Ejecutoria num. P./J. 59/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 52061880

Ejecutoria num. P./J. 59/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 59/2009
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2008
RESUMEN

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. AL NO EXISTIR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALGUNA BASE NORMATIVA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS, EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL NO PUEDE REGULARLAS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 4, INCISO D), FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE PREVÉ LOS REQUISITOS PARA LOS OBSERVADORES ELECTORALES, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., 35, FRACCIÓN II Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 6, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE SE REFIERE A LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD REGULADOS EN LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS CUALES SÓLO PODRÁN ESTABLECER EXIGENCIAS DE EDAD, NACIONALIDAD, RESIDENCIA, CAPACIDAD CIVIL Y SENTENCIA EJECUTORIADA EN MATERIA PENAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN II Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL AMPLIAR EL TÉRMINO DE SEIS AÑOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 51, 56 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o., 9o., 39 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, NO CONTRAVIENE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PORQUE NO AFECTA DERECHOS ADQUIRIDOS Y SUS EFECTOS SE PRODUCEN HACIA EL FUTURO. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO RESPETA LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DE JERARQUÍA NORMATIVA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 3, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE PROHÍBE A LOS PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR CONTRATAR O ADQUIRIR POR SÍ O POR TERCEROS TIEMPOS EN CUALQUIER MODALIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 4, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL PROHIBIR A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, A TÍTULO PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS, LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN DIRIGIDA A INFLUIR EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, NI A FAVOR O EN CONTRA DE PARTIDOS POLÍTICOS O DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ASÍ COMO SU TRANSMISIÓN EN TERRITORIO NACIONAL CUANDO SEA CONTRATADA EN EL EXTRANJERO, NO VIOLA LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y DE EXPRESIÓN. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 56, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL PREVER EL RÉGIMEN DE ACCESO A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO PRERROGATIVA, ES CONSTITUCIONAL, EN TANTO REITERA LAS DIRECTRICES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 41, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN III, APARTADO A, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 78, PÁRRAFO 1, INCISO C), FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL REGULAR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A QUE TIENEN DERECHO LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, RELATIVAS A LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, ASÍ COMO A LAS TAREAS EDITORIALES, ES CONSTITUCIONAL EN TANTO QUE REITERA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO 9, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO RESPETA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD, TRANSPARENCIA Y CERTEZA ELECTORAL. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL PREVER EL MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE DE VOTOS, VIOLA LA VOLUNTAD EXPRESA DEL ELECTOR Y, POR ENDE, EL PRINCIPIO DE ELECCIONES AUTÉNTICAS CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO GENERA INCERTIDUMBRE Y AFECTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE OBJETIVIDAD, EN TANTO QUE EL MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE DE VOTOS QUE PREVÉ CARECE DE REGLAS CLARAS TENDENTES A PRESERVAR LA CERTIDUMBRE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, DE NO DISCRIMINACIÓN Y DE IGUALDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 41 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, AL ESTABLECER EL DERECHO EXCLUSIVO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ES CONSTITUCIONAL. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 354, PÁRRAFO 1, INCISO D), FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "... CON EL DOBLE DEL PRECIO COMERCIAL DE DICHO TIEMPO", VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. EL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO AL EXCLUIR A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 41, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2008 Y SUS ACUMULADAS 62/2008, 63/2008, 64/2008 Y 65/2008. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día ocho de julio de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Mediante escritos presentados el doce y trece de febrero de dos mil ocho, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el domicilio particular de la funcionaria autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Luis Maldonado Venegas, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia; Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; Jorge Antonio Kahwagi Macari, en representación del Partido Político Nacional Nueva Alianza; Alberto Begné Guerra y Jorge Leonel Wheatley Fernández, en su calidad de presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata; Jorge Emilio González Martínez, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México; promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

a) Cámara de Diputados,

b) Cámara de Senadores, y

c) Presidente de la República.

Normas generales cuya invalidez se cuestiona y el medio oficial en que se publicaron: En general, el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho; el cual abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de agosto de mil novecientos noventa. En particular, diversos artículos del vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como se muestra a continuación:

Convergencia:

Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008.

Partido del Trabajo:

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna.

Nueva Alianza:

Lo constituyen los artículos 48, numerales 2, 3, 4, 5 y 7; 50; 52; 53; 54; 56; 59, numeral 3; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 73;74; 85; 96, numeral 5; 98, numeral 7; 341, párrafo 1, inciso d); el artículo 352, párrafo 1, inciso b); y el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción II, del decreto que expidió las disposiciones legales citadas (anexo dos), promulgadas por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y editadas el lunes catorce de enero de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación.

Alternativa Socialdemócrata:

El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en específico los artículos 28 y 95, puntos (sic) 9 y 10, publicados por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, y por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990.

Partido Verde Ecologista de México:

Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008.

SEGUNDO

Artículos constitucionales que se señalan como violados. Los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas estiman que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 3o., fracción II, inciso a), 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II, III, 36, 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V, 51, 54, 56, 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 80, 99, 116, 124, 128, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO

Trámite de la acumulación. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas, para que fungiera como instructor del procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal decretó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 62/2008 promovida por Convergencia, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por ende, el expediente correspondiente a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por auto de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 63/2008 promovida por Nueva Alianza, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 62/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y, remitió por ende, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

En proveído de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 64/2008 promovida por Alternativa Socialdemócrata y Campesina, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008 y 63/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 65/2008, promovida por el Partido Verde Ecologista de México, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008, 63/2008 y 64/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

CUARTO

Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los partidos políticos promoventes son los siguientes:

  1. Partido Político Nacional Convergencia.

    "Luis Maldonado Venegas, en mi calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, partido político nacional, cuyo registro partidario y personalidad con que me ostento, acredito en términos de las certificaciones expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, de fecha dieciocho de enero del año dos mil ocho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, la oficina que ocupa la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, edificio ‘A’, planta baja, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan de México, Distrito Federal; presento con las facultades de representación que me confiere el artículo 17 numeral 3, inciso r), de los estatutos del partido, acción de inconstitucionalidad en contra de diversos ordenamientos contenidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designo como delegados para que formulen promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, presenten alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley, a los CC. Licenciados Gerardo Tapia Latisnere, Juan Miguel Castro Rendón y Guillermo Garduño Aguilar, ante ustedes respetuosamente comparezco a exponer: Que con fundamento en los artículos 104, fracción IV; 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o.; 10, fracción I y II, en relación con el 59; 60; 62, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1o. y 10 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por este medio, vengo a nombre de Convergencia, partido político nacional, a promover acción de inconstitucionalidad, pidiendo la intervención del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como único intérprete de la Constitución General de la República, en relación a la expedición, promulgación y publicación, de las modificaciones y adiciones a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los términos que a continuación se expresan; por lo que en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la ley reglamentaria en cita, además de los ya expresados, manifiesto los siguientes: I. Actor. Convergencia, partido político nacional, promoviendo en su nombre y representación, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. II. Órganos legislativos y ejecutivo, que intervinieron en la emisión y promulgación de las normas constitucionales impugnadas: A. Lo es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las honorables Cámaras de Diputados y Senadores, como autoridad que emite el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66 colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, en México, Distrito Federal, y en la calle de Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, respectivamente; como autoridades que abrogan también el código de la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. B. Lo es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para promulgar y publicar los decretos que emita el honorable Congreso de la Unión, como en el caso, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Diario Oficial de la Federación (cuarta sección), de fecha 14 de enero de 2008, con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos, domicilio conocido en esta ciudad capital. C. Lo es el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, así como el titular del Diario Oficial de la Federación, quienes tienen su domicilio en la Secretaría de Gobernación, calle de Bucareli número 99, colonia Juárez y en Río Amazonas número 62 colonia Cuauhtémoc, respectivamente, ambos en la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Distrito Federal. III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado - decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008. IV. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Lo son los artículos 6o.; 9o.; 13; 14; 16; 25; 26; 28; 35 fracciones I, II y III; 39; 40; 41, fracciones I; II; III y V; 65; 66; 70, párrafo tercero; 71; 72; 73; 116; 124; 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley para la Reforma del Estado. Lo anterior se sustenta en los siguientes: Antecedentes 1. El trece de abril del año dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Reforma del Estado, cuyo objeto precisado en el artículo 1o., es el de ‘establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano’. Constituyendo para tal fin, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado mexicano, quedando integrada por los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las comisiones de reforma del Estado de cada una de las Cámaras, así como, de manera optativa en cuanto a su participación, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación. Dicha comisión, cuenta, dentro de sus atribuciones, con la de ‘promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que siga el proceso constitucional respectivo’. Los acuerdos de la reforma del Estado, de conformidad con la ley, deben de ser producto del máximo consenso posible. Señalando como etapas del proceso de negociación y construcción de acuerdos: 1) Presentación de propuestas, 2) Consulta pública, 3) Negociación y construcción de acuerdos, 4) Redacción de los proyectos y 5) Aprobación, firma y presentación de iniciativas. Destacando dentro de los temas, sobre los que debía pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales, el de la Democracia y el Sistema Electoral. 2. Presuntamente, como producto de lo anterior, el jueves 29 de noviembre de 2007, en reunión plenaria de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, realizada en las instalaciones de la Cámara de Diputados, se acordó presentar ante el Senado de la República, como Cámara de Origen la iniciativa de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa en comento fue dictaminada y aprobada por el pleno del Senado de la República, el cinco de diciembre del año dos mil siete y enviada a la colegisladora, quien la aprobó en la sesión correspondiente al once de diciembre del mismo año. 3. Siendo el catorce de enero del año dos mil ocho, cuando se publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, sin cumplir con la inmediatez que debe existir entre la aprobación y promulgación de una ley, motivos por los cuales, se formula la presente acción de inconstitucionalidad, esgrimiendo los conceptos de invalidez que a continuación se precisan, y cuya resolución en ese sentido, se demanda de ese honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ‘Procedencia de la acción de inconstitucionalidad’. La presente vía es procedente esencialmente, porque la actividad del Poder Constituyente Permanente violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales o valores supremos del Estado social-democrático de derecho de nuestra Ley Fundamental. En efecto, nuestro régimen constitucional tiene como base o estructura inalienable los principios dogmáticos o directrices que se dio el pueblo de México a través de su Congreso Constituyente y, en ese sentido, el Poder Constituyente Permanente regulado en el artículo 135 de la Constitución General de la República, puede modificar o adicionar el texto mas no está autorizado para violentar los principios supremos que estableció el creador de la Constitución. Lo anterior es así, ya que de otra forma la soberanía que radica originaria y esencialmente en el pueblo, sería vulnerada y no se puede dejar pasar que el único autorizado por nuestra Carta Magna para modificar la voluntad popular es el propio pueblo. Sobre el particular se debe destacar que la doctrina del derecho constitucional comparado ha generado a través de la historia tres corrientes fundamentales, una, que se refiere a que los textos constitucionales del orden democrático no deben ser modificados por ningún otro poder distinto a aquel que lo creó, una segunda corriente que señala que es menester que tengan verificativo modificaciones constitucionales para evitar revoluciones de tal forma que la Constitución se adapte a la realidad social y una tercera corriente que ha prevalecido es en el tenor de que, es menester que las Constituciones adapten sus aspectos específicos a la realidad social, pero que para que ello tenga verificativo, se respeten los principios y valores de la propia Ley Suprema. En este orden de ideas, para respetar el propio régimen constitucional las leyes que de ella emanen, deben ser acordes a los principios democráticos del régimen de que se trate. No es menor la apreciación en el sentido de que a través de las últimas décadas, en muy diversas naciones democráticas, ante la eventualidad de que se pretenda modificar la Constitución, solamente es posible que esto tenga verificativo cuando se refiere a alguna decisión jurídico-político fundamental, sí y solo mediante consulta al pueblo. En el caso que nos ocupa, se establecieron por cinco de los partidos políticos nacionales y sus grupos parlamentarios, diversas decisiones jurídico-político fundamentales, que han sido violentadas por el Poder Constituyente Permanente de los tres partidos mayoritarios. Vulnerando los dogmas establecidos por los artículos 35, 39 y 41 de nuestra Carta Magna. Dichas violaciones desde luego que son en agravio de los ciudadanos y de aquellos partidos políticos, como es nuestro caso, que tienen la característica en nuestro régimen democrático de derecho, de ser partidos emergentes y que en nuestro régimen pluripartidista resultan vulnerados per se, en el entendido de que con su conculcación también se altera el propio régimen pluripartidista para convertirlo, de facto, y como resultante, en un régimen corporativo que limita la participación ciudadana y de las nuevas fuerzas políticas reconocidas por nuestro régimen constitucional. La serie de infracciones a nuestro régimen constitucional

