Ejecutoria num. P./J. 118/2004 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26824442

Ejecutoria num. P./J. 118/2004 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 118/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre de 2004
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. SI EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE LAS FIRMAS DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES, ADOLECE DE UN VICIO FORMAL QUE CARECE DE TRASCENDENCIA, YA QUE PUEDE SER PURGADO EN LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DONDE APAREZCA LA APROBACIÓN DE LOS DIPUTADOS QUE NO HABÍAN SUSCRITO EL DICTAMEN.PROCESO LEGISLATIVO. LOS VICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE POR EL CONGRESO RESPECTIVO.

 
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAG�SIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUER�TARO.
M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; para resolver, la acci�n de inconstitucionalidad 25/2002, promovida por diputados integrantes de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, en contra de la ley que crea el t�tulo octavo de la secci�n tercera y adiciona los art�culos 246-E, 246-F y 246-G del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, deroga la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, y adiciona la fracci�n XX al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.�taro el veintitr�s de agosto de dos mil dos; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el veintitr�s de septiembre de dos mil dos en el domicilio particular del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para recibir promociones fuera del horario de labores, mismo que se remiti� a la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia al d�a siguiente, E.B.A., H.C.A., A.H.M., J.J.� Flores Sol�rzano, E.G.G.�lez, M.A.R.V., C.M.�nez Montes, P.A.�n Ch�vez y M.A.L.�n H.�ndez, ostent�ndose como diputados integrantes de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, promovieron acci�n de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las normas que m�s adelante se precisan, emitidas por la autoridad que a continuaci�n se se�ala:
"�rgano legislativo responsable. El Poder Legislativo del Estado de Q.�taro compuesto por 25 integrantes, quince electos por mayor�a relativa y diez electos por el principio de representaci�n proporcional. �rgano responsable de la publicaci�n. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Q.�taro. Fecha de publicaci�n: 23 de agosto de 2002. Medio de publicaci�n. P.�dico Oficial del Gobierno del Estado ?La Sombra de A.?. N. general que reclamamos su invalidez constitucional. La ley que adiciona y deroga disposiciones del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, y adiciona el C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, de publicaci�n en el medio oficial en la fecha mencionada que a la letra textualmente dice: ?I.. I.L.V., Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Q.�taro de A., a los habitantes del mismo sabed que: La Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, en uso de las facultades que le confieren los art�culos 40 y 41 fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A..?. Ley que adiciona y deroga diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro: ?Art�culo primero. Se crea el t�tulo octavo de la secci�n tercera, y se adicionan los art�culos 246-E, 246-F y 246-G del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, para quedar como sigue: T�tulo octavo. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano. C.�tulo �nico. Art�culo 246-E. Al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes, se le aplicar�n de 2 a 8 a�os de prisi�n y de 120 hasta 400 d�as de multa. No se considerar� fraccionamiento irregular, para los efectos de este t�tulo cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, pero estos deber�n cumplir las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto como para escriturarlas a su favor o para ceder sus derechos a terceros.?. ?Art�culo 246-F. Se aplicar�n de 4 a 10 a�os de prisi�n y de 180 hasta 500 d�as multa, a los autores intelectuales y a quienes instiguen o dirijan la conformaci�n de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular o a los funcionarios p�blicos que realicen actos u omisiones para alentar o permitir un asentamiento irregular. Para los efectos de este t�tulo, se entiende por asentamiento humano irregular un grupo de personas que se establezcan o pretendan establecerse en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes y por fraccionamiento irregular cualquier divisi�n de un predio en lotes sin tener autorizaciones administrativas.?. ?Art�culo 246-G. La pena de prisi�n se incrementar� hasta en una mitad m�s cuando las conductas previstas en el presente cap�tulo se realicen sobre �reas protegidas o de preservaci�n ecol�gica o en zonas no consideradas aptas para vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano respectivos. En cualquier caso, la sanci�n se incrementar� de tres meses a tres a�os, si el sujeto activo obtuvo cualquier beneficio de car�cter patrimonial, por el delito cometido, sin perjuicio de la reparaci�n del da�o ocasionado. Art�culo segundo. Se deroga la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, para quedar como sigue: Art�culo 194. Texto actual de la cabeza del art�culo. I. ... XVII. ... XVIII. Derogada. Art�culo tercero. Se adiciona la fracci�n XXII del art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, para quedar como sigue: Art�culo 121 (Derecho a la libertad provisional bajo cauci�n). Todo imputado tendr� derecho a ser puesto en libertad bajo cauci�n, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la reparaci�n del da�o y de las sanciones pecuniarias, que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se trate de los delitos que por su gravedad se proh�ba expresamente conceder ese beneficio. Para los efectos de los art�culos 16 y 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran delitos graves los previstos en la ley sustantiva penal, en los siguientes casos: I. ... XXI. XXII. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en los casos previstos por el art�culo 246-F y p�rrafo primero del art�culo 246-G. Transitorios. Art�culo primero. La presente ley iniciar� su vigencia al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial del gobierno del Estado de Q.�taro, ?La Sombra de A.?. Art�culo segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarqu�a que se opongan a la presente. Lo tendr� entendido el ciudadano gobernador constitucional del Estado y mandar� se imprima, publique y observe. Dada en el recinto oficial del Poder Legislativo a los cinco d�as del mes de agosto del a�o 2002. Atentamente. La LIII Legislatura del Estado de Q.�taro de conformidad con lo establecido por los art�culos 43 y 44, fracciones I y XII de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A., en correlaci�n con los diversos numerales 24 fracci�n (sic) 43, 44 y 48, fracci�n XI de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Q.�taro."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:
"A) No se cumpli� con el procedimiento que establece nuestra Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro y la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, ni reglamentos internos, para la formaci�n de leyes, desprendi�ndose de tal situaci�n la inconstitucionalidad de la reforma impugnada, en atenci�n a los vicios que se destacar�n a continuaci�n: El art�culo 35 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A. establece el procedimiento a que deben someterse las iniciativas de ley, decretos o acuerdos, y en el caso se estima que el procedimiento que dio origen a la reforma que ahora se impugna viola lo dispuesto en sus fracciones II, III y IV. Como puede advertirse de la lectura del precepto aludido, una vez presentada una iniciativa de reforma, el presidente ordenar� la lectura de la misma ante el pleno y la turnar� a la comisi�n dictaminadora que corresponda, quien emitir� su dictamen y en su oportunidad lo presentar� al pleno para su discusi�n y aprobaci�n, en su caso; de proponerse adecuaciones en el mencionado dictamen, despu�s de la lectura ante el pleno, el presidente debe ordenar al secretario notifique de inmediato al autor de la misma para que, si lo estima necesario, haga las consideraciones que estime necesarias, por escrito, antes de la siguiente sesi�n de la legislatura; en esta nueva sesi�n se proceder� al an�lisis, discusi�n y, en su caso, aprobaci�n del dictamen; aprobado el mismo se remitir� al ejecutivo para su publicaci�n. Lo anterior pone de manifiesto que es un requisito para la aprobaci�n de una iniciativa de ley o su reforma que exista un dictamen emitido por la comisi�n dictaminadora a que hubiera sido turnado, por consecuencia, este dictamen debe ser emitido en los t�rminos que la Ley Org�nica del Poder Legislativo establece para que se estime satisfecho ese requisito y en el presente caso tenemos que el dictamen que sirvi� de base al decreto de reforma no cumpli� con lo dispuesto en los art�culos 54, 56, 59 y 60 de dicha ley. Los citados numerales establecen literalmente lo siguiente: ?Art�culo 54. Para el estudio, dictamen y despacho de los asuntos de la H. Legislatura se nombrar�n comisiones de dictamen que elaborar�n propuestas para ser presentadas al Pleno y examinar�n e instruir�n los asuntos que se sometan a su consideraci�n para dictamen hasta ponerlos en estado de resoluci�n.?. ?Art�culo 56. Las comisiones de dictamen ser�n de: ... fracci�n IV. Administraci�n de Justicia.?. ?Art�culo 59. Las comisiones permanentes de dictamen de ... Administraci�n de Justicia siempre se integrar�n pluralmente.?. ?Art�culo 60. El presidente de la comisi�n ser� el facultado para convocar a sesi�n, la que deber� comunicar por escrito a todos sus integrantes y publicar en los estrados que se instalen al efecto. En caso de que transcurran 15 d�as de haber sido remitida una iniciativa o asunto a tratar por una comisi�n, y el presidente de �ste no convoque a sesi�n de trabajo, el presidente de la mesa directiva podr� convocar a sesi�n a petici�n de uno de sus integrantes.?. ?Art�culo 53 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo dice: Son facultades del presidente de la C.�n de Gobierno ...?. En su fracci�n VI. Coadyuvar con la Mesa Directiva de la H. Legislatura para programar el orden del d�a de cada sesi�n.?. En el caso concreto no se llev� as� el procedimiento requerido de aprobaci�n de la ley objetada, ello en virtud de que el procedimiento para la aprobaci�n se llev� a cabo de la siguiente manera: El viernes 12 doce de julio del a�o 2002 se llev� a cabo una sesi�n de las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia, Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones, a las que les hab�a sido turnada la iniciativa, a las 18:00 dieciocho horas en la Sala Venustiano Carranza, en la cual se present� el proyecto de dictamen de modificaci�n a los C�digos Penal y de Procedimientos Penales para incluir un apartado referente a delitos en materia de desarrollo urbano. Dicha sesi�n fue presidida por el diputado J. Sent�es L. del Partido Acci�n Nacional, sin embargo, la misma se celebr� con una serie de deficiencias que acarrean su nulidad porque en la misma se dice que se aprob� el dictamen estando presentes 6 diputados que aprobaron el documento, sin embargo, debe se�alarse que de acuerdo a la lectura del acta, se encontraban reunidos 5 (cinco) diputados y el se�or F.E.L.C., por lo que no pudieron haber constituido el qu�rum legal para sesionar por no estar presentes el 50 por ciento de los diputados m�s uno, y si en el caso concreto las comisiones unidas en ese momento estaban integradas por 10 diputados, debieron comparecer cuando menos seis de ellos, lo cual no ocurri� en este caso en concreto, consider�ndose que entre ellos se encontraba participando el ya referido se�or F.E.L.C., quien se encontraba suspendido en esos momentos de sus derechos pol�ticos, en virtud de un auto de formal prisi�n en su contra, es decir, que entonces �nicamente hab�a en la reuni�n cinco diputados habilitados, por lo que el qu�rum de ley no se encontraba reunido y en base a ello no pod�a llevarse a cabo la sesi�n y, por ende, no se pod�a presentar ning�n proyecto, ni analizarse y menos aprobarse ning�n dictamen, como se hizo de manera inconstitucional, infringiendo, adem�s, la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro y el Reglamento Interno del Poder Legislativo. Se puede advertir que en la sesi�n de la comisi�n dictaminadora particip� como uno de los impulsores el panista de nombre F.E.L.C., respecto del cual entraremos en este punto a precisar minuciosamente su situaci�n jur�dica, puesto que es de vital importancia el establecer si pod�a o no ser considerado como diputado de la LIII Legislatura Local ese d�a, ya que desde el mes de marzo del a�o 2001 tiene suspendidos sus derechos pol�ticos. Contraviniendo ello al procedimiento legislativo y a nuestra Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, la cual establece en su art�culo 26, que para ser diputado (sic) Legislatura Local, se necesita entre otros requisitos: ?... fracci�n I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos.?. Art�culo 15, fracciones II y III de la Ley Electoral de Q.�taro, se�ala: ?II. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano queretano en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles, y residir en el Estado o Municipio en que se hace la elecci�n.?. ?III. Estar inscrito en el padr�n electoral y contar con credencial de elector.?. ?Art�culo 162. P�rrafo tercero. Los Jueces que dicten resoluciones que decretan la suspensi�n o p�rdida de derechos pol�ticos o la declaraci�n de ausencia o presunci�n de muerte de un ciudadano, deber�n notificarlas al instituto electoral dentro de diez d�as siguientes a la fecha de la respectiva resoluci�n.?. Situaci�n que se dio con el nombrado se�or F.E.L.C., puesto que estaba suspendido de sus derechos pol�ticos como se hizo saber a los suscritos a trav�s del diputado Dr. M.A.L.�n H.�ndez secretario de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura en el Estado a quien se le inform� que ?con fundamento en el art�culo 92, inciso g), art�culo 162, puntos 3 y 5, y el art�culo 163, punto 7, del C�digo F. de Procedimientos Electorales (Cofipe), y cumpliendo cabalmente con el ordenamiento en el auto determinativo constitucional de fecha 1 de marzo de 2001, notificado mediante oficio n�mero 666 del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Q.�taro el d�a 5 de marzo del mismo a�o en el que se inform� de la situaci�n jur�dica del C.F.E.L.C., el Registro F. de Electores dio inicio al procedimiento operativo para la cancelaci�n en la base de datos del padr�n electoral del registro correspondiente a dicho ciudadano, aplic�ndose la baja correspondiente el d�a 18 de mayo del mismo a�o, misma que anexo a la presente en copia certificada, as� como la copia simple de oficio antes mencionado. Asimismo informo a usted que el d�a 5 de julio del presente a�o no se cuenta con registro alguno en la base de datos del padr�n electoral del ciudadano en cuesti�n.?, suscrito por el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto F. Electoral (documental que se anexa en copia certificada como ya se estableci� en el punto primero del presente), derivado ello de un auto de formal prisi�n dictado en su contra en el mes de mayo del a�o 2001, dentro del proceso que se sigue en su contra por el delito de fraude en agravio del Municipio de Amealco de B., Q.�taro, dentro de la causa penal n�mero 26/2001 del Juzgado Segundo Penal, por lo que al momento de emitir su votaci�n �l ten�a conocimiento perfectamente (sic) esa circunstancia y sab�a que no deb�a ni pod�a intervenir en la votaci�n debido a ello, aludiendo a que bien lo sab�a toda vez que �l mismo promovi� un amparo penal para efecto de que no se le suspendieran sus derechos pol�ticos, dentro del expediente del juicio de amparo n�mero 564/2002-II, sin embargo, en el mes de julio de 2002 se le notific� tanto a �l como al Poder Legislativo de Q.�taro una resoluci�n en la que se niega la suspensi�n definitiva que solicita F.E.L.C. dentro del juicio referido, situaci�n que no se tom� en consideraci�n en ning�n momento y arbitrariamente al momento emiti� su votaci�n de manera ilegal usurpando funciones debido a que ya no pod�a seguir llevando la investidura como diputado local de la LIII Legislatura del Estado de Q.�taro. (Presentando para acreditar lo aqu� mencionado copia certificada del juicio de amparo referido el cual contiene la causa penal 26/2001 que se sigue en contra del diputado). D.�ndose de esa misma situaci�n que el mismo d�a 12 doce de julio del a�o 2002 que se llev� a cabo la votaci�n para la aprobaci�n del dictamen, no se contaba por consiguiente con el qu�rum que se requiere y que est� contemplado en la Ley Org�nica y Reglamento de Debates del Poder Legislativo, ya que para someter un dictamen a votaci�n nominal se necesita: ?Art�culo 18 En los casos en que un asunto sea turnado a varias comisiones, �stas trabajar�n unidas y producir�n un solo dictamen que ser� aprobado por mayor�a de votos de los integrantes de aquellas. Si hubiera empate, decidir� el presidente de la legislatura o de la diputaci�n permanente en su caso.?, es obvio que para que haya qu�rum se requiere de la presencia del 50 por ciento m�s uno. D.ado de lo anteriormente expuesto y al considerar la no validez del voto del referido F.E.L.C., no hubo el qu�rum requerido, y al no haber el mismo, no se pudo haber aprobado un dictamen de la iniciativa de ley, por lo que en base a ello es de considerarse que �ste no fue aprobado y, por ende, no debi� aprobarse la iniciativa de ley en fecha 5 de agosto y tampoco debi� ser publicada el d�a 23 de agosto de 2002 y mucho menos debi� haber iniciado su vigencia al d�a siguiente de su publicaci�n, es decir, el d�a 24 de agosto del a�o en curso. Cabe se�alar que si un diputado est� suspendido de sus derechos pol�ticos, debe ser sustituido por un suplente, mas no puede participar de manera alguna en las funciones que son propias y exclusivas de los diputados en funciones pues, para ello, la ley org�nica citada dispone: ?Si alguno de sus miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.?. Es decir, que el referido se�or L. no deb�a votar (como ya se estableci�) y ni siquiera pod�a desempe�ar en ese momento las facultades inherentes a su puesto, y debi� ser sustituido por su suplente y �ste es quien hubiera podido asistir a la sesi�n donde se present� el dictamen, y de esta manera hubiese el qu�rum que marca la ley y hacer, en su caso, la votaci�n correspondiente. Disposiciones que est� por dem�s mencionar que no acat� el multicitado se�or F.E.L.C., al encontrarse involucrado en una situaci�n de car�cter penal y dejar de actuar con el debido respeto y consideraci�n hacia las leyes e instituciones y de igual forma dejando a un lado el comportamiento y respeto de las formalidades que surgen de la investidura de un diputado, desacatando la ley org�nica de la legislatura y su reglamento, puesto que entre ellas obra que no puede participaren una comisi�n si est� suspendido de sus derechos como lo est�. Pero aun llegando al extremo de considerar que el se�or L. hubiera estado legitimado para estar en esa sesi�n, lo cierto es que en el caso s�lo estuvieron presentes cuatro personas pues el acta de sesi�n de las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia y Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones de esta Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de fecha 12 de julio de 2002 (la cual se anexa al presente en copia certificada), s�lo es firmada por 4 diputados pues se observan en la foja dos cuatro firmas, y a�n con todos estos defectos se�alados en este punto primero se turn� a la mesa directiva, quien a su vez lo turn� para su presentaci�n al Pleno. De la lectura de la citada acta se desprende que no existe ninguna referencia a la raz�n por la cual no firmaron las dos personas restantes que supuestamente estuvieron presentes en esa sesi�n, y siendo que la firma es un acto que expresa voluntad, en el caso no se tiene certeza de que hubieran estado presentes todos los que se dice estuvieron en la sesi�n, y que efectivamente votaron en ese sentido. Se insiste, tampoco obra raz�n o constancia del por qu� se omiti� la firma de los participantes. Por otra parte es de se�alarse que el proyecto de dictamen de la iniciativa de ley referida que se present� en sesi�n de comisiones unidas de fecha 12 (doce) de julio de 2002, no es el mismo que se aprob� y vot� en sesi�n extraordinaria del Pleno de la Legislatura en fecha 5 (cinco) de agosto del a�o 2002, ni �ste es el mismo que se public� en el P.�dico Oficial del Estado Libre y Soberano de Q.�taro ?La Sombra de A.?, por tanto, es otra violaci�n al procedimiento legislativo que da lugar a la inconstitucionalidad de la ley multicitada. Para mayor claridad se destacan las siguientes diferencias. El proyecto de dictamen presentado y aprobado en la sesi�n de comisiones unidas el d�a 12 de julio de 2002 dice: ?Art�culo 246-F, primer p�rrafo parte final para alentar o permitir un asentamiento humano irregular.?. ?Art�culo 246-F, segundo p�rrafo parte final ... en lotes sin tener autorizaciones administrativas de uso de suelo y de lotificaci�n.?. ?Art�culo tercero. Se adiciona la fracci�n XX al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales ...? (difiere de la publicaci�n). ?Art�culo 121. I a IX ... (difiere de la publicaci�n). XX. (El n�mero de fracci�n difiere del n�mero de fracci�n publicado). A diferencia, el dictamen presentado y aprobado en la sesi�n del Pleno de la Legislatura del d�a 5 de agosto de 2002 dice: ?Art�culo 246-F. Primer p�rrafo parte final ... para alentar o permitir un asentamiento irregular.?. ?Art�culo 246-F, segundo p�rrafo parte final ... en lotes sin tener autorizaciones administrativas de uso de suelo y de lotificaci�n.? (igual que el anterior pero difiere del publicado). ?Art�culo 194. Texto actual de la cabeza del art�culo .... F.�n I. ... F.�n XVIII. Derogada.? (difiere de la iniciativa de la ley publicada). ?Art�culo tercero. Se adiciona la fracci�n XX del art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales ...? (difiere de la iniciativa de la ley publicada). ?Art�culo 121. I a XIX. ... (difiere de la iniciativa de ley publicada). XX. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano ...? (Esta fracci�n no se contempla en la publicaci�n y dice lo mismo a la publicada en la fracci�n XXII). Por su parte, la ley publicada en fecha 23 de agosto del a�o 2002 dice: ?Art�culo 246-F, primer p�rrafo parte final ... para alentar o permitir un asentamiento irregular.?. ?Art�culo 246-F, segundo p�rrafo, parte final ... en lotes sin tener autorizaciones administrativas correspondientes (difiere del dictamen aprobado y votado en fecha 5 de agosto de 2002).?. ?Art�culo 194. Texto actual de la cabeza del art�culo ... fracci�n I. ... fracci�n XVIII. Derogada. XIX a XII (sic) ... (en el proyecto de dictamen y en la iniciativa aprobada y votada no se contemplaron estas fracciones).?. ?Art�culo tercero. Se adiciona la fracci�n XXII del art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales ... (difiere del proyecto de dictamen y de la iniciativa de ley aprobada).?. ?Art�culo 121. I a XII. ... (esta fracci�n no se contempl� en la iniciativa de ley aprobada). XXII. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano ... (esta fracci�n difiere de la aprobada ya que no estaba contemplada en aqu�lla y refiere lo mismo que la fracci�n XX que se aprob� y de la que se present� en el proyecto de dictamen).?. Por otra parte, como otra violaci�n en el proceso legislativo se puede advertir que la iniciativa de reforma presentada por el ejecutivo al ser dictaminada sufri� adecuaciones que consistieron en lo siguiente: Diferencias de iniciativa con dictamen aprobado. De lo anteriormente expuesto es de observarse clara y precisamente que el dictamen fue aprobado y se le hicieron adecuaciones de las cuales no se dio vista a los autores de la iniciativa de ley, antes de la discusi�n y votaci�n en la sesi�n extraordinaria del Pleno en fecha 5 (cinco) de agosto del a�o 2002, adem�s, es observable que la aprobada difiere de la publicada, situaci�n que es del todo ilegal, puesto que deben seguirse los lineamientos establecidos en la Constituci�n Local, en la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, as� como en el Reglamento Interno de la Legislatura Local, los cuales establecen, como ya lo mencionamos, en el art�culo 115 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, en su fracci�n III, menciona que en caso de que el dictamen proponga adecuaciones a una iniciativa, el presidente ordenar� a un secretario, la notificaci�n inmediata de tal dictamen al autor de la misma para que si as� desea hacerlo presente por escrito, antes de la siguiente sesi�n de la H. Legislatura, las consideraciones que le convengan, situaci�n que de ninguna manera ocurri�, ya que el procedimiento a seguir no se respet�, actu�ndose de manera ilegal. Superada la cuesti�n del dictamen debe se�alarse que su aprobaci�n se llev� a cabo en una accidentada sesi�n extraordinaria, en la cual hubo muchos inconformes con el mandamiento, am�n de ello se aprob� con trece votos, mas debe destacarse que el an�lisis y aprobaci�n de la reforma en la sesi�n de 5 de agosto de este a�o fue ilegal porque ese punto se incluy� de �ltima hora en el orden del d�a, pues en la C.�n de Gobierno del Congreso no se hab�a decidido tratar el tema en dicha sesi�n, contravini�ndose as� lo establecido en nuestra Ley Org�nica del Poder Legislativo que establece en su art�culo 53, fracci�n sexta, ?para toda sesi�n ordinaria o extraordinaria se requerir� previamente establecer el orden del d�a, que contendr� todos los puntos a tratar en la sesi�n, misma que se dar� a conocer anticipadamente a todos y cada uno de los sesionantes.?. Se insiste, el dictamen que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro dentro del expediente n�mero I/141/LIII DAL/569/02, propuso adecuaciones a la iniciativa formulada por el ejecutivo, bas�ndose en diversas consideraciones, por lo que entonces y como lo marca nuestra Ley Org�nica del Poder Legislativo, debi� darse vista a los autores de la ley que son el Ejecutivo en este caso el I.. I.L.V. y a la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional lo cual no se hizo, infringi�ndose lo que se establece en la fracci�n III del art�culo 35 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, m�s a�n, debi� volverse a convocar a sesi�n como lo establece la fracci�n IV del mismo precepto, lo cual no se hizo, ya que en la misma sesi�n se aprob� el dictamen. Cabe se�alar que si bien la parte final de la fracci�n IV establece que un dictamen puede ser sometido a discusi�n y votaci�n en la misma sesi�n en la que se le dio lectura, esto debe ser entendido en el sentido de que ya se colm� el procedimiento de vista a que se refiere la fracci�n III del mismo art�culo pues, precisamente, si la Constituci�n lo establece en una fracci�n aparte, como formalidad en el procedimiento, no puede soslayarse arbitrariamente, porque precisamente la finalidad es que el autor pueda en su caso explicar las razones que sustenten su propuesta. Todos estos hechos ponen de manifiesto que la sesi�n de 5 de agosto infringi� requisitos procesales que dan lugar a la inconstitucionalidad de la reforma, a saber: 1. La sesi�n en donde las comisiones unidas discutieron y aprobaron el dictamen se celebr� sin el qu�rum legal porque particip� F.E.L. sin tener derecho a sesionar y votar, as� tambi�n porque s�lo estuvieron 4 diputados que son los �nicos que firmaron el dictamen. 2. Se present� al Pleno de la Legislatura un dictamen distinto al discutido y aprobado en las comisiones unidas. 3. No se dio vista al autor de la iniciativa, a pesar de que hubo adecuaciones a la misma. 4. No se convoc� a sesi�n despu�s de la vista. 5. Se public� una ley distinta a lo aprobado en la sesi�n extraordinaria del Pleno de la Legislatura. D.ado de lo anterior se desprende que no se siguieron los requisitos que marca nuestra Constituci�n Local, las leyes org�nicas del Poder Legislativo del Estado, ni los reglamentos internos del Poder Legislativo y menos a�n, y lo m�s importante, no se respet� nuestra m�xima Carta Magna. B) En cuanto a su contenido la ley impugnada no debi� aprobarse en virtud de lo siguiente: Consideramos que no eran necesarias dichas modificaciones penales, pues algunos de los delitos que el mandamiento persigue castigar ya se encontraban tipificados, tanto en leyes penales como en leyes urbanas, adem�s habr�a que hacer la distinci�n entre lo que es un asentamiento irregular, como lo marca nuestro C�digo U., y lo que es un asentamiento ilegal, como se pretende con la aprobaci�n de esta nueva ley, ya que el primero de los mencionados se trata de un no cumplimiento a todos los requisitos que se establecen en la ordenaci�n y regulaci�n de los asentamientos urbanos, como lo disponen los art�culos 61, 62 y 63 del C�digo U., como lo son que los centros de poblaci�n mantengan el equilibrio ecol�gico, el mantenimiento en el plan de desarrollo y el buen estado de edificios, parques y en general todo aquello que corresponda a su acervo hist�rico y cultural, debi�ndose atender como lo establece el art�culo 64 de la ley de referencia al crecimiento de los centros de poblaci�n mediante la determinaci�n de �reas necesarias para su expansi�n. Por otro lado, un asentamiento ilegal ser�a entonces el que a partir de ahora quedar� tipificado en el C�digo Penal en los art�culos 246-E, 246-F, 246-G, toda vez que las leyes en materia penal son las que definen la ilegalidad de las conductas humanas, contempl�ndose entonces que un asentamiento irregular, es decir que no cumpla con los requisitos establecidos en nuestro actual C�digo U., va a ser delito. Ahora bien, analicemos el fondo que nos lleva a esta controversia. Primero. Si bien es cierto que nuestra Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro establece en su art�culo 41, fracci�n VII. ?Son facultades de la legislatura, legislar en materia de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n en la entidad, tambi�n lo es que esta ley contraviene y es inconstitucional al art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica Mexicana, puesto que �ste a la letra dice: ?La naci�n mexicana tiene una composici�n pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos ind�genas. La ley proteger� y promover� el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas espec�ficas de organizaci�n social y garantizar� a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicci�n del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomar�n en cuenta sus pr�cticas y costumbres jur�dicas en los t�rminos que establezca la ley. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecer� los instrumentos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.?. En cuanto a lo que los suscritos manifestamos que efectivamente nuestro Estado y nuestras leyes deben proteger el desarrollo en su organizaci�n social y en ello cabe el desarrollo urbano y construcci�n de vivienda, el hecho que se instituya un nuevo delito al C�digo Penal vigente en el Estado, viene a contravenir nuestro derecho constitucional, ello en virtud de que al estar contemplado en su sentido amplio se identifica con el propio orden jur�dico; es decir, es la totalidad de ese derecho, ya que la base y los principios generales y fundamentales de las otras disciplinas jur�dicas se encuentran en �l. El derecho constitucional indica los procedimientos de creaci�n, modificaci�n y abrogaci�n de todas las normas de ese orden jur�dico. Y el derecho constitucional en su sentido estricto se refiere a una rama del orden jur�dico, o sea a una disciplina que tiene como finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos. Al derecho constitucional en su sentido estricto se le estudia como se puede examinar el derecho civil, mercantil, procesal, penal, etc�tera, es decir, se examina y estudia las normas que configuran la forma y sistema de gobierno, la creaci�n, la organizaci�n, atribuci�n de competencia de los �rganos del propio gobierno y que garantiza al individuo un m�nimo de seguridad jur�dica, ya que se le reconocen a todos los hombres y que los �rganos de gobierno est�n obligados a respetar. Tambi�n la Constituci�n nos asegura lo indispensable para llevar una vida decorosa y digna. As� la mayor�a de las Constituciones Locales otorgan protecci�n a las clases m�s d�biles de la sociedad. La idea de introducir m�nimos sociales en la Constituci�n fue un pensamiento mexicano que rompi� una estructura pol�tica de las normas fundamentales para introducir en ellas los graves problemas de un pa�s, como lo es en este caso la controversia de la vivienda digna. Con esto, el constitucionalismo dej� de ser �nicamente de car�cter pol�tico para ampliar su �mbito e introducirse en la vida social. Asimismo, es de se�alar que en su estricto sentido t�cnico-jur�dico se entiende por garant�a constitucional el conjunto de instrumentos procesales establecidos por la N. Fundamental, con objeto de restablecer el orden constitucional cuando el m�nimo sea transgredido por un �rgano de autoridad pol�tica. No obstante a ello, al t�rmino garant�a referido al derecho constitucional se le han dado diversos significados, entre los cuales podemos destacar, en primer lugar, a los derechos humanos fundamentales reconocidos por nuestra Constituci�n. Tal es el significado que le ha dado nuestra Carta Magna vigente al enumerar y describir dichos derechos en sus primeros 29 art�culos, integrantes del cap�tulo primero, t�tulo primero, de esa Ley Fundamental cuando los califica como ?garant�as individuales?, en segundo lugar se engloba tanto a los medios preventivos como a los represivos, siendo que, se deber�a referir exclusivamente a estos �ltimos. En el derecho constitucional mexicano podemos encontrar diversas garant�as constitucionales, en el preciso sentido t�cnico jur�dico, reguladas de manera dispersa por el ordenamiento supremo en vigor. Las garant�as sociales protegen a los grupos sociales m�s d�biles, para ello nacieron estas garant�as y en parte as� subsisten, s�lo que actualmente se han entendido para otorgar protecci�n en general, tal es el caso de la seguridad social, la vivienda. Estas garant�as implican un hacer por parte del Estado, en cambio las garant�as individuales representan primordialmente una abstenci�n por parte del propio Estado, como en este caso la vivienda digna que consagra nuestro art�culo 4o. es un derecho individual y si el Estado, a trav�s de su poder legislativo, atenta contra esta garant�a individual al penalizar los asentamientos irregulares, en vez de regularizarlos, est� actuando en forma contraria a como se establece en nuestra M�xima Carta, lo cual constituye una violaci�n y, por ende, una inconstitucionalidad. Ahora bien, analizando el derecho penal vemos que tiene por objeto expresar normas sobre la base del principio constitucional de que no hay delito ni pena sin ley previa, entonces describe las diversas especies de delito, se�ala las caracter�sticas de toda infracci�n penal y determina la naturaleza de las pena y medidas de seguridad y las bases de su magnitud y duraci�n. Delito, pena y medida de seguridad son, pues, los conceptos esenciales del derecho penal. Lo anterior vale para lo que conviene llamar derecho penal material o sustantivo, que es el derecho penal propiamente dicho. En una acepci�n m�s amplia cabr�a tambi�n el derecho procesal penal, cuyos preceptos regulan la aplicaci�n de las consecuencias previstas en el derecho penal sustantivo, y el derecho de ejecuci�n penal, relativo a la ejecuci�n y control de las penas, medidas y consecuencias accesorias impuestas por sentencia ejecutoriada. El derecho penal es una rama del derecho p�blico interno, pues la potestad punitiva compete exclusivamente al Estado. Se conviene en que el ejercicio de esta potestad representa la �ltima ratio en la defensa de bienes jur�dicos tenidos por fundamentales, que el delito lesiona de modo intolerable. Entre ellos se encuentran la vida, integridad corporal, libertad, el patrimonio, la incorruptibilidad de la funci�n p�blica, entre otros. Cuando el atentado a esos bienes jur�dicos se verifica a trav�s de acciones que por su odiosidad han sido acu�adas por la ley en figuras o tipos de delito, el derecho punitivo reacciona en�rgicamente, de manera primordial a trav�s de las penas y tambi�n a trav�s de las medidas de seguridad. El derecho penal moderno, reposa, en grado mayor que ninguna otra rama del derecho, en el principio de legalidad consagrado constitucionalmente, y conforme al cual s�lo puede castigarse por un hecho ya previsto con anterioridad como punible por una ley, formulaci�n que, por una parte, excluye de inmediato la retroactividad de la ley penal menos benigna, y que por la otra, proscribe absolutamente la incriminaci�n de un hecho por analog�a con otro legalmente previsto como delito. Es en virtud de este principio que se limita el libre arbitrio judicial en la aplicaci�n de la pena por marcos legales relativamente estrictos y que, las penas del derecho criminal, a diferencia de las sanciones administrativas deben necesariamente imponerse, tras el juicio correspondiente. Reposa, en seguida, en el principio de culpabilidad, conforme al cual s�lo se puede imponer una pena criminal por un hecho cuando �ste puede serle reprochado a su autor. Ello significa la exclusi�n de la responsabilidad por el s�lo resultado y apareja el imperativo que la pena no sobrepase la medida de la culpabilidad. En nuestro tiempo se fortalece la tendencia a reconocer al derecho penal una funci�n m�s preventiva que retributiva: se entiende que persigue menos una idea moral absoluta a trav�s de la justicia terrena que el prop�sito de evitar la comisi�n de nuevos delitos, tanto por la generalidad del orden jur�dico, como por parte del autor del hecho il�cito. Se habla as� de una funci�n de prevenci�n general y de una prevenci�n especial. La primera se ejerce a modo de advertencia, a trav�s de las conminaciones penales de la ley, que por ello deben constar en preceptos claros susceptibles de ser comprendidos por el com�n de los hombres, y a trav�s de la ejecuci�n pronta, efectiva y justa de las mismas en caso de haberse producido la infracci�n, no obstante la amenaza formulada. Nos avocamos a manifestar que ?ninguna escuela, ni doctrina, ni sistema penal alguno, puede servir para fundar �ntegramente la construcci�n de un C�digo Penal?. Solamente es posible seguir una tendencia ecl�ctica y pragm�tica, o sea pr�ctica y realizable. La f�rmula ?no hay delitos, sino delincuentes?, debemos completarla as�: ?No hay delincuentes sinohombres?. El delito es principalmente un hecho contingente, sus causas son m�ltiples, es un resultado de fuerzas antisociales, sin embargo habr� que analizar que en el caso concreto que nos ocupa el crecimiento de la urbanidad es un complejo que le compete al Estado organizar de manera eficiente y el crecimiento desmesurado de los diferentes asentamientos humanos, debe ser analizado por el mismo gobierno y afianzar los m�todos y ser flexible para el cumplimiento de los requisitos y as� queden convertidos en asentamientos regulares como se maneja en la ordenaci�n y regulaci�n de los mismos, ya que el gobierno no puede seguir dejando al margen a los habitantes que tienen menos recursos. D.ado de lo anterior se�alamos que con esta aprobaci�n de ley de los asentamientos irregulares, lo �nico que pretende lograr el Gobierno de Q.�taro es evadir sus responsabilidades, ya que �l es el encargado y responsable en un cien por ciento de llevar a cabo todos los medios id�neos para que un crecimiento desmesurado no suceda y s� se puedan constituir asentamientos con todos los servicios necesarios de salubridad, que den bienestar a sus pobladores y al gobierno mismo, ahora, entrando a analizar por qu� no se ha hecho eso, por qu� no ha ocurrido la situaci�n de que todos los asentamientos humanos sean regulares, por qu� el gobierno de este Estado no es capaz de ubicar correctamente todos los asentamientos, lo cual s�lo se responde porque no ha puesto el debido empe�o y el cuidado necesario y porque, como ya hemos citado, no puede cerrarse ante el crecimiento y la mejor salida que puede tener ante su cr�tica situaci�n es evadir sus responsabilidades y limitarse a plasmar la irregularidad de los asentamientos humanos en un C�digo Penal, penando as� a todo aquel que pretenda fraccionar un predio y dar la posibilidad de crecimiento a un ser humano que no tiene los medios econ�micos necesarios para comprar un lote en un lugar c�modo, bien establecido y que cuente con los m�ltiples servicios que reclama nuestra sociedad, y m�s a�n, pretende ser del todo riguroso con aquellos que dirijan la conformaci�n de aqu�llos, esto porque el gobierno queretano sabe que dichos asentamientos son protegidos en su mayor�a por partidarios pol�ticos, lo cual no es del todo aprobado ni conveniente para el actual gobierno, que resulta ser de corte conservador y elitista, siendo la penalizaci�n un recurso jur�dico y una manera de remediar el fracaso en vez de buscar una buena soluci�n de ampliaci�n y disminuci�n, de l�mites que se imponen para regularizar la lotificaci�n de los fraccionamientos, as� como la organizaci�n pr�ctica y completar su funci�n de urbanizaci�n. Desde el punto de vista positivo, consideramos la represi�n como una consecuencia org�nica necesaria de la vida social y jur�dica. Siendo una necesidad la sanci�n p�blica, ya sea civil o penal, pero en el caso que nos ocupa lo que se pretende con la aprobaci�n de dicha ley no es una situaci�n necesaria, ya que los lineamientos a los asentamientos urbanos quedan establecidos desde hace m�s de una d�cada en un C�digo U. y leyes relacionadas y, al contrario, resulta represiva para una gran mayor�a de habitantes queretanos, los cuales atravesamos por una desesperante situaci�n de crisis al no contar con nuestro gobierno Estatal para que proporcione viviendas dignas como lo establece nuestra Constituci�n. Considerando, por ende, que deja al gobernado en un estado de indefensi�n, fuera de nuestro Estado de derecho y una de las pretensiones, de todas las fuerzas pol�ticas representadas en la LIII Legislatura, ha sido la de un poder legislativo m�s representativo, eficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, as� como tambi�n, que sea �ste depositario de la confianza popular y de una mayor capacidad de control de la pol�tica del gobierno. Asumiendo con mayor responsabilidad el cumplimiento de nuestra funci�n para ejercer con mayor eficiencia nuestro papel de �rgano controlador del poder p�blico. Que el proceso de urbanizaci�n de Q.�taro durante la colonia guard� el equilibrio entre espacios abiertos y espacios cerrados, entre vanos y macizos, entre plazas, plazuelas, atrios, jardines y alamedas, en contraste con los templos, recintos, palacios, casas, casonas; sin embargo, la organizaci�n urbana de Q.