Ejecutoria num. P./J. 47/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26825108

Ejecutoria num. P./J. 47/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 47/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2004
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.NOTARIADO. EL ARTÍCULO 154, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, AL ESTABLECER QUE LA POSIBILIDAD DE SANCIONAR AL NOTARIO INFRACTOR PRESCRIBE EN TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA TUVO CONOCIMIENTO DE LA IRREGULARIDAD, VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.NOTARIADO. LA FRACCIÓN XII Y EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, AL CONFERIR FACULTADES AL CONSEJO DE NOTARIOS PARA DETERMINAR SI UNA PERSONA ES HONESTA PARA EL EJERCICIO NOTARIAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD NI EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.NOTARIADO. CORRESPONDE AL ESTADO, A TRAVÉS DEL EJECUTIVO LOCAL, OTORGAR LA PATENTE RESPECTIVA, VIGILAR SU ACTUACIÓN Y, EN SU CASO, SUSPENDERLA O REVOCARLA.NOTARIADO. EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE OBLIGA A LOS NOTARIOS A ESTABLECER SU RESIDENCIA EN EL LUGAR DE SU ADSCRIPCIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.NOTARIADO. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, AL ESTABLECER QUE PARA OBTENER LA PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO SE REQUIERE SER CIUDADANO MEXICANO POR NACIMIENTO Y NO HABER OPTADO POR OTRA NACIONALIDAD, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.NOTARIADO. ES UNA FUNCIÓN DE ORDEN PÚBLICO DESEMPEÑADA POR PARTICULARES CON TÍTULO DE LICENCIADOS EN DERECHO Y QUE ACTÚAN POR DELEGACIÓN DEL ESTADO.NOTARIADO. LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA ESTÁ RESERVADA A LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN.NOTARIOS. NO SON SERVIDORES PÚBLICOS.

 
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAG�SIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
MINISTRO PONENTE: H.R.P..
SECRETARIOS: P.A.N.M.Y.L.G.V..
M�xico, Distrito F.. A.erdo del Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al veintisiete de enero de dos mil cuatro.
VISTOS;Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el diecisiete de mayo de dos mil dos en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de J. promovieron acci�n de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que m�s adelante se se�ala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuaci�n se mencionan:
"�rgano legislativo y ejecutivo que emiti� y promulg� las normas generales impugnadas: La LVI Legislatura del Congreso del Estado de J. es el �rgano legislativo que aprob� y emiti� las normas de car�cter general cuya invalidez se reclaman, con domicilio en la calle H., n�mero 222, zona Centro, en la ciudad de Guadalajara. El Gobernador C.onal del Estado de J. es el �rgano ejecutivo que public� las normas cuya invalidez se reclaman; se�alamos como �rganos ejecutores dependientes del Poder Ejecutivo L. que intervinieron en la publicaci�n del decreto impugnado, el secretario general de Gobierno y el director del P.�dico Oficial ?El Estado de J.?. El domicilio de las autoridades se�aladas es en el Palacio de Gobierno, sito en calle C., esquina P.M., en la ciudad de Guadalajara, J.. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: Se reclama en lo general el Decreto N�mero 19471, publicado en el P.�dico Oficial ?El Estado de J.? el d�a 18 de abril del a�o 2002, y en lo particular los art�culos 1o., 3o., 5o., segundo p�rrafo, 9o., 10, fracciones I, II, IV, VI, XII, XIII y los incisos d), e) y g), 12, 13, 16, 17, tercero y cuarto p�rrafos, 18, 21, 23, fracciones II, III, IV y V, 23 bis, 25, primero, segundo y cuarto p�rrafos, 27, primer y tercer p�rrafos, 29, fracciones I, III y IV, 31, tercer p�rrafo, 33, 35, fracciones XIV a la XVII y segundo p�rrafo, 38, segundo p�rrafo, 39, primer p�rrafo, 41, 42, primer p�rrafo y fracci�n II, 43, 45, fracci�n I y segundo p�rrafo, 46 bis, 47, tercero al s�ptimo p�rrafos, 48, 49, 51, primer y tercer p�rrafos, 52, 53, 56, segundo y tercer p�rrafos, y fracciones I a VI, 57, 58, segundo p�rrafo, 65, fracci�n III, 82, primer p�rrafo y fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, X y XI, 85, 87, fracciones I, IV, V y VI, 88, 89, 92, tercer p�rrafo, 94, 99, primer p�rrafo, 103, primer p�rrafo, 105, segundo p�rrafo, 109, 110, 112, 115, 118, 119, segundo p�rrafo, 140, 141, 142, 144, primer p�rrafo, 146, cuarto p�rrafo, 150, fracci�n I, p�rrafo segundo, 151, �ltimo p�rrafo, 152, fracci�n III, 154, 155, fracciones II, III, IV, X, XI y XII, y segundo p�rrafo, 157, fracciones I, II, IV, VII, VIII, IX y XIII, 158, fracciones I, II, III, XII y XIII, 159, 162, 162 bis, 163, primero, tercero y cuarto p�rrafos, 164, primer p�rrafo, 166, primer p�rrafo, 167, 168, 171, fracci�n I, 173, fracciones VII y VIII, 174, 176, fracci�n I, incisos j) y k), y fracci�n II, segundo p�rrafo, 176 bis, 177, 178, primero y segundo p�rrafos, 180, fracci�n XIV, 181, fracci�n V, los art�culos del primero al d�cimo primero transitorios, y la derogaci�n de los art�culos 24 y 29, fracci�n II, 30, 42, fracci�n III, 65, fracci�n I, 87, fracci�n II, 143, segundo p�rrafo, 156, 157, fracci�n X y 158, fracciones IV, VI, VIII, IX, X y XI de la Ley del Notariado del Estado de J., publicados en el P.�dico Oficial ?El Estado de J.? el d�a 18 de abril del a�o 2002."
SEGUNDO. En la demanda se se�alaron como antecedentes los siguientes:
"1. El d�a primero de febrero del a�o 2001 se instal� la LVI Legislatura del Congreso del Estado de J.. La Asamblea Legislativa qued� integrada por cuarenta diputados locales propietarios, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 18 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y 26 de la Ley Electoral del Estado. El Congreso del Estado integra cuatro grupos parlamentarios representados de la siguiente forma: 21 diputados del Partido Acci�n Nacional (PAN), 16 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 2 diputados del Partido de la Revoluci�n Democr�tica (PRD) y 1 diputado del Partido Verde Ecologista de M�xico (PVEM). De tal suerte que los suscritos 19 diputados integramos el 47.5% de la Legislatura L., lo que nos otorga legitimaci�n activa para interponer la acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el inciso d) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n General de la R.�blica. 2. El d�a 23 de octubre del a�o 2001, los 21 diputados de la fracci�n parlamentaria del PAN, encabezados por su coordinador diputado F.A.G.�n P�rez P., presentaron ante el P. del Congreso del Estado una iniciativa de decreto que propon�a la reforma, adici�n y derogaci�n de diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J.. 3. Una vez presentada la iniciativa de referencia, el presidente propuso -y as� se aprob�- que fuera turnada para su estudio y dictamen a la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos. Con fecha 14 de marzo de 2002, la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos tuvo conocimiento de la iniciativa. 4. Durante el tiempo que estuvo para estudio y dictamen la iniciativa se�alada en el ar�bigo 2, la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos no cit� al autor de la misma, ni a los diputados integrantes de la comisi�n. 5. El d�a 12 de marzo del a�o 2002, la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos present� al P. del Congreso el dictamen con proyecto de decreto relativo a la iniciativa de decreto referido en el punto 2 de esta narraci�n de hechos. En dicha sesi�n del Congreso del Estado el dictamen fue objeto de primera lectura. El dictamen que emiti� la C.�n de Estudios Legislativos del Congreso del Estado propuso 100 modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J., pero de su lectura s�lo se desprende la justificaci�n de 11 modificaciones. El cap�tulo del dictamen correspondiente a la exposici�n que corresponde a la comisi�n hacer acerca de los motivos que justifican modificar la ley, �nicamente aborda, reflexiona y justifica 11 modificaciones legales, el resto, 89 reformas, adiciones o derogaciones, no tienen justificaci�n suscrita por la comisi�n de estudio. 6. Habiendo transcurrido una sesi�n intermedia despu�s de la sesi�n plenaria en donde se dio primera lectura al dictamen ya referido, en sesi�n ordinaria correspondiente al segundo a�o de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura del Congreso del Estado llevada a cabo el d�a 19 de marzo del a�o 2002, se propuso en el orden correspondiente de su desarrollo atender los dict�menes de decreto de segunda lectura y discusi�n. El dictamen citado emitido por la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos relativo a la reforma, adici�n y derogaci�n de diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J., fue registrado con el numeral 4.3, para efectos de identificaci�n. F.� en esa sesi�n como presidente de la mesa directiva el diputado J.A.C.G. (PAN). Desde el inicio de la sesi�n se hizo patente la presencia del abogado V�ctor M.L.�n F., representante del gobernador, quien habr�a de participar en la discusi�n del dictamen por tratarse de un asunto de su incumbencia. 7. Despachado el asunto registrado con el n�mero 4.2 y en virtud de que continuar�a el desarrollo de la sesi�n del Congreso del Estado con la prosecuci�n del tr�mite legislativo del asunto 4.3 que, como ya se�alamos, corresponde a las modificaciones a la Ley del Notariado, el presidente de la mesa directiva enunci� la puesta en ?discusi�n en lo general del proyecto de decreto marcado con el n�mero 4.3?. 8. Contrario a lo que establece el art�culo 103 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo; contrario a lo que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado hab�a realizado en el desahogo del proyecto de decreto 4.1, una vez que se abri� a la discusi�n el asunto 4.3, el propio presidente de la mesa directiva omiti� abrir el registro de oradores y contrario al orden legal dio el uso de la palabra al diputado J.G.T.R.�guez M.�nez (PAN). 9. El diputado J.G.T.R.�guez M.�nez pidi� y le fue concedido el uso de la voz, y manifest� que ?con fundamento en el art�culo 105 pedir�a a usted hacer uso de la palabra para hacer -como integrante de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos- unas propuestas previas a la discusi�n?. 10. Una vez que el diputado J.G.T.R.�guez M.�nez expuso su pretensi�n de hacer propuestas previas a la discusi�n, el presidente de la mesa directiva puso la petici�n a consideraci�n de la asamblea. Antes de que el P. votara la petici�n del diputado J.G.T.R.�guez M.�nez de hacer propuestas previas a la discusi�n, el diputado J.L.L.S. pidi� que se escuchara, en primer t�rmino, al abogado V�ctor M.L.�n F., representante del gobernador del Estado, argumentando que ?se trata de una ley que lo involucra directamente?. 11. Rechazada la propuesta del diputado J.L.L.S., el presidente puso a consideraci�n de la asamblea ?la propuesta hecha por el diputado T.R.�guez para antes de la discusi�n?. Lo que fue votado a favor y declarado aprobado por el presidente. Y procedi� a dar uso de la palabra al referido diputado R.�guez. 12. Tal como fue acordado por la asamblea, previo a la discusi�n, el diputado T.R.�guez hizo uso de la voz y habl� del Colegio de Notarios, de que ese mismo d�a hab�a recibido propuestas para la reforma notarial; y -entre otras cosas- se�al� que le animaba realizar una reforma mejor. De ah� que ?como integrante de la comisi�n? har�a algunas ?propuestas de modificaci�n?. Evidentemente se trataba de modificaciones al dictamen que conten�a el proyecto de decreto modificatorio de la Ley del Notariado. 13. Una vez que el diputado T.R.�guez empez� la lectura de un documento que propon�a la modificaci�n -uno por uno- a diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J., el diputado J.L.L.S. expres� su inconformidad al presidente en los siguientes t�rminos: ?En primer lugar, le expreso mi inconformidad porque usted someta a consideraci�n de este P. si procede la presentaci�n del documento del diputado presidente de la C.�n de Asuntos Legislativos. Nos est� presentando otro dictamen que estamos conociendo en este momento. La t�cnica legislativa establece que a nosotros nos presentaron, hoy hace ocho d�as, un dictamen firmado por cuatro diputados de Acci�n Nacional, y es el motivo de la discusi�n. En este momento -violatorio al proceso legislativo- nos est� presentando otro dictamen que no conocemos, lo que est� dando a conocer y usted est� anuente a que se presente?. 14. El llamado al orden del diputado J.L.L.S. fue desde�ado por el presidente y otorg� de nuevo la voz al diputado T.R.�guez para que continuara con las propuestas de modificaci�n al dictamen como acto previo a la discusi�n. El diputado T.R.�guez manifest� que su actuaci�n era de buena fe y advirti� a los diputados que ellos tendr�an la decisi�n ?de aceptar o no el que estas propuestas se incorporen al dictamen a discusi�n?. 15. Una vez que el diputado T.R.�guez continu� su intervenci�n, el diputado E.I.P. le interrumpi� solicitando moci�n de orden. A lo que el presidente reaccion� diciendo ?Adelante, diputado T.R.�guez?. En ese momento el diputado aludido continu� su propuesta de modificaci�n al dictamen. Cuando el diputado T.R.�guez le�a su propuesta de modificaci�n al dictamen en lo relativo al art�culo 25 de la Ley del Notariado, el diputado E.I.P. volvi� a solicitar moci�n de orden. En esta ocasi�n el presidente -en vez de darle curso a lo solicitado- pidi� a un diputado secretario que leyera el art�culo 107 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo. Lo que fue cumplido. Terminada la lectura el presidente volvi� a darle el uso de la voz al diputado T.R.�guez. El diputado T.R.�guez termin� su intervenci�n diciendo ?estas son las propuestas que solicito a la presidencia ponga a consideraci�n del P., y hago llegar la relaci�n del total de art�culos que sean modificados con este dictamen?. Es importante destacar que las modificaciones, una vez incorporadas al dictamen, carecieron de motivaci�n o justificaci�n previa. No le precedi� una reflexi�n legal que motivara su consideraci�n sino que fueron anunciadas una a una, tal como si fueran parte de una posici�n que dogm�ticamente deber�a asumir la asamblea. 16. Acto seguido el presidente de la mesa directiva puso a consideraci�n de la Asamblea Legislativa la propuesta de modificaci�n del dictamen que habr�a de ser discutido enseguida, la que se vot� y se declar� aprobada. 17. El diputado C.P.R.(.) hizo uso de la voz para dejar en claro su inconformidad ante los acontecimientos descritos, a los que calific� como violaci�n del procedimiento. Destac� la circunstancia de que el representante del gobernador no estar�a en condiciones de tomar postura ante las modificaciones presentadas y se�al� que -en todo caso- las propuestas le�das por el diputado T.R.�guez debieron ser presentadas en la ?discusi�n en lo particular?. Aclar� con atingencia que ?est� perfectamente claro que el art�culo 105 dice que los integrantes de la comisi�n dictaminadora o los diputados autores de iniciativas podr�n hacer uso de la palabra en la discusi�n de un negocio; pero aqu� no se abri� la discusi�n ... Por eso digo que se est� violentando el procedimiento?. Enseguida el diputado C.P.R. propuso que ?para reponer el procedimiento -el dictamen de m�rito- se retire y se regrese a comisiones?. El presidente hizo caso omiso de la moci�n suspensiva propuesta por el diputado C.P., no la someti� a la votaci�n del P. y continu� la sesi�n. 18. Una vez que habl� otro orador y ya que se hab�a cometido la violaci�n al orden legal de modificar el dictamen, entonces el presidente dio el uso de la voz al representante del gobernador para que manifestara su posici�n ante el dictamen. Ante la imposibilidad de reconstruir sus conceptos acerca del dictamen que hab�a sido objeto de primera y segunda lecturas, y que se modificaba intempestivamente, el compareciente se�al� que ?me permito hacer unas breves reflexiones sobre el dictamen que se nos hizo llegar a la Secretar�a General de Gobierno hace aproximadamente una semana?. 19. Fue hasta que termin� su intervenci�n el representante del gobernador cuando el presidente abri� el registro de oradores para la discusi�n del dictamen en lo general. De nueva cuenta hizo uso de la voz el diputado C.P.R., quien inici� su intervenci�n se�alando que ?yo he insistido en que busquemos por lo menos no violar nuestro reglamento de trabajo para que pudi�ramos tener m�s equilibrio, y no a la pr�ctica cotidiana de imponer mayor�a ...?. 20. En su oportunidad, el diputado J.G.M. (PRD), en alusi�n a consideraciones sustantivas de las modificaciones de la Ley del Notariado del Estado de J., propuso al presidente de la mesa directiva ?sea tan amable de poner a consideraci�n a la vez, el que sea retirado a comisiones este planteamiento del d�a de hoy y pueda ser fortalecido?. 21. En su oportunidad, la diputada E.L.M.V.(., advertida de las violaciones al proceso legislativo propuso moci�n suspensiva en los siguientes t�rminos: ?... quiero proponer que se retire la propuesta para que sean revisadas las modificaciones que apenas nos acaban, ahorita, de entregar?. 22. El presidente de la mesa puso a votaci�n las propuestas de los diputados Madera Godoy y E.L.M.�nez, se�aladas en los anteriores puntos 20 y 21, y con la votaci�n mayoritaria del PAN no fueron aprobados. 23. Una vez concluida la discusi�n del dictamen en lo general la asamblea procedi� a hacerlo en lo particular (art�culo por art�culo). Votadas las modificaciones propuestas se dio por terminado el asunto. 24. Las modificaciones que se impugnan fueron aprobadas, como ya se se�al�, en sesi�n del Congreso del Estado del d�a 19 de marzo del a�o en curso. La minuta aprobada fue enviada al Ejecutivo del Estado para su publicaci�n el d�a 25 de marzo y el d�a 18 de abril aparecieron publicadas en el P.�dico Oficial ?El Estado de J.?. 25. No existe coincidencia entre lo aprobado y lo publicado en los art�culos 10, fracci�n II, 23 bis, 25, 47, 41, 43, 87. El art�culo 10, fracci�n II, se aprob� su derogaci�n y no fue derogado; en el 23 bis se aprobaron las expresiones ?tiempo en que?, ?mostrar? y ?el cual?, y se publicaron ?tiempo que?, ?demostrar? y ?la cual?; el 25 fue aprobado con un solo p�rrafo que dice ?Al declararse vacante una o varias notar�as o crearse una nueva, en virtud del incremento poblacional a que se refiere el art�culo 9o. de esta ley, el secretario general de Gobierno lo har� del conocimiento de los notarios interesados ...?, y fue publicado con adiciones no aprobadas; el art�culo 35, fracci�n XVII, fue aprobado en t�rminos de ?expedir copias relativas a los hechos o actos jur�dicos sin que est� debidamente autorizado? y se public� ?expedir copias relativas a hechos o actos jur�dicos sin que est� debidamente autorizada la escritura?; el art�culo 41 aprobado consistir�a en un solo p�rrafo para decir ?el Consejo de Notarios establecer� las reglas para que el servicio notarial se preste durante los d�as y horas inh�biles? y se public� un art�culo 41 con seis p�rrafos; el art�culo 43 se aprob� con la expresi�n ?art�culo 47 de �sta? y se public� ?art�culo 47 de esta ley?; la fracci�n V del art�culo 87 fue aprobada con un solo p�rrafo y se public� con cinco p�rrafos. Estas diferencias surgen de confrontar el dictamen de la C.�n de Estudios Legislativos (suponiendo -sin conceder- que el a�adido modificatorio que se le hizo en el momento previo a la discusi�n hubiere sido v�lido), con lo publicado en el P.�dico Oficial ?El Estado de J.?. Advertencia de hechos que se realiza sin prejuzgar el grado de importancia de las diferencias destacadas."
TERCERO. En la demanda se se�alaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"A. Conceptos de invalidez de car�cter formal. El proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de las modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J. cuya inconstitucionalidad se reclama, es violatorio de los art�culos 14, 16 y 128, en relaci�n con el 40, 41 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en los siguientes argumentos. El art�culo 40 de la Carta Magna establece que: ?Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental.?. El art�culo 41 de la Carta Fundamental dice que: ?El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por lapresente C.�n F. y las Particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F..?. El art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, establece lo siguiente: ?El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas ...?. El segundo p�rrafo del art�culo 14 de la C.�n General se�ala que ?Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.?. Es menester destacar el principio de debido proceso como condici�n constitucional de validez de los actos de autoridad y leyes. En el caso que nos ocupa se promulg� y public� una ley de car�cter general sin que se guardaran debidamente las disposiciones secundarias que rigen el proceso legislativo. El art�culo 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer p�rrafo, dispone: ?Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.?. La interpretaci�n jurisprudencial que de manera reiterada se ha hecho de dicho mandato constitucional es en el sentido de que contiene y consigna la garant�a de legalidad que alcanza en su obligatoriedad a todas y cada una de las autoridades del pa�s, tanto administrativas como jurisdiccionales e inclusive hasta el propio Poder Legislativo. No obstante, se advierte que el principio de legalidad consagrado en el art�culo 16 constitucional tiene como finalidad la salvaguarda de garant�as individuales, la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha suscrito el criterio de que dicha disposici�n es obligatoria aun en los casos en que el acto no sea susceptible de causar agravio personal y directo, es decir, el principio de legalidad inserto en el art�culo 16 constitucional es de validez universal, aplicable a todos los actos autoritarios. El art�culo 128 de la Carta Magna dispone que: ?Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la C.�n y las leyes que de ella emanen.?. Todo servidor p�blico, en virtud de lo dispuesto en el art�culo 128 est� obligado a respetar la C.�n, se trata de una categor�a que se infiere de la protesta misma. De ah� se sigue que los actos de autoridad deben estar debidamente vinculados con el orden constitucional, lo contrario entra�a una doble transgresi�n: por una parte, se viola el precepto constitucional directamente inobservado y, por la otra, el 128 desde el momento mismo en que se rompe el voto de cumplimiento constitucional. Luego, subordinados al imperio de los art�culos 14, 16 y 128 constitucionales, en la especie debi� estarse a la letra y esp�ritu de los art�culos 40 y 116 de la Carta Magna. De los cuales el primero determina imperativamente la obediencia de los Estados a los principios de la Ley Fundamental, y el segundo env�a a la C.�n L. la normatividad aplicable a los poderes p�blicos de los Estados. Y es el caso que la C.�n Pol�tica del Estado de J. en su art�culo 2o. establece que: ?Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. La soberan�a del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes Estatales, del modo y en los t�rminos que establecen la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta C.�n y las leyes. El Estado de J. adopta para su r�gimen interno, la forma de gobierno republicano, democr�tico, representativo y popular; tiene como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre.?. El art�culo 35, fracci�n I, refiere que son facultades del Congreso L.: ?Legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Uni�n conforme al Pacto F. en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?. Por su parte, la fracci�n XXXI del mismo art�culo otorg� al Congreso del Estado la facultad de: ?Expedir su ley org�nica, formar sus reglamentos y dictar las disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de sus oficinas, as� como ejercer las dem�s atribuciones que le confiera la ley.?. Por su parte, el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L. establece que: ?Todos los servidores p�blicos del Estado y de los Municipios, antes de asumir el desempe�o de sus cargos, rendir�n protesta formal de cumplir y vigilar el cumplimiento de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta C.�n y todas las leyes que de ellas emanen.?. Y es el caso que durante el desahogo del proceso legislativo que desemboc� en la publicaci�n del Decreto N�mero 19471, los diputados integrantes del Congreso del Estado de J. violaron una diversidad de disposiciones de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. Circunstancia que contraviene los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la Carta Fundamental. Las violaciones a la legislaci�n ordinaria se perpetraron en el siguiente orden cronol�gico: I. La C.�n de Estudios Legislativos no tiene competencia para conocer de reformas a la Ley del Notariado, conforme a lo dispuesto en los art�culos 29, 31, 32, 33 y 43 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. En la especie, el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de las modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J., cuya inconstitucionalidad se reclama, es violatorio de los art�culos 14, 16, 40, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, seg�n qued� asentado, el art�culo 14 consagra el principio de debido proceso y el 16 la garant�a de legalidad, los cuales alcanzan en su obligatoriedad a todas las autoridades del pa�s, incluyendo al Poder Legislativo. En virtud del 128 de la Carta Magna, todos los servidores p�blicos est�n obligados a respetarla. La voluntad popular manifestada en la C.�n Pol�tica de M�xico les otorg� a los Estados soberan�a en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero supeditados a los lineamientos de la Ley Fundamental, tal como qued� se�alado en el art�culo 40 de la misma carta. Tambi�n se precis� que los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a los lineamientos que prev� el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento a lo dispuesto por los art�culos 40, 41 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de J. establece la organizaci�n pol�tica y jur�dica, y al efecto prev� contiene (sic) los art�culos 2o. y 35, fracci�n I y, particularmente, la fracci�n XXXI, que dispone que el Poder Legislativo expedir� su ley org�nica. Es obligaci�n de los diputados del Congreso del Estado observar la Ley Org�nica del Poder Legislativo, toda vez que -como ya se se�al�- en su calidad de servidores p�blicos protestaron formalmente cumplir todas las leyes emanadas de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia C.�n de J., de conformidad con lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 108 de la Carta L.. La Ley Org�nica del Poder Legislativo establece las normas aplicables al proceso legislativo para la formaci�n de leyes: se regula la forma y materia de las iniciativas de ley, decreto y acuerdo econ�mico; se previene el estudio de las iniciativas de ley y decreto en comisiones legislativas; forma y naturaleza de los dict�menes emitidos por dichas comisiones; las lecturas de los dict�menes que deben hacerse en el P. de la Asamblea Legislativa; se establecen las reglas para su discusi�n y aprobaci�n; y as� hasta concluir con el env�o de la minuta aprobada al Ejecutivo Estatal para su promulgaci�n y publicaci�n. Las comisiones son los �rganos del Poder Legislativo L. encargadas del estudio y dictamen de las iniciativas que prev�n qui�nes tienen facultad expresa para impulsarlas. Para su distribuci�n, la Ley del Congreso de J. constituy� tantas comisiones como materias o tipos de asuntos se pudieren plantear, de ah� que actualmente por disposici�n del art�culo 31 del mismo ordenamiento, existan 33 C.ones Permanentes (m�s las comisiones especiales de car�cter temporal -como la de Equidad y G�nero). En el caso que nos ocupa, por tratarse de una materia no prevista en ninguna comisi�n tem�tica, la iniciativa que modifica preceptos de la Ley del Notariado del Estado de J. debi� haberse turnado para su estudio y dictamen a una comisi�n especial que apoyase a la de Peticiones, en cumplimiento del art�culo 43 del ordenamiento citado, el cual dispone, en lo interesado, que: ?Corresponde a la C.�n de Peticiones, la atenci�n de los asuntos no reservados expresamente a las dem�s comisiones designadas por el Congreso ...?. Y como la legislaci�n notarial es una materia que no fue reservada expresamente a ninguna otra comisi�n y dada su complejidad doctrinal y pr�ctica, es por lo que el Congreso debi� ejercer la potestad de integrar una comisi�n especial acatando lo se�alado en el art�culo 29 de la ley multicitada, la que refiere que: ?El Congreso elegir� tambi�n en los mismos t�rminos del art�culo 26, comisiones especiales de car�cter temporal que auxilien a las de �ndole permanente, cuando la naturaleza o cuant�a de los asuntos lo requieran.?. Luego, debi� integrarse la comisi�n especial de la Ley del Notariado, auxiliar de la C.�n de Peticiones, para el estudio y dictamen de la iniciativa que motiv� las modificaciones legales que se impugnan. Contrario a lo dispuesto por la Ley Org�nica del Poder Legislativo en los numerales invocados, la asamblea turn� la iniciativa referida a la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos, la cual no tiene m�s competencia que la que expresamente le otorga la propia ley. La extensi�n y l�mites competenciales de la C.�n de Estudios Legislativos est�n previstos en el art�culo 32 de la ley org�nica en cita que, en lo que nos interesa, establece: ?Corresponde a la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos, el conocimiento de los siguientes asuntos: ... II. Los que se refieren a leyes reglamentarias u org�nicas, de dispositivos de la C.�n Pol�tica del Estado y los que la C.�n F. le autorice reglamentar. ... IV. Los que se refieren a la legislaci�n civil o penal, en su aspecto sustantivo.?. Para inferir el desacierto en el turno que se analiza, es preciso discernir la naturaleza de la materia notarial y ubicar su posici�n jer�rquica dentro del marco jur�dico local. Evidentemente que la Ley del Notariado no es un ordenamiento reglamentario de la C.�n L.. Las leyes reglamentarias son aquellas que aplican o regulan disposiciones expresas de la C.�n. Tal es el caso de la Ley Electoral del Estado de J., reglamentaria del t�tulo segundo de la C.�n Pol�tica del Estado de J.. Ahora bien, materialmente, en rigor, toda norma supeditada a la C.�n aplica o reglamenta a �sta en alg�n sentido. Pero las leyes reglamentarias aplican o regulan disposiciones expresas del M�ximo Ordenamiento L.. Tan es as�, que si hubiera sido la voluntad del legislador considerar como leyes reglamentarias a todas las supeditadas a la C.�n L. no hubiera distinguido las mismas leyes reglamentarias de las org�nicas o de la legislaci�n civil y penal, toda vez que �stas tambi�n est�n sometidas a la supremac�a de la multicitada C.�n L., y hubiera se�alado con toda claridad que corresponde a la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos el conocimiento de los asuntos que se refieren a las leyes reglamentarias de la C.�n Pol�tica del Estado, salvando las excepciones que hubiera considerado pertinentes. Pero la voluntad del legislador fue la de clasificar como reglamentarias las que aplican o regulan ?dispositivos de la C.�n Pol�tica del Estado?. De lo anterior se colige que la Ley del Notariado del Estado de J. no es reglamentaria de la C.�n de J.. Cuando se trata de la Ley del Notariado tampoco se alude a una ley org�nica. Las leyes org�nicas tienen como finalidad primordial la organizaci�n de los poderes p�blicos de acuerdo con las normas constitucionales. Se ha extendido indiscriminadamente dicha denominaci�n a los ordenamientos que establecen las normas de organizaci�n de instituciones de derecho p�blico, tal como fue el caso de la abrogada Ley Org�nica Municipal del Estado de J. o la Ley Org�nica de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, el aspecto distintivo de las leyes org�nicas es que organizan la vida institucional de entidades p�blicas constitucionales. De la denominada parte org�nica de la C.�n General de la R.�blica se desprenden precisamente las Leyes Org�nicas de los Poderes de la Uni�n. El notariado p�blico es una instituci�n de derecho p�blico, pero en J. no tiene la categor�a de ser una entidad p�blica constitucional. La ley que regula el notariado es una ley ordinaria supeditada a la C.�n L.. Por tanto, debe concluirse que la iniciativa de ley que propuso modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J. que nos ocupa, no es materia que competa a la C.�n de Estudios Legislativos, toda vez que no se trata de una ley org�nica. Igual soluci�n se obtiene al confrontar la fracci�n IV del referido art�culo 32 con la naturaleza de la legislaci�n notarial. Las materias civil y penal fluyen independientes de la normatividad notarial. El derecho civil y penal son independientes del derecho notarial. Los contactos entre ellas son muchos y de muy diversa manera, pero se trata de materias diferentes, de tal manera que la C.�n de Estudios Legislativos no est� facultada para conocer de los asuntos notariales bajo el amparo de esta fracci�n. La creaci�n de una ley es cuesti�n de orden p�blico. El cumplimiento puntual de cada una de sus etapas engendra una buena ley. El P. de ese honorable Supremo Tribunal de Justicia de la Naci�n sostuvo en la tesis LXIX/99 que ?... la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creaci�n de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulaci�n ...?. De lo que es dable desentra�ar que el conocimiento de los asuntos relativos a la creaci�n de leyes por parte de comisiones legislativas especializadas representa la causa eficiente que pone en marcha la elaboraci�n de dict�menes tendientes a la creaci�n de la norma general, necesaria para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulaci�n. Lo contrario expone al proceso creativo a la perpetraci�n de yerros inducidos por el turno indebido de los asuntos a comisiones legislativas legalmente incompetentes. �nicamente con la finalidad de ilustrar el argumento ponemos el ejemplo de una iniciativa de reforma a la ley civil en materia de adopciones turnada a la C.�n de Hacienda y Presupuestos, en cuyo caso el turno indebido no representa la causa eficiente en la elaboraci�n del dictamen tendiente a la creaci�n de la norma general, por el contrario, el descuido dentro del proceso y desacato a ley podr�a desembocar en un mal dictamen, deformar el sentido de la discusi�n y dar como consecuencia la aprobaci�n de una ley inconstitucional. Por lo anterior, al infringirse lo dispuesto en los art�culos 29, 31, 32, 33 y 43 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., as� como lo preceptuado en los art�culos 2o., 35, fracciones I y XXXI, y el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L., dentro del proceso legislativo, es incuestionable que se viola lo ordenado por los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que sea procedente declarar la invalidez de las normas impugnadas. Encuentran soporte los argumentos expresados en la tesis jurisprudencial emitida por el P. de esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente a la N.ena �poca, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, tesis P./J. 4/99, p�gina 288, aprobada en su sesi�n privada celebrada el 28 de enero de 1999, con el rubro: ?ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA.?, que a la letra dice: ?Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acci�n de inconstitucionalidad, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la C.�n F., en relaci�n con otras disposiciones, sean de la C.�n L. o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la C.�n L. dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas.?. II. No fueron citados los miembros de la comisi�n en los t�rminos del art�culo 28 bis de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. Al no guardarse lo preceptuado en el art�culo 28 bis de la ley org�nica citada y lo se�alado en los art�culos 2o., 35, fracciones I y XXXI, y el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L. dentro del proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de las modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J., cuya inconstitucionalidad se reclama, se violaron los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El art�culo 28 bis de referencia establece que: ?El presidente de cada comisi�n deber� notificar a los integrantes de la misma, al menos con 24 horas de anticipaci�n y por escrito con acuse de recibo el d�a, lugar y hora de las reuniones de trabajo, las que no podr�n ser menos de una por semana, cuando el caso lo amerite. Los diputados concurrentes a las reuniones de comisi�n, firmar�n constancia relativa al tiempo que comparezcan en las mismas, circunstancia que deber� aparecer en el acta de la sesi�n respectiva. Las sesiones de comisi�n deber�n iniciar a m�s tardar 20 minutos despu�s de la hora fijada para tal efecto. El presidente de la comisi�n informar� a la de control legislativo de las ausencias de los diputados a las reuniones de trabajo siempre que falten sin causa justificada. El presidente de la mesa directiva dar� a conocer mensualmente al P. el trabajo de las comisiones, de acuerdo a los informes que reciba de la C.�n de Control Legislativo. La notificaci�n a reuni�n de trabajo de comisi�n se har� extensiva a los diputados en los t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo, que por escrito le hagan saber al presidente de la misma su inter�s por determinado asunto. Los diputados quemantengan su inter�s en seguir participando en trabajos de comisi�n deber�n manifestarlo en los mismos t�rminos del p�rrafo precedente.?. Y es el caso que el presidente de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos del Congreso del Estado de J. realiz� reuniones de trabajo incurriendo en las siguientes faltas a la ley: a) El presidente de la C.