en que lo justifique, al constituir no s�lo un derecho del Magistrado, sino principalmente, una garant�a para la sociedad.?."
S�PTIMO. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil uno en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los diputados J.V.�ctor C.M.�n y E.L.M.V., secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de J., rindieron informe en representaci�n del Poder Legislativo de ese Estado, en los siguientes t�rminos:
"En cuanto a la norma o normas generales cuya invalidez se reclaman: Respecto al inciso A) que a la letra dice: ?El adicionado p�rrafo segundo del art�culo 78, el art�culo cuarto transitorio y el primer p�rrafo del propio art�culo 78, todos de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., y que son producto de la reforma publicada el diecisiete de julio de dos mil uno, en virtud de que se niega, en forma expresa, el derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, a reelegirse, despu�s de que hubiesen concluido el primer periodo para el que hubiesen sido electos, y en raz�n de que se suprimi� la parte del citado primer p�rrafo, en que se establec�a tal derecho de reelecci�n, y que hasta antes de la reforma, era acorde con la Ley Fundamental de nuestro pa�s ...?. De lo anterior, nos permitimos manifestar que es cierto que mediante Decreto 19117, se reformaron -entre otros- el art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.; sin embargo, de ninguna manera es cierto que con dicha reforma se niegue en forma expresa, el derecho de los M. del Tribunal Electoral de la citada entidad federativa a la reelecci�n. En lo relativo al inciso B), que a la letra dice: ?Los p�rrafos quinto y sexto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., vigente en la actualidad, como consecuencia de la reforma del dieciocho de julio del actual a�o, toda vez que son producto de la reforma al p�rrafo cuarto del propio art�culo 69, vigente hasta antes del dieciocho de julio del actual a�o, ya que en el fondo, dichos p�rrafos quinto y sexto, por supresi�n, entra�an u ocultan la parte que en el citado p�rrafo cuarto resultaba acorde con la C.�n Federal, en la materia del derecho de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del mencionado Estado de J., a ser reelectos en el cargo para el periodo inmediato, despu�s de haber concluido el primero de dichos periodos. Todo lo anterior, con el fin �ltimo de que despu�s de la invalidez que se decrete, queden tambi�n sin efecto, los actos emitidos como consecuencia de la aplicaci�n de dichas normas, por el Poder Legislativo del Estado de J., emisor de las normas cuestionadas, y por estar, normas y actos, rec�procamente vinculados y provenir del �rgano emisor de las normas no conformes con la C.�n Federal.?. A este respecto, manifiesto que es cierto que mediante el Decreto N�mero 19117, se reform� el art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., decreto que fue publicado en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.? el 17 de julio de 2001, y mediante el cual se reforman los art�culos 57, p�rrafo s�ptimo, 69 y 71 de la C.�n Pol�tica Estatal. Sin embargo, si bien es cierto la existencia del Decreto 19117, que contiene reformas y adiciones a la C.�n Pol�tica del Estado de J., es falso que dicho acto sea �nicamente atribuible al Congreso del Estado, toda vez que las reformas constitucionales se derivan de un procedimiento especial, el cual se realiza por un �rgano tambi�n especial, denominado Poder Constituyente Permanente. En efecto, a la luz de la teor�a constitucional, la propia N.F. establece el principio de rigidez de la C.�n Pol�tica, dicho principio de rigidez consiste, en que las normas constitucionales no pueden ser reformadas por el Poder Legislativo, ni mediante el proceso ordinario de reformas o creaci�n de leyes. Este principio es uno de los baluartes de defensa constitucional. Si la N.F. en la que se expresa la forma de ser del Estado y del gobierno pudiese ser reformada por el simple Poder Legislativo del Estado, como un poder creado por la propia N. C.onal y modificar sustancialmente la forma de gobierno o la propia forma del Estado, perder�a por completo la caracter�stica de ser la N. Suprema, creadora de todo el orden jur�dico y pol�tico, permitiendo graves transmutaciones del propio Estado y del propio derecho, en perjuicio de la estabilidad pol�tica y social. El principio de rigidez constitucional se encuentra perfectamente establecido en el propio texto constitucional; as�, el art�culo 117 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., establece el procedimiento especial que se debe observar para que la propia N.F. pueda ser reformada; dicho precepto expresa: ?Esta C.�n s�lo podr� reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del n�mero total de diputados que integren la legislatura, se enviar� a los Ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere provocado; si del c�mputo efectuado por el Congreso resultare que la mayor�a de los Ayuntamientos aprueban la reforma, se declarar� que forma parte de la C.�n. Si transcurriere un mes despu�s de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de la votaci�n, se entender� que aceptan las reformas. ...?. Es por ello, que los doctrinistas mexicanos afirman que este tipo de procedimiento de reformas constitucionales es un procedimiento especial, el cual se realiza por un �rgano tambi�n especial, denominado Poder Constituyente Permanente. Por lo que, para la reforma a la C.�n Pol�tica L., para su aprobaci�n deben confluir, adem�s, los 124 Ayuntamientos del Estado de J., ya sea de manera activa o pasiva y, si se tratare del primer caso, emitiendo su voto a favor o su voto en contra de las reformas que se proponen; por lo que, si nos atrevi�ramos a afirmar que somos la autoridad de la que eman� dicha reforma, incurrir�amos en una falta grave, apoder�ndonos de toda la responsabilidad, para bien o para mal, que implican las citadas reformas constitucionales, faltar�amos a la verdad y negar�amos el propio orden constitucional expresado en nuestras N.s Fundamentales, convirti�ndonos en los detentadores materiales de la soberan�a popular que �nica y exclusivamente puede pertenecer al pueblo del Estado de J.. En cuanto a los conceptos de invalidez. En relaci�n con los conceptos de invalidez indicados en el primer apartado, en donde se�alan los accionistas que el procedimiento de designaci�n de los M. electorales, seguido por el Congreso del Estado de J. es violatorio de los art�culos 17, p�rrafo tercero y 116, p�rrafo segundo, fracci�n III, p�rrafos segundo, cuarto y quinto, y fracci�n IV, inciso c), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el art�culo 17 de la C.�n Pol�tica de M�xico se�ala: ?Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil.?. La invalidez reclamada respecto del art�culo 17 constitucional invocado resulta improcedente, ya que el principio de independencia debe ser entendido como un aspecto fundamental en la administraci�n de justicia y forma parte de las llamadas ?garant�as judiciales? o ?jurisdiccionales?, es decir, aquellos instrumentos jur�dicos para lograr que los �rganos judiciales puedan actuar con autonom�a e independencia frente a los dem�s �rganos del poder p�blico a fin de estar en aptitud de resolver en sus m�ritos, de manera objetiva e imparcial, los casos litigiosos que se les presente; incluso, la independencia jurisdiccional implica resolver conforme a derecho, sin importar las presiones pol�ticas que pretendan ejercerse en sentido opuesto. Luego entonces, si la actuaci�n del Tribunal Electoral del Poder Judicial en el Estado de J. se ajusta a los t�rminos expresados, sus actuaciones, las anteriores y las ulteriores o que est�n pendientes de resolver, se har�n conforme a dichos t�rminos, o en todo caso, se est� juzgando a priori o de manera subjetiva la actuaci�n de los M. electorales reci�n electos, cinco, de los cuales tres son reelectos y los dos M. restantes cumplen los requisitos del art�culo 95 de la C.�n de M�xico y el 59 de la C.�n Pol�tica de J., que son los siguientes: ?Para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ser requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los �ltimos cinco a�os, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempe�o de alg�n cargo en el servicio p�blico, siempre y cuando no haya sido fuera del pa�s; II. Tener cuando menos treinta y cinco a�os cumplidos al d�a de la elecci�n; III. Poseer el d�a de la elecci�n, con antig�edad m�nima de diez a�os, t�tulo profesional de licenciado en derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o instituci�n legalmente facultada para ello y registrado en la Direcci�n de Profesiones del Estado; IV. Gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de m�s de un a�o de prisi�n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci�n, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto p�blico, inhabilitar� para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; V. No haber sido gobernador, titular de alguna de las secretar�as de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, procurador general de Justicia, integrante del Consejo General del Poder Judicial, diputado local, presidente, vicepresidente municipal o regidor de Ayuntamiento, durante el a�o previo al d�a de la elecci�n; VI. No haber sido secretario de Estado o jefe de departamento administrativo de la Federaci�n, procurador general de la R.�blica, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo un a�o antes al d�a en que tenga verificativo la elecci�n.?. Por tanto, la invocaci�n de que se est� violentando el art�culo 17 constitucional es incorrecta e infundada, por tanto, se considera improcedente. Por otra parte, el dictamen del Congreso del Estado, materia de la impugnaci�n, establece y determina que todos los M. electorales electos, cumplen los requisitos constitucionales y legales. El art�culo 116 de la C.�n de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracci�n IV, inciso c), impone a las entidades federativas la responsabilidad de instituir en las C.ones y leyes de los Estados, en materia electoral, que las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. En total cumplimiento de lo anterior, el Constituyente Permanente del Estado de J., estableci� en el art�culo 69 de la C.�n L., la creaci�n del Tribunal Electoral en los siguientes t�rminos: ?Art�culo 69. El Tribunal Electoral, para el ejercicio de sus funciones contar� con un cuerpo de M. y secretarios, los cuales ser�n independientes y s�lo responder�n al mandato de la ley. Los M. electorales deber�n satisfacer los requisitos que se�ale la ley, que no podr�n ser menores a los que establece esta C.�n para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos tercera partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales y civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley. Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, al t�rmino de los cuales podr�n ser reelectos y, si lo fueren, continuar�n en esa funci�n por cuatro a�os m�s, durante los cuales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan esta C.�n y las leyes, en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos.?. De igual forma, el Poder Legislativo del Estado de J., contempl� en la Ley Org�nica del Poder Judicial, adem�s de la existencia del Tribunal Electoral, el procedimiento establecido en el art�culo 75 de dicho ordenamiento, para la elecci�n de los M. integrantes del Tribunal Electoral; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 116 de la C.�n Federal, as� como en el uso de las facultades que le confiere el art�culo 35, fracci�n IX, de la C.�n L., en el sentido de organizar los Poderes del Estado y elegir a los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., de conformidad con el siguiente procedimiento. ?Art�culo 75. Para nombrar a los M. del Tribunal Electoral, deber� observarse el siguiente procedimiento: I. Cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, elaborar� una propuesta de candidatos que consideren aptos para ocupar el cargo, habiendo escuchado para tal efecto a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados instituidos en la entidad y dem�s organizaciones sociales y civiles. ...?. El cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n anterior, se desprende de los oficios turnados por los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los P.dos Acci�n Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de M�xico, a las Comisiones Legislativa de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, que son las encargadas de sustanciar el procedimiento. En dichas listas se propuso a los siguientes candidatos: El P.do Acci�n Nacional propuso a los M. integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, a saber: L.. E.F.P., L.. C.G.D.�n, L.. F.�citas V.S., L.. F.E.C.S.�nchez, L.. B.�n R.S., L.. A.G.P., L.. A.C.M.�n, L.. Mar�a Ver�nica M.E., L.. J.Z.�rate L�pez, L.. Marco A.M.S.�nchez, L.. J.P.A.. Adem�s propuso a los siguientes candidatos: L.. H.B.P., L.. Ra�l C.U., L.. R.A.S.C.�rdenas. El P.do Verde Ecologista de M�xico propuso a: L.. Marco A.M.S.�nchez, L.. Mar�a F.�citas V.S., L.. F.E.C.S.�nchez, L.. J.Z.�rate L�pez, L.. A.G.P.. El P.do Revolucionario Institucional propuso a: L.. L.M.R., L.. E.F.P., L.. B.�n R.S., L.. A.C.M.�n, L.. Mar�a Ver�nica M.E., L.. A.G.P., L.. Marco A.M.S.�nchez, L.. J.P.A., L.. A.C., L.. S.O.S.�n, L.. J.G.V., L.. M.A.M.�nchez, L.. H.B.P., L.. P.M.�as H.�ndez, L.. J.A.P.C., L.. H�ctor M.M. G�mez, L.. M.C.M.F., L.. E.G.�a G.�lez, L.. J.L.C.G.�lez, L.. C.M.F.M., L.. Jos� de Jes�s Covarrubias Due�as. Y el P.do de la Revoluci�n D.�tica no mand� oficio de propuestas, no obstante haber recibido el oficio signado por los diputados presidentes de las Comisiones de Justicia Calificadora y de Asuntos Electorales de este Congreso, mas s� particip� activamente en las reuniones conjuntas de trabajo de las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, a trav�s del coordinador parlamentario, diputado C.P.R., como consta en el acta de la sesi�n conjunta de las comisiones mencionadas, as� como en el dictamen de acuerdo econ�mico suscrito por �stas. A su vez, estas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado de J., realizaron sus propuestas escuchando la opini�n de diversas asociaciones civiles, pol�ticas y acad�micas que realizaron propuestas de diversos candidatos, de los que finalmente resultaron las propuestas definitivas. Lo anterior se acredita con las copias de los documentos que dichas asociaciones, incluyendo a los accionantes, P.do de la Revoluci�n D.�tica, por medio del Comit� Municipal de Guadalajara y el P.do Pol�tico Nacional, Convergencia por la D.acia, por conducto de su comit� estatal, los que presentaron apoyos al ciudadano J.P.A., quien finalmente fue electo como Magistrado suplente del Tribunal Electoral del Estado de J.. Las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales del Poder Legislativo, analizaron las propuestas a que se refiere la fracci�n anterior, a fin de verificar que los candidatos cumplieran con los requisitos que la ley establece para ocupar el cargo, y elaborar una lista por el doble de M. a elegir, determinando la S. o instancia a la que se integrar�n. El procedimiento se apeg� a derecho, toda vez que las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, en reuni�n de trabajo conjunto, analizaron las propuestas presentadas por las fracciones parlamentarias, y tras verificar la elegibilidad de los propuestos, deliberaron acerca de la integraci�n de la propuesta final, acordando someter a votaci�n un proyecto de acuerdo econ�mico en el que se integraron el doble del n�mero necesario para integrar el Tribunal Electoral con propietarios y suplentes, aclarando que no fue materialmente posible integrar a la totalidad de los propuestos, toda vez que el Tribunal Electoral es conformado solamente por cinco M. propietarios y cinco suplentes. No obstante lo anterior, se aclara que los diputados integrantes del Congreso del Estado de J., est�n facultados para emitir su voto en lo particular por quien consideren conveniente. Asimismo, es necesario se�alar que es una atribuci�n personal de cada diputado la emisi�n personal del voto, misma que no puede ser condicionada ni coaccionada, es decir, es totalmente subjetiva. A efecto de que un candidato a Magistrado electoral ocupe el cargo, debe conseguir las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes del Congreso del Estado, quienes actualmente ocupan el cargo de M. electorales, consiguieron tal votaci�n como se demuestra de las actas de la sesi�n en la que se llev� a cabo tal designaci�n, cumpliendo lo preceptuado por esta fracci�n III. Lo anterior fue respetado de igual forma, al designarse en los mismos t�rminos a los M. suplentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J.. De lo anteriormente expuesto, se deduce claramente que el Congreso del Estado de J., las comisiones legislativas encargadas de la sustanciaci�n del procedimiento y las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, se apegaron en todo momento al procedimiento legal establecido previamente al acto reclamado, por lo que deber� confirmarse el acto impugnado. Por lo que, es f�cil apreciar que en lo que respecta al nombramiento de los M. integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., le corresponde en definitiva al Congreso del Estado, por estar expresamente facultado para ello y es necesario aclarar que el procedimiento para dichos nombramientos est� claramente regulado por la C.�n L. y por la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., mismo procedimiento que se respet� totalmente en la integraci�n del actual Tribunal Electoral, lo cual demostramos plenamente con el expediente relativo a dicha integraci�n y conformado con las documentales que demuestran el cumplimiento de todos los pasos marcados por la legislaci�n vigente. M�s a�n, del texto de la C.�n Pol�tica del Estado, as� como de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, vigentes al 18 de julio pasado, se�alaban:
"Art�culo 69 de la C.�n Pol�tica L.:


"Como se puede apreciar, el art�culo 69 de la C.�n Pol�tica de J., reformado seg�n publicaci�n en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, del d�a 17 de julio del presente, no menciona la posibilidad de reelecci�n, porque as� fue reformado; sin embargo, en este caso debemos tomar en cuenta el art�culo transitorio de la reforma combatida, a saber: T.. ?Cuarto. El segundo p�rrafo del art�culo 78, de la Ley Org�nica del Poder Judicial, s�lo ser� aplicable a los M. electorales que se elijan con posterioridad a la publicaci�n del presente decreto.?. ?Art�culo 78. ... Al t�rmino de su gesti�n los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles sujet�ndose al procedimiento previsto en esta ley.?. Mismo que dio la posibilidad a los M. salientes (potestativo) de participar como candidatos, como as� lo hicieron en el proceso de selecci�n, en el cual fueron tomados en cuenta como candidatos, por lo que no fue conculcada su posibilidad a ser reelectos; entonces, se cumpli� cabalmente con la obligaci�n del texto constitucional anterior a las reformas. Como se evidencia, en trat�ndose de la aplicaci�n de normas procedimentales �stas otorgan derechos cuando son actualizadas, es decir, cuando en el momento procesal oportuno se aplica, siendo la norma que se ha de aplicar la que se encuentre vigente en ese lapso, y aunado a lo anterior, se vulnere un derecho, no una expectativa, como lo fue el caso en concreto. Si bien es cierto que existi� una reforma constitucional y legal, tambi�n lo es el hecho de que no hubo ning�n tipo de violaci�n, toda vez que esta reforma entr� en vigencia con anterioridad al acto y en la misma reforma se permit�a la reelecci�n de los M. que integraban el tribunal antes de dicha reforma, reelecci�n que se dio en tres casos para propietarios y dos para suplentes, y se�alamos que era imposible haber votado por los once, ya que cinco propietarios y cinco suplentes suman diez y la retroactividad no se aplic� en perjuicio de ninguna persona; por tanto, todos los actos del Congreso son v�lidos conforme al principio sustentado en la tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n bajo el rubro: ?PRINCIPIO DE CONSERVACI�N DE LOS ACTOS P�BLICOS V�LIDAMENTE CELEBRADOS.?. S. Superior. S3ELJD 01/98. La reforma que ahora se combate, tiene por objeto el reestructurar el Tribunal Electoral de esta entidad federativa, reduciendo el n�mero de sus integrantes (de once a cinco), pero a la vez simplificando el procedimiento de impugnaci�n en materia electoral haci�ndolo uniinstancial, con lo cual la carga de trabajo es reducida, requiri�ndose un n�mero menor de M.. Adem�s se suprime la posibilidad de reelecci�n directa, dejando la posibilidad de que los especialistas en derecho electoral, puedan aspirar nuevamente al cargo de M., pasado un periodo; lo anterior el legislador lo consider� adecuado, exponiendo los motivos en la iniciativa. Ahora bien, es de destacarse que la reforma a este tribunal, surge luego de un estudio del costo-beneficio que dicho tribunal represent� a la sociedad, en el periodo comprendido de 1997 al 2001, en el que se encontr� que en este lapso se resolvieron 254 recursos (p�g. 131 del Compendio de Actividades 1997-2001) en materia electoral. Lo cual fue resuelto por once M. propietarios, en ese plazo de cuatro a�os. Lo anterior, evidenci� la necesidad de la reforma, en el sentido de disminuir la cantidad de integrantes de dicho tribunal, toda vez que al momento de su creaci�n se gener� una falsa expectativa en cuanto a la actividad que dichos M. desempe�ar�an; ahora bien, el Congreso del Estado, en cumplimiento de sus obligaciones como representante social, se vio obligado a proponer la reforma reestructurando dicho tribunal; con lo anterior no se lleg� a la conclusi�n de remover a los M. de sus puestos, por ineficiencia o por diversas cuestiones atribuibles a estos profesionistas, sino como ya se mencion�, por la correcci�n a una expectativa falsa respecto a la necesidad del servicio desempe�ado por ese tribunal. De igual forma, en cuanto a la reforma al procedimiento, limit�ndola a una sola instancia, se arriba a la conclusi�n de que con lo anterior, se respeta lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 116 en cuanto que se garantiza la legalidad de los actos relacionados con los procesos electorales locales. Con este cambio, adem�s se obtiene en un periodo menor, la certeza respecto al resultado de dichos procesos. Ahora bien, en cuanto a la duraci�n de los M. del Tribunal Electoral, debe mencionarse que es facultad del �rgano Revisor de la C.�n del Estado de J., establecer el t�rmino por el que ejercer�n el cargo los M. del Tribunal Electoral. Siendo el caso que �stos, duran en su encargo cuatro a�os contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley. Teniendo la posibilidad de ser reelectos pasado un periodo de cuatro a�os. En cuanto a la integraci�n del Tribunal Electoral en el Estado de J., as� como en las diversas entidades del pa�s, debemos manifestar que la g�nesis de estos tribunales, se encuentra precisamente en la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n General, no as� en la fracci�n III, como lo manifiesta el actor; en tal sentido, se deduce una diferencia entre los Tribunales Electorales y los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, de tal forma que cada entidad debe dise�ar los Tribunales Electorales, de conformidad con las necesidades reales que se den en cada caso concreto. Debe se�alarse en este sentido, que no resulta del todo adecuado se�alar como aplicables, a este caso, las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federaci�n, relacionadas con los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados. En este sentido, encontramos que la integraci�n de este �rgano jurisdiccional, puede ser concebido en forma diversa en cada entidad federativa, existiendo grandes diferencias entre los Tribunales Superiores de Justicia y los Tribunales Electorales de las entidades federativas, sin que estas diferencias indiquen una violaci�n a la C.�n General. En este sentido podemos mencionar lo siguiente: 1) En cuanto a su integraci�n, encontramos que var�a en cada Estado y como ejemplo tenemos a Baja California Sur, con tres numerarios (art�culo 99 de la C.�n de Baja California Sur). En Campeche, encontramos la existencia de juzgados colegiados, en el n�mero necesario que se establezca en la ley especial (art�culo 82.2 de la C.�n de Campeche). En Chihuahua, se destaca la integraci�n de dicho tribunal con tres M. (art�culo 37 de la C.�n de Chihuahua). En el Estado de M�xico al igual que en Puebla, encontramos que el Tribunal Electoral es ajeno al Poder Judicial (art�culo 13 de la C.�n del Estado de M�xico y 3o. de la C.�n de Puebla). En el Estado de Morelos, encontramos que el Tribunal Electoral funciona exclusivamente en cada proceso electoral. 2) En cuanto a la duraci�n en sus funciones: Destacamos el caso de Baja California Sur, que se�ala un plazo de seis a�os, siendo que no se contempla ni se proh�be la ratificaci�n o reelecci�n inmediata (art�culo 99 de la C.�n de Baja California Sur). En Campeche los J. integrantes de los juzgados colegiados, duran 6 a�os y si son propuestos por el Pleno del Congreso L. y si son confirmados, adquieren el car�cter de inamovibles (art�culo 82.2 de la C.�n de Campeche). En Chihuahua los M. duran en su encargo cuatro a�os y podr�n ser reelectos, y se destaca el hecho de que en esta entidad se realiza un pago especial a los M. en periodo electoral. En el Estado de Q.R., encontramos que los M. electorales funcionar�n �nicamente en procesos electorales y ser�n nombrados por siete a�os improrrogables (art�culo 103 de la C.�n de Q.R.). En el mismo sentido, en el Estado de Tabasco, se se�ala un plazo de ocho a�os improrrogables (art�culo 63 bis de la C.�n de Tabasco). En el Estado de Veracruz duran en el ejercicio de su cargo tres a�os pudiendo ser reelectos por un periodo, pero ejercen sus atribuciones �nicamente en el proceso electoral. 3) En cuanto a las instancias: En el caso de Baja California Sur, que se�ala una sola instancia. En Campeche s�lo se encontr� una instancia. En Yucat�n dos instancias, etc. Como conclusi�n, debe se�alarse que cada entidad federativa tiene las facultades para organizarse e instituir los Tribunales L.es Electorales, en los t�rminos que soberanamente decidan. En este sentido, cabe destacar que el art�culo 116 en su fracci�n IV, otorga la posibilidad de que los tribunales y los medios de impugnaci�n en materia electoral local, se sujeten a las necesidades reales en cada caso concreto. Y por �ltimo, se insiste en recalcar que no puede confundirse la figura del tribunal del Estado de J., con el Supremo Tribunal de Justicia, toda vez que son de naturaleza diversa y sus principios se manejan por separado en el propio art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, siendo consecuencia directa la inaplicabilidad de las jurisprudencias relativas a la fracci�n III del art�culo 116, al caso que nos ocupa. Asimismo, la C.�n de J. y la Ley Org�nica del Poder Judicial en el Estado de J., fueron reformadas conforme a lo que se�alan los art�culos 117 y 118 de la C.�n de J.: ?Art�culo 117. Esta C.�n s�lo podr� reformarse con los requisitos siguientes: Iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del n�mero total de diputados que integran la legislatura, se enviar� a los Ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere provocado; si del c�mputo efectuado por el Congreso resultare que la mayor�a de los Ayuntamientos aprueban la reforma, se declarar� que forma parte de la C.