Ejecutoria num. P./J. 59/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 52061880

Ejecutoria num. P./J. 59/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 59/2009
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2008
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2008 Y SUS ACUMULADAS 62/2008, 63/2008, 64/2008 Y 65/2008. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. AL NO EXISTIR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALGUNA BASE NORMATIVA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS, EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL NO PUEDE REGULARLAS.CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ES CONSTITUCIONAL.COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL.COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS 9 Y 10, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES NO TRANSGREDE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA.COALICIONES PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO 5, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES TRANSGREDE EL DERECHO A VOTAR Y LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y OBJETIVIDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 6, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES RESTRINGE LA FACULTAD QUE AQUÉLLOS TIENEN EN EL ÁMBITO DE SU VIDA INTERNA PARA ESTABLECER REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA SU CREACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 9o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 78, PÁRRAFO 1, INCISO C), FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL REGULAR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR SUS ACTIVIDADES, SE APEGA A LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.PARTIDOS POLÍTICOS. LA DELEGACIÓN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL LEGISLADOR ORDINARIO RESPECTO DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU CREACIÓN, DEBE ATENDER A LOS PRINCIPIOS QUE DERIVAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO NO LE RESULTA APLICABLE.RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 3, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN CUANTO REGULA LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN DE TIEMPOS EN ESOS MEDIOS NO TRANSGREDE LAS LIBERTADES DE COMERCIO, EXPRESIÓN E IMPRENTA.RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 49, PÁRRAFO 4, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES AL REGULAR LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN ESOS MEDIOS NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN.RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 56, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES SE APEGA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL REGULAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS QUE CORRESPONDEN EN ESOS MEDIOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LAS COALICIONES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2008 Y SUS ACUMULADAS 62/2008, 63/2008, 64/2008 Y 65/2008. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día ocho de julio de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Mediante escritos presentados el doce y trece de febrero de dos mil ocho, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el domicilio particular de la funcionaria autorizada por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Luis Maldonado Venegas, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia; Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; Jorge Antonio Kahwagi Macari, en representación del Partido Político Nacional Nueva Alianza; Alberto Begné Guerra y Jorge Leonel Wheatley Fernández, en su calidad de presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata; Jorge Emilio González Martínez, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México; promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

a) Cámara de Diputados,

b) Cámara de Senadores, y

c) Presidente de la República.

Normas generales cuya invalidez se cuestiona y el medio oficial en que se publicaron: En general, el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho; el cual abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de agosto de mil novecientos noventa. En particular, diversos artículos del vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , como se muestra a continuación:

Convergencia:

"Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008."

Partido del Trabajo:

"El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna."

Nueva Alianza:

"Lo constituyen los artículos 48, numerales 2, 3, 4, 5 y 7; 50; 52; 53; 54; 56; 59, numeral 3; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 73;74; 85; 96, numeral 5; 98, numeral 7; 341, párrafo 1, inciso d); el artículo 352, párrafo 1, inciso b); y el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción II, del decreto que expidió las disposiciones legales citadas (anexo dos), promulgadas por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y editadas el lunes catorce de enero de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación."

Alternativa Socialdemócrata:

"El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , y en específico los artículos 28 y 95, puntos (sic) 9 y 10, publicados por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, y por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990."

Partido Verde Ecologista de México:

"Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008."

SEGUNDO

Artículos constitucionales que se señalan como violados. Los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas estiman que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 3o., fracción II, inciso a), 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II, III, 36, 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V, 51, 54, 56, 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 80, 99, 116, 124, 128, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

TERCERO

Trámite de la acumulación. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas, para que fungiera como instructor del procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal decretó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 62/2008 promovida por Convergencia, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por ende, el expediente correspondiente a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por auto de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 63/2008 promovida por Nueva Alianza, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 62/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y, remitió por ende, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

En proveído de trece de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 64/2008 promovida por Alternativa Socialdemócrata y Campesina, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008 y 63/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil ocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 65/2008, promovida por el Partido Verde Ecologista de México, partido político nacional, a la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas 62/2008, 63/2008 y 64/2008, dado que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y remitió, por tanto, el expediente correspondiente al Ministro José Fernando Franco González Salas, como instructor del procedimiento.

CUARTO

Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los partidos políticos promoventes son los siguientes:

  1. Partido Político Nacional Convergencia.

    "Luis Maldonado Venegas, en mi calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, partido político nacional, cuyo registro partidario y personalidad con que me ostento, acredito en términos de las certificaciones expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, de fecha dieciocho de enero del año dos mil ocho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, la oficina que ocupa la representación del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, edificio ‘A’, planta baja, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan de México, Distrito Federal; presento con las facultades de representación que me confiere el artículo 17 numeral 3, inciso r), de los estatutos del partido, acción de inconstitucionalidad en contra de diversos ordenamientos contenidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , designo como delegados para que formulen promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, presenten alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley, a los CC. Licenciados Gerardo Tapia Latisnere, Juan Miguel Castro Rendón y Guillermo Garduño Aguilar, ante ustedes respetuosamente comparezco a exponer: Que con fundamento en los artículos 104, fracción IV; 105, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 1o.; 10, fracción I y II, en relación con el 59; 60; 62, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y los artículos 1o. y 10 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ; por este medio, vengo a nombre de Convergencia, partido político nacional, a promover acción de inconstitucionalidad, pidiendo la intervención del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como único intérprete de la Constitución General de la República, en relación a la expedición, promulgación y publicación, de las modificaciones y adiciones a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en los términos que a continuación se expresan; por lo que en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la ley reglamentaria en cita, además de los ya expresados, manifiesto los siguientes: I. Actor. Convergencia, partido político nacional, promoviendo en su nombre y representación, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. II. Órganos legislativos y ejecutivo, que intervinieron en la emisión y promulgación de las normas constitucionales impugnadas: A. Lo es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las honorables Cámaras de Diputados y Senadores, como autoridad que emite el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66 colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, en México, Distrito Federal, y en la calle de Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, respectivamente; como autoridades que abrogan también el código de la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. B. Lo es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para promulgar y publicar los decretos que emita el honorable Congreso de la Unión, como en el caso, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en el Diario Oficial de la Federación (cuarta sección), de fecha 14 de enero de 2008, con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos, domicilio conocido en esta ciudad capital. C. Lo es el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, así como el titular del Diario Oficial de la Federación, quienes tienen su domicilio en la Secretaría de Gobernación, calle de Bucareli número 99, colonia Juárez y en Río Amazonas número 62 colonia Cuauhtémoc, respectivamente, ambos en la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Distrito Federal. III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado - decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008. IV. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Lo son los artículos 6o.; 9o.; 13; 14; 16; 25; 26; 28; 35 fracciones I, II y III; 39; 40; 41, fracciones I; II; III y V; 65; 66; 70, párrafo tercero; 71; 72; 73; 116; 124; 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , así como la Ley para la Reforma del Estado. Lo anterior se sustenta en los siguientes: Antecedentes 1. El trece de abril del año dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Reforma del Estado, cuyo objeto precisado en el artículo 1o., es el de ‘establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano’. Constituyendo para tal fin, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado mexicano, quedando integrada por los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las comisiones de reforma del Estado de cada una de las Cámaras, así como, de manera optativa en cuanto a su participación, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación. Dicha comisión, cuenta, dentro de sus atribuciones, con la de ‘promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que siga el proceso constitucional respectivo’. Los acuerdos de la reforma del Estado, de conformidad con la ley, deben de ser producto del máximo consenso posible. Señalando como etapas del proceso de negociación y construcción de acuerdos: 1) Presentación de propuestas, 2) Consulta pública, 3) Negociación y construcción de acuerdos, 4) Redacción de los proyectos y 5) Aprobación, firma y presentación de iniciativas. Destacando dentro de los temas, sobre los que debía pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales, el de la Democracia y el Sistema Electoral. 2. Presuntamente, como producto de lo anterior, el jueves 29 de noviembre de 2007, en reunión plenaria de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, realizada en las instalaciones de la Cámara de Diputados, se acordó presentar ante el Senado de la República, como Cámara de Origen la iniciativa de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . La iniciativa en comento fue dictaminada y aprobada por el pleno del Senado de la República, el cinco de diciembre del año dos mil siete y enviada a la colegisladora, quien la aprobó en la sesión correspondiente al once de diciembre del mismo año. 3. Siendo el catorce de enero del año dos mil ocho, cuando se publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, sin cumplir con la inmediatez que debe existir entre la aprobación y promulgación de una ley, motivos por los cuales, se formula la presente acción de inconstitucionalidad, esgrimiendo los conceptos de invalidez que a continuación se precisan, y cuya resolución en ese sentido, se demanda de ese honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ‘Procedencia de la acción de inconstitucionalidad’. La presente vía es procedente esencialmente, porque la actividad del Poder Constituyente Permanente violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales o valores supremos del Estado social-democrático de derecho de nuestra Ley Fundamental. En efecto, nuestro régimen constitucional tiene como base o estructura inalienable los principios dogmáticos o directrices que se dio el pueblo de México a través de su Congreso Constituyente y, en ese sentido, el Poder Constituyente Permanente regulado en el artículo 135 de la Constitución General de la República, puede modificar o adicionar el texto mas no está autorizado para violentar los principios supremos que estableció el creador de la Constitución. Lo anterior es así, ya que de otra forma la soberanía que radica originaria y esencialmente en el pueblo, sería vulnerada y no se puede dejar pasar que el único autorizado por nuestra Carta Magna para modificar la voluntad popular es el propio pueblo. Sobre el particular se debe destacar que la doctrina del derecho constitucional comparado ha generado a través de la historia tres corrientes fundamentales, una, que se refiere a que los textos constitucionales del orden democrático no deben ser modificados por ningún otro poder distinto a aquel que lo creó, una segunda corriente que señala que es menester que tengan verificativo modificaciones constitucionales para evitar revoluciones de tal forma que la Constitución se adapte a la realidad social y una tercera corriente que ha prevalecido es en el tenor de que, es menester que las Constituciones adapten sus aspectos específicos a la realidad social, pero que para que ello tenga verificativo, se respeten los principios y valores de la propia Ley Suprema. En este orden de ideas, para respetar el propio régimen constitucional las leyes que de ella emanen, deben ser acordes a los principios democráticos del régimen de que se trate. No es menor la apreciación en el sentido de que a través de las últimas décadas, en muy diversas naciones democráticas, ante la eventualidad de que se pretenda modificar la Constitución, solamente es posible que esto tenga verificativo cuando se refiere a alguna decisión jurídico-político fundamental, sí y solo mediante consulta al pueblo. En el caso que nos ocupa, se establecieron por cinco de los partidos políticos nacionales y sus grupos parlamentarios, diversas decisiones jurídico-político fundamentales, que han sido violentadas por el Poder Constituyente Permanente de los tres partidos mayoritarios. Vulnerando los dogmas establecidos por los artículos 35, 39 y 41 de nuestra Carta Magna. Dichas violaciones desde luego que son en agravio de los ciudadanos y de aquellos partidos políticos, como es nuestro caso, que tienen la característica en nuestro régimen democrático de derecho, de ser partidos emergentes y que en nuestro régimen pluripartidista resultan vulnerados per se, en el entendido de que con su conculcación también se altera el propio régimen pluripartidista para convertirlo, de facto, y como resultante, en un régimen corporativo que limita la participación ciudadana y de las nuevas fuerzas políticas reconocidas por nuestro régimen constitucional. La serie de infracciones a nuestro régimen constitucional

    en agravio de la ciudadanía, hallan sustento en el artículo 35 de la Ley Fundamental, y en el artículo 41, no sólo congruencia, sino identidad, en cuanto a su oposición respecto de las convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano, como en cada uno de los conceptos de invalidez se pasará en su momento a explicar, ya que se trata de principios, ahora universales de todo régimen democrático y que obligan a nuestra nación. Incluso, como en su momento, los propios órganos de carácter jurisdiccional internacional, se han pronunciado sobre el particular. Por cierto, hablando de la doctrina internacional, bastaría citar para ilustrar este aspecto, a Maurice Hauriou, quien alude al concepto de superlegalidad constitucional, a Karl Schmidt, quien las refiere como decisiones político-jurídico fundamentales, así como a George Bourdeu, William Marbury y Constan Mortati, quienes expresamente señalan que ‘el control de constitucionalidad de que disfruta la corte constitucional se extiende a las normas emanadas del Poder Constituyente Permanente’. Pero también la doctrina mexicana ha sido prolífica sobre el particular, dentro de los distinguidos tratadistas que han sostenido la tesis en el sentido de que el Poder Constituyente Permanente está acotado destacan, por tan sólo citar a algunos de ellos José María del Castillo Velasco; Emilio O. Rabasa, Luis Felipe Canudas Oreza y Guilebaldo Murillo por lo que hace a los siglos XIX y XX. De forma muy destacada debemos aludir al ilustre constitucionalista Felipe Tena Ramírez, quien nos dice que por vía de reforma o adición, en efecto nada escapa a la competencia del Poder Constituyente Permanente (y aquí viene la limitante), con tal de que subsista el régimen constitucional que aparece integrado por aquellos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. De acuerdo con lo anterior, don Felipe Tena Ramírez participa con toda convicción de la tesis en el sentido de que, para que subsista el régimen constitucional no pueden ni deben modificarse, ni tampoco atentar contra aquellos principios que la conciencia histórica y del país y de la época considere esenciales para que exista una Constitución. De lo anterior se concluye que, en el caso que nos ocupa, los principios de libertad de asociación, equidad electoral, democracia representativa, democracia deliberativa, pluripartidismo, y libertad de expresión, por tratarse de principios de la conciencia histórica del país y de la época, se consideran esenciales para que existan leyes emanadas de una Constitución; éstos no pueden ni deben ser vulnerados por el Poder Constituyente Permanente como en la especie en efecto ocurrió con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales . En ese sentido, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘LEYES ELECTORALES ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe). Por lo anteriormente expuesto y en atención a la procedibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, procedo respetuosamente, a describir los conceptos de invalidez correspondientes: Primer concepto de invalidez. Violación al procedimiento legislativo, establecido en la Ley para la Reforma del Estado. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. La norma general cuya invalidez se demanda, vulnera los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 41 fracción I, párrafo segundo y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , por las siguientes consideraciones: Los preceptos constitucionales que se estima violados establecen: ‘Artículo. 14.’ (se transcribe). De la lectura de la anterior trascripción se advierte, que entre las diversas garantías que contiene el artículo 14 de la Constitución Federal , destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa, que constituye una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades, para que de manera previa al dictado de cualquier acto de autoridad cumplan con una serie de requisitos necesarios como (sic) conocidos como formalidades esenciales del procedimiento. La ley combatida, debe considerarse como un acto arbitrario y anárquico, porque en el procedimiento que debió seguir, no se observaron las formalidades que la propia Constitución y la Ley para la Reforma del Estado establecen. Ello es así, porque todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas, mismas que deberán desarrollarse con estricto apego, vulnerando los principios de certeza, de legalidad y de seguridad jurídica, y por ende, que no se cumpla con la garantía contenida en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, afirmamos que en la aprobación y promulgación del decreto que contiene el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , existen vicios de carácter formal, que hacen que exista una violación a las leyes del procedimiento y, por tanto, a la garantía constitucional contenida en el artículo 14, por las siguientes razones: Si bien las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores manifiestan haber turnado iniciativa con proyecto de decreto suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, es falso que los partidos políticos y grupos parlamentarios representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión hayamos arribado a un amplio consenso. Como ya se expresó, la Ley para la Reforma del Estado promulgada el trece de abril del presente año, en su artículo 1o. señala que el objeto de la misma es establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano, y en su artículo 8o. precisa que para que la Comisión Ejecutiva y las Subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse las dos terceras partes de sus miembros, que las decisiones y acuerdos se tomarán por el máximo consenso posible de los presentes, lo cual en el caso que nos ocupa, no se cumplió. Asimismo en su artículo 9o., el ordenamiento legal invocado, establece que el proceso de negociación y construcción de acuerdos para la reforma del Estado constará de las siguientes etapas: I. Presentación de propuestas; II. Consulta pública. III. Negociación y construcción de acuerdos. IV. Redacción de los proyectos, y V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas. De los preceptos legales anteriormente señalados, se desprende con meridiana claridad que para que se diese cumplimiento a la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, era necesario haber sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva el proyecto de iniciativa para su aprobación, firma y posterior presentación, sin embargo, con ello no se cumplió. Así también, se alteró el procedimiento señalado en el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que establece en la fracción II del artículo 7o. el derecho y obligación de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las mismas sesiones o reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva, privándonos del derecho de igualdad en la discusión y aprobación de la ley que ahora se impugna. No omitiendo señalar que el procedimiento legislativo que se menciona, se encuentra viciado de origen, como se verá a continuación: El proyecto de dictamen de fecha 5 de septiembre del año 2007 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores que anexe en copia certificada a la diversa acción de inconstitucionalidad 168/2007, el cual hago consistir en que de dicha documental se reconoce que fue turnada iniciativa con proyecto de decreto presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PT que la suscribieron, en el último día de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo cual es evidente constituye una violación al artículo 135 de la Constitución Federal , puesto que dicho precepto constitucional no faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para conocer de iniciativas de reformas a la Constitución, ya que únicamente la faculta para hacer el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, por tanto si la reforma constitucional emana de un procedimiento que originalmente es considerado inconstitucional se conculca en perjuicio del partido político que represento el artículo 14 de la Carta Magna. Abundando en lo anterior, se conculca a su vez la Ley para la Reforma del Estado, puesto que en dicho ordenamiento legal, se estableció un procedimiento según se señala en la fracción IV del artículo 4o. para ‘Promover la presentación, ante la Cámara de Diputados y Senadores, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo’, en el precepto citado no (sic) se faculta a los sujetos legitimados para promover la presentación de iniciativas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, por tanto, la iniciativa presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados que la suscribieron con él, violaron la Ley para la Reforma del Estado y en consecuencia el procedimiento establecido en la fracción IV del artículo 4o. De lo anteriormente manifestado, se concluye que la reforma constitucional, vulneró al proceso de creación de la propia reforma y por consiguiente a la ley secundaria, sirva de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). A continuación, se reproducen en lo que interesa, los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos violentados: ‘Artículo 16.’ y ‘Artículo 41.’ (se transcriben). Todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley, de ahí la importancia que cobra el proceso legislativo, que es donde se crea el marco jurídico que garantiza el Estado de derecho. El Poder Legislativo aprueba leyes, el Poder Ejecutivo las promulga y las pública y es el debido cumplimiento del proceso que esto conlleva, lo que le da certeza a dicho proceso, lo contrario como es el caso, vulnera el principio de legalidad, que consagra el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo antes expuesto y fundado en el presente concepto de violación, solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de la norma general impugnada, que se hace consistir, en la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, del decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Segundo concepto de invalidez. Se vulnera la garantía de participar para votar y ser votado de que goza todo ciudadano. En la nueva ley que nos ocupa, se excluye la participación en la vida política de nuestro país, de las candidaturas ciudadanas, estableciendo expresamente que los mexicanos que no militan o simpatizan con algún partido político, no pueden intervenir en la vida nacional, entendiendo por esto, intervenir libremente para su postulación a un puesto de elección popular, votar y ser votado, conculcando en su perjuicio los derechos que le son inalienables, como se verá a continuación:

    Ver cuadro comparativo 1

    "Como se puede apreciar, no se encuentra prevista en la ley en comento, la candidatura ciudadana, por lo que se debe otorgar tal posibilidad, de lo contrario, resulta inconstitucional dicho cuerpo normativo. Lo anterior es así, porque en nuestra Carta Magna, el poder ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional y de configuración legal, tal como lo reconoce la doctrina judicial nacional (TEPJF: SUP-JDC-037/2001 y SUP-RAP-027/2003) e internacional (CEDH: Gitanas y otros v. Grecia, 1 de julio de 1997; Podkolzina v. Letonia, 9 de abril de 2002; Hirst v. The United Kingdom, 6 de octubre de 2005). Es la reserva de ley, según la fracción II del artículo 35 de la Constitución, la que define las ‘calidades’ para poder ser votado (TEPJF: SUP-RAP-40/2004). Ese es el núcleo fundamental: las ‘calidades’ que se pueden exigir para poder participar y ser electo como representante popular. Ello significa que el derecho a ser votado puede ser desarrollado por el legislador ordinario, en la medida en que no afecte su contenido esencial. No es un derecho absoluto por el principio de ‘sociedad democrática’ que delimita los derechos políticos fundamentales (TEPJF: SUP-JRC-128/2001 y SUP-JDC-117/2001), por lo que el punto a discutir será siempre si las calidades impuestas por la ley son irrazonables, discriminatorias, desproporcionales o que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial tutelado o hagan nugatorio el ejercicio de este derecho. Este derecho fundamental no sólo implica el reconocimiento de un poder del ciudadano cuyo ejercicio se deja a su libre decisión, sino que también entraña una facultad cuya realización está sujeta a condiciones de igualdad, a fin de que todos los ciudadanos gocen de las mismas oportunidades. Es por un lado, la libertad negativa que impide intervenir indebidamente en la esfera de participar en la lucha del poder, pero también implica la libertad positiva que tiene por objeto imponer prestaciones positivas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones: la libertad de ser electo implica, invariablemente, que todo el que pretenda el cargo público debe contar con la oportunidad equitativa de impacto e influencia para alcanzar el poder. Es por ello que el ejercicio de las garantías y libertades (informarse, expresarse, asociarse, etc.) que se ejercen para obtener un cargo de elección popular (el poder de buscar la candidatura y el voto de la mayoría), se encuentran supeditadas a los principios de la participación del pueblo en la vida democrática y el acceso al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Este derecho a ser electo, arropado por la Constitución General de la República, como parte del derecho a participar en la conformación de la voluntad popular y estatal, se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano. Por un lado, la posibilidad de ser votado se funda en el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; además, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto, en donde en el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades políticas se sujeta únicamente a las limitaciones establecidas en la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Se establece, asimismo, que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones prohibida y sin (sic) restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: (I) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (II) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; (III) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Este derecho a ser electo, por tanto, se disfrutará sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En consecuencia, no se pueden establecer normas que de manera irracional impiden el libre ejercicio del derecho a poder ser votado. En este sentido, al no permitirse las candidaturas ciudadanas, se afecta la libre participación de los ciudadanos en la política, ya que resulta innecesaria todo tipo de limitación, porque no se demuestra ningún bien jurídico a tutelar. En todos los países democráticos existe la libre participación de los ciudadanos, que les permite, fieles a sus convicciones, participar en la construcción democrática, mediante su postulación, sin cortapisa alguna, sin tener que pertenecer a grupos o partidos que han cambiado su orientación de modo inaceptable para ellos. Los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República, en particular con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la interpretación que de los mismos han hecho los órganos encargados de su aplicación. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 25 que: ‘Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2o. (sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social), y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.’. Por su parte, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: ‘1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y. c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso penal.’. En opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento del mencionado Pacto Internacional, cualquiera que sean las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos político-electorales ‘deberán basarse en criterios objetivos y razonables’, toda vez que ‘el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la aplicación e interpretación de la Convención Americana, ha estimado que: ‘La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos (consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana) no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.’-Por su parte, los artículos 29 y 30 de la Convención Americana establecen: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. En conjunto, tal como ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia internacional, los derechos fundamentales de carácter político-electoral no son derechos absolutos o ilimitados sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que las mismas estén previstas en la legislación, no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Restricciones que deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la Constitución y en los propios tratados internacionales. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estimado que las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones para el ejercicio del derecho de voto pasivo que establezca la ley deben respetar el contenido esencial de este derecho fundamental previsto en la Constitución Federal , así como en la Constitución Local y en los tratados internacionales respectivos, y han de estar razonablemente armonizadas con otros principios o derechos fundamentales de igual jerarquía, como el principio de igualdad. En todo caso, tales requisitos o condiciones deben establecerse en favor del bien común o del interés general como se prevé en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por México (SUP-JDC-713/2004). Por tanto, el restringir el derecho a ser votado por no formar parte de un partido político, afecta el libre ejercicio de ese derecho, porque impone una obligación al ciudadano de manera desproporcionada e irracional: Tener que pertenecer a un partido político, para estar en condiciones de ser postulado a un cargo de elección popular. La norma que se cuestiona carece de razones y fundamentos suficientes de lesividad del sistema político, que justifiquen la restricción de un derecho fundamental. Pues no prueba que exista un ataque concreto a bienes fundamentales de tipo individual o social en los que se base la democracia, tampoco se ve que prohibiendo tal circunstancia de participar como candidato ciudadano, sea útil e idóneo para evitar daños al sistema de partidos, la finalidad constitucional de la libertad política implica el derecho de todo ciudadano de participar en la política en la forma que desee. Ello es así, pues la norma en cuestión implica una violación al derecho de ser votado, porque obliga a los ciudadanos a pertenecer necesariamente a un partido político para ejercer sus derechos político- electorales. Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-695/2007 con relación al derecho constitucional de ser votado realizó las consideraciones siguientes, que son aplicables en lo conducente al concepto de invalidez planteado: ‘Esta Sala Superior ha considerado que el derecho político-electoral de ser votado es un derecho fundamental previsto y reconocido constitucionalmente, así como por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, razón por la cual la interpretación restrictiva debe hacerse únicamente en los supuestos previstos en la Constitución Federal , esto es, los derechos otorgados por la máxima ley se entienden enunciativamente, mientras que las restricciones solamente deben verse de forma limitativa’. En este sentido, la interpretación lleva a aplicar lo dispuesto en el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Federal , por ser el precepto que maximiza y potencializa el ejercicio del derecho fundamental de ser votado, se corrobora si se acude al método de interpretación in dubio pro homine o pro libertate, que tiene como directriz favorecer a la libertad en caso de duda, esto es, implica considerar a la libertad como uno de los valores de la mayor importancia en un Estado de derecho, si se tiene en cuenta que los principios son las piezas más importantes del sistema jurídico, puesto que representa el poder en el campo de acción del individuo necesario para su desarrollo y autorrealización, lo cual redunda en beneficio de la sociedad, y como tal, constituye un freno al Poder del Estado, para impedir los abusos de los gobernantes. Es por ello que en un Estado de derecho, la tendencia en los ordenamientos jurídicos y la interpretación jurídica apunta a lograr la mayor libertad posible en el ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados, de manera que el Juez debe resolver mediante la aplicación de la norma que mejor proteja la libertad, o que la haga posible en mayor medida. Semejante postulado descansa en la naturaleza de los derechos de carácter fundamental reconocidos por el ordenamiento, como zonas o espacios de inmunidad cuya finalidad es asegurar la libertad y seguridad jurídica de los individuos frente a los poderes públicos, y de manera particular respecto de los derechos de participación política, en especial el de sufragio en sus dos vertientes, -la de votar y ser votado- que constituyen la piedra angular de todo sistema democrático, pues permiten la necesaria conexión y eventual identificación entre el ciudadano y la autoridad, por lo que constituye un presupuesto indispensable garantizar, en principio, que todo ciudadano esté en aptitud de ejercer el derecho de sufragio en las elecciones populares que se celebren para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales o municipales, sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento o discapacidad. El ejercicio del poder político y el punto de partida para la legitimación de dicho poder, no puede atribuirse a unos cuantos, sino a todos los miembros del pueblo en común y del mismo modo, al encontrarse fundamentado el sistema democrático en la libertad y autodeterminación de cada uno de los individuos que conforman la comunidad, de ahí que tiene que tratarse de una libertad igual y de una autodeterminación para todos. De tal suerte, en sí mismo considerado, el ejercicio válido de un derecho de participación política no admite servir de base para que se impida su posterior ejercicio, porque desnaturalizaría su calidad de derecho de libertad y de autodeterminación, además de que se estaría imponiendo una carga con dicho ejercicio, lo que inhibiría su eficacia, con la consecuente enervación o menoscabo de su virtualidad como derecho de carácter fundamental. Por último, con la aprobación, promulgación y entrada en vigor del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se desconoce a los más de veinte millones de mexicanos que se encuentran fuera del ámbito de participación de los partidos políticos nacionales. Se pretende sustentar la validez de la exclusiva participación ciudadana, solo a través de los partidos políticos, con el argumento de que con ello se propicia, una equilibrada representación política de los mexicanos en las elecciones, no obstante, la representación que hoy tiene su expresión en los partidos políticos, nos la hemos dado los mexicanos, justo para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, por ello resulta absurdo y una falta de congruencia política, legislar para que ahora los derechos de los ciudadanos deban supeditarse, por ley, a los derechos y facultades de los partidos políticos. El interés público que tutela la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y por consiguiente las leyes secundarias que de ella emanan, no es el interés de los partidos políticos, sino de los ciudadanos que conforman nuestra nación. Con motivo de los razonamientos anteriormente expuestos, me permito llamar su atención, sobre los siguientes preceptos constitucionales que contraviene el código en comento: 1. Los artículos 35, 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , disponen en lo que nos interesa: ‘Artículo 35.’. ‘Artículo 39.’. ‘Artículo 40.’. ‘Artículo 41.’-‘Artículo 115.’. ‘Artículo 116.’ (se transcriben). Interpretando los anteriores preceptos constitucionales, podemos razonar concluyentemente que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, entendido este como el conjunto de ciudadanos mexicanos que tienen en todo tiempo el inalienable derecho de alterar su forma de gobierno. El Constituyente Mexicano de 1917, define en nuestro país la existencia de una forma de gobierno republicana, infiriendo que el pueblo soberano es quien renueva periódicamente al titular o a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la Federación y de los Estados. La disposición constitucional en comento, que convierte a la República mexicana, en representativa, se traduce en el hecho de que es el pueblo quien elige, mediante los instrumentos político-electorales establecidos, a una o a un grupo de personas que, tendrá la legítima representación popular. El código que se impugna, incumple con los principios básicos antes referidos, violando la esencia misma de la soberanía nacional, pues el decreto que le da origen, rompe con el Sistema Jurídico Electoral, previsto en el artículo 41 constitucional, y con las prerrogativas del ciudadano, establecidas en el artículo 35, fracción II. Tercer concepto de invalidez. Se hace consistir en lo que denomina en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , como Coaliciones, porque con ello se vulneran los principios de Libertad de Asociación y Participación Política, consagrados en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . La causa de pedir se hace consistir en la invalidez de los artículos 95, numerales 9 y 10, y 96, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , como se verá a continuación:

    Ver cuadro comparativo 2

    "Se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que independientemente del tipo de elección, convenio y términmos que adopten los partidos políticos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; argumentando que los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para, cada uno de los partidos políticos, para todos los efectos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Llegando al extremo de disponer en el numeral 5 del artículo 96, que cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida. Estas normas se estiman inconstitucionales, porque atentan contra de la libertad de asociación, al no permitir que los partidos políticos libremente convengan su participación política en una elección, mediante la figura de la coalición, ya que le imponen a esta, límites, prohibiciones y modalidades que van en contra del derecho fundamental de participación, asociación política y expresión del voto, trastocando los principios de seguridad jurídica y de certeza. Este derecho de asociación, según ha dispuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe interpretarse en forma extensiva para tutelar derechos fundamentales de los mexicanos, en consecuencia, las coaliciones deben tener la mayor libertad para que los partidos políticos que las integran definan sus alcances siendo sus fines lícitos en el marco del Estado democrático de derecho. El derecho de asociación es la base para la conformación de partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones electorales. Al respecto señala el mencionado Tribunal en tesis relevante: ‘DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.’ (se transcribe). Lo anterior es así, toda vez que los artículos 95 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , resultan contradictorios con el derecho a formar coaliciones, consagrado en el artículo 36, numeral 1, inciso e), del Código Electoral, como son fundamentalmente, la imposibilidad de que exista un emblema de la coalición, que lo diferencie y distinga de los demás partidos y coaliciones; la imposibilidad de pactar la manera en que se distribuirán los votos, que solo se justifica cuando se realiza con antelación a cualquier elección, pero de ninguna manera con posterioridad a la emisión del sufragio; el financiamiento y los espacios legislativos, y sobre todo, llegar al extremo de permitir la transferencia de votos de un partido político a otro de manera arbitraria, afectando rotundamente los principios del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Sobre esto último, la transferencia de votos de un partido político a favor de otro que alcanzó el uno por ciento de la votación requerida, con el fin de aumentar su porcentaje de votación, es inconstitucional, porque afecta el régimen de partidos y las reglas democráticas de la contienda electoral. El artículo 54 de la Constitución establece que para tener derecho a diputados de representación proporcional, un partido político debe obtener por lo menos el dos por ciento de la votación requerida, sin embargo, con la disposición contenida en el artículo 96, numeral 5, se pretende conformar de manera ilegal el dos por ciento requerido para que un partido conserve su registro, a pesar de haber obtenido una votación menor, por lo cual existe una clara violación a los preceptos constitucionales invocados. En el artículo 41 constitucional, se establece que los partidos políticos, tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática y como organización de ciudadanos, contribuir a la integración de la representación nacional. Esto, significa que los partidos tienen derecho a ejercer una libertad política para obtener el sufragio popular, que es la base de toda representación. Luego entonces, el derecho que tiene cada partido político a participar, se debe regir conforme a las libertades fundamentales que emanan de la Constitución, y si la ley establece la forma en que los partidos políticos pueden intervenir en los procesos electorales, esta reserva de ley tiene que sujetarse a los principios constitucionales que orientan las libertades y las finalidades de esas organizaciones de ciudadanos debidamente constituidas, por ello, el criterio que debe prevalecer, es el que toda regulación de la libertad política de participación y asociación de los partidos en el régimen de las coaliciones, se sustente en la voluntad de las partes, siempre y cuando esta sea lícita y no afecte el derecho de terceros. La doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, señalan que se debe entender al convenio de coalición, como el acuerdo escrito de dos o más partidos políticos, para unirse temporalmente durante un proceso electoral determinado, partiendo de una declaración de principios afines, de un programa de acción y de unos estatutos, con la intención de presentar ante los ciudadanos, mediante un emblema común, una plataforma electoral, un programa legislativo y de gobierno, tendientes a postular candidatos a los cargos de elección popular de que se trate, y determinando la manera cómo habrán de asignarse, de manera previa a la elección, los porcentajes correspondientes. En este sentido, el artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , pretende suplantar la figura de la candidatura común con la de las coaliciones, desnaturalizando su propósito esencial, que es la suma de fuerzas políticas, para actuar como un solo partido, en un proceso electoral determinado, con candidatos, emblema y estrategias compartidas. La candidatura común, por su parte, implica que una misma persona pueda ser candidato de uno o más partidos políticos sin la necesidad de que exista una coalición electoral (es decir, un convenio donde se establezcan programas y principios de los participantes en los comicios, y porcentajes de distribución de financiamiento, votos y espacios en los órganos legislativos); por consiguiente, esta nueva normatividad electoral resulta inconstitucional, porque en realidad desaparece la figura de la coalición para limitar, prohibir y restringir la autonomía de los partidos y la libertad del derecho de asociación para participar libremente en la integración de la representación nacional, al determinar que cada uno de ellos, tenga que aparecer en la boleta electoral con su emblema, lo que propicia confusión entre el electorado y por ende la falta de certeza, amen de que se tengan que contabilizar independientemente los votos, pero con la salvedad de que si son cruzados ambos emblemas de los partidos coaligados, el voto es nulo, como lo establece el artículo 273 numeral 3 de la ley que se impugna. Por todo ello, es pertinente mencionar los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘COALICIONES. SE DIFERENCIAN POR SU NOMBRE Y, PREPONDERANTEMENTE, POR SU EMBLEMA Y COLORES.’ (se transcribe). ‘EMBLEMA DE UN PARTIDO POLÍTICO. SU OBJETO JURÍDICO.’ (se transcribe). ‘EMBLEMA. SU OBJETO JURÍDICO NO CAMBIA RESPECTO DE UNA COALICIÓN.’ (se transcribe). Concluyendo podemos decir que la ley debe garantizar, a partir de los principios constitucionales que hemos mencionado, la libertad de los partidos a coaligarse, definir libremente su emblema y su forma de identificarse ante el electorado, así como los acuerdos previos a la elección, sobre como contabilizar los votos de la coalición, porque no hay razón constitucional válida, para limitar esta libertad que tiene un objeto lícito, no daña a terceros ni perturba el orden público. Es por eso que se hace necesario, en uso de las facultades constitucionales con que cuenta el más Alto Tribunal de la nación, analizar si los principios rectores que en materia electoral se instituyen en el Pacto Federal, se cumplen debidamente y en su caso se precise la figura de la candidatura común y se reglamente correctamente la figura de la coalición. Por las razones antes expuestas, se deja de manifiesto lo inconstitucional y el carácter lesivo hacia el sistema de partidos de la legislación que se menciona, y como consecuencia de ello, solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de los artículos invocados. Cuarto concepto de invalidez. Se hace consistir en el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, por el que a los partidos políticos nacionales, se les sustrae el derecho para determinarse, conforme a su proyecto político, en relación al uso de tiempos en los medios de comunicación masiva de radio y televisión. Con el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, se vulnera el principio democrático de representatividad, en el sentido de que las elecciones dejan de ser auténticas y equitativas, en términos de lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Constitución General, en la parte respectiva y se vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer a las diferentes fuerzas políticas, en igualdad de circunstancias, todo ello afectando la esfera jurídica de los propios ciudadanos y de los partidos emergentes, como el que represento, como se verá a continuación: Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en Materia de Acceso a Radio y Televisión. Marco Legal. Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, que reformó entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    Ver cuadro comparativo 3

    "El principio constitucional de elecciones auténticas, implica que las diferentes fuerzas políticas, estén en aptitud de tener acceso a los medios masivos de comunicación, en condiciones de una efectiva y equitativa competencia electoral. En este apartado, al establecerse la norma en el sentido de que, una vez distribuido el treinta por ciento del tiempo en radio y televisión en forma igualitaria, el setenta por ciento restante se distribuirá en proporción al número de votos que hayan obtenido las diversas fuerzas políticas en la elección de diputados federales anterior, con ello, resulta evidente que los partidos políticos recientemente constituidos, o bien denominados emergentes o de nueva generación, compiten, a partir de lo establecido por el Poder Constituyente Permanente en condiciones de inequidad en su contra, toda vez que no podrán ser igualmente observados y calificados por el electorado, que aquéllos partidos políticos tradicionales, que obviamente por su longevidad tienen mayor posibilidad de acceso y mayor tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación. Lo anterior significa que en agravio de los partidos emergentes y de la propia ciudadanía receptora de la información en los medios masivos de comunicación se violenten los principios de autenticidad en las elecciones y de equidad que enmarcan nuestro régimen constitucional, particularmente en la fracción I y II del artículo 41 de nuestra Carta Magna así como el 116, fracción IV, inciso I. En ese sentido, ese honorable Tribunal de la Nación, ha establecido en la ejecutoria emitida con motivo de la acción de inconstitucionalidad 5/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, el siguiente criterio: ‘... la equidad en materia electoral, para la obtención de recursos y demás elementos para el sostenimiento y la realización de los fines de los partidos políticos, estriba en el derecho igualitario consignado en ley para que todos puedan alcanzar esos beneficios, y no por el hecho de que, cuantitativamente hablando y por sus circunstancias particulares, un partido pueda o deba recibir más o menos cantidad de esos elementos o recursos. ...’. Por lo que resulta obvio que el código comicial hoy combatido, mediante la presente acción de inconstitucionalidad, contravenga lo establecido por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de mérito, vulnerando flagrantemente el principio de equidad contenido en el artículo 116, fracción V, inciso f), de la Carta Magna, lo que constituye la inconstitucionalidad de las normas materia de la presente acción de inconstitucionalidad. Los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, según el artículo 41 de la Constitución Federal que los define además como ‘instituciones constitucionales’ tienen derecho a contar con las condiciones mínimas para el cumplimiento de su objeto y desarrollo de su función al ser intermediarios y representantes de amplios sectores de la población, de tal manera que de conformidad con el mencionado precepto constitucional, la ‘ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades’, destacando lo relativo al financiamiento público. Al respecto Saúl F. Rodríguez en la publicación del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua Quid Juris, Año I, Volumen 4, en su ensayo ‘Financiamiento público a partidos nacionales en el ámbito estatal’ expresa sobre la salvaguarda de nuestra Ley Fundamental a las instituciones partidarias que ‘... la constitucionalización de los partidos políticos de 1977 en nuestro país tuvo, entre otros objetivos, consagrarlos como entidades de interés público que tuvieran como finalidad el fomentar la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país; contribuir a la integración de la representación nacional; hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público; y transparentar a través de la regulación legislativa el funcionamiento de los mismos ... En el Diario de Debates del Congreso de la Unión, de 6 de octubre de 1977, en relación a la reforma constitucional en comento, se afirma que: «el carácter de interés público que la iniciativa reconoció a los partidos hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que éstos requieran en su acción destinada a recabar adhesión ciudadana» (Diario de los Debates, 6 de octubre, 1977, p. 106). Luego, es con base en la reforma en comento que nace el sistema de financiamiento ...’. En este punto, resulta importante resaltar la necesidad de que los partidos políticos nacionales, cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades, como son las prerrogativas y entre éstas, además del financiamiento, el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación, que genere igualdad de oportunidades -guardadas las proporciones-, para acceder al poder. Lo que significa que todos los institutos políticos constituidos legalmente tengan garantizada la obtención de dichos elementos, para estar así en aptitud de participar en la construcción de la vida democrática del país. Desde esa tesitura, propósito del Estado mexicano ha sido, el establecer en la legislación electoral -con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Federal . Lo referente a la figura de las prerrogativas de los partidos políticos. Dicha circunstancia, como lo señala Francisco José de Andrea Sánchez, ‘se justifica por diversos problemas que se presentan en los hechos, como son: a) los escándalos políticos; b) una preocupación por dotar de principios éticos y morales a la política; c) los crecientes gastos en medios de comunicación, de las campañas políticas necesarias para acceder a los cargos populares en un mundo de creciente complejidad tecnológica y mediática; d) la influencia perniciosa de la delincuencia organizada en las actividades políticas contemporáneas, y; e) la existencia de grandes capitales corporativos o individuales que buscan favorecer sus intereses económicos a través de contribuciones desproporcionadas a las campañas y partidos políticos’. Para entender en su exacta dimensión el asunto que nos ocupa, se debe hacer mención, al motivo que lo origina, y en este sentido, llamar la atención a lo que representa el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, cuyo destino excesivo a los medios de comunicación, concretamente a la radio y la televisión, propició supuestamente, las disposiciones cuya invalidez se demanda. Al destacar la importancia del financiamiento público en la consolidación del sistema de partidos políticos en México José de Jesús Orozco Henríquez y Carlos Vargas Baca en su texto ‘Regulación jurídica de los partidos políticos en México’ han señalado: En efecto, es innegable que el financiamiento público ha permitido establecer un verdadero sistema de partidos políticos cada vez más competitivo, pues si dicho financiamiento no existiera, muchos de los partidos políticos estarían condenados a perder en las elecciones e incluso su registro (al no obtener, al menos, 2% de la votación en alguna de las elecciones federales), en tanto que contarían con menos recursos para realizar sus actividades proselitistas en comparación con los partidos políticos más fuertes, lo cual les cerraría toda posibilidad de obtener algún triunfo, dejando fuera corrientes o tendencias políticas existentes dentro de la sociedad. Inclusive, se podría propiciar que se buscara el apoyo económico de intereses ilícitos o contrarios a la nación’. Por su parte José Woldenberg en su conferencia ‘Relevancia y actualidad en la contienda’ dictada en el ‘Seminario Internacional sobre Dinero y Contienda Político-Electoral: Retos para la Democracia’ expuso que ‘el dinero de los partidos políticos es un asunto relevante no sólo por las cantidades implicadas o por sus fuentes de origen, sino porque los partidos se han vuelto la columna vertebral del Estado democrático. ... los asuntos del financiamiento a los partidos han sido motivo de inestabilidad y crisis en muchas democracias del mundo: gobiernos enterrados por escándalos que los implican en operaciones financieras delictivas, ex-presidentes o primeros ministros que pelean por eludir la acción de la justicia, ministros cesados por acusaciones en su contra, partidos al borde de la desaparición, y sistemas políticos enteros precipitados por causa de ilícitos financieros. No se exagera cuando se refiere al financiamiento de los partidos como un tema absolutamente central no sólo para los propios partidos políticos y para su influencia, prestigio e implantación social, sino, lo que es más importante, para la legitimidad y la salud del sistema democrático mismo ...’. Al referirse al aspecto del financiamiento público Woldenberg expresó: ‘La intención es conjurar hasta donde sea posible los riesgos palpables que entraña para la competencia democrática que los partidos puedan ser prisioneros de grandes agentes del mercado o, incluso, de grupos de interés que operan al margen de la legalidad. Se trata de que los partidos estén protegidos de las presiones corporativas e ilegales que podrían proceder de su dependencia financiera con centros o grupos de poder económico, social o institucional ...’. Es ‘inviable, dijo, pensar en un modelo autosustentable de los partidos políticos, sin subsidio directo del Estado’. En ese contexto, la disminución de prerrogativas para los partidos políticos minoritarios o de nueva creación, se da desde los espacios parlamentarios ocupados por partidos antagónicos precisamente mayoritarios, mediante la aprobación de disposiciones que resultan atentatorias del pluralismo y contrarias a nuestra Constitución Federal , en ese sentido, el propio Woldenberg expresó en la conferencia citada: ‘Cabe apuntar que puede darse el caso en que los partidos existentes bloqueen el acceso de nuevas opciones a la competencia electoral y por tanto al financiamiento público, lo que puede crear una suerte de pugna entre in-siders y out-siders de la arena electoral. Este riesgo es permanente en tanto que son los partidos con mayor presencia en el parlamento, los que legislan los requisitos de incorporación en la contienda electoral y la permanencia en ella’. Ahora bien, aplicando los razonamientos anteriores, al nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, podemos entender la manera en que a los partidos políticos nacionales llamados emergentes, se les sustrae el derecho para determinarse, conforme a su proyecto político, en relación al uso de tiempos en los medios de comunicación masiva, encareciendo su acceso, mediante la aplicación del criterio del setenta por ciento según el porcentaje de votación obtenida en la elección para diputados federales inmediata anterior. Situación que se podía entender, solo con respecto del financiamiento público, pero que no debe ser aplicable al acceso de la radio y la televisión, partiendo de que, cuando se participo en la pasada contienda electoral del año dos mil seis, mi partido, al suscribir el Convenio de la Coalición que se denominó ‘Por el bien de todos’, nunca imaginó que los porcentajes de votación pactados, repercutirían en un futuro inmediato, para determinar su acceso a la radio y la televisión, sobretodo en los subsecuentes procesos electorales, locales y federales, situación que se traduce en una intervención lejana de la equidad, porque visto de otra manera, los partidos que por mayoría aprobaron esta legislación, bien sabían del beneficio que les producía, como se puede apreciar en el cuadro comparativo que se presenta: Una vez analizado el marco legal, es importante establecer sus implicaciones e impacto.

    Ver implicaciones e impacto

    "Las reformas constitucional y legal en la materia, consumadas por las tres fuerzas con mayor representación en el Congreso, constituyen una absoluta inequidad para el acceso a los medios de radio y televisión, a que tienen derecho los partidos políticos como prerrogativa, porque impiden flagrantemente el desarrollo democrático de nuestro país, denotando un retroceso histórico en su afán de perpetuarse en el poder y nos colocan en una clara desventaja, para competir en los procesos electorales federales y locales. Como ejemplo de la total e injusta proporción en la distribución de los tiempos en radio y televisión, se menciona lo siguiente: En precampañas electorales, mientras el partido en el poder transmitirá 5 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, nosotros los partidos llamados emergentes sólo tendremos un promedio de 1 minuto y medio, que significa una proporción de casi 4 a 1, y que en radio representan más de 59 mil minutos en contra de 15 mil minutos que transmitiremos nosotros y de igual manera en televisión 4,200 minutos contra 1,100 minutos. En campaña electoral, de igual manera se mantiene esa desproporción, siendo en radio más de 200 mil minutos contra 54 mil minutos, así como en televisión que será de más de 14 mil minutos contra menos de 4 mil minutos. En su conjunto y traducido a horas el partido en el poder transmitirá durante el proceso electoral, tanto en radio y televisión, más de 280 mil minutos y nosotros solamente 75 mil minutos. Es por ello, que se debe resolver que en todo caso, resultaría procedente su aplicación, hasta el proceso electoral del año dos mil doce, una vez que mi partido y todos los llamados emergentes, participen en la contienda electoral del año dos mil nueve, en igualdad de circunstancias, sabedores que el porcentaje de votación que obtengan en la elección de diputados federales, será determinante para su acceso, en la medida del setenta por ciento, a los medios masivos de comunicación de las subsecuentes elecciones, tanto federales como locales. Quinto concepto de invalidez. Se excluye del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , el otorgamiento de financiamiento público por concepto de actividades específicas, en la forma en que se encontraba establecido, otorgando en su lugar a los partidos políticos, recursos públicos para esos fines, en proporción del treinta por ciento en forma igualitaria y setenta por ciento en relación a la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político, con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, favoreciendo con ello a los partidos mayoritarios que aprobaron dicha reforma; violentando con ello, los artículos 14, 16, 41, fracciones I, y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Además de los artículos 3o., párrafos 1 y 2, 36, párrafo I, incisos b) y k), 78, párrafo 1, inciso c), fracción I y 105, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Lo anterior en virtud de que mi representado, fue privado del derecho que le asiste de continuar en el ejercicio de las actividades específicas, en la forma, cantidad y calidad en que lo venía haciendo desde el momento en que obtuvo su registro como partido político nacional, trastocando con la determinación que se combate, el principio de seguridad jurídica y los principios rectores del derecho electoral. Además de que se controvierte la finalidad de mi representado, de promover la participación del pueblo en la vida democrática, y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postule. A continuación se presenta en forma esquemática, la disposición a que en este apartado se refiere:

    Ver esquema

    "Por lo anterior, me permito formular las siguientes consideraciones: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en su artículo 41, base II, inciso c), mandata que el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la Educación y Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. Pero injustamente establece que el treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados, por mayoría relativa inmediata anterior. A su vez, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 78, párrafo I, inciso c), establece que el financiamiento público para actividades específicas que realicen los partidos políticos nacionales como entidades de interés público se calculará de la siguiente forma: ‘I. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este código, conforme a las disposiciones siguientes: ... c) Por actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado, esto es: - El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. - El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior,’. Lo que resulta desproporcional y eniquitativo (sic) atendiendo a que Convergencia, desde que obtuvo su registro como partido político nacional, en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el día treinta de junio del año de mil novecientos noventa y nueve, se avocó a la tarea de realizar las actividades específicas que por disposición constitucional y legal le correspondían, como son la promoción de la educación y capacitación cívica, la investigación política y socioeconómica, así como la edición de diversas publicaciones, que en su oportunidad, fueron, previa validación de su contenido, subvencionadas mediante el financiamiento público, en los términos del reglamento respectivo, con apoyos del rubro del setenta y cinco por ciento de los gastos comprobados y que se erogaron para promover la participación del pueblo en la vida democrática; actividades específicas que otros institutos políticos desdeñaron y nunca ejercieron en la medida de los recursos públicos que recibían. A continuación se presenta el comportamiento que han tenido los partidos políticos nacionales, en el rubro de las actividades específicas, desde su creación como parte fundamental del financiamiento público, atendiendo a la naturaleza y finalidad de las mismas, resaltando el ejercicio realizado por mi representado, desde el momento de su registro como partido político nacional, primero como Convergencia por la Democracia y posteriormente como Convergencia; llamando la atención de ese honorable tribunal, que con la aplicación de la fórmula ya señalada y la distribución que de ella se origina, parecería que se privilegia a quienes no cumplían con la obligación constitucional y legal de efectuar actividades específicas y se desmerece al partido que las realizaba, esto es a mi representado, quien siempre tendió a su incremento, a pesar de contar con menores recursos, lo que convierte a la disposición en atentatoria de los principios rectores del derecho electoral y de la seguridad jurídica, por carecer de una debida proporción en atención a lo que aquí se señala:

    Ver tabla 1

    "Con lo que se demuestra la indebida interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que garantiza en su artículo 41, que los partidos políticos nacionales cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades; así como la ilegal aplicación que de ello se hace en el Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales , donde se encuentra previsto el derecho de gozar de las garantías que ese cuerpo normativo les otorga, con el fin de estar en condiciones de realizar sus objetivos; lo que se violenta con las nuevas disposiciones en la materia, porque se deja de aplicar una distribución proporcional y equitativa, acorde al principio de seguridad jurídica, esto es cubrir el setenta y cinco por ciento de la erogación de las actividades específicas realizadas, previa aprobación de las mismas, otorgando en su lugar ahora por ese concepto, un financiamiento desmedido, sobretodo a los partidos políticos mayoritarios, sin tomar en cuenta el escaso ejercicio que la mayoría de ellos hizo, de esa obligación constitucional y legal. Lo que nos lleva a considerar que cuando se aprobó por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el diecinueve de diciembre del año dos mil cinco, el convenio de coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, denominada ‘Por el bien de todos’, en donde se estableció el porcentaje de la votación que le correspondería a cada uno de ellos, sólo se entendía que dicho porcentaje repercutiría en el financiamiento público ordinario que recibiría mi partido, mas no para la estimación de cualquier otra prerrogativa; esto se convino de la siguiente manera: ‘Por el bien de todos’. ‘i) Por cuanto a la cláusula décima del referido convenio de coalición, se establecen los criterios mediante los cuales se determinan los porcentajes de votación que para cada partido político se distribuirán de la votación que obtenga la citada coalición, conforme a la tabla y criterios siguientes:

    Ver tablas y criterios

    "Luego entonces, del 29% de la votación nacional emitida, correspondió el 18% al Partido de la Revolución Democrática, el 5.80% al Partido del Trabajo y el 5.20% a Convergencia, porcentaje se convierte (sic) indebidamente, en la nueva distribución para mi representado, del financiamiento público por concepto de actividades específicas, cuya inaplicación se demanda, precisamente porque no fue pactado de esa manera y estimarlo así, rompe con la manifestación de voluntades expresada por las parte en el convenio de referencia, originando situaciones fácticas que violan el principio de certeza, bien jurídico que se debe salvaguardar, además de que con ello se benefician sobretodo los partidos mayoritarios que aprobaron la nueva legislación, como se puede apreciar a continuación:

    Ver tabla 2

    "El monto del financiamiento público por concepto de actividades específicas, relativas a la Educación y Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Política, así como a las Tareas Editoriales en el año 2008, es por tanto de $76'157,226.51 (setenta y seis millones ciento cincuenta y siete mil doscientos veintiséis pesos 51/100 M.N.), y se distribuirá de la siguiente manera: el 30%, en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión y el 70%, según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político nacional con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en relación a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa inmediata anterior; por lo que a cada partido político nacional corresponden los importes siguientes:

    Ver importes

    "Por ello también considero, se debe resolver la aplicación de las normas referentes a este apartado del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , hasta el proceso electoral del año dos mil doce, una vez que mi partido y todos los llamados emergentes, participen en la contienda electoral del año dos mil nueve, en igualdad de circunstancias, sabedores que el porcentaje de votación que obtengan en la elección de diputados federales, será determinante para su acceso, en la medida del setenta por ciento, al financiamiento por concepto de actividades específicas. Sexto concepto de invalidez. Se excluye en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , a las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento público ordinario, a pesar de provenir de una base constitucional, vulnerando con ello, los artículos 14, 16, 41, fracción V, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Además de los artículos 1o., numeral 2, inciso b); 3, párrafos 1, y 2o.; 5; 22; 24; 29; 33; 34; 35; 36, así como el 78 y 129 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Las agrupaciones política nacionales, son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Representan la unión de diversos grupos sociales, que buscan un espacio de participación distinto al ofrecido por los partidos políticos, teniendo como reto que la sociedad civil se capacite y participe en la construcción de la cultura democrática, teniendo como ámbito de su gestión a la nación, en virtud de que su registro las obliga a tener una dimensión nacional en sus proyectos y una proyección de los mismos hacia los ciudadanos, ya que no tienen como tarea primordial, la conquista del poder, sino la construcción de una ciudadanía mejor informada y capacitada en la democracia. Desde su origen, se han convertido en los organismos intermedios, legalmente registrados, cuya actividad es ampliamente vigilada por la autoridad administrativa electoral, en donde miles de ciudadanos participan en la vida política de México, sin tener que militar en algún partido, porque muchos de ellos consideran que el trabajo partid (sic) en el Diario Oficial de la Federación no es la opción que buscan para actuar y opinar públicamente. Como se verá a continuación, el artículo 41, fracción III, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece expresamente que: ‘El Instituto Federal Electoral, tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, así como los derechos y prerrogativas de las agrupaciones políticas y de los partidos políticos ...’-Fue mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que se estableció en el artículo 33 la naturaleza de las mismas, así como en el 35 el origen de su financiamiento, como se verá a continuación:

    Ver tabla 3

    "En cuanto al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de la manera siguiente:

    Ver tabla 4

    "Como se podrá apreciar, la reciente reforma a la ley comicial emitida por el Congreso de la Unión, violenta disposiciones de orden constitucional, al modificar, alterar y disminuir derechos fundamentales, amén de los ya adquiridos; además de que con ellas se vulneran los principios de certeza y de seguridad jurídica, porque no aclaran en qué consisten ni los ‘derechos y prerrogativas’ de las agrupaciones políticas nacionales ni el ‘financiamiento público’ al que refieren. Adicional a lo anterior, privilegian la figura de ‘otras organizaciones’, sin establecer su naturaleza y ámbito de acción, organizaciones que carecen a diferencia de las agrupaciones políticas, de sustento legal, al no señalar requisitos mínimos para su constitución y participación, vulnerando con ello también, los principios de certeza y de seguridad jurídica, por la falta de proporción y de medida. Conforme a derecho, la interpretación que sobre leyes electorales se realice, no puede suplantar ni ignorar el Texto Constitucional. Por tal motivo, la interpretación puede llegar a determinar la inaplicabilidad de una norma del ordenamiento jurídico, cuando se oponga a la Constitución, pero nunca al contrario. Como en el cuerpo de este documento hemos señalado, no puede una norma secundaria, emanada de una reforma constitucional, violentar una máxima constitucional, que tutela derechos político-jurídicos fundamentales o prerrogativas adquiridas con anterioridad. Por otra parte, el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2008, establece en su artículo cuarto transitorio que ‘los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio’. Dicho régimen transitorio tiene como finalidad evitar efectos retroactivos en perjuicio de sujetos con derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . En ese sentido, el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio del año dos mil ocho, contempla el rubro correspondiente al financiamiento de las actividades de las agrupaciones políticas nacionales, según se desprende del Análisis Funcional Programático Económico del Ramo 22, sin más precisión que establecer recursos en la ley para ese fin determinado, que no pueden ministrarse a quienes tienen derecho a ello, hasta en tanto no se resuelva esta situación jurídica irregular. Corolario. Se le solicita del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de los artículos del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que sean dependientes de las normas impugnadas, por violaciones a los principios rectores del derecho electoral, de libertad e igualdad de participación y asociación política; de autonomía partidista y voluntad de las partes que intervienen en un Convenio de Coalición; de voto directo e intransferible; de equidad, certeza y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 1o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se invoca: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la de la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido impugnadas, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el mismo vicio que la invalidada, su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer. Sin embargo, lo anterior no implica que este Alto Tribunal esté obligado a analizar exhaustivamente todos los ordenamientos legales relacionados con la norma declarada inválida y desentrañar el sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas debe ser clara y se advierta del estudio de la problemática planteada.’. Petición de interpretación conforme. Ahora bien, en caso de que este Alto Tribunal estime que esta causa de pedir es insuficiente para invalidar las normas que por medio de la presente acción de inconstitucionalidad se combaten, solicito se tenga a bien realizar una interpretación conforme de las disposiciones que aquí se cuestionan, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones, no signifiquen menoscabo alguno a la libertad, pluralidad y democracia. Petición de efectos de invalidez. Finalmente, se deben tener en cuenta, los efectos de la invalidez o la interpretación conforme, por lo que atentamente pido, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga a bien analizar el problema de sucesión de leyes. Pues si la norma se invalida y si no se hace una interpretación conforme, el problema reside en saber qué norma se va a aplicar. En tal sentido, me permito plantear lo siguiente: La regla general indica que toda norma invalidada de una reforma legal se deja sin efectos y, por ende, queda con efectos legales la norma que se pretendió reformar, porque se deja sin efectos la reforma. Pero aquí se presenta el problema que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior fue abrogado. Por lo que se hace necesario tener presente, el principio de vigencia inmediata, que ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sugiere que si la norma se invalida, debe quedar sin efectos la norma limitativa. Así como el principio de ultraactividad de la norma abrogada, que también ha sido conceptualizado por el Máximo Tribunal de la nación, cuyo significado estriba, en llevar los efectos de la norma anterior a la aplicación del caso concreto, en lo que favorece al peticionario. En todo caso, se solicita que se acuda a la doctrina procesal de la sucesión y conflictos de leyes, para que subsistan los efectos del régimen legal favorable. Se sustentan los antecedentes, hechos y conceptos de invalidez en las siguientes: Pruebas. 1. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, de fecha dieciocho de enero del año dos mil ocho, en la que se hace constar, que Convergencia cuenta con registro vigente como partido político nacional, por lo que se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley Suprema y el código de la materia señalan, misma que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 2. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil ocho, en la que se hace constar que el suscrito, se encuentra registrado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, misma que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 3. Documental pública: Consistente en la certificación de los estatutos de Convergencia, partido político nacional, que deberá expedir el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, al haberla solicitado mediante el oficio número RCG-IFE-026/2008 de fecha seis de febrero del año dos mil ocho; normatividad partidista, en la que se hace constar que el suscrito, cuenta con las facultades de representación del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, misma que se pide se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 4. Documental pública: Consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el día catorce de enero del año dos mil ocho. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 5. Documental pública: Consistente en la Ley para la Reforma del Estado y Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, solicitados al honorable Congreso de la Unión, mediante oficio número GPC/DDR/102/2008 de fecha siete de febrero del año dos mil ocho, suscrito por el senador Dante Delgado Rannauro, mismas que pido se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 6. Documental pública: Consistente en la edición de la Gaceta del Senado de la República, en la cual se publicó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , asimismo, la publicación del Diario de los Debates de la sesión del martes 4 de diciembre del año dos mil siete, en la que se discutió la aprobación de la misma, derogando el anterior, solicitada al presidente de la mesa directiva del Senado de la República mediante oficio número GPC/DDR/103/2008 de fecha siete de febrero del año dos mil ocho; que pido se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 7. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil ocho, referente al Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral Número CG10/2008, por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el año 2008, y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 8. Documental pública: Consistente en la certificación del Convenio de la Coalición denominada ‘Por el bien de todos’, formada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, que deberá expedir el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, por haberlo solicitado mediante el oficio número RCG-IFE-027/2008 de fecha ocho de febrero del año dos mil ocho, suscrito por el licenciado Gerardo Tapia Latisnere, representante propietario de Convergencia, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral; en la que se hace constar la voluntad expresada por las partes que intervinieron en dicho instrumento, misma que se pide se solicite su remisión y que relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. 9. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representado, y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; así como los artículos 1o., 2o., 5o., 6o., 7o., 59, 60, 61, 64 al 73 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional; a ustedes CC. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente pido: Primero. Tener por reconocida la personalidad y el carácter de quien suscribe, por establecido el domicilio señalado para recibir notificaciones y documentos, así como autorizados a los delegados que se mencionan. Segundo. Admitir la presente acción de inconstitucionalidad, promovida en contra de la expedición y promulgación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral, y que abroga el anterior; demandando la invalidez de los dispositivos legales que en el cuerpo del presente documento se mencionan. Tercero. Admitir en sus términos las pruebas que se mencionan. Cuarto. Dar vista a los órganos legislativos que emitieron la norma así como al órgano ejecutivo que la promulgó, a efecto de que rindan el informe que dispone el artículo 61 fracción II y 64 de la ley reglamentaria. Quinto. Poner los autos a disposición del Ministro instructor para la sustanciación de la presente acción de inconstitucionalidad. Sexto. Poner los autos a la vista de las partes por el término legal para que formule alegatos. Séptimo. Solicitar la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos del párrafo segundo del artículo le la ley (sic) reglamentaria. Octavo. Dictar resolución, declarando la invalidez de las normas impugnadas, ante la falta de conformidad de las mismas, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Noveno. Suplir las deficiencias de la presente acción de inconstitucionalidad."

