Ejecutoria num. P./J. 59/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 52061880

Ejecutoria num. P./J. 59/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 59/2009
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2008
RESUMEN

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. AL NO EXISTIR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALGUNA BASE NORMATIVA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS, EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL NO PUEDE REGULARLAS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 4, INCISO D), FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE PREVÉ LOS REQUISITOS PARA LOS OBSERVADORES ELECTORALES, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., 35, FRACCIÓN II Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 6, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE SE REFIERE A LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD REGULADOS EN LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS CUALES SÓLO PODRÁN ESTABLECER EXIGENCIAS DE EDAD, NACIONALIDAD, RESIDENCIA, CAPACIDAD CIVIL Y SENTENCIA EJECUTORIADA EN MATERIA PENAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN II Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL AMPLIAR EL TÉRMINO DE SEIS AÑOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 51, 56 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o., 9o., 39 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, NO CONTRAVIENE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PORQUE NO AFECTA DERECHOS ADQUIRIDOS Y SUS EFECTOS SE PRODUCEN HACIA EL FUTURO. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO RESPETA LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DE JERARQUÍA NORMATIVA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 3, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE PROHÍBE A LOS PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR CONTRATAR O ADQUIRIR POR SÍ O POR TERCEROS TIEMPOS EN CUALQUIER MODALIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 4, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL PROHIBIR A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, A TÍTULO PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS, LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN DIRIGIDA A INFLUIR EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, NI A FAVOR O EN CONTRA DE PARTIDOS POLÍTICOS O DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ASÍ COMO SU TRANSMISIÓN EN TERRITORIO NACIONAL CUANDO SEA CONTRATADA EN EL EXTRANJERO, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y DE EXPRESIÓN. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 56, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL PREVER EL RÉGIMEN DE ACCESO A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO PRERROGATIVA, ES CONSTITUCIONAL, EN TANTO REITERA LAS DIRECTRICES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, APARTADO A, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 78, PÁRRAFO 1, INCISO C), FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL REGULAR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A QUE TIENEN DERECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, RELATIVAS A LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO A LAS TAREAS EDITORIALES, ES CONSTITUCIONAL EN TANTO QUE REITERA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO 9, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO RESPETA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD, TRANSPARENCIA Y CERTEZA ELECTORAL. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL PREVER EL MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE DE VOTOS, VIOLA LA VOLUNTAD EXPRESA DEL ELECTOR Y, POR ENDE, EL PRINCIPIO DE ELECCIONES AUTÉNTICAS CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO GENERA INCERTIDUMBRE Y AFECTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE OBJETIVIDAD, EN TANTO QUE EL MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE DE VOTOS QUE PREVÉ CARECE DE REGLAS CLARAS TENDENTES A PRESERVAR LA CERTIDUMBRE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, DE NO DISCRIMINACIÓN Y DE IGUALDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 41 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL ESTABLECER EL DERECHO EXCLUSIVO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ES CONSTITUCIONAL. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 354, PÁRRAFO 1, INCISO D), FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "... CON EL DOBLE DEL PRECIO COMERCIAL DE DICHO TIEMPO", VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO AL EXCLUIR A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 41, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2008 Y SUS ACUMULADAS 62/2008, 63/2008, 64/2008 Y 65/2008. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: J.F.F.G.S..

SECRETARIA: M.A.S.M..

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día ocho de julio de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Mediante escritos presentados el doce y trece de febrero de dos mil ocho, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el domicilio particular de la funcionaria autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; L.M.V., en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia; A.A.G., A.G.Y., R.A.J. y R.C.G., en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; J.A.K.M., en representación del Partido Político Nacional Nueva Alianza; A.B.G. y J.L.W.F., en su calidad de presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata; J.E.G.M., en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México; promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

  1. Cámara de Diputados,

  2. Cámara de Senadores, y

  3. Presidente de la República.

Normas generales cuya invalidez se cuestiona y el medio oficial en que se publicaron: En general, el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho; el cual abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de agosto de mil novecientos noventa. En particular, diversos artículos del vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como se muestra a continuación:

Convergencia:

Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008.