�n de Estudios Legislativos no notific� a los integrantes de la misma, al menos con 24 horas de anticipaci�n y por escrito con acuse de recibo el d�a, lugar y hora de las reuniones de trabajo; b) Los diputados concurrentes a las reuniones de la comisi�n no firmaron constancia relativa al tiempo que permanecieron en las mismas; c) No se levantaron actas de las sesiones efectuadas para el estudio de la iniciativa que origin� modificaciones a la Ley del Notariado consignadas en el Decreto 19471. Es preciso referir que la C.�n de Estudios Legislativos est� presidida por un diputado del PAN y la integran 4 diputados de ese partido, 2 del PRI y 1 del PRD. Lo que ha provocado la deslealtad a la ley por parte de los integrantes del PAN en esa comisi�n de pretender legitimar actos de esa comisi�n en ausencia de los diputados del PRI y PRD, asentando como ciertos hechos y acuerdos de los que nunca participaron. La notificaci�n a los diputados de una comisi�n es la causa eficiente que propicia la integraci�n de la misma. Lo contrario incentiva que la mayor�a act�e a nombre de la comisi�n sin integrarla debidamente y desoyendo a las minor�as. Asimismo, la firma de las constancias de asistencia y de las actas de las sesiones efectuadas para el estudio de las iniciativas son causa eficiente en la prosecuci�n del proceso de creaci�n de la ley, toda vez que su incumplimiento deriva en vicios que pudieren dar como consecuencia la sustituci�n de la opini�n de la comisi�n al resultar que una parte de la misma se arrogue la facultad de dictaminar los asuntos turnados sin escuchar la voz de todos sus integrantes. Al infringirse lo dispuesto en el art�culo 28 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., as� como lo preceptuado en los art�culos 2o., 35, fracciones I y XXXI, y el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L., dentro del proceso legislativo, es incuestionable que se viola lo ordenado por los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que sea procedente declarar la invalidez de las normas impugnadas. Encuentran soporte los argumentos expresados en la tesis jurisprudencial n�mero 4/99 ya transcrita, de donde se sigue que es procedente y as� lo solicitamos se declare la invalidez de las normas impugnadas. III. No fue citado el autor de la iniciativa a la comisi�n en los t�rminos del art�culo 31, pen�ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. El legislador local consider� necesario que el autor de las iniciativas de ley o decreto tuviesen la oportunidad de ser escuchado en el seno de las comisiones de estudio con la finalidad de que los diputados que las integran se enteraran de aquellas motivaciones y fundamentos que no hubieren sido incorporados al documento inicial, y as� enriquecer el trabajo en comisiones y estar en condiciones de emitir el dictamen correspondiente con m�s elementos de juicio. Esta circunstancia qued� inscrita en el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 31 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo. Pero, es el caso, que al representante de los autores de la iniciativa que dio origen a las modificaciones a la Ley del Notariado que se impugnan, no fueron citados en los t�rminos de ley, circunstancia que constituye una violaci�n legal que invalida el proceso legislativo y el decreto publicado. Pues resulta que al alejarse de lo dispuesto en el art�culo 31, pen�ltimo p�rrafo, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., as� como lo preceptuado en los art�culos 2o., 35, fracciones I y XXXI, y el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L., dentro del proceso legislativo, es incuestionable que se viola lo ordenado por los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que sea procedente declarar la invalidez de las normas impugnadas. IV. El dictamen careci� de motivaci�n y fundamentaci�n en los t�rminos del art�culo 94 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. En la especie, el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de las modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J. cuya inconstitucionalidad se reclama, es violatorio de los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, seg�n qued� asentado, el principio de debido proceso establecido en el art�culo 14 y la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, alcanza en su obligatoriedad a todas las autoridades del pa�s incluyendo al Poder Legislativo. Por su parte, en virtud del 128 de la Carta Magna, todos los servidores p�blicos est�n obligados a respetarla. La voluntad popular manifestada en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos les otorg� a los Estados soberan�a en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero supeditados a los lineamientos de la Ley Fundamental, tal como qued� se�alado en el art�culo 40 de la misma carta. Tambi�n se precis� que los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos con sujeci�n a los lineamientos que prev� el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento a lo ordenado por el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de J. establece la organizaci�n pol�tica y jur�dica, y al efecto prev� que el Poder Legislativo expedir� su ley org�nica seg�n lo dispone el art�culo 35, fracci�n XXXI. Es obligaci�n de los diputados al Congreso del Estado observar la Ley Org�nica del Poder Legislativo, toda vez que -como ya se se�al�- en su calidad de servidores p�blicos protestaron formalmente cumplir todas las leyes emanadas de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia C.�n de J., de conformidad con lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 108 de la Carta L.. La Ley Org�nica del Poder Legislativo establece las normas aplicables al proceso legislativo para la formaci�n de leyes. Los dict�menes que elaboran las comisiones legislativas encargadas del estudio de las iniciativas turnadas constituyen un material indispensable dentro del proceso legislativo de formaci�n de leyes. Su contenido comprende una valoraci�n integral de la iniciativa en cuesti�n, ya sea proponiendo su aprobaci�n o rechazo. En cualquier caso, es consustancial al mismo dictamen una exposici�n clara y precisa del negocio de que se trate, toda vez que de ello se vale la asamblea para confirmar -con su aprobaci�n- el sentido del dictamen o no. La exposici�n incorporada al dictamen debe ser cuando menos jur�dica, es decir, debe integrarse -entre otros elementos- con los razonamientos jur�dicos que lleven a la comisi�n de estudio a concluir en una propuesta positiva o negativa, en relaci�n con el sentido de la iniciativa. Una exposici�n que d� amplio soporte a una modificaci�n legal debe abarcar una explicaci�n de los fen�menos sociales que se pretenden afectar, una proyecci�n de los efectos de la norma propuesta y, por supuesto, la justificaci�n jur�dica. Es en virtud a la justificaci�n jur�dica por lo que el legislador encarnado (sic) en la comisi�n de estudios establece el valor jur�dico que se pretende tutelar con la norma propuesta; se revisa la armon�a de la norma con el marco jur�dico integral; y finalmente se esclarecen situaciones que pudieren dar lugar a problemas de interpretaci�n al momento de su aplicaci�n. Por ello, la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J. estableci� en su art�culo 94 que: ?Los dict�menes deber�n contener una exposici�n clara y precisa del negocio a que se refieren y concluir sometiendo a la consideraci�n del Congreso, el proyecto de ley, decreto o acuerdo econ�mico, seg�n corresponda.?. En el caso que nos ocupa, la �nica acepci�n jur�dica del adjetivo ?preciso? es la que se liga a vocablos tales como necesario e imprescindible. Es decir, la ley conmina a la comisi�n de estudio a elaborar dict�menes que contengan una exposici�n clara y con todos los elementos necesarios o imprescindibles para la comprensi�n del negocio de que se trate; y si dicho asunto se trata de la creaci�n, derogaci�n o modificaci�n de una norma, lo m�nimo que debe contener dicho dictamen es la justificaci�n jur�dica de la propuesta, tal como ya se se�al�. Y esto es as�, en virtud de que de las lecturas del dictamen es como la asamblea toma conocimiento del negocio, y de esta manera est� en condiciones de emitir -cada diputado- un voto cuando menos informado de los alcances de su acci�n legislativa. En la especie, la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos viol� el art�culo 94 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., toda vez que no expuso con claridad y precisi�n el sentido de su propuesta. En el proyecto de decreto del dictamen referido propuso la reforma de 73 art�culos, la adici�n de 18 art�culos y la derogaci�n de 9 art�culos (fracciones o incisos), y adem�s 10 art�culos transitorios. El dictamen comprende 100 modificaciones legales y 10 transitorios. Es el caso que los art�culos 1o., 3o., 5o., segundo p�rrafo, 12, 16, 17, tercero y cuarto p�rrafos, 18, 21, 23, fracciones II, III, IV y V, 23 bis, 25, primero, segundo y cuarto p�rrafos, 27, primer y tercer p�rrafos, 29, fracciones I, III y IV, 31, tercer p�rrafo, 33, 35, fracciones XIV a la XVII, y segundo p�rrafo, 38, segundo p�rrafo, 39, primer p�rrafo, 42, primer p�rrafo y fracci�n II, 43, 45, fracci�n I y segundo p�rrafo, 46 bis, 47, tercero al s�ptimo p�rrafos, 48, 49, 51, primer y tercer p�rrafos, 52, 53, 56, segundo y tercer p�rrafos, y fracciones I a VI, 57, 58, segundo p�rrafo, 65, fracci�n III, 82, primer p�rrafo y fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, X y XI, 85, 88, 89, 99, primer p�rrafo, 103, primer p�rrafo, 105, segundo p�rrafo, 109, 110, 112, 115, 118, 119, segundo p�rrafo, 140, 141, 142, 144, primer p�rrafo, 146, cuarto p�rrafo, 150, fracci�n I, p�rrafo segundo, 151, �ltimo p�rrafo, 152, fracci�n III, 154, 155, fracciones II, III, IV, X, XI y XII, y segundo p�rrafo, 157, fracciones I, II, IV, VII, VIII, IX y XIII, 158, fracciones I, II, III, XII y XIII, 159, 162, 162 bis, 163, primer, tercer y cuarto p�rrafos, 164, primer p�rrafo, 166, primer p�rrafo, 167, 168, 171, fracci�n I, 173, fracciones VII y VIII, 174, 176 bis, 177, 178, primero y segundo p�rrafos, 181, fracci�n V, no fueron objeto de exposici�n de ninguna especie y s� se propuso su reforma o adici�n. Los art�culos 24, 29, fracci�n II, 30, 42, fracci�n III, 65, fracci�n I, 87, fracci�n II, 143, segundo p�rrafo, 156, 157, fracci�n X y 158, fracciones IV, VI, VIII, IX, X y XI, no fueron objeto de exposici�n de ninguna especie y s� se propuso su derogaci�n. Los 10 art�culos transitorios no fueron objeto de exposici�n de ninguna especie y s� fueron propuestos. Si la exposici�n que pide la ley se incorpore a los dict�menes que emiten las comisiones legislativas tiene como objeto fundar y motivar la propuesta, luego, la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos no fund� ni motiv� el dictamen que dio origen a las normas que se impugnan. Por lo anterior, al infringirse lo dispuesto por el art�culo 94 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., as� como lo preceptuado en los art�culos 35, fracci�n XXXI y el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L., al momento en que se aprob� la norma cuya invalidez se reclama, es incuestionable que se viola lo ordenado por los art�culos 16, 40, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que sea procedente declarar la invalidez de las normas impugnadas. Resulta procedente el concepto de invalidez invocado, en virtud de que se alega contravenci�n a los art�culos 14 y 16 de la C.�n F., en relaci�n con el art�culo 94 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J. y los numerales 2o., 35, fracciones I y XXXI, y el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L., disposiciones vinculadas de modo fundamental con las normas reclamadas que, al ser fundadas, invalidan el proceso legislativo y, como consecuencia, las normas impugnadas de la Ley del Notariado. V. El presidente de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos sustituy� el dictamen de segunda lectura momentos antes de entrar a su discusi�n, en contravenci�n a lo dispuesto en los art�culos 24, fracci�n II, 31, 64, 93, 94, 97, 102 y 103 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. La irregularidad que se enuncia es violatoria de los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Como qued� asentado, el principio de debido proceso y la garant�a de legalidad consagrados en los art�culos 14 y 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos alcanza en su obligatoriedad al Poder Legislativo. La voluntad popular les otorg� a los Estados soberan�a en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero supeditados a los lineamientos de la Ley Fundamental, tal como qued� se�alado en los art�culos 40 y 41 de la Carta Magna. En virtud del art�culo 128 de la Carta Magna, los diputados locales est�n obligados a respetarla. Los Poderes de los Estados est�n organizados conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a lo previsto en el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica los Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento a lo ordenado por los referidos art�culos 40, 41 y 116, la C.�n Pol�tica de J. establece la organizaci�n pol�tica y jur�dica de la entidad, y al efecto prev� que el Poder Legislativo expedir� su ley org�nica, seg�n lo dispone su art�culo 35, fracci�n XXXI. La protesta de guardar todas la leyes emanadas de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia C.�n de J., prevista en el primer p�rrafo del art�culo 108 de la Carta L., obliga a los diputados del Congreso del Estado a observar la Ley Org�nica del Poder Legislativo. La Ley Org�nica del Poder Legislativo establece las normas aplicables al proceso legislativo para la formaci�n de leyes, desde luego que se regula la forma de presentar los dict�menes, su discusi�n y votaci�n. Dentro del proceso legislativo adquieren relevante importancia las etapas de segunda lectura y discusi�n del dictamen que corresponda. En la especie, el dictamen que emiti� la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos, y que a la postre diera origen a las normas cuya inconstitucionalidad se reclama, debi� recibir dos lecturas, toda vez que conten�a un proyecto de decreto. Por disposici�n del art�culo 95 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., la segunda lectura debi� darse en la sesi�n en que se discuti�, mediando entre ambas, cuando menos una sesi�n. La descripci�n del proceso legislativo a partir de que se da primera lectura al dictamen interesado, es la siguiente: 1. Se deja una sesi�n intermedia entre la primera y segunda lectura, seg�n lo previene el art�culo 95; 2. Abierta y seguida la sesi�n de discusi�n por sus cauces ordinarios, al tratarse el asunto en cuesti�n, debe darse segunda lectura, salvo que opere la dispensa de tr�mites prevista en el art�culo 100 (tal como fue en el caso que nos ocupa); 3. Realizada la segunda lectura o una vez dispensado el tr�mite, el presidente de la mesa directiva debe poner a discusi�n el dictamen, primero en lo general y despu�s en lo particular, art�culo por art�culo, seg�n lo dispone el art�culo 102; 4. De haber discusi�n porque alguno de los integrantes de la C�mara desease hablar en pro o en contra de alg�n dictamen, el presidente formar� una lista en la que inscribir� a quienes deseen hacerlo, concediendo alternativamente el uso de la palabra a los que se hayan inscrito llam�ndolos por el orden de la lista y comenzando por el inscrito en contra, tal como lo se�ala el art�culo 103. 5. El orador enviado por el Ejecutivo del Estado para la discusi�n de alg�n asunto podr� hacer su intervenci�n en el momento de la discusi�n en que lo prefieran, previa solicitud que se haga al presidente, de conformidad con lo establecido en el art�culo 114. 6. Abierta la discusi�n del negocio, los integrantes de la comisi�n dictaminadora y el o los diputados autores de la iniciativa podr�n hacer uso de la palabra aun sin haberse inscrito, en acatamiento a lo se�alado en el art�culo 105; 7. En la discusi�n particular de un proyecto, art�culo por art�culo, los que intervengan en ella indicar�n los art�culos que deseen impugnar y restrictivamente sobre ellos versar� el debate, seg�n lo dispuesto en el art�culo 116; y, 8. Una vez que hayan intervenido todos los oradores y antes de declarar agotada la discusi�n de alg�n proyecto, tanto en lo general como en lo particular, el presidente debe consultar a la asamblea si se considera el dictamen o el art�culo a debate suficientemente discutido. Si se obtuviere respuesta afirmativa, se pondr� a discusi�n en lo particular, en el primer caso, y se someter� a votaci�n en el segundo, tal como lo establece el art�culo 115. Establecido el proceso legislativo en el tramo que nos interesa, debe observarse que el dictamen emitido en comisiones no es susceptible de ser modificado en ning�n momento. Tal como se le da primera y segunda lectura es como se presenta a la discusi�n. Y las modificaciones que pudiere sufrir el dictamen deben ser consecuencia directa de la discusi�n y votaci�n para efectos de obtener una minuta de decreto o ley. En la especie, el diputado J.G.T.R.�guez M.�nez, presidente de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos, despu�s de la dispensa de la segunda lectura del dictamen que nos ocupa y previo a su discusi�n, modific� el propio dictamen. De acuerdo a los ar�bigos que describen el proceso legislativo entre la segunda lectura del dictamen y su puesta a discusi�n, no hay oportunidad para nada. El paso inmediato y autom�tico despu�s de la segunda lectura es poner a discusi�n el dictamen en lo general, tal como lo dispone el art�culo 102 de la ley de la materia. De tal forma que al modificarse el dictamen en el momento previo a su puesta a discusi�n se violaron los siguientes preceptos legales. a) El art�culo 102 citado, toda vez que no se dio cumplimiento a su disposici�n de abrir la discusi�n en lo general una vez aprobada la dispensa de la segunda lectura del dictamen; b) El art�culo 24, fracci�n II, de la multicitada ley org�nica, en virtud de que el presidente de la mesa directiva no ejerci� la facultad de llamar al orden al diputado J.G.T.R.�guez M.�nez al momento en que modificaba el dictamen sin que hubiera motivo ni fundamento legal para hacerlo, asumiendo una actitud complaciente ante la violaci�n legal. c) El art�culo 103 del ordenamiento citado, en cuanto que el presidente de la mesa directiva no form� lista de oradores para el debate inmediatamente despu�s de anunciar la apertura de la discusi�n; d) El art�culo 97, porque no puede ponerse a discusi�n ning�n proyecto de ley o decreto sin que previamente se hayan repartido a los diputados, a m�s tardar en la sesi�n anterior a la en que la discusi�n vaya a celebrarse, las copias que contengan el dictamen. De una interpretaci�n l�gica,sistem�tica y funcional de este precepto se llega a la conclusi�n de que el hecho de que se turne a los diputados el proyecto que contenga la iniciativa a discusi�n cuando menos en una sesi�n previa, es con el objeto de que �stos, en fiel acatamiento a su responsabilidad que tienen como depositarios derivados de la soberan�a popular, tengan conocimiento previo del contenido de la iniciativa a discutir, y puedan as�, con ese conocimiento previo, aportar sus ideas y verter en su oportunidad un voto informado y en conciencia, circunstancia que no se observ� en el presente caso, violando en forma por dem�s flagrante un precepto legal de vital trascendencia. A la anterior conclusi�n se llega con un simple an�lisis l�gico, ya que si bien es cierto que fue entregado un dictamen de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos en forma previa a la totalidad de los diputados que integramos la LVI Legislatura, es precisamente para que tuvieran conocimiento previo del contenido del dictamen a discutir en sesi�n posterior, sin embargo, en la sesi�n de m�rito (de segunda lectura) y como ya se ha dicho en el cuerpo de la presente, el dictamen fue modificado por el diputado T.R.�guez. e) El art�culo 64 de la ley mencionada, toda vez que el diputado J.G.T.R.�guez M.�nez alter� el orden legal de la sesi�n, incumpliendo con su obligaci�n de comportarse con circunspecci�n y prudencia; f) El art�culo 93 del mismo ordenamiento, toda vez que es facultad de la comisi�n -y no de su presidente- rendir el dictamen correspondiente; g) El art�culo 31, toda vez que los acuerdos de comisi�n se deben tomar por mayor�a absoluta de sus miembros y no s�lo por su presidente; de lo que se sigue que cualquier modificaci�n a los dict�menes debe darse en el seno de la propia comisi�n y con oportunidad; y, h) El art�culo 94, ya que de por s� el dictamen a discusi�n carec�a de una exposici�n clara y precisa de los motivos de la reforma, sus modificaciones a destiempo vinieron a ahondar esta irregularidad al ser enunciadas una a una sin reflexi�n que les diera soporte jur�dico, pol�tico y social. Por lo anterior, al infringirse lo dispuesto por los art�culos 24, fracci�n II, 31, 64, 93, 94, 97, 102 y 103 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., as� como lo establecido en los numerales 2o., 35, fracciones I y XXXI, y el primer p�rrafo del 108 de la C.�n L., dentro del proceso que culmin� con la aprobaci�n de la norma cuya invalidez se reclama, es incuestionable que se viola lo ordenado por los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que sea procedente declarar la invalidez de las normas impugnadas. VI. No se le dio tr�mite a la moci�n de orden que interpusieron -por separado- en tiempo y forma los diputados J.L.L.S. y E.I.P., en contravenci�n a lo dispuesto en los art�culos 24, fracci�n II, 64 y 107 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. Ya qued� se�alado c�mo es que la Ley Org�nica del Poder Legislativo establece las normas aplicables al proceso legislativo para la formaci�n de leyes. El proceso legislativo es una sucesi�n de actos constitucionales y legales que se realizan con el objeto de crear una ley positiva. As�, es como la facultad de iniciativa, es decir, la prerrogativa de impulsar la formaci�n de una ley se surte del art�culo 28 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., por disposici�n del art�culo 29 se debe anunciar al gobernador del Estado cuando haya que discutirse un proyecto de ley que se relacione con asuntos de la competencia del Poder Ejecutivo con anticipaci�n no menor a veinticuatro horas, a fin de que pueda enviar al Congreso, si lo juzga conveniente, un orador que tome parte en los debates, el 31 dispone que los proyectos de ley aprobados se remitan al Ejecutivo, firmados por el presidente y los secretarios del Congreso o por los diputados que los suplan en sus funciones de conformidad con la Ley Org�nica del Poder Legislativo, y las iniciativas adquirir�n el car�cter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, seg�n lo establece el 32. A estas disposiciones constitucionales se suman las disposiciones ordinarias contenidas en la Ley Org�nica del Poder Legislativo, las que de consuno regulan el proceso legislativo para la formaci�n de leyes. Resulta que esta serie de actos son los que le dan orden al proceso y deben desahogarse conforme a la C.�n L. y a la normatividad ordinaria aplicable, es decir, el seguimiento del proceso le da orden y legalidad a la creaci�n de la ley. El vocablo orden es utilizado en la Ley Org�nica del Poder Legislativo en dos de sus acepciones, tanto como mandato o como paz, armon�a o tranquilidad. Pero tambi�n se desentra�a de su contenido la acepci�n de orden como legalidad, de tal manera que cuando el art�culo 64 del ordenamiento citado se�ala que: ?En las sesiones, los diputados estar�n obligados a comportarse con circunspecci�n; si alguno de ellos alterara el orden, el presidente le exhortar� a que se conduzca con correcci�n.?, la lectura debida es de que no tan s�lo los diputados deben comportarse atendiendo las normas de urbanidad, sino que primordialmente deben acatar la ley a fin de no romper el orden en el desarrollo de la misma. Cuando se rompe el orden dentro de una sesi�n ya sea porque se infringe una ley o se pierda la paz y tranquilidad en el recinto legislativo, el presidente de la mesa directiva debe disponer lo necesario para restablecer el orden perdido. Pero si se est� violando una ley, es cuando la participaci�n del funcionario es m�s relevante, dado que los integrantes de la asamblea est�n expuestos a violar un dispositivo legal en el desarrollo del proceso legislativo que se desahoga en sesi�n plenaria, la intervenci�n de oficio del presidente o la moci�n de orden planteada por cualquier diputado adquiere mayor importancia, toda vez que dicha participaci�n reviste la calidad de medio de autocontrol de la legalidad. Es decir, ante la violaci�n de una disposici�n legal dentro del proceso legislativo advertida en sesi�n plenaria, la forma de restablecer el orden legal es a instancia del presidente o de cualquier diputado, planteando oportunamente la moci�n de orden que corresponda. La moci�n de orden representa la causa eficiente que pone en marcha un medio de autocontrol de la legalidad. La facultad del presidente de la mesa directiva est� prevista en la fracci�n II del art�culo 24, y la de los diputados se colige de su derecho a velar por el buen despacho de los asuntos a cargo del Congreso, de ah� que si la libertad de expresi�n de los oradores en tribuna del Congreso es inviolable, s�lo es interrumpible cuando infrinja alg�n art�culo de esta ley o se trate de una moci�n de orden o vierta injurias contra alguna persona o instituci�n, seg�n lo prev� el art�culo 107 de la Ley del Congreso de J.. Esta �ltima acotaci�n tiene como objetivo preponderar la importancia del procedimiento de autocontrol de la legalidad -v�a moci�n de orden- sobre la libertad oratoria de los diputados, incluso. En la especie, a la colusi�n operada por el presidente de la mesa directiva diputado J.A.C.G. (PAN), el presidente de la C.�n de Estudios Legislativos J.G.T.R.�guez M.�nez (PAN) y la mayor�a de la asamblea (PAN), al momento de romper el orden legal de la sesi�n de fecha 19 de marzo del a�o 2002, en lo relativo a la lectura y discusi�n del dictamen relacionado con las modificaciones a la Ley del Notariado que por este medio se impugnan y cuyos conceptos de invalidez quedaron expresados en el romano V, se suman las violaciones a la ley por el hecho de no haberle dado tr�mite a las mociones de orden interpuestas por los diputados J.L.L.S. y E.I.P., en su oportunidad. Efectivamente, ante la imprudencia del diputado J.G.T.R.�guez M.�nez de modificar el dictamen que habr�a de ponerse a discusi�n y la complacencia al desacato al orden legal de parte del presidente de la mesa y de la mayor�a de la asamblea, los diputados J.L.L.S. y E.I.P. interrumpieron -separadamente- la intervenci�n del diputado R.�guez con la finalidad de interponer una moci�n de orden, la cual podr�a tener como consecuencia, precisamente, volver al orden legal de la sesi�n, es decir, operar como medio de autocontrol de la legalidad del propio Congreso del Estado. Sin embargo, no obstante el poder normativo del art�culo 107 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, el presidente de la mesa directiva en vez de escuchar la argumentaci�n que daba soporte a la moci�n de orden y someterla a votaci�n, ignor� las propuestas. En el caso del diputado I., el presidente se limit� a instruir al secretario a dar lectura precisamente del art�culo 107, al t�rmino de lo cual concedi� de nueva cuenta el uso de la voz al diputado J.G.T.R.�guez M.�nez, sin que -repetimos- se le hubiere dado el tr�mite legal a la moci�n de orden propuesta. Lo que trajo como consecuencia que se continuara violando el orden legal de la sesi�n de referencia. La actuaci�n del presidente de la mesa directiva es violatoria de los art�culos 24, fracci�n II, 64 y 107 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo. Entonces, durante el proceso legislativo que culmin� con la publicaci�n del Decreto 19471 se transgredieron disposiciones ordinarias y de la C.�n L. que invalidan las normas aprobadas por constituir violaciones indirectas a la C.�n General de la R.�blica. VII. No se le dio tr�mite a la propuesta que interpuso en tiempo y forma el diputado C.P.R., en contravenci�n a lo dispuesto en los art�culos 11, 24, fracci�n II, 64 y 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J.. La moci�n interpuesta por el diputado C.P.R. fue descrita en el ar�bigo 17 del cap�tulo de antecedentes, y no obstante que expresamente pidi� ?para reponer el procedimiento -el dictamen de m�rito- se retire y se regrese a comisiones?, el presidente hizo caso omiso de dicha propuesta, no la someti� a la votaci�n del P. y continu� la sesi�n. Sin prejuzgar la procedencia de lo solicitado, apreciamos que as� como en su oportunidad el presidente durante la lectura, discusi�n y aprobaci�n del asunto 4.3 someti� a la consideraci�n de la asamblea las propuestas de los diputados T.R.�guez (para modificar el dictamen), J.G.M., E.L.M.�nez y F.G.�n P�rez P., de la misma manera debi� haber sometido a la votaci�n de la asamblea el punto indicado por el diputado C.P. (que de haberse aprobado la reposici�n del procedimiento -sea dicho de paso- se hubieran podido subsanar tanto las deficiencias al proceso legislativo que ahora se combaten, como las de las normas aprobadas). El desprecio a la moci�n del diputado C.P. contraviene los art�culos 11, 64, fracci�n II y 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, violando indirectamente el art�culo 14 y 16, en relaci�n con los art�culos 40, 41 y 116 de la C.�n General de la R.�blica, lo que por s� mismo es causal de invalidez de los preceptos impugnados. VIII. No se cit� legalmente al representante del Ejecutivo, contraviniendo con ello el art�culo 29 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y 97 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo. El art�culo 29 referido establece que: ?Se anunciar� al gobernador del Estado cuando haya de discutirse un proyecto de ley que se relacione con asuntos de la competencia del Poder Ejecutivo, con anticipaci�n no menor a veinticuatro horas, a fin de que pueda enviar al Congreso, si lo juzga conveniente, un orador que tome parte en los debates.?. De una interpretaci�n l�gica, sistem�tica y funcional de este precepto, se llega a la conclusi�n de que el hecho de que se cite al representante del Ejecutivo a la lectura y discusi�n de un proyecto de ley, es con el objeto de que su participaci�n en el debate fuere para proponer su visi�n acerca del negocio en cuesti�n. Para el efectivo cumplimiento del precepto es preciso que el orador designado tenga previamente conocimiento del proyecto de ley contenido en el dictamen que se discute. Si no conoce del proyecto no estar� en condiciones de opinar y se frustrar� el sentido del art�culo en comento. En el caso que nos ocupa el representante del Ejecutivo fue citado pero no se le impuso del dictamen a discusi�n. Es decir, se le notific� al Ejecutivo la discusi�n de un asunto de su inter�s, y no obstante que se envi� a un representante para que participara en los debates, en la sesi�n, un momento antes de entrar a su discusi�n, el diputado T.R.�guez cambi� el proyecto de ley, tal como ya fue ampliamente comentado en el punto V de este cap�tulo. Lo que hizo nugatorio el derecho del Ejecutivo a participar en la discusi�n del proyecto de ley en cuesti�n, toda vez que no se le permiti� que se compenetrara de su contenido con un tiempo previo razonable. IX. La discordancia entre lo aprobado por el Congreso del Estado y lo publicado por el Ejecutivo viola el art�culo 33, p�rrafo quinto, de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y los art�culos 136 y 140 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo. El art�culo 33, p�rrafo quinto, de la C.�n de J. dice: ?Todo proyecto de ley al que no hubiese hecho observaciones el Ejecutivo dentro del t�rmino que establece este art�culo, debe ser publicado en un plazo de quince d�as como m�ximo, contados a partir de la fecha en que lo haya recibido.?. El art�culo 136 de la Ley Org�nica del Congreso de J. establece: ?Las minutas de ley y de decreto deber�n coincidir exactamente con el articulado que el proyecto respectivo hubiere contenido, al ser aprobado en lo particular por el Congreso.?. Mientras que el 140 del mismo ordenamiento refiere que: ?Toda minuta de ley o de decreto se iniciar� con las siguientes palabras: �El Congreso del Estado decreta:�; deber�n ser expedidas en el sal�n de sesiones del Congreso del Estado, llevar la fecha de aprobaci�n y suscritas por el presidente y los secretarios. Ser�n remitidas al Ejecutivo para su sanci�n, promulgaci�n y publicaci�n, mediante oficio que firmen los secretarios.?. En el caso, la disparidad entre lo aprobado y lo publicado revela una violaci�n a la C.�n L.. Una debida interpretaci�n al mandato del p�rrafo quinto del art�culo 33 citado, es aquella que concluye en el sentido de que el Ejecutivo debe publicar con exactitud la minuta suscrita por la mesa directiva del Congreso del Estado. Mientras que la minuta debe coincidir exactamente con lo aprobado por la asamblea. Luego, lo publicado por el Ejecutivo debe coincidir con lo aprobado por la asamblea. Si esta coincidencia no ocurre -como en el caso que nos ocupa- se est� ante una violaci�n al proceso legislativo que contraviene indirectamente los art�culos 14, 16, 40, 41, 116 y 128 de la C.�n General de la R.�blica, de donde se surte la procedencia de la presente acci�n de inconstitucionalidad. X. No se respet� el t�rmino legal de 15 d�as para publicar el proyecto de decreto, seg�n lo previsto en el quinto p�rrafo del art�culo 33 de la C.�n Pol�tica del Estado de J.. El dispositivo invocado refiere que: ?Todo proyecto de ley al que no hubiese hecho observaciones el Ejecutivo dentro del t�rmino que establece este art�culo, debe ser publicado en un plazo de quince d�as como m�ximo, contados a partir de la fecha en que lo haya recibido.?. En la especie, el Ejecutivo del Estado recibi� el proyecto de decreto el d�a 25 de marzo y fue hasta el d�a 18 de abril que aparecieron publicados en el P.�dico Oficial ?El Estado de J.?. La infracci�n al dispositivo en comento, as� como a lo preceptuado en los art�culos 35, fracci�n XXXI y el primer p�rrafo del art�culo 108 de la C.�n L., viola lo ordenado por los art�culos 16, 40, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que sea procedente declarar la invalidez de las normas impugnadas. El principio de legalidad y las normas ordinarias del proceso legislativo. El proceso legislativo se forma de etapas vertebradas que se desahogan con formalidades propias de la materia y tienen como objetivo la creaci�n de leyes. Lo deseable es que el producto del trabajo legislativo sean buenas leyes. Por ello, el proceso legislativo es de orden p�blico e inter�s general. Dentro de la legislaci�n parlamentaria existen disposiciones vinculadas directamente con el proceso legislativo y otras de car�cter org�nico o que abonan a favor del orden interno y la urbanidad debidas. �stas no tienen relaci�n con el proceso legislativo. S�lo la violaci�n a las primeras son susceptibles de afectar de manera fundamental la norma publicada, de ah� que su inobservancia debe provocar la declaraci�n de invalidez o inconstitucionalidad. Ante la violaci�n de una norma susceptible de afectar la norma publicada oficialmente, el �rgano de control constitucional se encuentra ante una certeza y una incertidumbre; la certeza es que est� frente a una ruptura del principio de legalidad consagrado en los art�culos 14 y 16 constitucionales, mientras que su incertidumbre se centra en los efectos desconocidos de haberse realizado debidamente el acto reglado. En estos casos, la reposici�n del acto violatorio no indefectiblemente desemboca en variaciones a la norma publicada y declarada inconstitucional. Subsiste la posibilidad de su convalidaci�n textual y conceptual. Es decir, no es humanamente posible vaticinar con certeza que la trascendencia del acto violatorio fuere una contravenci�n a la voluntad mayoritaria de la Asamblea Legislativa, sino despu�s de terminada la reposici�n del proceso. Ejemplo de lo que se se�ala es la hip�tesis donde se combate la inconstitucionalidad de una norma aprobada sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos, en cuyo caso la violaci�n formal trasciende a la norma, pero ello no conlleva necesariamente la violaci�n de la voluntad de la asamblea, toda vez que est� en condiciones de convalidar la norma impugnada ratific�ndola a literalidad. Precisamente, la invalidez o inconstitucionalidad de la norma se surte de la certeza de que se est� frente a una ruptura del principio de legalidad y una circunstancia que potencialmente puede causar afectaci�n a la norma publicada. Ahora bien, todas las disposiciones vinculadas al proceso legislativo contenidas en la Ley Org�nica del Poder Legislativo son necesarias para la consecuci�n de una buena ley. Cuando menos as� lo aprecia el Estado de J., quien las cre� en ejercicio de su soberan�a constitucional. De ah� que su violaci�n, desde luego, sea una desobediencia al principio de legalidad y advierta una probable afectaci�n a la norma publicada. Todas y cada una de las etapas del proceso legislativo con sus formalidades y t�rminos, fueron consignadas por el legislador local por una raz�n que no debe ser soslayada por el hecho mismo de que una mayor�a mec�nica en la asamblea acuerde no acatar la ley. Ninguna mayor�a est� por encima de la ley. Lo contrario provoca inseguridad jur�dica e impunidad. Se debe tener cuidado de no provocar que las normas locales con soporte constitucional vigentes y v�lidas pasen a ser letra muerta por el hecho de que a su violaci�n se le califique de intrascendente. Todos los actos que regulan el proceso legislativo trascienden a la norma publicada y su violaci�n es susceptible de afectarla. Ejemplo de esto es que las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que le correspond�a su estudio, sino por otra. Estas circunstancias son susceptibles de trascender a la normapublicada, toda vez que nadie en su sano juicio puede sostener categ�ricamente que seguido el tr�mite en comisiones por sus cauces legales no pudo haberse producido un dictamen distinto al conseguido por el procedimiento espurio. O que la comisi�n competente y especializada pudiere verter distintos criterios a los emitidos por la comisi�n incompetente. En ambos casos, de darse distinto dictamen, esta circunstancia pudiere tener efectos concatenados a la discusi�n y aprobaci�n que muy probablemente afectar�n la norma publicada. Argumentar en contrario equivale a razonar en contra de la especializaci�n de los �rganos p�blicos. De lo expuesto se sigue que los conceptos de invalidez referidos en el inciso A) son circunstancias que han fracturado el principio de legalidad consagrado en los art�culos 14 y 16 constitucionales, y adem�s son susceptibles de trascender la norma publicada. No debemos apartarnos del hecho de que las autoridades s�lo pueden realizar aqu�llo para lo que est�n expresamente autorizadas por las leyes, como consecuencia primordial del principio de legalidad que informa nuestro r�gimen constitucional. Y este principio opera con autonom�a e independencia del diverso principio jurisprudencial de trascendencia de la violaci�n formal en el proceso legislativo. En un pa�s que aspira a la construcci�n de un verdadero y confiable Estado de derecho no puede haber tolerancia a la ilegalidad. Menos a�n, cuando la que se transgrede es, precisamente, la ley que regula la formaci�n de leyes. Buscar justificaciones a la ilegalidad fortalece la impunidad. En el caso del proceso legislativo, la ilegalidad robustece la impunidad de la mayor�a. Ese M�ximo Tribunal C.onal ha asentado que el estudio a las violaciones a normas del proceso legislativo como medio de salvaguarda del principio de legalidad ?es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas?. Es decir, si de dicho examen resulta la convicci�n de que en el proceso de creaci�n de la norma impugnada se transgredi� (directa o indirectamente) el orden constitucional, luego es procedente su declaraci�n de invalidez. Precisamente, el P. de ese m�s Alto Tribunal del pa�s, en su tesis jurisprudencial registrada con el n�mero 20/2001, estim� al referirse a la acci�n de inconstitucionalidad que ?el referido medio de control de la constitucionalidad se promueve con el �nico inter�s gen�rico de preservar la supremac�a constitucional?. Supremac�a que impone el desahogo del debido proceso legislativo en la formaci�n de leyes. La C�mara de Senadores en el dictamen que emiti� sobre la citada ley reglamentaria sostiene que ?la supremac�a constitucional descansa y se sostiene en definiciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales, estableciendo las decisiones de car�cter p�blico, social, econ�mico, cultural y religioso, erigi�ndose la C.