�n. ...?. ?Art�culo 118. Las reformas hechas en la C.�n Federal que afecten a esta C.�n, ser�n inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin m�s tr�mite.?. Una vez celebrada la sesi�n del Congreso por la cual se aprob� la reforma constitucional y legal en el caso que nos ocupa (25 de junio de 2001), se envi� a los Ayuntamientos para su aprobaci�n, y el d�a 16 de julio del mismo a�o, ya hab�a setenta Ayuntamientos que hab�an aprobado la reforma constitucional, en el entendido de que bastaban 63 Municipios, que son el cincuenta por ciento m�s uno (de un total de 124 Municipios), por lo cual, se consigui� la aprobaci�n formal de la reforma constitucional. Con tales reformas constitucionales y legales, se realiz� el procedimiento constitucional y legal previsto, por lo que se cumpli� con los requisitos establecidos en la C.�n de J. y en la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n (sic) que son los siguientes: El art�culo 69, p�rrafo tercero, de la C.�n Pol�tica de J., en lo conducente precisa: ?Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales y civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley.?. Cabe se�alar que este p�rrafo no sufri� ninguna modificaci�n respecto de la de 1997 y es exactamente la misma redacci�n que cuando fueron electos los anteriores M. electorales. Cabe recordar que, en el caso federal, en el a�o de 1996, el 22 de agosto, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n la reforma constitucional con la cual se establec�a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, como un organismo especializado al interior de dicho poder; dicha reforma constitucional fue aprobada por 455 diputados y 124 senadores y el total de las legislaturas de los entes federados; a partir de entonces, se nombraron a los actuales M. Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, conforme al procedimiento constitucional previsto, participando la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y el Senado de la R.�blica. Cabe aclarar, que no todos los M. del Tribunal Federal Electoral fueron reelectos, a pesar de que a�n no conclu�a su t�rmino constitucional; sin embargo, es claro que al realizar los �rganos soberanos reformas constitucionales y legales conforme a la Carta Magna, cambian las condiciones originales, se establecen en tiempo y forma nuevas reglas, y se act�a en consecuencia, lo cual no implica que se est�n violentado las garant�as de seguridad jur�dica previstas por la propia C.�n de M�xico. En el caso que nos ocupa, se realiz� una reforma constitucional y legal respecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J. en tiempo y forma, sin violentar de ninguna manera, los art�culos 17 y 116 de la C.�n Pol�tica Federal, ya que en su conjunto, dichas disposiciones armonizan con las tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n que respecto a su tesis relevante, se�ala: ?PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EST� VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.?, armon�a que ha guardado perfectamente el Estado de J., al no violentar las disposiciones constitucionales federales, los principios rectores electorales ni la justicia electoral integral. Los procedimientos en la elecci�n de M. se ajustaron a los t�rminos constitucionales y legales; los dict�menes realizados por las Comisiones del Congreso y del Congreso mismo, fueron apegados a derecho, fundados y motivados; las propuestas de los grupos parlamentarios fueron elaboradas seg�n consta en el mandato constitucional y el pretender que los once M. fuesen ratificados es una pretensi�n material y jur�dicamente imposible, ya que la reforma constitucional redujo de once a cinco los M.; todos los M. y las propuestas de la ciudadan�a, en t�rminos de igualdad participaron y fueron votadas en el Pleno del Congreso del Estado, previo estudio de cada fracci�n parlamentaria, la cual consider�, tal como lo prev� la propia C., hizo sus propuestas (sic) y las present� al Pleno del Congreso, sin detrimento de la participaci�n de todos los ciudadanos que fueron propuestos por la ciudadan�a; como se podr� apreciar, en igualdad de circunstancias fueron votados por los diputados presentes; tanto respecto de los diputados como en relaci�n con los M., hubo una elecci�n, una votaci�n, la cual se emiti� en t�rminos de equidad y de igualdad para todos los participantes y cada uno de los se�ores diputados emiti� su voto, conforme sus facultades soberanas dedecisi�n establecidas por los art�culos 115 y 116 constitucionales de M�xico, como ya se se�al�. Una distinci�n muy importante que se debe destacar, es el hecho de que el art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n de M�xico, se refiere al Poder Judicial de los entes federados y su contenido es para el caso de nuestro Estado, para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; tambi�n es preciso indicar que el propio art�culo 116, fracci�n III, faculta a los Estados soberanos, a determinar las formas de selecci�n, nombramiento, designaci�n o elecci�n de los M., no se obliga a que deban ser de tal o cual forma. Asimismo, el propio art�culo 116, fracci�n IV, se refiere a los organismos electorales, en este caso, al Tribunal Electoral del Poder Judicial en el Estado de J., el cual, como se precisa, forma parte del Poder Judicial, por lo cual, si no tuviese una reglamentaci�n especial para lo electoral, entonces s� tendr�a una aplicaci�n inmediata la fracci�n III, pero como en la C.�n Pol�tica de J. y en su ley org�nica s� se diferencian cuestiones para los M. del Supremo Tribunal de Justicia y los del Tribunal Electoral, entonces las normas de aplicaci�n inmediata son las ya mencionadas en la C.�n y leyes respectivas ya expresadas, las cuales se cumplimentaron en el procedimiento y en cuanto al fondo, sin que haya existido alg�n acto o circunstancia contraria a dichas disposiciones. En este orden de ideas, el art�culo 116 de la C.�n General, establece que el poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n; los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ?... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas. La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los M. integrantes de los Poderes Judiciales L.es, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta C.�n. No podr�n ser M. las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n. Los nombramientos de los M. y J. integrantes locales (sic) ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica. Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. Los M. y J. percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo. ...?. Asimismo, hace menci�n la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de M�xico, que las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizar�n que: ?... b) En el ejercicio de la funci�n electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. ...?. Como ya se apunt�, se deben diferenciar los organismos judiciales electorales de los judiciales propiamente dichos; no en todos los Estados los Tribunales Electorales se encuentran ubicados dentro del Poder Judicial del Estado en cuesti�n; en el caso de J., el Tribunal Electoral se encuentra ubicado como parte del Poder Judicial en el Estado, sin embargo, a partir de la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n Federal, se construyeron en J. las disposiciones constitucionales y legales electorales, las cuales, en caso de que existiesen lagunas, carencias legales u omisiones, entonces entrar�an las disposiciones de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n de M�xico, lo cual no procede para el caso de J., ya que el legislador, conforme a sus atribuciones soberanas, establecidas por el numeral ya multicitado, est� facultado para determinar las formas y procedimientos de selecci�n, y desde 1997 decidi� que los M. electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial en J. durar�n en su cargo cuatro a�os, lo cual as� ocurri�, por lo que concluyeron los cuatro a�os y, por tanto, concluye su gesti�n o cargo de Magistrado; asimismo, los once M. de que se compon�a el Tribunal Electoral, conforme al procedimiento constitucional y legal aplicado, participaron en la elecci�n de los cinco actuales M. propietarios y suplentes; as�, de los once anteriores M. electorales, resultaron electos cinco, tres como propietarios y dos como suplentes, por tanto, es fr�volo argumentar que los M. electorales, que concluyeron su encargo el 22 de julio de 2001, deban de ser reelectos; primero, porque s�lo existen cinco propietarios y, segundo, porque todos los ex M. electorales y los actuales, as� como todas las propuestas ciudadanas, participaron en la elecci�n en igualdad de circunstancias. ?Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: X, agosto de 1999. Tesis: P./J. 59/99. P�gina: 558. DISTRITO FEDERAL. LOS ART�CULOS 55, FRACCI�N I, SEGUNDO P�RRAFO, Y 224, INCISO E), DEL C�DIGO ELECTORAL LOCAL, QUE ESTABLECEN UN PROCEDIMIENTO ALEATORIO PARA LA DESIGNACI�N DE CONSEJEROS Y MAGISTRADOS ELECTORALES, CONTRAVIENEN EL ART�CULO 122, APARTADO A, FRACCI�N II, Y APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCI�N V, INCISO F), DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, PORQUE NO SE SUJETAN A LAS BASES ESTABLECIDAS EN LOS ART�CULOS 125 Y 132 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Al emitir las disposiciones que rijan la elecci�n de consejeros del Consejo General del Instituto Electoral y de los M. del Tribunal Electoral del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa de la entidad debe sujetarse a las bases establecidas en los art�culos 125 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 122, apartado A, fracci�n II, y apartado C, base primera, fracci�n V, inciso f), de la C.�n Federal. Atendiendo a las disposiciones estatutarias mencionadas, tanto consejeros como M. deben ser electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, a propuesta, respectivamente, de los grupos parlamentarios y del Tribunal Superior de Justicia. Ahora bien, los art�culos 55, fracci�n I, segundo p�rrafo, y 224, inciso e), del C�digo Electoral del Distrito Federal, establecen un procedimiento distinto y contrario a �ste, ya que permiten que tal designaci�n pueda hacerse por sorteo, dejando que sea el azar y no el voto lo que decida la nominaci�n; en consecuencia, tales dispositivos no se sujetan a la norma estatutaria, que establece el sufragio como �nica forma de manifestaci�n de la voluntad de los miembros de la asamblea para designar a quienes han de desempe�ar los cargos de consejeros y M. electorales, y en esa medida, contravienen el mandato contenido en el precepto constitucional referido. Acci�n de inconstitucionalidad 5/99. P.do Revolucionario Institucional. 11 de marzo de 1999. Once votos. Ponente: Jos� de Jes�s G.�o P.. Secretarios: G.M.O.B., R.R.�guez P�rez y M.�.R.G.�lez. El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el doce de julio del a�o en curso, aprob�, con el n�mero 59/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a trece de julio de mil novecientos noventa y nueve.?. En lo que ve al segundo apartado del presente medio de impugnaci�n, cabe resaltar que no le asiste la raz�n a los accionantes, en lo relativo a lo que a la letra dicen: ?... en el acto por virtud del cual se neg� la reelecci�n a los M. de dicho tribunal que hab�an cumplido su primer periodo en el cargo, lo procedente es que decretada la invalidez de las normas cuya no conformidad con la C.�n Federal se reclama es que, decretada la invalidez de las normas cuestionadas, subsistan en sus t�rminos las normas vigentes, hasta el diecisiete de julio del a�o en curso y, por tanto, en todos aquellos actos en que las normas invalidadas se hubiere aplicado, deber�n correr la misma suerte, es decir, quedar insubsistentes ...?. En m�rito de lo anterior resulta indispensable se�alar, como ya se mencion�, que no les fue aplicada la reforma a los que fungieron como M. electorales en el anterior periodo, esto es as�, toda vez que de las constancias del acto que en este apartado combaten, se desprende primero, que no existe negativa del cuerpo legislativo, en lo que ve a la reelecci�n de los M. electorales; para concluir lo anterior se debe atender a los hechos que conforman los antecedentes del caso. Ahora bien, se aprecia que en fecha 30 de mayo del a�o en curso el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrado G.E.G.G.�a, remiti� sendos oficios recibidos el d�a 4 de junio de 2001; el primero de ellos, el n�mero 01-482/2001, dirigido a este Congreso a efecto de informar que en fecha 22 de julio del presente fenece el nombramiento del L.. A.C.M.�n, Magistrado integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial, mismo oficio que fue turnado por la asamblea a la Comisi�n de Justicia en fecha 7 de junio de 2001. El segundo de ellos, el n�mero 01-483/2001, dirigido a este Congreso a efecto de informar que en fecha 22 de julio del presente, fenece el nombramiento de la L.. Mar�a Ver�nica M.E., Magistrada integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial, mismo oficio que fue turnado por la asamblea a la Comisi�n de Justicia en fecha 7 de junio de 2001. En tercer t�rmino, hizo llegar el oficio n�mero 01-485/2001, dirigido a este Congreso, a efecto de informar que en fecha 22 de julio del presente fenece el nombramiento del L.. B.�n R.S.�rez, Magistrado integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial, mismo oficio que fue turnado por la asamblea a la Comisi�n de Justicia en fecha 7 de junio de 2001. Por �ltimo, nos fue notificado el oficio n�mero 01-486/2001, dirigido a este Congreso, a efecto de informar que en fecha 22 de julio del presente, fenece el nombramiento de los M. integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial, mismo oficio que fue turnado por la asamblea a la Comisi�n de Justicia en fecha 7 de junio de 2001. De la misma forma, los M. integrantes del Tribunal Electoral, remitieron a esta soberan�a el oficio PTE-SP-101/2001, el d�a 7 de junio de 2001, mediante el cual informan de que est� pr�ximo el t�rmino de su nombramiento y, por otro lado, manifiestan la expectativa que tienen de su reelecci�n en el cargo por un t�rmino de cuatro a�os m�s, conforme a los art�culos 69 de la C.�n L. y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.. Derivado de lo anterior este Congreso, por medio de las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, las cuales se abocaron al estudio, an�lisis y dictamen de la informaci�n planteada en los ocursos de referencia y en sesi�n celebrada el d�a 14 de junio del a�o en curso, las comisiones anteriormente citadas, acordaron solicitar a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, constituidas ante este Congreso, remitir su propuesta para la designaci�n de M. electorales del Estado, atendiendo lo que establece el art�culo 69 de la C.�n Pol�tica L. y el 75 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado; lo anterior se corrobora con los oficios de referencia que fueron recibidos en las oficinas de los distintos coordinadores parlamentarios, el 14 de junio de 2001. En la misma forma el 20 de junio de 2001, la Comisi�n de Justicia y la Calificadora de Asuntos Electorales, en el acuerdo interno n�mero 005, solicitaron informaci�n al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, para efecto de que se remitiera toda la informaci�n individualizada de la actividad desempe�ada por todos los M. del tribunal de m�rito; lo anterior con el fin de emitir los dict�menes correspondientes a su actividad jurisdiccional. En respuesta de la anterior comunicaci�n el Tribunal Electoral del Estado de J., por medio del oficio n�mero SP-TEPJE-006/2001, recibido el d�a 2 de julio del a�o en curso, entreg� a este Congreso la documentaci�n en que se se�alan las actividades llevadas a cabo, dentro del marco de sus obligaciones y atribuciones, por los M. de ese tribunal; la anterior documentaci�n pas� a formar parte del acervo que sirvi� de base para la determinaci�n del Congreso, de que los once M. electorales a los que se les venci� su nombramiento, eran aptos para poder ser reelectos en su encargo pasados los tr�mites de ley. Asimismo, en el transcurso de las fechas se�aladas y posteriormente a las mismas, se fueron recibiendo diferentes apoyos a diversos M. del Tribunal Electoral por parte de distintas agrupaciones de la sociedad civil; as� tenemos que paulatinamente se fueron agregando dichas comunicaciones, a las cuales se les fue dando el tr�mite de ley, y se hizo del conocimiento de las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, las cuales se fueron turnando a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del Estado. Generaci�n de abogados: L.. C.R.L., L.. J.P.A., L.. F.�citas V.S.. Colegio de Abogados de J. Foro Federalista ?A.O.R., A.C.?, L.. F.�citas V.S.. Colegio de Abogados de J., A.C., L.. F.�citas V.S., L.. F.E.C.S.�nchez. Colegio de Abogados de J., Asociaci�n Jur�dica J., A.C., L.. F.�citas V.S., L.. E.F.P., L.. F.E.C.S.�nchez. P.do Convergencia por la D.acia, Comit� Directivo Estatal: L.. J.P.A.. P.do Convergencia por la D.acia, Comit� Municipal Tlaquepaque: L.. J.P.A.. P.do Convergencia por la D.acia, Comit� Municipal Tonal�: L.. J.P.A.. Asociaci�n Nacional de Locutores Delegaci�n J.: L.. J.P.A.. Instituto Tecnol�gico de Estudios Superiores de Occidente: L.. B.�n R.S.. Asociaci�n Mexicana de Periodistas de Radio y Televisi�n: L.. J.P.A.. P.do de la Revoluci�n D.�tica, Comit� Ejecutivo Municipal Guadalajara: L.. J.P.A.. Rector�a General de la Universidad de Guadalajara: L.. J.P.A., L.. F.�citas V.S.. Departamento de Estudios e Investigaciones Jur�dicas de la Universidad de Guadalajara: Dr. Jos� de Jes�s Covarrubias Due�as. C�mara de Comercio de Guadalajara: L.. Marco A.M. S�nchez. M�xico Tercer Milenio, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Apoyo al Ni�o Ciego, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n Pol�tica Nacional F.I.M., A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n de Ex alumnos del ITESM, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Fondo de Auxilio de Protecci�n M�xico, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. F.�n Cambio XXI, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n de Empresarios de Occidente, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n del Valle de Guadalajara, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n J. de Distribuidores, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Frente �nico de Comunidades, A.L.. J.P.A.. Federaci�n C.R.O.M. de Agrupaciones Obreras y Campesinas del Estado de J.. L.. J.P.A.. Abogado A.I.N., L.. J.P.A.. Alianza Nacional Campesina Indigenista. L.. F.�citas V.S.. Junta de Colonos del F.M. del Sol. L.. C.M.F.M.. P.do de la Revoluci�n D.�tica, Comit� Ejecutivo Municipal Guadalajara: L.. J.P.A.. Rector�a General de la Universidad de Guadalajara. L.. J.P.A., L.. F.�citas V.S.. Departamento de Estudios e Investigaciones Jur�dicas de la Universidad de Guadalajara: Dr. Jos� de Jes�s Covarrubias Due�as. C�mara de Comercio de Guadalajara: L.. Marco A.M. S�nchez. M�xico Tercer Milenio, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Apoyo al Ni�o Ciego, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n Pol�tica Nacional F.I.M., A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n de Ex alumnos del ITESM, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Fondo de Auxilio de Protecci�n M�xico, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. F.�n Cambio XXI, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n de Empresarios de Occidente, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n del Valle de Guadalajara, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Asociaci�n J. de Distribuidores, A.L.. F.�citas V.S., L.. J.P.A.. Frente �nico de Comunidades, A.L.. J.P.A.. Federaci�n C.R.O.M. de Agrupaciones Obreras y Campesinas del Estado de J.. L.. J.P.A.. Abogado A.I.N.. L.. J.P.A.. Generaci�n de Abogados ?L.. C.R.L.?. L.. J.P.A., L.. F.�citas V.S.. Colegio de Abogados de J. Foro Federalista ?A.O.R., A.C.? L.. F.�citas V.S.. Colegio de Abogados de J., A.L.. F.�citas V.S., L.. F.E.C.S.�nchez. Colegio de Abogados de J. Asociaci�n Jur�dica J., A.L.. F.�citas V.S., L.. E.F.P., L.. F.E.C.S.�nchez. Alianza Nacional Campesina Indigenista. L.. F.�citas V.S.. Junta de Colonos del F.M. del Sol. L.. C.M.F.M.. Asociaci�n Regional de Padres de Familia J.. L.. C.M.F.M.. Asociaci�n Regional de Padres de Familia J.. L.. C.M.F.M. (sic). En respuesta a la solicitud efectuada por las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, la diputada E.L.M.V., coordinadora de la fracci�n parlamentaria del P.do Verde Ecologista, hizo llegar el d�a 3 de julio de los corrientes, sendos oficios dirigidos a los presidentes de las comisiones que actuaron en el procedimiento que nos ata�e, de n�meros EML/LVI/013/01 y EML/LVI/017/01, en los cuales hace su propuesta de candidatos para desempe�ar el cargo de Magistrado electoral del Poder Judicial del Estado, del mismomodo, el d�a 19 de julio fue turnado a las presidencias de las comisiones multirreferidas, el oficio n�mero C-PE/19/09-01, signado por el diputado F.A.G.�n P�rez P., coordinador de la fracci�n parlamentaria del P.do Acci�n Nacional del Congreso del Estado, por medio del cual efectu� las propuestas que se�ala el art�culo 69 de la C.�n Pol�tica y 75 de la Ley Org�nica del Poder Judicial, ambos ordenamientos del Estado de J.; por �ltimo, el diputado E.I.P., coordinador de la fracci�n parlamentaria del P.do Revolucionario Institucional, remiti� a las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, la propuesta de candidatos en oficio sin n�mero de fecha 19 de julio de 2001. Por otro lado, el d�a 19 de julio del presente, se llev� a efecto la sesi�n conjunta de trabajo de las Comisiones de Justicia y Calificadora de Asuntos Electorales, para el efecto de poner en consideraci�n de sus miembros los proyectos de dictamen de acuerdo econ�mico, respecto a la solicitud de ratificaci�n efectuada por los anteriores M. electorales lo anterior derivado de los ocursos se�alados, con el fin de que sean presentados para su aprobaci�n o rechazo al Pleno del Congreso; posteriormente se da cuenta a los miembros de las comisiones multirreferidas, que los coordinadores de las fracciones parlamentarias han presentado sus propuestas de candidatos para ocupar los puestos de M. electorales. Motivado de lo anterior, se elabor� el proyecto de dictamen de acuerdo econ�mico por el cual se pone a consideraci�n de la Asamblea Legislativa, la lista de candidatos a ser M. electorales del Poder Judicial del Estado, todo lo anterior como consta en el acta de la referida sesi�n de comisiones que se acompa�a. As� las cosas, en la sesi�n del Congreso del Estado celebrada el 19 de julio del presente a�o, se puso a consideraci�n del Pleno los proyectos de acuerdos econ�micos, que daban respuesta a los M. electorales propietarios del Tribunal Electoral del Estado, los cuales se conforman de los n�meros 176/01, 177/01, 178/01, 179/01, 180/01, 181/01, 182/01, 183/01, 184/01, 185/01 y 186/01; as� tambi�n se presentaron los proyectos de acuerdos econ�micos para resolver sobre los nombramientos de M. suplentes del Tribunal Electoral de n�meros 187/01, 188/01, 189/01, 190/01 y 191/01, mismos que puestos a votaci�n, fueron aprobados por el Asamblea Legislativa, como se aprecia de la certificaci�n del acta y del Diario de los Debates, de la sesi�n de m�rito; ahora bien, es de resaltar que la finalidad de los mencionados acuerdos es dar certeza a los que fueron M. del Tribunal Electoral del Estado, en cuanto a la situaci�n jur�dica que guardaban respecto al puesto que desempe�aban; para acceder a la anterior manifestaci�n hay que estar al texto de los citados acuerdos, en los cuales se se�ala en su �nico punto de acuerdo, lo que a la letra dice: ?Acuerdo econ�mico. �nico: Se desecha la solicitud de ratificaci�n del Magistrado integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., licenciada Ma. Ver�nica M.E., estableciendo que su actual nombramiento as� como sus funciones terminan el 22 de julio de 2001, y se deja a salvo en lo particular su derecho para que los grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado, lo propongan o no, para la integraci�n del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., en los t�rminos del art�culo 75 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.. N.�quese personalmente a la licenciada Ma. Ver�nica M.E., al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ambos del Estado de J..?. Entrando pues, en estudio del transcrito punto de acuerdo se desprende que, en primer lugar, se desecha la solicitud de ratificaci�n; lo anterior, es as� dado que es una facultad exclusiva de este poder p�blico, el conocer de los asuntos relacionados con los nombramientos de los M. del Poder Judicial del Estado, art�culo 345 de la C.�n L., en particular, las comisiones actuantes y los grupos parlamentarios lo hicieron en uso de sus atribuciones, art�culo 36, fracci�n V, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo y 75, fracci�n II, de la Ley Org�nica del Poder Judicial, ambas del Estado de J.; del mismo modo de acuerdo al marco legal que rige la actuaci�n de este Congreso, s�lo a �l por medio de sus integrantes compete, el presentar iniciativas de acuerdos econ�micos; as� entonces ni el Tribunal Electoral del Estado, ni el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, est�n facultados para solicitar ratificaci�n alguna, s�lo el segundo de �stos tiene obligaci�n de informar, por lo que es l�gico y jur�dico establecer en el acuerdo aludido, el desechamiento de la solicitud antes referida. En lo que ve a los dict�menes del desempe�o de los M. electorales, es de destacar que los mismos son los que se mencionan en p�rrafos precedentes, es decir, los acuerdos econ�micos de n�meros 176/01, 177/01, 178/01, 179/01, 180/01, 181/01, 182/01, 183/01, 184/01, 185/01 y 186/01, y que en su texto arriba transcrito menciona, que se deja a salvo en lo particular su derecho para que los grupos parlamentarios los propongan como candidatos a ocupar nuevamente el puesto que ven�an desempe�ando, por lo que las comisiones multimencionadas despu�s de estudiar y valorar la informaci�n proporcionada por el Tribunal Electoral del Estado, resolvi� que todos los integrantes del mismo cubr�an las expectativas de la sociedad dentro del alto encargo jurisdiccional, lo anterior sobre la base de las constancias de su actuar como M. electorales. No fue �bice lo anterior para que las comisiones conjuntas, en un ejercicio democr�tico y escuchando a los diferentes actores sociales, cumpliendo con lo ordenado por la ley en la materia de la elecci�n de M. electorales, presentaran un proyecto de dictamen de acuerdo econ�mico, en la sesi�n ya se�alada, el cual se puso a votaci�n por la Asamblea Legislativa, la que en uso de la facultad soberana de elegir a los M. del Poder Judicial del Estado y en particular a los M. que integran el Tribunal Electoral, emiti� su voto aprobando el dictamen de referencia para quedar legalmente constituido como el acuerdo econ�mico 192/01, y despu�s de pasadas las votaciones design� a los ciudadanos que fungir�n como M. del Tribunal Electoral del Estado. Por lo que despu�s de llevados los tr�mites de ley se les tom� protesta a los M. electos, y se notific� lo conducente a las autoridades estatales, lo que se corrobora con las certificaciones del acta de la sesi�n, as� como del Diario de Debates y las constancias de notificaci�n. Por tanto, no existe ning�n tipo de violaci�n constitucional, ya que la pretensi�n de los accionantes en este concepto, es el hecho de que se reeligieran los once M., lo cual es material y jur�dicamente imposible, ya que constitucionalmente se redujo el n�mero de M. electorales locales de once a cinco; los anteriores once M. electorales, fueron sometidos a votaci�n dentro del Congreso y la decisi�n soberana de este Congreso, fue en el sentido de que s�lo se reeligieran a tres para propietarios y dos para suplentes; por ello, el desear que siga un determinado n�mero de M. o personas concretas como M. electorales, es una pretensi�n que s� viola las garant�as de las personas y que contrariamente a lo que afirman en forma imprecisa los accionantes, no sucedi�. Toda vez que en este apartado se combaten en lo particular los actos emitidos por el Congreso del Estado, debe mencionarse que dichos actos se ejercieron en uso de las facultades que la C.