Partido del Trabajo:

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna.

Nueva Alianza:

Lo constituyen los artículos 48, numerales 2, 3, 4, 5 y 7; 50; 52; 53; 54; 56; 59, numeral 3; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 73;74; 85; 96, numeral 5; 98, numeral 7; 341, párrafo 1, inciso d); el artículo 352, párrafo 1, inciso b); y el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción II, del decreto que expidió las disposiciones legales citadas (anexo dos), promulgadas por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y editadas el lunes catorce de enero de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación.

Alternativa Socialdemócrata:

El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en específico los artículos 28 y 95, puntos (sic) 9 y 10, publicados por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, y por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990.

Partido Verde Ecologista de México:

Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008.

SEGUNDO

Artículos constitucionales que se señalan como violados. Los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas estiman que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 3o., fracción II, inciso a), 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II, III, 36, 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V, 51, 54, 56, 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 80, 99, 116, 124, 128, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO

Trámite de la acumulación. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y, por razón de turno, designó al M.J.F.F.G.S., para que fungiera como instructor del procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal decretó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 62/2008 promovida por Convergencia, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por ende, el expediente correspondiente a la ponencia del M.J.F.F.G.S..

Por auto de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 63/2008 promovida por Nueva Alianza, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 62/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y, remitió por ende, el expediente correspondiente al M.J.F.F.G.S., como instructor del procedimiento.

En proveído de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 64/2008 promovida por Alternativa Socialdemócrata y Campesina, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008 y 63/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al M.J.F.F.G.S., como instructor del procedimiento.

Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 65/2008, promovida por el Partido Verde Ecologista de México, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008, 63/2008 y 64/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al M.J.F.F.G.S., como instructor del procedimiento.

CUARTO

Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los partidos políticos promoventes son los siguientes:

  1. Partido Político Nacional Convergencia.

"L.M.V., en mi calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, partido político nacional, cuyo registro partidario y personalidad con que me ostento, acredito en términos de las certificaciones expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, L.. M.L.B., de fecha dieciocho de enero del año dos mil ocho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, la oficina que ocupa la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, edificio ‘A’, planta baja, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan de México, Distrito Federal; presento con las facultades de representación que me confiere el artículo 17 numeral 3, inciso r), de los estatutos del partido, acción de inconstitucionalidad en contra de diversos ordenamientos contenidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designo como delegados para que formulen promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, presenten alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley, a los CC. Licenciados G.T.L., J.M.C.R. y G.G.A., ante ustedes respetuosamente comparezco a exponer: Que con fundamento en los artículos 104, fracción IV; 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o.; 10, fracción I y II, en relación con el 59; 60; 62, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1o. y 10 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por este medio, vengo a nombre de Convergencia, partido político nacional, a promover acción de inconstitucionalidad, pidiendo la intervención del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como único intérprete de la Constitución General de la República, en relación a la expedición, promulgación y publicación, de las modificaciones y adiciones a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos que a continuación se expresan; por lo que en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la ley reglamentaria en cita, además de los ya expresados, manifiesto los siguientes: I.A.. Convergencia, partido político nacional, promoviendo en su nombre y representación, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. II. Órganos legislativos y ejecutivo, que intervinieron en la emisión y promulgación de las normas constitucionales impugnadas: A. Lo es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las honorables Cámaras de Diputados y Senadores, como autoridad que emite el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66 colonia El Parque, D.V.C., en México, Distrito Federal, y en la calle de X. número 9, colonia Centro, D.C., en México, Distrito Federal, respectivamente; como autoridades que abrogan también el código de la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. B. Lo es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para promulgar y publicar los decretos que emita el honorable Congreso de la Unión, como en el caso, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Diario Oficial de la Federación (cuarta sección), de fecha 14 de enero de 2008, con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos, domicilio conocido en esta ciudad capital. C. Lo es el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, así como el titular del Diario Oficial de la Federación, quienes tienen su domicilio en la Secretaría de Gobernación, calle de Bucareli número 99, colonia J. y en Río Amazonas número 62 colonia C., respectivamente, ambos en la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Distrito Federal. III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado - decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008. IV. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Lo son los artículos 6o.; 9o.; 13; 14; 16; 25; 26; 28; 35 fracciones I, II y III; 39; 40; 41, fracciones I; II; III y V; 65; 66; 70, párrafo tercero; 71; 72; 73; 116; 124; 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley para la Reforma del Estado. Lo anterior se sustenta en los siguientes: Antecedentes 1. El trece de abril del año dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Reforma del Estado, cuyo objeto precisado en el artículo 1o., es el de ‘establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano’. Constituyendo para tal fin, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado mexicano, quedando integrada por los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las comisiones de reforma del Estado de cada una de las Cámaras, así como, de manera optativa en cuanto a su participación, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación. Dicha comisión, cuenta, dentro de sus atribuciones, con la de ‘promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que siga el proceso constitucional respectivo’. Los acuerdos de la reforma del Estado, de conformidad con la ley, deben de ser producto del máximo consenso posible. Señalando como etapas del proceso de negociación y construcción de acuerdos: 1) Presentación de propuestas, 2) Consulta pública, 3) Negociación y construcción de acuerdos, 4) Redacción de los proyectos y 5) Aprobación, firma y presentación de iniciativas. Destacando dentro de los temas, sobre los que debía pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales, el de la Democracia y el Sistema Electoral. 