�taro, su calidad, la relaci�n urbana de sus elementos, la importancia de su composici�n es de suma importancia, pero reconocemos que el crecimiento es fuente de innumerables problemas, por lo que resulta necesario formular renovados esquemas jur�dicos que den congruencia a la realidad de los queretanos y mayor seguridad legal a los diversos sectores sociales, ya que las inmigraciones provenientes de otras ciudades, as� como del interior del Estado, han provocado desequilibrio en la relaci�n demanda y oferta en materia de servicios p�blicos y duplicaci�n de la poblaci�n, la infraestructura urbana, la vivienda, las vialidades y los servicios municipales. Que en la actualidad, la ciudad de Q.�taro tiene una clara estructura urbana pero contrasta de manifiesto una desarticulaci�n entre los diversos espacios urbanos y es un reto para la planeaci�n incorporar las zonas para configurarlas en una sola unidad funcional urbana, beneficiando con ello a toda la poblaci�n civil. El desarrollo urbano actual b�sicamente ofrece infraestructura de servicios a quien puede pagarlos, dejando a la vasta mayor�a de la poblaci�n de bajos ingresos con insuficiencias y carencias de los servicios m�nimos que se requieren, ya que ni siquiera son solventes para que el gobierno los asiente en un lugar regular. Siendo una de sus principales metas del Estado el bienestar y equidad entre las diversas regiones por lo cual se debe atender a la pluralidad, al di�logo, al respeto y reconocimiento a lo diverso, y estar en posibilidad de que esas respuestas sean acordes con los reclamos de los habitantes del Estado, por lo que se deben sentar las bases para una vida social �ptima de los seres humanos, es por ello que nuestras legislaciones urbanas, como el C�digo U. del Estado de Q.�taro, precisa establecer las normas conforme a las cuales se puede realizar y definir las normatividades en materia de asentamientos humanos, es donde se deben fijar con toda claridad las estructuras que den origen a la reglamentaci�n espec�fica y determinar la forma de operar de los organismos administradores, as� como crear las disposiciones, normas y procedimientos para regular la autorizaci�n de dichos asentamientos. Estableciendo, asimismo, la planeaci�n urbana, los espacios donde se deben concentrar los servicios y el equipamiento que la comunidad requiere para vivir, particularmente en las extensas zonas populares perif�ricas, para as� ofrecer igualdad en el acceso a los servicios y equipamiento a la poblaci�n menos favorecida, buscando con ello un equilibrio con los grupos de poblaci�n. Que es el C�digo U. el elemento base donde se abre un abanico de posibilidades al desarrollo de Q.�taro, ante el crecimiento irregular, es donde se deben analizar y evaluar los problemas, siendo de vital importancia contar con un marco jur�dico adecuado para que nuestro Estado se fortalezca, se debe optimizar el servicio, la preservaci�n de los recursos naturales y mejorar el desarrollo urbano. Adem�s de que el mismo contiene disposiciones de observancia general en su art�culo primero, y tiene por objeto regular la planeaci�n, fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n en el Estado de Q.�taro, as� como establecer las normas conforme a las que el gobierno de la entidad y Municipios ejercer�n sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas y destinos de �reas y predios, establecer la concurrencia entre el Estado y Municipios que lo integran a efecto de proveer la ordenaci�n y regulaci�n de los asentamientos humanos en el territorio estatal, definir las caracter�sticas de los distintos tipos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales y otros tipos de desarrollo, establecer los requisitos para la autorizaci�n de los diferentes tipos de fraccionamientos y desarrollos. Ya que adem�s este c�digo en su art�culo segundo considera de utilidad p�blica e inter�s social, fracci�n I, las acciones de planear y ordenar las provisiones, usos, reservas y destinos de �reas y predios. En el cap�tulo segundo se establece en el art�culo tercero que el Ejecutivo del Estado deber� coordinar el desarrollo urbano, adem�s que la Secretar�a de Desarrollo U., Obras P�blicas y Ecolog�a, es la dependencia que tiene a su cargo poner en pr�ctica las directrices que ordenen y regulen el desarrollo urbano de la entidad, la elaboraci�n, ejecuci�n y revisi�n del plan estatal del desarrollo urbano y para tal efecto el Ejecutivo Local crea la comisi�n estatal de desarrollo urbano la cual est� integrada por dependencias del gobierno del Estado que tienen relaci�n directa con el desarrollo urbano en el mismo, as� como de las entidades que el gobernador considere convenientes. En el art�culo 10 del C�digo U. se establece en la fracci�n segunda: que son atribuciones de la Secretar�a de Desarrollo U., Obras P�blicas y Ecolog�a regular el mercado de los terrenos y de los inmuebles dedicados a la vivienda popular, as� como, fracci�n III, dictar las medidas necesarias a que deben sujetarse las �reas y predios no urbanizados, por tratarse de regiones hist�ricas y predios no urbanizables de otra �ndole. As�, sigue estableciendo el mismo art�culo 10, que son atribuciones de dicha secretar�a: dar tr�mite, emitir resoluciones de inconformidades, determinar las infracciones y calificar las sanciones que deban ser aplicadas y las dem�s que le atribuya las leyes y disposiciones administrativas aplicables. Con ello queda bien claro que todo lo relacionado con los asentamientos humanos es de relevancia urbana del Estado de Q.�taro, y para regular todo lo relativo a los asentamientos humanos ya sean irregulares o no, se design� como �rgano para ser conducto de las observaciones y proposiciones, as� como sugerir planes, promover y llevar a cabo campa�as de funcionamiento y conservaci�n de los centros de poblaci�n a la C.�n Estatal de Desarrollo U., quien adem�s de expedir su reglamento interior coadyuva con las autoridades competentes a la ejecuci�n de los planes de desarrollo urbano. Con lo anterior establecemos que no debi� aprobarse la ley que ahora se impugna, ya que con ello se quiere frenar el crecimiento urbano de nuestro Q.�taro, lo cual es inevitable por la gran duplicidad de la poblaci�n del Estado, lo cual deviene a ser inconstitucional, ya que, como se ha venido manejando a lo largo del presente escrito, es una garant�a individual, como lo es el derecho a una vivienda digna consagrada en el art�culo cuarto de nuestra Carta Magna, y el hecho de que el Poder Ejecutivo haga una propuesta apoyada en su momento por gran parte del Poder Legislativo partidario, resulta inconstitucional, ya que no puede ni siquiera pretender aplicar penas de prisi�n a quienes transfieran la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes, mismas que como ya vimos son reguladas por el C�digo U., la Secretar�a de Desarrollo U., Obras P�blicas y Ecolog�a, as� como la C.�n Estatal de Desarrollo U., quienes podr�n imponer las infracciones y calificar las sanciones que deben ser aplicadas, entonces no tiene raz�n de ser que de manera partidista y por dem�s arbitraria se adicionen y deroguen diversas disposiciones al C�digo Penal, puesto que ya se encontraban y se encuentran reguladas por �rganos y leyes espec�ficos designados por el propio gobierno del Estado. Y no conforme con ello se pretende aplicar mayor prisi�n a los autores que instiguen o dirijan la conformaci�n de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular o a los funcionarios p�blicos que realicen actos u omisiones para alentar o permitir un asentamiento irregular, lo cual tambi�n constituye una inconstitucionalidad, esto en virtud de que el propio gobierno es el encargado de alentar el desarrollo urbano, organizar los asentamientos humanos, lograr la paz y tranquilidad de los habitantes queretanos para que logren su primordial objetivo, que lo es el de tener una vivienda digna, y no al contrario, frenar el crecimiento y hasta penalizar a todo aquel que pretenda o quiera dirigir el crecimiento de seres humanos con necesidades de vivir en un lugar, cualquier lugar donde puedan tener opci�n a un pedazo de tierra para formar un techo y con ello taparse, proteger a su familia y aspirar a la creaci�n de un peque�o huerto para satisfacer su primera necesidad que es comer para sobrevivir. La ley combatida en la continuaci�n del certero an�lisis l�gico-jur�dico que har�n los honorables Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n incurre en grandes transgresiones a los derechos de personas integrantes de grupos sociales reconocidos y salvaguardados por la Carta Magna de la rep�blica como lo son los pueblos ind�genas y las comunidades o n�cleos de poblaci�n ejidales. En efecto las comunidades y pueblos ind�genas del Estado tienen reconocido el respeto a sus tradiciones, usos y costumbres e inclusive el derecho a la libre autodeterminaci�n y autonom�a, al reconoc�rseles su identidad econ�mica, social y cultural propia, como quienes originalmente sustentan la composici�n pluri-�tnica de nuestra naci�n. Lo anterior se desprende de la �ltima reforma constitucional que aprob� el Constituyente Permanente y que consta en el decreto del Diario Oficial de la Federaci�n de fecha martes 14 de agosto de 2001 y, asimismo, en el art�culo 6o. de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro. Ciertamente, la legislaci�n de marras, de manera aberrante atropella los derechos de los habitantes ind�genas del Estado, pues se deduce que al establecer la anticonstitucional tipicidad consistente en que la promesa de transferir o la transferencia de un lote sin las autorizaciones de las autoridades competentes y el establecimiento o la simple y llana pretensi�n de establecerse en un inmueble dividido o lotificado en el territorio de los pueblos ind�genas, donde de ninguna manera va con sus tradiciones, usos y costumbres al establecer las ampliaciones a sus asentamientos de �reas de vivienda con las costumbres de las zonas urbanas del Estado, es de deducirse que conductas leg�timas, l�citas y justas para que los ind�genas planeen y establezcan en sus territorios �reas para asentamientos humanos de sus integrantes o incluso el mero deseo de establecerse en un predio dividido, sin autorizaciones de las autoridades, aplic�ndose la objetada ley se considerar�an delitos graves que ocasionar�an un ejercicio de la acci�n penal a personas de origen ind�gena y severas penas punitivas que resultar�an adem�s de inconstitucionales, inhumanas y crueles al no respetar el �rgano legislativo responsable de los usos y costumbres de los pueblos ind�genas, su libre autodeterminaci�n y autonom�a que comprende, inclusive, el derecho a acceder con respeto a las formas y modalidades de la propiedad, al disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y la obligaci�n de las autoridades para que les faciliten el acceso al financiamiento p�blico y privado para la construcci�n y mejoramiento de vivienda, pues es evidente que los pueblos ind�genas reconocidos, inclusive en el art�culo 6o. de la Constituci�n del Estado, no acostumbran ni usan a hacer las engorrosas tramitolog�a para ampliar o crear sus centros de poblaci�n, siendo importante que, nuestro Estado, en los Municipios de Amealco de B., Cadereyta de Montes y T.�n, est�n localizadas comunidades y pueblos ind�genas de origen Na�hu y en el Municipio de Jalpan de S. se localizan comunidades P.. Por lo cual la ley multi-impugnada contraviene el art�culo 2o. de nuestra Constituci�n F. en los p�rrafos tercero y cuarto: ?Art�culo 2o. ... Son comunidades integrantes de un pueblo ind�gena aquellas que formen una unidad social, econ�mica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos ind�genas a la libre autodeterminaci�n se ejercer� en un marco constitucional de autonom�a que asegure la unidad nacional. ...b) La Federaci�n, los Estados y los Municipios para promover la igualdad de oportunidades de los ind�genas y eliminar cualquier pr�ctica discriminatoria, establecer�n instituciones y determinar�n las pol�ticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los ind�genas, el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades las cuales deber�n ser dise�adas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades dichas autoridades, tienen la obligaci�n de: ... fracci�n IV. Mejorar la condici�n de las comunidades ind�genas y de sus espacios para convivencia y recreaci�n mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento p�blico y privado para la construcci�n y mejoramiento de vivienda ...?. ?Art�culo 12 de la Constituci�n del Estado. P�rrafo segundo. Las leyes propiciar�n el desarrollo econ�mico pol�tico y social de los grupos �tnicos de la entidad sobre la base del respeto, a sus lenguas, tradiciones, costumbres, creencias y valores que los caracteriza.?. De lo cual se concluye que la autoridad no s�lo debe respetar las costumbres de los ind�genas en materia de ampliaci�n o creaci�n de sus centros de poblaci�n sino est� obligada a apoyar la construcci�n y mejoramiento de la vivienda. Asimismo en t�rminos similares al anterior concepto de invalidez invocado a los honorables Ministros de este tribunal, la ley de marras tambi�n contraviene los derechos de los campesinos ejidatarios, reconocidos como un grupo social salvaguardado por nuestra Ley Fundamental en la esencia social que tiene nuestra Carta Magna ya que la Ley Fundamental reconoce el derecho de los ejidos y comunidades a determinar sus �reas para asentamiento humano, lo cual se previene en el tercer p�rrafo de la fracci�n s�ptima del art�culo 27 de nuestra Carta Magna y, adem�s, perfectamente previsto, derivado de este texto constitucional en la ley reglamentaria del mismo, es decir la Ley Agraria, al establecer el derecho de los ejidos a trav�s de las facultades otorgadas a la asamblea ejidal en el art�culo 23 de la misma y dem�s relativos para establecer su asentamiento humano, de manera que aplic�ndose la ley de marras, si una asamblea ejidal determina su �rea de asentamiento humano en v�a de ampliaci�n, ejerciendo su derecho que le reconoce la Constituci�n y la ley agraria, encuadrar�a en la aberrante tipicidad de la ley combatida, es decir los ejidatarios de esa asamblea se convertir�n en autores intelectuales de los delitos, en las modalidades de fraccionadores irregulares, y dirigentes e instigadores ?de un asentamiento humano irregular?, lo cual demuestra la irracionalidad de las contravenciones constitucionales en que incurre el �rgano legislativo responsable y, asimismo, atropella el derecho de cada ejidatario a otorgar el uso de sus tierras a distintas personas, y en caso que se ponga en vigencia la ley combatida se llegar�a al exceso de que un ejidatario que cediera el uso de su parcela en partes estar�a incurriendo en los aberrantes tipos penales que la ley impugnada establece como graves y, por tanto, se estar�a en el caso de que ni siquiera tendr�a este ejidatario derecho a la libertad provisional bajo cauci�n, siendo el caso que el p�rrafo cuarto de la fracci�n VII del art�culo 27 constitucional otorga ese derecho a todo ejidatario y comunero y, asimismo, los art�culos 79, 80 y dem�srelativos de la Ley Agraria, otorgan igualmente ese derecho a los campesinos regidos bajo el r�gimen ejidal, por lo cual con la ley citada indebidamente y sin ajustarse a derecho el �rgano legislativo responsable invade la esfera de competencia de �rganos del poder p�blico de la Federaci�n, ya que la ley agraria es una ley de competencia del �mbito federal y, por tanto, carece de facultades el �rgano responsable para legislar asuntos que son de su competencia de las autoridades federales y que est�n normadas por una legislaci�n federal. De los razonamientos vertidos a este m�ximo �rgano jurisdiccional se concluye que la ley impugnada contraviene el texto de nuestra Carta Magna en los preceptos citados, por lo cual es procedente que esta Honorable Suprema Corte declare la invalidez de la misma y deje sin ning�n efecto jur�dico el notoriamente licidado (sic) proceso legislativo. Apoyando la presente con las siguientes tesis jurisprudenciales: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., abril de 1999, tesis P./J. 23/99, p�gina 256. ?ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACI�N QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACI�N, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CAR�CTER GENERAL. Para la procedencia de la acci�n de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jur�dica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un n�mero indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jur�dicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracci�n e impersonalidad de las que goza la ley. Adem�s, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. En conclusi�n, mientras que la ley es una disposici�n de car�cter general, abstracta e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto jur�dico implica su permanencia despu�s de su aplicaci�n, de ah� que deba aplicarse cuantas veces se d� el supuesto previsto, sin distinci�n de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jur�dico est� dirigido a una situaci�n concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jur�dica de norma de car�cter general.?. Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. T.X., marzo de 2001. Tesis P./J. 19/2001. P�gina 470. ?ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACI�N PARA PROMOVERLA, DENTRO DEL PLAZO LEGAL, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE UNA NUEVA LEGISLATURA, CUANDO LA QUE EXPIDI� LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONCLUY� SU ENCARGO. La interpretaci�n de lo dispuesto en el art�culo 105, fracci�n II, inciso d), de la Constituci�n F., lleva a concluir que la legitimaci�n activa debe entenderse conferida a los integrantes del Congreso Estatal que al momento de ejercitarse en tiempo la acci�n de inconstitucionalidad se encuentren en funciones; sostener lo contrario, llevar�a al extremo de que las leyes que se publiquen en el �ltimo d�a, o despu�s de que una legislatura haya concluido sus funciones, no podr�an impugnarse, pues quienes integraron ese �rgano ya no son diputados y quienes los sustituyen pertenecen a una legislatura diferente, lo que adem�s de ser contrario a la l�gica, desconoce el principio de que el �rgano de autoridad es siempre el mismo, con independencia de qu� personas f�sicas ejerzan su titularidad.?. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de 2001, tesis P./J. 17/2001, p�gina 471. ?ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N QUE DECLARAN LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EMITIDAS POR LOS �RGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES, NO VULNERAN NI RESTRINGEN LA SOBERAN�A DE LOS ESTADOS. De la interpretaci�n de lo dispuesto en los art�culos 40, 41 y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que �sta es la Ley Suprema de toda la Uni�n y si bien los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior, sus Constituciones en ning�n caso podr�n contravenir las disposiciones establecidas en aqu�lla. Por tanto, la decisi�n de fondo que emite la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al conocer de las acciones de inconstitucionalidad previstas en el art�culo 105, fracci�n II, de la citada Constituci�n F., en el sentido de declarar la invalidez de normas generales emitidas por los �rganos legislativos locales, no vulnera ni restringe la soberan�a de los Estados miembros de la Federaci�n, toda vez que al integrarse en un Pacto F., quedaron obligados a su respeto y a no contravenirla ante todo en las Constituciones Locales, por imperativo propio del mencionado art�culo 41, m�xime si se toma en consideraci�n que la acci�n de inconstitucionalidad es un medio de control garante de ese respeto.?. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, tesis P./J. 23/97, p�gina 134. ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n F., en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n Local o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n Local dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.?. C) Habida cuenta que el �rgano del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado, de manera sumamente dividida y sin consenso, s�lo con el voto de dos de las 6 (seis) fracciones pol�ticas que integran este �rgano legislativo (a las cuales la Ley Org�nica del H. Congreso del Estado de Q.�taro les reconoce personalidad jur�dica), las fracciones de los Partidos Pol�ticos Acci�n Nacional y Verde Ecologista de M�xico, procedieron a la aprobaci�n de la ley que nos ocupa, violando el procedimiento legislativo previsto por la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro de A., la Ley Org�nica del Congreso del Estado e inclusive el Reglamento de Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, por lo cual resulta una violaci�n a la garant�a constitucional y principio general en derecho en nuestro sistema constitucional de estricta legalidad, emitido por la tesis n�mero 46, que el Pleno de este honorable �rgano jurisdiccional m�ximo de la Rep�blica que establece �la autoridad s�lo puede hacer aquello que la ley le permite�, resultando una violaci�n indirecta a nuestra Ley Fundamental y, asimismo, con su aprobaci�n, por el propio �rgano legislativo y promulgaci�n y publicaci�n en el peri�dico oficial del Estado �La Sombra de A.�, resulta violatoria de las garant�as constitucionales de audiencia y estricta legalidad, al tipificar como delitos intenciones de actos que ni siquiera son conductas en el estricto concepto del derecho penal, transgrede las garant�as de igualdad de vivienda, las de libertad de petici�n y asociaci�n, por considerar delito el ejercicio de libertades de las personas f�sicas a que se pueden asociar con fines similares l�citos relativos a la promoci�n de espacios para satisfacer un derecho humano y garant�a de igualdad que consagra nuestro sistema social constitucional, relativo a la vivienda digna y decorosa para toda familia, dado que la ley de marras tipifica como il�cito �a quien pretenda establecer un asentamiento humano ... sin los permisos de la autoridad competente� pretendiendo configurar como conducta il�cita la mera intenci�n de un grupo de personas f�sicas que deseen promover un asentamiento humano y no cuenten con los permisos, asimismo, de manera totalmente arbitraria, abusando de su autoridad del �rgano legislativo y el Poder Ejecutivo, transgreden los m�s elementales principios del derecho penal, con esta legislaci�n anticonstitucional, con lo anteriormente se�alado a sus se�or�as, Ministros de esta Suprema Corte de Justicia, y de manera arbitraria estableciendo conductas t�picas y punibles, toda vez que de nuestro sistema constitucional se desprende que no toda conducta porque se considere socialmente reprochable se puede convertir en conducta antijur�dica, t�pica, culpable y punible, que son las caracter�sticas inherentes al delito que se prevea en la legislaci�n sustantiva penal vigente, puesto que si al abusivo arbitrio de la autoridad se establecen la tipicidad y punibilidad de cualquier conducta que de manera subjetiva le parezca contraria al inter�s p�blico o social, pues de ser as� se presentar�an los excesos de los sistemas pol�ticos autoritarios, como las monarqu�as, las autocracias, o cualquier otro sistema de autoritarismo, despotismo y arbitrariedad que precisamente nuestro sistema pol�tico emanado de nuestra Constituci�n F. pretende evitar al generar equilibrio en el ejercicio del poder p�blico, reconociendo, en primer t�rmino, el principio de la soberan�a popular para establecer que todo poder dimana del pueblo, y el poder p�blico se ejerce a trav�s del sistema de la divisi�n del ejercicio del poder p�blico. En ese sentido la ley de marras pretende establecer como conducta antijur�dica, t�pica, culpable y punible, conductas que de acuerdo a nuestra Carta Magna deben ser materia de reglamentos administrativos, que deben ser aprobados y aplicados por �rganos distintos de autoridad y del poder p�blico como son los Municipios, por tanto, la ley de marras invade la esfera del derecho administrativo para pretender convertirlo en asunto de derecho penal, ya que nuestra Carta Magna es muy clara en el sentido de que los asentamientos humanos deben ser normados por reglamentos municipales y la legislaci�n en materia de asentamientos humanos debe ajustarse a la facultad exclusiva que al respecto tiene el Congreso de la Uni�n en los t�rminos del art�culo 73, fracci�n XIX-C, de la Ley M�xima de la Rep�blica. Adem�s de las graves violaciones al proceso legislativo que lo menos que procede es que sus se�or�as, los honorables magistrados de nuestro M�ximo Tribunal Judicial de la Federaci�n, declaren la invalidez para reponer el proceso legislativo al estado en que se cometieron las violaciones procedimentales legislativas que vician la ley aprobada. La anticonstitucional ley impugnada por este medio incurre en graves transgresiones directas y de fondo al texto de la Carta Magna, al invadir el �rgano legislativo y el Ejecutivo las esferas de competencia para el primer nivel de gobierno y la base de la divisi�n territorial y organizaci�n pol�tica y administrativa, invadiendo la esfera de competencia del Municipio Libre, otorgada por nuestra Carta Magna, ya que el ordenamiento de los asentamientos humanos y la planificaci�n integral de los desarrollos urbanos municipales es facultad exclusiva del Municipio Libre, en los t�rminos del art�culo 115, fracci�n V, en relaci�n con el art�culo 27, p�rrafo tercero, de la Ley Fundamental de la Rep�blica, ordenando al respecto nuestra Carta Magna que esta ordenaci�n debe hacerse en reglamentos y disposiciones administrativas y, asimismo, el �rgano responsable de manera arbitraria y abusiva, desvirtuando el sentido social del proceso legislativo que en su m�s elemental teleolog�a, que es establecer el orden y la armon�a social, y violando los elementales principios generales del derecho, la doctrina y teleolog�a del derecho penal hace esta invasi�n de competencia al legislar de manera excesiva materias que nuestra Carta Magna de la Rep�blica, como ley que no puede ser transgredida por ninguna legislaci�n secundaria, ordena que son materia de reglamentos municipales y disposiciones administrativas del Municipio Libre, y no s�lo eso, sino que conductas abstractas que nuestra Ley Fundamental ordena que son materia exclusiva y reservada al derecho administrativo, para que sean materia de las conductas abstractas, generales e impersonales que se prevengan como infracciones administrativas, que generalmente se concretan en la multa, la suspensi�n de una obra, la clausura y otras, en un grave y profundo exceso de las funciones del �rgano legislativo y del ejecutivo como publicador de la inconstitucional ley y promotor de la misma al ser el autor de la iniciativa, lleva al campo del derecho penal conductas que no deben ser materia de este derecho, violando el concepto en derecho penal conocido como ?la �ltima ratio?, o la �ltima raz�n. En los mismos t�rminos de los excesos del �rgano responsable y el ejecutivo su ley objetada invade la competencia del Congreso de la Uni�n, ya que es facultad exclusiva de este poder p�blico de la Rep�blica, la prevista por la fracci�n XXIX-C del art�culo 73 de la propia Ley Fundamental de la naci�n para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir con los fines en el art�culo 3o. del art�culo 27 de esta Constituci�n; facultad exclusiva de la cual el propio Congreso de la Uni�n aprob� y promulg� la vigente Ley General de Asentamientos Humanos, misma que en su contenido expresamente no faculta a las entidades federativas a tipificar como delitos conductas que transgreden las normas de planificaci�n del desarrollo urbano, por el contrario esta legislaci�n reforzando a nuestra Carta Magna otorga instrumentos a las autoridades y a los gobernados para que se haga efectiva la garant�a de igualdad de una vivienda digna y decorosa de toda familia mexicana, lo cual en el fondo es la garant�a que pretende evadir el �rgano responsable y el ejecutivo con la ley cuestionada. Los excesos en esta legislaci�n inconstitucional pueden llevar a cometer abusos del poder p�blico, en la procuraci�n y administraci�n de justicia, tales que una familia, una pareja, un grupo de amigos, un grupo campesino o un grupo ind�gena, en el ejercicio de leg�timas pretensiones de promover cesiones de fracciones de inmuebles, o m�s a�n planifica cesiones de fracciones de inmuebles, inclusive una sola divisi�n de un inmueble, para pretender hacer una actividad laboral de peque�o comercio o industria, sin haber solicitado las autorizaciones administrativas, es encajonada a la pretendida tipicidad excesiva de la ley en cuesti�n, lo que sin duda puede ser fuente de excesos en el ejercicio de la acci�n penal por los �rganos de procuraci�n de justicia e imposici�n de penalidades por los �rganos de administraci�n de justicia, que por citarle a sus se�or�as, posibles ejemplos, dos personas unidas conyugalmente que dividan un inmueble para hacer en los espacios divididos diversas construcciones con distintos fines, un grupo de ejidatarios que haciendo uso del derecho a destinar o reservar el �rea para asentamiento humano o un grupo de comuneros ind�genas reconocidos sus derechos plenamente por nuestra Carta Magna para determinar, conforme a sus usos y costumbres, �reas de reserva para las viviendas de los comuneros que puedan necesitar un espacio para sus aposentos, estar�an incurriendo en los ilegales y excesivos tipos penales de la ley impugnada, lo que ser�a una arbitrariedad que, precisamente, nuestro sistema constitucional con equilibrios, contrapesos en el ejercicio del poder p�blico y con la cualidad de ser la ley republicana con esencia social que salvaguarda derechos fundamentales del gobernado y, en especial, de los grupos socialmente d�biles o marginados (campesinos, comunidades ind�genas y organizaciones del sector social) que trata de evitar. Con la certeza los suscritos que sus se�or�as, honorables Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n har�n un an�lisis exhaustivo, l�gico jur�dico, de la legislaci�n que contraviene nuestra Constituci�n F., tenemos la confianza en que colegir�n que los anticonstitucionales, ambiguos, oscuros e impresos tipos penales que pretende imponer el �rgano legislativo y el ejecutivo, pueden devenir en excesos, por transgredir elementales principios generales del derecho y de la doctrina del derecho penal, como un derecho de naturaleza del derecho penal, como un derecho de naturaleza y car�cter p�blico, que tiene como fin teleol�gico fundamental establecer, como potestad exclusiva del Estado, la punibilidad de conductas que atentan contra bienes jur�dicos tenidos como fundamentales, que en esta rama del derecho se protegen con la punibilidad o la pena o medida de seguridad de la conducta estimada como antisocial, en funci�n del concepto de la ?�ltima ratio? o la �ltima raz�n, por no haber otro mecanismo coactivo del Estado para inhibir dichas conductas antisociales que no sea la pena corporal o mejor conocida en conceptos del derecho penal moderno como las penas privativas de la libertad, siendo el sentido de la ?�ltima ratio?, precisamente la �ltima raz�n para proteger bienes jur�dicos fundamentales, como la integridad corporal, la vida, la libertad, la seguridad de la persona, el patrimonio, etc. Es de concluirse que los tipos penales que pretende establecer la anticonstitucional ley impugnada de manera indebida rebasan el campo de conductas que le competen al �mbito o espacio del derecho administrativo, y que la facultad legislativa nuestra Constituci�n F. se la otorga al Honorable Congreso de la Uni�n y la facultad de reglamentar y emitir disposiciones administrativas en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos le corresponde al Municipio Libre como base de la divisi�n territorial, pol�tica y administrativa de nuestro sistema republicano y federal, y en una situaci�n de abuso e invasi�n de facultades, en la contravenci�n a nuestra Ley Fundamental, se excedan al pretender tipificar e incorporar como conductas antijur�dicas y punibles, previstas en la legislaci�n sustantiva penal de nuestra entidad, conductas que no s�lo le corresponden al campo o espacio del derecho administrativo, lo cual est� expresamente determinado como norma obligatoria en nuestra Constituci�n F., sino que con base en ello ya est�n previstas en leyes secundarias, como el C�digo U. para el Estado de Q.�taro y la Ley Org�nica Municipal para el Estado, como infracciones administrativas que ameritan suspensiones de obra, clausuras temporales o definitivas y multa. Es de extra�arse que siendo estas las medidas que el �rgano legislativo y, en especial, el ejecutivo debi� de observar su aplicaci�n para no considerar como un grave problema social la conformaci�n de asentamientos irregulares como as� argumenta en sus consideraciones de la ley objetada, situaci�n que no justifica sobre todo el ejecutivo como autoridad que ten�a la obligaci�n de hacer observar las leyes mencionadas, a fin de que se ejercieran sanciones administrativas a conductas previstas como infracciones administrativas en materia de desarrollo urbano, incluyendo las cuestiones derivadas de losordenamientos de asentamientos humanos, lo que presume de entrada que el fen�meno del desarrollo urbano no ha encontrado una legislaci�n adecuada que se adopte a una realidad de sociedades mucho m�s din�micas y complejas, y siendo un reto de toda ley el ordenar con armon�a el desarrollo de la sociedad, por tanto, como lo hemos venido sosteniendo los suscritos de manera fundada, la tipificaci�n de las conductas aludidas, como la transferencia o la promesa de transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier derecho de uno o varios lotes resultantes de dividir un inmueble o instigar o dirigir la conformaci�n de un asentamiento humano irregular o pretenda establecer un asentamiento humano, sin contar con las autorizaciones de la autoridad competente, deber�an aparecer como la ?�ltima ratio?, �ltima raz�n, lo cu�l no est� justificado, ni mucho menos fundamentado y motivado, en primer t�rmino, porque ya est�n previstas las conductas descritas como infracciones administrativas, sin que se funde y motive raz�n para pretender cometer el exceso (sic) transformar la infracci�n administrativa en conducta t�pica adem�s en dos casos considerada grave, y pretender legislar que se proh�ba al potencial encausado de estas hoy conductas abstractas, generales e impersonales, el beneficio procesal a la libertad provisional bajo cauci�n a fin de que no est� el encausado privado de su libertad personal en tanto se le procesa, y por otro lado aun cuando los responsables �rgano legislativo y ejecutivo en sus consideraciones de la ley de marras dicen que responden al fen�meno de los llamados asentamientos irregulares, la terrible ambig�edad y oscuridad de la tipicidad impuesta puede llevar a arbitrariedades, desde luego, inconstitucionales, como los someros ejemplos expuestos, en que la simple cesi�n de un inmueble que se le hizo una sola divisi�n entre familiares, excluyendo s�lo al ascendiente con el descendiente, pero incluyendo cualquier otro tipo de personas con parentesco consangu�neo e, incluso, por afinidad, o entre amigos, o en comunidades campesinas o ind�genas, con lo excesivo de la ley, nos puede llevar a que se configure la tipicidad del denominado fraccionamiento irregular y, peor a�n la de la conformaci�n de un asentamiento humano irregular, que nos lleva a la arbitrariedad de que se tipificar� un delito grave sin derecho a libertad provisional el encausado, el asentamiento humano irregular se puede conformar con s�lo dos personas que hagan esta operaci�n, pues en la ambig�edad citada la ley define a el asentamiento irregular como un grupo de personas que se establezcan o pretendan establecerse en un predio dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria, llegando al exceso que por grupos de personas, entendemos una pluralidad, y �sta se configura con dos personas, pues dos ya es un grupo de personas. Como fundamento esencial para considerar arbitraria esta legislaci�n es el mandato normativo de nuestra Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica en el sentido de que el ordenamiento de los asentamientos humanos es competencia del Municipio Libre y constri�endo la normatividad de esta facultad a la aprobaci�n de reglamentos municipales y disposiciones administrativas, por lo cual en esta infundada invasi�n de facultades de autoridades y en la invasi�n de los campos del derecho administrativo al derecho penal, el �rgano responsable contraviene los art�culos 115, fracci�n V y 27, p�rrafo tercero, de la propia Carta Magna, que establece: ?Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las siguientes bases: ... V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales, estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reserva ecol�gica. Para tal efecto y de conformidad con los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.?. ?Art�culo 27. La Propiedad ... Las expropiaciones ... La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con el objeto de hacer una equitativa distribuci�n de la riqueza p�blica, cuidar su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida rural y urbana, en consecuencia, se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas o destinos de tierra, aguas y bosques ...?. Es de concluirse que el ordenamiento de los asentamientos humanos es una competencia de los Municipios libres y la Carta Magna ordena su circunscripci�n al derecho administrativo por lo cual la ley objetada resulta inv�lida al contravenir en estos t�rminos a nuestro texto constitucional. Asimismo se contraviene el p�rrafo tercero del art�culo 14 constitucional por las razones expuestas al Pleno de este �rgano jurisdiccional que establece: ?En los juicios de orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analog�a y aun por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley aplicable del delito de que se trata.?. Del an�lisis exhaustivo de la ley combatida por este medio constitucional se llega a la conclusi�n que en la grave imprecisi�n y oscuridad de los tipos penales, el �rgano legislativo responsable transgrede, en perjuicio de habitantes del Estado de Q.�taro, las garant�as de audiencia y estricta legalidad, al caer en el exceso de tipificar como delito meras pretensiones de conducta, transgrediendo principios elementales y fundamentales del derecho penal, que considera al delito como la conducta t�pica, antijur�dica, culpable y punible, y nos remite al concepto de entender la conducta como una acci�n u omisi�n, por tanto, el delito, la acci�n u omisi�n con las caracter�sticas descritas, es decir, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad o reprochabilidad social de la conducta y punibilidad, o la penalidad a la conducta. El �rgano responsable atropella estos principios b�sicos del derecho cuando en el combatido art�culo 246-E del C�digo Penal establece como tipicidad que ?al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier derecho de uno o varios lotes ...?. De manera que no le basta al �rgano responsable la conducta sino tipifica la pretensi�n de conducta al hacer reprochable y sobre todo punible una promesa que conceptuamos como un acto a futuro, y sin precisar el oscuro tipo penal, si se trata de la promesa escrita, que tiene efectos jur�dicos, por lo cual bastar�a que una persona prometa aun a futuro (a dos a�os) (o a condici�n suspensiva consistente en cuando te cases te vendo mi lote o inclusive cuanto te cases te dono mi lote) y haya dos testigos de que no tiene el prominente autorizaci�n para que se configure la aberrante tipicidad impuesta por el �rgano responsable. Con lo anterior se transgrede el propio C�digo Penal para el Estado de Q.�taro que se concept�a siguiendo los principios elementales del derecho penal como la conducta antijur�dica, por lo cual al transgredir este precepto legal, resulta una transgresi�n directa a las garant�as de audiencia, imposibilidad de imponer penas por analog�a o mayor�a de raz�n en materia penal y el principio de estricta legalidad. La misma situaci�n se configura cuando el combatido art�culo 246-F del C�digo Penal hace una aberrante y oscura conceptuaci�n de asentamiento humano irregular, contraviniendo, adem�s, el concepto que establece al respecto para asentamiento humano la Ley General de Asentamientos Humanos, al pretender configurar el asentamiento humano irregular ?un grupo de personas que se establezca o pretenda establecerse en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes ...?. En esta aberrante tipicidad queda m�s claro que se est� atropellando totalmente los b�sicos principios del derecho penal y el propio art�culo 9o. de la ley sustantiva penal vigente en el Estado, pues se tipifica una simple pretensi�n como delito, destruyendo esta ley de marras el condensado concepto del delito como conducta que implica una acci�n u omisi�n, y el responsable, y�ndose, muy lejos previene en su ley inconstitucional que basta que un grupo de personas pretenda establecerse para que se les considere asentamiento humano irregular y basta que sean dos personas, pues definiendo como grupo de personas, una pluralidad de personas se conforma desde dos, por lo cual la pretensi�n es un simple deseo, una simple intenci�n y el responsable arbitrariamente y totalmente fuera de derecho establece una punibilidad a una mera intenci�n de conducta, violando el precepto legal citado y con el principio de estricta legalidad que deviene de la tesis n�mero 46 del Pleno de este honorable tribunal en el sentido de que: La autoridad s�lo puede hacer lo que la ley le permite. Por tanto, se transgrede el principio de legalidad que en el primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional previene. ?Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.?. Asimismo, las otras garant�as constitucionales transgredidas establecen: ?Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.?. ?En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analog�a y aun por mayor�a de raz�n pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.?-En virtud de lo anterior es procedente que este m�ximo tribunal declare inv�lida la ley que nos ocupa por evidente contravenci�n a la Carta Magna y, por tanto, resulta declare la invalidez de la misma."
TERCERO. Los promoventes estiman que las normas cuya invalidez demandan transgreden los art�culos 4o., cuarto p�rrafo, 8o., primer p�rrafo, 9o., 14, segundo p�rrafo, 16, primer p�rrafo, 27, tercer p�rrafo y fracci�n VII, en relaci�n con el 115, fracci�n V, y 73, fracci�n XXIX-C, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante prove�do de treinta de septiembre de dos mil dos el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro Mariano A.G.�itr�n, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resoluci�n respectivo.
Por auto de treinta de septiembre de dos mil dos, el Ministro instructor admiti� a tr�mite la demanda relativa y orden� emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, as� como al procurador general de la Rep�blica para que formulara el pedimento que le corresponde.