  2. Partido Político del Trabajo.

    "Órganos responsables. Lo son las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, con domicilio en: Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc y Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, respectivamente, ambos en esta ciudad capital, que como autoridades aprueban la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abrogan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Lo es el presidente de la República, como autoridad que promulgó y publicó el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en mención en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 14 de enero de 2008, quien tiene su domicilio en Residencia Oficial de los Pinos, ubicado en Avenida Parque Lira, sin numero, colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México, Distrito Federal. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada. Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión oficial de la nación, en su cuarta sección, de fecha lunes 14 de enero de 2008. Preceptos constitucionales violados. Lo son los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 14, 16, 35, fracciones I y III, 39, 40, 41, 51, 54, 56, 80, 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Procedencia. Ahora bien, es importante señalar que son aplicables las siguientes tres tesis de jurisprudencia respecto al control constitucional de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las legislaciones y normas secundarias: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, febrero de 1999. Tesis: P./J. 4/99. Página: 288. ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acción de inconstitucionalidad, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal , en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, la invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas. Acción de inconstitucionalidad 1/98. Diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 20 de octubre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número 4/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.’. ‘Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, mayo de 2004. Página 1155. Tesis P./J. 27/2004. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la acción de inconstitucionalidad es el medio de control a través del cual podrá plantearse la no conformidad de una ley o tratado internacional con la Constitución Federal. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla. En consecuencia, el nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior, formal y materialmente, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad.’. ‘Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, junio de 2002. Página: 81. Tesis: P./J. 25/2002. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. ‘LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuando a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos de resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.’. Lo anterior se fundamentó en los antecedentes y conceptos de invalidez, siguientes: Antecedentes: 1. El día 5 de diciembre de 2007, en el Senado de la República se discutió el dictamen por el que se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , donde se aprobó; en ese contexto, se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes. 2. Posteriormente, el día 11 de diciembre de 2007, se discutió en la Cámara de Diputados dicho dictamen, donde se aprobó en sus términos y se remitió al Ejecutivo Federal para sus respectivos efectos constitucionales. 3. Finalmente el día 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Los anteriores antecedentes dan lugar a los siguientes: Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez: Invalidez del nuevo régimen de coaliciones por violaciones a los principios de autonomía partidista, de la libertad de las partes en un Convenio de Coalición, de libertad y participación política, de asociación política, certeza, y de voto directo e intransferible consagrados en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Nuestra causa de pedir es la invalidez de los artículos 95, numerales 9 y 10, y 96, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que en lo conducente dicen: ‘Artículo 95: 1. a 8. ... 9. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en este código. 10. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.’. ‘Artículo 96. ... 1 a 4. ... 5. Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida.’. Estas normas se estiman inconstitucionales porque coartan la libertad política de los partidos de convenir conforme a su libertad de participación política una coalición electoral como parte de los fines constitucionales de los partidos como entidades de interés público, ya que las normas que ahora se pretenden invalidar imponen límites y prohibiciones irracionales que menoscaban y van en contra del derecho fundamental de participar y asociarse políticamente para pactar lo que cada partido estime conveniente para ganar el sufragio popular en las elecciones libres y auténticas, siempre que el acuerdo político tenga un objeto lícito, no dañe a terceros y no vaya en contra de los fines constitucionales para los que están constituidos los partidos conforme a los artículos 1o., 5o., 6o., 7o., 9o. y 41 de la Constitución General de la República. Lo anterior es así toda vez que, los artículos 95 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , menoscaban la libertad de los partidos que se pretendan coaligar para convenir acuerdos electorales porque de entrada les impone condiciones inconstitucionales e inadmisibles e incluso contradictorias con el propio derecho a formar coaliciones consagrado en el artículo 36, numeral 1, inciso e) del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales : (i) imposibilidad de un emblema de la coalición; (ii) imposibilidad de presentarse como un cuerpo unitario; (iii) imposibilidad de pactar la manera en que se distribuirán los votos, el financiamiento y los espacios legislativos; (iv) imposibilidad de presentar una sola lista de candidatos a cargos de representación proporcional para la Cámara de Diputados y el Senado de la República. (v) permite acordar aspectos marcadamente inconstitucionales como la transferencia de votos de un partido político a otro de manera arbitraria y afectando los principios del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. En efecto, conforme al artículo 41 constitucional establece que los partidos tienen como finalidad la participación política a fin de contribuir en la integra

    ión nacional. Esta finalidad significa que los partidos tienen derecho a ejercer una libertad política para buscar el sufragio popular que es la base de toda representación política. Luego, el derecho de cada partido a poder participar en una coalición se debe regir conforme a las libertades fundamentales que se sujetan a cuatro principios que emanan de la Constitución: ‘(i) Toda persona goza de las garantías que otorga la Constitución, sin que puedan restringirse o suspenderse sino en las condiciones que la propia Constitución establece (artículo 1o.). (ii) El Estado no puede permitir ningún convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de las personas (artículo 5o., párrafo quinto, de la Constitución). (iii) Toda persona tiene derecho a asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito (artículo 9o. de la Constitución). (iv) Las libertades no tienen más límite que el objeto lícito de la actividad: el daño a terceros (artículos 5o., 6o. y 7o. de la Constitución).’. De los principios señalados se puede colegir que los partidos para hacer efectiva la finalidad de su participación política en las elecciones, tienen que sujetarse a los principios que orientan estas libertades fundamentales. Esto es así, pues si bien los partidos políticos tendrán derecho a reunirse o asociarse para ejercer su libertad de participación política, siempre lo podrán hacer mientras su reunión o asociación tenga un fin lícito, asimismo su libertad de dedicarse a su actividad política tendrá como límite su finalidad lícita, el no daño a tercero o la perturbación del orden público; por tanto, la ley no debe darle efectos jurídicos a una libertad contractual en el régimen de los partidos que menoscabe las libertades de las personas. Es decir, los partidos tienen derecho a ejercer su libertad de participación política conforme a los principios antes dichos. En tal sentido, la libertad de los partidos involucra el derecho a pactar coaliciones en los términos que la ley establezca, sin embargo, la ley no puede establecer límites o prohibiciones que menoscaben los principios fundamentales que orientan las libertades políticas. En efecto, conforme a los principios anteriormente señalados, la ley no puede restringir o suspender la libertad de participación política de los partidos en las elecciones sino conforme a estos principios: 1) No puede establecerse en la ley que un convenio de coalición tenga por objeto el menoscabo de una libertad que sea necesaria para lograr la finalidad de un partido: la libertad de participar en una coalición para contribuir en la representación nacional. 2) La libertad de acordar una coalición para efectos electorales no puede tener más límite más que el objeto lícito, el daño a terceros o la perturbación del orden público. Luego entonces, si bien la ley establece la forma en que los partidos pueden intervenir en los procesos electorales conforme al artículo 41 de la Constitución, esta reserva de ley tiene que sujetarse a los principios constitucionales que orientan las libertades y las finalidades de los partidos, en donde uno de los criterios que deben regir toda regulación de la libertad política de participación de los partidos es que el régimen de los convenios en las coaliciones se sujeten a la voluntad de las partes, como ley suprema que debe regir la autonomía partidista: la libertad de cada partido y no una imposición legal que menoscabe la libertad de participación política, es la base para definir el régimen de las coaliciones para efectos electorales. Para efectos de nuestra concepción constitucional que aquí se defiende, el Convenio de Coalición debe entenderse, conforme a los postulados democráticos que establece nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución, como el acuerdo escrito de dos o más partidos para unirse temporalmente durante un proceso electoral determinado para, con base en una programa, declaración de principios y plataforma compartidos y sancionados por la autoridad electoral, postular candidatos a diferentes cargos de elección popular, determinando la manera cómo habrán de distribuirse entre los partidos coaligados los votos y los espacios políticos que alcancen durante esa alianza. El convenio tiene un fin lícito y se materializa por la voluntad de las partes para unir sus fuerzas electorales mediante acuerdos electorales, políticos y programáticos. Es una alternativa democrática de poder, mediante las estrategias, mecanismos y términos que los partidos consideren más adecuados con base en su autonomía y en su libertad. Esta definición está sustentada en tres principios constitucionales: Primero. El derecho de los partidos a participar libremente en una elección (artículo 41). Segundo. Esa libertad de participar se basa en la voluntad de cada una de las partes sin más límite que la finalidad lícita, el no daño a terceros o la perturbación del orden público (artículos 5o., 6o., 7o. y 9o.); y Tercero. Esta libertad de participación política para competir por el acceso al poder se rige bajo los programas, principios e ideas que postulan los partidos (artículo 41). Ahora bien, tomando en cuenta estos principios, debemos partir del supuesto que el artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , pretende suplantar la figura de la candidatura común con la de las coaliciones, retomando el nombre de éstas y desnaturalizando el propósito esencial de las coaliciones electorales que es la suma de fuerzas partidistas, para actuar como un solo partido en un proceso electoral bajo un mismo programa y plataforma de principios y con base en candidatos, emblema y estrategia compartida, a partir de los principios constitucionales de la libertad política de los partidos que hemos señalado. Una coalición, en efecto, como lo destaca la doctrina es ‘un pacto o entendimiento entre agentes políticos diferenciados, con una finalidad específica y un horizonte temporal, para cumplir un objetivo determinado’ (Duverger y Óscar Bottinelli). La candidatura común, por su parte, implica que una misma persona pueda ser candidato de uno o más partidos políticos sin la necesidad de que exista una coalición electoral (es decir, un convenio donde se establezcan programas y principios de los participantes en los comicios, y porcentajes de distribución de financiamiento, votos y espacios en los órganos legislativos una vez que la coalición termine con el plazo para la que se construyó); en consecuencia, esta reforma resulta inconstitucional porque en realidad desaparece la figura de la coalición para limitar, prohibir y restringir la autonomía de los partidos y la libertad del derecho de asociación para participar libremente en la integración de la representación nacional, al obligar que cada partido tenga que aparecer con su emblema y tenga su propia contabilización de votos, cuando la libertad de unirse en coalición significa por esencia constitucional la posibilidad de que cada partido acuerde el esfuerzo electoral como uno solo para efectos del sufragio popular y, por ende, pacte la manera que mejor le convenga para distribuir porcentajes de votación para los efectos de la representación proporcional, el registro partidista y/o el financiamiento, sin que sea razonable conforme al principio de libertad de participación política de los partidos, limitar o prohibir que ellos puedan libremente pactar esas consideraciones, sin más límite que la libertad de las partes como ley y principios (sic) constitucional máximo que debe regir a las coaliciones. Por ende, resulta irracional y excesiva la imposición que hizo el legislador ordinario en esas disposiciones al prohibir que la coalición compita con un emblema específico y al imponer a los partidos ‘coaligados’ que ‘cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral’, afectando la autonomía partidista y la libertad de los partidos políticos para decidir libremente la manera como se asocian y el emblema que utilizan para participar en las elecciones federales. Pues la ley debe garantizar, a partir de los principios constitucionales que hemos mencionado, la libertad de los partidos de definir libremente cómo emplean su emblema y su forma de identificarse ante el electorado, así como la forma en que se contabilicen sus votos como coalición, porque no hay razón constitucional válida, para limitar esta libertad porque tiene un objeto lícito, no daña a tercero ni tampoco perturba el orden público. Ergo: 1) Son absurdas e ilógicas estas normas impugnadas por imponer una restricción que afecta la libre asociación partidista para ejercer el derecho a participar en la conformación política del Estado. 2) Son desproporcionadas e innecesarias porque no se prueba la lesividad a tercero o al sistema de partidos para poder justificar una restricción a estos derechos fundamentales. Huelga decir que la libertad que tienen los partidos en un régimen de coaliciones, a partir de un Estado democrático de derecho, la ley les debería permitir determinar por sus órganos partidistas competentes, competir bajo un emblema común, con una plataforma, programa, estatutos y candidatos compartidos. La ley no debe prohibirlo y si lo hace es una restricción inconstitucional que afecta la libertad de participación política de los partidos. Pues al prohibir inconstitucionalmente el artículo 95 que los partidos coaligados aparezcan con un mismo emblema afecta el principio de certeza porque imposibilita que los ciudadanos conozcan cabalmente a la coalición que participa en una contienda electoral, dañando su identidad y sus posibilidades electorales. Ya que el emblema es un elemento inherente a la actividad partidista que no se puede conculcar, al ser las coaliciones la expresión de una alianza de partidos que actúan como un solo partido en un proceso eleccionario, con lo cual es inconstitucional limitarles su derecho a participar con una identidad propia que les satisfaga según su propio acuerdo libre. Las coaliciones, en efecto, se distinguen esencialmente por su nombre y por su emblema; sin estos elementos se hace materialmente imposible caracterizarlas y diferenciarlas del resto de los partidos y coaliciones participantes. Luego entonces, al imponer la ley una norma que determina de manera específica una prohibición de identificar a una coalición conforme a la voluntad de las partes, sino que impone una forma individual porque cada partido se debe identificar conforme a su propio emblema, coarta indudablemente el derecho de los partidos a identificarse con un emblema común o con el emblema de cada partido, es decir, lo que se cuestiona de inconstitucionalidad es justamente la afectación a la libertad de los partidos a identificarse en una coalición conforme lo estimen conveniente y no conforme a una determinada forma que la ley señala en detrimento de la libertad de las partes. Al respecto son aplicables, para efecto de analizar la naturaleza y significado de una coalición, las tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se reproducen: ‘COALICIONES. SE DIFERENCIAN POR SU NOMBRE Y, PREPONDERANTEMENTE, POR SU EMBLEMA Y COLORES. La interpretación funcional de los artículos 56, y 58 a 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , así como de las disposiciones análogas, como las contenidas en los preceptos 27, párrafo 1, inciso a); 38, párrafo 1, inciso d); 59, párrafo 1, inciso d), y 63, párrafo 1, inciso e), del citado ordenamiento; y la aplicación de los principios rectores de la materia electoral, principalmente el de certeza, permiten arribar a la conclusión de que las coaliciones, al igual que los partidos políticos, se diferencian de otras coaliciones e institutos políticos, no únicamente por su nombre, sino también y de manera preponderante, por su emblema y color o colores. Lo anterior en virtud de que al crearse las normas que se analizan, se pretendió que fuese el conjunto de tales elementos y no sólo uno en particular, los que caracterizaran a una coalición, para que la ciudadanía la pudiese diferenciar del resto de los contendientes en el proceso electoral. Recurso de apelación. SUP-RAP-039/99. Coalición Alianza por México. 7 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta

    Navarro Hidalgo. Secretario: Armando Ernesto Pérez Hurtado. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 103, Sala Superior, tesis S3EL 026/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 431-432.’. ‘EMBLEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. CONCEPTO. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no proporciona mayores elementos para definir el vocablo emblema, pero esta situación demuestra que el legislador al emplear dicha palabra lo hizo en la acepción que corresponde al uso común y generalizado, práctica que se observa dentro de otros ordenamientos legales que se sirven de la citada palabra, inclusive en actos administrativos y hasta en fallos de los tribunales, por tanto, de acuerdo a la bibliografía jurídica y general, el emblema exigido a los partidos políticos y a las coaliciones consiste en la expresión gráfica original formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna palabra, leyenda, lema, etcétera. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 130-131, Sala Superior, tesis S3EL 060/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 538.’. ‘EMBLEMA DE UN PARTIDO POLÍTICO. SU OBJETO JURÍDICO. De una interpretación sistemática y funcional del artículo 27, apartado 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el conjunto normativo del mismo ordenamiento, el emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos, y aunque resulte factible que mediante un emblema se pueda identificar a una parte de un todo, como suele ocurrir en los casos de las marcas, o pudiera considerarse aceptable que se identifique individualmente a ciertos miembros de una persona moral, sean sus directivos, afiliados, etcétera, en el ámbito positivo de la legislación electoral federal, el objetivo perseguido con el emblema es muy claro y muy concreto, y está consignado en la ley expresamente, de manera que la calidad representativa que le es inherente al concepto, debe encontrarse necesariamente en relación con la persona moral, el partido político nacional al que corresponda, o con el conjunto de éstos que se coaligan. Lo anterior se robustece sí se atiende a que con la formación correcta y adecuada y el uso permanente y continuo del emblema por parte de los partidos políticos en sus diversas actividades y actos de presencia, puede constituir un importante factor para que dichos institutos penetren y arraiguen en la conciencia de la ciudadanía, y esto a su vez puede contribuir para el mejor logro de los altos fines que les confió la Carta Magna en el sistema constitucional de partidos políticos, porque al ser conocidos y lograr cierto arraigo en la población, se facilitará de mejor manera que puedan promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir así a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se conforma el sistema electoral. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 132-133, Sala Superior, tesis S3EL 062/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 540-541.’. ‘EMBLEMA. SU OBJETO JURÍDICO NO CAMBIA RESPECTO DE UNA COALICIÓN. Las coaliciones de partidos políticos no constituyen fusiones de las que surja una nueva persona jurídica distinta a sus integrantes, sino sólo se trata de la unión de dos o más partidos políticos para contender unidos en una elección determinada, con candidatos únicos, principios, plataformas, programas de acción y estatutos comunes o únicos para esos efectos; por lo que el objeto del emblema no sufre modificaciones sustanciales respecto de las coaliciones, sino que en éstas, el carácter representativo e identificador para el que está dado el emblema debe comprender, en lugar de un solo partido, al conjunto de partidos que integren la coalición; de modo que tampoco en este caso resulta legalmente admisible la modificación del objetivo del emblema, para que en lugar de caracterizar y representar e identificar a los partidos coaligados, realicen una función distinta, consistente en identificar a una o varias personas físicas relacionadas con los institutos políticos, como pueden ser los candidatos. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 133-134, Sala Superior, tesis S3EL 064/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 542-543.’. ‘EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EN LA BOLETA ELECTORAL DEBEN APARECER CON UN TAMAÑO PROPORCIONAL Y EN UN ESPACIO DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL DE LOS DEMÁS. De la interpretación del artículo 205, párrafos 1, 2 y 6, en relación con los numerales 27, párrafo 1, inciso a); 34, párrafo 1; 38, párrafo 1, inciso d); 59, párrafo 1, inciso d); 61, inciso b); 62, párrafo 1, inciso b); 63, párrafo 1, inciso g); 198, párrafo 3; 227, párrafo 2; 229, párrafo 2 y 230, párrafo 1, inciso a), todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y disposiciones similares de los Estados, se desprende el imperativo de que todos los emblemas en una boleta electoral independientemente de que corresponda a un partido político en lo individual o al adoptado por una coalición de éstos, deben aparecer con un tamaño proporcional al de los demás y en un espacio de las mismas dimensiones, lo que se traduce en que el espacio destinado a cada uno de los emblemas correspondientes a los entes políticos contendientes debe ser el mismo, pero dependerá de la forma, diseño, así como las características particulares de cada uno de ellos el tamaño que tengan en el espacio que les fue destinado. Esto es, debe existir un espacio similar en la boleta electoral para cada uno de los emblemas correspondientes a los partidos políticos o coaliciones contendientes, lo que no significa que dichos emblemas tengan exactamente las mismas dimensiones, pues ello depende de sus características particulares, en razón de que los partidos y coaliciones se encuentran en la necesidad v aptitud de adoptar un signo visual, de cualquier género, que los identifique, represente y los distinga de otro partido o coalición, que debe consistir en la expresión gráfica original formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna palabra, leyenda, lema, etcétera, y tiene por objeto caracterizarlos representativamente, con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales y de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado. En consecuencia, ante la posibilidad de que, como emblema partidista se esté en presencia de signos o elementos visuales compuestos por las más variadas y disímbolas formas geométricas o artísticas, se requiere establecer puntos de comparación objetivos que hagan posible la confrontación entre los distintos emblemas, y así estar en posibilidad de destinar un tamaño proporcional en un espacio de las mismas dimensiones a cada uno, puesto que, de lo contrario, si se tomaran en cuenta los rasgos o características propias y únicas de cada emblema, sería imposible establecer una solución homogénea y uniforme. Recurso de apelación. SUP-RAP-044/2002. Partido Liberal Mexicano. 30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretaria: Liliana Ríos Curiel. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-037/2003. Convergencia. 10 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Sergio Dávila Calderón. Revista Justicia Electoral 2004, Tercera Época, suplemento 7, páginas 39-40, Sala Superior, tesis S3EL 007/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 543-544.’. De las tesis en cita, se advierte que el emblema tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a un partido político o coalición con respecto a otros y permitir al ciudadano -elector distinguir claramente las opciones para votar de manera informada y conciente con la certeza de las opciones que participan en un proceso eleccionario. La importancia de los emblemas en las coaliciones, según las tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se reproducen en este concepto de invalidez de la presente acción de inconstitucionalidad, es la siguiente: 1. Las coaliciones para diferenciarse y brindar certeza al electorado requieren tener un emblema que las caracterice y las distinga de las demás coaliciones o partidos. El emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, por el principio de la voluntad de las partes que rige la libertad política de los partidos. Por tanto, al eliminarse está (sic) posibilidad en la norma impugnada del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se vulnera y se infringe el principio de certeza consagrado en el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental y la libertad política de integrar la representación política conforme a la libertad de asociación. 2. Los emblemas permiten a las coaliciones penetrar y arraigar en la conciencia ciudadana para alcanzar los altos fines que la constitución les confirió a los partidos políticos. Al ser reconocidas las coaliciones por el electorado, en su calidad de alianza temporal de partidos políticos, por medio de una identidad común clara y visible pueden promover de mejor manera la participación del pueblo en la vida democrática contribuyendo así a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se conforma el sistema electoral. La prohibición que establece el artículo 95, numeral 9 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales a que las ‘coaliciones’ concurran a los comicios con un emblema único y que las identifique en consecuencia viola el artículo 41 de la Constitución Política de la República en su fracción I. Es aplicable la tesis en cita para la identificación de una coalición bajo el principio de certeza: ‘PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 38, NUMERAL 1, INCISO D), DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, QUE ESTABLECE QUE SUS EMBLEMAS, DENOMINACIÓN Y COLORES QUE UTILICEN, NO DEBEN SER IGUALES O SEMEJANTES A LOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES YA EXISTENTES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El mencionado precepto constitucional persigue, entre otros fines, que exista un equilibrio en la intervención de los partidos políticos y que se garantice el principio de certeza en materia elector

    l, lo cual comprende la plena identificación de los partidos políticos. Para lograr lo anterior es primordial que cada uno tenga características internas propias y distinguibles en cuanto al emblema, denominación y colores que utilicen, a fin de que el ciudadano pueda identificarlos plenamente. Por consiguiente, el artículo 38, numeral 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no viola dicho precepto constitucional al establecer que es obligación de los partidos políticos nacionales ‘ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos nacionales ya existentes’, pues si tales elementos, al formar una unidad o conjunto, son iguales o semejantes a otros registrados por partidos políticos ya existentes, podrían ocasionar confusión entre los ciudadanos, lo cual se reflejaría en la votación. Acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su acumulada 9/2004. Partido del Trabajo y la Agrupación Política Nacional denominada «Movimiento Nacional de Organización Ciudadana». 16 de marzo de 2004. Mayoría de ocho votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticuatro de mayo en curso, aprobó, con el número 42/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo de dos mil cuatro.’. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la candidatura común es una figura política más laxa: no tiene el grado de compromiso político y programático que la coalición y, por tanto, los partidos políticos que van en candidatura común siguen actuando sin ninguna limitante como tales, en tanto que en la coalición los partidos que la suscriben pactan de manera libre su unión electoral, para actuar como un solo partido político durante el tiempo de la contienda, por esa razón tienen un mismo emblema y una sola plataforma electoral y postulan los mismos candidatos, si así lo estiman conveniente. Al momento que concluye su función según lo estipulado por las partes los activos políticos que logran en el proceso electoral, se distribuyen según lo acordado por esta asociación política temporal. Luego entonces, son violatorias de los principios de certeza, de autonomía partidista, de libertad política y de asociación política las normas aludidas porque limitan de manera arbitraria las posibilidades que tienen distintas fuerzas políticas de concurrir unidas acumulando sus activos políticos en un proceso electoral bajo la forma que convengan teniendo un fin lícito. Por otra parte, el numeral 5 del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , también se cuestiona de inconstitucional, al limitar los efectos del convenio de coalición: ‘Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida’. Esta norma significa dos cosas: 1) La posibilidad de que en un Convenio de Coalición se pueda convenir, no necesariamente se deba, que el partido que alcance por lo menos el uno por ciento de la votación, se le pueda transferir el porcentaje de la votación de otro partido coaligado para llegar al dos por ciento para conservar su registro como partido. Sobre este tema, habría que preguntarse el ¿porqué se establece un 1 por ciento de votos para partidos que vayan en ‘coaliciones’ para conservar su registro legal y un 2 por ciento para los partidos que compitan sin esta figura, violando la igualdad de condiciones en la competencia electoral? En efecto, los artículos 32 y 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales disponen: ‘Artículo 32. ... 1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este código.’. ‘Artículo 101. ... 1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: a) No participar en un proceso electoral federal ordinario; b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este código.’. Sin embargo, el artículo 96, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , establece una transferencia inconstitucional e indebida de votos a favor de un partido que alcance el uno por ciento de los votos afectando al régimen de partidos y las reglas democráticas de la contienda electoral. El artículo 54 de la Constitución establece que para tener derecho a diputados de representación proporcional un partido debe obtener por lo menos el dos por ciento. Sin embargo, con esta figura de supuesta ‘coalición’ algunos partidos políticos podrán alcanzar de forma inconstitucional ese dos por ciento habiendo obtenido una votación menor, por lo cual existe una clara violación a ese precepto constitucional, porque tendrán derecho a ese porcentaje de votación cuando en realidad no lo obtuvieron. 2) Esta cláusula de transferencia de votos tiene un límite: no puede superar el dos por ciento. Estas premisas fundamentan un régimen de coaliciones limitado dado que: (i) los partidos no pueden libremente pactar el porcentaje de votación conforme al principio de autonomía partidista, según la libertad política que cada partido debe garantizar como parte de su esfera política que no puede ser restringida por la ley como hemos puntualizado conforme a los principios que rigen el derecho a participar políticamente en una elección a los partidos. (ii) la transferencia de votos en todo caso es única y exclusivamente para conservar el registro, no para otros efectos que forman parte del régimen del sistema de partidos: asignación de diputados de representación proporcional y financiamiento. Esta transferencia de votos es inconstitucional al violar los artículos 1o., 4o., en relación con los artículos 35, fracción I y 41 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que disponen en lo conducente que el ejercicio del sufragio es ‘universal, libre, secreto y directo’. De igual manera esta transferencia de votos es incongruente con el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se impugna y que señala en su artículo 4o., numeral 2: ‘El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible’. En efecto, el artículo 1o. constitucional señala expresamente el derecho de todo ciudadano de gozar de las garantías otorgadas por la propia Constitución y la imposibilidad de que cualquier órgano del Estado u ordenamiento distinto a la misma pueda restringir los derechos que ella otorga, con lo que queda desterrada toda posibilidad de que los derechos constitucionalmente otorgados puedan restringirse por leyes ordinarias. En el ámbito de los derechos constitucionales, el artículo 4o. constitucional establece el principio de igualdad ante la ley, es decir, que todo individuo es igual a los demás para el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas o para el ejercicio de sus derechos, quedando desterrado con ello, todo privilegio, desigualdad o ventajas de algunos sujetos sobre otros; así entendida la teleología del principio de igualdad, se corrobora que ningún individuo debe tener ventajas mayores o privilegios especiales, distintos a los que la normatividad constitucional le reconoce como prerrogativas o derechos, conceder ventajas trasgrediendo el principio de igualdad, crea privilegios injustificados en perjuicio de todos los demás gobernados. En el ámbito electoral el artículo 35 de la Constitución, establece como prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones, con lo que se le concede como derecho a todos aquéllos que conformen el cuerpo electoral, a manifestar su voluntad en las urnas en el sentido que consideren conveniente, para elegir democráticamente a quienes ejercerán el poder público. La naturaleza del voto, como ejercicio de soberanía del pueblo mexicano en los términos de los artículos 39 y 41 constitucionales, tiene como características el ser un sufragio universal, libre, secreto y directo. La característica de universalidad del voto, significa que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos señalados en la ley podrán emitir su voto, sin mayor limitación que las cualidades para ser elector y válidamente manifestar su voluntad el día de las elecciones, el carácter universal suprime todo privilegio a favor de algunos en detrimento de otros, pues todos los votos válidamente emitidos deben contarse para surtir los efectos en el proceso de elección. La libertad como elemento fundamental en la emisión del voto, permite que el ciudadano mediante un acto de conciencia personal, manifieste su voluntad, sin depender de factores externos; es un acto de libre albedrío, de decisión personal del elector, suprimiendo toda presión, sugestión u orientación en la emisión de su voto. La secrecía del voto como característica constitucionalmente establecida, entraña el derecho del elector a no revelar o manifestar el sentido de su voluntad de voto, manteniéndolo en reserva personal. El carácter directo del voto implica que los efectos jurídicos del mismo incidan a favor del candidato o del partido político que en forma personal y a cuyo favor haya manifestado la voluntad del ciudadano, es decir, que el ciudadano personalmente debe manifestar su voluntad, sin estar permitido la representación, la gestión de negocios o la cesión del voto a favor de otro, pues el ejercicio directo entraña el carácter personal del ejercicio del voto. El alcance del carácter directo del voto en nuestro régimen constitucional o electoral, implica dos vertientes: a) Que el voto se emita personalmente por el ciudadano sin permitir ninguna clase de representación o intermediación y, b) Que los efectos del voto incidan sobre un determinado partido político o candidato. Esto último, no puede ser considerado en forma contraria porque la Constitución hubiere establecido el voto alternativo, el voto subsidiario, el voto preferencial o cualquiera otra modalidad en la que los efectos del voto tuvieran que compartirse con el resto de los partidos políticos, lo que implicaría que el voto no fuera directo al introducirse atenuación sobre los efectos del mismo. Como consecuencia lógica del voto directo en los términos apuntados con antelación, en cuanto a que el propio ciudadano deba ejercerlo y sus efectos incidan en el candidato o partido político, entraña el carácter intransferible del voto, es decir, que el ciudadano está impedido de transmitirlo a favor de otro ciudadano para que lo ejerza o a favor de otro partido político o candidato distinto al que personalmente manifestó su voluntad. El carácter intransferible del voto en nuestro sistema democrático conforme a la fracción I del artículo 41 constitucional, no puede admitir modalidad o atenuación, cuando la propia Constitución señala que el ejercicio del voto debe ser directo. No obstante que el voto mexicano es intransferible, en el sentido que no debe cederse a favor de otro ciudadano o surtir sus efectos a favor de otro partido político distinto a aquel sobre el cual recayó el sentido del mismo. No

    bstante lo anterior el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en el numeral 5 del artículo 96, introduce la transferencia del voto a favor de un partido político distinto al que eligió el ciudadano, así se desprende de dicho párrafo que señala: ‘Artículo 96. 1. Dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para las elecciones de senadores y diputados electos por el principio de mayoría relativa. La coalición total comprenderá, obligatoriamente, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales. 2. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de presidente, senadores y diputados, en los términos de los párrafos 1 y 6 del presente artículo, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en el presente código, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quedarán automáticamente sin efectos. 4. Dos o más partidos podrán coaligarse solamente para postular un mismo candidato en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo 6 del presente artículo. 5. Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos, que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida.‘. La transferencia de los efectos del voto a favor de un partido político distinto a aquel por el que votó el ciudadano, es transgresora de la característica del voto directo señalada por la Constitución. En efecto, según se desprende de la disposición legal que se tilda de inconstitucional, en el convenio de coalición podrá establecerse que en caso de que un partido político después de alcanzar el uno porciento de la votación, no obtenga el mínimo requerido para conservar su registro y participar en la asignación de la representación proporcional, de los partidos políticos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de los coaligados pueda mantener el registro, lo que entraña, que el efecto del voto emitido por el ciudadano que debe ser directo a favor del partido político por quien se votó, se desvíe a favor de otro partido político, por el que el ciudadano no emitió el voto, pero en él se surtirán los efectos como consecuencia de un convenio de coalición, lo que transgrede la fracción I del artículo 41 constitucional, pues como característica del voto en la democracia mexicana no tiene carácter transferible, ni subsidiario, ni alternativo, al quedar excluidas con la cualidad de ser directo el voto por parte del elector, no obstante la legislación ordinaria que se tilda de inconstitucional introduce una modificación al voto apartándose de los lineamiento constitucionales. La distinción que se introduce en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , respecto del sentido del voto que se atribuye a cada uno de los ‘partidos políticos que se coaliguen’, de tal suerte que cada partido político aparecerá por separado con su propio emblema en las boletas electorales, lo que entraña que la voluntad legislativa es que el voto ciudadano surta efectos a favor de cada partido político por el que se votó, por lo que la transferencia de votos de un partido político a favor de otro hasta alcanzar el mínimo requerido para conservar su registro, implica la transmisión del efecto del voto a favor del partido político por el que el ciudadano no votó, todo lo anterior representa una incongruencia del sistema normativo que regula las coaliciones en la legislación electoral federal que se tilda de inconstitucional. Además de lo anterior, el sistema regulatorio del ámbito de las coaliciones, independientemente de ser incongruente, representa varios aspectos inconstitucionales, como son: a) Modifica la naturaleza directa del voto constitucionalmente reconocida, para introducir su carácter transferible y subsidiario. b) Otorga a los partidos políticos la posibilidad de transferir votos a otros por encima de la Constitución Federal de la República. c) En las coaliciones los partidos políticos se deben ostentar con sus propios emblemas, pero el voto del ciudadano le atribuye carácter transferible y subsidiario. d) El voto transferible y subsidiario que introduce el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , resulta impreciso sobre los efectos que debe producir en las circunscripciones plurinominales en la elección de diputados de representación proporcional, lo que afecta el principio de certeza en los procesos electorales. e) Las normas reguladoras de la representación proporcional, no toman en cuenta el contenido del convenio de coalición, para que el voto transferible y subsidiario, impacte en la determinación de la votación nacional emitida, en la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura; lo que representa violación al principio de certeza en el proceso electoral. De todo lo anterior se concluye que el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales resulta inconstitucional, debiendo ser declaradas inválidas las normas apuntadas. Como se advierte el sufragio es intransferible, entendiendo por ello que no se puede traspasar a un tercero, es decir que no se puede ceder a favor de otra persona ese derecho, con mayor razón no se puede trasladar el sentido del voto hacia un partido que emitió un ciudadano a favor de otro partido por el que no sufragó, por lo que el artículo 96 numeral 5 es inconstitucional, debiendo declararse su invalidez. Distinto lo es cuando se constituye una genuina coalición donde se crea una entidad política para una elección determinada que actúa como un solo partido político y que, en consecuencia, pacta con antelación y con total libertad el porcentaje de votos que a cada partido habrá de corresponderle, información que es pública y que pasa por el registro y la validación del correspondiente Convenio de Coalición por parte del Instituto Federal Electoral, y que, como consecuencia, los ciudadanos pueden saber de que manera se habrán de distribuir los votos bajo el principio de certeza y transparencia electoral. Esta cláusula de transferencia de votos que establece el artículo 96, numeral 5, es inconstitucional por ir en contra de las características del voto y es prohibitiva porque limita la libertad de los partidos políticos para llegar a acuerdos democráticos y consensados, además de permitir absurdamente la ‘transferencia’ de votos para que mantengan el registro legal de un partido, prohibiendo esta posibilidad para las diputaciones plurinominales o el financiamiento, y sin que se pueda transferir más del dos por ciento. En tal sentido, se debe invalidar el significado normativo que impone la transferencia de votos para sustituirse por la libertad de cada partido de negociar sus porcentajes de votación para el registro, el financiamiento y la asignación de legisladores plurinominales, con base en la libertad que tienen las partes para llegar a acuerdos y traducirlos en instrumentos jurídicos. Cada partido debe tener derecho a pactar sus porcentajes de votación de manera libre, sin mayor límite que la voluntad de las partes que no dañe a terceros, que no tenga objeto ilícitos o que no perturben el orden público. Estas disposiciones marcadamente inconstitucionales afectan los siguientes principios: (i) El principio de autonomía partidista. (ii) El principio de la voluntad de las partes en un convenio de coalición. (iii) El principio de libertad política. (iv) El principio de asociación política. (v) El principio de voto directo e intransferible. En efecto, la reforma constitucional electoral (2007) estableció el principio de autonomía partidista sujeto a la Constitución y la ley. Esto significa que la autonomía de un partido esta constitucionalizada y, por tanto, debe tener un contenido esencial que implica una esfera en donde las autoridades no pueden intervenir. En tal sentido, bajo la línea argumentativa de los precedentes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha elaborado en torno a las coaliciones y el voto, se puede justificar lo siguiente: (i) ‘La coalición es la unión temporal de varios partidos para una contienda electoral que actúan simplemente como un solo partido (caso Coahuila), y, por tanto, esta unión debe permitir que los partidos sean libres en negociar el cómo pretenden unirse para efectos de participar en la contienda a la hora de distribuir sus porcentajes de votación.’. Al respecto son aplicables las siguientes tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ‘COALICIÓN. REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA). De la interpretación sistemática de los artículos 23, 49, párrafo primero; 50, párrafos primero y quinto, fracción I; 60, párrafo primero, inciso e); 102, 214, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila; 25, fracción II del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; 25, fracción II, del Código Civil para el Estado de Coahuila es posible estimar que, por regla general, los actos jurídicos de los partidos políti

    os coaligados deben ser realizados por el representante común; pero deben estimarse válidos también, los actos jurídicos que provengan de todos los representantes de los partidos políticos coaligados cuando actúan de consuno, siempre y cuando se reúnan los siguientes elementos: a) en la emisión del acto concurran todos los representantes de los partidos políticos coaligados; b) todos los representantes expresen su voluntad en el mismo sentido; c) la naturaleza de las cosas admita, que la emisión del acto provenga del conjunto de representantes de los partidos políticos coaligados, y d) no haya incertidumbre respecto al sentido de la voluntad de los partidos coaligados, incertidumbre que pudiera darse, por ejemplo, si el representante común emitiera, simultáneamente, algún acto que contradijera al producido de consuno por los representantes de los partidos coaligados. Si se diera tal situación, habría que resolverla aplicando las normas de interpretación de los actos jurídicos. La referida apreciación se justifica, porque como la coalición no genera un nuevo ente jurídico y los partidos políticos que la integran conservan su calidad de personas jurídicas y peculiaridades, la representación común que exige el artículo 50, párrafo quinto, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila, no resulta ser propiamente de la coalición, sino que tal representación es realmente de los partidos políticos integrados en coalición; de modo que si tales partidos son los que confieren a una persona facultades de representación, para que ésta realice en nombre de aquéllos los actos necesarios para beneficio y protección de los intereses de los representados, es claro que quienes confirieron la representación pueden actuar también por sí mismos, ya que no hay precepto alguno que prevenga que cuando una persona o un conjunto de personas otorguen una representación, por esa circunstancia, la parte representada deje de existir jurídicamente, o bien, que cesen sus facultades y derechos relacionados con la representación conferida. La circunstancia de que la parte final de la fracción l del párrafo quinto del artículo 50 del Código Electoral del Estado de Coahuila prevenga que, la representación de la misma sustituye, para todos los efectos legales a que haya lugar, a la de los coaligados, es explicable, porque cada partido político, como persona jurídica que es, actúa a través de un representante; pero si dos o más partidos políticos se coaligan y, en tal virtud, la coalición debe actuar como un solo partido, es claro que el representante de cada uno de los partidos coaligados representa únicamente a su propio partido y no a uno diferente. Por consiguiente, existe la necesidad legal de que los partidos nombren a un representante común, el que, por haber sido designado por todos los partidos coaligados, tiene la facultad de representarlos. Lo anterior debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo 102, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de Coahuila, según el cual, los partidos coaligados designarán un comisionado común que los representará ante distintos organismos, sustituyendo al que en lo particular tenían los institutos políticos por separado. Por ese motivo, la citada prevención de la sustitución, debe ser entendida en el sentido de que, ante la imposibilidad de que el representante de uno de esos partidos pueda representar a los demás, hay necesidad de que los partidos integrantes de la coalición nombren un representante respecto a todos ellos y ese representante sustituirá al de cada partido en lo particular; es decir, al constituirse una coalición, cada partido no actuará por sí solo, por conducto de su representante específico, sino que los partidos coaligados deberán actuar en conjunto y como el representante de cada instituto político no está facultado para representar a ese conjunto, la actuación en grupo se hará por conducto del representante común designado. Además, debe tenerse en cuenta que la institución del representante común no debe ir en contra de los intereses de los representados, sino en su beneficio. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-142/99 y acumulado. Partido Cardenísta Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-144/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, páginas 11-12, Sala Superior, tesis S3ELJ 08/99. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 47-49.’. ‘COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL. Conforme al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral únicamente los partidos políticos tienen la condición jurídica necesaria para acudir, mediante el juicio de revisión constitucional electoral, a reclamar la violación a un derecho; sin embargo, si quien acude a la instancia jurisdiccional federal es una coalición, ésta no necesariamente carece de legitimación, pues si bien la coalición no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido, debe necesariamente entenderse que su legitimación para intentar este tipo de juicios se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman; criterio que comulga tanto con el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la ley se deben determinar las formas específicas de participación de los partidos políticos en los procesos electorales, como con el diverso 63, párrafo 1, inciso 1), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala la obligación de los partidos políticos que pretendan coaligarse, de prever en el convenio respectivo quién ostentará la representación de la coalición para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, lo cual implica que, efectivamente, las coaliciones están legitimadas para presentar o interponer las demandas o recursos en materia electoral federal que sean procedentes. Tercera Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-009/2000. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-041/2000 y acumulados. Partido de la Revolución Democrática. 28 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-134/2001. Coalición Alianza por el Cambio de Tabasco. 26 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 14-15, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 49-50.’. ‘COALICIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS. SU INTEGRACIÓN NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA Y SIMILARES). La interpretación sistemática de los artículos 23, 49, párrafo primero; 50, párrafos primero y quinto, fracción I; 60, párrafo primero, inciso e); 102, 214, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila; 25, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y 25, fracción II, del Código Civil para el Estado de Coahuila, así como de las legislaciones que contengan disposiciones similares, conduce a estimar que las coaliciones que integren los partidos políticos no constituyen una persona jurídica. Al efecto, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo III, Editorial Driskill, S.A., 1992, Buenos Aires, Argentina, la palabra coalición se deriva del latín coalítum, reunirse, juntarse. Según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Real Academia Española, 1992, coaligarse equivale también a unirse o confederarse unos con otros para algún fin. Para el autor Guillermo Cabanellas, coalición es: la confluencia de actividades para un fin momentáneo, siendo permanente en la asociación. El citado autor distingue la coalición de la asociación, pues afirma que la coalición es una existencia de hecho, visible y concreta; mientras que la asociación es una comunidad diferente al hombre aislado. Por su parte, el artículo 49 del Código Electoral del Estado de Coahuila coincide con el sentido que proporcionan los conceptos coalición antes señalados, ya que de su texto es posible desprender que la coalición es el acuerdo de dos o más partidos políticos, constituido con el fin de postular candidatos comunes para las elecciones de gobernador, diputados o miembros de los Ayuntamientos. Así, el objetivo primordial de esa unión se encuentra dirigido de manera concreta, directa e inmediata, a participar conjuntamente en la contienda electoral. Asimismo, se advierte el carácter temporal de la coalición, en atención a que una vez logrados los fines o al encontrarse frustrada la intención que le da origen, la coalición desaparece. El contenido del artículo 50 del Código Electoral del Estado de Coahuila implica que una coalición no constituye una persona jurídica diferente a los partidos políticos que la conforman, sino que la unión temporal de varios partidos actúa simplemente como un solo partido. Es decir, lo que el precepto previene es la manera en que actúa una coalición, mas en modo alguno dispone que con la coalición se dé lugar a la integración de un partido político distinto, con personalidad propia, porque si bien, de lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del citado cuerpo de leyes se advierte que los partidos políticos que integran la coalición se unen para disputar con más éxito la elección que la motiva, es de considerarse que la disposición expresa de la ley es la única que confiere la calidad de persona jurídica a un determinado ente, tal y como se establece, en el artículo 22, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el cual, los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica. En cambio, no hay precepto alguno en la legislación electoral que, al igual que el último numeral citado, disponga que una coalición es una persona jurídica. En tal virtud, la coalición no es persona jurídica, pues tampoco se encuentra dentro de las previstas en el artículo 25 del Código Civil para el Estado de Coahuila ni en el artículo 25, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-142/99 y acumulado. -Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-144/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/99 y acumulado. Partido Cardenista Coahuilense. 11 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, páginas 12-14, Sala Superior, tesis S3ELJ 07/99. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 50-52.’. Luego entonces, la libertad política que debe respetarse en la autonomía partidista debe permitir que cada partido decida negociar los porcentajes de votación conforme a la voluntad de cada una de las partes y las autoridades, en este caso el legislador, no puede intervenir indebidamente en esta esfera de la libertad partidista, porque es un convenio que menoscabaría la libertad en violación al artículo 5o. de la Constitución. (ii) ‘la libertad de las partes es fundamental en las coaliciones, porque pueden modificar el convenio de coalición (caso Morelos), ergo, la voluntad de las partes es el principio rector en las coaliciones.’. Es aplicable la tesis siguiente: ‘COALICIÓN. ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, AUN CUANDO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA SU REGISTRO (LEGISLACIÓN DE MORELOS). El artículo 49, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Morelos prevé que una coalición presente un convenio en el que se regule a la propia conjunción de partidos políticos. Si las cláusulas de ese convenio son aprobadas, éstas deben surtir, en principio, plenos efectos. Lo contrarío debe estar establecido claramente en la ley. De manera que si la posible ineficacia de una cláusula no encuentra respaldo en la propia ley, no hay base para determinar su falta de validez. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que en el artículo 50 del Código Electoral para el Estado de Morelos, se establezca el plazo dentro del cual se debe registrar el convenio de coalición, ya que dicho plazo está previsto para su presentación; por lo que si dicho convenio no se presenta durante ese tiempo, la consecuencia será la de que tal acuerdo partidario ya no podrá ser presentado y, por ende, habrá imposibilidad jurídica de que la coalición relacionada con tal convenio admita ser registrada. Sin embargo, esto es muy distinto a considerar que, una vez vencido ese plazo, exista imposibilidad legal de modificar alguna cláusula del convenio ya registrado, puesto que el citado precepto nada dispone

    obre el particular, es decir, no prevé que, fenecido el plazo a que se refiere, ya no sea posible para los partidos integrantes de una coalición modificar el convenio celebrado al efecto. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-044/2000. Coalición Alianza por Morelos. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 96-97, Sala Superior, tesis S3EL 019/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 406.’. (iii) ‘ningún partido puede transferir sus votos a otro por el principio de sufragio popular, dado que cuando se vota a una coalición se vota a una sola unidad que se llama coalición que debe ser tratada como uniformidad (caso Estado de México).’. Es aplicable la tesis siguiente: ‘COALICIÓN TOTAL. EN LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS SE DEBE CONSIDERAR SU VOTACIÓN COMO UNA UNIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 264, 265, 267 y 268 del Código Electoral del Estado de México, conduce al conocimiento de que el legislador mexiquense adoptó, bajo la denominación de representación proporcional pura, un sistema que reconoce, como base, la suma de diputados electos por ambos principios, para integrar la legislatura; exige un umbral mínimo de votación para participar en el procedimiento de asignación de curules de representación proporcional, y sólo tolera la sobrerrepresentación que resulte como producto de los triunfos obtenidos por mayoría relativa, de la asignación de diputados por resto mayor, y en alguna forma respecto de los partidos políticos que contienden en coaliciones parciales, ante la imposibilidad de quitar a los partidos dichos triunfos, de dividir una curul en fracciones o de identificar los votos emitidos para cada partido coaligado parcialmente. Lo anterior sirve de base para determinar que la única aplicación posible y apegada al tipo de proporcionalidad pura, acogida expresa e indudablemente en el párrafo primero del artículo 265 del citado código, en relación con los partidos políticos que participaron en la elección en coalición total, consiste en considerar su votación como una unidad, para el efecto de hacer el cálculo de los diputados que por ambos principios corresponden a dichos sufragios, dado que en esa primera fase, sólo se lleva a cabo una operación preparatoria y previa al acto sustantivo de la asignación específica de escaños de representación proporcional, toda vez que si se divide la votación desde dicha fase inicial, en los términos del convenio de coalición, se propicia la deformación del sistema acogido, mediante actos de voluntad de los partidos coaligados, y alimenta la posibilidad de que se abran grietas por las que pueda penetrar el fraude a la ley, a través de conductas susceptibles de inducir a que un conjunto de votos recibidos por los partidos unidos en la coalición inescindiblemente para ambas elecciones (mayoría relativa y representación proporcional) dupliquen sus efectos en el cálculo indicado, ya que sus efectos son factores que no se pueden separar del resultado de mayoría relativa, ni escindir artificiosamente por el convenio, a favor de alguno de los partidos políticos coaligados, para que pueda darse el tipo de proporcionalidad pura, en la forma exigida por el legislador. De modo que en las elecciones de diputados en que hayan participado coaliciones totales, el dividendo para calcular el porcentaje de las curules por el principio de representación proporcional que corresponderán a todos los partidos políticos coaligados, debe estar constituido por la votación total que obtuvo la coalición, la que resulta inseparable para estos efectos, y verificar enseguida cuántos diputados de mayoría relativa obtuvieron con el porcentaje total de esa votación, a fin de restar a ese número los que correspondan a dicha votación en la legislatura, y con esta operación, llegar al resultado de los escaños que deben asignarse, en general, a los partidos políticos coaliqados, para seguir en lo demás la ejecución del convenio de coalición entre los suscriptores. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2003 y acumulados. Partido del Trabajo. 10 de julio de 2003. Unanimidad de votos. La Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo formuló voto aclaratorio. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime del Río Salcedo. Sala Superior, tesis S3EL 018/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 420-421.’. ‘COALICIÓN PARCIAL. SU VOTACIÓN DEBE SER DISTRIBUIDA ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON, PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. La interpretación del artículo 63, apartado 1, inciso j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en relación con los artículos 59, apartado 4; 59-A, apartado 4; y 60, apartado 4, del citado código, así como con el principio del legislador racional, permite arribar a la conclusión de que la votación emitida a favor de la coalición parcial de diputados por el principio de mayoría relativa, debe ser repartida entre los partidos políticos que la conformaron, para los efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene en cuenta que el artículo 63 en cita establece que el convenio de coalición relativo, debe contener el porcentaje de votación obtenido por la coalición que corresponderá a cada uno de los partidos coaligados, para los efectos de la asignación mencionada. Por su parte, los artículos mencionados en segundo término establecen que a las coaliciones totales se les debe asignar el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que les corresponda, como si se tratara de un solo partido político, por lo que resulta claro que no se requiere de la división de la votación al utilizarse en la asignación en su conjunto. Por lo anterior, la única interpretación que dota de efectos al artículo 63 en análisis, y cumple con los postulados del legislador racional que informan al sistema, es la apuntada, porque de no aplicarse a las coaliciones parciales, el precepto no encontraría algún supuesto de aplicación, ni se encuentra que pudiera tener alcances distintos, porque la norma es expresa en el sentido de que es para los efectos de la asignación de diputados y senadores de representación proporcional. Lo anterior se encuentra conforme con uno de los principios fundamentales del régimen democrático, relativo a la igualdad del sufragio, toda vez que permite que los votos emitidos a favor de la coalición parcial de diputados por el principio de mayoría relativa, no sólo surtan efectos respecto a la elección para la cual se celebró el convenio, sino también en la de diputados de representación proporcional, como los votos emitidos por los candidatos de los partidos que no actúan en coalición o que lo hacen en coalición total, pues conforme al artículo 58, apartado 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , la coalición parcial tiene como límite participar en cien distritos uninominales, en tanto que el numeral 54, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece como requisito para participar en la asignación de diputados de representación proporcional, registrar candidatos de mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales, razón por la cual las coaliciones parciales en comento tienen vedada la participación en la asignación de representación proporcional; sin embargo, cuando su votación se reparte entre los partidos que la conforman, que sí están en condiciones de cumplir con el requisito en cuestión, tal circunstancia hace posible que los votos recibidos por la coalición surtan plenos efectos. Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2003. Partido Acción Nacional. 13 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo. Sala Superior, tesis S3EL 004/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 410-412.’. (iv) ‘cada partido es libre en asociarse temporalmente con otro en una coalición, sin que esté justificado restringir esta libertad porque el pactar los porcentajes de votación no es un fin ilícito conforme al artículo 9o. de la Constitución.’. En efecto, el artículo 9o. constitucional establece: ‘Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.’. Por su parte, los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República consagran este derecho inalienable. En efecto, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles expedido por la Asamblea General de Naciones Unidas establece: ‘1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para proteger sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás ...’. En el mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’ suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 y adoptado por nuestro país, prevé en su artículo 16: ‘1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.’. Este derecho de asociación, según ha dispuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe interpretarse en forma extensiva para tutelar derechos fundamentales de los mexicanos, en consecuencia, las Coaliciones deben tener la mayor libertad para que los partidos políticos que las integran definan sus alcances siendo sus fines lícitos en el marco del Estado democrático de derecho. El derecho de asociación es la base para la conformación de partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones electorales. Al respecto señala el mencionado tribunal en tesis relevantes: ‘DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son

    los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, partido político nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Noyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 27-28, Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 97-99.’. ‘DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción Ill, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Noyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-128/2001. Dora Soledad Jácome Miranda. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 21-22, Sala Superior, tesis S3ELJ 25/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 88-90.’. ‘(v) el permitir que cada partido tenga su propia votación implica desnaturalizar el sufragio popular en las coaliciones, dado que en la contienda se vota por la coalición y no por un partido en particular. Ergo, cada partido en una coalición deben tener la libertad de pactar en unidad sus porcentajes de votación, sin que ello la ley lo pueda proscribir por encima de la libertad de las partes. Esta libertad de los partidos para suscribir acuerdos y pactar coaliciones ha sido reconocida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial al establecer mediante la tesis relevante que a continuación se cita que el Convenio de Coalición puede surtir sus efectos desde antes de que éste se apruebe y registre ante las autoridades competentes.’ Al respecto, la tesis reza así: ‘CONVENIO DE COALICIÓN, SURTE SUS EFECTOS ENTRE LOS PARTIDOS SUSCRIPTORES DESDE ANTES DE SU APROBACIÓN Y REGISTRO POR LA AUTORIDAD ELECTORAL. El convenio de coalición celebrado por determinados partidos políticos, antes de su aprobación y registro, produce los efectos jurídicos necesarios entre las partes que lo suscriben, para poder alcanzar su objeto fundamental, consistente en que sus miembros puedan contender coaligados en las elecciones que hayan acordado, en tanto que dichos efectos no se traduzcan en perjuicio de los intereses de terceros. Para arribar a esta conclusión, se toma en cuenta que la actuación de la autoridad administrativa electoral en la verificación y registro de los convenios de coalición no tiene por objeto la aportación de un elemento de existencia o de validez al acto jurídico celebrado entre los partidos políticos que lo suscriben, sino exclusivamente el de verificar o constatar el cumplimiento o satisfacción de los requisitos que para ese efecto exige la ley. En consecuencia, lo pactado respecto a la representación común surte efectos entre los partidos coaligados de inmediato, toda vez que al requerirse la presentación del convenio ante la autoridad electoral para que lo acordado pueda alcanzar su objeto fundamental, el ejercicio de la representación común constituye un medio adecuado para la realización de esa actividad, y si esto redunda en beneficio de los que otorgaron tal representación y no se traduce en perjuicio de terceros, no existe razón alguna para impedir que la voluntad expresada intransferible consagrados en los artículos 1o, 4o, 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de la República. De la misma manera se le solicita al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que sean dependientes de las normas impugnadas por violaciones a los principios de autonomía partidista, de la voluntad de las partes en un convenio de coalición, de libertad política, de asociación política, certeza, y de voto directo e intransferible consagrados en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de la República. Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la de la combatida, sí regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido impugnadas, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el mismo vicio que la invalidada, su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer. Sin embargo, lo anterior no implica que este Alto Tribunal esté obligado a analizar exhaustivamente todos los ordenamientos legales relacionados con la norma declarada inválida y desentrañar el sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas debe ser clara y se advierta el estudio de la problemática planteada. Acción de inconstitucionalidad 28/2005. Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2005. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. El Tribunal Pleno, el veinticuatro de enero en curso, aprobó, con el número 32/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero dos mil seis.’. ‘Petición de interpretación conforme. Ahora bien, en caso de que este Alto Tribunal estime que esta causa de pedir es insuficiente para invalidar las normas, solicitamos se tenga a bien realizar una interpretación conforme de los numerales que aquí se cuestionan, a efecto de que las normas se interpreten en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones del régimen de coaliciones, no signifiquen menoscabo alguno a la libertad de cada partido de negociar sus porcentajes de votación en una coalición para el registro como partido, el financiamiento y la asignación de plurinominales y la posibilidad de competir con un mismo emblema. Petición de efectos de invalidez. Finalmente, hay que tener en cuenta los efectos de la invalidez o la interpretación conforme, por lo que atentamente solicitamos que la Corte tenga a bien analizar un problema de sucesión de leyes. Pues si la norma se invalida y si no se hace una interpretación conforme, el problema reside en saber qué norma se va aplicar. En tal sentido existen los problemas siguientes: La regla general indica que toda norma invalidada de una reforma legal se deja sin efectos y, por ende, queda con efectos legales la norma que se pretendió reformar, porque se deja sin efectos la reforma. Pero aquí ¿cuál es la norma subsistente, si el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior fue abrogado? En primer lugar, el principio de vigencia inmediata que ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte, sugiere que si la norma se invalida, luego, la solución es que queda sin efectos la norma limitativa y, por ende, se permitiría la libertad de negociar porcentajes de votos bajo el principio de que lo que no está prohibido se permite bajo ciertas condiciones como lo ha reconocido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los casos de los partidos políticos. En segundo lugar, el principio de ultraactividad de la norma abrogada que también ha sido conceptualizado por el Máximo Tribunal, significaría llevar los efectos de la norma anterior para dejar subsiste el régimen jurídico del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales derogado en lo que respecta a la negociación de los porcentajes de votación. En todo caso, se solicita que la Corte acuda a la doctrina procesal de la sucesión y conflictos de leyes para pretender dejar con efectos el régimen legal que permitiese la libertad en las coaliciones conforme a la pretensión de este concepto de invalidez a efecto de que se deje sin efectos el significado normativo que impone una determinada forma de identificar a una coalición, contabilizar los votos de manera individual por cada partido y permitir una transferencia de votos para conservar únicamente el registro, a fin de que sea sustituida dicha interpretación por la libertad de cada partido de negociar su propio emblema, sus porcentajes de votación para el registro, el financiamiento y la asignación de plurinominales conforme a su derecho a participar en la vida política del país sin más límite que la libertad de las partes. Segundo concepto de invalidez: invalidez por violaciones a la libertad de expresión al prohibir a los partidos políticos realizar actos de propaganda electoral para obtener el voto. Nuestra causa de pedir es la invalidez del artículo 236, numeral 1, incisos a), c) y d) y numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que en lo conducente dice: ‘Artículo 236. 1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes: a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; b) (sic); c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y 2. Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.’. Estas normas se estiman inconstitucionales porque coartan la libertad política de los partidos de participar activamente en los procesos electorales como parte de los fines constitucionales de los partidos como entidades de interés público, ya que las normas que ahora se pretenden invalidar imponen límites y prohibiciones irracionales a la colocación de la propaganda electoral y a la elaboración de la misma que menoscaban y van en contra del derecho fundamental de darse a conocer y posicionar a sus candidatos en la vía pública y en los lugares de uso común por medio de la propaganda electoral para ganar el sufragio popular en las elecciones libres y auténticas, conforme a los artículos 1o., 5o., 6o., 7o., 40 y 41 de la Constitución General de la República. Lo anterior es así toda vez que: el artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales viola la libertad de los partidos políticos para difundir su emblema, su nombre y el de sus candidatos para obtener el voto por medio de la propaganda electoral al prohibirle colocar o fijar ésta en elementos del equipamiento urbano; restringir los lugares de uso común (plazas, paseos o parques públicos, entre otros) para su colocación, dejando estos espacios meramente en ‘bastidores y mamparas de uso común’; y al exigirles a los partidos y a los candidatos que sólo podrán utilizar material plástico reciclable en su propaganda electoral impresa. Estas limitaciones y condicionantes las reputamos como irracionales, excesivas e inconstitucionales porque no afecta al interés público y a la ciudadanía que se coloque o se fije propaganda electoral en el equipamiento urbano, ‘siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones’, como establecía el artículo 189, numeral 1, inciso a) del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ; tampoco afectaba la colocación de propaganda en los espacios de uso común que determinara la autoridad electoral, lugares que ahora se limitan en forma inconstitucional únicamente a bastidores y mamparas. Al prohibir tajantemente la colocación o fijación de la propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, al limitar la colocación o fijación de la propaganda electoral a bastidores y mamparas, y al condicionar el material utilizado en la propaganda electoral impresa el artículo 236 viola lo dispuesto en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna que establece: ‘Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizada por el Estado.’. Es evidente que la mera colocación o fijación de la propaganda en elementos del equipamiento urbano en modo alguno ataca la moral, los derechos de tercero, provoca algún delito o perturba el orden público. Tan es así que en el anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecían algunas previsiones para evitar que esa colocación de propaganda en el equipamiento urbano pudiese afectar los derechos de terceros o perturbar el orden público, cuando determinaba que no se dañara el propio equipamiento, se impidiera la visibilidad de conductores de vehículos o se impidiera la circulación de peatones, sin esas salvedades los partidos políticos y sus candidatos podían colocar la propaganda en el equipamiento urbano o en lugares de uso común determinados por la autoridad electoral de manera libre a fin de que la ciudadanía los pudiera identificar y se estimulara con un mayor conocimiento de las opiniones electorales propiciando así que la ciudadanía pudiese asistir a las urnas con mayores elementos. Para ilustrar lo anterior nos permitimos introducir el cuadro comparativo siguiente para que queden de manifiesto las diferencias en el texto del artículo 186, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales abrogado con relación al artículo 236, numeral 1, del código vigente que se impugna por medio de esta acción de inconstitucionalidad:

    Ver cuadro comparativo 4

    "Al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis relevante que se cita a continuación aclara con relación al código abrogado lo relativo a la colocación de propaganda en el equipamiento urbano y los lugares de uso común, determinando en el caso de los lugares de uso común que ‘pueden ser usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas por las autoridades competentes’ y en el caso del equipamiento urbano determina una permisión explícita con limitaciones también expresas que ‘no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones’. Dice la tesis relevante aludida: ‘PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO COMÚN Y EQUIPAMIENTO URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ; 768 del Código Civil Federal , así como 2o., 29 y 30 de la Ley General de Bienes Nacionales y atendiendo a lo previsto en derecho público mexicano sobre el régimen jurídico del derecho administrativo al que están sujetos los bienes del dominio público, éstos se distinguen por reunir determinadas características que les dan calidad de indisponibles, al no operar respecto de ellos figuras jurídicas constitutivas de derechos reales a favor de particulares, puesto que son inalienables, imprescriptibles e inembargables y están sujetos a un régimen jurídico excepcional previsto fundamentalmente en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos ordenamientos reglamentarios del mismo, como son la Ley General de Bienes Nacionales , la Ley Minera , la Ley Federal de Aguas y la Ley de Vías Generales de Comunicación , entre otros. Dentro de estos bienes, se encuentran los llamados bienes de uso común, de los que todos los habitantes, sin distinción alguna y de manera individual o colectiva, pueden hacer uso de ellos sin más restricciones que las establecidas en las leyes, los reglamentos administrativos y bandos de policía. En este sentido, los lugares de uso común a que se refiere la legislación electoral, pueden ser usados por todas las personas sin más requisitos ni restricciones que la debida observancia de las disposiciones generales y reglamentarias dictadas por las autoridades competentes respecto de ellos, a efecto de lograr su conservación, su buen uso y aprovechamiento por parte de todos los habitantes, tal y como ocurre, entre otros bienes de uso común en el ámbito federal, con los caminos, las carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, las plazas, paseos y parques públicos. Bajo el concepto de equipamiento urbano se alude a una categoría de bienes que se identifican con el servicio público, porque su fin repercute en favorecer la prestación de mejores servicios urbanos, aun cuando la diversidad de esta categoría de bienes lleva a concluir que el equipamiento urbano puede llegar a corresponder, sin que se confunda con ellos, tanto con bienes de uso común, como con bienes de servicio público. Tanto los lugares de uso común como el equipamiento urbano se encuentran sujetos a un régimen específico para efectos de la propaganda electoral, establecido en el artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , precepto en el cual se distingue entre bienes de uso común, en general, y equipamiento urbano, ordenando que, para efectos de la colocación de propaganda electoral: 1) Respecto de los bienes de uso común, éstos serán objeto de un acuerdo celebrado entre la autoridad electoral y las autoridades administrativas locales y municipales (artículo 189, párrafo 1, inciso c), y 2) Respecto del equipamiento urbano, éstos no serán objeto de acuerdo, existiendo en la ley electoral dos hipótesis precisas y opuestas sobre los mismos: a. Una permisión explícita con limitaciones también expresas, prevista en el párrafo 1, inciso a), de dicho precepto, que establece que podrá colqarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones; b. Una prohibición expresa, prevista en el párrafo 1, inciso d), del mismo precepto, al ordenar que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. Recurso de reconsideración. SUP-REC-042/2003. Coalición Alianza para Todos. 19 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández. Sala Superior, tesis S3EL 035/2004. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 817-818.’. Como se puede advertir las limitaciones establecidas por el artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales implican un menoscabo de las libertades para los partidos políticos y sus candidatos y son claramente violatorias del precepto constitucional citado. Las prohibiciones y limitaciones impuestas por el artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que por esta vía se combaten violan, de igual manera, el contenido del artículo 7o. de la Constitución General de la República que a la letra dice: ‘Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.’. En tal sentido, e interpretando de manera extensiva este precepto constitucional es evidente que ninguna ley puede coartar la libertad de imprenta, ni la libertad de escribir y publicar, por ende distribuir escritos, en este caso propaganda electoral, sobre cualquier materia, por lo cual el artículo 236 del código mencionado viola este precepto constitucional porque prohíbe la colocación o fijación de propaganda impresa en lugares públicos, e impone las características del material que se debe utilizar, sin establecerse ninguna limitante en función del respeto a la vida privada, la moral o la paz pública, sino simplemente prohibiendo y condicionando el material utilizado sin reparar en las salvedades que determina el artículo 7o. de nuestra Ley Fundamental. Al respecto son aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales que ha aprobado la Suprema Corte de la Justicia de la Nación: ‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE. Inicialmente, la Suprema Corte estableció que el derecho a la información instituido en el último párrafo del .artículo 6o. constitucional, adicionado mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la iniciativa de reformas y los dictámenes legislativos correspondientes, a constituir, solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 2a. Sala, Tomo X, agosto 1992, p. 44). Posteriormente, en resolución cuya tesis LXXIX/96 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 1996, p. 513, este Tribunal Pleno amplió los alcances de la referida garantía al establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de otros casos, resueltos tanto en la Segunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 10 de enero de 1997), como en el Pleno (AR. 3137/98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero. Amparo en revisión 3008/98. Ana Laura Sánchez Montiel. 7 de marzo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Amparo en revisión 2099/99. Evangelina Vázquez Curiel. 7 de marzo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número XLVI2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil. Nota: Los datos de publicación citados, corresponden a las tesis de rubros: «INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.» y «GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL.» respectivamente. Del amparo en revisión 2137/93 citado, derivó la tesis 2a. XIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 346, con el rubro: «INFORMACIÓN, DERECHO A LA. NO EXISTE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA EL INFORME RENDIDO POR EL TITULAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, AL NO SER UN ACTO AUTORITARIO.».’. ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa. Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos; votaron en contra Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 24/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos

    il siete.’. ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden. Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos; votaron en contra Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 25/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.’. ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que ‘Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta’, esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades-civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta «... no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.» Por su parte, el artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos al señalar que «La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa», a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal . Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos; votaron en contra Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 26/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.’. ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ARTÍCULO 55, NUMERAL 2, PRIMERA PARTE, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, VIOLA ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El citado precepto, al prever que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas supervisará que el contenido de los mensajes que quieran emitir los contendientes en unas elecciones reúnan los requisitos que señale la propia ley electoral local o los que el propio consejo establezca y, en caso contrario, ordenará la suspensión debidamente fundada y motivada, viola los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que prohíben la previa censura y las restricciones a la libre expresión, pues establece un sistema de control previo de los mensajes de la campaña política por razón de su contenido, el cual desemboca en una decisión acerca de cuáles podrán difundirse en la campaña electoral y cuáles serán retirados o no serán difundidos. En efecto, la facultad que la primera parte del numeral 2 del artículo 55 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas otorga al Consejo General del Instituto Electoral de dicho Estado, instaura un sistema de censura previa en la difusión de mensajes políticos, que permite a dicha autoridad impedir la difusión de los mensajes que los partidos y coaliciones quieran comunicar a la ciudadanía en ejercicio de sus actividades y funciones ordinarias y es, por tanto, incompatible con el derecho de libertad de expresión en los términos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 27/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.’. Las prohibiciones y condicionantes a la propaganda electoral establecidos por el artículo 236, numeral 1, incisos a), c) y d) y numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales violan los principios y valores democráticos y los fines de los partidos políticos contenidos en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de la República que establecen: ‘Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. a) a c) III apartado A a) a g) apartado B a) a c) apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.’. En efecto, los artículos 40 y 41 constitucionales establecen que por voluntad del pueblo mexicano, nuestra nación es una República representativa, democrática y federal en la que los partidos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, de conformidad con los programas, principios e ideas que postulan los propios partidos. Esta finalidad significa que los partidos tienen derecho a ejercer una libertad política para buscar el sufragio popular que es la base de toda representación política. Con base en ello se determinan principios fundamentales: (i) Toda persona goza de las garantías que otorga la Constitución, sin que puedan restringirse o suspenderse sino en las condiciones que la propia Constitución establece (artículo 1). (ii) El Estado no puede permitir ningún convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de las personas (artículo 5o., párrafo quinto, de la Constitución). (iii) Toda persona tiene derecho a asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito (artículo 9o. de la Constitución). (iv) Las libertades no tienen más límite que el objeto lícito de la actividad: el daño a terceros (artículos 5o., 6o. y 7o. de la Constitución). En efecto, conforme a los principios anteriormente señalados, la ley no puede restringir o suspender la libertad de participación política de los partidos y de realizar actos de propaganda en las elecciones sino mediante condiciones que la propia Ley Fundamental establece. Es con base en ellos como deben analizarse las leyes electorales, tal como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis jurisprudencial: ‘MATERIA ELECTORAL. PARA EL ANÁLISIS DE LAS LEYES RELATIVAS ES PERTINENTE ACUDIR A LOS PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES DEMOCRÁTICOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para el análisis de las leyes electorales es pertinente acudir a los principios rectores y valores democráticos previstos en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , como puntos de partida de los criterios de validez que orientan el examen de ese tipo de normas, pues para verificar el apego de las leves secundarias a la Norma Fundamental, además de atender a lo que ésta textualmente establece, también deben observarse los postulados esenciales que contiene, los cuales sirven de guía para cimentar ulteriores razonamientos que integren un orden jurídico armónico, el cual guardará uniformidad y consistencia en relación con los fines que persigue el sistema electoral mexicano. Por tanto, es irrelevante que algunas disposiciones que contienen esos principios rectores y valores democráticos no sean exactamente aplicables al caso concreto por referirse a supuestos jurídicos diversos, ya que la concisión de dichas normas impide reiterar literalmente dichos conceptos fundamentales a cada momento, de manera que corresponde al Máximo Tribunal del país extraerlos de los preceptos constitucionales para elevarlos a categorías instrumentales o finales de interpretación, de modo tal que la propia Constitución sea la causa eficiente de toda resolución, no únicamente por su semántica, sino también conforme a sus propósitos. Acción de inconstitucionalidad 30/2005. Partido de la Revolución Democrática. 14 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el cuatro de abril de dos mil seis, aprobó, con el número XXXVII/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de abril de dos mil seis.’. Sin embargo, conforme al artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en la parte que se impugna restringe esta libertad de los partidos políticos para la consecución de los fines constitucionales definidos en el artículo 41 al prohibirle hacer actos de propaganda, entendida ésta como la ‘acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores’, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española en su vigésima segunda edición. Es decir al prohibirles el artículo 236 que se impugna a los partidos y a sus candidatos colocar la propaganda electoral en el equipamiento urbano, al dejarles esta posibilidad en lugares públicos únicamente en bastidores y mamparas o al obligarles a utilizar un determinado tipo de material en la propaganda, se está restringiendo la posibilidad de dar a conocerse para atraer el voto ciudadano y cumplir con la encomienda constitucional de ser el vehículo fundamental de los ciudadanos para acceder al poder público. Más aún cuando la prohibición es tajante, prohibitiva y restrictiva, sin establecer ninguna salvedad ni condición como lo hacía el código anterior. La propaganda electoral como forma de comunicación persuasiva es un elemento básico para obtener de los ciudadanos el voto para alcanzar el poder público y la representación política. Según especialistas en el tema de la comunicación persuasiva en las campañas electorales el ‘propósito estratégico de esta propaganda es mantener el nombre del candidato frente a los ojos de los electores que integran la coalición ganadora, de modo que aumente su rating de identificación. Esta búsqueda de identificación del nombre del candidato por el elector tiene tres objetivos básicos: abrir la mente del elector a la propaganda posterior; causar una breve y rápida impresión favorable del candidato; y, captar el voto de cierta porción de electores que, puesto que no están familiarizados con los candidatos y carecen de apego partidista, votan únicamente sobre la base de los nombres que son capaces de recordar. Se trata, en consecuencia, de ubicar letreros en la vía pública, donde puedan verlos

    os electores considerados blanco: lugares de, gran circulación de vehículos y de personas hacia el trabajo y hacia sus domicilios, o sitios en donde concurren habitualmente gran cantidad de personas como los mercados, zonas y centros comerciales, ferias, plazas públicas, estaciones de autobús. Asimismo, se colocan letreros en personas y vehículos que se mueven frente al público o que el público necesita verlos, como los clásicos hombres sandwich y los autobuses, taxis o vehículos particulares. Lo importante es que estos letreros fijos y circulantes sean vistos por la mayoría de los electores que interesan a la campaña .... Lo más importantes son los carteles, estandartes, gallardetes y pasacalles con la fotografía del candidato. Tienen las mismas características que los anuncios anteriores, pero el peatón dispone de más tiempo para mirar el letrero si atrae su atención. La efectividad también depende de la manera como se colocan. Para llamar más la atención, se aconseja ponerlos seguidos de diez o quince, de modo que se lean sustancialmente al paso. Como estos anuncios pueden ser destruidos por el sol y la lluvia, deben de fabricarse de materiales de consistencia suficiente como para durar toda la campaña; además, se recomienda vigilar su presentación porque es la del candidato’. (Manual de Campaña. Teoría y práctica de la persuasión electoral. Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C. Segunda Edición, 1998, México, D.F.). El solo hecho de colocar y fijar la propaganda en determinados lugares del equipamiento urbano o de uso común, utilizando algunos materiales que resistan los embates del tiempo para la impresión de su propaganda electoral no constituye por sí mismo un ataque a la moral, a los derechos de tercero, no provoca algún delito, o perturba el orden público ni implica una falta de respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, por lo cual las disposiciones contenidas en el artículo 236 que se impugna son inconstitucionales y se debe declarar su invalidez. Esas disposiciones restringen la posibilidad de que los partidos y sus candidatos ubiquen su propaganda en lugares de alta visibilidad afectando su libertad de actuación y dificultando indebidamente la comunicación persuasiva en las campañas electorales. Por lo anteriormente expuesto queda debidamente demostrado que el artículo 236 numeral 1, incisos a), c) y d); y numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , afectan el derecho constitucional y los convenios internacionales suscritos en los términos del artículo 133 de nuestra Carta Magna, en consecuencia de ello solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez del artículo 236 numeral 1, incisos a), c) y d y numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por violaciones a los principios y postulados constitucionales descritos en este concepto de invalidez. Tercer concepto de invalidez: Imposibilidad de constituir nuevos partidos políticos. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Concepto de invalidez. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales resulta también inconstitucional en el artículo 28, numeral 1, en cuanto dispone que: ‘1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación la organización interesada deberá informar mensualmente al propio instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro legal y realizar los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumplen con los requisitos señalados en artículo 24 de este código.’. El citado arábigo reformado, desde luego que atenta contra los artículos 1o., 9o., 14, 35, fracciones II y III, 39, 40, 41, frac. I, 2do. Párrafo 51, 56 y 80 de la Constitución Federal , al determinar que las organizaciones sólo después de una elección presidencial, es decir, cada seis años, podrán solicitar el registro como partido político nacional; lo que evidentemente transgrede el derecho constitucional a la libre asociación de los ciudadanos para esos fines; el de la no retroactividad en perjuicio de los derechos adquiridos y ganados; y en consecuencia del derecho a tomar parte en asuntos políticos del país después de cada elección federal intermedia; así como, el de ser votado en cargos de elección popular como lo es de diputado federal y senador de la República en las elecciones federales más importantes como son las presidenciales; y el derecho a la integración de la representación nacional para así tener acceso al ejercicio del poder público a través de un partido político. Asimismo, se encuentra que se atenta en contra del principio que rige nuestra República relativo a que todo poder público emana del pueblo y se instituye en beneficio de este; así como, el de que es voluntad de nuestro pueblo constituirse en una República representativa, democrática y federal. I. Pues en efecto, está claro que el precepto que se impugna, atenta en contra de cada uno de los artículos constitucionales en cita, como al efecto se acreditará; así que para empezar bastará observar la contravención cometida al artículo 90 constitucional, que regula la garantía y derecho fundamental de la libre asociación, y que establece lo siguiente: ‘No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país.’. De lo anterior, resulta relevante el contenido del primer párrafo, que contiene elementos fundamentales del derecho a la libre asociación, los que si no son respetados por las normas ordinarias, entonces estas se vuelven inconstitucionales, como ocurre con la norma que se tilda de ilegal. El artículo 9o. constitucional protege a todo ciudadano mexicano los siguientes derechos: a) Que no se coarte del derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, cuando el objeto sea lícito, y b) Que sólo los ciudadanos de la República pueden tomar parte en asuntos políticos del país. No obstante lo anterior, en contravención de ello, la norma que se objeta de inconstitucional, prohíbe que esto ocurra precisamente después de una elección federal intermedia, al impedir la creación de nuevos partidos políticos; lo que en consecuencia, generará que los ciudadanos no puedan asociarse durante ese lapso de tiempo para constituirse como nuevo partido político nacional, y así participar y contender de forma plural en la siguiente elección, para los 500 cargos de elección popular en la Cámara de Diputados y 128 de la Cámara de Senadores ambas del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; lo que evidentemente trunca el derecho constitucional ciudadano de participar en la integración de la representación nacional, por conducto de otros partidos políticos diferentes a los ya existentes. Y esto es así, dado que permitir que la norma reformada quede como se estipuló, generará una grave afectación al derecho constitucional de la libre asociación de los ciudadanos, que tiene que ver con el impedimento para que tomen parte en los asuntos políticos del país, que bien puede ser precisamente a través de la creación de partidos políticos que compitan libremente en las elecciones federales presidenciales; sin embargo ello estará impedido, hasta pasados seis años después de una elección presidencial, y no al término de cada elección federal como anteriormente ocurría; lo que entonces conllevará lamentablemente a que únicamente puedan participar esos ciudadanos interesados en formar un partido político en una elección intermedia, donde solamente puede renovarse el Poder Legislativo, por lo que se refiere a la Cámara de Diputados, mas no así en las elecciones donde se renueva el Senado de la República y el Poder Ejecutivo que es cada seis años; luego entonces, es de vital importancia considerar su inconstitucionalidad, de cómo con la espuria reforma, el derecho a la libre asociación para tomar parte en asuntos políticos del país por medio de nuevos partidos políticos, se estará conculcando al impedirse que ello pueda generarse después de cada elección intermedia, donde además una consecuencia más que se tendrá, es que los ciudadanos, dado lo anterior, no podrán participar en la integración de la representación nacional en las elecciones presidenciales postulando candidatos a diputados, ni senadores, y mucho menos candidato a la presidencia de la República, por medio de un nuevo o varios partidos políticos nacionales. Y es que no se trata de saldar el asunto, o darle la vuelta argumentándose que los ciudadanos sí pueden asociarse y tomar parte de los asuntos políticos del país cada tres años o cada seis, dado que lo podrían hacer por medio de los partidos políticos existentes, o por su simple cuenta, o esperar todo ese tiempo para que pasada la elección presidencial formen un partido político; puesto que considerar esto, sería entonces considerar que el derecho a la pluralidad política y el sistema constitucional de partidos, es inaplicable en nuestro sistema democrático, y que entonces en todas las elecciones presidenciales, los ciudadanos libres que tengan intenciones de participar en política, tienen que estar sujetos o condicionados a los partidos políticos existentes para así asociarse y postularse únicamente por conducto de ellos, aunque no comulguen con sus principios y postulados en razón de ser la única opción que tienen; cosa desde luego inaudita, atentatoria del derecho fundamental a la libre asociación, y del derecho y principio de democracia, así como del derecho a la libre integración de la representación nacional, y de nuestro sistema democrático de partidos, quienes tienen el objeto indiscutible de contribuir a la representación nacional, promover la participación el pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso del poder público a todos los ciudadanos. Pues en efecto, la pregunta ahora sería ¿Por qué los ciudadanos que tengan la intención de asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país (lo cual es del todo lícito), después de una elección intermedia para formar un partido político, ahora no lo podrán hacer, sino hasta cada seis años, cuando antes esa prerrogativa existía después de cada elección federal?. En consecuencia se deberá declarar la invalidez de la norma impugnada por ser del todo inconstitucional. Por otro lado el precepto tildado de inconstitucional vulnera las garantías consagradas en el artículo 14 constitucional, toda vez que es una reforma que adquiere alcances que transgreden de forma retroactiva derechos políticos adquiridos, como lo es el de la libre asociación, que incluso tiene la naturaleza jurídica de ser una garantía individual; ya que en efecto, transgrede de forma retroactiva la garantía a la libre asociación y derecho que los ciudadanos tenían antes para formar partidos políticos, como se puede constatar antes de la entrada en vigor de la reforma impugnada, e incluso antes de la penúltima reforma electoral del año 2003, donde se tenía que los ciudadanos, y después éstos por medio de las Asociaciones Políticas Nacionales, cada tres años al término de las elecciones federales, podían crear partidos políticos, para así competir con sus propios postulados y representación; mientras que ahora con la espuria reforma, se pretende que ello ocurra únicamente cada seis años; esto es, hay una clara afectación retroactiva de derechos ya adquiridos y ganados, que se ejercían cada tres años y que ahora se eliminan, para que ese derecho sea ejercido sólo cada seis; lo que de convalidarse, seguramente en lo posterior provocará por vía de contrarreformas electorales, que el derecho a constituir partidos políticos sea cada 9 años o cada 12 o 15, privándose así a los ciudadanos de participar en la vida democrática del país, y que acceder al poder público por medio de distintos partidos políticos a los existentes. Entonces, como se puede ver sí hay una violación al artículo 14 constitucional que es determinante al ordenar en su primer párrafo que: ‘A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’. Pues en conclusión, el que el precepto impugnado de inconstitucional regule ahora, que los ciudadanos únicamente podrán formar partidos políticos cada seis años, es evidente que atenta de forma retroactiva en contra del derecho adquirido que se tenía para que ello pudiera ocurrir cada tres; lo cual, a parte de que desemboca flagrantemente en una violación al derecho constitucional a la libre asociación, para tomar parte en los asuntos políticos del país, para cuando se quiera constituir un partido político, ello transgrede nuestro sistema democrático plural de partidos políticos, y la democracia misma al no permitirse la competen

    ia en las elecciones federales presidenciales con más partidos políticos distintos a los ya existentes. III. Por su parte el artículo 35 constitucional en sus fracciones I y II dispone que: ‘Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular; ... III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.’. Pues en efecto, una vez más se aprecia como es que el precepto que se recurre de inconstitucional, impide que este derecho político se pueda ejercer plenamente después de cada proceso electoral intermedio, al desembocar en un impedimento directo, para que los ciudadanos libres que pretendan crear un partido político, puedan en consecuencia ser votados en los cargos de elección popular de su propio partido, esto es, evidentemente si los ciudadanos después de una elección intermedia están impedidos para hacer un partido político, según la reforma, lo consiguiente es que entonces no puedan ser votados por la opción política que ellos mismos podrían representar por medio del nuevo partido político en las siguientes elecciones federales (que da la casualidad, que son las más importantes, donde habrá de renovarse de forma completa los Poderes de la Unión, esto es, los 500 diputados y los 128 senadores de la República junto con el titular del Poder Ejecutivo), lo que en consecuencia es a todas luces inconstitucional, puesto que no es admisible considerar que los ciudadanos libres después de una elección intermedia, puedan ser únicamente votados por conducto de los partidos políticos existentes, y no así por otros, que en su caso se podrían constituir como anteriormente ocurría, y que surgían de la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país, y que cumplirían cabalmente sus fines constitucionales, como lo es contribuir a la integración de la representación nacional, así como a hacer posible el acceso del poder público. Y asimismo tenemos que se repite una vez más la violación al derecho político de la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país de aquellos ciudadanos que pretendan precisamente crear un nuevo partido político; y es que, si para la constitución de un partido político de antemano se necesita la asociación libre de ciudadanos y que, estos tengan la voluntad de tomar parte en asuntos políticos del país, con la reforma inconstitucional un impedimento después de una elección intermedia dado que ese derecho con tales fines sólo se podrá ejercer hasta después de cada elección presidencial; y esto es así, dado que, si la libre asociación tiene como fines generar un nuevo instituto político después de una elección intermedia, de nada servirá, ya que la materialización o el resultado sólo podrá ser hasta después de una elección presidencial, lo que es obvio que transgrede el derecho constitucional de la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país de los ciudadanos que quieran constituirse en partido nacional para participar en las elecciones federales presidenciales; y en consecuencia, del principio de integración de representación nacional que pudiera ser por medio de partidos políticos de nueva creación, así como del principio de democracia plural que impera en la República. Por lo tanto, el que se impida la constitución de un nuevo partido político después de una elección intermedia, es evidente que repercutirá en el derecho constitucional de ser votados por nuevas opciones políticas; y por tanto, en el sistema democrático de partidos que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso a los ciudadanos al poder público. Luego entonces, vale la pena cuestionar lo siguiente; - si después de un proceso electoral intermedio, siendo que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, para así atender la pluralidad de nuestra nación, y cumplir con nuestra República representativa y democrática; - se impide a los ciudadanos crear nuevos partidos políticos lo cual es un derecho constitucional, entonces ¿cual será la forma para que los ciudadanos libres y soberanos en una elección presidencial después de la intermedia, puedan participar, ser votados y tomar parte en asuntos políticos del país por medio de opciones políticas diferentes, si éstos no se sienten representados en los partidos políticos existentes? Por lo tanto, se puede constatar como es que se atenta en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos de ser votados en nuevos partidos políticos en una elección presidencial, así como, en contra de su derecho a asociarse libremente después de una elección intermedia para crear precisamente una nueva opción política, conforme al derecho constitucional del sistema de partidos políticos. Luego también, se violenta el artículo 39 constitucional en virtud de que, al limitarse a los ciudadanos crear partidos políticos, sino hasta después de una elección presidencial, es decir, cada seis años; no se generarán beneficios emanados del poder concedido por el pueblo a los representantes populares, en esa materia, puesto que por el contrario, la reforma al precepto impugnado, no es más que un detrimento a los derechos políticos adquiridos como lo era precisamente aquel, que se tenía donde los ciudadanos podían constituir nuevos partidos políticos cada tres años, y así contribuir a la representación nacional por medio de opciones políticas diferentes (lo que consecuentemente no transgredía el artículo 39 constitucional, puesto que con ello no se dejaba de beneficiar al pueblo en esa materia, respecto del sistema de partidos); no obstante, es el caso que la reforma que se impugna, lejos de beneficiar al pueblo mismo, y al principio de democracia representativa, atenta de forma directa en contra de tales postulados, al pretender impedir su ejercicio al término de cada proceso electoral intermedio, y así impedirse a los ciudadanos, que por medio de nuevos partidos políticos participen en la competencia electoral para la renovación del Congreso de la Unión (la Cámara de Diputados Federales, la Cámara de Senadores), y el Poder Ejecutivo; luego entonces es evidente que sí se contraviene el artículo 39 constitucional por lo que se refiere a que dicha reforma no beneficia al pueblo, en cuanto a su sistema democrático de partidos que impera en nuestro país, puesto que por el contrario, lo afecta al impedir que se genere nueva representación popular por medio otros partidos políticos, afectándose así el derecho constitucional de los ciudadanos de ser votados por opciones distintas a las existentes y por supuesto su derecho a la libre asociación. El precepto citado, ordena lo siguiente: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste ...’. En consecuencia, la reforma que se impugna, es claro que no beneficia al pueblo, ya que el poder que emana del mismo y que fue conferido a los legisladores para legislar, no se utilizó en las relatadas circunstancias para mejorar el sistema de partidos políticos y la representación nacional, sino que por el contrario, se utilizó para acotar derechos, y lo más lamentable para acotar los derechos políticos de los ciudadanos para constituir partidos y participar con los mismos en las elecciones presidenciales, de modo que únicamente los puedan ejercer después de una elección presidencial, es decir, cada seis años. Por lo que respecta al artículo 40 constitucional, que a la letra dice que: ‘Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos. ...’. Con la reforma a la ley electoral se vulnera el derecho concedido, lo anterior es así, toda vez que al impedirse con la reforma que se puedan crear partidos políticos por los ciudadanos después de cada elección intermedia, en consecuencia, se afectará el sistema democrático de partidos políticos quienes contribuyen a la integración de la representación nacional, así como a promover la participación del pueblo en la vida democrática; luego entonces, es evidente que en las relatadas circunstancias quedará afectado el derecho de los ciudadanos quienes no podrán asociarse libremente para crear un partido político, para que entonces subsista en todo momento el derecho constitucional correspondiente de la soberanía ciudadana, de que la República mexicana sea representativa y democrática; principios que se vulnerarán de forma grave después de cada elección intermedia, puesto que la República no podrá ser representativa y democrática de forma amplia, sino de forma limitada sólo los partidos políticos existentes serán la opción; lo cual es totalmente inconstitucional, pues no es entendible que nuestra República se defina como representativa y democrática, cuando después de cada elección federal intermedia, únicamente podrán participar los partidos políticos existente en las siguientes elecciones que son las más importantes como lo son las presidenciales, donde ocurre que se renueva todo el Congreso de la Unión; por lo tanto, es claro como se vulneran con senda reforma, derechos políticos constitucionales, así como los principios de integración de la representación nacional, y por tanto de democracia misma, que nuestra Constitución adopta en el precepto constitucional aludido. Y es que si el precepto constitucional dice que la República será representativa como principio, ello tiene razón de ser en que la misma queda representada por el poder soberano de los ciudadanos a través de los partidos políticos, luego entonces, si en las elecciones presidenciales, no podrán participar nuevos partidos políticos dado que éstos no se podrán crear, de modo que contribuyan a la representación nacional, y a que los ciudadanos ejerzan el poder público para beneficiar al pueblo por medio de ese poder conferido, entonces, la reforma es a todas luces violatoria de dicho principio constitucional. Aunado a que si la República es democrática, y el concepto de democracia tiene que ver con que todos los ciudadanos sean tomados en cuenta en elecciones libres, auténticas y periódicas, que impere la legalidad, la pluralidad, la tolerancia, el derecho y respeto a las mayorías así como a las minorías, entonces es a todas luces evidente que la reforma que se impugna contraviene por igual ese principio constitucional, puesto que limita derechos políticos fundamentales que trastocan la libertad democrática de nuestra República, y sobre todo su sistema de partidos políticos, quienes deben contribuir a la representación nacional, esto es, al no existir partidos políticos nuevos después de las elecciones intermedias, se afecta el derecho de la libre asociación de ciudadanos que quieran conformar nuevos partidos políticos, se viola el derecho a ser votado de esos y otros ciudadanos que en su caso pudieron participar en esa nueva opción política, se afecta el principio de integración a la representación nacional que tienen como fin cumplir los partidos políticos, y como consecuencia de ello el principio democrático del sistema de partidos políticos. Así que, de convalidarse la reforma, se condenará a los ciudadanos en una elección presidencial a considerar únicamente a las opciones políticas existentes, concentrándose así derechos exclusivos de los partidos políticos para que sólo ellos puedan en su caso, contribuir a la representación nacional y no otros, lo que evidentemente será inconstitucional. Asimismo, transgrede el artículo 41, fracción I, de la Carta Magna reformado mediante decreto publicado el 13 de noviembre de 2007, en la parte relativa que dice: ‘... Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos ...’. Se afecta gravemente dicho precepto constitucional, habida cuenta que el sistema de partidos políticos quedará limitado a que sólo se pueda ejercer cada seis años después de una elección presidencial, al impedirse que ello ocurra pasadas las elecciones intermedias, esto es, de convalidarse la reforma que se impugna, el contenido del artículo 41 constitucional no se podrá ejercer de forma plena, sino sólo de forma parcial por medio de los partidos políticos existentes, y no a través de más partidos políticos que se pudieran crear después de cada elección federal para contribuir a la representación nacional; y es que, si se considera que sólo los partidos políticos existentes dan pleno cumplimiento al precepto constitucional aludido y que por ello no se viola el mismo, entonces se soslayará el derecho que por igual pueden ejercer los partidos políticos nuevos que los ciudadanos tienen derecho a crear para participar en la integración de la representación nacional en una elección presidencial, lo

    ue es por demás inconstitucional. Además no debe olvidarse que antes de la reforma electoral, los partidos políticos sí podían constituirse cada tres años al término de las elecciones, lo cual generaba pleno cumplimiento al sistema plural de partidos, sin embargo, con la reforma no habrá manera, sino cada seis años, dado que para las elecciones presidenciales no podrán participar nuevos institutos políticos; entonces es de cuestionarse, ¿por qué únicamente habrá de considerarse que la representación nacional se amplíe por medio del sistema de partidos cada seis años con nuevos partido políticos y no cada tres después de cada elección federal? O que, ¿entonces la representación nacional sólo se pueda dar por medio de los partidos políticos existentes en las elecciones presidenciales y no con otros nuevos para esa misma elección?; ¿por qué el favoritismo evidente con truco político?; en consecuencia, resulta grave que a los ciudadanos se les impida ese derecho constitucional que tiene que ver con la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país por conducto de nuevas representaciones políticas, con el derecho constitucional de ser votados a cargos de nuevas representaciones nacionales como opciones políticas, con el derecho democrático del sistema de partidos políticos, y sobre todo con el derecho soberano de los mexicanos de constituirse en una República representativa y democrática que se va materializando después de cada elección. A mayor abundamiento, si el Constituyente Permanente en la aprobación del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, hubiera tenido la intención de que los partidos políticos se crearan cada seis años, entonces, no hubiera establecido en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 41 materia de la reforma, que: ‘el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección ...’, en consecuencia, de la cita anterior se desprende con claridad la voluntad del Constituyente Permanente de otorgar financiamiento público a todos lo partidos que conserven su registro y a los de nueva creación cada tres años, tal y como se desprende de la referencia que se establece en dicho artículo constitucional de que el financiamiento público se distribuirá entre los partidos políticos tomando como base ‘el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior’. Esto significa que en nuestro sistema político, la Constitución de la República reconociendo el pluralismo de la sociedad que se expresa en diferentes corrientes ideológicas, permite un libre juego de las fuerzas políticas para que en base a su representación social se consoliden o se creen nuevos partidos políticos nacionales cada tres años a partir de su implantación electoral. De ahí que tanto la distribución de financiamiento público como la de los espacios a que tienen derecho los partidos políticos en los medios de comunicación conforme al propio artículo 41 constitucional se realice con base en la votación que arroje la elección de diputados federales. Resulta por tanto inconstitucional que contrario a los parámetros democráticos mencionados la norma que se impugna sólo permita en forma contradictoria y prohibitiva la constitución de partidos políticos cada seis años, restringiendo así los derechos político-electorales de los ciudadanos, el derecho de asociación y la participación del pueblo en la integración de la representación nacional. Así que si el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, donde se tiene que estos poderes son integrados por ciudadanos postulados por partidos políticos, resulta incongruente que los propios ciudadanos no tengan el derecho a crear partidos políticos después de las elecciones federales intermedias, entonces tenemos que se atenta en contra de tan importante principio de nuestra República; pues en efecto, no es dable que ello se cumpla sólo con los partidos políticos existentes, pues de ser así entonces la representación nacional que otorgan los partidos políticos quedará reducida únicamente a los partidos existentes, con lo cual no tendrá sentido alguno en nuestro sistema de partidos políticos que es abierto y plural, y que no prevé ni permite un sistema único bipartidario o tripartidario. En consecuencia, es evidente la violación al artículo 41 de la Constitución Federal , al transgredirse el derecho de los ciudadanos a la integración de la representación nacional en las lecciones federales presidenciales, por medio de nuevos partidos políticos que contribuyan a la participación del pueblo en la vida democrática del país, así como a hacer posible el acceso al poder público. Así también, se violenta el artículo 51 de la Constitución Federal , toda vez que al impedirse la creación de nuevos partidos después de las elecciones intermedias, los ciudadanos en consecuencia estarán impedidos para integrar diferente representación nacional por medio de esos nuevos partidos en la Cámara de Diputados; y esto es así, pues como quedó la reforma impugnada, los ciudadanos interesados en asociarse y tomar parte en los asuntos políticos del país para constituir nuevos partidos políticos, únicamente lo podrán hacer hasta después de pasada la elección presidencial, lo que quiere decir, que sí podrán integrar representación nacional, pero sólo en la Cámara de Diputados en la respectiva elección intermedia; por lo tanto surgen una vez más cuestionamientos, ¿por qué si nuestro sistema de partidos políticos ordena que estos, contribuyen a que los ciudadanos participen en la vida democrática del país, y a que hagan posible el acceso al poder público para que así se integre la representación nacional; se impide con la reforma que ello ocurra al término de una elección intermedia lo que consecuentemente genera que no puedan participar en una elección presidencial?, por lo que de ahí que resulte totalmente inconsistente la reforma propuesta con nuestro sistema plural de partidos, que tiende a acotar el mismo y, por tanto, a concentrar la representación nacional únicamente en los partidos políticos existente durante una elección presidencial. Asimismo, otra consecuencia aún más grave será que los ciudadanos en los próximos procesos electorales federales no podrán votar ni ser votados a través de nuevos partidos políticos, para integrar el Congreso de la Unión y la titularidad del Poder Ejecutivo (en este caso para la elección federal del año 2012), lo que en consecuencia no contribuye a la integración de la representación nacional; así que, como se puede observar, lo anterior es a todas luces inconstitucional, al no permitir se ejerza plenamente el sistema plural de partidos políticos, y el derecho de los ciudadanos para votar y ser votados en nuevas instituciones políticas. En efecto, de las disposiciones constitucionales transcritas, la Carta Fundamental no establece restricción alguna para que los ciudadanos ejerzan su prerrogativa en la constitución de partidos políticos, de donde resulta, que en todo tiempo los ciudadanos gozan de la prerrogativa constitucional, sin estar sujeta para su ejercicio, a la existencia de plazo o condición alguna de carácter suspensivo, que les impida la conformación de partidos políticos. Esta teleología de las disposiciones constitucionales no puede ser entendida de otra manera, bajo una interpretación sistemática del artículo 1o. constitucional, en cuanto señala que todo individuo goza de las garantías que otorga la misma, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece; por tanto si de las disposiciones constitucionales no se desprende restricción alguna para que los ciudadanos constituyan partidos políticos, toda restricción formulada por acto de autoridad, ya sea legislativa ejecutiva o jurisdiccional que la contradiga, debe considerarse indudablemente inconstitucional. Los actos legislativos, formal y materialmente, se concretan a través de la expedición o elaboración de las leyes, que para mantener base constitucional deben respetar los lineamientos señalados por la Carta Fundamental, en ese sentido al restringirlos o someterlos a plazo o condición alguna, representan un menoscabo de los derechos constitucionales, ya que no tienen sustento o base en la Norma Fundamental, siendo por ello incuestionablemente inconstitucionales. En este sentido si el actual artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , restringe la constitución de partidos políticos, exclusivamente en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial, y partiendo de la base de que las elecciones presidenciales ocurren cada seis años para la renovación del Poder Ejecutivo, resulta en consecuencia que sólo los ciudadanos pueden constituir partidos políticos cada seis años en el año siguiente al de la elección presidencial, lo que sin duda representa una restricción a las prerrogativas otorgadas por la Constitución Federal , resultando en consecuencia, inconstitucional esta disposición legislativa. A mayor abundamiento, como se señaló en párrafos que anteceden el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de nuestra Norma Fundamental establece que los partidos políticos, son el medio a través del cual la ciudadanía accede al poder político, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en el caso de este último la renovación total de la Cámara de Senadores se da cada seis años en donde coincide la elección presidencial y la elección de senadores y diputados. Y sin embargo, la Cámara de Diputados se renueva en su totalidad cada tres años, por lo que de mantenerse la disposición que se controvierte por vía de la presente acción se imposibilita que el pueblo, mediante la creación de nuevos partidos políticos, pueda acceder a la representación nacional cada tres años. Más aún en los hechos, la norma secundaria que se controvierte establece un monopolio partidista para que únicamente las fuerzas políticas mayoritarias puedan acceder a la Cámara de Diputados cada tres años. Como complemento a nuestras disposiciones constitucionales, el artículo 133 de nuestra Carta Magna señala que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión. En este entendido, la restricción de las prerrogativas del ciudadano formulada por el artículo 28, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , también transgrede los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entró en vigor el 10 de diciembre de 1948. En el caso de las declaraciones y proclamaciones, éstas no dependen de la ratificación de los países. Se asume que los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos internacionales suscriben dichas declaraciones, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948, y que conforme al artículo 133 constitucional que establece que todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución celebrados y que se celebren por el presidente de la República será la Ley Suprema de toda la Unión. Esta transgresión se deriva en cuanto a que el pacto internacional en las disposiciones invocadas expresamente establece: ‘Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.’. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.’. De una interpretación sistemática de las disposiciones del pacto internacional invocadas, se advierte que todo ser humano tiene el derecho y la libertad de asociarse pacíficamente para participar en el gobierno de su país, teniendo el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, sin establecer plazo o condición alguna para que el derecho se ejerza, siendo permanente e incondicionado el derecho humano para acceder al poder público, utili

    ando los medios o instrumentos señalados en las legislaciones de cada Estado miembro, que de ninguna manera podrán suspender o restringir el ejercicio concedido por el instrumento internacional, condicionándolo a plazo o condición alguna, por no establecerlo el propio instrumento internacional. No obstante la libertad para acceder al poder público como derecho humano reconocido por el instrumento internacional en las disposiciones invocadas, la legislación electoral del Estado mexicano que restringe o suspende el ejercicio de asociación libre para participar en el ejercicio del poder público en la constitución de partidos políticos, sujetando al plazo de 6 años para la constitución de los mismos, resulta indiscutiblemente transgresora de las disposiciones invocadas del instrumento internacional. Si bien es cierto que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , son normas de carácter federal dentro del sistema jurídico nacional, estas disposiciones jerárquicamente están por debajo de los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, lo que se desprende de la jurisprudencia sentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto señala que: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal , los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario «pacta sunt (sic) servanda», contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.’. De todo lo anterior se desprende que el artículo 28, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debe ser declarado inconstitucional por las razones antes expuestas. Cuarto concepto de invalidez: Inconstitucionalidad de los requisitos de elegibilidad de los partidos políticos. Nuestra causa de pedir es la invalidez del artículo 22, numeral 6, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice: ‘Artículo 22. ... 1.a 5. ... 6. En los requisitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los partidos sólo podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal.’. Este precepto resulta inconstitucional porque el derecho fundamental a ser votado, conforme al artículo 35, fracción II, de la Constitución, sólo puede ser limitado conforme a las calidades que establezca la ley, es decir, los partidos no están facultados para limitar los derechos políticos fundamentales en sus estatutos, porque sólo el legislador lo puede hacer porque se trata de un derecho fundamental. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado precedentes judiciales en materia de democracia interna de los partidos políticos, para examinar la constitucionalidad de los requisitos que exigen los partidos a sus militantes para ser postulados como candidatos. Una línea jurisprudencial consolidada reside en el criterio del TEPJF de que el derecho de ser votado es un ‘derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional de configuración legal’ (SUP-RAP-40/2004, SUP-JDC-037/2001 y SUP-RAP-027/2003). Lo anterior significa que son la Constitución y la ley las que determinan las calidades que se deben exigir a los ciudadanos para ejercer su derecho a ser votado. Ese es el núcleo esencial de este derecho fundamental que sólo puede ser restringido por la Constitución y la ley conforme a ella. No son los partidos políticos los autorizados para reglamentar este derecho constitucional porque no hay norma que lo autorice, más aún cuando hay norma legal que se los prohíba porque en todo caso no puede exigir condiciones que restrinjan de manera irracional, ilógica o discriminatoria los derechos políticos de sus militantes. En efecto, el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece como prerrogativa del ciudadano el ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. Es decir, la Constitución define que es ella y la ley las únicas que pueden reglamentar el derecho de ser votado. No hay norma en la Constitución que conceda una facultad a los partidos para reglamentar el derecho a ser votado. Este principio de constitucionalidad se encuentra reconocido en el discurso jurisprudencial del TEPJF, que en lo conducente dice: ‘... el derecho a ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional de configuración legal, en cuanto a que deben establecerse en la ley las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio por parte de los ciudadanos ... Ello significa que el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado es un derecho básico de rango constitucional, cuyo núcleo esencial está establecido por el Órgano Revisor de la propia Constitución y es desarrollado, en ejercicio de su atribución democrática, por el legislador ordinario, en el entendido de que el núcleo normativo esencial debe ser invariablemente respetado.’ (Sentencia definitiva de fecha 19 de agosto de 2004 de la Sala Superior del TEPJF, SUP-RAP-40/2004). El Tribunal Electoral también ha dicho sobre la potestad legislativa de regular el derecho a ser votado lo siguiente: ‘... los cuerpos legislativos ordinarios, en el ámbito de su competencia, tienen, dentro de los límites que la Constitución les impone para la configuración legislativa de los derechos fundamentales, la potestad de regular el ejercicio de los mismos, estableciendo los requisitos o prohibiciones que juzguen necesarios, en atención a las particularidades del desarrollo político y social, así como la necesidad de preservar o salvaguardar otros principios, fines o valores constitucionales, como la democracia representativa, el sistema constitucional de partidos y los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir la función estatal de organizar las elecciones. Ciertamente, esos derechos fundamentales de participación política establecidos en favor del ciudadano en la Constitución Federal , en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conllevan un derecho de libertad y, al propio tiempo, uno de igualdad. Lo anterior, en la medida en que se prescriben ciertos facultamientos para la persona humana, así como una serie de prescripciones genéricas que condicionan su ejercicio. Efectivamente, es indubitable que dichas prerrogativas o derechos políticos del ciudadano, no sólo implican el reconocimiento de una facultad cuyo ejercicio se deja a la libre decisión del ciudadano, sino que también se traducen en una facultad cuya realización o materialización está sujeta a condiciones de igualdad. De acuerdo con lo anterior, la atribución que se reconoce en favor del órgano legislativo no puede traducirse en el establecimiento de condiciones, requisitos, limitaciones o restricciones que provengan de situaciones absurdas o inútiles, de imposible realización o que, en conclusión, hagan nugatorio el ejercicio del derecho de que se trata sino deben servir para dar eficacia a su contenido y posibilitar su ejercicio, haciéndolo compatible con el goce y puesta en práctica de otros derechos (de libertad o igualdad), o bien, para preservar otros principios o bases constitucionales que puedan ser amenazados con una previsión irrestricta, ilimitada, incondicionada o absoluta de ese derecho.’ (Sentencia definitiva SUP-RAP-40/2004). Este principio de constitucionalidad en la regulación del derecho a ser votado se basa en forma directa en el artículo 1o. de la Constitución General de la República, porque es la Constitución la única que puede restringir los derechos fundamentales, por lo que si hay norma expresa en la Constitución que es la ley la única que puede reglamentar el derecho a ser votado imponiendo calidades siempre que no sean irracionales o discriminatorias, es claro que un partido político no puede ni debe restringir los derechos, porque la Constitución en su artículo 41, define a los partidos como entidades de interés público que tienen como propósito el facilitar el acceso al poder de los ciudadanos y no dificultarlo. Una forma de dificultar el ejercicio de derecho al acceso al poder y no contribuir a la representación política en México, finalidades constitucionales de los partidos, radica en restringir el derecho a ser votado. Supongamos, por ejemplo, que conforme a la norma que se pide su invalidez, un partido exija en sus estatutos partidistas más o menos edad para un cargo de elección popular que la prevista por la ley, lo cual resultaría abiertamente inconstitucional por restringir un derecho fundamental sin base legal. Pues si un estatuto exigiese más requisitos para ser candidato que los que establece la ley, impondría restricciones indebidas al derecho fundamental de ser votado y, por tanto, cada partido podría exigir de manera diferente diversos requisitos según su vida estatutaria, lo cual afectaría el carácter universal de este derecho fundamental y el principio de igualdad, dado que todos los ciudadanos deben acceder al cargo público exigiéndoles por igual los mismos requisitos y no dando facultades ilegales a los partidos para que impongan a sus candidatos a seleccionar diferentes calidades no previstas en la ley. Pongamos un ejemplo: La Constitución dice que para ser diputado se requiere 21 años, pero la norma impugnada permite que los partidos puedan establecer requisitos de edad. Luego entonces, un partido A podría decir que sus candidatos a diputados tienen que reunir 30 años, el partido B diría que 45 años, y el partido C diría que con 18 años es suficiente. Es evidente que si el partido puede establecer requisitos de elegibilidad en relación a la edad, pues impondría una restricción al derecho a ser votado diferente a la prevista por la ley y, por tanto, la reserva de ley se vería afectada porque sólo es el legislador el autorizado para establecer las calidades para ser votado. Pero además, tendríamos que los ciudadanos tendrían que cumplir diferentes requisitos de edad para ejercer un mismo derecho fundamental, lo cual violentaría el principio de igualad y de universalidad que es característica esencial de todo derecho fundamental. Por tanto, la reserva de ley en el derecho fundamental de ser votado es el principio constitucional de que sólo es ella la que puede restringir los derechos de las personas, es una idea que se recoge desde la declaración de los derechos del hombre, idea que consolida el sistema democrático porque tratándose de derechos no hay más límite que el que la propia Constitución establezca. Los derechos fundamentales sólo pueden restringirse por la propia Constitución. En suma, en México, el poder ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional y de configuración legal, tal como lo reconoce la doctrina judicial nacional (SUP-JDC-037/2001 y SUP-RAP-027/2003) e internacional (CEDH: Gitanas y otros v. Grecia, 1 de julio de 1997; Podkolzina v. Letonia, 9 de abril de 2002; Hírst v. The United Kingdom, 6 de octubre de 2005). Es la reserva de ley, según la fracción II del artículo 35 de la Constitución la que define las ‘calidades’ para poder ser votado (SUP-RAP-40/2004). Esta configuración legal del derecho político debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Estos principios exigen, por un lado, que el Estado-nación defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, bajo el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. Por tal razón, la restricción debe encontrase prevista en una ley general y abstracta, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Corte IDH: Yatama v. Nicaragua: 23 de junio de 2005). Incluso: la técnica de interpretación jurídica (Guastini) de los derechos fundamentales en materia electoral no debe ser restrictiva, sino extensiva (TEPJF: S3ELJ 29/2002), porque cuando hay varias opciones para alcanzar el fin de garantizarlos, se debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (Corte IDH: Herrera Ulloa, 2 de julio de 2004). No es, además, un derecho absoluto por el principio de ‘sociedad democrática’ que delimita los derechos políticos fundamentales (SUP-JRC-128/2001 y SUP-JDC-117/2001), por lo que el punto a discutir será siempre si las calidades impuestas por la ley son irrazonables, discriminatorias, absurdas, desproporcionadas o que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial o hagan nugatorio el ejercicio de este derecho, pero ante todo solo la ley es la única la que puede restringir este derecho. Este derecho fundamental no sólo implica el reconocimiento de un poder del ciudadano cuyo ejercicio se deja a su libre decisión, sino que también entraña una facultad cuya realización está sujeta a condiciones de igualdad, a fin de que todos los ciudadanos gocen de las mismas oportunidades y, es claro, que si a todos los partidos se les permite fijar sus propias condiciones de elegibilidad, ello rompe con el principio de igualdad para todos los ciudadanos, que según el partido, tendrán que cumplir diferentes requisitos para ser votado (SCJN: Al-26/2003). Esta constitucionalización del derecho a ser electo, como parte del derecho a participar en la conformación de la voluntad popular y estatal, se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano. Por un lado, la posibilidad de ser votado se funda en el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; además, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto, en donde en el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades políticas se sujeta únicamente a las limitaciones establecidas en la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Se establece, asimismo, que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones prohibidas y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: (i) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (ii) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; (iii) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Este derecho a ser electo, por tanto, se disfrutará sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En consecuencia, resulta incuestionable que conforme a la Constitución y las normas internacionales que forman parte de ella, es el principio de legalidad el que debe imperar en la regulación de las calidades que se pueden exigir para ser candidatos y, por tanto, la norma cuestionada, el artículo 22, numeral 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que autoriza a los partidos limitar este derecho fundamental debe ser invalidada. Quinto concepto de invalidez: Por imponer requisitos excesivos a observadores electorales. Nuestra causa de pedir es la invalidez del artículo 5o., inciso d), fracción III, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que a la letra dice: ‘Artículo 5o. ... 4. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso electoral, de acuerdo con las bases siguientes: a) a c). ... d) Sólo se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de los que señale la autoridad electoral, los siguientes requisitos: I. a II. ... III. No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elección;’. Esta norma vulnera el derecho a la libre participación política previsto en los artículos 1o., 35, fracción II, 41, de la Constitución, porque el derecho a ser observador en una elección, se sujeta a una condición irrazonable: por ejercer un derecho como lo es el ser candidato, ello lo inhabilita al ciudadano para luego pretender observar las elecciones. Es decir, no parece lógico ni razonable que para ser un observador se imponga como prohibición un hecho que en realidad no afecta en nada el ejercicio de participar en una elección como observador, pues no hay razón válida alguna que justifique que alguien que ha sido candidato en una elección, pueda poner en riesgo en un proceso electoral posterior su calidad de observador. En tal sentido, las normas de los sistemas universal e interamericano en torno a los derechos políticos, han sido interpretadas por la Corte IDH bajo el triple test de los derechos humanos. En efecto, la configuración legal del derecho político debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Estos principios exigen, por un lado, que el Estado-nación defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, bajo el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. Por tal razón, la restricción debe encontrase prevista en una ley general y abstracta, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo (Corte IDH: Yatama v. Nicaragua: 23 de junio de 2005). Incluso: la técnica de interpretación jurídica (Guastini) de los derechos fundamentales en materia electoral no debe ser restrictiva, sino extensiva (TEPJF: S3ELJ 29/2002), porque cuando hay varias opciones para alcanzar el fin de garantizarlos, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (Corte IDH: Herrera Ulloa, 2 de julio de 2004). Por tanto, debe invalidarse, por restricción indebida, la norma que no permite ser observador a aquel ciudadano que fue candidato a un cargo popular en un proceso anterior, ya que no es proporcional ni razonable a los fines del cargo de observador electoral, imponer una restricción que al final de cuentas es parte del ejercicio de un derecho como el de ser votado y que, además, no pone en riesgo o peligro la función de observar una elección democrática. Sexto concepto de invalidez: Violación al principio de inmediata aplicación contitucional. violación a la autonomía de las entidades federativas al invadir el régimen competencial. Nuestra causa de pedir es la invalidez del artículo transitorio décimo primero, del nuevo Código Federal de Procedimientos Electorales, que a la letra dice: ‘Décimo primero. En un plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los partidos políticos y los entes públicos, tanto federales como locales, deberán retirar o suprimir la propaganda colocada en lugares públicos que contravenga las disposiciones que al respecto establece este código.’. Lo anterior viola el artículo 1o., 14 y 16 de la Constitución porque vulnera el principio de inmediata aplicación de la norma constitucional que no necesita de plazos ni de regulaciones secundarias para poder ser observada. Ello es así, pues las normas que hoy se encuentran vigentes en la Constitución en materia de publicidad y propaganda son normas vinculantes y de aplicación inmediata, sin que sea necesario que el legislador secundario supedite su cumplimiento a un plazo determinado. Pues la Constitución como norma debe ser entendida como un mandato vinculante para todos los poderes públicos que desde el momento en que está vigente, no hay plazo o norma secundaria que detenga su obligatoriedad, por lo que es conveniente declarar invalida dicha norma transitoria para guiar un criterio de inmediata aplicación de las normas constitucionales en materia electoral, más aún cuando incluso dicha norma transitoria regula a las entidades federativas, lo cual no tiene competencia para ello conforme al principio del Pacto Federal."

  3. Partido Político Nueva Alianza.

    "Jorge Antonio Kahwagi Macari, promoviendo en nombre y representación del Partido Político Nacional ‘Nueva Alianza’, personalidad que acredito en términos de la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral que se acompaña a este escrito inicial de demanda en vía de acción de inconstitucionalidad, como parte integrante de la misma (anexo número uno), comparezco ante el Máximo Tribunal de la nación que su Señoría dignamente preside para demandar en la vía planteada la inconstitucionalidad de las recientes reformas legales de carácter federal a que nos referimos en el presente ocurso, con fundamento en el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación con los artículos 1o., 10, fracción I y II, 59, 60, 62, tercer párrafo y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en los términos que a continuación se precisan y detallan: Proemio. 1. Nombre y firma del accionante. Lo es el Partido Político Nacional ‘Nueva Alianza’, con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto del suscrito, en mi carácter de presidente de la Junta Ejecutiva Nacional; la firma se encuentra al calce del presente escrito inicial de demanda en la vía de acción de inconstitucionalidad. 2. Delegados y autorizados. En términos del segundo párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en adelante la ‘ley reglamentaria’, designo a los señores licenciados en derecho Julio Ernesto Flores del Villar y Luis Antonio González Roldán como delegados en el procedimiento en que se actúa para que, conjunta o indistintamente, realicen toda clase de promociones, concurran a las audiencias, ofrezcan y rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan incidentes y recursos. Por su parte, en términos del artículo 4o. de la ley reglamentaria, autorizo al señor licenciado Humberto de Carlo Gómez García, así como a los señores Marco Alberto Macías Iglesias, Gabriel Villagrán Godoy y María del Carmen López Silva, y a los profesionales indicados en el párrafo anterior para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado. Los delegados podrán designar y remover libremente a los autorizados, así como renunciar en lo individual a la responsabilidad que en este acto se les confiere ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nuestro entero perjuicio y sin responsabilidad alguna para ellos. 3. Domicilio. Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el sitio ubicado en Viaducto Tlalpan, número 100, edificio ‘A’, planta baja -Oficina de la Representación del Partido Político Nueva Alianza ante el Instituto Federal Electoral-, colonia Arenal Tepepan, código postal 14610, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Asimismo, en la dirección electrónica ‘antoniogroldan@yahoo.com.mx’ podrán hacerse llegar comunicaciones que no requieran de legal notificación. 4. Órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas. Señalo las siguientes: a. El H. Congreso de la Unión. Por lo que respecta a la emisión de la norma, señalo como responsable al honorable Congreso de la Unión, de quien se reclama la aprobación y expedición del decreto que en uso de la facultad que le confieren los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 14 de enero de 2008 y, el que de conformidad con su artículo primero transitorio entró en vigor el día siguiente al de su publicación, mismo que como denotarán sus Usías en el desarrollo de los conceptos de invalidez, atenta en contra de principios constitucionales y atacan directamente tratados internacionales signados por México. El órgano citado podrá ser notificado en el domicilio ubicado en Avenida Congreso de la Unión, número 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969, en México, Distrito Federal; b. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que respecta a la promulgación y publicación, señalamos como responsable al ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien promulgó y editó el acto legislativo consistente en la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , reforma de una norma general citada y detallada en el numeral anterior, decreto publicado en el ‘Diario Oficial de la Federación’, fechado el día catorce de enero de dos mil ocho. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos podrá ser notificado en el domicilio ubicado en la Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, colonia Miguel Chapultepec, C.P. 11850, en México, Distrito Federal. c. El C. Secretario de Gobernación. Del C. Secretario de Gobernación, reclamo el refrendo al decreto de promulgación a que se refiere el párrafo inmediato anterior, efectuado en los términos del artículo 92 de la Constitución General de la República y publicado de igual manera en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día lunes 14 de enero de 2008. El C. Secretario de Gobernación podrá ser notificado en el domicilio ubicado en Abraham González número 48, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, Distrito Federal. 5. Normas generales cuya invalidez o inconstitucionalidad se reclama y medio oficial de su publicación. Lo constituyen los artículos 49, numerales 2, 3, 4, 5, 7, 50, 52, 53, 54, 56, 59, numeral 3, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 85, 96, numeral 5, 98, numeral 7, 341, párrafo 1, inciso d), el artículo 352, párrafo 1, inciso b), y el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción III del decreto que expidió las disposiciones legales citadas (anexo dos), promulgadas por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y, editadas el lunes catorce de enero de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en la inteligencia, de que hago constar, para todos los efectos legales a que haya lugar, que de los actos reclamados, única y exclusivamente se impugnan: a) El artículo 49 numerales 2, 3, 4, 5 y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que estatuyen: ‘2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo. 3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal confines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código. 4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propagan contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código. 5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y este código otorgan a los partidos políticos en esta materia. 7. El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.’. b) El artículo 50 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , el cual dispone que: ‘El Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y televisión a través del tiempo de que el primero dispone en dichos medios, lo que violenta la falta de una debida motivación, así como, una violación a la autonomía de las entidades federativas, o precisando, a uno de sus órganos autónomos, del cual se desprende un poder jurídico limitado por el cual se dota a las mismas -entidades federativas- a nivel de la Constitución General de la República un espacio de actuación libre para organizarse con libertad, siempre y cuando no trastoquen los lineamientos enmarcados en la Ley Fundamental; c) El artículo 52 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , el cual establece que: «El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria de este código; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores. En estos casos el Consejo General deberá cumplir los requisitos y observar los procedimientos establecidos en el capítulo cuarto, título primero, del libro séptimo de este código. d) El artículo 53 de la norma en comento, dispone que: La Junta General Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo General el reglamento de radio y televisión. Serán supletorias del presente código, en lo que no se opongan, las leyes federales de la materia.», e) El artículo 54 de la ley electoral reglamentaria del artículo 41, determina que: 1. Las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al instituto el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El instituto resolverá lo conducente. 2. Tratándose del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante los periodos de precampaña y campaña federal le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos periodos el tribunal tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad.’. Lo que vulnera la autonomía de las entidades federativas, así como, la esfera de competencias en lo que corresponde a la máxima autoridad en materia electoral del Poder Judicial de la Federación. f) El artículo 56, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , dispone que: ‘1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior. Tratándose de coaliciones, lo anterior se aplicará observando las disposiciones que resulten aplicables del capítulo segundo, título cuarto, del presente libro. 2. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 3. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, participarán solamente en la distribución del treinta por ciento del tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo. 4. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducent

    . 5. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de mensajes cuya duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su distribución entre los partidos políticos.’. g) El numeral 3 del artículo 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , dispone que: ‘1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos políticos, según sea el caso, conforme a lo establecido en los párrafos 1 y 2 del artículo 56 de este código. 2. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto. 3. En las entidades federativas con elección local cuya jornada comicial sea coincidente con la federal, el instituto realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el párrafo anterior, considerando el tiempo disponible una vez descontado el que se asignará para las campañas locales en esas entidades.’. Lo que conlleva a realizar el señalamiento, que del mismo se desprende una violación a la autonomía de las entidades federativas. h) El artículo 62 del código en comento, el cual señala que: ‘1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 58 de este código, el Instituto Federal Electoral, por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las campañas locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate. 2. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 anterior será utilizado para la difusión de mensajes de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto. 3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo, convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 56 de este código. 4. Para los efectos de este capítulo se entiende por cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista. 5. El Comité de Radio y Televisión, con la coadyuvancia de las autoridades federales en la materia elaborará el catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo. Deberá también incorporar la información relativa a la población total comprendida por la cobertura correspondiente en cada entidad. 6. Con base en dicho catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales a que hace referencia el artículo 64 de este código. i) El artículo 64 del código de la materia, estatuye que: ‘Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el instituto se utilizarán desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva.’. j) El artículo 65, de la norma cuya invalidez se reclama, señala que: ‘1. Para su asignación entre los partidos políticos, durante el periodo de precampañas locales, del tiempo a que se refiere el artículo anterior, el instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la entidad de que se trate, doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 2. Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos el tiempo a que se refiere el párrafo anterior aplican o, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 56 de este código, conforme a los procedimientos que determine la legislación local aplicable. 3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.’. k) El artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , establece que: ‘1. Los partidos con registro local vigente, previo a la elección de que se trate, participarán en la distribución de los tiempos asignados para las campañas locales de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección local inmediata anterior para diputados locales, o en su caso en la más reciente en que hayan participado. 2. Los partidos políticos nacionales que, en la entidad de que se trate, no hubiesen obtenido, en la elección para diputados locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas, o los partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma igualitaria. l) El artículo 68 de la norma combatida, dispone que: ‘1. En las entidades federativas a que se refiere el artículo 64 de este código el instituto asignará, para el cumplimiento de los fines propios de las autoridades electorales locales tiempo en radio y televisión conforme a la disponibilidad con que se cuente. 2. El tiempo en radio y televisión que el instituto asigne a las autoridades electorales locales se determinará por el Consejo General conforme a la solicitud que aquéllas presenten ante el instituto. 3. El tiempo no asignado a que se refiere el artículo 64 de este código quedará a disposición del Instituto Federal Electoral en cada una de las entidades federativas que correspondan, hasta la conclusión de las respectivas campañas electorales locales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los permisionarios.’. m) El artículo 69 de la norma cuya invalidez se reclama, estatuye que: ‘1. En ningún caso el instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo. 2. Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados con sus propios recursos.’. n) El artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , establece que: ‘Conforme a la base III del artículo 41 de la Constitución, cuando a juicio del instituto el tiempo total en radio y televisión de que dispone fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.’. o) El artículo 74 de la norma cuya invalidez se reclama, estatuye que: ‘1. El tiempo en radio y televisión que determinen las pautas respectivas no es acumulable; tampoco podrá transferirse tiempo entre estaciones de radio o canales de televisión, ni entre entidades federativas. La asignación de tiempo entre las campañas electorales se ajustará estrictamente a lo dispuesto en este capítulo, a lo que, conforme al mismo, establezca el reglamento en la materia, y a lo que determine el Comité de Radio y Televisión del Instituto. 2. Las pautas que determine el comité establecerán, para cada mensaje, la estación o canal, así como el día y hora en que deban trasmitirse; el reglamento establecerá lo conducente respecto de plazos de entrega, sustitución de materiales y características técnicas de los mismos. 3. Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el comité; la violación a esta disposición será sancionada en los términos establecidos en el libro séptimo de este código; 4. En elecciones extraordinarias el Consejo General determinará la cobertura territorial y el tiempo que se destinará a los partidos políticos en radio y televisión atendiendo a los criterios establecidos en este capítulo.’. p) El artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , establece que: ‘En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral.’. q) El numeral 5 del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en flagrante violación al sufragio de los ciudadanos y a las características del mismo, dispone que: ‘5. Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida.’. r) El numeral 7 del artículo 98 de la ley electoral, estatuye que: ‘7. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del apartado A de la base III del artículo 41 de la Constitución General de la República.’. s) El artículo 341, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que: ‘341. 1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este código: d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral.’. t) El artículo 352, párrafo 1, inciso b), del citado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que a la letra establece que: ‘352. 1. Constituyen infracciones al presente código de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización. b) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en este código.’. u) El artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción III, del mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que dispone que: ‘354. 1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier otra persona física o moral. III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo.’ y v) Se reclaman todas las consecuencias y efectos de los actos atribuidos a todas las autoridades responsables, entre los que destaca de manera especial y primordial la reducción del campo de ejercicio de diversos principios y libertades como la libertad de afiliación, la de expresión en detrimento de un principio fundamental consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que conlleva a un menoscabo de los derechos político electorales de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, que expresamente confieren tanto a sus agremiados como a los ciudadanos mexicanos en general, las fracciones I, II y III del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en acatamiento de la garantía individual consagrada en el artículo 9o. de la misma Constitución Política . 6. Preceptos constitucionales que se estiman violados. En el cuerpo de esta demanda se estiman violados por el honorable Congreso de la Unión, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el C. Secretario de Gobernación, los artículos 1o., 3o., fracción II, inciso a), 6o., 7o., 8o., 9o., 14, 16, 35, 36, 39, 41, y 99 de la Constitución Pol

    tica de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran principios, garantías, prerrogativas, derechos y obligaciones, las cuales se constituyen en fundamentales y se estiman violadas, precisando y detallando en el capítulo de los conceptos de invalidez del presente escrito inicial de demanda en vía de acción de inconstitucionalidad. 7. Conceptos de invalidez: Se indican en el curso de la exposición del presente escrito inicial de demanda en vía de acción de inconstitucionalidad. Procedibilidad. Su Señoría es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, con fundamento en lo que dispone el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , siendo de destacarse que la vía intentada, por su esencia y naturaleza, procede en contra de cualquier acto o ley de cualquier rango o jerarquía, así sea la Constitución General de la República o el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , mediante sus reforma, ya que el derecho procesal constitucional mexicano es la disciplina jurídica encargada del análisis sistemático de los medios de control constitucional previstos por la Norma Suprema y diversas leyes reglamentarias, máxime cuando las mismas devienen en flagrantes vulneraciones a principios fundamentales consignados en la misma, como se demuestra ampliamente en los conceptos de invalidez de ésta demanda. Esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mandato constitucional sólo resuelve en abstracto sobre la compatibilidad o incompatibilidad lógica de dos normas abstractas, la Constitución y la ley, si se advierte que en la misma existe un vicio de inconstitucionalidad conlleva a su anulabilidad, con la finalidad de cesar sus efectos generales y su fuerza de ley, reafirmando los derechos fundamentales son indivisibles y complementarios estimado que en base a este proceso debe salvaguardarse toda la Ley Fundamental porque preceptos que en ella se establecen son contrarios a la Constitución Federal , como el caso, de la violación al principio electoral consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como lo es el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, que se vulnera al permitirse al libre albedrío poder vulnerar la decisión personal del ciudadano en pleno ejercicio de su derecho político remitir su decisión personal con la finalidad de (sic) para efectos de lo que mediáticamente se ha denominado cláusula de vida eterna tomar de la votación del o los partidos que hayan cumplido con el registro y votación superior al dos por ciento tomar el porcentaje necesario para que el partido político que en coalición -candidatura común en términos concretos- pueda mantener el registro. A lo anterior debe agregarse la evidente contradicción en la que los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes catorce de enero de dos mil ocho, cuya inconstitucionalidad se reclama incurre en flagrantes violaciones a la garantía individual de libertad de expresión, de que, desde su origen, ha consagrado invariablemente nuestra Carta Magna y al desvirtuar por completo y por otra parte esa misma garantía individual estableciendo severas restricciones a dicha garantía individual de la libertad de expresión e información que la hacen por completo nugatoria e inoperante en lo que toca al ejercicio de los derechos político electorales de todas las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que, a más de derivar de la propia garantía individual de libertad de expresión, también tienen su origen en la letra y en el espíritu originales del artículo 9o. de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Con independencia de lo anteriormente señalado, la reforma legal, contrapone a la parte orgánica y a los derechos políticos consignados en el Texto Constitucional, así como a violaciones indirectas con la Constitución General de la República que como parte dogmática integran la esencia y los principios fundamentales de nuestra Ley Suprema y, consecuentemente hacen procedente esta demanda de acción de inconstitucionalidad por reclamarse a través de la misma, violaciones graves cometidas a través de un decreto del Congreso de la Unión que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . No es óbice mencionar, que la admisión y estudio de la acción de inconstitucionalidad que se promueve, resulta procedente en atención a que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano constituido facultado para garantizar el control de la constitucionalidad de nuestro país, una competencia implícita derivada de la propia Norma Suprema, al no establecer una limitación expresa que prohíba el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad como medio de control en contra de los procesos de reforma a la Constitución. Asimismo, cabe señalar que la procedencia de la presente acción de inconstitucionalidad encuentra sustento en que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 correlacionado con el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . No huelga mencionar que esta vía, es el único procedimiento planteado en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los partidos políticos con registro federal, en la cual se puede controvertir la contradicción de una norma general, -como esencialmente lo es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes catorce de enero de dos mil ocho- por una parte y la Constitución General de la República, por la otra, exigiendo la invalidación de la norma impugnada para hacer prevalecer los mandatos constitucionales. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 22/99, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, página 257, cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES. Del análisis y la interpretación de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se advierte que: a) Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter general; b) En el propio precepto se habla sólo de leyes y tratados internacionales entendidos como normas de carácter general. Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas de carácter general, pero no contra cualquiera de éstas, sino sólo contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, se refiere únicamente a normas generales, leyes y tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de esas normas. La intención del Constituyente Permanente, al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No puede aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales casos, por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos generales, sino relativos. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación con el artículo 1º de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, es decir leyes o tratados, y son improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter. Precedentes: Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.’. Cabe destacar que la función jurisdiccional que realiza esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, es la de vincular los derechos fundamentales, garantías y principios, al permanente proceso de transformación preservándolos como elementos inherentes a todos los gobernados, así como, a cualquier persona, bien sea física o moral, bien sea una entidad de interés público, como defensor y garante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , de ahí deviene la procedibilidad de la presente vía, ya que lo que se pide es que se analicen a la luz de la Norma de Normas los procesos que ponen en riesgo el pleno ejercicio de las libertades y los principios consignados a favor de los sujetos inmersos bajo el imperio de nuestra Constitución. Asimismo, encuentra sustento la procedibilidad de la vía, la conformación del ‘orden total’ mexicano, por la jerarquía superior al resto de esos órdenes, estableciendo las condiciones de unidad entre todos los órdenes jurídicos, en términos a lo expresado por Don Ulises Schmill Ordóñez; ya que la Constitución no sólo debe consistir en un documento, sino que el mismo debe trascender a la realidad político-constitucional, evitando que el H. Congreso de la Unión, u los órganos o asambleas legislativas estaduales emitan leyes contrarias a la Norma de Normas, defendiendo con claridad y firmeza la existencia y procedencia de un control procedimental de constitucionalidad de las reformas legales, mediante un conjunto de instrumentos con el objeto de encauzar los fenómenos no sólo de carácter político, sino también económico, social, e inclusive cultural, con el propósito de que dichos mecanismos se puedan limitar a los órganos del poder dentro de los límites consagrados en las normas constitucionales. No huelga mencionar (sic), que los órganos del poder tienden a extralimitarse y a rebasar sus atribuciones, ya sea por conducto de una interpretación errónea de las normas y principios constitucionales, y en otros supuestos por medio de la violación o vulneración de las disposiciones fundamentales, para contrarrestar estos excesos, es necesario, por tanto, que mediante la vía que por este escrito se incoa, se restablezca el orden jurídico constitucional violado, la doctrina ha sostenido que para ‘... garantizar la vigencia y la pureza de la Constitución, así como el respeto y el mantenimiento de las libertades públicas individuales, la técnica jurídica ha creado diversos sistemas, llamados de la defensa de la constitución.’. Don Ulises Schmill Ordóñez, siguiendo al Dr. Hector Fix Zamudio establece una aproximación del concepto defensa de la Constitución y afirma que: ‘... como una idea provisional y aproximada podemos afirmar que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido, desde el punto de vista de la Constitución formal a fin de lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social, y desde el ángulo de la Constitución real, su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia Carta Fundamental.’. Es por estas ideas que autores contemporáneos al hablar de la defensa de la Constitución estiman que ésta se compone de varios sectores. Por ejemplo, Don Ulises Schmill Ordóñez ha considerado que ‘... el concepto genérico de defensa de la Constitución puede escindirse en dos categorías fundamentales, que en la práctica se encuentran estrechamente relacionadas: la primera podemos denominarla de manera convencional como protección de la Constitución, y la segunda, que ha tenido consagración institucional en varias

    cartas fundamentales contemporáneas, comprende las llamadas garantías constitucionales ...’, y explica que: ‘... El primer sector, relativo a la protección de la Constitución se integra por todos aquellos factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados por medio de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Carta Fundamental, tanto por lo que respecta a sus atribuciones, como también y de manera esencial, en cuanto al respeto de los derechos humanos de los gobernados, es decir, con estos instrumentos se pretende lograr el funcionamiento armónico, equilibrado y permanente de los poderes públicos y, en general, de todo órgano de autoridad.’. ‘... La segunda categoría está formada por las llamadas garantías constitucionales pero entendidas no en el concepto tradicional que identificó dichas garantías con los derechos de la persona humana consagrados constitucionalmente, sino como los medios jurídicos, de naturaleza predominantemente procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, a pesar de los instrumentos protectores que mencionamos en el párrafo anterior los cuales pueden ser insuficientes en determinadas hipótesis para lograr el respeto y cumplimiento de las disposiciones constitucionales.’. En consecuencia, no es aceptable que una reforma por la que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se realice sin sujeción a los límites que la Constitución General de la República, situación que actualiza la procedibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad. Sirve como sustento a lo anteriormente expuesto, el contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 25/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, página 81, cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación. Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.’. Debe destacarse en cuanto a la procedencia de la vía que se ejercita, que las normas generales que en este acto se impugnan revisten el carácter de leyes, para los efectos del inciso d) de la fracción II del artículo 105 constitucional, ya que gozan del carácter de generalidad, abstracción e impersonalidad que la doctrina ha usualmente exigido para que un dispositivo jurídico pueda considerarse ley. Ahora bien, claro es que cuando el Constituyente se refirió a que la acción de inconstitucionalidad únicamente procedía contra leyes expedidas por un órgano legislativo, su intención era eliminar la posibilidad de que por la misma vía se impugnare una disposición reglamentaria expedida por los Poderes Ejecutivos en el ejercicio de sus funciones y, no en el de una facultad reglamentaria como de la que pudiere gozar el Ejecutivo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial siguiente: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL. Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. En conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general.’. No huelga mencionar que se cubre además con la legitimación ya que de conformidad con el inciso f) del numeral II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la dirigencia de un partido político con registro nacional, se encuentran en aptitud legal de comparecer y accionar en esta vía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de exigir la declaratoria de invalidez constitucional de las normas generales expedidas por el órgano al que pertenecen y promulgadas y publicadas por autoridad competente. Máxime que el segundo párrafo del inciso f) del numeral II del artículo 105 de la Constitución expresamente establece que: ‘La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.’. En este sentido se ha pronunciado el Máximo Tribunal de la nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2000, como a continuación se señala: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE UN COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, los partidos políticos con registro nacional están legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales por conducto de su dirigencia nacional; por lo tanto, el presidente de un Comité Ejecutivo Estatal carece de legitimación para ejercer la referida acción a nombre y en representación del partido político que cuenta con registro nacional. Acción de inconstitucionalidad 1/2000. Partido Político Nacional Alianza Social. 25 de enero de 2000. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, aprobó, con el número 55/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo de dos mil.’. Asimismo, se manifiesta que la demanda se presenta de manera oportuna, ya que existe una total certidumbre respecto del día en que debe empezar a contar el término para la interposición de la vía de acción de inconstitucionalidad, habida cuenta de que las normas generales impugnadas fueran editadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, incoándose en los treinta días naturales previstos en las leyes del procedimiento se cumplen el trece de febrero de dos mil ocho. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 81/2001, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, página 353, cuyo rubro y texto es el siguiente: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL PLAZO PARA PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA FENECE A LOS TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE LA NORMA GENERAL CONTROVERTIDA SEA PUBLICADA, AUN CUANDO EL ÚLTIMO DÍA DE ESE PERIODO SEA INHÁBIL. Al tenor de lo previsto en el artículo 60, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , tratándose de acciones de inconstitucionalidad en las que se impugne una ley en materia electoral todos los días son hábiles. En tal virtud, si al realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda respectiva se advierte que el último día es inhábil, debe estimarse que en éste fenece el referido plazo, con independencia de que el primer párrafo del citado artículo 60 establezca que si el último día del plazo fuese inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, toda vez que esta disposición constituye una regla general aplicable a las acciones de inconstitucionalidad ajenas a la materia electoral, respecto de la cual priva la norma especial mencionada inicialmente. Acción de inconstitucionalidad 15/2001 y sus acumuladas 16/2001 y 17/2001. Partidos Alianza Social, Verde Ecologista de México y de la Sociedad Nacionalista. 16 de abril de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.’. Bajo protesta de decir verdad, a continuación manifiesto cuáles son los hechos o abstenciones que constan a mi representada y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que motivan los fundamentos de los conceptos de invalidez: Antecedentes. Para efectos de desarrollar de manera clara y exhaustiva este concepto de invalidez, se relatan los antecedentes del irregular procedimiento legislativo que dio origen al decreto. 1. Con fecha 13 de abril de 2007, se promulga por parte del Ejecutivo Federal, el decreto por el que se expide la Ley para la Reforma del Estado Mexicano, por el que se crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado en México. 2. Con fecha seis de noviembre de dos mil siete, el H. Congreso de la Unión realizó la declaración formal de la reforma a los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, así como adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 3. Con fecha trece de noviembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia electoral e inició su vigencia el 14 del mismo mes y año. Lo

artículos tercero y cuarto transitorio, se señaló como plazo para el H Congreso de la Unión el término de 30 días, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para realizar las adecuaciones que correspondieran a las leyes federales