�n Pol�tica del Estado de J., otorga a esta soberan�a como ya qued� asentado. En cuanto al primer acto que menciona el actor, se destaca que es totalmente falsa la aseveraci�n, toda vez que como puede destacarse de los acuerdos econ�micos 176 al 189, fechados el 19 de julio del a�o en curso, su objeto fue rechazar la solicitud de ratificaci�n, toda vez que insistimos en que el procedimiento aplicable al caso es el de elecci�n contemplado por el art�culo 69 de la C.�n L. y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.. En este sentido destacamos, que dichos acuerdos econ�micos surgen del procedimiento de evaluaci�n que se efectu�, respecto a la actividad jurisdiccional desarrollada por los entonces M. del Tribunal Electoral del Estado de J., arribando a la conclusi�n de que dichos profesionistas cumplieron con sus labores, y eran aptos para ser considerados nuevamente para la integraci�n del citado tribunal. En este punto se�alamos, que el Congreso del Estado de J. cumpli� con la parte objetiva del procedimiento, siendo necesaria tambi�n, una parte subjetiva totalmente legal, es decir, que las fracciones representadas en el Congreso, los propusieran para la nueva integraci�n del tribunal, lo que en efecto sucedi�. Ahora bien, se destaca que en los acuerdos econ�micos mencionados, se dej� a salvo el derecho de cada uno de los M. electorales para participar en el procedimiento de elecci�n, es decir, es totalmente falso que estos acuerdos econ�micos les negaron la posibilidad de ser reelectos (a los que terminaron su encargo p�blico el 22 de julio de 2001). Tan es as�, que en la actual integraci�n del Tribunal Electoral, tres de los cinco M. propietarios formaron parte del anterior tribunal, es decir, en el periodo 1997-2001, adem�s de otros dos M. suplentes, que se encuentran en la misma situaci�n. Asimismo, se destaca que con dichos acuerdos econ�micos, no se afect� la esfera jur�dica de los entonces M., toda vez que su efecto principal fue el de establecer claramente que el vencimiento de sus nombramientos llegar�a el 22 de julio del presente y que estaban en aptitud de participar en igualdad de condiciones para aspirar al cargo de M. para el siguiente periodo. Cabe destacar, que aun sin la reforma a la C.�n L. y a la Ley Org�nica del Poder Judicial, ser�a necesaria tanto la evaluaci�n de sus actividades, como la propuesta de las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del Estado, para participar en el procedimiento de elecci�n, as� como la votaci�n de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, para obtener el cargo de Magistrado propietario. En cuanto a la supresi�n de la posibilidad de reelecci�n para el periodo inmediato, que fue resultado de la reforma que ahora se combate, debe destacarse que es totalmente falso que dicha reforma se hubiese aplicado a los entonces M. del Tribunal Electoral, pues como puede observarse en la minuta de decreto que se anexa, mediante el art�culo cuarto transitorio se deja a salvo la posibilidad de esos profesionistas para participar en el procedimiento de elecci�n. Resulta l�gico concluir, que lo anterior es una consecuencia directa, por el t�rmino del nombramiento de los M. electorales, es decir, debe salvaguardarse el buen funcionamiento de las instituciones de inter�s p�blico, para lo cual el Congreso del Estado procedi� a integrar el Tribunal Electoral, lo que se realiz� de conformidad con el procedimiento establecido en la C.�n Pol�tica L. y en la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.. Reiteramos que en dicho procedimiento participaron los entonces M. del Tribunal Electoral en igualdad de condiciones. En este sentido, se design� por votaci�n de las dos terceras partes a los actuales integrantes del Tribunal Electoral. Se debe resaltar que en cumplimiento a lo dispuesto por la legislaci�n vigente, en dicho procedimiento de elecci�n se limit� la integraci�n del Tribunal Electoral, a cinco M. propietarios y cinco suplentes, misma integraci�n que no resulta de una decisi�n caprichosa, en todo caso, es resultado de una realidad concreta, que responde a las necesidades del servicio. Lo anterior se puede corroborar con la exposici�n de motivos incluida en la iniciativa de reforma, en la cual el legislador plantea la necesidad de esta reestructuraci�n del tribunal, que toma en cuenta los informes del propio Tribunal Electoral, de los cuales se desprende la evidente desproporci�n en la integraci�n de �ste antes de la reforma y las necesidades del servicio. Debe entenderse esta reforma, no como una agresi�n al Tribunal Electoral, m�s bien como una necesidad en beneficio de la sociedad, toda vez que al reestructurarse este tribunal, podr�n canalizarse los recursos que se ahorren a otras �reas. En este sentido, la reforma adem�s de ser legal, result� necesaria y ben�fica, por lo que debe prevalecer al igual que los actos que encuentran su fundamento en �sta. Tambi�n, debe destacarse que contrario a lo que argumentan los promoventes de la presente acci�n, el fin �ltimo de la reforma que se combate, no lo es el suprimir un derecho en perjuicio de los entonces M., sino redimensionar un tribunal especializado en materia electoral, ajustando su funcionamiento y su integraci�n a la actividad por �ste desempe�ada, procurando en todo momento salvaguardar la justicia electoral en el Estado de J., sin que esto implique un perjuicio al erario p�blico. Insistimos en este punto, se�alando que la reforma a este tribunal, no s�lo es jur�dicamente v�lida, adem�s es necesaria, considerando en todo momento el costo-beneficio, que toda instituci�n p�blica debe representar para la sociedad. En este sentido, debe declararse que los actos impugnados al estar debidamente fundados y motivados, son v�lidos al igual que la propia reforma, que responde ante todo al inter�s general y acorde con los principios constitucionales, relativos a la justicia en materia electoral. Insistiendo que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., fue instalado formal y definitivamente en fecha 24 de julio de 2001, fecha a partir de la cual, el tribunal ha realizado diversos actos inherentes a sus funciones de acuerdo a la ley y es respecto a esos actos que la sociedad exige la certeza en su definitividad. Prosiguiendo, debe tambi�n de advertirse que para el caso que nos ocupa, la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus art�culos 41, segundo p�rrafo, fracci�n IV y 99, fracci�n IV, a saber: ?Art�culo 41. ... La renovaci�n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas, conforme a las siguientes bases: ... IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecer� un sistema de medios de impugnaci�n en los t�rminos que se�alen esta C.�n y la ley. Dicho sistema dar� definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar� la protecci�n de los derechos pol�ticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociaci�n, en los t�rminos del art�culo 99 de esta C.�n. En materia electoral la interposici�n de los medios de impugnaci�n constitucionales o legales no producir� efectos suspensivos sobre la resoluci�n o el acto impugnado.?. ?Art�culo 99. El Tribunal Electoral ser�, con excepci�n de lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 105 de esta C.�n, la m�xima autoridad jurisdiccional en la materia y �rgano especializado del Poder Judicial de la Federaci�n. ... Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los t�rminos de esta C.�n y seg�n lo disponga la ley, sobre: ... IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta v�a proceder� solamente cuando la reparaci�n solicitada sea material y jur�dicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalaci�n de los �rganos o la toma de posesi�n de los funcionarios elegidos.?. En observancia de lo anterior, es menester insistir en que lo que se combate, tiene la caracter�stica material y legal, de un acto electoral de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de J., la cual actu� como autoridad electoral de una entidad federativa, al emitir el acuerdo econ�mico 192/01, relativo a la designaci�n de los M. del Tribunal Electoral del Estado, �rgano jurisdiccional al que el art�culo 68 de la C.�n L., le atribuye la calidad de m�xima autoridad judicial en la materia electoral. En efecto, en el presente caso la designaci�n de las personas al cargo de M. del Tribunal Electoral del Estado de J., aun cuando tal designaci�n se realiz� mediante acuerdo econ�mico emitido por este Congreso, ese acto de designaci�n es formalmente legislativo, y de naturaleza electoral. Tanto a nivel federal, como estatal, los actos que realizan los Supremos Poderes, admiten ser considerados desde un punto de vista formal, o bien, desde un punto de vista material. El primero de tales puntos de vista atiende a la calidad del �rgano del cual el acto proviene; en tanto que el segundo, se basa en la naturaleza intr�nseca del acto, lo cual permite clasificarlo en administrativo, legislativo o jurisdiccional. Y en lo que respecta a la designaci�n de los integrantes del multicitado tribunal, si bien proviene de un �rgano legislativo, tal acto no tiene materialmente esa naturaleza, porque no se est� ante la presencia de la emisi�n de una norma general, abstracta e impersonal, sino que se trata de la designaci�n de un funcionario judicial, lo cual, desde un punto de vista material, implica un acto de naturaleza administrativa. Adem�s de dicha naturaleza administrativa, el acto de designaci�n mencionado es tambi�n electoral, porque el nombramiento de los referidos funcionarios judiciales se hizo para la integraci�n de un �rgano jurisdiccional, cuya existencia es indispensable en un proceso electoral, puesto que en atenci�n a lo dispuesto en los art�culos 41, fracci�n IV, 116, fracci�n IV, incisos b), c) y d), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 70 y 71 de la C.�n Pol�tica del Estado, los actos que se emitan en la funci�n electoral deben estar apegados al principio de legalidad, lo cual queda garantizado mediante la implementaci�n de un sistema de recursos, cuyo conocimiento y resoluci�n corre a cargo de �rganos jurisdiccionales, como el integrado con la designaci�n materia del acuerdo econ�mico. De manera que sin la participaci�n de esos �rganos jurisdiccionales en un proceso electoral, los referidos preceptos constitucionales se ver�an infringidos. La importancia de la integraci�n de un �rgano jurisdiccional electoral y la observancia al principio de legalidad mencionado lleva a considerar que el �mbito de lo electoral, en el que se incluye la justicia electoral, comprenda en lo atinente a �sta ?todas aquellas medidas encaminadas a la realizaci�n de la democracia representativa, mediante la celebraci�n de elecciones peri�dicas y justas, a trav�s del sufragio universal, libre y secreto para alcanzar una adecuada integraci�n de los �rganos de representaci�n pol�tica?, tal y como se expres� en el dictamen de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, elaborado por las Comisiones Unidas de G.�n, Primera S.�n, Puntos C.onales y Estudios Legislativos, Primera S.�n de la C�mara de Senadores, respecto a la iniciativa presentada por los coordinadores de grupos parlamentarios de los partidospol�ticos, representados por la C�mara de Senadores, as� como por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En la parte conducente de dicho dictamen se encuentra lo siguiente: ?El concepto de �justicia electoral� posee varias connotaciones. En su acepci�n m�s difundida alude a los diversos medios jur�dicos y t�cnicos de control, para garantizar la regularidad de las elecciones al efecto de corregir errores o infracciones electorales. La finalidad esencial ha sido la protecci�n aut�ntica o tutela eficaz del derecho a elegir o bien, a ser elegido para desempa�ar un cargo p�blico, mediante un conjunto de derechos establecidos a favor de los ciudadanos, candidatos o partidos pol�ticos, para pedir o enmendar cualquier violaci�n que afecte la libre expresi�n de la voluntad ciudadana manifestada a trav�s del voto. En un sentido amplio, la justicia electoral se refiere a todas aquellas medidas encaminadas a la realizaci�n de la democracia representativa, mediante la celebraci�n de elecciones peri�dicas y justas, a trav�s del sufragio universal, libre y secreto para alcanzar una adecuada integraci�n de los �rganos de representaci�n pol�tica, que garanticen y fomenten la libertad de asociaci�n, reuni�n y expresi�n de las ideas pol�ticas, acceso equitativo al financiamiento de las campa�as y respeto al pluralismo. El proceso de juridicidad del derecho no es ajeno a la expectativa liberal de limitaci�n del poder, someti�ndolo al derecho. No basta, para completar el panorama de la nueva legitimaci�n liberal del poder, con que su ejercicio quedara sometido al derecho, es necesario igualmente que el propio acceso al poder se realice mediante un procedimiento reglado. Las normas que disciplinan los procesos electorales tienen que configurarse como verdaderas normas jur�dicas para que pueda hablarse de un verdadero Estado de derecho. Debemos recordar siempre que el principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se levantan las elecciones y cuya observancia es de importancia fundamental en todo Estado de derecho, ya que constituye la adecuaci�n de toda conducta, a los vigentes ordenamientos jur�dicos. Es por ello que todas las fases del proceso electoral deben ajustarse estrictamente a las normas jur�dicas aplicables y a su recta interpretaci�n, desde la fase previa del registro y empadronamiento de los ciudadanos con derecho al sufragio, hasta la etapa casi final de la decisi�n de los recursos y el paso definitivo de la calificaci�n electoral. En ning�n momento el proceso electoral debe abandonar el cause legal. Debemos evitar de una vez y para siempre que los conflictos postelectorales se diriman al margen del derecho y que se destierren las negaciones cupulares que negocian, al margen de la voluntad ciudadana, los votos emitidos. En estos momentos, cuando efectivamente se trata de someter al derecho y a la revisi�n de los tribunales el acceso al poder adem�s de su ejercicio, se pretende completar el c�rculo que delimita la legitimidad y la legalidad democr�ticas. El poder al que se le exige legitimidad por el origen y legitimidad en el ejercicio, las consigue mediante el sometimiento a la legalidad, misma que garantiza la justicia en los procesos de acceso al poder y la democraticidad de los mismos. Por ello mismo, se busca que el principio de legalidad quede plenamente incorporado a nuestra legislaci�n electoral.?. De esta manera, al darse al concepto ?electoral? la amplitud que es posible desprender de la anterior transcripci�n, en aras de la estricta observancia al principio de legalidad, queda claro que la integraci�n de un �rgano, cuya participaci�n es absolutamente indispensable en un proceso electoral, tiene la naturaleza formal de un acto legislativo y de car�cter electoral, el cual no s�lo debe estar apegado a los principios que rigen el �mbito electoral, sino que queda comprendido en la clase de actos que admiten ser examinados en cuanto a su constitucionalidad y legalidad a trav�s de los tribunales federales, establecidos para la revisi�n de actos en materia electoral. Aunado a lo anterior, se tiene la resoluci�n del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que define lo que se entiende por materia electoral, que en su rubro se establece como: ?ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.?, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Pleno, T.I., abril de 1999, tesis P./J. 25/99, p. 255, materia constitucional. Por lo que es menester resaltar la naturaleza del acto legislativo, es decir, la elecci�n de los M. electorales, a la luz de las normas constitucionales que lo rigen; as� pues, las reglas de designaci�n en principio se adecuan a lo que se�ala la C.�n Federal en su art�culo 116 que al efecto dicta: ?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas. La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los M. integrantes de los Poderes Judiciales L.es, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta C.�n. No podr�n ser M. las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n. Los nombramientos de los M. y J. integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica. Los M. durar�n en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. ... IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que: ... b) En el ejercicio de la funci�n electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. ...?. As� pues, en concordancia con el texto transcrito la C.�n Pol�tica del Estado de J. se�ala, en el apartado que nos concierne: ?Art�culo 57. La ley garantizar� la independencia de los propios tribunales, la de los M., consejeros y J. en el ejercicio de sus funciones, as� como la plena ejecuci�n de sus resoluciones. Los tribunales del Poder Judicial resolver�n con plenitud de jurisdicci�n todas las controversias que en el �mbito de su competencia se presenten. ... El Pleno del Supremo Tribunal, el del Tribunal de lo Administrativo y el Tribunal Electoral, elaborar�n sus propios proyectos de presupuesto. El consejo general lo har� para el resto del Poder Judicial. Con ellos se integrar� el del Poder Judicial que ser� remitido por el presidente del Supremo Tribunal al titular del Poder Ejecutivo, para su inclusi�n en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. Una vez aprobado, ser� ejercido con plena autonom�a. ... La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, su funcionamiento en Pleno o S.; la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, as� como de los jurados, se regir� por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta C.�n establece.?. ?Art�culo 68. El Tribunal Electoral tendr� a su cargo la resoluci�n de toda controversia que se suscite con motivo de los procesos electorales para la renovaci�n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los �rganos de Gobierno Municipales y en cuanto a la realizaci�n de los procesos de plebiscito y refer�ndum. En materia electoral la interposici�n de los recursos no producir� en ning�n caso efectos suspensivos del acto o resoluci�n impugnado.?. ?Art�culo 69. El Tribunal Electoral es el �rgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual guardar� autonom�a en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad a los principios establecidos en el art�culo 116 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Para el ejercicio de sus funciones el Tribunal Electoral contar� con un cuerpo de M. y secretarios, los cuales s�lo responder�n al mandato de la ley. Los M. electorales deber�n satisfacer los requisitos que se�ale la ley, que no podr�n ser menores a los que establece esta C.�n para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partido pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales y civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley. Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley. Durante su ejercicio los M. electorales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan esta C.�n y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos.?. ?Art�culo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal Electoral se integrar� por cinco M., de entre los cuales ser� electo, por ellos mismos, el presidente del Tribunal Electoral. Las sesiones de resoluci�n de las S. ser�n p�blicas. Una vez decretada la conclusi�n de alg�n proceso electoral, el Tribunal Electoral se constituir� en S. permanente, la que se integrar� por tres de sus M.. Los dos M. restantes se incorporar�n a la direcci�n del Instituto de Investigaciones y Capacitaci�n Electoral, de acuerdo a las disposiciones de las leyes aplicables.?. En relaci�n con la jurisprudencia que los demandantes citan, no es la que exactamente debe ser invocada y aplicada al caso, ya que v.gr., la inamovilidad var�a seg�n cada legislaci�n local lo establezca, as� lo manda la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, cada Estado de la R.�blica mexicana ha adoptado, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular (art�culo 115 de la C.�n de M�xico); adem�s, el poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo; los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es y podr�n ser reelectos (art�culo 116 de la C.�n de M�xico); dichas disposiciones encuentran �ntima armon�a y relaci�n con la C.�n de J., por tanto, el Congreso de J., bajo el sistema de representaci�n establecido por los art�culos del 50 al 54 de la C.�n de M�xico y dem�s relativos de la misma y la de J., establecen que el Congreso del Estado es representante de la voluntad popular y con base en dicha soberan�a funda su actuaci�n, adem�s, que la propia C.�n de J., conforme a los preceptos de la C.�n Federal citados, est� facultado para elegir o nombrar a los M., conforme a dichos principios, cuesti�n que se cumpli� respecto de los M. electorales, los cuales, conforme a la C.�n y legislaci�n relativa, no son inamovibles, pueden, como lo fueron algunos, ser reelectos, lo cual no implica que deban de serlo y que derivado de la posibilidad de reelecci�n, en forma autom�tica, se est� atentando contra la independencia, autonom�a, profesionalismo y dem�s atributos que debe tener un poder o un Magistrado. Asimismo, en forma incorrecta, la parte actora cita jurisprudencia aplicable a M. y J. del Poder Judicial de la Federaci�n, con los cuales s� existe el servicio civil de carrera judicial y, por tanto, la inamovilidad, cuesti�n que no es aplicable al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, que como es sabido, dicho organismo especializado en la materia, es parte del Poder Judicial de la Federaci�n; sin embargo, y en forma lamentable, los M. electorales federales no son inamovibles, los de la S. Superior fueron nombrados por el Senado para diez a�os y los 15 restantes de las S. Regionales han sido nombrados por ocho a�os, por tanto, no son inamovibles. Cuesti�n distinta a la del status que priva para los M. y J. del Poder Judicial de la Federaci�n, por tanto, es notorio que no es el mismo r�gimen jur�dico de inamovilidad y de procedimiento de selecci�n para los M. federales electorales y los M. federales, ambos del Poder Judicial de la Federaci�n; siguiendo la misma l�nea de argumentaci�n, la propia C.�n de J. establece un marco jur�dico para los M. de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de los Estados en la fracci�n III del art�culo 116 constitucional, pero tambi�n establece en la fracci�n IV, un status distinto respecto de los �rganos jurisdiccionales electorales, como lo es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial en el Estado de J., cuyas reglas generales, desde la C.�n de M�xico son distintas, as� tambi�n, la C.�n de J., siguiendo dicha armon�a, diferencia a los M. electorales de los del Supremo Tribunal de Justicia, por tanto, no se deben confundir ambas cuestiones, claramente diferenciadas por los marcos constitucionales y legales, tanto federales como locales. De igual forma, y como se apunt�, la propia Ley Suprema de M�xico, faculta a que las Legislaturas L.es establezcan las disposiciones de inamovilidad, ratificaci�n o reelecci�n, seg�n sea el caso, de los M.; en el caso de J., los M. electorales, al igual que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, son electos para periodos constitucionales previamente establecidos y pueden ser reelectos, como lo fue en el caso de J., cumpliendo las disposiciones constitucionales y legales e incluso hubo reelecciones, que es el caso como ya se ha dicho, de cinco M.. La posibilidad de una reelecci�n t�cita tampoco procede, en virtud de que el Congreso del Estado de J. ejecut� los actos y procedimientos en tiempo y forma que le se�alan la C.�n y las leyes relativas; por tanto, no existieron omisiones, ausencias ni vacantes, s�lo, como bien lo expres� el actor ?feneci�? un t�rmino constitucional, ante lo cual, los legisladores est�n obligados a cumplir y hacer cumplir la C.�n y las leyes que de ella emanen, conforme a lo expresamente se�alado, los servidores p�blicos no deben ir m�s all� de la ley. Los actuales M. electorales cumplen los requisitos se�alados por el art�culo 95 de la C.�n de M�xico, el 59 de la C.�n Pol�tica de J. (ya plasmado) y el 83 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.. Por tanto, el procedimiento de la elecci�n de los M. electorales del Poder Judicial en J. es constitucional y legal, ya que, conforme a la C.�n y las leyes respectivas, las fracciones parlamentarias revisaron, sin a�adir ni agregar mayores atributos a los de la C.�n de M�xico, los de la C.�n de J. y los establecidos en la Ley Org�nica del Poder Judicial en el Estado de J.; as�, todas las propuestas de la sociedad, de la ciudadan�a y de los partidos pol�ticos se analizaron en forma equitativa e igualitaria, sin ning�n tipo de distinci�n o discriminaci�n y, en tal sentido, fueron votados todos los aspirantes, primero por las comisiones para integrar una propuesta definitiva en los t�rminos del art�culo 75 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J. y, posteriormente, por el Pleno del Congreso del Estado de J., tal como se aprecia de la minuta de la sesi�n. Por lo se�alado, ning�n procedimiento constitucional y legal del Estado de J. o de la C.�n de M�xico fue violentado. Como se evidencia en todas las pretensiones del actor, no se aprecia el fumus bonus iuris, sus planteamientos son imprecisos, descontextualizados, parciales y, por tanto, incongruentes y falsos, que no puede demostrar, ya que llega a decir que se aplicaron reformas constitucionales y legales retroactivamente en perjuicio de los anteriores M., lo cual no aconteci� porque no hubiesen sido reelectos cinco M. de los anteriores once. Si bien es cierto que existi� una reforma constitucional y legal, tambi�n lo es, el hecho de que no hubo ning�n tipo de violaci�n a las garant�as de persona alguna, toda vez que esta reforma entr� en vigencia con anterioridad al acto y en la misma reforma se permit�a la reelecci�n de los M. que integraban el tribunal antes de dicha reforma, reelecci�n que se dio en tres casos para propietarios y dos para suplentes, y se�alamos que era imposible haber votado por los once, ya que cinco propietarios y cinco suplentes suman diez y la retroactividad no se aplic� en perjuicio de ninguna persona; por tanto, todos los actos del Congreso son v�lidos conforme al principio sustentado en la tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n bajo el rubro: ?PRINCIPIO DE CONSERVACI�N DE LOS ACTOS P�BLICOS V�LIDAMENTE CELEBRADOS.? S. Superior. S3ELJD 01/98. Asimismo, la C.�n de J. y la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., fueron reformadas conforme a lo que se�alan los art�culos 117 y 118 de la C.�n de J.: ?Art�culo 117. Esta C.