QUINTO. El Gobernador Constitucional del Estado de Q.�taro manifest� en su informe:
"I. De acuerdo a lo dispuesto en los art�culos 10 fracci�n II, 23 y 59 de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que respecta a cada uno de los hechos contenidos en el escrito por el que se promueve la presente acci�n de inconstitucionalidad, manifiesto: 1. Es cierto por lo que respecta a que la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro fue presentada por el suscrito y la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional; aclarando que la misma fue modificada por la H. LIII Legislatura en ejercicio de las facultades que le confiere la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A. y la Ley Org�nica del Poder Legislativo en el proceso de formaci�n de leyes. El resto de las afirmaciones que hacen los accionantes en este apartado se ignoran por no ser hechos propios. 2. Lo ignoro por no ser un hecho propio. 3. Lo ignoro por no ser un hecho propio. 4. Lo ignoro por no ser un hecho propio. 5. Lo ignoro por no ser un hecho propio. 6. Es cierto que en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado ?La Sombra de A.?, tomo CXXXV, n�mero 39, de fecha 23 de agosto de 2002 se public� la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del C�digo Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro. En cuanto a su se�alado manifiesto que el texto publicado es id�ntico al texto enviado por la LIII Legislatura del Estado de Q.�taro para ese efecto. II. En cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 64 de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el deber de este �rgano ejecutivo para que en el presente informe manifieste las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acci�n de inconstitucionalidad, digo: Es cierto que esta autoridad expidi�, promulg� y public� la ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del C�digo Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, publicada en el P.�dico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de A. de fecha 23 de agosto de 2002. Acto que fue realizado de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 57, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A.. Por lo que respecta a los conceptos de invalidez relacionados con esta autoridad expresados por los accionantes, argumento lo siguiente: A) Consideran que se violan las garant�as constitucionales de seguridad jur�dica de audiencia y estricta legalidad previstas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se cumpli� con el procedimiento para la formaci�n de leyes que establece el art�culo 35 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A., as� como los art�culos 54, 56, 59 y 60 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, y en concreto, por lo que respecta a esta autoridad informan que hay diferencias entre el texto del dictamen presentado y aprobado en la sesi�n de comisiones unidas de fecha 12 de julio de 2002 y la ley publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de A. de fecha 23 de agosto de 2002. No es cierto que esta autoridad, haya publicado la Ley que adiciona y deroga diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro con un texto diferente al remitido a esta misma autoridad para su publicaci�n, por una sola vez, en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de A., por la C.�n Permanente en funciones de Mesa Directiva de la LIII Legislatura, mediante oficio n�mero DAL/2087/02 de fecha 12 de agosto de 2002, toda vez que, como ya lo he manifestado, el texto de la LIIl y enviado por la LIII Legislatura para publicar y el publicado, son id�nticos. B) Los accionantes consideran que en cuanto a su contenido, la ley impugnada no debi� aprobarse en virtud de que: V. lo dispuesto en el art�culo 4 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho a la vivienda. Esto, porque dicen que el derecho a una vivienda digna es una garant�a individual y que el Gobierno del Estado no proporciona viviendas dignas, dejando al margen a los habitantes que tienen menos recursos y conjuntamente con la legislatura viola esta garant�a al tipificar innecesariamente los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en vez de regularizar los asentamientos humanos irregulares, frenando de esta forma el crecimiento urbano del Estado. Consideran que dicha penalizaci�n es innecesaria porque la potestad punitiva del Estado es la �ltima raz�n en la defensa de bienes jur�dicos, y el derecho penal moderno descansa en los principios de legalidad y culpabilidad, consistiendo este �ltimo en que la pena no debe sobrepasar la medida de culpabilidad, as� como porque en el C�digo U. ya se regulan dichos actos y se establecen autoridades competentes en la materia como la C.�n Estatal de Desarrollo U.. Igualmente, porque consideran que con la ley impugnada cualquier asentamiento irregular que no cumpla con los requisitos en el C�digo U. constituye una conducta delictuosa. Al respecto se dice que la ley que se impugna de inconstitucional no es contraria al art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garant�a a una vivienda digna y decorosa, pues la seguridad y el orden en el desarrollo urbano como bien jur�dico que se salvaguarda es un aspecto necesario para hacer m�s efectivo ese derecho constitucional a la vivienda, ya que se debe tomar en cuenta que la vivienda digna no puede existir por s� sola, la hace digna su entorno social, la infraestructura de los servicios p�blicos la seguridad jur�dica respecto de la misma y en general el orden jur�dico aplicable, de ah� que el Estado, como ente regulador de la sociedad, su actividad debe estar inmersa a lograr que los postulados de la Constituci�n F. se enmarquen a la realidad social actual, que si bien es verdad que existen organismos privados y dependencias p�blicas, a trav�s de los cuales se accede a una vivienda, tambi�n es correcto afirmar que estas viviendas deben asentarse en un lugar apto para el desarrollo social y humano, justificando con esto la actividad estatal de castigar penalmente a quienes fraccionan inmuebles sin contar con las autorizaciones de las autoridades competentes. Igualmente debe decirse que no resulta cierta su afirmaci�n, ya que el C�digo U. para el Estado de Q.�taro prev� mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos pueden agruparse y constituir asentamientos humanos de acuerdo a sus posibilidades, tales como los considerados ?fraccionamientos de urbanizaci�n progresiva? previstos en el cap�tulo tercero del t�tulo tercero del citado C�digo U., independientemente de otras figuras. Por lo que respecta a la violaci�n al principio de la �ltima raz�n del derecho penal, manifiesto lo siguiente: A trav�s de la publicaci�n de la ley que adiciona y deroga diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y que adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales, no se hace ninguna afectaci�n al principio de derecho penal llamado ?la �ltima ratio legis?, en virtud de que la norma penal que tutela la seguridad y el orden en el desarrollo urbano se encontraba prevista desde el C�digo Penal que fue publicado el 18 de julio de 1985 en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de A., en el cual estaba considerada como un fraude espec�fico en el art�culo 367, que textualmente se�alaba: ?Art�culo 367. Comete el delito de fraude el que por s�, o por interp�sita persona, cauce perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir la propiedad, la posesi�n ocualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo �ste no se hayan satisfecho los requisitos en �l se�alados. Este delito se castigar� a�n en el caso de falta de pago total o parcial.?. E. Igualmente se encontraba prevista dicha norma penal en el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro vigente, la cual se deroga con la ley impugnada. En virtud de que las normas jur�dicas no son inmutables y que se deben ajustar a la realidad social, el Ejecutivo del Estado en ejercicio de las facultades que le concede el art�culo 57, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A., conjuntamente con la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional, promovi� ante la H. LIII Legislatura del Estado la iniciativa de ley para derogar el art�culo 194, fracci�n XVIII, del C�digo Penal y adicionar los art�culos 246-E, 246-F y 246-G para tutelar como bien jur�dico la seguridad y el desarrollo urbano. La ley impugnada, no obstante estas modificaciones a la ley sustantiva, contin�a preservando la misma materia instituida por el referido C�digo Penal publicado oficialmente el 18 de julio de 1985 y el a�n vigente publicado el 23 de julio de 1987. Con las reformas al ordenamiento sustantivo penal, mediante la ley impugnada, se obtuvo lo siguiente: Art�culo 246-E. A) Se cambi� la denominaci�n del tipo penal ya que anteriormente estaba considerado como una modalidad del fraude espec�fico, a diferencia del actual que es un tipo penal independiente que tutela la seguridad y el orden en el desarrollo urbano. B) Se modific� el objeto material del delito, es decir, el bien jur�dico sobre el cual recae la conducta descrita por la norma, en el sentido de que el inmueble que fracciona el sujeto activo del delito, �ste lo debe destinar a vivienda o industria o comercio, en cambio, anteriormente era suficiente que el inmueble fuera destinado a vivienda. C) Se estableci� como excusa absolutoria del delito la transferencia de la propiedad de un ascendiente a sus descendientes, dejando subsistente el car�cter delictivo respecto de quienes realizan la conducta pero no cumplen con el requisito mencionado, es decir, se conservan los elementos esenciales del delito y s�lo se excluye la posibilidad de su punici�n. D) Se estableci� un marco de punibilidad propio, con una pena privativa de libertad de 2 a 8 a�os de prisi�n y de 120 a 400 d�as de multa. Art�culo 246-F. A) Se ampliaron los alcances del tipo penal respecto de los autores del delito, en el sentido de que se contemplaron las figuras de la autor�a material y autor�a intelectual, inclusive teniendo como probables sujetos pasivos a los servidores p�blicos que realicen actos u omisiones para alentar o permitir un asentamiento irregular. Art�culo 246-G. A) Se fij� una agravante para la pena a quienes establezcan un asentamiento irregular en zonas protegidas o de preservaci�n ecol�gica o en zonas no consideradas aptas para vivienda en los planes y programas de desarrollo urbano. El sentido y prop�sito de legislar para hacer las adecuaciones a la norma penal encuentra sustento jur�dico en la exposici�n de los considerandos contenidos en la ley que se ataca de inconstitucional, se�alando que la ley debe evolucionar para adecuarse a las necesidades de una sociedad que tambi�n est� en constante transformaci�n y uno de los principales problemas que le afecta es la promoci�n y conformaci�n de los asentamientos humanos irregulares, los que en muchas ocasiones se asientan en inmuebles de caracter�sticas topogr�ficas que son desfavorables para destinarlos a uso habitacional, en los que, incluso, se pone en peligro la vida. La integridad f�sica y el patrimonio de las personas que formar�n parte de dicho asentamiento, pues en este sentido en muchas ocasiones los promotores de los asentamientos humanos irregulares se limitan a fraccionar y vender los lotes sin importarles las condiciones de seguridad del inmueble, ni considerar siquiera la factibilidad de la introducci�n de los servicios p�blicos y mucho menos contar con las autorizaciones requeridas. La seguridad y el orden en el desarrollo urbano son imprescindibles para la sociedad humana, pues a trav�s de su aplicaci�n se obtiene un desarrollo sustentable, en aras de procurar mejores condiciones de la vida para las personas, que si bien en principio pudiera decirse que se trata de normas pertenecientes al derecho administrativo, lo cierto es que dado el crecimiento demogr�fico del Estado de Q.�taro se han convertido en bienes que era necesario elevar a categor�a de bienes jur�dicos penales y que al haberse integrado al C�digo Penal desde el a�o de 1985, era claro que desde ese tiempo la norma administrativa hab�a sido superada. Actualmente, seg�n estad�sticas y estudios realizados en cuanto al n�mero de asentamientos humanos irregulares se tiene que �stos han proliferado de manera alarmante, lo que justifica la aplicaci�n del derecho penal como �ltima instancia -la �ltima ratio legis- para proteger el orden jur�dico en materia de desarrollo urbano. Consideran que se violan las garant�as constitucionales de seguridad jur�dica de audiencia y estricta legalidad previstas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque se tipifican como delitos intenciones de actos que ni siquiera son conductas en el estricto concepto del derecho penal y porque en la iniciativa no se justific� ni motiv� la tipificaci�n hecha. Al respecto se establece que no es cierto, toda vez que la norma legal impugnada guarda estricto apego a los principios doctrinarios del derecho penal, en el sentido de que sanciona conductas objetivas y, adem�s, observa lo dispuesto en el art�culo 14 de la Constituci�n F., en el sentido de que se proh�be aplicar anal�gicamente una norma de car�cter penal pues al respecto debemos se�alar que en el art�culo 246-E, se describen como conductas punibles ?al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir ...?, de tal forma que advertimos que dichas formas de proceder son concretas y de ninguna forma se hace referencia a meras intenciones que no constituyen conductas, por lo que cabe hacer la aclaraci�n de que si bien en el segundo p�rrafo del art�culo 246-F se utiliza el verbo pretender al mencionar que se entiende por asentamiento humano irregular ?un grupo de personas que se establezcan o pretendan establecerse en un inmueble dividido o lotificado ...?, esto debe interpretarse no en los t�rminos que indican los actores, puesto que �nicamente se refiere a la definici�n de ?asentamiento humano irregular? y, en ninguna forma, es parte de los elementos constitutivos del tipo penal. Se�alan que viola lo dispuesto en los art�culos 2o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A. los cuales establecen derechos de los pueblos ind�genas. Esto porque consideran que la autoridad debe respetar las costumbres de los ind�genas en materia de ampliaci�n o creaci�n de sus centros de poblaci�n, apoyar la construcci�n y mejoramiento de la vivienda para que tengan acceso a las formas y modalidades de la propiedad y al disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y el delito que se tipifica en la ley impugnada no es acorde con sus tradiciones, usos y costumbres ya que ellos no acostumbran a realizar la engorrosa tramitolog�a para obtener las autorizaciones correspondientes. Al respecto cabe mencionar que la ley cuestionada no es contraria a las disposiciones jur�dicas a que hacen referencia los demandantes en cuesti�n, en el sentido de que �sta contraviene diversos derechos asignados a los pueblos y comunidades ind�genas en el art�culo 2o. de la Constituci�n F., toda vez que en la fracci�n VII de este numeral se consagra el derecho a acceder a la jurisdicci�n del Estado referente a que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente se deber�n tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, adem�s que los ind�genas deber�n en todo momento ser asistidos por int�rpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura en ese sentido debemos subrayar que si bien es verdad que la ley recurrida no hace menci�n a estos principios constitucionales tambi�n es cierto que no por eso viola dichos principios constitucionales y sobre todo se debe considerar que en el art�culo 68 del C�digo Penal ya se mencionan diversos aspectos que deber� tomar en cuenta la autoridad judicial en el procedimiento de la individualizaci�n de la pena, entre estos se destacan las condiciones del sujeto activo del delito, es decir, sus aspectos socio-econ�micos personales, mismos que se valoran a efecto de determinar la pena que ser� impuesta en sentencia y debemos agregar que �sta al ser dictada por una autoridad competente se realiza la defensa subsidiaria de la Constituci�n en el sentido de que debe estar fundada en los principios de derecho penal que le sean ben�ficos al reo, adem�s la circunstancia de que �ste debe ser asistido por un traductor en las diligencias donde participe, ya se encuentra contemplado tal derecho en lo previsto en el art�culo 52 de la ley adjetiva penal en el que refiere que cuando algunas de las personas que participen en la diligencia no hable el idioma castellano se le nombrar� de oficio un traductor, quien deber� contar con la mayor�a de edad y asistirlo en la diligencia. Consideran que viola lo dispuesto en los art�culos 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 79, 80 y dem�s relativos de la Ley Agraria que establecen el derecho de los ejidos y comunidades a determinar sus �reas para asentamientos humanos, as� como el derecho de todo ejidatario y comunero a otorgar el uso de sus tierras a distintas personas. As� lo consideran los accionantes porque quienes ejercieran esos derechos agrarios, cometer�an delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano y porque el legislador estatal invade competencia que le corresponde a �rganos del poder p�blico de la Federaci�n, ya que la Ley Agraria es materia federal. Asimismo, se argumenta en la demanda que una asamblea ejidal ejerciendo su derecho, determina su �rea de asentamiento humano en v�a de ampliaci�n, incurrir�a en el delito, lo mismo suceder�a para el caso de que un ejidatario ceda el uso de su parcela en partes, a lo anterior se dice que no es cierta esta afirmaci�n, toda vez que los derechos agrarios mencionados no se vulneran con el contenido de la ley cuestionada, toda vez que de los art�culos 27 y 28 de la Ley General de Asentamientos Humanos se desprende que contrario a lo afirmado por los accionantes, para cumplir con los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 constitucional en materia de fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesi�n o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros se sujetar� a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables a las �reas y predios de un centro de poblaci�n, cualquiera que sea su r�gimen jur�dico est�n sujetos a las disposiciones que en materia de ordenaci�n urbana dicten las autoridades conforme a la ley citada y dem�s disposiciones jur�dicas aplicables. De lo anterior se concluye que si la divisi�n o cesi�n de derechos se realiza con base en la normatividad aplicable, dicha conducta no cumple con los elementos que describe un tipo penal en cuesti�n. De igual manera, exponen que se transgreden la garant�a de libertad (sic) asociaci�n porque se considera delito el ejercicio de dichas libertades y se priva de la posibilidad que tienen las personas f�sicas para asociarse con fines similares l�citos relativos a la promoci�n de espacios para satisfacer el derecho a la vivienda. No es cierto. La libertad de asociaci�n consagrada en el art�culo 9o. de la Constituci�n F. consiste en la facultad de todo ser humano para asociarse y conseguir ciertos fines que no sean contrarios a las normas de orden p�blico o a las buenas costumbres como la realizaci�n de determinadas actividades o la protecci�n de sus intereses comunes; y en contraposici�n a ello, el deber a cargo de las autoridades para no coartar ese derecho, el cual se ve restringido por la misma Constituci�n y por norma de rango subconstitucional. En efecto, la misma Constituci�n F. en su art�culo 9o. establece como limitante del derecho de asociaci�n el que su ejercicio se haga con cualquier objeto l�cito y por lo que toda actuaci�n tendiente a esa finalidad tiene que encuadrarse dentro de los c�nones legales. De esta forma, la obtenci�n de una vivienda se puede realizar por medio de una asociaci�n, pero necesariamente a trav�s del proceso que para tal efecto se�ala la ley. Como se observa, la ley impugnada no obliga ni proh�be a las personas para que se asocien para la realizaci�n de un objeto l�cito, adem�s esta libertad constitucional no libera a los beneficiarios de observar la normatividad en materia de desarrollo urbano. Por analog�a, corrobora lo anterior la siguiente jurisprudencia: Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo XCIII, p�gina 13. ?ASOCIACIONES, OBLIGACIONES DE LAS. La libertad de asociaci�n no libera a los particulares de la obligaci�n de satisfacer las exigencias que la ley se�ala para la Constituci�n de instituciones de car�cter p�blico, con personalidad jur�dica, situaci�n distinta de las asociaciones privadas, quienes no pueden quedar sujetas a reglamentaciones.?. Consideran que la ley que cuestionan viola lo dispuesto en los art�culos 73, fracci�n XIX-C y 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos porque la materia de asentamientos humanos debe ser normada por reglamentos municipal (sic) y es facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n legislar sobre el particular, por lo que el legislador del Estado invade dichas esferas competenciales. Lo anterior no es cierto ya que lo �nico que es facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n y, por ende, de la Federaci�n, es la de expedir leyes que establezcan la concurrencia de �sta, los Estados y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, pero esto no significa que la materia de asentamientos humanos sea exclusivamente de competencia federal y esto es confirmado por la misma ley que en ejercicio de dicha facultad constitucional expidi� el Congreso de la Uni�n, la Ley General de Asentamientos Humanos, que en la fracci�n I del art�culo 8o. establece que corresponden a las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma y en estricto apego a la Constituci�n F., la fracci�n VII del art�culo 41 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A. faculta a la Legislatura del Estado para legislar en materia de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n en la entidad. Lo anterior se confirma en las siguientes jurisprudencias: Octava �poca, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, tomo 64, abril de 1993, tesis P. XXII/93, p�gina 18. ?ASENTAMIENTOS HUMANOS. FACULTAD DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE M�XICO, PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA. Tomando en cuenta que el art�culo 70, fracci�n XLIII, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de M�xico, otorga facultades a la legislatura de dicho Estado para legislar sobre todo aquello que no se oponga a las prescripciones de la Constituci�n General de la Rep�blica y que, por su parte, el art�culo 124 de esta �ltima, precisa con claridad que las facultades que no est�n expresamente concedidas por dicha Ley Fundamental a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, sin que en sus diversas fracciones el art�culo 73, de la propia Constituci�n, reserve de manera exclusiva al Congreso de la Uni�n, la facultad de legislar en materia de Asentamientos Humanos; debe concluirse que la Legislatura del Estado de M�xico s� goza de facultades para legislar en esa materia.?. ?PLAN SECTORIAL DE ECOLOG�A �ECOPLAN� PARA EL ESTADO DE SONORA. NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N. Del an�lisis relacionado de los art�culos 27, p�rrafo III, y 73, fracci�n XXIX-C, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que no es competencia privativa de la Federaci�n intervenir en materia de asentamientos humanos y particularmente en relaci�n con la facultad para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y proteger el medio ambiente, pues de acuerdo con la segunda de las disposiciones constitucionales citadas lo �nico que es facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n y, por ende, de la Federaci�n, es la de expedir leyes que establezcan la concurrencia de �sta, los Estados y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, trat�ndose de la regulaci�n y ordenaci�n de los asentamientos humanos, con el objeto de hacer cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la propia Constituci�n, fines entre las cuales se encuentra el de preservar los elementos naturales de su posible destrucci�n. Por tanto, si el decreto que aprueba el Plan Sectorial de Ecolog�a �Ecoplan� para el Estado de Sonora, tiene como objetivo la protecci�n del medio ambiente y si, por otra parte, dicho plan se expidi� en cumplimiento de lo dispuesto en la ley ordinaria que regula la concurrencia de los Municipios, de las entidades federativas y de la Federaci�n, para la ordenaci�n y regulaci�n de los asentamientos humanos en el territorio nacional, concretamente expedido con apoyo en el art�culo 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos, debe concluirse que el mencionado plan no invade la esfera de atribuciones de la autoridad federal, pues el Ejecutivo Local al aprobarlo y promulgarlo solamente actu� conforme a la participaci�n que en esta materia le concede el ordenamiento secundario antes invocado.?. S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, p�gina: 705. ?PLAN SECTORIAL DE ECOLOG�A "ECOPLAN" PARA EL ESTADO DE SONORA. NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N. Del an�lisis relacionado de los art�culos 27, p�rrafo III, y 73, fracci�n XXIX-C, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que no es competencia privativa de la Federaci�n intervenir en materia de asentamientos humanos y particularmente en relaci�n con la facultad para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y proteger el medio ambiente, pues de acuerdo con la segunda de las disposiciones constitucionales citadas lo �nico que es facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n y, por ende, de la Federaci�n, es la de expedir leyes que establezcan la concurrencia de �sta, los Estados y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, trat�ndose de la regulaci�n y ordenaci�n de los asentamientos humanos, con el objeto de hacer cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la propia Constituci�n, fines entre las cuales se encuentra el de preservar los elementos naturales de su posible destrucci�n. Por tanto, si el decreto que aprueba el Plan Sectorial de Ecolog�a �Ecoplan� para el Estado de Sonora, tiene como objetivo la protecci�n del medio ambiente y si, por otra parte, dicho plan se expidi� en cumplimiento de lo dispuesto en la ley ordinaria que regula la concurrencia de los Municipios, de las entidades federativas y de laFederaci�n, para la ordenaci�n y regulaci�n de los asentamientos humanos en el territorio nacional, concretamente expedido con apoyo en el art�culo 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos, debe concluirse que el mencionado plan no invade la esfera de atribuciones de la autoridad federal, pues el Ejecutivo Local al aprobarlo y promulgarlo solamente actu� conforme a la participaci�n que en esta materia le concede el ordenamiento secundario antes invocado.?. No es cierto que se vulnere el principio de Municipio Libre contenido en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque la facultad de los Ayuntamientos para aprobar los reglamentos dentro de sus respectivas jurisdicciones es de acuerdo con las leyes que en materia municipal expiden las legislaturas de los Estados y esto no significa de modo alguno que esta facultad reglamentaria del Municipio excluya la facultad legislativa del Estado en materia de asentamientos humanos; lo anterior, teniendo en cuenta que el art�culo 6o. de la Ley General de Asentamientos Humanos establece que las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n tiene el Estado, ser�n ejercidas de manera concurrente por la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, en el �mbito de la competencia que les determina la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la misma ley, como se precis� con anterioridad, faculta a los Estados para legislar en esa materia."
SEXTO. El presidente de la C.�n de Gobierno de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, al presentar el informe a nombre de dicho �rgano, manifest� lo siguiente:
"Por lo que toca al apartado de hechos contenido en el escrito de demanda, se�alo: 1. En relaci�n con el conjunto de hechos narrados en el p�rrafo primero del apartado, se�alo que son ciertos. 2. En relaci�n con el hecho narrado al tenor del p�rrafo segundo del apartado, se�alo que es cierto. 3. Por contener el p�rrafo tercero del apartado, una variedad de afirmaciones distintas, se�alo: 3.1. Es cierto que en sesi�n celebrada el 12 (doce) de julio de 2002 (dos mil dos), las C.ones Unidas de Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones y de Administraci�n de Justicia (en lo sucesivo, ?las C.ones Unidas?) discutieron y aprobaron el dictamen relativo a la ?iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro?. Dicho dictamen se recibi� en la Oficial�a de Partes del Poder Legislativo del Estado el d�a 16 (diecis�is) de julio de 2002 (dos mil dos), con la firma aut�grafa de los diputados J. Sent�es L., L.M.H.�ndez, F.E.L.C., I.V.J., Ma. A.G.D. y P.A.�n Ch�vez, �ste �ltimo, ahora promovente de la acci�n que se deduce. 3.2. Es falso que en dicha sesi�n se hubiera instruido a la Direcci�n de Asuntos Legislativos ?para que solicitara a la mesa directiva lo incluyera (el dictamen) en la orden del d�a de la sesi�n ordinaria del d�a 18 de julio de este a�o?, como capciosamente lo sostiene la parte actora, siendo que la declaraci�n del diputado presidente fue: ?... se instruye a la Direcci�n de Asuntos Legislativos para que una vez que se encuentre firmado (el dictamen) lo reciba en la oficial�a de partes y lo incluya en el orden del d�a de la sesi�n ordinaria del jueves 18 del presente mes y a�o?, seg�n se desprende del acta levantada al efecto. Aunque sutil, esta confusi�n en cuanto al sentido de la orden del presidente no es de ninguna manera irrelevante, ni constituye una teorizaci�n infructuosa. A este respecto es pertinente atraer la atenci�n de los se�ores Ministros de la Corte, hacia lo dispuesto por los numerales de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, que enseguida se transcriben: ?Art�culo 31. Corresponde a la Mesa Directiva de la H. Legislatura: I. Conducir las sesiones y ordenar el trabajo legislativo; ... III. Supervisar y ordenar el trabajo de la Direcci�n de Asuntos Legislativos; ...?. ?Art�culo 37. El presidente de la H. Legislatura tiene las siguientes atribuciones: ... VI. Citar a sesiones de la legislatura; ...?. ?Art�culo 53. Son facultades del presidente de la C.�n de Gobierno: ... VI. Coadyuvar con la Mesa Directiva de la H. Legislatura, para programar el orden del d�a de cada sesi�n; ...?. ?Art�culo 97. Son facultades y obligaciones del director de Asuntos Legislativos: I. Redactar la correspondencia oficial en materia legislativa; II. Colaborar con los secretarios de las C.ones Permanentes de Dictamen en la elaboraci�n de las actas de sus sesiones; III. Formar el archivo y memoria de las actas de las sesiones de las C.ones Permanentes de Dictamen; IV. Vigilar la oportuna entrega y publicaci�n en estrados de los citatorios para las sesiones y reuniones de los diputados; V.R. a t�tulo de oficial�a de partes, los asuntos legislativos que se env�en a la H. Legislatura, numerarlos para control, abrir el expediente correspondiente y apoyar en el desahogo de los prerequisitos cuando estos existan; VI. Auxiliar a los secretarios en el desempe�o de sus funciones; VII. Llevar un libro en donde se anoten los asuntos que pasan a dictamen de las comisiones, recabando la firma de recibido del expediente por el presidente de cada una de ellas, y anotando la fecha de la entrega, as� como la devoluci�n con o sin el dictamen correspondiente; VIII. Rendir al final de cada mes, un informe detallado sobre los asuntos dictaminados y los que est�n en poder de las comisiones, con especificaci�n de las fechas en que se hayan entregado a cada comisi�n; IX. Entregar al director de asuntos legislativos de la H. Legislatura entrante, los asuntos y recursos de su competencia; X. Por acuerdo de los secretarios notificar a las partes, cuando se trate de asuntos que recaigan sobre el procedimiento de juicio pol�tico o para declarar la desaparici�n de los Ayuntamientos y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros; XI. Formar y conservar el cat�logo de la biblioteca de la H. Legislatura; XII. Opinar sobre la necesidad y conveniencia de adquirir publicaciones, libros y material para el incremento de la biblioteca de la H. Legislatura; XIII. Formar las colecciones de leyes, y decretos que se publiquen en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado; XIV. Bajo la supervisi�n de la Gran C.�n, la impresi�n, publicaci�n y distribuci�n del diario de los debates, y XV. Las dem�s que le se�alen esta ley y la H. Legislatura.?. Se advierte, pues, que la facultad de integrar el orden del d�a y de disponer su desahogo, corresponde exclusivamente al presidente de la legislatura y no al director de Asuntos Legislativos, como indirectamente pretende hacerlo ver la ejercitante de la acci�n. Por otro lado, se destaca que la relaci�n que existe (sic) los presidentes de la C.�n de Gobierno y de la mesa directiva, en lo tocante a la definici�n del orden del d�a de las sesiones, es una relaci�n de coadyuvancia o colaboraci�n del primero hacia el segundo, no de mancomunidad, ni mucho menos de subordinaci�n de �ste respecto a aqu�l. La consulta que hace el presidente de la mesa directiva al presidente de la C.�n de Gobierno es, pues, potestativa y la respuesta, no vinculatoria. 3.3. Es falso que la sesi�n celebrada por las comisiones unidas, en fecha 12 (doce) de julio de 2002 (dos mil dos), hubiese sido realizada ?en franca violaci�n a las disposiciones que para el efecto se�ala nuestra ley org�nica ...?, seg�n lo acreditar� en su oportunidad. 4. Por contener el p�rrafo cuarto del apartado una variedad de afirmaciones distintas, se�alo: 4.1. Es cierto que el 18 dieciocho de julio de 2002 dos mil dos, la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado celebr� una sesi�n ordinaria cuyo orden del d�a incluy�, como punto IX nueve, el ?dictamen de la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, presentado por las C.ones Unidas de Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones y Administraci�n de Justicia?, aclarando: a) que el acta respectiva no especifica el tr�mite que habr�a de darse a dicho dictamen; y b) que la Gaceta Parlamentaria a que se refiere el accionante, no constituye un documento con valor oficial, como preventivamente lo se�ala la ?Nota aclaratoria? que aparece al calce de cualquiera de sus adiciones, informando que: ?Los documentos que aparecen en la presente publicaci�n, son meramente infomativos; La Direcci�n de Asuntos Legislativos no se hace responsable por modificaciones hechas a los mismos con posterioridad a su edici�n en su caso responsabilidad de sus autores.?. 4.2. Es cierto que en la sesi�n celebrada el 18 (dieciocho) de julio de 2002 (dos mil dos), no se desahog� la discusi�n ni la votaci�n del multicitado dictamen, habiendo informado en su oportunidad el entonces diputado presidente de la legislatura, que el punto relativo al tr�mite de ese dictamen se hab�a retirado del orden del d�a. 5. Por contener el p�rrafo marcado con el n�mero 5 (cinco) y su subsecuente en el apartado, una variedad de afirmaciones distintas, se�alo. 5.1 Es cierto que la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado celebr�, en fecha 5 (cinco) de agosto de 2002 (dos mil dos), sesi�n extraordinaria en la que se incluy� como punto XIII del orden del d�a, el dictamen de la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, presentado por las comisiones unidas. 5.2. Es cierto que los diputados A.H.M., M.A.L.�n H.�ndez, P.A.�n Ch�vez, J.J.F. Sol�rzano, E.B.A. y H.C.A., aunque no ?los doce suscritos?, como se se�ala en el escrito de demanda, hicieron uso de la tribuna para manifestarse en contra del procedimiento legislativo y del contenido mismo del dictamen. 5.3. Es falso que ?todos los argumentos vertidos fueron considerados omisos por los dem�s diputados?, como enga�osamente lo afirma la parte actora, sin duda para construir un sentimiento de victimizaci�n que resulta absurdo a la luz de los hechos y que es jur�dicamente irrelevante en este conflicto de constitucionalidad. 5.4. Es falso que se haya sometido a discusi�n ?la iniciativa de ley?, como fantasiosamente lo aprecia el actor. En este punto es pertinente transcribir, para m�s adelante explicitar el argumento de mi representada, diversos textos del acta correspondiente a la sesi�n extraordinaria de esa fecha, donde consta que la discusi�n se centr� precisamente en el dictamen expedido por las comisiones unidas: ?XIII. Continuando con el orden del d�a y posterior a la dispensa de la lectura de la iniciativa, el diputado J. Sent�es L. da lectura al dictamen de la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro. Hecho lo cual, el diputado J.G.C.R.G. solicita el uso de la voz y presenta una propuesta a fin de que se someta a discusi�n y a votaci�n en esta misma sesi�n el presente dictamen. Enseguida, el diputado A.H.M. presenta una moci�n suspensiva para la discusi�n y votaci�n del dictamen para que se reenv�e a la comisi�n correspondiente y se realice una consulta ciudadana.? (C.�sima sexta l�nea y subsiguientes de la p�gina 4 del acta). ?A continuaci�n, interviene el diputado J.S.�es L. quien menciona que el dictamen est� firmado por el diputado P.A.�n Ch�vez? (vig�sima tercera l�nea y subsiguiente de la p�gina 5 del acta). ?En uso de la voz, el diputado E.B.A. menciona que ?... este dictamen tiene un vicio de origen, y el vicio de origen es que este dictamen est� firmado por alguien que no era ni es diputado ... sin embargo, firma este dictamen ...? (cuadrag�sima cuarta l�nea de la p�gina 5 del acta). No habiendo m�s consideraciones, se procede a someterse a votaci�n el dictamen en lo particular, resultando 13 votos a favor y 0 en contra. Por lo que de acuerdo con el resultado de la votaci�n y con fundamento en el art�culo 37, fracciones XII y XVI de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, se declara aprobado el dictamen y se instruye a efecto de que se emita el proyecto de ley correspondiente, se asiente en el libro de leyes y decretos de la legislatura y se turne a la C.�n de Editorial, B. y Correcci�n de Estilo para que emita la minuta de lo aprobado, y hecho lo anterior, se env�e al titular del Poder Ejecutivo para su publicaci�n en el peri�dico oficial ?La Sombra de A..? (vig�simo s�ptima l�nea y subsiguientes de la p�gina 8 del acta). 5.5. En consecuencia, es igualmente falso que se haya aprobado una iniciativa, siendo la realidad que fue el dictamen aprobado por la mayor�a de los integrantes de la legislatura. 6. Por contener el p�rrafo marcado con el n�mero 6 seis y su subsecuente en el apartado, una variedad de afirmaciones distintas, se�alo: 6.1. Es cierto que en la edici�n del P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.�taro ?La Sombra de A.?, correspondiente al d�a 23 (veintitr�s) de agosto del a�o 2002 (dos mil dos), aparece publicada la ?Ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro.?. 6.2. Es cierto que el texto publicado en el peri�dico oficial ?La Sombra de A.? no es id�ntico al documento aprobado por el Pleno de la Legislatura, mas de ello no puede colegirse que la variaci�n implique un acto ilegal reprochable, sino por lo contrario, es consecuencia l�gica, gramatical y jur�dica de las diversas secuencias del proceso legislativo que, ahora sin duda, demuestra ignorar la actora con su fr�vola e inconsistente acci�n. A continuaci�n me refiero a los preceptos constitucionales violados que la parte demandada cita y que pueden desglosarse como sigue: 1. V.ci�n directa del segundo p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 2. V.ci�n directa del primer p�rrafo del art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 3. V.ci�n directa del cuarto p�rrafo del art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 4. V.ci�n directa del primer p�rrafo del art�culo 8o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 5. V.ci�n directa del art�culo 9o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 6. V.ci�n directa del tercer p�rrafo y la fracci�n VII del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con la fracci�n V del art�culo 115 de la misma Ley Fundamental. 7. V.ci�n directa de la fracci�n XXIX-C del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 8. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n a la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro de A.. 9. V.ci�n directa a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n de la Ley General de Asentamientos Humanos. 10. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n del propio C�digo Penal para el Estado de Q.�taro. 11. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n de la Ley Org�nica Municipal para el Estado de Q.�taro. 12. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n del C�digo U. para el Estado de Q.�taro. 13. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n de la Ley Org�nica del H. Congreso (sic) del Estado de Q.�taro. 14. V.ci�n directa a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n del Reglamento Interior y de Debates (sic) del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro. 15. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n de la Ley Electoral del Estado de Q.�taro. 16. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n del C�digo de Procedimientos e Instituciones Electorales (sic). 17. V.ci�n indirecta a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresi�n de la Ley Agraria. Sin perjuicio de abundar en argumentaciones al dar contestaci�n a los conceptos de invalidez hechos valer por los ejercitantes de la acci�n, desde este momento y de manera muy respetuosa, llamo la atenci�n del se�or Ministro instructor y del Tribunal Pleno, en su momento, a efecto de que se tome en consideraci�n lo siguiente: Debe desestimarse lo relativo a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atendiendo a que ni la totalidad ni las partes de la norma impugnada, bajo ning�n concepto, entran en conflicto directo o indirecto, por su contenido o por su modo de producci�n, con la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, como en su momento demostrar� por v�as l�gicas. Debe desestimarse lo relativo a los puntos 8, 10, 12, 13, 14, 15, atendiendo a que la supuesta violaci�n no se hace consistir en una transgresi�n directa a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino a la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A. y a otras leyes estatales que resultan jer�rquicamente inferiores a la Ley Fundamental de la Rep�blica. Debe desestimarse, por id�ntica raz�n a la esgrimida en el p�rrafo inmediato que antecede, lo relativo a los puntos 9, 16 y 17, considerando que la supuesta violaci�n no se hace consistir en una transgresi�n directa a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, producto de un Poder Constituyente, sino a normas expedidas por un poder constituido de competencia federal, es decir, el Congreso General de la Rep�blica. La acci�n de inconstitucionalidad constituye un medio de control constitucional cuyo prop�sito consiste en hacer operante el principio de supremac�a constitucional consagrado en el art�culo 133 de la Carta Magna, no un medio de impugnaci�n en materia de legalidad. As� lo afirma el maestro E.A.N. en su tratado de derecho constitucional, al sostener que: ?La acci�n de inconstitucionalidad es una v�a de impugnaci�n limitada: se encamina a enmendar posibles contradicciones entre una ley en s�, en cuanto a su contenido y la Constituci�n; esto es lo que se concluye del texto fundamental: ?De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n?. No es factible que por medio de �sta se ventilen materias relacionadas con violaciones a los principios que regulan el proceso legislativo previsto en la Constituci�n o en las leyes. ... En la acci�n (de inconstitucionalidad) es preciso invocar los conceptos de invalidez; �stos son siempre con base en la Constituci�n, nunca por lo que hace a otro tipo de normas. La acci�n no tiene nada que ver en materias de legalidad.? (pp. 1411 y 1416, vol. 4; edici�n de la Universidad Aut�noma Metropolitana, M�xico, 1999). As�, contin�a el maestro A.: ?la Suprema Corte s�lo puede conocer trat�ndose de acci�n de inconstitucionalidad de controversias en las que se planteen asuntos de constitucionalidad, esto es, no incluye materias de legalidad o de naturaleza pol�tica.?. A., de la extravagante, obscura y desordenada argumentaci�n que realiza la parte actora, se desprenden esencialmente los conceptos de invalidez que enseguida procedo a desglosar, con el prop�sito de desvirtuarlos en forma coherente y organizada: a) La demandante afirma que no se cumpli� con las disposiciones jur�dicas que norman el procedimiento legislativo, fundamentalmente porque en la sesi�n que las comisiones unidas llevaron a cabo el 12 (doce) de julio de 2002 (dos mil dos), particip� como integrante de ese �rgano colegiado y contribuy� con su voto a la aprobaci�n del dictamen el diputado F.E.L.C., quien seg�n el dicho de la actora, se encontraba suspendido en el ejercicio de sus derechos pol�ticos a causa de un auto de formal prisi�n dictado en su contra por un Juez de primera instancia. A este respecto debe aclararse: a.1. Que el ciudadano F.E.L.C. fue electo como diputado a la LIII Legislatura del Estado y particip� en la instalaci�n de �sta, en la sesi�n p�blica y solemne de fecha 26 (veintis�is) de septiembre de 2000 (dos mil), seg�n se acredita con el acta respectiva que obra en autos de este expediente judicial; a.2. Que en virtud del proceso judicial que encaraba, el mismo diputado solicit� y obtuvo por acuerdo de la Mesa Directiva de esta LIII Legislatura Constitucional, fechado el 14 (catorce) de diciembre de 2000 (dos mil), licencia para separarse por tiempo indefinido de sus funciones, llam�ndose por ello al diputado suplente, Ra�l R.C.�a S.. a.3. Que si bien es cierto que el auto de formal prisi�n de fecha 1 de mayo de 2001 (dos mil uno), orden� en su resolutivo cuarto la suspensi�n al se�or L. Coellar, de los derechos pol�ticos a que se refiere el art�culo 38, fracci�n II, de la Constituci�n General de la Rep�blica, tambi�n lo es el hecho de que el 9 de mayo de 2002 (dos mil dos), el Juez natural de la causa dict� sentencia absolutoria a favor del supracitado F.E.L.C., quien el d�a siguiente lo notific� por medios fehacientes a la presidencia de la mesa directiva en turno y a la C.�n de Gobierno de la LIII Legislatura del Estado, anunciando simult�neamente su reincorporaci�n al cargo de diputado, a efecto de cumplir con las obligaciones derivadas de su mandato p�blico. a.4. Que el se�or F.E.L.C. se reincorpor� a sus funciones como diputado propietario, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Legislatura en su sesi�n ordinaria de fecha 16 (diecis�is) de mayo de 2002 (dos mil dos). a.5. Que en su momento, se promovi� recurso de apelaci�n en contra de la sentencia dictada por el a quo, hecho que los ahora ejercitantes de esta acci�n de inconstitucionalidad, aducen como impedimento para que el diputado F.E.L.C., desempe�ara su cargo electoral y fuesen legalmente eficaces los actos por �l desplegados. a.6. A efecto de dilucidar esta cuesti�n, es pertinente invocar lo dispuesto por el art�culo 317 del C�digo de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Q.�taro, que se�ala: ?Art�culo 317 (Efectos de la apelaci�n). La apelaci�n contra las sentencias que impongan alguna pena o medida de seguridad y en aqu�llos casos en que lo establezca la ley, ser� admitida en el efecto suspensivo. Todas las dem�s apelaciones se admitir�n en efecto ejecutivo.?. Es de explorado derecho que el efecto suspensivo de una apelaci�n consiste precisamente en suspender la ejecuci�n de la pena contenida en el fallo judicial, en tanto no sea sustanciado el recurso contra el fallo; por lo contrario, el efecto ejecutivo o devolutivo de la apelaci�n consiste en ejecutar la sentencia del a quo, sin suspensi�n en la ejecuci�n de sus resolutivos. Es por ello que la sentencia absolutoria que favoreci� al diputado F.E.L.C., precisamente por no imponer pena o medida de seguridad alguna, posey� car�cter ejecutivo; y la apelaci�n interpuesta en su contra no suspend�a la ejecuci�n del fallo impugnado; en tal virtud, el diputado F.E.L.C. recuper� el pleno ejercicio de sus derechos, pues la sentencia dio por terminada la instancia y dej� sin efectos el auto de sujeci�n a proceso. De tal suerte, es inadmisible que la apelaci�n promovida por el agente del Ministerio P�blico, apenas interpuesta y sin resolverse, mantuviera al diputado L., materialmente privado del ejercicio de sus derechos pol�ticos, sino que a la inversa, por gozar de ellos, los ejerci� plenamente hasta el 25 (veinticinco) de julio del a�o 2002 (dos mil dos), cuando el Pleno de la LIII Legislatura le concedi� una segunda licencia para separarse del cargo. N�tese que el acuerdo de la mesa directiva (anexo en copia certificada) mediante el cual se autoriz� dicha licencia al diputado F.E.L.C., aparece firmado por el diputado M.A.L.�n H.�ndez en su car�cter de primer secretario de la mesa directiva. Sus se�or�as, �c�mo es posible que uno de los actuales promoventes de esta acci�n de inconstitucionalidad, el diputado M.A.L.�n H.�ndez, afirme en su escrito de demanda que el diputado L. ?usurpaba? funciones, que sus actos ?no eran v�lidos? o en el extremo de su ofuscaci�n, que ?no era diputado?, cuando d�as m�s tarde le autoriz� la licencia a ese mismo diputado?-Situaci�n an�loga a la que se discute en este punto, aunque no id�ntica, es la que ocurri� alrededor de 1874, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conoci� el amparo promovido por varios hacendados del Estado de Morelos en contra de una ley de car�cter fiscal que hab�a sido expedida por la legislatura de ese Estado, sin que dicha asamblea hubiese estado leg�timamente integrada, ya que el diputado que complet� el qu�rum hab�a sido electo en contravenci�n a la Constituci�n Local. El maestro I.B. describe en la vig�simo s�ptima edici�n de su libro ?Las Garant�as Individuales? (P.�a, 1995) esta interesante pol�mica, origen de la confrontaci�n entre la tesis del Ministro Jos� Mar�a I. y del jurista jalisciense, I.L.V.. Mientras que la primera sostiene que la competencia de una autoridad equivale l�gica y jur�dicamente a su legitimidad, pues ?la legitimidad de la elecci�n de una autoridad o funcionario envuelve forzosamente su competencia o incompetencia para el conocimiento de un negocio y para su decisi�n, porque nunca pueden ser competentes si les falta la legitimidad?; la tesis de V., en cambio, distingui� claramente los conceptos de ?legitimidad?, asimilada al t�rmino de competencia de origen, por un lado, y la competencia propiamente dicha, afirmando que hay autoridades leg�timas que son incompetentes y autoridades ileg�timas que son competentes. Acogida m�s tarde por la jurisprudencia de la Corte, la tesis de V. concluye en que ?la calificaci�n de la legitimidad de las autoridades locales, pertenece al r�gimen interior de los Estados, en todo caso, y la de su competencia, pero lo relativo al art�culo 16 de la Constituci�n (que los ejercitantes de esta acci�n se�alan como segundo precepto constitucional violado) entra en la esfera de atribuciones del Poder Judicial F.?. En cualquier caso, no cabe duda de que los actos ejecutados por el diputado F.E.L.C., entre el 16 de mayo de 2002 (dos mil dos) y el 25 (veinticinco) de julio del mismo a�o, son perfectamente v�lidos y jur�dicamente eficaces. En consecuencia, la sesi�n de fecha 12 (doce) de julio de 2002 (dos mil dos) se celebr� existiendo qu�rum; por consiguiente, el dictamen aprobado en ella cuenta con plena eficacia jur�dica. b) El segundo concepto de invalidez hecho valer por la parte actora, consiste en que el acta de sesi�n que las comisiones unidas llevaron a cabo el 12 (doce) de julio de 2002 (dos mi dos), es defectuosa y prueba la ilegalidad del procedimiento, por contener s�lo cuatro firmas de los seis diputados que aprobaron el dictamen. A este respecto, es preciso se�alar que ni la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado ni el Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates establecen regla alguna en materia de actas de comisi�n. Nuestro marco normativo no se�ala qui�n es el responsable de elaborarlas, ni cu�les son sus formalidades y sus efectos, ni muchos menos qu� consecuencias hayan de producir sus ?defectos?. En efecto, de los diecinueve art�culos que integran el cap�tulo VII ?De las C.ones de Dictamen?, en la secci�n primera del t�tulo quinto de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro; y de los ocho art�culos del apartado ?De las comisiones? en el Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo, no se desprende obligaci�n o formalidad alguna en estos aspectos. Es absolutamente fraudulenta la afirmaci�n de la parte actora, en cuanto se�ala que ?siendo la firma (de acta) un acto que expresa voluntad, en el caso no se tiene certeza de que hubieran estado presentes todos los que se dice estuvieron en la sesi�n, y que efectivamente votaron en ese sentido?, pues de ello se colegir�a, por ejemplo, que posiblemente todas las sesiones plenarias de la C�mara de Diputados F. o del Senado, pueden carecer o hayan carecido de qu�rum, por no aparecer en sus actas la firma de 251 diputados o de 65 senadores, respectivamente, para acreditar la mayor�a simple de estos colegios. La firma expresa una manifestaci�n de la voluntad, ciertamente, pero la ausencia de una firma en el acta no prueba necesariamente la ausencia de determinada persona en una asamblea. En todo caso, la manifestaci�n de la voluntad se materializa con la firma de la mayor�a de los integrantes de las C.ones Unidas en el dictamen expedido al efecto, documento que obra ya en esta pieza procesal. A mayor abundamiento, se acompa�ar� copia certificada de la lista de asistencia a la sesi�n de comisiones unidas de 12 (doce) de julio de 2002 (dos mil dos), en la cual consta la asistencia de los seis diputados, que coincide con el acta de dicha sesi�n. c) Un nuevo concepto de violaci�n se hace consistir en que existen variaciones de contenido entre el dictamen aprobado por las comisiones unidas el 12 (doce) de julio de 2002 (dos mil dos), el dictamen objeto de la discusi�n en la sesi�n plenaria del d�a 18 de julio de 2002 (dos mil dos), y la ley que finalmente se public� en el P.