4.Con fecha treinta de noviembre de dos mil siete, fue suscrita por diputados y senadores la iniciativa bajo dictamen del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , turnándose para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.Para los efectos del dictamen, las comisiones antes mencionadas, de conformidad a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , celebraron reunión de conferencia con los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, misma que tuvo lugar entre el sábado 1 de diciembre al lunes 3 de diciembre del año en curso.En la referida reunión, senadores y diputados de los ocho grupos parlamentarios con representación en la LX Legislatura del H.Congreso de la Unión manifestaron posiciones generales y propuestas específicas sobre los asuntos materia de la iniciativa bajo dictamen.En el curso de la conferencia celebrada entre las comisiones de ambas Cámaras, se acordó constituir un grupo de trabajo integrado por diputados y senadores de los grupos parlamentarios, mismo que conoció y analizó las diferentes propuestas de cambio a la iniciativa bajo dictamen.Dicho grupo presentó sus observaciones en la reunión final celebrada por la conferencia de las comisiones de ambas Cámaras, las que fueron analizadas y debatidas con toda la extensión y amplitud que su importancia requerían.Sin embargo, cabe destacar que previo a la presentación de la iniciativa y afirmando que las normas contenidas en la Ley para la Reforma del Estado, eran de orden público y de observancia general, es decir, eran normas constituidas de principios y axiomas de organización social que debió ser reconocida y admitida por todos, independientemente de su establecimiento en la norma, sujetas al principio de primacía de ley, por la cual se lograrían los acuerdos con la finalidad de elaborar las iniciativas que expresaran los mismos -acuerdos entre todos los grupos parlamentarios-, máxime si se considera que el objetivo y finalidad de la Ley para la Reforma del Estado, era el de establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de los acuerdos para la concreción de la Reforma del Estado, sin embargo, cabe señalar que se violó el procedimiento, al desconocer la participación de las minorías representadas en el Congreso de la Unión, por tal, se vulneraron los actos que debía realizar el H.Congreso de la Unión a fin de elaborar, aprobar y expedir las leyes correspondientes a la reforma del Estado.Como se refirió en el párrafo anterior, el cual, con los subsecuentes se solicita se tengan por insertados como si se trataren de conceptos de invalidez, fueron muy diversas las violaciones que cometió el H.Congreso de la Unión en la fase correspondiente a la iniciativa, ya que si bien es cierto el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , asienta las bases del procedimiento legislativo, también es cierto que, el Poder Legislativo, se mandató mediante la Ley para la Reforma del Estado, de elementos que permitieran la colaboración y coordinación de funciones, con la finalidad de presentar una iniciativa de reforma con el más alto consenso entre los grupos parlamentarios conformados al interior del seno legislativo; sin embargo, y en contra de una norma general que los obligaba, tres grupos parlamentarios, sin atender que una de las facultades para la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado en México era la de promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo, optaron por desconocerla, dando trámite al procedimiento legislativo, sin acatar las reglas establecidas con antelación para tal efecto.Estas violaciones fueron graves que incidieron de manera determinante en el propio H.Congreso de la Unión y, son por sí solas suficientes para decretar la violación del procedimiento siendo incuestionable las violaciones a la Ley para la Reforma del Estado convirtiéndose en una transgresión a la obligación de seguir las formalidades esenciales de todo procedimiento; máxime cuando la finalidad de promover una reforma electoral, era dar respuesta a los problemas, deficiencias y vacíos que padece el sistema electoral mexicano, así como consolidar los importantes avances producidos por las reformas realizadas en la materia de 1977 a 2005, esto a través de acuerdos por parte de los partidos políticos y grupos parlamentarios representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.4.Con fecha 11 de diciembre de dos mil siete fue aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por 351 votos a favor, 86 en contra y 4 abstenciones; pasando al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales.5.Con fecha 13 de diciembre de dos mil siete, el suscrito en representación del Partido Político Nacional ‘Nueva Alianza’, interpuso ante esta H.Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito inicial de demanda en vía de acción de inconstitucionalidad contra el decreto que reformó los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, así como adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el cual fue publicado el día 13 de noviembre de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación.El día dieciocho de diciembre de dos mil siete, los señores Ministros Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo, radicaron la acción de inconstitucionalidad interpuesta con el número de expediente 169/2007, desechándola por improcedente, bajo el criterio de que la vía intentada sólo es procedente contra las normas de carácter general y no es procedente contra reformas constitucionales.6.Con fecha veintidós de diciembre de dos mil siete, se presentó recurso de reclamación en contra del auto que desecho la acción de inconstitucionalidad, radicada bajo el número de expediente 169/2007.Siendo admitido el recurso el día tres de enero de dos mil ocho por el señor Ministro Guillermo I.Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, turnando el expediente al señor Ministro José Fernando Franco González Salas, con la finalidad de formular el proyecto de resolución correspondiente.7.Con fecha catorce de enero de dos mil ocho fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , habiendo entrado en vigor, de conformidad con el correspondiente artículo primero transitorio, el día siguiente de su publicación, es decir, con fecha 15 de enero del año en curso, por lo que la presente demanda en vía de acción de inconstitucionalidad dentro del plazo establecido en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , así como a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .En concordancia con lo anterior y, en cumplimiento de los fines que una entidad de interés público conlleva de conformidad a lo preceptuado por el artículo 41 de la Constitución General de la República, y en virtud de que las reformas legales que constituyen los conceptos de invalidez son violatorias de principios constitucionales y garantías fundamentales, como lo es entre otros, la libertad de expresión, del derecho de petición en materia política, de la libertad de tomar parte de manera pacífica en los asuntos políticos del país, de audiencia, de seguridad jurídica, de legalidad y, así como de las prerrogativas ciudadanas en materia de los derechos político electorales de votar, ser votado, de la vulneración al voto público y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país que consagran los artículos 6o., 8o., 9o., 14 y 16, en relación con las fracciones I, II y III del artículo 35, 36 y 41, todos ellos de la Constitución General de la República, mi representado, se ve obligado a interponer y a hacer valer esta DEMANDA EN VÍA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD con fundamento en los siguientes: Primer concepto de invalidez.Contravención a los principios políticos fundamentales consagrados en los artículos 35, 36 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .La Constitución General de la República y el derecho internacional reconocen como un principio fundamental la de garantizar el sufragio universal, intransferible y equitativo a todos los ciudadanos, sin mayor menoscabo, que el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado para poder ejercer tales derechos y cumplir las obligaciones, como se establece en el artículo 34 del Máximo Ordenamiento legal anteriormente citado, es decir, se reserva en la República Mexicana para los ciudadanos, con la finalidad que las personas puedan ejercitar control directa e indirectamente sobre los cargos de elección popular, mediante su participación en las deliberaciones políticas, o a través del voto para la elección de sus representantes, siendo esta última forma como se entiende en nuestro Máximo Ordenamiento, relacionándose con los derechos y las libertades políticas esenciales, voto activo y pasivo, así como la igualdad para acceder a los cargos públicos.Los artículos 35, 36 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (ambos tratados suscritos y ratificados por México en 1981), así como el 4o., párrafo segundo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se desprende que en México, el derecho de votar debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.El ámbito universal conlleva a que al mismo no se limite por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, situación económica, grado de estudio, nivel cultural, entre otras condicionantes y, que se cumplimenten condiciones previstas jurídicamente -ciudadanía- para poder ser considerado elector inmersos en nuestro sistema político electoral; los elementos de libertad y secreto se encuentran íntimamente relacionados, la violación a la secrecía del voto vicia la libertad del mismo, de tal forma que lo convierte en un voto que puede no reflejar la voluntad verdadera del elector, y la libertad en su emisión conlleva a remover cualquier tipo de obstáculo, cualquier elemento que pretenda presionar, coaccionar o menoscabar su independencia y autonomía en la emisión del mismo, consecuentemente, el voto es libre cuando no está sujeto a presión, intimidación o coacción alguna, en tanto que es secreto porque la ley garantiza que no se conocerá públicamente la preferencia o voluntad de cada elector, es decir, porque se tiene el derecho de votar sin ser observado desde que se marca la boleta hasta que se deposite en la urna; es directo porque sin desviaciones plasma la voluntad del sufragante para designar verdadera y concisamente a los representantes populares; personal, porque es una prerrogativa y derecho que solamente el titular del mismo lo puede ejercer, e intransferible porque no se puede transferir, ceder, conceder ni en su ejercicio, ni en su decisión o manifestación discrecional, ni en su libre expresión de la voluntad.Si se atiende a que el sistema político mexicano descansa en el principio de que el sufragio es universal y que la voluntad ciudadana debe expresarse individualmente por medio del voto libre y directo, lo que permite afirmar que para que el ejercicio del.

derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, es indispensable que el mismo sea: universal, lo que conlleva a que tienen derecho al voto todos los ciudadanos que satisfagan los requisitos establecidos por la ley, sin discriminación de raza, religión, género, condición social, características étnicas o conocimientos; libre, que el ciudadano elector no se encuentre sujeto a ningún tipo de presión o coacción para su emisión, ni mucho menos lo realice por mandato colectivo; secreto, que entraña la cualidad de que en ningún momento se debe conocer públicamente la preferencia o voluntad del elector; directo, que entraña que el ciudadano elige por sí mismo, sin intermediarios y sin presiones o coacción; personal, ya que concierne al ciudadano titular del derecho el ejercitarlo por sí mismo, y sin asesoramiento o indicación alguna; e intransferible, lo que conlleva a ser indelegable, no acepta cesión del derecho a ninguna persona, ni a ningún otro instituto político por el cual no se hubiere pronunciado. Lo anterior pone de manifiesto que al faltar cualesquiera de las características del sufragio, se constituye un mero artificio, que conlleva a una vulneración de las libertades individuales, ya que el voto es el derecho político subjetivo privativo de los ciudadanos, de elegir a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, como derecho y obligación de los facultados para su ejercicio éste es indisociable del proceso democrático, motivo por el cual, cuando el mismo es transgredido por una reforma a la norma electoral que impiden su efectividad, se desprecia la voluntad propia de los ciudadanos. En este orden de ideas, nuestro sistema jurídico precisa en el artículo 4o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que ‘Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular.’, este dispositivo legal encuentra su fundamento en los artículos 35, fracción I y 36, fracción III, constitucionales, que establecen, respectivamente, que ‘votar en las elecciones populares’ es prerrogativa y obligación del ciudadano, siendo éste universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. La anterior dualidad debe observarse desde el concepto de prerrogativa, de conformidad a como lo establece el artículo 35 de nuestra Norma Fundamental, ya que al mismo tiempo es un derecho y deber de votar y poder ser electo, ya que el término consignado puede usarse para referirse lo mismo a un derecho que a una obligación, en aquellos casos en que éstos destacan, honran, privilegian o dignifican a su titular. Derechos y obligaciones específicos que suponen o conllevan ciertas calidades particularmente valiosas o dignificantes para sus titulares. Lo anterior se materializa al suponer la aceptación y viabilidad jurídica del traspasar ‘de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro, situación que no encuentra sustento ni aplicación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , ni en conformidad con los principios lógicos que rigen en materia de hermenéutica o interpretación de las leyes y de sus normas en general, por las cuales unas y otras han de ser ponderadas conjunta y no parcialmente, armónica y no aisladamente, evitando la incongruencia y la contradicción que repugna a la razón y a la correcta administración de la justicia, máxime que en los artículos 35, 36 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se determina que: «Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.». «Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, II. Alistarse en la Guardia Nacional; III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley; IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y V. Desempeñar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.». De los artículos transcritos se desprenden los derechos político electorales del ciudadano, asociados indisolublemente con el respeto al voto público, como el mecanismo esencial para elegir a los representantes populares, en donde cobra principal relevancia el de circunscribirse inmersos en un sistema electoral basado en disposiciones de orden público orgánico federal, constituyéndose el voto en el principal derecho político y, éste no sólo en rango constitucional, sino que también se reconoce en instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, como anteriormente se asentó al inicio del presente concepto de invalidez’, como los es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de 1969, el cual en su artículo 23, numeral 1, inciso b), referente a los derechos políticos, prístinamente determina que: ‘Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: ... b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas autenticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores.’. A mayor abundamiento, el artículo 35 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por México el dieciséis de diciembre de 1966, precisa en su artículo 25 que: ‘Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas de los derechos y oportunidades: ... b) Votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.’. En tal virtud, resulta inadmisible que una reforma electoral por la cual se traslade de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro, pueda ser admitida en el sistema jurídico electoral cuando por su incongruencia y contradicción manifiesta conlleva a la violación al voto, así como al libre ejercicio del que deben gozar los ciudadanos. No es óbice mencionar, como ya se ha señalado con antelación, que el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , enuncia las obligaciones del ciudadano; considera al aspecto de la ciudadanía como ‘categoría jurídica’ desde el punto de vista de los deberes impuestos por la Constitución al ciudadano, el cual desempeña un papel esencial en un gobierno representativo y democrático; y determina que políticamente a los mexicanos en los procesos electorales federales y locales, nos asiste el derecho al voto activo y al voto pasivo, lo que denota una calidad distintiva y la cual se traduce en una obligación que no equivale a un ‘facultamiento’, sino a un deber de sujeción a la norma que así lo ordena, que conlleva a su exacta aplicación para las autoridades, así la obligación de ‘votar’ es un derecho ‘per se’ que reputa el deber del ciudadano de emitir su sufragio, sin existir sanción por la falta de ejercicio, al ser también considerado una prerrogativa como lo establece el artículo 35 de la Constitución General de la República, sin embargo cuando éste se ejercita, debe realizarse sin cortapisas o limitantes a sus características esenciales, sin poder ninguna autoridad sustentar, como en la especie acontece, variantes a sus particularidades, justificándolas en investigaciones quizá válidas en otras áreas científicas, pero inaceptables en el ámbito jurídico, máxime cuando un proceso electoral es de interés público. Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre, secreto, directo, personal e intransferible; porque faltando cualquiera de estas condiciones, o se convierte en una prerrogativa de clase, o es un mero artificio para disimular usurpaciones de poder, o da por resultado imposiciones de gobernantes contra la voluntad clara y manifiesta del pueblo. En torno a esta cuestión conviene señalar, en concordancia con Bartelemy que -si el sufragio es al mismo tiempo un derecho político y un arma para defender intereses legítimos de personas o de grupos de personas-, entonces resulta evidente que no puede negarse o menoscabarse ese derecho como se realiza en la reforma constitucional que se combate en el numeral 5 del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en flagrante violación al sufragio de los ciudadanos y a las características del mismo, al disponer que ‘5. Cuando dos o más partidos se coaliguen, el convenio de coalición podrá establecer que en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que se aplicará este procedimiento. En ningún caso se podrá convenir que el porcentaje de votos que se tome para los partidos que no alcancen a conservar el registro, sumado al obtenido por tales partidos, supere el dos por ciento de la votación nacional emitida.’, situación que trastoca la

universalidad del sufragio, vulnera su característica de intransferible, de libertad al someter los partidos políticos coaligados, o mejor dicho, en candidatura común, ya que se presentan en lo individual en la boleta electoral, la voluntad ciudadana la cual por efectos de registro, remite a una opción distinta la decisión por la cual el votante manifestó su voluntad. El acceso efectivo al voto puede ser tan importante como el derecho mismo, porque un derecho que no puede ser ejercido es un derecho denegado. La igualdad en el derecho y valor del voto entre ciudadanos es el bien jurídico tutelado, y entraña que no sólo sean consideraciones cuantitativas, sino cualitativas, como la misma Suprema Corte de Justicia lo ha establecido, al circunstanciar el derecho del pueblo a vincularse de manera debida con sus candidatos y representantes y la obligación de éstos de vincularse y atender al pueblo en condiciones viables, equitativas en cada distrito y en apego al ideal democrático, siendo para ello el sistema de representación popular; cabe destacar que a través del derecho de voto los ciudadanos intervienen en la vida política del país, ya sea crean lo (sic) al Estado, conformando al gobierno o eligiendo a sus representantes, y al programa político de conformidad al cual se debe gobernar al país. Por lo que es dable afirmar siguiendo a don Mariano Otero, que en los Estados populares las leyes que establecen el derecho al voto son fundamentales y tan importantes como las que en las monarquías establecen quién es el monarca. Si se parte de que el voto activo es un derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye la libertad de conducta, o en otros términos, la libertad del ciudadano titular para votar por quien considere la mejor opción política y sin interferencia de los demás, el numeral 5 del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , al disponer que ‘de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro’, se transgreden las características del mismo y la absoluta libertad de escoger la opción política de su preferencia, ya que el voto emitido, para fines prácticos mediante el precepto legal que se combate no se estaría contabilizando para el partido político por quien determino manifestar su voluntad e intención en la emisión del sufragio influyendo una voluntad ajena a su decisión y determinando por parte de una entidad de interés público el sentido de su voto, dejando de constar fehacientemente la voluntad del ciudadano a favor de su opción electoral, contabilizándose desigual a los emitidos por cualesquiera de los demás ciudadanos. El filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio señala que el concepto de sufragio universal, sumado a la regla de mayoría, define la democracia de una manera muy sencilla: Es la suma de dos elementos esenciales: el principio a una cabeza un voto, en el que se basa el sufragio universal, y la regla de la mayoría, en la que cada individuo debe contar por uno, y ninguno debe contar menos que otro. Consecuentemente la finalidad del sufragio consiste en posibilitar la expresión democrática de la voluntad política del pueblo, individualizada por los ciudadanos, que organizados como cuerpo electoral que emiten votos de manera libre, directa e intransferible, en un sistema jurídico como el nuestro por el cual los partidos políticos de conformidad al artículo 41 de la Constitución General de la República, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.’, al respecto, Duverger opina que: ‘El hecho de la elección, como la doctrina de la representación, han sido profundamente transformados por el desarrollo de los partidos. No se trata, en lo sucesivo, de un diálogo entre el elector y el elegido, la nación y el Parlamento; se ha introducido un tercero entre ellos que modifica radicalmente la naturaleza de sus relaciones. Antes de ser escogido por sus electores, el diputado es escogido por el partido: los electores no hacen más que ratificar esta elección. Esto es visible en los regímenes de partido único, en los que un solo candidato es propuesto a la aprobación popular. No por ser más disimulado, es menos real en los regímenes pluralistas: el elector puede escoger entre varios candidatos, pero cada uno de éstos es designado por un partido. Si se quiere mantener la teoría de la representación jurídica, hay que admitir que el elegido recibe un doble mandato: del partido y de sus electores. La importancia de cada uno varía, según el país y los partidos; en conjunto, el mandato de partido tiende a llevar ventaja sobre el mandato electoral.’, conlleva a afirmar válidamente que el ciudadano en el ejercicio de su voto activo, lo realiza en una doble vía, primariamente por el partido político, sus programas, principios e ideas que postulan y consecuentemente por el candidato, ya que los partidos políticos son intermediarios entre el ciudadano y el poder político, entre electores y elegidos. Lo anterior cobra mayor relevancia cuando al abrogarse el anterior código electoral por la emisión de la norma que se combate, se modifica de fondo la figura de las coaliciones, conservando única y exclusivamente la denominación, pero en sentido estricto la coalición regulada es lo que se podría denominar una candidatura común, ya que cada partido participa de manera individual en la boleta electoral, con su emblema, consecuentemente con sus programas, principios e ideas y reciben votos de manera directa por lo cual el pretender disponer ‘de la votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro, impediría que la emisión del sufragio fuese libre, directo e intransferible.’. En este orden de ideas, un régimen político puede ser definido como una democracia -cualquiera que sea su forma específica- cuando todos los sujetos a los que se dirigen las decisiones colectivas políticas tienen el derecho de participar con igual peso con respecto de cualquier otro, en el proceso que conduce a la asunción de dichas decisiones. Así, tanto la democracia directa como la representativa son tales en la medida en que el derecho de participación política es equitativamente distribuido entre todos los ciudadanos. El contraste entre democracia directa y representativa se evidencia en la diferente estructura del proceso de decisión política. Dicho de la manera más simple: democracia directa es aquella en la que los ciudadanos votan para determinar, ellos mismos, el contenido de las decisiones colectivas, como en la democracia de los antiguos griegos. Democracia representativa es aquella en la que los ciudadanos votan para determinar quién deberá tomar las decisiones colectivas, o sea, para elegir a sus representantes. La institución fundamental, común a todos los regímenes democráticos contemporáneos, es la elección de representantes por medio del sufragio universal. El sufragio universal, pues, más que impactar la vida democrática de los pueblos, es la pieza del engranaje que hace que la democracia exista. Recordemos que la esencia del sistema democrático supone la participación de la población en el nombramiento de representantes para el ejercicio de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. Lo anterior se fundamenta en lo establecido por el artículo 41 constitucional, el cual señala que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Este dispositivo armoniza con lo dispuesto en el numeral 3o., fracción II, inciso a), mismo que dispone que la democracia se debe entender no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Segundo concepto de violación. Violación de las garantías individuales de libertad de expresión, del derecho de petición en materia política y de la libertad de asociarse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, consagradas en los artículos 6o., 8o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Conforme a su texto aprobado desde 1917 por el Constituyente Originario, el artículo 6o. de la Constitución Federal , textualmente establece: ‘La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataquen a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público ...’. Este texto original a la fecha ha sufrido dos pequeñas adiciones que no afectan ni su esencia ni su sustancia, en lo tocante a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información y en lo relativo al ejercicio del derecho de réplica en los términos que disponga la ley. Al margen de esas adiciones menores, lo importante es que desde su origen, nuestra Ley Suprema ha garantizado a todo ciudadano la libre manifestación de las ideas, pensamientos y opiniones como uno de los factores indispensables para el progreso cultural, político, económico y social, toda vez que la actividad pensante del ser humano se degrada cuando el Estado, sin ninguna razón ni derecho, lo reduce al silencio obligatorio que prohíbe la expresión de sentimientos, ideas, opiniones e inquietudes, toda vez que un pueblo integrado por individuos condenados a no manifestar su pensamiento a sus semejantes, será siempre servil y abyecto, incapaz de experimentar ningún progreso cultural, social, político, científico o económico. En cambio, los regímenes en los que impera la libre emisión y expresión de las ideas, la libre discusión y la sana crítica, estarán siempre en condiciones de brindar a la sociedad posibilidades de elevación intelectual en las referidas áreas del pensamiento cultural, político, científico, económico y social (Véase: Burgoa Orihuela Ignacio, ‘Las Garantías Individuales’, Editorial Porrúa, S.A., México, 1965, página 320). Es atendiendo a estos valores que forman parte de los principios fundamentales y rectores en los que se sustenta nuestro orden constitucional, que el Constituyente Originario garantizó a todos los gobernados la libre manifestación de las ideas, prohibiendo que las mismas sean objeto de cualquier tipo de inquisición judicial o administrativa, toda vez que la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una verdadera democracia representativa de los intereses del pueblo y de la sociedad y no de simples partidos políticos. Estos criterios han sido ampliamente recogidos y tutelados por la reciente jurisprudencia del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresada en las tesis siguientes: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden. Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 25/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.’. ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni

utoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa. Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 24/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.’. De la simple lectura de las tesis jurisprudenciales que se acaban de transcribir, se desprende que el Máximo Tribunal de la República, como garante supremo de las garantías individuales, acaba de reafirmar en el año de 2007, que la garantía de la libertad de expresión posee una dimensión colectiva que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden y que, en esencia, la libertad de expresión es el componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa. No obstante lo anterior, a través de los actos reclamados el legislador ordinario al emitir una ley secundaria como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales cuya inconstitucionalidad se reclama, ignorando deliberadamente las garantías que consagró el Constituyente Originario en nuestra Ley Suprema y expresamente reconocidas en las tesis jurisprudenciales números 24/2007 y 25/2007 que se acaban de invocar, pretende suprimir por completo la libertad de expresión en materia político electoral, al establecer en el párrafo 4 del artículo 49 del referido código que: ‘Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código.’. Como puede advertirse, de la simple lectura del precepto que se acaba de transcribir, la intención del legislador ordinario es la de suprimir por completo la libertad de expresión de los ciudadanos y, en general, de las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, en la materia política y electoral, a fin de que esa libertad solamente pueda ser ejercida por grupos privilegiados como en la especie lo son los partidos políticos. Dentro de esta tesitura, ningún ciudadano, ningún gobernado y ninguna organización de la sociedad civil tiene el derecho de contratar propaganda en radio y televisión para influir en las preferencias electorales de los demás ciudadanos de la República, ni tampoco puede manifestarse en propaganda en radio y televisión a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, ni aun en el caso de que las propuestas electorales de esos partidos políticos o candidatos atenten gravemente en contra de los intereses y derechos legítimos de los afectados. Dentro del orden político electoral que pretende crear el código reclamado, la propaganda política se convierte en monopolio y patrimonio exclusivo de los partidos políticos, sin que nadie tenga el derecho de defender sus posiciones legítimas en caso de que algún partido o candidato vaya en contra de esas posiciones o derechos legítimos. Así por ejemplo, una organización ciudadana, un sector industrial no tienen el derecho de contratar propaganda en radio o televisión, a pesar de que un partido político o candidato formule propuestas electorales tendientes a disminuir o afectar sus derechos como puede ser el caso de las cuestiones sumamente debatidas, en los ámbitos políticos y sociales, en materias tan sensibles y controvertidas en contra del indigenismo, de racismo, menoscabo a las libertades, efectos jurídicos, entre otros. De la misma manera, un ciudadano o una organización, queda privada del derecho de contratar propaganda en radio o televisión para combatir las propuestas de un partido político o candidato que pretenda crear impuestos confiscatorios, imponer restricciones a la libertad de comercio e industria que consagra el artículo 5o. de nuestra misma Constitución, o establecer programas que afecten la estabilidad del empleo y la creación de nuevas fuentes de trabajo. En el mismo sentido se puede hablar de las universidades e instituciones de educación superior que se vean afectadas por las propuestas de algún partido político o candidato que, por ejemplo, pretenda recortar los subsidios y los donativos a las universidades públicas, puesto que dentro del régimen político electoral que se pretende crear a través de los actos reclamados, las universidades e instituciones de educación superior no van a tener el derecho de manifestarse públicamente en la radio o en la televisión durante los procesos electorales, a pesar de representar a sectores sociales, culturales e intelectuales que son indispensables para el progreso de la nación. Es más, cualquier ciudadano u organización no gubernamental que simplemente desee hacer un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho de voto de manera libre, responsable y secreta para dotar de una mayor transparencia y confiabilidad a una determinada elección, en los términos de los actos reclamados no podrá hacerlo mediante propaganda en radio o televisión, a pesar de que se trate de un mensaje neutro encaminado a cumplir con un deber ciudadano. Bajo el sistema que se pretende instaurar a través de los conceptos de invalidez, los derechos y prerrogativas ciudadanas de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, que consagran las tres primeras fracciones del artículo 35 constitucional, se vuelven nugatorios ante la inquisición judicial y administrativa que se desprende de manera automática de lo que disponen los actos reclamados, los que inclusive en los términos de la fracción III del inciso d) del párrafo 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales cuya inconstitucionalidad se demanda, sancionan a cualquier persona moral, con multas equivalentes al doble del precio comercial del tiempo que hayan adquirido en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral. Sobre este particular, desde hace muchos años, la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación claramente ha dejado establecido que: ‘La manifestación de las ideas y la libertad de expresarlas (sic) haciendo propaganda, (sic) para que lleguen a ser estimadas por la comunidad, no tiene otra restricción constitucional que los ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, así como la perturbación del orden público, por lo que aquellas manifestaciones que tiendan a hacer prosélitos para determinada bandería política o ideológica, no pueden constituir, en (sic) tanto no alteren el orden público, delito alguno, y reprimirlas constituye una violación a las garantías individuales.’ (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXVIII, página 220) (sic). Dentro de semejante contexto, resulta a todas luces evidente que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que por esta vía se combate, tiene por objeto reprimir y sancionar la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresarlas haciendo propaganda en los procesos electorales, lo que con base en la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal que se acaba de transcribir, constituye una evidente y palpable violación a las garantías individuales. En concordancia con lo anterior, el más Alto Tribunal de la nación también ha expresado que: ‘Dentro de los derechos del hombre, está el de poder juzgar la conducta de los funcionarios, con tal de que no se ataque su vida privada, aunque el juicio se emita en términos desfavorables para esos funcionarios.’ (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo X, página 452, y Tomo VII, página 792). Es evidente que al pretender los actos reclamados que ningún ciudadano, gobernado, organización no gubernamental, asociación civil y, en general, cualquier miembro de la sociedad civil, no pueda contratar propaganda en radio o televisión para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, está privando a la ciudadanía del derecho de juzgar, en términos favorables o desfavorables, la conducta pública de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular, lo que implica un manifiesto desconocimiento a los derechos del hombre históricamente consagrados en todas las Constituciones liberales y democráticas del mundo y, por consiguiente, en el caso concreto que nos ocupa, constituye no solamente una violación sino un atentado a las garantías individuales, en especial a la de libertad de expresión. Exactamente en ese mismo sentido se pronuncia la tesis jurisprudencial número 27/2007, que en fecha tan reciente como el día 17 de abril de 2007, fue aprobada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cual es del tenor siguiente: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ARTÍCULO 55, NUMERAL 2, PRIMERA PARTE, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, VIOLA ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El citado precepto, al prever que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas supervisará que el contenido de los mensajes que quieran emitir los contendientes en unas elecciones reúnan los requisitos que señale la propia ley electoral local o los que el propio consejo establezca y, en caso contrario, ordenará la suspensión debidamente fundada y motivada, viola los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que prohíben la previa censura y las restricciones a la libre expresión, pues establece un sistema de control previo de los mensajes de la campaña política por razón de su contenido, el cual desemboca en una decisión acerca de cuáles podrán difundirse en la campaña electoral y cuáles serán retirados o no serán difundidos. En efecto, la facultad que la primera parte del numeral 2 del artículo 55 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas otorga al Consejo General del Instituto Electoral de dicho Estado, instaura un sistema de censura previa en la difusión de mensajes políticos, que permite a dicha autoridad impedir la difusión de los mensajes que los partidos y coaliciones quieran comunicar a la ciudadanía en ejercicio de sus actividades y funciones ordinarias y es, por tanto, incompatible con el derecho de libertad de expresión en los términos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 27/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.’. Si se aplica la jurisprudencia transcrita a los actos reclamados en virtud de la presente acción de inconstitucionalidad, resulta por demás evidente que dichos actos reclamados al prohibir y censurar la difusión de mensajes político electorales a cualquier persona física o moral que no sea un partido político, están implantando una inquisición judicial o administrativa que es incompatible con el derecho de libertad de expresión en los términos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que los actos reclamados, son también violatorios de tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, y los que en los términos del art

culo 133 de la Constitución Federal son Ley Suprema de toda la Unión. En efecto, la inquisición administrativa y judicial que por virtud de los mismos actos reclamados se impone a la garantía individual de la libre manifestación de las ideas consagrada en el artículo 6o. constitucional, se contrapone con los diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos y a la declaración de Filadelfia que se refiere a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a que esta última ratifica que los principios de libertad de expresión y de asociación política son esenciales para el progreso constante de las naciones, siendo de hacerse notar, que de manera específica el Convenio Número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México en los términos del invocado artículo 133 constitucional, salvaguarda la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación por parte de trabajadores y empleadores, estableciendo enfáticamente que las organizaciones de trabajadores y empleadores que fomenten y defiendan los intereses de sus asociados deben tener la libertad absoluta de formular programas de acción y la de difundir sus ideas y puntos de vista; garantía fundamental que no podrá ser limitada por la legislación nacional. A mayor abundamiento de lo anterior, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 13 reconoce a la libertad de pensamiento y expresión como uno de los derechos esenciales del hombre que no puede estar sujeto a previa censura, y en concordancia con lo anterior, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 19, textualmente señala que: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, POR CUALQUIER MEDIO DE EXPRESIÓN.’. No obstante que los referidos tratados internacionales tienen el carácter de Ley Suprema de toda la Unión, los actos reclamados los desconocen y los vulneran, desde el momento mismo en el que mediante la legislación nacional se pretende suprimir la garantía fundamental de la libertad de expresión en materia política, a través de los medios de la radio y de la televisión, prohibiéndose incluso la difusión de propaganda contratada más allá de nuestras fronteras y sancionándose severamente y con multas elevadas el ejercicio de la libertad de expresión en materia político electoral. La garantía individual de libre expresión universalmente reconocida y consagrada por el artículo 6o. de la Constitución Política que nos rige, ha sido objeto de encendidas defensas por parte de los Ministros de nuestro más Alto Tribunal. Así el Ministro presidente doctor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia sostiene que es ‘un género de considerables dimensiones en donde caben muchos otros derechos o libertades específicas atinentes a la expresión humana’ y que incluye a la libertad de expresión a través de medios no escritos, ‘refiriéndose a la comunicación masiva de las ideas que se difunden a través de medios tales como la radio, la televisión, la Internet, etcétera.’ (Ortiz Mayagoitia Guillermo ‘La Libertad de Expresión’, en Estudios en Honor de Humberto Román Palacios, México, Porrúa, 2005). Por su parte, los Ministros Mariano Azuela Güitrón, Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sostienen que: ‘Una de esas garantías la constituye la libertad de expresión, que se traduce en la facultad que tienen los gobernados para manifestar de manera libre sus ideas u opiniones sobre cualquier tema y a través de cualquier medio ...’ (presentación de la obra ‘La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Libertad de Expresión’, México, primera edición, julio de 2007). Como puede advertirse, la libre manifestación de las ideas puede llevarse a cabo en cualquier forma y por cualquier medio, sin que dicha libertad pueda sujetarse a cualquier tipo de censura, restricción y limitación, salvo las expresamente contenidas en el mismo artículo 6o. constitucional, relativas a que no se ataque a la moral, a los derechos de terceros o se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Pero con excepción de estos casos concretos y específicos, la libre manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición como la que se contiene en los actos reclamados que prohíben y sancionan severamente la difusión de mensajes político electorales en la radio y la televisión. Vulnerar en esa forma la garantía individual de la libre manifestación de las ideas representa una grave y severa violación a las garantías individuales que el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como ‘derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo.’ (Tesis P./J. 2/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5). Los actos reclamados vulneran severamente la garantía individual de la libre manifestación de las ideas y al hacerlo ponen en riesgo todo el régimen dogmático que nuestra Carta Magna establece en materia de garantías de libertad, lo que pone en grave riesgo al orden jurídico nacional, al supeditar principios esenciales de nuestro orden jurídico a coyunturas transitorias y de corto plazo como la regulación de los procesos electorales que de 1996 a la fecha han sufrido una gran cantidad de cambios y adiciones. En efecto, bajo el pretexto de regular uno de tantos aspectos de la vida nacional, no se pueden desconocer las garantías individuales, puesto que la parte dogmática de la Constitución Federal no puede quedar al arbitrio y al capricho del legislador ordinario que no puede utilizar determinados aspectos regulatorios y hasta reglamentarios que son de interés y trascendencia secundarios y transitorios, para violentar la parte dogmática de nuestra Carta Magna, censurando y restringiendo derechos políticos subjetivos que la propia Constitución Política reconoce como la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre. Toda vez que al actuar en esa forma, se pone en riesgo a todo el orden jurídico nacional. Recordemos las sabias y justas palabras del distinguido constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez que, al hablar de los periodos proliferantes de reformas a la Ley Suprema, advierte, TRÁTASE, A LO QUE PARECE, DE UNA POLÍTICA NO PLANIFICADA, QUE SE DEJA GANAR POR LAS CIRCUNSTANCIAS PARA FINES DE UTILIZACIÓN INMEDIATA. EL PENSAMIENTO VA A LA ZAGA DE LA ACCIÓN. SE HA LLEGADO ASÍ A UN SUBJETIVISMO MERAMENTE POLÍTICO, QUE SI ACASO ES EFICAZ PARA CIERTAS DECISIONES CONCRETAS, SE CONVIERTE EN ALTAMENTE PELIGROSO CUANDO PROYECTA SUS IMPACTOS EN MULTIPLICADAS REFORMAS A LA LEY SUPREMA. EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL ESTÁ DE POR MEDIO. Como corolario de lo anterior, los actos reclamados también violan las garantías del derecho de petición en materia política y de la libertad de asociarse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, que consagran los artículos 8o. y 9o. de la Constitución General de la República, por las razones que a continuación se expresan: 1. Derecho de petición en materia política. Dispone el primer párrafo del artículo 8o. constitucional que: ‘Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.’. Sobre este particular, cabe señalar que es de explorado derecho que para que el ejercicio del derecho de petición en materia política sea realmente efectivo, es requisito indispensable que el mismo se haga del dominio público, ya que de otra suerte el ejercicio de ese derecho resulta nugatorio ante la imposibilidad de influir en la opinión pública. Es por esa razón que las peticiones de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, las asociaciones religiosas, las organizaciones académicas y otros grupos sociales, generalmente se formulan a través de desplegados públicos y de propaganda en radio o televisión, ya que de otra manera sus mensajes no tienen el impacto político que se busca y al que legítimamente tienen derecho con arreglo a las garantías individuales consagradas en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política que nos rige. Inclusive el distinguido tratadista mexicano del siglo XIX, MANUEL CRESCENCIO REJÓN, quien es considerado por nuestra doctrina como el creador del juicio de amparo, afirmó que el derecho de los mexicanos para dirigir peticiones respetuosas a las autoridades se puede ejercitar libremente, ‘sin necesitar para ello de previo permiso de ningún funcionario público.’ (Véase: ‘Estudio sobre Garantías Individuales’ de Isidro Montiel y Duarte, página 299). Ahora bien, dentro del nuevo orden jurídico que pretenden crear los actos reclamados, la difusión pública del ejercicio del derecho constitucional de petición en materia política que se haga mediante la radio o la televisión por cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, distinta de los partidos políticos, ni siquiera queda sujeto al permiso previo de la autoridad sino que queda prohibido y sancionado de manera terminante y es objeto de una manifiesta inquisición judicial o administrativa. En tal virtud, dichos actos reclamados, al formar parte de la legislación secundaria en materia electoral, son claramente violatorios de garantías individuales, puesto que al censurar la libertad de expresión en materia político electoral hacen nugatorio el ejercicio del derecho de petición en materia política que expresamente consagra el artículo 8o. constitucional, al impedir que las peticiones en materia política se hagan del dominio público a través de la radio y de la televisión. 2. Derecho de asociarse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. El primer párrafo del artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , conforme al texto aprobado desde 1917 por el Constituyente Originario, textualmente dispone que: ‘No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.’. De la simple lectura de esta garantía individual se desprende que todos los ciudadanos de la República tienen el derecho de asociarse libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país, sin que esa libertad de asociación se condicione al hecho de tener que formar forzosamente parte de un determinado partido político. Es decir, esta libertad de asociación es un derecho ciudadano, refrendado además por la fracción III del artículo 35 de la misma Constitución, que en su carácter de garantía individual puede ser ejercida por cualquier grupo de ciudadanos que no persigan un objeto ilícito y que lo hagan de manera pacífica. Es así, como de esta garantía individual se derivan las asociaciones que, sin ser partidos políticos, tienen el derecho de tomar parte en los asuntos políticos del país. Ahora bien, para que estas asociaciones pacíficas y lícitas que libremente desean tomar parte en los asuntos políticos del país puedan cumplir cabalmente con su cometido, es de lógica elemental y a todas luces evidente, que deben tener el derecho de difundir públicamente sus actividades, sus inquietudes, sus propuestas y su pensamiento, ya que de otra manera su asociación resultará estéril, y el ejercicio de la garantía individual que se invoca será inútil, puesto que no podrá traducirse en actividades públicas que efectivamente permitan tomar parte en los asuntos políticos del país. Sin embargo, esta libertad elemental y la garantía individual que la consagra, quedan abolidas para toda clase de efectos con la censura que imponen los actos reclamados, toda vez que las organizacio

es no gubernamentales quedan impedidos de contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y, por lo tanto, al no poder difundir públicamente sus expresiones políticas quedan imposibilitados para toda clase de efectos prácticos del derecho de hacer valer la garantía individual que consagra el invocado artículo 9o. de la Constitución Política que nos rige. La suma de estas notorias violaciones a las invocadas garantías individuales de libertad de expresión, del derecho de petición en materia política y de la libertad de asociación para tomar parte pacíficamente en los asuntos políticos del país, que emanan de la parte dogmática de nuestra Constitución Federal , y en particular de sus artículos 6o., 8o. y 9o. contenidas en los actos reclamados, dan motivo suficiente para que dichos conceptos de invalidez, resulten violatorios de garantías individuales, por lo que su Señoría, en acatamiento al mandato expreso contenido en la fracción I del artículo 103 de la misma Ley Suprema, que tutela la protección de las garantías individuales por encima de cualquier otra consideración, para el efecto de que se decreten inconstitucionales lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 4, 341, párrafo 1, inciso d), 352, párrafo 1, inciso b) y 354, párrafo 1, inciso d), fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que entró en vigor el pasado día 15 de enero de 2008, debiendo, en consecuencia, quedar en libertad de contratar, ya sea a título propio o por cuenta de terceros, propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, incluyendo la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero y sin que con tal motivo se le haga objeto de la imposición de las severas sanciones que se contienen en los conceptos de invalidez; toda vez que de no ser así, no se restituirá a la ciudadanía en general y a las organizaciones el pleno goce y disfrute de las garantías individuales que le han sido vulneradas a través de los propios actos reclamados. Tercer concepto de violación. Violación a la garantía individual de la libertad de expresión entendida como uno de los derechos que radican en el núcleo mismo del Estado democrático de derecho y como un derecho humano irrestricto. En el voto de minoría formulado por los señores Ministros del Máximo Tribunal de la República, José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza en el amparo en revisión 2676/2003, quejoso: Sergio Hernán Witz Rodríguez, fallado por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión pública de 5 de octubre de 2005, y visible de la página 140 a la 146 de la obra denominada ‘La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Libertad de Expresión’, cuya primera edición es de julio de 2007 y los correspondientes derechos de autor corresponden a la propia Suprema Corte, se sostiene lo siguiente: Como es generalmente aceptado, la libertad de expresión es uno de los derechos que radican en el núcleo mismo del Estado democrático de derecho. Testimonio de ello es su consagración en los principales instrumentos internacionales de derechos de los que México es parte, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) o la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13). Dicha libertad contiene una primera faceta esencialmente negativa e individual, desde la que destaca su condición de derecho que impone al Estado el deber de no interferir en la actividad expresiva de los ciudadanos, y que asegura a estos últimos un importante espacio de creatividad y desarrollo individual. Pero la libertad de expresión e imprenta goza también de una vertiente pública, institucional o colectiva de inmersa relevancia. Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado, sino que constituye además un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa. En efecto si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los respeta y protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente sus ideas, es imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, y capaces así de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. En otras palabras, cada vez que un tribunal decide un caso de libertad de expresión o imprenta, está afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Así lo ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en numerosos informes, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete primario de instrumentos internacionales que nos vinculan, en casos entre los que destaca la opinión consultiva 5/85. En esta resolución. La Corte Interamericana destacó lo siguiente: ‘... cuando la libertad de expresión de una persona es restringida ilegalmente, no es sólo el derecho de esa persona el que se está violando, sino también el derecho de los demás de «recibir» información e ideas. En consecuencia, el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales, que evidencian por el doble aspecto de la libertad de expresión. Por una parte, requiere que nadie se vea limitado o impedido arbitrariamente de expresar sus propios pensamientos. En ese sentido, es un derecho que pertenece a cada persona. En su segundo aspecto, por otra parte, implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y de tener acceso a los pensamientos expresados por los demás.’. La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación de la opinión pública. También constituye una conditio sine qua non para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y, en general, todos los que desean influir al público. En resumen, representa la forma de permitir que la comunidad, en el ejercicio de sus opciones, esté suficientemente informada. En consecuencia, puede decirse que una sociedad que no está bien informada no es verdaderamente libre. Esta relación entre libertad de expresión y práctica democrática, así como la idea de que la misma confiere un ‘plus’ a la primera, cuando su ejercicio interactúa con otros derechos y bienes que los órganos jurisdiccionales no pueden obviar, está en el centro de lo que podemos llamar la ‘teoría estándar de la libertad de expresión’, que es aplicada y salvaguardada por las Cortes constitucionales de los Estados democráticos y de derecho de nuestro tiempo. Es importante subrayar que el derecho que nuestra Constitución Federal garantiza no es simplemente un derecho a expresarse, sino un derecho a expresarse libremente. La libertad de expresión, en otras palabras, protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas que comparte con la gran mayoría de sus conciudadanos, sino también de ideas impopulares, provocativas o, incluso, aquellas que ciertos sectores de la ciudadanía consideran ofensivas. La libertad de expresión es, en muchos sentidos, un derechos al disenso, y esta dimensión dota de pleno sentido al hecho de que la Constitución Federal la consagre como un derecho fundamental que, como es sabido, es una figura jurídica cuya razón de ser es la salvaguarda del individuo frente a la decisión de las mayorías. Los derechos tienen por naturaleza un carácter contra mayoritario que obliga a desvincular su contenido y alcance protector de las opiniones y determinaciones tomadas por las mayorías en un cierto momento histórico. Hay que precisar, asimismo, que las libertades de expresión e imprenta protegen de manera especialmente clara y enérgica el derecho del individuo a expresar sus ideas en materia política. El discurso político está más directamente relacionado que otros -por ejemplo, el discurso de la publicidad comercial- con la función pública e institucional de la libertad de expresión. Por lo tanto, la protección de su libre difusión resulta especialmente relevante para que la libertad de expresión cumpla cabalmente con su posición estratégica de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural de funcionamiento de la democracia representativa. Lo anterior no significa que las libertades de expresión e imprenta no tengan límites. Como cualesquiera otros derechos, no son libertades ilimitadas. La Constitución Federal realiza una enumeración explícita de cuáles son aquéllos. Al respecto, es digno de ser destacado que la redacción del Texto Constitucional obliga claramente a hacer una interpretación estricta de tales restricciones. Así, el artículo 6o. tiene una redacción que privilegia y destaca la imposibilidad de someter la manifestación de ideas a inquisiciones de los poderes públicos ‘la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa’, mientras que las limitaciones al derecho se presentan como excepción a un caso general ‘sino en el caso de que ...’. Es necesario precisar, además, que aun cuando del tenor literal del artículo 6o. parece desprenderse que sólo las autoridades jurisdiccionales o administrativas están sujetas a la prohibición establecida, si entendemos correctamente la función de los derechos fundamentales podemos fácilmente concluir que el legislador es, desde luego, un destinatario pasivo tácito de la misma. Lo anterior no es cuestión de simple simetría, sino que obedece al hecho de que sólo bajo una interpretación de esa especie es posible el cumplimiento integral de las funciones de este tipo de derechos en nuestro orden jurídico. Es claro que, dada la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, las mencionadas autoridades jurisdiccionales y administrativas sólo podrían realizar las inquisiciones a las que se refiere el artículo 6o. con una cobertura legal previa, con lo cual se sobreentiende que el legislador se encuentra constitucionalmente impedido para proveerla. En la redacción del artículo 7o., la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión, es todavía más clara: así, se dice que la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia es ‘inviolable’, y que ‘ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como un instrumento de delito’ (énfasis añadido). Todas las expresiones subrayadas, son claramente indicativas de la importancia que el Constituyente atribuyó a consagrar del modo más enérgico la libertad de imprenta y someterla a límites tasados y directamente especificados por la Constitución Federal . No hay duda de que el legislador puede dar especificidad a los límites a las libertades de expresión e imprenta contemplados de manera genérica en la Constitución, y de que el Código Penal no puede ser, prima facie, excluido de los medios de los que puede valerse a tal efecto. Sin embargo, tampoco es dudoso que la labor del legislador penal debe poder cohonestarse en todos los casos con unas previsiones constituciones que no dan carta blanca a las autoridades públicas a la hora de desarrollar y concretar los límites a los mismos, sino que les obligan a examinar de modo muy cuidadoso los casos en que la libertad de expresión entra en conflicto con bienes jurídicos o derechos que la Constitución configura como límites a la misma y a ponderar sus diversas exigencias. De lo contrario, se pondrá en

riesgo el carácter supralegal de los derechos fundamentales y se otorgarían atribuciones extraordinarias al legislador ordinario, representante de ciertas mayorías históricas y, por ende, contingentes. Toda actuación legislativa que efectúe una limitación a los derechos de libre expresión e imprenta, con la pretensión de concretar los límites constitucionales previstos debe, por tanto, respetar escrupulosamente el requisito de que tal concreción sea necesaria, proporcional y por supuesto compatible con los principios, valores y derechos constitucionales. El cumplimiento de estos requisitos es especialmente importante cuando dichos límites son concretados mediante el derecho penal que, como es sabido, es el instrumento de control social más intenso con el que cuenta el Estado, lo cual exige que su uso esté siempre al servicio de la salvaguarda de bienes o derechos con protección constitucional clara. Será obligado, pues, considerar constitucionalmente ilegítimas aquellas determinaciones legislativas que afecten el ejercicio del derecho a la libre expresión de un modo que demuestre claramente que el legislador se ha apartado de su obligación de equilibrar de una manera proporcionada las exigencias que derivan de este derecho, con las exigencias de resguardar los bienes y derechos mencionados, por vía de limitación, en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, cuyo alcance, hay que subrayarlo también, debe delimitarse a la luz de la totalidad de las disposiciones constitucionales. Del brillante texto anteriormente transcrito se desprenden las siguientes consideraciones: 1. El Estado tiene el deber de no interferir en la actividad expresiva de los ciudadanos. 2. Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado, sino que constituye además un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa. 3. Si se vulnera por el legislador la garantía individual de la libre manifestación de las ideas por cualquier medio, es imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, y capaces así de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. 4. Cada vez que un tribunal decide un caso de libertad de expresión debe proteger el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. 5. La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática y resulta indispensable para la formación de la opinión pública, por lo que dicha libertad de expresión es salvaguardada por las Cortes Constitucionales de los Estados democráticos y de derecho de nuestro tiempo. 6. La libertad de expresión es, en muchos sentidos, un derecho al disenso, y esta dimensión dota de pleno sentido al hecho de que la Constitución Federal la consagre como un derecho fundamental. 7. La protección de la libre difusión de ideas en materia política resulta especialmente relevante para que la libertad de expresión cumpla cabalmente con su posición estratégica de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural de funcionamiento de la democracia representativa. 8. El legislador se encuentra constitucionalmente impedido para establecer inquisiciones jurisdiccionales y administrativas a la libre manifestación de las ideas. 9. La violación por parte del legislador a la garantía individual de la libertad de expresión pone en riesgo el carácter supralegal de los derechos fundamentales y, en un momento dado, otorgaría atribuciones extraordinarias al legislador ordinario, representante de ciertas mayorías históricas y, por ende, contingentes. Los actos reclamados al prohibir y sancionar severamente el que cualquier persona física o moral que no sea un partido político contrate tiempos en radio y televisión para difundir mensajes político electorales, rompen con todos y cada uno de los principios que se acaban de enunciar desde el momento mismo en el que se prohíbe la libre difusión de ideas en materia política afectando la libertad de la formación de la opinión pública dentro del esquema estructural de funcionamiento de la democracia representativa. Esto último sin contar con que al violarse de esa forma la garantía individual de la libertad de expresión, el legislador ordinario está asumiendo atribuciones extraordinarias que constitucionalmente no le corresponden y está afectando derechos fundamentales como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado; lo que se traduce en que uno de los tres Poderes del Estado, en este caso el Poder Legislativo, incumple con el deber constitucional de no interferir en la actividad expresiva de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que los actos reclamados buscan es crear un monopolio informativo a favor de los partidos políticos, toda vez que es un hecho del dominio público que la gran mayoría de los mexicanos se informa sobre el acontecer político electoral del país a través de la radio y la televisión. Por lo tanto, lo que el legislador ordinario busca con los actos reclamados es impedir que en México exista un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, y capaces así de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. Al expedir los actos reclamados, las autoridades responsables vulneran gravemente la garantía individual de la libre manifestación de las ideas, ignorando deliberadamente que la libertad de expresión es, en muchos sentidos un derecho al disenso, y esta dimensión dota de pleno sentido al hecho de que la Constitución Federal la consagre como un derecho fundamental. Sin embargo, ese derecho no puede existir cuando el legislador ordinario prohíbe a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil disentir de los partidos políticos y de sus candidatos. En una sociedad verdaderamente libre los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que tengan la voluntad y la capacidad para influir en el electorado a través de los principales medios de comunicación representados por la radio y la televisión, tienen el derecho inalienable de manifestar sus posturas y posiciones en materia político electoral y de disentir de los partidos políticos y de sus candidatos cuando no estén de acuerdo con sus plataformas y propuestas. En eso consiste la esencia de la democracia representativa y la libertad de expresión como el elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática y la formación efectiva de la opinión pública. No obstante lo anterior, los actos reclamados pretenden desconocer todo lo anterior y transformar a México de una democracia representativa en un Estado autoritario en el que solamente los partidos políticos tengan el derecho de utilizar los medios más importantes de comunicación que influyen decisivamente en la opinión y en el sentir de la gran mayoría de los mexicanos, para definir las preferencias y los votos en las contiendas electorales de las que depende el futuro del país y de los mexicanos. Dentro de este contexto, el único remedio al alcance de los afectados es el juicio de amparo que al ser, por su esencia y naturaleza jurídica, un juicio eminentemente protector de las garantías individuales, es el único que permite ampararlos y protegerlos contra esta clase de disposiciones legales que pretenden suprimir, restringir y censurar la libre manifestación de las ideas mediante prohibiciones y sanciones que se traducen en inquisiciones administrativas a la libertad de expresión, como las que se contienen en los actos reclamados. Es por esta razón que su Señoría debe decretar la inconstitucionalidad de los preceptos combatidos, para el efecto de que no sean aplicados a los preceptos legales contenidos en los conceptos de invalidez, que se precisan y detallan en el proemio de la presente acción de inconstitucionalidad para que, en consecuencia, queden en libertad de contratar, ya sea a título propio o por cuenta de terceros, propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, incluyendo la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero y sin que el ejercicio de esa libertad les ocasione la imposición de las severas sanciones previstas en los mismos actos reclamados; toda vez que de no ser así, no se restituirá a la ciudadanía en el pleno goce y disfrute de las garantías individuales que le han sido vulneradas a través de los propios actos reclamados. Cuarto concepto de invalidez. El artículo 49, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, contraviene el principio de supremacía constitucional, por desatención de los artículos 1o., 3o., 6o., 7o., 9o. y 40 del mismo Pacto Federal. El artículo 49, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , ordenamiento reclamado en este juicio de acción de inconstitucionalidad, contradice el texto del artículo 133 constitucional, con relación a los artículos 1o., 3o., 6o., 7o., 9o. y 40 del mismo Pacto Federal, como se expresa a continuación: El precitado artículo 133 de la Constitución General concede al mismo Pacto de la Unión el carácter de Ley Suprema del país, con apego a la cual deben emitirse todas las disposiciones jurídicas ordinarias que regulan la vida de México, sin importar el órgano de autoridad del que emanen, incluido, desde luego, el H. Congreso de la Unión. Por ello, cualquier norma jurídico-positiva que se oponga a la Constitución en cualquiera de los distintos preceptos que consagra, de manera expresa o a partir de su justa interpretación constitucional, debe entenderse y juzgarse como un acto constitucionalmente nulo, carente de validez jurídica esencial para producir efectos en perjuicio de aquel individuo u organización al cual pueda dirigirse. En el ejercicio de la función legislativa del Estado, corresponde al H. Congreso de la Unión la función de efectuar la primera labor de interpretación constitucional, anterior, desde luego, a la que en forma trascendente y encomiable ejerce esa misma Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de control de la misma Carta Federal, a partir del ejercicio del derecho de acción establecido en la misma Constitución a través de cualquiera de los tres medios de defensa del Pacto Federal: el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. La jurisprudencia ha dejado bien establecido que la Constitución no puede ser, en sí misma, inconstitucional, por lo que no existe medio alguno de defensa o de control constitucional, al alcance de ningún mexicano, que pueda llevar a los órganos supremos integrantes de ese Poder Judicial de la Federación a declarar la invalidez de la Constitución, por oposición o aparente contradicción que pudiera existir entre los distintos dispositivos que la conforman. En esta tesitura, cabría entonces entender que ante una antinomia constitucional, debería de interpretarse el texto de la Ley Suprema de la Unión en forma tal que permita su aplicación más pura o, por decirlo de otra manera, la más cercana al espíritu cierto del Constituyente, como medio para garantizar el objetivo de bienestar general último que, como nación, nos hemos otorgado. Es con base en esta idea que debe reconocerse que, a pesar de no existir disposición constitucional alguna que así lo establezca, en el concierto de normas que conforman el texto de nuestra Constitución, por