    en agravio de la ciudadanía, hallan sustento en el artículo 35 de la Ley Fundamental, y en el artículo 41, no sólo congruencia, sino identidad, en cuanto a su oposición respecto de las convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano, como en cada uno de los conceptos de invalidez se pasará en su momento a explicar, ya que se trata de principios, ahora universales de todo régimen democrático y que obligan a nuestra nación. Incluso, como en su momento, los propios órganos de carácter jurisdiccional internacional, se han pronunciado sobre el particular. Por cierto, hablando de la doctrina internacional, bastaría citar para ilustrar este aspecto, a Maurice Hauriou, quien alude al concepto de superlegalidad constitucional, a Karl Schmidt, quien las refiere como decisiones político-jurídico fundamentales, así como a George Bourdeu, William Marbury y Constan Mortati, quienes expresamente señalan que ‘el control de constitucionalidad de que disfruta la corte constitucional se extiende a las normas emanadas del Poder Constituyente Permanente’. Pero también la doctrina mexicana ha sido prolífica sobre el particular, dentro de los distinguidos tratadistas que han sostenido la tesis en el sentido de que el Poder Constituyente Permanente está acotado destacan, por tan sólo citar a algunos de ellos José María del Castillo Velasco; Emilio O. Rabasa, Luis Felipe Canudas Oreza y Guilebaldo Murillo por lo que hace a los siglos XIX y XX. De forma muy destacada debemos aludir al ilustre constitucionalista Felipe Tena Ramírez, quien nos dice que por vía de reforma o adición, en efecto nada escapa a la competencia del Poder Constituyente Permanente (y aquí viene la limitante), con tal de que subsista el régimen constitucional que aparece integrado por aquellos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. De acuerdo con lo anterior, don Felipe Tena Ramírez participa con toda convicción de la tesis en el sentido de que, para que subsista el régimen constitucional no pueden ni deben modificarse, ni tampoco atentar contra aquellos principios que la conciencia histórica y del país y de la época considere esenciales para que exista una Constitución. De lo anterior se concluye que, en el caso que nos ocupa, los principios de libertad de asociación, equidad electoral, democracia representativa, democracia deliberativa, pluripartidismo, y libertad de expresión, por tratarse de principios de la conciencia histórica del país y de la época, se consideran esenciales para que existan leyes emanadas de una Constitución; éstos no pueden ni deben ser vulnerados por el Poder Constituyente Permanente como en la especie en efecto ocurrió con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales. En ese sentido, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘LEYES ELECTORALES ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto y en atención a la procedibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, procedo respetuosamente, a describir los conceptos de invalidez correspondientes: Primer concepto de invalidez. Violación al procedimiento legislativo, establecido en la Ley para la Reforma del Estado. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. La norma general cuya invalidez se demanda, vulnera los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 41 fracción I, párrafo segundo y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes consideraciones: Los preceptos constitucionales que se estima violados establecen: ‘Artículo. 14.’ (se transcribe). De la lectura de la anterior trascripción se advierte, que entre las diversas garantías que contiene el artículo 14 de la Constitución Federal, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa, que constituye una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que de manera previa al dictado de cualquier acto de autoridad cumplan con una serie de requisitos necesarios como (sic) conocidos como formalidades esenciales del procedimiento. La ley combatida, debe considerarse como un acto arbitrario y anárquico, porque en el procedimiento que debió seguir, no se observaron las formalidades que la propia Constitución y la Ley para la Reforma del Estado establecen. Ello es así, porque todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas, mismas que deberán desarrollarse con estricto apego, vulnerando los principios de certeza, de legalidad y de seguridad jurídica, y por ende, que no se cumpla con la garantía contenida en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, afirmamos que en la aprobación y promulgación del decreto que contiene el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, existen vicios de carácter formal, que hacen que exista una violación a las leyes del procedimiento y, por tanto, a la garantía constitucional contenida en el artículo 14, por las siguientes razones: Si bien las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores manifiestan haber turnado iniciativa con proyecto de decreto suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, es falso que los partidos políticos y grupos parlamentarios representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión hayamos arribado a un amplio consenso. Como ya se expresó, la Ley para la Reforma del Estado promulgada el trece de abril del presente año, en su artículo 1o. señala que el objeto de la misma es establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano, y en su artículo 8o. precisa que para que la Comisión Ejecutiva y las Subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse las dos terceras partes de sus miembros, que las decisiones y acuerdos se tomarán por el máximo consenso posible de los presentes, lo cual en el caso que nos ocupa, no se cumplió. Asimismo en su artículo 9o., el ordenamiento legal invocado, establece que el proceso de negociación y construcción de acuerdos para la reforma del Estado constará de las siguientes etapas: I. Presentación de propuestas; II. Consulta pública. III. Negociación y construcción de acuerdos. IV. Redacción de los proyectos, y V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas. De los preceptos legales anteriormente señalados, se desprende con meridiana claridad que para que se diese cumplimiento a la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, era necesario haber sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva el proyecto de iniciativa para su aprobación, firma y posterior presentación, sin embargo, con ello no se cumplió. Así también, se alteró el procedimiento señalado en el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que establece en la fracción II del artículo 7o. el derecho y obligación de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las mismas sesiones o reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva, privándonos del derecho de igualdad en la discusión y aprobación de la ley que ahora se impugna. No omitiendo señalar que el procedimiento legislativo que se menciona, se encuentra viciado de origen, como se verá a continuación: El proyecto de dictamen de fecha 5 de septiembre del año 2007 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores que anexe en copia certificada a la diversa acción de inconstitucionalidad 168/2007, el cual hago consistir en que de dicha documental se reconoce que fue turnada iniciativa con proyecto de decreto presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PT que la suscribieron, en el último día de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo cual es evidente constituye una violación al artículo 135 de la Constitución Federal, puesto que dicho precepto constitucional no faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para conocer de iniciativas de reformas a la Constitución, ya que únicamente la faculta para hacer el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, por tanto si la reforma constitucional emana de un procedimiento que originalmente es considerado inconstitucional se conculca en perjuicio del partido político que represento el artículo 14 de la Carta Magna. Abundando en lo anterior, se conculca a su vez la Ley para la Reforma del Estado, puesto que en dicho ordenamiento legal, se estableció un procedimiento según se señala en la fracción IV del artículo 4o. para ‘Promover la presentación, ante la Cámara de Diputados y Senadores, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo’, en el precepto citado no (sic) se faculta a los sujetos legitimados para promover la presentación de iniciativas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, por tanto, la iniciativa presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados que la suscribieron con él, violaron la Ley para la Reforma del Estado y en consecuencia el procedimiento establecido en la fracción IV del artículo 4o. De lo anteriormente manifestado, se concluye que la reforma constitucional, vulneró al proceso de creación de la propia reforma y por consiguiente a la ley secundaria, sirva de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). A continuación, se reproducen en lo que interesa, los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos violentados: ‘Artículo 16.’ y ‘Artículo 41.’ (se transcriben). Todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley, de ahí la importancia que cobra el proceso legislativo, que es donde se crea el marco jurídico que garantiza el Estado de derecho. El Poder Legislativo aprueba leyes, el Poder Ejecutivo las promulga y las pública y es el debido cumplimiento del proceso que esto conlleva, lo que le da certeza a dicho proceso, lo contrario como es el caso, vulnera el principio de legalidad, que consagra el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo antes expuesto y fundado en el presente concepto de violación, solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de la norma general impugnada, que se hace consistir, en la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, del decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Segundo concepto de invalidez. Se vulnera la garantía de participar para votar y ser votado de que goza todo ciudadano. En la nueva ley que nos ocupa, se excluye la participación en la vida política de nuestro país, de las candidaturas ciudadanas, estableciendo expresamente que los mexicanos que no militan o simpatizan con algún partido político, no pueden intervenir en la vida nacional, entendiendo por esto, intervenir libremente para su postulación a un puesto de elección popular, votar y ser votado, conculcando en su perjuicio los derechos que le son inalienables, como se verá a continuación:

    Ver cuadro comparativo 1

    "Como se puede apreciar, no se encuentra prevista en la ley en comento, la candidatura ciudadana, por lo que se debe otorgar tal posibilidad, de lo contrario, resulta inconstitucional dicho cuerpo normativo. Lo anterior es así, porque en nuestra Carta Magna, el poder ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional y de configuración legal, tal como lo reconoce la doctrina judicial nacional (TEPJF: SUP-JDC-037/2001 y SUP-RAP-027/2003) e internacional (CEDH: Gitanas y otros v. Grecia, 1 de julio de 1997; Podkolzina v. Letonia, 9 de abril de 2002; Hirst v. The United Kingdom, 6 de octubre de 2005). Es la reserva de ley, según la fracción II del artículo 35 de la Constitución, la que define las ‘calidades’ para poder ser votado (TEPJF: SUP-RAP-40/2004). Ese es el núcleo fundamental: las ‘calidades’ que se pueden exigir para poder participar y ser electo como representante popular. Ello significa que el derecho a ser votado puede ser desarrollado por el legislador ordinario, en la medida en que no afecte su contenido esencial. No es un derecho absoluto por el principio de ‘sociedad democrática’ que delimita los derechos políticos fundamentales (TEPJF: SUP-JRC-128/2001 y SUP-JDC-117/2001), por lo que el punto a discutir será siempre si las calidades impuestas por la ley son irrazonables, discriminatorias, desproporcionales o que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial tutelado o hagan nugatorio el ejercicio de este derecho. Este derecho fundamental no sólo implica el reconocimiento de un poder del ciudadano cuyo ejercicio se deja a su libre decisión, sino que también entraña una facultad cuya realización está sujeta a condiciones de igualdad, a fin de que todos los ciudadanos gocen de las mismas oportunidades. Es por un lado, la libertad negativa que impide intervenir indebidamente en la esfera de participar en la lucha del poder, pero también implica la libertad positiva que tiene por objeto imponer prestaciones positivas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones: la libertad de ser electo implica, invariablemente, que todo el que pretenda el cargo público debe contar con la oportunidad equitativa de impacto e influencia para alcanzar el poder. Es por ello que el ejercicio de las garantías y libertades (informarse, expresarse, asociarse, etc.) que se ejercen para obtener un cargo de elección popular (el poder de buscar la candidatura y el voto de la mayoría), se encuentran supeditadas a los principios de la participación del pueblo en la vida democrática y el acceso al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Este derecho a ser electo, arropado por la Constitución General de la República, como parte del derecho a participar en la conformación de la voluntad popular y estatal, se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano. Por un lado, la posibilidad de ser votado se funda en el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; además, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto, en donde en el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades políticas se sujeta únicamente a las limitaciones establecidas en la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Se establece, asimismo, que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones prohibida y sin (sic) restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: (I) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (II) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; (III) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Este derecho a ser electo, por tanto, se disfrutará sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En consecuencia, no se pueden establecer normas que de manera irracional impiden el libre ejercicio del derecho a poder ser votado. En este sentido, al no permitirse las candidaturas ciudadanas, se afecta la libre participación de los ciudadanos en la política, ya que resulta innecesaria todo tipo de limitación, porque no se demuestra ningún bien jurídico a tutelar. En todos los países democráticos existe la libre participación de los ciudadanos, que les permite, fieles a sus convicciones, participar en la construcción democrática, mediante su postulación, sin cortapisa alguna, sin tener que pertenecer a grupos o partidos que han cambiado su orientación de modo inaceptable para ellos. Los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República, en particular con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la interpretación que de los mismos han hecho los órganos encargados de su aplicación. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 25 que: ‘Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2o. (sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social), y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.’. Por su parte, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: ‘1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y. c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso penal.’. En opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento del mencionado Pacto Internacional, cualquiera que sean las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos político-electorales ‘deberán basarse en criterios objetivos y razonables’, toda vez que ‘el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la aplicación e interpretación de la Convención Americana, ha estimado que: ‘La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos (consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana) no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.’-Por su parte, los artículos 29 y 30 de la Convención Americana establecen: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. En conjunto, tal como ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia internacional, los derechos fundamentales de carácter político-electoral no son derechos absolutos o ilimitados sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que las mismas estén previstas en la legislación, no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Restricciones que deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la Constitución y en los propios tratados internacionales. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estimado que las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones para el ejercicio del derecho de voto pasivo que establezca la ley deben respetar el contenido esencial de este derecho fundamental previsto en la Constitución Federal, así como en la Constitución Local y en los tratados internacionales respectivos, y han de estar razonablemente armonizadas con otros principios o derechos fundamentales de igual jerarquía, como el principio de igualdad. En todo caso, tales requisitos o condiciones deben establecerse en favor del bien común o del interés general como se prevé en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por México (SUP-JDC-713/2004). Por tanto, el restringir el derecho a ser votado por no formar parte de un partido político, afecta el libre ejercicio de ese derecho, porque impone una obligación al ciudadano de manera desproporcionada e irracional: Tener que pertenecer a un partido político, para estar en condiciones de ser postulado a un cargo de elección popular. La norma que se cuestiona carece de razones y fundamentos suficientes de lesividad del sistema político, que justifiquen la restricción de un derecho fundamental. Pues no prueba que exista un ataque concreto a bienes fundamentales de tipo individual o social en los que se base la democracia, tampoco se ve que prohibiendo tal circunstancia de participar como candidato ciudadano, sea útil e idóneo para evitar daños al sistema de partidos, la finalidad constitucional de la libertad política implica el derecho de todo ciudadano de participar en la política en la forma que desee. Ello es así, pues la norma en cuestión implica una violación al derecho de ser votado, porque obliga a los ciudadanos a pertenecer necesariamente a un partido político para ejercer sus derechos político- electorales. Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-695/2007 con relación al derecho constitucional de ser votado realizó las consideraciones siguientes, que son aplicables en lo conducente al concepto de invalidez planteado: ‘Esta Sala Superior ha considerado que el derecho político-electoral de ser votado es un derecho fundamental previsto y reconocido constitucionalmente, así como por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, razón por la cual la interpretación restrictiva debe hacerse únicamente en los supuestos previstos en la Constitución Federal, esto es, los derechos otorgados por la máxima ley se entienden enunciativamente, mientras que las restricciones solamente deben verse de forma limitativa’. En este sentido, la interpretación lleva a aplicar lo dispuesto en el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Federal, por ser el precepto que maximiza y potencializa el ejercicio del derecho fundamental de ser votado, se corrobora si se acude al método de interpretación in dubio pro homine o pro libertate, que tiene como directriz favorecer a la libertad en caso de duda, esto es, implica considerar a la libertad como uno de los valores de la mayor importancia en un Estado de derecho, si se tiene en cuenta que los principios son las piezas más importantes del sistema jurídico, puesto que representa el poder en el campo de acción del individuo necesario para su desarrollo y autorrealización, lo cual redunda en beneficio de la sociedad, y como tal, constituye un freno al Poder del Estado, para impedir los abusos de los gobernantes. Es por ello que en un Estado de derecho, la tendencia en los ordenamientos jurídicos y la interpretación jurídica apunta a lograr la mayor libertad posible en el ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados, de manera que el Juez debe resolver mediante la aplicación de la norma que mejor proteja la libertad, o que la haga posible en mayor medida. Semejante postulado descansa en la naturaleza de los derechos de carácter fundamental reconocidos por el ordenamiento, como zonas o espacios de inmunidad cuya finalidad es asegurar la libertad y seguridad jurídica de los individuos frente a los poderes públicos, y de manera particular respecto de los derechos de participación política, en especial el de sufragio en sus dos vertientes, -la de votar y ser votado- que constituyen la piedra angular de todo sistema democrático, pues permiten la necesaria conexión y eventual identificación entre el ciudadano y la autoridad, por lo que constituye un presupuesto indispensable garantizar, en principio, que todo ciudadano esté en aptitud de ejercer el derecho de sufragio en las elecciones populares que se celebren para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales o municipales, sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento o discapacidad. El ejercicio del poder político y el punto de partida para la legitimación de dicho poder, no puede atribuirse a unos cuantos, sino a todos los miembros del pueblo en común y del mismo modo, al encontrarse fundamentado el sistema democrático en la libertad y autodeterminación de cada uno de los individuos que conforman la comunidad, de ahí que tiene que tratarse de una libertad igual y de una autodeterminación para todos. De tal suerte, en sí mismo considerado, el ejercicio válido de un derecho de participación política no admite servir de base para que se impida su posterior ejercicio, porque desnaturalizaría su calidad de derecho de libertad y de autodeterminación, además de que se estaría imponiendo una carga con dicho ejercicio, lo que inhibiría su eficacia, con la consecuente enervación o menoscabo de su virtualidad como derecho de carácter fundamental. Por último, con la aprobación, promulgación y entrada en vigor del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desconoce a los más de veinte millones de mexicanos que se encuentran fuera del ámbito de participación de los partidos políticos nacionales. Se pretende sustentar la validez de la exclusiva participación ciudadana, solo a través de los partidos políticos, con el argumento de que con ello se propicia, una equilibrada representación política de los mexicanos en las elecciones, no obstante, la representación que hoy tiene su expresión en los partidos políticos, nos la hemos dado los mexicanos, justo para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, por ello resulta absurdo y una falta de congruencia política, legislar para que ahora los derechos de los ciudadanos deban supeditarse, por ley, a los derechos y facultades de los partidos políticos. El interés público que tutela la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y por consiguiente las leyes secundarias que de ella emanan, no es el interés de los partidos políticos, sino de los ciudadanos que conforman nuestra nación. Con motivo de los razonamientos anteriormente expuestos, me permito llamar su atención, sobre los siguientes preceptos constitucionales que contraviene el código en comento: 1. Los artículos 35, 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen en lo que nos interesa: ‘Artículo 35.’. ‘Artículo 39.’. ‘Artículo 40.’. ‘Artículo 41.’-‘Artículo 115.’. ‘Artículo 116.’ (se transcriben). Interpretando los anteriores preceptos constitucionales, podemos razonar concluyentemente que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, entendido este como el conjunto de ciudadanos mexicanos que tienen en todo tiempo el inalienable derecho de alterar su forma de gobierno. El Constituyente Mexicano de 1917, define en nuestro país la existencia de una forma de gobierno republicana, infiriendo que el pueblo soberano es quien renueva periódicamente al titular o a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la Federación y de los Estados. La disposición constitucional en comento, que convierte a la República mexicana, en representativa, se traduce en el hecho de que es el pueblo quien elige, mediante los instrumentos político-electorales establecidos, a una o a un grupo de personas que, tendrá la legítima representación popular. El código que se impugna, incumple con los principios básicos antes referidos, violando la esencia misma de la soberanía nacional, pues el decreto que le da origen, rompe con el Sistema Jurídico Electoral, previsto en el artículo 41 constitucional, y con las prerrogativas del ciudadano, establecidas en el artículo 35, fracción II. Tercer concepto de invalidez. Se hace consistir en lo que denomina en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como Coaliciones, porque con ello se vulneran los principios de Libertad de Asociación y Participación Política, consagrados en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La causa de pedir se hace consistir en la invalidez de los artículos 95, numerales 9 y 10, y 96, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como se verá a continuación:

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    "Se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que independientemente del tipo de elección, convenio y términmos que adopten los partidos políticos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; argumentando que los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para, cada uno de los partidos políticos, para todos los efectos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Llegando al extremo de disponer en el numeral 5 del artículo 96, que cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida. Estas normas se estiman inconstitucionales, porque atentan contra de la libertad de asociación, al no permitir que los partidos políticos libremente convengan su participación política en una elección, mediante la figura de la coalición, ya que le imponen a esta, límites, prohibiciones y modalidades que van en contra del derecho fundamental de participación, asociación política y expresión del voto, trastocando los principios de seguridad jurídica y de certeza. Este derecho de asociación, según ha dispuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe interpretarse en forma extensiva para tutelar derechos fundamentales de los mexicanos, en consecuencia, las coaliciones deben tener la mayor libertad para que los partidos políticos que las integran definan sus alcances siendo sus fines lícitos en el marco del Estado democrático de derecho. El derecho de asociación es la base para la conformación de partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones electorales. Al respecto señala el mencionado Tribunal en tesis relevante: ‘DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.’ (se transcribe). Lo anterior es así, toda vez que los artículos 95 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resultan contradictorios con el derecho a formar coaliciones, consagrado en el artículo 36, numeral 1, inciso e), del Código Electoral, como son fundamentalmente, la imposibilidad de que exista un emblema de la coalición, que lo diferencie y distinga de los demás partidos y coaliciones; la imposibilidad de pactar la manera en que se distribuirán los votos, que solo se justifica cuando se realiza con antelación a cualquier elección, pero de ninguna manera con posterioridad a la emisión del sufragio; el financiamiento y los espacios legislativos, y sobre todo, llegar al extremo de permitir la transferencia de votos de un partido político a otro de manera arbitraria, afectando rotundamente los principios del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Sobre esto último, la transferencia de votos de un partido político a favor de otro que alcanzó el uno por ciento de la votación requerida, con el fin de aumentar su porcentaje de votación, es inconstitucional, porque afecta el régimen de partidos y las reglas democráticas de la contienda electoral. El artículo 54 de la Constitución establece que para tener derecho a diputados de representación proporcional, un partido político debe obtener por lo menos el dos por ciento de la votación requerida, sin embargo, con la disposición contenida en el artículo 96, numeral 5, se pretende conformar de manera ilegal el dos por ciento requerido para que un partido conserve su registro, a pesar de haber obtenido una votación menor, por lo cual existe una clara violación a los preceptos constitucionales invocados. En el artículo 41 constitucional, se establece que los partidos políticos, tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática y como organización de ciudadanos, contribuir a la integración de la representación nacional. Esto, significa que los partidos tienen derecho a ejercer una libertad política para obtener el sufragio popular, que es la base de toda representación. Luego entonces, el derecho que tiene cada partido político a participar, se debe regir conforme a las libertades fundamentales que emanan de la Constitución, y si la ley establece la forma en que los partidos políticos pueden intervenir en los procesos electorales, esta reserva de ley tiene que sujetarse a los principios constitucionales que orientan las libertades y las finalidades de esas organizaciones de ciudadanos debidamente constituidas, por ello, el criterio que debe prevalecer, es el que toda regulación de la libertad política de participación y asociación de los partidos en el régimen de las coaliciones, se sustente en la voluntad de las partes, siempre y cuando esta sea lícita y no afecte el derecho de terceros. La doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, señalan que se debe entender al convenio de coalición, como el acuerdo escrito de dos o más partidos políticos, para unirse temporalmente durante un proceso electoral determinado, partiendo de una declaración de principios afines, de un programa de acción y de unos estatutos, con la intención de presentar ante los ciudadanos, mediante un emblema común, una plataforma electoral, un programa legislativo y de gobierno, tendientes a postular candidatos a los cargos de elección popular de que se trate, y determinando la manera cómo habrán de asignarse, de manera previa a la elección, los porcentajes correspondientes. En este sentido, el artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pretende suplantar la figura de la candidatura común con la de las coaliciones, desnaturalizando su propósito esencial, que es la suma de fuerzas políticas, para actuar como un solo partido, en un proceso electoral determinado, con candidatos, emblema y estrategias compartidas. La candidatura común, por su parte, implica que una misma persona pueda ser candidato de uno o más partidos políticos sin la necesidad de que exista una coalición electoral (es decir, un convenio donde se establezcan programas y principios de los participantes en los comicios, y porcentajes de distribución de financiamiento, votos y espacios en los órganos legislativos); por consiguiente, esta nueva normatividad electoral resulta inconstitucional, porque en realidad desaparece la figura de la coalición para limitar, prohibir y restringir la autonomía de los partidos y la libertad del derecho de asociación para participar libremente en la integración de la representación nacional, al determinar que cada uno de ellos, tenga que aparecer en la boleta electoral con su emblema, lo que propicia confusión entre el electorado y por ende la falta de certeza, amen de que se tengan que contabilizar independientemente los votos, pero con la salvedad de que si son cruzados ambos emblemas de los partidos coaligados, el voto es nulo, como lo establece el artículo 273 numeral 3 de la ley que se impugna. Por todo ello, es pertinente mencionar los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘COALICIONES. SE DIFERENCIAN POR SU NOMBRE Y, PREPONDERANTEMENTE, POR SU EMBLEMA Y COLORES.’ (se transcribe). ‘EMBLEMA DE UN PARTIDO POLÍTICO. SU OBJETO JURÍDICO.’ (se transcribe). ‘EMBLEMA. SU OBJETO JURÍDICO NO CAMBIA RESPECTO DE UNA COALICIÓN.’ (se transcribe). Concluyendo podemos decir que la ley debe garantizar, a partir de los principios constitucionales que hemos mencionado, la libertad de los partidos a coaligarse, definir libremente su emblema y su forma de identificarse ante el electorado, así como los acuerdos previos a la elección, sobre como contabilizar los votos de la coalición, porque no hay razón constitucional válida, para limitar esta libertad que tiene un objeto lícito, no daña a terceros ni perturba el orden público. Es por eso que se hace necesario, en uso de las facultades constitucionales con que cuenta el más Alto Tribunal de la nación, analizar si los principios rectores que en materia electoral se instituyen en el Pacto Federal, se cumplen debidamente y en su caso se precise la figura de la candidatura común y se reglamente correctamente la figura de la coalición. Por las razones antes expuestas, se deja de manifiesto lo inconstitucional y el carácter lesivo hacia el sistema de partidos de la legislación que se menciona, y como consecuencia de ello, solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de los artículos invocados. Cuarto concepto de invalidez. Se hace consistir en el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, por el que a los partidos políticos nacionales, se les sustrae el derecho para determinarse, conforme a su proyecto político, en relación al uso de tiempos en los medios de comunicación masiva de radio y televisión. Con el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, se vulnera el principio democrático de representatividad, en el sentido de que las elecciones dejan de ser auténticas y equitativas, en términos de lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Constitución General, en la parte respectiva y se vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer a las diferentes fuerzas políticas, en igualdad de circunstancias, todo ello afectando la esfera jurídica de los propios ciudadanos y de los partidos emergentes, como el que represento, como se verá a continuación: Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Acceso a Radio y Televisión. Marco Legal. Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, que reformó entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    Ver cuadro comparativo 3

    "El principio constitucional de elecciones auténticas, implica que las diferentes fuerzas políticas, estén en aptitud de tener acceso a los medios masivos de comunicación, en condiciones de una efectiva y equitativa competencia electoral. En este apartado, al establecerse la norma en el sentido de que, una vez distribuido el treinta por ciento del tiempo en radio y televisión en forma igualitaria, el setenta por ciento restante se distribuirá en proporción al número de votos que hayan obtenido las diversas fuerzas políticas en la elección de diputados federales anterior, con ello, resulta evidente que los partidos políticos recientemente constituidos, o bien denominados emergentes o de nueva generación, compiten, a partir de lo establecido por el Poder Constituyente Permanente en condiciones de inequidad en su contra, toda vez que no podrán ser igualmente observados y calificados por el electorado, que aquéllos partidos políticos tradicionales, que obviamente por su longevidad tienen mayor posibilidad de acceso y mayor tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación. Lo anterior significa que en agravio de los partidos emergentes y de la propia ciudadanía receptora de la información en los medios masivos de comunicación se violenten los principios de autenticidad en las elecciones y de equidad que enmarcan nuestro régimen constitucional, particularmente en la fracción I y II del artículo 41 de nuestra Carta Magna así como el 116, fracción IV, inciso I. En ese sentido, ese honorable Tribunal de la Nación, ha establecido en la ejecutoria emitida con motivo de la acción de inconstitucionalidad 5/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, el siguiente criterio: ‘... la equidad en materia electoral, para la obtención de recursos y demás elementos para el sostenimiento y la realización de los fines de los partidos políticos, estriba en el derecho igualitario consignado en ley para que todos puedan alcanzar esos beneficios, y no por el hecho de que, cuantitativamente hablando y por sus circunstancias particulares, un partido pueda o deba recibir más o menos cantidad de esos elementos o recursos. ...’. Por lo que resulta obvio que el código comicial hoy combatido, mediante la presente acción de inconstitucionalidad, contravenga lo establecido por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de mérito, vulnerando flagrantemente el principio de equidad contenido en el artículo 116, fracción V, inciso f), de la Carta Magna, lo que constituye la inconstitucionalidad de las normas materia de la presente acción de inconstitucionalidad. Los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, según el artículo 41 de la Constitución Federal que los define además como ‘instituciones constitucionales’ tienen derecho a contar con las condiciones mínimas para el cumplimiento de su objeto y desarrollo de su función al ser intermediarios y representantes de amplios sectores de la población, de tal manera que de conformidad con el mencionado precepto constitucional, la ‘ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades’, destacando lo relativo al financiamiento público. Al respecto Saúl F. Rodríguez en la publicación del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua Quid Juris, Año I, Volumen 4, en su ensayo ‘Financiamiento público a partidos nacionales en el ámbito estatal’ expresa sobre la salvaguarda de nuestra Ley Fundamental a las instituciones partidarias que ‘... la constitucionalización de los partidos políticos de 1977 en nuestro país tuvo, entre otros objetivos, consagrarlos como entidades de interés público que tuvieran como finalidad el fomentar la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país; contribuir a la integración de la representación nacional; hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público; y transparentar a través de la regulación legislativa el funcionamiento de los mismos ... En el Diario de Debates del Congreso de la Unión, de 6 de octubre de 1977, en relación a la reforma constitucional en comento, se afirma que: «el carácter de interés público que la iniciativa reconoció a los partidos hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que éstos requieran en su acción destinada a recabar adhesión ciudadana» (Diario de los Debates, 6 de octubre, 1977, p. 106). Luego, es con base en la reforma en comento que nace el sistema de financiamiento ...’. En este punto, resulta importante resaltar la necesidad de que los partidos políticos nacionales, cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades, como son las prerrogativas y entre éstas, además del financiamiento, el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación, que genere igualdad de oportunidades -guardadas las proporciones-, para acceder al poder. Lo que significa que todos los institutos políticos constituidos legalmente tengan garantizada la obtención de dichos elementos, para estar así en aptitud de participar en la construcción de la vida democrática del país. Desde esa tesitura, propósito del Estado mexicano ha sido, el establecer en la legislación electoral -con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Federal. Lo referente a la figura de las prerrogativas de los partidos políticos. Dicha circunstancia, como lo señala Francisco José de Andrea Sánchez, ‘se justifica por diversos problemas que se presentan en los hechos, como son: a) los escándalos políticos; b) una preocupación por dotar de principios éticos y morales a la política; c) los crecientes gastos en medios de comunicación, de las campañas políticas necesarias para acceder a los cargos populares en un mundo de creciente complejidad tecnológica y mediática; d) la influencia perniciosa de la delincuencia organizada en las actividades políticas contemporáneas, y; e) la existencia de grandes capitales corporativos o individuales que buscan favorecer sus intereses económicos a través de contribuciones desproporcionadas a las campañas y partidos políticos’. Para entender en su exacta dimensión el asunto que nos ocupa, se debe hacer mención, al motivo que lo origina, y en este sentido, llamar la atención a lo que representa el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, cuyo destino excesivo a los medios de comunicación, concretamente a la radio y la televisión, propició supuestamente, las disposiciones cuya invalidez se demanda. Al destacar la importancia del financiamiento público en la consolidación del sistema de partidos políticos en México José de Jesús Orozco Henríquez y Carlos Vargas Baca en su texto ‘Regulación jurídica de los partidos políticos en México’ han señalado: En efecto, es innegable que el financiamiento público ha permitido establecer un verdadero sistema de partidos políticos cada vez más competitivo, pues si dicho financiamiento no existiera, muchos de los partidos políticos estarían condenados a perder en las elecciones e incluso su registro (al no obtener, al menos, 2% de la votación en alguna de las elecciones federales), en tanto que contarían con menos recursos para realizar sus actividades proselitistas en comparación con los partidos políticos más fuertes, lo cual les cerraría toda posibilidad de obtener algún triunfo, dejando fuera corrientes o tendencias políticas existentes dentro de la sociedad. Inclusive, se podría propiciar que se buscara el apoyo económico de intereses ilícitos o contrarios a la nación’. Por su parte José Woldenberg en su conferencia ‘Relevancia y actualidad en la contienda’ dictada en el ‘Seminario Internacional sobre Dinero y Contienda Político-Electoral: Retos para la Democracia’ expuso que ‘el dinero de los partidos políticos es un asunto relevante no sólo por las cantidades implicadas o por sus fuentes de origen, sino porque los partidos se han vuelto la columna vertebral del Estado democrático. ... los asuntos del financiamiento a los partidos han sido motivo de inestabilidad y crisis en muchas democracias del mundo: gobiernos enterrados por escándalos que los implican en operaciones financieras delictivas, ex-presidentes o primeros ministros que pelean por eludir la acción de la justicia, ministros cesados por acusaciones en su contra, partidos al borde de la desaparición, y sistemas políticos enteros precipitados por causa de ilícitos financieros. No se exagera cuando se refiere al financiamiento de los partidos como un tema absolutamente central no sólo para los propios partidos políticos y para su influencia, prestigio e implantación social, sino, lo que es más importante, para la legitimidad y la salud del sistema democrático mismo ...’. Al referirse al aspecto del financiamiento público Woldenberg expresó: ‘La intención es conjurar hasta donde sea posible los riesgos palpables que entraña para la competencia democrática que los partidos puedan ser prisioneros de grandes agentes del mercado o, incluso, de grupos de interés que operan al margen de la legalidad. Se trata de que los partidos estén protegidos de las presiones corporativas e ilegales que podrían proceder de su dependencia financiera con centros o grupos de poder económico, social o institucional ...’. Es ‘inviable, dijo, pensar en un modelo autosustentable de los partidos políticos, sin subsidio directo del Estado’. En ese contexto, la disminución de prerrogativas para los partidos políticos minoritarios o de nueva creación, se da desde los espacios parlamentarios ocupados por partidos antagónicos precisamente mayoritarios, mediante la aprobación de disposiciones que resultan atentatorias del pluralismo y contrarias a nuestra Constitución Federal, en ese sentido, el propio Woldenberg expresó en la conferencia citada: ‘Cabe apuntar que puede darse el caso en que los partidos existentes bloqueen el acceso de nuevas opciones a la competencia electoral y por tanto al financiamiento público, lo que puede crear una suerte de pugna entre in-siders y out-siders de la arena electoral. Este riesgo es permanente en tanto que son los partidos con mayor presencia en el parlamento, los que legislan los requisitos de incorporación en la contienda electoral y la permanencia en ella’. Ahora bien, aplicando los razonamientos anteriores, al nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, podemos entender la manera en que a los partidos políticos nacionales llamados emergentes, se les sustrae el derecho para determinarse, conforme a su proyecto político, en relación al uso de tiempos en los medios de comunicación masiva, encareciendo su acceso, mediante la aplicación del criterio del setenta por ciento según el porcentaje de votación obtenida en la elección para diputados federales inmediata anterior. Situación que se podía entender, solo con respecto del financiamiento público, pero que no debe ser aplicable al acceso de la radio y la televisión, partiendo de que, cuando se participo en la pasada contienda electoral del año dos mil seis, mi partido, al suscribir el Convenio de la Coalición que se denominó ‘Por el bien de todos’, nunca imaginó que los porcentajes de votación pactados, repercutirían en un futuro inmediato, para determinar su acceso a la radio y la televisión, sobretodo en los subsecuentes procesos electorales, locales y federales, situación que se traduce en una intervención lejana de la equidad, porque visto de otra manera, los partidos que por mayoría aprobaron esta legislación, bien sabían del beneficio que les producía, como se puede apreciar en el cuadro comparativo que se presenta: Una vez analizado el marco legal, es importante establecer sus implicaciones e impacto.