�dico Oficial ?La Sombra de A.?, en su edici�n del 23 (veintitr�s) de agosto del a�o 2002 (dos mil dos). Conviene precisar al respecto, que existi� �nica y exclusivamente un dictamen expedido por las C.ones Unidas, y que fue ese mismo dictamen y no otro, como afirma la actora, el que se someti� a discusi�n y a votaci�n en la sesi�n plenaria del 5 (cinco) de agosto de 2002 (dos mil dos). En cuanto a la afirmaci�n de que dicho dictamen no fue el mismo que se public� en el P.�dico Oficial ?La Sombra de A.?, ha de advertirse que ello es consecuencia normal de las etapas del procedimiento legislativo, pues debe hacerse notar enf�ticamente que en dicho peri�dico oficial no se publican dict�menes, sino leyes. Para ilustrar la cuesti�n, debe hacerse constar lo siguiente: c.1. Como se desprende del acta de la sesi�n extraordinaria de fecha 5 (cinco) de agosto de 2002 (dos mil dos), al momento de la discusi�n en lo particular intervino la diputada L.I.V.J.�nez, en los siguientes t�rminos: ?Posteriormente, y una vez discutido, se procede a su votaci�n en lo general, resultando 13 votos a favor y 10 en contra. Enseguida, se somete a discusi�n en lo particular, interviniendo la diputada I.V.J.�nez para proponer que se omitan las siete �ltimas palabras del segundo p�rrafo del art�culo 246 F, el cual habla respecto a las autorizaciones administrativas de uso del suelo y lotificaci�n. A continuaci�n se somete a votaci�n la propuesta formulada, resultando 13 votos a favor y 0 en contra?. (vig�sima segunda l�nea y subsiguientes de la p�gina 8 del acta). En este orden de ideas, queda constatado que la variaci�n entre el dictamen expedido por las comisiones unidas y la minuta de lo aprobado por el Pleno, se debe entre otras causas, no a un vicio procedimental o a una supuesta ilegalidad, sino a una resoluci�n mayoritaria de la asamblea en el desahogo de la discusi�n en lo particular, como podr� apreciar esa egregia Corte al escuchar las citas audiomagn�ticas que tuvo a bien aportar como probanza la actora. c.2. Por otro lado, interesa invocar lo dispuesto por los art�culos 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo que a la letra expresan: ?Art�culo 88. Despu�s de aprobados en lo particular todos los art�culos de una ley o decreto, as� como las adiciones o modificaciones que se le hicieren antes de enviarla al titular del Poder Ejecutivo para su sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n, la mesa directiva enviar� el expediente relativo a la C.�n de Editorial, B. y Correcci�n de Estilo, para que formule la minuta de lo aprobado en un plazo no mayor de cinco d�as h�biles, contados a partir de su recepci�n. De no formular la minuta dentro del plazo fijado para ello, se entender� que no hay correcci�n al documento aprobado por la legislatura, la mesa directiva proceder� de acuerdo al segundo p�rrafo del art�culo siguiente.?. ?Art�culo 89. La minuta que emita la C.�n de Editorial, B. y Correcci�n de Estilo deber� contener exactamente lo que hubiere aprobado la legislatura, sin hacer variaciones de fondo, salvo las correcciones que demande el buen uso de la gram�tica, la sistem�tica jur�dica y la claridad de las leyes. Formulada la minuta, los integrantes de la comisi�n la turnar�n a la mesa directiva para que �sta la env�e en un plazo que no exceda los dos d�as h�biles al titular del Poder Ejecutivo para el tr�mite de sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n en el P.�dico Oficial ?La Sombra de A.?. En este sentido, se hace notar que en su momento, la C.�n de Editorial, B. y Correcci�n de Estilo expidi� la minuta respectiva, consignando en ella que: ?... despu�s de una revisi�n minuciosa del proyecto remitido, en cuanto a su redacci�n y estilo, los integrantes de esta comisi�n, acuerdan por unanimidad, aprobar en los mismos t�rminos en que fue enviada la minuta de lo aprobado en la referida sesi�n extraordinaria, con las consideraciones en ella vertidas. Asimismo, esta comisi�n considera pertinente, modificar la redacci�n para que en lugar de adicionar la fracci�n XX al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, se adicione la fracci�n XXII, ello en raz�n de que existen dos leyes, aprobadas anteriormente por el Pleno de esta legislatura y pendientes de publicar por el Poder Ejecutivo, mismas en las que se adicionan la fracci�n XX y XXI respectivamente al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, luego entonces, al mandar publicar la minuta de lo aprobado que nos ocupa, adicionando la fracci�n XX al citado precepto, este derogar�a a las fracciones XX y XXI de las leyes aprobadas con anterioridad por esta legislatura, sin que �ste sea su esp�ritu.?. De esta manera, es claro que la variaci�n entre lo aprobado por el Pleno y lo remitido para su publicaci�n al titular del Poder Ejecutivo, constituy� una correcci�n exigida por la sistem�tica jur�dica y la necesaria claridad de las leyes, seg�n lo precept�a el art�culo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo. d) En otro aspecto, la ejercitante de la acci�n aduce como concepto de invalidez, el hecho de que las adecuaciones propuestas al tenor del dictamen expedido por las comisiones unidas, no fueron notificadas al autor de la iniciativa, lo que a su parecer contravendr�a lo dispuesto por los art�culos 35, fracciones III y IV de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A. y 115, fracciones III y IV de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro. En lo que tocante a este argumento, ha de asentarse que opuestamente a lo afirmado por la parte actora, nuestro criterio es que la �ltima parte de la fracci�n IV del citado art�culo 35, s� autoriza a dispensar la notificaci�n de las adecuaciones al autor de la iniciativa, criterio que se deduce de la interpretaci�n hermen�utica del texto constitucional y no -como se aprecia en la argumentaci�n de la contraparte- en la lectura aislada de un precepto legal. Esta legislatura, al aprobar dicha dispensa en la sesi�n extraordinaria del 5 (cinco) de agosto de 2002 (dos mil dos), consider� que la participaci�n del Ejecutivo en el proceso de formaci�n de la ley estaba garantizada a trav�s de su potestad de veto; y que por mayor�a de raz�n, la de los diputados autores de la iniciativa se garantizaba con su participaci�n en los debates, de modo que dicho criterio representa una interpretaci�n aut�ntica por el m�todo gen�tico-teleol�gico del precepto: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., abril de 1998, tesis P. XXVIII/98, p�gina 117. ?INTERPRETACI�N DE LA CONSTITUCI�N. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretaci�n jur�dica. Al desentra�ar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. As�, el m�todo gen�tico-teleol�gico permite, al analizar la exposici�n de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dict�menes de las C.ones del Congreso de la Uni�n y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al C�digo Pol�tico, as� como la finalidad de su inclusi�n, lo que constituye un m�todo que puede utilizarse al analizar un art�culo de la Constituci�n, ya que en ella se cristalizan los m�s altos principios y valores de la vida democr�tica y republicana reconocidos en nuestro sistema jur�dico.?. Adem�s, debe entenderse que la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo y por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acci�n Nacional, no es en modo alguno vinculativa para las decisiones de la asamblea legisferante, en la que reside la representaci�n popular y por ella misma, el poder de producir el derecho, como se infiere del siguiente criterio aplicable: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P. LXIX/99, p�gina 8. ?INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JUR�DICA. El examen sistem�tico del contenido de los art�culos 71 y 72 de la Constituci�n, en relaci�n con las disposiciones de la Ley Org�nica del Congreso de la Uni�n y del Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de dicho �rgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creaci�n de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulaci�n, tambi�n se observa que su presentaci�n no vincula jur�dicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisi�n encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusi�n y votaci�n que realicen los miembros de las C�maras de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y senadores v�lidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposici�n legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez discutido �ste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de lainiciativa, a trav�s de la votaci�n que produzca el desechamiento o modificaci�n del proyecto de ley o decreto sujeto a su consideraci�n, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares, con independencia del �rgano pol�tico que hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso.?. A mayor abundamiento, nuevamente recurro a la soltura cient�fica del maestro A.N., quien al referirse a los preceptos constitucionales pretendidamente violados en una acci�n como esta que ahora se deduce, sostiene en su tratado lo siguiente: ?Se trata de preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la acci�n (de inconstitucionalidad) los diputados locales no pueden concurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a fin de demandarle que declare inv�lida una ley local por ser contraria a la Constituci�n Local.? (p. 1416, op. cit.). Antes de continuar demostrando la inconsistencia de los conceptos de invalidez aducidos por la parte actora, me refiero a la pertinente caracterizaci�n que el maestro M. �ngel C.C. hace del derecho procesal legislativo, destacando: ?a) Que existe dentro del sistema constitucional un cap�tulo espec�fico que establece la existencia, precisa las caracter�sticas y se�ala las reglas a seguir dentro del procedimiento parlamentario para crear, modificar o suprimir, total o parcialmente, disposiciones normativas.?. ?b) Que (en) tal procedimiento intervienen dos Poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo, para dar cumplimiento a determinados preceptos que determinan la validez del acto de gobierno denominado ley o decreto que, por mandato del legislativo, promulga y ordena publicar el ejecutivo.?. ?c) Que la secuela del mismo se inserta dentro del conjunto de atribuciones que tienen diversos actores, personas de derecho p�blico y �rganos facultados expresamente para ello, a fin de intervenir en instancias de tiempo y de resoluci�n para constituir las diversas fases legales de un proceso unitario y complejo.?. ?d) La existencia de un ?derecho procesal reglamentario? -todav�a en proceso de caracterizaci�n jur�dica- resulta de un conjunto de reglas jur�dicas de aplicaci�n estricta, que disciplinan la actividad de los individuos y �rganos que intervienen en todo procedimiento parlamentario dictando actos o ejerciendo derechos.?. ?e) Que el cumplimiento de tales reglas no es exigible ante los Tribunales de Justicia, debido a la naturaleza del procedimiento, del �rgano que las aplica, los actores que intervienen y el fin o resultado final a que pretenden la suma de los procedimientos, pero a�n as� no podr� negarse que se trata de normas jur�dicas de observancia obligatoria.?. (El orden del d�a en el procedimiento parlamentario, Ed. P.�a, M�xico, 2000, pp. 4 y 5). En s�ntesis de lo hasta aqu� expresado sostengo, a nombre de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado, que el proceso legislativo a que se sujet� la expedici�n de la norma impugnada, cumpli� con todas y cada una de las normas y formalidades aplicables, raz�n por s� sola suficiente para sostener su constitucionalidad y desestimar la acci�n intentada por la actora, como se infiere del contenido del siguiente criterio: S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Vol�menes 193-198, Primera Parte, p�gina 100. ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANT�A, CON RESPECTO A LAS LEYES. Ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de la misma, es indispensable expresar su fundamentaci�n y motivaci�n, como si se tratara de una resoluci�n administrativa, ya que estos requisitos, trat�ndose de leyes, quedan satisfechos cuando �stas son elaboradas por los �rganos constitucionalmente facultados, y cumpli�ndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se se�alan en la Ley Fundamental.?. e) Entrando al estudio de los conceptos de invalidez que la parte actora hace valer en cuanto al fondo de la ley combatida, se tiene que a juicio de la ejercitante, dicha ley se opone a lo dispuesto por el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece: ?Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecer� los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.?. Es falso que la tipificaci�n del delito consagrado al tenor de la norma impugnada constituya una violaci�n al derecho a la vivienda digna y decorosa consagrado en el citado precepto constitucional, pues esa potestad de los particulares queda intocada con la norma general que se impugna; por el contrario, afirmamos que la prohibici�n y sanci�n al desarrollo urbano desordenado y al margen de las autorizaciones administrativas vigentes, contribuye precisamente a garantizar a los ciudadanos, una vivienda digna y decorosa, cuya base la constituye la seguridad jur�dica y las condiciones urbanas que regulan las disposiciones jur�dicas en materia de desarrollo urbano. La simple decisi�n de establecer asentamientos humanos en lugares no id�neos y sin dar cumplimiento a las normas vigentes, provoca el enga�o, multiplica los problemas y no contribuye a cumplir este loable deseo plasmado en el art�culo 4o. de la Constituci�n Mexicana. f) En lo tocante a que mi representada ?incurre en grandes transgresiones a los derechos? de los pueblos y comunidades ind�genas, pues ?... es evidente que los pueblos ind�genas ... no acostumbran ni usan a hacer (sic) la engorrosa tramitolog�a para ampliar o crear sus centros de poblaci�n ...?, debe en primer lugar atraerse la atenci�n de esta Suprema Corte hacia la tesis que enseguida se transcribe, que si bien se refiere al estudio del juicio de amparo, permite apreciar los posibles alcances de ese �rgano jurisdiccional al dictar su sentencia en esta causa en que promuevo: Quinta �poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LIII, p�gina 1713. ?SUPREMA CORTE, FACULTADES DE LA. La Suprema Corte no puede hacer estudios sociales para decidir en el juicio de amparo, si una medida dictada dentro de las facultades propias de las autoridades que tienen a su cargo determinado ramo, es acertada o no, porque entonces se sustituir�a el criterio de la Suprema Corte al de la autoridad, y dicho alto cuerpo �nicamente tiene por misi�n estudiar si alg�n acto o ley violan garant�as constitucionales; pero no puede marcar orientaciones sobre los detalles de alguna ley o sobre los motivos que haya para hacer modificaciones que afecten, no a determinado individuo, sino a son normas de observancia general, en donde ninguna excepci�n se hace en perjuicio de determinada persona.?. Adem�s, por lo que respecta al concepto de invalidez que rebato, es menester se�alar que en los t�rminos del art�culo 4o., fracci�n VI, de la Constituci�n General que nos rige, el acceso de los pueblos y las comunidades ind�genas al uso y disfrute de los recursos como el suelo, debe respetar las formas y modalidades de propiedad y tenencia establecidas en el marco constitucional, y no como parece entenderlo la empecinada minor�a, �nicamente basarse en el capricho y la ocurrencia de quien se lo propone, sea este ind�gena o campesino, l�der de masas o empresario. g) Mi representada rechaza igualmente que la ley impugnada se halle en conflicto con el tercer p�rrafo y la fracci�n VII del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues la norma general expedida por la Quincuag�sima Tercera Legislatura, no tiene por objeto ?imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico?, ni pretende suplantar a la naci�n -a la Federaci�n- en su competencia para ?regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana?. Por supuesto, tampoco el tipo penal instaurado en la ley que se impugna, aspira a tener la eficacia de una formaci�n de car�cter administrativo como aquella a la que se refiere el art�culo 27 constitucional. Sostenemos que las normas aplicables a la propiedad privada est�n determinadas por las leyes secundarias, incluida la facultad de establecer el cambio de uso de suelo rural a urbano. Tampoco debe concederse cr�dito ni fuerza convictoria al argumento de la contraparte, consistente en que la norma impugnada contraviene los derechos de los campesinos ejidatarios a determinar sus �reas de asentamiento humano, pues a�n dicha potestad conferida por la Constituci�n a los labradores de la tierra, se supone condicionada al cumplimiento de otras normas de nuestro sistema jur�dico y no constituye, como ninguna otra del cap�tulo dogm�tico de la Constituci�n, una facultad lib�rrima y caprichosa, sin l�mite ni condici�n alguna. h) Por otra parte, la minor�a promovente de esta acci�n asevera que la norma general combatida, atenta contra los derechos subjetivos p�blicos de petici�n y de asociaci�n, consignados en los numerales 8o. y 9o. de la Constituci�n General de la Rep�blica, ?por considerar delito el ejercicio de [estas] libertades de las personas f�sicas?. No omito se�alar a este respecto, que el fin teleol�gico perseguido por la norma impugnada no es colocar un valladar a la leg�tima aspiraci�n de los individuos a contar con una vivienda propia, sino que obedece a la necesidad de sancionar a quienes, aun por intereses pretendidamente leg�timos, hacen uso de maniobras il�citas y transgreden el orden de nuestro desarrollo urbano. La ley impugnada no impide que los individuos contin�en, libremente como lo desea la Constituci�n, haciendo peticiones a las autoridades o asoci�ndose con fines l�citos, as� como que las autoridades respondan en forma fundada y motivada tales peticiones. i) Insostenible, absurdo y contradictorio concepto de validez, vierte la minor�a demandante cuando afirma que la expedici�n de la norma impugnada constituye, simult�neamente, una invasi�n a los �mbitos de competencia federal y municipal. Conforme a ello, la ley combatida irrogar�a una intromisi�n a los Ayuntamientos y al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n la actora, por violentarse tambi�n simult�neamente los art�culos 115 y 73, fracci�n XXIX-C, de la Constituci�n de la Rep�blica. La necesidad de distribuir las facultades del poder p�blico es consecuencia de la adopci�n del sistema federal como forma de Estado, que en el caso mexicano data de 1824 e implica definir un mecanismo de asignaci�n de competencias a los poderes constituidos. Ahora bien, para establecer ese mecanismo distribuidor de competencias, la Constituci�n General ha optado por asignarlas de modo espec�fico a las autoridades federales, para dejar a las de los Estados aquellas materias no reservadas a la Federaci�n. As� se desprende de la literalidad del numeral 124 de nuestra Carta Fundamental, redactado en los siguientes t�rminos: ?Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.?. A partir de esta disposici�n, la doctrina jur�dica mexicana ha clasificado las diversas facultades como sigue: a) Facultades atribuidas a la Federaci�n expresamente; b) facultades atribuidas a los Estados expresamente; c) facultades atribuidas a los Estados por exclusi�n de la Federaci�n; d) facultades prohibidas a la Federaci�n; e) facultades coincidentes o simult�neamente atribuidas; f) facultades coexistentes; y g) facultades de auxilio. No debe desde�arse, por otro lado, la precisi�n de que las normas pueden eventualmente poseer el mismo elemento tem�tico, distingui�ndolas �nicamente el �mbito de validez, de suerte que pueden identificarse: i) normas estrictamente federales; ii) normas estrictamente locales; iii) normas federales s�lo por su �mbito espacial de validez; y iv) normas locales s�lo por su �mbito espacial de validez. Los tipos penales legislados por mi representada, que la parte actora tilda de ?anticonstitucionales, ambiguos, oscuros e imprecisos?, no restringen, condicionan o impiden el ejercicio de la facultad reglamentaria que la Constituci�n General otorga al Congreso de la Uni�n y a los Ayuntamientos; en efecto, la ratio legis de la norma impugnada, que se colige de su propia exposici�n de motivos, es arm�nica con la facultad coactiva del Estado para sancionar aquellas conductas que lesionen el inter�s p�blico, la seguridad, la libertad o el patrimonio de los individuos, de las corporaciones y de la sociedad misma, reconociendo que la proliferaci�n de asentamientos irregulares y la habitaci�n de familias en las viviendas que los conforman, son fen�menos que ponen en peligro la vida de las personas, causan graves problemas de salud p�blica, generan desequilibrios ambientales y problemas de abasto de servicios urbanos; adem�s, en muy frecuentes ocasiones van aparejados a acciones de defraudaci�n y otras modalidades de delincuencia patrimonial por parte de quienes los promueven. As� pues, la norma impugnada no tiene por objeto ni por efecto regular el uso de suelo ni intervenir en la tenencia de la tierra urbana, lo que jur�dicamente concierne a los Ayuntamientos, ni mucho menos ?expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y de los Municipios ... en materia de asentamientos humanos?, lo cual es exactamente competencia del Congreso F.. Estas consideraciones te�ricas vienen a fortalecer nuestro criterio de que no asiste la raz�n a la parte actora, por cuanto confunde la competencia para legislar en materia penal y la competencia para legislar en materia administrativa. Conforme al art�culo 73, fracci�n XXI, de la Constituci�n General, corresponde al Congreso de la Uni�n establecer los delitos y faltas contra la Federaci�n y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de modo que corresponde a las Legislaturas de los Estados establecer los delitos distintos de aquellos que interesan al ente federal, que ser�an los previstos en leyes federales, los cometidos en embajadas y legaciones extranjeras, aquellos en que la Federaci�n sea sujeto pasivo, los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio p�blico federal o bien los consignados al tenor del C�digo Penal F., por ejemplo. Se concluye pues, que el poder p�blico del Estado de Q.�taro, a trav�s de su �rgano legislativo, posee competencia para penalizar aquellas conductas cuyos resultados da�en o pongan en peligro la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, con independencia de que las leyes le surtan competencia a la Federaci�n, a los Estados o a los Municipios, concurrente o separadamente, para regular esas conductas en el �mbito estrictamente administrativo. Por otro lado, es necesario aclarar que el art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica no concede a los Municipios facultades para legislar, sino �nicamente para hacer uso de la facultad reglamentaria, que requiere la existencia de una ley para ser ejecutada. j) En cuanto a la afirmaci�n de que la norma impugnada contraviene lo dispuesto por el art�culo 14 constitucional, continente de la garant�a de exacta aplicaci�n en materia penal, ha de afirmarse que si bien es conveniente la claridad en la formulaci�n de los tipos penales, ello no quiere decir que la descripci�n legal de la conducta punible deba hacerse tan casu�stica y taxativa, que el tipo penal se transforme en algo ineficiente; el tipo penal no es sino la descripci�n de una conducta humana antijur�dica, y la descripci�n de ella no debe merecer un farragoso tratado jur�dico para interpretar qu� es lo que quiso decir el legislador ni c�mo, por una aplicaci�n mec�nica y acr�tica, deba actuar el juzgador ante la letra de la ley. Por otro lado, el env�o de los tipos penales a disposiciones reglamentarias -en este caso, las que conciernen a las autorizaciones y permisos administrativos en el �mbito urbano- es una pr�ctica frecuente en la mayor�a de los c�digos y leyes especiales, y lejos de suponer la inseguridad jur�dica de los gobernados, resulta ser la �nica forma posible de conseguir certeza y seguridad en este tipo de il�citos, obedeciendo precisamente el principio de legalidad. Es ostensiblemente falso que mi representada, la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado, ?atropelle? los principios b�sicos del derecho penal y con ello el art�culo 14 de la Carta Magna, por hacer consistir la conducta del agente activo del delito, en una pretensi�n o una promesa, pues en ambos casos, la conducta trasciende la naturaleza de un mero pensamiento y se exterioriza a trav�s de actos materiales que le dan una existencia objetiva sancionada por la ley penal. Por todo lo expuesto y fundado, esta Quincuag�sima Tercera Legislatura sostiene la constitucionalidad de la norma general impugnada y la improcedencia de la acci�n ejercitada, habida cuenta que la Ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, fue expedida en absoluto apego a las disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y a los ordenamientos que de ella emana."
S�PTIMO. Mediante prove�do de treinta y uno de octubre de dos mil dos se otorg� a las partes el plazo correspondiente para que expresaran sus alegatos.
Por auto de doce de noviembre de dos mil dos se tuvo por recibido el escrito de alegatos del Gobernador Constitucional del Estado de Q.�taro, y por diverso de veintid�s de ese mismo mes y a�o se recibieron los alegatos de la parte actora y de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro.
OCTAVO. Por oficio n�mero PGR/2037/2002, el procurador general de la Rep�blica present� su pedimento, en el cual manifest�:
"En el primer concepto de invalidez los promoventes en esencia aducen que en las reformas al C�digo Penal y al c�digo adjetivo de la materia, ambos del Estado de Q.�taro, se incumplieron con las formalidades de las distintas etapas del proceso legislativo vulner�ndose, en consecuencia, los art�culos 14 y 16 de la Carta Magna. A efecto de poder determinar si en la especie se cumpli� o no con la debida observancia de las formalidades que rigen al proceso de formaci�n de leyes en el Estado de Q.�taro, estimo conveniente transcribir las disposiciones constitucionales y legales que rigen el proceso legislativo en la citada entidad. (los cita). Ahora bien, de las documentales que en copia certificada obran en el expediente de la presente acci�n de inconstitucionalidad se desprende lo siguiente: (los cita). Precisado lo anterior, cabe mencionar que de las constancias se�aladas con los n�mero 2 y 3 se desprende que la iniciativa de reforma a los C�digos Penales sustantivo y adjetivo para el Estado de Q.�taro se turnaron a las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia y de Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones, las cuales emitieron el respectivo dictamen, mismo que fue presentado ante el Pleno de la LIII Legislatura Estatal para su discusi�n y aprobaci�n, en cumplimiento a la legislaci�n que regula el proceso de creaci�n de leyes en la entidad, como a continuaci�n se ver�. En relaci�n con el argumento de los promoventes en el sentido de que el dictamen emitido por las comisiones unidas, modific� la iniciativa de reformas presentada por el gobernador y diversos diputados, sin que el presidente de la mesa directiva de ese �rgano colegiado ordenara notificar a los autores de la iniciativa para que hicieran las consideraciones que estimaran pertinentes es necesario se�alar lo siguiente: Si bien en el dictamen emitido por las referidas comisiones unidas se realizaron algunas modificaciones a la iniciativa de reformaspresentada ante el Congreso Estatal por el gobernador y por diversos diputados, las cuales no fueron notificadas a los autores de dicha iniciativa tal como lo previene el art�culo 35, fracci�n III de la Constituci�n Local, tambi�n lo es que dicha omisi�n no se surti� en la especie, porque el supuesto que se aplic� al caso particular, fue el previsto en la fracci�n IV del numeral en cita. En efecto de conformidad con la fracci�n IV del numeral 35 de la Constituci�n Local, en relaci�n con el art�culo 115, fracci�n IV de la Ley Org�nica del Congreso, puede eximirse el requisito se�alado en la fracci�n III del precepto de la Constituci�n Estatal en comento, toda vez que el Pleno del Congreso Local, cuando lo considere pertinente, podr� someter los dict�menes a discusi�n y votaci�n en una misma sesi�n, lo cual evidentemente implica que si se realizan modificaciones a la iniciativa dictaminada por las respectivas comisiones, dichas adecuaciones no se enviar�n para conocimiento de los autores de la misma, tal como aconteci� en el caso que nos ocupa. En el presente asunto el diputado J.G.C.R.G. solicit� en sesi�n extraordinaria de 5 de agosto de 2002 del Pleno del Congreso, que se sometiera a discusi�n y votaci�n en una sola sesi�n el dictamen rendido por las comisiones unidas con respecto a la iniciativa de reformas presentada ante la legislatura por el gobernador y diversos diputados integrantes de dicho cuerpo colegiado en los siguientes t�rminos: (la transcribe). Adem�s, el hecho de que en el presente caso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local no haya notificado a los autores de la iniciativa de reformas, de los cambios hechos a la misma a trav�s del dictamen emitido por las comisiones unidas, carece de relevancia jur�dica toda vez que a�n cuando los autores de la citada iniciativa hubieran formulado observaciones a las modificaciones realizadas por las comisiones unidas, dichas aclaraciones no hubiesen sido vinculatorias para el Congreso Estatal, ya que �ste goza de la facultad de modificar las iniciativas de ley. Atento a lo antes se�alado, resulta claro que en el caso concreto, a pesar de que el Congreso Local no notific� los cambios hechos a la iniciativa de reforma a sus autores, dicha omisi�n no es una violaci�n a las formalidades del procedimiento, porque el art�culo 35, fracci�n IV, de la Constituci�n Local establece una excepci�n a la fracci�n III del propio numeral, por lo que en el asunto que nos ocupa s� se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento de creaci�n de leyes regulado por la legislaci�n del Estado de Q.�taro. Por otra parte, en relaci�n con el argumento de los promoventes en el sentido de que en la sesi�n de las comisiones unidas en donde se aprob� el proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas a los C�digos Penales sustantivos y adjetivo de la entidad, no se reuni� el qu�rum necesario en virtud de que s�lo asistieron 5 diputados de los 10 que integraban dichas comisiones, es de se�alarse lo siguiente: Las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia y de Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones del Congreso Estatal se integraron con 10 diputados, tal como se desprende del acta de nombramiento del presidente y secretario de las citadas comisiones en la que aparece un listado con los nombres de los 10 legisladores que integraron el �rgano en comento, la cual obra agregada en autos del expediente principal. De la simple lectura del dictamen rendido por las referidas comisiones con respecto a la iniciativa de reformas a los C�digos Penales sustantivo y adjetivo del Estado, se advierte que el mismo fue firmado por 6 personas que se ostentan como diputados, lo cual en primera instancia implicar�a que en la especie se cumpli�, con la hip�tesis del art�culo 18, p�rrafo segundo del Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo que en lo conducente se�ala: ?En los casos en que un asunto sea turnado a varias comisiones, �stas trabajar�n unidas y producir�n un solo dictamen que ser� adoptado por mayor�a de votos de los integrantes de aqu�llas ...?. Respecto a la afirmaci�n de los promoventes, en el sentido de que el diputado F.E.L.C. estaba sujeto a un proceso penal en su contra en esas fechas y que de conformidad con el art�culo 38, fracci�n II de la Carta Magna se encontraba suspendido de los derechos y prerrogativas del ciudadano, por lo que en este supuesto, el diputado en cuesti�n no pod�a ni deb�a intervenir en la votaci�n realizada para la aprobaci�n del dictamen emitido por las comisiones unidas, cabe se�alar las siguientes precisiones: Contrario a lo se�alado por los promoventes, con fecha 9 de mayo de 2002 el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Q.�taro dict� sentencia absolutoria a F.E.L.C., notific�ndola al d�a siguiente por lo que a partir de esa fecha gozaba de sus derechos y prerrogativas ciudadanas, ya que de acuerdo con el art�culo 317 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado de Q.�taro, las apelaciones de las sentencias absolutorias se tienen que admitir en el efecto ejecutivo, esto quiere decir que desde el momento en que se dict� la respectiva sentencia surti� todos sus efectos, independientemente de que hubiera sido recurrida, como ocurri� en el presente caso. Ahora bien el 14 de mayo de 2002 ese �rgano colegiado determin� emitir lo siguiente: ?Acuerdo por el que se integra al diputado C.F.E.L.C. en las comisiones de dictamen que en el presente se describen.?. En virtud de lo anterior no cabe duda que los actos ejecutados por el C.P. F.E.L.C., en su car�cter de diputado el 12 de julio de 2002, son perfectamente v�lidos y jur�dicamente eficaces, ya que desde el 10 de mayo del mismo a�o goza de sus derechos pol�ticos. En este contexto, la sesi�n de las C.ones Unidas del Congreso Local se llev� a cabo con la asistencia de 6 de los 10 diputados que las integraron, tal como, se reitera, se desprende del dictamen rendido por las referidas comisiones con respecto a la iniciativa de reformas a los C�digos Penales sustantivo y adjetivo del Estado, el cual obra agregado en autos del expediente principal, por tanto, en la especie, la sesi�n en cuesti�n se llev� a cabo con el qu�rum legal, resultando err�nea la aseveraci�n de los promoventes. Por �ltimo, en relaci�n con el argumento de los promoventes en el sentido de que el proyecto de dictamen de la iniciativa de ley que se present� en la sesi�n de las comisiones unidas el 12 de julio de 2002, no es el mismo que se aprob� y vot� en la sesi�n extraordinaria del Pleno de la Legislatura el 5 de agosto de 2002, ni es el mismo que se public� en el P.�dico Oficial de Q.�taro, es de observarse lo siguiente: Si bien es cierto que la iniciativa de reformas presentada por el gobernador y diversos diputados ante el Congreso Local fue modificada por las C.ones Unidas de la Legislatura Estatal y a su vez tuvo cambios al momento de que fue aprobada por el Pleno del referido �rgano colegiado, tambi�n lo es que la presentaci�n de las iniciativas ante el Poder encargado de crear leyes, no lo obliga a respetar �ntegramente el proyecto original, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusi�n y votaci�n que realicen los miembros de las comisiones que conozcan del asunto o el Pleno de la C�mara de Diputados Local, lo anterior en los t�rminos del criterio jurisprudencial que a continuaci�n se transcribe: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P. LXIX/99, p�gina 8. ?INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JUR�DICA. El examen sistem�tico del contenido de los art�culos 71 y 72 de la Constituci�n, en relaci�n con las disposiciones de la Ley Org�nica del Congreso de la Uni�n y del Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de dicho �rgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creaci�n de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulaci�n, tambi�n se observa que su presentaci�n no vincula jur�dicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisi�n encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusi�n y votaci�n que realicen los miembros de las C�maras de Origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y senadores v�lidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposici�n legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez discutido �ste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a trav�s de la votaci�n que produzca el desechamiento o modificaci�n del proyecto de ley o decreto sujeto a su consideraci�n, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares, con independencia del �rgano pol�tico que hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso.?. Ahora bien, cabe mencionar que de la confrontaci�n entre el proyecto de ley aprobado y votado por el Pleno de Congreso Local, al cual la C.�n Editorial, B. y Correcci�n de Estilo del propio �rgano colegiado corrigi� las faltas de ortograf�a y el texto del decreto por el que se public� la ?Ley que adiciona y deroga diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, y Adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro.?, no se advierte, como lo afirma la promovente, que sus textos sean distintos, sino, por el contrario, son iguales, salvo algunas correcciones de estilo. Es pertinente apuntar que una vez aprobado el proyecto de ley, se envi� al titular del Ejecutivo para su promulgaci�n y publicaci�n; lo anterior se corrobora con las constancias que con antelaci�n se citaron y que obran agregadas en autos del expediente principal. Con independencia de lo antes se�alado, es de observarse que el hecho de que a�n y cuando en el caso particular se estimare que al momento de sesionar las C.ones Unidas del Congreso Estatal, no se encontraban presentes la mayor�a de los diputados que las integraron, lo anterior ser�a intrascendente, toda vez que el proyecto de iniciativa de ley que nos ocupa, una vez dictaminado por las comisiones de m�rito fue sometido al estudio y an�lisis del Pleno del Congreso de la entidad, siendo aprobada por la mayor�a de los diputados presentes en la sesi�n extraordinaria del Pleno de la Legislatura Local, con lo que qued� subsanada la pretendida violaci�n del procedimiento legislativo aducida por los promoventes. Lo anterior se robustece si se toma en consideraci�n que si bien las violaciones de car�cter formal pueden afectar de manera fundamental a la norma misma, de tal forma que causen su invalidez o inconstitucionalidad, existen otros supuestos en los que la falta de apego a alguna de las normas que regulan el proceso legislativo no trascienden a la esencia de la norma y en consecuencia, no afectan su validez, lo cual es aplicable al caso concreto. Sirve de sustento a lo antes se�alado, el criterio jurisprudencial emitido por ese M�ximo Tribunal cuyo rubro y texto se�alan: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2001, tesis P./J. 94/200, p�gina: 438. ?VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de car�cter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que le correspond�a su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jur�dica si se cumple con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del �rgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culmin� el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si �ste aprueba la ley, cumpli�ndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinaci�n no podr� verse alterada por irregularidades de car�cter secundario?. Por todo lo anterior, en el caso concreto no se vulneran los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: Respecto al precepto 14 de la Ley Fundamental, no se actualiz� su trasgresi�n en virtud de que como qued� debidamente precisado con antelaci�n el Congreso Local cumpli� con todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento que como garant�a establece dicho numeral constitucional. En cuanto a la pretendida violaci�n del art�culo 16 de la Carga Magna, de igual forma no se viol� porque la fundamentaci�n y motivaci�n de las normas jur�dicas se cumplen, respectivamente, cuando la autoridad legislativa act�a dentro de sus facultades constitucionales y las normas que emite regulan aquellas situaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente tuteladas como sucedi� en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de ese Alto Tribunal cuyo rubro y texto se�alan: S�ptima �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 38, Primera Parte, p�gina 27. ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Aun cuando es cierto que la exigencia de fundamentaci�n y motivaci�n de los actos de autoridad, en que consiste la garant�a la legalidad establecida por el art�culo 16 constitucional, ha de entenderse que abarca a todo acto de autoridad, sea esta legislativa, ejecutiva o judicial, en la medida en que todas ellas deben actuar, por igual, dentro de un marco jur�dico de �legalidad�, debe sin embargo aclararse que, trat�ndose de actos de autoridades legislativas (leyes), dichos requisitos de �fundamentaci�n y motivaci�n� se satisfacen siempre que ellas act�en dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente les confiera (fundamentaci�n) y que las leyes respectivas que emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n), sin que ello implique, en modo alguno, que todas y cada una de las disposiciones que den cuerpo a esas leyes deban ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.?. En consecuencia, el presente concepto de invalidez resulta infundado. Los art�culos de la Carta Magna que se aducen vulnerados se�alan en la parte conducente: (los cita). Ahora bien, del an�lisis de las normas que se tildan de inconstitucionales se advierte que la actora incurre en una falsa apreciaci�n de cu�l es la esencia o materia que regulan dichas normas, en virtud de que las disposiciones est�n encaminadas a tipificar aquellas conductas que lesionen el bien jur�dicamente protegido por el tipo penal, que es la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, es decir, la propiedad en general por lo que los art�culos constitucionales a que alude la actora, no se vulneran con el texto de los preceptos de los C�digos Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro impugnados. Lo anterior en virtud de que en el caso particular, las normas combatidas, lejos de lesionar los usos, costumbres y derechos de los pueblos y comunidades ind�genas tutelados por el art�culo 2o. de la Carta Magna, protegen sus propiedades comunales ya que en el supuesto de que alguna persona o grupo de personas traten de modificar el uso de suelo de los bienes inmuebles que les pertenecen, sin cumplir con los requisitos y modalidades exigidas por la ley de la materia, y la autoridad competente compruebe su responsabilidad, ser�n sancionados de conformidad con las penas fijadas por el legislador para el delito respectivo. Cabe mencionar que los usos y costumbres que se reconocen legalmente v�lidos y leg�timos para los pueblos ind�genas y comunidades agrarias, por ning�n motivo o circunstancia deber�n contravenir a la Constituci�n F. en su art�culo 4o., ni a ninguna ley ordinaria, ni tampoco vulnerar los derechos de terceros con el pretexto de que se alegue el derecho a la vivienda, sino s�lo podr�n disponer de sus propiedades, observando siempre las limitantes y modalidades que establezca la legislaci�n que regula la materia de desarrollo urbano. En este orden de ideas, cuando los leg�timos propietarios de los predios, terrenos, etc�tera, pretendan destinarlos para un uso distinto al que originalmente ten�an, deber�n de cumplir con los requisitos que establezcan las normas aplicables a la materia, seg�n el tipo de propiedad o posesi�n de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor o para cederlas a un tercero, de conformidad con las condiciones establecidas en las leyes que se emitan con base en los principios previstos en los art�culos 2o., apartado A, fracciones V y VI, 27, p�rrafo tercero, fracci�n VII y 115, fracci�n V de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, respecto al argumento de los promoventes en el sentido de que el Congreso Estatal al expedir las reformas combatidas invadi� la facultad del Congreso de la Uni�n para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y de los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, cabe mencionar que dicha aseveraci�n resulta infundada, toda vez que las normas combatidas no versan sobre la concurrencia de facultades entre los diversos niveles de gobierno en la materia que nos ocupa, sino que es una disposici�n que tipifica y sanciona aquellas conductas que lesionen el bien jur�dico tutelado, lo cual es facultad de la autoridad emisora. Lo anterior ya que la Legislatura del Estado de Q.�taro al expedir las normas combatidas no emiti� ordenamiento alguno encaminado a regular la concurrencia de los tres niveles de gobierno en materia de asentamientos humanos, sino que actu� dentro del marco de sus facultades constitucionales derivadas del art�culo 124 de la Constituci�n F. para legislar en materia penal. Con respecto a la afirmaci�n de los accionantes en el sentido de que el Congreso de la entidad, al expedir las normas combatidas, lesiona y restringe el derecho de los ciudadanos queretanos a la vivienda digna, cabe se�alar que dicha afirmaci�n deviene infundada, en virtud de que lo legislado por el Congreso Local, tipifica las conductas antijur�dicas que atentan contra la propiedad, lo cual en nada menoscaba o limita el acceso a la vivienda digna y decorosa a que se refiere el numeral 4o. de la Constituci�n General de la Rep�blica. En relaci�n con el argumento de los promoventes en el sentido de que la Legislatura Local, al expedir las leyes impugnadas, invade la facultad de los Municipios para emitir reglamentos relacionados con la materia de asentamientos humanos prevista en el art�culo 115, fracci�n V, de la Carta Magna, cabe mencionar que dicha afirmaci�n deviene infundada toda vez que el numeral constitucional que se aduce vulnerado establece, entre otras atribuciones para los Municipios, diversas concurrentes enmateria de desarrollo urbano, lo cual no puede ser entendido como una facultad para que a los Ayuntamientos se les autorice para legislar, es decir, para emitir normas de car�cter general, en materia de asentamientos humanos ni en ninguna otra materia, ya que su facultad reglamentaria est� sujeta a las leyes federales y estatales. En el caso espec�fico el Congreso Local legisl� en materia penal, la cual no compete a los Ayuntamientos. El art�culo 115 de la Constituci�n F. prev� expresamente que los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; para participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; para participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios, para participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia, para intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial, y para celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales. Cabe mencionar que el �ltimo p�rrafo de la fracci�n V del precepto 115 de la Ley Fundamental se�ala, en forma contundente, que en lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 constitucional, los Municipios expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, por tanto, se reitera, la afirmaci�n de la demandada resulta infundada ya que con la reforma a los c�digos sustantivos y adjetivo en materia penal, no se lesiona la facultad reglamentaria de los Municipios del Estado de Q.�taro, prevista en el primer numeral en cita. Por otra parte, tal como lo se�alan los promoventes, en el C�digo U. de la entidad, se establecen las disposiciones en materia de asentamientos humanos que fijan las estructuras y funcionamiento de los organismos administradores; asimismo, se establece la planeaci�n urbana, esto es, los espacios donde se deben concentrar los servicios y el equipamiento que la comunidad requiere para vivir, por lo que aquellas personas propietarias de predios que deseen cambiar el uso de suelo deber�n cumplir con los requisitos previstos en dicho ordenamiento, para no infringir las normas en comento ni encuadrar su conducta en el tipo penal establecido en el C�digo Penal de la entidad. Por otro lado, cabe precisar que contrario a lo sostenido por los accionantes, el C�digo U. del Estado de Q.�taro, contiene disposiciones encaminadas a regular situaciones e irregularidades administrativas y su sanci�n correspondiente; y los art�culos impugnados prev�n conductas delictivas, lo cual no se contrapone ni es v�lido sostener que por el hecho de que una conducta est� reprimida como falta administrativa, no pueda tambi�n constituir un il�cito penal y, por ende, sancionarse punitivamente; adem�s quien impone las sanciones son autoridades diferentes, y en �ltima instancia los hechos no son exactamente los mismos, porque en materia penal la conducta requiere del elemento subjetivo dolo, lo cual puede o no darse en materia administrativa. Por �ltimo, los promoventes de la presente v�a no vertieron argumento alguno para demostrar que con la adici�n de la fracci�n XXII al numeral 121 del C�digo de Procedimientos Penales del Estado, que establece que los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano previsto en el art�culo 246-F y p�rrafo primero del precepto 246-G del c�digo sustantivo son graves, y que por tal motivo se proh�be la concesi�n del derecho a la libertad provisional bajo cauci�n, se vulneran los art�culos 2o., apartado A, fracciones V y VI, 4o., p�rrafo cuarto, 27, p�rrafo tercero, fracci�n V, 73, fracci�n XXIX-C y 115, fracci�n V de la Constituci�n General de la Rep�blica; sin embargo de conformidad con los preceptos 39 y 40 de la ley reglamentaria del Art�culo 105 procede entrar al estudio de las posibles violaciones invocadas por los accionantes. Como ejemplo a lo antes se�alado se puede mencionar el que en algunas entidades federativas la conducta relativa a conducir en estado de ebriedad implica una infracci�n a una norma de car�cter administrativa y al mismo tiempo se encuentra tipificada como delito en los correspondientes C�digos Penales. As�, del an�lisis conjunto y sistem�tico entre los art�culos constitucionales y el texto de la fracci�n XXII del art�culo 121 del c�digo adjetivo en materia penal del Estado de Q.�taro, cuya invalidez se solicita, se advierte claramente que no guardan relaci�n alguna con los principios fundamentales consagrados en los preceptos constitucionales que se refieren, respectivamente, al reconocimiento de los derechos, usos y costumbres de los pueblos y comunidades ind�genas; al derecho a la vivienda, al reconocimiento de la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidal y comunal y a la protecci�n de la propiedad; a la facultad del Congreso de la Uni�n para emitir leyes concurrentes entre los tres niveles de gobierno en materia de asentamientos humanos, y a la facultad concurrente de los Municipios para intervenir en la formulaci�n, aprobaci�n y administraci�n de los Planes de Desarrollo Municipal, y en tanto que el numeral combatido se refiere a una cuesti�n de car�cter procedimental en materia penal. En efecto, la fracci�n XXII del numeral 121 del c�digo adjetivo en materia penal, se�ala que el il�cito previsto en los preceptos 246-F y 246-G, p�rrafo primero, se consideran como delitos graves, por tanto, resulta infundada la pretendida violaci�n arg�ida por los promoventes. Atento a todo lo antes se�alado, resulta infundado el concepto de invalidez que nos ocupa, por lo que procede que ese Supremo Tribunal de la Federaci�n declare la validez de las normas impugnadas."