�n en el ordenamiento superior de todo derecho positivo del Estado. As� ning�n ordenamiento secundario u ordinario que forme parte del sistema jur�dico estatal debe oponerse, violar o apartarse de las disposiciones constitucionales?. Abonando en el mismo sentido el curso de nuestra argumentaci�n, debemos se�alar que es preciso invocar el principio de que a la misma cuesti�n la misma soluci�n. En efecto, trat�ndose de amparo contra leyes, dicho M�ximo Tribunal ha sustentado que el juicio constitucional es procedente contra el proceso de creaci�n de una reforma constitucional por violaciones al principio de legalidad. Luego, es inconcuso que contra la reforma de una norma ordinaria es procedente la acci�n de inconstitucionalidad contra su proceso de creaci�n por violaciones, precisamente, al principio de legalidad. Y atendiendo a la supremac�a de la C.�n General de la R.�blica, es necesario advertir que el celo que inspira salvaguardar el proceso de creaci�n de una reforma al M�ximo Ordenamiento, debe repetirse en el proceso de creaci�n de reformas a leyes emanadas -directa o indirectamente- de la misma C.�n General. Encuentra soporte el criterio expuesto en la tesis sustentada por el P. de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n identificada con el n�mero P.L., que bajo el rubro de: ?REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACI�N. EL INTER�S JUR�DICO DERIVA DE LA AFECTACI�N QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS.?, literalmente dice lo siguiente: ?El P. de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no es la Carta Magna, sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como autoridades responsables quienes intervienen en dicho proceso, por emanar �ste de un �rgano constituido, debiendo ajustar su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante juicio de amparo, por violaci�n al principio de legalidad. Asimismo, estableci� que la circunstancia de que aun cuando el proceso de reforma hubiese sido elevado a la categor�a de norma suprema, tal situaci�n no podr�a desconocer la eficacia protectora del juicio de amparo como medio de control constitucional, puesto que de ser as� no habr�a forma de remediar el posible incumplimiento de las formalidades consagradas en el art�culo 135 de la Carta Magna ni, por ende, podr�a restablecerse a los agraviados en los derechos que estiman violados, con lo que se autorizar�a la transgresi�n a derechos fundamentales sin oportunidad defensiva. En consecuencia, si bien es cierto que el contenido del dispositivo constitucional resulta inimpugnable a trav�s de la demanda de garant�as, siendo s�lo atacable el proceso de reforma correspondiente, y el inter�s jur�dico se identifica como la tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, la cual autoriza al quejoso el ejercicio de los medios para lograr su defensa, as� como la reparaci�n del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violaci�n, debe concluirse que el inter�s jur�dico para promover el juicio contra el proceso de reforma relativo debe derivar directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son �stos los que producen un menoscabo en la esfera jur�dica del gobernado.?. El maestro H�ctor F.Z. refiri� que ?el mismo K. estableci� con claridad que la justicia constitucional configuraba un caso especial del problema m�s general que consiste en garantizar que una norma inferior se ajuste a la norma superior que determina su creaci�n y contenido, de acuerdo con el principio de �pir�mide jur�dica�, que determina la unidad y la jerarqu�a de las diversas normas de un ordenamiento tambi�n jur�dico?. El desajuste de la norma impugnada con la Carta Fundamental se surte del hecho mismo de que las disposiciones que regulan la formaci�n de leyes en el Estado de J. no fueron observadas, luego, sin prejuzgar en este cap�tulo sobre la sustancia de las reformas impugnadas, es evidente que la pir�mide kelseniana no fue atendida desde que se incumpli� con el principio de legalidad. Zafra V. sostiene que el principio de legalidad ?significa, en principio, que dentro del procedimiento escalonado de producci�n del derecho las disposiciones de cada grado han de estar en armon�a con otras de grado anterior o superior para poder existir como aut�nticas disposiciones jur�dicas. As�, por ejemplo, una ley no puede regir como tal si se opone a la C.�n; una sentencia se ve privada de fuerza si en ella se viola una disposici�n legal ... Estado de derecho significa Estado de legalidad, es decir, Estado en el cual las disposiciones jur�dicas pueden ser confrontadas con otras superiores e invalidadas si no se acomodan a ellas?. De lo que se sigue que ning�n acto de autoridad o norma jur�dica escapan a la confrontaci�n constitucional, y su reprobaci�n no puede -ni debe- convalidarse suponiendo que se trata de actos ilegales de poca o nula trascendencia. Ahora bien, el art�culo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se�ala restrictivamente que las acciones de inconstitucionalidad ser�n improcedentes por las causales establecidas en el art�culo 19 de esta ley, con excepci�n de su fracci�n II respecto de leyes electorales, as� como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del art�culo 20. Y resulta que la ley de la materia no previene diversa causal de improcedencia relacionada con la trascendencia de las violaciones al principio de legalidad dentro del proceso legislativo. Entonces, es prudente mesurar los efectos de la tesis jurisprudencial 94/2001, emitida por el m�s Alto Tribunal del pa�s, y limitar su aplicaci�n �nica y exclusivamente a las violaciones formales que por afectar cuestiones org�nicas, de orden y urbanidad internos, no trascienden la norma publicada. B. Conceptos de invalidez material. En general, el Decreto 19471 publicado en el P.�dico Oficial ?El Estado de J.? de fecha 18 de abril del a�o 2002, y en particular los art�culos 10, fracci�n XIII, 23, fracci�n V, 23 bis, 40, 41, 47, p�rrafo quinto, 51, 52, 88, 103, 140, 141, 142, 144, 146, 154, fracci�n II, 158, fracci�n II, y la derogaci�n de la fracci�n VI, 174, 177 y 180 de la Ley del Notariado del Estado de J., y el quinto transitorio, son violatorios de los art�culos 1o., 4o., 5o., 14, 16, 114, 116, 40, 41, 128 y 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en los siguientes argumentos. Los siguientes son s�lo algunos de los conceptos de invalidez contenidos en el decreto que se impugna. I. El decreto que se impugna al transgredir garant�as constitucionales de los gobernados viola el art�culo 1o. de la C.�n General de la R.�blica. El Decreto N�mero 19471, emitido por el Congreso del Estado de J., violenta lo establecido por el art�culo 1o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con otros del mismo cuerpo legal, toda vez que el primer p�rrafo establece: ?En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta C.�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.?. Si bien es cierto que dicho p�rrafo es una declaraci�n de car�cter general que no consagra garant�a espec�fica alguna, por lo que su violaci�n s�lo puede ser resultado de la de otro que realmente establezca una garant�a individual, como en su oportunidad se correlacionan diversas violaciones a otros preceptos constitucionales, de tal forma que, como se refiere en el cuerpo de la presente demanda, el Congreso del Estado de J. ha vulnerado diversas disposiciones constitucionales y, por ello, al violarse �stas se estar�a violando aqu�l. Sirviendo de sustento los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las siguientes tesis: ?GARANT�AS INDIVIDUALES. La persona jur�dica no tiene que probar que se encuentra en el goce de las garant�as individuales, porque �ste es el estado natural y general de toda persona en la R.�blica mexicana, y el acto que restringe o afecta esas garant�as, s� debe ser objeto de prueba, porque hay que hacer patente si la restricci�n se realiz� en las condiciones que la C.�n ha previsto. La autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultades de restringir las garant�as individuales; por tanto, se necesita que pruebe que exist�an las circunstancias que la C.�n prev� para que la restricci�n que imponga no sea considerada como violatoria de garant�as. La carga de la prueba, incuestionablemente, toca a la autoridad; porque el que destruye un estado jur�dico o el que alega una excepci�n, es el que debe probar los hechos; si la autoridad no rinde esa prueba y se limita a afirmar que obr� con justificaci�n, no puede fallarse en su favor, ni negarse el amparo, sino que, por el contrario, debe concederse.?. ?GARANT�AS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR �STOS. Las garant�as individuales que se encuentran consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentaci�n y motivaci�n en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicaci�n de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad f�sica, la libertad y los bienes, siendo �stos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garant�as individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia N.F. del pa�s, para salvaguardar tales derechos.?. II. El art�culo 3o. de la Ley del Notariado que se impugna es violatorio del art�culo 11 de la C.�n General de la R.�blica. Se impugna de inconstitucional el contenido del art�culo 3o. de la Ley del Notariado del Estado de J., contenida en el Decreto N�mero 19471 del Congreso del Estado de J., toda vez que su contenido contraviene lo establecido en el art�culo 11 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El art�culo 3o. de la Ley del Notariado del Estado de J. que se combate de inconstitucional establece lo siguiente: ?Art�culo 3o. El notario desempe�ar� su cargo a petici�n de parte, dentro de los l�mites territoriales de su regi�n, salvo las excepciones previstas en este ordenamiento. Los notarios adscritos a la regi�n 6, podr�n actuar indistintamente dentro del territorio de dichos Municipios; para lo cual deber�n de tener su oficina notarial �nica en el Municipio de su adscripci�n, as� como establecer su residencia y habitaci�n permanente en cualesquiera de los Municipios ya citados. Los notarios adscritos a los restantes Municipios deber�n tener su residencia y habitaci�n permanente dentro del territorio del Municipio de su adscripci�n y su oficina notarial �nica en la cabecera municipal. No obstante lo anterior, podr�n solicitar al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretar�a General de Gobierno, la autorizaci�n para cambiar su oficina notarial dentro del mismo territorio del Municipio de su adscripci�n, el titular del Poder Ejecutivo resolver� lo conducente escuchando previamente la opini�n del Consejo de Notarios.?. Del precepto legal antes transcrito se desprende lo siguiente: a) Que el notario deber� actuar en determinado territorio de acuerdo a la regi�n de su adscripci�n. b) Que el notario debe establecer su residencia y habitaci�n permanente dentro de un determinado Municipio. El primero de los supuestos no es materia de impugnaci�n. Sin embargo, el segundo vulnera de forma por dem�s categ�rica el principio constitucional de libertad de tr�nsito consagrado en el art�culo 11 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: ?Art�culo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la R.�blica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estar� subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci�n, inmigraci�n y salubridad general de la R.�blica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pa�s.?. Del precepto constitucional antes transcrito se desprende lo siguiente: a) Que la garant�a constitucional lleva impl�cita cuatro libertades especiales: 1. La de entrar al territorio de la R.�blica; 2. La de salir del mismo; 3. La de viajar por el territorio de la R.�blica; y, 4. La de mudar su residencia o domicilio. b) Que el ejercicio de estas libertades por parte del gobernado o titular de la garant�a individual de que derivan es absoluto, o mejor dicho incondicional, en el sentido de que para ello no se requiere carta de seguridad o salvo-conducto, pasaporte u otros requisitos semejantes. c) Que ese derecho s�lo limitar� en los casos de resoluciones de autoridades judiciales de car�cter penal, civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci�n, inmigraci�n y salubridad general de la R.�blica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pa�s. En primer t�rmino, cabe advertir que la libertad de tr�nsito, que como garant�a individual instituye el precepto constitucional comentado, �nicamente se refiere al desplazamiento o movilizaci�n f�sica del gobernado; en otras palabras, la libertad de tr�nsito a que se refiere el art�culo 11 constitucional s�lo debe entenderse intuitu personae, sin abarcar la traslaci�n en cualquier medio de locomoci�n, pudiendo las autoridades locales y federales, conforme a las leyes o reglamentos respectivos, prohibir que alguna persona se movilice en veh�culos que no re�nan las condiciones que esos ordenamientos establezcan. Sin embargo, como lo se�ala el texto mismo de este precepto, el ejercicio del derecho de libre tr�nsito y residencia admite dos grandes categor�as de limitaciones, seg�n sean impuestas �stas por la autoridad judicial o administrativa. En la primera categor�a de dichas limitaciones se contemplan facultades de la autoridad judicial para restringir el libre desplazamiento de las personas, en los casos de responsabilidad penal o civil, a trav�s de medidas tales como la prisi�n impuesta como pena en sentencia judicial, la detenci�n preventiva, el arraigo, el confinamiento, etc�tera. En las segundas limitaciones quedan comprendidas las restricciones que imponga o pueda llegar a imponer la legislaci�n, tanto en materia de emigraci�n, inmigraci�n y salubridad en general, como la relativa a los extranjeros perniciosos residentes en el pa�s, es decir, extranjeros cuya permanencia en nuestro pa�s se juzgue inconveniente o indeseable porque pueda resultar lesiva para el mismo, restricciones que se encuentran previstas en la propia C.�n en el art�culo 33 en este �ltimo caso; y en el art�culo 73, fracci�n XVI, en cuanto a las cuestiones de salubridad, emigraci�n e inmigraci�n, o bien, reguladas por la legislaci�n secundaria. Por otra parte, consideramos pertinente se�alar que este derecho de libre tr�nsito y residencia lo encontramos consignado tambi�n en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como es el caso, por ejemplo, del art�culo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el d�a 16 de diciembre de 1966, vigente a partir del 23 de marzo de 1976 y ratificado por M�xico el 24 de marzo de 1981; as� como del art�culo 22 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos� de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, en vigor desde el 18 de julio de 1978 y ratificada por nuestro gobierno el 25 de marzo de 1981, instrumentos internacionales que de acuerdo con el art�culo 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Particular del Estado de J. forman parte en la actualidad de nuestro orden jur�dico interno. Al entrelazar el alcance del contenido del art�culo 11 constitucional con el contenido del respectivo 1o. de la misma, que establece que: ?En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta C.�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. ...?; en el presente caso a estudio y s�lo en los casos ya se�alados se puede restringir lalibertad de tr�nsito y de residencia, es por ello entonces que fuera de dichos casos no es admisible restricci�n alguna. De lo expuesto se concluye que la Legislatura Estatal al establecer en su art�culo 3o. la disposici�n de que una persona (fedatario p�blico) deba establecer su residencia y habitaci�n permanente en determinado territorio, tiende a impedir un derecho leg�timo de determinadas personas para poder establecer su domicilio en el lugar que mejor convenga para ellas sin m�s l�mites que los propios que establece el precepto constitucional multicitado. En estas condiciones, resulta evidente que la norma impugnada al establecer tal disposici�n obligatoria de m�rito afecta la libertad de tr�nsito y residencia de quienes se ubican en los supuestos de la misma. En consecuencia, debe declararse fundado el concepto de invalidez de referencia y lo procedente es declarar la invalidez del art�culo 3o. del Decreto N�mero 19471 del Congreso del Estado de J.. III. El art�culo 10, fracci�n I, es violatorio de los art�culos 1o., 5o., 30, 34, 35, 37 y 38 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Se impugna de inconstitucional el contenido del art�culo 10, fracci�n I, de la Ley del Notariado del Estado de J., contenida en el Decreto N�mero 19471 del Congreso del Estado de J., toda vez que su contenido contraviene lo establecido en el art�culo 1o., 5o., 30, 34, 35, 37 y 38 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. La fracci�n I del art�culo 10 de la Ley del Notariado del Estado de J. que se combate de inconstitucional establece lo siguiente: ?Art�culo 10. Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad.?. Por su parte, la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus art�culos 1o., 5o., 30, 32, 34, 35, 36, 37 y 38 lo siguiente: ?Art�culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta C.�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Est� prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzar�n, por este solo hecho, su libertad y la protecci�n de las leyes. Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las capacidades diferentes, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.?. ?Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci�n judicial. La ley determinar� en cada Estado, cu�les son las profesiones que necesitan t�tulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podr� ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustar� a lo dispuesto en las fracciones I y II del art�culo 123. En cuanto a los servicios p�blicos, s�lo podr�n ser obligatorios, en los t�rminos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, as� como el desempe�o de los cargos concejiles y los de elecci�n popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendr�n car�cter obligatorio y gratuito, pero ser�n retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los t�rminos de esta C.�n y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de �ndole social ser�n obligatorios y retribuidos en los t�rminos de la ley y con las excepciones que �sta se�ale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ning�n contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la p�rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripci�n o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesi�n, industria o comercio. El contrato de trabajo s�lo obligar� a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un a�o en perjuicio del trabajador, y no podr� extenderse, en ning�n caso, a la renuncia, p�rdida o menoscabo de cualquiera de los derechos pol�ticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, s�lo obligar� a �ste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ning�n caso pueda hacerse coacci�n sobre su persona.?. ?Art�culo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalizaci�n. A) Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la R.�blica, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional; III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalizaci�n, de padre mexicano por naturalizaci�n, o de madre mexicana por naturalizaci�n, y IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. B) Son mexicanos por naturalizaci�n: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretar�a de Relaciones carta de naturalizaci�n; II. La mujer o el var�n extranjeros que contraigan matrimonio con var�n o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los dem�s requisitos que al efecto se�ale la ley.?. ?Art�culo 32. La ley regular� el ejercicio de los derechos que la legislaci�n mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecer� normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposici�n de la presente C.�n, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva tambi�n ser� aplicable a los casos que as� lo se�alen otras leyes del Congreso de la Uni�n. En tiempo de paz, ning�n extranjero podr� servir en el Ej�rcito, ni en las fuerzas de polic�a o seguridad p�blica. Para pertenecer al activo del Ej�rcito en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza A�rea en todo momento, o desempe�ar cualquier cargo o comisi�n en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad ser� indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mec�nicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcaci�n o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Ser� tambi�n necesaria para desempe�ar los cargos de capit�n de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aer�dromo. Los mexicanos ser�n preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.?. ?Art�culo 34. Son ciudadanos de la R.�blica los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, re�nan, adem�s, los siguientes requisitos: I.H. cumplido 18 a�os, y II. Tener un modo honesto de vivir.?. ?Art�culo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I.V. en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pac�fica en los asuntos pol�ticos del pa�s; IV. Tomar las armas en el Ej�rcito o Guardia Nacional, para la defensa de la R.�blica y de sus instituciones, en los t�rminos que prescriben las leyes; y V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petici�n.?. ?Art�culo 36. Son obligaciones del ciudadano de la R.�blica: I.I. en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesi�n o trabajo de que subsista; as� como tambi�n inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los t�rminos que determinen las leyes. La organizaci�n y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedici�n del documento que acredite la ciudadan�a mexicana son servicios de inter�s p�blico, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los t�rminos que establezca la ley; II. A. en la Guardia Nacional; III.V. en las elecciones populares en los t�rminos que se�ale la ley; IV.D.�ar los cargos de elecci�n popular de la Federaci�n o de los Estados, que en ning�n caso ser�n gratuitos; y V.D.�ar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.?. ?Art�culo 37. A) Ning�n mexicano por nacimiento podr� ser privado de su nacionalidad. B) La nacionalidad mexicana por naturalizaci�n se perder� en los siguientes casos: I. Por adquisici�n voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento p�blico como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar t�tulos nobiliarios que impliquen sumisi�n a un Estado extranjero, y II. Por residir durante cinco a�os continuos en el extranjero. C) La ciudadan�a mexicana se pierde: I. Por aceptar o usar t�tulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso F. o de su C.�n Permanente; III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso F. o de su C.�n Permanente; IV. Por admitir del gobierno de otro pa�s t�tulos o funciones sin previa licencia del Congreso F. o de su C.�n Permanente, exceptuando los t�tulos literarios, cient�ficos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; V. Por ayudar, en contra de la Naci�n, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamaci�n diplom�tica o ante un tribunal internacional, y VI. En los dem�s casos que fijan las leyes. En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Uni�n establecer� en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepci�n en los cuales los permisos y licencias se entender�n otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley se�ale, con la sola presentaci�n de la solicitud del interesado.?. ?Art�culo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el art�culo 36. Esta suspensi�n durar� un a�o y se impondr� adem�s de las otras penas que por el mismo hecho se�alare la ley; II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisi�n; III. Durante la extinci�n de una pena corporal; IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los t�rminos que prevengan las leyes; V. Por estar pr�fugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensi�n hasta que prescriba la acci�n penal; y VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensi�n. La ley fijar� los casos en que se pierden, y los dem�s en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitaci�n.?. De los preceptos constitucionales antes transcritos se desprende lo siguiente: a) En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta C.�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece; b) Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las capacidades diferentes, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; c) Cu�les son los tipos de nacionalidad mexicana; d) El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposici�n de la presente C.�n, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva tambi�n ser� aplicable a los casos que as� lo se�alen otras leyes del Congreso de la Uni�n; e) Qui�nes son ciudadanos de la R.�blica, sus prerrogativas y obligaciones; f) Que los mexicanos por nacimiento no podr�n ser privados de su nacionalidad y, por consiguiente, de sus derechos; g) Cu�les son las causas por las cuales se suspenden los derechos y prerrogativas del ciudadano. Al entrelazar el alcance del contenido de los art�culos constitucionales transcritos y proceder a su an�lisis comparativo con el numeral 10, fracci�n I, de la Ley del Notariado, este �ltimo vulnera a aqu�llos al ir m�s all�. A la anterior afirmaci�n se arriba, toda vez que de la interpretaci�n de la fracci�n I del art�culo 10 de la ley impugnada, vendr�a a ser una forma en la que los derechos de los nacionales se ver�an limitados, cuando ni siquiera la propia C.�n establece hip�tesis alguna que tuviese como consecuencia la p�rdida de la nacionalidad y privaci�n derivada de derechos y prerrogativas de los connacionales. En contrapartida, los derechos de nacionalidad del mexicano no se pierden por adquirir otra nacionalidad, tal vez los legisladores del Partido Acci�n Nacional consultaron el texto legal del art�culo 37 de la C.�n que anteriormente establec�a que la nacionalidad mexicana se pierde por adquirir otra nacionalidad; sin embargo, dicho primer p�rrafo del art�culo 37 fue reformado mediante decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 20 de marzo de 1997 y que entrar�a en vigor un a�o despu�s a su promulgaci�n, esto es, el texto constitucional que dispone que ning�n mexicano por nacimiento podr� ser privado de su nacionalidad y, por consiguiente, de todos los derechos, prerrogativas y obligaciones entr� en vigor con fecha 20 de marzo del a�o de 1998. En estas condiciones, resulta evidente que la norma impugnada al establecer tal disposici�n afecta los derechos esenciales del nacional mexicano y, en consecuencia, debe declararse fundado el concepto de invalidez de referencia, y lo procedente es declarar la invalidez del art�culo 10, fracci�n I, del Decreto N�mero 19471 del Congreso del Estado de J.. III. El art�culo 10, fracci�n XII y el inciso e), de la Ley del Notariado que se impugna, es violatorio de los art�culos 13, 14, 41 y 116 de la C.�n General de la R.�blica. Se impugna de inconstitucional el contenido del art�culo 10, fracci�n XII y el inciso e), de la Ley del Notariado del Estado de J., del Decreto N�mero 19471 del Congreso del Estado de J., toda vez que contraviene lo establecido en los art�culos 13, 14, 41 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El art�culo 10, fracci�n XII y el inciso e), de la Ley del Notariado del Estado de J. que se combate de inconstitucional, establece lo siguiente: ?Art�culo 10. Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere: ... XII. Acreditar ante el Consejo de Notarios, ser una persona honesta para el ejercicio notarial. ... e) El citado en la fracci�n XII, con el certificado que expida el Consejo de Notarios despu�s de haber rendido pruebas testimoniales o documentales para acreditarlo ante �ste.?. Por su parte, la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus art�culos 13, 14, 41 y 116, lo siguiente: ?Art�culo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. ...?. ?Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...?. ?Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las Particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.. ...?. ?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ...?. De los preceptos constitucionales antes transcritos se desprende lo siguiente: h) Ninguna persona en los Estados Unidos Mexicanos podr� ser juzgado por tribunales especiales; i) Que para que una persona sea privada de la vida, libertad, propiedades, posesiones y derechos se debe seguir un juicio ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; j) Que el poder p�blico tanto federal como estatal se ejerce a trav�s de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Al entrelazar el alcance del contenido de los art�culos constitucionales transcritos y proceder a su an�lisis comparativo con el numeral 10, fracci�n XII y el inciso e), de la Ley del Notariado, estos �ltimos vulneran a aqu�llos al ir m�s all�. A la anterior afirmaci�n se arriba, toda vez que de la interpretaci�n de la fracci�n XII del art�culo 10 y su inciso e) de la ley impugnada, vendr�a a ser una forma en que los derechos son vulnerados por un �rgano distinto al del poder p�blico. Conforme a lo dispuesto en los preceptos constitucionales invocados en p�rrafos precedentes, atento nuestro r�gimen constitucional, s�lo tiene facultades para legislar el Poder Legislativo (excepcionalmente el Ejecutivo), leyes que s�lo pueden ser ejecutadas por el titular del Ejecutivo, y al Judicial su �mbito de aplicaci�n de las mismas; sin que en la C.�n F. ni mucho menos en la C.�n Pol�tica del Estado de J. exista norma alguna que autorice a alguno de los poderes para delegar su atribuci�n. No obstante lo anterior, para que sea v�lido desde el punto de vista constitucional que uno de los Poderes de la Uni�n ejerza funciones propias de otro poder es necesario, en primer lugar, que as� lo consigne expresamente la Carta Magna o que la funci�n respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas y, en segundo lugar, que la funci�n se ejerza �nicamente en los casos expresamente autorizados en la propia C.�n, toda vez que las reglas de excepci�n de la norma general son de aplicaci�n estricta. Sin embargo, al expedirse la Ley del Notariado, que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad, se violent� lo dispuesto por los preceptos constitucionales arriba invocados, toda vez que confieren, no al titular del Poder Ejecutivo ni al Legislativo ni mucho menos al Judicial como podr�a haberse hecho, sino al Consejo de Notarios facultades extraordinarias, consistentes en determinar mediante la expedici�n de un certificado que acredite ser una ?persona honesta? para el ejercicio notarial. Bajo esta tesitura, mediante la Ley del Notariado que motiva la presente acci�n deinconstitucionalidad, se violenta el sistema constitucional de divisi�n de Poderes Estatales previsto por el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Legislatura del Congreso Estatal deleg� en forma inconstitucional al Consejo de Notarios el ejercicio de facultades de juzgar la honestidad o deshonestidad de personas que se encuentran reservadas y le son propias del Poder Judicial; por ello, al no estar prevista en la C.�n L. tal autorizaci�n, por ese solo hecho se violenta el orden constitucional establecido. As� lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las siguientes tesis que pasamos a transcribir: ?FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS AL EJECUTIVO DE UN ESTADO. PARA SU EXAMEN DEBE ATENDERSE A LA CONSTITUCI�N LOCAL. Para examinar la constitucionalidad de las facultades extraordinarias concedidas por la Legislatura L. al titular del Poder Ejecutivo para legislar debe atenderse en primer t�rmino a las disposiciones relativas de la C.�n del Estado, para poder determinar si en ella se autoriza o no el que se otorguen dichas facultades.?. ?DELEGACI�N DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETAR�AS DE ESTADO. Conforme a nuestro r�gimen constitucional s�lo tiene facultades para legislar el Poder Legislativo y excepcionalmente el Ejecutivo en el caso de la facultad reglamentaria, que �nicamente puede ser ejercitada por el titular de este poder, sin que en la C.�n exista una disposici�n que lo autorice para delegar en alguna otra persona o entidad, la referida facultad, pues ni el Poder Legislativo puede autorizar tal delegaci�n; por tanto, sostener que la Ley de la Secretar�a de Estado encarga a la de Econom�a la materia de monopolios, y que esa ley, fundada en el art�culo 90 de la C.�n, debe entenderse en el sentido de que dicha secretar�a goza de cierta libertad y autonom�a en esta materia, es desconocer la finalidad de dicha ley, que no es otra que la de fijar la competencia gen�rica de cada secretar�a, pero sin que esto signifique que por ello puedan �stas actuar en cada materia sin ley especial, ni mucho menos que la repetida ley subvierta los principios constitucionales, dando a las Secretar�as de Estado facultades que conforme a la C.�n, s�lo corresponden al titular del Poder Ejecutivo, decir que conforme a los art�culos 92, 93 y 108 de la C.�n, los secretarios de Estado tienen facultades ejecutivas y gozan de cierta autonom�a en las materias de su ramo y de una gran libertad de acci�n, con amplitud de criterio para resolver cada caso concreto, sin someterlo al juicio y voluntad del presidente de la R.�blica, es destruir la unidad del poder; es olvidar que dentro del r�gimen constitucional el presidente de la R.�blica es el �nico titular del Ejecutivo, que tiene el uso y el ejercicio de las facultades ejecutivas; es finalmente, desconocer el alcance que el refrendo tiene, de acuerdo con el art�culo 92 constitucional, el cual, de la misma manera que los dem�s textos relativos, no da a los secretarios de Estado mayores facultades ejecutivas ni distintas siquiera, de las que al presidente de la R.�blica corresponden.?. ?DIVISI�N DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CAR�CTER FLEXIBLE. La divisi�n de poderes que consagra la C.�n F. no constituye un sistema r�gido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en t�rminos generales, corresponden a la esfera de las atribuciones de otro poder. As�, el art�culo 109 constitucional otorga ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las C�maras que integran el Congreso de la Uni�n en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federaci�n, y los art�culos 29 y 131 de la propia C.�n consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de divisi�n de poderes que consagra la C.�n General de la R.�blica es de car�cter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federaci�n, facultades que incumben a otro poder. Para que sea v�lido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los Poderes de la Uni�n ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que as� lo consigne expresamente la Carta Magna o que la funci�n respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la funci�n se ejerza �nicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepci�n son de aplicaci�n estricta.?. P.. S�ptima �poca. Volumen 73. p�gina 17. ?FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCI�N (LEY N�M. 6 DE PLANIFICACI�N PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE). As� como el art�culo 49 de la C.