su naturaleza intrínseca, una de carácter dogmática y otra orgánica, debe reconocerse la preeminencia de unas con relación a otras, pues, debe decirse, existen mandatos de la nación, entendidos y adoptados por el Constituyente, que constituyen decisiones políticas fundamentales de México en contra de las cuales no puede oponerse texto jurídico alguno, incluso, de rango constitucional. Ejemplos podríamos citar muchos, pero en forma específica y llevada al absurdo, debiera reconocerse que, aun cuando el Constituyente Permanente decidiera en algún momento reformar la Carta Magna para permitir que en la persecución y el castigo de delitos graves cometidos contra la ciudadanía, como puede ser el secuestro o la venta de estupefacientes, las autoridades administrativas pudieran someter a tormento y mutilación al condenado, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación quedaría compelida para actuar de inmediato, con la finalidad de preservar la garantía individual que tutela el artículo 22 constitucional, que se colocaría, respecto de esa enmienda constitucional, en una situación preponderante a favor del ciudadano. Podría de lo contrario, si no, también aceptarse que ¿si en el texto de la Constitución y con miras económicas, se prohibiera que las familias decidieran el número de hijos que quisieran tener, prevaleciera una disposición tan absurda que abiertamente contradiría el texto del artículo 4o. del Pacto Federal, por el solo hecho de haber quedado también contenida en el texto de la Constitución?-Los colegisladores responsables que habrán de contestar esta demanda, en su calidad de primer intérprete de la Constitución, soslayaron el deber que el artículo 133 de la Ley Suprema les impone, en el sentido de preservar, a través de las normas ordinarias, un sistema de derecho que mire por la funcionalidad y eficacia de los principios políticos y dogmáticos más altos a partir de los cuales se fundó el Estado mexicano. En el ejercicio de su función legislativa, en el ámbito del derecho político, confundieron una clara antinomia constitucional que debió llevarles a preservar el ejercicio armónico de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y la equidad y transparencia de los procesos político-electorales que interesan a la nación, pues impidieron la primera por preservar la observancia de normas secundarias concebidas para regular a la segunda. En efecto, una lectura del Texto Constitucional debe llevar a reconocer que la consagración de los derechos fundamentales del individuo queda separada y, por ello, en otro orden jerárquico-normativo -quizá vinculado con su materialidad- respecto de las normas orgánicas con base en las cuales funciona el Estado. La organización político-electoral del Gobierno Mexicano, sin lugar a dudas, importantísima para la vida y paz pública del país, sin embargo, está contenida en el apartado orgánico del texto de la Carta Magna, dentro del cuerpo de normas que atañen a la conformación del otro elemento del Estado: su gobierno. Esa marcada división entre las normas dogmáticas y orgánicas de la Constitución, pueden llevarnos a señalar sin reserva ni temor alguno, que uno es el orden jurídico relativo a los derechos fundamentales del individuo, como sujeto pasivo y mero espectador de los procesos político-electorales del país, y otro muy distinto, el orden jurídico que atañe y obliga a quienes eligen libre y legítimamente ser actores y sujetos activos de esos mismos procesos políticos. Conscientes de esta dicotomía, los legisladores que integran el H. Congreso de la Unión se dieron a la tarea de expedir el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , a través del cual debieron regular el mandato contenido en la Constitución. Sin embargo, dicho ordenamiento político-electoral debe ser atinado con relación al ámbito material de aplicación y los individuos que hayan de hacer sujetos de las obligaciones que impone, pues la fusión indebida de los distintos ámbitos del derecho constitucional a los que hemos hecho referencia, vendrían a dar, como de hecho sucedió, un ordenamiento jurídico que soluciona un problema constitucional apuntado, pero en su materialización normativa crea otro distinto. Es decir, que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debió velar por regular el campo del derecho político contenido en la Constitución, sin por ello infringir, indebidamente, el campo del derecho apolítico, perteneciente a los ciudadanos y sus derechos fundamentales, quienes no siendo actores de los procesos electorales, nunca, bajo ningún motivo, pueden ver mermada su forma de vida democrática, su libertad de acceso a la información, su libertad de expresión y reunión. Nuestra consideración apunta a que, esa aparente antinomia constitucional, existente entre las normas de derecho fundamental que tutelan la prerrogativa humana para vivir y ser educado dentro de los principios democráticos de organización del Estado, para tener derecho a ser informado, para expresar las ideas y opiniones que tenga la ciudadanía y reunirse libremente, incluso para tratar temas de orden gubernamental, por un lado, y las normas de derecho político que restringen el acceso de los partidos, los candidatos y precandidatos a los medios de comunicación, por el otro, y como más adelante habrá de establecerse en forma más particularizada, no tiene que entenderse como una causa de inconstitucionalidad de la Constitución misma, sino como una decisión del Constituyente que amerita la aplicación de los criterios jurídico interpretativos vigentes, para lograr la preservación del texto eficaz y funcional de nuestra Carta Magna, que armónicamente debe velar por la más sana consecución de los fines últimos perseguidos por el Constituyente. El texto del artículo 49, apartado 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que nos interesa, aquel que es objeto de las consideraciones que ocupan el presente concepto de impugnación, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 49. ... 4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código (énfasis añadido).’. Destaca ante todo el hecho mismo de que la disposición está encaminada a establecer una clara prohibición de la que se hace sujetos a las personas físicas o morales, por sí mismas o por interpósita persona, pero siempre de entre aquellas que revisten el carácter de gobernados, es decir, de sujetos activos de derechos fundamentales; o sea, dentro de la distinción normativo-constitucional que ha quedado apuntada en los párrafos precedentes, a los espectadores del proceso político, por oposición a los sujetos activos de los procesos electorales, a los partidos políticos, sus candidatos o precandidatos, a los que se les imponen las mismas restricciones en el numeral 3 del mismo artículo 49, con las atenuantes y posibilidades que, inequitativamente, después se les conceden en el numeral 6. Son distintas las disposiciones constitucionales con las que la regulación normativa en materia de acceso a los medios de comunicación en materia política, por parte de los gobernados, está relacionada. Desde luego, la garantía de igualdad que tutela el artículo 1o. constitucional, la de libertad de expresión y acceso a la información que tutelan simultáneamente los artículos 6o. y 7o. del mismo Texto Constitucional, la de libertad de reunión o asociación, incluso para la discusión de asuntos de orden político, que tutela el artículo 9o., así como la relacionada al establecimiento de la democracia, como parte fundamental de la educación de la niñez mexicana, entendida, más que como estructura jurídica o régimen político, como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Resulta evidente que entre los derechos fundamentales a los que nos referimos con anterioridad, y la prohibición legal establecida en la norma que se combate, existe una contradicción. Sin embargo, por principio de cuentas, podría parecer que la misma no es atendible, porque el texto del artículo 49 recién transcrito, proviene del artículo 41 del Pacto Federal. No obstante esta salvedad que bien podría regir el criterio imperante en la solución de esta acción que se plantea, no debe perderse de vista que la decisión a favor de la aplicabilidad de una norma constitucional, jamás podría inclinarse en detrimento de la observancia de otras. La labor interpretativa de la Constitución obliga a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora como órgano de control constitucional, a determinar si la actividad legislativa, como acto que entrañó esa primera interpretación a la que hicimos referencia, fue acertada. Se estima que, en el caso concreto, la expedición de la norma que nos ocupa evidenció una deficiente técnica legislativa, que debe ser subsanada a través de esta instancia judicial. En materia político electoral se presentó el caso reciente, en el que el candidato a la gubernatura del Estado de Baja California, se vio primeramente impedido para enlistarse como aspirante legítimo de su partido a ese cargo de elección popular, ante la presencia de una antinomia constitucional, derivada de dos preceptos de la Carta Fundamental del propio Estado de Baja California, en la que, por un lado, se prohibía a los presidentes municipales aspirar al ejercicio del cargo de gobernador en el proceso electoral siguiente al ejercicio de su cargo y, por el otro, sí se les permitía expresamente. En su última instancia, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debió pronunciarse en torno de esta circunstancia, no optó, desde luego y como era de esperarse, por calificar la aparente correspondencia que existía entre la decisión adoptada por el Instituto Electoral del Estado y uno de los preceptos constitucionales aplicados, sino por interpretar el texto de los dos dispositivos en conflicto, para determinar cuál era de prevalecer en forma más apropiada para los fines que la Constitución del Estado y la Constitución Federal pretendieron salvaguardar. La decisión del Tribunal Electoral se apoyó en reconocer el carácter jurídico preferente a favor de aquella disposición que mejor permitía el ejercicio de los derechos políticos y aspiraciones humanas fundamentales del candidato, para así participar en los procesos de elección al cargo de gobernador del Estado. Sería de esperarse que, en este caso en lo particular, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación adopte una posición similar, en la que no se resuelva superficialmente el conflicto planteado, en función a la evidente existencia de una norma constitucional justificativa de la disposición legal emitida, y que incursione en el altísimo deber que la Constitución le impone, de enfrentar la notoria incompatibilidad de normas constitucionales aplicables, y desentrañar el sentido en que éstas deban interpretarse para resolver sobre la validez de los actos atribuidos al H. Congreso de la Unión, como primer intérprete del Texto Constitucional. El partido político en cuya representación comparezco, estima que la disposición combatida proviene de una labor legislativa constitucionalmente equivocada, porque en la determinación de las formas y mecanismos ordinarios conforme a los cuales debiera atenderse a las intenciones primarias del Constituyente, tal como aparecen previstas en el artículo 41 de la Carta de Querétaro, no debió pasarse por alto el hecho fundamental de que, siendo sujetos de las restricciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos, sus candidatos o precandidatos, como actores de los procesos político-electorales, que por ello deben participar en actividades regidas por un proceso inequívoco de equidad, transparencia y neutralidad, no tendría por qué haberse sometido a las mismas restricciones a la ciudadanía en lo general, qui

nes en su calidad de meros espectadores, no pueden dejar de gozar jamás de las prerrogativas que les conceden las garantías individuales ya previamente anotadas. En estas condiciones, la disposición es inválida desde el punto de vista constitucional, porque para su emisión se pasó por alto que de conformidad con el texto vigente del artículo 49, apartado 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se rompe con los siguientes principios fundamentales, baluartes de nuestro sistema jurídico y político nacional. (i) La norma no vela porque se respete un derecho mínimo de igualdad, tratándose de la expresión de las ideas y la información en torno del ejercicio justo y apropiado de las actividades de gobierno que hubieran llevado a cabo o pretendieran llevar a cabo los partidos políticos, sus candidatos o precandidatos. Para entenderse el concepto que arriba se plantea, debe aceptarse que la terminología contenida en la norma es imprecisa e insuficiente, con lo que se atenta contra la seguridad jurídica de las personas a las que se dirige, pues el término de ‘propaganda’ con fines electorales, resulta vago e inadecuado, ya que, si por él debiera entenderse lo que en el argot político se conoce como ‘spots’, esencialmente repetitivos, la consecuencia de la prohibición sería una, pero si dentro del vocablo debiera quedar comprendido también cualquier programa pagado, aunque no se repitiera de manera periódica y regular, entonces la consecuencia y los efectos perniciosos de la prohibición serían otros. De cualquier manera, cabe señalar que la prohibición es inválida, porque resulta desapegada al principio preponderante de igualdad que tutela el artículo 1o. constitucional, a través del cual queda prohibida toda discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (nuevamente, por oposición a partidos políticos, candidatos o precandidatos) o discriminación motivada por condición social, opiniones o preferencias. En un régimen democrático como el que propone la Constitución, debería aceptarse que todo individuo y más aún toda organización política, tendría derecho a expresar sus ideas, desde luego, en materia política, entre otras, y así informar a los demás sobre las consideraciones que justa o injustamente lo lleven a pensar por qué un partido político, un candidato o precandidato puede ser un actor positivo o negativo para los fines necesarios para el Gobierno del Estado y la sociedad con la que interactúa de manera cotidiana. En el caso particular de la norma de la que se trata, se ha partido de la imposición de prohibiciones tajantes, por los partidos políticos en el poder, encargados de legislar para que la ciudadanía participe activamente a través de la oportuna expresión de sus ideas en una labor de información que resulta fundamental para la construcción consistente de nuestra democracia, atento a la manera en que el conglomerado social está conformado. Inicialmente, la prohibición también se impuso a los partidos políticos, los que en unión de sus candidatos, tampoco pueden contratar en forma alguna el acceso a los medios de comunicación. Así se lee en el numeral 3 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Sin embargo, la prohibición (siempre inadecuada tratándose de la ciudadanía, dada la existencia de los derechos fundamentales que hemos comentado y más adelante se analiza) que en principio se advertía como un acto simultáneo y parejo para ambos sujetos de derecho, se ve quebrantada en perjuicio de la ciudadanía con la permisión que, adelante, en el numeral 6 de la misma norma, se abre a favor de los partidos políticos. El acceso a las prerrogativas en radio y televisión que establece la Constitución, que quedará supeditado a las reglas que para tales efectos expida el Instituto Federal Electoral, acaba por demostrar que la prohibición impuesta por el legislador sólo acaba por incumbir a los ciudadanos en lo general, y no así a los partidos políticos, quienes de esta manera y atento a los presupuestos que les correspondan, tendrán la posibilidad de llevar a cabo labores de manifestación del pensamiento en un régimen desigualitario con relación al resto de la ciudadanía. Sin perjuicio del contenido mismo de la información que se publique, debiera reconocerse que, la disparidad de trato, prevista en la ley, resulta por sí misma contraria al espíritu del Constituyente, que a través de la adecuada labor legislativa debió quizá pensarse, a fin de contrarrestar una indebida participación de la ciudadanía en la materia político-electoral y en detrimento de los principios de equidad y neutralidad política, en el establecimiento de la obligación legal de que la ‘propaganda’ que se contrate, contenga el señalamiento expreso y transparente de identificación de quien la genera y su pensamiento político. (ii) Por las limitaciones intrínsecas contenidas en la prohibición que se combate, la norma atenta contra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información que salvaguarda el artículo 6o. de la Constitución, prerrogativa del ciudadano que debió prevalecer en el marco de las disposiciones constitucionales regentes, a fin de que el legislador ordinario velara de manera adecuada por la intención primaria del primer Constituyente. Después de la vida, el derecho humano más preciado es el de la libertad, que si bien inicialmente se relaciona en sus aspectos materiales más puros con la libre disposición del cuerpo, para desplazarse y expresarse con él en la forma más ilimitada que éste lo permita, sin afectar el derecho de los demás, después, al desdoblarse y llegar a los aspectos del intelecto, va más allá todavía, sin obstáculo alguno, para permitir todas las formas imaginables de expresión que enaltecen y ponen en evidencia la grandeza del espíritu del hombre. El derecho a la libertad es de lo más trascendente en la formación de cualquier sociedad, porque es un factor esencial en la construcción del pensamiento plural, el diálogo, la deliberación, encuentro y delimitación de los ideales del pueblo. En cualquier sistema democrático de gobierno, de vida, la libertad constituye la única vía para alcanzar la justicia social, pues de ella depende el entendimiento de las necesidades nacionales que deban atenderse. En el ámbito político, el ejercicio de la opinión pública, como contrapeso de la función gubernamental, deriva forzosamente de la libertad, la que en esa medida constituye un factor que moldea y limita eficazmente el ejercicio desmedido o abusivo del poder público, al constituir la única forma en que la ciudadanía, en su individualidad, puede ejercer a través de la información, la única prerrogativa que en un momento específico dado la coloca exactamente en el mismo plano de igualdad frente a sus gobernantes: su elección. La única justificación válida que podría llevar a cualquier órgano del poder público a imponer límites al derecho de libertad, difícilmente a través de la expresión verbal o escrita de las ideas, se halla en la Constitución, cuando lo restringe tratándose de los ataques a la moral, la afectación a los derechos de terceros, la comisión de un delito o la preservación del orden público. Es ostensible el hecho de que la expresión de las ideas, como vía para evidenciar la opinión en torno de nuestros gobernantes, de los partidos políticos, de su candidatos o precandidatos, aun en el supuesto de la manifestación del pensamiento pudiera influir sobre el voto de las personas, no configura ninguna de las justificaciones que la Constitución establece en torno de los límites al derecho a la libertad. Los partidos políticos, los gobernantes electos, nuestros candidatos o precandidatos, no debemos ser temerosos del escrutinio público, ni de las críticas que con toda legitimidad, con todo derecho, puede externar la ciudadanía, quien no por ello se hace partícipe de los procesos político-electorales. ¿Acaso sería válido también, entonces, suponer que podría legislarse para que las personas físicas o morales se abstengan de emitir su opinión, en el momento en el que el presidente de la República someta a la Cámara de Senadores la terna de abogados correspondiente para que ésta designe a alguno de entre ellos para ejercer el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?-La misma causa que en el fondo legitima a la ciudadanía para expresar sus opiniones y puntos de vista con relación a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la que sustenta el derecho de libertad que a todas las personas nos corresponde, como ciudadanos, para criticar, para vitorear, para aplaudir o repudiar la labor de toda organización o individuo que, con ánimos políticos, ejerza o pretenda ejercer un cargo público de elección popular. En la disyuntiva sobre cuál de las normas en aparente incompatibilidad debió atender el legislador, indudablemente prevalece la relativa al ejercicio de los derechos más íntimos del hombre, los que, como se dijo, si hubieron de limitarse, ello quizá podría haber ocurrido solamente con el ánimo de salvaguardar el derecho a la información y a la educación, mediante el establecimiento de la obligación expresa a cargo del ciudadano manifestante, sobre su identidad, y el sentido explícito de su pensamiento político, como sucede en otras latitudes y otros regímenes democráticos de gobierno. (iii) A colación con esto último y tomando en consideración la letra expresa de la Constitución, en la que se establece el régimen democrático de gobierno, como sistema de vida de todos los mexicanos, cabría por último señalar que la norma combatida provino también de una desatención a lo dispuesto por el artículo 40 constitucional. La educación democrática a que se refiere el artículo 3o., fracción II, inciso a), del Texto Constitucional, institución a la luz de la cual debe entenderse también el artículo 40 antes citado, conlleva la obligación evidente a cargo del Gobierno del Estado, en el sentido de cumplir con la función pública atendiendo a la voluntad y necesidades del pueblo, de sus mayorías y de sus minorías. El entendimiento de ello depende, como es obvio, del ejercicio del derecho que consagra la Constitución, que comentamos en el apartado anterior, y que indiscutiblemente nace entre la ciudadanía, de la manifestación pública de sus ideas, de sus opiniones, de sus necesidades, de sus quehaceres y debilidades. Sin la existencia de tal vía de comunicación entre los dos sujetos del Estado, gobernantes y gobernados, resultaría imposible la consolidación de un sistema efectivamente democrático de vida. Es por esta última razón que también sostenemos que en el ejercicio de la función legislativa, el H. Congreso de la Unión no debió nunca soslayar la existencia y la preponderancia de estas columnas en las que se fundó nuestro país, en el costo que hemos pagado todos los mexicanos en la historia reciente para la consolidación de un régimen auténticamente democrático de vida, y en ese entendido, en la necesidad de que se permita a la ciudadanía el diálogo público permanentemente necesario del que depende de manera indiscutible el respeto del artículo 40 constitucional. Dado que se ha involucrado en el marco de reglas que rigen el mecanismo de operación de los procesos políticos, atinente a los partidos, sus candidatos y precandidatos, a la ciudadanía, ajena a ella, la que inclusive carecería de acción para acudir ante los Tribunales Electorales a reclamar sus derechos, por ser estos un medio de defensa creados ex profeso para decidir las confrontaciones en materia política, no nos resta sino recalcar el hecho de que en la expedición de la norma combatida, debió dejarse a un lado al gobernado, quien en todo momento goza de garantías que concede la Constitución, que prevalecen por encima de cualquier otro orden jurídico, incluso, si para su emisión se apoyó en otro texto constitucional que eventualmente pudiera ser contradictorio. Por las causas anotadas en este concepto de derecho, debe declararse la invalidez de la norma jurídica reclamada. Quinto concepto de invalidez. El artículo 49, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de

os mil ocho, contraviene las garantías individuales de libertad de expresión, comunicación e información insertas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . El artículo 49, numeral 4, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, violenta las garantías individuales de libertad de expresión, comunicación y de información insertas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , toda vez que establece prohibiciones que exceden los limites y restricciones contenidas en los artículos constitucionales precitados, con lo cual se vulneran principios fundamentales vigentes en el Estado democrático mexicano. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, se publicó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , del cual se demanda la invalidez del artículo 49, numeral 4, cuyo texto se reproduce para su mejor análisis: ‘Artículo 49. ... 4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código.’. De la disposición precitada se desprenden los siguientes elementos: a) Establece una prohibición de carácter general dirigida a toda persona física o moral que actúe a título propio o por cuenta de terceros. b) La prohibición impuesta deriva en una conducta de no hacer, consistente en no contratar propaganda con características especiales en cuanto al medio por el que se divulga y la finalidad que persigue, que a saber son: En cuanto al medio de difusión: radio y televisión. En cuanto a la finalidad perseguida: que se encuentre dirigida a generar cualquier tipo de influencia en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. c) De igual forma, establece la prohibición de transmitir en territorio nacional propaganda con las características precitadas que hayan sido contratadas en el extranjero. Dentro del régimen de garantías individuales consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de comunicación y de información, constituyen en su conjunto un pilar fundamental para la consolidación de una República democrática y representativa. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre debido a que representa la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad. La lucha por la libertad de expresión constituye una larga batalla contra el dogma, el autoritarismo y las inercias contra el cambio y la innovación. Más aún, puede afirmarse que la conquista revolucionaria de la libertad de expresión se enmarca en los procesos de transición entre el tradicionalismo y el ascenso de la modernidad que tiene lugar en Europa entre los siglos XVII y XIX. No es sino hasta la Declaración de los Derechos del Hombre, en Francia, en 1789, cuando la libertad de expresión se codifica en términos del derecho positivo al establecer: ‘Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aun religiosas, con tal que su manifestación no trastorne el orden público establecido por la ley.’. El derecho a la libre expresión de las ideas es la garantía fundamental que sirvió como base para el desarrollo y consolidación de los Estados modernos. Atendiendo a los documentos históricos, observamos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surgida como producto de la Revolución Francesa de 1789, ya contenía en sus artículos 10 y 11 la garantía en comento, al establecer que ‘Nadie debe ser perseguido por sus opiniones, incluso religiosas, en la medida en que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley’ y ‘La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, haciéndose responsable de los abusos de esa libertad en los casos previstos por la ley’. Desde entonces, la inalienable libertad que debiera gozar todo individuo para expresarse en los diversos ámbitos de su desarrollo, quedó plasmada como un derecho público, que terminó con la discrecionalidad y el arbitrio con que el poder atendía estas manifestaciones. En México, la libre expresión de las ideas se estableció originariamente en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado el 22 de octubre de 1824, mismo que en su parte conducente establecía el derecho a la libre manifestación de las ideas siempre y cuando no se atacara el dogma, se turbara la tranquilidad pública o se ofendiera el honor de los ciudadanos; desde entonces y a través del devenir histórico, el derecho a la libertad de expresión ha sido una parte fundamental en el capítulo de garantías individuales de las Normas Supremas que han tenido vigencia en nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 6o. y 7o. garantías fundamentales comunes a todo individuo que únicamente pueden restringirse o suspenderse en los casos y en las condiciones que ella misma determina, como lo son la libertad de expresión, de comunicación y de información, según se desprende del texto de los mismos: ‘Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden publico; el derecho de replica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés publico en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciaran ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicaran a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Las leyes determinaran la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.’. ‘Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, «papeleros», operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.’. De la parte que interesa de los preceptos bajo análisis, se observa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantías fundamentales la libre manifestación de las ideas y la inviolabilidad para escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, garantizando que ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, siempre y cuando no se actualicen los supuestos de excepción que se encuentran regulados y delimitados por esta misma, tales como el caso en que se ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Esto es, que la manifestación de las ideas sea por escrito o mediante cualquier otro medio, se consagra en el Texto Constitucional como una garantía que, fuera de las hipótesis señaladas por la propia Constitución, no puede ser restringida ni limitada por ninguna ley u órgano del Estado mexicano. Es en virtud de lo expuesto y ante la dificultad que implica la definición de garantías con connotaciones y alcances tan diversos y complejos, como lo es la libertad de expresión, que coincidimos con el criterio externado al respecto por el Máximo Tribunal del país, el cual en la tesis P. LXXXVII/2000, define a la garantía individual contenida en el artículo sexto constitucional como ‘el derecho que tiene todo individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan, con la única limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros, cometa un delito o perturbe el orden público’. De la definición en comento, consideramos necesario precisar los alcances y limitaciones que la Instancia Judicial Suprema del país reconoce en el derecho a la libertad de expresión; sobresaliendo en primer término el carácter general de éste, toda vez que se consagra como una garantía erga omnes, esto es que la persona no requiere de ninguna calidad especial para poder manifestar sus ideas, lo cual es consecuente con la naturaleza intrínseca de dicho derecho. En segundo término, podemos observar que el Texto Constitucional no impone restricción o limitación alguna en cuanto a la forma o el medio a través del cual puedan manifestar su expresión, esto es, las ideas pueden ser externadas por diversas vías y canales, ya sea externada en forma oral o a través de medios impresos y/o electrónicos, lo que garantiza una plena eficacia en el ejercicio de este derecho, al encontrarse salvaguardado el derecho a su comunicación y/o difusión. De igual forma, cabe precisar que en el ámbito internacional, según lo establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el Estado mexicano ha celebrado diversos tratados e instrumentos que forman parte de nuestro sistema interno y que fueron violentados por el Congreso de la Unión al emitir el precepto cuya invalidez se solicita en el presente juicio: Declaración Universal de los Derechos Humanos. ‘Artículo 2o. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido por cualquier otra limitación de soberanía.’. ‘Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.’. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ‘Artículo 19. 1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.’. Convención Americana sobre Derechos Humanos. ‘Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda la propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.’. Sirvan como fundamento los criterios emitidos por ese Supremo Tribunal, que a continuación se exponen: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal , los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el Texto Constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario «pacta sunt servanda», contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.’. ‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de «supremacía constitucional» implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la «Ley Suprema de la Unión», esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.’. No obstante lo expuesto, sería erróneo arribar concluir que las libertades de expresión e imprenta son derechos ilimitados o irrestrictos, dado que la propia Constitución Federal establece en forma plena las limitantes y los alcances que la propia Norma Suprema contempla en los precitados artículos 6o. y 7o., tal como lo determina el criterio de aplicación pertinente: Derecho a la información. no debe rebasar los límites previstos por los artículos 6o., 7o. y 24 constitucionales. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contraríe otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación, refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política. Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya trasgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Por lo expuesto, se considera

ecesario recurrir al texto de la Ley de Imprenta, al ser el ordenamiento que define en sus primeros artículos diversas conductas que pretenden establecer los casos de excepción referidos, según se muestra a continuación: ‘Artículo 1o. Constituyen ataques a la vida privada: I. Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquier otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses; II. Toda manifestación o expresión maliciosa hecha en los términos y por cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior, contra la memoria de un difunto con el propósito o intención de lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o descendientes de aquél, que aún vivieren; III. Todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de los jurados o tribunales, en asuntos civiles o penales, cuando refieran hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de causar daño a alguna persona, o se hagan, con el mismo objeto, apreciaciones que no estén ameritadas racionalmente por los hechos, siendo éstos verdaderos; IV. Cuando con una publicación prohibida expresamente por la ley, se compromete la dignidad o estimación de una persona, exponiéndola al odio, desprecio o ridículo, o a sufrir daños o en su reputación o en sus intereses, ya sean personales o pecuniarios.’. ‘Artículo 2o. Constituye un ataque a la moral: I. Toda manifestación de palabra, por escrito, o por cualquier otro de los medios de que habla la fracción I del artículo anterior, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos o se haga apología de ellos o de sus autores; II. Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio de los enumerados en la fracción I del artículo 2o. con la cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor; III. Toda distribución, venta o exposición al público, de cualquiera manera que se haga, de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos ...’. ‘Artículo 3o. Constituye un ataque al orden o a la paz pública: I. Toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; o con los que se injuria a la nación mexicana, o a las entidades políticas que la forman; II. Toda manifestación o expresión hecha públicamente por cualquiera de los medios de que habla la fracción anterior, con la que se aconseje, excite o provoque directa o indirectamente al Ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros, o a la falta de otro u otros de sus deberes; se aconseje, provoque o excite directamente al público en general a la anarquía, al motín, sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos legítimos de la autoridad; se injurie a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y éstas, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas, a los soberanos o jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país; o se aconseje, excite o provoque a la comisión de un delito determinado; III. La publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad, capaces de perturbar la paz o la tranquilidad de la República o en alguna parte de ella, o de causar el alza o baja de los precios de las mercancías o de lastimar el crédito de la nación o de algún Estado o Municipio, o de los bancos legalmente constituidos; IV. Toda publicación prohibida por la ley o por la autoridad por causa de interés público, o hecha antes de que la ley permita darla a conocer al público ...’. ‘Artículo 4o. En los casos de los tres artículos que preceden, se considera maliciosa una manifestación o expresión cuando por los términos en que está concebida sea ofensiva, o cuando implique necesariamente la intención de ofender. Según diversas fuentes jurisdiccionales, el decoro de las personas se integra por el honor, el respecto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, a lo cual todo ser humano tiene un derecho inherente, que en caso de verse afectado implicaría un menoscabo en su integridad. Adquiere especial relevancia el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de ese Supremo Tribunal al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad aprobada con el número 45/2006 y su acumulada 46/2006, cuyo rubro y texto son los que a continuación se enuncian: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que «Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta»; esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta «... no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.». Por su parte, el artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos al señalar que «La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa», a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal .’. En mérito de lo expuesto, se advierte que el Congreso de la Unión expidió una ley cuyo artículo 49, numeral 4, prohíbe en forma determinante la contratación de propaganda tendiente a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, y a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, con lo cual violenta gravemente las garantías de libertad de expresión, comunicación e información establecidas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que han sido referidos en el presente escrito, toda vez que, en contravención a lo dispuesto por la Norma Suprema, se imponen prohibiciones y limitantes que restringen el ejercicio de derechos, que salvo las excepciones insertas en la propia norma, son inalienables e intrínsecos a toda persona. Al establecer una prohibición en la contratación de propaganda en radio y televisión, el Congreso de la Unión limita en forma manifiesta el derecho que le corresponde a todo individuo para acceder a los denominados medios masivos de información, que en la sociedad actual constituyen la vía más eficaz (en términos de inmediatez, aceptación y nivel de recepción o audiencia) para la difusión y propagación de las ideas; violentando con dicha prohibición una parte fundamental de la libertad de expresión, al impedir la exteriorización del pensamiento a través de las vías o canales que permiten interactuar con la sociedad en su conjunto. En este sentido, se ha señalado que existe una estrecha relación entre la libertad de imprenta y la de expresión, ya que esta última no sólo protege el acto de expresar o comunicar lo que se estime conveniente, sino la actividad consistente en divulgar lo expresado por cualquier medio y a las personas que uno desee. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la importancia de la difusión del mensaje y su inseparabilidad de la expresión, al disponer que ‘la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número posible de destinatarios’, y al establecer que ‘la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles’, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente, según resolvió la Primera Sala de ese Supremo Tribunal en el amparo en revisión 1595/2006. Sirva de sustento a lo expuesto el criterio siguiente: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.’. Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado, sino que constituye además un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa. ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz públi

a. En ese sentido, estos derechos fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.’. De igual forma, al establecer una limitante a la contratación y difusión de propaganda cuyo contenido influya en las preferencias electorales de los ciudadanos, o pueda influir a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos postulados a cargos de elección popular, el legislador incurrió en una práctica retrógrada y antidemocrática como lo es la censura previa de facto; toda vez que para evitar cualquier comentario o análisis que influya o pueda influir a favor o en contra de candidatos, partidos políticos o, en general, en la preferencia electoral de los ciudadanos, anuló el derecho de contratar y, consecuentemente, de difundir cualquier expresión que pudiera externarse con motivo de una contienda electoral, de una plataforma política, de una agenda legislativa o cualquier acción de gobierno o promesa de campaña política, sin que sea posible la valoración del impacto del mismo, toda vez que determina una censura previa que impide la contratación de una propaganda cuyo efecto únicamente puede ser medido después de su difusión. En este tenor, lo que implica la prohibición de la censura no es que la libertad de expresión no tenga limites, o que el legislador no esté legitimado para emitir ex ante, normas en consideración a éstos, sino que se traduce a que dichos limites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual la autoridad excluya sin más a un determinado mensaje del debate público, ya que las restricciones deben hacerse valer a través de la atribución de responsabilidades -civiles, penales o administrativas- posteriores. Resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: ‘LIBERTADES DE EXPRESIÓN E IMPRENTA Y PROHIBICIÓN DE LA CENSURA PREVIA. El respeto y tutela de las libertades de expresión e imprenta exigen del Estado el cumplimiento de obligaciones positivas y negativas, siendo una de éstas la prohibición de censura previa contenida en el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que señala que: «Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores», así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, que en su artículo 13 prevé que el ejercicio de la libre expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben fijarse expresamente en la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas; con la única excepción restablecida en la propia convención referida a los espectáculos públicos, los cuales pueden someterse por la ley a censura previa con el objeto exclusivo de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. Así, la prohibición de la censura implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad; máxime que la regla general según la cual el ejercicio de la libre expresión y de la libertad de imprenta sólo puede someterse a responsabilidades ulteriores y no a controles a priori, se ha convertido, de hecho, en uno de los criterios indicativos del grado de democracia de los sistemas de gobierno.’. Como consecuencia de lo expuesto, el artículo en comento violenta el derecho a informar y a estar informado debido a que al prohibir la contratación y el subsecuente acceso a los medios de comunicación se limita en forma determinante la difusión de las ideas y el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que ante la falta de una pluralidad de medios, personas y grupos con acceso a ellos, se pueda manipular y parcializar el contenido de la información. En efecto, si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los respeta y protege en su responsabilidad de expresar y publicar libremente sus ideas, es imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, y capaces así de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. En otras palabras, cada vez que un tribunal decide un caso de libertad de expresión o imprenta, está afectando no solamente las pretensiones de las partes de un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de las noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, según lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete primario de instrumentos internacionales que nos vinculan, en casos entre los que destaca la opinión consultiva 5/85. En esta resolución, la Corte resolvió: ‘... cuando la libertad de expresión de una persona es restringida ilegalmente, no sólo es el derecho de esa persona el que se esta violando, sino también el derecho de los demás de «recibir» información e ideas. En consecuencia, el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales, que evidencian por el doble aspecto de la libertad de expresión. Por una parte, requiere que nadie se vea limitado o impedido arbitrariamente de expresar sus propios pensamientos. En este sentido, es un derecho que pertenece a cada persona. En su segundo aspecto, por otra parte, implica un derecho colectivo a recibir cualquier información y de tener acceso a los pensamientos expresados por los demás.’. En suma, al prohibir la contratación de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, así como la que pueda influir a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular, el Congreso de la Unión menoscabó el derecho de la ciudadanía a estar informada y a conocer las opiniones, propuestas y críticas de todos los sectores de la sociedad y no únicamente de aquellos que, con independencia de los partidos políticos, tienen un acceso a las entrevistas y programas de los medios de comunicación, y atentó contra la pluralidad y la diversidad de opiniones de nuestra sociedad, al partir de la premisa errónea de que todas las personas o grupos sociales son invitados o tienen la posibilidad de externar sus ideas y puntos de vista a través de los medios masivos de comunicación como la televisión o radio. En forma similar se pronunció esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J. 27/2007, en la cual establece en forma evidente la incompatibilidad de cualquier sistema de censura previa con el ejercicio de la libertad de expresión, según se desprende de la misma: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ARTÍCULO 55, NUMERAL 2, PRIMERA PARTE, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, VIOLA ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El citado precepto, al prever que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas supervisará que el contenido de los mensajes que quieran emitir los contendientes en unas elecciones reúnan los requisitos que señale la propia ley electoral local o los que el propio consejo establezca y, en caso contrario, ordenará la suspensión debidamente fundada y motivada, viola los artículos 6o. y 7o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que prohíben la previa censura y las restricciones a la libre expresión, pues establece un sistema de control previo de los mensajes de la campaña política por razón de su contenido, el cual desemboca en una decisión acerca de cuáles podrán difundirse en la campaña electoral y cuáles serán retirados o no serán difundidos. En efecto, la facultad que la primera parte del numeral 2 del artículo 55 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas otorga al Consejo General del Instituto Electoral de dicho Estado, instaura un sistema de censura previa en la difusión de mensajes políticos, que permite a dicha autoridad impedir la difusión de los mensajes que los partidos y coaliciones quieran comunicar a la ciudadanía en ejercicio de sus actividades y funciones ordinarias y es, por tanto, incompatible con el derecho de libertad de expresión en los términos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .’. Con base en lo expuesto se puede concluir que la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática que resulta indispensable para la formación de la opinión pública y que constituye una conditio sine qua non para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y, en general, de todos los que desean influir al público. En resumen, representa la forma de permitir que la comunidad, en el ejercicio de sus opciones, esté suficientemente informada. En consecuencia, puede decirse que una sociedad que no está debidamente informada no es verdaderamente libre. Asimismo, la libertad de expresión, protege al individuo no solamente de la manifestación de las ideas que comparte con la gran mayoría de sus conciudadanos, sino también de ideas impopulares, provocativas o incluso, aquellas que ciertos sectores de la ciudadanía consideran ofensivas. La libertad de expresión es, en muchos sentidos un derecho al disenso, y esta dimensión dota de pleno sentido al hecho de que la Constitución Federal la consagre como un derecho fundamental que, como es sabido, es una figura jurídica cuya razón de ser es la salvaguarda del individuo frente a la decisión de las mayorías. Los derechos tienen por naturaleza un carácter contra mayoritario que obliga a desvincular su contenido y alcance protector de las opiniones y determinaciones tomadas por las mayorías en un cierto momento histórico. Las libertades de impresión e imprenta protegen de manera especialmente clara y enérgica el derecho del individuo a expresar sus ideas en materia política. El discurso político está más directamente relacionado que otros con la función pública e institucional de la libertad de expresión. Por tanto, la protección de su libre difusión resulta especialmente relevante para que la libertad de expresión cumpla cabalmente con su posición estratégica de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural del funcionamiento de la democracia representativa. Es con base en las razones expresadas que se solicita la declaración de invalidez constitucional del artículo 49, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , toda vez que establece un sistema artificioso de censura previo que impone un número mayor de limitantes y prohibiciones a las establecidas en el Texto Constitucional y en los diversos tratados internacionales ratificados por México, imposibilitando tanto el derecho a informar y a ser informado, derivado de la prohibición de contratar propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, con lo que consecuentemente se restringe en forma inaceptable el derecho a expresar y difundir ideas, críticas y opiniones en cualquier aspecto de la materia político electoral. No se debe perder de vista que aun y cuando el tenor literal del artículo 6o. de la Constitución Política Federal parece desprenderse que sólo las autoridades jurisdiccionales o administrativas están sujetas a la prohibición establecida, si entendemos correctamente la función de los derechos fundamentales podemos fácilmente concluir que el legislador es, desde luego, un destinatario pasivo tácito de la misma. Lo anterior no es una cuestión de simple simetría, sino que obedece al hecho de que sólo bajo una interpretación de esa especie es posible el cumplimiento integral de las funciones de este tipo de derechos en nuestro orden jurídico. Es claro que, d

da la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, las mencionadas autoridades jurisdiccionales y administrativas sólo podrían realizar las inquisiciones a las que se refiere el artículo 6o. con una cobertura legal previa, con lo cual se sobreentiende que el legislador se encuentre constitucionalmente impedido para proveerla. En la redacción del artículo 7o., la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión, es todavía más clara: así, se dice que la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia es ‘inviolable’, y que ‘ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito’. Todas las expresiones señaladas son claramente indicativas de la importancia que el Constituyente atribuyó a consagrar del modo más enérgico la libertad de imprenta y someterla a límites tasados y directamente especificados por la Constitución Federal . Resulta indudable el hecho de que el legislador puede dar especificidad a los limites a las libertades de expresión e imprenta contemplados de manera genérica en la Constitución, y de que, por lo tanto, toda actuación legislativa que efectúe una limitación a los derechos de libre expresión e imprenta, con la pretensión de concretar los limites constitucionales previstos, debe por tanto, respetar escrupulosamente el requisito de que tal concreción sea necesaria, proporcional y por supuesto compatible con los principios, valores y derechos constitucionales; por lo que como en el caso que nos ocupa, será obligado considerar constitucionalmente ilegitimas aquellas determinaciones legislativas que afecten el ejercicio del derecho a la libre expresión de un modo que demuestre claramente que el legislador se ha apartado de su obligación de equilibrar de una manera proporcionada las exigencias que derivan de este derecho, con las exigencias de resguardar los bienes y derechos mencionados, por vía de limitación en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , cuyo alcance, hay que subrayarlo también, debe delimitarse a la luz de la totalidad de las disposiciones constitucionales. Sexto concepto de violación. Violación del principio universal de goce y beneficio de las garantías individuales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en los términos del artículo 1o. de dicha Constitución, en relación con el penúltimo párrafo del apartado A del artículo 41 constitucional. En contra de los conceptos de violación que se han venido expresando a lo largo de esta acción de inconstitucionalidad, eventualmente se podría argumentar que los conceptos de invalidez tienen su origen y fundamento constitucional en la adición de un penúltimo párrafo al apartado A del artículo 41 de la Constitución Federal , que precisamente prohíbe a cualquier persona física o moral, distinta de los partidos políticos, contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, y que también prohíbe la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Adición efectuada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2007, y el que en los términos de su artículo primero transitorio entró en vigor el día siguiente al de su publicación. Bajo semejante óptica cabría sostener que los actos reclamados se basan en esta reforma constitucional que crea una situación de excepción al ejercicio de la garantía individual de la libre manifestación de las ideas. Sin embargo, semejante consideración carece por completo de sustento jurídico y constitucional. En efecto, tal como quedó señalado con anterioridad, la garantía individual de la libertad de expresión tiene un sustento supralegal. Sustento supralegal que no puede ser desconocido ni vulnerado ni por el legislador ordinario ni por el Poder Constituyente Permanente de la Constitución, por constituir un derecho público subjetivo que jurídicamente representa la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna. Así lo ha reconocido la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que: ‘Los derechos que bajo el nombre de garantías individuales consagra la Constitución constituyen limitaciones jurídicas que, en aras de la libertad individual y en respeto a ello, se oponen al poder o soberanía del Estado, quien, por su misma naturaleza política y social puede limitar la libertad de cada individuo, en la medida necesaria para asegurar la libertad de todos; y la limitación de que se habla, debe ser en la forma misma en que se precisan y definen en la Constitución las citadas garantías individuales ...’ (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XL, página 3630). Como puede advertirse, el Máximo Tribunal de la República considera que las garantías individuales solamente pueden restringirse o suspenderse, en la forma misma en que se definen o precisan en la propia Constitución las garantías individuales. Dicho en otras palabras, es en la forma y términos en que la Constitución Federal define a cada garantía individual en donde se encuentran sus limitaciones o restricciones; ya que en lo tocante a suspensión de garantías el único precepto supremo aplicable es el artículo 29 constitucional que se refiere precisamente a los casos en los que pueden llegar a suspenderse la totalidad o parte de las garantías individuales, en la totalidad o parte del territorio nacional. Pero fuera de ese caso general de suspensión de garantías, las únicas limitaciones o restricciones que puede tener una garantía individual son las que la misma Constitución establece al definir cada garantía individual. Así tenemos que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , por una parte, precisa la garantía individual de la libre expresión al señalar que la libre manifestación de las ideas no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; y por la otra, fija las restricciones respectivas al establecer que la libre manifestación de las ideas, única y exclusivamente, se limita en los casos en los que se ataque a la moral o a los derechos de tercero, o bien cuando se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Fuera de esos casos, la libre manifestación de las ideas no puede restringirse en ningún otro caso, por ningún motivo y bajo ningún pretexto, ya que la misma H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXVIII, página 220 (sic), claramente dejó establecido que: ‘La manifestación de las ideas y la libertad de expresarlas (sic) haciendo propaganda, (sic) para que lleguen a ser estimadas por la comunidad, no tiene otra restricción constitucional que los ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, así como a la perturbación del orden público, por lo que aquellas manifestaciones que tiendan a hacer prosélitos para determinada bandería política o ideológica, no pueden constituir en (sic) tanto no alteren el orden público o comentan delito alguno, y reprimirlas constituye una violación a las garantías individuales.’. Por consiguiente, conforme a lo preceptuado por el Máximo Tribunal de la República, ningún precepto de la parte orgánica de nuestra Constitución Federal puede violentar, censurar, restringir o suprimir precepto alguno de la parte dogmática de la Ley Suprema, porque como se ha venido señalado las garantías individuales poseen un sustento supralegal que no puede ser vulnerado ni por el legislador ordinario ni por el Poder Constituyente Permanente de la misma Constitución, ya que al tratarse de derechos públicos subjetivos directamente vinculados a los derechos fundamentales e inalienables del hombre y del ciudadano, no pueden ser desconocidos bajo el pretexto de la regulación o reglamentación de ciertos procesos políticos o de determinadas instituciones electorales. Dentro de este contexto, el penúltimo párrafo del apartado A del artículo 41 constitucional no puede sustentar a los actos reclamados, desde el momento mismo en el que con ese pretendido sustento se restringe, se censura, se limita y se suprime la garantía individual de libre manifestación de las ideas en materia política, sujetando además a dicha libertad a inquisiciones y severas sanciones administrativas, pues no está dentro de las facultades constitucionales del poder del legislador ordinario ni del Poder Constituyente Permanente de la Constitución, el vulnerar, mediante reformas y adiciones a la parte orgánica, la parte dogmática de la Ley Fundamental, toda vez que las garantías individuales deben tenerse como Normas Fundamentales y supralegales, es decir, como principios inmutables e inalterables que al formar parte de los derechos universales del hombre, no pueden ser objeto de ningún tipo de restricción o de limitación por ningún motivo o circunstancia. Máxime cuando ese motivo o circunstancia se reduce a la simple regulación normativa de instituciones y procedimientos electorales. Cuando dos principios o valores previstos en la Constitución se contraponen debe optarse por aquel que tenga mayor rango y sea fundamental. En el presente caso, si para alcanzar mayor equidad en las contiendas entre los partidos políticos hay que restringir, censurar, suspender o limitar el derecho a la libertad de expresión y de información de los ciudadanos, debe prevalecer éste sobre aquél. El derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Federal , es una garantía individual. La equidad electoral a la que se refiere el antepenúltimo párrafo del apartado A del artículo 41 constitucional, que por lo demás nunca se alcanza de manera perfecta, es apenas un estado deseable de la competencia entre los partidos (véase el editorial publicado por Jaime Sánchez Susarrey en el periódico ‘Reforma’ del día sábado 26 de enero de 2008, página 9). Por consiguiente, por encima de cualquier norma regulatoria u orgánica de la Constitución deben prevalecer las garantías individuales, porque al constituir los principios fundamentales de todo el orden jurídico nacional integran el capítulo dogmático de nuestra Carta Magna que no puede ser abolido por una mera reforma orgánica o regulatoria. En tales condiciones, y toda vez que con arreglo a lo que establece el artículo 1o. de la Constitución Federal y la jurisprudencia que al respecto ha sentado la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y la que quedó transcrita con anterioridad, la garantía de la libre manifestación de las ideas consagrada en el artículo 6o. de la misma Constitución, solamente puede tener las restricciones que se contemplan en el propio artículo 6o. relativas a que no se ataque a la moral o a los derechos de tercero ni se provoque algún delito o se perturbe el orden público y, por tanto, dicha garantía individual no puede ser suprimida por preceptos regulatorios de procesos electorales que, como la experiencia lo demuestra, son esencialmente cambiables y modificables en pocos años. En virtud de todo lo expresado a lo largo de este concepto de violación, su Señoría debe decretar la inconstitucionalidad de los preceptos solicitados para el efecto de que no se apliquen los preceptos legales contenidos en los conceptos de invalidez, que se precisan y detallan en el proemio de la presente acción de inconstitucionalidad para que, en consecuencia se queden en libertad de contratar, las organizaciones civiles, ya sea a título propio o por cuenta de terceros, propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, incluyendo la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero y sin que el ejercicio de esa libertad les ocasione la imposición de las severas sanciones previstas en los mismos actos reclamados; toda vez que de no ser así, no se restituirá a la ciudadanía en el pleno goce y disfrute de las garantías individuales que le han sido vulneradas a través de los propios actos reclamados. Séptimo concepto de violación. Violación de las garantías individuales consagradas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo. Tal como consta en el proemio de la presente acción de inconstitucionalidad, en la misma se señalan como actos reclamados los artículos 341, párrafo 1, inciso d), 352, párrafo 1, inciso b) y 354, párrafo 1, inciso d), fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en relación con el artículo 49, párrafo 4, del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, de la simple lectura de dichos preceptos legales se desprende que a las personas morales que adquieran tiempos en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, se les sancionará con multas por cantidades equivalentes al doble del precio comercial de dichos tiempos. Por tanto, se está en presencia de las llamadas multas fijas. Es decir, de aquellas que se aplican a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible y sin tomar en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en general, todas aquellas circunstancias que tienden a individualizar dichas sanciones. Las disposiciones legales que establecen multas fijas son violatorias de la garantía individual relativa a las penas prohibidas que consagra el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en atención a que por la naturaleza y características de este tipo de sanciones, se convierten en multas excesivas, ya que al aplicarse a todos los infractores por igual de manera inflexible, no permiten graduar la gravedad de la infracción ni toman en cuenta la capacidad económica de cada infractor, si se trata o no de un reincidente y si se trata o no de combatir practicas establecidas. Dicho en otras palabras, al no individualizarse la sanción se trata a todos los infractores con el mismo criterio y al no existir ninguna posibilidad legal de graduar las sanciones de acuerdo a las circunstancias y particularidades de cada caso concreto, las multas que se impongan mediante la aplicación de los actos reclamados tendrán por fuerza, que resultar excesivas y, por ende, inconstitucionales y violatorias de la garantía individual que consagra el invocado artículo 22 constitucional. A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que las multas fijas al tener el carácter específico de créditos fiscales, violan los principios y garantías de proporcionalidad y equidad en materia fiscal que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, toda vez que no toman en cuenta la capacidad económica del infractor al ser iguales para todos (principio de proporcionalidad), y sancionan con la misma severidad distintos tipos de infracciones (principio de equidad). Los conceptos anteriores han sido plenamente recogidos por la jurisprudencia número 10/1995 sentada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya parte medular se reproduce a continuación: ‘MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuanta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal , el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante González. Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de C.V. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Angélica Hernández Hernández. Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar Ángeles. Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta. Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros presidente en funciones, Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 10/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarlas. México D.F., a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.’. Por consiguiente, en adición a los conceptos de violación que anteceden, su Señoría deberá decretar la inconstitucionalidad que solicita, para el efecto de que cesen sus efectos los preceptos legales contenidos en los actos reclamados, que se precisan y detallan en el proemio de la presente acción de inconstitucionalidad para que, en consecuencia quede la ciudadanía en general en libertad de contratar, ya sea a título propio o por cuenta de terceros, propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, incluyendo la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero y sin que el ejercicio de esa libertad les ocasione la imposición de las severas sanciones (multas fijas) previstas en los mismos actos reclamados; toda vez que de no ser así, no se restituirá a los ciudadanos y a las organizaciones civiles el pleno goce y disfrute de las garantías individuales que le han sido vulneradas a través de los propios combatidos. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las normas secundarias que lo reglamentan, respetuosamente solicitamos: a. De su Señoría, recibir la presente demanda y, según el turno que corresponda, designar a un Ministro instructor a fin de que ponga el procedimiento en estado de resolución; b. Del señor Ministro instructor, previo desahogo de los trámites de ley, formular el proyecto de sentencia que en el caso ameriten; y, c. Del honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictar sentencia que declare la invalidez constitucional de los preceptos impugnados en el cuerpo de esta demanda."

  1. Partido Político Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

    "Alberto Begné Guerra y Jorge Leonel Wheatley Fernández, en nuestra calidad de presidente y vicepresidente, respectivamente, del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata, partido político nacional, personalidad que acreditamos con la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, misma que se anexa al presente escrito, y con fundamento en los artículos 19, 20 y 21 de los estatutos vigentes antes de ser reformados, así como de los artículos 2o., 3o. y 5o. transitorios de los nuevos estatutos, y el artículo 4o. del reglamento vigente del Comité Ejecutivo Federado, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la Av. de los Insurgentes Sur No. 1799, Int. 403, Col. Gpe. Inn, en la Deleg. A. Obregón, código postal 01020, de esta Ciudad de México; designando como delegados, en términos del numeral 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , para que actúen conjunta o separadamente, al licenciado en derecho Luis Ricardo Galguera Bolaños con cédula profesional con carácter de patente No. 3307932, así como a los C.C. Héctor Vázquez Aguirre y Jennifer Rosas Guevara ante usted, con el debido respeto, comparecemos para exponer: Que por medio del presente escrito, con la representación que ostentamos, y con fundamento en el artículo 105, fracción II, primer y segundo párrafos, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 1o., 10, fracción I y II, en relación con el 59, 60, 62, tercer párrafo; y demás relativos aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal , venimos a interponer acción de inconstitucionalidad en los términos que a continuación se hacen valer y en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la ley reglamentaria, además de los ya asentados, manifestamos los siguientes: Órganos responsables. Lo son las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, con domicilio en: Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc y Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, respectivamente, ambos en esta ciudad capital, que como autoridades aprueban la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abrogan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones en el decreto que por la presente vía se impugna. Lo es el presidente de la República, como autoridad que promulgó y publicó el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en mención en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de enero de 2008, quien tiene su domicilio en Residencia Oficial de los Pinos, ubicado en Av. Parque Lira, sin número, colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México, Distrito Federal. Norma general cuya invalidez se reclama. El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , y en específico los artículos 28 y 95, puntos 9 y 10, publicado por decreto en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, y por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990. Medio oficial en que fue publicada la norma general impugnada. Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión oficial de la nación, en su cuarta sección, de fecha lunes 14 de enero de 2008. Preceptos constitucionales violados. Lo son los artículos 1o., 9o., 14, 35, fracciones I y III, 39, 40, 41, 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Procedencia. Ahora bien, es importante señalar que son aplicables las siguientes tres (sic) tesis de jurisprudencia respecto al control constitucional de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las legislaciones y normas secundarias: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, junio de 2002. Página: 81. Tesis: P./J. 25/2002. Jurisprudencia. Materia (s): Constitucional. ‘LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.’. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, mayo de 2004. Página: 1155. Tesis: P./J. 27/2004. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , señala que la acción de inconstitucionalidad es el medio de control a través del cual podrá plantearse la no conformidad de una ley o tratado internacional con la Constitución Federal . Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla. En consecuencia, el nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior, formal y materialmente puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad.’. Lo anterior se fundamenta en los antecedentes y conceptos de invalidez, siguientes: Antecedentes. 1. El día 5 de diciembre de 2007, en el Senado de la República se discutió el dictamen por el que se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , donde se aprobó; en ese contexto, se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos correspondientes. 2. Posteriormente, el día 11 de diciembre de 2007, se discutió en la Cámara de Diputados dicho dictamen, donde se aprobó en sus términos y se remitió al Ejecutivo Federal para sus respectivos efectos constitucionales. 3. Finalmente el día 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones, en el decreto que por la presente vía se impugna. Los anteriores antecedentes dan lugar a los siguientes: ‘Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez: El artículo 28, primer párrafo, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , dado que genera la imposibilidad de constituir nuevos partidos políticos. La disposición que se ataca por su inconstitucionalidad dispone que: «Artículo 28.» (se transcribe). Lo anterior, desde luego que atenta contra los artículos 9o., 14, 35, fracciones II y III, 39, 40, 41, fracción I, 2do. párrafo, 51 y 56 de la Constitución Federal , al determinar que las organizaciones sólo después de una elección presidencial, es decir, cada seis años, podrán solicitar el registro como partido político nacional; lo que evidentemente transgrede el derecho constitucional a la libre asociación de los ciudadanos para esos fines; el de la no retroactividad en perjuicio de los derechos adquiridos y ganados; y en consecuencia, del derecho a tomar parte en asuntos políticos del país después de cada elección federal intermedia; así como el de ser votado en cargos de elección popular como lo es de diputado federal y senador de la República en las elecciones federales más importantes como son las presidenciales; y el derecho a la integración de la representación nacional para así tener acceso al ejercicio del poder público a través de un partido político. Asimismo, se encuentra que se atenta en contra del principio que rige nuestra República relativo a que todo poder público emana del pueblo y se instituye en beneficio de éste; así como el de que es voluntad de nuestro pueblo constituirse en una República representativa, democrática y federal. I. Pues en efecto, está claro que el precepto que se impugna, atenta en contra de cada uno de los artículos constitucionales en cita, como al efecto se acreditará; así que para empezar bastará observar la contravención cometida al artículo 9o. constitucional, que regula la garantía y derecho fundamental de la libre asociación, y que establece lo siguiente: «No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país.». De lo anterior, resulta relevante el contenido del primer párrafo, que contiene elementos fundamentales del derecho a la libre asociación, los que si no son respetados por las normas ordinarias, entonces éstas se vuelven inconstitucionales, como ocurre con la norma que se tilda de ilegal. El artículo 9o. constitucional protege a todo ciudadano mexicano los siguientes derechos: a) Que no se coarte del derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, cuando el objeto sea lícito; y, b) Que sólo los ciudadanos de la República pueden tomar parte en asuntos políticos del país. No obstante lo anterior, en contravención de ello, la norma que se objeta de inconstitucional, prohíbe que esto ocurra precisamente después de una elección federal intermedia, al impedir la creación de nuevos partidos políticos; lo que en consecuencia generará que los ciudadanos, no puedan asociarse durante ese lapso de tiempo para constituirse como nuevo partido político nacional, y así participar y contender de forma plural en la siguiente elección, para los 500 cargos de elección popular en la Cámara de Diputados y 128 de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; lo que evidentemente trunca el derecho constitucional ciudadano de participar en la integración de la representación nacional, por conducto de otros partidos políticos diferentes a los ya existentes. Y esto es así, dado que permitir que la norma reformada quede como se estipuló, generará una grave afectación al derecho constitucional de la libre asociación de los ciudadanos, que tiene que ver con el impedimento para que tomen parte en los asuntos políticos del país, que bien puede ser precisamente a través de la creación de partidos políticos que compitan libremente en las elecciones federales presidenciales; sin embargo ello estará impedido hasta pasados seis años después de una elección presidencial, y no al término de cada elección federal como anteriormente ocurría; lo que entonces conllevará lamentablemente a que únicamente puedan participar esos ciudadanos interesados en formar un partido político en una elección intermedia, donde solamente puede renovarse el Poder Legislativo, por lo que se refiere a la Cámara de Diputados, mas no así en las elecciones donde se renueva el Senado de la República y el Poder Ejecutivo que es cada seis años; luego entonces, es de vital importancia considerar su inconstitucionalidad, de cómo con la espuria reforma, el derecho a la libre asociación para tomar parte en asuntos políticos del país por medio de nuevos partidos políticos, se estará conculcando al impedirse que ello pueda generarse después de cada elección intermedia, por lo que lo más grave será que los ciudadanos, dado lo anterior, no podrán participar en la integración de la representación nacional en las elecciones presidenciales postulando candidatos a diputados, ni senadores, y mucho menos candidato a la presidencia de la República, por medio de uno o varios partidos políticos de nueva creación. Y es que no se trata de saldar el asunto, o darle la vuelta argumentándose que los ciudadanos sí pueden asociarse y tomar parte de los asuntos políticos del país cada tres años o cada seis, dado que lo podrían hacer por medio de los partidos políticos existentes, o por su simple cuenta, o esperar todo ese tiempo para que pasada la elección presidencial formen un partido político; puesto que considerar esto, sería entonces considerar que el derecho a la pluralidad política y el sistema constitucional de partidos, es inaplicable en nuestro sistema democrático, y que entonces en todas las elecciones presi

    enciales, los ciudadanos libres que tengan intenciones de participar en política tienen que estar sujetos o condicionados a los partidos políticos existentes para así asociarse y postularse únicamente por conducto de ellos, aunque no comulguen con sus principios y postulados en razón de ser la única opción que tienen; cosa desde luego inaudita, atentatoria del derecho fundamental a la libre asociación, y del derecho y principio de democracia, así como del derecho a la libre integración de la representación nacional, y de nuestro sistema democrático de partidos, quienes tiene (sic) el objeto indiscutible de promover la participación el (sic) pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso del poder público a todos los ciudadanos. Pues en efecto, la pregunta ahora sería ¿por qué los ciudadanos que tengan la intención de asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país (lo cual es del todo lícito), después de una elección intermedia para formar un partido político, ahora no lo podrán hacer, sino hasta cada seis años, cuando antes esa prerrogativa existía después de cada elección federal?-Por lo que resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral sobre los alcances de los derechos fundamentales de carácter político electoral como lo es la libre asociación, que es evidente se está conculcando con la ilegal reforma: «DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.» (se transcribe y se citan precedentes). En consecuencia se deberá declarara (sic) la invalidez de la norma impugnada por ser del todo inconstitucional. Por otro lado el precepto tildado de inconstitucional vulnera las garantías consagradas en el artículo 14 constitucional de la República, toda vez que es una reforma que adquiere alcances que transgreden de forma retroactiva derechos políticos adquiridos, como lo es el de la libre asociación, que incluso tiene la naturaleza jurídica de ser una garantía individual; ya que en efecto, transgrede de forma retroactiva la garantía a la libre asociación y derecho que los ciudadanos tenían antes para formar partidos políticos, como se puede constatar antes de la entrada en vigor de la reforma impugnada, e incluso antes de la penúltima reforma electoral del año 2003, donde se tenía que los ciudadanos, y después éstos por medio de las asociaciones políticas nacionales, cada tres años al término de las elecciones federales, podían crear partidos políticos, para así competir con sus propios postulados y representación; mientras que ahora con la espuria reforma, se pretende que ello ocurra únicamente cada seis años; esto es, hay una clara afectación retroactiva de derechos ya adquiridos y ganados, que se ejercían cada tres años y que ahora se eliminan, para que ese derecho sea ejercido sólo cada seis; lo que de convalidarse, seguramente en lo posterior provocará por vía de contrarreformas electorales, que el derecho a constituir partidos políticos sea cada 9 años o cada 12 o 15, privándose así a los ciudadanos de participar en la vida democrática del país, y de acceder al poder público por medio de distintos partidos políticos a los existentes, lo que lamentablemente puede llevar a un régimen no plural de partidos, sino de tan sólo dos o tres, lo cual sería totalmente inconstitucional. Entonces, como se puede ver, sí hay una violación al artículo 14 constitucional que es determinante al ordenar en su primer párrafo que: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.». En conclusión, el que el precepto impugnado de inconstitucional regule ahora que los ciudadanos únicamente podrán formar partidos políticos cada seis años, es evidente que atenta de forma retroactiva en contra del derecho adquirido que se tenía para que ello pudiera ocurrir cada tres; lo cual, a parte de que desemboca flagrantemente en una violación al derecho constitucional a la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país, para cuando se quiera constituir un partido político, ello por igual transgrede nuestro sistema democrático plural de partidos políticos y a la democracia misma al no permitirse la competencia en las elecciones federales presidenciales con más partidos políticos distintos a los ya existentes. III. Por su parte el artículo 35 constitucional en sus fracciones I y II (sic) dispone que: «Artículo 35.» (se transcribe). Pues en efecto, una vez más se aprecia cómo es que el precepto que se recurre de inconstitucional, impide que este derecho político se pueda ejercer plenamente después de cada proceso electoral intermedio, al desembocar en un impedimento directo para que los ciudadanos libres que pretendan crear un partido político puedan en consecuencia ser votados en los cargos de elección popular de su propio partido, esto es, evidentemente si los ciudadanos después de una elección intermedia están impedidos para hacer un partido político, según la reforma, lo consiguiente es que entonces no puedan ser votados por la opción política que ellos mismos podrían representar por medio del nuevo partido político en las siguientes elecciones federales (que da la casualidad, que son las más importantes, donde habrán de renovarse de forma completa dos Poderes de la Unión, esto es, los 500 diputados y los 128 senadores de la República junto con el Poder Ejecutivo), lo que en consecuencia es a todas luces inconstitucional, puesto que no es admisible considerar que los ciudadanos libres después de una elección intermedia, puedan ser únicamente votados por conducto de los partidos políticos existentes, y no así por otros, que en su caso se podrían constituir como anteriormente ocurría, y que surgían de la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país, y que cumplirían cabalmente sus fines constitucionales, como lo son contribuir a la integración de la representación nacional, así como a hacer posible el acceso del poder público. Y asimismo, tenemos que se repite una vez más la violación al derecho político de la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país de aquellos ciudadanos que pretendan precisamente crear un nuevo partido político; y es que, si para la constitución de un partido político de antemano se necesita la asociación libre de ciudadanos, y que éstos tengan la voluntad de tomar parte en asuntos políticos del país, con la reforma inconstitucional un impedimento después de una elección intermedia dado que ese derecho con tales fines sólo se podrá ejercer hasta después de cada elección presidencial; y esto es así, dado que si la libre asociación tiene como fin generar un nuevo instituto político después de una elección intermedia, de nada servirá, ya que la materialización o el resultado sólo podrá ser hasta después de una elección presidencial, lo que es obvio que transgrede el derecho constitucional de la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país de los ciudadanos que quieran constituirse en partido nacional para participar en las elecciones federales presidenciales; y en consecuencia, del principio de integración de representación nacional que pudiera ser por medio de partidos políticos de nueva creación, así como del principio de democracia plural que impera en la República. Por tanto, el que se impida la constitución de un nuevo partido político después de una elección intermedia, es evidente que repercutirá en el derecho constitucional de ser votados por nuevas opciones políticas; y, por tanto, en el sistema democrático de partidos que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso a los ciudadanos al poder público. Luego entonces, vale la pena cuestionar lo siguiente; - si después de un proceso electoral intermedio, siendo que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, para así atender la pluralidad de nuestra nación, y cumplir con nuestra República representativa y democrática; - se impide a los ciudadanos crear nuevos partidos políticos lo cual es un derecho constitucional, entonces ¿cuál será la forma para que los ciudadanos libres y soberanos en una elección presidencial después de la intermedia, puedan participar, ser votados y tomar parte en asuntos políticos del país por medio de opciones políticas diferentes, si éstos no se sienten representados en los partidos políticos existentes? Por lo tanto, se puede constatar cómo es que se atenta en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos de ser votados en nuevos partidos políticos en una elección presidencial, así como, en contra de su derecho a asociarse libremente para tales fines después de una elección intermedia. Luego también, se violenta el artículo 39 constitucional en virtud de que, al limitarse a los ciudadanos crear partido (sic) políticos, sino hasta después de una elección presidencial, es decir, cada seis años, no se generarán beneficios emanados del poder concedido por el pueblo a los representantes populares, en esa materia, puesto que por el contrario, la reforma al precepto impugnado no es más que un detrimento a los derechos políticos adquiridos como lo era precisamente aquel que se tenía donde los ciudadanos podían constituir nuevos partidos políticos cada tres años, y así contribuir a la integración de la representación nacional por medio de opciones políticas diferentes; no obstante, es el caso que la reforma que se impugna, lejos de beneficiar al pueblo mismo, y el principio de democracia representativa, atenta de forma directa en contra de tales postulados, al pretender impedir su ejercicio al término de cada proceso electoral intermedio, y así impedirse a los ciudadanos, que por medio de nuevos partidos políticos participen en la competencia electoral para la renovación del Congreso de la Unión (la Cámara de Diputados Federales, la Cámara de Senadores), y el Poder Ejecutivo; luego entonces, es evidente que sí se contraviene el artículo 39 constitucional por lo que se refiere a que dicha reforma no beneficia al pueblo, en cuanto a su sistema democrático de partidos que impera en nuestro país, puesto que por el contrario, lo afecta al impedir que se genere nueva representación popular por medio (sic) otros partidos políticos, afectándose así el derecho constitucional de los ciudadanos de ser votados por opciones distintas a las existentes y por supuesto su derecho a la libre asociación. El precepto citado ordena lo siguiente: ‘La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. ...’. En consecuencia, la reforma que se impugna, es claro que no beneficia al pueblo, ya que el poder que emana del mismo y que fue conferido a los legisladores para legislar, no se utilizó en las relatadas circunstancias para mejorar el sistema de partidos políticos y la representación nacional, sino que por el contrario, se utilizó para acotar derechos, y lo más lamentable para acotar los derechos políticos de los ciudadanos para constituir partidos y participar con los mismos en las elecciones presidenciales, de modo que únicamente los puedan ejercer después de una elección presidencial, es decir, cada seis años. Por lo que respecta al artículo 40 constitucional, el que a la letra dice que: ‘Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos ...’. Con la reforma a la ley electoral se vulnera el derecho concedido, lo anterior es a sí, toda vez que al impedirse con la reforma que se puedan crear partidos políticos por los ciudadanos después de cada elección intermedia, en consecuencia, se afectará el sistema democrático de partidos políticos quienes contribuyen a la representación nacional, así como a promover la participación del pueblo en la vida democrática; luego entonces, es evidente que en las relatadas circunstancias, quedará afectado el derecho de los ciudadanos quienes no podrán asociarse libremente para crear un partido político, para que entonces subsista en todo momento el derecho constitucional correspondiente de la soberanía ciudadana, de que la República mexicana sea representativa y democrática; principios que se vulnerarán de forma grave después de cada elección intermedia, puesto que la República no podrá ser representativa y democrática de forma amplia, sino de forma limitada dado que sólo los partidos políticos existentes serán la opción; lo cual es totalmente inconstitucional, pues no es entendible que nuestra República se defina como representativa y democrática, cuando después de cada elección federal intermedia, únicamente podrán participar los partidos políticos existente (sic) en las siguientes elecciones que son las más importantes como lo son las presidenciales, donde ocurre que se renueva todo el Congreso de la Unión; por lo tanto, es claro como se vulneran con senda reforma derechos políticos constitucionales, así como los principios de integración de representación nacional, y por tanto, de democracia misma, que nuestra Constitución (sic)