NOVENO. Mediante prove�do de veintid�s de noviembre de dos mil dos se tuvo por integrado el presente expediente, poni�ndose los autos en estado de resoluci�n.
D�CIMO. En virtud de que el M.M.A.G.�itr�n, a cuyo cargo se encontraba la instrucci�n de la presente acci�n de inconstitucionalidad, fue designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como su presidente, por acuerdo de dos de enero de dos mil tres, se turnaron los autos al se�or Ministro G.D.G.�ngora P. para los efectos procedentes.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.
Los preceptos citados disponen:
Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.
"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercerse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:
"...
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, y ..."
Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos
"Art�culo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer� y resolver� con base en las disposiciones del presente t�tulo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposici�n expresa, se estar� a las prevenciones del C�digo F. de Procedimientos Civiles."
Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.
"Art�culo 10. La Suprema Corte de Justicia conocer� funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."
En el caso, diputados integrantes de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Q.�taro plantean la posible contradicci�n de los art�culos 246-E, 246-F y 246-G del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, y 121, fracci�n XX, del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, con los art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, p�rrafo primero, 4o., p�rrafo cuarto, 8o., p�rrafo primero, 9o. y 27, p�rrafo tercero y fracci�n VII, en relaci�n con el art�culo 115, fracci�n V y 73, fracci�n XXIX-C, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido por los preceptos transcritos.
SEGUNDO. Por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente se analizar� en primer lugar la oportunidad de la demanda.
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en su art�culo 105, fracci�n II, segundo p�rrafo, establece:
"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, ..."
El art�culo 60, primer p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F., dispone:
"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente."
Conforme a los art�culos transcritos, el c�mputo del plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional, cuya invalidez se demande, sea publicado en el correspondiente medio oficial, considerando los d�as naturales y, si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente.
Al respecto este Alto Tribunal emiti� las tesis consultables a fojas seiscientos cincuenta y siete y seiscientos cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyos rubros y textos a continuaci�n se trasuntan:
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL C�MPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACI�N DE LA DEMANDA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL D�A SIGUIENTE DE LA PUBLICACI�N DE LA DISPOSICI�N GENERAL COMBATIDA. De conformidad con el art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad es de treinta d�as naturales a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial; por tanto, es a partir del d�a siguiente de la publicaci�n oficial que debe realizarse el c�mputo respectivo, con independencia de que, con anterioridad a esta fecha, la parte que ejerce la acci�n haya tenido conocimiento o se manifieste sabedora de la disposici�n impugnada."
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN D�A INH�BIL Y �STA SE PRESENT� EL SIGUIENTE D�A H�BIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA. De conformidad con el art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acci�n de inconstitucionalidad es de treinta d�as naturales, pero, si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente; por tanto, si el plazo venci� en d�a inh�bil pero la demanda se present� al siguiente d�a h�bil ante el funcionario autorizado para recibir promociones de t�rmino, debe considerarse que se promovi� oportunamente."
El decreto de reformas aprobado por la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Q.�taro, que contiene los preceptos cuya invalidez se demanda, fue publicado en "La Sombra de A., P.�dico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q.�taro, del veintitr�s de agosto de dos mil dos, por lo que es a partir del d�a siguiente de la fecha de publicaci�n que debe hacerse el c�mputo respectivo, es decir, el plazo transcurri� del veinticuatro de agosto al veintid�s de septiembre de dos mil dos.
Atento a lo anterior, si la demanda se present� a las veintitr�s horas del lunes veintitr�s de septiembre de dos mil dos, en el domicilio particular del licenciado L.E.P.G.�lez, autorizado en t�rminos del art�culo 7o. de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse oportuna, pues el �ltimo d�a del plazo fue domingo y, por los mismo, inh�bil, y la demanda se present� el primer d�a h�bil siguiente ante el funcionario autorizado para recibir promociones de t�rmino.
TERCERO. Enseguida debe analizarse la legitimaci�n de quien promueve la instancia por ser una cuesti�n de orden p�blico.
De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes requisitos:
a) Que los promoventes de la acci�n sean integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado de Q.�taro.
b) Que representen cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la referida Legislatura del Congreso del Estado de Q.�taro; y,
c) Que la acci�n de inconstitucionalidad se plantee contra leyes expedidas por el propio �rgano legislativo.
El art�culo 25 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, respecto a la integraci�n de la Legislatura del Estado, se�ala:
"Art�culo 25. La Legislatura del Estado, se integrar� con quince diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa, mediante el sistema de distritos uninominales y diez diputados que ser�n electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, en las circunscripciones plurinominales que determine la ley y que aseguren la representaci�n proporcional."
Del art�culo citado se advierte que la Legislatura del Estado de Q.�taro est� integrada por un total de veinticinco diputados, de los cuales quince son electos bajo el principio de mayor�a relativa y diez por el principio de representaci�n proporcional.
En el caso se tiene que mediante oficio DAL/2279/02 de tres de octubre de dos mil dos, presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el catorce siguiente, el diputado C.M.M. en su car�cter de presidente de la C.�n de Gobierno de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, remiti� copia certificada del acta de la sesi�n p�blica y solemne de veintis�is de septiembre de dos mil, relativa a la integraci�n de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Q.�taro, en la que se asent� que E.B.A., H.C.A., A.H.M., J.J.F. Sol�rzano, M.A.R.V., P.A.�n Ch�vez, C.M.�nez Montes y M.A.L.�n H.�ndez, entre otros, son diputados integrantes de la citada legislatura (foja 419), al igual que E.G.G.�lez, como se desprende de la copias certificadas de la constancia de asignaci�n expedida por el presidente y el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Q.�taro y del acta de sesi�n extraordinaria de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Q.�taro, celebrada el seis de marzo de dos mil dos, en la que tom� protesta como diputado integrante de esa legislatura (fojas 736 a 738), esto es, nueve diputados de un total de veinticinco.
Los nueve diputados cuyos nombres aparecen en el p�rrafo precedente son quienes signan la demanda de acci�n de inconstitucionalidad y considerando lo dispuesto por el art�culo 25 transcrito, en cuanto al total de diputados que integran dicho �rgano legislativo, debe concluirse que los nueve diputados promoventes representan el treinta y seis por ciento de los integrantes de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Q.�taro y toda vez que la presente acci�n se plantea en contra de normas reformadas por el referido �rgano legislativo, se concluye que la parte actora cuenta con la legitimaci�n necesaria para ejercitar la presente acci�n de inconstitucionalidad.
CUARTO. En los conceptos de invalidez se aduce en s�ntesis:
I. Que el proceso legislativo para la adici�n y reforma a los C�digos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Q.�taro, cuya nulidad se demanda, no cumpli� con lo establecido por los art�culos 35, fracciones II, III y IV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, 53, 54, 56, 59 y 60 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro y 18 del Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo del Estado, contraviniendo, al mismo tiempo, los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) Para la aprobaci�n de una iniciativa de ley o reforma se requiere que la comisi�n dictaminadora a la que fue turnada emita un dictamen en los t�rminos que establece la propia Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro.
En el caso, se tiene que en la sesi�n celebrada por las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia, Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones, el doce de julio de dos mil dos, en la que se aprob� el dictamen, no exist�a el qu�rum requerido para sesionar. Esto, porque en la referida sesi�n estaban presentes seis diputados, entre ellos F.E.L.C., quien no debi� participar, pues en ese entonces se encontraba suspendido de sus derechos pol�ticos en virtud del auto de formal prisi�n dictado por el Juez Segundo Penal, en la causa 26/2001, que le fue instruida por el delito de fraude en agravio del Municipio de Amealco de B., Q.�taro y, como consecuencia; inhabilitado para ejercer el cargo de diputado, por lo que en esa sesi�n s�lo se encontraban reunidos cinco diputados y si las referidas comisiones unidas se integraban con diez diputados, el m�nimo para sesionar eran de seis diputados.
b) Aun cuando se considerara que el diputado F.E.L.C. estuviera legitimado para participar en la referida sesi�n, el acta que al efecto se levant� s�lo aparece firmada por cuatro diputados, como se observa en su segunda foja, sin que se asentara raz�n alguna que justificara la falta de firma de los dos diputados restantes que supuestamente asistieron a la sesi�n, por lo que no se tiene la certeza de que estuvieranpresentes todos los diputados cuyos nombres se indican en el acta ni que hayan emitido su voto aprobando el dictamen.
c) El dictamen aprobado por las comisiones unidas no se hizo del conocimiento de los autores de la iniciativa, previamente a su discusi�n en el Pleno de la Legislatura el cinco de agosto de dos mil dos, ni cumplido tal requisito se convoc� a sesi�n, como lo ordena el art�culo 115 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo el Estado.
d) En la C.�n de Gobierno del Congreso no se hab�a decidido llevar al Pleno el tema propuesto en el dictamen emitido por las comisiones unidas y, no obstante ello, de �ltima hora se incluy� en la orden del d�a para la sesi�n extraordinaria del cinco de agosto de dos mil dos, en contravenci�n al art�culo 53, fracci�n VI, de la referida ley org�nica.
e) El dictamen de la iniciativa de ley que se aprob� en la sesi�n de las comisiones unidas del doce de julio de dos mil dos, no es el mismo que se present�, discuti� y vot� en la sesi�n extraordinaria del Pleno de la Quincuag�sima Tercera Legislativa celebrada el cinco de agosto de dos mil dos, ni el que se aprob� en esta �ltima es el mismo que se public� en el P.�dico Oficial del Estado de Q.�taro.
II. En cuanto a su contenido, la ley cuya invalidez se demanda no debi� aprobarse en virtud de que viola diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) La adici�n y reforma al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro era innecesaria, en virtud de que las conductas que sanciona ya se encontraban tipificadas en las leyes penales y reguladas en el C�digo U. de la propia entidad; sin embargo, con la ley impugnada se pretende establecer una distinci�n entre un asentamiento irregular y un asentamiento ilegal, pues el primero es el asentamiento que no cumple con los requisitos establecidos en los art�culos 61, 62 y 63 del C�digo U., pero a partir de la reforma ser� ilegal al tipificarlo como delito.
b) Conforme al art�culo 41, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, son facultades de la legislatura expedir las leyes en materia de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n de la entidad; sin embargo, el ejercicio de esa atribuci�n no autoriza la contravenci�n a las garant�as individuales y sociales consagradas en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
El derecho constitucional garantiza al individuo un m�nimo de seguridad jur�dica al establecer una serie de derechos que los �rganos de gobierno est�n obligados a respetar. La introducci�n de m�nimos sociales en la Constituci�n F. y en las Constituciones de las entidades federativas, tuvo como finalidad asegurar a los mexicanos el disfrute de diversos derechos, como el de la vivienda, establecido por el art�culo 4o. de la Constituci�n F., el cual se contraviene con la ley impugnada al penalizar los asentamientos irregulares, en vez de regularizarlos, lo que conlleva una actuaci�n contraria a las disposiciones constitucionales.
Lo anterior porque si bien el derecho penal, como una rama del derecho p�blico interno, representa la �ltima raz�n del Estado para la defensa de los bienes jur�dicos fundamentales como la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, mediante el establecimiento de tipos penales, no debe pasar desapercibido que compete al Estado organizar de manera eficiente el crecimiento de las zonas urbanas, de los centros de poblaci�n y de los asentamientos humanos, y no evadir su responsabilidad en esa materia limit�ndose a tipificar los asentamientos humanos irregulares castigando a todo aquel que pretenda fraccionar un predio para dar la posibilidad de que las personas de escasos recursos cuenten con una vivienda; aun m�s, la ley impugnada pretende ser del todo rigurosa con aquellos que dirijan la formaci�n de asentamientos humanos, sobre todo con aquellos que se encuentren bajo el amparo de partidarios pol�ticos, en lugar de buscar una soluci�n a los problemas de la vivienda, que conlleva la regularizaci�n de predios y fraccionamientos para convertirlos en asentamientos humanos regulares.
El Estado y las leyes deben proteger a la sociedad garantizando su desarrollo arm�nico, lo que comprende el desarrollo urbano y la construcci�n de vivienda, de modo que el establecimiento de un nuevo delito para sancionar las conductas previstas en los art�culos cuya invalidez se demanda, que no es otra cosa que la penalizaci�n de los asentamientos irregulares, viene a contravenir la garant�a prevista en el art�culo 4o. de la Constituci�n F..
El C�digo U. del Estado de Q.�taro, cuyas disposiciones son de utilidad p�blica e inter�s social, tiene como finalidad regular la planeaci�n, fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n de la entidad, mediante el establecimiento de normas conforme a las cuales el Estado y sus Municipios ejerzan sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas, destino de �reas y predios; tambi�n prev� la concurrencia entre el Estado y los Municipios en lo concerniente a la ordenaci�n y regulaci�n de los asentamientos humanos, define las caracter�sticas y requisitos de los distintos tipos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales y de cualquier otro tipo; asimismo, precisa las atribuciones del Ejecutivo Estatal y de sus dependencias como son las Secretar�as de Desarrollo U., Obras P�blicas y Ecolog�a, y la C.�n Estatal de Desarrollo U., en las materias ya se�aladas, entre otras tramitar las inconformidades por la inobservancia a las disposiciones del propio c�digo, determinando las infracciones y sanciones, con lo que queda demostrado que todo lo relacionado con los asentamientos humanos, irregulares o no, ata�e al C�digo U. y no al C�digo Penal.
As�, las normas impugnadas resultan inconstitucionales ya que no se puede pretender aplicar penas de prisi�n a quienes transfieran la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para destinarlos a vivienda, comercio o industria, pues corresponde a la autoridad competente en materia de desarrollo urbano imponer las sanciones que prev� el citado ordenamiento urbano, por lo que no tiene raz�n de ser la modificaci�n, reforma y adici�n a la legislaci�n penal sustantiva y adjetiva del Estado de Q.�taro.
c) La ley combatida establece en forma imprecisa y oscura los tipos penales de que se trata, lo que viola, en perjuicio de los habitantes del Estado de Q.�taro, las garant�as de audiencia y legalidad, pues considera delitos meras pretensiones de conducta, transgrediendo los principios elementales del derecho penal al tipificar como delito una simple promesa de realizar algo, pues esto constituye un hecho futuro que puede no materializarse, cuando que el derecho penal regula conductas, acciones u omisiones que tienen un resultado material.
De igual forma, desatiende el concepto de asentamiento humano establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, al conceptuarlo como aquel grupo de personas que se establezca o pretenda establecer en forma irregular en un inmueble dividido o lotificado para destinarlo a la vivienda, por lo que bastar� la reuni�n de dos personas con esa intenci�n para que se configure el il�cito, lo que viola el principio de legalidad previsto en la Constituci�n que impone a las leyes, sobre todo las de �ndole penal, establecer los tipos y las penas de manera concreta.
d) La ley combatida transgrede los derechos de las personas integrantes de los grupos sociales reconocidos por nuestras leyes como son los pueblos ind�genas, las comunidades y los n�cleos de poblaci�n ejidales.
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su art�culo 2o., p�rrafo cuarto, el derecho de los pueblos ind�genas a la libre autodeterminaci�n; el inciso b) del propio numeral dispone que la Federaci�n, los Estados y los Municipios promover�n la igualdad de oportunidades de los ind�genas eliminando cualquier pr�ctica discriminatoria mediante el establecimiento de instituciones y programas que garanticen a los grupos ind�genas y comunidades el acceso a la vivienda y su desarrollo integral; la fracci�n IV del citado precepto impone al Estado la obligaci�n de mejorar las condiciones de las comunidades ind�genas, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento p�blico y privado para la construcci�n o mejoramiento de viviendas. Asimismo, la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, en el art�culo 12, p�rrafo segundo, precisa que las leyes propiciar�n el desarrollo econ�mico, pol�tico y social de los grupos �tnicos de la entidad sobre la base del respeto a sus lenguas, tradiciones, costumbres, creencias y valores.
En ese marco, los grupos ind�genas tienen el derecho a determinar, conforme a sus costumbres y usos, las ampliaciones de sus zonas urbanas y �reas de vivienda, sin que tengan por costumbre realizar tr�mites engorrosos para ampliar o crear sus centros de poblaci�n. Por tanto, al tipificarse como delito la promesa de transferir o transferir, dividir, lotificar un predio o constituir en un lote un asentamiento humano ind�gena en el territorio de sus comunidades, sin las autorizaciones de las autoridades competentes, traer� como consecuencia que conductas leg�timas, l�citas y justas de acuerdo con sus usos, sean consideradas delitos que enfrenten a los ind�genas a procesos penales y penas inhumanas, al no respetarse las decisiones de los �rganos legislativos de los pueblos ind�genas.
La ley cuya nulidad se demanda tambi�n contraviene los derechos de los campesinos y ejidatarios que conforme a la ley tienen el derecho a determinar �reas para establecer asentamientos humanos en t�rminos de los art�culos 27, fracci�n VII, p�rrafo tercero, de la propia Constituci�n F., 23, 79 y 80 de la Ley Agraria, de manera que si una asamblea ejidal, ejerciendo el derecho que le confieren esas normas, determina una �rea para ampliar el asentamiento humano, incurrir� en delito, y los ejidatarios se convertir�n en delincuentes instigadores de asentamientos ilegales, o si un ejidatario cediera el uso de su parcela a diferentes personas estar�a incurriendo en un delito grave que no le permitir�a obtener la libertad provisional bajo cauci�n, lo que pone de manifiesto la irracionalidad de las normas combatidas y su contravenci�n a la Constituci�n F..
e) La ley impugnada al disponer que quien pretenda establecer un asentamiento humano sin los permisos de la autoridad competente, viola la garant�a de libertad de asociaci�n y de petici�n de personas f�sicas que pueden reunirse l�citamente con la finalidad de obtener una vivienda digna y decorosa para su familia.
f) La ley cuya nulidad se demanda invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Uni�n y del Municipio.
Con la aprobaci�n de las normas impugnadas el �rgano legislativo y el Ejecutivo del Estado invadieron la esfera de competencia del Municipio conferidas por la Constituci�n F. a este nivel de gobierno, ya que el ordenamiento de los asentamientos humanos y la planificaci�n integral del desarrollo urbano es facultad exclusiva del Municipio en t�rminos del art�culo 115, fracci�n V, en relaci�n con el art�culo 27, p�rrafo tercero, de la Constituci�n F., conforme a los cuales la regulaci�n de esas materias corresponde a los reglamentos y disposiciones administrativas, sin embargo, en el caso, se est�n tipificando conductas que son propias de las normas administrativas y de los reglamentos municipales.
De igual forma, se invade la competencia del Congreso de la Uni�n ya que conforme al art�culo 73, fracci�n XXIX-C, de la Constituci�n F., le corresponde en exclusiva expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con el objeto de cumplir con los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la propia Constituci�n, tanto es as�, que en ejercicio de esa facultad expidi� la Ley General de Asentamientos Humanos, en cuyas disposiciones no se faculta a las entidades federativas a tipificar como delitos conductas que trasgredan la normatividad que regula el desarrollo urbano, por el contrario, tanto de ese cuerpo normativo como de la Constituci�n F. otorgan a las autoridades y a los gobernados instrumentos para hacer efectiva la garant�a de igualdad para acceder a una vivienda digna y decorosa, la cual se ver� limitada cuando en ejercicio de ese derecho una pareja, una familia, un grupo de amigos, de campesinos o de ind�genas, promuevan la divisi�n o fraccionamiento de un predio para hacer viviendas o instalar comercios o industrias, sin haber solicitado las autorizaciones correspondientes, ya que conforme a la ley cuya nulidad se demanda estar�an cometiendo un il�cito lo que, a su vez, propiciar� abusos de la autoridad o la imposici�n de penas severas.
Esto es as� porque los tipos penales que pretende establecer la ley impugnada rebasan el campo de conductas que son propias del derecho penal, tipificando hechos inherentes a los asentamientos humanos y al desarrollo urbano que corresponden a las leyes y reglamentos administrativos competencia exclusiva del Congreso de la Uni�n y de los Municipios quienes mediante leyes y reglamentos han previsto las infracciones administrativas como la multa, la clausura y la suspensi�n de la obra para los casos de infracci�n de las normas que regulan el desarrollo urbano y los asentamientos humanos, lo cual debi� ser advertido por los �rganos legislativo y ejecutivo del Estado de Q.�taro, por lo que la legislaci�n que se combate carece de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, pues al expedirla no se consider� lo que en la materia ya disponen reglamentos y leyes administrativas, adem�s de que fue expedida por una autoridad carente de facultades.
QUINTO. En raz�n de la diversidad y extensi�n de los conceptos de invalidez, se estima conveniente precisar a continuaci�n los puntos controvertidos, a fin de circunscribir el an�lisis constitucional de este Alto Tribunal, sin entrar al estudio de ninguna otra cuesti�n.
En la presente acci�n de inconstitucionalidad se plantea la inconstitucionalidad de los art�culos 246-E, 246-F y 246-G del C�digo Penal del Estado de Q.�taro, de la derogaci�n de la fracci�n XVIII del art�culo 194 del mismo c�digo, y de la adici�n de la fracci�n XX (en realidad XXII) al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales del mismo Estado, mediante la reforma publicada en "La Sombra de A., P.�dico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q.�taro, del veintitr�s de agosto de dos mil dos.
Los argumentos de inconstitucionalidad, en esencia, se hacen consistir en:
I.V.�n a las garant�as de audiencia y legalidad, por la comisi�n de diversas irregularidades durante el proceso legislativo, consistentes en:
a) En la sesi�n de las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia, Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones, celebrada el doce de julio de dos mil dos, en la que se aprob� el dictamen de reformas y adiciones, no exist�a el qu�rum requerido, debido a que uno de los asistentes se encontraba inhabilitado para desempe�ar el cargo de diputado.
b) El acta de la sesi�n referida s�lo est� firmada por cuatro de los diputados que asistieron y no por los seis que se consigna en el documento.
c) El dictamen aprobado por las comisiones unidas debi� hacerse del conocimiento de los autores de la iniciativa, previamente a su discusi�n en el Pleno, ni se convoc� a sesi�n una vez cumplido tal requisito.
d) El dictamen emitido por las comisiones unidas se incluy� en la orden del d�a sin que previamente fuera consensuada su discusi�n.
e) El texto de la ley que se public� no es el que aprob� el Pleno de la Legislatura ni �ste es el que aprobaron las comisiones unidas.
II. El contenido de la ley impugnada viola diversas garant�as de orden social e individual consagradas en la Constituci�n F., por lo siguiente:
a) V.ci�n a la garant�a de legalidad porque las conductas tipificadas ya se encontraban previstas en el propio C�digo Penal y en el C�digo U..
b) V.�n a la garant�a de una vivienda digna al penalizar la transmisi�n de la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes o su fraccionamiento para destinarlos a vivienda, que son conductas que corresponden a la materia de desarrollo urbano.
c) V.�n a la garant�a de audiencia as� como al principio de certeza jur�dica en materia penal, al establecer tipos penales en forma oscura e imprecisa.
d) V.�n a la garant�a de autodeterminaci�n de los grupos ind�genas, comunidades y n�cleos de poblaci�n ejidales.
e) V.ci�n a las garant�as de petici�n y de asociaci�n, al tipificar como delito la reuni�n de personas cuyo fin sea obtener una vivienda.
f) V.�n al principio de divisi�n de poderes al legislar sobre materias que son competencia exclusiva del Congreso de la Uni�n y de los Municipios.
SEXTO. El concepto de invalidez relativo a violaciones en el proceso legislativo, sintetizado en el considerando precedente, identificado con el inciso I, subinciso c), es inoperante.
Este Alto Tribunal, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, ha considerado que dentro del proceso legislativo pueden darse violaciones de car�cter formal que trasciendan de manera fundamental a la norma de forma tal que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de esa misma naturaleza que por su entidad no afecten su validez, siempre que se haya cumplido con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del �rgano legislativo y publicada oficialmente.
Ese criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 94/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de dos mil uno, p�gina cuatrocientos treinta y ocho, con el rubro y texto que a continuaci�n se trasuntan:
"VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de car�cter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que le correspond�a su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jur�dica si se cumple con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del �rgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culmin� el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si �ste aprueba la ley, cumpli�ndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinaci�n no podr� verse alterada por irregularidades de car�cter secundario."
Conforme a esta jurisprudencia, durante el proceso legislativo que culmina con la publicaci�n de la norma aprobada por el �rgano legislativo de que se trata, pueden ocurrir diversasviolaciones de car�cter formal que trascienden a su validez, como cuando se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos, en cuyo caso, la violaci�n formal trascender� de modo fundamental a la validez de la norma misma; lo que no ocurre cuando las comisiones sigan un tr�mite distinto al previsto en la ley para el estudio de la iniciativa, por ejemplo que �sta fuera dictaminada por una comisi�n a la que no correspond�a realizar tal funci�n o se omitiera remitir los debates que la hubieran provocado, son violaciones de car�cter formal que carecen de relevancia jur�dica en virtud de que se contraen al cumplimiento de requisitos secundarios que si bien se encuentran previstos en la ley org�nica o en el reglamento parlamentario respectivo, su finalidad es facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de ley, y quedan subsanadas cuando el Pleno del �rgano legislativo las aprob�, observando las formalidades verdaderamente trascendentes.
Este Alto Tribunal considera que la violaci�n al proceso legislativo que se plantea consistente en la omisi�n de dar vista a los autores de la iniciativa con las modificaciones propuestas en el dictamen, previo a su discusi�n en el Pleno, es una violaci�n an�loga a las que refiere la jurisprudencia citada como aquellas que no trascienden a la norma, pues se contrae a los trabajos preparatorios a la posterior discusi�n de la iniciativa en el Pleno de la Legislatura del Estado de Q.�taro, que se convalidan con la aprobaci�n de la iniciativa de ley realizada con el qu�rum requerido, lo que trae como consecuencia que su estudio resulte innecesario, pues no obstante que dicha violaci�n hubiera existido, carece de la entidad suficiente para trascender de modo fundamental a la norma impugnada, como se explica a continuaci�n.
Conforme al sistema de formaci�n de leyes previsto por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en su art�culo 71, son cinco las formalidades fundamentales para la creaci�n de una norma o decreto, la primera es la iniciativa, la segunda su discusi�n en el recinto parlamentario correspondiente, la tercera la aprobaci�n requerida, la cuarta su promulgaci�n y la quinta la consiguiente publicaci�n, formalidades que se corroboran con lo dispuesto por la propia Constituci�n F. en los art�culos 71, que establece a qui�n corresponde la facultad de iniciar leyes o decretos, el 63, que precisa el qu�rum o asistencia m�nima para que la asamblea act�e v�lidamente y sus decisiones o acuerdos tengan fuerza legal, el 70 relativo a la naturaleza y car�cter �nico que tienen las resoluciones del �rgano legislativo, el 72, que dispone c�mo se desarrollar� el proceso legislativo y el 73, que enumera las facultades del Congreso; de donde se desprende que la finalidad de este sistema y de sus formalidades esenciales es que sea el Pleno del �rgano legislativo el que apruebe una iniciativa de ley o decreto, por ser en quien recae la facultad de dictar leyes que se refieran a las relaciones sociales que requieran ser jur�dicamente reguladas; por lo que si en un proceso legislativo se satisfacen las formalidades esenciales ya mencionadas, es inconcuso que el incumplimiento de requisitos secundarios no conducir� a la invalidez de la norma siempre que el contenido de la norma y los fines del proceso legislativo permanezcan inc�lumes; como consecuencia, el concepto de invalidez en el que se alegue ese tipo de violaciones deviene inoperante y su estudio es innecesario cuando se advierta, por la entidad de la violaci�n alegada, que no se afect� de forma fundamental a la norma.
Lo considerado, es congruente con el criterio sustentado por este Alto Tribunal al resolver en sesi�n de veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de diez votos, la acci�n de inconstitucionalidad 1/98 promovida por diputados integrantes de la C.�sima S�ptima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, de la que eman� la jurisprudencia P./J. 4/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.I., febrero de mil novecientos noventa y nueve, p�gina doscientos ochenta y ocho, con el rubro "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA." en la que se sostiene que resulta procedente el estudio del concepto de invalidez en el que se alegue la contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n F., por transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n Local dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an, acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas.
Se afirma que el criterio sostenido en esta acci�n de inconstitucionalidad es acorde con el que dio origen a la jurisprudencia citada en el p�rrafo precedente, porque la violaciones al proceso legislativo que en esa acci�n de inconstitucionalidad se reclamaron consistieron en los acuerdos tomados en las sesiones extraordinarias del Congreso Local, por la mayor�a parlamentaria, en virtud de los cuales se aprob� el proyecto de ley materia de esa acci�n, cuya naturaleza justific� que este Alto Tribunal las analizara con la finalidad de determinar si trascendieron de modo fundamental a la ley reclamada, a diferencia de la violaci�n que se analiza en la presente acci�n, pues �sta se refiere a los trabajos preparatorios y a la discusi�n del dictamen de la iniciativa de ley por parte del Pleno de la Legislatura del Estado de Q.�taro que, por su naturaleza, no afectan la validez de la norma impugnada.
No deja de advertirse que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de M�ximo Tribunal Constitucional, analice la conformidad de las normas generales con la Constituci�n F., lo que incluye el estudio, incluso de oficio, de las violaciones al proceso legislativo, para alcanzar una m�xima tutela; sin embargo, no todas las violaciones que se aduzcan en una acci�n de inconstitucionalidad ameritar�n ser estudiadas por este Alto Tribunal, como aquellas que por su entidad claramente se advierta que no trascienden de manera fundamental a la norma y su an�lisis ning�n beneficio producir�, y privilegiar el estudio minucioso y detallado del fondo de la cuesti�n planteada, esto es, la conformidad o no de la norma general con la Constituci�n F., pues s�lo as� se salvaguarda con mayor eficacia y expeditez al orden primario en el que subyace la voluntad del pueblo soberano y se contribuye al perfeccionamiento de nuestras leyes que es lo que conduce al bienestar de las personas sujetas al imperio de la norma.
Lo anterior se justifica porque la finalidad esencial de las acciones de inconstitucionalidad, como medio de control abstracto, es la confronta directa entre la Constituci�n F. y una norma general, en la que no existe un inter�s concreto que tutelar y se privilegia en cambio el an�lisis abstracto de constitucionalidad.
En esa tesitura, el an�lisis de violaciones indirectas a la Constituci�n F., en relaci�n con dicha norma general, s�lo se justifica cuando la citada violaci�n puede provocar la invalidez de la norma impugnada, pero en cambio, no por existir un inter�s concreto por tutelar si se advierte que la violaci�n indirecta que se alega es inocua e intrascendente para provocar la subsistencia de la norma, su estudio resulta ocioso y este Alto Tribunal puede abstenerse de analizar la actualizaci�n de tal violaci�n, privilegiando as� el estudio de los vicios que puedan acarrear la invalidez de la norma por una violaci�n indirecta en raz�n de su trascendencia para la subsistencia de la norma impugnada, o bien el an�lisis de fondo.
En ese tenor, este Alto Tribunal debe optar por analizar primero la entidad de la violaci�n y solamente si la posible actualizaci�n de dicha violaci�n trascendiera sobre la norma, proceder� al estudio para determinar si dicho vicio se presenta o no. Lo contrario, esto es, la ausencia de an�lisis debido a la intrascendencia o falta de entidad de la violaci�n, de ninguna manera puede acarrear la indefensi�n de la parte actora, pues se insiste, aun cuando la misma se actualizara dejar�a inc�lume la norma.
En ese contexto, deviene inoperante el concepto de invalidez relativo a la omisi�n de dar vista a los autores de la iniciativa con las modificaciones propuestas en el dictamen, previo a su discusi�n en el Pleno.
No se omite se�alar que en las sesiones celebradas el dieciocho de julio y cinco de agosto de dos mil, diversos diputados presentaron mociones relacionadas con el tema que se analiza, las cuales fueron desestimadas por el Pleno de la Legislatura, por mayor�a de votos de sus integrantes.
En cambio por su identidad, procede el estudio de los conceptos de invalidez consistentes en:
a) En la sesi�n de C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia, Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones, celebrada el doce de julio de dos mil dos, en la que se aprob� el dictamen de reformas y adiciones, no exist�a el qu�rum requerido, debido a que uno de los asistentes se encontraba inhabilitado para desempe�ar el cargo de diputado.
b) El acta de la sesi�n referida s�lo est� firmada por cuatro de los diputados que asistieron y no por los seis que se consignan en el documento.
El an�lisis de estos conceptos de invalidez se har� en forma conjunta, debido a la estrecha relaci�n que guardan, y para darles respuesta conviene precisar lo siguiente:
Consta en los autos de la acci�n de inconstitucionalidad, que el veintis�is de septiembre de dos mil la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro celebr� sesi�n p�blica solemne para la instalaci�n de la propia legislatura, de cuya acta, que obra a fojas ciento cincuenta y cinco a ciento cincuenta y ocho, se desprende que F.E.L.C. rindi� protesta como diputado, y que mediante escrito de trece de diciembre de ese a�o solicit� a la Mesa Directiva de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, con fundamento en la fracci�n VII del art�culo 31 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, licencia por tiempo indefinido para abstenerse de desempe�ar las funciones del cargo de diputado y atender asuntos personales, como se desprende de la copia certificada del escrito correspondiente glosada en la foja quinientos cincuenta y ocho; petici�n que fue acordada favorablemente por la propia mesa directiva, seg�n se advierte, de la copia certificada del acta de la sesi�n ordinaria celebrada por el Pleno de la Legislatura, el catorce siguiente, agregada a foja quinientos cincuenta y nueve.
De igual forma, consta que el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Q.�taro, el primero de marzo de dos mil uno, dict� auto de t�rmino constitucional en el proceso penal 26/2001, por el que decret� la formal prisi�n a F.E.L.C., como probable responsable en la comisi�n del delito de fraude gen�rico en agravio del Ayuntamiento de Amealco de B., Q.�taro, y en cumplimiento a lo ordenado por el art�culo 38, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, comunic� al director del Registro Nacional de Electores la situaci�n jur�dica del procesado, como se advierte a fojas doscientos veintitr�s a doscientos sesenta y dos del cuaderno correspondiente a las pruebas de la parte actora; asimismo, se tiene que el nueve de mayo de dos mil dos, el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Q.�taro dict� sentencia en la causa penal de referencia, por virtud de la cual absolvi� a F.E.L.C. de la acusaci�n que en su contra formul� el Ministerio P�blico, por no quedar acreditada su responsabilidad en la comisi�n del delito de fraude gen�rico, en agravio del Ayuntamiento de Amealco de B., Q.�taro, cuya copia certificada se encuentra glosada de las fojas quinientos setenta y tres a seiscientos cuatro de los autos.
Tambi�n se advierte que F.E.L.C. mediante escrito de diez de mayo de dos mil dos, dirigido a la Mesa Directiva de la Quincuag�sima Tercera Legislatura, notific� su reincorporaci�n a sus labores como diputado de la citada legislatura, seg�n se advierte a foja quinientos sesenta y cuatro de los autos, y que la C.�n de Gobierno de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, en ejercicio de las facultades que le confieren los art�culos 52, fracciones II, III y V, 53, fracciones I y III, y 57 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, propuso al Pleno de la Legislatura la incorporaci�n del diputado L.C. al trabajo legislativo, lo que fue acordado el catorce de mayo de dos mil dos, como se desprende del acta correspondiente que obra a fojas quinientos sesenta y seis a quinientos setenta y uno de los autos.
En su car�cter de diputado, F.E.L.C. particip�, junto con J.S.L., L.M.H.�ndez, I.V.J.�nez, Mar�a Aid� Guerra Dallidet y P.A.�n Ch�vez, en la sesi�n celebrada el doce de julio de dos mil dos, por las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia y Desarrollo U., Obras P�blicas y C.�n, como se asent� en la lista de asistentes que se encuentra glosada en la foja seiscientos cinco de los autos, en la que se aprob� el dictamen de la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, el cual fue suscrito por los seis diputados ya mencionados, cuya copia certificada se encuentra agregada a fojas cuatrocientos cincuenta y tres a cuatrocientos sesenta y dos.
De igual forma, conviene se�alar que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Art�culo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
"I.V. en las elecciones populares;
"II. Poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley;
"III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pac�fica en los asuntos pol�ticos del pa�s;
"IV. Tomar las armas en el Ej�rcito o Guardia Nacional, para la defensa de la Rep�blica y de sus instituciones, en los t�rminos que prescriben las leyes; y
"V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petici�n."
"Art�culo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
"...
"II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisi�n; ..."
La Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, se�ala:
"Art�culo 21. Son prerrogativas de los ciudadanos de Q.�taro:
"I.V. para todos los cargos de elecci�n popular en el Estado;
"II. Ser votados para cargos de elecci�n popular en el Estado en los t�rminos que establece esta Constituci�n;
"III. Asociarse libre y pac�ficamente con fines pol�ticos;
"IV. Ejercer el derecho de petici�n ante las autoridades del Estado; y
"V. Las dem�s que establezcan las leyes.
"Los residentes mayores de dieciocho a�os tendr�n las mismas prerrogativas que los ciudadanos, con excepci�n de la contenida en la fracci�n segunda de este art�culo."