�n F. establece que no podr�n reunirse dos o m�s poderes en una sola persona o corporaci�n ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo los casos de excepci�n a que se refieren los art�culos 49 y 131 de la misma Carta Fundamental, el art�culo 37 de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz dispone que: �No pueden reunirse dos o m�s de esos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo; la observancia de este precepto podr� suspenderse en los casos de la fracci�n XXII del art�culo 68.�. Este �ltimo precepto y fracci�n prev� la posibilidad de conceder al Ejecutivo del Estado de Veracruz, por tiempo limitado, las facultades extraordinarias que necesite, para salvar la situaci�n en casos de invasi�n, alteraci�n del orden o peligro p�blico. Como el art�culo 37 de la C.�n del Estado de Veracruz consagra la regla general y el caso de excepci�n, dicho caso de excepci�n no puede aplicarse ni extenderse a situaciones no previstas por ella, y en tal virtud, �nicamente en los casos de invasi�n, alteraci�n del orden o peligro, enumerados en la fracci�n XXII del art�culo 68, es cuando la Legislatura del Estado puede conceder facultades extraordinarias al gobernador. Ahora bien, resulta inconstitucional el Decreto 101 de 31 de diciembre de 1957, expedido por la Legislatura del Estado de Veracruz, concedi�ndole al gobernador facultades extraordinarias, por no hallarse en el caso del art�culo 37 de la C.�n del Estado; en tal virtud, resulta tambi�n inconstitucional la Ley N�mero 6, que en uso de dichas facultades expidiera el gobernador. No obsta en contrario el que, mediante la Ley N�mero 65 denominada Ley de Planificaci�n y Cooperaci�n Municipal del Estado de Veracruz, se haya reformado y adicionado la Ley N�mero 6, ya que del texto de la citada Ley N�mero 65 se desprende que �sta no deviene de un ordenamiento original por cuanto no deroga la ley anterior (la n�mero 6), sino que tan s�lo la reforma y adiciona, no la deroga, y por lo tanto, no puede considerarse como un ordenamiento independiente. En otras palabras, ni las adiciones ni las reformas, ni en general la reestructuraci�n, como tampoco la investidura formal, constituyen elementos suficientes para convalidar la inconstitucionalidad de origen en constitucionalidad derivada, pues la Legislatura L. no ratific� la Ley N�mero 6 expresamente.?. De conformidad con lo expresado en p�rrafos precedentes, resulta inconstitucional la Ley del Notariado por lo que respecta a sus preceptos 10, fracci�n XII y el inciso e), por conceder al Consejo de Notarios facultades extraordinarias no previstas en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, contravini�ndose los principios constitucionales de divisi�n de poderes. IV. El art�culo 10, fracci�n XIII, de la Ley del Notariado dice que: ?Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere: ... XIII. No haber desempe�ado alg�n empleo, cargo o comisi�n en el servicio p�blico un a�o antes de la presentaci�n del examen a que se refiere el art�culo 16 de esta ley.?. Este dispositivo es violatorio de las garant�as de igualdad y seguridad jur�dica consagradas en la C.�n General de la R.�blica, particularmente restringe las garant�as consagradas en el art�culo 5o. de la propia Carta, que dice: ?A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci�n judicial. ...?. De lo que se sigue que a ninguna persona podr� impedirse que se dedique al ejercicio notarial en cuanto cubra con los requerimiento debidos. Los servidores p�blicos s� pueden aspirar al notariado, toda vez que de obtenerse el f�at no se atacan derechos de terceros ni se ofenden los derechos de la sociedad. Por lo que apreciamos inconstitucionales las modalidades impuestas en el precepto que se combate. V. El art�culo 23, fracci�n V, que dice que ?Para obtener el nombramiento de notario se requiere: No haber desempe�ado cargo p�blico un a�o antes al d�a en que tenga verificativo el examen de oposici�n.?. Es igualmente inconstitucional al tenor de los argumentos expresados en el romano anterior. VI. El art�culo 23 bis es inconstitucional, toda vez que el cuidado a la salud es una garant�a individual, es decir, se encuentra dentro de la esfera de los derechos individuales y no puede ser sustituida por ning�n �rgano p�blico o privado. Adem�s, la calificaci�n de la capacidad de ejercicio es facultad del Poder Judicial y no de instancias administrativas. De ah� que el dispositivo en comento invade la esfera de otro poder del Gobierno L., lo que es a todas luces inconstitucional y soporte para la declaraci�n de invalidez que por este juicio de inconstitucionalidad se promueve. El dispositivo impugnado contraviene lo establecido en los art�culos 13, 14, 16, 41, 115 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El art�culo 23 bis de la Ley del Notariado del Estado de J. que se combate de inconstitucional establece lo siguiente: ?Art�culo 23 bis. Durante el tiempo que duren en funciones, los notarios deber�n demostrar la ausencia de impedimentos a que hace referencia la fracci�n XIII, inciso f) del art�culo 10 de esta ley, debiendo presentar, por lo menos cada dos a�os, ante la Secretar�a General de Gobierno, certificado expedido por la Secretar�a de Salud, la cual servir� de base al titular del Poder Ejecutivo para que en el caso de padecer enfermedad permanente que limite las facultades intelectuales o impedimento f�sico para ejercer las funciones del notario, inicie el procedimiento respectivo y resuelva lo conducente en los t�rminos del t�tulo tercero de esta ley.?. Para lograr una mejor comprensi�n del an�lisis que aqu� se hace, es necesario imponernos del contenido de la fracci�n VIII y del inciso f) del art�culo 10 de la Ley del Notariado que no se combaten por no haber sido materia de reforma, estos preceptos dicen: ?Art�culo 10. Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere: ... VIII. No padecer enfermedad permanente que limite las facultades intelectuales, ni impedimento f�sico que impida las funciones del notario. ... f) La ausencia de impedimentos a que se refiere la fracci�n VIII, se acreditar� con certificado expedido por la Secretar�a de Salud.?. Por su parte, de los art�culos 13, 14, 16, 41 y 116 constitucionales se desprende lo siguiente: k) Ninguna persona en los Estados Unidos Mexicanos podr� ser juzgado por tribunales especiales; l) Que para que una persona sea privada de la vida, libertad, propiedades, posesiones y derechos, se debe de seguir un juicio ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; m) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; n) Que el poder p�blico tanto federal como estatal se ejerce a trav�s de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Al entrelazar el alcance del contenido de los art�culos constitucionales referidos y proceder a su an�lisis comparativo con el numeral 23 bis de la Ley del Notariado, este �ltimo vulnera a aqu�llos al ir m�s all�. A la anterior afirmaci�n se arriba, toda vez que de la interpretaci�n del art�culo 23 bis de la ley impugnada, vendr�a a ser una forma en que los derechos son vulnerados por un �rgano distinto al del poder p�blico. Conforme a lo dispuesto en los preceptos constitucionales invocados en p�rrafos precedentes, atentos nuestro r�gimen constitucional, s�lo tiene facultades para legislar el Poder Legislativo (excepcionalmente el Ejecutivo), leyes que s�lo pueden ser ejecutadas por el titular del Ejecutivo, y al Judicial su �mbito de aplicaci�n de las mismas, sin que en la C.�n F. ni mucho menos en la C.�n Pol�tica del Estado de J. exista norma alguna que autorice a alguno de los poderes para delegar su atribuci�n. No obstante lo anterior, para que sea v�lido desde el punto de vista constitucional que uno de los Poderes de la Uni�n ejerza funciones propias de otro poder es necesario, en primer lugar, que as� lo consigne expresamente la Carta Magna, o que la funci�n respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas y, en segundo lugar, que la funci�n se ejerza �nicamente en los casos expresamente autorizados en la propia C.�n, toda vez que las reglas de excepci�n a la norma general son de aplicaci�n estricta. Sin embargo, al expedirse la Ley del Notariado, que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad, se violent� lo dispuesto por los preceptos constitucionales arriba invocados, toda vez que confieren, no al titular del Poder Ejecutivo ni al Legislativo ni mucho menos al Judicial como podr�a haberse hecho, sino a la Secretar�a de Salud facultades extraordinarias, consistentes en determinar mediante la expedici�n de un certificado que acredite que el fedatario p�blico no padece alguna enfermedad permanente que limite las facultades intelectuales o impedimento f�sico para ejercer sus funciones. Bajo esta tesitura, mediante la Ley del Notariado, que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad, se violenta el sistema constitucional de divisi�n de Poderes Estatales previsto por el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Legislatura del Congreso Estatal deleg� en forma inconstitucional a la Secretar�a de Salud el ejercicio de facultades de determinar el estado mental o de salud de personas que se encuentran reservadas y le son propias del Poder Judicial del Estado de J. a trav�s de sus tribunales mediante el tr�mite de interdicci�n que establece la legislaci�n civil; ello, al no estar prevista en la C.�n L. tal autorizaci�n, por ese solo hecho se violenta el orden constitucional establecido. As� lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las siguientes tesis que pasamos a transcribir: ?FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS AL EJECUTIVO DE UN ESTADO. PARA SU EXAMEN DEBE ATENDERSE A LA CONSTITUCI�N LOCAL. Para examinar la constitucionalidad de las facultades extraordinarias concedidas por la Legislatura L. al titular del Poder Ejecutivo para legislar debe atenderse en primer t�rmino a las disposiciones relativas de la C.�n del Estado, para poder determinar si en ella se autoriza o no el que se otorguen dichas facultades.?. ?DELEGACI�N DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETAR�AS DE ESTADO. Conforme a nuestro r�gimen constitucional s�lo tiene facultades para legislar el Poder Legislativo y excepcionalmente el Ejecutivo en el caso de la facultad reglamentaria, que �nicamente puede ser ejercitada por el titular de este poder, sin que en la C.�n exista una disposici�n que lo autorice para delegar en alguna otra persona o entidad, la referida facultad, pues ni el Poder Legislativo puede autorizar tal delegaci�n; por tanto, sostener que la Ley de Secretar�as de Estado encarga a la de Econom�a la materia de monopolios, y que esa ley, fundada en el art�culo 90 de la C.�n, debe entenderse en el sentido de que dicha secretar�a goza de cierta libertad y autonom�a en esta materia, es desconocer la finalidad de dicha ley, que no es otra que la de fijar la competencia gen�rica de cada secretar�a, pero sin que esto signifique que por ello puedan �stas actuar en cada materia sin ley especial, ni mucho menos que la repetida ley subvierta los principios constitucionales, dando a las Secretar�as de Estado facultades que conforme a la C.�n, s�lo corresponden al titular del Poder Ejecutivo; decir que conforme a los art�culos 92, 93 y 108 de la C.�n, los secretarios de Estado tienen facultades ejecutivas y gozan de cierta autonom�a en las materias de su ramo y de una gran libertad de acci�n, con amplitud de criterio para resolver cada caso concreto, sin someterlo al juicio y voluntad del presidente de la R.�blica, es destruir la unidad del poder; es olvidar que dentro del r�gimen constitucional el presidente de la R.�blica es el �nico titular del Ejecutivo, que tiene el uso y el ejercicio de las facultades ejecutivas; es finalmente, desconocer el alcance que el refrendo tiene, de acuerdo con el art�culo 92 constitucional, el cual, de la misma manera que los dem�s textos relativos, no da a los secretarios de Estado mayores facultades ejecutivas ni distintas siquiera, de las que al presidente de la R.�blica corresponden.?. ?DIVISI�N DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CAR�CTER FLEXIBLE. La divisi�n de poderes que consagra la C.�n F. no constituye un sistema r�gido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en t�rminos generales, corresponden a la esfera de las atribuciones de otro poder. As�, el art�culo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las C�maras que integran el Congreso de la Uni�n, en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federaci�n, y los art�culos 29 y 131 de la propia C.�n consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de divisi�n de poderes que consagra la C.�n General de la R.�blica es de car�cter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federaci�n, facultades que incumben a otro poder. Para que sea v�lido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los Poderes de la Uni�n ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que as� lo consigne expresamente la Carta Magna o que la funci�nrespectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la funci�n se ejerza �nicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepci�n son de aplicaci�n estricta.?. P.. S�ptima �poca. Volumen 73. p�gina 17. ?FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCI�N (LEY N�M. 6 DE PLANIFICACI�N PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE). As� como el art�culo 49 de la C.�n F. establece que no podr�n reunirse dos o m�s poderes en una sola persona o corporaci�n ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo los casos de excepci�n a que se refieren los art�culos 49 y 131 de la misma Carta Fundamental, el art�culo 37 de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz dispone que: ?No pueden reunirse dos o m�s de esos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo; la observancia de este precepto podr� suspenderse en los casos de la fracci�n XXII del art�culo 68.?. Este �ltimo precepto y fracci�n prev� la posibilidad de conceder al Ejecutivo del Estado de Veracruz, por tiempo limitado, las facultades extraordinarias que necesite, para salvar la situaci�n en casos de invasi�n, alteraci�n del orden o peligro p�blico. Como el art�culo 37 de la C.�n del Estado de Veracruz consagra la regla general y el caso de excepci�n, dicho caso de excepci�n no puede aplicarse ni extenderse a situaciones no previstas por ella, y en tal virtud, �nicamente en los casos de invasi�n, alteraci�n del orden o peligro, enumerados en la fracci�n XXII del art�culo 68, es cuando la Legislatura del Estado puede conceder facultades extraordinarias al gobernador. Ahora bien, resulta inconstitucional el Decreto 101 de 31 de diciembre de 1957, expedido por la Legislatura del Estado de Veracruz, concedi�ndole al gobernador facultades extraordinarias, por no hallarse en el caso del art�culo 37 de la C.�n del Estado; en tal virtud, resulta tambi�n inconstitucional la Ley N�mero 6, que en uso de dichas facultades expidiera el gobernador. No obsta en contrario el que, mediante la Ley N�mero 65 denominada Ley de Planificaci�n y Cooperaci�n Municipal del Estado de Veracruz, se haya reformado y adicionado la Ley N�mero 6, ya que del texto de la citada Ley N�mero 65 se desprende que �sta no deviene de un ordenamiento original por cuanto no deroga la ley anterior (la n�mero 6), sino que tan s�lo la reforma y adiciona, no la deroga, y por lo tanto, no puede considerarse como un ordenamiento independiente. En otras palabras, ni las adiciones ni las reformas, ni en general la reestructuraci�n, como tampoco la investidura formal, constituyen elementos suficientes para convalidar la inconstitucionalidad de origen en constitucionalidad derivada, pues la Legislatura L. no ratific� la Ley N�mero 6 expresamente.?. De conformidad con lo expresado en p�rrafos precedentes, resulta inconstitucional la Ley del Notariado por lo que respecta a su precepto 23 bis, por conceder a la Secretar�a de Salud facultades extraordinarias no previstas en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, contravini�ndose el principio constitucional de divisi�n de poderes. VII. El art�culo 47, quinto p�rrafo, de la Ley del Notariado vigente, es contrario a lo dispuesto en los art�culos 4o., 5o., 14 y 16 constitucionales. El precepto impugnado establece que: ?Cuando exista causa justificada por raz�n de enfermedad comprobada, a juicio del titular del Poder Ejecutivo y del Consejo de Notarios, se podr� otorgar, por �nica ocasi�n, nueva licencia en los mismos t�rminos del p�rrafo anterior.?. El texto transcrito y su sentido es contrario al derecho a la salud, al trabajo, a los principios de legalidad y debido proceso, previstos en la C.�n General de la R.�blica, de donde se surte su invalidez que por este medio demandamos. VIII. Los art�culos 31, tercer p�rrafo y 47, sexto p�rrafo, violan los derechos pol�ticos constitucionales de los notarios, en contravenci�n a los art�culos 5o., 14, 35, 36, 37, 38 y 41 de la C.�n General de la R.�blica. El Congreso del Estado de J., con fecha 19 de marzo del a�o en curso, emiti� el Decreto N�mero 19471, mediante el cual reforma, adiciona y deroga diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J., la cual fue promulgada el d�a jueves 18 de abril del presente a�o. En el contenido material de dicho decreto, la hoy se�alada como autoridad que emiti� el acto incluy� una serie de disposiciones legales que contravienen el marco constitucional federal y local; y en lo que toca al presente cap�tulo de invalidez, ser�n materia de impugnaci�n las contenidas en los art�culos 31, tercer p�rrafo y 47, sexto p�rrafo, que establecen lo siguiente: El tercer p�rrafo del art�culo 31 de la ley que se combate prev� que: ?El notario que deseare desempe�ar alguno de los cargos cuya incompatibilidad con el ejercicio del notariado se establecen en el p�rrafo anterior, deber� estar a lo dispuesto por el art�culo 47 de esta ley.?. Por su parte, el p�rrafo sexto del art�culo 47 de la ley impugnada, en lo que interesa, establece: ?Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo otorgar� al notario licencia hasta por seis a�os o por todo el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico, debiendo a su terminaci�n ejercer la notar�a, sin que pueda solicitar nueva licencia sino hasta despu�s de transcurrido un a�o de actuaci�n.?. Para poder arribar a una adecuada interpretaci�n de los anteriores art�culos impugnados se hace necesario conocer el contenido de diversas disposiciones de la Ley del Notariado que no fueron materia de la reforma mediante el Decreto 19471, mismos que se transcriben a continuaci�n: ?Art�culo 31. La formaci�n de la clientela del notario debe cimentarse en la capacidad, eficiencia y honorabilidad de �ste. El ejercicio del notariado es incompatible con el desempe�o de empleos o cargos p�blicos remunerados por la Federaci�n, Estado, Municipio, o de sus organismos descentralizados o empresas de participaci�n estatal mayoritaria. ...?. De una interpretaci�n l�gica y sistem�tica de los preceptos legales antes transcritos se desprende lo siguiente: c) Que en caso de que el notario deseara desempe�arse en cargos o empleos p�blicos remunerados de la Federaci�n, Estado, Municipio, o de sus organismos descentralizados o empresas de participaci�n estatal mayoritaria, deber�n sujetarse a las reglas que establece el art�culo 47 de la propia ley; d) Por su parte, el sexto p�rrafo del art�culo 47 de la ley impugnada, aplicable al respecto, establece dos supuestos: 1. Se refiere a que el titular del Ejecutivo otorgar� al notario licencia hasta por seis a�os debiendo, al concluir �sta, ejercer la notar�a cuando menos un a�o para estar en aptitud de solicitar de nueva cuenta licencia. 2. En el segundo de los aspectos establece que el mismo titular del Ejecutivo otorgar� licencia al notario por todo el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico debiendo, a su terminaci�n, ejercer la notar�a sin que pueda solicitar nueva licencia sino hasta despu�s de un a�o transcurrido de su actuaci�n. Bajo el primero de los supuestos, �ste es gen�rico y no interesa por el momento su an�lisis de inviolabilidad en este apartado. Sin embargo, el segundo vulnera de forma por dem�s categ�rica principios constitucionales de libertad de trabajo, de seguridad jur�dica, de debido proceso y de derechos pol�tico-electorales del ciudadano mexicano y de sus obligaciones como tal, toda vez que consideramos que la prohibici�n lleva impl�cita la p�rdida de un derecho para desempe�ar el trabajo que le acomode sin que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento y la vulnerabilidad de su obligaci�n ciudadana, ya que s�lo, como ejemplo, nos remontaremos a la siguiente hip�tesis: ?Hip�tesis: Una persona que se desempe�a como notario en una determinada localidad del Estado de J. y solicita licencia para separarse de su funci�n como tal al Poder Ejecutivo del Estado de J. justificando la misma, en virtud de que de acuerdo a sus derechos ciudadanos ha sido nombrado servidor p�blico del Ayuntamiento de dicha localidad, a la cual el Ejecutivo se la otorga por el tiempo que dure dicho encargo. Al t�rmino de dicha gesti�n el notario, materia del presente ejemplo, se reincorpora a su funci�n notarial, que de acuerdo a la norma impugnada debe desempe�arla por un a�o para poder solicitar de nueva cuenta una nueva licencia. Pero es el caso de que transcurridos tres meses de su reinicio en actividades notariales es propuesto como candidato a diputado local al Congreso del Estado, y habiendo triunfado en las elecciones respectivas se ve en la necesidad de solicitar de nueva cuenta licencia al Ejecutivo, circunstancia que de acuerdo a la disposici�n que hoy se impugna estar�a impedido en raz�n de que deber� esperar el t�rmino de un a�o para poder pedir de nueva cuenta licencia y desempe�ar ese cargo o empleo p�blico?. En el anterior supuesto hipot�tico se vulnerar�an derechos y obligaciones ciudadanas consagradas en los art�culos 35, fracci�n II, 36, fracciones IV y V, 37, 38 y 41, primer p�rrafo, as� como los art�culos 4o., 8o. y 9o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y Particular del Estado, respectivamente, como m�s adelante se referir�n. Previamente, es pertinente aclarar que la C.�n F. se subdivide en dos apartados fundamentales -dogm�tico y org�nico-, y que existen procedimientos constitucionales que tutelan la salvaguarda de cada uno, como lo es el juicio de amparo respecto de su parte dogm�tica y la controversia constitucional que esencialmente protege la parte org�nica; tocante a la acci�n de inconstitucionalidad, es un procedimiento a trav�s del cual se hace una denuncia de inconstitucionalidad respecto de normas o leyes generales que sean contrarias a la Carta Magna, sin m�s limitaci�n que la de la disposici�n u ordenamiento normativo de que se trate contravenga la C.�n F.; por tanto, las partes legitimadas para ejercer la acci�n pueden plantear la contradicci�n de las normas combatidas y la C.�n F., ya sea en relaci�n con su parte dogm�tica u org�nica, pues no existe disposici�n alguna que establezca alguna limitaci�n al respecto y tampoco se desprende de los antecedentes legislativos de las reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis, por la que, primero, se instituy� la acci�n de inconstitucionalidad y, luego, por la que se ampli� su �mbito de procedencia en contra de leyes electorales. De los preceptos constitucionales federales que se violan se desprende lo siguiente: a) Que es un derecho constitucional poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley; b) Que es una obligaci�n de todo ciudadano mexicano desempe�ar los cargos de elecci�n popular de la Federaci�n o de los Estados, que en ning�n caso ser�n gratuitos; y desempe�ar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado; c) Cu�les son las causas en la cuales los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos se pierden o se suspenden y en ning�n caso �stos est�n condicionados a la voluntad de ley alguna; y, d) Que el marco constitucional y legal jam�s debe contradecir el Pacto F.. Por su parte, la C.�n Pol�tica del Estado de J. establece: ?Art�culo 4o. Toda persona, por el solo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de J., gozar� de los derechos que establece esta C.�n, siendo obligaci�n fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Se reconocen como derechos de los individuos que se encuentren en el territorio del Estado de J., los que se enuncian en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como los contenidos en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno F. haya firmado o de los que celebre o forme parte.?. ?Art�culo 8o. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses: I.V. en las elecciones populares, as� como en los procesos de plebiscito y refer�ndum; II. Ser votado en toda elecci�n popular, siempre que el individuo re�na los requisitos que determinen la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta C.�n y sus respectivas leyes reglamentarias y no est� comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas por las mismas; III. Desempe�ar preferentemente cualquier empleo del Estado, cuando el individuo tenga las condiciones que la ley exija para cada caso; y IV. A. individual y libremente, al partido pol�tico de su preferencia.?. ?Art�culo 9o. Son obligaciones de los ciudadanos jaliscienses, las contenidas en los art�culos 31 y 36 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?. De los preceptos constitucionales locales antes transcritos se desprende lo siguiente: a) Que todo individuo por el solo hecho de encontrarse en territorio del Estado de J. gozar� de las garant�as que otorgan la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado de J., as� como los contenidos en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno F. haya firmado o de los que celebre o forme parte; b) Que son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses, entre otras, ser votado en toda elecci�n popular y desempe�ar preferentemente cualquier empleo del Estado; c) Se reiteran las obligaciones contenidas en los art�culos 31 y 36 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anteriormente se�alado, ha quedado debidamente evidenciado que los preceptos legales contenidos en los art�culos 31 y 47 contravienen disposiciones constitucionales tanto federales como locales. Si bien es cierto que la finalidad perseguida por el Constituyente Permanente al instituir las acciones de inconstitucionalidad en la fracci�n II del art�culo 105 constitucional, en cuanto dispone que �stas tienen por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la C.�n General de la R.�blica, debe ser interpretada en el sentido de que a trav�s de este procedimiento puede plantearse tanto la inconstitucionalidad federal como local. Se estima tambi�n que son inconstitucionales las disposiciones contenidas en los art�culos 31, tercer p�rrafo y 47, sexto p�rrafo, ya que las mismas vulneran lo establecido en los art�culos 5o. y 14 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: El tercer p�rrafo del art�culo 31 de la ley que se combate prev� lo siguiente: ?El notario que deseare desempe�ar alguno de los cargos cuya incompatibilidad con el ejercicio del notariado se establecen en el p�rrafo anterior, deber� estar a lo dispuesto por el art�culo 47 de esta ley.?. Por su parte, el p�rrafo sexto del art�culo 47 de la ley impugnada establece: ?Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo otorgar� al notario licencia hasta por seis a�os o por todo el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico, debiendo a su terminaci�n ejercer la notar�a, sin que pueda solicitar nueva licencia sino hasta despu�s de transcurrido un a�o de actuaci�n.?. De los preceptos legales impugnados se desprende lo siguiente: a) Que en caso de que el notario deseara desempe�arse en cargos o empleos p�blicos remunerados de la Federaci�n, Estado, Municipio, o de sus organismos descentralizados o empresas de participaci�n estatal mayoritaria deber�n sujetarse a las reglas que establece el art�culo 47 de la propia ley; b) Por su parte, el sexto p�rrafo del art�culo 47 de la ley impugnada, aplicable al respecto, establece dos supuestos, el primero se refiere a que el titular del Ejecutivo otorgar� licencia hasta por seis a�os debiendo, al concluir �sta, ejercer su actuaci�n como notario cuando menos un a�o para estar en aptitud de solicitar de nueva cuenta licencia. En el segundo de los aspectos establece que el mismo titular del Ejecutivo otorgar� licencia por todo el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico debiendo, a su terminaci�n, ejercer la notar�a sin que pueda solicitar nueva licencia sino hasta despu�s de un a�o transcurrido de su actuaci�n. Bajo el primero de los supuestos, �ste es gen�rico y no interesa por el momento su an�lisis de inviolabilidad en este apartado; sin embargo, el segundo vulnera de forma por dem�s categ�rica principios constitucionales de libertad de trabajo, toda vez que consideramos que la prohibici�n lleva impl�cita la p�rdida de un derecho para desempe�ar el trabajo que le acomode y, por tanto, contravienen los art�culos 5o., primer p�rrafo y 14 de la C.�n F. que al efecto disponen: ?Art�culo 5o. A ninguna persona podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ...?. ?Art�culo 14. ... Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...?. La norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo conforme a los siguientes lineamientos: a) A ninguna persona podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos; b) El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial cuando se ataquen derechos de terceros, siempre y cuando sea mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; c) Tambi�n podr� vedarse por resoluci�n gubernativa dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Estos lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo, en t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 5o. de la Carta Magna, se sustentan a su vez en principios fundamentales que constituyen requisitos necesarios que deben darse para que se haga exigible la garant�a constitucional. Esto es as�, ya que la libertad de trabajo no se prev� de manera irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacci�n de determinados presupuestos fundamentales: a) que no se trate de una actividad il�cita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garant�a constitucional cobra real vigencia en la medida que se refiera a una actividad l�cita. Por cuanto hace al segundo presupuesto normativo, �ste implica que la garant�a no podr� ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectaci�n a derechos de tercero, esto es, que estando permitida por la ley exista un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro u otros que se ubiquen en una situaci�n jur�dica determinada que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de aqu�l. Finalmente,el tercer presupuesto normativo implica que la garant�a ser� exigible siempre y cuando la actividad, aunque l�cita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente el derecho de los gobernados en lo individual que es el derecho de la sociedad en general. Esto �ltimo se entiende, en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho positivo mexicano que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el inter�s particular, por lo que cuando este �ltimo puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese inter�s mayor, se limita o condiciona el individual cuando con �ste puede afectarse aquel en una proporci�n mayor del beneficio que en lo individual obtendr�a un solo individuo. En estas condiciones, puede considerarse que la garant�a individual que consagra el art�culo 5o., primer p�rrafo, constitucional, no es absoluta, en tanto que pondera a su vez la licitud de la actividad de que se trate, as� como los derechos de tercero y de la sociedad en general, consignando de esta manera limitaciones a dicha garant�a basados en principios fundamentales a los que debe atenderse para su exigibilidad y tutela. Por otra parte, del an�lisis cuidadoso del art�culo 5o. de la C.�n, se desprende que el Poder Legislativo, en su funci�n de emitir leyes, puede restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es il�cita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garant�a en relaci�n con los gobernados en particular, aunque �stos se mencionen de modo impl�cito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposici�n, �sta perder� su eficacia. La raz�n radica en que la ley debe tener los atributos se�alados y, adem�s, en que el propio precepto constitucional reserva a la funci�n judicial y a la administrativa ese tipo de restricciones personales al determinar que la libertad ocupacional puede vedarse por resoluci�n judicial cuando se afecten derechos de terceros y por resoluci�n gubernativa en los t�rminos que se�ale la ley cuando se afecten derechos de la sociedad. Ahora bien, a efecto de determinar si la disposici�n impugnada viola la libertad de trabajo al establecer la prohibici�n contenida en los art�culos 31 y 47 que llevan impl�citos la prohibici�n de dedicarse al servicio p�blico y al ejercicio del notariado, debe determinarse previamente si se satisfacen los presupuestos que la norma constitucional establece. Por una parte y en relaci�n con la licitud de la actividad que requiere la norma constitucional, en el caso concreto se trata de la ocupaci�n del ejercicio del notariado y de la expectativa y derecho constitucional de desempe�ar un cargo de elecci�n popular y cargo p�blico en general; su licitud deriva del hecho mismo de que el primero de ellos es una funci�n de fedatario p�blico, cuyo esp�ritu primordial es dotar a la sociedad de personas especializadas para prestar un servicio; y en cuanto al segundo, desempe�ar un cargo p�blico o de elecci�n popular lleva impl�cito una actividad en la cual se desempe�an particulares pero en funci�n de un �rgano del poder p�blico para actividades relacionadas con las funciones establecidas para �stos y que son de orden p�blico e inter�s social, y cuyo objeto es dotar a dichos �rganos del poder p�blico de funcionarios especializados para prestar el servicio y asegurar el desempe�o profesional de las actividades p�blicas. Lo anterior demuestra que, efectivamente, un cargo p�blico de m�rito es una actividad l�cita permitida por la ley. Por cuanto a que la actividad no debe afectar derechos de terceros, debe decirse al respecto que las funciones de fedatario p�blico ser�n ocupadas por las personas que se seleccionen mediante un proceso de selecci�n y, en su caso, concurso de oposici�n, de tal forma que si existe la vacante y se re�nen los requisitos necesarios para tal efecto, los aspirantes podr�n participar en la selecci�n y concursos de oposici�n, sin que ello pueda implicar afectaci�n a derechos de terceros. Finalmente, por cuanto hace a que no deben afectarse derechos de la sociedad, cabe reiterar como ya se mencion� anteriormente que la funci�n de fedatario p�blico, cuyo esp�ritu primordial es dotar a la sociedad de personas especializadas para prestar un servicio; y en cuanto al segundo, desempe�ar un cargo p�blico o de elecci�n popular, lleva impl�cito una actividad en la cual se desempe�an particulares pero en funci�n de un �rgano del poder p�blico para actividades relacionadas con las funciones establecidas para �stos y que son de orden p�blico e inter�s social, y cuyo objeto es dotar a dichos �rganos del poder p�blico de funcionarios especializados para prestar el servicio y asegurar el desempe�o profesional de las actividades p�blicas, lo cual evidentemente es en beneficio de la propia sociedad. En tales circunstancias, es evidente que si a un ciudadano notario p�blico se le impide ser elegible para ocupar los cargos p�blicos o desempe�ar la funci�n notarial de referencia por disposici�n de los art�culos 31 y 47 reformados de la Ley del Notariado, resulta entonces evidente que tales disposiciones contravienen la garant�a de libertad de trabajo prevista por el art�culo 5o. de la C.