�n s�lo podr� reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del n�mero total de diputados que integran la legislatura, se enviar� a los Ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere provocado; si del c�mputo efectuado por el Congreso resultare que la mayor�a de los Ayuntamientos aprueban la reforma, se declarar� que forma parte de la C.�n. ...?. ?Art�culo 118. Las reformas hechas en la C.�n Federal que afecten a esta C.�n, ser�n inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin m�s tr�mite.?. Una vez celebrada la sesi�n del Congreso por la cual se aprob� la reforma constitucional y legal en el caso que nos ocupa (25 de junio de 2001), se envi� a los Ayuntamientos para su aprobaci�n y el d�a 16 de julio del mismo a�o, ya hab�a setenta Ayuntamientos que hab�an aprobado la reforma constitucional, en el entendido de que bastaban 63 Municipios, que son el cincuenta por ciento m�s uno (del total de 124 Municipios), por lo cual, se consigui� la aprobaci�n formal de la reforma constitucional. Con tales reformas constitucionales y legales, se realiz� elprocedimiento constitucional y legal previsto, por lo que se cumpli� con los requisitos establecidos en la C.�n de J. y en la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que son los siguientes: El art�culo 69, p�rrafo tercero, de la C.�n Pol�tica de J., en lo conducente precisa: ?Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley.?. Cabe se�alar que este p�rrafo no sufri� ninguna modificaci�n respecto de la de 1997 y es exactamente la misma redacci�n que cuando fueron electos los anteriores M. electorales. Por �ltimo, el quid en la presente cuesti�n es: ?Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores P�blicos de los Estados.?. De lo anterior, se derivan, en forma clara, llana y precisa, dos cuestiones fundamentales y que son el fondo del asunto: 1. Factor tiempo. Que ?los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es?; la C.�n de J., reformada en abril de 1997, desde entonces y conforme a la reforma actual se�alada, se�ala: ?Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley.? (art�culo 69 de la C.�n de J.); de lo cual se desprende la armon�a, congruencia y coherencia del sistema jur�dico nacional con el jalisciense y se concluye que los M. electorales s�lo, por t�rmino constitucional, son electos por cuatro a�os, lo cual no es aplicable a los dem�s M. del Poder Judicial en el Estado de J.. 2. La reelecci�n. El propio art�culo de la C.�n Federal, precisa que los M. ?podr�n ser reelectos?; al respecto, la C.�n de J., en el propio art�culo 69, precisa que los M., al t�rmino de su nombramiento: podr�n ser reelectos; la reforma constitucional no precisa nada y la de la ley org�nica se�ala que no podr�n ser reelectos, lo cual no se aplic� a los anteriores once M. electorales, mismos que participaron en igualdad de condiciones en el proceso de elecci�n y de los cuales, como ya se ha se�alado en reiteradas ocasiones, se eligieron a cinco, tres propietarios y dos suplentes. Por tanto, el procedimiento seguido por el Congreso del Estado de J. cumple los requisitos, las formalidades y todas las caracter�sticas de ley de la C.�n de M�xico, la de J. y la Ley Org�nica del Poder Judicial de J.. As�, ning�n ex Magistrado fue privado de derecho alguno, concursaron en la elecci�n, de igual forma que cuando ellos resultaron electos M.; concluyeron su administraci�n, termin� el periodo constitucional de su nombramiento y, por tanto, el Congreso del Estado de J., conforme a los procedimientos constitucionales y legales previstos, eligi� a los nuevos M. electorales para el periodo de 2001 al 2005, elecci�n en la que participaron todos los anteriores M. electorales, garantizando con la aprobaci�n de los grupos parlamentarios del Congreso de J., la independencia, la autonom�a y el cumplimiento de los principios rectores electorales constitucionales y legales. As�, el procedimiento, la fundamentaci�n y argumentaci�n del Congreso del Estado de J., fue conforme a derecho, en armon�a con la C.�n de M�xico, la de J. y la legislaci�n local respectiva. Todos los M. electos son se�alados en los dict�menes correspondientes, los cuales se ajustan a una fundamentaci�n, argumentaci�n y motivaci�n que cumple los requisitos de ley. De lo anterior, es claro que la designaci�n de los M. electorales es apegada a los principios de la C.�n de M�xico, la propia de J. y sus leyes respectivas. No fue producto de facultades discrecionales y arbitrarias, sino como ente soberano, representante de la voluntad del pueblo de J. y producto de las elecciones locales de noviembre del a�o 2000. Estimamos improcedente la inaplicabilidad de las disposiciones legales, ya que el t�rmino de cuatro a�os sigue vigente y con relaci�n al art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial en el Estado de J. que pueda ser inaplicable o no, no implica que en el procedimiento de elecci�n de M. electorales al Poder Judicial en el Estado de J., se hayan violentado los principios constitucionales o los rectores electorales. Como lo precisa la tesis jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, respecto a que es un tribunal que debe garantizar la constitucionalidad y la legalidad de todos los actos y resoluciones en materia electoral que se den en el pa�s y aplicar el concepto de ?justicia integral?, se deben dar las dos situaciones siguientes: 1. La posible contravenci�n de disposiciones constitucionales que las autoridades apliquen o deban aplicar directamente, y 2. El examen de las violaciones que sirvan de sustento a los actos o resoluciones. En el caso que nos ocupa, es evidente que no existe ninguna contravenci�n a las disposiciones de la C.�n de los Estados Unidos Mexicanos con la C.�n Pol�tica del Estado de J. y con su ley org�nica; cuesti�n que ya se analiz� en el estudio de los art�culos 17, 41, 115 y 116 de la C.�n de M�xico, con relaci�n a los preceptos de la C.�n de J. y de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J. en los temas de t�rmino constitucional, elecci�n y reelecci�n, por lo que el sistema integral de aplicaci�n constitucional electoral en M�xico, ha operado respecto del caso J.. As� pues, cabe destacar que el presente medio de impugnaci�n como se se�ala en la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Federal, tiene como finalidad resolver las posibles contradicciones entre una norma de car�cter general y la C.�n; as� pues, del relevante esquema de divisi�n de poderes en que nos regimos, al estar establecido en nuestro M�ximo Ordenamiento, en los art�culos 49 y 116, resalta el contenido de estas disposiciones constitucionales el cual consiste en que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, sean efectuadas por distintos �rganos de un mismo orden jur�dico y se impida a tales �rganos ejecuten funciones que no les est�n expresamente conferidas. En lo que aqu� concierne, el principio de divisi�n de poderes es un mecanismo de asignaci�n de atribuciones pertenecientes a un mismo orden normativo, por tanto hay que establecer que si en nuestra C.�n Federal no se establece atribuci�n expresa que otorgue derechos, entendiendo �stos en su m�s amplio sentido legal, no se puede exigir a la legislaci�n secundaria que cumpla un mandato no establecido como tal. Por tanto, al resolver el presente medio de impugnaci�n se debe de estar tanto a que la C.�n L. como a la legislaci�n secundaria impugnadas prev�n los m�nimos indispensables que marca nuestra M�xima N.."
OCTAVO. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil uno en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la R.�blica formul� su pedimento, manifestando:
"Opini�n del suscrito. Los argumentos expuestos por los promoventes del presente medio de control constitucional, a modo de conceptos de invalidez, se sintetizan de la siguiente manera: Los art�culos 69, p�rrafo quinto, de la C.�n de J. y 78, p�rrafo primero, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la entidad, son contrarios a lo previsto en el p�rrafo quinto de la fracci�n III del precepto 116 de la Carta Magna, porque proh�ben la reelecci�n de los M. del Tribunal Estatal Electoral. El segundo p�rrafo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., violenta lo dispuesto en el p�rrafo quinto de la fracci�n III del precepto 116 de la Ley Fundamental, porque no prev� la reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Estado para un periodo inmediato, sino para uno mediato. Los art�culos de la C.�n Pol�tica de J. y de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, cuya invalidez se solicita, son contrarios a lo dispuesto por los preceptos 17, p�rrafos segundo y tercero y 116, fracci�n IV, inciso c), de la Carta Magna, porque su reforma tuvo como finalidad vulnerar los principios constitucionales de independencia, autonom�a e imparcialidad que debe atender la funci�n jurisdiccional. La reforma impugnada transgrede los principios de divisi�n de poderes, de permanencia en el cargo, y de carrera judicial, por el hecho de prohibir la reelecci�n de los M. del Tribunal Estatal Electoral. Cabe mencionar, que los actores, al se�alar las normas cuya invalidez se reclama, en el apartado correspondiente de sus demandas, citan el art�culo cuarto transitorio del decreto por virtud del cual se reformaron, entre otros, los numerales combatidos de la C.�n Pol�tica de J. y de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de la lectura integral de esos escritos no se desprende argumento l�gico-jur�dico tendente a demostrar su inconstitucionalidad, pero, dado el contenido de dicho transitorio, se estima que su impugnaci�n se encuentra vinculada con el p�rrafo segundo del art�culo 78 de la ley que organiza la funci�n jurisdiccional en la entidad. Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el primer p�rrafo del precepto 71 de la ley reglamentaria del art�culo 105, esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al dictar sentencia, deber� suplir los conceptos de invalidez de la demanda; por tanto, en obvio de repeticiones, los argumentos que se verter�n por el suscrito m�s adelante en relaci�n al segundo p�rrafo del numeral 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., de este apartado, deber�n ser atendidos para el citado transitorio. En otro aspecto, y antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuesti�n planteada, considero oportuno transcribir, en su parte conducente, los art�culos constitucionales que las actoras estiman violados, as� como aquellos cuya invalidez se solicita, a saber: Art�culos constitucionales que se consideran vulnerados: ?Art�culo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. ...?. ?Art�culo 116. ... Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas. La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. ... Los nombramientos de los M. y J. integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica. Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. ... IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que: ... c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. ...?. Art�culos cuya invalidez se solicita: C.�n Pol�tica del Estado de J.. ?Art�culo 69. ... Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley. Durante su ejercicio los M. electorales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan esta C.�n y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos.?. Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J.. ?Art�culo 78. Los M. del Tribunal Electoral durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, durante los cuales no podr�n ser privados de su empleo, salvo los casos establecidos en la C.�n Pol�tica del Estado, en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos. Al t�rmino de su gesti�n los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles sujet�ndose al procedimiento previsto en esta ley.?. Transitorio del decreto por virtud del cual se reformaron los art�culos locales que se impugnan. ?Cuarto. El segundo p�rrafo del art�culo 78, de la Ley Org�nica del Poder Judicial, s�lo ser� aplicable a los M. electorales que se elijan con posterioridad a la publicaci�n del presente decreto.?. En relaci�n con el primer argumento propuesto por los accionantes, en el sentido de que los art�culos 69, p�rrafo quinto, de la C.�n de J. y 78, p�rrafo primero, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la entidad, son contrarios a lo previsto en el p�rrafo quinto de la fracci�n III del precepto 116 de la Carta Magna, porque proh�ben la reelecci�n de los M. del Tribunal Estatal Electoral, es de se�alarse que el mismo resulta infundado. Lo anterior es as�, toda vez que, si bien es cierto que atento lo se�alado por el primer p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la Ley Fundamental, y primer p�rrafo del numeral 56 de la C.�n Pol�tica de J., el Poder Judicial de la entidad se ejerce, entre otros, por el Tribunal Electoral local, tambi�n lo es que el mismo se regula por lo preceptuado en el inciso c) de la fracci�n IV de dicho dispositivo de la Carta Magna, como se ver� a continuaci�n. En efecto, el primer p�rrafo del precepto 56 de la C.�n Pol�tica de J., dispone: ?Art�culo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores, de paz y jurados. Se compondr� adem�s por un �rgano denominado Consejo General del Poder Judicial del Estado.?. En principio, v�lidamente se podr�a estimar que, al pertenecer el Tribunal Electoral de J. al Poder Judicial de la entidad, le resultan aplicables las bases previstas en la fracci�n III del art�culo 116 constitucional; sin embargo, ello no es as�, pues del contenido de los p�rrafos segundo, cuarto y quinto de dicha fracci�n -cuya violaci�n se alega en el caso a estudio-, se observa que los mismos regulan lo relativo a la independencia, carrera judicial, nombramientos y permanencia de los M. integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, es decir, los encargados de la impartici�n de la justicia com�n o de la generalidad de las materias. Lo anterior cobra mayor sentido, si atendemos lo expresado por la Comisi�n de G.�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, al dictaminar la iniciativa de decreto por virtud del cual se reform�, entre otros, el art�culo 116 de la Carta Magna, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de 17 de marzo de 1987, a saber: ?... Finalmente, la fracci�n III del art�culo 116 constitucional contiene la referencia al Poder Judicial de cada Estado. Aqu� radica una de las innovaciones fundamentales de la iniciativa pues se�ala que dicho Poder Judicial se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones L.es. El segundo p�rrafo de la fracci�n III, establece que la independencia de los M. y J. se garantizar� en cada una de las C.ones y leyes org�nicas locales y fija las bases para su reglamentaci�n al se�alar que corresponde a estos ordenamientos establecer las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. En el siguiente p�rrafo, esta fracci�n III obliga a que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa re�nan como requisitos los mismos que el art�culo 95 de la C.�n Federal se�ala para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. La comisi�n que suscribe, estima que esta exigencia es adecuada pues son los Tribunales Superiores de Justicia, el m�ximo �rgano jurisdiccional de cada entidad y quienes los integren deben probar, objetivamente, su idoneidad profesional y moral para ocupar esos cargos. Se establece tambi�n el principio de una aut�ntica carrera judicial en los Estados de la R.�blica al se�alar que los nombramientos de M. y J. se har�n, preferentemente, entre quienes hayan prestado sus servicios con eficacia y probidad en la administraci�n de justicia. Se propone tambi�n que a nivel constitucional se salvaguarde la facultad de cada Tribunal Superior de Justicia de designar a los J. de primera instancia o a los que, con cualquier denominaci�n, sean equivalentes a �stos en las entidades federativas y que se asegure la permanencia en el cargo de los funcionarios judiciales para mantener autonom�a de criterio sin detrimento de la seguridad social, personal y familiar del juzgador. Al efecto se establece que los M. durar�n en su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es y podr�n ser reelectos en ese cargo y, si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. ...?. Debemos distinguir entre la justicia ordinaria y la especial, la primera es aquella que se imparte por los �rganos jurisdiccionales a los que se encomienda el conocimiento y resoluci�n de la generalidad de los procesos relativos a la generalidad de las materias jur�dicas; por su parte, la segunda es aquella que se administra por los �rganos jurisdiccionales dedicados al completo conocimiento y resoluci�n de procesos concernientes a materias y sujetos espec�ficos. En este contexto, es de se�alarse que, de la lectura integral de la demanda se observa una falsa apreciaci�n por parte de los accionantes, respecto del contenido del p�rrafo quinto de la fracci�n III del art�culo 116 de la N. Suprema, pues consideran que los preceptos impugnados, a pesar de su naturaleza especial -electorales-, deben apegarse a dicho dispositivo constitucional y, por lo mismo, prever la reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral de J.. Lo se�alado en el p�rrafo que antecede no es as�, pues en virtud de las reformas constitucionales aprobadas en agosto de 1996, las C.ones de los Estados deben disponer la creaci�n de un Tribunal Electoral -como en el caso concreto sucede-, que goce deautonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, se trata de autoridades jurisdiccionales que resuelven conflictos de �ndole electoral, con base en los principios constitucionales y en las leyes que regulan los comicios. El anterior razonamiento tiene sustento en la exposici�n de motivos del decreto por virtud del cual se reformaron diversos numerales de la C.�n Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de 22 de agosto de 1996, a saber: ?La presente iniciativa propone trascendentes reformas a la dimensi�n del sistema de justicia electoral e introduce nuevos mecanismos jur�dicos que le otorgan mayor eficacia y confiabilidad. Las reformas pretenden que dicho sistema se consolide como uno de los instrumentos con que cuenta nuestro pa�s para el desarrollo democr�tico y para afirmar el Estado de derecho. Por ello, las reformas que se someten a consideraci�n de esta soberan�a, se dirigen a la consecuci�n de un sistema integral de justicia en materia electoral, de manera que por primera vez existan, en nuestro orden jur�dico, los mecanismos para que todas las leyes electorales se sujeten invariablemente a lo dispuesto por la C.�n ... Se propone tambi�n que el Tribunal Electoral conozca de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales locales que vulneren los preceptos establecidos en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, en congruencia, en esta misma iniciativa se establece un conjunto de principios y bases para los procesos electorales de nivel local. ...?. En efecto, el art�culo 116, fracci�n IV, inciso c), de la C.�n Federal, impone a las C.ones y leyes de los Estados, en el �mbito electoral, la obligaci�n de garantizar que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. En el caso concreto, los art�culos 69, primer p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de J. y 73, primer p�rrafo, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la entidad, al respecto prev�n: ?Art�culo 69. El Tribunal Electoral es el �rgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual guardar� autonom�a en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad a los principios establecidos en el art�culo 116 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?. ?Art�culo 73. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ser� la m�xima autoridad jurisdiccional en la materia y �rgano especializado del Poder Judicial del Estado de J., competente para resolver las controversias que se susciten en los procesos electorales para la renovaci�n de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, y de los Ayuntamientos; as� como en los procesos de plebiscito y refer�ndum. Estar� dotado de autonom�a y personalidad jur�dica propia, con la competencia, jurisdicci�n y organizaci�n que se�alen la C.�n Pol�tica del Estado, la presente ley y su reglamento.?. El hecho de que el Tribunal Electoral de J. se haya incorporado al Poder Judicial de la entidad, tuvo como fin el fortalecimiento de dicho poder, a trav�s de la unidad de jurisdicci�n, la cual consiste, b�sicamente, en que todos los �rganos jurisdiccionales se integren dentro de la misma estructura, consolidando as� el principio de la divisi�n de poderes establecido en los art�culos 49 y 116 de la Ley Suprema. Lo anterior sucedi� de manera similar en el �mbito federal, pues recordemos que con motivo de la reforma constitucional publicada el 22 de agosto de 1996, el Tribunal Federal Electoral pas� a ser parte del Poder Judicial de la Federaci�n. Si bien es cierto que el Tribunal Electoral de J. forma parte del Poder Judicial del Estado, tambi�n lo es que, de conformidad con lo dispuesto en el primer p�rrafo de los art�culos 69 y 73 de la C.�n de la entidad y de la ley org�nica de dicho poder, respectivamente, y transcritos con anterioridad, es la m�xima autoridad en la materia y �rgano especializado, cuyas funciones y decisiones se rigen por los principios de autonom�a e independencia. Lejos de pensar que por el hecho de que el Tribunal Electoral de J. pertenezca al Poder Judicial de la entidad pierde autonom�a, del an�lisis de las diversas disposiciones relacionadas con dicho �rgano jurisdiccional, se advierte que cuenta con autonom�a funcional, administrativa, econ�mica y normativa, como ocurre de manera similar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n. Dadas las anteriores consideraciones, v�lidamente procede concluir que lo relativo a la integraci�n y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J., contrario a lo manifestado por los accionantes, tiene sustento jur�dico en los incisos b), c) y d) de la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y no en la fracci�n III del mismo dispositivo constitucional, por lo que es de afirmarse que, en el caso a estudio, el p�rrafo quinto de dicha fracci�n no resulta vulnerado. No es �bice a lo anterior, el se�alar que, si bien es cierto que el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 16 de la Carta Magna, no prev� en forma expresa lo relativo a la reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J., tambi�n lo es que, el hecho de que tal numeral contemple la independencia del mismo en sus decisiones, es en lo que precisamente se apoy� la legislatura de la entidad para no prever tal figura jur�dica en las normas impugnadas por esta v�a, toda vez que de la exposici�n de motivos del decreto por virtud del cual se reformaron los art�culos cuya invalidez se solicita, se desprende lo siguiente: ?... II. Que el marco propuesto desde la C.�n General de la R.�blica distingue entre la justicia ordinaria prevista en la fracci�n III del art�culo 116, y la electoral, consignada en el romano IV del mismo dispositivo, advirtiendo con ello desigualdades importantes en cuanto a su naturaleza jur�dica de los actos que sancionan. ... Es bajo el imperio de estos principios como el legislador local debe proyectar las instituciones electorales del Estado. ... VI. ... Asimismo, se fijan los principios de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos rectores de la funci�n electoral, dejando literalmente se�alado que el Tribunal Electoral ser� el �rgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual tiene como torales caracter�sticas la funcional e independencia en sus decisiones; poniendo en armon�a nuestra Carta L. con lo que previene el art�culo 116, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se conserva la periodicidad de cuatro a�os para el ejercicio de la magistratura en materia electoral, suprimiendo la reelecci�n inmediata como medio de mantener una sana din�mica en el relevo del cargo, advirtiendo que con esta medida seguramente se evitar� la germinaci�n de compromisos espurios y una mejor calidad en la impartici�n de la justicia electoral. Se conserva el principio de inamovilidad de los M. electorales, se�alando enf�ticamente que durante su ejercicio s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan esta C.�n y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos. ...?. El principio de independencia en materia electoral, se traduce en el hecho de que las autoridades electorales tengan el derecho de decidir y actuar bajo las facultades que les conceda la ley, sin estar subordinadas a otro ente, poder u �rgano. Cabe se�alar, que, como es sabido, en el sistema electoral mexicano pueden ser consideradas como autoridades electorales las siguientes: Las encargadas de la organizaci�n de las elecciones federales (elecci�n de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de senadores y diputados integrantes del Congreso de la Uni�n), locales (elecci�n de gobernadores, diputados y Ayuntamientos) y del Distrito Federal (elecci�n de jefe de Gobierno, Asamblea Legislativa y jefes delegacionales), y las encargadas de resolver las controversias en materia electoral, representadas a nivel federal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n y, en el �mbito local, por los Tribunales Estatales Electorales y, en el caso del Distrito Federal, por el Tribunal Electoral respectivo. De aceptarse la tesis de que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de J. son sujetos de lo previsto en el p�rrafo quinto de la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna, eso s� tendr�a como consecuencia la violaci�n del principio de independencia consignado en el inciso c) de la fracci�n IV del referido numeral constitucional, pues se podr�a dar el absurdo de que tales juzgadores llegasen a ser inamovibles en sus cargos, y por ello crear v�nculos oscuros con determinado ente, poder, �rgano o partido pol�tico. Adem�s, de conformidad con las normas combatidas, los M. del Tribunal Electoral de J. durar�n en sus funciones cuatro a�os y, atento lo preceptuado por el art�culo 17 de la C.�n Pol�tica de la entidad, el Congreso L. se renueva cada tres a�os, lo que dif�cilmente hace que los legisladores que hayan designado para un periodo a dichos juzgadores, lo vuelvan a realizar para otro distinto. Por todo lo antes expuesto, se reitera, el presente argumento resulta infundado, m�xime que las normas impugnadas toman el modelo previsto en el art�culo 99 de la C.�n Federal, en lo concerniente a la designaci�n de los M. integrantes de las S. Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, la cual es para unos, de diez a�os y para otros, de ocho, respectivamente, pero improrrogables en ambos casos. En otro aspecto, y en relaci�n con el segundo y tercer argumentos propuestos por los actores, en el presente apartado, en el sentido de que: El segundo p�rrafo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de J., violenta lo dispuesto en el p�rrafo quinto de la fracci�n III del precepto 116, porque no prev� la reelecci�n de los M. del Tribunal Electoral del Estado para un periodo inmediato, sino para uno mediato, y los art�culos impugnados son contrarios a lo dispuesto por los preceptos 17, p�rrafos segundo y tercero, y 116, fracci�n IV, inciso c), de la Carta Magna, porque su reforma tuvo como finalidad vulnerar los principios de independencia, autonom�a e imparcialidad que debe atender la funci�n jurisdiccional. Los mismos, en atenci�n a las consideraciones vertidas por el suscrito en el primer punto de este apartado, resultan infundados. Finalmente, y en relaci�n con el cuarto argumento expuesto por los accionantes, en el sentido de que las normas impugnadas transgreden los principios de divisi�n de poderes, de permanencia en el cargo y de carrera judicial, por el hecho de prohibir la reelecci�n de los M. del Tribunal Estatal Electoral, es de mencionarse que el mismo resulta infundado. Lo anterior es as�, toda vez que, por lo que hace a la presunta violaci�n al principio de divisi�n de poderes, en el caso a estudio no se actualiza, sino que por el contrario, se respeta, pues, como se ha mencionado, el Tribunal Electoral de J. forma parte del Poder Judicial del Estado, acatando la unidad de jurisdicci�n que debe caracterizar a dicho poder, con lo que se evita as� la injerencia de otros poderes en las decisiones de los �rganos judiciales. Tampoco se actualiza la supuesta transgresi�n a los principios de permanencia en el cargo y de carrera judicial, toda vez que, partiendo de la base de que los p�rrafos segundo, cuarto y quinto de la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna, en donde se consignan tales principios, son aplicables para los M. encargados de la impartici�n de la justicia com�n, y no de la especial -M. integrantes del Tribunal Electoral de J.-. La permanencia en el cargo es un presupuesto para que pueda funcionar adecuadamente la carrera judicial, sin embargo la permanencia en el cargo, por s� sola, se respeta por el hecho de que durante el tiempo que dure el nombramiento no pueda removerse al nombrado, sino como consecuencia de haber incurrido en responsabilidad oficial que amerite su remoci�n, lo cual se prev� en el caso concreto cuando los art�culos 69 de la C.�n de J. y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, cuya invalidez se solicita, disponen que los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, durante los cuales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan la C.�n de la entidad y las leyes en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos. Por otro lado, la carrera judicial, seg�n se desprende de lo expresado por la Comisi�n de G.�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, al dictaminar la iniciativa de decreto por virtud del cual se reform�, entre otros, el art�culo 116 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de 17 de marzo de 1987, fue establecida pensando y adecu�ndola al personal de impartici�n de la justicia com�n y no de la justicia especial electoral. Es significativo que en el �mbito federal as� funcione la carrera judicial que s�lo opera la justicia com�n y no para la especial electoral, mismo sistema que a mi juicio fue previsto y prescrito para el �mbito local. Por lo anterior, se reitera, el presente concepto de invalidez deviene infundado. 2. Sobre el segundo apartado. Se�alan los accionantes que: Toda vez que las normas impugnadas son disposiciones generales, las cuales se aplicaron por el Congreso de J. en la designaci�n de los once M. que integraban el Tribunal Electoral del Estado, as� como en el acuerdo econ�mico de 19 de julio de 2001, por virtud del cual se neg� la reelecci�n de dichos servidores jurisdiccionales, lo procedente es que, decretada su invalidez, subsista el texto anterior a la reforma combatida y queden inexistentes todos los actos en los que tales numerales se hayan aplicado ?... no podemos aceptar que los efectos de las acciones de inconstitucionalidad solamente trasciendan a las normas generales cuya invalidez se reclama, cuando, como en el caso acontece, el mismo �rgano que las emite las aplica, dictando actos con sustento en ellas, dentro del plazo de los treinta d�as en que pueden ser impugnadas por inv�lidas, ya que en tal caso, estar�amos en presencia de un acto fraudulento de la ley.?. ?... los efectos de las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad, s� deben trascender sus efectos a los actos que en forma inmediata y paralela, y como consecuencia y en aplicaci�n de la norma inconstitucional reformada, se emitieren por el mismo �rgano legislador ...?. Opini�n del suscrito. En relaci�n con los argumentos vertidos por las promoventes en el presente apartado, en el sentido de que la sentencia que en su momento dicte ese Supremo Tribunal en este juicio, debe trascender a los actos emitidos por el Congreso de J., en cuyos casos haya aplicado las normas impugnadas, es de mencionarse lo siguiente: Es cierto que el precepto 45 de la ley reglamentaria del art�culo 105, en su primer p�rrafo, establece que las sentencias producir�n sus efectos a partir de la fecha que determine esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, pero no menos verdad es que partiendo de la expresa prohibici�n de retroactividad, contenida en el segundo p�rrafo de la fracci�n III del numeral 105 constitucional, ese M�ximo Tribunal �nicamente tiene la facultad discrecional de determinar el momento en que deben producir efectos sus resoluciones, pero a partir de la fecha en que �stas se dictan, hacia el futuro, no hacia atr�s, o sea, antes de su emisi�n. A mayor abundamiento, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 45 y 73 de la ley reglamentaria del art�culo 105, las sentencias que se dicten en este tipo de procedimientos no pueden tener efectos retroactivos, salvo en materia penal; y adem�s, conforme al art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la acci�n de inconstitucionalidad solamente procede contra leyes y no contra actos, por lo que aquellos realizados por el Congreso de J., con apoyo en lo dispuesto en las normas impugnadas, con anterioridad a la emisi�n de la ejecutoria correspondiente, deben dejarse intocados. Sirve de apoyo a la anterior conclusi�n, por analog�a, la siguiente tesis de jurisprudencia: ?Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VI, septiembre de 1997. Tesis: P./J. 74/97. P�gina: 548. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DECLARATIVAS DE INVALIDEZ DE DISPOSICIONES GENERALES. S�LO PUEDEN TENER EFECTOS RETROACTIVOS EN MATERIA PENAL. Conforme a lo establecido en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 105 constitucional, la declaraci�n de invalidez dictada en las controversias constitucionales no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, por lo que, al disponer el art�culo 45 de la ley reglamentaria del citado precepto constitucional, que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n determinar� a partir de qu� fecha producir�n sus efectos las sentencias relativas, debe concluirse que el legislador ordinario facult� al propio tribunal para determinar el momento en que puede, v�lidamente, se�alar la producci�n de efectos de su resoluci�n que es, bien la fecha en que se dicta �sta, o alguna fecha futura, pero no en forma retroactiva.?. Por lo anterior, los argumentos planteados por los accionantes en el presente apartado, resultan inoperantes."
NOVENO. El Ministro instructor, por auto de diez de septiembre de dos mil uno, determin� que el gobernador del Estado de J. rindi� su informe en forma extempor�nea, por lo que no hab�a lugar a tenerlo por rendido.
D�CIMO. Mediante prove�do de veinte de septiembre de dos mil uno, y dado que las partes no formularon alegatos dentro del plazo otorgado en el auto del d�a cinco del mes citado, el Ministro instructor tuvo por precluido su derecho para hacerlo y pas� los autos para la elaboraci�n del proyecto de sentencia.
D�CIMO PRIMERO. En sesi�n de ocho de noviembre de dos mil uno, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte desech� el proyecto de resoluci�n presentado por el Ministro instructor y acord� turnar los autos para la elaboraci�n de un nuevo proyecto al Ministro Mariano A.G.�itr�n.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; y 1o. y 68, �ltimo p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, toda vez que en ambas se demanda la declaraci�n de inconstitucionalidad de los p�rrafos quinto y sexto del art�culo 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., as� como de los p�rrafos primero y segundo del art�culo 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de ese Estado, reformados mediante decreto publicado en el Peri�dico Oficial de esa entidad el d�a diecisiete de julio de dos mil uno y, por �ltimo, del art�culo cuarto transitorio del decreto mencionado.
SEGUNDO. En principio, este �rgano colegiado estima pertinente precisar que las normas generales impugnadas, a saber, los art�culos 69, p�rrafos quinto y sexto, de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y 78, p�rrafos primero y segundo, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de dicho Estado, reformados mediante decreto publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad federativa mencionada de diecisiete de julio de dos mil uno, as� como elart�culo cuarto transitorio del decreto referido, son de naturaleza electoral para efectos de la presente acci�n de inconstitucionalidad, ello a fin de determinar que el procedimiento a que se sujet� la misma conforme a las disposiciones espec�ficas previstas por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n para la impugnaci�n de leyes electorales, fue correctamente aplicado y, adem�s, para establecer la aplicabilidad de esas disposiciones espec�ficas al examinarse la oportunidad de la demanda, la legitimaci�n de los partidos pol�ticos promoventes, las causales de improcedencia y, en su caso, los conceptos de invalidez.
En efecto, los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), y sus dos p�rrafos siguientes, de la C.�n General de la R.�blica y 60, 62, �ltimo p�rrafo, 64, 65, 67, 68, 70 y 71 de la ley reglamentaria de la materia, disponen:
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n. Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por: ... f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro. La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la C.�n es la prevista en este art�culo. Las leyes electorales federal y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales."
"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente. En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles."
"Art�culo 62. ... En los t�rminos previstos por el inciso f) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se considerar�n parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, adem�s de las se�aladas en la fracci�n I del art�culo 10 de esta ley, a los partidos pol�ticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, seg�n corresponda, a quienes les ser� aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros p�rrafos del art�culo 11 de este mismo ordenamiento."
"Art�culo 64. Iniciado el procedimiento, conforme al art�culo 24, si el escrito en que se ejercita la acci�n fuere oscuro o irregular, el Ministro instructor prevendr� al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco d�as. Una vez transcurrido este plazo, dicho Ministro dar� vista a los �rganos legislativos que hubieren emitido la norma y el �rgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince d�as rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acci�n de inconstitucionalidad. Trat�ndose del Congreso de la Uni�n, cada una de las C�maras rendir� por separado el informe previsto en este art�culo. En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el p�rrafo anterior ser�n, respectivamente, de tres d�as para hacer aclaraciones y de seis d�as para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada. La admisi�n de una acci�n de inconstitucionalidad no dar� lugar a la suspensi�n de la norma cuestionada."
"Art�culo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al art�culo 25, podr� aplicar las causales de improcedencia establecidas en el art�culo 19 de esta ley, con excepci�n de su fracci�n II respecto de leyes electorales, as� como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del art�culo 20. Las causales previstas en las fracciones III y IV del art�culo 19 s�lo podr�n aplicarse cuando los supuestos contemplados en �stas se presenten respecto de otra acci�n de inconstitucionalidad."
"Art�culo 67. Despu�s de presentados los informes previstos en el art�culo 64 o habiendo transcurrido el plazo para ello, el Ministro instructor pondr� los autos a la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco d�as formulen alegatos. Cuando la acci�n intentada se refiera a leyes electorales, el plazo se�alado en el p�rrafo anterior ser� de dos d�as."
"Art�culo 68. Hasta antes de dictarse sentencia, el Ministro instructor podr� solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor soluci�n del asunto. Cuando la acci�n de inconstitucionalidad se interponga en contra de una ley electoral, el Ministro instructor podr� solicitar opini�n a la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n. Agotado el procedimiento, el Ministro instructor propondr� al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el proyecto de sentencia para la resoluci�n definitiva del asunto planteado. En los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia a que se refiere el p�rrafo anterior deber� ser sometido al Pleno dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debi�ndose dictar el fallo por el Pleno a m�s tardar en un plazo de cinco d�as, contados a partir de que el Ministro instructor haya presentado su proyecto."
"Art�culo 70. El recurso de reclamaci�n previsto en el art�culo 51 �nicamente proceder� en contra de los autos del Ministro instructor que decreten la improcedencia o el sobreseimiento de la acci�n. En materia electoral el plazo para interponer el recurso de reclamaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior ser� de tres d�as y el Pleno de la Suprema Corte lo resolver� de plano, dentro de los tres d�as siguientes a su interposici�n."
"Art�culo 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplir� los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr� fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violaci�n de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sobre la no conformidad de leyes electorales a la C.�n, s�lo podr�n referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente se�alados en el escrito inicial."
Deriva de los preceptos transcritos que existen reglas espec�ficas para la sustanciaci�n del procedimiento de la acci�n de inconstitucionalidad cuando se impugnan leyes electorales, as� como que para el dictado de la resoluci�n correspondiente, lo que hace procedente precisar que en el caso las normas generales combatidas son de naturaleza electoral, por las razones siguientes:
Este Tribunal Pleno, en su jurisprudencia 25/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.I., abril de 1999, p�gina 255, estableci�:
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituy� este tipo de v�a constitucional en el art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibi� su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusi�n el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admiti� la procedencia de la acci�n en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta �ltima reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de dicha C.�n prev� reglas gen�ricas para la sustanciaci�n del procedimiento de la acci�n de inconstitucionalidad y reglas espec�ficas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica, as� como teleol�gica de los art�culos 105, fracci�n II, y 116, fracci�n IV, en relaci�n con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II y 122, tercer p�rrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia C.�n, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no s�lo son las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o c�digo electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritaci�n o redistritaci�n, creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales, organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites de las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones espec�ficas que para tales asuntos prev� la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposici�n expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regulan, no se justificar�a la aplicaci�n de las reglas gen�ricas para unas y las espec�ficas para otras."
Como se advierte del criterio jurisprudencial transcrito, en el que se determin� que de la interpretaci�n arm�nica y sistem�tica, as� como teleol�gica de los art�culos 105, fracci�n II y 116, fracci�n IV, en relaci�n con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II y 122, tercer p�rrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad, las normas generales electorales no s�lo son las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque se contengan en ordenamientos distintos de una ley o c�digo electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de cualquier manera, como por ejemplo, distritaci�n o redistritaci�n, creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales, organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites de las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones, por lo que esas normas pueden impugnarse a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, debi�ndose, por regla general, instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones espec�ficas que para esos asuntos prev� la ley reglamentaria de la materia, ya que al no existir disposici�n expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regulan, no se justificar�a la aplicaci�n de las reglas gen�ricas del procedimiento relativo para unas y las reglas espec�ficas de ese procedimiento para otras.
Debe precisarse que en la tesis jurisprudencial referida, al se�alarse que las normas generales electorales no s�lo son las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino tambi�n las que, aunque se contengan en ordenamientos distintos a esa ley o c�digo electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que influyan en ellos, se mencionan s�lo de manera ejemplificativa algunos de esos aspectos, por lo que la correcta interpretaci�n del criterio contenido en la tesis que se examina permite concluir que no s�lo las normas generales que regulen los aspectos espec�ficos que ah� se se�alan son de naturaleza electoral, sino que tambi�n lo son las disposiciones generales que normen alg�n otro aspecto vinculado directa o indirectamente con los procesos electorales o que deban influir en ellos, de una manera o de otra, como ocurre con los que reglamentan la autonom�a en el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia electoral y la independencia en sus decisiones.
Lo anterior se advierte de la resoluci�n pronunciada por este Tribunal Pleno el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en la acci�n de inconstitucionalidad 10/98, de la que deriva el criterio jurisprudencial que se ha mencionado y en la que se razon�, al estudiarse el problema relativo a la determinaci�n de lo que debe entenderse por materia electoral para los efectos del procedimiento relativo en la acci�n de inconstitucionalidad, que dentro del paquete de reformas electorales a la C.�n Federal de mil novecientos noventa y seis, importaba al caso la adici�n de la fracci�n IV al art�culo 116, por guardar estrecha relaci�n con la reforma al art�culo 105 para establecer la procedencia de la acci�n de inconstitucionalidad contra leyes electorales, dado que la fracci�n aludida hace una relaci�n de materias que considera como electorales, entre ellas, en su inciso c), lo referente a la autonom�a e independencia en las decisiones de las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y de las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en esa materia, aspecto este, junto con los dem�s precisados en la fracci�n IV del art�culo 116 de la Ley Suprema, que deben ser considerados como propios de la materia electoral. La resoluci�n de referencia, en la parte relativa, se�ala:
"Por otra parte, dentro del paquete de reformas electorales a la C.�n Federal de mil novecientos noventa y seis, tambi�n se reformaron y adicionaron otros preceptos, destac�ndose el fracci�n IV. Importa la reforma a dicho precepto, dado que guarda estrecha vinculaci�n con la reforma al 105 constitucional. El art�culo 116, fracci�n IV, actualmente dispone: ?Art. 116. El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ... IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas L.es y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; b) En el ejercicio de la funci�n electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; d) Se establezca un sistema de medios de impugnaci�n para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales; f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos pol�ticos reciban, en forma equitativa, financiamiento p�blico para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtenci�n del sufragio universal; g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social; h) Se fijen los criterios para determinar los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as electorales, as� como los montos m�ximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos pol�ticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, as� como las sanciones que por ellos deban imponerse ...?. Resulta pertinente transcribir tambi�n, para una mejor apreciaci�n, lo dispuesto por los art�culos 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracci�n I, 116, fracciones I y II, y 122, p�rrafo tercero, e inciso c) base primera, fracciones I y V, inciso f), de la C.�n Federal, los que, en lo concerniente a las cuestiones electorales, disponen: ... Del an�lisis arm�nico de todas las disposiciones antes transcritas, estructuradas en su contexto normativo, permite establecer lo que debe entenderse por materia electoral y por normas generales en materia electoral, para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad, en virtud de lo siguiente: Del an�lisis del art�culo 105, fracci�n II, constitucional, considerando el esp�ritu del Poder Reformador de la C.�n que lo llev� a instituir la acci�n de inconstitucionalidad tambi�n como medio para impugnar leyes electorales, aunado a la reforma que arm�nicamente se hizo al mismo tiempo al art�culo 116, fracci�n IV, de la C.�n Federal y tomando en consideraci�n las dem�s disposiciones de la Carta Fundamental antes transcrita, puede concluirse que cualquier ley de car�cter electoral, con independencia de la materia espec�fica que regule, ser� considerada como electoral para los efectos de la acci�n de inconstitucionalidad. En efecto, por cuanto hace a la materia electoral, el art�culo 116, fracci�n IV, constitucional, vigente, hace una relaci�n de materias que considera como ?materia electoral?, as�, por ejemplo, se tiene lo siguiente: a) lo referente al sufragio universal, libre, secreto y directo; b) como principios rectores la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que deben observar las autoridades electorales; c) autonom�a e independencia en las decisiones de las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia; d) establecimiento de los sistemas de medios de impugnaci�n; e) plazos para el desahogo de todas las instancias considerando el principio de definitividad en las etapas de los procesos electorales; f) financiamiento p�blico para los partidos pol�ticos; g) equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social; h) fijaci�n de l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as y montos m�ximos de aportaciones, as� como el establecimiento de sanciones por incumplimiento; e, i) tipificaci�nde delitos y faltas en materia electoral y sus sanciones. De lo anterior se observa que el art�culo 116, fracci�n IV, constitucional, de alguna manera, precisa aspectos espec�ficos que deben ser considerados propios de la ?materia electoral?, de entre los que se encuentran, cuestiones propias de los derechos pol�ticos, como son las bases generales que instituyen los principios rectores para la elecci�n de gobernadores, integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos, as� como cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra �ndole, como lo es la funci�n de las autoridades electorales, la organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites a las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones, etc�tera. Adem�s, acorde con lo que la disposici�n constitucional de m�rito se�ala como materia electoral, las dem�s disposiciones constitucionales se vinculan de manera �ntima con las mismas, en tanto que se refieren en t�rminos generales, entre otras cuestiones, a los partidos pol�ticos, a las autoridades electorales, a los procesos electorales y su organizaci�n, a la integraci�n de los �rganos legislativos, a la elecci�n de los representantes populares y a los sistemas de elecci�n. En este orden de ideas, atento a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, puede decirse que se estableci� como regla gen�rica, la posibilidad de impugnar disposiciones electorales a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, sin establecer distingo alguno por raz�n de su contenido o por la materia espec�fica que regulan y, por el contrario, acorde con la reforma integral que se hizo a la C.�n Federal en cuestiones electorales, particularmente respecto del art�culo 116, fracci�n IV, en relaci�n con los dem�s preceptos anteriormente transcritos, se advierte que la materia electoral viene a comprender ahora conceptos tan amplios que van desde la elecci�n de los representantes mediante sufragio, hasta cuestiones organizativas o administrativas del proceso electoral. De esto se concluye que, al no existir distingo en este sentido entre las diferentes disposiciones electorales por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regulan, debe considerarse que, por los fines que persigue la reforma al art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal para efectos de la impugnaci�n de este tipo de disposiciones, no puede distingu�rseles unas de otras para efectos del procedimiento en la acci�n de inconstitucionalidad, en tanto que todas inciden en la materia electoral. De todo lo expuesto y con base en una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica, as� como teleol�gica de las disposiciones anteriormente referidas y particularmente de las propias de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, se llega al convencimiento de que, cualquier disposici�n de naturaleza electoral podr� ser materia de impugnaci�n a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, y que, por tanto, por regla general, debe instruirse el procedimiento y resolverse conforme a las disposiciones espec�ficas que para tales asuntos prev� la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, pues al no existir disposici�n expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciar una disposici�n electoral de otra en la misma materia, por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regula, no se justifica la aplicaci�n de las reglas espec�ficas para unos y las gen�ricas para otros que para tal efecto prev� la citada ley reglamentaria. Todo lo anterior se robustece si se atiende que, antes de la reforma de m�rito, la acci�n de inconstitucionalidad era improcedente en trat�ndose de normas generales en materia electoral, lo que justificaba distinguir la materia de la disposici�n para efectos de la procedencia de la acci�n, pero que, suprimida tal prohibici�n, no existe ya raz�n alguna y menos de car�cter procesal, para distinguir una norma electoral de otra por raz�n de su contenido, cuando de hecho la acci�n procede en contra de cualquiera de �stas, las que, finalmente, siendo de naturaleza electoral, van a incidir de una u otra manera en los procesos electorales respectivos y de ah� que deba tramitarse la acci�n con sujeci�n a las mismas reglas procedimentales."