"Art�culo 95. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo, se considerar�n como servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular, ..."
"Art�culo 97. Podr�n ser sujetos de juicio pol�tico los diputados a la legislatura, ..."
"Art�culo 98. Para proceder penalmente contra los diputados de la legislatura ... por la comisi�n de delitos durante el tiempo de su encargo, la legislatura declarar� por mayor�a absoluta de sus miembros presentes en sesi�n, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.
"...
"El efecto de la declaraci�n de que ha lugar a proceder contra el inculpado, ser� separarlo de su encargo en tanto est� sujeto a proceso penal. Si �ste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podr� reasumir su funci�n. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se conceder� al reo la gracia del indulto. ..."
La Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro dispone, en lo conducente, lo que a continuaci�n se indica:
"Art�culo 54. Para el estudio, dictamen y despacho de los asuntos de la H. Legislatura se nombrar�n comisiones de dictamen que elaborar�n propuestas para ser presentadas al Pleno y examinar�n e instruir�n los asuntos que se sometan a su consideraci�n para dictamen hasta ponerlos en estado de resoluci�n."
"Art�culo 55. ...
"Todos los miembros de las comisiones de dictamen tendr�n igualdad de derechos. Cuando las comisiones act�en unidas �stas ser�n presididas por quien designe la mayor�a de los integrantes, en la primera sesi�n que convocar� el presidente de la legislatura."
"Art�culo 109. El Pleno de la H. Legislatura s�lo discutir� las iniciativas una vez que hayan sido dictaminadas por la comisi�n a que fueron turnadas. ..."
"Art�culo 111. Las comisiones de dictamen a las que se turnen las iniciativas, rendir�n por escrito su dictamen."
"Art�culo 112. Los dict�menes deber�n contener la exposici�n clara y precisa del asunto a que se refieran y concluir sometiendo a la consideraci�n de la H. Legislatura, el proyecto de resoluci�n que mencionar� si se aprueba o rechaza la iniciativa, ser�n firmados por los miembros de las comisiones que la conozcan, pero si alguno disiente del mismo, har� la anotaci�n en contra, junto a la firma respectiva, pudiendo formularse el razonamiento del voto particular correspondiente, que ser� anexado al dictamen y formar� parte del mismo.
"En el caso en que un asunto se hubiese turnado a varias comisiones, �stas deber�n de trabajar y dictaminar unidas, tom�ndose votaci�n individual de todos los integrantes y resolvi�ndose por mayor�a."
Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno considera que los conceptos de invalidez planteados son infundados, porque de las constancias rese�adas en p�rrafos precedentes se advierte que, si bien el diputado F.E.L.C. fue sujeto a un proceso penal, durante el cual estuvo separado del ejercicio de sus funciones como diputado, lo cierto es que en ese proceso penal obtuvo una sentencia absolutoria y a consecuencia de ello se reincorpor� a las funciones de diputado de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, previo acuerdo de la propia legislatura a propuesta de la C.�n de Gobierno; por tanto, si al reincorporarse a sus funciones como diputado, el se�or F.E.L.C. particip� en la sesi�n celebrada el doce de julio de dos mil dos por las comisiones unidas, en la que se aprob� el dictamen de la iniciativa de ley de que se trata, debe concluirse que no existe el motivo de invalidez que se aduce, porque el referido diputado actu� en esa sesi�n ejerciendo las facultades y deberes inherentes a su cargo de diputado y como miembro de las comisiones unidas.
En relaci�n con este tema, importa destacar que la suspensi�n de los derechos y prerrogativas prevista en la fracci�n II del art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a los derechos pol�ticos, esto es, al sufragio activo y pasivo y, como en el caso se advierte, el se�or L. Coellar ya hab�a sido electo alcargo de diputado de la Quincuag�sima Tercera Legislatura, de modo que la suspensi�n de esos derechos no pod�a afectar el ejercicio de las funciones en el cargo de diputado, pues para ello se requer�a que, en t�rminos de la Constituci�n del Estado de Q.�taro y de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, se emitiera por parte del Pleno del �rgano legislativo una declaraci�n de procedencia que lo separara de su cargo en tanto se encontrara sujeto al proceso penal, lo que en la especie no ocurri�, por lo que es dable concluir que el se�or L. Coellar al participar en la sesi�n de comisiones unidas del doce de julio de dos mil dos y votar el dictamen relativo a la iniciativa de ley de que se trata, lo hizo en ejercicio de las funciones inherentes al cargo, del cual no hab�a sido privado en los t�rminos que establecen la Constituci�n del Estado y la ley org�nica respectiva.
En lo atinente al concepto relativo a que el acta de la sesi�n se encuentra �nicamente firmada por cuatro diputados integrantes de las comisiones unidas, debe se�alarse que tal violaci�n, aunque existente, no trascendi� a esa etapa del proceso legislativo, por las razones que a continuaci�n se exponen.
Conforme a lo establecido en los art�culos 54, 55, 109 y 112 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, las comisiones de dictamen constituyen una instancia previa de deliberaci�n, integradas por un n�mero determinado de diputados, con igualdad de derechos, previamente aprobadas por el Pleno de la Legislatura, con la funci�n primordial de examinar e instruir los asuntos que se sometan a su consideraci�n para dictamen hasta ponerlos en estado de resoluci�n, para ser presentados al Pleno, cuyas determinaciones se tomar�n por mayor�a de votos.
Ahora bien, las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia y Desarrollo U., Obras P�blicas y C.�n, se integraron por once diputados, y a la sesi�n de doce de julio de dos mil dos en la que se discuti� y aprob� el dictamen correspondiente, asistieron seis de sus integrantes seg�n se desprende del documento denominado "pase de lista", as� como de la parte inicial del acta de referencia, y el dictamen emitido por las comisiones unidas fue aprobado y suscrito precisamente por los seis diputados que asistieron.
De ese modo, la aprobaci�n y firma del dictamen por seis de los integrantes de las comisiones unidas, convalida el hecho de que el acta de sesi�n aparezca firmada �nicamente por cuatro de los asistentes, pues es mediante el dictamen como se manifiesta la voluntad org�nica de esa instancia de deliberaci�n, en tanto que la comisi�n dictaminadora lo emiti� conforme a lo preceptuado por la ley org�nica citada; en otros t�rminos, si lo que se plantea es que no se manifiesta la voluntad del �rgano pues el acta de la sesi�n s�lo aparece firmada por cuatro integrantes, la misma se compurga de manera inmediata y por el propio �rgano al haberse emitido el dictamen por seis de sus integrantes.
Adem�s, en el caso no se plantea que la falta de firma de los restantes integrantes de la comisi�n dictaminadora obedeciera a un acto de exclusi�n de una minor�a parlamentaria espec�fica, sino simplemente el que no se integr� la voluntad org�nica lo cual, como ya se dijo, qued� compurgada por la manifestaci�n expresa del propio �rgano al cual se le atribuye la violaci�n cometida.
Cabe precisar que en relaci�n con los vicios de procedimiento legislativo, este Alto Tribunal ha sostenido en la jurisprudencia P./J. 94/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de 2001, p�gina 438, con el rubro "VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA." el criterio de que dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de car�cter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez; en el caso que nos ocupa, la violaci�n que se analiza de no haber sido convalidada con la emisi�n del dictamen en la forma y t�rminos que establece la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, constituir�a una violaci�n trascendente al proceso legislativo en tanto que no habr�a la posibilidad de constatar la voluntad de la comisi�n dictaminadora, como una de las instancias de deliberaci�n, pues la validez de un proceso legislativo no descansa �nicamente en la aprobaci�n de la ley por parte del Pleno del Congreso de la Uni�n, como representante de la voluntad del pueblo mexicano o de los Estados en el caso de los Congresos Locales, pues su elaboraci�n se sujeta a un procedimiento basado en la discusi�n por parte de dos diferentes instancias establecidas en la propia ley que lo regula, sistema que cumple una imprescindible funci�n legitimadora de la ley, precisamente por obra de los mecanismos y etapas que lo integran. Luego, para la valoraci�n de la entidad de los vicios de procedimiento legislativo debe evaluarse la consecuencia que �stos tienen en la integraci�n de la voluntad de las C�maras al constituir una violaci�n a dicho principio democr�tico, sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que dichos vicios sean convalidados dentro del propio procedimiento y que la ley, producto de dicho procedimiento, resulte sin tacha de inconstitucionalidad, tal como acontece en el presente caso.
De igual forma, procede el estudio del concepto de invalidez sintetizado en el inciso I, subinciso d), consistente en que en la C.�n de Gobierno del Congreso no se hab�a decidido analizar el tema propuesto en el dictamen emitido por las comisiones unidas, no obstante ello, de �ltima hora se incluy� en la orden del d�a para la sesi�n extraordinaria del cinco de agosto de dos mil dos, en contravenci�n al art�culo 53, fracci�n VI, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro.
En cuanto a ese concepto de invalidez, la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, por conducto del diputado C.M.�nez Montes, presidente de la C.�n de Gobierno y representante legal de la propia legislatura, de conformidad con lo dispuesto por la fracci�n IX del art�culo 53 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, expres� que en t�rminos de los art�culos 31, fracciones I y III, 37, fracci�n IV, 53, fracci�n VI y 97 de la citada ley, la facultad de integrar el orden del d�a y disponer lo conducente para su desahogo corresponde exclusivamente al presidente de la legislatura; por otra parte, la relaci�n que existe entre la C.�n de Gobierno y la Mesa Directiva de la Legislatura, en lo tocante a la definici�n del orden del d�a de las sesiones es de coadyuvancia.
Ahora bien, en la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, se establece:
"Art�culo 31. Corresponde a la Mesa Directiva de la H. Legislatura:
"I. Conducir las sesiones y ordenar el trabajo legislativo;
"...
"III. Supervisar y ordenar el trabajo de la Direcci�n de Asuntos Legislativos. ..."
"Art�culo 37. El presidente de la H. Legislatura tiene las siguientes atribuciones:
"...
"II. Presidir las sesiones de la H. Legislatura;
"...
"IV. Citar a sesiones de la H. Legislatura;
"...
"XXIII. Las dem�s que le se�alen la Constituci�n del Estado, la presente ley y su reglamento."
"Art�culo 52. Son facultades de la C.�n de Gobierno:
"I.B. entre sus integrantes y los grupos parlamentarios que representan, la toma de decisiones concertadas en todos los �mbitos y materias que al Poder Legislativo corresponda;
"...
"III. Proponer a la H. Legislatura la toma de puntos de acuerdo sobre iniciativas de ley presentadas al Pleno, decisiones de gobierno interno, declaraciones de la H. Legislatura y sobre cualquier otra decisi�n que sea competencia de aqu�l; ..."
"Art�culo 53. Son facultades del presidente de la C.�n de Gobierno:
"...
"VI. Coadyuvar con la Mesa Directiva de la H. Legislatura, para programar el orden del d�a de cada sesi�n; ..."
"Art�culo 97. Son facultades y obligaciones del director de asuntos legislativos:
"...
"IV. Vigilar la oportuna entrega y publicaci�n en estrados de los citatorios para las sesiones y reuniones a los diputados; ..."
Cabe se�alar tambi�n que el Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, dispone:
"Art�culo 46. Todas las sesiones se sujetar�n a un orden del d�a previamente establecido por la presidencia y con la colaboraci�n de la Gran C.�n."
Debe precisarse que la Gran C.�n a que se refiere ese precepto cambi� de denominaci�n a C.�n de Gobierno con motivo de las reformas a la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro de diecis�is de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
De los preceptos transcritos se advierte que no asiste la raz�n a la parte actora cuando aduce que para la inclusi�n del dictamen de las comisiones unidas en la orden del d�a de la sesi�n extraordinaria del cinco de agosto de dos mil dos, se requer�a que as� se acordara en la C.�n de Gobierno, pues es a la presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura a quien corresponde determinar el orden del d�a para las sesiones del Pleno y si bien la C.�n de Gobierno interviene en esa actividad, lo hace como coadyuvante, sin que en los dispositivos legales y reglamentarios citados se establezca que para la integraci�n de la orden del d�a se requiere que la referida C.�n de Gobierno determine cu�les ser�n los puntos de la orden del d�a.
Adem�s, se observa que la C.�n de Gobierno tiene dentro de sus funciones, entre otras, la b�squeda de puntos de acuerdo entre los integrantes de la legislatura sobre las iniciativas de ley, tal atribuci�n no se refiere a la integraci�n del orden del d�a, sino al trabajo parlamentario, al propender a la b�squeda de consenso entre las diferentes fracciones para la concreci�n de las iniciativas de leyes o decretos que se debatir�n en el Pleno.
Ahora bien, en los autos de la acci�n de inconstitucionalidad no existen pruebas que permitan determinar que el dictamen de las comisiones unidas se incluyera de �ltima hora en la orden del d�a de la sesi�n de cinco de agosto de dos mil dos, en cambio existen elementos de juicio que llevan a este Tribunal Pleno a considerar que el dictamen de referencia aparec�a listado en la orden del d�a de una sesi�n previa y que los diputados integrantes de la Quincuag�sima Legislatura ten�an conocimiento de que ese tema se discutir�a.
En efecto, el citado dictamen form� parte de la orden del d�a de la sesi�n del dieciocho de julio de dos mil, en la cual se list� con el n�mero noveno y posteriormente, en el transcurso de la sesi�n fue retirado, como se desprende de la copia certificada del acta correspondiente que obra a fojas cincuenta y dos de los autos.
Y en el orden del d�a de la sesi�n extraordinaria del cinco de agosto de dos mil fue nuevamente incluido, resultando que en esa sesi�n se dio cuenta con el dictamen de la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, como se desprende de la copia certificada del acta correspondiente que se encuentra a fojas cincuenta y cinco y siguientes de los autos y que, como el documento citado en el p�rrafo precedente, tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 79, 93, fracci�n II, 129 y 130 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la presente acci�n de inconstitucionalidad en t�rminos de la parte final del art�culo 1o. de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de copias certificadas de documentos cuya formaci�n est� encomendada por la ley, dentro de los l�mites de su competencia, a funcionarios p�blicos y expedidos en el ejercicio de sus funciones.
De modo que si en la sesi�n de referencia se dio lectura al dictamen correspondiente como lo establecen los art�culos 115, fracci�n II, de la ley org�nica citada y 51 del reglamento igualmente referido, es claro que los diputados tuvieron debido conocimiento del contenido del documento.
En efecto, esos preceptos establecen:
"Art�culo 115. El procedimiento a que someter�n las iniciativas de ley o decreto ser� el siguiente:
"I. Recibida una iniciativa de ley o decreto por la legislatura, el presidente ordenar� su lectura ante el Pleno y lo turnar�, para su estudio y dictamen, a la comisi�n de dictamen respectiva;
"II. La comisi�n que conozca, emitir� por escrito el dictamen que proceda y dentro del plazo que se�ala esta ley, mismo al que se le dar� lectura en el Pleno; ..."
"Art�culo 51. Una vez producidos los dict�menes sobre las iniciativas o proposiciones, se dar�n a conocer a la legislatura en la sesi�n ordinaria o extraordinaria en su caso, en que hayan sido presentadas, resolvi�ndose de inmediato si deben o no sujetarse a votaci�n. En caso afirmativo se proceder� a discutirse ..."
Por tanto, si en la sesi�n correspondiente se dio lectura al dictamen de referencia, procede concluir que los veintitr�s diputados que asistieron a esa sesi�n conocieron el contenido del documento para su discusi�n y posterior votaci�n, por lo que se alega deviene infundado.
De igual forma, por su trascendencia, procede el estudio del concepto de invalidez sintetizado en el inciso I, subinciso e), atinente a que el dictamen de la iniciativa de ley que se aprob� en la sesi�n de las comisiones unidas del doce de julio de dos mil dos, no es el mismo que se present�, discuti�, voto y aprob� en la sesi�n extraordinaria del Pleno de la Quincuag�sima Tercera Legislatura celebrada del cinco de agosto de dos mil dos, ni el que se aprob� en esta �ltima, es el que se public� en "La Sombra de A., P.�dico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q.�taro, del veintitr�s de agosto de dos mil dos, lo que de ser fundado traer�a como consecuencia la invalidez de la norma.
Para determinar la eficacia de ese concepto, es necesario precisar el contenido de la iniciativa de ley, del dictamen de las comisiones unidas, de la ley aprobada por la legislatura y del texto publicado, conforme al siguiente cuadro comparativo, para despu�s hacer referencia a diversos aspectos del propio proceso legislativo:

Ver cuadro


En el cuadro precedente se advierten con claridad que las modificaciones que la iniciativa de ley tuvo son propias del proceso legislativo; sin embargo, es necesario precisar las razones de cada una de ellas.
En los autos de la presente acci�n de inconstitucionalidad consta, a fojas cuatrocientas veintiocho a cuatrocientos treinta y tres, que el veinticinco de julio de dos mil uno, ante la Oficial�a de Partes del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro, el gobernador constitucional del Estado en uni�n de once diputados integrantes de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del propio Estado, en ejercicio de las facultades que les confieren los art�culos 33, fracciones I y II y 57, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, presentaron una iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, la cual, en lo que interesa al caso, se reprodujo en el cuadro precedente.
Mediante oficio DAL/1065/01 de veintis�is de julio de dos mil uno, el presidente de la Mesa Directiva de la Quincuag�sima Tercera Legislatura, turn� la iniciativa de ley a las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia y Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones para su estudio y dictamen, como se desprende del documento que se encuentra glosado en la foja trescientos treinta y cuatro; para ese fin, el treinta y uno de julio de dos mil uno, las comisiones unidas iniciaron los trabajos para analizar el asunto que les fue remitido, seg�n se advierte del acta correspondiente que aparece en las fojas cuatrocientos treinta y cinco y siguiente; en las subsecuentes sesiones de las comisiones unidas que tuvieron verificativo el diecisiete y veinticuatro de septiembre de dos mil uno, cuatro y once de marzo, veintid�s y veintinueve de abril, seis de mayo y doce de julio de dos mil dos, se discuti�, con la participaci�n de representantes de organizaciones sociales e instituciones p�blicas, el tema propuesto en la iniciativa, como se desprende de las actas relativas glosadas a fojas cuatrocientos treinta y siete a cuatrocientos cincuenta y cuatro de autos.
De esas actas destaca, en lo que interesa para resolver el concepto de invalidez, pues las propuestas que se formularon en el seno de las comisiones unidas pasaron a integrar el dictamen que en su oportunidad se emiti�, lo siguiente:
En la sesi�n que tuvo lugar el veintid�s de abril de dos mil dos, el diputado presidente de las comisiones unidas manifest�, entre otras cuestiones, lo que enseguida se transcribe:
"... De los comentarios que se recibieron, hay uno coincidente con el comentario que hiciera en la sesi�n anterior el arquitecto G.C., en el sentido de que no tendr�a por qu� el tipo penal de las propuestas ser �nicamente dirigido o referido a cuando el objeto de los lotes es vivienda, sino ped�a que se ampliara a los otros usos urbanos, por lo que hace entrega del proyecto de dictamen, incluida esta observaci�n ..."
Durante la sesi�n celebrada el veintinueve de abril de dos mil dos, hizo uso de la palabra el diputado E.B.A. para expresar:
"... Hace hincapi� en una situaci�n constante respecto a las zonas urbanas de los ejidos, del problema que se deriva con las subdivisiones, que de acuerdo con la ley entrar�a en este supuesto, por ejemplo el que un ejidatario en un solar urbano de 1,000, 2,000 o 3,000 metros, les reparti� a todos los hijos una parte, y despu�s viven cinco familias en un solo solar, y desde este punto de vista ser�a fraccionar e incluso se viene (sic) cuando van a regularizar que les exigen que hayan subdivisiones reales y muchas veces no existen y ustedes requieren que las haya para poder regularizar, desde este punto de vista este ejidatario ya estar�a fraccionando un solar."
Y en la sesi�n de doce de julio de dos mil dos, en que fue aprobado el dictamen relativo a la iniciativa de ley de que se trata, se asent� lo siguiente:
"... IV. En desahogo de este punto del orden del d�a, el diputado presidente manifiesta que ya se ha tenido suficiente oportunidad de analizar el dictamen de m�rito, adem�s ha tenido la consulta y opiniones de los grupos involucrados, por otra parte manifiesta que se han incluido las observaciones hechas por algunos diputados integrantes de estas comisiones.
"Acto seguido, hace entrega de una copia del dictamen a cada uno de los diputados asistentes para su lectura y an�lisis.
"La diputada I.V., comenta que en el art�culo 246-F al final, en la �ltima l�nea, debe decir ?fraccionamiento o asentamiento humano.?
"El diputado J. manifiesta que dec�a ?asentamiento humano irregular?, pensando en dejar ?fraccionamiento irregular? y donde dice en cualquier caso se incrementar� entre 3 meses y 3 a�os, ser�a m�s adecuado de 3 meses a 3 a�os.
"El diputado F.L., observa en el segundo p�rrafo del art�culo 246-E, le parece que no es v�lido se defina que se entiende por fraccionar siempre y cuando deban formarse calles, porque no necesariamente se necesita una calle para fraccionar.
"El diputado P.A.�n, expresa que si generala duda con esto, habr�a que ver cu�l es el esp�ritu de esta ley, los asentamientos irregulares, normalmente ah� habr�a que tratar de definir bien para efectos de este t�tulo, qu� son asentamientos irregulares, en relaci�n con el Ayuntamiento de El Marqu�s, independientemente del trasfondo pol�tico que pudiera tener la resistencia a esta iniciativa que parece que ha espantado a muchos, en lo personal le preocupa mucho y le interesa el poder tener dentro de lo que es el C�digo Penal, para la autoridad en su momento detener todo el crecimiento irregular que tenemos, en el caso concreto de El Marqu�s, La Ca�ada, El Colorado, El Rodeo, Amazcala, C., cuentan con asentamientos irregulares y normalmente quien han estado al frente es alg�n tipo de dirigente de alg�n partido pol�tico, el problema para el Municipio que se enfrenta, es que ya est� el asentamiento, y qu� se hace, exigen servicios y a lo mejor dentro del plan municipal no est� contemplado esa zona y hay otras prioridades y siempre sirve de bandera pol�tica para todos, por lo que considera que esta reforma, ser�a una de las formas de proteger a los Municipios.
"Por parte del diputado J. Sent�es, agrega que el problema est� en que los l�deres mueven a la gente argumentando que les quieren quitar sus casas, cuando saben que esta reforma no puede tener efecto retroactivo, habiendo otro dato interesante y es que finalmente est�n ocupados el 30% de los predios y el resto est�n desocupados, y la manera de hacerlo en el futuro es complementar con un nuevo C�digo U., con autoridades municipales �giles, y dar un argumento de defensa a los Municipios. En cuanto al segundo p�rrafo, con lo que dice el primer p�rrafo, est� definido qu� es fraccionar, en lo de condominio proponiendo un cambio en cuanto a la redacci�n del segundo p�rrafo, eliminar lo de las calles y dejar: susceptibles de apropiaci�n por distintas personas, incluida la figura del r�gimen de propiedad en condominio porque �ste se caracteriza porque es una propiedad donde hay una serie de elementos de propiedad com�n, y una serie de unidades susceptibles de apropiaci�n en forma individual.
"En uso de la voz la diputada L.M., manifiesta en cuanto al C�digo U. s� habla de la definici�n de fraccionar, y para el tipo penal se ten�a que dar una definici�n m�s amplia para que no verse en la situaci�n de no poder accionar.
"El diputado presidente manifiesta ser�a m�s conveniente quitar el segundo p�rrafo del art�culo 246-E, porque en el primero especifica: lotes resultantes de fraccionar un predio para que sean o puedan ser destinados a tal cosa, sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio.
"Despu�s de haber expresado sus consideraciones al dictamen de m�rito cada uno de los diputados asistentes, el diputado presidente lo somete a votaci�n, siendo aprobado unanimidad de 6 votos, por lo que el diputado presidente declara: De acuerdo con el resultado de la votaci�n, se aprueba el dictamen de la iniciativa ..."
El dictamen relativo a la iniciativa de ley que adiciona y deroga diversas disposiciones del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, aprobado por las comisiones unidas, es el que se transcribi� en el cuadro precedente y claramente se observa que los cambios que sufri� obedecieron a las propuestas presentadas durante los debates y consultas que se realizaron en las sesiones de las comisiones unidas.
De igual forma, consta en los autos que en la sesi�n extraordinaria de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, celebrada el cinco de agosto de dos mil dos, se dio cuenta con el dictamen de la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro y deroga la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal citado, presentado por las C.ones Unidas de Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones y Administraci�n de Justicia.
Del contenido del acta de esa sesi�n, que en copia certificada se encuentra glosada a fojas cuatrocientos sesenta y tres a cuatrocientos sesenta y seis, se advierte que una vez le�do el dictamen y aprobada la propuesta para que se votara en la misma sesi�n, se pas� a su discusi�n en lo general con la participaci�n de diversos integrantes de la legislatura y una vez concluida la deliberaci�n, se determin�:
"... Posteriormente, y una vez discutido, se procede a su votaci�n en lo general, resultando 13 votos a favor y 10 en contra.
"Enseguida se somete a su discusi�n en lo particular, interviniendo la diputada I.V.J.�nez para proponer que se omitan las siete �ltimas palabras del segundo p�rrafo del art�culo 246-F, el cual habla respecto de las autorizaciones administrativas de uso de suelo y lotificaci�n.
"A continuaci�n se somete a votaci�n la propuesta formulada, resultando 13 votos a favor y 0 en contra. No habiendo m�s consideraciones, se procede a someter a votaci�n el dictamen en lo particular, resultando 13 votos a favor y 0 en contra.
"Por lo que de acuerdo con el resultado de la votaci�n y con fundamento en el art�culo 37 fracciones XII y XVI de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, se declara aprobado el dictamen y se instruye a efecto de que se emita el proyecto de ley correspondiente, se asiente en el libro de leyes y decretos de la legislatura y se turne a la C.�n Editorial, B. y Correcci�n de Estilo para que emita la minuta de lo aprobado, y hecho lo anterior, se env�e al titular del Poder Ejecutivo para su publicaci�n ..."
En esa misma fecha, la C.�n Editorial, B. y Correcci�n de Estilo de la Quincuag�sima Tercera Legislatura expidi� la minuta correspondiente el mismo cinco de agosto de dos mil dos, que en copia certificada corre agregada a los autos a fojas cuatrocientos sesenta y ocho, de cuyo an�lisis se advierte que los diputados integrantes de la comisi�n acordaron:
"... Acto seguido, despu�s de una revisi�n minuciosa del proyecto remitido, en cuanto a su redacci�n y estilo, los integrantes de esta comisi�n, acuerdan por unanimidad, aprobar en los mismos t�rminos en que fue enviada la minuta de lo aprobado en la referida sesi�n extraordinaria, con las consideraciones en ella vertidas. As� mismo, esta comisi�n considera pertinente, modificar la redacci�n para que en lugar de adicionar la fracci�n XX al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, se adicione la fracci�n XXII, ello en raz�n de que existen dos leyes, aprobadas anteriormente por el Pleno de esta Legislatura y pendientes de publicar por el Poder Ejecutivo, mismas en las que se adicionan la fracci�n XX y XXI respectivamente al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, luego entonces al mandar publicar la minuta de lo aprobado que nos ocupa, adicionando la fracci�n XX al citado precepto, �ste derogar�a a la fracci�n XX y XXI de las leyes aprobadas con anterioridad por esta legislatura, sin que �ste sea su esp�ritu.
"Despu�s de diversos comentarios al respecto, se aprueba por mayor�a de dos votos a favor y uno en contra del diputado M.A.R.V., que la minuta de lo aprobado y que motiva la presente sesi�n, quede de la siguiente manera:
"La Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, en uso de las facultades que le confieren los art�culos 40 y 41, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Q.�taro A., y
"Considerando
"...
"Que tomando en consideraci�n los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden, mismo que son producto del acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios que conforman este Poder Legislativo, as� como de las observaciones y aportaciones de los distintos gremios de abogados, desarrolladores de vivienda, profesionistas afines y miembros tanto de la Procuradur�a General de Justicia del Estado de Q.�taro, como del Poder Judicial; esta legislatura expide la siguiente:
"Ley que adiciona y deroga diversas disposiciones al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro y adiciona una fracci�n al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro. ..."
En el cuadro comparativo aparecen subrayados los cambios propuestos por la diputada que intervino en la sesi�n extraordinaria del Pleno y la correcci�n efectuada por la comisi�n citada.
La ley aprobada por la legislatura fue publicada en La Sombra de A., P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.�taro, correspondiente al veintitr�s de agosto de dos mil dos, exhibido por la parte actora y agregado a los autos a fojas sesenta y siguientes, con el texto que, en lo conducente, se reproduce en el cuadro comparativo precedente.
Los documentos citados tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 79, 93, fracci�n II, 129 y 130 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la presente acci�n de inconstitucionalidad en t�rminos de la parte final del art�culo 1o. de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de copias certificadas de documentos cuya formaci�n est� encomendada por la ley, dentro de los l�mites de su competencia, a funcionarios p�blicos y expedidos en el ejercicio de sus funciones.
En relaci�n con el concepto de invalidez planteado, el presidente de la C.�n de Gobierno de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, al rendir el informe justificado a nombre de la legislatura, expres� que s�lo existi� un dictamen expedido por las comisiones unidas y que fue ese mismo y no otro, como afirma la actora, el que se someti� a la discusi�n y votaci�n en la sesi�n plenaria del cinco de agosto de dos mil dos, y las diferencias entre el documento aprobado por el Pleno de la Legislatura y el texto publicado en el P.�dico Oficial, es una consecuencia l�gica, gramatical y jur�dica, de las diversas secuencias del proceso legislativo que no implican un acto ilegal o reprochable, cuanto m�s que la C.�n Editorial, B. y Correcci�n de Estilo de la propia legislatura, en uso de las facultades que le confieren los art�culos 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo, propuso una correcci�n exigida por la sistem�tica jur�dica, necesaria para la claridad de las leyes.
El Gobernador Constitucional del Estado de Q.�taro, al rendir el informe que le fue solicitado expuso, en relaci�n con este tema, que el texto publicado es id�ntico al enviado por la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado, para ese efecto.
El procurador general de la Rep�blica al desahogar la vista ordenada en auto de treinta de septiembre de dos mil dos, se�al� que si bien la iniciativa de reformas presentada por el gobernador y diversos diputados, ante el Congreso Local, fue modificada por las comisiones unidas y a su vez tuvo cambios al momento en que fue aprobada por el Pleno de la Legislatura, lo cierto es que la iniciativa de una ley no obliga al Congreso a respetar �ntegramente el proyecto original ni condiciona el sentido de la discusi�n y votaci�n, y las diferencias que se observan en el texto publicado obedecen a la correcci�n orogr�fica y de estilo efectuada por la comisi�n correspondiente, pero no se trata de textos distintos.
Ahora bien, el concepto de invalidez planteado por la parte actora por virtud del cual pretende demostrar que se viola la garant�a de legalidad prevista por el art�culo 16 de la Constituci�n F., porque el texto de la ley que se public� no fue el aprobado por el Pleno de la Legislatura ni el que se discuti� en la sesi�n plenaria fue el aprobado en las comisiones unidas, es infundado.
Es as�, porque de las transcripciones precedentes se advierte que la iniciativa de ley presentada por el gobernador constitucional y diputados integrantes de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, fue turnada a las C.ones Unidas de Administraci�n de Justicia y Desarrollo U., Obras P�blicas y C.ones donde, previa discusi�n y consulta a diversas organizaciones e instituciones p�blicas, se aprob� mediante un dictamen en el que se plasmaron las propuestas formuladas en las sesiones de las comisiones unidas, lo cual no constituye una irregularidad, si se toma en consideraci�n que las modificaciones al texto de la iniciativa es consecuencia l�gica del an�lisis, consulta y discusi�n de la propia iniciativa de ley; adem�s, de los documentos rese�ados se obtiene que el dictamen aprobado por las comisiones unidas fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Legislatura del Estado de Q.�taro, correspondiente al dieciocho de julio de dos mil dos, que en copia certificada obra a fojas noventa y tres y siguiente, y de su cotejo con el que se envi� al Pleno de la Quincuag�sima Tercera Legislatura mediante oficio DAL/569/02, que obra en los autos a fojas cuatrocientas cincuenta y siete y siguientes, se concluye que su contenido es precisamente el que fue sancionado por las comisiones unidas mediante el voto favorable de sus integrantes.
Asimismo, del acta de la sesi�n extraordinaria de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro que tuvo verificativo el cinco de agosto de dos mil dos, en la que se discuti� el referido dictamen, se advierte que la diputada I.V.J.�nez intervino para proponer una modificaci�n al texto del art�culo 246-F, consistente en la eliminaci�n de la frase "autorizaciones administrativas de uso de suelo y lotificaci�n" contenida en el segundo p�rrafo de ese numeral. Esta intervenci�n constituye una referencia directa y espec�fica al texto del dictamen aprobado por las comisiones unidas, de lo que se sigue que fue ese dictamen y no otro el que se discuti� en el Pleno de la Legislatura, hecho que se corrobora con la copia de la Gaceta Parlamentaria de la Quincuag�sima Tercera Legislatura correspondiente a la sesi�n plenaria de cinco de agosto de dos mil dos, en la que se contiene una rese�a de la sesi�n celebrada en esa fecha as� como la transcripci�n de los documentos con los que se dio cuenta, entre los que aparece el dictamen aprobado por las comisiones unidas.
Por otra parte, al confrontar el texto de la ley expedida por el Pleno de la Legislatura, con el de la ley publicada en el peri�dico oficial de la entidad del veintitr�s de agosto de dos mil dos, se llega a la conclusi�n de que es la misma.
No es obst�culo para arribar a esa conclusi�n que en la publicaci�n oficial aparezca que la fracci�n que se adiciona al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, es la n�mero XXII, cuando que fue aprobada como fracci�n XX, pues esa diferencia o aparente falta de congruencia entre los textos, a juicio de este Alto Tribunal es irrelevante, en primer lugar, porque obedeci� a los motivos expuestos en la minuta de la C.�n Editorial, B. y Correcci�n de Estilo, esto es, por existir dos leyes previamente aprobadas por virtud de las cuales fueron adicionadas las fracciones XX y XXI, respectivamente, al citado art�culo, pendientes de publicar en la fecha en que fue discutido el dictamen y aprobada la ley, y conforme al art�culo 89 del Reglamento de Gobierno Interior y de Debates del Poder Legislativo, la citada comisi�n tiene facultades para hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la sistem�tica y la claridad de las leyes; en segundo lugar, el contenido normativo aprobado por el Pleno de la Legislatura no sufri� cambio alguno, de modo que si la voluntad del legislador no fue alterada ni la modificaci�n trascendi� a la norma, procede concluir que la diferencia aludida por la parte actora de ninguna manera afecta la validez de la ley.
En ese orden de ideas, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de invalidez dirigidos a demostrar violaciones a la Constituci�n F. por irregularidades en el proceso legislativo, procede el an�lisis de los conceptos de invalidez relacionados con el contenido de la ley impugnada.
S�PTIMO. Los conceptos de invalidez dirigidos a demostrar que la ley impugnada viola diversos preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se estudiar�n atendiendo a su naturaleza y no en el orden en que se encuentran planteados en la demanda.
Por ello, en este considerando se analizar�n los conceptos de invalidez en los que se aduce la violaci�n al principio de divisi�n de poderes por parte de la Legislatura del Estado de Q.�taro, al legislar sobre materias que son facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n y de los Municipios.
El estudio de un concepto de esa naturaleza, que es propio de las controversias constitucionales, se justifica realizarlo en la acci�n de inconstitucionalidad que nos ocupa, con la finalidad de preservar la supremac�a constitucional, como lo estableci� este Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 81/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., diciembre de dos mil tres, p�gina quinientos treinta y uno, con el rubro y texto siguiente:
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACI�N AL PRINCIPIO DE DIVISI�N DE PODERES PUEDE SER MATERIA DE ESTUDIO EN UNA U OTRA V�A. La controversia constitucional, por su propia naturaleza, constituye un verdadero juicio entre los poderes, entes u �rganos que se precisan en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y si bien es cierto que la litis por regla general versa sobre la invasi�n a la esfera de competencia o atribuciones que uno de ellos considera afectada por la norma general o acto impugnado, lo cual implica la existencia de un inter�s leg�timo del promovente, tambi�n lo es que tal circunstancia no conlleva a establecer que ese tema sea exclusivo de ese medio de control de la constitucionalidad y que no pueda ser motivo de an�lisis en una acci�n de inconstitucionalidad, si las partes que hagan valer esta �ltima est�n legitimadas y sus planteamientos involucran la confrontaci�n de las normas impugnadas con diversos preceptos de la Constituci�n F., como el art�culo 49 que tutela el principio de divisi�n de poderes, por tratarse de una violaci�n directa a la Ley Fundamental. Por tanto, basta el inter�s gen�rico y abstracto de preservar la supremac�a constitucional, para realizar el examen aludido en una acci�n de inconstitucionalidad, sin que obste la circunstancia de que la violaci�n al citado principio tambi�n pudo haber sido materia de estudio en una controversia constitucional."
En esta jurisprudencia se establece que el estudio de la violaci�n al principio de divisi�n de poderes no es un tema exclusivo de la controversia constitucional y basta que quien lo haga valer en una acci�n de inconstitucionalidad est� legitimado y posea un inter�s gen�rico y abstracto, para que proceda su an�lisis en este medio de control de la constitucionalidad.
As�, se tiene que la parte actora aduce que con la aprobaci�n de las normas impugnadas el �rgano legislativo y el Ejecutivo del Estado invadieron la esfera de competencia del Municipio conferidas por la Constituci�n F. a este nivel de gobierno, ya que el ordenamiento de los asentamientos humanos y la planificaci�n integral del desarrollo urbano es facultad exclusiva del Municipio en t�rminos del art�culo 115, fracci�n V, en relaci�n con el art�culo 27, p�rrafo tercero, de la Constituci�n F. y, en el caso, se est�n tipificando conductas que son propias de las normas administrativas y de los reglamentos municipales.
Tambi�n consideran que se invade lacompetencia del Congreso de la Uni�n ya que conforme al art�culo 73, fracci�n XXIX-C, de la Constituci�n F., le corresponde en exclusiva expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con el objeto de cumplir con los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la propia Constituci�n, tanto es as�, que en ejercicio de esa facultad expidi� la Ley General de Asentamientos Humanos, en cuyas disposiciones no se faculta a las entidades federativas a tipificar como delitos conductas que trasgredan la normatividad que regula el desarrollo urbano, por el contrario, tanto de ese cuerpo normativo como de la Constituci�n F. otorgan a las autoridades y a los gobernados instrumentos para hacer efectiva la garant�a de igualdad para acceder a una vivienda digna y decorosa, la cual se ver� limitada cuando en ejercicio de ese derecho una pareja, una familia, un grupo de amigos, de campesinos o de ind�genas, promuevan la divisi�n o fraccionamiento de un predio para hacer viviendas o instalar comercios o industrias, sin haber solicitado las autorizaciones correspondientes, ya que conforme a la ley cuya nulidad se demanda estar�an cometiendo un il�cito lo que, a su vez, propiciar� abusos de la autoridad o la imposici�n de penas severas.
Contin�a se�alando la parte actora que los tipos penales que pretende establecer la ley impugnada rebasan el campo de conductas que son propias del derecho penal, tipificando hechos inherentes a los asentamientos humanos y al desarrollo urbano que corresponden a las leyes y reglamentos administrativos competencia exclusiva del Congreso de la Uni�n y de los Municipios, quienes mediante leyes y reglamentos han previsto las infracciones administrativas como la multa, la clausura y la suspensi�n de la obra para los casos de infracci�n de las normas que regulan el desarrollo urbano y los asentamientos humanos, lo cual debi� ser advertido por los �rganos legislativo y ejecutivo del Estado de Q.�taro, por lo que la legislaci�n que se combate carece de la debida fundamentaci�n y motivaci�n, pues al expedirla no se consider� lo que en la materia ya disponen reglamentos y leyes administrativas, adem�s de que fue expedida por una autoridad carente de facultades.
En relaci�n con estos conceptos de invalidez, la Legislatura del Estado de Q.�taro en su informe neg� que la expedici�n de la ley impugnada invada los �mbitos de competencia federal y municipal, pues los tipos penales no se contraponen con la facultad legislativa y reglamentaria que la Constituci�n F. otorga tanto al Congreso de la Uni�n como a los Ayuntamientos. Esto, en virtud de que la ratio legis de la norma cuestionada es arm�nica con la facultad coactiva del Estado para sancionar las conductas que lesionen el inter�s p�blico, la seguridad, la libertad o el patrimonio de los individuos, de las corporaciones y de la sociedad misma; adem�s, no tiene por objeto ni por efecto regular el uso del suelo ni intervenir en la tenencia de la tierra urbana por ser aspectos concernientes a los reglamentos administrativos, ni corresponde, por su naturaleza, a aquellas leyes que son propias del marco de concurrencia de la Federaci�n, los Estados y los Municipios, en materia de asentamientos humanos y los tipos que prev� no son de los que a la Federaci�n toca establecer; de modo que si corresponde a las legislaturas de los Estados establecer delitos distintos de los que interesan al ente federal como los previstos en el C�digo Penal F., las normas impugnadas en modo alguno invaden el �mbito de competencias que alude la actora.
El procurador general de la Rep�blica expres�, sobre el particular, que las normas combatidas no versan sobre la concurrencia de facultades entre los diversos niveles de gobierno en la materia se asentamientos humanos y desarrollo urbano, sino que es una disposici�n que tipifica y sanciona las conductas que lesionen el bien jur�dico tutelado, lo cual es facultad de la autoridad emisora en t�rminos del art�culo 124 de la Constituci�n F..
Para determinar la eficacia o no de estos motivos de invalidez, es necesario precisar lo siguiente:
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Art�culo 27. ...
"...