    dopta en el precepto constitucional aludido. Y es que si el precepto constitucional dice que la República será representativa como principio, ello tiene razón de ser en que la misma queda representada por el poder soberano de los ciudadanos a través de los partidos políticos, luego entonces, si en las elecciones presidenciales no podrán participar nuevos partidos políticos dado que éstos no se podrán crear, de modo que contribuyan a la integración de la representación nacional, y a que los ciudadanos ejerzan el poder público para beneficiar al pueblo por medio de ese poder conferido, entonces, la reforma es a todas luces violatoria de dicho principio constitucional. Aunado a que si la República es democrática, y el concepto de democracia tiene que ver con que todos los ciudadanos sean tomados en cuenta en elecciones libres, auténticas y periódicas, que impere la legalidad, la pluralidad, la tolerancia, el derecho y respeto a las mayorías así como a las minorías, entonces es a todas luces evidente que la reforma que se impugna contraviene por igual ese principio constitucional, puesto que delimita derechos políticos fundamentales que trastocan la libertad democrática de nuestra República, y sobre todo sus sistemas de partidos políticos, quienes deben contribuir a la representación nacional, esto es, al no existir partidos políticos nuevos después de las elecciones intermedias, se afecta el derecho de la libre asociación de ciudadanos que quieran conformar nuevos partidos políticos, se viola el derecho a ser votado de esos y otros ciudadanos que en su caso pudieron participar en esa nueva opción política, se afecta el principio de integración a la representación nacional que tienen como fin cumplir los partidos políticos, y como consecuencia de ello el principio democrático plural del sistema de partido (sic) políticos. Así que, de convalidarse la reforma, se condenará a los ciudadanos en una elección presidencial a considerar únicamente a las opciones políticas existentes, concentrándose así derechos exclusivos de los partidos políticos para que sólo ellos puedan en su caso, contribuir a la representación nacional y no otros, lo que evidentemente será inconstitucional. Resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en materia electoral, conforme al art. 99 de la Constitución Federal ; y que nos ilustra con lo siguiente, que es evidente se contraviene con el precepto impugnado como inconstitucional: ‘DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.’ (se transcribe y se citan precedentes). Asimismo, transgrede el artículo 41, fracción I, de la Carta Magna, reformado mediante decreto publicado el 13 de noviembre de 2007, en la parte relativa que dice: ‘... Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos ...’. Se afecta gravemente dicho precepto constitucional, habida cuenta que el sistema de partidos políticos quedará limitado a que sólo se pueda ejercer cada seis años después de una elección presidencial, al impedirse que ello ocurra pasadas las elecciones intermedias, esto es, de convalidarse la reforma que se impugna, el contenido del artículo 41 constitucional no se podrá ejercer de forma plena, sino sólo de forma parcial por medio de los partidos políticos existentes, y no a través de más partidos políticos que se pudieran crear después de cada elección federal para contribuir a la representación nacional; y es que si se considera que sólo los partidos políticos existentes dan pleno cumplimiento al precepto constitucional aludido y que por ello no se viola el mismo, entonces se soslayará el derecho que por igual pueden ejercer los partidos políticos nuevos que los ciudadanos tienen derecho a crear para participar en la integración de la representación nacional en una elección presidencial, lo que es por demás inconstitucional. Además no debe olvidarse que antes de la reforma electoral, los partidos políticos sí podían constituirse cada tres años al término de las elecciones, lo cual generaba pleno cumplimiento al sistema plural de partidos, sin embargo, con la reforma no habrá manera, sino cada seis años, dado que para las elecciones presidenciales no podrán participar nuevos institutos políticos; entonces es de cuestionarse, ¿entonces la representación nacional sólo se pueda dar por medio de los partidos políticos existentes en las elecciones presidenciales y no con otros nuevos para esa misma elección?; ¿por qué el favoritismo evidente con truco político?; en consecuencia, resulta grave que a los ciudadanos se les impida ese derecho constitucional que tiene que ver con la libre asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país por conducto de nuevas representaciones políticas, con el derecho constitucional de ser votados a cargo de nuevas representaciones nacionales como opciones políticas, con el derecho democrático del sistema de partidos políticos, y sobre todo con el derecho soberano de los mexicanos de constituirse en una República representativa y democrática que se va materializando después de cada elección. Así que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, donde se tiene que estos poderes son representados por ciudadanos a través de partidos políticos, los cuales no se podrán crear después de las elecciones federales intermedias, entonces tenemos que se atenta en contra de tan importante principio de nuestra República; pues en efecto, no es dable que ello se cumpla sólo con los partidos políticos existentes, pues de ser así entonces la representación nacional que otorgan los partidos políticos quedará reducida únicamente a los partidos existentes, con lo cual no tendrá sentido alguno en nuestro sistema de partidos políticos que es abierto y plural, y que no prevé ni permite un sistema único bipartidario o tripartidario. En consecuencia, es evidente la violación al artículo 41 de la Constitución Federal , al transgredirse el derecho de los ciudadanos a la integración de la representación nacional en las lecciones federales presidenciales, por medio de nuevos partido (sic) políticos que contribuyan a la participación del pueblo en la vida democrática del país, así como a hacer posible el acceso al poder público. Así también, se violentan los artículos 51 y 56 de la Constitución Federal , toda vez que al impedirse la creación de nuevos partidos después de las elecciones intermedias, los ciudadanos en consecuencia estarán impedidos para integrar diferente representación nacional por medio de esos nuevos partidos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores; y esto es así, pues como quedó la reforma impugnada, los ciudadanos interesados en asociarse y tomar parte en los asuntos políticos del país para constituir nuevos partidos políticos, únicamente lo podrán hacer hasta después de pasada la elección presidencial, lo que quiere decir que sí podrán integrar representación nacional, pero sólo en la Cámara de Diputados en la respectiva elección intermedia; por lo tanto, surge una vez más cuestionamientos, ¿por qué si nuestro sistema de partidos políticos ordena que éstos, contribuyan a que los ciudadanos participen en la vida democrática del país, y a que hagan posible el acceso al poder público para que así se integre la representación nacional; se impide con la reforma que ello ocurra al término de una elección intermedia, lo que consecuentemente genera que no puedan participar en una elección presidencial?, por lo que de ahí que resulte totalmente inconsistente y amañada la reforma propuesta, que tiende a acotar nuestro sistema plural de partidos políticos y, por tanto, a concentrar la representación nacional únicamente en los partidos políticos existente (sic) durante una elección presidencial. Asimismo, otra consecuencia será que los ciudadanos entonces no podrán votar ni ser votados para ir a la Cámara de Diputados o de Senadores por medio de nuevos partidos políticos en una elección presidencial, lo que en consecuencia atenta en contra de tan importante principio democrático sobre el derecho a participar en la integración de la representación nacional; así que, como se puede observar, lo anterior es a todas luces inconstitucional, al no permitir se ejerza plenamente el sistema plural de partidos políticos, y el derecho de los ciudadanos para votar y ser votados en nuevas instituciones políticas. En efecto, de las disposiciones constitucionales transcritas, tenemos que la Carta Fundamental no establece restricción alguna para que los ciudadanos ejerzan su prerrogativa en la constitución de partidos políticos, de donde resulta que en todo tiempo los ciudadanos gozan de la prerrogativa constitucional, sin estar sujeta para su ejercicio, a la existencia de plazo o condición alguna de carácter suspensivo, que les impida la conformación de partidos políticos. Esta teleología de las disposiciones constitucionales no pueden ser entendidas de otra manera, bajo una interpretación sistemática del artículo 1o. constitucional, en cuanto señala que todo individuo goza de las garantías que otorga la misma, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece; por tanto, si de las disposiciones constitucionales no se desprende restricción alguna para que los ciudadanos constituyan partidos políticos, toda restricción formulada por acto de autoridad, ya sea legislativa, ejecutiva o jurisdiccional que la contradiga, debe considerarse indudablemente inconstitucional. Los actos legislativos, formal y materialmente se concretan a través de la expedición o elaboración de las leyes que para mantener base constitucional deben respetar los lineamientos señalados por la Carta Fundamental (sic) en ese sentido al restringirlos o someterlos a plazo o condición alguna, representan un menoscabo de los derechos constitucionales, ya que no tienen sustento o base en la Norma Fundamental, siendo por ello incuestionablemente inconstitucionales. En este sentido si el actual artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , restringe la constitución de partidos políticos, exclusivamente en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial, y partiendo de la base de que las elecciones presidenciales ocurren cada seis años para la renovación del Poder Ejecutivo, resulta en consecuencia que sólo los ciudadanos pueden constituir partidos políticos cada seis años en el año siguiente al de la elección presidencial, lo que sin duda representa una restricción a las prerrogativas otorgadas por la Constitución Federal , resultando en consecuencia, inconstitucional esta disposición legislativa. A mayor abundamiento, como se señaló en párrafos que anteceden, el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de nuestra Norma Fundamental, establece que los partidos políticos son el medio a través del cual la ciudadanía accede al poder político en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en el caso de este último la renovación total de la Cámara de Senadores se da cada seis años en donde coincide la elección presidencial y la elección de diputados. Y sin embargo, la Cámara de Diputados se renueva en su totalidad cada tres años, por lo que de mantenerse la disposición que se controvierte por vía de la presente acción se imposibilita que el pueblo, mediante la creación de nuevos partidos políticos, pueda acceder a la representación después de cada elección intermedia. Más aún en los hechos, la norma secundaria que se controvierte, en todo caso establece un monopolio partidista para que únicamente las fuerzas políticas mayoritarias puedan acceder a la Cámara de Diputados después de cada elección intermedia, mas no así las nuevas fuerzas políticas. Como complemento a nuestras disposiciones constitucionales, el artículo 133 de nuestra Carta Magna (sic) señala que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión. En este entendido, la restricción de las prerrogativas del ciudadano formuladas por el artículo 28, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , también transgrede los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entró en vigor el 10 de diciembre de 1948. En el caso de las declaraciones y proclamaciones, éstas no dependen de la ratificación de los países. Se asume que los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos internacionales suscriben dichas declaraciones, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A (iii) (sic) del 10 de diciembre de 1948, y que conforme al artículo 133 constitucional, que establece que todos

    os tratados que estén de acuerdo con la Constitución celebrados y que se celebren por el presidente de la República será la Ley Suprema de toda la Unión. Esta transgresión se deriva en cuanto a que el pacto internacional en las disposiciones invocadas expresamente establece: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). De una interpretación sistemática de las disposiciones del pacto internacional invocadas, se advierte que todo ser humano tiene el derecho y la libertad de asociarse pacíficamente para participar en el gobierno de su país, teniendo el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la funciones públicas, sin establecer plazo o condición alguna para que el derecho se ejerza, siendo permanente e incondicionado el derecho humano para acceder al poder público, utilizando los medios o instrumentos señalados en las legislaciones de cada Estado miembro, que de ninguna manera podrán suspender o restringir el ejercicio concedido por el instrumento internacional, condicionándolo a plazo o condición alguna, por no establecerlo el propio instrumento internacional. No obstante la libertad para acceder al poder público como derecho humano reconocido por el instrumento internacional en las disposiciones invocadas, la legislación electoral del Estado mexicano que restringe o suspende el ejercicio de asociación libre para participar en el ejercicio del poder público en la constitución de partidos políticos, sujetando al plazo de 6 años para la constitución de los mismos, resulta indiscutiblemente transgresora de las disposiciones invocadas del instrumento internacional. Si bien es cierto que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son normas de carácter federal dentro del sistema jurídico nacional, estas disposiciones jerárquicamente están por debajo de los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, lo que se desprende de la jurisprudencia sentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto señala que: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES, INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). De todo lo anterior se desprende que el artículo 28, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debe ser declarado inconstitucional por las razones antes expuestas. Segundo concepto de invalidez sobre el régimen de coaliciones por violaciones a los principios de libre participación política, de asociación política, de certeza como principio en materia electoral, así como de no retroactividad en perjuicio de derechos adquiridos. Nuestra causa de pedir es la invalidez del artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que en lo conducente dicen: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). Esta norma se estima inconstitucional porque coarta los principios de libre participación política, de asociación política y de certeza en materia electoral de los partidos, al momento mismo de desvirtuar la naturaleza jurídica y alcances de la figura de coalición electoral que como tal, ha sido definida ya incluso judicialmente por los máximos tribunales de este país, siendo uno de ellos precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación máxima autoridad en la materia, como a continuación se acreditará; por lo que de ahí que si la reforma electoral atenta en contra de tales principios y sobre todo del de certeza establecido en el artículo 41 constitucional, al definir de ahora en adelante una coalición que no tiene nada que ver con la misma en sí, dado que más bien con la reforma se determinó una candidatura común, entonces es que este H. Tribunal Constitucional deberá de pronunciarse al respecto de modo que genere certeza a los partidos políticos sobre lo que en términos reales representa una coalición; y de que como con la reforma se vulnera el principio de certeza electoral dado que las coaliciones propiamente quedaron extintas para más bien crearse la figura de candidatura común; puesto que al desaparecer estrictamente -(la figura legal de coalición)- se generó en consecuencia la pérdida de una serie de derechos, como lo es de la libre asociación para participar en tal modalidad, donde anteriormente al formarse una coalición, tal sociedad de partidos adquiría la calidad de un ente político que postulaba una plataforma electoral así como a los mismos candidatos, que después de los resultados electorales repartía porcentajes de votación según su convenio, y que al final repercutía en el derecho de los partidos al reparto de asignación de diputados o senadores bajo el sistema de R.P.; e incluso en los propios recursos por concepto de financiamiento, entre otros beneficios; por tanto, al dejar de existir propiamente las coaliciones, para que en términos reales se convengan candidaturas comunes conforme a lo ahora estipulado en la reforma, ello es violatorio del principio electoral de certeza, al seguirse denominando coalición a lo que no es una coalición como se constatará, y que se insiste, en consecuencia ha generado la pérdida de una serie de derechos adquiridos que se tenían bajo dicha modalidad, por lo que hay una clara retroactividad en perjuicio de esos derechos. Al respecto para ilustrar acerca de lo que se ha definido como coalición, es necesario citar las siguientes tesis aplicables, para efecto de analizar la naturaleza y significado de una coalición; tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se reproducen y que dicen lo siguiente: ‘COALICIONES. SE DIFERENCIAN POR SU NOMBRE Y, PREPONDERANTEMENTE, POR SU EMBLEMA Y COLORES.’ (se transcribe y se citan precedentes). ‘EMBLEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. CONCEPTO.’ (se transcribe y se citan precedentes). ‘EMBLEMA DE UN PARTIDO POLÍTICO. SU OBJETO JURÍDICO.’ (se transcribe y se citan precedentes). ‘EMBLEMA. SU OBJETO JURÍDICO NO CAMBIA RESPECTO DE UNA COALICIÓN.’ (se transcribe y se citan precedentes). ‘EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EN LA BOLETA ELECTORAL DEBEN APARECER CON UN TAMAÑO PROPORCIONAL Y EN UN ESPACIO DE LAS MISMAS DIMENSIONES AL DE LOS DEMÁS.’ (se transcribe y se citan precedentes). ‘COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL.’ (se transcribe y se citan precedentes). En consecuencia Usías, es totalmente acreditable que la reforma atenta en contra del principio de certeza electoral, al determinar como figura de coalición lo que no es una coalición, y que más bien como ya se anotó, es una candidatura común, la cual tiene muy, pero muy diversa naturaleza jurídica, como queda demostrado de las tesis citadas. Pues en efecto, la candidatura común, por su parte, implica que una misma persona pueda ser candidato de uno o más partidos políticos sin la necesidad de que exista una coalición electoral (es decir, un convenio donde se establezcan programas y principios de los participantes en los comicios, y porcentajes de distribución de financiamiento, votos y espacios en los órganos legislativos una vez que la coalición termine con el plazo para la que se construyó); en consecuencia, esta reforma resulta inconstitucional porque en realidad desaparece la figura de la coalición, lo que implica en todo caso la pérdida de amplios derechos que se tenían, como lo es la libertad misma de los partidos políticos para asociarse bajo dicha modalidad, lo que es del todo violatorio del artículo 9o. constitucional, así como del 14 al estarse afectando de forma retroactiva derechos con los que contaban los partidos antes de la reforma. Aunado a que es evidente la violación al principio de certeza electoral, puesto que se pretende hacer creer que habrá coaliciones cuando en realidad no lo son. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la candidatura común es una figura política más laxa: que no tiene el grado de compromiso político y programático que la coalición y, por tanto, los partidos políticos que van en candidatura común siguen actuando sin ninguna limitante como tales, en tanto que en la coalición los partidos que la suscriben pactan de manera libre su unión electoral para actuar como un solo partido político durante el tiempo de la contienda, por esa razón tienen un mismo emblema y una sola plataforma electoral y postulan los mismos candidatos, si así lo estiman conveniente. Y al momento que concluye su función según lo estipulado por las partes, los activos políticos que logran en el proceso electoral, se distribuyen según lo acordado por esta asociación política temporal. Además una coalición puede tener un emblema que la identifique plenamente del resto de los partidos políticos u otras coaliciones, mientras que en la candidatura común no, pues cada partido compite por sí mismo con su emblema respectivo compartiendo solamente a un candidato, esto es, el emblema es una competencia electoral que resulta del todo relevante, dado que tiene como finalidad caracterizar y diferenciar a un partido político o coalición con respecto a otros y permitir al ciudadano -elector- distinguir claramente las opciones para votar de manera informada y conciente con la certeza de las opciones que participan en un proceso eleccionario. Por lo tanto, la importancia de los emblemas en las coaliciones, según las tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se reproducen en este concepto de invalidez de la presente acción de inconstitucionalidad, es la siguiente: 1. Las coaliciones para diferenciarse y brindar certeza al electorado requieren tener un emblema que las caracterice y las distinga de las demás coaliciones o partidos. El emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, por el principio de la voluntad de las partes que rige la libertad política de los partidos. Por tanto, al eliminarse está (sic) posibilidad en la norma impugnada del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, se vulnera y se infringe el principio de certeza consagrado en el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental y la libertad política de integrar la representación política conforme a la libertad de asociación. 2. Los emblemas permiten a las coaliciones penetrar y arraigar en la conciencia ciudadana para alcanzar los altos fines que la Constitución les confirió a los partidos políticos. Al ser reconocidas las coaliciones por el electorado, en su calidad de alianza temporal de partidos políticos, por medio de una identidad común clara y visible, pueden promover de mejor manera la participación del pueblo en la vida democrática contribuyendo así a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se conforma el sistema electoral. La prohibición que establece el artículo 95, numeral 9, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales a que las ‘coaliciones’ concurran a los comicios con un emblema único y que las identifique, en consecuencia, viola el artículo 41 de la Constitución Política de la República en su fracción I. Luego entonces, el precepto tildado de inconstitucional, es violatorio de los principios de certeza electoral al determinar una coalición con distinta figura legal que no corresponde a lo ya definido como tal; así como de la garantía y derecho político o la libre asociación, dado que impiden que los partidos políticos se coaliguen realmente conforme a la esencia que corresponde. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido de la reforma, debemos partir del supuesto que el artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , pretende suplantar la figura de la candidatura común con la de las coaliciones, retomando el nombre de éstas y desnaturalizando el propósito esencial de las coaliciones electorales que es la suma de fuerzas partidistas para actuar como un solo partido en un proceso electoral bajo un mismo programa y plataforma de principios y con base en candidatos, emblema y estrategia compartida, a partir de los principios constitucionales de la libertad política de los partidos. Por lo que si ello es así surge además de todo lo dicho, una clara violación retroactiva de derechos adquiridos que tenían anteriormente los partidos políticos, lo que es en todo caso violatorio del artículo 14 constitucional, pues en efecto, resulta atentatorio del principio de no retroactividad en perjuicio de derechos adquiridos, la reforma que se impugna, al cancelar prácticamente el derecho de coalición de los partidos políticos que generaba una serie de beneficios a los mismos, derivados del buen resultado electoral proporcionado por los ciudadanos electores, quienes en todo momento tenían la plena libertad de avalar o no una alianza entre partidos, de modo que esta (sic) contribuyera quizá de forma mayoritaria a la integración de la representación nacional; por lo que dados los alcances de la reforma, queda claro que la libre asociación de partidos bajo esa modalidad se pierde. Cabe decir que la libertad que tienen los partidos en un régimen de coaliciones, a partir de un Estado democrático de derecho, genera que se promueva por diferente vía, la participación del pueblo en la vida democrática y que a su vez se contribuya a la integración de la representación nacional; y esto es así, al generarse la posibilidad de darse a los ciudadanos una diversa opción política que, en su caso, puede ser atractiva al estar propuesta por dos o más partidos políticos mediante una coalición de partidos precisamente, sin embargo, con la espuria reforma ello ya no podrá ser, y los ciudadanos tendrán que limitarse únicamente a elegir de forma individual a uno u otro partido político; lo que evidentemente afecta los principios constitucionales de certeza, de libre asociación y de la no retroactividad en perjuicio de los derechos adquiridos. En conclusión, la ley no debe prohibir las coaliciones, pues si lo hace, es una restricción inconstitucional que afecta la libertad de participación y asociación política de los partidos. Por lo anteriormente expuesto, queda debidamente demostrado que los artículos 28, primer párrafo y 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales afectan derechos constitucionales; por lo tanto, solicitamos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare su invalidez por los motivos acreditados, y que asimismo se declare la invalidez de las normas que sean dependientes de dichas normas impugnadas. Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA.’ (se transcribe y se cita precedente). Petición de interpretación conforme. Ahora bien, en caso de que este Alto Tribunal (sic) estime que esta causa de pedir es insuficiente para invalidar las normas, solicitamos se tenga a bien realizar una interpretación conforme a los numerales que aquí se cuestionan, a efecto de que determine que las normas recurridas se interpreten en el sentido de que, con la imposibilidad de crearse partidos políticos sino hasta después cada seis años, ello afectará el sistema plural de partidos políticos que impera en la República, y que la nueva modalidad del régimen de coaliciones determinado, transgrede el principio de certeza electoral al no configurarse realmente una coalición, sino una candidatura común, así como el derecho a la libre asociación de cada partido para conformar una alianza electoral mediante la esencia real de una coalición. Pruebas. 1. La documental pública, consistente en copia del texto del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero del año en curso, cuarta sección, emitido por la Secretaría de Gobernación, que contiene el decreto mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y abrogan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. Prueba que se ofrece en los referidos términos y que por ser público y notorio, se constata de forma plena. 2. Las documentales públicas consistentes (sic) la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, mediante la cual hace constar nuestra personalidad como presidente y vicepresidente respectivamente del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata. 3. Estatutos de Alternativa Socialdemócrata antes de ser reformados (pero vigentes respecto de las atribuciones de los órganos de dirección) certificados por el Lic. Manuel López Bernal, en su calidad de secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, ello con la finalidad de acreditar nuestra capacidad de representación legal del mismo, así como los nuevos estatutos de nuestro partido, que en sus artículos transitorios determinan la vigencia de las facultades de los actuales órganos de dirección como lo es el Comité Ejecutivo Federado. 4. Estatutos nuevos de Alternativa Socialdemócrata, partido político nacional, certificados por el Lic. Manuel López Bernal, en su calidad de secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral. 5. Reglamento del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata, certificado por el Lic. Manuel López Bernal, en su calidad de secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Medios de prueba que se relacionan con todos y cada uno de los antecedentes y conceptos de violación contenidos en el presente escrito. Por lo antes expuesto y fundado, atentamente solicitamos: Primero. Tener por reconocida la personalidad de quienes suscribimos, asimismo, tener por designados y acreditados como delegados en el presente asunto a las personas mencionadas en el presente ocurso. Segundo. En su oportunidad, dar vista a las autoridades responsables para enterarlos de ésta y requerirlos para que rindan el informe a que se refiere el artículo 64 de la citada ley reglamentaria, desahogando el procedimiento respectivo dentro de sus causes legales. Tercero. Asimismo, declarar la acumulación a las acciones de inconstitucionalidad que contengan identidad en las normas que en la presente se impugnan, ello de conformidad con el artículo 69 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Cuarto. Dictar resolución, declarando la invalidez del decreto impugnado, ante la falta de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ."

  2. Partido Verde Ecologista de México.

    "Jorge Emilio González Martínez, en mi calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, cuyo registro partidario y personalidad con que me ostento, acredito en términos de las certificaciones expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, de fechas veintidós de enero y treinta y uno de enero del año dos mil siete, respectivamente, de conformidad con las facultades de representación que me confiere el artículo 22, fracción III, inciso I), de los estatutos del partido, como se demuestra en la página 62, primera sección del Diario Oficial de fecha 6 de junio de 2005, que se anexa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, el ubicado en Loma Bonita número 18, colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad; además; que por medio del presente escrito vengo a interponer acción de inconstitucionalidad en contra de diversos ordenamientos contenidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , designo como delegados para que formulen promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, presenten alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley, a los C.C. Licenciados Arturo Escobar y Vega, Jorge Legorreta Ordorica, Jorge Herrera Martínez, Fernando Garibay Palomino, Eduardo Aubry de Casto Palomino, Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, Zuly Feria Valencia y Jaime Piñón Valdivia, ante ustedes respetuosamente comparezco a exponer. Que con fundamento en los artículos 104, fracción IV, 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 1o., 10, fracciones I y II, en relación con el 59, 60, 62, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y los artículos 1o. y 10, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ; por este medio, vengo a nombre del Partido Verde Ecologista de México a promover acción de inconstitucionalidad, pidiendo la intervención del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como único intérprete de la Constitución General de la República, en relación a la expedición, promulgación y publicación, de las modificaciones y adiciones a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en los términos que a continuación se expresan; por lo que en cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la ley reglamentaria en cita, además de los ya expresados, manifiesto los siguientes: I. Actor. Partido Verde Ecologista de México, promoviendo en su nombre y representación, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. II. Órganos legislativos y ejecutivo, que intervinieron en la emisión y promulgación de las normas constitucionales impugnadas: A. Lo es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las honorables Cámaras de Diputados y Senadores, como autoridad que emite el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, en México, Distrito Federal, y en la calle de Xicoténcatl número 9, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, respectivamente; como autoridades que abrogan también el código de la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. B. Lo es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para promulgar y publicar los decretos que emita el honorable Congreso de la Unión, como en el caso, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en el Diario Oficial de la Federación (cuarta sección) de fecha 14 de enero de 2008, con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos, domicilio conocido en esta ciudad capital. C. Lo es el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, así como el titular del Diario Oficial de la Federación, quienes tienen su domicilio en la Secretaría de Gobernación, calle de Bucareli número 99, colonia Juárez y en Río Amazonas número 62, colonia Cuauhtémoc, respectivamente, ambos en la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, Distrito Federal. III. Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ; así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de enero de 2008. IV. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Lo son los artículos 6o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II y III, 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V, 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 116, 124, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , así como la Ley para la Reforma del Estado. Lo anterior se sustenta en los siguientes: Antecedentes. 1. El trece de abril del año dos mil siete se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Reforma del Estado, cuyo objeto precisado en el artículo 1o., es el de ‘establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano’. Constituyendo para tal fin, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la Reforma del Estado mexicano, quedando integrada por los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de cada una de las Cámaras, así como de manera optativa en cuanto a su participación, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación. Dicha comisión cuenta dentro de sus atribuciones, con la de ‘promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que siga el proceso constitucional respectivo’. Los acuerdos de la reforma del Estado, de conformidad con la ley, deben de ser producto del máximo consenso posible. Señalando como etapas del proceso de negociación y construcción de acuerdos: 1) Presentación de propuestas, 2) Consulta pública, 3) Negociación y construcción de acuerdos, 4) Redacción de los proyectos y 5) Aprobación, firma y presentación de iniciativas. Destacando dentro de los temas, sobre los que debía pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales, el de la democracia y el sistema electoral. 2. Presuntamente, como producto de lo anterior, el jueves 29 de noviembre de 2007, en reunión plenaria de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, realizada en las instalaciones de la Cámara de Diputados, se acordó presentar ante el Senado de la República, como Cámara de Origen la iniciativa de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . La iniciativa en comento fue dictaminada y aprobada por el Pleno del Senado de la República, el cinco de diciembre del año dos mil siete y enviada a la colegisladora, quien la aprobó en la sesión correspondiente al once de diciembre del mismo año. 3. Siendo el catorce de enero del año dos mil ocho cuando se publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación, sin cumplir con la inmediatez que debe existir entre la aprobación y promulgación de una ley, motivos por los cuales se formula la presente acción de inconstitucionalidad, esgrimiendo los conceptos de invalidez que a continuación se precisan, y cuya resolución en ese sentido se demanda de ese honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Procedencia de la acción de inconstitucionalidad. La presente vía es procedente esencialmente, porque la actividad del Poder Constituyente Permanente violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales o valores supremos del Estado social-democrático de derecho de nuestra Ley Fundamental. En efecto, nuestro régimen constitucional tiene como base o estructura inalienable los principios dogmáticos o directrices que se dio el pueblo de México a través de su Congreso Constituyente y, en ese sentido, el Poder Constituyente Permanente regulado en el artículo 135 de la Constitución General de la República, puede modificar o adicionar el texto mas no está autorizado para violentar los principios supremos que estableció el Constituyente. Lo anterior es así, ya que de otra forma la soberanía que radica originaria y esencialmente en el pueblo, sería vulnerada y no se puede dejar pasar que el único autorizado por nuestra Carta Magna para modificar la voluntad popular es el propio pueblo. Sobre el particular se debe destacar que la doctrina del derecho constitucional ha sustentado que las Constituciones deben adaptar sus aspectos específicos a la realidad social, pero siempre respetando los principios y valores de la propia Ley Suprema. En este orden de ideas, para respetar el propio régimen constitucional las leyes que de ella emanen, deben ser acordes a los principios democráticos del régimen de que se trate. No es menor la apreciación en el sentido de que a través de las últimas décadas, en muy diversas naciones democráticas, ante la eventualidad de que se pretenda modificar la Constitución, solamente es posible que esto tenga verificativo cuando se refiere a alguna decisión jurídico-político fundamental, sí y sólo mediante consulta al pueblo. En el caso que nos ocupa, esto se violentado (sic) por el Poder Constituyente Permanente de los tres partidos mayoritarios. Vulnerando los fundamentos establecidos por los artículos 35, 39 y 41 de nuestra Carta Magna. Violaciones desde luego que son en agravio de los ciudadanos y de los partidos políticos, como es nuestro caso, tienen la característica en nuestro régimen democrático de derecho, de ser partidos emergentes y, por lo tanto, en nuestro régimen pluripartidista resultan vulnerados per se, en el entendido de que con su conculcación también se vulnera el propio régimen pluripartidista para convertirlo, de facto, en un régimen corporativo que limita la participación ciudadana y las diversas ideologías. La serie de infracciones a nuestro régimen constitucional, en agravio de la ciudadanía, hallan sustento en el artículo 35 de la Ley Fundamental, y en el artículo 41, la doctrina mexicana ha sido prolífica sobre el particular, dentro de los distinguidos tratadistas que han sostenido la tesis en el sentido de que el Poder Constituyente Permanente está acotado destacan, por tan sólo citar a algunos de ellos José María del Castillo Velasco; Emilio O. Rabasa, Luis Felipe Canudas Oreza y Guilebaldo Murillo por lo que hace a los siglos XIX y XX. De forma muy destacada debemos aludir al ilustre constitucionalista Felipe Tena Ramírez, quien nos dice que por vía de reforma o adición, en efecto nada escapa a la competencia del Poder Constituyente Permanente (y aquí viene la limitante), con tal de que subsista el régimen constitucional que aparece integrado por aquellos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. De acuerdo con lo anterior, don Felipe Tena Ramírez participa con toda convicción de la tesis en el sentido de que, para que subsista el régimen constitucional no pueden ni deben modificarse, ni tampoco atentar contra aquellos principios que la conciencia histórica y del país y de la época considere esenciales para que exista una Constitución. De lo anterior se concluye que, en el caso que nos ocupa, los principios de libertad de asociación, equidad electoral, democracia representativa, democracia deliberativa, pluripartidismo y libertad de expresión, por tratarse de principios de la conciencia histórica del país y de la época, se consideran esenciales para que existan leyes emanadas de una Constitución; éstos no pueden ni deben ser vulnerados por el Poder Constituyente Permanente como en la especie en efecto ocurrió con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . En ese sentido, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencial (sic): ‘Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, junio de 2002. Página: 81. Tesis: P./J. 25/2002. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación.’. Por lo anteriormente expuesto y en atención a la procedibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, procedo respetuosamente a describir los conceptos de invalidez correspondientes: Primer concepto de invalidez. Violación al procedimiento legislativo, establecido

    en la Ley para la Reforma del Estado. Norma general cuya invalidez se reclama. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del año en curso, mediante el cual se expide el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990, así como sus reformas y adiciones. La norma general cuya invalidez se demanda, vulnera los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 41, fracción I, párrafo segundo, y fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , por las siguientes consideraciones: Los preceptos constitucionales que se estiman violados establecen: ‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...’. De la lectura de la anterior trascripción se advierte, que entre las diversas garantías que contiene el artículo 14 de la Constitución Federal , destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa, que constituye una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de cualquier acto de autoridad cumplan con una serie de requisitos necesarios como (sic) conocidos como formalidades esenciales del procedimiento. La ley combatida debe considerarse como un acto arbitrario y anárquico, porque en el procedimiento que debió seguir, no se observaron las formalidades que la propia Constitución y la Ley para la Reforma del Estado establecen. Ello es así, porque todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas, mismas que deberán desarrollarse con estricto apego, vulnerando los principios de certeza, de legalidad y de seguridad jurídica y, por ende, que no se cumpla con la garantía contenida en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, afirmamos que en la aprobación y promulgación del decreto que contiene el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , existen vicios de carácter formal, que hacen que exista una violación a las leyes del procedimiento y, por tanto, a la garantía constitucional contenida en el artículo 14, por las siguientes razones: Si bien las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores manifiestan haber turnado iniciativa con proyecto de decreto suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, es falso que los partidos políticos y grupos parlamentarios representados en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión hayamos arribado a un amplio consenso. Como ya se expresó, la Ley para la Reforma del Estado promulgada el trece de abril del presente año, en su artículo 1o. señala que el objeto de la misma es establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano, y en su artículo 8o. precisa que para que la comisión ejecutiva y las subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse las dos terceras partes de sus miembros, que las decisiones y acuerdos se tomarán por el máximo consenso posible de los presentes, lo cual en el caso que nos ocupa, no se cumplió. Asimismo, en su artículo 9o. del ordenamiento legal invocado, establece que el proceso de negociación y construcción de acuerdos para la reforma del Estado constará de las siguientes etapas: I. Presentación de propuestas; II. Consulta pública; III. Negociación y Construcción de Acuerdos; IV. Redacción de los proyectos; y, V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas. De los preceptos legales anteriormente señalados, se desprende con meridiana claridad que para que se diese cumplimiento a la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, era necesario haber sometido a la consideración de los integrantes de la comisión ejecutiva el proyecto de iniciativa para su aprobación, firma y posterior presentación, sin embargo, con ello no se cumplió. Así también, se alteró el procedimiento señalado en el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, que establece en la fracción II del artículo 7o. el derecho y obligación de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las mismas sesiones o reuniones de trabajo de la comisión ejecutiva, privándonos del derecho de igualdad en la discusión y aprobación de la ley que ahora se impugna. No omitiendo señalar que el procedimiento legislativo que se menciona, se encuentra viciado de origen, como se verá a continuación: El proyecto de dictamen de fecha 5 de septiembre del año 2007 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores que anexé en copia certificada a la diversa acción de inconstitucionalidad 168/2007, el cual hago consistir en que de dicha documental se reconoce que fue turnada iniciativa con proyecto de decreto presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PT que la suscribieron, en el último día de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo cual es evidente constituye una violación al artículo 135 de la Constitución Federal , puesto que dicho precepto constitucional no faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para conocer de iniciativas de reformas a la Constitución, ya que únicamente la faculta para hacer el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, por lo tanto, si la reforma constitucional emana de un procedimiento que originalmente es considerado inconstitucional se conculca en perjuicio del partido político que represento el artículo 14 de la Carta Magna. Abundando en lo anterior, se conculca a su vez la Ley para la Reforma del Estado, puesto que en dicho ordenamiento legal se estableció un procedimiento según se señala en la fracción IV del artículo 4o. para ‘Promover la presentación, ante la Cámara de Diputados y Senadores, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respetivo (sic)’, en el precepto citado no (sic) se faculta a los sujetos legitimados para promover la presentación de iniciativas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, por lo tanto, la iniciativa presentada el 31 de agosto del año 2007 por el senador Manlio Fabio Beltrones, a nombre propio y en representación de los senadores y diputados que la suscribieron con él, violaron la Ley para la Reforma del Estado y, en consecuencia, el procedimiento establecido en la fracción IV del artículo 4o. De lo anteriormente manifestado, se concluye que la reforma constitucional vulneró el proceso de creación de la propia reforma y, por consiguiente, a la ley secundaria, sirva de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia: Registro No. 193253. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, septiembre de 1999. Página: 12. Tesis: P. LXVI/99. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional. REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN. La improcedencia del juicio de garantías por ausencia de expresión de conceptos de violación se encuentra fundamentada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo , siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este último dispositivo no exige formalidad alguna para plantear los argumentos de inconstitucionalidad en demandas de amparo indirecto, por ser suficiente para que el Juez de Distrito deba estudiados (sic), que el quejoso exprese con claridad la causa de pedir, consistente en la lesión o agravio que estima le produce el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que lo originaron, aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo. En consecuencia, cuando se impugne en amparo el proceso de reforma constitucional, basta que el quejoso exponga las razones por las cuales considera que dicho acto es contrario a las garantías individuales, para estimar satisfecho el requisito de expresión de conceptos de violación, sin que le sea exigible que sólo señale transgresiones al artículo 135 de la Constitución, porque el contenido de dicho dispositivo sólo consagra el procedimiento para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la propia Carta Magna, mas en parte alguna del precepto se establece que en el ejercicio de los medios de control constitucional deban argumentarse únicamente violaciones que incidan directamente con el citado procedimiento. Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXVI/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Nota: El criterio contenido en esta tesis fue superado por la jurisprudencia P./J. 39/2002 del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: «PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1136.’. Ejecutoria: 1. Registro No. 6014. Asunto: Amparo en revisión 1334/98. Promovente: Manuel Camacho Solís. Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; X, noviembre de 1999; pág.489; votos particulares: 1. Registro No. 20011. Asunto: Amparo en revisión 1334/98. Promovente: Manuel Camacho Solís. Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; pág. 604. 2. Registro No. 20012. Asunto: Amparo en revisión 1334/98. Promovente: Manuel Camacho Solís. Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; pág. 607; a continuación, se reproducen en lo que interesa, los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos violentados: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento. ...’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. ... Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público ... II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades ... V. ... En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.’. Todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley, de ahí la importancia que cobra el proceso legislativo, que es donde se crea el marco jurídico que garantiza el Estado de derecho. El Poder Legislativo aprueba leyes, el Poder Ejecutivo las promulga y las publica y es el debido cumplimiento del proceso que esto conlleva, lo que le da certeza a dicho proceso, lo contrario como es el caso, vulnera el principio de legalidad, que consagra el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo antes expuesto y fundado en el presente concepto de violación, solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de la norma general impugnada, que se hace consistir en la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, del decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Segundo concepto de invalidez. Se vulnera la garantía de participar para votar y ser votado de que goza todo ciudadano. En la nueva ley que nos ocupa, se excluye la participación en la vida política de nuestro país, de las candidaturas ciudadanas, estableciendo expresamente que los mexicanos que no militan o simpatizan con algún partido político, no pueden intervenir en la vida nacional, entendiendo por esto, intervenir libremente para

    su postulación a un puesto de elección popular, votar y ser votado, conculcando en su perjuicio los derechos que le son inalienables. Dentro del aprobado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , no se encuentra prevista la candidatura ciudadana, por lo que se debe otorgar tal posibilidad, de lo contrario, resulta inconstitucional dicho cuerpo normativo. Lo anterior es así, porque en nuestra Carta Magna, el poder ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional y de configuración legal, tal como lo reconoce la doctrina judicial nacional (TEPJF: SUP-JDC-037/2001 y SUP-RAP027/2003) e internacional (CEDH: Gitanas y otros v. Grecia, 1 de julio de 1997; Podkolzina v. Letonia, 9 de abril de 2002; Hirst v. The United Kingdom, 6 de octubre de 2005). Es la reserva de ley, según la fracción II del artículo 35 de la Constitución, la que define las ‘calidades’ para poder ser votado (TEPJF: SUP-RAP-40/2004). Ese es el núcleo fundamental: las ‘calidades’ que se pueden exigir para poder participar y ser electo como representante popular. Ello significa que el derecho a ser votado puede ser desarrollado por el legislador ordinario, en la medida en que no afecte su contenido esencial. No es un derecho absoluto por el principio de ‘sociedad democrática’ que delimita los derechos políticos fundamentales (TEPJF: SUP-JRC-128/2001 y SUP-JDC-117/2001), por lo que el punto a discutir será siempre si las calidades impuestas por la ley son irrazonables, discriminatorias, desproporciónales o que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial tutelado o hagan nugatorio el ejercicio de este derecho. Este derecho fundamental no sólo implica el reconocimiento de un poder del ciudadano cuyo ejercicio se deja a su libre decisión, sino que también entraña una facultad cuya realización está sujeta a condiciones de igualdad, a fin de que todos los ciudadanos gocen de las mismas oportunidades. Es por un lado, la libertad negativa que impide intervenir indebidamente en la esfera de participar en la lucha del poder, pero también implica la libertad positiva que tiene por objeto imponer prestaciones positivas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones: la libertad de ser electo implica, invariablemente, que todo el que pretenda el cargo público debe contar con la oportunidad equitativa de impacto e influencia para alcanzar el poder. Es por ello que el ejercicio de las garantías y libertades (informarse, expresarse, asociarse, etc.) que se ejercen para obtener un cargo de elección popular (el poder de buscar la candidatura y el voto de la mayoría), se encuentran supeditadas a los principios de la participación del pueblo en la vida democrática y el acceso al poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Este derecho a ser electo, arropado por la Constitución General de la República, como parte del derecho a participar en la conformación de la voluntad popular y estatal, se complementa con diversas normas del sistema universal e interamericano de derechos humanos, aplicables al sistema jurídico mexicano. Por un lado, la posibilidad de ser votado se funda en el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 1. Se establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; además, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto, en donde en el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades políticas se sujeta únicamente a las limitaciones establecidas en la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 2. Se establece, asimismo, que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones prohibidas y sin (sic) restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: (I) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; (II) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; (III) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Este derecho a ser electo, por tanto, se disfrutará sin distinción alguna de raza, color, sexo, artículos 21, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2 (sic) Artículos 21, párrafos 1, 2 y 3; 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En consecuencia, no se pueden establecer normas que de manera irracional impiden el libre ejercicio del derecho a poder ser votado. En este sentido, al no permitirse las candidaturas ciudadanas, se afecta la libre participación de los ciudadanos en la política, ya que resulta innecesaria todo tipo de limitación, porque no se demuestra ningún bien jurídico a tutelar. En todos los países democráticos existe la libre participación de los ciudadanos, que les permite, fieles a sus convicciones, participar en la construcción democrática, mediante su postulación, sin cortapisa alguna, sin tener que permanecer a (sic) grupos o partidos que han cambiado su orientación de modo inaceptable para ellos. Los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que son parte del derecho interno, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución General de la República, en particular con el artículo 25 del pacto, esta norma se reproduce en el artículo 23, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de San José’, que señala que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores; y, c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. En el párrafo 2 del mismo artículo se establece que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere en el párrafo anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por Juez competente en proceso penal. En el artículo 30 de la invocada convención se establece que las restricciones permitidas, de acuerdo con la misma convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. En el artículo 32 se establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la interpretación que de los mismos han hecho los órganos encargados de su aplicación. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 25 que: ‘Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2o. (sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social) y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.’. Por su parte, en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: ‘1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por Juez competente, en proceso penal.’. En opinión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento del mencionado pacto internacional, cualquiera que sean las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos político-electorales ‘deberán basarse en criterios objetivos y razonables’, toda vez que ‘el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. 4. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la aplicación e interpretación de la Convención Americana, ha estimado que: ‘La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos (consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana) no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.’. Por su parte, los artículos 29 y 30 de la Convención Americana establecen: ‘Artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.’. En conjunto, tal como ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia internacional, los derechos fundamentales de carácter político-electoral no son derechos absolutos o ilimitados, si

    o que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas, siempre que las mismas estén previstas en la legislación, no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Restricciones que deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales derechos y eviten suprimirlos o limitarlos en mayor medida que la permitida en la Constitución y en los propios tratados internacionales. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estimado que las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones para el ejercicio del derecho de voto pasivo que establezca la ley deben respetar el contenido esencial de este derecho fundamental previsto en la Constitución Federal , así como en la Constitución Local y en los tratados internacionales respectivos, y han de estar razonablemente armonizadas con otros principios o derechos fundamentales de igual jerarquía, como el principio de igualdad. En todo caso, tales requisitos o condiciones deben establecerse en favor del bien común o del interés general (como se prevé en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por México (-SUP-JDC-713/2004-). Por lo tanto, el restringir el derecho a ser votado por no formar parte de un partido político, afecta el libre ejercicio de ese derecho, porque impone una obligación al ciudadano de manera desproporcionada e irracional: Tener que pertenecer a un partido político para estar en condiciones de ser postulado a un cargo de elección popular. La norma que se cuestiona carece de razones y fundamentos suficientes de lesividad del sistema político que justifiquen la restricción de un derecho fundamental. Pues no prueba que exista un ataque concreto a bienes fundamentales de tipo individual o social en los que se base la democracia, tampoco se ve que prohibiendo tal circunstancia de participar como candidato ciudadano, sea útil e idóneo para evitar daños al sistema de partidos, la finalidad constitucional de la libertad política implica el derecho de todo ciudadano de participar en la política en la forma que desee. Ello es así, pues la norma en cuestión implica una violación al derecho de ser votado, porque obliga a los ciudadanos a pertenecer necesariamente a un partido político para ejercer sus derechos político-electorales. Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-695/2007 con relación al derecho constitucional de ser votado realizó las consideraciones siguientes, que son aplicables en lo conducente al concepto de invalidez planteado: ‘Esta Sala Superior ha considerado que el derecho político-electoral de ser votado es un derecho fundamental previsto y reconocido constitucionalmente, así como por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, razón por la cual la interpretación restrictiva debe hacerse únicamente en los supuestos previstos en la Constitución Federal , esto es, los derechos otorgados por la máxima ley se entienden enunciativamente, mientras que las restricciones solamente deben verse de forma limitativa.’. En este sentido, la interpretación lleva a aplicar lo dispuesto en el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Federal , por ser el precepto que maximiza y potencializa el ejercicio del derecho fundamental de ser votado, se corrobora si se acude al método de interpretación in dubio pro homine o pro libertate, que tiene como directriz favorecer a la libertad en caso de duda, esto es, implica considerar a la libertad como uno de los valores de la mayor importancia en un Estado de derecho, si se tiene en cuenta que los principios son las piezas más importantes del sistema jurídico, puesto que representa el poder en el campo de acción del individuo necesario para su desarrollo y autorrealización, lo cual redunda en beneficio de la sociedad, y como tal, constituye un freno al Poder del Estado para impedir los abusos de los gobernantes. Es por ello que en un Estado de derecho, la tendencia en los ordenamientos jurídicos y la interpretación jurídica apunta a lograr la mayor libertad posible en el ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados, de manera que el Juez debe resolver mediante la aplicación de la norma que mejor proteja la libertad, o que la haga posible en mayor medida. Semejante postulado descansa en la naturaleza de los derechos de carácter fundamental reconocidos por el ordenamiento, como zonas o espacios de inmunidad cuya finalidad es asegurar la libertad y seguridad jurídica de los individuos frente a los poderes públicos, y de manera particular respecto de los derechos de participación política, en especial el de sufragio en sus dos vertientes, -la de votar y ser votado- que constituyen la piedra angular de todo sistema democrático, pues permiten la necesaria conexión y eventual identificación entre el ciudadano y la autoridad, por lo que constituye un presupuesto indispensable garantizar, en principio, que todo ciudadano esté en aptitud de ejercer el derecho de sufragio en las elecciones populares que se celebren para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado mexicano, sean éstos federales, estatales o municipales, sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento o discapacidad. El ejercicio del poder político y el punto de partida para la legitimación de dicho poder, no puede atribuirse a unos cuantos, sino a todos los miembros del pueblo en común y del mismo modo, al encontrarse fundamentado el sistema democrático en la libertad y autodeterminación de cada uno de los individuos que conforman la comunidad, de ahí que tiene que tratarse de una libertad igual y de una autodeterminación para todos. De tal suerte, en sí mismo considerado, el ejercicio válido de un derecho de participación política no admite servir de base para que se impida su posterior ejercicio, porque desnaturalizaría su calidad de derecho de libertad y de autodeterminación, además de que se estaría imponiendo una carga con dicho ejercicio, lo que inhibiría su eficacia, con la consecuente enervación o menoscabo de su virtualidad como derecho de carácter fundamental. Por último, con la aprobación, promulgación y entrada en vigor del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se desconoce a los más de veinte millones de mexicanos que se encuentran fuera del ámbito de participación de los partidos políticos nacionales. Se pretende sustentar la validez de la exclusiva participación ciudadana, sólo a través de los partidos políticos, con el argumento de que con ello se propicia una equilibrada representación política de los mexicanos en las elecciones, no obstante, la representación que hoy tiene su expresión en los partidos políticos, nos la hemos dado los mexicanos, justo para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, por ello resulta absurdo y una falta de congruencia política, legislar para que ahora los derechos de los ciudadanos deban supeditarse, por ley, a los derechos y facultades de los partidos políticos. El interés público que tutela la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y por consiguiente las leyes secundarias que de ella emanan, no es el interés de los partidos políticos, sino de los ciudadanos que conforman nuestra nación. Con motivo de los razonamientos anteriormente expuestos, me permito llamar su atención sobre los siguientes preceptos constitucionales que contraviene el código en comento: 1. Los artículos 35, 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , disponen en lo que nos interesa: ‘Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país ...’. ‘Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.’. ‘Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’. ‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos ...’. ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política ...’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: I. ... II. ... IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral

    garantizarán que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia ...’. Interpretando los anteriores preceptos constitucionales, podemos razonar concluyentemente que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, entendido éste como el conjunto de ciudadanos mexicanos que tienen en todo tiempo el inalienable derecho de alterar su forma de gobierno. El Constituyente Mexicano de 1917 define en nuestro país la existencia de una forma de gobierno republicana, infiriendo que el pueblo soberano es quien renueva periódicamente al titular o a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la Federación y de los Estados. La disposición constitucional en comento, que convierte a la República Mexicana, en representativa, se traduce en el hecho de que es el pueblo quien elige, mediante los instrumentos político-electorales establecidos, a una o a un grupo de personas que tendrá la legítima representación popular. El código que se impugna, incumple con los principios básicos antes referidos, violando la esencia misma de la soberanía nacional, pues el decreto que le da origen rompe con el sistema jurídico electoral previsto en el artículo 41 constitucional, y con las prerrogativas del ciudadano, establecidas en el artículo 35, fracción II. Tercer concepto de invalidez. Se hace consistir en lo que se denomina en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , como coaliciones, porque con ello se vulneran los principios de libertad de asociación y participación política, consagrados en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . La causa de pedir se hace consistir en la invalidez del artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , como se verá a continuación: Se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , que independientemente del tipo de elección, convenio y términos que adopten los partidos políticos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; argumentando que los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos, para todos los efectos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Estas normas se estiman inconstitucionales, porque atentan contra la libertad de asociación, al no permitir que los partidos políticos libremente convengan su participación política en una elección, mediante la figura de la coalición, ya que le imponen a ésta, límites, prohibiciones y modalidades que van en contra del derecho fundamental de participación, asociación política y expresión del voto, trastocando los principios de seguridad jurídica y de certeza. Este derecho de asociación, según ha dispuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe interpretarse en forma extensiva para tutelar derechos fundamentales de los mexicanos, en consecuencia, las coaliciones deben tener la mayor libertad para que los partidos políticos que las integran definan sus alcances siendo sus fines lícitos en el marco del Estado democrático de derecho. El derecho de asociación es la base para la conformación de partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones electorales. Al respecto señala el mencionado tribunal en tesis relevante: ‘DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.’. Tercera Época. Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, partido político nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Noyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 27-28, Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 97-99. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, resulta contradictorio con el derecho a formar coaliciones, consagrado en el artículo 36, numeral 1, inciso e), del código electoral, como son fundamentalmente, la imposibilidad de que exista un emblema de la coalición que lo diferencie y distinga de los demás partidos y coaliciones; la imposibilidad de pactar la manera en que se distribuirán los votos, que sólo se justifica cuando se realiza con antelación a cualquier elección, pero de ninguna manera con posterioridad a la emisión del sufragio; el financiamiento y los espacios legislativos. En el artículo 41 constitucional, se establece que los partidos políticos, tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática y como organización de ciudadanos, contribuir a la integración de la representación nacional. Esto significa que los partidos tienen derecho a ejercer una libertad política para obtener el sufragio popular, que es la base de toda representación. Luego entonces, el derecho que tiene cada partido político a participar, se debe regir conforme a las libertades fundamentales que emanan de la Constitución, y si la ley establece la forma en que los partidos políticos pueden intervenir en los procesos electorales, esta reserva de ley tiene que sujetarse a los principios constitucionales que orientan las libertades y las finalidades de esas organizaciones de ciudadanos debidamente constituidas, por ello, el criterio que debe prevalecer, es el que toda regulación de la libertad política de participación y asociación de los partidos en el régimen de las coaliciones, se sustente en la voluntad de las partes, siempre y cuando ésta sea lícita y no afecte el derecho de terceros. La doctrina, la jurisprudencia y la costumbre señalan que se debe entender al convenio de coalición, como el acuerdo escrito de dos o más partidos políticos para unirse temporalmente durante un proceso electoral determinado, partiendo de una declaración de principios afines, de un programa de acción y de unos estatutos, con la intención de presentar ante los ciudadanos, mediante un emblema común, una plataforma electoral, un programa legislativo y de gobierno, tendientes a postular candidatos a los cargos de elección popular de que se trate, y determinando la manera como habrán de asignarse, de manera previa a la elección, los porcentajes correspondientes. En este sentido, el artículo 95, numerales 9 y 10, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pretende suplantar la figura de la candidatura común con la de las coaliciones, desnaturalizando su propósito esencial, que es la suma de fuerzas políticas, para actuar como un solo partido, en un proceso electoral determinado, con candidatos, emblema y estrategias compartidas. La candidatura común, por su parte, implica que una misma persona pueda ser candidato de uno o más partidos políticos sin la necesidad de que exista una coalición electoral (es decir, un convenio donde se establezcan programas y principios de los participantes en los comicios, y porcentajes de distribución de financiamiento, votos y espacios en los órganos legislativos); por consiguiente, esta nueva normatividad electoral resulta inconstitucional, porque en realidad desaparece la figura de la coalición para limitar, prohibir y restringir la autonomía de los partidos y la libertad del derecho de asociación para participar libremente en la integración de la representación nacional, al determinar que cada uno de ellos tenga que aparecer en la boleta electoral con su emblema, lo que propicia confusión entre el electorado y, por ende, la falta de certeza, amén de que se tengan que contabilizar independientemente los votos, pero con la salvedad de que si son cruzados ambos emblemas de los partidos coaligados, el voto es nulo, como lo establece el artículo 273, numeral 3, de la ley que se impugna. Por todo ello, es pertinente mencionar los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘COALICIONES. SE DIFERENCIAN POR SU NOMBRE Y, PREPONDERANTEMENTE, POR SU EMBLEMA Y COLORES. La interpretación funcional de los artículos 56, y 58 a 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de las disposiciones análogas, como las contenidas en los preceptos 27, párrafo 1, inciso a); 38, párrafo 1, inciso d); 59, párrafo 1, inciso d), y 63, párrafo 1, inciso e), del citado ordenamiento; y la aplicación de los principios rectores de la materia electoral, principalmente el de certeza, permiten arribar a la conclusión de que las coaliciones, al igual que los partidos políticos, se diferencian de otras coaliciones e institutos políticos, no únicamente por su nombre, sino también y de manera preponderante, por su emblema y color o colores. Lo anterior en virtud de que al crearse las normas que se analizan, se pretendió que fuese el conjunto de tales elementos y no sólo uno en particular, los que caracterizaran a una coalición, para que la ciudadanía la pudiese diferenciar del resto de los contendientes en el proceso electoral.’. Recurso de apelación. SUP-RAP-039/99. Coalición Alianza por México. 7 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Armando Ernesto Pérez Hurtado. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 103, Sala Superior, tesis S3EL 026/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 431-432. ‘EMBLEMA DE UN PARTIDO POLÍTICO. SU OBJETO JURÍDICO. De una interpretación sistemática y funcional del artículo 27, apartado 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , con el conjunto normativo del mismo ordenamiento, el emblema tiene por objeto caracterizar al partido político o la coalición con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales o de cualquier especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos, y aunque resulte factible que mediante un emblema se pueda identificar a una parte de un todo, como suele ocurrir en los casos de las marcas, o pudiera considerarse aceptable que se identifique individualmente a ciertos miembros de una persona moral, sean sus directivos, afiliad

    s, etcétera, en el ámbito positivo de la legislación electoral federal, el objetivo perseguido con el emblema es muy claro y muy concreto, y está consignado en la ley expresamente, de manera que la calidad representativa que le es inherente al concepto, debe encontrarse necesariamente en relación con la persona moral, el partido político nacional al que corresponda, o con el conjunto de éstos que se coaligan. Lo anterior se robustece si se atiende a que con la formación correcta y adecuada y el uso permanente y continuo del emblema por parte de los partidos políticos en sus diversas actividades y actos de presencia, puede constituir un importante factor para que dichos institutos penetren y arraiguen en la conciencia de la ciudadanía, y esto a su vez puede contribuir para el mejor logro de los altos fines que les confió la Carta Magna en el sistema constitucional de partidos políticos, porque al ser conocidos y lograr cierto arraigo en la población, se facilitará de mejor manera que puedan promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir así a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público en conformidad con los principios constitucionales y legales con los que se conforma el sistema electoral.’. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 132-133, Sala Superior, tesis S3EL 062/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 540-541. ‘EMBLEMA. SU OBJETO JURÍDICO NO CAMBIA RESPECTO DE UNA COALICIÓN. Las coaliciones de partidos políticos no constituyen fusiones de las que surja una nueva persona jurídica distinta a sus integrantes, sino sólo se trata de la unión de dos o más partidos políticos para contender unidos en una elección determinada, con candidatos únicos, principios, plataformas, programas de acción y estatutos comunes o únicos para esos efectos; por lo que el objeto del emblema no sufre modificaciones sustanciales respecto de las coaliciones, sino que en éstas, el carácter representativo e identificador para el que está dado el emblema debe comprender, en lugar de un solo partido, al conjunto de partidos que integren la coalición; de modo que tampoco en este caso resulta legalmente admisible la modificación del objetivo del emblema, para que en lugar de caracterizar y representar e identificar a los partidos coaligados, realicen una función distinta, consistente en identificar a una o varias personas físicas relacionadas con los institutos políticos, como pueden ser los candidatos.’. Recurso de apelación. SUP-RAP-038/99 y acumulados. Democracia Social, partido político nacional. 7 de enero de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: José Luis de la Peza. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 133-134, Sala Superior, tesis S3EL 064/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 542-543. Concluyendo, podemos decir que la ley debe garantizar, a partir de los principios constitucionales que hemos mencionado, la libertad de los partidos a coaligarse, definir libremente su emblema y su forma de identificarse ante el electorado, así como los acuerdos previos a la elección, sobre como contabilizar los votos de la coalición, porque no hay razón constitucional válida para limitar esta libertad que tiene un objeto lícito, no daña a terceros ni perturba el orden público. Es por eso que se hace necesario, en uso de las facultades constitucionales con que cuenta el más Alto Tribunal de la nación, analizar si los principios rectores que en materia electoral se instituyen en el Pacto Federal, se cumplen debidamente y en su caso se precise la figura de la candidatura común y se reglamente correctamente la figura de la coalición. Por las razones antes expuestas, se deja de manifiesto la inconstitucional y el carácter lesivo hacia el sistema de partidos de la legislación que se menciona, y como consecuencia de ello, solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la invalidez de los artículos invocados. Cuarto concepto de invalidez. Se hace consistir en el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, por el que a los partidos políticos nacionales se les sustrae el derecho para determinarse, conforme a su proyecto político, en relación al uso de tiempos en los medios de comunicación masiva de radio y televisión. Con el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, se vulnera el principio democrático de representatividad, en el sentido de que las elecciones dejan de ser auténticas y equitativas, en términos de lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Constitución General, en la parte respectiva y se vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer a las diferentes fuerzas políticas, en igualdad de circunstancias, todo ello afectando la esfera jurídica de los propios ciudadanos y de los partidos emergentes: Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso a radio y televisión. Marco legal, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, que reformó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio constitucional de elecciones auténticas, implica que las diferentes fuerzas políticas, estén en aptitud de tener acceso a los medios masivos de comunicación, en condiciones de una efectiva y equitativa competencia electoral. En este apartado, al establecerse la norma en el sentido de que una vez distribuido el treinta por ciento del tiempo en radio y televisión en forma igualitaria, el setenta por ciento restante se distribuirá en proporción al número de votos que hayan obtenido las diversas fuerzas políticas en la elección de diputados federales anterior, con ello, resulta evidente que los partidos políticos recientemente constituidos, o bien denominados emergentes o de nueva generación, compiten a partir de lo establecido por el Poder Constituyente Permanente en condiciones de inequidad en su contra, toda vez que no podrán ser igualmente observados y calificados por el electorado, que aquellos partidos políticos tradicionales, que obviamente por su longevidad tienen mayor posibilidad de acceso y mayor tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, aunado a que se restringe su tiempo de duración y además no son acumulables, lo cual agravia a mi representado por no poder decidir libremente la duración de un spot en función a su trascendencia en la ciudadanía. Lo anterior significa que en agravio de los partidos emergentes y de la propia ciudadanía receptora de la información en los medios masivos de comunicación se violenten los principios de autenticidad en las elecciones y de equidad que enmarcan nuestro régimen constitucional, particularmente en la fracción I y II del artículo 41 de nuestra Carta Magna, así como el 116, fracción IV, inciso l. En ese sentido, ese honorable Tribunal de la Nación ha establecido en la ejecutoria emitida con motivo de la acción de inconstitucionalidad 5/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, el siguiente criterio: ‘... la equidad en materia electoral para la obtención de recursos y demás elementos para el sostenimiento y la realización de los fines de los partidos políticos, estriba en el derecho igualitario consignado en ley para que todos puedan alcanzar esos beneficios, y no por el hecho de que, cuantitativamente hablando y por sus circunstancias particulares, un partido pueda o deba recibir más o menos cantidad de esos elementos o recursos. ...’. Por lo que resulta obvio que el código comicial hoy combatido, mediante la presente acción de inconstitucionalidad, contravenga lo establecido por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias de mérito, vulnerando flagrantemente el principio de equidad contenido en el artículo 116, fracción V, inciso f), de la Carta Magna, lo que constituye la inconstitucionalidad de las normas materia de la presente acción de inconstitucionalidad. Los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, según el artículo 41 de la Constitución Federal que los define además como ‘instituciones constitucionales’ tienen derecho a contar con las condiciones mínimas para el cumplimiento de su objeto y desarrollo de su función al ser intermediarios y representantes de amplios sectores de la población, de tal manera que de conformidad con el mencionado precepto constitucional, la ‘ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades’, destacando lo relativo al financiamiento público. Al respecto Saúl F. Rodríguez en la publicación del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Quid Juris, año I, volumen 4, en su ensayo financiamiento público a partidos nacionales en el ámbito estatal expresa sobre la salvaguarda de nuestra Ley Fundamental a las instituciones partidarias que ‘... la constitucionalización de los partidos políticos de 1977 en nuestro país tuvo, entre otros objetivos, consagrarlos como entidades de interés público que tuvieran como finalidad el fomentar la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país; contribuir a la integración de la representación nacional; hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público; y trasparentar a través de la regulación legislativa el funcionamiento de los mismos ... En el Diario de Debates del Congreso de la Unión, de 6 de octubre de 1977, en relación a la reforma constitucional en comento, se afirma que: «el carácter de interés público que la iniciativa reconoció a los partidos hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que éstos requieran en su acción destinada a recabar adhesión ciudadana» (Diario de los Debates, 6 de octubre, 1977, p. 106). Luego, es con base en la reforma en comento que nace el sistema de financiamiento ...’. En este punto, resulta importante resaltar la necesidad de que los partidos políticos nacionales cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades, como son las prerrogativas y entre éstas, además del financiamiento, el acceso equitativo a los medios masivos de comunicación, que genere igualdad de oportunidades -guardadas las proporciones- para acceder al poder. Lo que significa que todos los institutos políticos constituidos legalmente tengan garantizada la obtención de dichos elementos, para estar así en aptitud de participar en la construcción de la vida democrática del país. Desde esa tesitura, propósito del Estado mexicano ha sido el establecer en la legislación electoral con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Federal , lo referente a la figura de las prerrogativas de los partidos políticos. Dicha circunstancia, como lo señala Francisco José De Andrea Sánchez, ‘se justifica por diversos problemas que se presentan en los hechos, como son: a) los escándalos políticos; b) una preocupación por dotar de principios éticos y morales a la política; c) los crecientes gastos en medios de comunicación de las campañas políticas necesarias para acceder a los cargos populares en un mundo de creciente complejidad tecnológica y mediática; d) la influencia perniciosa de la delincuencia organizada en las actividades políticas contemporáneas; y, e) la existencia de grandes capitales corporativos o individuales que buscan favorecer sus intereses económicos a través de contribuciones desproporcionadas a las campañas y partidos políticos.’. Para entender en su exacta dimensión el asunto que nos ocupa, se debe hacer mención al motivo que lo origina, y en este sentido, llamar la atención a lo que representa el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, cuyo destino excesivo a los medios de comunicación, concretamente a la radio y la televisión, propició supuestamente, las disposiciones cuya invalidez se demanda. Al destacar la importancia del financiamiento público en la consolidación del sistema de partidos políticos en México, José de Jesús Orozco Henríquez y Carlos Vargas Baca en su texto ‘Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en México’ han señalado: ‘En efecto, es innegable que el financiamiento público ha permitido establ