2. Presuntamente, como producto de lo anterior, el jueves 29 de noviembre de 2007, en reunión plenaria de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, realizada en las instalaciones de la Cámara de Diputados, se acordó presentar ante el Senado de la República, como Cámara de Origen la iniciativa de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa en comento fue dictaminada y aprobada por el pleno del Senado de la República, el cinco de diciembre del año dos mil siete y enviada a la colegisladora, quien la aprobó en la sesión correspondiente al once de diciembre del mismo año. 3. Siendo el catorce de enero del año dos mil ocho, cuando se publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, sin cumplir con la inmediatez que debe existir entre la aprobación y promulgación de una ley, motivos por los cuales, se formula la presente acción de inconstitucionalidad, esgrimiendo los conceptos de invalidez que a continuación se precisan, y cuya resolución en ese sentido, se demanda de ese honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ‘Procedencia de la acción de inconstitucionalidad’. La presente vía es procedente esencialmente, porque la actividad del Poder Constituyente Permanente violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales o valores supremos del Estado social-democrático de derecho de nuestra Ley Fundamental. En efecto, nuestro régimen constitucional tiene como base o estructura inalienable los principios dogmáticos o directrices que se dio el pueblo de México a través de su Congreso Constituyente y, en ese sentido, el Poder Constituyente Permanente regulado en el artículo 135 de la Constitución General de la República, puede modificar o adicionar el texto mas no está autorizado para violentar los principios supremos que estableció el creador de la Constitución. Lo anterior es así, ya que de otra forma la soberanía que radica originaria y esencialmente en el pueblo, sería vulnerada y no se puede dejar pasar que el único autorizado por nuestra Carta Magna para modificar la voluntad popular es el propio pueblo. Sobre el particular se debe destacar que la doctrina del derecho constitucional comparado ha generado a través de la historia tres corrientes fundamentales, una, que se refiere a que los textos constitucionales del orden democrático no deben ser modificados por ningún otro poder distinto a aquel que lo creó, una segunda corriente que señala que es menester que tengan verificativo modificaciones constitucionales para evitar revoluciones de tal forma que la Constitución se adapte a la realidad social y una tercera corriente que ha prevalecido es en el tenor de que, es menester que las Constituciones adapten sus aspectos específicos a la realidad social, pero que para que ello tenga verificativo, se respeten los principios y valores de la propia Ley Suprema. En este orden de ideas, para respetar el propio régimen constitucional las leyes que de ella emanen, deben ser acordes a los principios democráticos del régimen de que se trate. No es menor la apreciación en el sentido de que a través de las últimas décadas, en muy diversas naciones democráticas, ante la eventualidad de que se pretenda modificar la Constitución, solamente es posible que esto tenga verificativo cuando se refiere a alguna decisión jurídico-político fundamental, sí y solo mediante consulta al pueblo. En el caso que nos ocupa, se establecieron por cinco de los partidos políticos nacionales y sus grupos parlamentarios, diversas decisiones jurídico-político fundamentales, que han sido violentadas por el Poder Constituyente Permanente de los tres partidos mayoritarios. Vulnerando los dogmas establecidos por los artículos 35, 39 y 41 de nuestra Carta Magna. Dichas violaciones desde luego que son en agravio de los ciudadanos y de aquellos partidos políticos, como es nuestro caso, que tienen la característica en nuestro régimen democrático de derecho, de ser partidos emergentes y que en nuestro régimen pluripartidista resultan vulnerados per se, en el entendido de que con su conculcación también se altera el propio régimen pluripartidista para convertirlo, de facto, y como resultante, en un régimen corporativo que limita la participación ciudadana y de las nuevas fuerzas políticas reconocidas por nuestro régimen constitucional. La serie de infracciones a nuestro régimen constitucional