    Ver implicaciones e impacto

    "Las reformas constitucional y legal en la materia, consumadas por las tres fuerzas con mayor representación en el Congreso, constituyen una absoluta inequidad para el acceso a los medios de radio y televisión, a que tienen derecho los partidos políticos como prerrogativa, porque impiden flagrantemente el desarrollo democrático de nuestro país, denotando un retroceso histórico en su afán de perpetuarse en el poder y nos colocan en una clara desventaja, para competir en los procesos electorales federales y locales. Como ejemplo de la total e injusta proporción en la distribución de los tiempos en radio y televisión, se menciona lo siguiente: En precampañas electorales, mientras el partido en el poder transmitirá 5 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, nosotros los partidos llamados emergentes sólo tendremos un promedio de 1 minuto y medio, que significa una proporción de casi 4 a 1, y que en radio representan más de 59 mil minutos en contra de 15 mil minutos que transmitiremos nosotros y de igual manera en televisión 4,200 minutos contra 1,100 minutos. En campaña electoral, de igual manera se mantiene esa desproporción, siendo en radio más de 200 mil minutos contra 54 mil minutos, así como en televisión que será de más de 14 mil minutos contra menos de 4 mil minutos. En su conjunto y traducido a horas el partido en el poder transmitirá durante el proceso electoral, tanto en radio y televisión, más de 280 mil minutos y nosotros solamente 75 mil minutos. Es por ello, que se debe resolver que en todo caso, resultaría procedente su aplicación, hasta el proceso electoral del año dos mil doce, una vez que mi partido y todos los llamados emergentes, participen en la contienda electoral del año dos mil nueve, en igualdad de circunstancias, sabedores que el porcentaje de votación que obtengan en la elección de diputados federales, será determinante para su acceso, en la medida del setenta por ciento, a los medios masivos de comunicación de las subsecuentes elecciones, tanto federales como locales. Quinto concepto de invalidez. Se excluye del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el otorgamiento de financiamiento público por concepto de actividades específicas, en la forma en que se encontraba establecido, otorgando en su lugar a los partidos políticos, recursos públicos para esos fines, en proporción del treinta por ciento en forma igualitaria y setenta por ciento en relación a la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político, con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, favoreciendo con ello a los partidos mayoritarios que aprobaron dicha reforma; violentando con ello, los artículos 14, 16, 41, fracciones I, y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de los artículos 3o., párrafos 1 y 2, 36, párrafo I, incisos b) y k), 78, párrafo 1, inciso c), fracción I y 105, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior en virtud de que mi representado, fue privado del derecho que le asiste de continuar en el ejercicio de las actividades específicas, en la forma, cantidad y calidad en que lo venía haciendo desde el momento en que obtuvo su registro como partido político nacional, trastocando con la determinación que se combate, el principio de seguridad jurídica y los principios rectores del derecho electoral. Además de que se controvierte la finalidad de mi representado, de promover la participación del pueblo en la vida democrática, y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postule. A continuación se presenta en forma esquemática, la disposición a que en este apartado se refiere:

    Ver esquema

    "Por lo anterior, me permito formular las siguientes consideraciones: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, base II, inciso c), mandata que el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la Educación y Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. Pero injustamente establece que el treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados, por mayoría relativa inmediata anterior. A su vez, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 78, párrafo I, inciso c), establece que el financiamiento público para actividades específicas que realicen los partidos políticos nacionales como entidades de interés público se calculará de la siguiente forma: ‘I. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este código, conforme a las disposiciones siguientes: ... c) Por actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado, esto es: - El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. - El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior,’. Lo que resulta desproporcional y eniquitativo (sic) atendiendo a que Convergencia, desde que obtuvo su registro como partido político nacional, en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el día treinta de junio del año de mil novecientos noventa y nueve, se avocó a la tarea de realizar las actividades específicas que por disposición constitucional y legal le correspondían, como son la promoción de la educación y capacitación cívica, la investigación política y socioeconómica, así como la edición de diversas publicaciones, que en su oportunidad, fueron, previa validación de su contenido, subvencionadas mediante el financiamiento público, en los términos del reglamento respectivo, con apoyos del rubro del setenta y cinco por ciento de los gastos comprobados y que se erogaron para promover la participación del pueblo en la vida democrática; actividades específicas que otros institutos políticos desdeñaron y nunca ejercieron en la medida de los recursos públicos que recibían. A continuación se presenta el comportamiento que han tenido los partidos políticos nacionales, en el rubro de las actividades específicas, desde su creación como parte fundamental del financiamiento público, atendiendo a la naturaleza y finalidad de las mismas, resaltando el ejercicio realizado por mi representado, desde el momento de su registro como partido político nacional, primero como Convergencia por la Democracia y posteriormente como Convergencia; llamando la atención de ese honorable tribunal, que con la aplicación de la fórmula ya señalada y la distribución que de ella se origina, parecería que se privilegia a quienes no cumplían con la obligación constitucional y legal de efectuar actividades específicas y se desmerece al partido que las realizaba, esto es a mi representado, quien siempre tendió a su incremento, a pesar de contar con menores recursos, lo que convierte a la disposición en atentatoria de los principios rectores del derecho electoral y de la seguridad jurídica, por carecer de una debida proporción en atención a lo que aquí se señala:

    Ver tabla 1

    "Con lo que se demuestra la indebida interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza en su artículo 41, que los partidos políticos nacionales cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades; así como la ilegal aplicación que de ello se hace en el Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, donde se encuentra previsto el derecho de gozar de las garantías que ese cuerpo normativo les otorga, con el fin de estar en condiciones de realizar sus objetivos; lo que se violenta con las nuevas disposiciones en la materia, porque se deja de aplicar una distribución proporcional y equitativa, acorde al principio de seguridad jurídica, esto es cubrir el setenta y cinco por ciento de la erogación de las actividades específicas realizadas, previa aprobación de las mismas, otorgando en su lugar ahora por ese concepto, un financiamiento desmedido, sobretodo a los partidos políticos mayoritarios, sin tomar en cuenta el escaso ejercicio que la mayoría de ellos hizo, de esa obligación constitucional y legal. Lo que nos lleva a considerar que cuando se aprobó por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el diecinueve de diciembre del año dos mil cinco, el convenio de coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, denominada ‘Por el bien de todos’, en donde se estableció el porcentaje de la votación que le correspondería a cada uno de ellos, sólo se entendía que dicho porcentaje repercutiría en el financiamiento público ordinario que recibiría mi partido, mas no para la estimación de cualquier otra prerrogativa; esto se convino de la siguiente manera: ‘Por el bien de todos’. ‘i) Por cuanto a la cláusula décima del referido convenio de coalición, se establecen los criterios mediante los cuales se determinan los porcentajes de votación que para cada partido político se distribuirán de la votación que obtenga la citada coalición, conforme a la tabla y criterios siguientes:

    Ver tablas y criterios

    "Luego entonces, del 29% de la votación nacional emitida, correspondió el 18% al Partido de la Revolución Democrática, el 5.80% al Partido del Trabajo y el 5.20% a Convergencia, porcentaje se convierte (sic) indebidamente, en la nueva distribución para mi representado, del financiamiento público por concepto de actividades específicas, cuya inaplicación se demanda, precisamente porque no fue pactado de esa manera y estimarlo así, rompe con la manifestación de voluntades expresada por las parte en el convenio de referencia, originando situaciones fácticas que violan el principio de certeza, bien jurídico que se debe salvaguardar, además de que con ello se benefician sobretodo los partidos mayoritarios que aprobaron la nueva legislación, como se puede apreciar a continuación:

    Ver tabla 2

    "El monto del financiamiento público por concepto de actividades específicas, relativas a la Educación y Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Política, así como a las Tareas Editoriales en el año 2008, es por tanto de $76'157,226.51 (setenta y seis millones ciento cincuenta y siete mil doscientos veintiséis pesos 51/100 M.N.), y se distribuirá de la siguiente manera: el 30%, en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión y el 70%, según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político nacional con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en relación a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa inmediata anterior; por lo que a cada partido político nacional corresponden los importes siguientes:

    Ver importes

    "Por ello también considero, se debe resolver la aplicación de las normas referentes a este apartado del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hasta el proceso electoral del año dos mil doce, una vez que mi partido y todos los llamados emergentes, participen en la contienda electoral del año dos mil nueve, en igualdad de circunstancias, sabedores que el porcentaje de votación que obtengan en la elección de diputados federales, será determinante para su acceso, en la medida del setenta por ciento, al financiamiento por concepto de actividades específicas. Sexto concepto de invalidez. Se excluye en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento público ordinario, a pesar de provenir de una base constitucional, vulnerando con ello, los artículos 14, 16, 41, fracción V, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de los artículos 1o., numeral 2, inciso b); 3, párrafos 1, y 2o.; 5; 22; 24; 29; 33; 34; 35; 36, así como el 78 y 129 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las agrupaciones política nacionales, son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Representan la unión de diversos grupos sociales, que buscan un espacio de participación distinto al ofrecido por los partidos políticos, teniendo como reto que la sociedad civil se capacite y participe en la construcción de la cultura democrática, teniendo como ámbito de su gestión a la nación, en virtud de que su registro las obliga a tener una dimensión nacional en sus proyectos y una proyección de los mismos hacia los ciudadanos, ya que no tienen como tarea primordial, la conquista del poder, sino la construcción de una ciudadanía mejor informada y capacitada en la democracia. Desde su origen, se han convertido en los organismos intermedios, legalmente registrados, cuya actividad es ampliamente vigilada por la autoridad administrativa electoral, en donde miles de ciudadanos participan en la vida política de México, sin tener que militar en algún partido, porque muchos de ellos consideran que el trabajo partid (sic) en el Diario Oficial de la Federación no es la opción que buscan para actuar y opinar públicamente. Como se verá a continuación, el artículo 41, fracción III, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece expresamente que: ‘El Instituto Federal Electoral, tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, así como los derechos y prerrogativas de las agrupaciones políticas y de los partidos políticos ...’-Fue mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se estableció en el artículo 33 la naturaleza de las mismas, así como en el 35 el origen de su financiamiento, como se verá a continuación:

    Ver tabla 3

    "En cuanto al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de la manera siguiente:

    Ver tabla 4

    Como se podrá apreciar, la reciente reforma a la ley comicial emitida por el Congreso de la Unión, violenta disposiciones de orden constitucional, al modificar, alterar y disminuir derechos fundamentales, amén de los ya adquiridos; además de que con ellas se vulneran los principios de certeza y de seguridad jurídica, porque no aclaran en qué consisten ni los ‘derechos y prerrogativas’ de las agrupaciones políticas nacionales ni el ‘financiamiento público’ al que refieren. Adicional a lo anterior, privilegian la figura de ‘otras organizaciones’, sin establecer su naturaleza y ámbito de acción, organizaciones que carecen a diferencia de las agrupaciones políticas, de sustento legal, al no señalar requisitos mínimos para su constitución y participación, vulnerando con ello también, los principios de certeza y de seguridad jurídica, por la falta de proporción y de medida. Conforme a derecho, la interpretación que sobre leyes electorales se realice, no puede suplantar ni ignorar el Texto Constitucional. Por tal motivo, la interpretación puede llegar a determinar la inaplicabilidad de una norma del ordenamiento jurídico, cuando se oponga a la Constitución, pero nunca al contrario. Como en el cuerpo de este documento hemos señalado, no puede una norma secundaria, emanada de una reforma constitucional, violentar una máxima constitucional, que tutela derechos político-jurídicos fundamentales o prerrogativas adquiridas con anterioridad. Por otra parte, el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2008, establece en su artículo cuarto transitorio que ‘los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio’. Dicho régimen transitorio tiene como finalidad evitar efectos retroactivos en perjuicio de sujetos con derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ese sentido, el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio del año dos mil ocho, contempla el rubro correspondiente al financiamiento de las actividades de las agrupaciones políticas nacionales, según se desprende del Análisis Funcional Programático Económico del Ramo 22, sin más precisión que establecer recursos en la ley para ese fin determinado, que no pueden ministrarse a quienes tienen derecho a ello, hasta en tanto no se resuelva esta situación jurídica irregular. Corolario. Se le solicita del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de los artículos del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sean dependientes de las normas impugnadas, por violaciones a los principios rectores del derecho electoral, de libertad e igualdad de participación y asociación política; de autonomía partidista y voluntad de las partes que intervienen en un Convenio de Coalición; de voto directo e intransferible; de equidad, certeza y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 1o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se invoca: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la de la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido impugnadas, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el mismo vicio que la invalidada, su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer. Sin embargo, lo anterior no implica que este Alto Tribunal esté obligado a analizar exhaustivamente todos los ordenamientos legales relacionados con la norma declarada inválida y desentrañar el sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas debe ser clara y se advierta del estudio de la problemática planteada.’. Petición de interpretación conforme. Ahora bien, en caso de que este Alto Tribunal estime que esta causa de pedir es insuficiente para invalidar las normas que por medio de la presente acción de inconstitucionalidad se combaten, solicito se tenga a bien realizar una interpretación conforme de las disposiciones que aquí se cuestionan, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones, no signifiquen menoscabo alguno a la libertad, pluralidad y democracia. Petición de efectos de invalidez. Finalmente, se deben tener en cuenta, los efectos de la invalidez o la interpretación conforme, por lo que atentamente pido, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga a bien analizar el problema de sucesión de leyes. Pues si la norma se invalida y si no se hace una interpretación conforme, el problema reside en saber qué norma se va a aplicar. En tal sentido, me permito plantear lo siguiente: La regla general indica que toda norma invalidada de una reforma legal se deja sin efectos y, por ende, queda con efectos legales la norma que se pretendió reformar, porque se deja sin efectos la reforma. Pero aquí se presenta el problema que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior fue abrogado. Por lo que se hace necesario tener presente, el principio de vigencia inmediata, que ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sugiere que si la norma se invalida, debe quedar sin efectos la norma limitativa. Así como el principio de ultraactividad de la norma abrogada, que también ha sido conceptualizado por el Máximo Tribunal de la nación, cuyo significado estriba, en llevar los efectos de la norma anterior a la aplicación del caso concreto, en lo que favorece al peticionario. En todo caso, se solicita que se acuda a la doctrina procesal de la sucesión y conflictos de leyes, para que subsistan los efectos del régimen legal favorable. Se sustentan los antecedentes, hechos y conceptos de invalidez en las siguientes: Pruebas. 1. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, de fecha dieciocho de enero del año dos mil ocho, en la que se hace constar, que Convergencia cuenta con registro vigente como partido político nacional, por lo que se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley Suprema y el código de la materia señalan, misma que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 2. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil ocho, en la que se hace constar que el suscrito, se encuentra registrado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, misma que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 3. Documental pública: Consistente en la certificación de los estatutos de Convergencia, partido político nacional, que deberá expedir el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, al haberla solicitado mediante el oficio número RCG-IFE-026/2008 de fecha seis de febrero del año dos mil ocho; normatividad partidista, en la que se hace constar que el suscrito, cuenta con las facultades de representación del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, misma que se pide se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 4. Documental pública: Consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el día catorce de enero del año dos mil ocho. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 5. Documental pública: Consistente en la Ley para la Reforma del Estado y Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, solicitados al honorable Congreso de la Unión, mediante oficio número GPC/DDR/102/2008 de fecha siete de febrero del año dos mil ocho, suscrito por el senador Dante Delgado Rannauro, mismas que pido se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 6. Documental pública: Consistente en la edición de la Gaceta del Senado de la República, en la cual se publicó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, asimismo, la publicación del Diario de los Debates de la sesión del martes 4 de diciembre del año dos mil siete, en la que se discutió la aprobación de la misma, derogando el anterior, solicitada al presidente de la mesa directiva del Senado de la República mediante oficio número GPC/DDR/103/2008 de fecha siete de febrero del año dos mil ocho; que pido se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 7. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil ocho, referente al Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral Número CG10/2008, por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el año 2008, y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 8. Documental pública: Consistente en la certificación del Convenio de la Coalición denominada ‘Por el bien de todos’, formada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, que deberá expedir el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, por haberlo solicitado mediante el oficio número RCG-IFE-027/2008 de fecha ocho de febrero del año dos mil ocho, suscrito por el licenciado Gerardo Tapia Latisnere, representante propietario de Convergencia, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral; en la que se hace constar la voluntad expresada por las partes que intervinieron en dicho instrumento, misma que se pide se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 9. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representado, y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 1o., 2o., 5o., 6o., 7o., 59, 60, 61, 64 al 73 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional; a ustedes CC. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente pido: Primero. Tener por reconocida la personalidad y el carácter de quien suscribe, por establecido el domicilio señalado para recibir notificaciones y documentos, así como autorizados a los delegados que se mencionan. Segundo. Admitir la presente acción de inconstitucionalidad, promovida en contra de la expedición y promulgación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral, y que abroga el anterior; demandando la invalidez de los dispositivos legales que en el cuerpo del presente documento se mencionan. Tercero. Admitir en sus términos las pruebas que se mencionan. Cuarto. Dar vista a los órganos legislativos que emitieron la norma así como al órgano ejecutivo que la promulgó, a efecto de que rindan el informe que dispone el artículo 61 fracción II y 64 de la ley reglamentaria. Quinto. Poner los autos a disposición del Ministro instructor para la sustanciación de la presente acción de inconstitucionalidad. Sexto. Poner los autos a la vista de las partes por el término legal para que formule alegatos. Séptimo. Solicitar la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos del párrafo segundo del artículo le la ley (sic) reglamentaria. Octavo. Dictar resolución, declarando la invalidez de las normas impugnadas, ante la falta de conformidad de las mismas, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Noveno. Suplir las deficiencias de la presente acción de inconstitucionalidad.