Ahora bien, los art�culos 69 de la C.�n del Estado de J., del que se impugnan los p�rrafos quinto y sexto, y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de ese Estado, del que se solicita la invalidez de sus p�rrafos primero y segundo, ambos art�culos reformados por decreto publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad federativa mencionada, as� como el art�culo cuarto transitorio del decreto referido, establecen:
"Art�culo 69. El Tribunal Electoral es el �rgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual guardar� autonom�a en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad a los principios establecidos en el art�culo 116 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Para el ejercicio de sus funciones el Tribunal Electoral contar� con un cuerpo de M. y secretarios, los cuales s�lo responder�n al mandato de la ley. Los M. electorales deber�n satisfacer los requisitos que se�ale la ley, que no podr�n ser menores a los que establece esta C.�n para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales y civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley. Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley. Durante su ejercicio los M. electorales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan esta C.�n y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos."
"Art�culo 78. Los M. del Tribunal Electoral durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, durante los cuales no podr�n ser privados de su empleo salvo los casos establecidos en la C.�n Pol�tica del Estado, en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos. Al t�rmino de su gesti�n los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles sujet�ndose al procedimiento previsto en esta ley."
"Cuarto. El segundo p�rrafo del art�culo 78, de la Ley Org�nica del Poder Judicial, s�lo ser� aplicable a los M. electorales que se elijan con posterioridad a la publicaci�n del presente decreto."
Deriva de la transcripci�n anterior que las normas generales que se impugnan establecen que el Tribunal Electoral del Estado de J. es el �rgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el que guardar� autonom�a en sus funciones e independencia en sus decisiones y que contar� con un cuerpo de M. y secretarios; asimismo, reglamentan los requisitos que deber�n satisfacer esos M., la forma en que ser�n electos, el tiempo que durar�n en el ejercicio de su encargo, durante el cual no podr�n ser privados de su empleo salvo los casos establecidos en la C.�n L. en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos y, por �ltimo, se�alan que dichos M. no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles conforme al procedimiento legal. Por tanto, las aludidas normas, al referirse a una materia que el art�culo 116, fracci�n IV, inciso c), de la C.�n General de la R.�blica considera como electoral, a saber, la autonom�a e independencia en las decisiones de las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en esa materia, y que trasciende directa e indirectamente en los procesos electorales, deben considerarse de naturaleza electoral y, por tanto, para efectos de su impugnaci�n a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, deben aplicarse, en principio, las reglas espec�ficas que para este tipo de asuntos prev� la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, m�xime que la fracci�n II de este �ltimo art�culo no hace distingo entre las disposiciones electorales para efectos de la tramitaci�n que corresponda a la acci�n de inconstitucionalidad por raz�n del contenido o materia espec�fica que regulen.
En relaci�n con lo anterior, debe precisarse que la sustanciaci�n del procedimiento en la presente acci�n de inconstitucionalidad, si bien se ajust�, en principio, a las diversas reglas previstas para aquellas acciones cuya materia sea electoral, espec�ficamente a los plazos previstos en el segundo p�rrafo del art�culo 64 y en el segundo p�rrafo del art�culo 67 de la ley reglamentaria de la materia, se advierte que no se atendi� a los plazos que se contienen en el �ltimo p�rrafo del art�culo 68 de la ley citada, a saber, que el proyecto de sentencia en los casos de materia electoral, deber� ser sometido al Pleno dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debi�ndose dictar el fallo por el Tribunal Pleno a m�s tardar en un plazo de cinco d�as, contados a partir de que el Ministro instructor haya presentado el proyecto relativo.
Sin embargo, lo anterior no se traduce en una violaci�n a las reglas espec�ficas que para las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral se prev�n en la ley reglamentaria de la materia, por las siguientes razones:
El art�culo 105, fracci�n II, inciso f), tercer p�rrafo, de la C.�n Federal, despu�s de establecer que la �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la C.�n es la ah� prevista, determina que las leyes electorales federales y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales.
El legislador ordinario, en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n, estableci� un procedimiento espec�fico para las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, tal como se precis� con anterioridad, del que son de destacarse, por un lado, el establecimiento de plazos m�s breves para la sustanciaci�n del procedimiento y, por el otro, la fijaci�n de un plazo de cinco d�as siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento para que el proyecto de sentencia se someta al Tribunal Pleno, as� como del plazo de cinco d�as a partir de que el Ministro instructor haya presentado su proyecto para que se dicte el fallo.
De la interpretaci�n arm�nica de la N. Suprema y de las disposiciones secundarias referidas, se advierte que el objetivo del establecimiento de un procedimiento breve trat�ndose de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, lo es el que, por razones de seguridad jur�dica, quede establecido cu�les ser�n las normas aplicables en un determinado proceso electoral.
Conforme a lo anterior, las disposiciones espec�ficas que la ley reglamentaria de la materia prev� para las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, en lo referente al establecimiento de plazos breves en la sustanciaci�n del procedimiento relativo, as� como para la presentaci�n del proyecto de resoluci�n al Tribunal Pleno de la Suprema Corte y el dictado del fallo correspondiente, tienen aplicaci�n en aquellos asuntos que deban resolverse dentro del plazo de noventa d�as anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse las normas impugnadas, ya que es �sta la justificaci�n para que este Alto Tribunal deba resolver la acci�n de inconstitucionalidad antes de que se inicie el proceso electoral relativo.
En el caso, las normas impugnadas son de naturaleza electoral seg�n se ha precisado; sin embargo, no se encuentran en el supuesto que se ha referido pues no se trata de una acci�n de inconstitucionalidad que deba resolverse dentro de los noventa d�as anteriores al inicio de un proceso electoral espec�fico en que vayan a aplicarse las normas impugnadas, sino que se trata de peculiares normas de naturaleza electoral por versar sobre un aspecto que el art�culo 116, fracci�n IV, inciso c), de la C.�n General de la R.�blica, espec�ficamente considera como electoral, a saber, el relativo a la autonom�a e independencia en las decisiones de las autoridades jurisdiccionales que resuelven las controversias en esa materia y que trasciende directa e indirectamente a los procesos electorales.
TERCERO. Las demandas de acci�n de inconstitucionalidad fueron presentadas de manera oportuna.
El art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n General de la R.�blica, dispone:
"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse al primer d�a h�bil siguiente. En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles."
Conforme al precepto antes transcrito, el c�mputo respectivo debe hacerse a partir del d�a siguiente al en que se publicaron los preceptos impugnados, considerando, en materia electoral, todos los d�as como h�biles.
El decreto que contiene los art�culos materia de estudio fue publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de J. el diecisiete de julio de dos mil uno, por lo que es a partir del d�a siguiente, esto es, el dieciocho de ese mes, que debe hacerse el c�mputo respectivo.
Ahora bien, considerando que las normas impugnadas se refieren a la materia electoral, tal como se determin� en el considerando precedente de este fallo, resulta que dentro del plazo de treinta d�as para la impugnaci�n de las referidas normas, deben estimarse como h�biles todos los d�as, por lo que el aludido plazo venci� el diecis�is de agosto de dos mil uno. Por tanto, si ambas demandas se presentaron el d�a quince del citado mes y a�o, esto es, al vig�simo noveno d�a del plazo referido, resulta que fueron promovidas oportunamente.
CUARTO. Procede analizar la legitimaci�n de los promoventes por ser una cuesti�n de orden p�blico y, por ende, de estudio preferente.
Los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), de la C.�n Federal y 62, �ltimo p�rrafo, de su ley reglamentaria, disponen:
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n. Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma por: ... f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro."
"Art�culo 62. ... En los t�rminos previstos por el inciso f) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se considerar�n parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, adem�s de las se�aladas en la fracci�n I del art�culo 10 de esta ley, a los partidos pol�ticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, seg�n corresponda, a quienes les ser� aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros p�rrafos del art�culos 11 de este mismo ordenamiento."
De conformidad con los art�culos transcritos, los partidos pol�ticos con registro podr�n ejercer la acci�n de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido pol�tico cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que el partido pol�tico promueva por conducto de su dirigencia, nacional o local, seg�n sea el caso.
c) Que quien suscribe a nombre y en representaci�n del partido pol�tico cuente con facultades para ello.
En el caso, el P.do de la Revoluci�n D.�tica es un partido pol�tico nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, seg�n certificaci�n expedida por el secretario ejecutivo de dicho instituto, que obra en la foja ciento trece de autos, en la que consta, adem�s, que A.D.G.�a M. es la presidenta del comit� ejecutivo nacional del propio partido pol�tico.
Por otra parte, el art�culo 9o., punto 9, incisos a) y e), de los Estatutos Generales del P.do de la Revoluci�n D.�tica, establece que entre las facultades del presidente nacional del partido, se encuentran las de presidir el comit� ejecutivo nacional y representar legalmente al partido. Dicho art�culo se�ala:
"Art�culo 9o. ... 9. La presidenta o el presidente nacional del partido tiene las siguientes funciones: a. Presidir el comit� ejecutivo nacional y la comisi�n pol�tica consultiva nacional. ... e. R.resentar legalmente al partido y designar apoderados de tal representaci�n."
De lo anterior se desprende que la acci�n de inconstitucionalidad promovida por el P.do de la Revoluci�n D.�tica fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido pol�tico nacional con registro acreditado ante el Instituto Federal Electoral, y la demanda presentada a su nombre fue suscrita por A.G.�a M., presidenta del comit� ejecutivo nacional, quien cuenta con facultades para hacerlo en t�rminos de lo establecido en los estatutos que rigen a ese partido pol�tico.
En cuanto al P.do Convergencia por la D.acia, es un partido pol�tico nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, seg�n certificaci�n expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a fojas ciento quince a ciento dieciocho del presente expediente, en la que consta, adem�s, que D.A.D.R., es el presidente del comit� directivo nacional del propio partido pol�tico.
Por otra parte, el art�culo 48, punto 3, incisos a) y n), de los Estatutos Generales del P.do Convergencia por la D.acia, establecen que el presidente del comit� directivo nacional cuenta con facultades para representar al partido con todas las atribuciones de apoderado general para pleitos y cobranzas, as� como para actos de administraci�n y dominio, incluyendo los que requieran cl�usula especial conforme a la ley. Dicho art�culo dispone:
"Art�culo 48. Presidente (a) nacional. ... 3. El presidente (a) del comit� directivo nacional lo es igualmente de la asamblea y de la convenci�n nacional con los deberes y atribuciones siguientes: a) R.resentar al partido y mantener sus relaciones con los Poderes F., Estatales y de la Ciudad de M�xico, as� como con organizaciones sociales y pol�ticas. ... n) R.resentar al partido con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, as� como para actos de administraci�n y actos de dominio, incluyendo los que requieran cl�usula especial conforme a la ley y delegar los que seannecesarios."
Deriva de lo anterior que la acci�n de inconstitucionalidad promovida por el P.do Convergencia por la D.acia, fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido pol�tico con registro acreditado ante el Instituto Federal Electoral, y la demanda presentada a su nombre fue suscrita por D.A.D.R., presidente del comit� directivo nacional, quien cuenta con facultades para hacerlo en t�rminos de lo previsto en los estatutos que rigen a ese partido pol�tico.
QUINTO. Se procede, de oficio, a examinar la causa de improcedencia que se advierte se actualiza respecto de los actos de aplicaci�n de las normas generales impugnadas, con fundamento en el art�culo 19, �ltimo p�rrafo, en relaci�n con los art�culos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal.
Del examen integral de las demandas presentadas por los presidentes del P.do de la Revoluci�n D.�tica y de Convergencia por la D.acia, se advierte que combaten los actos de aplicaci�n de las normas generales impugnadas, consistentes, b�sicamente, en la no reelecci�n de los once M. que integraban el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J. y que hab�an cumplido su primer periodo de cuatro a�os en el cargo, lo que qued� plasmado en diversos acuerdos econ�micos emitidos por la Legislatura del Estado mencionado, as� como la designaci�n de los M. que a partir del d�a veintitr�s de julio de dos mil uno, integraron el citado tribunal.
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal de la R.�blica, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicci�n entre normas de car�cter general y la Carta Magna, pero no el examinar si los actos de aplicaci�n de esas normas generales se apegan o no a la Ley Suprema, tal como se desprende del criterio contenido en la jurisprudencia 65/2000 de este �rgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, junio de 2000, p�gina 339, que establece:
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES Y NO CONTRA SUS ACTOS DE APLICACI�N EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES. La acci�n de inconstitucionalidad que se ejerce en aras del principio de supremac�a constitucional, en virtud del cual toda norma debe ajustarse a los lineamientos establecidos en la Carta Magna, no es la v�a procedente para impugnar actos concretos emitidos por autoridades electorales por violaci�n a la Ley Fundamental. Ello es as�, porque de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal, el citado medio de control constitucional �nicamente procede en contra de normas generales, entre las que se encuentran las de car�cter electoral, por lo que para combatir sus actos concretos de aplicaci�n, las partes legitimadas deben agotar los medios legales conducentes conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci�n en Materia Electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n y, de no hacerlo as�, los referidos actos adquirir�n definitividad. En consecuencia, la acci�n de inconstitucionalidad debe promoverse para impugnar normas de car�cter general con motivo de su publicaci�n, y no a causa de su aplicaci�n."
Por tanto, las presentes acciones de inconstitucionalidad resultan improcedentes en cuanto a la impugnaci�n de los actos concretos de aplicaci�n de las normas generales combatidas, lo que hace procedente sobreseer al respecto con fundamento en los art�culos 105, fracci�n II, de la C.�n General de la R.�blica, 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, en relaci�n con los art�culos 59 y 65, todos de la ley reglamentaria de la materia.
Lo anterior se refuerza si se considera que de llegar a determinarse que las normas generales impugnadas se apegan a la Ley Suprema, no podr�a examinarse si los actos de aplicaci�n que se combaten resultan o no acordes con los preceptos de la Carta Magna aplicables o de las leyes ordinarias que los regulan a fin de invalidarlos, ya que, como antes se razon�, la acci�n de inconstitucionalidad no procede contra esos actos de aplicaci�n. Asimismo, de llegar a considerarse que las normas generales impugnadas o algunas de ellas deben invalidarse por no ajustarse a los principios rectores establecidos en la C.�n General de la R.�blica, la invalidez relativa no podr�a alcanzar a los actos de su aplicaci�n impugnados, en virtud de que el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 105 de la C.�n invocada, as� como el art�culo 45 de su ley reglamentaria establecen que la declaraci�n de invalidez de las normas generales impugnadas en la controversia constitucional o en la acci�n de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal y, por ello, al disponer el primer p�rrafo de la disposici�n secundaria mencionada, que las sentencias ah� dictadas producir�n sus efectos a partir de la fecha que determine esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, l�gico resulta que esa fecha podr� ser la del dictado de la resoluci�n que invalide las normas generales, o alguna fecha futura, dado que la presente acci�n de inconstitucionalidad se refiere a la materia electoral seg�n se determin� en el considerando segundo del presente fallo.
En efecto, los art�culos 105, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal, 45 y 73 de su ley reglamentaria, el primero contenido en el t�tulo II, denominado: "De las controversias constitucionales" y el segundo en el t�tulo III "De las acciones de inconstitucionalidad", disponen:
"Art�culo 105. ... La declaraci�n de invalidez a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
"Art�culo 45. Las sentencias producir�n sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. La declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables en esta materia."
"Art�culo 73. Las sentencias se regir�n por lo dispuesto en los art�culos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."
Como se advierte de los art�culos transcritos, la declaraci�n de invalidez de normas generales que dicte esta Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad en materias diversas a la penal, no puede tener efectos retroactivos, por lo que al hacer uso de la facultad otorgada por el legislador ordinario para que en las resoluciones ah� pronunciadas se determine la fecha a partir de la que surtir�n sus efectos, l�gico es que se respete el mandato supremo fij�ndose una fecha que puede ser la de cuando se pronuncia la resoluci�n o una futura, pero nunca anterior, dado que la invalidez que se decreta no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal.
El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia 74/97 de este �rgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., septiembre de 1997, p�gina 548, misma que establece:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DECLARATIVAS DE INVALIDEZ DE DISPOSICIONES GENERALES. S�LO PUEDEN TENER EFECTOS RETROACTIVOS EN MATERIA PENAL. Conforme a lo establecido en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 105 constitucional, la declaraci�n de invalidez dictada en las controversias constitucionales no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, por lo que, al disponer el art�culo 45 de la ley reglamentaria del citado precepto constitucional, que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n determinar� a partir de qu� fecha producir�n sus efectos las sentencias relativas, debe concluirse que el legislador ordinario facult� al propio tribunal para determinar el momento en que puede, v�lidamente, se�alar la producci�n de efectos de su resoluci�n que es, bien la fecha en que se dicta �sta, o alguna fecha futura, pero no en forma retroactiva."
El criterio reproducido es exactamente aplicable al caso pues si bien se refiere a la controversia constitucional, las N.s Suprema y secundaria que invoca tambi�n rigen a la acci�n de inconstitucionalidad.
SEXTO. En el primer apartado de los conceptos de violaci�n, los partidos pol�ticos demandantes argumentan, en esencia, que las normas generales que impugnan son contrarias a los art�culos 17, p�rrafos segundo y tercero, y 116, p�rrafo segundo, fracciones III, p�rrafos segundo, cuarto y quinto, y IV, inciso c), de la C.�n General de la R.�blica, en virtud de que violan el principio de independencia judicial en la administraci�n de justicia local en materia electoral, al haber sido reformadas para permitir y establecer que los M. del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato al que fueron nombrados sino una vez pasado �ste, ya que con ello se impide que el mencionado tribunal goce de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, pues una forma de lograr lo anterior es a trav�s del reconocimiento del derecho de los M. que lo integran a poder ser reelectos como un medio de obtener la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, del que no puedan ser removidos salvo los casos que se precisan en las C.ones y leyes locales en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos.
Este �rgano colegiado considera que el planteamiento resumido resulta esencialmente fundado, de conformidad con los razonamientos siguientes:
Los art�culos 17, p�rrafos segundo y tercero y 116, fracciones III y IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:
"Art�culo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones."
"Art�culo 116. ... Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ... III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas. La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los M. integrantes de los Poderes Judiciales L.es, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta C.�n. No podr�n ser M. las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n. Los nombramientos de los M. y J. integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica. Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. Los M. y los J. percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo. IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas L.es y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; b) En el ejercicio de la funci�n electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; d) Se establezca un sistema de medios de impugnaci�n para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales; f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos pol�ticos reciban, en forma equitativa, financiamiento p�blico para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtenci�n del sufragio universal; g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social; h) Se fijen los criterios para determinar los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as electorales, as� como los montos m�ximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos pol�ticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, as� como las sanciones que por ellos deban imponerse."
Como se advierte, el art�culo 17 de la Ley Suprema consagra la garant�a de acceso jurisdiccional, como derecho de toda persona ante la prohibici�n de hacerse justicia por s� mismo, consignando como atributos propios de la administraci�n de justicia, adem�s de su gratuidad, el que las resoluciones de los tribunales sean prontas, es decir, dictadas dentro de los plazos razonables fijados en la ley; imparciales, o sea, ajust�ndose a derecho en su dictado y considerando en el proceso el principio de igualdad de las partes; y completas, lo que significa no s�lo que debe decidirse sobre la totalidad de las peticiones de las partes, sino, adem�s, que la administraci�n de justicia sea integral, es decir, en todo el �mbito nacional, sea federal o local, lo que supone que los principios b�sicos que la sustentan resultan aplicables tanto al Poder Judicial Federal, como al de los Estados y del Distrito Federal, estableci�ndose como postulados b�sicos de estos principios la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones al se�alarse en su tercer p�rrafo que: "Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.".
P.�ndose as� de una justicia completa que debe garantizar en todo el �mbito nacional la independencia judicial, al consagrarse estos postulados en el precepto de la Carta Magna que consagra el derecho a la justicia, el art�culo 116, en su fracci�n III, establece respecto de los Poderes Judiciales de los Estados, que se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones L.es, las que, junto con las leyes org�nicas relativas, deber�n garantizar la independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones; establecer las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan en dichos poderes; que los M. que los integren deber�n reunir los requisitos exigidos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que no podr�n ser M. las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n; que los nombramientos de los M. y J. ser�n hechos preferentemente entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica; que los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados; y que los M. y J. percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo.
Por su parte, la fracci�n IV del art�culo 116 de la Ley Fundamental consagra los principios rectores en materia electoral, que deber�n garantizarse en las C.ones y leyes de los Estados, entre los que importa destacar en el caso, el consagrado en el inciso c) consistente en que: "Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.".