en agravio de la ciudadanía, hallan sustento en el artículo 35 de la Ley Fundamental, y en el artículo 41, no sólo congruencia, sino identidad, en cuanto a su oposición respecto de las convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano, como en cada uno de los conceptos de invalidez se pasará en su momento a explicar, ya que se trata de principios, ahora universales de todo régimen democrático y que obligan a nuestra nación. Incluso, como en su momento, los propios órganos de carácter jurisdiccional internacional, se han pronunciado sobre el particular. Por cierto, hablando de la doctrina internacional, bastaría citar para ilustrar este aspecto, a M.H., quien alude al concepto de superlegalidad constitucional, a K.S., quien las refiere como decisiones político-jurídico fundamentales, así como a G.B., W.M. y C.M., quienes expresamente señalan que ‘el control de constitucionalidad de que disfruta la corte constitucional se extiende a las normas emanadas del Poder Constituyente Permanente’. Pero también la doctrina mexicana ha sido prolífica sobre el particular, dentro de los distinguidos tratadistas que han sostenido la tesis en el sentido de que el Poder Constituyente Permanente está acotado destacan, por tan sólo citar a algunos de ellos J.M. delC.V.; E.O.R., L.F.C.O. y G.M. por lo que hace a los siglos XIX y XX. De forma muy destacada debemos aludir al ilustre constitucionalista F.T.R., quien nos dice que por vía de reforma o adición, en efecto nada escapa a la competencia del Poder Constituyente Permanente (y aquí viene la limitante), con tal de que subsista el régimen constitucional que aparece integrado por aquellos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. De acuerdo con lo anterior, don F.T.R. participa con toda convicción de la tesis en el sentido de que, para que subsista el régimen constitucional no pueden ni deben modificarse, ni tampoco atentar contra aquellos principios que la conciencia histórica y del país y de la época considere esenciales para que exista una Constitución. De lo anterior se concluye que, en el caso que nos ocupa, los principios de libertad de asociación, equidad electoral, democracia representativa, democracia deliberativa, pluripartidismo, y libertad de expresión, por tratarse de principios de la conciencia histórica del país y de la época, se consideran esenciales para que existan leyes emanadas de una Constitución; éstos no pueden ni deben ser vulnerados por el Poder Constituyente Permanente como en la especie en efecto ocurrió con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales. En ese sentido, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘LEYES ELECTORALES ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto y en atención a la procedibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, procedo respetuosamente, a describir los conceptos de invalidez correspondientes: Primer concepto de invalidez. Violación al procedimiento legislativo, establecido en la Ley para la Reforma del Estado. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. La norma general cuya invalidez se demanda, vulnera los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 41 fracción I, párrafo segundo y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes consideraciones: Los preceptos constitucionales que se estima violados establecen: ‘Artículo. 14.’ (se transcribe). De la lectura de la anterior trascripción se advierte, que entre las diversas garantías que contiene el artículo 14 de la Constitución Federal, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa, que constituye una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que de manera previa al dictado de cualquier acto de autoridad cumplan con una serie de requisitos necesarios como (sic) conocidos como formalidades esenciales del procedimiento. La ley combatida, debe considerarse como un acto arbitrario y anárquico, porque en el procedimiento que debió seguir, no se observaron las formalidades que la propia Constitución y la Ley para la Reforma del Estado establecen. Ello es así, porque todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas, mismas que deberán desarrollarse con estricto apego, vulnerando los principios de certeza, de legalidad y de seguridad jurídica, y por ende, que no se cumpla con la garantía contenida en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, afirmamos que en la aprobación y promulgación del decreto que contiene el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, existen vicios de carácter formal, que hacen que exista una violación a las leyes del procedimiento y, por tanto, a la garantía constitucional contenida en el artículo 14, por las siguientes razones: Si bien las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores manifiestan haber turnado iniciativa con proyecto de decreto suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, es falso que los partidos políticos y grupos parlamentarios representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión hayamos arribado a un amplio consenso. Como ya se expresó, la Ley para la Reforma del Estado promulgada el trece de abril del presente año, en su artículo 1o. señala que el objeto de la misma es establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano, y en su artículo 8o. precisa que para que la