�n F. que, esencialmente, establece que a nadie podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos y no se afecten derechos de terceros o de la sociedad, siendo que en el caso, como ya qued� expuesto con anterioridad, no se trata de una actividad il�cita ni se afectan tales derechos. Atento lo anterior, el Congreso respectivo debe legislar atendiendo a estas condiciones a fin de evitar que incurra en una actuaci�n arbitraria o injustificada que eventualmente pueda resultar inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada visible a fojas 4026, Tomo LXI, Segunda Sala, Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice: ?LIBERTAD DE TRABAJO. Del an�lisis del art�culo 4o. constitucional, se advierte que el Constituyente no consagra una libertad absoluta, sino limitada a las actividades l�citas, debiendo entenderse por �stas las permitidas por la ley; pero si bien el legislador puede vedar el ejercicio de ciertas actividades, debe hacerlo en una forma racional y leg�tima, obligado por exigencias sociales de car�cter urgente e inaplazable, o para reprimir actividades contrarias a la moral, o a las buenas costumbres.?. Ahora bien, en el caso concreto la Legislatura Estatal expidi� un decreto que reforma, adiciona y deroga diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J. a efecto de regular la funci�n notarial, en la que, como ya qued� expuesto, se prev� un sistema de selecci�n que deba integrar ese servicio profesional; sin embargo, en sus art�culos 37 y 41 estableci� una prohibici�n impl�cita ya multicitada que violenta nuestro marco constitucional. De lo expuesto se concluye que la Legislatura Estatal al establecer la prohibici�n de m�rito, no est� estableciendo una norma general que justifique una situaci�n determinada, sino que, por el contrario, tiende a impedir un derecho leg�timo de determinadas personas para poder desempe�ar dentro del marco legal su funci�n notarial y el servicio p�blico que conforme a las propias disposiciones de la ley, de reunir los requisitos necesarios, les permitir�an desempe�ar. En estas condiciones, resulta evidente que la norma impugnada al establecer la prohibici�n de m�rito, afecta la libertad de trabajo de quienes se ubican en los supuestos de la misma. En consecuencia, debe declararse fundado el concepto de invalidez de referencia, y lo procedente es declarar la invalidez de los art�culos 31, tercer p�rrafo y 47, sexto p�rrafo, del Decreto N�mero 19471 del Congreso del Estado de J.. IX. Existe contradicci�n entre los art�culos 40 y 41 de la Ley del Notariado. El art�culo 40 dice: ?Para el desempe�o de las funciones notariales, son d�as de despacho obligatorio los que sean para las oficinas p�blicas dependientes del Ejecutivo del Estado. Para los efectos del c�mputo de los t�rminos establecido en esta ley, se consideran d�as h�biles los que se�alen en el calendario oficial del Poder Ejecutivo del Estado. El notario podr� voluntariamente ejercer sus funciones en d�as u horas inh�biles.?. El 41 dice en lo que interesa para esta argumentaci�n, que: ?El notario en funciones desempe�ar� a su elecci�n sus actividades por lo menos durante cuarenta horas en cuando menos cinco d�as a la semana ...?. La contradicci�n entre la obligaci�n de ce�irse al calendario laboral que opera en el Poder Ejecutivo y la liberalidad de acomodar dichos d�as de trabajo a sus preferencias, propicia un estado de inseguridad jur�dica tanto para los notarios como para el p�blico solicitante de servicios notariales. Luego, evidencia contravenci�n a las garant�as de seguridad jur�dica consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, de donde se surte la invalidez del art�culo 41 que se combate. X. El art�culo 47, quinto p�rrafo, por su vinculaci�n al 151, fracci�n V, es atentatorio del p�rrafo tercero del art�culo 4o. y de los art�culos 5o., 14 y 123 constitucionales. El primero de los preceptos constitucionales citados establece que ?Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la salud?. Esta garant�a comprende el derecho de toda persona a salvaguardar su propia salud, de ah� que la atenci�n de la misma no puede ser motivo para privar del f�at al notario. Ser�a tanto como validar una causal de cancelaci�n de los derechos del notario, ejercer la garant�a constitucional a la salud. Cosa distinta ser�a que la separaci�n al ejercicio notarial por causa de salud entra�ara la incapacidad f�sica y mental del notario. Declarar la terminaci�n de la funci�n notarial como sanci�n por transgresi�n al quinto p�rrafo del art�culo 47 de la Ley del Notariado, contraviene el art�culo 14 constitucional en raz�n de que se trata de un acto de privaci�n sustentado en una norma extral�gica y esencialmente inconstitucional. XI. Existe contradicci�n entre los art�culos 51 y 52 de la Ley del Notariado. El art�culo 51 dice que ?... Los folios ser�n uniformes; Consejo de Notarios mediante reglas de car�cter general se�alar�: ... II. El procedimiento de escritura. ...?. Y el 52 dice que ?Para asentar los actos, negocios y hechos jur�dicos, se utilizar� cualquier procedimiento de escritura. ...?. Los notarios utilizar�n los procedimientos de escritura atendiendo a las reglas que fije el Colegio de Notarios, o bien, cualquier procedimiento de escritura. La posici�n vacilante de la ley -y del legislador- siembra inseguridad jur�dica tanto en la prestaci�n del servicio notarial como en los negocios celebrados a trav�s de sus formalidades. Esta situaci�n es atentatoria de los art�culos 14 y 16 constitucionales y, por tanto, se justifica la declaraci�n de invalidez que se promueve. XII. El art�culo 88 de la Ley del Notariado entra en conflicto con lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mientras que el primero abre la posibilidad de que en la celebraci�n de un negocio se deja constancia de la representaci�n haciendo menci�n en la escritura de los documentos que la acreditan, el segundo dispositivo -de car�cter federal- obliga al notario a hacer una relaci�n clara y concisa del instrumento que invoque en la escritura p�blica en que se otorgue el poder para representar a una sociedad mercantil. Mientras que en el primero de los casos se trata de una mera menci�n (que pudiera limitarse a los datos de identificaci�n del documento), en el segundo se trata de una relaci�n clara y concisa del instrumento. La divergencia que origina el art�culo 88 de la Ley del Notariado (que por este medio se combate), desaf�a el principio de supremac�a de la C.�n General de la R.�blica y de las leyes federales sobre las locales. Por ello, es procedente -y as� lo solicitamos- se declare la invalidez del precepto invocado. XIII. Los art�culos 103, 140, 141, 142, 144 y 146 de la Ley del Notariado atentan contra el tenor de los art�culos 53 y 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y octavo transitorio del Decreto 16541, publicado en la edici�n especial del P.�dico Oficial ?El Estado de J.? del d�a 28 de abril de 1997 que reform� los art�culos referidos. La reforma a la Ley del Notariado repite el viejo esquema constitucional, seg�n el cual el procurador general de Justicia del Estado ten�a diversidad de funciones (persecuci�n de los delitos, asesor jur�dico del gobernador, representante social en juicios civiles, entre otras). El Decreto 16451 publicado el d�a 28 de abril de 1997, modific� sustancialmente la figura del procurador y del Ministerio P�blico y cre� la instituci�n del procurador social. El art�culo 53 de la C.�n L. vigente establece, en lo que nos interesa, lo siguiente: ?La investigaci�n y persecuci�n ante los tribunales, de los delitos del fuero com�n, incumbe al Ministerio P�blico Estatal, el cual se auxiliar� con una corporaci�n policial que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. La ley organizar� al Ministerio P�blico, el cual estar� presidido por un procurador general de Justicia, designado por el titular del Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso con el voto de cuando menos el sesenta y uno por ciento de los diputados presentes.?. El art�culo 54 dice: ?La defensa de los intereses sociales y familiares, as� como la instituci�n de la Defensor�a de Oficio en los ramos penal y familiar, estar� a cargo de un organismo denominado Procuradur�a S., el cual depender� del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular ser� designado por �ste, conforme a la ley de la materia.?. Existe una iniciativa de Ley de la Procuradur�a S. que a�n no dictamina la C.�n de Estudios Legislativos, donde se reglamenta la visita que deben recibir los notarios de parte de los agentes de la Procuradur�a S.. El argumento de que en los hechos la Procuradur�a S. no existe es irrelevante. Existe en la C.�n L. y es norma superior a la Ley del Notariado. Adem�s que el art�culo octavo transitorio de dicho decreto estableci� claramente que: ?En tanto no entren en operaci�n la Procuradur�a S. y el organismo a que se refiere el art�culo 48 de la C.�n, las funciones que les corresponden conforme a este decreto y las leyes, continuar�n bajo la competencia de los �rganos e instituciones que actualmente las desarrollan.?. Luego, las facultades que se ratifican a favor del procurador de Justicia en el art�culo 140 y dem�s son inconstitucionales, toda vez que deben ser asumidas por el procurador social. ?Art�culo 140. El titular del Poder Ejecutivo, a trav�s del procurador general de Justicia del Estado o de la dependencia que designe, realizar� las visitas generales o especiales que se�ala la presente ley a las notar�as de la entidad.?. Luego, el 141 utiliza la copulativa y en vez de la disyuntiva o, al referir que: ?El procurador general de Justicia del Estado y la dependencia designada, para la pr�ctica de las visitas a que se refiere este cap�tulo, deber�n contar con un cuerpo de agentes visitadores.?. La transgresi�n a la C.�n L. entra�a una violaci�n al art�culo 116 de la C.�n General de la R.�blica, de donde se sigue la inconstitucionalidad de los preceptos que se impugnan. XIV. El art�culo 154, fracci�n II, es atentatorio de la garant�a de seguridad jur�dica del notario, toda vez que establece la posibilidad de sancionar al funcionario sujetando la prescripci�n a los tres a�os de que la autoridad administrativa tenga conocimiento del hecho, cuando es de explorado derecho que la instituci�n de la prescripci�n empieza a correr desde que el hecho fue consumado trat�ndose de actos simult�neos, o de cuando dej� de surtir sus efectos refiri�ndose a infracciones de car�cter continuado. La modalidad impuesta por la norma que se impugna crea inseguridad jur�dica en el notariado, toda vez que deja la eficacia de la prescripci�n a situaciones aleatorias y no definitivas. De donde se sigue que es una norma que contraviene los principios de seguridad jur�dica consagrados en los art�culos 14 y 16 constitucionales y la consecuente invalidez de la norma que se impugna. XV. La reforma de la fracci�n II y derogaci�n de la fracci�n VI del art�culo 158 de la Ley del Notariado carecen de motivaci�n racional. Por una parte, deja de ser sancionable que el notario act�e fuera de su adscripci�n sin el permiso oficial previo, y por el otro, tambi�n deja de ser sancionable el hecho de que el notario autorice actos sin que firmen los interesados. La mayor�a mec�nica ejercida por el PAN en el seno de la Asamblea Legislativa impuls� modificaciones a las fracciones en comento que carecen de todo soporte racional, y por el contrario, ponen en peligro la seguridad jur�dica de los negocios en cuanto alientan irregularidades tales como la celebraci�n de actos jur�dicos ante notarios sin facultades en determinado territorio o la falsificaci�n de la voluntad de los ausentes. Esta situaci�n afecta de invalidez a los preceptos invocados por violaciones indirectas a la C.�n General de la R.�blica. XVI. La reforma del art�culo 174 de la Ley del Notariado crea inseguridad jur�dica. Conforme a la reforma que se impugna ser� potestativa la facultad de los notarios a inscribirse al Consejo (sic) de Notarios. Esta liberalidad abre la posibilidad de que en J. existan notarios colegiados y notarios no colegiados, lo que a su vez dificulta garantizar la capacitaci�n, la operaci�n notarial y las relaciones de los notarios con los sectores p�blicos, social y privados. Es a trav�s del colegio como los notarios acuerdan su participaci�n en programas federales tales como Procede, Pro-Campo, Corett. La representaci�n colegiada de los notarios posibilita la organizaci�n del servicio social profesional y su intervenci�n oportuna en actos pol�ticos constitucionales, tales como en las elecciones de los poderes p�blicos y Ayuntamientos. Por otra parte, la disposici�n que se combate est� en contradicci�n con el art�culo 177 del mismo ordenamiento, toda vez que �ste con la estrategia de la regionalizaci�n busca la mayor representatividad del Consejo de Notarios. De donde nace la incongruencia de que por un lado se busca la mayor representatividad del Consejo de Notarios, y por la otra, se propone la filiaci�n potestativa al Colegio de Notarios. La disgregaci�n de los notarios redundar� en efectos contrarios a los que se persiguen con la reforma. Se obstaculiza la capacitaci�n profesional, la operaci�n del servicio notarial, la coordinaci�n con los sectores p�blico, social y privado, y el servicio social profesional. Todo ello en perjuicio de la instituci�n notarial y del inter�s general. En cuanto a la instituci�n notarial, la reforma en comento atenta contra la seguridad jur�dica de los negocios y, por ello, entra en conflicto con el propio art�culo 1o. de la Ley del Notariado que fija los objetivos primordiales de la instituci�n que tratamos. Al ponerse en conflicto con una norma supeditada en armon�a con la C.�n L., las normas que se impugnan violan indirectamente la C.�n General de la R.�blica; de donde se surte su invalidez que por este medio demandamos su declaraci�n. Adem�s, la colegiaci�n obligatoria de los notarios obedece a cuestiones de inter�s p�blico, no privado. La libertad de asociaci�n no se ve afectada con el cumplimiento de esta obligaci�n, toda vez que la aspiraci�n a la calidad de notario va acompa�ada con la aceptaci�n de las obligaciones impl�citas, de tal manera que si no fuera el deseo de una persona su vinculaci�n con el Colegio de Notarios debe optar por no aceptar el f�at. Adem�s, la colegiaci�n obligatoria al instituto de referencia no es obst�culo para que el (los) notario(s) se asocien en diversa agrupaci�n civil parafines acad�micos, recreativos o cualquier otro siendo l�cito. XVII. Los art�culos 180 y 140 entran en contradicci�n. El primero establece que son atribuciones del Consejo de Notarios practicar las visitas en los t�rminos del art�culo 140 y siguientes de esta ley. Pero resulta que el 140 anterior a la reforma dec�a: ?El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a trav�s del procurador general de Justicia del Estado o el Consejo de Notarios del Estado, realizar�n las visitas generales o especiales que se�ala la presente ley a las notar�as de la entidad.?. Se suprimi� la participaci�n del consejo. El dispositivo que se impugna dice: ?El titular del Poder Ejecutivo, a trav�s del procurador general de Justicia del Estado o de la dependencia que designe, realizar�n las visitas generales o especiales que se�ala la presente ley a las notar�as de la entidad.?. Entonces, la atribuci�n del consejo de visitar las notar�as de la entidad queda como una expectativa sujeta al acuerdo del gobernador y como imperativo del art�culo 180, lo cual es contradictorio y violatorio de disposiciones constitucionales en cuanto somete al consejo a un estado de inseguridad jur�dica. De ah� la procedencia de la declaraci�n de invalidez que se demanda en la presente acci�n de inconstitucionalidad. Con independencia que la facultad discrecional que la ley que se impugna otorga al Ejecutivo podr�a provocar el desprop�sito de que fuere la Secretar�a de Desarrollo Rural la dependencia designada para realizar visitas generales o especiales a las notar�as de la entidad. XVIII. Del art�culo quinto transitorio del Decreto 19471, se denuncia su invalidez constitucional por caer en contradicci�n con el art�culo 29, fracci�n II, que derog� la figura del notario suplente. No obstante su desaparici�n, el transitorio en cuesti�n advierte que los notarios suplentes podr�n continuar como tales, sin embargo, esto resulta grave porque no se les vincula con las prohibiciones y modalidades de los art�culos 35 y 39 de la propia Ley del Notariado. La ambig�edad podr�a sostener la vigencia de los dispositivos anteriores a la reforma como normas especiales para los notarios suplentes que hubieran decidido continuar con ese status, lo que no resulta jur�dico ni constitucional. XIX. Retroactividad inconstitucional del art�culo 9o. de la Ley del Notariado. Los notarios que fung�an como tales antes de la reforma publicada el d�a 18 de abril pasado, hab�an adquirido el derecho de contar con una clientela potencial de un notario por 30 mil habitantes. El art�culo 9o. vigente antes de la reforma establec�a que: ?En los Municipios de la entidad, podr� haber un notario por cada treinta mil habitantes. ...?. Con esa base los notarios proyectaron sus gastos de operaci�n y capacitaci�n. De sufrir modificaci�n el numerus clausus, �sta deber�a partir de dos supuestos fundamentales: *Las necesidades del servicio p�blico, y *La decorosa subsistencia del notario. Las necesidades del servicio p�blico se satisfacen con elementos de cantidad y calidad. Es decir, debe haber bastantes y buenos notarios. La decorosa subsistencia del notario en el derecho mexicano se obtiene asegur�ndole una clientela potencial que, al realizarse, surte los honorarios necesarios para el sostenimiento propio y familiar. El notario no recibe salario del Estado por el servicio p�blico a su cargo. Entonces, su expectativa fincada en la proporci�n de 1 a 30,000 se afecta cuando, por un lado, se nombran m�s notarios sin que crezca la poblaci�n en esa misma proporci�n y, preponderantemente, cuando la ley modifica el numerus clausus a la baja. El nuevo art�culo 9o., precisamente, reduce la base potencial de clientela notarial de 30,000 a 20,000 habitantes por notario. Se reduce la expectativa en un 33 por ciento. Esta disposici�n afecta derechos adquiridos y su aplicaci�n retroactiva es contraria a las garant�as constitucionales, principalmente a las previstas en el art�culo 14, que establece que: ?A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ...?. En la especie, las condiciones dadas para la prestaci�n del servicio notarial que aseguran la prestaci�n del servicio y la decorosa subsistencia del notario, se violentan en perjuicio de los ciudadanos y de los notarios. El perjuicio se nutre de las siguientes proposiciones: A menor base de clientes menos ingresos a las notar�as; a menos ingresos menor inversi�n en operaci�n y capacitaci�n notarial; a menor inversi�n en operaci�n y capacitaci�n notarial mayor deficiencia en el servicio notarial. Entonces, por las razones expuestas la entrada en vigor de la f�rmula aritm�tica consignada en el art�culo 9o. de la Ley del Notariado es violatoria de la garant�a de audiencia consignada en el art�culo 14 constitucional. XX. Existe contradicci�n entre el art�culo 1o. con los art�culos 9o. y cuarto transitorio que se impugnan, en contravenci�n a la seguridad jur�dica de los gobernados y notarios. El art�culo 1o. previene: ?Notario es el profesional del derecho que desempe�a una funci�n p�blica investido por delegaci�n del Estado, a trav�s del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes. ...?. De esta definici�n legal se desprenden los siguientes elementos fundamentales: 1. El notario es un profesional del derecho; 2. Desempe�a una funci�n p�blica; 3. Su investidura proviene por delegaci�n del Estado; 4. Tiene la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes. Y el art�culo 9o. establece, en lo que nos interesa, que: ?En el Estado de J. habr� un notario por cada veinte mil habitantes, de conformidad con el informe oficial del Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica. ...?. Este dispositivo sugiere que el notario jalisciense puede sostener los gastos de operaci�n y capacitaci�n, y percibir un ingreso econ�mico decoroso, contando con una clientela potencial en la proporci�n de 1 por 20,000 habitantes. Lo que significa que en estas circunstancias, el sujeto puede ejercer la funci�n p�blica (a que hace referencia el art�culo 1o.) sin distracciones laborales de otra �ndole, es decir, la ejercer� con profesionalismo. Esta representaci�n ser�a congruente con lo que buscaron los impulsores de la reforma que se impugna, toda vez que, seg�n lo expresaron en su iniciativa ?... esta ley propone buscar ante todo fortalecer el ejercicio notarial, reconociendo su importancia en la actividad econ�mica de una sociedad, proporcionando la seguridad jur�dica necesaria en los actos celebrados y presentados ante la fe de los notarios p�blicos.?. Evidentemente que otro efecto virtuoso que se persigue con la proporci�n se�alada es la cercan�a del usuario potencial con el notario. Otra lectura del mismo dispositivo previsto en el art�culo 9o. propone que una proporci�n menor a 1 por 20,000 habitantes crear�a escenarios de baja clientela, por tanto, ingresos econ�micos insuficientes, de lo que seguir�a la desprofesionalizaci�n del notario al verse presionado para disminuir sus gastos de operaci�n y de capacitaci�n; mientras que una proporci�n mayor alejar�a al usuario potencial del notario, lo que redundar�a en deficiencias del servicio. Entonces, para la efectiva vigencia del art�culo 1o. es preciso que se guarde la proporci�n 1 por 20,000 habitantes consignada en el art�culo 9o. de la Ley del Notariado. Esto es, claro, suponiendo que dicha proporci�n fuera bastante para los objetivos que se persiguen. De acuerdo al censo 2000 del Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica, el Estado de J. cuenta con 6 millones 322 mil habitantes, entonces, aplicando la f�rmula del art�culo 9o. debe haber 316 notarios (cuota que se cubrir� cuando los actuales notarios suplentes adquieran la titularidad, de conformidad a lo dispuesto por el art�culo cuarto transitorio). Sin embargo, en los hechos, la proporci�n de 1 por 20,000 est� muy lejos de realizarse por el fen�meno centralista que se da en la zona metropolitana en raz�n de su desarrollo econ�mico y social. Este fen�meno lo propicia la misma ley reformada al transformar la circunscripci�n municipal en regional y desdoblar el n�mero de notarios. En el Municipio de Guadalajara es m�s evidente la contradicci�n que se plantea, a la fecha de la publicaci�n de la reforma impugnada hab�a en este Municipio 83 notarios titulares y 72 suplentes. Aplicando la disposici�n del cuarto transitorio habr� 155 notarios en la municipalidad de Guadalajara. En virtud de lo previsto en el art�culo 42, cada notario podr� suscribir convenio de asociaci�n notarial con dos notarios m�s, por lo que tendr�amos radicados en esta ciudad a 465 fedatarios notariales, que si tomamos en cuenta su poblaci�n de 1'646,319 habitantes resulta una proporci�n de 1 notario por 3,610 habitantes. Podr� oponerse a esta observaci�n el argumento de que en la regi�n VI no hay 465 notarios (lo que es cierto), empero, las f�rmulas legales s� hacen posible la concentraci�n de notarios en Guadalajara, al grado de dejar a los Municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonal�, Ixtlahuacan del R�o y S.C.�bal de la Barranca sin notarios. A�n mayor es el rompimiento del numerus clausus, si partimos del hecho de que Guadalajara tiene una poblaci�n de 956,204 habitantes entre 18 y 65 a�os, que divididos entre 465 notarios resultan 2,056 clientes potenciales por notario. Dado que la concentraci�n en la zona metropolitana trae consigo que menos notarios radiquen en las regiones del interior del Estado, la proporci�n 1 por 20,000 se disparar� en algunas partes hasta a 1 por 50,000 habitantes, lo que sumado a las distancias, escasez y baja calidad de las v�as de comunicaci�n, redundar� en detrimento del servicio notarial, m�xime cuando dicho servicio debe obedecer a las condiciones de inmediatez y vecindad para tener capacidad de respuesta a los casos urgentes. Lo expuesto deja de manifiesto la contradicci�n en la aplicaci�n de los dispositivos contenidos en el art�culo 1o. con los preceptos 9o. y cuarto transitorio, lo que repercute negativamente en la profesionalizaci�n del notario y los actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes. C. El P. del Congreso del Estado de J. vot� y aprob� las modificaciones a la Ley del Notariado que por este medio se impugnan, no obstante la contravenci�n a disposiciones del procedimiento precisadas en el inciso A, ya que los art�culos 10, fracci�n XIII, 23, fracci�n V, 40, 41, 47, p�rrafo V, 51, 52, 88, 103, 140, 141, 142, 144, 146, 154, fracci�n II, 158, fracci�n II y la derogaci�n de la fracci�n VI, 174, 177 y 180 de la Ley del Notariado del Estado de J., y el quinto transitorio del Decreto 19471 publicado en el P.�dico Oficial ?El Estado de J.? de fecha 18 de abril del a�o 2002, son violatorios de los art�culos 14, 16, 116, 40 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, seg�n lo expuesto en el inciso B, lo que resulta de suyo inconstitucional. El acto mismo de aprobaci�n de la reforma que se impugna es violatorio de los art�culos 14, 16, 40, 116 y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. La supremac�a y el autocontrol constitucionales son principios que debieron constituir un dique a las pretensiones reformistas de la asamblea. Al desafiar la jerarqu�a de la C.�n General de la R.�blica sobre los actos y leyes del orden local se afecta de invalidez las normas que se impugnan. Este concepto es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el examen integral de validez de las leyes impugnadas."
CUARTO. Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 1o., 4o., 5o., 13, 14, 16, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 114, 116, 123, 128 y 133.
QUINTO. Mediante prove�do de veintiocho de mayo de dos mil dos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad, al que correspondi� el n�mero 11/2002, y por raz�n de turno se design� al Ministro Humberto Rom�n P. para que instruyera el procedimiento y dictara la resoluci�n correspondiente.
Por auto de veintinueve de mayo de dos mil dos, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentaron y por admitida la demanda relativa; orden� dar vista a los �rganos que expidieron y promulgaron la norma general impugnada para que rindieran su respectivo informe y dio vista al procurador general de la R.�blica para que formulara su pedimento.
SEXTO. El Congreso del Estado de J. al rendir su informe manifest�, en s�ntesis, lo siguiente:
1. Que el procedimiento legislativo que culmin� con la aprobaci�n de las modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J. no viola los art�culos 14, 16 y 128, en relaci�n con el 40, 41 y 116, todos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en la especie, se estuvo a la letra y esp�ritu de los citados art�culos.
Que de conformidad con el art�culo 73 de la C.�n Pol�tica F., el Congreso de la Uni�n carece de facultades expresas o impl�citas que le permitan legislar en materia notarial, motivo por el cual esas facultades se entienden reservadas a los Estados en los t�rminos del art�culo 124 constitucional, de acuerdo, adem�s, con la jurisprudencia de este Alto Tribunal de rubro: "NOTARIOS. EL CONGRESO DE LA UNI�N CARECE DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN MATERIA DE OTORGAMIENTO O P�RDIDA DE LA PATENTE NOTARIAL (ART�CULO 30 DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSI�N MEXICANA Y REGULAR LA INVERSI�N EXTRANJERA, VIGENTE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES)."
Que el art�culo 35, fracci�n I, de la C.�n Estatal prev� que son facultades del Congreso L. legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aqu�llas concedidas al Congreso de la Uni�n conforme a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que en cuanto a las violaciones a la legislaci�n ordinaria, son inatendibles, toda vez que la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos del Congreso del Estado, no es competente para conocer de las reformas de la Ley del Notariado porque ello es competencia originaria del Congreso del Estado de J., sino �nicamente le corresponde elaborar el dictamen respectivo a la iniciativa de ley.
Que la iniciativa correspondiente al Decreto 19471 que se impugna fue turnada por la propia Asamblea Legislativa, para su estudio y dictamen, a la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos, y no a una comisi�n especial que apoyase a la C.�n de Peticiones, como lo esgrimen los promoventes debi� de haber sido, puesto que atendiendo a los art�culos 31, fracci�n I y 32 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., corresponde su conocimiento a la comisi�n citada en primer t�rmino.
Que no existe falta de fundamentaci�n o incompetencia de la comisi�n dictaminadora, como alegan los promoventes, en virtud de que como ya lo ha establecido en tesis jurisprudenciales esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica, con apoyo en las jurisprudencias de rubros: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y "PROMULGACI�N DE LEYES. FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE ESTE ACTO."
Que aun en el caso de que la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos fuera incompetente, el supuesto vicio de ninguna manera incide en la expedici�n del decreto impugnado, puesto que en todo caso la supuesta irregularidad es de forma, dado que dicho decreto fue expedido por el poder p�blico constitucionalmente facultado para ello, de tal manera que no puede aducirse un vicio en el procedimiento legislativo, en virtud de que la citada comisi�n es un �rgano interno de trabajo de la Asamblea Legislativa, encargado de analizar la iniciativa que le fue turnada por el P. en la sesi�n de veintitr�s de octubre de dos mil uno, entre ellos, los diputados hoy promoventes, por lo que no pueden alegar lo que ellos mismos aprobaron al ser un acto consentido.
3. Que si la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos no tuviera competencia para conocer del decreto impugnado y, por ende, no se sigui� el tr�mite debido para el estudio de la iniciativa porque el turno no le correspond�a, tal circunstancia carece de relevancia jur�dica, pues finalmente se cumple con el fin �ltimo buscado por el procedimiento legislativo, ya que el Decreto 19471 fue aprobado por el n�mero de diputados que la C.�n Pol�tica L. exige y, en consecuencia, los vicios que se pudieron haber cometido no trascienden de modo fundamental a la norma aprobada, como se estableci� por este Alto Tribunal en la sentencia de la acci�n de inconstitucionalidad 25/2001, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."
Que, adem�s, debe considerarse que los diputados en P., por mayor�a, pueden resolver el sentido de una propuesta de ley mediante un dictamen adverso, o bien, votar el desechamiento o modificaci�n del proyecto de decreto o ley sujeta a su consideraci�n, toda vez que es con la votaci�n con la que se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares, con apoyo en las tesis de rubros: "LEYES Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES. EL CONSENTIMIENTO DE SU CONSTITUCIONALIDAD FORMAL NO ENTRA�A NECESARIAMENTE EL DE LA MATERIAL." e "INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JUR�DICA."
4. Que es inexacto que no se cumpli� con lo que establecen los p�rrafos primero y segundo del art�culo 28 de la Ley Org�nica del Congreso, es decir, que se omiti� citar a sesiones a los miembros de la comisi�n, que los asistentes no firmaron constancia de asistencia y que no se levantaron actas de �stas, ya que la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos del Congreso del Estado, se integra por el diputado J.G.T.R.�guez M.�nez, como presidente de la misma y los diputados A.I. L�pez, M. �ngel M.I., C.P.R., R.�n G.G.�lez, J.M.C.R. y L.T.�o M.�n, en su car�cter de vocales, de los cuales la mayor�a asisti� a diversas sesiones a efecto de estudiar y, por ende, dictaminar las diversas iniciativas que propon�an modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J.; que al menos con veinticuatro horas de anticipaci�n, por escrito con acuse de recibo y se�alando el d�a, lugar y hora de la reuni�n de trabajo, el presidente de la comisi�n cit� a los miembros que la integran a las sesiones que se celebraron el catorce de noviembre de dos mil uno, dieciocho de febrero, siete y once de marzo de dos mil dos, enlas cuales se estudiaron y discutieron las iniciativas de reforma a la Ley del Notariado.
Que los diputados que integran la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos s� firmaron las constancias de asistencia a las aludidas sesiones; que no es cierto que no se levantaron actas de dichas sesiones, como se desprende de las copias certificadas de esos documentos, en las que consta, adem�s, que particip� la mayor�a de sus integrantes.
Que del acta de sesi�n celebrada el once de marzo de dos mil dos, se aprecia que se aprob� el dictamen le�do en segunda lectura sobre las reformas a la Ley del Notariado, sesi�n en la cual participaron los diputados A.I. L�pez, C.P.R. y J.M.C.R., integrantes de la comisi�n y promoventes de la presente acci�n y, por tanto, se desprende que s� fueron o�dos y en su momento emitieron su postura con su voto.
5. Que tampoco es cierto que no se cit� a los autores de la iniciativa a las reuniones de la comisi�n, de acuerdo con el art�culo 31, pen�ltimo p�rrafo, de la ley que rige a este poder, ya que se resalta que los diputados J.G.T.R.�guez M.�nez, M. �ngel M. lbarra, R.�n G.G.�lez y L.T.�o M.�n, integrantes de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos del Congreso, son coautores de la iniciativa de reforma de la Ley del Notariado, por lo que es evidente que s� intervinieron en la discusi�n de la iniciativa algunos de sus autores.
6. Que el dictamen le�do en segunda lectura que se combate por este medio no carece de motivaci�n y fundamentaci�n, pues si bien el art�culo 94 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J. se�ala que los dict�menes deber�n contener una exposici�n clara y precisa del negocio a que se refieren, ello no significa que se obligue al legislador a que los dict�menes que apruebe requieran una justificaci�n jur�dica de las propuestas que contengan, ya que el procedimiento establecido en la C.�n F. y en la L. para elaborar las leyes no exige que se tengan que explicar los motivos que cada uno de los �rganos que intervienen en ese procedimiento tuvieron en cuenta para ejercitar la funci�n legislativa que tienen encomendada.
Que trat�ndose de leyes, su fundamento no debe buscarse en cada acto legislativo sino en la C.�n Pol�tica del pa�s si son federales, o en la de cada Estado si son locales, y en cuanto a la motivaci�n, se encuentra dentro de la esencia de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a relaciones sociales que exigen ser jur�dicamente reguladas.
Que el procedimiento legislativo permite a los legisladores hacer cambios a los dict�menes presentados por las comisiones y ahondar en los motivos que llevaron a los diputados dictaminadores a llegar a determinada conclusi�n, conforme al art�culo 109 de la ley que rige a ese poder; as� como que despu�s del tr�mite de discusi�n que se establece en los art�culos 101 a 119 de la ley org�nica en cita, la asamblea puede aprobar modificaciones al dictamen presentado en segunda lectura de acuerdo con el art�culo 136 de la propia ley.
Que lo anterior lleva a concluir que en la discusi�n, en lo particular, del dictamen le�do en segunda lectura, los legisladores por el voto mayoritario pueden modificar el contenido de los proyectos presentados por alguna comisi�n sin necesidad de que los argumentos que se viertan para tal modificaci�n consten en el texto legal aprobado, conforme a las jurisprudencias de rubros: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACI�N NO EST�N OBLIGADOS A EXPLICARLOS."
7. Que es falso que el presidente de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos del Congreso del Estado sustituy� el dictamen de segunda lectura momentos antes de entrar a su discusi�n, toda vez que el presidente del Congreso propuso la dispensa de tr�mite de segunda lectura para todos los dict�menes de decreto que correspond�a sancionar, lo que fue aprobado por la asamblea en votaci�n econ�mica, en atenci�n a que se hab�a le�do la totalidad del documento presentado en primera lectura, lo que demuestra que s� se present� a discusi�n el mismo dictamen que se present� a primera lectura, por lo que el dicho de los promoventes de que se modific� el dictamen antes de la discusi�n no resulta verdadero, m�xime que ellos aprobaron la dispensa de lectura.
Que tampoco se violaron los art�culos 102 y 24, fracci�n II, de la ley org�nica en cita, ya que s� se abri� a discusi�n el dictamen a su segunda lectura, y el presidente del Congreso cuid� que los diputados observaran el debido orden y compostura, por lo que si bien el diputado J.L.L.S. aleg� que se presentaba dictamen diverso por el presidente de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos al le�do en primera lectura, su apreciaci�n era totalmente err�nea, y el presidente del Congreso en una actitud congruente con la ley que rige a ese poder hizo caso omiso de una solicitud que no ten�a materia para atenderse, ya que no se estaba modificando el dictamen de primera lectura, sino que se estaba discutiendo.
8. Que s� se cumpli� con el art�culo 103 de la ley org�nica de ese Congreso, pues el presidente abri� el registro de oradores para el dictamen que estaba a discusi�n, y adem�s la asamblea aprob� en votaci�n econ�mica conceder el uso de la voz al presidente de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos, dictaminadora.
9. Que no es verdad que se viol� el art�culo 97 de la ley org�nica, ya que el imperativo que se�ala dicho numeral no es aplicable al caso, pues como consta en el acta de la sesi�n de diecinueve de marzo de dos mil dos, s� se le entregaron a los integrantes del Congreso del Estado copias del dictamen le�do en segunda lectura que se iba a poner a discusi�n; asimismo, en la diversa sesi�n celebrada el d�a doce del mismo mes, en la cual se present� el dictamen que propon�a reformas a la Ley del Notariado para primera lectura, se asent� en el Diario de los Debates de esa sesi�n que las copias de referencia ya obraban en poder de los legisladores estatales, lo que fue consentido por la totalidad de los miembros de la Legislatura del Congreso del Estado, en votaci�n econ�mica.
10. Que respecto de la violaci�n al art�culo 64 de la ley org�nica en cita, basta con se�alar que el comportamiento de alguno o algunos de los diputados en las sesiones del Congreso no tiene fuerza de ley, ni modifica o altera el sentido de las normas que un Poder Legislativo aprueba en uso de sus facultades, adem�s que los accionantes no comprueban las supuestas faltas de circunspecci�n.
11. Que es cierto que un presidente de comisi�n no puede por s� solo rendir dictamen alguno sobre asuntos turnados a la comisi�n ante la Asamblea Legislativa, si no est� aprobado por la mayor�a de los miembros de la comisi�n, situaci�n �sta que no aconteci� en el caso particular, ya que el presidente de la comisi�n dictaminadora no present� dictamen alguno en su nombre ante el P. del Congreso del Estado en la sesi�n de diecinueve de marzo de dos mil dos, por lo que es inexacto que se haya violado el art�culo 93 de la Ley del Congreso.
12. Que en cuanto a que se transgredi� el art�culo 31 de la citada ley org�nica es infundado, ya que no es cierto que el presidente de la comisi�n dictaminadora haya modificado el dictamen le�do en segunda lectura, sino que dicho funcionario propuso cambios al dictamen en el momento de la discusi�n, propuestas de modificaci�n que fueron aprobadas por la asamblea.