"La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana. En consecuencia, se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras p�blicas y de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; para preservar y restaurar el equilibrio ecol�gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los t�rminos de la ley reglamentaria, la organizaci�n y explotaci�n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque�a propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganader�a, de la silvicultura y de las dem�s actividades econ�micas en el medio rural, y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. ..."
"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y de los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n. ..."
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y Estatales relativas, estar�n facultados para:
"a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;
"b) Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;
"c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;
"d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
"e) Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;
"f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
"g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;
"h) Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aquellos afecten su �mbito territorial; e
"i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.
"En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; ..."
En la Ley General de Asentamientos Humanos se establece:
"Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico e inter�s social y tienen por objeto:
"I. Establecer la concurrencia de la Federaci�n, de las entidades federativas y de los Municipios, para la ordenaci�n y regulaci�n de los asentamientos humanos en el territorio nacional; ..."
"Art�culo 6o. Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n tiene el Estado, ser�n ejercidas de manera concurrente por la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, en el �mbito de la competencia que les determina la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."
"Art�culo 7o. Corresponden a la Federaci�n, a trav�s de la Secretar�a de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones:
"I.P. y coordinar la planeaci�n del desarrollo regional con la participaci�n que corresponda a los Gobiernos Estatales y Municipales;
"II. Coordinar las acciones que el Ejecutivo F. convenga con los Gobiernos Locales para el desarrollo sustentable de las regiones del pa�s;
"...
"VIII. Coordinarse con las entidades federativas y los Municipios, con la participaci�n de los sectores social y privado, en la realizaci�n de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, mediante la celebraci�n de convenios y acuerdos; ..."
"Art�culo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
"I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;
"...
"VI. Coordinarse con la Federaci�n, con otras entidades federativas y con sus Municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n;
"...
"XI. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas y de los programas estatales de desarrollo urbano, conforme lo prevea la legislaci�n local. ..."
"Art�culo 9o. Corresponden a los Municipios, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
"I.F., aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven, as� como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislaci�n local;
"...
"X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcci�n, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jur�dicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de �reas y predios;
"...
"XIII. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de �reas y predios en los t�rminos de la legislaci�n local. ..."
"Art�culo 60. Quienes propicien la ocupaci�n irregular de �reas y predios en los centros de poblaci�n, se har�n acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones jur�dicas aplicables."
En los preceptos constitucionales citados se establece la concurrencia de la Federaci�n, los Estados y los Municipios en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, lo que implica que estos niveles de gobierno pueden actuar respecto de un mismo rubro, en la forma y t�rminos en que lo establezca el Congreso de la Uni�n en la ley correspondiente.
Conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos corresponde a la Federaci�n participar junto con las entidades federativas y los Municipios en la realizaci�n de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano; los Estados tienen la facultad de legislar en esas materias atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constituci�n F. y coordinarse con la Federaci�n, con otras entidades federativas y con sus Municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n y, a los Municipios corresponde, en las materias de referencia, formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de poblaci�n y los dem�s que de �stos deriven, as� como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislaci�n local, as� como expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcci�n, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jur�dicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de �reas y predios.
En la misma ley se establece la facultad de los Estados y de los Municipios para imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas, planes y programas de desarrollo urbano, reservas, usos, destino de �reas y predios, en los t�rminos de la legislaci�n local; asimismo, precisa que quienes propicien la ocupaci�n irregular de �reas y predios en los centros de poblaci�n se har�n acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones jur�dicas aplicables.
En ese contexto, este Alto Tribunal considera que no le asiste la raz�n a la parte actora cuando aduce que la Legislatura del Estado de Q.�taro, al expedir la ley impugnada, invadi� la esfera de competencia de la Federaci�n y la de los Municipios.
Esto es as�, en primer lugar, porque las facultades concurrentes a que se refieren los preceptos de la Constituci�n F. y la Ley General de Asentamientos Humanos, en lo que ata�e a la esfera de competencia del Estado de Q.�taro, en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, se encuentran plasmadas en el C�digo U. del Estado de Q.�taro, donde el �rgano legislativo de esa entidad estableci� las normas conforme a las que el Gobierno Estatal y los Municipios ejercer�n sus atribuciones en las referidas materias.
En segundo lugar, la expedici�n de la ley impugnada por virtud de la cual se adicionaron diversas disposiciones al C�digo Penal del Estado de Q.�taro y al C�digo de Procedimientos Penales para esa entidad, tampoco invade la esfera de competencia de la Federaci�n y de los Municipios, porque con ella no se est� tipificando ning�n delito que correspondiera determinar a la Federaci�n, ni se est� regulando una infracci�n que por su naturaleza se ubique dentro de las atribuciones del Municipio.
Y al adicionarse los C�digos Penales sustantivo y adjetivo del Estado de Q.�taro para establecer los tipos que se contienen en los art�culos 246-E, 246-F y la calificativa regulada en el 246-G, la Legislatura del Estado de Q.�taro lo hizo en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constituci�n F. y la Constituci�n Estatal para legislar en lo concerniente a su r�gimen interno, en la que se encuentra inmersa la materia de delitos del orden com�n que tiende a tutelar valores distintos a los de las leyes o reglamentos administrativos en los que si bien se establecen infracciones administrativas y sanciones para ser aplicadas por la autoridad municipal, la propia Ley General de Asentamientos Humanos en su art�culo 60, dispone de manera clara que quienes propicien la ocupaci�n irregular de �reas y predios en los centros de poblaci�n se har�n acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones jur�dicas aplicables como las contenidas en el C�digo Penal del Estado de Q.�taro, entre otras.
En efecto, los art�culos 8o., fracci�n XI y 9o., fracci�n XIII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, facultan a los Estados y a los Municipios para imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas, planes y programas de desarrollo urbano, en los t�rminos de la legislaci�n local, procede concluir que el conjunto normativo al que remite dicha ley no puede ser otro que el C�digo U. y los reglamentos que de �l deriven, porque es en estos ordenamientos donde se establecen las infracciones administrativas a que alude la ley, as� como las facultades de esos niveles de gobierno para sancionarlas.
Y el art�culo 60 de la misma Ley General de Asentamientos Humanos establece que quienes propicien la ocupaci�n irregular de �reas y predios en los centros de poblaci�n se har�n acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones jur�dicas aplicables, diferenciando as� las conductas que dan lugar a la aplicaci�n de una sanci�n administrativa de aquellas que se castigan penalmente como las previstas en el c�digo sustantivo correspondiente que, en el caso, lo es el C�digo Penal del Estado de Q.�taro, lo que permite advertir la diferencia de trato que el legislador ha querido dar a las meras infracciones administrativas y a las conductas que se traducen en la ocupaci�n irregular de predios.
Por todo lo anterior, debe concluirse que si bien en materia de asentamientos humanos la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece la concurrencia de la Federaci�n, Estados y Municipios, ello no significa que la Legislatura del Estado de Q.�taro est� impedida para legislar, tipificando las conductas que describe la ley impugnada, porque tiene facultades para legislar en materia de delitos del orden com�n, lo que comprende a las conductas que atenten contra la seguridad en el desarrollo y en el orden urbano, como se desprende de la interpretaci�n relacionada de los preceptos citados, raz�n por la cual no se quebranta el principio de divisi�n de poderes, ni se invade la esfera competencial del Congreso de la Uni�n ni la de los Municipios, ya que las disposiciones que comprende no consigna normas cuya emisi�n corresponda a esos entes de gobierno.
En relaci�n con la afirmaci�n de la actora en el sentido de que el Congreso del Estado de Q.�taro, al expedir las normas combatidas restringe el derecho de los ciudadanos queretanos a la vivienda, cabe se�alar que tal argumento deviene infundado, porque lo legislado tipifica conductas antijur�dicas y no el derecho a la vivienda, como se ver� en el considerando d�cimo de esta resoluci�n.
OCTAVO. En otra parte aduce la actora que la adici�n y reforma al C�digo Penal para el Estado de Q.�taro era innecesaria, en virtud de que las conductas que sanciona ya se encontraban tipificadas en las leyes penales y reguladas en el C�digo U. de la propia entidad; sin embargo, con la ley impugnada se pretende establecer una distinci�n entre un asentamiento irregular y un asentamiento ilegal, pues el primero es el que no cumple con los requisitos establecidos en los art�culos 61, 62 y 63 del C�digo U., pero a partir de la reforma se le considera ilegal al tipificarlo como delito, lo que a juicio de los promoventes contraviene la garant�a de legalidad establecida en el primer p�rrafo del art�culo 16 de la Constituci�n F..
El concepto de invalidez es infundado.
El principio de legalidad contenido en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su expresi�n gen�rica, consiste en que todo acto o procedimiento jur�dico llevado a cabo por las autoridades debe estar apoyado en una norma; alude tambi�n a la conformidad entre toda norma o acto inferior con respecto a la norma superior que le sirve de fundamento, y comprende a las relaciones entre el reglamento y la ley, as� como entre la ley y la Constituci�n.
Trat�ndose de los actos del legislador, la garant�a de legalidad se refiere tanto a la competencia del �rgano que emiti� la ley como a las disposiciones de observancia general que expida, las cuales deber�n comprender conductas que socialmente requieren ser reguladas y generen certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jur�dicas de sus actos y, trat�ndose de normas que confieran algunafacultad a una autoridad, acoten en la medida necesaria y razonable esa atribuci�n, en forma tal que se impida la actuaci�n arbitraria o caprichosa; del mismo modo el legislador local debe observar el contenido del art�culo 14, p�rrafo tercero, de la Constituci�n F., que consagra el principio de legalidad en materia penal, el cual proscribe la analog�a o mayor�a de raz�n en la imposici�n de las penas.
Este Alto Tribunal considera que la ley impugnada respeta la garant�a de legalidad, por lo siguiente:
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en lo conducente:
"Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Rep�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."
"Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n F. y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.."
"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federaci�n y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. ..."
"Art�culo 116. El Poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ...."
"Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito a los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:
"I. Las leyes de un Estado s�lo tendr�n efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podr�n ser obligatorias fuera de �l. ..."
"Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
Por su parte, la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, precept�a:
"Art�culo 23. El poder p�blico del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ..."
"Art�culo 24. El poder Legislativo se deposita en una asamblea que se nombrar� Legislatura del Estado, integrada por representantes populares denominados diputados, los que ser�n electos cada tres a�os. Por cada diputado propietario se elegir� un suplente."
"Art�culo 41. Son facultades de la legislatura:
"...
"XXXI. Legislar sobre todo aquello que la Constituci�n de los Estados Unidos Mexicanos no conceda expresamente al Congreso de la Uni�n; y ..."
De esos preceptos se desprende que en nuestro sistema jur�dico los Estados pueden legislar sobre toda materia que no se encuentre expresamente reservada a la Federaci�n; trat�ndose de delitos, le corresponde determinar los delitos y faltas contra la Federaci�n y a los Estados expedir las leyes penales sobre delitos del orden com�n; de donde, si la Legislatura del Estado de Q.�taro cuenta con facultades para expedir leyes que, como la impugnada, tipifiquen conductas consideradas lesivas de los bienes jur�dicos de la persona, de las instituciones o de la sociedad, en modo alguno se contraviene la garant�a de legalidad.
De igual forma, no se contraviene al aludido principio por el hecho de que la legislatura, en ejercicio de sus atribuciones, adicionara al C�digo Penal de la entidad el t�tulo octavo relativo a los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, para sancionar a quien por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sea destinado para vivienda, comercio o industria, as� como a quienes instiguen o dirijan la conformaci�n de asentamientos humanos irregulares en inmuebles divididos o lotificados, sin contar con las autorizaciones expedidas para ese fin por las autoridades competentes, porque se trata de conductas que socialmente requieren ser reguladas, conforme a valoraciones de �ndole cultural, social, econ�mico y jur�dico, para proteger la seguridad y el orden en el desarrollo urbano.
Y si bien en la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, derogada con la reforma, se consideraba como delito equiparado al fraude al que por s� o por interp�sita persona cause perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existiendo �ste no se hayan satisfecho los requisitos en �l se�alados; la finalidad de la ley impugnada es la de regular como delitos aut�nomos las conductas que describe as� como precisar el hecho o la conducta que se considera delictiva, delimitando el contenido, esencia, alcance y l�mites del tipo penal, lo que tambi�n se ajusta a las exigencias de la garant�a de legalidad.
En otro aspecto, es verdad que el C�digo U. para el Estado de Q.�taro tiene por objeto establecer las normas en materia de asentamientos humanos, fraccionamientos, lotificaciones y divisiones de terrenos, conjuntos habitacionales, comerciales e industriales, uso y destino de los predios, licencias o los permisos de construcci�n y ocupaci�n del suelo, as� como las infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento de las normas que establece el propio C�digo, como se desprende de los art�culos que a continuaci�n se transcriben:
"Art�culo 1o. Las normas de este c�digo son de orden p�blico e inter�s social, por lo que sus disposiciones son de observancia general en todo el Estado, y tienen por objeto:
"...
"I. Regular la planeaci�n, fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n en el Estado de Q.�taro.
"...
"V. Establecer los requisitos para la autorizaci�n de los diferentes tipos de fraccionamientos y desarrollos.
"...
"X. Establecer las normas y procedimientos generales para regular las construcciones en el Estado de Q.�taro, as� como las reglas a que deber�n sujetarse todas las obras relacionadas con aqu�llas, p�blicas o privadas, que se ejecuten en terrenos de propiedad particular o en la v�a p�blica, as� como las que regulen el uso de los servicios p�blicos en las construcciones, el uso de predios y construcciones o estructuras, y los procedimientos generales para obtenci�n de licencia de construcci�n y permiso de ocupaci�n de la v�a p�blica. ..."
"Art�culo 61. La ordenaci�n de los asentamientos humanos se llevar� a cabo mediante la planeaci�n y regulaci�n de las acciones tendientes a la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n y conforme lo previenen los planes a que se refiere este c�digo."
"Art�culo 70. Para el efecto de ordenar y regular el desarrollo urbano, el territorio del Estado se clasifica en:
"I. �reas urbanas;
"II. �reas Urbanizables;
"III. �reas no urbanizables, y
"IV. �reas de provisiones, reservas, usos y destinos."
"Art�culo 163. La persona que pretenda dividir o lotificar un predio, deber� solicitar autorizaci�n ante el Ayuntamiento que corresponda, adjuntando a la solicitud los documentos que se�ale el reglamento."
"Art�culo 164. Recibida la solicitud, el Ayuntamiento o la Secretar�a de Desarrollo U., Obras P�blicas y Ecolog�a, proceder� en lo conducente, conforme a lo dispuesto en �ste cap�tulo para los fraccionamientos."
"Art�culo 165. La autoridad competente, previo comprobante del pago de los derechos e impuestos establecidos en las leyes federales, otorgar� la aprobaci�n del proyecto de lotificaci�n y de la licencia para las obras de urbanizaci�n, indicando que deber�n sujetarse a las normas y especificaciones de las dependencias u organismos que proporcionar�n los servicios."
"Art�culo 166. Concluidas las obras y previa comprobaci�n de que se ajustan al proyecto y a las especificaciones de licencia de obra, el Ayuntamiento o la Secretar�a de Desarrollo U., Obras P�blicas y Ecolog�a, otorgar� la autorizaci�n para la venta de los lotes, aplicando en lo conducente las disposiciones contenidas en este c�digo."
"Art�culo 501. Son conductas constitutivas de infracci�n las que se lleven a cabo para:
"I. Realizar cualquier tipo de obras o instalaciones, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente de la autoridad competente.
"II. Continuar ejerciendo los derechos derivados de un permiso al vencerse el t�rmino del mismo, sin haber obtenido su renovaci�n.
"III. Efectuar obras, instalaciones o realizar cualquier otro acto que modifique o altere las condiciones que sirvieron de base para conceder el permiso o que contravengan las disposiciones en �l contenidas.
"IV. Llevar a cabo la ejecuci�n de obras o instalaciones de cualquier naturaleza en lugares expresamente prohibidos para ellos.
"V.C. da�os o bienes de propiedad estatal o privada, con motivo de la ejecuci�n de cualquier tipo de obras o instalaciones de las reguladas por este ordenamiento.
"VI. No cumplir con las resoluciones de la autoridad administrativa que ordenen suspender, derribar, desarmar, demoler o retirar la obra o instalaci�n, en el plazo se�alado para tal efecto o, dejar de cumplir cualquier medida de seguridad ordenada por la autoridad competente en uso de las atribuciones que est� c�digo le confiera.
"VII. Impedir al personal autorizado por la autoridad competente la realizaci�n de inspecciones que en los t�rminos del presente se hubieren ordenado.
"VIII. Realizar actos, celebrar contratos o convenios, obtener la prestaci�n de un servicio o procur�rselo a un tercero, hacer uso de instalaciones, tomas, caminos, fluidos, sin cumplir con los requisitos ni observar las normas de seguridad y protecci�n que al efecto se�ale este c�digo y su reglamento, as� como las dem�s disposiciones aplicables.
"IX. En general, llevar a cabo cualquier acto en contravenci�n a las disposiciones del presente c�digo y su reglamento, y de los planes y programas de desarrollo urbano, o que por cualquier motivo causen o puedan causar da�os a los ecosistemas o que pongan en riesgo la salud p�blica o la seguridad de la poblaci�n."
"Art�culo 503. Son sanciones administrativas:
"I.A.�n.
"II. Suspensi�n de funciones.
"III. S.�n del cargo.
"IV. Multa.
"V.C., temporal o definitiva, parcial o total de obras, instalaciones y, en su caso, servicios.
"VI. Suspensi�n de obras, instalaciones y, en su caso, servicios.
"VII. Arresto administrativo.
"La autoridad administrativa podr� imponer, en un s�lo acto y a una misma persona, f�sica o moral, en forma acumulativa, una o m�s de las sanciones previstas en este art�culo, atendiendo a la gravedad del caso espec�fico y a las infracciones cometidas."
De estas disposiciones se advierte que los requisitos administrativos contemplados en el C�digo U. para la obtenci�n de las autorizaciones para la construcci�n de fraccionamientos o la divisi�n de terrenos y la consecuente venta de lotes, tiene como finalidad esencial garantizar que los terrenos que sean fraccionados o divididos sean utilizados al uso al que est�n destinados por ser factible la dotaci�n de servicios p�blicos y no existe impedimento para que los adquirentes obtengan el t�tulo de propiedad correspondiente.
As�, pues, el C�digo U. establece las bases para el desarrollo urbano y en materia de asentamientos humanos, fraccionamiento y divisi�n de lotes busca que �stos se lleven a cabo mediante la planeaci�n y regulaci�n de las acciones tendientes a la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n y conforme lo previenen los planes a que se refiere el propio c�digo, y las infracciones que prev� por inobservancia a sus disposiciones as� como las sanciones que puede aplicar la autoridad, son acordes con la naturaleza del ordenamiento
Y las normas impugnadas si bien se refieren a los asentamientos humanos y a los fraccionamientos, que se encuentran comprendidos en la materia de desarrollo urbano, buscan garantizar el orden y la seguridad en ese desarrollo urbano sancionando las conductas que atentan en su contra poniendo en riesgo el equilibrio ecol�gico y las condiciones generales de salud, valores reconocidos por nuestra legislaci�n nacional, de lo que se sigue que el bien jur�dico tutelado es la seguridad y el orden en ese desarrollo urbano.
De modo que si el C�digo U. tutela el desarrollo urbano, mientras que la ley impugnada la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, no puede aceptarse, como lo pretende la parte actora, que esta �ltima resulte innecesaria, si se toma en consideraci�n que se trata de dos facetas o campos del mismo elemento social; adem�s, la conducta que tipifica la ley impugnada no se encuentra expresamente contemplada en el citado c�digo como infracci�n, lo que se entiende si se toma en consideraci�n la naturaleza del propio c�digo y la entidad de la conducta.
Por ello, tampoco es verdad que la ley impugnada pretenda establecer una distinci�n entre un asentamiento irregular y un asentamiento ilegal, al tipificar como delito el incumplimiento de los requisitos establecidos por el C�digo U..
Esto es as� porque desde el punto de vista jur�dico no existe diferencia alguna entre un asentamiento irregular y un asentamiento ilegal, puesto que los calificativos irregular o ilegal se refieren a una misma realidad que es el incumplimiento a las normas establecidas por el C�digo U. del Estado de Q.�taro en materia de asentamientos humanos y fraccionamientos. En efecto, las conductas o actos de las personas pueden calificarse de legales o ilegales, l�citos o il�citos, seg�n se trate de actos u omisiones que se encuentran conforme a la ley, o de conductas que violan los deberes prescritos por la norma, lo cual comprende la forma positiva (acci�n) y la negativa (omisi�n).
En ese contexto, la irregularidad o ilegalidad de un asentamiento humano o de un fraccionamiento obedece a la ausencia de la autorizaci�n expedida por la autoridad competente para el establecimiento de uno u otro y su tipificaci�n obedece a la necesidad de garantizar el orden y la seguridad en el desarrollo urbano, sin que por ello se est� diferenciando a uno del otro, en la forma como lo se�ala la parte actora.
NOVENO. Tambi�n aduce la parte actora que se viola la garant�a de audiencia y el principio de certeza jur�dica en materia penal, en perjuicio de los habitantes del Estado de Q.�taro, al establecer tipos penales en forma oscura e imprecisa.
Que la ley impugnada tipifica meras pretensiones de conducta, transgrediendo los principios elementales del derecho penal al considerar como delito una simple promesa de realizar algo, pues esto constituye un hecho futuro que puede no materializarse, cuando que el derecho penal regula conductas, acciones u omisiones que tienen un resultado material.
Que desatiende el concepto de asentamiento humano establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, al conceptuarlo como aquel grupo de personas que se establezca o pretenda establecer en forma irregular en un inmueble dividido o lotificado para destinarlo a la vivienda, por lo que bastar� la reuni�n de dos personas con esa intenci�n para que se configure el il�cito, lo que viola el principio de legalidad previsto en la Constituci�n que impone a las leyes, sobre todo las de �ndole penal, establecer los tipos y las penas de manera concreta.
Ahora bien, no obstante que los preceptos impugnados se transcribieron con anterioridad, se estima oportuno hacer una nueva cita, para confrontar su contenido con este motivo de invalidez.
"Art�culo 246-E. Al que por s� o por interp�sita persona transfiera o prometa transferir la posesi�n, la propiedad, o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes, se le aplicar�n de 2 a 8 a�os de prisi�n y de 120 hasta 400 d�as de multa.
"No se considerar� fraccionamiento irregular, para los efectos de este t�tulo, cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesi�n de partes de un inmueble a sus descendientes, pero �stos deber�n cumplir las normas aplicables seg�n el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor o para ceder sus derechos a terceros."
"Art�culo 246-F. Se aplicar�n de 4 a 10 a�os de prisi�n y de 180 hasta 500 d�as multa a los autores intelectuales y a quienes instiguen o dirijan la conformaci�n de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular o a los funcionarios p�blicos que realicen actos u omisiones para alentar o permitir un asentamiento irregular.
"Para los efectos de este t�tulo, se entiende por asentamiento humano irregular un grupo de personas que se establezcan o pretendan establecerse en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes y por fraccionamiento irregular cualquier divisi�n de un predio en lotes sin tener autorizaciones administrativas correspondientes."
"Art�culo 246-G. La pena de prisi�n se incrementar� hasta en una mitad de m�s cuando las conductas previstas en el presente cap�tulo se realicen sobre �reas protegidas o de preservaci�n ecol�gica o en zonas no consideradas aptas para vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano respectivos.
"En cualquier caso, la sanci�n se incrementar� de 3 meses a 3 a�os, si el sujeto activo obtuvo cualquier beneficio de car�cter patrimonial por el delito cometido, sin perjuicio de la reparaci�n del da�o ocasionado."
Los conceptos de invalidez son infundados, por las razones que enseguida se exponen:
El principio de legalidad en materia penal no s�lo obliga al legislador a declarar que un hecho es delictuoso, sino tambi�n a que describa con claridad y precisi�n el hecho o conducta que considera delictiva, descripci�n que no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. De igual forma, es necesario precisar que el referido principio no excluye la labor del juzgador de interpretar la norma que va a aplicar para determinar su significado, y confrontar los hechos y las pruebas con la norma de que se trata.
En ese contexto se estima que los tipos penales que prev�n los art�culos 246-E y 246-F del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro se encuentran redactados en forma clara y precisa y contienen todos los elementos que integran los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano; asimismo, las calificativas contempladas en el art�culo 246-G, cumplen con la citada garant�a al precisar en qu� casos y bajo qu� condiciones se aplicar� una pena mayor.
En efecto, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 246-E se tiene:
1. Tipo objetivo.
1.1 Conducta: La conducta que tipifica este precepto es la transferencia o promesa de transferir la posesi�n, la propiedad, o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio oindustria, sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes.
Las frase "transfiera o prometa transferir la posesi�n, propiedad, o cualquier otro derecho" significa que un sujeto entrega a otro o promete hacerlo, la propiedad o posesi�n o cualquier otro derecho sobre un lote o m�s lotes; de esta manera la transferencia o promesa de transferir es una acci�n en estricto sentido como comportamiento que realiza el agente para entregar a otro u otros los derechos de propiedad o posesi�n o alg�n otro, sobre uno o m�s lotes. La expresi�n "resultantes de fraccionar un predio" implica que el lote o lotes cuya propiedad o posesi�n se transfiera o prometa transferir, haya o hayan formado parte de un predio mayor. El tipo requiere que la transferencia o promesa de transferir sea posterior a la divisi�n del predio del que formaban parte, pues exige que el lote o lotes sean el resultado de fraccionar un predio, lo que supone que esta acci�n ha sido previa a la transferencia o promesa de transferir. La expresi�n "para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria" se refiere al destino del o los lotes materia de la transferencia o de su promesa, estableciendo concretamente el uso que se d� o vaya dar a tales bienes. Y la frase "sin contar con la autorizaci�n para transferir expedida por las autoridades competentes" se refiere a la falta de autorizaci�n para la divisi�n de un predio por parte de la autoridad competente, esto es, cuando el sujeto o sujetos que realizan la transferencia o la promesa de transferir uno o m�s lotes no cuentan con la autorizaci�n para fraccionar un predio y que a consecuencia de esa divisi�n se determinen lotes que sean o puedan ser destinados para los usos se�alados en el propio precepto.
1.2 El delito es de resultado material y se consuma en el momento en que se transfiere o promete transferir la posesi�n o propiedad, o cualquier otro derecho; en consecuencia, el resultado comprende que los derechos de posesi�n, propiedad o cualquier otro sobre el otro, han pasado a la esfera patrimonial del sujeto pasivo en forma escrita o verbal o cuando se ha exteriorizado la promesa de transferirlo. El tipo admite la tentativa en el caso de la transferencia si no se consuma por causas ajenas a la voluntad del o los sujetos activos.
1.3 Siendo el tipo de resultado material se requiere que entre las conductas realizadas y el resultado exista una relaci�n tal que sea posible establecer que el resultado fue producido por la acci�n; esto es, se necesita de una relaci�n causal entre conducta y resultado que sea relevante para producir el delito de acuerdo a lo establecido por la norma, de su finalidad protectora del bien jur�dico tutelado.
2. Tipo subjetivo. El delito es doloso (dolo directo), significa que el sujeto activo debe conocer y querer los elementos objetivos pertenecientes al tipo.
3. Sujeto activo. El tipo es unisubjetivo pues lo puede realizar cualquier persona.
4. Sujeto pasivo. Cualquier persona.
5. Objeto material. El desarrollo urbano, el patrimonio de las personas.
6. El bien jur�dico tutelado. La seguridad y el orden en el desarrollo urbano y el patrimonio de las personas.
En cuanto al tipo previsto por el art�culo 246-F, se observa claramente que:
1. Tipo objetivo.
1.1 Conducta: La conductas t�picas previstas en este precepto son:
1.1.1 Instigar o dirigir la conformaci�n de un asentamiento humano irregular.
1.1.2 Promover un fraccionamiento irregular.
1.1.3 Realizar actos u omisiones, en el caso de funcionarios p�blicos, para alentar o permitir un asentamiento irregular.
El tipo de que se trata requiere para su conformaci�n que uno o m�s sujetos promuevan o conduzcan la conformaci�n de un asentamiento humano irregular. Los vocablos "instiguen o dirijan" significan, el primero, la acci�n de incitar o inducir a otro u otros para que haga o hagan una cosa; el segundo, guiar hacia un determinado fin, la inducci�n o instigaci�n a la comisi�n de un delito, precisa una actividad desplegada por el autor sobre el instigado, encaminada a determinar a �ste a la ejecuci�n de un cierto hecho delictuoso, excluy�ndose, por tanto, la mera proposici�n, pues el instigar o inducir requiere de una actividad de tipo intelectual que lleve como finalidad el convencer y mover la voluntad ajena pleg�ndola a la del propio inductor o instigador para que el autor material lo ejecute en beneficio de aqu�l. La frase "la conformaci�n de un asentamiento humano" implica el establecimiento de un grupo de personas en un lugar determinado. La palabra "irregular" supone el incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley o la falta de autorizaci�n expedida por la autoridad competente para que ese grupo de personas se instale o establezca en un determinado lugar. El vocablo "promuevan" significa iniciar o activar determinada acci�n con un fin espec�fico. La frase "un fraccionamiento irregular" implica la divisi�n de un predio sin contar con la autorizaci�n correspondiente. La oraci�n "los funcionarios p�blicos que realicen actos u omisiones para alentar o permitir un asentamiento irregular" se refiere, por una parte, a la calidad del sujeto activo que debe ser un empleado p�blico, pero no cualquier trabajador de la administraci�n federal, estatal o municipal, sino aquellos cuyas funciones se vinculan o relacionan de forma directa o indirecta con el desarrollo urbano, asentamientos humanos, divisi�n o fraccionamiento de predios, que a trav�s de una conducta o una omisi�n favorezca el resultado previsto por el precepto.
El tipo previsto en este precepto comprende tambi�n la autor�a intelectual que es la determinaci�n consciente de un sujeto para inducir a otro u otros la realizaci�n de la conducta t�pica establecida en la norma, mediante consejos, proposiciones o ayuda material o econ�mica.
1.2 Este delito es de resultado material y se consuma en el momento en que se realizan las conductas descritas en la norma, esto es, cuando con la realizaci�n de determinadas acciones concretas se busque la formaci�n de un grupo de personas y su establecimiento en un lugar determinado, sin la autorizaci�n correspondiente o cuando se divida un predio en lotes sin tener la autorizaci�n expedida por la autoridad competente y que unas y otras tengan fines de vivienda, comercio o industria.
1.3 La adecuaci�n t�pica en estos delitos est� condicionada a que la realizaci�n de las conductas haya producido el resultado correspondiente y que sea objetivamente imputable a los agentes en su faceta de autor�a intelectual o material como consecuencia de su acci�n, es decir, la consumaci�n de estos delitos depende de la producci�n del resultado t�pico, bajo las condiciones de prohibici�n establecidas en la norma que da contenido a los tipos penales establecidos en el precepto. De esa manera las conductas y el resultado no se hayan desvinculados, sin conexi�n de causalidad, sino que han de tener una cierta relaci�n rec�proca para que el resultado pueda ser imputado a su autor como consecuencia de su acci�n.
2. Tipo subjetivo. El delito es doloso (dolo directo), significa que el sujeto activo debe conocer y querer los elementos objetivos pertenecientes al tipo.
3. Sujeto activo. Unisubjetivo, pues las conductas las puede realizar cualquier persona y calificado cuando se trate de las conductas prohibidas a los funcionarios p�blicos.
4. Sujeto pasivo. Cualquier persona.
5. Objeto material. El desarrollo urbano, el patrimonio de las personas.
6. El bien jur�dico tutelado. La seguridad y el orden en el desarrollo urbano y el patrimonio de las personas.
Adem�s, los tipos descritos son objetivos pues se integran con la realizaci�n de los hechos externos del sujeto o sujetos, perceptibles a trav�s de los sentidos y demostrables mediante pruebas directas.
Y en el art�culo 246-G se establecen dos calificativas a saber:
Cuando las conductas se realicen sobre �reas protegidas o de preservaci�n ecol�gica o en zonas no consideradas aptas para la vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano.
Cuando el sujeto activo obtenga un beneficio de car�cter patrimonial.
Tales calificativas, precisan en forma clara los supuestos en que se aplicar� una pena mayor. Ahora bien, la determinaci�n de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro al establecer esas calificativas en modo alguno contraviene las garant�as tuteladas por la Constituci�n F., puesto que en nuestro sistema penal adem�s de establecerse tipos simples, tambi�n se prev�n tipos calificados atento a circunstancias concretas que aumentan la antijuricidad de la conducta y al bien jur�dico protegido, como es el caso de las �reas protegidas o de preservaci�n ecol�gica cuya preservaci�n ata�e al inter�s p�blico; o las zonas consideradas no aptas para la vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano, en la que tambi�n aparece el inter�s general de la sociedad, ya que de acuerdo con los art�culos 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos, y 40, 41, 61 y 70 del C�digo U. del Estado de Q.�taro, la ordenaci�n de los asentamientos humanos se llevar� a cabo mediante la planeaci�n y regulaci�n de las acciones tendientes a la fundaci�n, conservaci�n y crecimiento de los centros de poblaci�n, conforme lo previenen los planes de desarrollo urbano, en los que para el efecto de ordenar y regular el desarrollo urbano se determinan las �reas urbanas, urbanizables, no urbanizables, de previsi�n, de reservas, usos y destinos, dentro de las que se encuentran las �reas de conservaci�n que son aquellas cuyo subsuelo se haya visto afectado por fen�menos naturales o por explotaciones de cualquier g�nero, que representen peligro permanente o accidental para los asentamientos humanos; y en cuanto al �ltimo supuesto que se prev� como calificativa, consistente en que el sujeto activo obtenga cualquier beneficio de car�cter patrimonial por la conducta cometida, tiende a evitar que el sujeto activo se aproveche de la necesidad o ignorancia de las personas; es por eso que el legislador estatal en su tarea de acu�ar las figuras t�picas, no s�lo tom� en consideraci�n las conductas productoras de un da�o para el objeto material o para el bien jur�dico tutelado, sino tambi�n aquellas otras que implican un da�o mayor al individuo, la familia, la sociedad, el Estado y al g�nero humano, tipific� las calificativas para proteger la pluralidad de bienes y personas que se encuentran inmersos en la norma.
Por tanto, las disposiciones materia de an�lisis no propician incertidumbre o inseguridad jur�dica, como lo pretende hacer ver la parte actora.
Tampoco se transgrede la garant�a que invoca la parte actora por el hecho de que la ley, cuya invalidez demanda, tipifique la promesa de transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes.
En efecto, este Alto Tribunal estima que la expresi�n "prometa transferir la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho" que contempla el art�culo 246-E, p�rrafo primero, se refiere a una situaci�n concreta y espec�fica, determinable en el tiempo y en sus circunstancias particulares de ejecuci�n, con independencia de la realizaci�n futura del acto prometido, pues no debe confundirse el acto que se prometi� realizar, con la promesa misma que constituye el comportamiento humano sancionado por la ley penal, por lo que al preverse tal conducta no se transgrede la garant�a de exacta aplicaci�n de la ley penal, porque en la hip�tesis normativa creada por el legislador local se contienen expresiones y conceptos claros, precisos y exactos al prever las penas y describir las alternativas conductuales t�picas que lo actualizan, a saber, que el sujeto activo lo haga sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio e incluye todos los elementos, caracter�sticas y condiciones como lo es la carencia del previo permiso de la autoridad administrativa correspondiente necesario. De igual manera, el legislador local en el precepto en comento observ� el contenido del art�culo 14, p�rrafo tercero, constitucional, que consagra el principio de legalidad en materia penal, el cual responde al diverso de nullum crimen nulla poena sine lege, que proscribe precisamente a la analog�a o mayor�a de raz�n en la imposici�n de penas por delitos, pues s�lo una defectuosa t�cnica en la delimitaci�n de tipos en leyes penales traer�a como consecuencia su colisi�n con el principio de legalidad, como el caso en que no se encuentre en las descripciones legales alg�n elemento del tipo.
En otro aspecto, no es verdad que la ley impugnada desatienda el concepto de asentamiento humano establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, por el hecho de que lo concept�a como el grupo de personas que se establezca o pretenda establecer en forma irregular en un inmueble dividido o lotificado para destinarlo a la vivienda, con lo que, a juicio de la parte actora, bastar�a la reuni�n de dos personas con esa intenci�n para la configuraci�n del il�cito.
Cabe precisar que la Ley General de Asentamientos Humanos en la fracci�n II del art�culo 2o., define al asentamiento humano como:
"El establecimiento de un conglomerado demogr�fico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un �rea f�sicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran."
Por su parte, el segundo p�rrafo del art�culo 246-F del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, establece:
"Para los efectos de este t�tulo, se entiende por asentamiento humano irregular un grupo de personas que se establezcan o pretendan establecerse en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes ..."
De los conceptos transcritos, se advierte que tanto la ley como el C�digo Penal estatal dan un concepto de asentamiento humano, que en un primer an�lisis pueden resultar distintos, pero no debe perderse de vista que uno y otro ordenamiento persiguen fines diversos, tan es as� que en el concepto dado por la ley de asentamientos humanos se incorporan elementos sociol�gicos (sistemas de convivencia) y urban�sticos (obras materiales), lo que no ocurre con la definici�n contenida en la ley impugnada, que emplea t�rminos objetivos para establecer la conducta en el �mbito del derecho penal.
No obstante que la diferencia apuntada obedece a la naturaleza de las legislaciones de las que forman parte, debe destacarse que ambas se refieren a la reuni�n o agrupaci�n de personas, dado que las palabras asentamiento y conglomerado participan del mismo significado, como se lee en el Diccionario de la Lengua Espa�ola de la Real Academia Espa�ola, decimonovena edici�n, Madrid, mil novecientos setenta, tomo II, p�gina trescientos cuarenta y cinco, tomo I, p�gina ciento treinta, tomo III, p�gina seiscientos ochenta y tres:
"Conglomerado, da. (Del lat. Conglomeratus) p.p. ... 3. m. Efecto de conglomerar."
"Conglomerar. (Del lat. Conglomerare) tr. Aglomerar. ... 3. Unir o agrupar..."
"Asentamiento. ... 9. Instalaci�n provisional por la autoridad gubernativa, de colonos o cultivadores, en tierras destinadas a expropiarse ..."
"Grupo. ... Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente considerado ..."
De ah� que la ley impugnada al dar la definici�n de asentamiento humano irregular se refiere precisamente a lo que en su expresi�n general se entiende por tal, esto es, el grupo de personas que, en el caso concreto, se establezcan o pretendan establecer en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes.
Del mismo modo, la ley impugnada no viola la garant�a de audiencia en perjuicio de los habitantes del Estado de Q.�taro, porque el art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no impone al legislador la obligaci�n de escuchar a los gobernados previamente a la expedici�n de una ley, pues el ejercicio de la atribuci�n conferida al �rgano legislativo se ver�a seriamente limitada al obligarle a efectuar procesos de consulta a la ciudadan�a, cuando que, en un Estado democr�tico y representativo, el legislador tiene precisamente la facultad de dictar leyes sobre relaciones que requieren ser jur�dicamente reguladas con la �nica exigencia que las leyes que expida se ci�an a los preceptos de la Constituci�n F.. Sobre este mismo punto, debe se�alarse que el hecho de que la Legislatura del Estado de Q.�taro haya consultado con diversas organizaciones sociales e instituciones p�blicas, ello no implica que debiera hacerla extensiva a los ciudadanos de la entidad para, de esa manera, estimar satisfecha la garant�a de audiencia, pues ese proceso de consulta puede o no darse en un proceso legislativo y, de existir, su funci�n es la de enriquecer el trabajo legislativo, pero no como un ejercicio parcial o total que implique a la garant�a de audiencia en la forma y t�rminos en los que el Constituyente permanente la concibi� e impuso a la autoridad previo a la afectaci�n de alg�n derecho a los gobernados.
En efecto, en el procedimiento legislativo regulado por los t�tulos s�ptimo y octavo de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Q.�taro no se prev� un mecanismo de consulta a la ciudadan�a durante el proceso de discusi�n de un iniciativa de ley, y si bien los art�culos 61 y 66 establecen que las comisiones podr�n solicitar la comparecencia de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, de organismos descentralizados o de funcionarios municipales, as� como la presencia de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o de un consejero del Instituto Electoral de Q.�taro e, inclusive, sesionar para escuchar la propuesta que presente un ciudadano o un grupo de ciudadanos cuando el caso lo amerite, esta actividad no se refiere al proceso de consulta que se�ala la parte actora, pues su finalidad es escuchar opiniones calificadas o propuestas sobre el tema debatido para el enriquecimiento del trabajo legislativo, como ya se apunt� en el p�rrafo precedente.
En cambio, la garant�a de audiencia constri�e al legislador a establecer los procedimientos en los cuales se observen las formalidades esenciales que garantizan la defensa del posible afectado que le garantice una adecuada defensa, esto es, la oportunidad de comparecer, de ser enterado de los motivos y fundamentos que le dan origen, la de rendir las pruebas y expresar los alegatos que a su derecho convenga, como en el caso ocurre, ya que el C�digo Penal adjetivo del Estado de Q.�taro establece esos procedimientos, con lo cual debe tenerse por satisfecha la garant�a de audiencia.
D�CIMO. En otra parte de los conceptos de invalidez se aduce que la ley impugnada viola el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de todos los mexicanos a poseer una vivienda digna.
Para demostrar la contravenci�n a ese precepto, la parte actora alega que la Legislatura del Estado de Q.�taro tiene facultades para expedir leyes y reglamentos en materia de desarrollo urbano, pero el ejercicio de esa facultad no la autoriza a contravenir las garant�as individuales y sociales consagradas en la Constituci�n F., que garantiza al individuo un m�nimo de seguridad jur�dica, al establecer una serie de derechos que los �rganos de gobierno est�n obligados a respetar, como el de la vivienda, establecido por el art�culo 4o. de la Constituci�n F., el cual se contraviene con la ley impugnada al penalizar los asentamientos irregulares en vez de regularizarlos.