  2. Partido Político del Trabajo.

    "Órganos responsables. Lo son las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, con domicilio en: Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc y Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, respectivamente, ambos en esta ciudad capital, que como autoridades aprueban la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abrogan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Lo es el presidente de la República, como autoridad que promulgó y publicó el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en mención en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008, quien tiene su domicilio en Residencia Oficial de los Pinos, ubicado en Avenida Parque Lira, sin numero, colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México, Distrito Federal. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada. Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión oficial de la nación, en su cuarta sección, de fecha lunes 14 de enero de 2008. Preceptos constitucionales violados. Lo son los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 14, 16, 35, fracciones I y III, 39, 40, 41, 51, 54, 56, 80, 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Procedencia. Ahora bien, es importante señalar que son aplicables las siguientes tres tesis de jurisprudencia respecto al control constitucional de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las legislaciones y normas secundarias: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, febrero de 1999. Tesis: P./J. 4/99. Página: 288. ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acción de inconstitucionalidad, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, la invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas. Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número 4/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.’. ‘Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, mayo de 2004. Página 1155. Tesis P./J. 27/2004. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la acción de inconstitucionalidad es el medio de control a través del cual podrá plantearse la no conformidad de una ley o tratado internacional con la Constitución Federal. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla. En consecuencia, el nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior, formal y materialmente, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad.’. ‘Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, junio de 2002. Página: 81. Tesis: P./J. 25/2002. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. ‘LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuando a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos de resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.’. Lo anterior se fundamentó en los antecedentes y conceptos de invalidez, siguientes: Antecedentes: 1. El día 5 de diciembre de 2007, en el Senado de la República se discutió el dictamen por el que se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se aprobó; en ese contexto, se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes. 2. Posteriormente, el día 11 de diciembre de 2007, se discutió en la Cámara de Diputados dicho dictamen, donde se aprobó en sus términos y se remitió al Ejecutivo Federal para sus respectivos efectos constitucionales. 3. Finalmente el día 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Los anteriores antecedentes dan lugar a los siguientes: Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez: Invalidez del nuevo régimen de coaliciones por violaciones a los principios de autonomía partidista, de la libertad de las partes en un Convenio de Coalición, de libertad y participación política, de asociación política, certeza, y de voto directo e intransferible consagrados en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra causa de pedir es la invalidez de los artículos 95, numerales 9 y 10, y 96, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en lo conducente dicen: ‘Artículo 95: 1. a 8. ... 9. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en este código. 10. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.’. ‘Artículo 96. ... 1 a 4. ... 5. Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida.’. Estas normas se estiman inconstitucionales porque coartan la libertad política de los partidos de convenir conforme a su libertad de participación política una coalición electoral como parte de los fines constitucionales de los partidos como entidades de interés público, ya que las normas que ahora se pretenden invalidar imponen límites y prohibiciones irracionales que menoscaban y van en contra del derecho fundamental de participar y asociarse políticamente para pactar lo que cada partido estime conveniente para ganar el sufragio popular en las elecciones libres y auténticas, siempre que el acuerdo político tenga un objeto lícito, no dañe a terceros y no vaya en contra de los fines constitucionales para los que están constituidos los partidos conforme a los artículos 1o., 5o., 6o., 7o., 9o. y 41 de la Constitución General de la República. Lo anterior es así toda vez que, los artículos 95 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, menoscaban la libertad de los partidos que se pretendan coaligar para convenir acuerdos electorales porque de entrada les impone condiciones inconstitucionales e inadmisibles e incluso contradictorias con el propio derecho a formar coaliciones consagrado en el artículo 36, numeral 1, inciso e) del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: (i) imposibilidad de un emblema de la coalición; (ii) imposibilidad de presentarse como un cuerpo unitario; (iii) imposibilidad de pactar la manera en que se distribuirán los votos, el financiamiento y los espacios legislativos; (iv) imposibilidad de presentar una sola lista de candidatos a cargos de representación proporcional para la Cámara de Diputados y el Senado de la República. (v) permite acordar aspectos marcadamente inconstitucionales como la transferencia de votos de un partido político a otro de manera arbitraria y afectando los principios del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. En efecto, conforme al artículo 41 constitucional establece que los partidos tienen como finalidad la participación política a fin de contribuir en la integra

    ión nacional. Esta finalidad significa que los partidos tienen derecho a ejercer una libertad política para buscar el sufragio popular que es la base de toda representación política. Luego, el derecho de cada partido a poder participar en una coalición se debe regir conforme a las libertades fundamentales que se sujetan a cuatro principios que emanan de la Constitución: ‘(i) Toda persona goza de las garantías que otorga la Constitución, sin que puedan restringirse o suspenderse sino en las condiciones que la propia Constitución establece (artículo 1o.). (ii) El Estado no puede permitir ningún convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de las personas (artículo 5o., párrafo quinto, de la Constitución). (iii) Toda persona tiene derecho a asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito (artículo 9o. de la Constitución). (iv) Las libertades no tienen más límite que el objeto lícito de la actividad: el daño a terceros (artículos 5o., 6o. y 7o. de la Constitución).’. De los principios señalados se puede colegir que los partidos para hacer efectiva la finalidad de su participación política en las elecciones, tienen que sujetarse a los principios que orientan estas libertades fundamentales. Esto es así, pues si bien los partidos políticos tendrán derecho a reunirse o asociarse para ejercer su libertad de participación política, siempre lo podrán hacer mientras su reunión o asociación tenga un fin lícito, asimismo su libertad de dedicarse a su actividad política tendrá como límite su finalidad lícita, el no daño a tercero o la perturbación del orden público; por tanto, la ley no debe darle efectos jurídicos a una libertad contractual en el régimen de los partidos que menoscabe las libertades de las personas. Es decir, los partidos tienen derecho a ejercer su libertad de participación política conforme a los principios antes dichos. En tal sentido, la libertad de los partidos involucra el derecho a pactar coaliciones en los términos que la ley establezca, sin embargo, la ley no puede establecer límites o prohibiciones que menoscaben los principios fundamentales que orientan las libertades políticas. En efecto, conforme a los principios anteriormente señalados, la ley no puede restringir o suspender la libertad de participación política de los partidos en las elecciones sino conforme a estos principios: 1) No puede establecerse en la ley que un convenio de coalición tenga por objeto el menoscabo de una libertad que sea necesaria para lograr la finalidad de un partido: la libertad de participar en una coalición para contribuir en la representación nacional. 2) La libertad de acordar una coalición para efectos electorales no puede tener más límite más que el objeto lícito, el daño a terceros o la perturbación del orden público. Luego entonces, si bien la ley establece la forma en que los partidos pueden intervenir en los procesos electorales conforme al artículo 41 de la Constitución, esta reserva de ley tiene que sujetarse a los principios constitucionales que orientan las libertades y las finalidades de los partidos, en donde uno de los criterios que deben regir toda regulación de la libertad política de participación de los partidos es que el régimen de los convenios en las coaliciones se sujeten a la voluntad de las partes, como ley suprema que debe regir la autonomía partidista: la libertad de cada partido y no una imposición legal que menoscabe la libertad de participación política, es la base para definir el régimen de las coaliciones para efectos electorales. Para efectos de nuestra concepción constitucional que aquí se defiende, el Convenio de Coalición debe entenderse, conforme a los postulados democráticos que establece nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución, como el acuerdo escrito de dos o más partidos para unirse temporalmente durante un proceso electoral determinado para, con base en una programa, declaración de principios y plataforma compartidos y sancionados por la autoridad electoral, postular candidatos a diferentes cargos de elección popular, determinando la manera cómo habrán de distribuirse entre los partidos coaligados los votos y los espacios políticos que alcancen durante esa alianza. El convenio tiene un fin lícito y se materializa por la voluntad de las partes para unir sus fuerzas electorales mediante acuerdos electorales, políticos y programáticos. Es una alternativa democrática de poder, mediante las estrategias, mecanismos y términos que los partidos consideren más adecuados con base en su autonomía y en su libertad. Esta definición está sustentada en tres principios constitucionales: Primero. El derecho de los partidos a participar libremente en una elección (artículo 41). Segundo. Esa libertad de participar se basa en la voluntad de cada una de las partes sin más límite que la finalidad lícita, el no daño a terceros o la perturbación del orden público (artículos 5o., 6o., 7o. y 9o.); y Tercero. Esta libertad de participación política para competir por el acceso al poder se rige bajo los programas, principios e ideas que postulan los partidos (artículo 41). Ahora bien, tomando en cuenta estos principios, debemos partir del supuesto que el artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pretende suplantar la figura de la candidatura común con la de las coaliciones, retomando el nombre de éstas y desnaturalizando el propósito esencial de las coaliciones electorales que es la suma de fuerzas partidistas, para actuar como un solo partido en un proceso electoral bajo un mismo programa y plataforma de principios y con base en candidatos, emblema y estrategia compartida, a partir de los principios constitucionales de la libertad política de los partidos que hemos señalado. Una coalición, en efecto, como lo destaca la doctrina es ‘un pacto o entendimiento entre agentes políticos diferenciados, con una finalidad específica y un horizonte temporal, para cumplir un objetivo determinado’ (Duverger y Óscar Bottinelli). La candidatura común, por su parte, implica que una misma persona pueda ser candidato de uno o más partidos políticos sin la necesidad de que exista una coalición electoral (es decir, un convenio donde se establezcan programas y principios de los participantes en los comicios, y porcentajes de distribución de financiamiento, votos y espacios en los órganos legislativos una vez que la coalición termine con el plazo para la que se construyó); en consecuencia, esta reforma resulta inconstitucional porque en realidad desaparece la figura de la coalición para limitar, prohibir y restringir la autonomía de los partidos y la libertad del derecho de asociación para participar libremente en la integración de la representación nacional, al obligar que cada partido tenga que aparecer con su emblema y tenga su propia contabilización de votos, cuando la libertad de unirse en coalición significa por esencia constitucional la posibilidad de que cada partido acuerde el esfuerzo electoral como uno solo para efectos del sufragio popular y, por ende, pacte la manera que mejor le convenga para distribuir porcentajes de votación para los efectos de la representación proporcional, el registro partidista y/o el financiamiento, sin que sea razonable conforme al principio de libertad de participación política de los partidos, limitar o prohibir que ellos puedan libremente pactar esas consideraciones, sin más límite que la libertad de las partes como ley y principios (sic) constitucional máximo que debe regir a las coaliciones. Por ende, resulta irracional y excesiva la imposición que hizo el legislador ordinario en esas disposiciones al prohibir que la coalición compita con un emblema específico y al imponer a los partidos ‘coaligados’ que ‘cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral’, afectando la autonomía partidista y la libertad de los partidos políticos para decidir libremente la manera como se asocian y el emblema que utilizan para participar en las elecciones federales. Pues la ley debe garantizar, a partir de los principios constitucionales que hemos mencionado, la libertad de los partidos de definir libremente cómo emplean su emblema y su forma de identificarse ante el electorado, así como la forma en que se contabilicen sus votos como coalición, porque no hay razón constitucional válida, para limitar esta libertad porque tiene un objeto lícito, no daña a tercero ni tampoco perturba el orden público. Ergo: 1) Son absurdas e ilógicas estas normas impugnadas por imponer una restricción que afecta la libre asociación partidista para ejercer el derecho a participar en la conformación política del Estado. 2) Son desproporcionadas e innecesarias porque no se prueba la lesividad a tercero o al sistema de partidos para poder justificar una restricción a estos derechos fundamentales. Huelga decir que la libertad que tienen los partidos en un régimen de coaliciones, a partir de un Estado democrático de derecho, la ley les debería permitir determinar por sus órganos partidistas competentes, competir bajo un emblema común, con una plataforma, programa, estatutos y candidatos compartidos. La ley no debe prohibirlo y si lo hace es una restricción inconstitucional que afecta la libertad de participación política de los partidos. Pues al prohibir inconstitucionalmente el artículo 95 que los partidos coaligados aparezcan con un mismo emblema afecta el principio de certeza porque imposibilita que los ciudadanos conozcan cabalmente a la coalición que participa en una contienda electoral, dañando su identidad y sus posibilidades electorales. Ya que el emblema es un elemento inherente a la actividad partidista que no se puede conculcar, al ser las coaliciones la expresión de una alianza de partidos que actúan como un solo partido en un proceso eleccionario, con lo cual es inconstitucional limitarles su derecho a participar con una identidad propia que les satisfaga según su propio acuerdo libre. Las coaliciones, en efecto, se distinguen esencialmente por su nombre y por su emblema; sin estos elementos se hace materialmente imposible caracterizarlas y diferenciarlas del resto de los partidos y coaliciones participantes. Luego entonces, al imponer la ley una norma que determina de manera específica una prohibición de identificar a una coalición conforme a la voluntad de las partes, sino que impone una forma individual porque cada partido se debe identificar conforme a su propio emblema, coarta indudablemente el derecho de los partidos a identificarse con un emblema común o con el emblema de cada partido, es decir, lo que se cuestiona de inconstitucionalidad es justamente la afectación a la libertad de los partidos a identificarse en una coalición conforme lo estimen conveniente y no conforme a una determinada forma que la ley señala en detrimento de la libertad de las partes. Al respecto son aplicables, para efecto de analizar la naturaleza y significado de una coalición, las tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se reproducen: ‘COALICIONES. SE DIFERENCIAN POR SU NOMBRE Y, PREPONDERANTEMENTE, POR SU EMBLEMA Y COLORES. La interpretación funcional de los artículos 56, y 58 a 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de las disposiciones análogas, como las contenidas en los preceptos 27, párrafo 1, inciso a); 38, párrafo 1, inciso d); 59, párrafo 1, inciso d), y 63, párrafo 1, inciso e), del citado ordenamiento; y la aplicación de los principios rectores de la materia electoral, principalmente el de certeza, permiten arribar a la conclusión de que las coaliciones, al igual que los partidos políticos, se diferencian de otras coaliciones e institutos políticos, no únicamente por su nombre, sino también y de manera preponderante, por su emblema y color o colores. Lo anterior en virtud de que al crearse las normas que se analizan, se pretendió que fuese el conjunto de tales elementos y no sólo uno en particular, los que caracterizaran a una coalición, para que la ciudadanía la pudiese diferenciar del resto de los contendientes en el proceso electoral. Recurso de apelación. SUP-RAP-039/99. Coalición Alianza por México. 7 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta

    Navarro Hidalgo. Secretario: Armando Ernesto Pérez Hurtado. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 103, Sala Superior, tesis S3EL 026/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 431-432.’. ‘EMBLEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. CONCEPTO. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no proporciona mayores elementos para definir el vocablo emblema, pero esta situación demuestra que el legislador al emplear dicha palabra lo hizo en la acepción que corresponde al uso común y generalizado, práctica que se observa dentro de otros ordenamientos legales que se sirven de la citada palabra, inclusive en actos administrativos y hasta en fallos de los tribunales, por tanto, de acuerdo a la bibliografía jurídica y general, el emblema exigido a los partidos políticos y a las coaliciones consiste en la expresión gráfica original formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna palabra, leyenda, lema, etcétera. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 130-131, Sala Superior, tesis S3EL 060/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 538.’. ‘EMBLEMA DE UN PARTIDO POLÍTICO. SU OBJETO JURÍDICO. De una interpretación sistemática y funcional del artículo 27, apartado 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el conjunto normativo del mismo ordenamiento, el emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos, y aunque resulte factible que mediante un emblema se pueda identificar a una parte de un todo, como suele ocurrir en los casos de las marcas, o pudiera considerarse aceptable que se identifique individualmente a ciertos miembros de una persona moral, sean sus directivos, afiliados, etcétera, en el ámbito positivo de la legislación electoral federal, el objetivo perseguido con el emblema es muy claro y muy concreto, y está consignado en la ley expresamente, de manera que la calidad representativa que le es inherente al concepto, debe encontrarse necesariamente en relación con la persona moral, el partido político nacional al que corresponda, o con el conjunto de éstos que se coaligan. Lo anterior se robustece sí se atiende a que con la formación correcta y adecuada y el uso permanente y continuo del emblema por parte de los partidos políticos en sus diversas actividades y actos de presencia, puede constituir un importante factor para que dichos institutos penetren y arraiguen en la conciencia de la ciudadanía, y esto a su vez puede contribuir para el mejor logro de los altos fines que les confió la Carta Magna en el sistema constitucional de partidos políticos, porque al ser conocidos y lograr cierto arraigo en la población, se facilitará de mejor manera que puedan promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir así a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se conforma el sistema electoral. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 132-133, Sala Superior, tesis S3EL 062/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 540-541.’. ‘EMBLEMA. SU OBJETO JURÍDICO NO CAMBIA RESPECTO DE UNA COALICIÓN. Las coaliciones de partidos políticos no constituyen fusiones de las que surja una nueva persona jurídica distinta a sus integrantes, sino sólo se trata de la unión de dos o más partidos políticos para contender unidos en una elección determinada, con candidatos únicos, principios, plataformas, programas de acción y estatutos comunes o únicos para esos efectos; por lo que el objeto del emblema no sufre modificaciones sustanciales respecto de las coaliciones, sino que en éstas, el carácter representativo e identificador para el que está dado el emblema debe comprender, en lugar de un solo partido, al conjunto de partidos que integren la coalición; de modo que tampoco en este caso resulta legalmente admisible la modificación del objetivo del emblema, para que en lugar de caracterizar y representar e identificar a los partidos coaligados, realicen una función distinta, consistente en identificar a una o varias personas físicas relacionadas con los institutos políticos, como pueden ser los candidatos. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 133-134, Sala Superior, tesis S3EL 064/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 542-543.’. ‘EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EN LA BOLETA ELECTORAL DEBEN APARECER CON UN TAMAÑO PROPORCIONAL Y EN UN ESPACIO DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL DE LOS DEMÁS. De la interpretación del artículo 205, párrafos 1, 2 y 6, en relación con los numerales 27, párrafo 1, inciso a); 34, párrafo 1; 38, párrafo 1, inciso d); 59, párrafo 1, inciso d); 61, inciso b); 62, párrafo 1, inciso b); 63, párrafo 1, inciso g); 198, párrafo 3; 227, párrafo 2; 229, párrafo 2 y 230, párrafo 1, inciso a), todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y disposiciones similares de los Estados, se desprende el imperativo de que todos los emblemas en una boleta electoral independientemente de que corresponda a un partido político en lo individual o al adoptado por una coalición de éstos, deben aparecer con un tamaño proporcional al de los demás y en un espacio de las mismas dimensiones, lo que se traduce en que el espacio destinado a cada uno de los emblemas correspondientes a los entes políticos contendientes debe ser el mismo, pero dependerá de la forma, diseño, así como las características particulares de cada uno de ellos el tamaño que tengan en el espacio que les fue destinado. Esto es, debe existir un espacio similar en la boleta electoral para cada uno de los emblemas correspondientes a los partidos políticos o coaliciones contendientes, lo que no significa que dichos emblemas tengan exactamente las mismas dimensiones, pues ello depende de sus características particulares, en razón de que los partidos y coaliciones se encuentran en la necesidad v aptitud de adoptar un signo visual, de cualquier género, que los identifique, represente y los distinga de otro partido o coalición, que debe consistir en la expresión gráfica original formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna palabra, leyenda, lema, etcétera, y tiene por objeto caracterizarlos representativamente, con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales y de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado. En consecuencia, ante la posibilidad de que, como emblema partidista se esté en presencia de signos o elementos visuales compuestos por las más variadas y disímbolas formas geométricas o artísticas, se requiere establecer puntos de comparación objetivos que hagan posible la confrontación entre los distintos emblemas, y así estar en posibilidad de destinar un tamaño proporcional en un espacio de las mismas dimensiones a cada uno, puesto que, de lo contrario, si se tomaran en cuenta los rasgos o características propias y únicas de cada emblema, sería imposible establecer una solución homogénea y uniforme. Recurso de apelación. SUP-RAP-044/2002. Partido Liberal Mexicano. 30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretaria: Liliana Ríos Curiel. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-037/2003. Convergencia. 10 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Sergio Dávila Calderón. Revista Justicia Electoral 2004, Tercera Época, suplemento 7, páginas 39-40, Sala Superior, tesis S3EL 007/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 543-544.’. De las tesis en cita, se advierte que el emblema tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a un partido político o coalición con respecto a otros y permitir al ciudadano -elector distinguir claramente las opciones para votar de manera informada y conciente con la certeza de las opciones que participan en un proceso eleccionario. La importancia de los emblemas en las coaliciones, según las tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se reproducen en este concepto de invalidez de la presente acción de inconstitucionalidad, es la siguiente: 1. Las coaliciones para diferenciarse y brindar certeza al electorado requieren tener un emblema que las caracterice y las distinga de las demás coaliciones o partidos. El emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, por el principio de la voluntad de las partes que rige la libertad política de los partidos. Por tanto, al eliminarse está (sic) posibilidad en la norma impugnada del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se vulnera y se infringe el principio de certeza consagrado en el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental y la libertad política de integrar la representación política conforme a la libertad de asociación. 2. Los emblemas permiten a las coaliciones penetrar y arraigar en la conciencia ciudadana para alcanzar los altos fines que la constitución les confirió a los partidos políticos. Al ser reconocidas las coaliciones por el electorado, en su calidad de alianza temporal de partidos políticos, por medio de una identidad común clara y visible pueden promover de mejor manera la participación del pueblo en la vida democrática contribuyendo así a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se conforma el sistema electoral. La prohibición que establece el artículo 95, numeral 9 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales a que las ‘coaliciones’ concurran a los comicios con un emblema único y que las identifique en consecuencia viola el artículo 41 de la Constitución Política de la República en su fracción I. Es aplicable la tesis en cita para la identificación de una coalición bajo el principio de certeza: ‘PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 38, NUMERAL 1, INCISO D), DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, QUE ESTABLECE QUE SUS EMBLEMAS, DENOMINACIÓN Y COLORES QUE UTILICEN, NO DEBEN SER IGUALES O SEMEJANTES A LOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES YA EXISTENTES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El mencionado precepto constitucional persigue, entre otros fines, que exista un equilibrio en la intervención de los partidos políticos y que se garantice el principio de certeza en materia elector

    l, lo cual comprende la plena identificación de los partidos políticos. Para lograr lo anterior es primordial que cada uno tenga características internas propias y distinguibles en cuanto al emblema, denominación y colores que utilicen, a fin de que el ciudadano pueda identificarlos plenamente. Por consiguiente, el artículo 38, numeral 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no viola dicho precepto constitucional al establecer que es obligación de los partidos políticos nacionales ‘ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos nacionales ya existentes’, pues si tales elementos, al formar una unidad o conjunto, son iguales o semejantes a otros registrados por partidos políticos ya existentes, podrían ocasionar confusión entre los ciudadanos, lo cual se reflejaría en la votación. Acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004. Partido del Trabajo y la Agrupación Política Nacional denominada «Movimiento Nacional de Organización Ciudadana». 16 de marzo de 2004. Mayoría de ocho votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticuatro de mayo en curso, aprobó, con el número 42/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo de dos mil cuatro.’. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la candidatura común es una figura política más laxa: no tiene el grado de compromiso político y programático que la coalición y, por tanto, los partidos políticos que van en candidatura común siguen actuando sin ninguna limitante como tales, en tanto que en la coalición los partidos que la suscriben pactan de manera libre su unión electoral, para actuar como un solo partido político durante el tiempo de la contienda, por esa razón tienen un mismo emblema y una sola plataforma electoral y postulan los mismos candidatos, si así lo estiman conveniente. Al momento que concluye su función según lo estipulado por las partes los activos políticos que logran en el proceso electoral, se distribuyen según lo acordado por esta asociación política temporal. Luego entonces, son violatorias de los principios de certeza, de autonomía partidista, de libertad política y de asociación política las normas aludidas porque limitan de manera arbitraria las posibilidades que tienen distintas fuerzas políticas de concurrir unidas acumulando sus activos políticos en un proceso electoral bajo la forma que convengan teniendo un fin lícito. Por otra parte, el numeral 5 del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, también se cuestiona de inconstitucional, al limitar los efectos del convenio de coalición: ‘Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida’. Esta norma significa dos cosas: 1) La posibilidad de que en un Convenio de Coalición se pueda convenir, no necesariamente se deba, que el partido que alcance por lo menos el uno por ciento de la votación, se le pueda transferir el porcentaje de la votación de otro partido coaligado para llegar al dos por ciento para conservar su registro como partido. Sobre este tema, habría que preguntarse el ¿porqué se establece un 1 por ciento de votos para partidos que vayan en ‘coaliciones’ para conservar su registro legal y un 2 por ciento para los partidos que compitan sin esta figura, violando la igualdad de condiciones en la competencia electoral? En efecto, los artículos 32 y 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales disponen: ‘Artículo 32. ... 1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este código.’. ‘Artículo 101. ... 1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: a) No participar en un proceso electoral federal ordinario; b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este código.’. Sin embargo, el artículo 96, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece una transferencia inconstitucional e indebida de votos a favor de un partido que alcance el uno por ciento de los votos afectando al régimen de partidos y las reglas democráticas de la contienda electoral. El artículo 54 de la Constitución establece que para tener derecho a diputados de representación proporcional un partido debe obtener por lo menos el dos por ciento. Sin embargo, con esta figura de supuesta ‘coalición’ algunos partidos políticos podrán alcanzar de forma inconstitucional ese dos por ciento habiendo obtenido una votación menor, por lo cual existe una clara violación a ese precepto constitucional, porque tendrán derecho a ese porcentaje de votación cuando en realidad no lo obtuvieron. 2) Esta cláusula de transferencia de votos tiene un límite: no puede superar el dos por ciento. Estas premisas fundamentan un régimen de coaliciones limitado dado que: (i) los partidos no pueden libremente pactar el porcentaje de votación conforme al principio de autonomía partidista, según la libertad política que cada partido debe garantizar como parte de su esfera política que no puede ser restringida por la ley como hemos puntualizado conforme a los principios que rigen el derecho a participar políticamente en una elección a los partidos. (ii) la transferencia de votos en todo caso es única y exclusivamente para conservar el registro, no para otros efectos que forman parte del régimen del sistema de partidos: asignación de diputados de representación proporcional y financiamiento. Esta transferencia de votos es inconstitucional al violar los artículos 1o., 4o., en relación con los artículos 35, fracción I y 41 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen en lo conducente que el ejercicio del sufragio es ‘universal, libre, secreto y directo’. De igual manera esta transferencia de votos es incongruente con el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se impugna y que señala en su artículo 4o., numeral 2: ‘El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible’. En efecto, el artículo 1o. constitucional señala expresamente el derecho de todo ciudadano de gozar de las garantías otorgadas por la propia Constitución y la imposibilidad de que cualquier órgano del Estado u ordenamiento distinto a la misma pueda restringir los derechos que ella otorga, con lo que queda desterrada toda posibilidad de que los derechos constitucionalmente otorgados puedan restringirse por leyes ordinarias. En el ámbito de los derechos constitucionales, el artículo 4o. constitucional establece el principio de igualdad ante la ley, es decir, que todo individuo es igual a los demás para el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas o para el ejercicio de sus derechos, quedando desterrado con ello, todo privilegio, desigualdad o ventajas de algunos sujetos sobre otros; así entendida la teleología del principio de igualdad, se corrobora que ningún individuo debe tener ventajas mayores o privilegios especiales, distintos a los que la normatividad constitucional le reconoce como prerrogativas o derechos, conceder ventajas trasgrediendo el principio de igualdad, crea privilegios injustificados en perjuicio de todos los demás gobernados. En el ámbito electoral el artículo 35 de la Constitución, establece como prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones, con lo que se le concede como derecho a todos aquéllos que conformen el cuerpo electoral, a manifestar su voluntad en las urnas en el sentido que consideren conveniente, para elegir democráticamente a quienes ejercerán el poder público. La naturaleza del voto, como ejercicio de soberanía del pueblo mexicano en los términos de los artículos 39 y 41 constitucionales, tiene como características el ser un sufragio universal, libre, secreto y directo. La característica de universalidad del voto, significa que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos señalados en la ley podrán emitir su voto, sin mayor limitación que las cualidades para ser elector y válidamente manifestar su voluntad el día de las elecciones, el carácter universal suprime todo privilegio a favor de algunos en detrimento de otros, pues todos los votos válidamente emitidos deben contarse para surtir los efectos en el proceso de elección. La libertad como elemento fundamental en la emisión del voto, permite que el ciudadano mediante un acto de conciencia personal, manifieste su voluntad, sin depender de factores externos; es un acto de libre albedrío, de decisión personal del elector, suprimiendo toda presión, sugestión u orientación en la emisión de su voto. La secrecía del voto como característica constitucionalmente establecida, entraña el derecho del elector a no revelar o manifestar el sentido de su voluntad de voto, manteniéndolo en reserva personal. El carácter directo del voto implica que los efectos jurídicos del mismo incidan a favor del candidato o del partido político que en forma personal y a cuyo favor haya manifestado la voluntad del ciudadano, es decir, que el ciudadano personalmente debe manifestar su voluntad, sin estar permitido la representación, la gestión de negocios o la cesión del voto a favor de otro, pues el ejercicio directo entraña el carácter personal del ejercicio del voto. El alcance del carácter directo del voto en nuestro régimen constitucional o electoral, implica dos vertientes: a) Que el voto se emita personalmente por el ciudadano sin permitir ninguna clase de representación o intermediación y, b) Que los efectos del voto incidan sobre un determinado partido político o candidato. Esto último, no puede ser considerado en forma contraria porque la Constitución hubiere establecido el voto alternativo, el voto subsidiario, el voto preferencial o cualquiera otra modalidad en la que los efectos del voto tuvieran que compartirse con el resto de los partidos políticos, lo que implicaría que el voto no fuera directo al introducirse atenuación sobre los efectos del mismo. Como consecuencia lógica del voto directo en los términos apuntados con antelación, en cuanto a que el propio ciudadano deba ejercerlo y sus efectos incidan en el candidato o partido político, entraña el carácter intransferible del voto, es decir, que el ciudadano está impedido de transmitirlo a favor de otro ciudadano para que lo ejerza o a favor de otro partido político o candidato distinto al que personalmente manifestó su voluntad. El carácter intransferible del voto en nuestro sistema democrático conforme a la fracción I del artículo 41 constitucional, no puede admitir modalidad o atenuación, cuando la propia Constitución señala que el ejercicio del voto debe ser directo. No obstante que el voto mexicano es intransferible, en el sentido que no debe cederse a favor de otro ciudadano o surtir sus efectos a favor de otro partido político distinto a aquel sobre el cual recayó el sentido del mismo. No