Comisión Ejecutiva y las Subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse las dos terceras partes de sus miembros, que las decisiones y acuerdos se tomarán por el máximo consenso posible de los presentes, lo cual en el caso que nos ocupa, no se cumplió. Asimismo en su artículo 9o., el ordenamiento legal invocado, establece que el proceso de negociación y construcción de acuerdos para la reforma del Estado constará de las siguientes etapas: I. Presentación de propuestas; II. Consulta pública. III. Negociación y construcción de acuerdos. IV. Redacción de los proyectos, y V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas. De los preceptos legales anteriormente señalados, se desprende con meridiana claridad que para que se diese cumplimiento a la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, era necesario haber sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva el proyecto de iniciativa para su aprobación, firma y posterior presentación, sin embargo, con ello no se cumplió. Así también, se alteró el procedimiento señalado en el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que establece en la fracción II del artículo 7o. el derecho y obligación de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las mismas sesiones o reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva, privándonos del derecho de igualdad en la discusión y aprobación de la ley que ahora se impugna. No omitiendo señalar que el procedimiento legislativo que se menciona, se encuentra viciado de origen, como se verá a continuación: El proyecto de dictamen de fecha 5 de septiembre del año 2007 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores que anexe en copia certificada a la diversa acción de inconstitucionalidad 168/2007, el cual hago consistir en que de dicha documental se reconoce que fue turnada iniciativa con proyecto de decreto presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador M.F.B., a nombre propio y en representación de los senadores y diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PT que la suscribieron, en el último día de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo cual es evidente constituye una violación al artículo 135 de la Constitución Federal, puesto que dicho precepto constitucional no faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para conocer de iniciativas de reformas a la Constitución, ya que únicamente la faculta para hacer el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, por tanto si la reforma constitucional emana de un procedimiento que originalmente es considerado inconstitucional se conculca en perjuicio del partido político que represento el artículo 14 de la Carta Magna. Abundando en lo anterior, se conculca a su vez la Ley para la Reforma del Estado, puesto que en dicho ordenamiento legal, se estableció un procedimiento según se señala en la fracción IV del artículo 4o. para ‘Promover la presentación, ante la Cámara de Diputados y Senadores, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo’, en el precepto citado no (sic) se faculta a los sujetos legitimados para promover la presentación de iniciativas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, por tanto, la iniciativa presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador M.F.B., a nombre propio y en representación de los senadores y diputados que la suscribieron con él, violaron la Ley para la Reforma del Estado y en consecuencia el procedimiento establecido en la fracción IV del artículo 4o. De lo anteriormente manifestado, se concluye que la reforma constitucional, vulneró al proceso de creación de la propia reforma y por consiguiente a la ley secundaria, sirva de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). A continuación, se reproducen en lo que interesa, los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos violentados: ‘Artículo 16.’ y ‘Artículo 41.’ (se transcriben). Todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley, de ahí la importancia que cobra el proceso legislativo, que es donde se crea el marco jurídico que garantiza el Estado de derecho. El Poder Legislativo aprueba leyes, el Poder Ejecutivo las promulga y las pública y es el debido cumplimiento del proceso que esto conlleva, lo que le da certeza a dicho proceso, lo contrario como es el caso, vulnera el principio de legalidad, que consagra el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo antes expuesto y fundado en el presente concepto de violación, solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de la norma general impugnada, que se hace consistir, en la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, del decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Segundo concepto de invalidez. Se vulnera la garantía de participar para votar y ser votado de que goza todo ciudadano. En la nueva ley que nos ocupa, se excluye la participación en la vida política de nuestro país, de las candidaturas ciudadanas, estableciendo expresamente que los mexicanos que no militan o simpatizan con algún partido político, no pueden intervenir en la vida nacional, entendiendo por esto, intervenir libremente para su postulación a un puesto de elección popular, votar y ser votado, conculcando en su perjuicio los derechos que le son inalienables, como se verá a continuación:

Ver cuadro comparativo 1

"Como se puede apreciar, no se encuentra prevista en la ley en comento, la candidatura ciudadana, por lo que se debe otorgar tal posibilidad, de lo contrario, resulta inconstitucional dicho cuerpo normativo. Lo anterior es así, porque en nuestra Carta Magna, el poder ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional y de configuración legal, tal como lo reconoce la doctrina judicial nacional (TEPJF: SUP-JDC-037/2001 y SUP-RAP-027/2003) e internacional (CEDH: G. y otros v. Grecia, 1 de julio de 1997; P. v. Letonia, 9 de abril de 2002; H. v. The United Kingdom, 6 de octubre de 2005). Es la reserva de ley, según la fracción II del artículo 35 de la Constitución, la que define las ‘calidades’ para poder ser votado (TEPJF: SUP-RAP-40/2004). Ese es el núcleo fundamental: las ‘calidades’ que se pueden exigir para poder participar y ser electo como representante popular. Ello significa que el derecho a ser votado puede ser desarrollado por el legislador ordinario, en la medida en que no afecte su contenido esencial. No es un derecho absoluto por el principio de ‘sociedad democrática’ que delimita los derechos políticos fundamentales (TEPJF: SUP-JRC-128/2001 y SUP-JDC-117/2001), por lo que el punto a discutir será siempre si las calidades impuestas por la ley son irrazonables, discriminatorias, desproporcionales o que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial tutelado o hagan nugatorio el ejercicio de este derecho. Este derecho fundamental no sólo implica el reconocimiento de un poder del ciudadano cuyo ejercicio se deja a su libre decisión, sino que también entraña una facultad cuya realización está sujeta a condiciones de igualdad, a fin de que todos los ciudadanos gocen de las mismas oportunidades. Es por un lado, la libertad negativa que impide intervenir indebidamente en la esfera de participar en la lucha del poder, pero también implica la libertad positiva que tiene por objeto imponer prestaciones positivas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones: la libertad de ser electo implica, invariablemente, que todo el que pretenda el cargo público debe contar con la oportunidad equitativa de impacto e influencia para alcanzar el poder. Es por ello que el ejercicio de las garantías y libertades (informarse, expresarse, asociarse, etc.) que se ejercen para obtener un cargo de elección popular (el poder de buscar la candidatura y el voto de la mayoría), se encuentran supeditadas a los principios de la participación del pueblo en la vida democrática y el acceso al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Este derecho a ser electo, arropado por la Constitución General de la República, como parte del derecho a participar en la conformación de la voluntad popular y estatal, se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano. Por un lado, la posibilidad de ser votado se funda en el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; además, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto, en donde en el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades políticas se sujeta únicamente a las limitaciones establecidas en la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Se establece, asimismo, que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones prohibida y sin (sic) restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: (I) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (II) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; (III) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Este derecho a ser electo, por tanto, se disfrutará sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En consecuencia, no se pueden establecer normas que de manera irracional impiden el libre ejercicio del derecho a poder ser votado. En este sentido, al no permitirse las candidaturas ciudadanas, se afecta la libre participación de los ciudadanos en la política, ya que resulta innecesaria todo tipo de limitación, porque no se demuestra ningún bien jurídico a tutelar. En todos los países democráticos existe la libre participación de los ciudadanos, que les permite, fieles a sus convicciones, participar en la construcción democrática, mediante su postulación, sin cortapisa alguna, sin tener que pertenecer a grupos o partidos que han cambiado su orientación de modo inaceptable para ellos. Los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República, en particular con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la interpretación que de los mismos han hecho los órganos encargados de su aplicación. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 25 que: ‘Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2o. (sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social), y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.’. Por su parte, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: ‘1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y. c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso penal.’. En opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento del mencionado Pacto Internacional, cualquiera que sean las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos político-electorales ‘deberán basarse en criterios objetivos y razonables’, toda vez que ‘el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la aplicación e interpretación de la Convención Americana, ha estimado que: ‘La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos (consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana) no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.’-Por su parte, los artículos 29 y 30 de la Convención Americana establecen: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. En conjunto, tal como ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia internacional, los derechos fundamentales de carácter político-electoral no son derechos absolutos o ilimitados sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que las mismas estén previstas en la legislación, no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Restricciones que deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la Constitución y en los propios tratados internacionales. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estimado que las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones para el ejercicio del derecho de voto pasivo que establezca la ley deben respetar el contenido esencial de este derecho fundamental previsto en la Constitución Federal, así como en la Constitución Local y en los tratados internacionales respectivos, y han de estar razonablemente armonizadas con otros principios o derechos fundamentales de igual jerarquía, como el principio de igualdad. En todo caso, tales requisitos o condiciones deben establecerse en favor del bien común o del interés general como se prevé en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por México (SUP-JDC-713/2004). Por tanto, el restringir el derecho a ser votado por no formar parte de un partido político, afecta el libre ejercicio de ese derecho, porque impone una obligación al ciudadano de manera desproporcionada e irracional: Tener que pertenecer a un partido político, para estar en condiciones de ser postulado a un cargo de elección popular. La norma que se cuestiona carece de razones y fundamentos suficientes de lesividad del sistema político, que justifiquen la restricción de un derecho fundamental. Pues no prueba que exista un ataque concreto a bienes fundamentales de tipo individual o social en los que se base la democracia, tampoco se ve que prohibiendo tal circunstancia de participar como candidato ciudadano, sea útil e idóneo para evitar daños al sistema de partidos, la finalidad constitucional de la libertad política implica el derecho de todo ciudadano de participar en la política en la forma que desee. Ello es así, pues la norma en cuestión implica una violación al derecho de ser votado, porque obliga a los ciudadanos a pertenecer necesariamente a un partido político para ejercer sus derechos político- electorales. Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-695/2007 con relación al derecho constitucional de ser votado realizó las consideraciones siguientes, que son aplicables en lo conducente al concepto de invalidez planteado: ‘Esta Sala Superior ha considerado que el derecho político-electoral de ser votado es un derecho fundamental previsto y reconocido constitucionalmente, así como por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, razón por la cual la interpretación restrictiva debe hacerse únicamente en los supuestos previstos en la Constitución Federal, esto es, los derechos otorgados por la máxima ley se entienden enunciativamente, mientras que las restricciones solamente deben verse de forma limitativa’.#