13. Que respecto a que no se dio tr�mite a la moci�n de orden presentada por los diputados J.L.L.S. y J.E.I.P., de la lectura del acta de sesi�n no se desprende que en las dos intervenciones del diputado J.L.L.S. haya solicitado con fundamento en el art�culo 107 de la citada ley org�nica moci�n de orden alguna, y en cuanto a la intervenci�n del diputado J.E. lbarra P., que solicit� moci�n de orden, la petici�n del diputado ten�a como objeto que se restableciera el orden legal que seg�n su dicho estaba fracturado, pero al no existir tal supuesto en la ley el presidente en uso de la facultad que le otorga el art�culo 64 de la ley org�nica decidi� no dar tr�mite a la solicitud planteada por el diputado se�alado.
14. Que por lo que hace a la supuesta violaci�n a los art�culos 11, 24, fracci�n II, 64 y 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo de la entidad, ya que seg�n los promoventes el presidente del Congreso debi� dar tr�mite a lo solicitado por el diputado C.P.R., en el sentido de reponer el procedimiento para que se retirara el dictamen y se regresara a comisiones, sin que el presidente hiciera caso de dicha propuesta, ni la sometiera a la votaci�n del P., es infundado, toda vez que los art�culos mencionados no tienen relaci�n alguna con la actuaci�n del presidente, pues ninguno le impone que a toda petici�n de alg�n diputado le deba recaer votaci�n plenaria a efecto de aprobarla o reprobarla; a�n m�s, en todo el texto de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J. no existe art�culo que obligue al presidente del Congreso a someter a votaci�n lo propuesto por el diputado se�alado.
Que aunado a lo anterior, en el acta de sesi�n y en el Diario de los Debates se aprecia que despu�s de que termin� la discusi�n del dictamen le�do en segunda lectura, el presidente puso a votaci�n la solicitud de retirar el dictamen a comisiones que corresponde a la petici�n planteada por el diputado C.P.R., lo que el P. rechaz�, por lo que resulta infundado el concepto de invalidez en estudio.
15. Que en cuanto a que no se cit� al Ejecutivo L., de acuerdo a lo que se establece en el art�culo 29 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., es inexacto, pues el Congreso dio cabal cumplimiento a ese art�culo como se aprecia del aviso de ley que el oficial mayor del Poder Legislativo hizo llegar al gobernador del Estado el d�a catorce de marzo de dos mil dos.
Que adem�s es falso el argumento en el sentido de que al Ejecutivo Estatal se le dio a conocer diverso dictamen al que se discuti� en la sesi�n de diecinueve de marzo de dos mil dos, ya que no se cambi� en ning�n momento el dictamen presentado en primera lectura y que fue le�do por segunda ocasi�n antes de la discusi�n de los dict�menes agendados para resolver en la mencionada sesi�n.
16. Que no les asiste la raz�n a los promoventes en cuanto a que no existe concordancia entre lo aprobado y lo publicado de las reformas combatidas, puesto que en la sesi�n de diecinueve de marzo de dos mil dos se aprob� por el P. la minuta de Decreto N�mero 19471, que contiene las reformas a la Ley del Notariado y que fue remitida al d�a siguiente al Ejecutivo Estatal a efecto de continuar el tr�mite legislativo, y posteriormente el Ejecutivo public� las reformas aludidas en el P.�dico Oficial "El Estado de J.", de dieciocho de abril de dos mil dos.
Que de la minuta de Decreto N�mero 19471 y su respectiva publicaci�n se desprende que lo aprobado por ese Poder Legislativo y su publicaci�n son dos textos id�nticos.
17. Que aun cuando es cierto que no se respet� el t�rmino legal de quince d�as para la publicaci�n del Decreto 19471, ello no invalida la norma, adem�s, el retraso en la publicaci�n en ning�n momento afecta intereses sociales ni particulares, �nicamente retrasa la vigencia de las reformas aprobadas, aunado a que esa circunstancia no es atribuible al �rgano legislativo, ya que es el Poder Ejecutivo Estatal por medio de la Secretar�a General de Gobierno, al que corresponde el tr�mite legislativo de la publicaci�n de las leyes.
Que de acuerdo con los criterios que este Alto Tribunal ha expedido en el sentido de que las violaciones al procedimiento legislativo deben ser combatidas dentro de los m�rgenes que �ste prev�, entonces, los accionantes fueron anuentes al proceso que hoy combaten como se demuestra con la aprobaci�n del acta de la sesi�n de diecinueve de marzo de dos mil dos, efectuada en la sesi�n de veinticinco siguiente, en la cual en ning�n momento se aprecia que se haya solicitado modificaci�n o aclaraci�n del acta sometida a aprobaci�n.
18. Que respecto de la violaci�n al art�culo 1o. de la C.�n F., se debe atender a que �ste consagra la garant�a individual de igualdad, la cual s�lo puede entenderse en relaci�n directa con las libertades que la propia C.�n establece, en espec�fico los art�culos que los promoventes de la presente v�a consideran contrarios a �sta, y posteriormente tomar en cuenta los argumentos que en el presente informe se vierten, a fin de analizar si son fundados.
19. Que es infundado que el art�culo 3o. de la Ley del Notariado del Estado de J. viole el numeral 11 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que si bien el art�culo constitucional precept�a que todo hombre tiene derecho a mudar de residencia o domicilio, tambi�n lo es que el notario es el profesional del derecho que desempe�a una funci�n p�blica investido por delegaci�n del Estado a trav�s del titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes y, por tanto, la actuaci�n notarial es una funci�n de orden p�blico.
Que, por tanto, si el ejercicio de la funci�n notarial es de orden p�blico y a cargo originariamente del Ejecutivo quien por delegaci�n lo encomienda a particulares para que lleven a cabo el servicio inherente a tal funci�n como profesionales del derecho y que requieren para el ejercicio de la funci�n notarial contar con la patente, el notario deber� actuar en determinado territorio de acuerdo a la regi�n de su adscripci�n, conforme a las tesis de rubros: "NOTARIOS P�BLICOS. REVOCACI�N DE LA PATENTE DE. LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N." y "NOTARIOS. NO PUEDEN ACTUAR FUERA DE SU DEMARCACI�N (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE TLAXCALA)."
Que, en consecuencia, el notario debe establecer su residencia y habitaci�n permanente dentro de un determinado Municipio, dado que la funci�n notarial, como funci�n p�blica encomendada a particulares, debe responder a las necesidades y requerimientos de la poblaci�n, pues como se advierte del contenido del art�culo 9o. de la Ley del Notariado, en el Estado de J. habr� un notario por cada veinte mil habitantes, de conformidad con el informe oficial del Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica, para lo cual el Ejecutivo del Estado ser� quien determine la distribuci�n y n�mero de notar�as, atendiendo a los siguientes factores: poblaci�n beneficiada y tendencias de su crecimiento; estimaciones sobre las necesidades notariales de la poblaci�n; condiciones socioecon�micas de la poblaci�n; el n�mero de actos inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad del a�o inmediato anterior, y la opini�n del Consejo de Notarios.
Que, por ende, si la actividad notarial es una funci�n de orden p�blico, es importante que los notarios deban despachar en una oficina �nica y que dicha oficina, as� como la residencia y habitaci�n permanente de los notarios deber� estar ubicada en los Municipios de su adscripci�n, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la poblaci�n, por lo que el precepto impugnado no resulta inconstitucional.
Que la intenci�n de los legisladores estatales en cuanto a que la residencia de los notarios se encuentre en el Municipio de su adscripci�n es la de preservar que la funci�n notarial se realice con calidad y transparencia, brindando seguridad jur�dica a la poblaci�n; de igual manera, es de advertirse que si bien mediante el Decreto 19471 que se combate se reform� el art�culo 3o. de la Ley del Notariado del Estado de J. estableciendo que los notarios adscritos a los restantes Municipios deber�n tener su residencia y habitaci�n permanente dentro del territorio del Municipio de su adscripci�n y su oficina notarial �nica en la cabecera municipal, no obstante ello podr�n solicitar al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretar�a General de Gobierno, la autorizaci�n para cambiar su oficina notarial dentro del mismo territorio del Municipio de su adscripci�n, quien resolver� lo conducente, previa opini�n del Consejo de Notarios.
20. Que en cuanto a que el art�culo 10, fracci�n I, de la ley impugnada, es violatorio de los art�culos 1o., 5o., 30, 34, 35, 37 y 38 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es infundado, pues el Congreso L. no est� "limitando los derechos de los nacionales", ya que en ning�n momento la Ley del Notariado del Estado de J. est� legislando la p�rdida de la nacionalidad ni mucho menos la privaci�n de derechos.
Que la Ley de Nacionalidad (reglamentaria de los art�culos 30, 32 y 37, apartados A y B, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos) dispone que cuando el ejercicio de alg�n cargo o funci�n se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, ser� necesario que la disposici�n aplicable as� lo se�ale expresamente; que los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deber�n presentar el certificado de nacionalidad mexicana cuando pretendan acceder al ejercicio de alg�n cargo o funci�n para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad; y que en el caso de que durante el desempe�o del cargo o funci�n adquieran otra nacionalidad cesar�n inmediatamente en sus funciones.
Que de tal manera, el art�culo 10, fracci�n I, de la Ley del Notariado no contraviene de forma alguna a la C.�n Pol�tica F., en virtud de que, en primer lugar, es competencia del Congreso del Estado de J. legislar en materia notarial, de conformidad con el art�culo 35, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica del Estado de J.; que al establecer que para obtener la patente de aspirante de notario se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad, la ley contiene dicha reserva expresamente; que, por �ltimo, si la actividad notarial es una funci�n de orden p�blico, el precepto impugnado no se traduce en una limitante de los derechos de los nacionales, sino por el contrario se traduce en que �stos participen de la misma situaci�n (la obtenci�n de la patente de aspirante de notario) y tengan la misma posibilidad y la capacidad de ser titulares de los mismos derechos y obligaciones, salvaguardando la garant�a de igualdad, aunque expresamente se excluya a los mexicanos que hayan adquirido otra nacionalidad, lo cual est� permitido por la C.�n F., si se apoya en el inter�s p�blico como lo es el caso.
21. Que si bien el art�culo 10, fracci�n XII y el inciso e), impugnados, dispone que para obtener la patente de aspirante a notario se requiere acreditar ante el Consejo de Notarios ser una persona honesta para el ejercicio notarial y que ese organismo expida el certificado correspondiente, ello de ninguna manera rompe con el principio de divisi�n de poderes, ya que siendo la actividad notarial una funci�n de orden p�blico, es necesario que las personas a las que se les encomienda sean honestas, por lo que deber�n comprobar tal calidad ante el Consejo de Notarios, a fin de que expida el certificado correspondiente sin que dicho organismo juzgue si la persona que pretende detentar la patente de aspirante de notario es honesta o deshonesta para el ejercicio notarial, sino que es precisamente la persona que intenta obtenerla patente quien ofrece pruebas testimoniales o documentales que demuestren que cuenta con esa cualidad y el Consejo de Notarios s�lo expide el certificado en que conste que se cumpli� con dicho requisito, lo que no puede aducirse como una invasi�n a las facultades del Poder Judicial.
Que apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro: "NOTARIADO. EL ART�CULO 123, F.V., DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL BOLET�N OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE FACULTA AL CONSEJO DE NOTARIOS PARA OTORGAR DISPENSAS EN RELACI�N CON LAS DISPOSICIONES EN ELLA CONTENIDAS Y DEM�S ORDENAMIENTOS LEGALES VINCULADOS CON LA FUNCI�N NOTARIAL, NO VULNERA EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DIVISI�N DE PODERES CONSAGRADO EN EL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL."
22. Que los art�culos 10, fracci�n XIII y 23, fracci�n V, de la Ley del Notariado del Estado de J. no restringen la garant�a de trabajo consagrada en el art�culo 5o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que debe tomarse en cuenta que dicha ley contiene normas de orden p�blico, que dada la relevancia que tiene para la sociedad la figura del notario, y en aras de imprimir de legalidad y seguridad jur�dica a todos los actos pasados ante su fe p�blica, es necesario que se impongan limitantes y restricciones para quien aspira a obtener ese cargo, pues de otro modo se afectar�an los derechos de la sociedad al poner en riesgo la calidad y la capacidad del notario, as� como el prestigio e importancia de la instituci�n notarial, si cualquier persona, por el simple deseo personal decidiera dedicarse a la funci�n notarial, y ese fuera el �nico requisito para dedicarse a ello; por tanto, el Estado para proteger una instituci�n y funci�n de inter�s p�blico impone las regulaciones a la ley de la materia.
Que de tal manera no se contraviene lo establecido en el art�culo 5o. de la C.�n Pol�tica F., en virtud de que la disposici�n que se combate es de orden p�blico y que de ninguna manera da un trato desigual, ya que est� justificado constitucionalmente en el inter�s p�blico que se traduce en que varias personas que pretenden obtener la patente de aspirante de notario, cuyo n�mero es indeterminado, participen de la misma situaci�n, teniendo la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones con apoyo en las tesis de rubros: "GARANT�A DE IGUALDAD. EST� CONTENIDA IMPL�CITAMENTE EN EL ART�CULO 5o. CONSTITUCIONAL." y "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ART�CULO 5o., P�RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."
23. Que el art�culo 23 bis de la Ley del Notariado del Estado de J. no viola los art�culos 4o., 13, 14, 16, 41, 115 y 116 de la C.�n Pol�tica F., puesto que en atenci�n a que el ejercicio de la funci�n notarial es de orden p�blico y es a cargo originariamente del Ejecutivo del Estado, quien por delegaci�n lo encomienda a particulares para que lleven a cabo el servicio inherente a tal funci�n con la expedici�n de la patente; por tanto, para acceder al nombramiento de notario o continuar desempe�ando la funci�n se deben satisfacer los requisitos establecidos en la ley de la materia, tales como comprobar la ausencia de impedimentos.
Que de tal manera no puede alegarse una contravenci�n al art�culo 16 de la C.�n Pol�tica F., ya que aun cuando se hayan cumplido con los requisitos para la obtenci�n del f�at de notario -los de la ausencia de impedimento f�sico y ps�quico-, por la funci�n que ejercen debe verificarse que los notarios no cuenten con dichos impedimentos para que contin�en en la funci�n notarial, sin que esto implique que se creen nuevos requisitos para continuar ejerciendo la funci�n notarial. Sirve de apoyo por analog�a la tesis de rubro: "POLIC�A JUDICIAL. EL SOMETIMIENTO A LOS EX�MENES PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORG�NICA DE LA PROCURADUR�A GENERAL DE LA REP�BLICA, NO VIOLA DERECHOS ADQUIRIDOS."
Que, en el caso, la Secretar�a de Salud al expedir certificado de ausencia de impedimentos por enfermedad permanente que limite las facultades intelectuales o impedimento f�sico que impida las funciones del notariado, de ninguna manera ejecuta actos del Poder Judicial, ya que para el ejercicio de la actividad notarial es necesario que se demuestre la ausencia de dichos impedimentos, en virtud de la propia funci�n a ejercer y que, por ende, debe verificarse si contin�an siendo aptos. Sirve de apoyo la interpretaci�n por analog�a de la tesis jurisprudencial de rubro: "NOTARIADO. EL ART�CULO 123, F.V., DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL BOLET�N OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE FACULTA AL CONSEJO DE NOTARIOS PARA OTORGAR DISPENSAS EN RELACI�N CON LAS DISPOSICIONES EN ELLA CONTENIDAS Y DEM�S ORDENAMIENTOS LEGALES VINCULADOS CON LA FUNCI�N NOTARIAL, NO VULNERA EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DIVISI�N DE PODERES CONSAGRADO EN EL ART�CULO 116 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL."
24. Que en lo relativo a que el art�culo 47, quinto p�rrafo, de la Ley del Notariado del Estado de J. es contrario a lo dispuesto en los art�culos 4o., 5o., 14 y 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es infundado, en virtud de que prev� el derecho que tienen lo notarios para solicitar licencia por causa justificada en raz�n de enfermedad comprobada, es decir, que est� salvaguardando el ejercicio de la funci�n notarial y al mismo tiempo respetando la garant�a del derecho a la protecci�n de la salud, para lo cual pueden solicitar licencia trat�ndose de enfermedad comprobada.
Que apoyan lo anterior las tesis de rubros: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCI�N, QUE COMO GARANT�A INDIVIDUAL CONSAGRA EL ART�CULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCI�N DE MEDICAMENTOS B�SICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." e "INVALIDEZ. ESTADO DE. CONCEPTO."
25. Que en cuanto a que los art�culos 31, tercer p�rrafo y 47, sexto p�rrafo, impugnados, violan los derechos pol�ticos constitucionales de los notarios, en contravenci�n a los art�culos 5o., 14, 35, 36, 37, 38 y 41 de la C.�n F., tambi�n es infundado, toda vez que el Poder Legislativo puede, al emitir una ley, limitar la libertad de trabajo de una manera general, abstracta e impersonal determinando que una actividad es il�cita, y en el caso adquiere relevancia si se toma en cuenta que la ley ahora impugnada se refiere a disposiciones de orden p�blico, como lo es la funci�n notarial, apoya lo anterior la tesis de rubro: "NOTARIOS P�BLICOS. REVOCACI�N DE LA PATENTE DE. LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N."
Que respecto a la supuesta transgresi�n al art�culo 14 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no les asiste la raz�n a los accionantes, ya que en ning�n momento se est� aplicando retroactivamente la Ley del Notariado del Estado de J., pues s�lo se establece que los notarios que actualmente se encuentren desempe�ando un cargo p�blico a la entrada en vigor del presente decreto, que cuenten con licencia, deber�n en un plazo de treinta d�as naturales celebrar convenio de asistencia rec�proca durante el tiempo en que dure su licencia, es decir, que se respeta la licencia y se preserva la actividad de la funci�n notarial. Que apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCI�N."
Que de ninguna manera se transgrede lo plasmado en los art�culos 5o., 14, 35, 36, 37, 38 y 41 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien se establece la incompatibilidad con el desempe�o de empleos o cargos p�blicos remunerados por la Federaci�n, Estados, Municipios o de sus organismos descentralizados o empresas de participaci�n estatal mayoritaria y, por ende, se prev� que el titular del Poder Ejecutivo otorgar� licencia a los notarios hasta por seis a�os o por todo el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico, se respeta lo consagrado por los preceptos constitucionales respecto al derecho a ser votado y fungir en los cargos p�blicos.
26. Que no existe contradicci�n entre los art�culos 40 y 41 de la Ley del Notariado del Estado de J., esto es, entre la obligaci�n de ce�irse al calendario laboral que opera en el Poder Ejecutivo y la libertad de acomodar dichos d�as de trabajo a sus preferencias, puesto que como lo indican los promoventes de la presente acci�n, la regla establecida en el art�culo 40 dispone que se consideran d�as h�biles los se�alados en el calendario oficial del Poder Ejecutivo del Estado, pero remiti�ndonos al art�culo 41, �ste precept�a que el notario en funciones desempe�ar� a su elecci�n sus actividades por lo menos durante cuarenta horas en cuando menos cinco d�as a la semana (se refiere a horas), lo que de ninguna manera infiere contradicci�n, ya que las horas para desempe�ar las funciones en ejercicio de la actividad notarial ser�n apeg�ndose a los d�as se�alados como h�biles en el calendario oficial del Poder Ejecutivo del Estado.
Que adem�s conforme al propio art�culo 41 impugnado, los notarios deber�n comunicar su horario por escrito al Consejo de Notarios y a las autoridades se�aladas en el art�culo 38 de la Ley del Notariado del Estado de J.; en las notar�as deber� tenerse en sitio visible en el exterior de la oficina, el o los n�meros de �stas, el o los nombres de los notarios y el horario en el cual prestar�n los servicios notariales; y el Consejo de Notarios publicar� en el mes de enero de cada a�o en el P.�dico Oficial "El Estado de J." los horarios de atenci�n al p�blico que tengan establecidos las notar�as de la entidad y los cambios que durante el a�o se produzcan, por lo que no existe contravenci�n a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco inseguridad jur�dica para los notarios ni para el p�blico solicitante de los servicios notariales.
27. Que respecto a que el art�culo 47, quinto p�rrafo, por su vinculaci�n al 151, fracci�n V, de la Ley del Notariado del Estado de J., viola los art�culos 4o., 5o., 14 y 123 constitucionales, no les asiste la raz�n a los promoventes de la presente acci�n, porque si bien el art�culo 47, p�rrafo quinto, establece que cuando exista causa justificada por raz�n de enfermedad comprobada a juicio del titular del Poder Ejecutivo y del Consejo de Notarios, se podr� otorgar, por �nica ocasi�n, licencia para estar separado de su encargo hasta por el t�rmino de seis meses; es tambi�n cierto que respecto a lo dispuesto por el art�culo 151, fracci�n V, �ste precept�a que es causa de terminaci�n de la funci�n notarial la que se imponga como sanci�n por autoridad competente; por tanto, es evidente que no tiene relaci�n con el art�culo 47, quinto p�rrafo, impugnado, y que adem�s no fue reformado mediante el Decreto 19471.
Que no obstante lo anterior, atendiendo a los razonamientos de los demandantes probablemente se refieran a lo consagrado en el �ltimo p�rrafo del art�culo 151, que establece que la Secretar�a de Salud, a solicitud de la Secretar�a General de Gobierno o del Consejo de Notarios, dictaminar� sobre las condiciones del notario para los efectos de las fracciones III, relativa a que es causa de terminaci�n de la funci�n notarial el impedimento f�sico o ps�quico total y permanente que lo imposibilite, y I del art�culo 150, que dispone que es causa de suspensi�n en el ejercicio de las funciones de notario el padecer enfermedad contagiosa o incapacidad f�sica o ps�quica, calificadas m�dicamente como transitorias, y que lo inhabiliten para el desempe�o de su funci�n hasta por un periodo m�ximo de dos a�os.
Que en ese aspecto, si el ejercicio de la funci�n notarial es de orden p�blico, para acceder al nombramiento de notario se deben satisfacer los requisitos establecidos en la Ley del Notariado del Estado de J. que, entre otros, prev� el relativo a comprobar la ausencia de impedimentos como lo son el padecer enfermedad permanente que limite las facultades intelectuales o impedimento f�sico para ejercer las funciones del notariado, y que para poder continuar desempe��ndose en dicha funci�n notarial se debe acreditar.
Que de tal manera si, por una parte, se requiere que se hayan cumplido con los requisitos para la obtenci�n de la patente de notario y, por otra parte, por la funci�n que ejercen debe verificarse que los notarios no cuenten con dichos impedimentos para que contin�en en la funci�n notarial, ello no implica que se creen nuevos requisitos para continuar ejerciendo la funci�n notarial.
Que adem�s el art�culo 47, quinto p�rrafo, de la Ley del Notariado del Estado de J., de ninguna manera transgrede las garant�as consagradas en la C.�n Pol�tica F., sino todo lo contrario, en virtud de que prev� el derecho que tienen lo notarios para solicitar licencia por causa justificada en raz�n de enfermedad comprobada, es decir, que est� salvaguardando el ejercicio de la funci�n notarial y al mismo tiempo respetando la garant�a del derecho a la protecci�n de la salud. Que apoyan lo anterior las tesis de rubros: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCI�N, QUE COMO GARANT�A INDIVIDUAL CONSAGRA EL ART�CULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCI�N DE MEDICAMENTOS B�SICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." e "INVALIDEZ. ESTADO DE. CONCEPTO."
28. Que tampoco existe contradicci�n entre los art�culos 51 y 52 de la Ley del Notariado, ya que si bien este �ltimo dispone que para asentar actos, negocios y hechos jur�dicos se utilizar� cualquier procedimiento de escritura, para ello debe estarse a lo indicado en el art�culo 51 de la misma ley, en el que se establece que el Consejo de Notarios se�alar� las reglas de car�cter general, entre las que se encuentra la del procedimiento y t�cnica de escritura, es decir, que podr� utilizarse cualquier procedimiento de escritura, siempre y cuando est� se�alado por el Consejo de Notarios con folios autorizados por la Secretar�a General de Gobierno.
29. Que no es cierto que el art�culo 88 de la Ley del Notariado del Estado de J. entre en conflicto con lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que lo que establece es que el notario dejar� acreditada la personalidad de quien comparezca en representaci�n de otro, relacionando e insertando los documentos respectivos, o bien, agreg�ndolos en original o en copia cotejada y certificada al ap�ndice, haciendo menci�n de ellos en la escritura; de lo que se desprende que se cumple con la obligaci�n de acreditar la personalidad de quien comparece en representaci�n de otro y de no actuar cuando no conociere a alguna de las partes que soliciten sus servicios y no tuviere bases para identificarlas en los t�rminos de esa ley (art�culo 35, fracci�n II, de la Ley del Notariado del Estado de J.).
Que apoya lo anterior la tesis cuyo rubro es: "NOTARIO, CERTIFICACI�N DE TRANSCRIPCIONES, RESPECTO DE TESTIMONIOS QUE SE LE PUSIERON A LA VISTA."
30. Que respecto a que los art�culos 103, 140, 141, 142, 144 y 146 de la Ley del Notariado del Estado de J. atentan contra el tenor de los art�culos 53 y 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y octavo transitorio del diverso Decreto 16541 publicado en el P.�dico Oficial "El Estado de J." de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, que reform� los art�culos referidos, y de ah�, existe violaci�n al art�culo 116 de la C.�n F., tambi�n es infundado, toda vez que como lo se�alan los ahora promoventes, existe la iniciativa de Ley de la Procuradur�a S. donde se reglamenta la visita que deben recibir los notarios de parte de los agentes de la Procuradur�a S. y que a�n se encuentra en proceso legislativo, es decir, que la Procuradur�a S. a�n no existe, ni mucho menos su regulaci�n jur�dica, y en ese aspecto debe tomarse en cuenta lo establecido en el aludido art�culo octavo transitorio del Decreto N�mero 16541, que se�ala que en tanto no entren en operaci�n la Procuradur�a S. y el organismo a que se refiere el art�culo 48 de la C.�n, las funciones que les corresponden conforme a ese decreto y las leyes continuar�n bajo la competencia de los �rganos e instituciones que actualmente las desarrollan.
Que, en consecuencia, pretender que una instituci�n p�blica como es la Procuradur�a S., que a�n no est� creada jur�dicamente (por no existir la ley que la va a regir) y, asimismo, olvidar que existe un art�culo transitorio de la propia C.�n L. que dispone una posibilidad de aplicaci�n para las funciones que le corresponden a dicha instituci�n en tanto no entre en operaci�n, es como no reconocer que el art�culo transitorio en cita tambi�n es parte �ntegra del cuerpo de la propia C.�n, que apoya lo anterior la tesis de rubro: "IMPUESTO. NO ES INCONSTITUCIONAL LA LEY QUE LO ESTABLECE POR INCLUIR EN LOS ART�CULOS TRANSITORIOS ALGUNO DE SUS ELEMENTOS."
Que no debe perderse de vista que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra la posible contradicci�n entre la C.�n y las leyes estatales, y que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha declarado que son procedentes por violaciones indirectas a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ello debe ser siempre y cuando est�n vinculadas de modo fundamental con la ley reclamada, lo cual no acontece en el caso.
31. Que los art�culos 103, 140, 141, 142, 144 y 146 de la Ley del Notariado del Estado de J. no violan el numeral 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la divisi�n del poder p�blico de los Estados para su ejercicio, porque tales preceptos impugnados se refieren a actuaciones del procurador general de Justicia del Estado, relativas a disposiciones concernientes al ejercicio de la actividad notarial, siendo que corresponde al Congreso del Estado de J. legislar en materia notarial, precisamente conforme a la divisi�n de poderes.
Que los citados art�culos impugnados en ning�n momento tienen injerencia con lo plasmado en el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica F., para lo cual sirve por analog�a jur�dica la tesis P./J. 4/99, bajo el rubro: "DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. EL ART�CULO 22, FRACCI�N IV, DE LA LEY ORG�NICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL POR NO SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LOS ART�CULOS 109 Y 110 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, EN RELACI�N CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA SANCIONAR A ESOS SERVIDORES P�BLICOS QUE GOZAN DE FUERO CONSTITUCIONAL."
32. Que el art�culo 154, fracci�n II, que se impugna, no atenta contra la garant�a de seguridad jur�dica del notario, consagrada en los art�culos 14 y 16 constitucionales ya que, en primer lugar, el art�culo 154 no contiene fracci�n alguna, sino que est� compuesto de p�rrafos; que, en segundo lugar, si el titular del Poder Ejecutivo otorga la patente a profesionales del derecho para que ejerzan la actividad de la funci�n notarial, es de advertirse que �stos llevan a cabo un servicio p�blico inherente a tal funci�n, por lo que si en el ejercicio de dicha actividad el notario viola el contenido de la ley que regula su funci�n, se ofenden los derechos de la sociedad. Que apoya lo anterior tesis de rubro: "NOTARIOS P�BLICOS. REVOCACI�N DE LA PATENTE DE. LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N."
Que, en consecuencia, el precepto que se impugna establece la posibilidad que tiene eltitular del Poder Ejecutivo para sancionar administrativamente a los notarios infractores, la que prescribe a los tres a�os de que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de la irregularidad, por lo que no les asiste la raz�n a los promoventes de la presente acci�n, ya que dicha figura es la p�rdida de la facultad de la autoridad de iniciar el procedimiento administrativo, a diferencia de la figura de la caducidad, que es la p�rdida de la facultad para sancionar; que sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "PRESCRIPCI�N Y CADUCIDAD. DIFERENCIAS ENTRE S�."
33. Que en lo que se refiere a la reforma de la fracci�n XI y derogaci�n de la fracci�n VI del art�culo 158 de la Ley del Notariado del Estado de J. no es inconstitucional, en virtud de que el decreto impugnado de ninguna manera carece de motivaci�n, toda vez que como ya se mencion�, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley est� facultado para ello, y cuando las leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas, sin que esto implique que cada una de las disposiciones que integran esos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.
Que por lo anterior no debe argumentarse la carencia de motivaci�n, adem�s de que de ninguna manera las irregularidades en la funci�n notarial consistentes en actuar fuera de su adscripci�n y autorizar actos sin que firmen los interesados, dejan de ser sancionables, lo que se corrobora con el art�culo 157 de la Ley del Notariado del Estado de J..
34. Que en lo relativo a que la reforma al art�culo 174 de la Ley del Notariado crea inseguridad jur�dica, ya que es potestativa la facultad de los notarios a inscribirse al Colegio de Notarios, y que entra en contradicci�n con el art�culo 177 es infundado, ya que de ninguna manera contraviene lo plasmado por la C.�n Pol�tica F., pues se salvaguarda la libertad de asociaci�n, siendo aplicable la jurisprudencia bajo el rubro: "C�MARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILIACI�N OBLIGATORIA. EL ART�CULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACI�N ESTABLECIDA POR EL ART�CULO 9o. CONSTITUCIONAL."
Que en este aspecto, el art�culo 9o. de la C.�n Pol�tica F., se refiere a dos especies de libertad: la de reuni�n y la de asociaci�n; esta �ltima consiste en la potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral con sustancialidad propia y distinta de las asociaciones y que tiende a la consecuci�n de determinados objetivos cuya realizaci�n es constante y permanente; por lo que la obligaci�n de las autoridades estatales en lo referente al derecho que garantiza el art�culo constitucional en comento es respetar y no coartar los derechos de reuni�n y de asociaci�n, a lo cual se apeg� ese poder p�blico al expedir el decreto que se impugna.
35. Que en cuanto a que los art�culos 180 y 140 entran en contradicci�n es inexacto, ya que el segundo establece que el titular del Poder Ejecutivo, a trav�s del procurador general de Justicia del Estado o de la dependencia que designe, realizar� las visitas generales o especiales se�aladas en la ley, y en ese sentido el 180, fracci�n II, dispone que es atribuci�n del Consejo de Notarios practicar las visitas en los t�rminos del art�culo 140 y siguientes de dicha ley, las cuales no ser�n vinculatorias. Es decir, que las visitas est�n a cargo del titular del Poder Ejecutivo, pero puede llevarlas a cabo a trav�s de las citadas dependencias p�blicas, por lo que si el Consejo de Notarios no es una dependencia p�blica del gobierno de la entidad no puede llevar a cabo visitas con efectos no vinculatorios si no es autorizado por el propio titular del Poder Ejecutivo.
36. Que no existe contradicci�n entre el art�culo quinto transitorio del decreto impugnado con el art�culo 29, fracci�n II, de la ley combatida, ya que si bien este �ltimo desaparece la figura de que la notar�a sea atendida por el notario suplente adscrito, debe considerarse que las fracciones III y IV del mismo precepto disponen que dicha atenci�n de la notar�a corresponde en caso de existir convenio de asociaci�n, por los notarios asociados quienes actuar�n en el protocolo del notario de mayor antig�edad en su nombramiento, y en caso de existir convenio de asistencia rec�proca, la suplencia se llevar� a cabo por el notario asistente; que, adem�s, la figura del notario suplente ya estaba prevista en la ley antes de la reforma impugnada, por lo que es inexacto que �stos desaparezcan, y en tal sentido el art�culo quinto transitorio del decreto regula su situaci�n.
37. Que en lo relativo a que existe retroactividad del art�culo 9o. de la Ley del Notariado es infundado, pues se est� ante disposiciones de orden p�blico que regulan funciones inherentes al Estado, por lo que no puede verse desde la �ptica de un perjuicio econ�mico derivado de la disminuci�n de la clientela de los notarios; adem�s de que el Poder Legislativo no est� obligado en el procedimiento correspondiente a brindar la garant�a de audiencia a los posibles afectados por una ley antes de que �sta se expida, pues ello se traducir�a en que se concediera a los particulares o posibles afectados la posibilidad de que participen en el proceso de formaci�n de las leyes que corresponde exclusivamente a �rganos p�blicos.
Que apoyan lo anterior las tesis de rubros: "AUDIENCIA, GARANT�A DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES." e "INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JUR�DICA."
38. Que en cuanto a que existe contradicci�n entre el art�culo 1o. constitucional y los art�culos 9o. y cuarto transitorio del decreto impugnado por la contravenci�n a la seguridad jur�dica de los gobernados y notarios, no les asiste la raz�n, ya que debe tomarse en cuenta lo plasmado en el dictamen de decreto aprobado en segunda lectura, en el que constan las consideraciones que les dan sustento; adem�s de que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra la posible contradicci�n entre la C.�n y las leyes estatales, sin que se est� en el supuesto que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el sentido de que son procedentes por violaciones indirectas a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando est�n vinculadas de modo fundamental con la ley reclamada.