As�, es claro que la Carta Magna, en sus art�culos 17, p�rrafos segundo y tercero y 116, fracciones III y IV, adem�s de consagrar como atributos propios de la administraci�n de justicia, el de gratuidad y el de que las resoluciones de los tribunales se dicten de manera pronta, completa e imparcial, exige que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones, otorgando expresamente a los Estados la facultad y correlativa obligaci�n, para que en ejercicio de su soberan�a determinen, por un lado, los tribunales a trav�s de los cuales se ejercer�n los Poderes Judiciales L.es, fij�ndoles reglas espec�ficas que deben consagrar y garantizar en sus C.ones y leyes org�nicas, a trav�s de las cuales se instituya plenamente la independencia judicial, entre las que se destaca ahora, por su importancia en el problema jur�dico materia de este asunto, la consistente en que "Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados."; y, por otro lado, legislen en materia electoral garantizando el cumplimiento de principios rectores en la materia, entre ellos, el relativo a que "Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.".
Se sigue de lo anterior, que si una entidad federativa, en ejercicio de su soberan�a, al legislar en las materias judicial y electoral, establece en su C.�n que el Poder Judicial del Estado se ejercer�, entre otros, por el Tribunal Electoral L., es decir, que integra este tribunal al Poder Judicial, para acatar el principio rector que en materia electoral consagra el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 116 de la C.�n General de la R.�blica, consistente en garantizar la autonom�a en el funcionamiento del tribunal encargado de resolver las controversias en dicha materia y la independencia en sus decisiones, debe adoptar lasreglas espec�ficas que prev� la fracci�n III del art�culo supremo citado a fin de garantizar la independencia judicial, en la medida en que esta �ltima fracci�n faculta a los Estados para determinar en sus C.ones los tribunales que integren su Poder Judicial y, adem�s, fija principios que deben consagrarse y garantizarse, sin hacer distinci�n alguna en raz�n de la especializaci�n de los tribunales que formen parte de ese poder, destac�ndose, por su importancia en el presente estudio, el principio que se contiene en el p�rrafo quinto de la fracci�n III aludida consistente en que: "Los M. durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alan las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinan las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.".
Debe destacarse que la Primera S. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver el amparo en revisi�n 891/99, promovido por D.V.M.�n y otras, en sesi�n de veinte de septiembre de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos, estableci� que los art�culos 57, �ltimo p�rrafo, de la C.�n del Estado de Baja California y 256 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de esa entidad, que permiten la disminuci�n de la remuneraci�n de los M. del Tribunal de Justicia Electoral del Estado mencionado, violan la garant�a de independencia judicial tutelada por los art�culos 17 y 116, fracciones III y IV, inciso c), de la C.�n Federal, toda vez que si estas normas supremas, al fijar las bases conforme a las cuales deben regirse los Poderes Judiciales L.es, y contemplar dentro de la referida garant�a de independencia judicial, la relativa a que la remuneraci�n de los M. y J. no podr� ser disminuida durante su encargo, las C.ones y leyes locales no pueden establecerla para limitar ese principio a alg�n funcionario de ese tipo, y sin que ello pueda justificarse en la materia de especializaci�n del �rgano jurisdiccional local, que es la electoral, pues el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna no hace distinci�n alguna y, adem�s, la fracci�n IV de este art�culo, es su inciso c), consagra, como garant�as a tutelar, el goce de autonom�a en el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver las controversias en materia electoral, as� como la independencia en sus decisiones, reiterando la garant�a de independencia de los �rganos locales contenida en la fracci�n III del propio art�culo 116 de la C.�n Federal.
El criterio aludido qued� plasmado en la tesis XXXIX/2001 de la Primera S. de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2001, p�gina 242, que establece:
"MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ART�CULOS 57, �LTIMO P�RRAFO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA, Y 256 DE LA LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL, AMBOS DE DICHA ENTIDAD, QUE PERMITEN LA DISMINUCI�N DE SU REMUNERACI�N DURANTE LOS A�OS NO ELECTORALES, VIOLAN LA GARANT�A DE INDEPENDENCIA JUDICIAL TUTELADA POR LOS ART�CULOS 17 Y 116, FRACCIONES III Y IV, INCISO C), CONSTITUCIONALES. Dentro de la garant�a de acceso a la justicia en favor de los gobernados, consignada originalmente en el art�culo 17 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y hecha extensiva en el diverso art�culo 116, fracci�n III, de la propia Carta Fundamental, a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, queda comprendida la de independencia de los �rganos jurisdiccionales, la cual se sustenta, entre otros principios, en la tutela de la seguridad y estabilidad econ�mica de los juzgadores. En esa tesitura, los art�culos 57, �ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica del Estado de Baja California, y 256 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de esa entidad, contravienen la citada garant�a de independencia de los �rganos judiciales, al excluir a los M. electorales locales, de la previsi�n en el sentido de que sus remuneraciones no podr�n ser disminuidas durante su encargo, y al disponer la disminuci�n de tales remuneraciones, en un cincuenta por ciento, durante los a�os no electorales, toda vez que si al fijar las bases conforme a las cuales deben regirse los Poderes Judiciales L.es, y contemplar, dentro de la garant�a de independencia judicial, la relativa a que la remuneraci�n de los M. y J. no podr� ser disminuida durante su encargo, la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no formula distinci�n alguna, las C.ones y leyes de las entidades federativas no pueden establecerla para limitar ese principio a alg�n funcionario de ese tipo. Por otra parte, si el fundamento para establecer la diferencia, se pretendiera encontrar en la materia de especializaci�n del �rgano jurisdiccional local, que es la electoral, tal consideraci�n carece de sustento, en atenci�n a que, por un lado, como antes se mencion�, el art�culo 116, fracci�n III, p�rrafo segundo, de la Carta Magna, no formula distinci�n alguna; y, por el otro, porque en relaci�n con dicha materia, ese mismo precepto, en su fracci�n IV, establece los principios que deben garantizar las C.ones y leyes de las entidades federativas y, respecto de los �rganos jurisdiccionales en la materia, se dispone, en su inciso c), como garant�as a tutelar, el goce de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; esto es, reitera la garant�a de independencia de los �rganos judiciales locales contenida en la fracci�n III del propio precepto."
Como se advierte de la tesis transcrita, en ella se considera que trat�ndose del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, es decir, del �rgano jurisdiccional local encargado de resolver las controversias en materia electoral, que est� integrado al Poder Judicial de la entidad, el debido respeto al principio rector en la materia mencionada relativo a la autonom�a en el funcionamiento e independencia en las decisiones del aludido �rgano jurisdiccional, supone el acatamiento de las reglas que espec�ficamente prev� la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna para hacer efectiva la garant�a de independencia de los �rganos judiciales locales.
Determinado que si una entidad federativa, en ejercicio de su soberan�a, establece que el Tribunal Electoral del Estado pertenece al Poder Judicial de la propia entidad, debe consagrar y garantizar en su C.�n y ley org�nica respectiva las reglas y principios contenidos en la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n General de la R.�blica, debe destacarse que ya este Tribunal Pleno ha examinado e interpretado las reglas y principios referidos, as� como sus alcances, y al efecto ha establecido diversos criterios jurisprudenciales que a continuaci�n se especifican y que conforme a lo razonado resultan aplicables no s�lo a los M. de los Tribunales Superiores de Justicia o Tribunales Supremos de Justicia sino tambi�n a los M. de los Tribunales Electorales, cuando �stos formen parte de los Poderes Judiciales L.es.
En su jurisprudencia 107/2000, este �rgano colegiado determin� los criterios sobre la situaci�n jur�dica de los Poderes Judiciales L.es y que constituyen el marco que la C.�n Federal establece a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los Estados, en cuanto a la participaci�n que les corresponde en la integraci�n de aqu�llos, a saber: 1o. La C.�n Federal contiene un marco de actuaci�n al que deben sujetarse tanto los Congresos como los Ejecutivos Estatales en cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de los M.. 2o. Se debe salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados y, l�gicamente, de los M. de los tribunales que los integran. 3o. Para ello, se debe consagrar la inamovilidad de esos M.. 4o. La regla espec�fica sobre la inamovilidad supone el cumplimiento de dos requisitos previstos en la C.�n Federal y uno que deber�n precisar las C.ones L.es. Los primeros consisten en que los M. deben durar en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es y que la inamovilidad se alcanza cuando, cumpli�ndose con el requisito anterior, los M. podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. El requisito que debe preverse en las C.ones L.es es el relativo al tiempo espec�fico como periodo en que deben desempe�ar su cargo los M.. 5o. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde que el Magistrado inicia el ejercicio de su encargo, dado los requisitos de honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados M., as� como de la carrera judicial, relativa al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirven a los Poderes Judiciales L.es. La jurisprudencia relativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, octubre de 2000, p�gina 30, se�ala:
"PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACI�N, CONFORME A LA INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Del an�lisis de este precepto y de las diferentes tesis que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se pueden enunciar los siguientes criterios sobre la situaci�n jur�dica de los Poderes Judiciales L.es, y que constituyen el marco que la C.�n Federal establece a los Poderes Ejecutivo y Judicial de los Estados miembros de la Federaci�n, en cuanto a la participaci�n que les corresponde en la integraci�n de aqu�llos: 1o. La C.�n Federal establece un marco de actuaci�n al que deben sujetarse tanto los Congresos como los Ejecutivos de los Estados, en cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de los M. de los Tribunales Supremos de Justicia, o Tribunales Superiores de Justicia. 2o. Se debe salvaguardar la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados y, l�gicamente, de los M. de esos tribunales. 3o. Una de las caracter�sticas que se debe respetar para lograr esa independencia es la inamovilidad de los M.. 4o. La regla espec�fica sobre esa inamovilidad supone el cumplimiento de dos requisitos establecidos directamente por la C.�n Federal y uno que debe precisarse en las C.ones L.es. El primero, conforme al quinto p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n Federal, consiste en que los M. deben durar en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, como expresamente lo se�ala la C.�n Federal; el segundo consiste en que la inamovilidad se alcanza cuando, cumpli�ndose con el requisito anterior, los M., seg�n tambi�n lo establece el texto constitucional, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. El requisito que debe preverse en las C.ones L.es es el relativo al tiempo espec�fico que en ellas se establezca como periodo en el que deben desempe�ar el cargo. 5o. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde el momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su encargo. Esta conclusi�n la ha derivado la Suprema Corte del segundo y cuarto p�rrafos de la propia fracci�n III del art�culo 116 y de la exposici�n de motivos correspondiente, y que se refieren a la honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como M., as� como a la carrera judicial, relativa al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Si se aceptara el criterio de que esa seguridad s�lo la obtiene el Magistrado cuando adquiere la inamovilidad, se propiciar�a el fen�meno contrario que vulnerar�a el texto constitucional, esto es, que nunca se reeligiera a nadie, con lo que ninguno ser�a inamovible, pudi�ndose dar lugar exactamente a lo contrario de lo que se pretende, pues ser�a imposible alcanzar esa seguridad, poni�ndose en peligro la independencia de los Poderes Judiciales de los Estados de la R.�blica. El principio de supremac�a constitucional exige rechazar categ�ricamente interpretaciones opuestas al texto y al claro sentido de la Carta Fundamental. Este principio de seguridad en el cargo no tiene como objetivo fundamental la protecci�n del funcionario judicial, sino salvaguardar la garant�a social de que se cuente con un cuerpo de M. y J. que por reunir con excelencia los atributos que la C.�n exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garant�a de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita que consagra el art�culo 17 de la C.�n Federal. No pasa inadvertido a esta Suprema Corte, que este criterio podr�a propiciar, en principio, que funcionarios sin la excelencia y sin la diligencia necesarias pudieran ser beneficiados con su aplicaci�n, pero ello no ser�a consecuencia del criterio, sino de un inadecuado sistema de evaluaci�n sobre su desempe�o. En efecto, es l�gico que la consecuencia del criterio que se sustenta en la C.�n, interpretada por esta Suprema Corte, exige un seguimiento constante de los funcionarios judiciales, a fin de que cuando cumplan con el t�rmino para el que fueron designados por primera vez, se pueda dictaminar, de manera fundada y motivada, si debe reeleg�rseles, de modo tal que si se tiene ese cuidado no se llegar� a producir la reelecci�n de una persona que no la merezca, y ello se podr� fundar y motivar suficientemente. 6o. Del criterio anterior se sigue que cuando est� por concluir el cargo de un Magistrado, debe evaluarse su actuaci�n para determinar si acredit�, en su desempe�o, cumplir adecuadamente con los atributos que la C.�n exige, lo que implica que tanto si se considera que no debe ser reelecto, por no haber satisfecho esos requisitos, como cuando se estime que s� se reunieron y que debe ser ratificado, deber� emitirse una resoluci�n fundada y motivada por la autoridad facultada para hacer el nombramiento en que lo justifique, al constituir no s�lo un derecho del Magistrado, sino principalmente, una garant�a para la sociedad."
Asimismo, este �rgano colegiado ha establecido jurisprudencialmente que, como formas de garantizar la independencia judicial en la administraci�n de justicia local, la C.�n Federal, en su art�culo 116, fracci�n III, consagra como principios b�sicos a que deben sujetarse los Estados y los poderes que los integran, los siguientes: 1) La sujeci�n de la designaci�n de los M. a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los nombramientos deben hacerse preferentemente entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica; 2) La consagraci�n de la carrera judicial al establecerse que las C.ones y leyes org�nicas de los Estados determinar�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirven a los Poderes Judiciales L.es, as� como la preferencia para el nombramiento de los M. y J. entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia; 3) La seguridad econ�mica de sus funcionarios judiciales, al disponerse que percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable que no podr� ser disminuida; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinaci�n en las C.ones L.es del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que no podr�n ser removidos de manera arbitraria durante ese periodo; b) La posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del periodo del ejercicio o del cargo se�alado en la C.�n L. respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al hab�rseles designado, as� como que esa demostraci�n se realiz� a trav�s del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial, como expresi�n de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que implica la necesidad de que se emitan dict�menes de evaluaci�n de su desempe�o por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificaci�n y vigilancia en el desempe�o de la funci�n, con motivo de la conclusi�n del periodo del ejercicio del cargo; y c) La inamovilidad judicial para los M. que hayan sido ratificados en sus puestos, que s�lo podr�n ser removidos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. El anterior criterio jurisprudencial aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, octubre de 2000, p�gina 32, tesis P./J. 101/2000, que textualmente se�ala:
"PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JUR�DICO DE GARANT�AS ESTABLECIDO EN EL ART�CULO 116, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. La interpretaci�n relacionada del texto de este precepto de la Carta Magna y el proceso legislativo que le dio origen, surgido con motivo de la preocupaci�n latente en el pueblo mexicano del perfeccionamiento de la impartici�n de justicia que plasm� directamente su voluntad en la consulta popular sobre administraci�n de justicia emprendida en el a�o de mil novecientos ochenta y tres y que dio lugar a la aprobaci�n de las reformas constitucionales en la materia que, en forma integral, sentaron los principios b�sicos de la administraci�n de justicia en los Estados en las reformas de mil novecientos ochenta y siete, concomitantemente con la reforma del art�culo 17 de la propia Ley Fundamental, permite concluir que una justicia completa debe garantizar en todo el �mbito nacional la independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en el �ltimo precepto constitucional citado que consagra el derecho a la jurisdicci�n y en el diverso art�culo 116, fracci�n III, de la propia C.�n Federal que establece que ?La independencia de los M. y J. en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados.?. Ahora bien, como formas de garantizar esta independencia judicial en la administraci�n de justicia local, se consagran como principios b�sicos a los que deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder p�blico, los siguientes: 1) La sujeci�n de la designaci�n de M. de los Tribunales Superiores de Justicia L.es a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los nombramientos de M. y J. deber�n hacerse preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que la merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica y exigirse que los M. satisfagan los requisitos que el art�culo 95 constitucional prev� para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, lo que ser� responsabilidad de los �rganos de gobierno que de acuerdo con la C.�n Estatal, a la que remite la Federal, participen en el proceso relativo a dicha designaci�n; 2) La consagraci�n dela carrera judicial al establecerse, por una parte, que las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la preferencia para el nombramiento de M. y J. entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia, lo que ser� responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, cuando se hayan establecido; 3) La seguridad econ�mica de J. y M., al disponerse que percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable que no podr� ser disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinaci�n en las C.ones L.es, de manera general y objetiva, del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no podr� ser removido de manera arbitraria durante dicho periodo; b) La posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del ejercicio conforme al periodo se�alado en la C.�n L. respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al hab�rseles designado, as� como que esa demostraci�n se realiz� a trav�s del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresi�n de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan dict�menes de evaluaci�n de su desempe�o por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificaci�n y vigilancia en el desempe�o de la funci�n, con motivo de la conclusi�n del periodo del ejercicio del cargo; y, c) La inamovilidad judicial para los M. que hayan sido ratificados en sus puestos, que s�lo podr�n ser removidos ?en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.?."
Por otro lado, este Tribunal Pleno en las jurisprudencias 103/2000 y 104/2000, determin� que la posibilidad de ratificaci�n de los M. de los Poderes Judiciales de los Estados, consagrada en la fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, del art�culo 116 de la C.�n Federal, como condici�n para obtener la inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuaci�n del funcionario judicial y no a la sola voluntad del �rgano u �rganos que tengan la atribuci�n para decidir sobre su ratificaci�n, en tanto que el principio relativo se ha establecido como una de las formas de garantizar la autonom�a e independencia judicial, no s�lo como un derecho del servidor p�blico sino, principalmente, como una garant�a de la sociedad de contar con servidores id�neos que aseguren una impartici�n de justicia pronta, completa e imparcial, por lo que la posibilidad de ratificaci�n se sujeta a lo siguiente: 1) La premisa b�sica de que el cargo del Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo de duraci�n del cargo previsto en las C.ones L.es; 2) A la condici�n relativa de que el Magistrado haya cumplido el plazo del cargo; y 3) A un acto administrativo de orden p�blico de evaluaci�n de la actuaci�n del Magistrado, que se concreta en la emisi�n de dict�menes escritos que precisen las causas por las que se considere si aqu�l debe o no ser ratificado, antes de que concluya el periodo de duraci�n del cargo, para no afectar la continuidad en el funcionamiento normal del �rgano jurisdiccional y, preferentemente, aplicando reglas fijadas de antemano y que sean del conocimiento p�blico para garantizar que la calificaci�n realizada atienda a criterios objetivos, lo que implica un examen minucioso del desempe�o que haya tenido y, por tanto, un seguimiento de la actuaci�n del Magistrado que consta en el expediente abierto al design�rsele para ocupar el cargo y que se apoye con pruebas que permitan constatar la correcta evaluaci�n en la carrera judicial y su comprobaci�n con medios id�neos, como puede ser la consulta popular, ya que los requisitos exigidos para la designaci�n, entre ellos, la buena reputaci�n y buena fama en el concepto p�blico, tienen plena vigencia para el acto de ratificaci�n. Las jurisprudencias relativas, publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, octubre de 2000, p�gina 11, tesis P./J. 103/2000, y p�gina 16, tesis P./J. 104/2000, establecen, respectivamente:
"MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACI�N DE AQU�LLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART�CULO 116, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. La posibilidad de ratificaci�n de los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados consagrada en el art�culo 116, fracci�n III, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal, como condici�n para obtener la inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la actuaci�n del funcionario judicial y no as� a la sola voluntad del �rgano u �rganos a los que las C.ones L.es otorgan la atribuci�n de decidir sobre tal ratificaci�n, en tanto este principio ha sido establecido como una de las formas de garantizar la independencia y autonom�a judicial, no s�lo como un derecho de tales servidores p�blicos sino, principalmente, como una garant�a de la sociedad de contar con servidores id�neos que aseguren una impartici�n de justicia pronta, completa e imparcial en los t�rminos se�alados en el art�culo 17 constitucional. En consecuencia, tal posibilidad se encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa b�sica de que el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las C.ones L.es para la duraci�n del mismo; 2) A la condici�n relativa de que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo del cargo establecido en las C.ones L.es; y 3) A un acto administrativo de orden p�blico de evaluaci�n de la actuaci�n de los M., que se concreta en la emisi�n de dict�menes escritos en los que se precisen las causas por las que se considera que aqu�llos deben o no ser ratificados, antes de que concluya el periodo de duraci�n del cargo, para no afectar la continuidad en el funcionamiento normal del �rgano jurisdiccional y, preferentemente, aplicando reglas fijadas de antemano y que sean del conocimiento p�blico para garantizar que la calificaci�n realizada atienda a criterios objetivos, lo que implica un examen minucioso del desempe�o que se haya tenido y, por tanto, un seguimiento de la actuaci�n del Magistrado relativo que conste en el expediente que haya sido abierto con su designaci�n y que se encuentre apoyado con pruebas que permitan constatar la correcta evaluaci�n de su desempe�o en la carrera judicial y su comprobaci�n mediante los medios id�neos para ello, como puede serlo la consulta popular, en tanto los requisitos exigidos para la designaci�n, como son la buena reputaci�n y la buena fama en el concepto p�blico tienen plena vigencia para el acto de ratificaci�n y significa la exigencia de que el dictamen que concluya con la ratificaci�n, debe basarse no s�lo en la ausencia de conductas negativas por parte del funcionario judicial cuya actuaci�n se eval�e, sino en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona de excelencia para seguir ocupando el cargo, dictamen que debe ser emitido siempre, ya sea que se concluya en la ratificaci�n o no del Magistrado, ante el inter�s de la sociedad de conocer a ciencia cierta, por conducto del �rgano u �rganos correspondientes, la actuaci�n �tica y profesional de los funcionarios judiciales relativos."
"MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS, DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN DE EVALUACI�N POR EL �RGANO U �RGANOS COMPETENTES EN EL QUE SE PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS. La interpretaci�n jur�dica del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben sujetarse las C.ones L.es y las leyes secundarias, obliga a establecer que para salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y carrera de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y con la debida anticipaci�n que garantice la continuidad en el funcionamiento normal del �rgano al que se encuentren adscritos, debe emitirse un dictamen de evaluaci�n, debidamente fundado y motivado, en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuaci�n �tica y profesional de los juzgadores y permita arribar a la conclusi�n de si deben o no continuar llevando a cabo las altas labores jurisdiccionales que les fueron encomendadas y, en el �ltimo supuesto, si es el caso de nombrar a un nuevo Magistrado que los deba sustituir."
Este �rgano colegiado tambi�n ha establecido que si se presenta la situaci�n anormal de que al concluirse el periodo por el que fue nombrado un Magistrado, contin�e en el ejercicio del cargo por el tiempo necesario para alcanzar la inamovilidad, sin que llegue a emitirse el dictamen valorativo que funde y motive la causa para no reelegirlo, debe entenderse que, adem�s de haber sido reelecto t�citamente, alcanz� la inamovilidad pues esta calidad no puede quedar sujeta al arbitrio de otros �rganos del Poder L. en detrimento de la independencia de la judicatura pues con ese mecanismo podr�a tenerse, incluso permanentemente, a los integrantes del Poder Judicial L., en situaci�n de incertidumbre respecto a la estabilidad en su puesto, por lo que los requisitos para que opere la ratificaci�n t�cita son que se haya ejercido el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L. y que al t�rmino del mismo no se haya emitido dictamen de evaluaci�n por el �rgano u �rganos encargados de proponer y aprobar la ratificaci�n, que concluya en la negativa a esa ratificaci�n, sin que constituya presupuesto para la ratificaci�n t�cita el que no se haya designado nuevo Magistrado que sustituya al que ejerci� el cargo y en relaci�n al cual no se emiti� el dictamen. Lo anterior se contiene en las jurisprudencias 112/2000 y 113/2000 de este �rgano colegiado, visibles en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, octubre de 2000, p�ginas 17 y 18, respectivamente, que establecen:
"MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE SU RATIFICACI�N T�CITA. Los presupuestos para que opere la ratificaci�n t�cita de los M. de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son: 1) que se haya ejercido el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L. respectiva y 2) que al t�rmino del periodo no se haya emitido dictamen de evaluaci�n, por el �rgano u �rganos encargados de proponer y aprobar la ratificaci�n, que concluya en la negativa de la ratificaci�n. Adem�s, no constituye presupuesto condicionante de tal ratificaci�n el que no haya sido designado un nuevo Magistrado que sustituya al que ejerci� el cargo por el t�rmino previsto en la C.�n L. y en relaci�n a cuyo desempe�o no se haya emitido un dictamen de evaluaci�n que culmine con la determinaci�n de que no deba ser reelecto, pues es claro que s�lo podr� hacerse una nueva designaci�n cuando, previamente, se haya determinado negar la ratificaci�n del Magistrado que ven�a desempe�ando la funci�n judicial, ya que de aceptarse lo contrario se vulnerar�an sus derechos constitucionalmente establecidos sin resoluci�n fundada y motivada que as� lo determine."
"MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS CONTIN�AN EN EL EJERCICIO DEL CARGO TRANSCURRIENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO REELECCI�N, DEBE ENTENDERSE QUE ADEM�S DE HABER SIDO REELECTOS T�CITAMENTE, ALCANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DE LA F.I. DEL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La interpretaci�n gen�tico-teleol�gica de lo dispuesto en el citado precepto constitucional revela la preocupaci�n del Poder Revisor de la C.�n de fortalecer la independencia del Poder Judicial de los Estados y de establecer la inamovilidad de los M. como un mecanismo para lograrla. De lo anterior se sigue que, al interpretarse el precepto fundamental se�alado, debe buscarse salvaguardar el valor de la independencia judicial por lo que si se est� ante la situaci�n anormal de que al concluirse el periodo por el que fue nombrado un Magistrado, contin�a en el ejercicio del cargo por el tiempo necesario para alcanzar la inamovilidad, sin que se llegue a emitir un dictamen valorativo que funde y motive la causa para no reelegirlo, debe entenderse que, adem�s de haber sido reelecto t�citamente, alcanz� la inamovilidad, dado que esta calidad no puede quedar sujeta al arbitrio de otros �rganos del Poder L. en detrimento de la independencia de la judicatura, puesto que a trav�s de ese mecanismo podr�a mantenerse, incluso permanentemente, a todos los integrantes del Poder Judicial, en una situaci�n de incertidumbre en relaci�n con la estabilidad en su puesto lo que, necesariamente, disminuir�a o aniquilar�a la independencia de los M., respecto de los integrantes de los otros poderes y se atentar�a contra el principio de la carrera judicial que tiende a garantizar la administraci�n pronta, completa e imparcial que establece el art�culo 17 de la C.�n Federal, a trav�s de M. independientes, aut�nomos y con excelencia �tica y profesional."
Adem�s, este �rgano colegiado ha sostenido jurisprudencialmente que la seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de los M. de los Poderes Judiciales L.es, se obtiene desde que se inici� su desempe�o y no hasta que se logra la inamovilidad judicial mediante la ratificaci�n, ya que la disposici�n relativa a que las C.ones L.es deben establecer el tiempo de duraci�n de los M. en el ejercicio de su encargo, aunado a la posibilidad de ratificaci�n y a los requisitos de honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como M., as� como el principio de carrera judicial, lleva a establecer tal premisa pues si el funcionario judicial ha demostrado cumplir con su responsabilidad debe ser ratificado no s�lo porque desde su designaci�n hab�a adquirido ese derecho condicionado, sino por el inter�s social de contar con M. de experiencia, honorabilidad y competencia, as� como independientes. La correspondiente jurisprudencia aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, octubre de 2000, p�gina 14, tesis P./J. 105/2000, que dispone:
"MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. LA SEGURIDAD O ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO LA OBTIENEN DESDE EL INICIO DE SU DESEMPE�O Y NO HASTA QUE SE LOGRA LA INAMOVILIDAD JUDICIAL, AUNQUE CON LA CONDICI�N DE QUE SE LLEGUEN A DISTINGUIR POR SU DILIGENCIA, EXCELENCIA PROFESIONAL Y HONESTIDAD INVULNERABLE. El principio de divisi�n de poderes que impone la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos a los Estados, en el primer p�rrafo del art�culo 116, y el de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de los M. del Poder Judicial, establecido en su fracci�n III, como forma de garantizar la independencia judicial, se obtiene desde que se inicia su desempe�o y no hasta que se logra la inamovilidad judicial mediante la ratificaci�n, una vez que ha concluido el tiempo de duraci�n del mismo, previsto en la C.�n L. correspondiente, pues la disposici�n relativa a que las C.ones L.es deber�n establecer el tiempo en que los M. durar�n en el ejercicio de su encargo, aunado a la posibilidad de ratificaci�n y a los requisitos de honorabilidad, competencia y antecedentes de quienes sean designados como M., as� como el principio de carrera judicial, consagrado en la propia fracci�n, relativo al ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados, permite establecer que el ejercicio en el cargo de que se trata no concluye con el solo transcurso del tiempo previsto en las C.ones L.es para su duraci�n, ante el derecho a la ratificaci�n, puesto que si en el caso concreto el servidor judicial ha demostrado cumplir con su responsabilidad actuando permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable debe ser ratificado no s�lo porque desde su designaci�n hab�a adquirido ese derecho condicionado, sino por el inter�s de la sociedad de contar con M. de experiencia, honorabilidad y competencia, as� como independientes de la voluntad de los gobernantes y dependientes s�lo de la ley, lo que de modo fundamental tiende a salvaguardar el art�culo constitucional que se interpreta. Adem�s, considerar que la seguridad y estabilidad en el cargo se obtienen hasta que se logra la inamovilidad judicial ser�a contradecir la garant�a de independencia judicial consagrada en el art�culo 17 constitucional como una de las principales garant�as de jurisdicci�n, ya que se propiciar�a el fen�meno contrario a la seguridad y permanencia en el cargo que se busca, pues se entender�a, indebidamente, que la ratificaci�n de M. es una facultad discrecional del �rgano u �rganos de gobierno previstos por las C.ones L.es para ejercerla, propici�ndose la actuaci�n arbitraria de nunca reelegir o ratificar M., con lo que se burlar�a lo dispuesto en la norma constitucional, pues no habr�a M. inamovibles y, por lo mismo, absolutamente independientes de la persona o personas que intervinieron en su designaci�n, lo que llevar�a tambi�n al doble riesgo de que los m�s altos servidores de los Poderes Judiciales L.es conservaran v�nculos opuestos a la autonom�a e independencia que deben caracterizarlos, salvaguardando la situaci�n de desempleo que l�gicamente tendr�an que afrontar, as� como que independientemente de reunir o no los requisitos de excelencia aludidos, buscaran la ratificaci�n que, en cierto sentido se considerar�a un favor con el grave peligro de disminuir o aniquilar la referida independencia. Con ello, el prop�sito del Constituyente Permanente se habr�a burlado con la consecuencia l�gica de que los gobernados no llegar�an a tener confianza en el sistema de impartici�n de justicia local. Adem�s, si los �rganos encargados, conforme a la C.�n L., fueron los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, lejos de salvaguardarse la divisi�n y equilibrio de poderes se disminuir�a al Poder Judicial, al someterlo, a trav�s de ese sofisticado sistema."
Por �ltimo, en la jurisprudencia 106/2000, este Tribunal Pleno ha determinado que la inamovilidad judicial no s�lo constituye un derecho de seguridad o estabilidad de los M. de los Poderes Judiciales L.es, pues no tiene como objetivo fundamental su protecci�n sino, principalmente, una garant�a de la sociedad de contar con M. independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de administraci�n de justicia consagra la Carta Magna. Dicha jurisprudencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, octubre de 2000, p�gina 8, establece:
"INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO S�LO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SUCARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANT�A A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES ID�NEOS. La inamovilidad judicial, como uno de los aspectos del principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de M. de los Poderes Judiciales L.es, consagrado en el art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, se obtiene una vez que se han satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del cargo durante el tiempo se�alado en la C.�n L. respectiva y b) la ratificaci�n en el cargo, que supone que el dictamen de evaluaci�n en la funci�n arroj� como conclusi�n que se trata de la persona id�nea para desempe�arlo. La inamovilidad as� adquirida y que supone que los M. que la han obtenido ?s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados?, constituye no s�lo un derecho del funcionario, pues no tiene como objetivo fundamental su protecci�n, sino, principalmente, una garant�a de la sociedad de contar con M. independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de administraci�n de justicia consagra nuestra Carta Magna, garant�a que no puede ponerse en tela de juicio bajo el planteamiento de que pudieran resultar beneficiados funcionarios sin la excelencia y diligencia necesarias, pues ello no ser�a consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado sistema de evaluaci�n sobre su desempe�o que incorrectamente haya llevado a su ratificaci�n. De ah� la importancia del seguimiento de la actuaci�n de los M. que en el desempe�o de su cargo reviste y de que el acto de ratificaci�n se base en una correcta evaluaci�n, debi�ndose tener presente, adem�s, que la inamovilidad judicial no es garant�a de impunidad, ni tiene por qu� propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempe�o del cargo exige, en tanto esta garant�a tiene sus l�mites propios, ya que implica no s�lo sujeci�n a la ley, sino tambi�n la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva que en la legislaci�n local deben establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la conducta de los M. y de responsabilidades tanto administrativas como penales, pues el ejercicio del cargo exige que los requisitos constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen no s�lo se cumplan al momento de su designaci�n y ratificaci�n, sino que deben darse de forma continua y permanente, prevaleciendo mientras se desempe�en en el cargo."
Se sigue de los criterios jurisprudenciales referidos, establecidos por este Tribunal Pleno al examinar e interpretar la fracci�n III del art�culo 116 de la C.�n Federal, en relaci�n con la garant�a de acceso a una administraci�n de justicia mediante tribunales expeditos para impartirla de manera gratuita, pronta, completa e imparcial, consagrada en el art�culo 17 de la Carta Magna, y que exige como particularidades b�sicas de esos principios la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones, que dentro del marco jur�dico de garant�as establecido por el Constituyente a fin de hacer efectiva la garant�a de independencia judicial en la administraci�n de justicia local, se encuentra, entre otros principios b�sicos relacionados entre s�, el de la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los M. de los Poderes Judiciales L.es, que exige, adem�s del establecimiento en las C.ones Estatales, de manera general y objetiva, del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo, que implica que el funcionario judicial no podr� ser removido arbitrariamente durante ese periodo, de la fijaci�n de la posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del referido periodo, cuando demuestren poseer los atributos que se les reconocieron al hab�rseles designado, a trav�s del trabajo cotidiano desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresi�n de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que implica la necesidad de que se emitan dict�menes de evaluaci�n de su desempe�o por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificaci�n y vigilancia en el desempe�o de la funci�n; lo anterior a fin de que puedan gozar de inamovilidad, es decir, que s�lo podr�n ser removidos de su cargo en los t�rminos que determinen las C.ones y Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.
Se concluye de todo lo razonado, que si un Estado, al legislar en las materias judicial y electoral locales, en t�rminos de lo establecido por los art�culos 17 y 116, fracciones III y IV, inciso c), de la C.�n General de la R.�blica, establece en su C.�n L. que el Poder Judicial del Estado se ejercer�, entre otros, por el Tribunal Electoral L., es decir, que integra este tribunal al poder mencionado, para el debido respeto del principio rector en materia electoral consistente en garantizar la autonom�a en el funcionamiento de la autoridad jurisdiccional encargada de resolver las controversias en esta materia y la independencia en sus decisiones, debe acatar las reglas espec�ficas que prev� la fracci�n III del art�culo supremo citado a fin de garantizar la independencia judicial, entre ellas, la relativa a la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los M. que integren todos los tribunales del Poder Judicial del Estado, que supone, adem�s de la fijaci�n del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo, la posibilidad de reelecci�n al t�rmino del periodo relativo, como requisitos para obtener la inamovilidad.
Ahora bien, en el caso concreto del Estado de J., el art�culo 56 de su C.�n determina que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores, de paz y jurados, adem�s de pertenecer a ese poder el Consejo General del Poder Judicial del Estado. Dicho art�culo establece, en su primer p�rrafo, lo siguiente:
"Art�culo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores, de paz y jurados. Se compondr� adem�s por un �rgano denominado Consejo General del Poder Judicial del Estado."
Por su parte, los art�culos 69 de la C.�n del Estado de J. y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de esa entidad, antes de la reforma que impugnan los partidos pol�ticos demandantes, establec�an:
"Art�culo 69. El Tribunal Electoral, para el ejercicio de sus funciones contar� con un cuerpo de M. y secretarios, los cuales ser�n independientes y s�lo responder�n al mandato de la ley. Los M. electorales deber�n satisfacer los requisitos que se�ale la ley, que no podr�n ser menores a los que establece esta C.�n para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales y civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley. Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, al t�rmino de los cuales podr�n ser reelectos y, si lo fueren, continuar�n en esa funci�n por cuatro a�os m�s, durante los cuales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezca esta C.�n y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos."
"Art�culo 78. Los M. del Tribunal Electoral durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, a partir de la fecha que rindan la protesta de ley, al t�rmino de los cuales, podr�n ser reelectos, continuando en su funci�n cuatro a�os m�s, durante los cuales no podr�n ser privados de su empleo, salvo los casos establecidos en la C.�n Pol�tica del Estado, en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos."
Los art�culos antes transcritos fueron reformados por decreto publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de J. de diecisiete de julio de dos mil uno, para quedar en los t�rminos siguientes:
"Art�culo 69. El Tribunal Electoral es el �rgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual guardar� autonom�a en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad a los principios establecidos en el art�culo 116 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Para el ejercicio de sus funciones el Tribunal Electoral contar� con un cuerpo de M. y secretarios, los cuales s�lo responder�n al mandato de la ley. Los M. electorales deber�n satisfacer los requisitos que se�ale la ley, que no podr�n ser menores a los que establece esta C.�n para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los M. electorales ser�n electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, con base en la propuesta de candidatos que realicen los grupos parlamentarios, escuchando a los partidos pol�ticos, instituciones de educaci�n superior, colegios de abogados y dem�s organizaciones sociales y civiles, en la forma y t�rminos que determine la ley. Los M. electorales durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley. Durante su ejercicio los M. electorales s�lo podr�n ser privados de su empleo en los t�rminos que establezcan esta C.�n y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos."
"Art�culo 78. Los M. del Tribunal Electoral durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os a partir de la fecha en que rindan la protesta de ley, durante los cuales no podr�n ser privados de su empleo, salvo los casos establecidos en la C.�n Pol�tica del Estado, en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos. Al t�rmino de su gesti�n los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles sujet�ndose al procedimiento previsto en esta ley."
El art�culo cuarto transitorio del decreto que reform� los art�culos 69 de la C.�n del Estado de J. y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de ese Estado, dispone:
"Cuarto. El segundo p�rrafo del art�culo 78, de la Ley Org�nica del Poder Judicial, s�lo ser� aplicable a los M. electorales que se elijan con posterioridad a la publicaci�n del presente decreto."
Como puede advertirse de la anterior relaci�n de disposiciones del Estado de J., �ste, en uso de su soberan�a, determin� que el ejercicio del Poder Judicial de la entidad se deposita, entre otros, en el Tribunal Electoral. Por tanto, para el debido respeto del principio rector de independencia y autonom�a del �rgano jurisdiccional encargado de resolver las controversias en materia electoral, establecido por el art�culo 116, fracci�n IV, inciso c), de la C.�n Federal, deben acatarse las reglas espec�ficas previstas en la fracci�n III de esa N.S., para hacer efectiva la independencia judicial en la administraci�n de justicia local, que las leyes tanto federales como locales deben garantizar conforme al mandato del art�culo 17 de la Carta Magna, entre las que se encuentra la relativa a la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los M. de los tribunales que integran los Poderes Judiciales L.es, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., y que supone, conforme a los criterios jurisprudenciales a que con anterioridad se ha hecho referencia, lo siguiente: a) La determinaci�n en la C.�n L. del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo de Magistrado; b) La posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del periodo del ejercicio del cargo, cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al hab�rseles designado, as� como que esa demostraci�n se realiz� a trav�s del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial, como expresi�n de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que implica la necesidad de que se emitan dict�menes de evaluaci�n de su actuaci�n por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificaci�n y vigilancia en el desempe�o de la funci�n; y c) La inamovilidad judicial para los M. que hayan sido ratificados en sus puestos, que s�lo podr�n ser removidos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.
No obstante lo anterior, a trav�s de las reformas a las normas legales que se impugnan, que inicialmente contemplaban un sistema a trav�s del cual los M. del Tribunal Electoral durar�an en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, al t�rmino de los cuales podr�an ser reelectos, continuando en sus funciones cuatros a�os m�s, durante los cuales s�lo podr�an ser privados de su empleo en los t�rminos que establecieran la C.�n y las leyes en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos, se reform� el sistema anterior para establecer que los referidos M. durar�n en el ejercicio de su encargo cuatro a�os, durante los cuales no podr�n ser privados de su empleo, salvo los casos establecidos en la C.�n en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos, as� como que al t�rmino de su gesti�n los M. electorales no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato, sino una vez pasado �ste ser�n elegibles sujet�ndose al procedimiento previsto en la ley.
As�, las disposiciones legales impugnadas violan la garant�a de independencia judicial consagrada en los art�culos 17 y 116, fracciones III y IV, inciso c), de la C.�n Federal, en cuanto se apartan de una de las reglas previstas para hacer efectiva la garant�a aludida, a saber, la relativa a la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los M. de los tribunales que integren los Poderes Judiciales L.es, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., y que supone, seg�n se ha determinado jurisprudencialmente por este �rgano colegiado, adem�s de la determinaci�n en la C.�n L. del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo, el establecimiento de la posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del periodo del ejercicio del cargo, como presupuestos para obtener la inamovilidad.
Al resultar las normas generales impugnadas, en el aspecto precisado, contrarias al principio de independencia judicial en la administraci�n de justicia local, consagrado en los art�culos 17 y 116, fracciones III y IV, inciso c), de la C.�n Federal, resulta procedente declarar su invalidez en ese aspecto.
Ahora bien, para establecer los efectos que deben darse a la presente resoluci�n, resulta pertinente tener presente lo siguiente:
La determinaci�n de los efectos aludidos guarda relaci�n estrecha con los principios expresamente consagrados en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos de supremac�a constitucional, federalismo y defensa del respeto a dicha C.�n por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Tribunal C.onal de car�cter terminal que cuenta con los medios coercitivos id�neos para lograr el acatamiento de sus resoluciones como elemento indispensable para salvaguardar el Estado de derecho y, con ello, el mantenimiento del orden p�blico.
El art�culo 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos previene: "Esta C.�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los J. de cada Estado se arreglar�n a dicha C.�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las C.ones y leyes de los Estados.".
El art�culo 40 de la propia Carta Fundamental dispone: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta ley fundamental.".
El art�culo 41 de la misma Carta Magna, en su parte inicial, establece: "El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n Federal y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.".
De los preceptos transcritos se sigue con especial claridad que propio del sistema pol�tico mexicano es el federalismo, que radica esencialmente en que los Estados que integran la Uni�n son libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior pero sobre la base de que esta Uni�n en una Federaci�n se sustenta en los principios consignados en la Ley Fundamental, entre ellos el de supremac�a constitucional consistente en que al ejercer la soberan�a por los Poderes de la Uni�n y de los Estados debe hacerse "en los t�rminos respectivamente establecidos en la C.�n Federal y en las de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal".
Esto significa que el federalismo y supremac�a constitucional se complementan, de tal manera que no podr�a hablarse de un federalismo que se encontrara al margen, menos en pugna con la C.�n.
De lo anterior se sigue que los Estados, al ejercer su soberan�a, pueden incurrir en violaci�n a la C.�n Federal, lo que exige medios de control para salvaguardar el orden previsto en ella.
El art�culo 105 de ese ordenamiento previene en su fracci�n II uno de ellos: la acci�n de inconstitucionalidad, y se�ala como responsable de la decisi�n en conflicto de ese tipo, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Se dice expresamente: "La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n.".
En el p�rrafo final del precepto se expresa: "En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo se aplicar�n, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros p�rrafos de la fracci�n XVI del art�culo 107 de esta C.�n.". Que en lo conducente este precepto establece:
"... dicha autoridad ser� inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda."
Por otro lado, los art�culos 41, fracci�n IV y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, se�alan lo siguiente:
"Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener: ... IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando lasentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."
"Art�culo 73. Las sentencias se regir�n por lo dispuesto en los art�culos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."
As�, las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad se regir�n por lo dispuesto entre otros, por el art�culo 41 transcrito, el cual, en su fracci�n IV obliga a este Tribunal Pleno a establecer los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda.
Ahora bien, dado que los art�culos 69, p�rrafos quinto y sexto, de la C.�n y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial, ambas del Estado de J., reformados por decreto publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad de diecisiete de julio de dos mil uno, as� como el art�culo cuarto transitorio de ese decreto, se consideran violatorios del principio de independencia judicial en la administraci�n de justicia local, consagrado en los art�culos 17 y 116, fracciones III y IV, inciso c), de la C.�n General de la R.�blica, en cuanto se apartan de una de las reglas previstas para hacer efectivo el principio aludido, a saber, la relativa a la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los M. de los tribunales que integren los Poderes Judiciales L.es, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., y que supone, seg�n se ha determinado jurisprudencialmente por este �rgano colegiado, adem�s de la determinaci�n en la C.�n L. del tiempo de duraci�n en el ejercicio del cargo, el establecimiento de la posibilidad de ratificaci�n de los M. al t�rmino del periodo del ejercicio del cargo, como presupuestos para obtener la inamovilidad, los efectos de la presente resoluci�n deben ser los de invalidar las normas legales impugnadas en cuanto se apartan de la regla referida en contravenci�n al principio de independencia judicial, precis�ndose que la declaraci�n de invalidez surtir� efectos a partir de la publicaci�n del presente fallo en el Diario Oficial de la Federaci�n, as� como que quedan a salvo las facultades del Poder Reformador y del legislador ordinario del Estado de J. para que ajusten su C.�n y leyes en los t�rminos establecidos en esta resoluci�n, para el debido respeto a la regla relativa a la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los M. de los tribunales que integren los Poderes Judiciales L.es, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de J., en el entendido de que mientras ocurre lo anterior, la soluci�n o decisi�n de los asuntos correspondientes deber� hacerse aplicando el criterio establecido en el art�culo 116, fracciones III y IV, inciso c), de la C.�n Federal, en los t�rminos que ya han quedado claramente precisados por este Tribunal Pleno, en esta ejecutoria.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO.-Son parcialmente procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el P.do de la Revoluci�n D.�tica y por Convergencia por la D.acia, P.do Pol�tico Nacional.
SEGUNDO.-Se sobresee respecto de los actos de aplicaci�n de las normas generales impugnadas.
TERCERO.-Se declara la invalidez de los art�culos 69 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y 78 de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado de J., reformados por decreto publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad el diecisiete de julio de dos mil uno, as� como del art�culo cuarto transitorio de ese decreto, en t�rminos y para los efectos precisados en la parte considerativa de la presente resoluci�n.
CUARTO.-Publ�quese esta ejecutoria en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el Peri�dico Oficial del Estado de J. y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.
As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en sesi�n de veintiocho de enero de dos mil dos, por mayor�a de diez votos de los Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., A.A.�n, O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.. V.� en contra el Ministro G.�o P., quien manifest� que formular�a voto particular.