    bstante lo anterior el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el numeral 5 del artículo 96, introduce la transferencia del voto a favor de un partido político distinto al que eligió el ciudadano, así se desprende de dicho párrafo que señala: ‘Artículo 96. 1. Dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para las elecciones de senadores y diputados electos por el principio de mayoría relativa. La coalición total comprenderá, obligatoriamente, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales. 2. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de presidente, senadores y diputados, en los términos de los párrafos 1 y 6 del presente artículo, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en el presente código, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quedarán automáticamente sin efectos. 4. Dos o más partidos podrán coaligarse solamente para postular un mismo candidato en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo 6 del presente artículo. 5. Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos, que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida.‘. La transferencia de los efectos del voto a favor de un partido político distinto a aquel por el que votó el ciudadano, es transgresora de la característica del voto directo señalada por la Constitución. En efecto, según se desprende de la disposición legal que se tilda de inconstitucional, en el convenio de coalición podrá establecerse que en caso de que un partido político después de alcanzar el uno porciento de la votación, no obtenga el mínimo requerido para conservar su registro y participar en la asignación de la representación proporcional, de los partidos políticos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de los coaligados pueda mantener el registro, lo que entraña, que el efecto del voto emitido por el ciudadano que debe ser directo a favor del partido político por quien se votó, se desvíe a favor de otro partido político, por el que el ciudadano no emitió el voto, pero en él se surtirán los efectos como consecuencia de un convenio de coalición, lo que transgrede la fracción I del artículo 41 constitucional, pues como característica del voto en la democracia mexicana no tiene carácter transferible, ni subsidiario, ni alternativo, al quedar excluidas con la cualidad de ser directo el voto por parte del elector, no obstante la legislación ordinaria que se tilda de inconstitucional introduce una modificación al voto apartándose de los lineamiento constitucionales. La distinción que se introduce en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del sentido del voto que se atribuye a cada uno de los ‘partidos políticos que se coaliguen’, de tal suerte que cada partido político aparecerá por separado con su propio emblema en las boletas electorales, lo que entraña que la voluntad legislativa es que el voto ciudadano surta efectos a favor de cada partido político por el que se votó, por lo que la transferencia de votos de un partido político a favor de otro hasta alcanzar el mínimo requerido para conservar su registro, implica la transmisión del efecto del voto a favor del partido político por el que el ciudadano no votó, todo lo anterior representa una incongruencia del sistema normativo que regula las coaliciones en la legislación electoral federal que se tilda de inconstitucional. Además de lo anterior, el sistema regulatorio del ámbito de las coaliciones, independientemente de ser incongruente, representa varios aspectos inconstitucionales, como son: a) Modifica la naturaleza directa del voto constitucionalmente reconocida, para introducir su carácter transferible y subsidiario. b) Otorga a los partidos políticos la posibilidad de transferir votos a otros por encima de la Constitución Federal de la República. c) En las coaliciones los partidos políticos se deben ostentar con sus propios emblemas, pero el voto del ciudadano le atribuye carácter transferible y subsidiario. d) El voto transferible y subsidiario que introduce el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resulta impreciso sobre los efectos que debe producir en las circunscripciones plurinominales en la elección de diputados de representación proporcional, lo que afecta el principio de certeza en los procesos electorales. e) Las normas reguladoras de la representación proporcional, no toman en cuenta el contenido del convenio de coalición, para que el voto transferible y subsidiario, impacte en la determinación de la votación nacional emitida, en la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura; lo que representa violación al principio de certeza en el proceso electoral. De todo lo anterior se concluye que el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales resulta inconstitucional, debiendo ser declaradas inválidas las normas apuntadas. Como se advierte el sufragio es intransferible, entendiendo por ello que no se puede traspasar a un tercero, es decir que no se puede ceder a favor de otra persona ese derecho, con mayor razón no se puede trasladar el sentido del voto hacia un partido que emitió un ciudadano a favor de otro partido por el que no sufragó, por lo que el artículo 96 numeral 5 es inconstitucional, debiendo declararse su invalidez. Distinto lo es cuando se constituye una genuina coalición donde se crea una entidad política para una elección determinada que actúa como un solo partido político y que, en consecuencia, pacta con antelación y con total libertad el porcentaje de votos que a cada partido habrá de corresponderle, información que es pública y que pasa por el registro y la validación del correspondiente Convenio de Coalición por parte del Instituto Federal Electoral, y que, como consecuencia, los ciudadanos pueden saber de que manera se habrán de distribuir los votos bajo el principio de certeza y transparencia electoral. Esta cláusula de transferencia de votos que establece el artículo 96, numeral 5, es inconstitucional por ir en contra de las características del voto y es prohibitiva porque limita la libertad de los partidos políticos para llegar a acuerdos democráticos y consensados, además de permitir absurdamente la ‘transferencia’ de votos para que mantengan el registro legal de un partido, prohibiendo esta posibilidad para las diputaciones plurinominales o el financiamiento, y sin que se pueda transferir más del dos por ciento. En tal sentido, se debe invalidar el significado normativo que impone la transferencia de votos para sustituirse por la libertad de cada partido de negociar sus porcentajes de votación para el registro, el financiamiento y la asignación de legisladores plurinominales, con base en la libertad que tienen las partes para llegar a acuerdos y traducirlos en instrumentos jurídicos. Cada partido debe tener derecho a pactar sus porcentajes de votación de manera libre, sin mayor límite que la voluntad de las partes que no dañe a terceros, que no tenga objeto ilícitos o que no perturben el orden público. Estas disposiciones marcadamente inconstitucionales afectan los siguientes principios: (i) El principio de autonomía partidista. (ii) El principio de la voluntad de las partes en un convenio de coalición. (iii) El principio de libertad política. (iv) El principio de asociación política. (v) El principio de voto directo e intransferible. En efecto, la reforma constitucional electoral (2007) estableció el principio de autonomía partidista sujeto a la Constitución y la ley. Esto significa que la autonomía de un partido esta constitucionalizada y, por tanto, debe tener un contenido esencial que implica una esfera en donde las autoridades no pueden intervenir. En tal sentido, bajo la línea argumentativa de los precedentes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha elaborado en torno a las coaliciones y el voto, se puede justificar lo siguiente: (i) ‘La coalición es la unión temporal de varios partidos para una contienda electoral que actúan simplemente como un solo partido (caso Coahuila), y, por tanto, esta unión debe permitir que los partidos sean libres en negociar el cómo pretenden unirse para efectos de participar en la contienda a la hora de distribuir sus porcentajes de votación.’. Al respecto son aplicables las siguientes tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ‘COALICIÓN. REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA). De la interpretación sistemática de los artículos 23, 49, párrafo primero; 50, párrafos primero y quinto, fracción I; 60, párrafo primero, inciso e); 102, 214, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila; 25, fracción II del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; 25, fracción II, del Código Civil para el Estado de Coahuila es posible estimar que, por regla general, los actos jurídicos de los partidos políti

    os coaligados deben ser realizados por el representante común; pero deben estimarse válidos también, los actos jurídicos que provengan de todos los representantes de los partidos políticos coaligados cuando actúan de consuno, siempre y cuando se reúnan los siguientes elementos: a) en la emisión del acto concurran todos los representantes de los partidos políticos coaligados; b) todos los representantes expresen su voluntad en el mismo sentido; c) la naturaleza de las cosas admita, que la emisión del acto provenga del conjunto de representantes de los partidos políticos coaligados, y d) no haya incertidumbre respecto al sentido de la voluntad de los partidos coaligados, incertidumbre que pudiera darse, por ejemplo, si el representante común emitiera, simultáneamente, algún acto que contradijera al producido de consuno por los representantes de los partidos coaligados. Si se diera tal situación, habría que resolverla aplicando las normas de interpretación de los actos jurídicos. La referida apreciación se justifica, porque como la coalición no genera un nuevo ente jurídico y los partidos políticos que la integran conservan su calidad de personas jurídicas y peculiaridades, la representación común que exige el artículo 50, párrafo quinto, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila, no resulta ser propiamente de la coalición, sino que tal representación es realmente de los partidos políticos integrados en coalición; de modo que si tales partidos son los que confieren a una persona facultades de representación, para que ésta realice en nombre de aquéllos los actos necesarios para beneficio y protección de los intereses de los representados, es claro que quienes confirieron la representación pueden actuar también por sí mismos, ya que no hay precepto alguno que prevenga que cuando una persona o un conjunto de personas otorguen una representación, por esa circunstancia, la parte representada deje de existir jurídicamente, o bien, que cesen sus facultades y derechos relacionados con la representación conferida. La circunstancia de que la parte final de la fracción l del párrafo quinto del artículo 50 del Código Electoral del Estado de Coahuila prevenga que, la representación de la misma sustituye, para todos los efectos legales a que haya lugar, a la de los coaligados, es explicable, porque cada partido político, como persona jurídica que es, actúa a través de un representante; pero si dos o más partidos políticos se coaligan y, en tal virtud, la coalición debe actuar como un solo partido, es claro que el representante de cada uno de los partidos coaligados representa únicamente a su propio partido y no a uno diferente. Por consiguiente, existe la necesidad legal de que los partidos nombren a un representante común, el que, por haber sido designado por todos los partidos coaligados, tiene la facultad de representarlos. Lo anterior debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo 102, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de Coahuila, según el cual, los partidos coaligados designarán un comisionado común que los representará ante distintos organismos, sustituyendo al que en lo particular tenían los institutos políticos por separado. Por ese motivo, la citada prevención de la sustitución, debe ser entendida en el sentido de que, ante la imposibilidad de que el representante de uno de esos partidos pueda representar a los demás, hay necesidad de que los partidos integrantes de la coalición nombren un representante respecto a todos ellos y ese representante sustituirá al de cada partido en lo particular; es decir, al constituirse una coalición, cada partido no actuará por sí solo, por conducto de su representante específico, sino que los partidos coaligados deberán actuar en conjunto y como el representante de cada instituto político no está facultado para representar a ese conjunto, la actuación en grupo se hará por conducto del representante común designado. Además, debe tenerse en cuenta que la institución del representante común no debe ir en contra de los intereses de los representados, sino en su beneficio. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-142/99 y acumulado. Partido Cardenísta Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-144/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, páginas 11-12, Sala Superior, tesis S3ELJ 08/99. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 47-49.’. ‘COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL. Conforme al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral únicamente los partidos políticos tienen la condición jurídica necesaria para acudir, mediante el juicio de revisión constitucional electoral, a reclamar la violación a un derecho; sin embargo, si quien acude a la instancia jurisdiccional federal es una coalición, ésta no necesariamente carece de legitimación, pues si bien la coalición no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido, debe necesariamente entenderse que su legitimación para intentar este tipo de juicios se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman; criterio que comulga tanto con el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la ley se deben determinar las formas específicas de participación de los partidos políticos en los procesos electorales, como con el diverso 63, párrafo 1, inciso 1), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala la obligación de los partidos políticos que pretendan coaligarse, de prever en el convenio respectivo quién ostentará la representación de la coalición para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, lo cual implica que, efectivamente, las coaliciones están legitimadas para presentar o interponer las demandas o recursos en materia electoral federal que sean procedentes. Tercera Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-009/2000. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-041/2000 y acumulados. Partido de la Revolución Democrática. 28 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-134/2001. Coalición Alianza por el Cambio de Tabasco. 26 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 14-15, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 49-50.’. ‘COALICIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS. SU INTEGRACIÓN NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA Y SIMILARES). La interpretación sistemática de los artículos 23, 49, párrafo primero; 50, párrafos primero y quinto, fracción I; 60, párrafo primero, inciso e); 102, 214, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila; 25, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y 25, fracción II, del Código Civil para el Estado de Coahuila, así como de las legislaciones que contengan disposiciones similares, conduce a estimar que las coaliciones que integren los partidos políticos no constituyen una persona jurídica. Al efecto, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo III, Editorial Driskill, S.A., 1992, Buenos Aires, Argentina, la palabra coalición se deriva del latín coalítum, reunirse, juntarse. Según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Real Academia Española, 1992, coaligarse equivale también a unirse o confederarse unos con otros para algún fin. Para el autor Guillermo Cabanellas, coalición es: la confluencia de actividades para un fin momentáneo, siendo permanente en la asociación. El citado autor distingue la coalición de la asociación, pues afirma que la coalición es una existencia de hecho, visible y concreta; mientras que la asociación es una comunidad diferente al hombre aislado. Por su parte, el artículo 49 del Código Electoral del Estado de Coahuila coincide con el sentido que proporcionan los conceptos coalición antes señalados, ya que de su texto es posible desprender que la coalición es el acuerdo de dos o más partidos políticos, constituido con el fin de postular candidatos comunes para las elecciones de gobernador, diputados o miembros de los Ayuntamientos. Así, el objetivo primordial de esa unión se encuentra dirigido de manera concreta, directa e inmediata, a participar conjuntamente en la contienda electoral. Asimismo, se advierte el carácter temporal de la coalición, en atención a que una vez logrados los fines o al encontrarse frustrada la intención que le da origen, la coalición desaparece. El contenido del artículo 50 del Código Electoral del Estado de Coahuila implica que una coalición no constituye una persona jurídica diferente a los partidos políticos que la conforman, sino que la unión temporal de varios partidos actúa simplemente como un solo partido. Es decir, lo que el precepto previene es la manera en que actúa una coalición, mas en modo alguno dispone que con la coalición se dé lugar a la integración de un partido político distinto, con personalidad propia, porque si bien, de lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del citado cuerpo de leyes se advierte que los partidos políticos que integran la coalición se unen para disputar con más éxito la elección que la motiva, es de considerarse que la disposición expresa de la ley es la única que confiere la calidad de persona jurídica a un determinado ente, tal y como se establece, en el artículo 22, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el cual, los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica. En cambio, no hay precepto alguno en la legislación electoral que, al igual que el último numeral citado, disponga que una coalición es una persona jurídica. En tal virtud, la coalición no es persona jurídica, pues tampoco se encuentra dentro de las previstas en el artículo 25 del Código Civil para el Estado de Coahuila ni en el artículo 25, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-142/99 y acumulado. -Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-144/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, páginas 12-14, Sala Superior, tesis S3ELJ 07/99. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 50-52.’. Luego entonces, la libertad política que debe respetarse en la autonomía partidista debe permitir que cada partido decida negociar los porcentajes de votación conforme a la voluntad de cada una de las partes y las autoridades, en este caso el legislador, no puede intervenir indebidamente en esta esfera de la libertad partidista, porque es un convenio que menoscabaría la libertad en violación al artículo 5o. de la Constitución. (ii) ‘la libertad de las partes es fundamental en las coaliciones, porque pueden modificar el convenio de coalición (caso Morelos), ergo, la voluntad de las partes es el principio rector en las coaliciones.’. Es aplicable la tesis siguiente: ‘COALICIÓN. ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, AUN CUANDO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA SU REGISTRO (LEGISLACIÓN DE MORELOS). El artículo 49, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Morelos prevé que una coalición presente un convenio en el que se regule a la propia conjunción de partidos políticos. Si las cláusulas de ese convenio son aprobadas, éstas deben surtir, en principio, plenos efectos. Lo contrarío debe estar establecido claramente en la ley. De manera que si la posible ineficacia de una cláusula no encuentra respaldo en la propia ley, no hay base para determinar su falta de validez. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que en el artículo 50 del Código Electoral para el Estado de Morelos, se establezca el plazo dentro del cual se debe registrar el convenio de coalición, ya que dicho plazo está previsto para su presentación; por lo que si dicho convenio no se presenta durante ese tiempo, la consecuencia será la de que tal acuerdo partidario ya no podrá ser presentado y, por ende, habrá imposibilidad jurídica de que la coalición relacionada con tal convenio admita ser registrada. Sin embargo, esto es muy distinto a considerar que, una vez vencido ese plazo, exista imposibilidad legal de modificar alguna cláusula del convenio ya registrado, puesto que el citado precepto nada dispone