S�PTIMO. El Gobernador C.onal del Estado de J. al rendir su informe, en s�ntesis, manifest� que es cierto que promulg� el Decreto N�mero 19471 del Poder Legislativo, en el que se reforma y adiciona la Ley del Notariado del Estado como una fase del procedimiento legislativo correspondiente y con fundamento en los art�culos 32 y 50 de la C.�n Pol�tica local.
OCTAVO. El procurador general de la R.�blica al rendir su pedimento se�al� sustancialmente:
1. Que esta Suprema Corte de Justicia es competente para conocer de la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por la fracci�n II, inciso d), del art�culo 105 constitucional.
2. Que los promoventes de la acci�n est�n legitimados para ejercitarla, toda vez que conforme al art�culo 18 de la C.�n del Estado de J., el Congreso de la entidad se integra por cuarenta diputados de los cuales diecinueve promovieron la presente acci�n, y representan el cuarenta y siete punto cinco por ciento (47.5%) de la totalidad de los integrantes, por lo que se actualizan las hip�tesis que prev�n los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la C.�n F. y 62, p�rrafo primero, de su ley reglamentaria.
Que, adem�s, los promoventes acreditaron la personalidad con que se ostentan con la constancia emitida por la mesa directiva de los diputados integrantes de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de J., en la que aparecen los nombres de los diputados accionantes.
3. Que la acci�n de inconstitucionalidad se promovi� en forma oportuna, pues el plazo para hacerlo transcurri� del diecinueve de abril al dieciocho de mayo de dos mil dos, y la demanda se present� el diecisiete de mayo del mismo a�o.
4. Que los accionantes se�alaron diversas violaciones de car�cter formal del procedimiento por medio del cual se aprobaron modificaciones a la Ley del Notariado del Estado de J.; que este Alto Tribunal ha sostenido que existen violaciones de esa naturaleza que son irrelevantes si no trascienden de manera fundamental a la norma, esto es, se ha cumplido con lo pretendido por la iniciativa cuando se haya aprobado por el P. del �rgano legislativo y publicada oficialmente.
Que, en el caso, las violaciones que aduce la parte promovente, relativas a que la iniciativa de ley debi� turnarse para su estudio y dictamen a una comisi�n especial; que no fueron citados los miembros de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos con veinticuatro horas de anticipaci�n a las reuniones de trabajo; que no fue citado el autor de la iniciativa a la referida comisi�n; que el dictamen emitido por la comisi�n debi� recibir dos lecturas; que el presidente de la mesa directiva no form� lista de oradores para el debate despu�s de anunciar la apertura de la discusi�n; que el diputado presidente de la mesa directiva no dio tr�mite a la moci�n de orden que interpusieron dos diputados en forma separada; que no se cit� legalmente al representante del Ejecutivo a la lectura de la discusi�n del proyecto de ley; y que no se respet� el t�rmino de quince d�as para publicar el proyecto de decreto; no son trascendentales de forma tal que puedan invalidar a la norma impugnada, pues los vicios alegados son de car�cter secundario, por lo que resulta infundado el argumento de la promovente.
5. Que en cuanto a que el dictamen careci� de fundamentaci�n y motivaci�n resulta infundado, toda vez que la motivaci�n del acto legislativo no necesariamente tiene que estar contenida en el decreto donde se public� la norma, sino que puede contenerse en la iniciativa, en el dictamen o en los debates y la fundamentaci�n se satisface con las facultades que tiene el Congreso para expedir leyes, y del punto cuarto del dictamen correspondiente se desprende que s� cumple con tales requisitos.
Que en cuanto a que el presidente de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos sustituy� el dictamen de segunda lectura, se manifiesta que conforme al Diario de los Debates del Congreso del Estado de J. de diecinueve de marzo de dos mil dos y del acta de la segunda sesi�n verificada por el Congreso de ese Estado en la misma fecha, se advierte que el citado presidente de la comisi�n no sustituy� el dictamen por el que se reforman diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J. despu�s de la dispensa de la segunda lectura, sino que el pretendido cambio obedeci� a una propuesta de incorporar modificaciones, lo cual fue aprobado por el P. de la Asamblea Legislativa.
Que, por tanto, no se viola el art�culo 16 de la C.�n F., toda vez que los actos legislativos que llevaron a la modificaci�n de diversos art�culos de la Ley del Notariado cumplieron con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n obligatorios para las autoridades legislativas.
6. Que por lo que hace a la discordancia entre lo aprobado por el Congreso del Estado y lo publicado por el Ejecutivo L., es infundado, ya que de las constancias del procedimiento legislativo se desprende que la minuta que contiene las reformas a dicha ley, aprobada por el P. del �rgano legislativo y remitida por el diputado presidente al gobernador del Estado para su promulgaci�n, es coincidente con el contenido del Decreto N�mero 19471 publicado en el P.�dico Oficial "El Estado de J." el dieciocho de abril de dos mil dos.
7. Que tampoco se violan los art�culos 40, 41, 116 y 128 de la C.�n F., toda vez que en el caso la C.�n del Estado de J. y las leyes secundarias regulan el procedimiento legislativo a seguir en la formaci�n y reforma de las leyes locales, al cual se constri�� el actuar tanto del Congreso del Estado como del Ejecutivo en la aprobaci�n y promulgaci�n de la ley impugnada.
8. Que el art�culo 10, fracci�n I, de la Ley del Notariado es violatorio del art�culo 32 constitucional, toda vez que establece que para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, restricci�n que no le corresponde establecer al Congreso L. en una ley secundaria, ya que los cargos en que se requiera ser ciudadano mexicano por nacimiento s�lo pueden ser aquellos que expresamente enumera la C.�n y los que se�alen las Leyes del Congreso de la Uni�n, de lo que se desprende que las Legislaturas L.es no tienen competencia para exigir la calidad de mexicano por nacimiento en los cargos que dichas leyes locales consideren.
Que como consecuencia, el art�culo 10, fracci�n I, de la ley impugnada es violatorio de los art�culos 1o. y 35, fracci�n II, de la C.�n F., ya que los mexicanos por naturalizaci�n y que son ciudadanos, no podr�n acceder al cargo de notario sin justificaci�n alguna.
Que por el contrario, no se viola el art�culo 34 constitucional, en virtud de que es descriptivo, es decir, se�ala las condiciones de las que depende la calidad de ciudadano de la R.�blica, mas no otorga derechos ni obligaciones.
Que tampoco se transgreden los numerales 36, 37 y 38 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque el primero contiene obligaciones y no derechos, sin que establezca alguna excepci�n a aqu�llas; el segundo, enumera las causas de p�rdida de la nacionalidad por naturalizaci�n y p�rdida de la ciudadan�a y el art�culo impugnado no establece casos adicionales; por �ltimo, el art�culo 38 s�lo comprende la suspensi�n de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, y la exigencia de la nacionalidad para acceder al cargo de notario contenida en la ley impugnada no implica excepci�n a los casos de suspensi�n de la ciudadan�a ni adiciona un caso nuevo.
9. Que es infundado que el art�culo 47, p�rrafo quinto, en relaci�n con el 151, fracci�n V, de la Ley del Notariado, al conceder licencia al notario para atender su estado de salud por causas de enfermedad lo suspenda de sus funciones, ya que del an�lisis de dichos numerales se advierte que no tienen entre s� v�nculo alguno, pues el primero se refiere al derecho de los notarios a que se les conceda licencia cuando padezcan de alguna enfermedad y, el segundo, establece como causa de terminaci�n de la funci�n notarial la que se imponga como sanci�n por la autoridad competente.
Que lo que establece la ley es un derecho a gozar de una licencia por raz�n de enfermedad, lo que no es una sanci�n como causa para la terminaci�n de las funciones notariales, sino una prerrogativa para atender su estado de salud.
Que, por tanto, los citados preceptos de la ley impugnada no impiden que el notario tenga acceso a los servicios de salud, sino por el contrario les otorgan el derecho de gozar de licencias por motivos de salud.
10. Que los art�culos 10, fracci�n XIII, 23, fracci�n V, 31, p�rrafo tercero y 47, p�rrafo sexto, de la Ley del Notariado, no contravienen el art�culo 5o. de la C.�n F., pues en �stos �nicamente se contienen los requisitos que deber�n cubrir todas aquellas personas aspirantes a desempe�ar la funci�n notarial, o aquellos notarios que quieran desempe�ar un cargo p�blico sin que ello lesione la garant�a de la libertad de trabajo, pues no se est� prohibiendo en estricto sentido el ejercicio de la funci�n notarial en la entidad, sino solamente se garantiza la capacidad, eficiencia y honorabilidad de los notarios.
Que en cuanto a la manifestaci�n de los accionantes de que los servidores p�blicos s� pueden aspirar al notariado, porque al obtener el f�at no se atacan derechos de tercero ni se ofenden los derechos de la sociedad, por lo que son inconstitucionales las modalidades impuestas en los preceptos impugnados, se se�ala que es infundado, en virtud de que el servidor p�blico que pretenda ejercer el notariado puede por esa calidad lesionar los derechos de tercero cuando en el ejercicio de ambas actividades se vulneren los derechos de otra persona cualquiera o de la sociedad, al actuar con parcialidad y subordinaci�n, que es precisamente lo que pretenden evitar los art�culos impugnados.
11. Que el art�culo 3o. de la ley impugnada no viola la garant�a de libertad de tr�nsito que contiene el numeral 11 constitucional, porque no proh�be, limita o restringe el derecho de los fedatarios p�blicos para transitar libremente por el territorio nacional, ni los obliga a portar carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes.
Que en cuanto a la libertad de escoger el lugar de residencia establecida en el citado art�culo 11 de la C.�n F., s� se conculca con lo dispuesto por el art�culo 3o. de la Ley del Notariado para el Estado de J. al obligar a los notarios a establecer su residencia y habitaci�n permanente en cualesquiera de los Municipios de la regi�n "6" y dentro del territorio del Municipio de su adscripci�n para los restantes, seg�n sea el caso; y, adem�s, en los documentos relativos al procedimiento legislativo que dio lugar a la reforma impugnada no aparece raz�n alguna que justifique la exigencia de que los notarios residan en el lugar de su adscripci�n.
Que sin lugar a duda, las oficinas en que el notario preste sus servicios deben ubicarse en el lugar de su adscripci�n porque l�gicamente la prestaci�n de un servicio responsable y eficiente as� lo requiere, lo cual no sucede con respecto al lugar de su residencia.
12. Que los art�culos 10, fracci�n XIII, inciso e), 9o., 40, 41, 51, 52, 154, p�rrafo, segundo, 180, 140 y 158, fracci�n II, as� como la derogaci�n de su fracci�n IV, no violan los art�culos 13, 14 y 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) Que es inexacto que corresponda a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial expedir el certificado que acredita que el aspirante a notario sea una persona honesta, pues conforme al art�culo 16 constitucional la autoridad podr� hacer �nicamente lo que la ley le faculta, y el art�culo 180, fracci�n I, de la ley impugnada se�ala que el Consejo de Notarios ser� auxiliar del Gobierno del Estado en la vigilancia y cumplimiento de la ley, por lo que es evidente que es dicho �rgano a quien corresponde expedir el aludido certificado, sin que los citados poderes tengan injerencia en cuanto a la organizaci�n y funcionamiento de la funci�n notarial; que adem�s es el aspirante quien debe acreditar ante el Consejo de Notarios ser una persona honesta para desempe�ar la funci�n y con base en ello se expedir� dicho certificado.
b) Que es err�neo que los art�culos 40 y 41 de la ley impugnada sean contradictorios entre s�, ya que el primero de ellos tiene su justificaci�n y medida en que la naturaleza de la funci�n notarial es eminentemente administrativa y, por ello, los tr�mites que realicen los notarios tienen estrecha vinculaci�n con las dependencias de la administraci�n p�blica de la entidad; que adem�s el art�culo 40 se traduce en una facultad potestativa que deja al libre arbitrio de los notarios prestar o no sus servicios en d�as inh�biles; que el art�culo 41 prev� un horario base de cuando menos cuarenta horas que corresponder�n a las ocho horas laborales por d�a, que deber�n cubrir cinco d�as a la semana, por lo que no puede existir contradicci�n entre ambos numerales, ya que no rigen el mismo supuesto, dado que el art�culo 40 se refiere a los d�as en que debe actuar el notario y el numeral 41 a las horas dentro de esos d�as en que debeactuar, por lo que se complementan.
c) Que los art�culos 51 y 52 impugnados tampoco se contradicen, ya que regulan situaciones jur�dicas diversas, pues por un lado se establecen las caracter�sticas y formalidades que deben contener los folios, y por el otro, la forma en que se asentar�n los actos, negocios y hechos jur�dicos, lo que implica que el material a utilizar deber� contar con determinadas caracter�sticas, as� como la forma en que el notario asentar� los diversos actos que en funci�n de su actividad realice, lo que da seguridad jur�dica a quien solicite sus servicios.
d) Que en cuanto a que el art�culo 154, segundo p�rrafo, combatido, vulnera los art�culos 14 y 16 constitucionales al dejar la eficacia de la prescripci�n a situaciones aleatorias y no definitivas es infundado, ya que la figura jur�dica de la prescripci�n es entendida en materia de responsabilidades como la p�rdida de la facultad de la autoridad para iniciar el procedimiento administrativo en contra del infractor y estar en posibilidades de sancionarlo; por lo que si el titular del Poder Ejecutivo L. otorga la patente a profesionales del derecho para que ejerzan la actividad notarial, es de advertirse que se lleva a cabo un servicio p�blico inherente a dicha funci�n, por tanto, si en ese ejercicio el notario viola el contenido de la ley que lo regula o comete alguna responsabilidad con motivo de su funci�n, el propio titular del Ejecutivo podr� sancionar administrativamente al notario infractor, de acuerdo con la normatividad vigente.
Que, en consecuencia, en el supuesto de que el art�culo impugnado creara incertidumbre, ello no es suficiente para justificar una violaci�n a la C.�n F., porque �sta debe estar referida al contenido y sentido de los preceptos que establecen aquellas circunstancias que de ser violadas producir�an la inconstitucionalidad del precepto, por lo que es posible que la pretendida incertidumbre que crea la redacci�n del numeral impugnado redunde en perjuicio directo de la persona a quien indebidamente se le aplique la ley, pero la ley en s� misma no produce ese efecto, sino la forma en que se aplique.
e) Que respecto a que los art�culos 140 y 180 de la Ley del Notariado se contradicen, es inexacto, ya que del an�lisis conjunto y sistem�tico de dichos preceptos se advierte que la promovente hace una err�nea interpretaci�n de �stos, pues regulan situaciones diversas, toda vez que el art�culo 140 faculta al Ejecutivo L., a trav�s del procurador general de Justicia del Estado, para realizar visitas generales o especiales a las notar�as de la entidad que, en su caso, crear� situaciones jur�dicas de responsabilidad para los notarios, y el segundo, otorga una facultad a favor del Consejo de Notarios para efectuar visitas a las notar�as sin efectos vinculatorios para los notarios.
f) Que el art�culo 9o. de la ley impugnada no es inconstitucional, puesto que el objeto de las reformas fue adecuar su marco jur�dico a la realidad social, ya que es obvio que cuando fue expedida dicha ley las condiciones sociales entre las que se encuentra la demogr�fica eran distintas a las actuales, por lo que el legislador considerando esto estim� pertinente aprobar dichas reformas.
Que es err�neo que el citado art�culo impugnado lesione los derechos adquiridos por los notarios de la entidad, toda vez que la redistribuci�n de la poblaci�n no puede ser considerada como un derecho adquirido, pues est� en funci�n de mejorar eficaz y �gilmente la prestaci�n de los servicios notariales; adem�s de que la clientela potencial a que alude la accionante no puede ser considerada como un derecho particular, esto es, del patrimonio de los notarios del Estado, sino que dicha clientela ser� el resultado del servicio notarial prestado.
Que respecto a que el precepto impugnado depara perjuicio a los ciudadanos, es inatendible, pues la acci�n de inconstitucionalidad tiene como objeto resolver �nicamente posibles contradicciones entre una norma de car�cter general y la C.�n F..
g) Que respecto a que la reforma de la fracci�n XI y la derogaci�n de la fracci�n II del art�culo 158 de la Ley del Notariado del Estado de J. carecen de motivaci�n racional al dejar de sancionar las conductas que preve�an antes de la reforma es infundado, porque trat�ndose de actos legislativos no es necesario que en el cuerpo normativo se citen los preceptos que le otorguen al �rgano legislativo la facultad para emitir las normas, ni los razonamientos que lo llevaron a actuar en el sentido en que lo hizo.
13. Que es err�neo que el art�culo 23 bis impugnado transgrede el numeral 116 de la C.�n F. al delegar en la Secretar�a de Salud la facultad de determinar el estado mental o de salud de las personas que corresponde al Poder Judicial L., ya que la accionante confunde la declaraci�n de estado de interdicci�n de las personas que evidentemente le corresponde a dicho poder y que tiene como efectos que la persona declarada en ese estado no pueda tomar decisiones propias, mientras que el art�culo combatido establece, por una parte, que es requisito para realizar la funci�n notarial la ausencia de impedimentos, lo cual deber� verificarse a trav�s de certificado expedido por la Secretar�a de Salud cada dos a�os, y por otra, que ese documento podr� servir de base al titular del Poder Ejecutivo para iniciar el procedimiento respectivo en el caso de que el notario padezca alguna enfermedad permanente que limite sus facultades o alg�n impedimento f�sico que no le permita ejercer las funciones de notario.
Que, por tanto, el promovente confunde la declaratoria de estado de interdicci�n que compete emitir al Poder Judicial con la capacidad espec�fica para realizar la funci�n notarial, que al ser un requisito para continuar con el ejercicio de esa actividad le corresponde vigilar su cumplimiento al Poder Ejecutivo de la entidad, por lo que es infundado que se viole el art�culo 116 constitucional.
14. Que por lo que hace a que los art�culos 103, 140, 141, 142, 144 y 146 de la ley impugnada, atentan contra la facultad que le corresponde al procurador social de realizar visitas a las notar�as locales, conforme al art�culo 54 de la C.�n L., y de ah� que se transgrede el art�culo 116 de la C.�n F., deviene inexacto, ya que de la simple lectura del art�culo 54 de la C.�n L. no se advierte que se otorgue al procurador social la atribuci�n de visitar las notar�as ubicadas dentro del �mbito del territorio estatal con el objeto de verificar que los notarios ajusten sus actos a las disposiciones se�aladas en la Ley del Notariado de la entidad y en los dem�s ordenamientos aplicables, por lo que resulta falsa la interpretaci�n de la accionante del numeral en cita. Que, adem�s, si fuera as�, por tratarse de dependencias cuyo titular es el Poder Ejecutivo, no se estar�a en una invasi�n de facultades.
15. Que es infundado que el art�culo 88 de la Ley del Notariado que se impugna, entre en conflicto con el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, toda vez que la promovente realiza una err�nea apreciaci�n de dichos numerales al regular situaciones jur�dicas diferentes y, por tanto, no se viola el principio de supremac�a constitucional consagrado en el art�culo 133 de la C.�n F..
Que en el caso de que el notario deba dar fe de actos mercantiles o intervenir en materia mercantil deber� aplicar lo estipulado en el art�culo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues el diverso numeral 88 impugnado, no excluye ni proh�be su aplicaci�n.
16. Que no pasa inadvertido que la promovente se�al� la presunta vulneraci�n a los art�culos 40, 41 y 128 de la C.�n F.; sin embargo, no hizo valer argumento alguno a fin de acreditar tal aseveraci�n, por lo que en t�rminos de los art�culos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, del an�lisis integral y sistem�tico de los preceptos que contiene la ley impugnada, no se advierte alguna contravenci�n a los postulados fundamentales establecidos en los mencionados art�culos constitucionales, m�xime si se considera que los conceptos de invalidez que se plantean resultaron infundados y, por tanto, de igual forma el planteamiento a estudio deviene infundado.
NOVENO. Recibidos los informes de las autoridades y el pedimento del procurador general de la R.�blica, formulados los alegatos y encontr�ndose debidamente instruido el procedimiento en sus t�rminos, se puso el expediente en estado de resoluci�n.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo previsto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se plantea la posible contradicci�n entre diversos preceptos de la Ley del Notariado del Estado de J. y la C.�n F..
SEGUNDO. En primer t�rmino se analizar� la oportunidad de la presentaci�n de la demanda por ser una cuesti�n de estudio preferente.
El p�rrafo primero del art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n F. dispone:
"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente."
Conforme a este precepto el plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad es de treinta d�as naturales y su c�mputo debe iniciarse a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se demande sea publicado en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el �ltimo d�a del plazo fuere inh�bil la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente.
El Decreto 19471, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de J. cuya invalidez se solicita, se public� en el P.�dico Oficial de la entidad el dieciocho de abril de dos mil dos, como se advierte del ejemplar de la edici�n correspondiente que obra agregado de la foja trescientos ochenta y ocho a cuatrocientos veintid�s de los autos, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo transcrito, el plazo para la promoci�n de la presente acci�n transcurri� a partir del d�a siguiente al de la fecha de su publicaci�n, es decir, del viernes diecinueve de abril de ese a�o al s�bado dieciocho de mayo de dos mil dos.
En el caso, la demanda se recibi� el viernes diecisiete de mayo de dos mil dos en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, seg�n se advierte del sello que obra al reverso de la foja setenta y cinco de autos, esto es, el pen�ltimo d�a h�bil del plazo, por lo que es claro que su presentaci�n fue oportuna.
TERCERO. Por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci�n, se proceder� a analizar la legitimaci�n de quienes promueven la acci�n de inconstitucionalidad.
Suscriben la demanda J.E.I.P., L�zaro A.M.�nez, Salvador Caro Cabrera, J.M.C.R., R.P.C.�vez P�rez, Ernesto D�az M�rquez, J.A.G.�n G., Jes�s G.�n G.�lez, G.G.V.�or, F.J.G.M.�as, J.M.G.S., A.I. L�pez, J.L.L.S., G.M. Ar�valo, H.R.�guez D�az, Sof�a V.A., C.P.R., J.G.M.G. y E.L.M.V., quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de J..
Los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, en la parte conducente, disponen:
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n.
"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:
"...
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano."
"Art�culo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acci�n deber� estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes �rganos legislativos."
De lo previsto por dichos numerales se desprende que en los casos en que la acci�n de inconstitucionalidad se ejercite por integrantes de alg�n �rgano legislativo estatal en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, la demanda correspondiente deber� estar firmada cuando menos por el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes lo integren, es decir, deben satisfacerse tres requisitos, a saber:
a) Que los promoventes sean integrantes del �rgano legislativo estatal;
b) Que dichos promoventes representen cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento del �rgano legislativo estatal; y,
c) Que la acci�n de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el �rgano legislativo del que sean integrantes los promoventes.
En el caso, obra la copia certificada de la lista de los diputados que integran la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de J. (fojas ochenta y dos del expediente), todos para el periodo dos mil uno-dos mil cuatro, documental con la que los promoventes acreditaron su car�cter como diputados integrantes de la mencionada Legislatura del Estado.
El art�culo 18 de la C.�n Pol�tica del Estado de J., respecto de la integraci�n del Congreso Estatal, prev�:
"Art�culo 18. El Congreso se compondr� de veinte diputados electos por el principio de votaci�n de mayor�a relativa y veinte electos seg�n el principio de representaci�n proporcional. ..."
De este precepto se advierte que el Congreso L. se integra por un total de cuarenta diputados, por lo que los diecinueve diputados que signan la presente demanda de acci�n de inconstitucionalidad equivalen al cuarenta y siete punto cinco por ciento (47.5%) de los integrantes de dicho �rgano legislativo.
Por �ltimo, la norma general impugnada fue expedida por el Congreso L. al que pertenecen los promoventes y, por tanto, se concluye que la parte accionante cuenta con la legitimaci�n necesaria para ejercitar la presente acci�n de inconstitucionalidad, ya que cumple con los requisitos previstos en el art�culo 62 de la ley reglamentaria de la materia.
CUARTO. Al no existir ninguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento alegado por las partes o que este Alto Tribunal advierta oficiosamente, se procede al estudio del fondo del asunto.
QUINTO. Por raz�n de m�todo se examinar�n, en primer t�rmino, los conceptos de invalidez planteados en la demanda de acci�n de inconstitucionalidad, relativos a las violaciones formales dentro del procedimiento legislativo que culmin� con la reforma, adici�n y modificaci�n a la Ley del Notariado para el Estado de J..
La accionante argumenta que se violan los art�culos 14, 16 y 128, en relaci�n con los numerales 40, 41 y 116, todos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Congreso del Estado de J. transgredi� diversas disposiciones de la C.�n y de la Ley Org�nica del Poder Legislativo de la entidad al aprobar el decreto impugnado por los siguientes motivos:
a) Que la iniciativa de decreto debi� turnarse a una comisi�n especial que apoya a la de Peticiones, conforme a los art�culos 29 y 43 de la citada ley org�nica.
b) Que la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos no tiene competencia para emitir el dictamen relativo a las reformas impugnadas, ya que no se trata de una ley reglamentaria u org�nica, ni tampoco del orden civil o penal; sino que la Ley del Notariado es una ley ordinaria supeditada a la C.�n L..
c) Que no fueron citados los miembros de la comisi�n en t�rminos del art�culo 28 bis de la ley org�nica en cita, al menos con veinticuatro horas de anticipaci�n por escrito y con acuse de recibo que contuviera el d�a, lugar y hora de las reuniones de trabajo.
d) Que no se firm� constancia del tiempo en que permanecieron en las reuniones ni se levantaron actas de dichas sesiones acerca del estudio de la iniciativa de reformas.
e) Que no fue citado el autor de la iniciativa de ley a la comisi�n a la que se turn� para su estudio.
f) Que el dictamen emitido por la comisi�n a que fue turnada la iniciativa de ley careci� de fundamentaci�n y motivaci�n, en t�rminos del art�culo 94 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J., toda vez que no se expuso con claridad y precisi�n el sentido de su propuesta.
g) Que el presidente de la comisi�n sustituy� el dictamen de segunda lectura momentos antes de entrar a su discusi�n, en contravenci�n a los art�culos 24, fracci�n II, 31, 64, 93, 94, 97, 102 y 103 de la ley org�nica en cita; que no se dio cumplimiento a la disposici�n de abrir a discusi�n en lo general, una vez aprobada la dispensa de la segunda lectura del dictamen; que el presidente de la mesa directiva no ejerci� la facultad de llamar al orden al diputado J.G.T.R.�guez M.�nez al momento en que modificaba el dictamen sin fundamento ni motivo legal para ello; que el presidente de la mesa directiva no form� lista de oradores para el debate inmediatamente despu�s de anunciar la apertura de la discusi�n; que no puede ponerse a discusi�n un proyecto de ley o decreto sin que previamente se haya repartido a los diputados, a m�s tardar en la sesi�n anterior a la discusi�n; que es facultad de la comisi�n y no de su presidente rendir el dictamen correspondiente; que si el dictamen ya carec�a de exposici�n clara y precisa de los motivos de la reforma, sus modificaciones a destiempo ahondaron esa irregularidad.
Que el presidente de la mesa directiva no dio tr�mite a la moci�n de orden que interpusieron por separado y en tiempo y forma los diputados J.L.L.S. y E.I.P., as� como que no se dio tr�mite a la propuesta que hizo en tiempo y forma el diputado C.P.R. de reponer el procedimiento para que el dictamen se retirara y regresara a comisiones, pues el presidente de la mesa directiva no lo someti� a votaci�n y continu� la sesi�n.
h) Que no se cit� legalmente al representante del Ejecutivo, contraviniendo el art�culo 29 de la C.�n L. y 97 de la Ley Org�nica del Congreso de la entidad, pues no se le impuso del dictamen a discusi�n, toda vez que si bien se le notific� de un asunto de su inter�s, se cambi� el proyecto de ley, lo que hace nugatorio el derecho del Ejecutivo a participar en la discusi�n, ya que no tuvo conocimiento del contenido del proyecto con un tiempo razonable.
i) Que hay discordancia entre lo aprobado por el Congreso del Estado y lo publicado por el Ejecutivo L., lo que viola el art�culo 33 de la C.�n del Estado de J. y los numerales 136 y 140 de la citada ley org�nica.
j) Que no se cumpli� el t�rmino de quince d�as para publicar el proyecto de decreto previsto en el art�culo33 de la C.�n L., ya que el Ejecutivo L. recibi� el decreto el veinticinco de marzo de dos mil uno y lo public� hasta el dieciocho de abril de ese a�o y, por tanto, igualmente se transgreden los numerales 35, fracci�n XXXI y 108, primer p�rrafo, de la C.�n de la entidad.
En este aspecto, debe se�alarse que hay violaciones de car�cter formal que pueden trascender de manera fundamental a la norma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad, pero hay otros casos en los que la falta de apego a alguna de las disposiciones que rigen el proceso legislativo no trasciende al contenido de la norma y, por ende, no afecta su validez.
Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental en el contenido de la norma, provocando su invalidez.
En cambio, cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que correspond�a su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jur�dica si se cumple con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el P. del �rgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto, los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culmin� el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de ley por el P. del Congreso, por lo que si �ste la aprueba, cumpliendo con las formalidades trascendentes para ello, su determinaci�n no podr� verse alterada por irregularidades de car�cter secundario.
Aunado a ello, no se adujo en los conceptos de invalidez, ni se advierte por esta Suprema Corte de Justicia que con las violaciones indicadas se hubieran afectado derechos de alguna minor�a parlamentaria, violaci�n que s� trascender�a de manera fundamental a la norma.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 94/2001, publicada en la p�gina cuatrocientos treinta y ocho del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, N.ena �poca, que a la letra se�ala:
"VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de car�cter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoque su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afecta su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el qu�rum necesario o sin el n�mero de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el tr�mite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisi�n a la que le correspond�a su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jur�dica si se cumple con el fin �ltimo buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el P. del �rgano legislativo y publicado oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culmin� el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el an�lisis, discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de ley por el P. del Congreso, por lo que si este aprueba la ley, cumpli�ndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinaci�n no podr� verse alterada por irregularidades de car�cter secundario."
Con independencia de lo anterior, de las constancias de autos (fojas ochenta y tres a trescientos ocho) se desprende lo siguiente:
1. Los diputados de la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional formularon "iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J.".
2. Dicha iniciativa se turn� a la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos del Congreso del Estado de J., conforme a los art�culos 31, fracci�n I y 32 de la ley org�nica de dicho Congreso, la que formul� el dictamen respectivo.
3. En sesi�n de catorce de marzo de dos mil dos el Congreso del Estado dio primera lectura al referido dictamen de decreto.
4. Por oficio OF. DPL. 730-LVI, suscrito por el oficial mayor del Poder Legislativo del Estado de J., se notific� al gobernador del Estado la fecha fijada para su segunda lectura con la finalidad de que si lo juzgara conveniente nombrara un orador que tomara parte en los debates de los dict�menes, conforme al art�culo 29 de la C.�n Pol�tica del Estado.
5. En sesi�n de diecinueve de marzo de dos mil dos, con la asistencia de treinta y nueve diputados se someti� a discusi�n el dictamen marcado con el n�mero 4.3, relativo a las reformas a la Ley del Notariado del Estado de J., del que se dispens� la segunda lectura, en t�rminos del art�culo 100 de la citada ley org�nica.
6. El presidente de la comisi�n dictaminadora solicit� el uso de la palabra para hacer unas propuestas previas respecto del dictamen sometido a discusi�n, lo cual fue aprobado en votaci�n econ�mica por la asamblea; por lo que dicho diputado distribuy� copias a los restantes diputados de las propuestas de modificaci�n y les dio lectura para su consideraci�n por el P..
7. Posteriormente, se dio intervenci�n al representante del gobernador del Estado, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29 de la C.�n Estatal.
8. Se abri� el registro de oradores para el dictamen a discusi�n, y una vez concluida la intervenci�n de los diputados que pidieron la palabra se realiz� el c�mputo de los votos y se declar� aprobado en lo general el dictamen de decreto por mayor�a absoluta de votos.
En consecuencia, resultan irrelevantes las violaciones de car�cter formal que se plantean, toda vez que no trascienden a la norma general impugnada que deriv� de dicho procedimiento legislativo, ya que en el caso el P. del Congreso del Estado de J. discuti� y aprob� en lo general el decreto impugnado por una mayor�a de treinta y seis votos, el que fue publicado en el P.�dico Oficial de la entidad de dieciocho de abril de dos mil dos.
En efecto, aun considerando que en el caso el dictamen que contiene el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de J. no hubiera sido presentado o elaborado por la comisi�n que indica la accionante sino por una diversa, as� como que no se hubiera entregado a los diputados copia del dictamen respectivo en la sesi�n anterior a su discusi�n, de cualquier manera tal iniciativa de decreto fue sometida a estudio y an�lisis del P. del Congreso Estatal, siendo aprobado en lo general por una mayor�a de treinta y seis votos de los diputados que estuvieron presentes en la sesi�n de diecinueve de marzo de dos mil dos; de ah� que aunque materialmente no se hubiera procedido con las formalidades se�aladas por los promoventes, lo cierto es que, como se dijo, por lo menos la mayor�a de los diputados que votaron a favor del decreto impugnado conoc�an su contenido, y tal dictamen e iniciativa de ley fue sometida a discusi�n, por lo que, en todo caso, con la aprobaci�n de la ley se purgaron los vicios formales anteriores, pues no debe perderse de vista que el procedimiento legislativo simplemente es un cauce que permite llegar con un proyecto al P. del Congreso para su votaci�n.
A mayor abundamiento, las irregularidades que se�ala la accionante en el procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado, tales como que la iniciativa de ley debi� turnarse para su estudio y dictamen a una comisi�n especial; que no fueron citados los miembros de la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos con veinticuatro horas de anticipaci�n a las reuniones de trabajo; que no fue citado el autor de la iniciativa a la referida comisi�n; que el dictamen emitido por esa comisi�n debi� recibir dos lecturas; que el presidente de la mesa directiva no form� lista de oradores para el debate en forma inmediata al anunci� de la apertura de la discusi�n; que el citado presidente no dio tr�mite a la moci�n de orden que interpusieron dos diputados en forma separada; y que no se cit� legalmente al representante del Ejecutivo a la lectura y discusi�n del proyecto de ley, dado que se modific� en el �ltimo momento el dictamen a estudio; no son trascendentales en forma que pudieran invalidar la norma impugnada, por lo que devienen infundados los argumentos relativos de la accionante.