    cer un verdadero sistema de partidos políticos cada vez más competitivo, pues si dicho financiamiento no existiera, muchos de los partidos políticos estarían condenados a perder en las elecciones e incluso su registro (al no obtener, al menos 2% de la votación en alguna de las elecciones federales), en tanto que contarían con menos recursos para realizar sus actividades proselitistas en comparación con los partidos políticos más fuertes, lo cual les cerraría toda posibilidad de obtener algún triunfo, dejando fuera corrientes o tendencias políticas existentes dentro de la sociedad. Inclusive, se podría propiciar que se buscara el apoyo económico de intereses ilícitos o contrarios a la nación.’. Por su parte, José Woldenberg en su conferencia ‘Relevancia y actualidad en la contienda’ dictada en el ‘Seminario Internacional sobre Dinero y Contienda Político-Electoral: Retos para la democracia’ expuso que: ‘el dinero de los partidos políticos es un asunto relevante no sólo por las cantidades implicadas o por sus fuentes de origen, sino porque los partidos se han vuelto la columna vertebral del Estado democrático ... los asuntos del financiamiento a los partidos han sido motivo de inestabilidad y crisis en muchas democracias del mundo: gobiernos enterrados por escándalos que los implican en operaciones financieras delictivas, ex-presidentes o primeros ministros que pelean por eludir la acción de la justicia, ministros cesados por acusaciones en su contra, partidos al borde de la desaparición, y sistemas políticos enteros precipitados por causa de ilícitos financieros. No se exagera cuando se refiere al financiamiento de los partidos como un tema absolutamente central no sólo para los propios partidos políticos y para su influencia, prestigio e implantación social, sino, lo que es más importante, para la legitimidad y la salud del sistema democrático mismo ...’. Al referirse al aspecto del financiamiento público, Woldenberg expresó: ‘La intención es conjurar hasta donde sea posible los riesgos palpables que entraña para la competencia democrática que los partidos puedan ser prisioneros de grandes agentes del mercado o, incluso, de grupos de interés que operan al margen de la legalidad. Se trata de que los partidos estén protegidos de las presiones corporativas e ilegales que podrían proceder de su dependencia financiera con centros o grupos de poder económico, social o institucional ...’, es ‘inviable, dijo, pensar en un modelo autosustentable de los partidos políticos, sin subsidio directo del Estado’. En ese contexto, la disminución de prerrogativas para los partidos políticos minoritarios o de nueva creación, se da desde los espacios parlamentarios ocupados por partidos antagónicos precisamente mayoritarios, mediante la aprobación de disposiciones que resultan atentatorias del pluralismo y contrarias a nuestra Constitución Federal , en ese sentido, el propio Woldenberg expresó en la conferencia citada: ‘Cabe apuntar que puede darse el caso en que los partidos existentes bloqueen el acceso de nuevas opciones a la competencia electoral y, por tanto, al financiamiento público, lo que puede crear una suerte de pugna entre in-siders y out-siders de la arena electoral. Este riesgo es permanente en tanto que son los partidos con mayor presencia en el parlamento, los que legislan los requisitos de incorporación en la contienda electoral y la permanencia en ella.’. Ahora bien, aplicando los razonamientos anteriores, al nuevo régimen de acceso a la radio y televisión, podemos entender la manera en que a los partidos políticos nacionales llamados emergentes, se les sustrae el derecho para determinarse, conforme a su proyecto político, en relación al uso de tiempos en los medios de comunicación masiva, encareciendo su acceso mediante la aplicación del criterio del setenta por ciento según el porcentaje de votación obtenida en la elección para diputados federales inmediata anterior. Situación que se podía entender sólo con respecto del financiamiento público, pero que no debe ser aplicable al acceso de la radio y la televisión, partiendo de que, cuando se participó en la pasada contienda electoral del año dos mil seis, mi partido, al suscribir el convenio de la coalición que se denominó ‘Por el bien de todos’, nunca imaginó que los porcentajes de votación pactados, repercutirían en un futuro inmediato, para determinar su acceso a la radio y la televisión, sobre todo en los subsecuentes procesos electorales, locales y federales, situación que se traduce en una intervención lejana de la equidad, porque visto de otra manera, los partidos que por mayoría aprobaron esta legislación, bien sabían del beneficio que les producía, como se puede apreciar en el cuadro comparativo que se presenta: Las reformas constitucional y legales en la materia, consumadas por las tres fuerzas con mayor representación en el Congreso, constituyen una absoluta inequidad para el acceso a los medios de radio y televisión, a que tienen derecho los partidos políticos como prerrogativa, porque impiden flagrantemente el desarrollo democrático de nuestro país, denotando un retroceso histórico en su afán de perpetuarse en el poder y nos colocan en una clara desventaja para competir en los procesos electorales federales y locales. Como ejemplo de la total, injusta e inequitativa proporción en la distribución de los tiempos en radio y televisión, se menciona lo siguiente: En precampañas electorales, mientras el partido en el poder transmitirá 5 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, nosotros los partidos llamados emergentes sólo tendremos un promedio de 1 minuto y medio, que significa una proporción de casi 4 a 1, y que en radio representan más de 59 mil minutos en contra de 15 mil minutos que transmitiremos nosotros y de igual manera en televisión 4,200 minutos contra 1,100 minutos. En campaña electoral, de igual manera se mantiene esa desproporción, siendo en radio más de 200 mil minutos contra 54 mil minutos, así como en televisión que será de más de 14 mil minutos contra menos de 4 mil minutos. En su conjunto y traducido a horas el partido en el poder transmitirá durante el proceso electoral, tanto en radio y televisión, más de 280 mil minutos y nosotros solamente 75 mil minutos. Es por ello que se debe resolver que en todo caso, resultaría procedente su aplicación, hasta el proceso electoral del año dos mil doce, una vez que mi partido y todos los llamados emergentes, participen en la contienda electoral del año dos mil nueve, en igualdad de circunstancias, sabedores que el porcentaje de votación que obtengan en la elección de diputados federales, será determinante para su acceso, en la medida del setenta por ciento, a los medios masivos de comunicación de las subsecuentes elecciones, tanto federales como locales. Quinto concepto de invalidez. Se excluye del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , el otorgamiento de financiamiento público por concepto de actividades específicas, en la forma en que se encontraba establecido, otorgando en su lugar a los partidos políticos, recursos públicos para esos fines, en proporción del treinta por ciento en forma igualitaria y setenta por ciento en relación a la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político, con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, favoreciendo con ello a los partidos mayoritarios que aprobaron dicha reforma; violentando con ello los artículos 14, 16, 41, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Además de los artículos 3, párrafos 1 y 2, 36, párrafo 1, incisos b) y k), 78, párrafo 1, inciso c), fracción I y 105, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Lo anterior en virtud de que mi representado fue privado del derecho que le asiste de continuar en el ejercicio de las actividades específicas, en la forma, cantidad y calidad en que lo venía haciendo desde el momento en que obtuvo su registro como partido político nacional, trastocando con la determinación que se combate, el principio de seguridad jurídica y los principios rectores del derecho electoral. Además de que se controvierte la finalidad de mi representado, de promover la participación del pueblo en la vida democrática, y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postule. Por lo anterior, me permito formular las siguientes consideraciones: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en su artículo 41, base II, inciso c), mandata (sic) que el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. Pero injustamente establece que el treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior. A su vez, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 78, párrafo 1, incisos c), establece que el financiamiento público para actividades específicas que realicen los partidos políticos nacionales como entidades de interés público se calculará de la siguiente forma: ‘1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este código, conforme a las disposiciones siguientes: ... c) Por actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado, esto es: El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior; ...’ Lo que resulta desproporcional e inequitativo. Lo anterior denota la indebida interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que garantiza en su artículo 41, que los partidos políticos nacionales cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades; así como la ilegal aplicación que de ello se hace en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , donde se encuentra previsto el derecho de gozar de las garantías que ese cuerpo normativo les otorga, con el fin de estar en condiciones de realizar sus objetivos; lo que se violenta con las nuevas disposiciones en la materia, porque se deja de aplicar una distribución proporcional y equitativa, acorde al principio de seguridad jurídica, esto es cubrir el setenta y cinco por ciento de la erogación de las actividades específicas realizadas, previa aprobación de las mismas, otorgando en su lugar ahora por ese concepto, un financiamiento desmedido, sobre todo a los partidos políticos mayoritarios, sin tomar en cuenta el escaso ejercicio que hicieron de esa obligación constitucional y legal. Se debe resolver la aplicación de las normas referentes a este apartado del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , hasta el proceso electoral del año dos mil doce, una vez que mi partido y todos los llamados emergentes, participen en la contienda electoral del año dos mil nueve, en igualdad de circunstancias, sabedores que el porcentaje de votación que obtengan en la elección de diputados federales será determinante para su acceso, en la medida del setenta por ciento, al financiamiento por concepto de actividades específicas. Se sustentan los antecedentes, hechos y conceptos de invalidez en las siguientes: Pruebas. 1. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, de fecha veintidós de enero del año dos mil siete, en la que se hace constar, que el Partido Verde Ecologista de México está registrado como partido político nacional, por lo que se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley Suprema y el código de la materia señalan. 2. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, a los treinta y uno del mes de enero del año dos mil siete, en la que se hace constar que el suscrito, se encuentra registrado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México. 3. Documental pública: Consistente en la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Lic. Manuel López Bernal, a los treinta y uno del mes de enero del año dos mil siete, en la que se hace constar que el suscrito se encuentra registrado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México. 4. Documental pública: Consistente en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha seis de junio del año 2005, en donde se publicaron los estatutos del Partido Verde Ecologista de México. 5. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representado, y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente acción de inconstitucionalidad. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; así como los artículos 1o., 2o., 5o., 6o., 7o., 59, 60, 61 y 64 al 73 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional; a ustedes CC. Ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación, atentamente pido: Primero. Tener por reconocida la personalidad y el carácter de quien suscribe, por establecido el domicilio señalado para recibir notificaciones y documentos, así como autorizados a los delegados que se mencionan. Segundo. Admitir la presente acción de inconstitucionalidad, promovida en contra de la expedición y promulgación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral (sic), y que abroga el anterior; demandando la invalidez de los dispositivos legales que en el cuerpo del presente documento se mencionan. Tercero. Admitir en sus términos las pruebas que se mencionan. Cuarto. Dar vista a los órganos legislativos que emitieron la norma así como al órgano Ejecutivo que la promulgó, a efecto de que rindan el informe que dispone el artículo 61, fracción II y 64 de la ley reglamentaria. Quinto. Poner los autos a disposición del Ministro instructor para la sustanciación de la presente acción de inconstitucionalidad. Sexto. Poner los autos a la vista de las partes por el término legal para que formule alegatos. Séptimo. Solicitar la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos del párrafo segundo del artículo 68 de la ley reglamentaria. Octavo. Dictar resolución, declarando la invalidez de las normas impugnadas, ante la falta de conformidad de las mismas, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Noveno. Suplir las deficiencias de la presente acción de inconstitucionalidad."

QUINTO

Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada.

Cámara de Diputados

El informe rendido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la presidenta de la mesa directiva y representante de la Cámara de Diputados, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de febrero de dos mil ocho.

Síntesis del informe rendido por la Cámara de Diputados.

Causas de sobreseimiento:

  1. Han cesado los efectos del artículo segundo transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , debido a que ya cumplió la norma con el objeto para el cual se emitió.

  2. Ausencia de conceptos de invalidez contra los demás artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que no se señalan de manera expresa en los conceptos de invalidez. Prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 61, fracción V, interpretado en sentido contrario.

    Contestación a los conceptos de invalidez

  3. Procedimiento legislativo que dio origen a las normas generales impugnadas se ajustó a la Constitución Federal .

    a) La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expidió las normas generales impugnadas bajo el procedimiento legislativo previsto en los artículos 71 y 72 constitucionales, sin contravenir lo dispuesto por los preceptos 6o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II y III, 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V, 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 116, 124, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

    b) El estudio de la validez constitucional del procedimiento de reforma constitucional escapa del presente medio de control constitucional ya que, en principio, su impugnación mediante la presente acción es extemporánea y además, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional.

    c) Debido a que la función que realiza el Congreso de la Unión al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución previsto en el artículo 135 de la Constitución Federal , en consecuencia, al no tratarse de un órgano de igual naturaleza que aquellos en quienes se confían las funciones de gobierno, éstas no pueden ser impugnadas por ningún medio de control constitucional. Además en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía.

    d) Sin que sea óbice a lo anterior, se precisa que no existieron violaciones al procedimiento legislativo, ya que en primer término la única función de la comisión ejecutiva es promover la presentación ante la Cámara de Senadores y de Diputados, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales, participación que se colmó al haberse presentado la iniciativa, ya que de los artículos 71 y 72 constitucionales no se advierte que fuera de los órganos y sujetos mencionados tenga participación algún otro en el procedimiento legislativo, además de que la iniciativa se presentó una vez agotado el proceso de dialogo en la comisión ejecutiva.

    e) En virtud de lo anterior, las iniciativas de ley y demás documentos de trabajo utilizados en las comisiones legislativas de los órganos legislativos no forman parte de la norma general que se expide, debido a que la decisión final del Pleno puede ser distinta a la presentada inicialmente, así la posible violación al proceso legislativo es básicamente preparatorio, el que puede purgarse por la actuación posterior del Congreso al aprobar las leyes o decretos.

    f) En el procedimiento legislativo tampoco se violentó el artículo 16 constitucional, relativo al principio de legalidad, rector de los actos de autoridad los cuales deben contener los requisitos de fundamentación y motivación, los cuales aduce cumplió el Congreso al señalar: Fundamentación: Relativo a que el Congreso actúe dentro de sus facultades, lo cual se advierte hizo, ya que el mismo está facultado de conformidad con los artículos 71, 72 y 73 fracción XXX, 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122 de la Constitución Federal . Motivación: Referente a que las leyes que se emitan se refieran a relaciones sociales, lo cual hizo de acuerdo con los antecedentes legislativos de la norma impugnada, ya que se refieren a relaciones sociales que demandaban ser reguladas.

    g) El Partido Político Nacional Convergencia no señala en el concepto de invalidez de qué manera el procedimiento legislativo por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Civiles contraviene el artículo 41 constitucional, en razón de lo anterior al no existir argumento no se deberá de suplir la deficiencia de la queja.

  4. Contenido de las normas generales impugnadas no contraviene preceptos de la Constitución.

    1. Libertad de asociación.

      a) En relación con la libertad de reunión y asociación, de una interpretación literal o gramatical del artículo 9o. constitucional, además de una interpretación sistemática, histórica y genérico teleológica, así como de la definición de ambos términos, se determina que el derecho de asociación y reunión no son derechos ilimitados o sin restricción alguna, establecidos de manera absoluta e ilimitada, ya que se encuentran limitados a que se ejerzan sin violencia, discordias, en paz, tranquilamente, con fines lícitos, etcétera, sin que implique que dichos requisitos o condiciones previstos en la norma conculquen lo dispuesto por el artículo constitucional.

      b) Por tanto, el legislador ordinario válidamente puede normar al derecho de asociación con el objeto de que las personas morales que surgen del ejercicio de dicho derecho no impidan que los fines del Estado se cumplan o causen conflictos dentro de la sociedad, estableciendo así ciertas condiciones o requisitos. Criterio que estiman compartido en la acción de inconstitucionalidad 27/2005, resuelta por el Pleno de este Alto Tribunal, en la cual se señaló que el derecho de asociación no es ilimitado. Así la garantía de libre asociación en materia política se encuentra sujeta a las previsiones que establecen los artículos 9o., 35, fracción II y 41, fracción I, constitucionales.

      c) Al respecto, de los conceptos de violación se advierte que los promoventes aluden que las normas impugnadas concretamente coartan su libertad política de convenir coaliciones electorales, considerando que se desvirtúan los principios de asociación y participación política.

      d) Del artículo 41, fracción I, constitucional, también se puede determinar que se confiere al legislador ordinario la facultad de crear la ley reglamentaria en materia electoral, la cual establece los lineamientos para la formación de partidos políticos y las formas específicas en que éstos pueden intervenir en un proceso electoral, como son las coaliciones, así podrá regular los lineamientos a seguir para la formación de las coaliciones, por tanto, se considera que los promoventes incurrieron en el error de interpretar aisladamente el artículo 36 del código electoral, pues si bien establece en su numeral 1, inciso e), que los partidos tienen derecho a formar coaliciones, también lo es que en la parte final de dicho inciso indica de manera clara y precisa que dichas coaliciones deberán llevarse a cabo en términos de ese código, por lo que no existe contradicción entre las normas impugnadas y el artículo 36 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales .

      e) Además, en relación con la transferencia de votos, se determina que no es una obligación que haya impuesto el legislador, pues de la lectura del artículo 96, numeral 5, se advierte que la transferencia de los votos se encuentra sujeta a la voluntad de los partidos políticos que integren la coalición, pues sólo se llevará a cabo cuando en el convenio de la coalición así se establezca.

      f) Por lo que hace al argumento de que los artículos impugnados imposibilitan a contar con un emblema que distinga a la coalición de los otros partidos, se considera infundado, ya que la intención del legislador fue procurar el respeto total a la voluntad de los ciudadanos y la transparencia plena en el conocimiento de su decisión de voto. Aunado a lo anterior, se considera necesario que los emblemas representativos de cada partido no provoquen la confusión de los votantes, por lo que se debe lograr la plena identificación de los partidos políticos con base en sus propios emblemas.

      Por tanto, del Diario de Debates de la Cámara de Diputados, se advierte que la intención del Poder Reformador y del legislador ordinario es respetar la voluntad de los ciudadanos transparentando el conocimiento de su decisión de voto.

      g) Relativo al argumento esgrimido por los accionistas en el que señalan que las normas impugnadas imposibilitan para presentar una sola lista de candidatos a cargos de representación proporcional, se concluye que los numerales impugnados, lejos de establecer una limitante a los derechos de los partidos, les permite registrar sus propias listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional, cuidando con ello que todos los partidos políticos sean representados en el Congreso de la Unión salvaguardando así una composición pluripartidista en el Poder Legislativo Federal, lo anterior también se advierte en los antecedentes legislativos.

      h) Por otra parte, concretamente el Partido Alternativa Social Demócrata arguye que la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , resulta inconstitucional pues afecta de forma retroactiva los derechos que de los partidos políticos tenían antes de dicha reforma, vulnerando el artículo 14 constitucional.

      En contestación a lo anterior, se determina infundado dicho argumento, ya que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no son retroactivas, en virtud de que no afectan derechos adquiridos de ningún sujeto y sus efectos se producen hacia el futuro, además de que el código fue expedido en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Reformador en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional.

    2. Libertad de expresión, de información y derecho de petición en materia política.

      a) El artículo 236, numeral 1, incisos a), c) y d), numeral dos, así como el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no son violatorios de los derechos de libertad de expresión, imprenta, asociación comunicación e información, consagrados en los artículos 6o., 7o., 8o. y 9o. de la Constitución Federal .

      b) A los efectos de este asunto, la dimensión de la libertad de expresión constituye frecuentemente la piedra de toque de la existencia y calidad de la vida democrática en un país, es indispensable para la formación de la opinión pública. Las libertades de expresión e imprenta salvaguardan de manera especialmente clara y enérgica el derecho de las personas a expresar sus ideas en materia política

      Por tanto, garantizar la plena y libre difusión del discurso político resulta especialmente relevante para que la libertad de expresión cumpla cabalmente con su posición estratégica en el proceso por el que la opinión pública se forma en el marco funcional de la democracia representativa.

      c) Los partidos políticos, la expresión y difusión de ideas son parte de sus prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su existencia misma; sin embargo, los derechos con que cuentan los partidos políticos en relación con la libertad de expresión, no deben llevar a concluir que se trata de derechos ilimitados, ya existen reglas sobre límites plasmados en el primer párrafo del artículo 7o. constitucional y el párrafo 2 del artículo 13 de la Convención Americana.

      d) De lo cual se puede deducir que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá, por tanto, de que las mismas estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, y de que cuando existan varias opciones para alcanzar ese objetivo, se escoja la que restrinja en menor escala el derecho protegido.

      Concluyendo que las libertades de expresión e imprenta contemplados en la Constitución y tratados, tienen límites, y el legislador puede dar especificidad a los mismos en el despliegue ordinario de su función normativa. Argumentos que fueron sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Demostrando que la reforma al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales no pretende ni pretenderá, limitar o restringir la libertad de expresión, sino al contrario, ese derecho fundamental queda salvaguardado por dicho ordenamiento.

      e) Además, prohibir a quienes cuentan con el poder económico para comprar tiempo en radio y televisión con el fin de transmitir propaganda dirigida a influir en los electores, a favorecer o atacar a partidos y candidatos, no es limitar la libertad de expresión de nadie, sino impedir que la política continúe bajo el imperio del poder del dinero. Así, las normas impugnadas, lejos de violentar la libertad de expresión, la fomenta, pues ahora cada partido político tiene asegurado el uso de dichos medios a través del tiempo del que el Estado ya dispone para tal fin.

      f) En el SEGUNDO concepto de invalidez el Partido del Trabajo manifiesta que la norma impugnada coarta la libertad política de los partidos, toda vez que les prohíbe colocar o fijar propaganda en elementos del equipamiento urbano, además de exigirles que sólo utilicen material plástico reciclable en su propaganda electoral impresa.

      Al respecto, se determina que dichos argumentos son infundados, toda vez que por disposición constitucional corresponde al legislador regular la forma en que los partidos políticos deberán intervenir en los procesos electorales, sin embargo, debe entenderse que las reformas al código electoral no son arbitrarias, ni surgieron a capricho del legislador, sino todo lo contrario, por una parte, da cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2007 y, por la otra, surge de la necesidad de proteger a la ciudadanía de la invasión publicitaria de los partidos en campaña, resguardar el entorno en que viven y preservar el lugar en que se desarrollan, así también sobreviene la preocupación por el medio ambiente, si a la contaminación visual y auditiva se suma el daño ecológico por el uso indiscriminado de material plástico no reciclable, los resultados en la salud de las personas podrían ser severos. En relación con la limitación de los espacios públicos para la colocación de dicha propaganda, se determina que no es más que otro acierto del legislador, pues las campañas electorales no deben ser motivo de abuso para dañar el equipamiento urbano, los sitios históricos, los monumentos o edificios públicos o la propiedad privada.

      En conclusión, las normas impugnadas no transgreden la libertad de expresión, simplemente constituyen los límites que el legislador con la facultad que le confiere la Constitución, impuso a dicha garantía individual, sin embargo, es necesario precisar que las limitaciones que se introducen en el código electoral no están referidas a los ciudadanos, ni a los comunicadores, ni a los periodistas, ni al pueblo en general, sino a los partidos políticos, son ellos los sujetos de la prohibición de utilizar expresiones o realizar actos que denigren a las instituciones o calumnien a las personas. Para el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , no son limitaciones ni prohibiciones, simplemente son reglas.

      g) En su SEGUNDO concepto de invalidez el Partido Nueva Alianza señala que los artículos impugnados transgreden el derecho de petición en materia política previsto en los artículos 35, fracción V, y 8o. constitucionales.

      En respuesta a lo anterior, se manifiesta que de la interpretación de ambos numerales se desprende que sólo los ciudadanos mexicanos pueden ejercer el derecho de petición en materia política, por tanto, de ninguna manera violentan tal derecho, ya que en ningún momento impiden a los ciudadanos ejercer ese derecho, debido a que ese derecho es inherente a cada persona, pero en materia electoral debe entenderse relacionado con el artículo 41 constitucional, conforme al cual corresponde a la ley ordinaria prever los requisitos y formas de intervención de los partidos en el proceso electoral.

      h) El Partido Nueva Alianza en su QUINTO concepto de invalidez señala que las normas impugnadas también violentan el derecho a la información previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

      En relación con este tema se precisa que tampoco es un derecho ilimitado, por tanto, el legislador puede emitir las normas que regulen su ejercicio y el respeto a dicho derecho por parte del mismo Estado. Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en materia federal, reglamenta la garantía contenida en el artículo 6o. constitucional, cumpliendo las bases y principios en él precisados, por tanto, no se ve violentado el derecho a la información al estar plenamente garantizado en el ámbito federal por la citada ley y en el ámbito local por las leyes en materia de acceso a la información pública gubernamental que expidan las Legislaturas Locales.

      i) Por otro lado, el Partido Nueva Alianza considera que las normas impugnadas pretenden monopolizar la propaganda política constituyéndola patrimonio exclusivo de los partidos políticos.

      Para dar respuesta a lo anterior, deviene relevante establecer que el monopolio es una figura mercantil, ahora bien, atendiendo a esta definición, el proceso electoral no es objeto de comercio, no es un producto y tampoco es un servicio, es simplemente dentro de un sistema representativo democrático federal el conjunto de fases, etapas o actos políticos, a través de los cuales los ciudadanos conocen a los candidatos de cada partido, escuchan sus propuestas, eligen a uno o a varios de ellos según sea el caso y finalmente les otorgan su voto a las personas que habrán de representarlos políticamente, sin embargo, si el promovente por monopolio se refiriere a un acaparamiento, tal acaparamiento no existe ya que las reglas sobre la propaganda política se encuentran plenamente especificadas en la Norma Suprema y reglamentadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales además que existe un órgano encargado de organizar las elecciones federales quien es la autoridad en la materia, quien en todo caso debe velar para que no se dé en la realidad ningún tipo de acaparamiento.

      j) De igual manera, el partido considera que se violenta el derecho de asociación previsto en el artículo 9o. constitucional, al prohibir que las asociaciones lícitas y pacíficas puedan difundir públicamente sus actividades y propuestas a través de radio y televisión.

      Argumento que se considera infundado ya que de ninguna manera se vincula la violación al derecho de asociación con el hecho de que ésta pueda o no difundir por cualquier medio sus actividades o propuestas, y aun cuando así fuera no existe violación a la garantía de libertad de expresión.

      k) También, sostiene que las normas generales impugnadas violentan los tratados internacionales vulnerando así el principio de supremacía constitucional.

      El argumento aducido se considera equivocado, pues las bases para la creación de la ley reglamentaria del artículo 41 constitucional, las otorga precisamente la Carta Magna, y como es bien sabido por encima de ella no existe ninguna otra ley, por tanto, no existe violación alguna al principio de supremacía constitucional. Lo cual se corroborara en los antecedentes legislativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales .

  5. Violación al derecho de votar y ser votado.

    a) El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en nada afecta los derechos fundamentales de participación política de los individuos en la elección de sus representantes, en virtud de que no se le impide a los ciudadanos a participar, a tener acceso de manera igualitaria en la contienda por el poder de representación, tanto desde una perspectiva activa (votar) como pasiva (ser votado).

    b) Además el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no excluye de las candidaturas a los ciudadanos, en razón de que el gobernado ejercita sus derechos de participar en la vida política, a través de los partidos políticos, ya que éstos hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

    c) El promovente hace una interpretación aislada del artículo 35, fracciones I y II, argumentando que el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales excluye la participación en la vida política de las candidaturas ciudadanas, sin embargo, acudiendo a otros métodos como lo es el armónico, sistemático, el histórico, el genético teleológico, así como a los principios de interpretación constitucional, se puede advertir que el contenido y alcance de los derechos de participación política son distintos a lo que argumenta el promovente pues para interpretar el artículo referido es necesario vincularlo con el artículo 41 del mismo ordenamiento, y de la lectura del precepto constitucional se advierte que no es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el que no reconoce las candidaturas independientes sino es la misma Constitución quien establece que los ciudadanos necesitan de un partido político para acceder al ejercicio del poder público.

    d) Ahora bien, el hecho de que el Constituyente Permanente haya establecido que sólo a través de los partidos políticos es como el ciudadano ejerce sus derechos de participación política no implica que por esa cuestión las candidaturas pierdan la naturaleza de ser ciudadanas, ya que el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 35 constitucional sólo le corresponde a los ciudadanos, de tal manera que sólo los ciudadanos son candidatos.

    e) Por tanto, las normas generales impugnadas se ajustan a la Constitución Federal , porque para que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales pudiera reconocer las candidaturas independientes es necesario que el Constituyente Permanente así lo establezca de manera expresa en la Norma Suprema.

    f) Por otra parte, en relación con el argumento aducido consistente en que las normas impugnadas violentan el artículo 133 constitucional, también son infundados pues en nuestro sistema jurídico en los términos que señala la Carta Magna, está plenamente garantizado el ejercicio de los derechos de participación política de los ciudadanos al establecerse claramente la reglas y mecanismos mediante los cuales pueden acceder al ejercicio del poder público, de lo que se concluye que las normas generales impugnadas son respetuosas de los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa consagrados en el artículo 133 constitucional.

    g) En relación con la violación de los artículos 115 y 116 de la Constitución, del análisis de los argumentos contenidos en dicho concepto de invalidez puede advertirse que no formula argumento alguno al respecto por lo que al no existir argumentos que puedan suplirse en relación con tales preceptos supremos debe desestimarse este segundo concepto de invalidez.

  6. Impedimento de crear nuevos partidos políticos.

    a) Del artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se puede advertir que en ningún momento impide, imposibilita o restringe la conformación de nuevos partidos políticos, sólo establece cuál será el procedimiento que deberán reunir aquellas organizaciones interesadas en la conformación de partidos nuevos, y de los requisitos que deberá cubrir para obtener el registro legal.

    b) Tampoco se vulnera el artículo 1o. constitucional, debido a que el hecho de que se establezca que la organización que esté interesada en conformar un nuevo partido político deberá notificarle su interés al Instituto Federal Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial, así como el procedimiento que deberán seguir y de los requisitos que deberá cubrir para obtener el registro legal, en ningún momento hace nugatorias las garantías de los gobernados, pues no se restringen, ni suspenden sus derechos para poder participar en la creación de los partidos políticos, ya que los interesados podrán participar en el proceso electoral de acuerdo a la normatividad correspondiente a que se refiere el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal .

    c) Tampoco se trasgrede el derecho de asociación previsto en el artículo 9o. de Constitución Federal , debido a que como se puede advertir de la redacción de dicho precepto legal, no se impide que los ciudadanos constituyan nuevos partidos políticos, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, fracción I, constitucional, el derecho de asociación en materia política no es ilimitado, ya que puede normar las formas específicas de su intervención en el proceso electoral a través de la ley, que en el caso que nos ocupa es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el que establece dichas formas específicas.

    d) Por tanto, del contenido del artículo 28, numeral 1, se advierte que es producto de la reforma constitucional electoral y el argumento de los promoventes en el sentido de que podrán formar nuevos partidos políticos cada tres años, no es suficiente.

    e) De igual manera, tampoco resultan vulnerados por el artículo 28, numeral 1, los artículos 39 y 40 constitucionales, ya que el primer precepto referido no se limita a los ciudadanos para crear partidos políticos, además dicha disposición fue en beneficio de la ciudadanía a efecto de que no existiera una inestabilidad en el potencial registro de nuevos partidos cada tres años de manera temporal de la mayoría de las organizaciones a las que se les otorgaba el registro, por tanto, no afecta la soberanía nacional ni mucho menos la forma de nuestro gobierno sino por el contrario la fortalece. Por tanto, es evidente que el artículo impugnado no vulnera el artículo 41, fracción I, de la Carta Magna, pues no transgrede el derecho a los ciudadanos a la integración de la representación nacional en las elecciones federales presidenciales por medio de nuevos partidos políticos, pues no se hace nugatoria la participación del pueblo en la vida democrática del país.

    f) Respecto a la violación del artículo 51 de la Constitución, tampoco se considera vulnerado debido a que con la ampliación del término de seis años para la creación de nuevos partidos políticos, no se impide que dichas fuerzas políticas puedan integrar una representación nacional distinta en el Congreso de la Unión, toda vez que dicha representación variará de acuerdo a los electores que ejerzan su voto y se inclinen por ciertas corrientes políticas.

    g) El Partido Político Nacional Convergencia no señala de qué manera el artículo 28, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contraviene lo establecido en los artículos 56 y 80 de la Constitución, por lo que sino existe razonamiento o argumento alguno no se deberá suplir la deficiencia de la queja.

  7. Exclusión de los partidos políticos del financiamiento público por actividades específicas.

    a) En relación con los argumentos esgrimidos por el promovente se consideran confusos e imprecisos ya que no se especifican los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que expresamente se impugnan, pero en el supuesto de que se reclamara la totalidad o algún precepto, se considera que las manifestaciones del actor son inatendibles en virtud de que del análisis del concepto de invalidez que formula se advierte que en sus argumentos hace valer situaciones propias del partido y supuestos agravios personales que le origina el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , lo cual no puede ser materia de estudio de la acción de inconstitucionalidad, ya que este medio de control constitucional tiene por objeto hacer un análisis abstracto de la constitucionalidad de una norma general mediante la confrontación de su contenido con la Norma Suprema de tal manera que a través de ella no pueden salvaguardarse derechos propios de los sujetos legitimados para promoverla.

    b) Aunado al argumento anterior, el nuevo código no excluye a los partidos políticos del financiamiento público, pues, en primer lugar, el artículo 41, fracción II, de la Constitución, establece las reglas generales del financiamiento de los partidos, al prever una reserva de ley en el tema financiamiento público de los partidos políticos delegando en el legislador ordinario la responsabilidad de que en la ley que expida garantice que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, tendientes a la obtención del voto y actividades específicas. Por su lado, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales reproduce lo establecido por el Constituyente Permanente en el artículo 78, numeral 1.

    c) En virtud de lo anterior, se determina que el promovente en estricto sentido no se inconforma en contra del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , sino en contra de las reglas establecidas por el Poder Reformador para la distribución del financiamiento público y a través del presente medio de control constitucional no puede analizarse la constitucionalidad de la misma Constitución.

    d) De la reforma constitucional y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se advierte que se establecieron nuevas reglas para la distribución del financiamiento, pero ninguna de ellas excluye a algún partido político existente o que pudiera existir de recibir el financiamiento público. Por lo anterior, no existe violación al artículo 14 constitucional, pues ninguna de las normas del código impugnado es retroactiva, además de que el legislador se encuentra plenamente facultado para establecer las normas que expide las formas en que los partidos políticos participarán en los procesos electorales.

    e) Además en el supuesto caso de considerarse que con las reglas establecidas en el artículo 41, fracción II, y el código impugnado se afecten no sólo expectativas de derecho sino derechos adquiridos, tal afectación no es violatoria del artículo 14 constitucional, pues los órganos constituidos y los gobernados deben someterse a la voluntad del Poder Reformador en respeto del principio de supremacía constitucional.

  8. Exclusión de las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento público.

    a) Concerniente a lo anterior, se estima que el Constituyente Permanente sólo determinó que fueran los partidos políticos los que recibieran el financiamiento, y en este sentido el artículo 33, numeral 2 del código que se impugna en la presente acción de inconstitucionalidad, señala que las agrupaciones políticas nacionales no pueden utilizar bajo ninguna circunstancia la denominación de partido político, en este sentido, no es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales quien excluyó a las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento público, sino es la misma Constitución la que así lo determinó.

    b) Además, que no hay existencia de violación al artículo 14 constitucional, ya que tratándose de reformas constitucionales los órganos constituidos y los gobernados deben someterse a la voluntad del Constituyente Permanente.

  9. Establecimiento de requisitos excesivos para los observadores electorales.

    a) El hecho de que se pida que para ser observador se requiere no haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres años anteriores a la elección, no impide el ejercicio de los derechos de participación política del que gozan los gobernados en razón de que como el mismo artículo 41 constitucional lo establece, la Constitución exige que los procesos electorales se realicen bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, certeza, equidad y objetividad, de tal manera que mediante la disposición contenida en la norma impugnada, el legislador quiere garantizar que en efecto los principios precisados se realicen en los procesos electorales, además que con dicha disposición se pretende transparentar el desarrollo de la jornada electoral desde la instalación de la casilla hasta la conclusión de la misma.

  10. El artículo 41 constitucional no impide gozar de las garantías individuales que consagra la Constitución.

    a) Se determina que a través de un medio de control constitucional no puede combatirse un precepto de la Constitución, de lo contrario esto equivaldría a decir que la Constitución es inconstitucional, ya que es ilógico que un precepto constitucional viole una garantía individual que se encuentra dentro de la misma Constitución, en virtud de que sus preceptos son de igual jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los demás, lo que confirma que ninguna de sus disposiciones pueda ser considerada inconstitucional.

    b) Además, del contenido del artículo 41, penúltimo párrafo, del apartado A, y el artículo 1o. constitucionales, no se advierte contradicción alguna.

    c) Por su parte, la disposición contenida en el artículo 41 constitucional fue reproducida en su integridad por el legislador ordinario en el artículo 49, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , lo que evidencia que dicho precepto sea válido ya que únicamente recogió una prohibición expresa que el Poder Revisor de la Constitución incorporó en el Texto Supremo.

  11. Impedimento al acceso a radio y televisión y, por tanto, no vulneran el principio de equidad electoral.

    a) No se puede declarar la invalidez constitucional de las normas imputadas bajo los argumentos del promovente al sustentarse en las características particulares de los partidos emergentes y no en cuestiones objetivas que demuestren que efectivamente se ha quebrantado el principio de equidad en materia electoral.

    b) En el artículo 56 del código electoral, de acuerdo a lo previsto por el artículo 41, se reprodujo la redacción del Texto Supremo estableciendo que desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral todos y cada uno de los partidos políticos tienen posibilidad de tener acceso a la radio y televisión.

    c) Consecuentemente, las normas generales impugnadas se ajustan plenamente a la Constitución Federal ; pues se respetan los principios rectores que de ésta emanan, por tanto, la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es producto de la reforma constitucional en materia electoral, de manera que aun cuando a determinado sujeto no le agraden las reglas establecidas para el acceso a radio y televisión, debe respetarse la decisión soberana del Constituyente Permanente y hacerse una interpretación coherente de los preceptos establecidos en la Norma Suprema, pues no pueden ser contradictorios unos con otros.

  12. Contravención a los principios políticos fundamentales previstos en los artículos 35, 36 y 41 de la Constitución Federal .

    a) El que los partidos políticos conserven su registro, por medio del convenio de coalición, no significa que los votos de los electores sean transferibles, sino que es un mecanismo que mantiene a los partidos en un principio de proporcionalidad, ya que esto no determina que se cambie la voluntad de los electores que con sus votos hayan señalado a su partido de preferencia.

  13. Vulneración al artículo 22 en relación con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

    a) Al respecto, se considera que la norma combatida por el partido es respetuosa de los referidos artículos 22 y 31, fracción IV, constitucionales, pues la multa establecida no constituye multas excesivas y fijas.

    Lo anterior en atención a que las multas previstas en la norma impugnada no son multas excesivas o fijas que contravengan lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, pues las personas que en determinado caso pudieran encuadrarse en la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, previstos en la norma impugnada, serían todas aquellas que tuvieran económicamente ingresos altos, por tanto, no resultan excesivas las multas de la norma impugnada.

    b) En el presente caso, el legislador al emitir la norma impugnada lo que pretende evitar es precisamente dañar uno de los valores fundamentales de la sociedad, como lo es elegir a los representantes de la nación a través de las diferentes corrientes políticas, por lo que el legislador impone una multa intimidatoria que pueda ocasionar una reflexión en los sujetos que pudieran encuadrarse en contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y así evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con el patrimonio de los sujetos que pudieran estar en el supuesto. Por lo que no se contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, ya que de por medio se encuentra la protección del sistema electoral que rige nuestro país.

  14. Violación al principio de inmediata aplicación de las normas constitucionales y a la autonomía de las entidades federativas.

    Respecto de los argumentos que formula el Partido del Trabajo en su sexto concepto de invalidez relacionados con la inconstitucionalidad del artículo décimo primero transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se establece que son inatendibles, pues respecto de dicha norma se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria.

  15. Requisitos de inelegibilidad de los partidos políticos.

    a) El hecho de que los ciudadanos mexicanos sólo pueden acceder a un cargo público a través de los partidos políticos o coalición, no transgrede lo establecido el artículo 35, fracciones I y II, constitucional, en relación con el artículo 22, numeral 6, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , al incorporar en los estatutos de los partidos políticos exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal, requisitos que no pueden ir más allá de lo señalado en los artículos 55 y 58 constitucionales y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales .

    b) De lo anterior se puede establecer que aun cuando los partidos políticos establezcan ciertos requisitos de elegibilidad para los candidatos a cargo de elecciones populares, dentro de los estatutos de sus respectivos partidos, no limita los derechos políticos previstos en el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución, ya que dichos requisitos están en concordancia con la Carta Magna, leyes federales y locales.

    c) Tampoco el artículo 22, numeral 6, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es violatorio del artículo 1o. de la Constitución relativo al principio de igualdad, ya que en concordancia con el contenido del artículo 41 constitucional, se establece que sólo a través de los partidos políticos los ciudadanos pueden acceder a ocupar un cargo de elección popular, al momento de pertenecer a cualquiera de ellos, es decir, el derecho de ser votado consagrado en la fracción II del artículo 35 constitucional, es el medio a través del cual pueden acceder al ejercicio del poder público, en efecto la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país se encuentra regulada en dicho precepto constitucional, por tanto, los ciudadanos que pretendan ocupar un cargo de elección tendrán necesariamente que afiliarse a un partido político y respetar el estatuto interno del mismo.

  16. Violación al principio de supremacía constitucional.

    a) El artículo 49, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , dentro de su texto no violenta el principio de supremacía constitucional, pues no contiene disposición alguna que se encuentre en conflicto con la Norma Constitucional.

    b) Dentro del cuerpo del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , encontramos el principio de supremacía constitucional, el cual otorga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el rango de Ley Suprema, es decir, está situada jerárquicamente por encima de las demás leyes del país y de los tratados celebrados con potencias extranjeras, mientras que del contenido del artículo 49, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , tenemos plasmado lo referente a la restricción consagrada en dicho artículo, únicamente por cuanto hace a la contratación de propaganda en radio o televisión con fines electorales, entendiendo por ésta, el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta, con el fin de obtener un resultado a favor de los actores de dicho mensaje.

    c) De lo contenido dentro del artículo de la norma general, hace referencia a una restricción que no viola una garantía individual y únicamente restringe un actuar cuando éste va encaminado a la obtención de un beneficio electoral, mientras que la Norma Suprema establece la base de su jerarquía y, por consiguiente, al no contravenir sus lineamientos respecto a otra norma, el código electoral no violenta lo consagrado en la Constitución Federal .

    d) En otro orden de ideas, el artículo 49, numeral 4, del código en cita, tampoco vulnera el artículo 1o. constitucional, ya que dentro de lo establecido en el artículo 49, numeral 4, se preveé el supuesto en el cual los individuos no pueden realizar determinado acto, es decir, no pueden contratar propaganda en los medios de comunicación que se establecen, cuando éstos son con fines de índole electoral, lo que no transgrede los mandamientos constitucionales, toda vez que se encuentran consagrados dentro del mismo precepto de la Carta Magna, los supuestos en los cuales se puede restringir e incluso suspender las garantías individuales cuando existen características especiales que la misma establece.

    e) En relación con que se violenta el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133, toda vez que a su entender lo contenido dentro del artículo 49, numeral 4, del código bajo estudio, es contradictorio con el contenido en el artículo 3o. de la Carta Magna es incorrecto, ya que en el texto de la norma impugnada no se limita, suspende o coarta el derecho a la educación, plasmado en el artículo 3o. constitucional, ni se contraviene su contenido ni en lo general ni en lo particular, en consecuencia, no existe violación al principio de supremacía constitucional y, por ende, no es imputable lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales .

    f) Relativo a que la norma impugnada viola el derecho a la información previsto en el artículo 6o. constitucional, se considera que no existe limitante por parte de la norma impugnada, donde se restrinja ese derecho.

    g) El artículo 49, numeral 4, tampoco vulnera el artículo 9o. constitucional, ya que la Constitución establece la garantía de asociación o reunión, siempre dentro de los parámetros de lo lícito, el del código establece la limitante de contratación de servicios de propaganda con fines electorales, en atención a lo anterior, de su simple lectura se desprende que no existe contradicción entre una y otra norma, sin embargo, con el hecho de no prohibirse una libertad de asociación en la norma genérica, no se violenta una garantía constitucional y, por ende, se observa el principio de supremacía constitucional

    h) Finalmente, el artículo 49, numeral 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no violenta lo contenido en el artículo 40 constitucional, ya que no existen discrepancias entre estos dos ordenamientos jurídicos y, por ende, no se rompe con el principio de jerarquía constitucional consagrado en la Carta Magna, por medio de su artículo 133 constitucional.

    Cámara de Senadores

    El informe rendido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintidós de febrero de dos mil ocho.

    La Cámara de Senadores informó, en síntesis, lo siguiente:

    "III. Consideraciones previas. 1) Derivado que se impugna la misma norma general consistente en el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación de 14 de enero de 2008 contra los mismos órganos que legislativo y ejecuto (sic) que emitieron y promulgaron la norma. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acumuladas (sic) las acciones de inconstitucionalidad 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008 a la 61/2008 (sic). Derivado de lo anterior al hacer un estudio integral de los conceptos invalidez de las demandas propuestas, se desprende coincidencia y repetición de la mayoría de los conceptos de invalidez, por lo que el informe se rinde en atención a los conceptos coincidentes de las demandas propuestas, además de atender de manera particular las razones de invalidez no coincidentes, por lo que el informe vale para todas y cada una de las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. 2) Según se desprende del escrito de las demandas de acción de inconstitucionalidad de los partidos políticos actores, se impugna el decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de enero de 2008, ello por considerar que violenta lo dispuesto por los artículos 6o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II y III; 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V; 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 116, 124, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 2.2. De lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se desprende: -Que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. -De ellas conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. -La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en el artículo 105, fracción II, constitucional. 2.3. De lo anterior se sigue que son materia de los juicios de acciones de inconstitucionalidad las posibles contradicciones entre una norma o ley secundaria o general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. En consecuencia, resultaría ser a todas luces improcedente intentar un juicio de acción de inconstitucionalidad en contra de un decreto de reformas a la Constitución Política en virtud de que dicho supuesto no se encuentra previsto en el artículo 105, fracción II, de la Norma Fundamental, así como tampoco es posible pretender plantear la inconstitucionalidad de una norma general respecto a un Texto Constitucional que ya no es el vigente por haber sido reformado. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER. Al ser la acción de inconstitucionalidad un medio de control de la constitucionalidad de normas generales, emitidas por alguno de los órganos que enuncia el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el estudio de los conceptos de invalidez que se hagan valer debe efectuarse a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes en el momento de resolver, aun cuando la presentación de la demanda sea anterior a la publicación de reformas o modificaciones a la Norma Fundamental, ya que a nada práctico conduciría examinar la constitucionalidad de la ley impugnada frente a disposiciones que ya dejaron de tener vigencia. Novena Época. Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal ; y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal , en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis no hubo discrepancia entre los once señores Ministros. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 121/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.’. Novena Época, Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, tesis P./J. 121/2002, página 418. IV. Razones y fundamentos que sostienen la validez de la norma impugnada. Primero. Los promoventes de las acciones de inconstitucionalidad acumuladas, señalan en uno de sus conceptos de invalidez, que la expedición del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contenido en el decreto impugnado, vulnera los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que durante el proceso legislativo no se dio la garantía de audiencia, además se alteró el procedimiento señalado en el Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en detrimento del artículo 1o. de la Ley para la Reforma del Estado. Este concepto de invalidez es infundado por los siguientes motivos: Es necesario primero destacar, que tanto en la creación de leyes, como las reformas a la Constitución, son procesos constitucionales, es decir, que sólo están regulados por la propia Constitución y, en consecuencia, el legislador debe actuar siempre dentro de los límites que marca la Norma Fundamental. En este sentido, de los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento Interior del Congreso General, se advierte que para que las reformas y adiciones propuestas en una iniciativa de ley formen parte del orden jurídico nacional es necesario que se agoten todas las etapas contempladas en el proceso legislativo. En este mismo orden de ideas, las normas legales, al ser producto del proceso legislativo, adquieren existencia hasta que éste culmina de manera que sólo pueden estar contenidas en el texto de la ley resultante y no en alguno de los documentos internos que conforman dicho proceso. Ahora bien, dicho lo anterior, dentro del proceso legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad, y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Las violaciones formales que trascienden la validez de la norma suceden, cuando una norma se aprueba violentando las disposiciones constitucionales, como en el caso que se apruebe una ley sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos, en cuyo caso la violación formal trascenderá de modo fundamental. En cambio las violaciones no son trascendentales, cuando, por ejemplo: las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de la iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este último supuesto caen los vicios alegados por los promoventes es decir, si bien es cierto que no se dio seguimiento al procedimiento legislativo establecido en la ley secundaria como lo es el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, esto no es trascendente en virtud que se cumplió el fin último, consistente en la creación de la norma en base a los preceptos constitucionales. Los requisitos señalados en el Reglamento Interno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, así como la Ley para la Reforma del Estado, sólo tienden a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose sólo con las formalidades trascendentales, es decir, los requisitos establecidos por la Carta Magna, para ello su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario. A mayor abundamiento, los trabajos de las comisiones son sólo preparatorios, por lo que las posibles violaciones al proceso legislativo en el trabajo de las comisiones puede purgarse o convalidarse por la actuación posterior del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la facultad decisoria. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en relación con los procesos legislativos dos etapas: la primera corre a cargo de una comisión que después de estudiar el tema, formula un dictamen, y la segunda corresponde al Pleno de la Cámara o del Congreso, que sobre la base del dictamen delibera y decide. El trabajo en cada una de dichas etapas tiene finalidades concretas, pues la comisión analiza la iniciativa de ley y formula una propuesta para ser presentada mediante dictamen al Pleno, y éste tiene como función discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la decisión que corresponda y esto cumple una función legitimadora de la ley. De lo anterior se colige que cualquier violación cometida en los trabajos preparatorios es secundaria siempre y cuando la iniciativa se haya discutido y votado por el Pleno de las Cámaras. En consecuencia, podemos concluir que las violaciones formales cometidas en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, carecen de relevancia jurídica, en virtud de que al final la ley fue aprobada por el Pleno de ambas Cámaras que conforman el Congreso General y publicada oficialmente. Al efecto tienen aplicación las siguientes jurisprudencias: No. Registro: 188,907; Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, agosto de 2001; tesis P./J. 94/2001; página 438. ‘VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregulari

    ades de carácter secundario. Acción de inconstitucionalidad 25/2001 Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de Agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. Dato Informativo: Similar criterio se sostuvo en las acciones de inconstitucionalidad: Acción de inconstitucionalidad 3/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de febrero de 1998. Mayoría de nueve votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. Acción de inconstitucionalidad 21/99 y su acumulada 31/99. Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. 8 de junio de 1999. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. Acción de inconstitucionalidad 91/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy siete de agosto en curso, aprobó, con el número 94/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de agosto de dos mil uno.’. No. Registro: 179,815; Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, diciembre de 2004; tesis P./J. 118/2004; página 954. ‘PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. SI EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE LAS FIRMAS DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES, ADOLECE DE UN VICIO FORMAL QUE CARECE DE TRASCENDENCIA, YA QUE PUEDE SER PURGADO EN LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DONDE APAREZCA LA APROBACIÓN DE LOS DIPUTADOS QUE NO HABÍAN SUSCRITO EL DICTAMEN. De conformidad con los artículos 54, 55, 109, 111 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro vigente hasta el 25 de septiembre de 2003, para el estudio, dictamen y despacho de los asuntos de la legislatura se nombrarán comisiones que examinarán e instruirán los asuntos sometidos a su consideración hasta ponerlos en estado de resolución, culminando su estudio con un dictamen aprobado por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes, que someterán a la consideración de la legislatura y que servirá como proyecto de resolución que recomendará si se aprueba o rechaza la iniciativa correspondiente; dicho dictamen será firmado por los integrantes, de manera que si falta la firma de algunos de ellos, se incurre en una violación que, sin embargo, carece de trascendencia, ya que ese vicio se purga si los diputados que no firmaron participaron en la sesión plenaria. Acción de inconstitucionalidad 25/2002. Diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Javier Arnaud Viñas y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintidós de noviembre en curso, aprobó, con el número 118/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro.’. No. Registro: 178,011; Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXII, julio de 2005; tesis P./J. 79/2005; página 915. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA UN ACTO QUE NO ES DEFINITIVO EN EL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL DEL CUAL FORMA PARTE. De los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para que las reformas y adiciones propuestas en una iniciativa de ley formen parte del orden jurídico nacional es necesario que se agoten todas las etapas contempladas en el proceso legislativo. Ahora bien, si la Cámara Revisora desecha un dictamen sometido a su consideración por la Cámara de Origen para que ésta lo reexamine con base en las observaciones formuladas, es indudable que tal proceso legislativo -incluido el dictamen impugnado- no puede reputarse como definitivo para efectos de la procedencia de la controversia constitucional, pues todavía está pendiente la resolución de la Cámara de Origen, o bien, el resultado del procedimiento previsto en el citado artículo 72, inciso d), de la Constitución Federal y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia. Controversia constitucional 641/2002. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 17 de febrero de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. El Tribunal Pleno, el veintiocho de junio en curso, aprobó, con el número 79/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de junio de dos mil cinco.’. No. Registro: 179,813; Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XX, diciembre de 2004; tesis P./J. 117/2004; página 1111. ‘PROCESO LEGISLATIVO. LOS VICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE POR EL CONGRESO RESPECTIVO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones Locales establecen, en relación con los procesos legislativos, dos etapas: la primera corre a cargo de una comisión que después de estudiar el tema correspondiente, formula un dictamen, y la segunda corresponde al Pleno de la Cámara o del Congreso, que sobre la base del dictamen delibera y decide. El trabajo parlamentario en cada una de dichas etapas tiene finalidades concretas, pues la comisión analiza la iniciativa de ley y formula una propuesta para ser presentada mediante el dictamen correspondiente al Pleno, y éste tiene como función principal discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la decisión que en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple una imprescindible función legitimadora de la ley, en razón de los mecanismos y etapas que lo integran. En ese tenor, la posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la comisión, que es básicamente preparatorio, puede purgarse por la actuación posterior del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la facultad decisoria. Acción de inconstitucionalidad 25/2002. Diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera legislatura del Congreso del Estado de Querétaro. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Javier Arnaud Viñas y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintidós de noviembre en curso, aprobó, con el número 117/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro.’. No. Registro: 179,277; Tesis aislada; Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, febrero de 2005; tesis P. III/2005; página 98. ‘LEYES. ALCANCE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO LEGISLATIVO PARA FIJAR SU SENTIDO. Las normas legales, al ser producto del proceso legislativo, adquieren existencia jurídica hasta que éste culmina de manera que sólo pueden estar contenidas en el texto de la ley resultante y no en alguno de los documentos internos que conforman dicho proceso, por lo que lo consignado en éstos no vincula al órgano aplicador (e intérprete) del derecho. Consecuentemente, tales documentos únicamente pueden mover el ánimo del juzgador respecto del alcance que se le debe adscribir a la norma -al decidir si el caso sometido a su consideración se encuentra o no previsto en la misma-, en función de los méritos de sus argumentos. Es decir, los documentos del proceso legislativo resultan determinantes para fijar el sentido de la norma legal exclusivamente en aquellas instancias en que el Juez decide atender las razones contenidas en ellos, por estimar que son de peso para resolver el problema de indeterminación que se le presenta en el caso concreto. Por tanto, habida cuenta que los documentos mencionados sólo constituyen una herramienta interpretativa de la norma legal, y que lo dicho en ellos no tiene carácter jurídico vinculatorio, sino persuasivo, resulta evidente que lo dispuesto en éstos, en los casos en que se encuentre en contradicción con lo prescrito en la norma jurídica, no puede provocar un conflicto que deba resolver el Juez para poder fijar el alcance de la disposición aplicable al caso particular, lo que sí acontece cuando dos normas jurídicas de igual jerarquía se encuentran en contradicción. Así, la función de los documentos del proceso legislativo se limita a orientar al juzgador sobre la manera de integrar o colmar lagunas en aquellos aspectos en que la norma resulta indeterminada, pero no en competir con ella sobre la prescripción que debe prevalecer respecto de cuestiones que si están previstas en aquélla. Amparo en revisión 1190/2004. 30 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de enero en curso, aprobó, con el número III/2005, la tesis aislada que antecede: y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil cinco.’. Por otra parte, el procedimiento legislativo por el cual se crea el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no vulnera la garantía de audiencia, debido a que dicha garantía no exige a los órganos legislativos a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, porque el objeto de la legislación es la creación de situaciones jurídicas generales, y si se obligara al Poder Legislativo a respetar la garantía de audiencia, se haría imposible o ineficaz la actividad legislativa. Por esta razón, el Constituyente no pretendió que la garantía de audiencia rigiera también en el proceso legislativo. Además de exigirse la garantía aludida, resultaría imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos y no a partidos políticos. De lo anterior se aprecia que es infundado que se violenta la garantía de audiencia en el proceso legislativo. Al efecto tienen aplicación las siguientes jurisprudencias: No. Registro: 232,480: Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional, Común; Séptima Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 157-162 Primera Parte; Tesis; página 305. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 9, página 29. Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 19, página 41. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públic

    s. Sexta Época, Primera Parte: Volumen CXXXII, página 24. Amparo en revisión 1501/53. Leonardo Barrera Román y coagraviados. 11 de junio de 1968. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Ernesto Solís López. Séptima Época, Primera Parte: Volúmenes 97-102, página 42. Amparo en revisión 3708/75. José María Escobar Olivas. 5 de marzo de 1977. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Volúmenes 97-102, página 42. Amparo en revisión 6163/75. Juan Ramos Russell y otros. 15 de marzo de 1977. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Volúmenes 103-108, páginas 75 y 84. Amparo en revisión 5847/76. Eduardo Roberto Cázares G. Cantón y otros. 22 de noviembre de 1977. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente. Raúl Cuevas Mantecón. Volúmenes 157-162, página 237. Amparo en revisión 6408/76. María Fortes de Lamas y otro. 18 de marzo de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Séptima Época, Primera Parte: Volúmenes 121-126, página 45. Amparo en revisión 2019/78. Máximo Jiménez García. 8 de mayo de 1979. Unanimidad de quince votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. Volúmenes 157-162, página 237. Amparo en revisión 3957/76. Estacionamientos San Francisco, S.A. 18 de noviembre de 1980. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Volúmenes 157-162, página 237. Amparo en revisión 798/77. Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, S.A. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Volúmenes 157-162, página 238. Amparo en revisión 3221/76. Estacionamientos Gante, S. de R.L. y C.V. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Volúmenes 157-162, página 70. Amparo en revisión 3386/76. Ranver Compañia Mexicana de Estacionamientos, S.A. 16 de febrero de 1982. Unanimidad de veinte votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.’. Nota: En el Semanario Judicial de la Federación, la referencia de la página 71 del amparo en revisión 3386/76 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este registro. No. Registro: 815,131; Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional; Séptima Época; Instancia: Pleno; Fuente: Informes; Informe 1982, Parte 1; esis 1; página 333. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar, en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos. Sexta Época, Primera Parte: Volumen CXXXII, página 24. Amparo en revisión 6408/76. María Fortes de Lamas y otro. 18 de marzo de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Amparo en revisión 3957/76. Estacionamientos San Francisco, S.A. 18 de noviembre de 1980. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Amparo en revisión 798/77. Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, S.A. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Amparo en revisión 3221/76. Estacionamientos Gante, S. de R.L. y C.V. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Amparo en revisión 3386/76. Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, S.A. 16 de febrero de 1982. Unanimidad de veinte votos de los Ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas, Castellanos Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Abitia Arzápalo, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, Rebolledo, Inárritu, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, Del Río, Calleja García, León Orantes y presidente Téllez Cruces. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretario: Pedro Esteban Penagos López. Nota: Esta tesis aparece también en: Séptima Época, Primera Parte, Volúmenes 157-162, página 305 (Jurisprudencia con precedentes diferentes).’. No. Registro: 233,787; Tesis aislada; Materia(s): Común; Séptima Época; Instancia: Pleno; Fuente: La Federación; 18: Primera Parte; tesis página (sic) 74. ‘LEYES, NO RIGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA TRATÁNDOSE DE LA EXPEDICIÓN DE. El Poder Legislativo no está obligado a oír y dar oportunidad de defensa a todas las personas que se encuentren en los supuestos de las normas jurídicas que elabore, porque el objeto de la legislación es la creación de situaciones jurídicas generales, y si se obligara al Poder Legislativo a respetar la garantía de audiencia, se haría imposible o ineficaz la actividad legislativa. Por esta razón, el Constituyente no pretendió que la garantía de audiencia rigiera también el proceso legislativo. Del texto del artículo 14 constitucional se deduce que el mismo no se refiere al Poder Legislativo, sino a los actos de los otros dos poderes (excepto el de emitir reglamentos para proveer a la exacta observancia de las leyes emanadas del Congreso, por su carácter materialmente legislativo), quienes no pueden ejecutar sus actos sin previa audiencia. Lo anterior, sin perjuicio de que los particulares utilicen los procedimientos adecuados para impugnar las disposiciones que consideren violatorias de sus derechos como gobernados. Amparo en revisión 3803/67. Vicente Palafox y coagraviadas. 16 de junio de 1970. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.’. No. Registro: 198,428; Tesis aislada; Materia(s): Constitucional; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; V, junio de 1997; tesis P. C/97; página 162. ‘PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO. La Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (Apéndice 1988, Primera Parte, página 131, jurisprudencia 68). El acto de promulgación de la ley forma parte del proceso legislativo que culmina con su vigencia y, por ende, para el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación requiere que provenga de la autoridad competente para ordenar la publicación y circulación de la ley a fin de que pueda ser obedecida (fundamentación), ya que ha cumplido con las formalidades exigidas para ello (motivación); sin que sea necesario, para la satisfacción de tales requisitos, que en el texto del acto promulgatorio se citen los preceptos legales que faculten al Poder Ejecutivo Federal o Estatal para realizar tal acto, ni las razones que lo llevaron a concluir, tanto que se cumplieron las formalidades exigidas para la expedición de la ley como que la misma no es violatoria de derechos fundamentales, ya que tal cita y razonamiento en el acto mismo de autoridad no se requiere tratándose de actos legislativos. Amparo en revisión 943/93. María Cristina de la Garza González y otra. 8 de abril de 1997. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de junio en curso, aprobó, con el número C/1997, la tesis aislada que antecede: y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de junio de mil novecientos noventa y siete.’. En términos de los razonamientos lógicos-jurídicos antes expuestos deberá declararse infundado el concepto de invalidez combatido en este primer punto. Segundo. El concepto de invalidez que señala que se vulneran los artículos 35, 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la ley impugnada infringe la garantía de votar y ser votado al excluir las candidaturas ciudadanas; es infundado por los siguientes motivos: Estamos convencidos de que la idea de ciudadanía es el sustrato mismo del Estado; la condición sine qua non para la existencia de éste. Por tal motivo, la Constitución consagra el derecho de votar y ser votado, sin embargo este derecho debe ser regulado por la ley secundaria a fin de dar certeza y seguridad jurídica al sistema electoral. En este sentido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales regula los procesos en que un ciudadano puede ser candidato y en consecuencia ser votado. Si bien es cierto que la legislación impugnada no contempla la figura de las candidaturas ciudadanas, esto no quiere decir que se vulnere el derecho a ser votado, ya que ese derecho no se prohíbe a ningún ciudadano, debido a que tampoco se coarta a ciudadano alguno el derecho de participar y adherirse a cualquier partido político, nacional o estatal, para así ser candidato a los puestos de elección popular y en consecuencia votar y ser votado. Lo anterior en virtud de que la Carta Magna al lado del derecho de votar y ser votado, consagra el sistema de partidos políticos, es decir, acceder a los puestos de elección popular a través de los partidos políticos; por lo que el legislador no limita el derecho de ser votado, sino que incluso reglamenta este derecho ponderando el sistema de partidos para dar certeza jurídica a los gobernados que quieren hacer uso de sus derechos ciudadanos. Por ello en la reforma no se elimina el derecho a ser votado, sino que se fortalece el sistema de partidos, paralelamente con la idea de que todo ciudadano puede acceder a estos y hacer uso de sus derechos políticos que le da fundamento y razón de ser al Estado; sin pasar por alto a quienes reclaman su inalienable derecho de ser votados. Ahora bien, a mayor abundamiento el artículo 41 constitucional obliga al Congreso de la Unión a preservar el régimen de partidos democráticos, y partimos del principio de que el sujeto principal de la reforma es el ciudadano, y él decide quién es y cuántos votos tiene cada fuerza política. No es manteniendo la prerrogativa en las dirigencias para conformar resultados de antemano. Es la decisión de los ciudadanos la que asigna su lugar a cada fuerza política. Por otra parte, la ley impugnada, no se está tutelando a los partidos políticos, sino que es precisamente el derecho del ciudadano a elegir libremente quien quiere que sea su representante y la forma en que accederán los mismos a las candidaturas. Los partidos políticos, que son parte del sistema jurídico que ahora tenemos y que son entidades de interés público, deben representar cauces de expresión ideológica, proyectos y programas de cauces de expresión ideológica; proyectos y programas de gobierno; plataformas políticas. Por esa la (sic) misma ley, y las anteriores establecen (sic): que sólo los partidos políticos pueden postular candidatos, pero para ello primero tiene que presentar una plataforma de carácter legislativo para hacer una oferta hacia fuera. En este sentido, estamos (sic) los partidos políticos deben ser instituciones consolidadas, que llegan a convencer a muchos ciudadanos que no solamente pueden votar por la parte ideológica, sino por la simpatía que puedan tener por determinados liderazgos, es decir, ciudadanos propuestos por los partidos. Al efecto, tienen aplicación los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia: No. Registro: 922,710; Tesis aislada; Materia(s): Electoral; Tercera Época; Instancia: Sala Superior; Fuente: Apéndice (actualización 2002); VIII, P.R. Electoral; tesis 91; página 120. Genealogía: Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 301-302, Sala Superior, tesis S3EL 048/2002. ‘CANDIDATURAS INDEPENDIENTES LA NEGATIVA DE REGISTRO CON BASE EN UNA DISPOSICIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE SÓLO LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN DERECHO A POSTULAR CANDIDATOS, NO VIOLA LA