    obre el particular, es decir, no prevé que, fenecido el plazo a que se refiere, ya no sea posible para los partidos integrantes de una coalición modificar el convenio celebrado al efecto. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-044/2000. Coalición Alianza por Morelos. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 96-97, Sala Superior, tesis S3EL 019/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 406.’. (iii) ‘ningún partido puede transferir sus votos a otro por el principio de sufragio popular, dado que cuando se vota a una coalición se vota a una sola unidad que se llama coalición que debe ser tratada como uniformidad (caso Estado de México).’. Es aplicable la tesis siguiente: ‘COALICIÓN TOTAL. EN LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS SE DEBE CONSIDERAR SU VOTACIÓN COMO UNA UNIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 264, 265, 267 y 268 del Código Electoral del Estado de México, conduce al conocimiento de que el legislador mexiquense adoptó, bajo la denominación de representación proporcional pura, un sistema que reconoce, como base, la suma de diputados electos por ambos principios, para integrar la legislatura; exige un umbral mínimo de votación para participar en el procedimiento de asignación de curules de representación proporcional, y sólo tolera la sobrerrepresentación que resulte como producto de los triunfos obtenidos por mayoría relativa, de la asignación de diputados por resto mayor, y en alguna forma respecto de los partidos políticos que contienden en coaliciones parciales, ante la imposibilidad de quitar a los partidos dichos triunfos, de dividir una curul en fracciones o de identificar los votos emitidos para cada partido coaligado parcialmente. Lo anterior sirve de base para determinar que la única aplicación posible y apegada al tipo de proporcionalidad pura, acogida expresa e indudablemente en el párrafo primero del artículo 265 del citado código, en relación con los partidos políticos que participaron en la elección en coalición total, consiste en considerar su votación como una unidad, para el efecto de hacer el cálculo de los diputados que por ambos principios corresponden a dichos sufragios, dado que en esa primera fase, sólo se lleva a cabo una operación preparatoria y previa al acto sustantivo de la asignación específica de escaños de representación proporcional, toda vez que si se divide la votación desde dicha fase inicial, en los términos del convenio de coalición, se propicia la deformación del sistema acogido, mediante actos de voluntad de los partidos coaligados, y alimenta la posibilidad de que se abran grietas por las que pueda penetrar el fraude a la ley, a través de conductas susceptibles de inducir a que un conjunto de votos recibidos por los partidos unidos en la coalición inescindiblemente para ambas elecciones (mayoría relativa y representación proporcional) dupliquen sus efectos en el cálculo indicado, ya que sus efectos son factores que no se pueden separar del resultado de mayoría relativa, ni escindir artificiosamente por el convenio, a favor de alguno de los partidos políticos coaligados, para que pueda darse el tipo de proporcionalidad pura, en la forma exigida por el legislador. De modo que en las elecciones de diputados en que hayan participado coaliciones totales, el dividendo para calcular el porcentaje de las curules por el principio de representación proporcional que corresponderán a todos los partidos políticos coaligados, debe estar constituido por la votación total que obtuvo la coalición, la que resulta inseparable para estos efectos, y verificar enseguida cuántos diputados de mayoría relativa obtuvieron con el porcentaje total de esa votación, a fin de restar a ese número los que correspondan a dicha votación en la legislatura, y con esta operación, llegar al resultado de los escaños que deben asignarse, en general, a los partidos políticos coaliqados, para seguir en lo demás la ejecución del convenio de coalición entre los suscriptores. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2003 y acumulados. Partido del Trabajo. 10 de julio de 2003. Unanimidad de votos. La Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo formuló voto aclaratorio. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime del Río Salcedo. Sala Superior, tesis S3EL 018/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 420-421.’. ‘COALICIÓN PARCIAL. SU VOTACIÓN DEBE SER DISTRIBUIDA ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON, PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La interpretación del artículo 63, apartado 1, inciso j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 59, apartado 4; 59-A, apartado 4; y 60, apartado 4, del citado código, así como con el principio del legislador racional, permite arribar a la conclusión de que la votación emitida a favor de la coalición parcial de diputados por el principio de mayoría relativa, debe ser repartida entre los partidos políticos que la conformaron, para los efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene en cuenta que el artículo 63 en cita establece que el convenio de coalición relativo, debe contener el porcentaje de votación obtenido por la coalición que corresponderá a cada uno de los partidos coaligados, para los efectos de la asignación mencionada. Por su parte, los artículos mencionados en segundo término establecen que a las coaliciones totales se les debe asignar el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que les corresponda, como si se tratara de un solo partido político, por lo que resulta claro que no se requiere de la división de la votación al utilizarse en la asignación en su conjunto. Por lo anterior, la única interpretación que dota de efectos al artículo 63 en análisis, y cumple con los postulados del legislador racional que informan al sistema, es la apuntada, porque de no aplicarse a las coaliciones parciales, el precepto no encontraría algún supuesto de aplicación, ni se encuentra que pudiera tener alcances distintos, porque la norma es expresa en el sentido de que es para los efectos de la asignación de diputados y senadores de representación proporcional. Lo anterior se encuentra conforme con uno de los principios fundamentales del régimen democrático, relativo a la igualdad del sufragio, toda vez que permite que los votos emitidos a favor de la coalición parcial de diputados por el principio de mayoría relativa, no sólo surtan efectos respecto a la elección para la cual se celebró el convenio, sino también en la de diputados de representación proporcional, como los votos emitidos por los candidatos de los partidos que no actúan en coalición o que lo hacen en coalición total, pues conforme al artículo 58, apartado 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la coalición parcial tiene como límite participar en cien distritos uninominales, en tanto que el numeral 54, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como requisito para participar en la asignación de diputados de representación proporcional, registrar candidatos de mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales, razón por la cual las coaliciones parciales en comento tienen vedada la participación en la asignación de representación proporcional; sin embargo, cuando su votación se reparte entre los partidos que la conforman, que sí están en condiciones de cumplir con el requisito en cuestión, tal circunstancia hace posible que los votos recibidos por la coalición surtan plenos efectos. Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2003. Partido Acción Nacional. 13 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo. Sala Superior, tesis S3EL 004/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 410-412.’. (iv) ‘cada partido es libre en asociarse temporalmente con otro en una coalición, sin que esté justificado restringir esta libertad porque el pactar los porcentajes de votación no es un fin ilícito conforme al artículo 9o. de la Constitución.’. En efecto, el artículo 9o. constitucional establece: ‘Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.’. Por su parte, los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República consagran este derecho inalienable. En efecto, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles expedido por la Asamblea General de Naciones Unidas establece: ‘1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para proteger sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás ...’. En el mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’ suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 y adoptado por nuestro país, prevé en su artículo 16: ‘1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.’. Este derecho de asociación, según ha dispuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe interpretarse en forma extensiva para tutelar derechos fundamentales de los mexicanos, en consecuencia, las Coaliciones deben tener la mayor libertad para que los partidos políticos que las integran definan sus alcances siendo sus fines lícitos en el marco del Estado democrático de derecho. El derecho de asociación es la base para la conformación de partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones electorales. Al respecto señala el mencionado tribunal en tesis relevantes: ‘DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son

    los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, partido político nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Noyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 27-28, Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 97-99.’. ‘DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción Ill, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Noyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-128/2001. Dora Soledad Jácome Miranda. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 21-22, Sala Superior, tesis S3ELJ 25/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 88-90.’. ‘(v) el permitir que cada partido tenga su propia votación implica desnaturalizar el sufragio popular en las coaliciones, dado que en la contienda se vota por la coalición y no por un partido en particular. Ergo, cada partido en una coalición deben tener la libertad de pactar en unidad sus porcentajes de votación, sin que ello la ley lo pueda proscribir por encima de la libertad de las partes. Esta libertad de los partidos para suscribir acuerdos y pactar coaliciones ha sido reconocida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial al establecer mediante la tesis relevante que a continuación se cita que el Convenio de Coalición puede surtir sus efectos desde antes de que éste se apruebe y registre ante las autoridades competentes.’ Al respecto, la tesis reza así: ‘CONVENIO DE COALICIÓN, SURTE SUS EFECTOS ENTRE LOS PARTIDOS SUSCRIPTORES DESDE ANTES DE SU APROBACIÓN Y REGISTRO POR LA AUTORIDAD ELECTORAL. El convenio de coalición celebrado por determinados partidos políticos, antes de su aprobación y registro, produce los efectos jurídicos necesarios entre las partes que lo suscriben, para poder alcanzar su objeto fundamental, consistente en que sus miembros puedan contender coaligados en las elecciones que hayan acordado, en tanto que dichos efectos no se traduzcan en perjuicio de los intereses de terceros. Para arribar a esta conclusión, se toma en cuenta que la actuación de la autoridad administrativa electoral en la verificación y registro de los convenios de coalición no tiene por objeto la aportación de un elemento de existencia o de validez al acto jurídico celebrado entre los partidos políticos que lo suscriben, sino exclusivamente el de verificar o constatar el cumplimiento o satisfacción de los requisitos que para ese efecto exige la ley. En consecuencia, lo pactado respecto a la representación común surte efectos entre los partidos coaligados de inmediato, toda vez que al requerirse la presentación del convenio ante la autoridad electoral para que lo acordado pueda alcanzar su objeto fundamental, el ejercicio de la representación común constituye un medio adecuado para la realización de esa actividad, y si esto redunda en beneficio de los que otorgaron tal representación y no se traduce en perjuicio de terceros, no existe razón alguna para impedir que la voluntad expresada intransferible consagrados en los artículos 1o, 4o, 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de la República. De la misma manera se le solicita al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que sean dependientes de las normas impugnadas por violaciones a los principios de autonomía partidista, de la voluntad de las partes en un convenio de coalición, de libertad política, de asociación política, certeza, y de voto directo e intransferible consagrados en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de la República. Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la de la combatida, sí regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido impugnadas, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el mismo vicio que la invalidada, su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer. Sin embargo, lo anterior no implica que este Alto Tribunal esté obligado a analizar exhaustivamente todos los ordenamientos legales relacionados con la norma declarada inválida y desentrañar el sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas debe ser clara y se advierta el estudio de la problemática planteada. Acción de inconstitucionalidad 28/2005. Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2005. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de enero en curso, aprobó, con el número 32/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero dos mil seis.’. ‘Petición de interpretación conforme. Ahora bien, en caso de que este Alto Tribunal estime que esta causa de pedir es insuficiente para invalidar las normas, solicitamos se tenga a bien realizar una interpretación conforme de los numerales que aquí se cuestionan, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones del régimen de coaliciones, no signifiquen menoscabo alguno a la libertad de cada partido de negociar sus porcentajes de votación en una coalición para el registro como partido, el financiamiento y la asignación de plurinominales y la posibilidad de competir con un mismo emblema. Petición de efectos de invalidez. Finalmente, hay que tener en cuenta los efectos de la invalidez o la interpretación conforme, por lo que atentamente solicitamos que la Corte tenga a bien analizar un problema de sucesión de leyes. Pues si la norma se invalida y si no se hace una interpretación conforme, el problema reside en saber qué norma se va aplicar. En tal sentido existen los problemas siguientes: La regla general indica que toda norma invalidada de una reforma legal se deja sin efectos y, por ende, queda con efectos legales la norma que se pretendió reformar, porque se deja sin efectos la reforma. Pero aquí ¿cuál es la norma subsistente, si el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior fue abrogado? En primer lugar, el principio de vigencia inmediata que ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte, sugiere que si la norma se invalida, luego, la solución es que queda sin efectos la norma limitativa y, por ende, se permitiría la libertad de negociar porcentajes de votos bajo el principio de que lo que no está prohibido se permite bajo ciertas condiciones como lo ha reconocido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los casos de los partidos políticos. En segundo lugar, el principio de ultraactividad de la norma abrogada que también ha sido conceptualizado por el Máximo Tribunal, significaría llevar los efectos de la norma anterior para dejar subsiste el régimen jurídico del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales derogado en lo que respecta a la negociación de los porcentajes de votación. En todo caso, se solicita que la Corte acuda a la doctrina procesal de la sucesión y conflictos de leyes para pretender dejar con efectos el régimen legal que permitiese la libertad en las coaliciones conforme a la pretensión de este concepto de invalidez a efecto de que se deje sin efectos el significado normativo que impone una determinada forma de identificar a una coalición, contabilizar los votos de manera individual por cada partido y permitir una transferencia de votos para conservar únicamente el registro, a fin de que sea sustituida dicha interpretación por la libertad de cada partido de negociar su propio emblema, sus porcentajes de votación para el registro, el financiamiento y la asignación de plurinominales conforme a su derecho a participar en la vida política del país sin más límite que la libertad de las partes. Segundo concepto de invalidez: invalidez por violaciones a la libertad de expresión al prohibir a los partidos políticos realizar actos de propaganda electoral para obtener el voto. Nuestra causa de pedir es la invalidez del artículo 236, numeral 1, incisos a), c) y d) y numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en lo conducente dice: ‘Artículo 236. 1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes: a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; b) (sic); c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y 2. Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.’. Estas normas se estiman inconstitucionales porque coartan la libertad política de los partidos de participar activamente en los procesos electorales como parte de los fines constitucionales de los partidos como entidades de interés público, ya que las normas que ahora se pretenden invalidar imponen límites y prohibiciones irracionales a la colocación de la propaganda electoral y a la elaboración de la misma que menoscaban y van en contra del derecho fundamental de darse a conocer y posicionar a sus candidatos en la vía pública y en los lugares de uso común por medio de la propaganda electoral para ganar el sufragio popular en las elecciones libres y auténticas, conforme a los artículos 1o., 5o., 6o., 7o., 40 y 41 de la Constitución General de la República. Lo anterior es así toda vez que: el artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales viola la libertad de los partidos políticos para difundir su emblema, su nombre y el de sus candidatos para obtener el voto por medio de la propaganda electoral al prohibirle colocar o fijar ésta en elementos del equipamiento urbano; restringir los lugares de uso común (plazas, paseos o parques públicos, entre otros) para su colocación, dejando estos espacios meramente en ‘bastidores y mamparas de uso común’; y al exigirles a los partidos y a los candidatos que sólo podrán utilizar material plástico reciclable en su propaganda electoral impresa. Estas limitaciones y condicionantes las reputamos como irracionales, excesivas e inconstitucionales porque no afecta al interés público y a la ciudadanía que se coloque o se fije propaganda electoral en el equipamiento urbano, ‘siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones’, como establecía el artículo 189, numeral 1, inciso a) del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; tampoco afectaba la colocación de propaganda en los espacios de uso común que determinara la autoridad electoral, lugares que ahora se limitan en forma inconstitucional únicamente a bastidores y mamparas. Al prohibir tajantemente la colocación o fijación de la propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, al limitar la colocación o fijación de la propaganda electoral a bastidores y mamparas, y al condicionar el material utilizado en la propaganda electoral impresa el artículo 236 viola lo dispuesto en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna que establece: ‘Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizada por el Estado.’. Es evidente que la mera colocación o fijación de la propaganda en elementos del equipamiento urbano en modo alguno ataca la moral, los derechos de tercero, provoca algún delito o perturba el orden público. Tan es así que en el anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecían algunas previsiones para evitar que esa colocación de propaganda en el equipamiento urbano pudiese afectar los derechos de terceros o perturbar el orden público, cuando determinaba que no se dañara el propio equipamiento, se impidiera la visibilidad de conductores de vehículos o se impidiera la circulación de peatones, sin esas salvedades los partidos políticos y sus candidatos podían colocar la propaganda en el equipamiento urbano o en lugares de uso común determinados por la autoridad electoral de manera libre a fin de que la ciudadanía los pudiera identificar y se estimulara con un mayor conocimiento de las opiniones electorales propiciando así que la ciudadanía pudiese asistir a las urnas con mayores elementos. Para ilustrar lo anterior nos permitimos introducir el cuadro comparativo siguiente para que queden de manifiesto las diferencias en el texto del artículo 186, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales abrogado con relación al artículo 236, numeral 1, del código vigente que se impugna por medio de esta acción de inconstitucionalidad:

    Ver cuadro comparativo 4

    «Al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis relevante que se cita a continuación aclara con relación al código abrogado lo relativo a la colocación de propaganda en el equipamiento urbano y los lugares de uso común, determinando en el caso de los lugares de uso común que ‘pueden ser usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas por las autoridades competentes’ y en el caso del equipamiento urbano determina una permisión explícita con limitaciones también expresas que ‘no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones’. Dice la tesis relevante aludida: ‘PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO COMÚN Y EQUIPAMIENTO URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 768 del Código Civil Federal, así como 2o., 29 y 30 de la Ley General de Bienes Nacionales y atendiendo a lo previsto en derecho público mexicano sobre el régimen jurídico del derecho administrativo al que están sujetos los bienes del dominio público, éstos se distinguen por reunir determinadas características que les dan calidad de indisponibles, al no operar respecto de ellos figuras jurídicas constitutivas de derechos reales a favor de particulares, puesto que son inalienables, imprescriptibles e inembargables y están sujetos a un régimen jurídico excepcional previsto fundamentalmente en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos ordenamientos reglamentarios del mismo, como son la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Minera, la Ley Federal de Aguas y la Ley de Vías Generales de Comunicación, entre otros. Dentro de estos bienes, se encuentran los llamados bienes de uso común, de los que todos los habitantes, sin distinción alguna y de manera individual o colectiva, pueden hacer uso de ellos sin más restricciones que las establecidas en las leyes, los reglamentos administrativos y bandos de policía. En este sentido, los lugares de uso común a que se refiere la legislación electoral, pueden ser usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de lograr su conservación, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes, tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, las plazas, paseos y parques públicos. Bajo el concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de bienes que se identifican con el servicio público, porque su fin repercute en favorecer la prestación de mejores servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta categoría de bienes lleva a concluir que el equipamiento urbano puede llegar a corresponder, sin que se confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como con bienes de servicio público. Tanto los lugares de uso común como el equipamiento urbano se encuentran sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda electoral, establecido en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, precepto en el cual se distingue entre bienes de uso común, en general, y equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la colocación de propaganda electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, éstos serán objeto de un acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las autoridades administrativas locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), y 2) Respecto del equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, existiendo en la ley electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: a. Una permisión explícita con limitaciones también expresas, prevista en el párrafo 1, inciso a), de dicho precepto, que establece que podrá colqarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; b. Una prohibición expresa, prevista en el párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al ordenar que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. Recurso de reconsideración. SUP-REC-042/2003. Coalición Alianza para Todos. 19 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández. Sala Superior, tesis S3EL 035/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 817-818.’. Como se puede advertir las limitaciones establecidas por el artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales implican un menoscabo de las libertades para los partidos políticos y sus candidatos y son claramente violatorias del precepto constitucional citado. Las prohibiciones y limitaciones impuestas por el artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que por esta vía se combaten violan, de igual manera, el contenido del artículo 7o. de la Constitución General de la República que a la letra dice: ‘Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.’. En tal sentido, e interpretando de manera extensiva este precepto constitucional es evidente que ninguna ley puede coartar la libertad de imprenta, ni la libertad de escribir y publicar, por ende distribuir escritos, en este caso propaganda electoral, sobre cualquier materia, por lo cual el artículo 236 del código mencionado viola este precepto constitucional porque prohíbe la colocación o fijación de propaganda impresa en lugares públicos, e impone las características del material que se debe utilizar, sin establecerse ninguna limitante en función del respeto a la vida privada, la moral o la paz pública