Lo anterior, a juicio de la accionante, porque si bien el derecho penal como una rama del derecho p�blico interno, representa la �ltima raz�n del Estado para la defensa de losbienes jur�dicos fundamentales como la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, mediante el establecimiento de tipos penales, no debe pasar desapercibido que compete al Estado organizar de manera eficiente el crecimiento de las zonas urbanas, de los centros de poblaci�n y de los asentamientos humanos, sin evadir su responsabilidad en esa materia como lo hace al limitarse a castigar al que pretenda fraccionar un predio para dar la posibilidad a las personas de escasos recursos de contar con una vivienda; aun m�s, la ley impugnada pretende ser del todo rigurosa con los que dirijan la formaci�n de asentamientos humanos, sobre todo con aquellos que se encuentren bajo el amparo de partidarios pol�ticos, en lugar de buscar una soluci�n a los problemas de la vivienda, que supone la regularizaci�n de predios y fraccionamientos para convertirlos en asentamientos humanos regulares.
Sostiene que el Estado y las leyes deben proteger a la sociedad garantizando su desarrollo arm�nico, lo que comprende el desarrollo urbano y la construcci�n de vivienda, y el establecimiento de un nuevo delito para sancionar las conductas previstas en los art�culos cuya invalidez se demanda, no es otra cosa que la penalizaci�n de los asentamientos irregulares, lo que viene a contravenir la garant�a prevista en el art�culo 4o. de la Constituci�n F..
Ello, en raz�n de que el C�digo U. del Estado de Q.�taro, cuyas disposiciones son de utilidad p�blica e inter�s social, tiene como finalidad regular la planeaci�n, fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n de la entidad, mediante el establecimiento de normas conforme a las cuales el Estado y sus Municipios ejerzan sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas, destino de �reas y predios; define las caracter�sticas y requisitos de los distintos tipos de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales y de cualquier otro tipo; asimismo, precisa las atribuciones del Ejecutivo Estatal y de sus dependencias como son la Secretar�a de Desarrollo U., Obras P�blicas y Ecolog�a, y la C.�n Estatal de Desarrollo U., en las materias ya se�aladas, entre otras tramitar las inconformidades por la inobservancia a las disposiciones del propio c�digo, determinando las infracciones y sanciones, con lo que queda demostrado que todo lo relacionado con los asentamientos humanos, irregulares o no, ata�e al C�digo U., no al C�digo Penal, raz�n por la cual no se puede pretender aplicar penas de prisi�n a quienes transfieran la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para destinarlos a vivienda, comercio o industria, pues corresponde a la autoridad competente en materia de desarrollo urbano imponer las sanciones que prev� el citado ordenamiento urbano.
Como se puede apreciar, la pretensi�n esencial de la parte actora se centra en demostrar que la ley impugnada viola el art�culo 4o. de la Constituci�n F. al establecer como delitos la transferencia de la posesi�n, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para destinarlo a vivienda, comercio o industria, penalizando los asentamientos irregulares y el acceso a una vivienda.
Sobre este tema, la legislatura demandada expres� que la tipificaci�n de las conductas previstas en la norma impugnada, en modo alguno constituye una violaci�n al derecho a la vivienda digna y decorosa, pues ese derecho permanece intocado y, por el contrario, contribuye a que los ciudadanos tengan seguridad jur�dica en la adquisici�n de sus bienes inmuebles en condiciones urbanas acordes con los programas de desarrollo urbano, ya que el establecimiento de asentamientos urbanos en lugares no id�neos o sin cumplir con las disposiciones vigentes en la materia provoca el enga�o, multiplica los problemas y no permite el cumplimiento de los fines del art�culo 4o. de la Constituci�n F..
El gobernador constitucional del Estado en su informe manifest� que la publicaci�n de la ley ninguna afectaci�n causa al postulado contenido en el art�culo 4o. de la Constituci�n F., porque la seguridad y el orden en el desarrollo urbano son imprescindibles para la sociedad en aras de procurar mejores condiciones de vida para las personas, entre las que se encuentra la vivienda digna que la hace el entorno urbano en el que se ubica; de ah� que si bien, en principio, pudiera decirse que se trata de cuestiones pertenecientes al derecho administrativo, lo cierto es que el crecimiento demogr�fico en el Estado de Q.�taro ha hecho necesario salvaguardar y tutelar, a trav�s de las normas penales, la seguridad y el orden en el desarrollo urbano para evitar la conformaci�n de asentamientos en �reas altamente peligrosas o en las que no es posible la introducci�n de servicios p�blicos, as� como la venta de lotes sin la m�nima seguridad en la propiedad.
En opini�n del procurador general de la Rep�blica, lo legislado por el Congreso Local en nada menoscaba o limita el acceso a la vivienda digna y decorosa a que se refiere el numeral 4o. de la Constituci�n General de la Rep�blica.
Ahora bien, la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el quinto p�rrafo del art�culo 4o., dispone que:
"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecer� los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo."
La inclusi�n de este derecho en la Constituci�n F. tiene su origen en la intenci�n del Constituyente de mil novecientos diecisiete de dotar a los trabajadores habitaciones c�modas e higi�nicas, cuando en otras leyes, por ese entonces las m�s avanzadas como las leyes norteamericanas, inglesas o belgas, no conced�an ning�n beneficio en este sentido, m�s tarde ese derecho evolucion� para ser considerado como una exigencia social. As�, la finalidad del imperativo es que la familia mexicana cuente con habitaci�n digna, evitando asentamientos humanos irregulares carentes de servicios que propician el deterioro social.
Pues bien, el concepto de invalidez que se estudia, es infundado, porque el derecho a la vivienda establecido por el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no se contraviene con la expedici�n de la ley materia de esta acci�n de inconstitucionalidad.
En efecto, el acceso a la vivienda digna y decorosa se encuentra garantizado no s�lo por su tutela en el art�culo citado, en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 27, p�rrafo tercero, de la propia Constituci�n, que establece la propiedad privada, tambi�n por las leyes que, como el C�digo Civil, establecen los medios para adquirir derechos sobre un inmueble o como la Ley General de Asentamientos Humanos y los C�digos U.s y reglamentos a trav�s de los cuales se establecen los programas de desarrollo urbano, de dotaci�n de servicios p�blicos, de infraestructura urbana, de uso de suelo, los requisitos para la divisi�n de predios, lotificaci�n de terrenos o fraccionamientos en sus diversas modalidades, las autorizaciones para la construcci�n de viviendas unifamiliares tambi�n en las diferentes variantes como la progresiva o multifamiliares, normas que en su conjunto garantizan a los ciudadanos el acceso a una vivienda y en condiciones urbanas propicias para el desarrollo intelectual y social as� como para la salud y la seguridad de los habitantes, que son precisamente los fines del art�culo 4o. de la Constituci�n F..
Y el hecho de que la ley impugnada tipifique las conductas a que se ha hecho menci�n, en modo alguno se afecta o contraviene el derecho de referencia en la forma como lo pretende la parte actora, pues lo que con ella se pretende es la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, que es tambi�n una de las facetas de los fines del art�culo 4o. constitucional, pues con ella se castiga a quien en perjuicio de otro indebidamente transfiera los derechos sobre un lote resultado de la divisi�n de un predio sin contar con las autorizaciones expedidas por la autoridad administrativa, no a los ciudadanos que aspiren a una vivienda que pueden hacerlo de manera directa o mediante su incorporaci�n a los programas de vivienda a cargo de las instituciones p�blicas federales o estatales, con vocaci�n a impulsar la vivienda.
D�CIMO PRIMERO. La parte actora tambi�n plantea la contravenci�n a los art�culos 2o., p�rrafo cuarto y 27, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
La violaci�n a esos preceptos la sustenta en los siguientes argumentos:
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su art�culo 2o., p�rrafo cuarto, el derecho de los pueblos ind�genas a la libre autodeterminaci�n; el apartado b) del propio numeral dispone que la Federaci�n, los Estados y los Municipios promover�n la igualdad de oportunidades de los ind�genas eliminando cualquier pr�ctica discriminatoria mediante el establecimiento de instituciones y programas que les garanticen el acceso a la vivienda y su desarrollo integral; la fracci�n IV del citado precepto impone al Estado la obligaci�n de mejorar las condiciones de las comunidades ind�genas, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento p�blico y privado para la construcci�n o mejoramiento de viviendas. La Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, en el art�culo 12, p�rrafo segundo, precisa que las leyes propiciar�n el desarrollo econ�mico, pol�tico y social de los grupos �tnicos de la entidad sobre la base del respeto a sus lenguas, tradiciones, costumbres, creencias y valores.
Por ello, estiman que si los grupos ind�genas tienen el derecho a determinar, conforme a sus costumbres y usos, las ampliaciones de sus zonas urbanas y �reas de vivienda, sin que tengan por costumbre realizar tr�mites engorrosos para ese fin, al tipificarse como delito la promesa de transferir o transferir, dividir o lotificar un predio o constituir en un lote resultado de esa divisi�n un asentamiento humano ind�gena en el territorio de sus comunidades, sin las autorizaciones de las autoridades competentes, traer� como consecuencia que conductas leg�timas, l�citas y justas de acuerdo con sus usos, sean consideradas delitos que enfrenten a los ind�genas a procesos penales y penas inhumanas.
Asimismo expone que la ley cuya nulidad se demanda, tambi�n contraviene los derechos de los campesinos y ejidatarios que conforme a la ley tienen el derecho a determinar �reas para establecer asentamientos humanos en t�rminos de los art�culos 27, fracci�n VII, p�rrafo tercero, de la propia Constituci�n F., 23, 79 y 80 de la Ley Agraria, de manera que si una asamblea ejidal, ejerciendo el derecho que le confieren esas normas, determina un �rea para ampliar el asentamiento humano, incurrir� en delito, y los ejidatarios se convertir�n en delincuentes instigadores de asentamientos ilegales, o si un ejidatario cediera el uso de su parcela a diferentes personas estar�a incurriendo en un delito grave que no le permitir�a obtener la libertad provisional bajo cauci�n, lo que pone de manifiesto la irracionalidad de las normas combatidas y su contravenci�n a la Constituci�n F..
Por lo que se refiere a estos conceptos de invalidez, la legislatura demandada en su informe rechaz� que la ley impugnada se halle en conflicto con el tercer p�rrafo y la fracci�n VII del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque la norma que expidi� no tiene por objeto imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, ni pretende suplantar a la Federaci�n en su competencia para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s o el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural, menos a�n aspira a tener la eficacia de una normatividad de car�cter administrativo como la que previene el propio art�culo 27; es m�s, las normas aplicables a la propiedad est�n determinadas por las leyes secundarias, incluida la que contempla el cambio de uso de suelo rural a urbano; por la misma raz�n, tampoco contraviene los derechos de los ejidatarios a determinar sus �reas de asentamientos humanos, pues la potestad que la Constituci�n les atribuye est� condicionada al cumplimiento de otras normas de nuestro sistema jur�dico.
En opini�n del procurador general de la Rep�blica, las normas combatidas, lejos de lesionar los usos, costumbres y derechos de los pueblos y comunidades ind�genas, tuteladas por la Constituci�n F., protegen la propiedad comunal ya que en el supuesto de que alguna persona o grupo de personas trate de modificar el uso de suelo de los inmuebles que les pertenecen, sin cumplir con los requisitos y modalidades exigidas por la ley de la materia, ser�n sancionados de conformidad con las penas fijadas por el legislador para el delito respectivo; por otro lado, cuando los leg�timos propietarios de los predios, ya sean comunidades ind�genas o ejidos, pretendan destinarlos a usos distintos al que originalmente ten�an, bastar� con que cumplan con los requisitos que establezcan las normas aplicables a la materia, seg�n el tipo de propiedad o posesi�n de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor como para cederlas a un tercero, conforme a las leyes.
Este Alto Tribunal estima conveniente estudiar en primer t�rmino la violaci�n a los preceptos constitucionales que tutelan los derechos de los pueblos ind�genas.
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Art�culo 2o. La naci�n mexicana es �nica e indivisible.
"La naci�n tiene una composici�n pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos ind�genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del pa�s al iniciarse la colonizaci�n y que conservan sus propias instituciones sociales, econ�micas, culturales y pol�ticas, o parte de ellas.
"La conciencia de su identidad ind�gena deber� ser criterio fundamental para determinar a qui�nes se aplican las disposiciones sobre pueblos ind�genas.
"Son comunidades integrantes de un pueblo ind�gena, aquellas que formen una unidad social, econ�mica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
"El derecho de los pueblos ind�genas a la libre determinaci�n se ejercer� en un marco constitucional de autonom�a que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades ind�genas se har� en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deber�n tomar en cuenta, adem�s de los principios generales establecidos en los p�rrafos anteriores de este art�culo, criterios etnoling��sticos y de asentamiento f�sico.
"A.E.C.�n reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades ind�genas a la libre determinaci�n y, en consecuencia, a la autonom�a para:
"I.D. sus formas internas de convivencia y organizaci�n social, econ�mica, pol�tica y cultural.
"II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulaci�n y soluci�n de sus conflictos internos, sujet�ndose a los principios generales de esta Constituci�n, respetando las garant�as individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecer� los casos y procedimientos de validaci�n por los Jueces o tribunales correspondientes.
"III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y pr�cticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participaci�n de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto F. y la soberan�a de los Estados.
"IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
"V.C. y mejorar el h�bitat y preservar la integridad de sus tierras en los t�rminos establecidos en esta Constituci�n.
"VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constituci�n y a las leyes de la materia, as� como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las �reas estrat�gicas, en t�rminos de esta Constituci�n. Para estos efectos las comunidades podr�n asociarse en t�rminos de ley.
"VII. Elegir, en los Municipios con poblaci�n ind�gena, representantes ante los Ayuntamientos.
"Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocer�n y regular�n estos derechos en los Municipios, con el prop�sito de fortalecer la participaci�n y representaci�n pol�tica de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
"VIII. Acceder plenamente a la jurisdicci�n del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deber�n tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constituci�n. Los ind�genas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por int�rpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
"Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecer�n las caracter�sticas de libre determinaci�n y autonom�a que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos ind�genas en cada entidad, as� como las normas para el reconocimiento de las comunidades ind�genas como entidades de inter�s p�blico.
"B. La Federaci�n, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los ind�genas y eliminar cualquier pr�ctica discriminatoria, establecer�n las instituciones y determinar�n las pol�ticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los ind�genas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deber�n ser dise�adas y operadas conjuntamente con ellos.
"Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades ind�genas, dichas autoridades, tienen la obligaci�n de:
"I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas ind�genas con el prop�sito de fortalecer las econom�as locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres �rdenes de gobierno, con la participaci�n de las comunidades. Las autoridades municipales determinar�n equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrar�n directamente para fines espec�ficos.
"II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educaci�n biling�e e intercultural, la alfabetizaci�n, la conclusi�n de la educaci�n b�sica, la capacitaci�n productiva y la educaci�n media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes ind�genas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades ind�genas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la naci�n.
"III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliaci�n de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, as� como apoyar la nutrici�n de los ind�genas mediante programas de alimentaci�n, en especial para la poblaci�n infantil.
"IV. Mejorar las condiciones de las comunidades ind�genas y de sus espacios para la convivencia y recreaci�n, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento p�blico y privado para la construcci�n y mejoramiento de vivienda, as�como ampliar la cobertura de los servicios sociales b�sicos.
"V. Propiciar la incorporaci�n de las mujeres ind�genas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protecci�n de su salud, el otorgamiento de est�mulos para favorecer su educaci�n y su participaci�n en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
"VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integraci�n de las comunidades, mediante la construcci�n y ampliaci�n de v�as de comunicaci�n y telecomunicaci�n. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades ind�genas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicaci�n, en los t�rminos que las leyes de la materia determinen.
"VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades ind�genas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos econ�micos, la aplicaci�n de est�mulos para las inversiones p�blicas y privadas que propicien la creaci�n de empleos, la incorporaci�n de tecnolog�as para incrementar su propia capacidad productiva, as� como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercializaci�n.
"VIII. Establecer pol�ticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos ind�genas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agr�colas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educaci�n y nutrici�n a ni�os y j�venes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusi�n de sus culturas.
"IX. Consultar a los pueblos ind�genas en la elaboraci�n del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
"Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se�aladas en este apartado, la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, las legislaturas de las entidades federativas y los Ayuntamientos, en el �mbito de sus respectivas competencias, establecer�n las partidas espec�ficas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, as� como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
"Sin perjuicio de los derechos aqu� establecidos a favor de los ind�genas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aqu�llos tendr� en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley."
Como se puede apreciar, en el apartado A del precepto transcrito se se�alan las materias sustantivas en las cuales la libre determinaci�n y autonom�a de los pueblos y las comunidades ind�genas debe ser reconocida y garantizada, tales como las formas internas de convivencia y de organizaci�n, el �mbito de aplicaci�n de sus propios sistemas normativos, los medios para conservar y mejorar su h�bitat, el acceso preferente a sus recursos naturales, la elecci�n de representantes ante los Ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicci�n del Estado.
En el apartado B se contienen los instrumentos para lograr la igualdad de oportunidades para los ind�genas, eliminar toda causa de discriminaci�n y obtener para ellos los niveles de bienestar a que aspiramos todos los mexicanos. En nueve fracciones se atienden los rubros b�sicos para el logro de tan importantes objetivos, entre otros, el mejoramiento de vivienda y ampliaci�n de cobertura de los servicios sociales b�sicos.
Los derechos que forman el contenido de tal autonom�a son, pues, la decisi�n sobre sus formas de convivencia y organizaci�n social, econ�mica, pol�tica y cultural.
En el aspecto sociocultural, la expresi�n libre de conocimientos, creencias, valores, lenguaje, costumbres, normas, pr�cticas religiosas. El reconocimiento implica no s�lo respeto sino tambi�n preservaci�n.
En el aspecto pol�tico, los derechos de participaci�n pol�tica, por una parte, las comunidades alcanzan su reconocimiento como personas de inter�s p�blico dentro del marco del Municipio Libre y pueden elegir de acuerdo con su derecho tradicional sus formas propias de gobierno as� como los representantes para su ejercicio.
Por otra parte, adquieren un derecho de representaci�n frente a las autoridades municipales, ejercido este tambi�n conforme a su derecho tradicional y que podr� darse b�sicamente en los Municipios en que la poblaci�n no alcance mayor�a.
En el aspecto econ�mico-territorial, los pueblos ind�genas tendr�n derecho a la preservaci�n de la naturaleza y de los recursos naturales que se encuentran ubicados en sus tierras o en la totalidad del h�bitat que ocupan o disfrutan, as� como preferencia en el uso y disfrute de los mismos. No se est�n creando derechos reales. Por el contrario, se est� poniendo a salvo el conjunto de los existentes que hayan sido adquiridos conforme a la Constituci�n y a las leyes. Si bien queda claro que hay un derecho de preferencia �ste queda tambi�n limitado por aquellos cuyo dominio directo corresponde a la naci�n y por los previamente adquiridos por terceros conforme a la ley.
En el aspecto jur�dico, se establece el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulaci�n y soluci�n de conflictos internos, sujet�ndose a los principios generales de la Constituci�n F., respetando las garant�as individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres; la obligaci�n del Estado de establecer en la ley los casos y procedimientos para la validaci�n de sus procedimientos por los Jueces o tribunales; y el acceso a la jurisdicci�n del Estado en condiciones equitativas, en todos los procedimientos y juicios del orden com�n que involucren a ind�genas se asegura que est�n asistidos por int�rpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, dejando a las leyes estatales se�alar los casos en c�mo se tomar�n en cuenta. En lo individual, los ind�genas, como mexicanos y como ciudadanos, tienen los derechos que la Constituci�n otorga.
Ahora bien, lo dispuesto en el precepto constitucional conduce a considerar lo que enseguida se expone:
- La libre determinaci�n y autonom�a de los pueblos y comunidades ind�genas, que consagra el principio territorial de los pueblos ind�genas reconociendo su unidad con los territorios que ocupan, comprende la conservaci�n y mejoramiento de su h�bitat, la preservaci�n de la integridad de sus tierras y el derecho a su explotaci�n en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente decidan, as� como el derecho de acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan, salvo aquellos que correspondan a las �reas estrat�gicas.
- El ejercicio de ese derecho debe ser conforme a las normas establecidas en la Constituci�n F. y en las leyes de la materia, lo que, desde luego, supone el respeto a derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.
- Los Congresos Locales, al legislar sobre la materia ind�gena y regular las instituciones relativas, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 2o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los otorgados en tal precepto son derechos m�nimos que deben ser respetados, pero que pueden ser ampliados para imprimirles las caracter�sticas propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos ind�genas, siempre que tal ampliaci�n se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos.
De todo lo anterior, este Alto Tribunal llega a la conclusi�n de que la ley impugnada no contraviene lo dispuesto por el art�culo 2o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
La Legislatura del Estado de Q.�taro al expedir la ley en virtud de la cual adiciona diversas disposiciones al C�digo Penal de esa entidad, para prevenir y sancionar las conductas que atenten contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, no legisl� en la materia a que se refiere el precepto constitucional citado, ni se est� tipificando el ejercicio de alguno de los que reconoce a las comunidades ind�genas.
Esto es as�, porque el establecimiento de los tipos penales del orden com�n, que como ya se ha visto es competencia de la legislatura demandada, no afecta el principio de libre autodeterminaci�n de las comunidades ind�genas, puesto que este principio no constituye un fuero especial que impida al Estado legislar en las materias que son propias de su competencia, como se desprende de la exposici�n de motivos de la iniciativa de ley que reform� el citado precepto, en la que se estableci�:
"La iniciativa reconoce la libre determinaci�n y la autonom�a de los pueblos ind�genas. Asimismo prev� diversos mecanismos para garantizar que los pueblos ind�genas de M�xico tengan acceso a las instancias de representaci�n pol�tica, a los recursos materiales, a la defensa jur�dica, a la educaci�n, as� como a la protecci�n de derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural.
"...
"En particular, debe subrayarse que la libre determinaci�n y autonom�a de los pueblos ind�genas -reconocidas en la redacci�n propuesta para el p�rrafo segundo del art�culo 4o. constitucional-, se propone sin menoscabo de la soberan�a nacional y siempre dentro del marco constitucional del Estado mexicano.
"La libre determinaci�n no debe ser un elemento constitutivo para la creaci�n de Estado dentro del Estado mexicano. La naci�n mexicana tiene una composici�n pluricultural, pero un solo Estado nacional soberano: el Estado mexicano. En este sentido, el principio propuesto de libre determinaci�n de los pueblos ind�genas debe leerse en consonancia con el contenido de los art�culos 40 y 41 constitucionales, que establecen el car�cter republicano, representativo y federal del Estado mexicano y que se�alen los poderes supremos de nuestra Uni�n.
"Igualmente, debe aclararse que con la propuesta de fracci�n II del art�culo 4o., no se pretende crear fueros ind�genas especiales, toda vez que se prev� la convalidaci�n de las resoluciones ind�genas por las autoridades jurisdiccionales del Estado.
"Asimismo, en relaci�n con los ?territorios? de los pueblos ind�genas a que hace referencia la fracci�n V del art�culo 4o., debe precisarse que no constituyen jurisdiccionales separadas del territorio nacional. En ellos sigue vigente el principio del art�culo 27 constitucional, seg�n el cual la propiedad originaria de tierras y aguas en el territorio nacional corresponde a la naci�n. En consecuencia, el territorio de los pueblos ind�genas de M�xico no deja de ser el territorio de la naci�n mexicana.
"El reconocimiento de la organizaci�n de las comunidades ind�genas dentro de un Municipio no debe entenderse como la creaci�n de un nuevo nivel de gobierno, ni mucho menos en sentido de jer�rquicamente (sic) a las autoridades municipales respecto a las autoridades municipales (sic) respecto a las autoridades del pueblo ind�gena al que pertenecen. De la misma forma, los procedimientos para la elecci�n de las autoridades ind�genas o sus representantes en el sentido de ser complementarios y no excluyentes de los vigentes. Las autoridades y procedimientos constitucionales establecidos en el nivel municipal deben mantenerse, entre otras razones, porque constituyen una garant�a para los habitantes, ind�genas o no, de cada Municipio.
"Por todo lo anterior, subrayo que la iniciativa que hoy presento a ese H. Cuerpo colegiado debe leerse en consonancia con todo el texto constitucional. Deber� interpretarse en consistencia con los principios de unidad nacional, de prohibici�n de leyes privativas y tribunales especiales, de igualdad entre las partes que participen en cualquier controversia y de unidad de jurisdicci�n sobre el territorio nacional ..."
As�, es dable concluir que la autodeterminaci�n de las comunidades ind�genas, con todos los derechos y prerrogativas que comprende, est� sujeta a las normas constitucionales y a las leyes, de modo que el ejercicio de esos derechos, dentro de los que se encuentra el determinar el uso y destino de las tierras, su ejercicio se encuentra sujeto al cumplimiento de las disposiciones relativas, entre las que se encuentran las correspondientes a asentamientos humanos y desarrollo urbano, pues de otra forma no se cumplir�an con los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la Constituci�n F., en materia de fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesi�n o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en los centros de poblaci�n, se sujetar� a lo que dispongan las leyes.
De ah� que no sea dable admitir lo aseverado por la parte actora en el sentido de que la creaci�n de un asentamiento humano ind�gena, en el territorio de su comunidad, constituir� un delito por no tener la costumbre de realizar tr�mites engorrosos para obtener los permisos correspondientes, pues con ese argumento se pasa por alto que las comunidades ind�genas tienen derecho a designar representantes ante los Ayuntamientos y, con ello, el conocimiento de los procedimientos para el establecimiento de un asentamiento humano y el acceso a los servicios urbanos que es uno de los fines de la tutela constitucional.
A continuaci�n se analiza la parte del concepto de invalidez en el que se aduce la contravenci�n al precepto constitucional que tutela los derechos de los comuneros y de los ejidatarios.
La parte actora apoya ese motivo de invalidez con el argumento expuesto en el sentido de que los campesinos y ejidatarios tienen el derecho a determinar �reas para establecer asentamientos humanos en t�rminos de los art�culos 27, fracci�n VII, p�rrafo tercero, de la propia Constituci�n F., 23, 79 y 80 de la Ley Agraria, de manera que si una asamblea ejidal, ejerciendo el derecho que le confieren esas normas, determina una �rea para ampliar el asentamiento humano incurrir� en delito, y los ejidatarios se convertir�n en delincuentes instigadores de asentamientos ilegales, o si un ejidatario cediera el uso de su parcela a diferentes personas estar�a incurriendo en un delito grave que no le permitir�a obtener la libertad provisional bajo cauci�n, lo que pone de manifiesto la irracionalidad de las normas combatidas y su contravenci�n a la Constituci�n F..
En atenci�n a ese planteamiento se hace necesario citar los preceptos constitucionales y legales invocados por la parte actora.
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se�ala:
"Art�culo 27. ...
"...
"La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana. En consecuencia, se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras p�blicas y de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; para preservar y restaurar el equilibrio ecol�gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los t�rminos de la ley reglamentaria, la organizaci�n y explotaci�n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque�a propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganader�a, de la silvicultura y de las dem�s actividades econ�micas en el medio rural, y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
"...
"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones:
"...
"VII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
"...
"La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger� la tierra para el asentamiento humano y regular� el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com�n y la provisi�n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regular� el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecer� los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podr�n asociarse entre s�, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, trat�ndose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n; igualmente fijar� los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgar� al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenaci�n de parcelas se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley.
"Dentro de un mismo n�cleo de poblaci�n, ning�n ejidatario podr� ser titular de m�s tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deber� ajustarse a los l�mites se�alados en la fracci�n XV.
"La asamblea general es el �rgano supremo del n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal, con la organizaci�n y funciones que la ley se�ale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democr�ticamente en los t�rminos de la ley, es el �rgano de representaci�n del n�cleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. ..."
La Ley Agraria, dispone:
"Art�culo 23. La asamblea se reunir� por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando as� lo determine su reglamento o su costumbre. Ser�n de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:
"...
"VII. Se�alamiento y delimitaci�n de las �reas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino espec�fico, as� como la localizaci�n y relocalizaci�n del �rea de urbanizaci�n;
"VIII. Reconocimiento del parcelamiento econ�mico o de hecho y regularizaci�n de tenencia de posesionarios;
"...
"X.D.�n, asignaci�n y destino de las tierras de uso com�n as� como su r�gimen de explotaci�n. ..."
"Art�culo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcer�a, medier�a, asociaci�n, arrendamiento o cualquier otro acto jur�dico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorizaci�n de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podr� aportar sus derechos de usufructo a la formaci�n de sociedades tanto mercantiles como civiles."
"Art�culo 80. Los ejidatarios podr�n enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n.
"Para la validez de la enajenaci�n a que se refiere este art�culo bastar� la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificaci�n que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deber� expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deber� realizar la inscripci�n correspondiente en el libro respectivo.
"El c�nyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozar�n del derecho del tanto, el cual deber�n ejercer dentro de un t�rmino de treinta d�as naturales contados apartir de la notificaci�n, a cuyo vencimiento caducar� tal derecho. Si no se hiciere la notificaci�n, la venta podr� ser anulada."
Tambi�n conviene citar lo que la Ley General de Asentamientos Humanos precept�a:
"Art�culo 39. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanizaci�n ejidal y su reserva de crecimiento; as� como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deber� ajustarse a las disposiciones jur�dicas locales de desarrollo urbano y a la zonificaci�n contenida en los planes o programas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la autorizaci�n del Municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad."
De conformidad con el precepto constitucional citado, que establece las formas de integraci�n y administraci�n de las comunidades agrarias legalmente reconocidas, titulares de la tierras sobre las que existe un r�gimen de protecci�n especial, se advierte que tales entes de derecho agrario son los �nicos encargados de determinar el uso de sus tierras, su divisi�n seg�n sus finalidades, y la organizaci�n para el aprovechamiento de sus bienes; a lo que se agrega lo dispuesto por los art�culos 23, fracciones VII y X, 79 y 80 de la Ley Agraria, en cuanto prev�n la facultad de la asamblea para delimitar las �reas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino espec�fico, as� como la localizaci�n y relocalizaci�n del �rea de urbanizaci�n, delimitar, asignar y dar destino a las tierras de uso com�n, as� como el derecho de los ejidatarios a conceder a otros ejidatarios o terceros el uso o usufructo, mediante aparcer�a, medier�a, asociaci�n, arrendamiento o cualquier otro acto jur�dico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorizaci�n de la asamblea o de cualquier autoridad, incluso enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo n�cleo de poblaci�n.
Precisado lo anterior, este Alto Tribunal considera que la ley cuya invalidez se demanda no contraviene al art�culo 27 constitucional, porque la Legislatura del Estado de Q.�taro al establecer los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en modo alguno impuso l�mites al ejercicio de los derechos que la Constituci�n F. reconoce a los comuneros y ejidatarios sobre sus tierras o parcelas, menos a�n se afectan las facultades de la asamblea para determinar las �reas de asentamiento humano, pues tales derechos permanecen intocados.
En efecto, las disposiciones constitucionales y legales tienen como fin espec�fico la tutela de los derechos de las comunidades agrarias, esto es, ven hacia su conformaci�n, administraci�n y protecci�n de sus tierras, aguas y montes, as� como a los derechos que en lo individual tienen sus integrantes, en cambio la ley impugnada tiende a regular una conducta que por su entidad afecta el orden y la seguridad en el desarrollo urbano en el que se encuentra inmerso el inter�s de la sociedad.
Con independencia de lo anterior debe se�alarse que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanizaci�n ejidal y su reserva de crecimiento, as� como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deber� ajustarse a las disposiciones jur�dicas locales de desarrollo urbano y a la zonificaci�n contenida en los planes o programas aplicables en la materia, requiriendo para ello la autorizaci�n del Municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.
De donde, si bien la asamblea comunal o ejidal tiene la facultad de determinar las zonas de asentamiento humano, su ejercicio est� sujeto a lo que la propia ley determine en materia de desarrollo urbano incluyendo las autorizaciones de los Municipios donde se ubiquen las comunas o los ejidos, pues en este caso, como en el de las comunidades ind�genas, se tiene que atender a lo dispuesto en el p�rrafo tercero del art�culo 27 constitucional, en esa materia, para hacer posible las finalidades sociales que este precepto persigue.
As�, pues, no debe confundirse la titularidad de un derecho reconocido por la Constituci�n, con su ejercicio; pues �ste se encuentra sujeto a lo que dispongan las leyes, como lo se�ala el propio art�culo 27 de la Constituci�n F., al establecer que la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regular� el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.
Por tanto, contrariamente a lo argumentado por la actora, no es cierto que la ley expedida por la Legislatura del Estado de Q.�taro est� penalizando la facultad de los comuneros o ejidatarios a establecer asentamientos humanos, pues lo que tipifica son conductas que atentan contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en espec�fico la transferencia de la propiedad o la posesi�n o cualquier otro derecho sobre uno o m�s lotes resultantes de fraccionar un predio, para los fines que se precisan en los preceptos impugnados, sin contar con la autorizaci�n expedida por las autoridades competentes, o la promoci�n de asentamientos humanos o fraccionamientos irregulares, supuestos distintos a la facultad de las asambleas de comuneros o ejidatarios para establecer un asentamiento humano.
Por la misma raz�n, no es cierto que cuando un ejidatario ceda el uso de su parcela incurrir� en un delito, pues la ley cuya invalidez se alega no sanciona ese hecho, sino la falta de la autorizaci�n correspondiente expedida por las autoridades competentes que, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos y el C�digo U. del Estado, debe obtener.
Por otra parte, la adici�n de la fracci�n XXII al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales, cuya finalidad fue la de clasificar como grave los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en los casos previstos por el art�culo 246-F y p�rrafo primero del art�culo 246-G, en modo alguno implica invasi�n al �mbito de atribuciones de la Federaci�n, porque los delitos de referencia no son de aquellos que por disposici�n de la Constituci�n F. corresponde a la Federaci�n definir y establecer sus sanciones; ni el hecho de que los delitos previstos en la ley impugnada hayan sido considerados como graves, se traduce en una violaci�n a los art�culos 27, fracci�n VII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 79 y 80 de la Ley Agraria, puesto que con esa calificaci�n no se afectan los derechos de la asamblea de ejidatarios a determinar las �reas de asentamiento humano, en los t�rminos en que la propia Constituci�n F. y las leyes lo establecen, considerando, por otra parte, que la calificaci�n de un delito, para efectos de determinar el derecho a la libertad provisional bajo cauci�n, obedece a la intenci�n del legislador, en este caso del Estado de Q.�taro, de sancionar con severidad las conductas que atenten contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, atendiendo, precisamente, al bien jur�dico que se tutela, lo que es congruente con lo dispuesto por el art�culo 20, apartado A, fracci�n I, de la Constituci�n F..
D�CIMO SEGUNDO.-Los promoventes tambi�n aducen la violaci�n a los derechos de petici�n y asociaci�n establecidos por los art�culos 8o. y 9o. de la Constituci�n F..
En el concepto de invalidez relativo, alegan que la ley impugnada al disponer que quien pretenda establecer un asentamiento humano sin los permisos de la autoridad competente, viola la garant�a de libertad de asociaci�n y de petici�n de las personas que pueden, en ejercicio de esos derechos, reunirse l�citamente con la finalidad de obtener una vivienda digna y decorosa para su familia.
En relaci�n con este motivo de nulidad, cabe se�alar que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Art�culo 8o. Los funcionarios y empleados p�blicos respetar�n el ejercicio del derecho de petici�n, siempre que �sta se formule por escrito, de manera pac�fica y respetuosa; pero en materia pol�tica s�lo podr�n hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Rep�blica.
"A toda petici�n deber� recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligaci�n de hacerlo conocer en breve t�rmino al peticionario."
"Art�culo 9o. No se podr� coartar el derecho de asociarse o reunirse pac�ficamente con cualquier objeto l�cito; pero solamente los ciudadanos de la Rep�blica podr�n hacerlo para tomar parte en los asuntos pol�ticos del pa�s. Ninguna reuni�n armada, tiene derecho de deliberar.
"No se considerar� ilegal, y no podr� ser disuelta una asamblea o reuni�n que tenga por objeto hacer una petici�n o presentar una protesta por alg�n acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra �sta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee."
De lo transcrito, se tiene que el art�culo 8o. constitucional establece como garant�a individual el llamado derecho de petici�n que consiste en que todo gobernado puede dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibir�n una respuesta a la solicitud formulada; en el art�culo 9o., se consagra la libertad de asociaci�n as� como la de reuni�n, entendi�ndose por lo primero, el derecho que toda persona tiene para asociarse libremente con otras para la consecuci�n de ciertos fines, la realizaci�n de determinadas actividades o la protecci�n de intereses comunes, por su parte, la libertad de reuni�n alude al derecho de los individuos para reunirse o congregarse con sus semejantes con cualquier objeto l�cito y de manera pac�fica.
En relaci�n con los derechos de asociaci�n y reuni�n, conviene precisar que, a diferencia de la libertad de asociaci�n, al ejercerse el derecho de reuni�n no se configura un ente distinto a sus componentes; adem�s, una reuni�n contrariamente a lo que ocurre con una asociaci�n, es temporal, ya que su existencia se encuentra condicionada a la realizaci�n del fin concreto y determinado que la motiv�, por lo que una vez logrado tal acto deja de existir. Tambi�n debe se�alarse que el derecho establecido en el segundo p�rrafo del art�culo 9o., consistente en la libertad de la asamblea para hacer una petici�n o presentar alguna protesta por alg�n acto a una autoridad, es la forma colectiva del derecho de petici�n consignado en el art�culo 8o.
Conforme a lo anterior, este Alto Tribunal estima que la Legislatura del Estado de Q.�taro al legislar los tipos penales que se describen en los art�culos 246-E, 246-F y 246-G del C�digo Penal de la entidad, regula conductas muy diversas a aquellas que comprende el ejercicio de los derechos establecidos por los art�culos 8o. y 9o. de la Constituci�n F..
Esto es as�, porque los preceptos combatidos no restringen el ejercicio del derecho de petici�n de los ciudadanos del Estado de Q.�taro, en la medida en que permanece intocada la facultad de dirigir a la autoridad una petici�n y recibir la respuesta correspondiente; tampoco se afecta el derecho de reuni�n para formular una petici�n o presentar una protesta ante la autoridad por alg�n acto; menos a�n el derecho de asociaci�n, en tanto que pueden constituir una agrupaci�n con fines l�citos. Esto es as� porque el ejercicio del derecho de reuni�n es para cualquier objeto l�cito, de modo que si el legislador local tipific� los asentamientos humanos sin la autorizaci�n correspondiente de la autoridad competente, es claro que esa conducta no se ubica dentro del supuesto del derecho de reuni�n, porque un asentamiento humano en las condiciones se�aladas no participa de los elementos del citado derecho de reuni�n que, como ya se dijo, otorga a los individuos la posibilidad de reunirse o congregarse con cualquier objeto l�cito y de manera pac�fica.
Importa destacar que un asentamiento humano no participa de los elementos del derecho de reuni�n establecido por el art�culo 9o. de la Constituci�n F., en raz�n de que �ste supone la reuni�n temporal de personas para un fin concreto como presentar una petici�n o una queja, hecho lo cual cesa la expresi�n de ese derecho, en cambio un asentamiento humano, por su permanencia caracter�stica, va m�s all� de la simple reuni�n para los fines indicados, de modo que el derecho de reuni�n no comprende la conformaci�n de un asentamiento humano.
Por tanto, la ley impugnada no contraviene los preceptos constitucionales que invoca la parte actora.
D�CIMO TERCERO.-La parte actora no expone ning�n argumento para demostrar que la derogaci�n de la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro contraviene alg�n precepto de la Constituci�n.
El contenido de esa disposici�n era el siguiente:
"Art�culo 194. Se aplicar�n las mismas penas previstas en el art�culo anterior:
"...
"XVIII. Al que por s� o por interp�sita persona, cause perjuicio p�blico o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesi�n o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o r�stico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existiendo �ste no se hayan satisfecho los requisitos en �l se�alados. Este delito se sancionar� aun en el caso de falta de pago total o parcial.
"Para los efectos penales se entiende por fraccionar la divisi�n de terrenos en lotes. ..."
De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 72, inciso f), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Q.�taro, en la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n, de modo que si la derogaci�n de esa norma fue determinada por el �rgano legislativo que la cre� y es el resultado de un proceso legislativo debe concluirse que no existe violaci�n a alg�n precepto de la Constituci�n F.. Adem�s, la derogaci�n de referencia tiene por objeto evitar un conflicto de leyes, en raz�n de la nueva figura delictiva establecida en ese proceso legislativo.
Atento a todo lo expuesto, se reconoce la validez de los art�culos 246-E, 246-F, 246-G del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, as� como la de la fracci�n XXII del art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro.
Por las consideraciones contenidas en esta resoluci�n y con fundamento en lo establecido en los art�culos 105, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 40, 41, 43, 59, 71, 72 y 73 de su Ley Reglamentaria, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundada la acci�n de inconstitucionalidad promovida por diputados integrantes de la Quincuag�sima Tercera Legislatura del Estado de Q.�taro, en contra de la Ley que crea el T�tulo Octavo de la Secci�n Tercera y adiciona los art�culos 246-E, 246-F y 246-G del C�digo Penal del Estado de Q.�taro; deroga la fracci�n XVIII del art�culo 194 del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro; y, adiciona la fracci�n XX al art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro, publicada en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de Q.�taro, el veintitr�s de agosto de dos mil dos.
SEGUNDO.-Se reconoce la validez de los art�culos 246-E, 246-F, 246-G del C�digo Penal para el Estado de Q.�taro, as� como la de la fracci�n XXII del art�culo 121 del C�digo de Procedimientos Penales para el Estado de Q.�taro.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.
As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, funcionando en Pleno, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n.