    CONSTITUCIÓN FEDERAL NI LOS TRATADOS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De la interpretación de lo dispuesto en los artículos 35, fracción II; 41, segundo párrafo, fracción I, y 116, fracciones I, segundo párrafo, y IV, incisos f), g) y h), en relación con el 2o., apartado A, fracciones III y VII; 35, fracción I; 36, fracciones I y III; 39, 40, 41, fracciones II y III; 54, 56, 60, tercer párrafo; 63, cuarto párrafo, in fine; 115, primer párrafo, fracción VIII; 116, fracciones II, último párrafo, y IV, inciso a); 122, tercero, cuarto y sexto párrafos, apartado C, bases primera, fracciones I, II y III; segunda, fracción I, primer párrafo, y tercera, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , así como 25, incisos b) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no cabe desprender que el derecho de los ciudadanos a ser votados sea absoluto y no se pueda establecer límite legal alguno, por lo que, no resulta: inconstitucional ni violatoria del derecho internacional la negativa del registro como candidato independiente en la elección de gobernador del Estado de Michoacán a un ciudadano, con base en que el artículo 13, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Michoacán y 21 y 34, fracción IV, del código electoral de dicha entidad federativa establecen que sólo los partidos políticos tienen derecho a postular candidatos a los cargos de elección popular y, por tanto, no contemplan las candidaturas independientes, porque la disposición legal que establece que la solicitud de registro de candidatos sólo la puedan presentar los partidos políticos, ciertamente constituye una limitación derivada de las calidades o condiciones que los ciudadanos deben satisfacer para ejercer su derecho a ser votados, razón por la cual la misma no representa, per se, una vulneración de las normas y principios constitucionales o de los tratados internacionales, ya que estos ordenamientos no prohíben las limitaciones o restricciones legales a los derechos políticos-electorales ni a los derechos fundamentales o humanos en general, sino que lo que prohíben es que tales limitaciones o restricciones sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/2001. Manuel Guillén Monzón. 25 de octubre de 2001. Mayoría de cinco votos en el criterio. Engrose: José de Jesús Orozco Henríquez. Disidentes: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 301-302, Sala Superior, tesis S3EL 048/2002. No. Registro: 177,736; Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXII, julio de 2005; tesis P./J. 60/2004; página 778. ‘CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. EL ARTÍCULO 32, FRACCION II, DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO, AL SEÑALAR QUE AQUÉLLOS DEBERÁN SATISFACER LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y, ADEMÁS, SER ELECTOS O DESIGNADOS CON ESE CARÁCTER POR UN PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN, DE CONFORMIDAD CON SUS PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTICOS INTERNOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del citado precepto constitucional se advierte que los partidos políticos son entidades de interés público que como organizaciones de ciudadanos tienen, entre otros fines, el de hacer posible el acceso de aquellos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; asimismo, que los citados institutos políticos podrán participar en elecciones estatales, y municipales en cuyo caso su intervención se ajustará a los lineamientos locales sobre la materia. Consecuentemente puede decirse que los ciudadanos mexicanos sólo pueden contender por un cargo de elección popular a través de los partidos políticos. Por lo tanto, el artículo 32, fracción II, de los lineamientos locales sobre la materia. Consecuentemente puede decirse que los ciudadanos mexicanos sólo pueden contender por un cargo de elección popular a través de los partidos políticos (sic). Por lo tanto, el artículo 32, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo al señalar como requisito para aspirar a ocupar un cargo de elección popular en la entidad el ser electo o designado candidato por un partido político o coalición, aunque la Constitución Local no lo establezca, no trasgrede lo previsto en la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acción de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004. Partidos Políticos Convergencia, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 15 de junio de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Alejandro Cruz Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de agosto en curso, aprobó, con el número 60/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de agosto de dos mil cuatro. Nota: La presente tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 801, se publica nuevamente con el texto correcto.’. No. Registro: 176,673; Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XXII, noviembre de 2005; tesis P./J. 142/2005; página 154. ‘PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES. LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIONES II, III Y V, Y 56 BIS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, AL PREVER CIERTOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS ESTATUTOS DE AQUÉLLOS, SON CONSTITUCIONALES. Los citados artículos prevén la obligación de los partidos políticos de incorporar en sus estatutos, el primero, los procedimientos de afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, quienes tendrán el derecho de participar en asambleas y convenciones, de integrar los órganos directivos y estar en condiciones de acceder a la información pública del partido (fracción II); procedimientos democráticos de elección de candidatos a cargos de elección popular y de sus órganos directivos, así como la enumeración de sus funciones, facultades y obligaciones, las que deben ser del conocimiento público (fracción III); así como prever sanciones fundadas y motivadas, impuestas por órganos competentes previamente establecidos y que deben ser proporcionales a la infracción cometida (fracción V); y el segundo, el procedimiento claro para la elección de dirigentes en todos los niveles de organización, y garantizar la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, transparencia y certidumbre; previendo periodos fijos para la duración y renovación de mandos internos y procedimientos para la sustitución de ellos, y estableciendo reglas generales de la elección de los dirigentes y los requisitos mínimos. Ahora bien, los aspectos antes mencionados no representan una intromisión indebida en la vida interna de los partidos, pues la finalidad prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los partidos políticos, consistente en la promoción de los principios democráticos incluye que éstos deben regir en su interior, pues sólo así permanecen en estrecha comunicación con sus miembros, con lo que se cumplirá el objetivo de permitir que los partidos sean organizaciones de ciudadanos que hagan posible su acceso al poder público; en tal virtud, es necesario que sus estatutos prevean un funcionamiento democrático verdadero, asegurando que cuenten con estructuras y prácticas de participación que tengan el control de sus líderes y la colaboración de sus afiliados en la formación de estos liderazgos, pues de no existir elementos de certeza en cuanto a sus procedimientos internos y de transparencia en su funcionamiento, así como el establecimiento de garantías para sus afiliados, no cumplirían con la función que constitucionalmente tienen asignada. Por otra parte, el hecho de que artículo 56 bis disponga que, además de lo previsto en el indicado artículo 56, los estatutos deben establecer un procedimiento claro para la elección de los dirigentes en todos los niveles de organización y que, para garantizar la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, transparencia y certidumbre, deben prever reglas respecto de los periodos de duración y renovación de sus mandos internos, así como procedimientos de sustitución de dirigentes electos, aparte de establecer reglas generales para su elección, es una cuestión que tampoco constituye una intromisión en la vida interna de los partidos políticos, por las razones previamente señaladas, en atención a que debe garantizarse la promoción del pueblo en la vida democrática de manera efectiva, y que no se dé lugar a la creación de cúpulas en las que siempre recaigan las decisiones y las candidaturas a cargos de elección popular, puesto que tal situación sí seria contraria al espíritu del artículo 41, fracción I, de la Constitución de la República. Acción de inconstitucionalidad 13/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 142/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.’. De lo anterior, se desprende que no se viola el principio de votar y ser votado, sino que sólo se regula ese derecho a través de la norma impugnada, aunado a que se pondera este principio con el régimen de partidos políticos que consagra la misma Constitución, por lo que deberá de declararse infundado el concepto de invalidez aludido. Tercero. Es infundado el concepto de invalidez que señala que los artículos 95, numerales 9 y 10; y 96, numeral 5, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales imponen límites a la figura de coalición y vulneran los principios de libre asociación y participación ciudadana, por los siguientes motivos: El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) cumplió no sólo con el proceso legislativo prescrito, sino que su fundamento es el constitucional, derivado de las normas contenidas en el decreto publicado el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo de la aprobación del COFIPE es el establecimiento de normas legales que sustenten un sistema electoral renovado, conforme al mandato del Constituyente Permanente. Sin que ello vulnere garantías individuales o valores supremos vigentes consagrados en nuestra Ley Fundamental; en el caso que nos ocupa, la figura de la coalición sigue vigente, los partidos políticos siguen gozando de la libertad de participar en coaliciones, sin embargo como todas las libertades establecidas en la Constitución prevé condiciones, requisitos para su realización y precisamente éstos son los que se han incluido en el nuevo ordenamiento aprobado. Dentro del campo jurídico -e incluso en algunos casos fuera de él- es común encontrar las referencias a las libertades públicas emparejadas a los conceptos de los derechos del hombre o derechos políticos individuales. El motivo de ello es que históricamente los derechos humanos han sido asociados a algunos ideales de libertad en la vida social, lo cual ha ocasionado que en ciertas posturas se les conjunte y se les trate como una sola cuestión. En México, por ejemplo, es común equiparar estas dos ideas, las libertades públicas con los derechos del hombre: al respecto Andrés Serra Rojas al hablar de los derechos y deberes en la Constitución, señala: que siendo tan amplio el campo de la vida social en el cual el hombre tiene libertad de actuar, históricamente se le han reconocido y consagrado determinadas libertades que

    genéricamente se denominan libertades fundamentales del hombre. Sin embargo, las libertades públicas permiten plantear aspectos fundamentales de la relación política, entre ellos los de la finalidad del Estado y el papel de la ley como límite de la acción gubernativa: no obstante, en nuestro espacio jurídico se les ha dado un tratamiento poco preciso, cuando no incompleto, y se ha soslayado su valor y potencial como elementos complementarios a una categoría básica como la de Estado de derecho. Las libertades públicas se ubican en la inserción de los planos filosófico, jurídico y político. En el primero encuentran sus principios; en el segundo su garantía, y en el último su realización. En el caso que nos ocupa, es importante señalar que con los requisitos establecidos para que las coaliciones sean posibles, el pluralismo no se afecta, no se vulnera, se reduce a una vertiente puramente cuantitativa, que también conlleva a un factor cualitativo que se concreta en la presencia de diversidad de opiniones, que ha sido balanceada y corregida por la puntual intervención del Estado, mediante el Poder Legislativo con reformas apegadas a los intereses del país. Ahora bien, por lo que hace a los artículos 95 y 96, entre otros, del vigente COFIPE, que se refieren a las coaliciones electorales, son práctica generalizada entre partidos en elecciones federales y locales. La ley las permite, aunque las reglas que para ellas establece son excesivas. El dilema que enfrenta la norma jurídica y, por ende, quienes la autorizan, está entre la simplificación de las reglas y el respeto a la voluntad de los electores. Derivado de lo anterior, la reforma aprobada consistió en flexibilizar al máximo los requisitos y trámites para la formación de coaliciones electorales, acompañando esas medidas del necesario respeto a la voluntad de los ciudadanos. El nuevo COFIPE establece que cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados con el nuevo COFIPE, deben registrarse por sí mismos, con listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. Fue el cambio de fondo más relevante, ya que se refiere a la posibilidad de que tratándose de coaliciones, los partidos que las integran puedan convenir la aportación de votos suficientes para que cada uno de ellos cumpla el requisito del 2% de la votación nacional emitida, siempre y cuando los partidos que resulten beneficiarios de tal medida hayan obtenido, por sí mismos, al menos el 1%. Sin que esto, se insiste, vulnere los principios de asociación y participación ciudadana, convendría, en este caso, destacar que la propia Constitución establece requisitos y condiciones para el ejercicio de nuestras prerrogativas y libertades. Basta citar que el artículo 9o. que señala la libertad de asociación y dice a la letra: ‘que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país’, nos remite al artículo 34 donde se precisa quiénes son considerados ciudadanos, y qué requisitos se deben cumplir. De lo que se colige que la reforma aprobada, tuvo por objeto precisar los requisitos para la participación de los partidos en coaliciones, sin que ello vulnere ninguna garantía, ni restrinja derecho alguno. El nuevo COFIPE establece en el capítulo tercero, denominado ‘De los derechos de los partidos políticos’, en el numeral 1, inciso e), del artículo 43, que son derechos de los partidos políticos nacionales: ‘formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos coaligados. Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos de este código’. Con el propósito de reiterar que no se han violentado derechos fundamentales, traemos a colación el principio y finalidad de la asociación política. Las modernas formas de convivencia política tienen en las libertades públicas uno de sus rasgos definitorios. Desde el nacimiento de dichas relaciones, con la puesta en práctica de los principios liberales, la idea de las libertades públicas puede concebirse como pivote de los cambios que desde entonces han delineado una etapa de la vida del hombre, de la cual son un resultado los momentos actuales. Esta dinámica ha cincelado el cuerpo institucional que rige la vida social: nuestro Estado vigente. Ya desde la Francia de 1789 se apuntaba una idea que hoy es generalmente aceptada, y que es elemento fundamental de las libertades públicas: Los derechos del hombre como principio y finalidad de la asociación política. Debido a esta idea se enlazan fines y medios, es decir, los derechos humanos y las formas político-jurídicas por las que aquéllos pueden ejercerse y ser, por tanto, libertades públicas. El reconocimiento político de los derechos del hombre condujo a la positivación de los derechos de los gobernados y a las garantías jurídicas, realizadas éstas como libertades públicas que constituyen la base del Estado. La idea de un Estado de derechos incluye actualmente la vigencia de las garantías (político-jurídicas) de derechos humanos y da lugar a la transformación de las concepciones abstractas de los derechos, fundamentales en su realización concreta como libertades públicas. Un Estado de derecho es, entonces, aquella entidad política que mediante una personificación jurídica es limitada constitucionalmente en su poder respecto de los gobernados. Es un Estado para sus gobernados, un poder democrático que se instituye a partir de cuerpos representativos de la composición plural de la sociedad, y de la institucionalización del equilibrio entre los Poderes Estatales y el establecimiento de mecanismos constitucionales para asegurar la observancia de la ley, como elementos mínimos indispensables. Por lo anterior, el establecer requisitos a las libertades, no implica desconocer valores tutelados en la Ley Fundamental, a mayor abundamiento esta norma consagra los derechos mínimos, y el nuevo COFIPE, ni restringe, ni mucho menos suprime prerrogativas. El Estado de derecho, en origen, contiene dos órdenes de composición: en el primero se comprenden los derechos humanos como principios generales en favor de toda persona a gozar de una vida digna, que permitan su desarrollo sin más limitación que la libertad de otros a partir del hecho mismo de su existencia; en el segundo se incluye un conjunto de seguridades y tutelas que, por instrucciones e instrumentos jurídicos, producen la eficacia de los primeros. Estos dos órdenes, indisolubles en la realidad del Estado, se traducen en la normativa positiva, como garantías constitucionales. La voz garantías es reconocida en el derecho público en referencia a las seguridades y tutelas concretas (sistemas y mecanismos institucionales) para salvaguarda de los derechos de los gobernados. Estas seguridades y tutelas requieren del más alto grado de eficacia. La efectividad constitucional implica, entonces, las garantías fundamentales de carácter individual, social e institucional, y las garantías de la propia Constitución para los métodos procesales, represivos y reparadores que dan efectividad a los mandatos fundamentales, cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre respecto de su forma o contenido. Estos últimos son reconocidos generalmente en tres espacios, a saber: Garantías políticas, garantías judiciales y garantías jurisdiccionales de la Constitución. De las cuales derivan diversos mecanismos operativos de defensa a la Ley Suprema del Estado y, simultáneamente, de protección a los derechos del hombre. Dentro de los mecanismos políticos formales enfocados al aseguramiento de las libertades públicas y control de la Constitución, aparecen como esenciales en el Estado democrático los que se instituyen entre sus propios órganos, sustentados en la división tripartita de poderes, cuyo contrapeso operativo previene la concertación de poder en alguno de ellos y resguarda a los gobernados de desviaciones de los mandatos constitucionales. El grado de aplicación de la práctica de los postulados constitucionales, que se expresa en la relación recíproca entre sus normas y realidad social, constituye un indicador del nivel democrático de una Constitución. En ese campo cobran relevancia, para el fortalecimiento constitucional, las acciones del poder incitando comportamientos sociales para el acatamiento de las normas, así como las de defensa de la legalidad a partir del ejercicio de las libertades públicas de que disponen los partidos políticos, las agrupaciones sociales o los medios de comunicación, por ejemplo. Se define de esta manera la existencia de un control social de carácter informal, mediante el cual la sociedad civil, dentro de los límites de licitud de sus derechos fundamentales, puede reorientar decisiones o actos de los órganos del poder público. Dentro de las libertades públicas, la sociedad política moderna reconoce su nivel de legitimación en la búsqueda y conservación de los derechos humanos. En este sentido, derechos humanos, Estado y libertades públicas son elementos de un mismo proceso que va de los ideales a los hechos. Las libertades públicas impulsan y adelantan la idea tradicional de los derechos humanos, al dotarla de un vínculo con la realidad -con esa eficacia jurídica del Estado que crea el marco para su pleno ejercicio-. Por lo dicho, los conceptos de libertades públicas y de Estado de derecho, tienen una relación forzosa: las libertades públicas son el resultado de todo régimen que procura el desarrollo del hombre en lo individual y lo colectivo. El Estado de derecho, al incluir los sistemas y mecanismos normativos con un suficiente grado de eficacia para crear ese espacio de actuación de los gobernados, estará dando lugar al régimen de libertades públicas. Con ello el Estado de derecho amplia su contenido y alcanza un sentido profundo que redondea sus principios originales. Por lo anterior, conviene retomar el señalamiento de Jean Morange, quien a nombre de la escuela francesa dice: ‘... Las libertades públicas presuponen que el Estado reconoce a los individuos el derecho de ejercer, al abrigo de toda presión exterior, cierto número de actividades determinadas. Así pues, son libertades públicas porque corresponde a los órganos del Estado, titular de la soberanía jurídica, realizar tales condiciones ... (ya que) las libertades públicas sólo se conciben en el marco de un sistema jurídico determinado.’. Esta concepción permite salvar el obstáculo que representa la carencia de una definición unívoca: además ofrece la posibilidad de una importante aclaración acerca de la diferencia entre las libertades públicas y los derechos humanos, donde éstos son la fuente de las primeras, pero al representar ideas generales y abstractas, encuentran su realización concreta en la operación estatal de un marco jurídico que permite su ejercicio, luego entonces se puede hablar de libertades públicas. Ahora bien, la conquista y defensa de libertades públicas tiene mayor relación con la larga lucha por limitar al poder que dio lugar, en primer término, al triunfo de las libertades individuales o privadas que con la distribución aritmética del poder público para todos los miembros de la sociedad, tal y como fueron consideradas en l

    democracia de la antigüedad. Este análisis, nos conduce a robustecer que el objetivo fundamental es alcanzar un equilibrio a favor de los ciudadanos y la fuerza enorme de los partidos políticos. Sin violentar, ni restringir libertades como es señalado en la controversia constitucional. Porque ni los criterios jurisprudenciales emitidos por la SCJN, ni la aprobación del nuevo COFIPE, en materia de coaliciones, modifica la esencia misma del fin, que es el establecimiento de requisitos, el partido político sigue gozando de las libertades públicas de asociarse y participar en los procesos electorales. Y para el caso de los emblemas que eran utilizados para identificar las coaliciones, se identificaran por su propio logotipo. No existen restricciones ni limitantes, se establecen requerimientos, como se precisan en la propia Constitución para el ejercicio de derechos. Cuarto. En relación con el concepto de invalidez que formulan los partidos políticos actores en el que argumentan que se violentan los principios democráticos de representatividad y de libre expresión al (i) no existir acceso a los medios electrónicos masivos en condiciones de efectiva y equitativa competencia electoral por parte de los partidos políticos; y (ii) al prohibir a los ciudadanos la contratación de propaganda, infringiendo lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Constitución, esta parte manifiesta lo siguiente: El decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 2008, no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en concreto, el principio democrático de representatividad ni vulnera las condiciones de efectiva y equitativa competencia electoral en contra del actor. En efecto, la parte actora argumenta que el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión por parte de los partidos políticos nacionales ‘sustrae el derecho para determinarse, conforme a su proyecto político, en relación al uso de tiempos en los medios de comunicación masiva de radio y televisión’ y vulnera el principio democrático de representatividad, en el sentido de que las elecciones dejan de ser auténticas y equitativas, en términos de lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Constitución General. Se niega en forma absoluta que el decreto de reformas al COFIPE violente norma constitucional alguna y mucho menos que se vulnere el principio democrático de representatividad previsto en los artículos 39 y 40 de la Constitución. Tal como fue expuesto en el apartado anterior, el partido actor confunde o pretende confundir tanto el denominado principio democrático de representatividad y de elecciones auténticas y equitativas como las normas constitucionales con base en las cuales realiza el examen de inconstitucionalidad del nuevo COFIPE. Lo anterior es así toda vez que del propio escrito de demanda se desprende que impugna la reforma al artículo 41 constitucional, en la base III, apartados A, B, C y D. Asimismo impugna lo dispuesto en los artículos 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 71, que establecen efectivamente el nuevo régimen de acceso a la radio y televisión por parte de todos los partidos políticos y que fundamentalmente se hace consistir en lo siguiente: a) El Instituto Federal Electoral será la autoridad única para la administración de los tiempos que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los partidos políticos nacionales. b) Prohibición a los partidos políticos de contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos en radio y televisión. c) De los tiempos en que dispone el Estado en radio y televisión, durante los procesos electorales, es decir, desde el inicio de la precampaña y hasta el día de la jornada electoral, el IFE dispone de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. d) Durante las precampañas, los partidos políticos dispondrán en su conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. El tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley. e) Durante las campañas electorales, debe destinarse a cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el 85% del tiempo total disponible. f) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán entre las 6 y las 24 horas. g) El tiempo establecido como derecho de los partidos se distribuirá en ellos conforme a lo siguiente: 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior. h) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario referido en el inciso anterior. i) Fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales, al IFE le será asignado hasta el 12 del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento, el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales tanto federales como de las entidades federativas. El tiempo antes mencionado deberá ser utilizado por cada partido político en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno transmitiéndolo en el horario que el IFE determine. j) Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida igualmente la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. k) Estas disposiciones deberán ser cumplidas en el ámbito de los Estados y el Distrito Federal conforme a su legislación aplicable. 4. El nuevo COFIPE no contraviene norma constitucional alguna. Los preceptos del COFIPE que respecto a este tema impugna el partido actor, en especial los artículos 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 71, son normas que en forma casi textual reproducen lo dispuesto en un precepto constitucional que es el artículo 41, en su base III, pues basta con leer el propio Texto Constitucional para desprender que en muchos de los preceptos que son impugnados son una reproducción íntegra y exacta de las normas constitucionales, razón por la cual carece de todo sustento lógico-jurídico el argumento del partido actor en el sentido de que existe una contradicción entre las normas impugnadas con la Constitución Política vigente. Si el argumento del partido actor estuviera construido sobre el examen de constitucionalidad entre las normas del nuevo COFIPE y el texto constitucional anterior a las últimas reformas en materia electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2007, es a todas luces improcedente e infundada la demanda que hoy se contesta en virtud de que no existe norma alguna que autorice a esa H. Suprema Corte de Justicia a hacerlo además de que carecería de todo sentido hacerlo, criterio que es sustentado por la propia Corte, mismo que ha sido transcrito en líneas anteriores. En abono a lo anterior, se precisa lo siguiente: 4.1. El ‘nuevo modelo’ de acceso a la radio y la televisión por parte de los partidos políticos a través de los tiempos del Estado, así como los criterios de distribución de dichos tiempos entre los partidos (30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior) en ninguna forma atenta con el principio democrático de representatividad ni con ningún otro que consigne la Constitución. Respecto de la equidad en el financiamiento público que reciben los partidos políticos esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios jurisprudenciales en donde establece que la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, debe entenderse como el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos lleven a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de manera tal que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad, y no podrá condicionarse en modo alguno la entrega de dicho financiamiento (P./J. 75/2004, septiembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En efecto, el criterio de distribución entre los partidos de los tiempos del Estado en materia de radio y televisión que consigna la propia Constitución General en modo alguno vulnera principio constitucional alguno, sino que por el contrario es acorde con el principio de equidad en la contienda electoral y de pluralismo político. Lo anterior es así, en virtud de que sería un despropósito pensar que los tiempos a distribuirse entre los partidos políticos (que forma parte del financiamiento que se les otorga a los partidos políticos) deberían distribuirse en forma igualitaria entre todos independientemente del grado de representación que tuvieran. Debe precisarse que este criterio de distribución 30% igualitario y 70% proporcional al número de votos obtenido se ha mantenido y no ha cambiado desde el COFIPE anterior, en lo que respecta a la forma de distribución del financiamiento público e inclusive para la distribución de los tiempos de que disponían los partidos en radio y televisión antes de la reforma al COFIPE. Basta leer los artículos 44, 45, 47, 49, fracción V, del COFIPE anterior a las reformas para darnos cuenta que el criterio de distribución del financiamiento público a los partidos no cambió sino que permaneció igual, según se desprende de lo que a continuación se transcribe. ‘Artículo 47. I. Los partidos políticos durante las campañas electorales, a fin de difundir sus candidaturas, independientemente del tiempo previsto en el artículo 44 de este código, tendrán derecho a las siguientes transmisiones en radio y televisión: ... 3. El tiempo de transmisión y el número de promocionales a que se refieren respectivamente los incisos a) y c) del párrafo 1 de este artículo, se distribuirán entre los partidos con representación en el Congreso de la Unión, de la siguiente manera: el 30% en forma igualitaria y, el 70% restante en forma proporcional a su fuerza electoral.’. ‘Artículo 49. 7. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este código, conforme a las disposiciones siguientes: a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: ... V. La suma del resultado de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, según corresponda, constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera: • El 30% de la cantidad total que resulte, se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión. • El 70% restante, se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida, que hubiese obtenido cada partido político con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior ...’. En razón de lo anterior, deviene infundado el argumento del actor en el sentido de que la reforma vulnera el principio de equidad y de representatividad, sino todo lo contrario, tutela y conserva las condiciones para la equidad, ya que este principio tiene una estrecha relación con el pluralismo político que nuestra Constitución también establece como principio, toda vez que éste se refiere precisamente a que existan tantos partidos políticos como representatividad detenten y logren el acceso de los ciudadanos al poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Por esa razón, un acceso igualitario a los tiempos del Estado en las estaciones de radio y canales de televisión si generaría inequidad toda vez que independientemente del esfuerzo de los partidos para obtener el voto de los ciudadanos e independientemente del grado de representatividad que fueran acumula

    o o disminuyendo los partidos políticos, todos tendrían idénticos derechos en cuanto a la proporción, lo que a todas luces atentaría precisamente con el principio de representatividad y vulneraría las condiciones para una efectiva y equitativa contienda electoral. Por otro lado, tampoco es posible aceptar que el ‘nuevo régimen de acceso a la radio y televisión’ sustraiga el derecho de los partidos políticos a ‘determinarse conforme a su proyecto’ en relación al uso de dichos tiempos en radio y televisión toda vez que por encima de la voluntad de los partidos políticos en tanto entidades de interés público que se sujetan a los mandatos constitucionales y legales, se encuentra la voluntad del Poder Reformador de la Constitución, cuyas decisiones son expresiones de la voluntad popular y si éste determinó establecer nuevas reglas, instrumentos y procedimientos con base en los cuales los mexicanos elegiremos a nuestros representantes, nada puede estar por encima de dicha voluntad general. Así también tampoco es procedente decir que las reformas al COFIPE en la materia que abordamos vulnera en forma alguna el derecho de los ciudadanos a conocer las diferentes fuerzas políticas en igualdad de circunstancias, lo que vulnera la esfera jurídica de los propios ciudadanos y de los partidos emergentes. Lo anterior es carente de todo sustento en virtud de que los ciudadanos conservarán la posibilidad de recibir y escuchar las propuestas, plataforma y oferta política por parte de todos los partidos políticos nacionales, lo que no implica que para que realmente se ejercite tal derecho debe ser en igual proporción entre todos los partidos o que el hecho de que haya partidos con mayor presencia en los medios de comunicación por su grado de representatividad eso vulnere el derecho de los ciudadanos a conocer las propuestas de todos los partidos. Por otra parte, la prohibición de contratación de propaganda electoral por parte de los ciudadanos en radio y televisión no violenta la libertad de expresión, por los siguientes motivos: 1. Tal como fue precisado en apartados anteriores, y según se desprende del escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad que se contesta, el partido político actor impugna el decreto por el que se expidió el nuevo COFIPE por considerar que violenta lo dispuesto por los artículos 6o., 9o., 13, 14, 16, 25, 26, 28, 35, fracciones I, II y III, 39, 40, 41, fracciones I, II, III y V, 65, 66, 70, párrafo tercero, 71, 72, 73, 116, 124, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Sin embargo, mi parte reitera que en la especie, el partido político actor en realidad pretende impugnar no sólo el decreto que reforma el COFIPE sino también la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2007. En efecto, el partido actor argumenta la prohibición establecida a toda persona física o moral para contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos vulnera la libertad de expresión y, por tanto, es inconstitucional. El precepto que contiene esta norma en el COFIPE es el artículo 49, que en su parte conducente establece: ‘Artículo 49. 4. Ninguna persona física o moral, sea a titulo propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el libro séptimo de este código.’. Se niega que la referida prohibición establecida a toda persona física o moral, a título propio o por cuenta de terceros de contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos violente una norma constitucional en virtud de que de la sola lectura de lo dispuesto en el artículo 41, base III, tercer párrafo, del inciso g), de la Constitución se puede desprender que es una norma idéntica a la que consignó el COFIPE en el artículo 49, razón por la cual no es posible decir que exista una contradicción entre ambas normas y, por ende, deviene a todas luces infundado e improcedente el argumento del partido actor, toda vez que es evidente que fue voluntad expresa del Poder Reformador de la Constitución el establecer una limitante al derecho de compra de publicidad en los medios de comunicación social a partir de ponderar los valores democráticos que consigna la Norma Fundamental como es el de equidad en la contienda electoral. Tal como fue expuesto en el apartado anterior, la verdadera intención del partido actor es que esa H. Suprema Corte de Justicia revise y examine la constitucionalidad del decreto de reformas, lo que es a todas luces improcedente, toda vez que de conformidad con el propio criterio sustentado por esa Corte, en tratándose de reformas a la Constitución General únicamente puede ser impugnado y susceptible de revisarse el procedimiento legislativo, mas no la reforma en su aspecto material. En virtud de ello es que deviene además improcedente el concepto de invalidez que formula el partido actor el hecho de que una norma atenta contra un derecho fundamental consignado en la Constitución toda vez que la norma impugnada corresponde en su totalidad a otra norma de carácter constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior mi parte precisa que es absolutamente falso que la mencionada prohibición de contratar propaganda en radio y televisión impuesta a los particulares y a las personas morales con la finalidad de influir en las preferencias electorales, constituya una violación a la libertad de expresión, por lo siguiente: 1. Por libertad de expresión debe entenderse la facultad o potestad de los individuos para manifestar o expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, etc. Existen subespecies de esta libertad, a saber, por un lado la llamada libertad de pensamiento u opinión (que alude a la libre manifestación de las ideas a través de un medio no escrito), libertad de prensa o imprenta (cuando las ideas son expresadas de forma escrita). En relación estrecha con estas libertades se encuentra también el derecho o la libertad de información que, entre otros aspectos, incluye la facultad del individuo para difundir la información por cualquier medio. Por último, cabe mencionar como una subespecie más de la libertad de expresión, la libertad de cátedra e investigación (también conocida como libertad de enseñanza) cuyo ejercicio es garantizado al personal académico universitario. En estrecha relación con lo anterior, debe decirse que la libertad para manifestar ideas y opiniones es inútil cuando no incluye la libertad y el derecho a la información, ya que sólo puede opinar y optar conscientemente quien está verazmente informado y no quien está influido o desorientado. Como podemos desprender de lo anterior la libertad de expresión tiene muchas ‘caras’ o aristas. Por un lado, la libertad de pensamiento u opinión, por otro, la libertad de prensa o imprenta, el derecho a la información y la libertad cátedra. En la especie debemos decir que la prohibición consignada en el artículo 49 del nuevo COFIPE y que se corresponde en forma total con lo dispuesto en el inciso g) de la base III del artículo 41 constitucional en ningún sentido violenta la libertad de expresión, en ninguna de sus ‘subespecies’. En efecto, tanto en la exposición de motivos del dictamen de la Cámara de Origen del decreto de reformas al COFIPE como también pudiera obtenerse del Diario de los Debates relativos a dicha reforma, se establece la negación categórica a todo intento de confundir dicha prohibición con una restricción a la libertad de expresión. Dice la exposición de motivos del dictamen de la Cámara de Origen, en su parte conducente: ‘Quienes suscribimos la presente iniciativa queremos dejar establecido, ante esta Soberanía y de cara a la sociedad, que nuestra intención es única y exclusivamente que el IFE, como autoridad electoral, cuente con normas y procedimientos legales para hacer valer la ley y sancionar, conforme a la misma, a quienes la violen. No es admisible que la omisión en la ley vuelva a ser usada para la realización de conductas contrarias a los principios y normas constitucionales que rigen los procesos electorales. Ninguna de las propuestas que contiene el COFIPE que sometemos a consideración de la soberanía del Congreso de la Unión contiene restricción o limitación alguna al ejercicio de la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. Ese derecho ha sido y seguirá siendo plenamente respetado por las autoridades electorales y por el Congreso Federal. Las sanciones que se propone establecer ante conductas ilegales, graves y reiteradas, en que llegasen a incurrir los concesionarios y permisionarios de radio y televisión son de aplicación en múltiples naciones democráticas, sin que nadie considere en ellas que constituyen frenos a la libertad de comunicadores, periodistas y dueños de las empresas que explotan, con fines de lucro, las señales de radio y televisión. Baste señalar que en la España democrática, la Ley 101988 de fecha 3 de mayo de ese año, dispone como sanciones aplicables a los concesionarios de televisión privada, por la conductas muy graves «la suspensión temporal de las emisiones por plazo máximo de quince días, o extinción de la, concesión». Nadie ha considerado, ni en España ni en Europa, que esa sanción constituya una restricción o amenaza a la libertad de expresión de los españoles. Que quede absolutamente claro, las sanciones más drásticas que en materia de radio y televisión se proponen en esta iniciativa no son para comunicadores, periodistas o trabajadores, solamente serian aplicables, en casos de violación grave de la ley, a quienes detentan las concesiones que el Estado les ha otorgado para usar un bien propiedad de la nación. Desde luego, en todo caso, los sancionados tendrán garantizado su derecho a defenderse ante los tribunales que la Constitución y la ley establecen. Para preservar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, quienes suscribimos la presente iniciativa proponemos que una de las sanciones ante conductas ilegales graves y reiteradas por parte de concesionarios de radio y televisión consista en la suspensión de la publicidad pagada que difunden en una hora y hasta en treinta y seis horas, según lo determine la autoridad considerando la gravedad de la falta. De esa forma, la sanción recaería directamente sobre los responsables de la conducta ilegal, sin afectar a trabajadores, comunicadores o periodistas de la radio y televisión.’. De lo anterior es posible obtener que la intención del Poder Reformador de la Constitución no fue la de afectar el derecho a la información, la libertad de opinión o la libertad de imprenta sino únicamente establecer ciertas reglas y limitantes a la contratación de propaganda por parte de los particulares y personas morales en las contiendas electorales en virtud de que ello podría generar un desequilibrio en la equidad de las mismas, por constituir en forma indirecta un beneficio o perjuicio a favor o en contra de algún candidato o partido político. En estrecha relación con lo anterior, se encuentra también la intención del Poder Reformador de la Constitución de evitar que los dueños del dinero pudieran incidir en los procesos electorales, al comprar propaganda que pudiera favorecer o perjudicar a algún candidato o partido político, situación que fue palpable en el proceso electoral del año 2006. Es decir, se estableció una limitante a un grupo reducido de personas como son los grupos empresariales, personas morales económicamente poderosos, actores sociales con peso específico dentro de la sociedad y con poder económico para contratar en aras de hacer prevalecer por otro lado, los principios democráticos que los mexicanos nos hemos dado y que se encuentran consagrados en la Constitución. En abono a lo anterior debe enfatizarse en que dicha restricción en realidad estuvo encaminada a limitar precisamente la intervención de personas físicas y morales con capacidad económica, en virtud de que sería ilógico pensar que los ciudadanos de ‘a pie’ pudieran contratar espacios en televisión o en radio. Debe enfatizarse que la prohibición antes señalada por ningún motivo implica que los particulares, los informadores, periodistas o cualquier otra persona puedan emitir su opinión en los medios de comunicación social por medio de alguna intervención que les soliciten en algún programa o a través de una entrevista. Esto de ninguna manera estará prohibido. Lo único que no les será permitido es pagar por transmitir esa opinión que pretenda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. En virtud de lo expuesto procede que esa H. Suprema Corte de Justicia declare improcedente e infundado el concepto de invalidez que se contesta atendiendo a las razones que han sido vertidas en este apartado. Quinto. Es infundado el concepto de invalidez en el sentido que el decreto de reformas al COFIPE vulnere lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 41, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , por los siguientes motivos: En efecto, la reforma al COFIPE en materia de las agrupaciones políticas nacionales se modificó en lo siguiente: • Se elimina como requisito para constituir un partido político el constituir en forma previa una agrupación política nacional, por lo que ahora se deja abierta la posibilidad a que sea toda organización de ciudadanos quien pueda constituir un partido político de conformidad con los requisitos que establezca la ley. • Se modifica el procedimiento, para constituir, un partido-político (fechas de solicitud, documentos, forma de presentación de la documentación, etc). • Se establece que las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en el código y en el reglamento correspondiente. • Se elimina el financiamiento público que les era asignado, en términos del apartado 7, del artículo 35 del anterior COFIPE. Ahora se establece una obligación a su cargo de ‘presentar al instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad’. Se conserva la definición de agrupaciones políticas nacionales, como las formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. • Se abre la posibilidad para que las agrupaciones políticas nacionales puedan participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido y ahora con una coalición. Respecto de estos cambios, el partido actor esgrime que se violentan disposiciones de orden constitucional al modificar, alterar y disminuir derechos fundamentales, amén de los ya adquiridos, además de que con ellas se vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica. Sobre el particular mi parte manifiesta que es falso que se vulneren tales principios y que se violenten derechos adquiridos toda vez que expresamente el decreto de reforma señala que las nuevas normas en tratándose de Ia creación y funcionamiento de las agrupaciones políticas nacionales serán aplicables a aquéllas cuya formación sea posterior al inicio de la vigencia del nuevo COFIPE, tal como expresamente lo reconoce el partido actor. Por otro lado, es de igual forma infundado el argumento formulado por el partido actor en el sentido de que el nuevo COFIPE violenta normas constitucionales en razón de que del texto de la Constitución no se desprende norma alguna que establezca la obligación a cargo del Estado de otorgar financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, sino que únicamente remite a la ley para que sea en ésta donde se establezcan los requisitos de creación y funcionamiento de dichas agrupaciones y, por ello, el legislador ordinario se encuentra en plena libertad para establecer las reglas aplicables a dichas APN; así tampoco existe una norma de rango constitucional en donde se prevea que como requisito previo para formar un partido político es que la organización tenga el carácter de una agrupación política nacional y, por ende, no deviene inconstitucional las reformas aprobadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . En consecuencia, procede desestimar este concepto de invalidez por ser a todas luces infundado y carente de todo sustento jurídico y, por tanto, procede declarar la constitucionalidad del decreto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales . Sexto. En cuanto al argumento, los partidos políticos demandantes en el sentido de que mediante la reforma que se realizó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , se excluye a las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento público ordinario. Los demandantes, en este caso en concreto, realizan una apreciación subjetiva y errónea de los artículos en los que se regula, de manera específica, a las organizaciones políticas nacionales, sobre todo en el aspecto del financiamiento público, esto es así partiendo del texto del propio artículo primero del COFIPE vigente. ‘Artículo 1. ... 2. Este código reglamenta las normas constitucionales relativas a: a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; b) La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y el régimen aplicable a las agrupaciones políticas; y ...’. Del texto vigente del COFIPE, en ninguna de sus partes se desprende que quedan excluidas del financiamiento público las organizaciones políticas nacionales, simplemente se aclara y precisa por obvias razones, que éstas tendrán un régimen específico, dada su naturaleza y atribuciones, ya que no pueden tener o estar sujetas a un mismo régimen que los partidos políticos con registro nacional. Por tanto, es que afirmamos que es una interpretación subjetiva de la norma. Séptimo. En cuanto hace al concepto de invalidez constitucional, en el que los partidos políticos demandantes pretenden justificar la inconstitucionalidad de lo establecido en el artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , en vigor, es preciso realizar los siguientes argumentos, a efecto de justificar la constitucionalidad de dicha norma. Por principio, se considera oportuno establecer el contenido del artículo impugnado, contrastándolo con el texto del artículo antes de la reforma.

    Ver cuadro comparativo 5

    "Como se podrá observar, el legislador realizó una regulación más específica sobre la colocación de propaganda electoral durante las campañas electorales, y no, una prohibición a la colocación o fijación de la propaganda electoral. Es decir, no es lo mismo en términos jurídicos el regular que prohibir, la prohibición implicaría que ningún partido político, ni en ningún lugar público o privado, pudiera colocar propaganda electoral, situación que de la simple lectura de la norma, se deduce que no es así, sino que se establecieron ciertas, condicionantes para que los partidos políticos colocaran su propaganda electoral (regulación). No obstante esta confusión que los partidos políticos demandantes plantean en sus demandas, las razones por las cuales se incrementó la regulación en cuanto a la propaganda electoral, tienen dos vertientes: Por cuestiones de contaminación, tanto visual como ambiental, simplemente en las elecciones del 2006, tan sólo en el D.F. se retiraron 100 mil toneladas de propaganda, entre pendones, carteles y mantas, que terminaron como basura y si esta cifra la multiplicamos por las 32 entidades del país suman cantidades catastróficas. No obstante estas cifras que suenan alarmantes, no solamente el Congreso de la Unión está tomando medidas para disminuir la contaminación de las campañas y los procesos electorales generan, muestra de esto, fue lo realizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal en las pasadas elecciones federales, en donde por acuerdo entre el propio instituto y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se autorizó que 21.7 millones de boletas impresas para la elección capitalina, fueran trituradas y transformadas en al menos 215 mil libros de texto de la SEP. Que si bien es cierto, las leyes electorales prevén la destrucción de la papelería electoral, pero por otro lado, las leyes en materia de ecología, prevén la posibilidad de reciclar un gran número de materiales, sirviendo esto último, como fundamento para esta medida con fines ecológicos. 2. La segunda razón por la cual se acentuaron las regulaciones sobre la propaganda electoral, tienen que ver con el hecho de que la colocación de propaganda con imágenes de los candidatos y los símbolos de los partidos, en calles, avenidas y lugares públicos, no es el único medio con el que cuentan los partidos políticos para dar a conocer a sus candidatos y sus propuestas, el propio COFIPE, establece y regula la propaganda electoral en el artículo 228, numeral tercero, de la siguiente manera: ‘Artículo 228. ... 3. Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.’. Lo que quiere decir, en términos simples y llanos, que la propaganda electoral se puede hacer en diarios, revistas y otros medios impresos, así como en radio y televisión, además de eventos políticos de manera masiva, y no únicamente a través de pancartas colocadas en calles y avenidas de las ciudades. Por otra parte, el propio COFIPE determina que toda la propaganda electoral tendrá como único límite el respeto al derecho de terceros, así como el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades y terceros, así como a las propias instituciones y a los valores democráticos, éstos, consagrados en los artículos 7o. y 9o. de nuestra Carta Magna. En este orden de ideas, resulta infundado el argumento vertido por los partidos políticos, en el sentido de que con la regulación que se realizó a la propaganda electoral, se violentan los artículos 6o. y 7o. constitucionales, en relación con el 40 y 41, al coartarse la garantía de libre expresión y los principios democráticos que rigen nuestro sistema, esto por las razones aquí expuestas y considerando que el Congreso de la Unión con esta reforma en materia electoral, no está restringiendo derecho alguno, sino simplemente realizando una reglamentación acorde a la realidad y tomando en cuenta los problemas de contaminación que genera una campaña política. Octavo. En cuanto hace al concepto de invalidez constitucional, en el que los partidos políticos demandantes pretenden justificar la inconstitucionalidad de lo establecido en el artículo 28, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor, es preciso realizar los siguientes argumentos, a efecto de justificar la constitucionalidad de dicha norma. Por principio de cuentas, es importante establecer lo que la norma impugnada dicta: ‘Ártículo 28. 1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación la organización interesada deberá informar mensualmente al propio instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro legal y realizar los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumplen con los requisitos señalados en el artículo 24 de este código.’. Los partidos políticos que tildan de inconstitucional este precepto, argumentan principalmente que al permitirse únicamente que cada seis años al efectuarse las elecciones presidenciales, se puedan constituir nuevos partidos políticos, se está coartando la garantía de libre asociación, ya que anteriormente la norma electoral permitía que cada tres años se pudieran constituir nuevos partidos. Debemos de recordar que en la constitución de nuevos partidos políticos, una vez que cumplieron con todos los requisitos que marca la ley, se les otorga un registro condicionado, esta condición está ligada al porcentaje de votación que obtengan en las elecciones federales siguientes a su registro, para observar con datos reales el nivel de representatividad que alcanzó el partido de nueva creación. De datos proporcionados por el Instituto Federal Electoral, en las elecciones federales del 2003, se tuvieron los siguientes niveles de participación ciudadana a nivel nacional:

    Ver niveles de participación ciudadana 1

    "De igual forma, en las elecciones federales del 2006, se tuvieron los siguientes niveles de participación ciudadana a nivel nacional.

    Ver niveles de participación ciudadana 2

    "De estos datos proporcionados por el IFE, se puede apreciar claramente que el nivel de abstencionismo en una elección intermedia, es superior al que se da en una elección donde se eligen senadores de la República y presidente constitucional (17.10 puntos porcentuales). Es por esto, que el Congreso de la Unión decidió modificar los tiempos en los cuales se pueden constituir nuevos partidos, es decir, al crearse partidos políticos únicamente cada seis años, estos tendrán mayores posibilidades de llegar a un mayor porcentaje de ciudadanos y que esto se vea reflejado en el porcentaje de votación que obtenga ligado con el hecho de que en estas elecciones hay una mayor participación ciudadana, y con esto, tener partidos políticos que verdaderamente representen la pluralidad política que hay en nuestro país. Noveno. Es infundado el concepto de invalidez en el sentido de la inconstitucionalidad de los requisitos de elegibilidad que establecen los partidos políticos: por los siguientes motivos: Es falso lo dicho por la parte actora en el sentido de que el artículo 22, numeral 6, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales violente lo dispuesto por el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Al hacer un resumen de lo que la demandante sostiene en este concepto de invalidez, podemos deducir que argumenta tres cosas a saber: 1. Que el derecho fundamental a ser votado se basa en lo mencionado por el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 2. Que por lo mismo, en términos del dispositivo constitucional, el derecho de ser votado sólo puede ser limitado conforme a las calidades que establezca la ley, imponiendo calidades, siempre que no sean irracionales o discriminatorias, y 3. Que los partidos políticos no están facultados para limitar los derechos políticos fundamentales en sus estatutos; y antes de replicar tales aseveraciones subjetivas de la actora, y toda vez que ella invoca reiteradamente los derechos políticos y el principio de libre participación política, mencionándolos indistintamente, debemos recordar primeramente que los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida política, constituyendo la relación entre el ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernados. Representan los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, o el poder político con el que cuenta este para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos políticos pertenecen, juntos a los derechos civiles, a los llamados derechos de la primera generación o derechos de la libertad. Pueden mencionarse los siguientes con sus respectivos significados: • Derecho de voto: se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos. • Derecho. a (-) ser. Votado o electo: es el derecho que tienen los ciudadanos a postularse para ser elegidos con el fin de ocupar determinados cargos públicos previstos por la ley. • Derecho de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos. • Derecho de petición política: se refiere al derecho de dirigir peticiones a las Cámaras, o a los órganos ejecutivos, y de exponer sus necesidades a fin de influir en la legislación política. • Derecho a asociarse con fines políticos. • Derecho de reunirse con fines políticos. Estos dos últimos derechos se enmarcan dentro de los caracteres colectivos, referidos al derecho de organización, asociación y reunión política, generalmente a través de partidos políticos y sindicatos. A manera de ejemplo, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresa: ‘Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el art. 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.’. Entendido el derecho de sufragio en su sentido más simple, esto es, identificándolo únicamente con el derecho de voto y ser votado, es claro que no está ligado necesariamente con la democracia, sino con la decisión conjunta. La existencia del derecho de voto y ser votado es necesaria allí donde una decisión ha de ser adoptada por un órgano o entidad compuestos por una pluralidad de personas. Tampoco, en este sentido muy simple del término, se identifica el derecho de sufragio con la actividad pública o más generalmente política, ya que el derecho de voto y de ser votado ha de existir también en instituciones privadas basadas en la decisión conjunta, desde una junta de vecinos hasta el directorio de una sociedad anónima. Esto es importante pues hablando de la decisión conjunta, que sí se contrapone ciertamente al poder unipersonal (supuesto éste que excluye, por principio, el derecho de voto), no es por sí sola una nota suficientemente explicativa de derecho de sufragio, sino solo su requisito más básico. El derecho de sufragio significa algo más que el mero derecho de voto y ser votado, porque se sitúa en la esfera de lo público y no de lo privado, ya que el derecho de sufragio tiene una connotación política y no de lo privado, y también política innegablemente. Además porque sólo cabe hablar de derecho de sufragio cuando está atribuido a ciudadanos, esto es, a miembros de una comunidad política para adoptar a través de él decisiones también de naturaleza política, de poder que se ejerce mediante el gobierno de esa comunidad política. Queda claro que está reservado a los partidos el proceso de selección de candidatos, corresponde a los electores, en las elecciones, decidir quiénes de entre ellos serán sus representantes a los cargos de elección popular. Los distintos métodos utilizados para el cómputo de los votos y la elección de los candidatos se conocen como sistemas electorales. Son mecanismos que traducen votos en cargos. Como bien se sabe, los sistemas electorales se clasifican en mayoritarios, minoritarios y mixtos. Sistemas mayoritarios: parten del principio de que la representación corresponde al candidato, grupo o partido que obtiene mayor cantidad de votos. La mayoría puede ser absoluta, cuando requiere la mitad más uno de los votos válidos emitidos; da origen al ‘ballotage’, es decir, a repetir las elecciones hasta que se obtenga la mayoría absoluta. La mayoría relativa o simple, se forma con la cifra mayor obtenida por el candidato, grupo o partido. Es la minoría más numerosa, o en otros términos, la primera minoría. Pueden ser uninominales, cuando la elección se reduce a la de un representante por circunscripción siendo elegido el candidato más votado; y plurinominales, de lista plural o completa, donde el elector vota por una lista de candidatos y la que obtiene simple mayoría de votos se adjudica la totalidad de las representaciones. El derecho de sufragio y democracia sólo pueden coincidir cuando el sufragio es universal. Hasta aquí parece que no encontramos ninguna complicación en rebatir a la demandante, pero ella argumenta y hace ver que en su punto de vista, el único caso en que se ejerce el derecho a ser votado es cuando se trata de cargos de elección popular, y que hasta allí acaba el derecho político de ser votado; ello es impreciso. No trae a colación que cuando se trata de prerrogativas del ciudadano como derechos políticos, la propia fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal no habla nada más de ‘cargos de elección popular’, sino que también hace extensivos tales requisitos de elegibilidad a quienes deban ocupar ‘cualquier otro empleo o comisión’, y esto se vuelve trascendente porque ambos supuestos se condicionan a que la persona física tenga ‘las calidades que establezca la ley’. Y en este caso, la virtud del artículo 22 del nuevo COFIPE es que establece sólo bases mínimas que sujetan a los partidos políticos para que no exijan mayores requisitos mas que los de la edad, nacionalidad, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal; solamente estos, y no más, como en la práctica ocurre, incluso en el caso del partido actor, como se demostrará más adelante. Esta reflexión acerca del alcance de la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal fue sustentada por el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel Martínez (sic) Oropeza, en su voto particular en relación a la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC 5912008, cuando manifestó su personal sentir del siguiente modo: ‘En el caso, el actor promueve por sí mismo una demanda, en la cual aduce la violación en su perjuicio de derechos político-electorales, generada por su exclusión de la lista de candidatos a consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, y por la falta de respuesta a su solicitud de audiencia, lo cual lo priva de continuar como candidato dentro del proceso de selección mencionado: Esta situación que, desde mi punto de vista, debe considerarse un acto suficiente para vulnerar en su perjuicio el derecho a ser nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, tal y como lo señala la fracción II, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Es menester recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio consistente en que para determinar el alcance de la materia electoral se debe acudir al derecho positivo vigente y seguir el método interpretativo derivado de una apreciación jurídica armónica y sistemática, mas no una, interpretación literal. Así, de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la creación y el funcionamiento del Instituto Federal Electoral, se desprende que la organización de los procesos electorales locales es una función estatal que lleva a cabo el instituto referido, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos. Que para elegir y designar a sus integrantes la ley define los procedimientos que deberán seguirse. Es decir, las funciones del Instituto Federal Electoral son de naturaleza exclusivamente electoral, et proceso de designación de los consejeros electorales pertenece al ámbito electoral, criterio que se sustenta también en el hecho de que las funciones que desempeñan durante su encargo son de índole electoral. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 35, fracción II, lo siguiente: «Son prerrogativas del ciudadano: ... Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley ...». A su vez, el artículo 36, fracción V, dispone que es obligación de los ciudadanos desempeñar las funciones electorales. En tanto, el artículo 41, fracción IV, establece un sistema de medios de impugnación que garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Por ello estimo que la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a ser nombrado en un empleo o comisión, como parte del derecho a ser votado. En obvio de razones el Constituyente se refirió aquí a empleos o cargos de índole electoral. Por tanto, sostengo el criterio que el derecho a pretender ocupar un cargo de consejero electoral es un derecho político, a ejercerse en el ámbito electoral, sin que sea menester para su ejercicio que medie un proceso de votación popular para acceder al cargó. El hecho de que el cargo que se busque sea de carácter electoral lleva implícito un derecho político del ciudadano que lo hace valer y debe haber medios de impugnación idóneos pues la integración de la máxima autoridad administrativa electoral en el Estado puede

    debe poder ser revisada a la luz de la constitucionalidad y la legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos constitucionales 41, fracción IV y 99, fracción V. En el presente juicio, el actor fue candidato a ocupar un cargo de consejero en el Instituto Federal Electoral, mas no se vio beneficiado con una designación a su favor y estimar, que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados lo excluyo de la lista final de candidatos, impugno el acuerdo por el que se elaboró dicha lista, pues considera que se viola su derecho a ocupar un cargo electoral por parte de la Cámara de Diputados. Además, el artículo 35 constitucional en su fracción III, establece también el derecho político de los ciudadanos en participar en los asuntos públicos. De lo referido con anterioridad se advierte que el desempeñar un cargo de consejero en un instituto electoral es la forma pública de participar en los asuntos públicos.’. (Subrayado y resaltado son propios). Sirven también de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia aprobada por esta Sala Superior, S3ELJ 29/2002, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 72-73, cuyos rubro y texto dicen: ‘DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga, nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.’. También ayuda a sustentar este punto la jurisprudencia S3ELJ 0212000, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, publicada en la página 166 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen Jurisprudencia, Año 2000, cuyos rubro y texto dicen: ‘JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual, y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo cuando, contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se aprecia que esta empleado como adverbio de tiempo y con el significado de en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que, pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia; a, que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político-electoral de ser votado con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; a conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacifica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, se consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demandó (sic) satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80.’. En este punto, es conveniente rebatir y dejar en claro la falsedad, el posicionamiento de la actora, cuando manifiesta que el artículo 22, numeral 6, del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales controvierte lo dispuesto en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal , pues afirma de modo impreciso que dicho artículo, según su visión, faculta a los partidos políticos incorporen en sus estatutos limitantes a los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos. Se trata precisamente de todo lo contrario. Veamos. El referido punto 6 del artículo 22 del código impugnado, dice: ‘6. En los requisitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los partidos sólo podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal.’. La actora presenta confusión en su argumentación, pues de la primera lectura que se haga de ese punto, claramente se desprende una sana intención de lograr que el acceso a la afiliación partidista, militancia y candidaturas, sea lo más fácil posible para los ciudadanos: es decir, este artículo no faculta a los partidos políticos para restringir los requisitos de elegibilidad de personas, sino que por el contrario, les ordena que en sus estatutos no pidan más que lo que la Constitución y la ley exigen, y que lamentablemente es hasta ahora una usanza cotidiana, pues los partidos como el actor, piden a sus afiliados o miembros más requisitos que los que la propia Constitución Federal establece, o la ley fija. Por ejemplo, en el caso del partido actor, al revisar sus estatutos que se encuentran en vigor encontramos que el capítulo IV, denominado ‘De los militantes, afiliados y simpatizantes’ (artículos 14 al 22, todos los subrayados y resaltados son propios). Capítulo IV. De los militantes, afiliados y simpatizantes de los militantes. ‘Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los documentos básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas Políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el artículo 35 constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos, en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.’. ‘Artículo 15. Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo. a) Votar y ser votados para los órganos de dirección del partido en todos los niveles y para todas las comisiones que integran su estructura orgánica, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello. b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular. c) Discutir, proponer y votar libremente en tomo a las líneas generales del trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del partido, en las instancias respectivas. d) Recibir la orientación por las instancias partidarias respectivas para realizar su trabajo entre las masas y partidario. e) Recibir el apoya necesario en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a las posibilidades del partido. Ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias y regiones, a excepción de los problemas que por su propia naturaleza delicada deben tratarse con reserva y discreción. f) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del partido y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria y no cayendo en prácticas divisionistas. g) Recibir el apoyo del Partido del Trabajo para su formación teórico política, participando en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido, asistiendo a los cursos de formación que las diversas instancias de éste organicen o a cualquier evento de formación organizado por el Partido del Trabajo. h) Ser designados para representar al Partido del Trabajo en los diferentes foros nacionales e internacionales. i) Ser promovido, en forma justa y equitativa, recibir estímulos y reconocimientos del Partido del Trabajo cuando destaque por su trabajo realizado. j) Expresar sus puntos de vista libremente con un afán constructivo y propositivo en los periódicos y revistas del Partido del Trabajo. k) Libertad para hacer propuestas, emitir opiniones, críticas y autocríticas en todas las instancias del Partido del Trabajo.’. ‘Artículo 16. Son obligaciones de los militantes: a) Participar en una instancia de base del Partido del Trabajo e informar periódicamente de sus actividades a la dirección o las direcciones correspondientes. b) Participar activa y permanentemente en una organización social. c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás instancias del partido del Trabajo y llevar a la práctica sus líneas generales. d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones sociales y por el Partido del Trabajo, en sus diversas instancias. e) Respetar la estructura orgánica del Partido del Trabajo, obedecer su disciplina y acatar sus órganos de dirección. f) Preservar la unidad del Partido del Trabajo. g) Defender al Partido del Trabajo en todo lugar y momento. h) Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles del Partido del Trabajo que estén bajo su responsabilidad y firmar los resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en su caso, reintegrarlos de inmediato en buen estado cuando le sean requeridos por las instancias partidarias. En caso de incumplimiento o negativa se procederá judicialmente en su contra, por parte de la instancia correspondiente o por parte de las instancias superiores del Partido. Estas obligaciones se hacen extensivas para los afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo. i) En su caso, pagar la cuota que te corresponda. j) No dirimir conflictos interpartidarios en los medios de comunicación externos. k) Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, los comisionados políticos nacionales y los miembros de los órganos electorales nacionales, de las Comisiones Ejecutivas Estatales, del Distrito Federal y los que ocupen un cargo de responsabilidad pública y representación popular deberán entregar su declaración patrimonial, ante la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, a más tardar dos meses después de su elección o nombramiento. l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y de servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido del Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios: I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios netos. II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando estas provengan del ámbito Federal y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito Estatal o del Distrito Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista escuela de cuadros Municipal, los ingresos se entregarán en ese ámbito. Los criterios anteriores se presentan en el siguiente tabulador:

    "‘Percepción Cuota

    "‘Hasta 5 salarios mínimos mensuales 2%

    "‘De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales 5%

    "‘De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales 10%

    "‘De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales 15%

    "‘De 43 salarios mínimos en adelante 20%

    "‘Quienes no cumplan con lo anterior serán acreedores a la sanción que establece el artículo 113 de los presentes estatutos y (sic) y el dictamen que presente la Comisión de Garantías, Justicia y Controversia a las instancias competentes quienes resolverán la sanción a que haya lugar. m) Aplicar la línea de masas para todo trabajo que se realice. n) Educarse teórica y políticamente en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo. o) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo.’. De los afiliados. ‘Artículo 17. Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres que acepten la declaración de principios, programa de acción y estatutos y colaboren con algunas tareas del partido, especialmente las electorales. Sus derechos son: a) Presentar propuestas a las diferentes instancias del Partido del Trabajo sobre aspectos políticos, electorales, técnicos, organizativos y de lucha de masas. b) Capacitarse teórica y políticamente en las escuelas de cuadros. c) Conocer y discutir los documentos públicos e internos del Partido del Trabajo. d) Votar para elegir a los candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de elección popular. e) Recibir orientación para realizar su trabajo entre las masas y ser informado de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias. Se excluyen un reducido número de problemas que por su naturaleza delicada no pueden informarse abiertamente. f) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del Partido del Trabajo y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad estatutaria, y no cayendo en prácticas divisionistas. g) Los afiliados podrán estar incorporados en algún organismo de base del Partido del Trabajo. h) Manifestar sus puntos de vista a nivel personal sin involucrar al Partido del Trabajo en su conjunto.’. ‘Artículo 18. Son obligaciones de los afiliados: a) Aceptar los documentos básicos. b) Acatar y practicar la línea política, acuerdos y resoluciones del Partido del Trabajo. c) Educarse teórica y políticamente en el sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo y estar actualizado de la situación local, nacional e internacional. d) Aplicar la línea de masas para todo trabajo que se realice. e) Participar en algún nivel de trabajo partidiario y además en las organizaciones sociales o en algunas franjas de la sociedad. f) Aportar las cuotas establecidas por la instancia del Partido del Trabajo donde se participe. g) Los afiliados deberán promover la afiliación permanente en lo individual de personas al Partido del Trabajo y el ingreso formal será revisado por los organismos de dirección correspondiente cuando se considere pertinente. h) Cumplir con los compromisos contraídos con el Partido del Trabajo y las organizaciones sociales. i) Promover el voto en los distintos procesos electorales de nuestra opción partidaria. j) No dirimir conflictos interpartidarios en los medios de comunicación externos. k) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del Trabajo. l) Cotizar al partido en los términos que establece el artículo 16, inciso l) de los presentes estatutos.’. De los simpatizantes. ‘Artículo 19. Son simpatizantes aquellas personas que se identifiquen con el proyecto general del Partido del Trabajo, con su lucha social, política, electoral y ciudadana y promuevan el voto por nuestra opción partidaria.’. ‘Artículo 20. Los simpatizantes del partido del Trabajo participarán principalmente en la lucha electoral, ciudadana, sectorial y social. Colaborarán en aspectos financieros, de infraestructura, técnicos y en cualquier apoyo en general. Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos. a) conocer las líneas fundamentales de nuestro trabajo político, así como la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de nuestro partido. b) conocer nuestra política para cada sector del pueblo. c) Libertad para emitir opiniones y críticas. Las Comisiones Ejecutivas Municipales o Delegacionales aceptarán la solicitud de ingreso de los simpatizantes y afiliados. En caso de negativa injustificada las solicitudes se podrán hacer ante las Comisiones Ejecutivas Estatales, del Distrito Federal o ante la Comisión Ejecutiva Nacional.’. ‘Artículo 21. Son obligaciones de los simpatizantes: a) Conocer nuestra línea política y documentos básicos. b) Promover el voto a favor de nuestro partido. c) Participar en los actos más relevantes del Partido del Trabajo. d) No dirimir conflictos interpartidarios en los medios de comunicación.’. Capítulo V. De los procedimientos de ingreso. ‘Artículo 22. Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son: a) Estar comprometido en la lucha del pueblo mexicano. b) Conocer la línea del Partido del Trabajo y coincidir con ella, así como con sus documentos, básicos. c) No militar en otra organización partidaria nacional o antagónica al Partido del Trabajo. d) Integrarse a una instancia del Partido del Trabajo. e) Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, libre y voluntaria ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Delegacional, Estatal, del Distrito Federal y Nacional en su caso. f) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitiría constancia de afiliación. g) En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente en un plazo de 30 días ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes.’. Como se aprecia fácilmente, sobre todo de lo estipulado en los artículos 14 y 22 de sus estatutos, el caso del partido actor no es precisamente un ejemplo de respeto a los indicadores constitucionales, ni tampoco a los legales que marca el artículo 22 del nuevo COFIPE, pues se evidencia que de lo que se viene a quejar ante esta alta instancia jurisdiccional, es exactamente de lo que en la cotidianidad ocurre en su interior. Ello es así, pues la parte actora lejos de tener solamente incorporados en sus estatutos aspectos básicos de elegibilidad, como lo son la edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal, -que por cierto, la mayoría de ellos ni siquiera los menciona: edad, capacidad civil, residencia y sentencia ejecutoriada en materia penal- si, por otro lado menciona otros que son realmente excesivos, pero resulta que son justamente los que el nuevo código quiere evitar, en aras de impulsar la democracia; tales requisitos excedentes a la orden legal del artículo 22 del nuevo COFIPE son, según se aprecia de los diversos artículos 14 y especialmente el 22 de los Estatutos del Partido del Trabajo ya transcrito, los requisitos relacionados en los incisos del a) al e), y a cuya lectura nos remitimos nuevamente, en aras de inútiles repeticiones, y los cuales nada tienen que ver con los simples parámetros limitantes hacia los partidos políticos que el nuevo COFIPE establece. En otras palabras, el actor intenta hacer creer a ustedes señores Ministros que en la actualidad y en la práctica los partidos políticos no están facultados para limitar los derechos políticos fundamentales en sus estatutos, cuando en realidad, y así se demuestra con la simple lectura que se haga de los propios estatutos del partido actor, no sólo limitan a los ciudadanos que quieren ser elegibles, sino que además los condicionan al cumplimiento de otros requisitos que nada tienen que ver con la edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal, de aquéllos, y que son los mínimos que el artículo 22, punto 6, del nuevo COFIPE pide. Así pues, los artículos 34, 35, fracciones I y II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos y, por tanto, susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. Atendiendo que la parte actora asume que el derecho a ser votado sólo se entiende a través de la acción de un partido político, debiésemos hacer una pausa para reflexionar sobre la justificación y existencia de los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones que se caracterizan por su singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas. En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres y su estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y, por tanto, sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones. Los militantes de los partidos tienen derecho

    a ser electores y elegible