Por otra parte, en cuanto a que el dictamen emitido por la C.�n de Estudios Legislativos, Puntos C.onales y Reglamentos carece de motivaci�n, dado que dicho dictamen comprende cien modificaciones legales y diez art�culos transitorios, y s�lo se motiv� la modificaci�n de algunos, este Alto Tribunal ha sostenido que trat�ndose de actos legislativos la motivaci�n se satisface cuando las leyes que emite el �rgano legislativo se refieren a relaciones sociales que requieren regulaci�n, pero no necesariamente debe estar contenida en el texto de la ley, ya que generalmente se realiza en la exposici�n de motivos, o bien, puede encontrarse en el dictamen o en los debates, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran la norma deban ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.
Lo anterior ha sido sustentado en la jurisprudencia ciento cuarenta y seis, publicada en la p�gina ciento cuarenta y nueve del Tomo I, Primera Parte, del Ap�ndice mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, y en la tesis aislada visible en la p�gina cuatrocientos veintid�s del Informe correspondiente a mil novecientos setenta y cinco, Primera Parte, P., que a la letra se�alan:
"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica."
"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. En el texto de la ley no es indispensable expresar la fundamentaci�n y la motivaci�n de un ordenamiento legal determinado, pues generalmente ello se realiza en la exposici�n de motivos de la iniciativa correspondiente. Este Tribunal P. ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confieren (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica."
Ahora bien, el hecho de que en el dictamen en cuesti�n no se hubieran realizado manifestaciones por cada art�culo reformado, no deriva en la invalidez del decreto impugnado, ya que, como se ha precisado, no necesariamente debe existir motivaci�n de cada una de las disposiciones que integran la norma general, toda vez que ese requisito se satisface en tanto se trate de relaciones sociales que deben ser jur�dicamente reguladas, aspecto que se contiene en la exposici�n de motivos, la que en la parte conducente dice:
"En la iniciativa de ley que hoy se presenta a su consideraci�n, se establece la preocupaci�n de que los preceptos contenidos en los ordenamientos que nos rigen, sean acordes y aplicables a la situaci�n actual que impera en nuestra sociedad, buscando que resuelvan la problem�tica existente, ya que el proceso de transformaci�n de una sociedad lleva consigo la necesidad de reformar legislaciones que regulen las relaciones con las instituciones p�blicas, ello precisamente porque las vigentes no satisfacen plenamente sus requerimientos, o bien ya no se ajustan al dinamismo que se da con el transcurso del tiempo.
"En la continua b�squeda por lograr legislaciones m�s justas y equitativas, las reformas que esta ley propone buscan ante todo fortalecer el ejercicio notarial, reconociendo su importancia en la actividad econ�mica de una sociedad, proporcionando la seguridad jur�dica necesaria en los actos celebrados y presentados ante la fe de los notarios p�blicos ...
"Por ello, en el art�culo 1o. de la iniciativa que hoy se presenta a consideraci�n de esta H. Asamblea Legislativa, se reconoce que la actuaci�n notarial es una funci�n p�blica realizada por profesionales del derecho investidos por delegaci�n del Estado de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar certeza o seguridad jur�dica. Con esto se pretende que el desarrollo de esta funci�n se realice con calidad y transparencia, logrando que se cumpla con el objetivo primordial de la ley que es brindar un servicio de total calidad y seguridad jur�dica al usuario.
"Por otro lado, la delicada tarea del ejercicio de la actividad notarial exige a los notarios p�blicos realizar su encomienda con la mayor diligencia y calidad en el servicio que prestan; el Estado que es quien delega esta facultad, debe por su parte vigilar su adecuado y eficaz desempe�o. ...
"Una de las modificaciones importantes que se contienen en la ley es la referente a la ampliaci�n del �mbito territorial del ejercicio notarial, por lo que la adscripci�n territorial en la cual los notarios realizar�n su actividad no se limitar� a una sola poblaci�n o Municipio, esto es, que aun cuando formalmente los notarios se encuentren adscritos a una municipalidad podr�n ejercer sus funciones en los l�mites territoriales de la regi�n que les corresponda y que comprender� varios Municipios. Con esto se pretende que independientemente del tama�o de la regi�n se pueda, por un lado, contar con la cantidad necesaria de fedatarios y, por otro, acercar esta funci�n a la poblaci�n. ...
"En beneficio de la poblaci�n y con la finalidad de acercar a la ciudadan�a a los servicios notariales la regionalizaci�n se propone como un medio id�neo que permita fortalecer e impulsar el acceso de fedatarios p�blicos a las regiones que por su crecimiento y desarrollo requieren de una mayor atenci�n en la prestaci�n de estos servicios; para efectos administrativos se ha subdividido el Estado de J. en doce regiones notariales y una subregi�n (centro conurbado), con las que se evitar�, en gran medida, la concentraci�n innecesaria de notarios en ciertos Municipios, esto es, que en el futuro y de acuerdo a la informaci�n que proporcione el Instituto Nacional de G.�a e Inform�tica (INEGI), ser� requisito para abrir una nueva notar�a que exista un crecimiento poblacional que lo justifique; en consideraci�n a lo anterior, la presente iniciativa propone que en todo momento se desarrolle en una forma justa y equitativa la representaci�n de los fedatarios p�blicos de toda la entidad ante el Consejo de Notarios, logrando con ello igualdad de condiciones para todos los notarios de la regi�n en la toma de decisiones ante el mismo Consejo de Notarios. ...
"La presente iniciativa tiende a lograr una estrecha y satisfactoria cercan�a de la poblaci�n usuaria en torno a la prestaci�n de los servicios notariales que garanticen un acceso c�modo, expedito y al alcance de todos los que lo requieran en el Estado. ...
"Por otro lado, ante los diversos casos presentados en el pasado en que los funcionarios p�blicos han llegado a obtener el f�at de notario p�blico, por un simple favor pol�tico sin haber cubierto por lo menos con los requisitos que establece el art�culo 10 de la ley, en detrimento de la actividad notarial, se propone pues, en esta iniciativa, la imposibilidad de que un funcionario p�blico pueda presentar un examen de aspirante al cargo de notario, sino hasta despu�s de que haya transcurrido un a�o de haberse separado del puesto p�blico y, adem�s, que la pr�ctica notarial (exigida entre los requisitos para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado) es incompatible con el desempe�o de alg�n cargo p�blico, evitando con esto los excesos en el ejercicio de poder practicados en este sentido anteriormente. ...
"La iniciativa tambi�n propone reformar diversos aspectos relativos a las ausencias temporales de los notarios p�blicos, dejando claramente establecidos los casos, razones y condiciones por las que se pudiera dar una licencia, esto con la finalidad de evitar que en perjuicio del usuario los notarios dejen de ejercer sus funciones por plazos muy prolongados. ...
"Con la firme intenci�n de que el servicio notarial que se preste en nuestro Estado sea de calidad y en beneficio de la poblaci�n, la propuesta que hoy se presenta a su digna consideraci�n, sugiere eliminar la sanci�n consistente en el pago de una multa regulada en el art�culo 156 de la ley en vigor, con la finalidad de que las violaciones que se cometan por los fedatarios y que se encuentran reguladas en dicho ordenamiento, sean sancionadas con una mayor severidad, aplicando sanciones como la suspensi�n temporal o definitiva, ya que de lo contrario la sola imposici�n de una multa se puede prestar a que lamentablemente algunos fedatarios cometan dichas irregularidades sabedores de que s�lo ser�n afectados en forma econ�mica. ..."
En otro aspecto, los promoventes manifiestan que no hay coincidencia entre el decreto aprobado por el Congreso L. y la publicaci�n por parte del Ejecutivo Estatal, toda vez que del art�culo 10, fracci�n II, se aprob� su derogaci�n y no fue derogado; del 23 bis se aprobaron las expresiones "tiempo en que", "mostrar" y "el cual" y se publicaron "tiempo que", "demostrar" y "la cual"; el 25 fue aprobado con un solo p�rrafo, y fue publicado con adiciones no aprobadas; el 35, fracci�n XVII, fue aprobado en t�rminos de "Expedir copias relativas a los hechos o actos jur�dicos sin que est� debidamente autorizado", y se public� "Expedir copias relativas a hechos o actos jur�dicos sin que est� debidamente autorizada la escritura"; el art�culo 41 consist�a en un solo p�rrafo, y se public� con seis p�rrafos; el numeral 43 se aprob� con la expresi�n "art�culo 47 de �sta" y se public� "art�culo 47 de esta ley"; as� como que la fracci�n V del art�culo 87 fue aprobada con un solo p�rrafo y se public� con cinco p�rrafos.
De las constancias de autos, espec�ficamente del Decreto 19471, aprobado por el Congreso Estatal, as� como de su publicaci�n en el P.�dico Oficial "El Estado de J." (fojas cuatro a treinta y seis y ciento diecisiete a ciento cincuenta y dos del cuaderno de pruebas) se desprende que en cuanto al art�culo 10, fracci�n II, el Congreso del Estado de J. aprob� la reforma de ese numeral, mas no su derogaci�n, como se advierte de la transcripci�n siguiente:
"El Congreso del Estado decreta:
"Sereforma, adiciona y deroga diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J..
"Art�culo primero. Se reforman los art�culos ... 10, fracciones I, II, IV, VI y los incisos d), e) y g). ...."
Respecto de los restantes numerales, de las referidas constancias se desprende que el texto del decreto aprobado y de su publicaci�n, es el siguiente:

Ver tabla 1


Del cuadro comparativo que antecede deriva que el texto de la minuta de decreto de reformas y adiciones a la ley impugnada, aprobada por el Congreso L. y remitida para su publicaci�n al gobernador del Estado, es coincidente con el que se public� en el P.�dico Oficial "El Estado de J." el dieciocho de abril de dos mil dos, por lo que deviene infundado el concepto de invalidez a estudio.
Por otra parte, se plantea que de conformidad con el art�culo 33 de la C.�n del Estado de J., el Ejecutivo L. debe publicar un proyecto de ley al que no hubiese hecho observaciones, en un plazo de quince d�as como m�ximo contados a partir de la fecha en que lo haya recibido, y en el caso no se respet� ese t�rmino para la publicaci�n del decreto impugnado, toda vez que el Ejecutivo del Estado recibi� el proyecto de decreto el veinticinco de marzo de dos mil dos, y lo public� hasta el dieciocho de abril del mismo a�o, por lo que se violan los art�culos 33, 35, fracci�n XXXI y 108, primer p�rrafo, de la C.�n Estatal y, de ah� los preceptos 16, 40, 116 y 128 de la C.�n F..
De las constancias de autos se desprende que el Ejecutivo del Estado de J. recibi� el veinte de marzo de dos mil dos el oficio suscrito por los diputados secretarios del Congreso del Estado, mediante el cual se le remiti� la minuta de Decreto N�mero 19471 que reforma, adiciona y deroga diversos art�culos de la Ley del Notariado del Estado de J. (fojas doscientos dos del expediente). Asimismo, como ya se precis�, dicho decreto se public� en el P.�dico Oficial de la entidad hasta el dieciocho de abril de dos mil dos.
El art�culo 33 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. se�ala:
"Art�culo 33. ...
"Todo proyecto de ley al que no hubiese hecho observaciones el Ejecutivo dentro del t�rmino que establece este art�culo, debe ser publicado en un plazo de quince d�as, como m�ximo, contados a partir de la fecha en que lo haya recibido. ..."
De este numeral se desprende que, en efecto, el Ejecutivo del Estado debe publicar en un t�rmino de quince d�as, como m�ximo, el proyecto de ley que le remita el Congreso L.; sin embargo, la circunstancia de que no se hubiera realizado la publicaci�n dentro de ese t�rmino, no tiene por consecuencia la invalidez de la ley, ya que la nulidad que en su caso llegare a decretarse no podr�a reparar el vicio que se le atribuye, precisamente por el hecho de ya haber transcurrido el plazo en que debi� llevarse a cabo la publicaci�n.
Por consiguiente, como la publicaci�n del decreto impugnado ya se llev� a cabo, aunque con posterioridad al plazo establecido para ese efecto, por s� mismo no implica transgresi�n al contenido sustancial de la C.�n F.; adem�s de que la C.�n Estatal no prev� sanci�n alguna en caso de que no se hubiera cumplido con el plazo que prev� para la publicaci�n de la norma.
SEXTO. En cuanto al examen de los restantes conceptos de invalidez, conforme al art�culo 39 de la ley reglamentaria de la materia, de la lectura integral de la demanda este Tribunal P. advierte que la accionante aduce la inconstitucionalidad de los art�culos 3o., 9o. 10, fracciones I, XII, inciso e) y XIII, 23, fracci�n V, 23 bis, 29, fracci�n II, 31, p�rrafo tercero, 40, 41, 47, p�rrafos tercero, quinto y sexto, 51, 52, 88, 103, 140, 141, 142, 144, 146, 154, fracci�n II, 158, en cuanto se reforma la fracci�n II y se deroga la fracci�n VI, 174, 177 y 180 de la Ley del Notariado del Estado de J., as� como cuarto y quinto transitorios del Decreto 19471 mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron esas disposiciones, por lo que el presente estudio se constre�ir� a tales numerales.
Para examinar lo anterior resulta conveniente, en primer t�rmino, precisar el marco constitucional que rige la funci�n notarial, as� como su naturaleza jur�dica.
Los art�culos 40, 41, 73, 116, 117, 118 y 124 de la C.�n F., en lo que interesa a este estudio, establecen:
"Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."
"Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.. ..."
"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:
"I. Para admitir nuevos Estados a la Uni�n F..
"II. Derogada.
"III. Para formar nuevos Estados dentro de los l�mites de los existentes, siendo necesarios al efecto:
"1o. Que la fracci�n o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una poblaci�n de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
"2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia pol�tica.
"3o. Que sean o�das las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erecci�n del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el d�a en que se les remita la comunicaci�n respectiva.
"4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federaci�n, el cual enviar� su informe dentro de siete d�as, contados desde la fecha en que le sea pedido.
"5o. Que sea votada la erecci�n del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas C�maras.
"6o. Que la resoluci�n del Congreso sea ratificada por la mayor�a de las Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
"7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificaci�n de que habla la fracci�n anterior, deber� ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los dem�s Estados.
"IV. Para arreglar definitivamente los l�mites de los Estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando esas diferencias tengan un car�cter contencioso.
"V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federaci�n.
"VI. Derogada.
"VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
"VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empr�stitos sobre el cr�dito de la Naci�n, para aprobar esos mismos empr�stitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ning�n empr�stito podr� celebrarse sino para la ejecuci�n de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos p�blicos, salvo los que se realicen con prop�sitos de regulaci�n monetaria, las operaciones de conversi�n y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la R.�blica en los t�rminos del art�culo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deber�n incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito F. y las entidades de su sector p�blico, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo F. informar� anualmente al Congreso de la Uni�n sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito F. le har� llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito F. informar� igualmente a la Asamblea de R.resentantes del Distrito F., al rendir la cuenta p�blica.
"IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones.
"X. Para legislar en toda la R.�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123.
"XI. Para crear y suprimir empleos p�blicos de la Federaci�n y se�alar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
"XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
"XIII. Para dictar leyes seg�n las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho mar�timo de paz y guerra.
"XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Uni�n, a saber: Ej�rcito, M. de Guerra y Fuerza A�rea Nacionales, y para reglamentar su organizaci�n y servicio.
"XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reserv�ndose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
"XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condici�n jur�dica de los extranjeros, ciudadan�a, naturalizaci�n, colonizaci�n, emigraci�n e inmigraci�n y salubridad general de la R.�blica.
"1a. El consejo de Salubridad General depender� directamente del presidente de la R.�blica, sin intervenci�n de ninguna Secretar�a de Estado, y sus disposiciones generales ser�n obligatorias en el pa�s.
"2a. En caso de epidemias de car�cter grave o peligro de invasi�n de enfermedades ex�ticas en el pa�s, el Departamento de Salubridad tendr� obligaci�n de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser despu�s sancionadas por el presidente de la R.�blica.
"3a. La autoridad sanitaria ser� ejecutiva y sus disposiciones ser�n obedecidas por las autoridades administrativas del pa�s.
"4a. Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la campa�a contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, as� como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminaci�n ambiental, ser�n despu�s revisadas por el Congreso de la Uni�n en los casos que le competan.
"XVII. Para dictar leyes sobre v�as generales de comunicaci�n, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci�n federal.
"XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que �sta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.
"XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupaci�n y enajenaci�n de terrenos bald�os y el precio de �stos.
"XX. Para expedir las leyes de organizaci�n del cuerpo diplom�tico y del cuerpo consular mexicanos.
"XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federaci�n y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
"Las autoridades federales podr�n conocer tambi�n de los delitos del fuero com�n, cuando �stos tengan conexidad con delitos federales.
"XXII. Para conceder amnist�as por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federaci�n.
"XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinaci�n entre la Federaci�n, el Distrito F., los Estados y los Municipios, en materia de seguridad p�blica; as� como para la organizaci�n y funcionamiento, el ingreso, selecci�n, promoci�n y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad p�blica en el �mbito federal.
"XXIV. Para expedir la ley que regule la organizaci�n de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n y las dem�s que normen la gesti�n, control y evaluaci�n de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales.
"XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la R.�blica escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigaci�n cient�fica, de bellas artes y de ense�anza t�cnica, escuelas pr�cticas de agricultura y de miner�a, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y dem�s institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la naci�n y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos f�siles y sobre monumentos arqueol�gicos, art�sticos e hist�ricos, cuya conservaci�n sea de inter�s nacional; as� como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios el ejercicio de la funci�n educativa y las aportaciones econ�micas correspondientes a ese servicio p�blico, buscando unificar y coordinar la educaci�n en toda la R.�blica. Los t�tulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtir�n sus efectos en toda la R.�blica.
"XXVI. Para conceder licencia al presidente de la R.�blica y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al presidente de la R.�blica, ya sea con el car�cter de sustituto, interino o provisional, en los t�rminos de los art�culos 84 y 85 de esta C.�n.
"XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la R.�blica.
"XXVIII. Derogada.
"XXIX. Para establecer contribuciones:
"1o. Sobre el comercio exterior;
"2o. Sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales comprendidos en los p�rrafos cuarto y quinto del art�culo 27;
"3o. Sobre instituciones de cr�dito y sociedades de seguros;
"4o. Sobre servicios p�blicos concesionados o explotados directamente por la Federaci�n; y,
"5o. Especiales sobre:
"a) Energ�a el�ctrica;
"b) Producci�n y consumo de tabacos labrados;
"c) Gasolina y otros productos derivados del petr�leo;
"d) Cerillos y f�sforos;
"e) A. y productos de su fermentaci�n;
"f) Explotaci�n forestal;
"g) Producci�n y consumo de cerveza.
"Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas L.es fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica.
"XXIX-B. Para legislar sobre las caracter�sticas y uso de la bandera, escudo e himnos nacionales;
"XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y de los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n.
"XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeaci�n nacional del desarrollo econ�mico y social.
"XXIX-E. Para expedir leyes para la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
"XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoci�n de la inversi�n mexicana, la regulaci�n de la inversi�n extranjera, la transferencia de tecnolog�a y la generaci�n, difusi�n y aplicaci�n de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos que requiere el desarrollo nacional.
"XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de protecci�n al ambiente y de preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico.
"XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonom�a para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administraci�n p�blica federal y los particulares, estableciendo las normas para su organizaci�n, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
"XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federaci�n, los Estados, el Distrito F. y los Municipios, coordinar�n sus acciones en materia de protecci�n civil, y
"XXIX-J. Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de coordinaci�n de la facultad concurrente entre la Federaci�n, los Estados, el Distrito F. y Municipios; asimismo de la participaci�n de los sectores social y privado.
"XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta C.�n a los Poderes de la Uni�n."
"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ..."
"Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:
"I. Celebrar alianza, tratado o coalici�n con otro Estado ni con las potencias extranjeras.
"II. Derogada.
"III. A.�ar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
"IV. Gravar el tr�nsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
"V.P. ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la salida de �l, a ninguna mercanc�a nacional o extranjera.
"VI. Gravar la circulaci�n ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exenci�n se efect�e por aduanas locales, requiera inspecci�n o registro de bultos, o exija documentaci�n que acompa�e la mercanc�a.
"VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por raz�n de la procedencia de mercanc�as nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producci�n similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
"VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
"Los Estados y los Municipios no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas p�blicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica.
"IX. Gravar la producci�n, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Uni�n autorice.
"El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados dictar�n, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo."
"Art�culo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Uni�n:
"I.E. derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.
"II. Tener, en ning�n tiempo, tropa permanente, ni buques de guerra.
"III. Hacer la guerra por s� a alguna potencia extranjera, exceptu�ndose los casos de invasi�n y de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos dar�n cuenta inmediata al presidente de la R.�blica."
"Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionariosfederales, se entienden reservadas a los Estados."
Del examen de los preceptos transcritos se desprende lo siguiente:
a) Los Estados de la R.�blica son libres y soberanos en lo concerniente a su r�gimen interior, pero unidos en una Federaci�n.
b) Las C.ones de los Estados en ning�n caso podr�n contravenir los principios de la C.�n F..
c) El Congreso de la Uni�n tiene, entre otras facultades, la de legislar en toda la R.�blica en las materias que expresamente le confiere la C.�n F..
d) Las prohibiciones para las entidades federativas, as� como los casos en que s�lo pueden actuar con el consentimiento del Congreso de la Uni�n.
e) Que las facultades que no se confieren expresamente a las autoridades federales se entienden reservadas a las entidades federativas, esto es, las entidades federativas s�lo tienen atribuciones en las materias que la doctrina denomina facultades residuales; as� como en las que comparte con la Federaci�n conforme a la C.�n F. (facultades concurrentes).
Ahora bien, del examen de las facultades expresamente otorgadas al Congreso de la Uni�n para legislar en el �mbito federal (art�culo 73 constitucional) se desprende que no se contempla la materia o funci�n notarial; de ah� que conforme al principio de distribuci�n de competencias consagrado en el art�culo 124, es inconcuso que corresponde a las entidades federativas esa atribuci�n, al ser parte de las facultades que le han sido reservadas; aunado que no se encuentra entre las materias prohibidas para los Estados o entre aquellas materias para las que requiere consentimiento del Congreso General.
En consecuencia, la facultad para regular en materia notarial, al no estar conferida expresamente a las autoridades federales, se entiende reservada a favor de los Estados, a trav�s de las leyes que expida el �rgano legislativo local, mediante las cuales se crea la figura del notario y se regula su funci�n, sin m�s limitantes que no contravenir la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el art�culo 35, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica del Estado de J. dispone lo siguiente:
"Art�culo 35. Son facultades del Congreso:
"I. Legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Uni�n conforme al Pacto F. en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."
De este numeral se desprende que corresponde al Poder Legislativo del Estado de J. expedir las leyes relativas al orden interior de esa entidad, salvo en aquellas materias otorgadas al Congreso de la Uni�n en la C.�n F.; por consiguiente, del r�gimen constitucional, federal y local se infiere que corresponde al Congreso del Estado de J. legislar en materia notarial.
Con la finalidad de comprender en mayor medida la naturaleza jur�dica de la funci�n notarial, es necesario realizar un an�lisis hist�rico de esa instituci�n y de su evoluci�n legislativa.
I. �poca P..
Entre los pueblos que habitaban la regi�n que hoy se conoce como R.�blica mexicana, destacaba el azteca que impuso parte de su sistema de vida, principalmente sus instituciones, el que se asent� en Tenochtitl�n; en este territorio antes del descubrimiento de Am�rica no exist�an en realidad notarios o escribanos en el sentido que se puede entender en la �poca contempor�nea; sin embargo exist�a un funcionario, el Tlacuilo, que por su pr�ctica en la redacci�n y en la relaci�n de hechos y sus conocimientos legales, los habilitaban para confeccionar documentos y asesorar a los contratantes cuando se necesitaba concertar una operaci�n, sin tener el car�cter de funcionarios p�blicos, ni de fedatarios. El Tlacuilo dejaba constancia de los acontecimientos por medio de signos ideogr�ficos y pinturas, con lo que se guardaba memoria de ellos de una manera cre�ble.
II. �poca de la Colonia.
a) Durante la Colonia concern�a al rey designar a los escribanos por ser una de las actividades del Estado, conforme lo estableci� A.X., el sabio, en las Siete Partidas. Una de las formas de ingreso a la escriban�a era por medio de la compra del oficio.
b) Las Leyes de Indias declararon vendibles y renunciables, susceptibles de propiedad privada, entre otros oficios, el de escriban�as.
c) De acuerdo con las Partidas, N.�sima R.�n y Leyes de Indias, adem�s de haber comprado el oficio, los requisitos para ser escribano eran: ser mayor de veinticinco a�os, lego, de buena fama, cristiano, reservado, de buen entendimiento, conocedor del escribir y vecino del lugar.
d) Los escribanos ten�an que hacer sus escrituras en papel sellado, con letra clara y en castellano, sin abreviaturas, y actuar personalmente; una vez redactadas ten�an la obligaci�n de leerlas �ntegramente, dando fe del conocimiento y la firma de los otorgantes, con su firma y signo.
e) La escriban�a era una actividad privada, realizada por un particular que ten�a caracter�sticas p�blicas, como un nombramiento especial y el uso del signo otorgado por el rey; valor probatorio pleno de los instrumentos autorizados por el escribano y, sobre todo, la prestaci�n de un servicio p�blico. El escribano era retribuido por sus clientes de acuerdo con un arancel de aplicaci�n obligatoria.
f) El rey se�alaba el signo que deb�a usar cada escribano, si un instrumento p�blico ten�a la firma del escribano, pero no el signo, el documento no ten�a valor probatorio alguno, ya que le faltaba la autoridad del Estado que �ste representaba.
g) La actividad del escribano fue muy importante durante la Colonia, ya que no obstante la falta de estabilidad pol�tica y el cambio de funcionarios (alcaldes, regidores, etc�tera) el escribano fue permanente y daba seguridad y continuidad en los negocios.
III. M�xico independiente.
a) La legislaci�n positiva espa�ola, las Leyes de Indias y dem�s decretos, provisiones, c�dulas reales, etc�tera, emitidas durante la Colonia continuaron aplic�ndose en el M�xico independiente, conforme con lo dispuesto en el "Reglamento Provisional Pol�tico del Imperio Mexicano, de dieciocho de diciembre de mil ochocientos veintid�s"; sin embargo, se fueron dictando nuevas leyes y decretos que paulatinamente separaron el derecho mexicano del espa�ol.
b) A partir de la Independencia el r�gimen pol�tico de la R.�blica mexicana fluctu� entre el federalismo y el centralismo, durante el federalismo la legislaci�n notarial fue local; cuando el r�gimen fue centralista, las disposiciones notariales fueron generales, de aplicaci�n en todo el territorio nacional.
c) En este periodo continu� la costumbre colonial de los oficios "p�blicos, vendibles y renunciables", entre los cuales estaba la escriban�a.
d) Bajo la vigencia de la C.�n de mil ochocientos veinticuatro, una vez derrocado el Imperio y organizada la naci�n en forma de R.�blica F., se dictaron algunas disposiciones aplicables a los escribanos, entre las que destaca el decreto de treinta de noviembre de mil ochocientos treinta y cuatro, que fue una de las primeras disposiciones legales referentes al escribano. En dicho ordenamiento se legisl� sobre la organizaci�n de los juzgados del ramo civil y del criminal en el Distrito F. y se contin�a con las mismas caracter�sticas que la legislaci�n castellana hab�a dado al escribano de diligencias, como un escribano p�blico que trabajaba de secretario al mismo tiempo, en los tribunales civiles y los llamados del ramo criminal.
e) Ley para el Arreglo Provisional de la Administraci�n de Justicia en los tribunales y Juzgados del Fuero Com�n (expedida en mil ochocientos treinta y siete), que en los art�culos 21 y 22 establec�a como forma de ingreso a la escriban�a, aprobar un examen te�rico y pr�ctico.
f) EL manual del litigante instruido (publicado en mil ochocientos cuarenta y tres), establec�a como requisitos que se exig�an a los escribanos: saber escribir, tener autoridad p�blica, cristiano y de buena familia, hombre de secreto, entendedor en tomar las razones de lo que ha de escribir, vecino del pueblo y hombre secular.
g) Bases org�nicas de la R.�blica mexicana. Siendo presidente de la R.�blica A. L�pez de S.A., fueron aprobadas en mil ochocientos cuarenta y tres, adoptaron el sistema federal como forma de organizaci�n pol�tica, como se hab�a establecido en la C.�n de mil ochocientos veinticuatro, y durante ese mandato se expidi� la Ley para el Arreglo de la Administraci�n de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Com�n, que tuvo vigencia en todo el pa�s y constituye la primera organizaci�n nacional del notariado; conforme a dicha ley, los escribanos estaban integrados dentro del Poder Judicial y continuaron existiendo los oficios p�blicos, vendibles y renunciables; para ejercer el oficio de escribano era necesario recibirse y matricularse en el Colegio de Escribanos de M�xico; esta ley termina con la variedad de nombres que se empleaban para designar a los escribanos, al se�alar que los escribanos recibidos e incorporados conforme a esa ley o a las anteriores, no tendr�n otra denominaci�n que la de escribanos p�blicos de la Naci�n. El n�mero de escribanos se fijaba por el Supremo Tribunal.
IV. �poca del Imperio (1864-1867).
El Emperador Maximiliano de Habsburgo tuvo una importante labor legislativa en la materia y aport� ideas de liberalismo europeo, las cuales quedaron plasmadas principalmente en los dos primeros libros del proyecto del C�digo Civil, as� como la Ley Org�nica del Notariado y del Oficio de Escribano de treinta de diciembre de mil ochocientos sesenta y cinco, que constituye la primera ley org�nica de notarios, ya que la actividad de �stos anteriormente se regulaba mediante la aplicaci�n de leyes comunes de la administraci�n de justicia, tal ordenamiento asume ya en la legislaci�n mexicana el nombre de notario, distinguiendo su actividad con la de los secretarios y actuarios de juzgado, a los que denomina escribanos.
El oficio de notario era conferido por el emperador, en tanto que el t�tulo de escribano era recibido del Gobierno. Los notarios se limitaban a ejercer su oficio en el distrito de su nombramiento; sus funciones eran vitalicias, aunque se les permit�a dejar de ejercerlas en forma temporal o definitiva, en el primer caso era necesaria una licencia expedida por el Tribunal Superior del Departamento, y en el segundo la renuncia deb�a ser admitida por el propio titular del gobierno. Asimismo, esta ley estableci� el sistema de numerus clausus, consistente en que el n�mero de notarios se fijan en proporci�n con la poblaci�n o se se�ala un n�mero determinado de notarios con independencia de los habitantes; no se pod�an nombrar nuevos notarios sino para cubrir las vacantes. El cargo de notario era personal.
Se sustituy� el signo por el sello de autorizar, el cual deb�a llevar el Escudo de Armas del Imperio. Los notarios ten�an que sujetarse a un arancel y en caso de cobro excesivo tendr�an que devolver el exceso y cubrir una multa. La facultad disciplinar�a correspond�a a los Jueces y tribunales, quienes cobraban al infractor una multa y suspensi�n hasta de un a�o. �poca posterior a la ca�da del imperio. En este periodo destaca la expedici�n de los siguientes ordenamientos:
A) Ley Org�nica de Notarios y Actuarios del Distrito F. (mil ochocientos sesenta y siete). B.J.�rez promulg� esta ley, la que se destac� porque termin� con la venta de notar�as, separ� la actuaci�n del notario y la del secretario de juzgado y sustituy� el signo por el sello notarial.
Asimismo, de dicho ordenamiento destacan las siguientes disposiciones:
a) Distingu�a dos tipos de escribanos: notarios y actuarios, y se�alaba que estos cargos eran incompatibles.
b) Se�al� que el notario era un funcionario establecido para reducir a instrumento p�blico los actos, los contratos y �ltimas voluntades en los casos que las leyes lo prevengan o lo permitan. Y al actuario como el funcionario que interviene en materia judicial para autorizar las providencias de los Jueces o arbitradores o para practicar las diligencias necesarias. Ambos oficios deb�an ser practicados personalmente.
c) Se�al� como atribuci�n exclusiva de los notarios, autorizar en sus protocolos, con total arreglo a las leyes, toda clase de instrumentos p�blicos.
d) Tanto para el notario como para el actuario, se requer�a ser abogado, o haber hecho los cursos exigidos por la Ley de Instrucci�n P�blica; y entre otros requisitos, ser mexicano por nacimiento, determinada edad, tener buenas costumbres y haber observado constantemente una conducta que inspirara al p�blico toda la confianza que la naci�n deposita en esa clase de funcionario. Estos requisitos se acreditaban con las certificaciones de los ex�menes, con la partida de nacimiento, y con la informaci�n judicial de siete testigos.
e) Exig�a la aprobaci�n de dos ex�menes, el Tribunal Superior exped�a la correspondiente certificaci�n para que ocurrieran con ella por su t�tulo al Supremo Gobierno para que les expidiera el f�at, mediante pago de ciento cincuenta pesos. El f�at, actualmente sustituido por la patente de notario, significa en lat�n, h�gase.
f) Los notarios s�lo pod�an ejercer su profesi�n en el Distrito F. y fuera de �l no ten�an fe p�blica, y los instrumentos que otorgaran carecer�an de valor.
g) Para el cobro de los derechos los notarios deb�an sujetarse a los aranceles y leyes vigentes.
h) Las notar�as deb�an estar abiertas siete horas cada d�a no feriado, sin perjuicio de la obligaci�n de los notarios, de despachar casos urgentes, como los testamentos, a cualquier hora del d�a o de la noche.
i) Mientras no se les designara un local a prop�sito en el Palacio de Justicia, los notarios pod�an tener sus despachos fuera de sus casas, en un lugar c�ntrico.
B) Ley de Instrucci�n P�blica del Distrito F.. Publicada el dos de diciembre de mil ochocientos sesenta y siete; se�alaba los estudios que deb�an cursar los escribanos para poder desempe�ar su cargo. Establec�a dentro de la escuela de Leyes del Distrito F. la carrera de escribano. Esta ley fue modificada y adicionada por la de quince de mayo de mil ochocientos sesenta y nueve, se�alando que para obtener el t�tulo de notario o escribano se necesitaba haber sido examinado y aprobado por un jurado del Colegio de Escribanos, y despu�s por otro de Profesores de la Escuela de Jurisprudencia, en los ramos que indicaba.
VI. M�xico en el siglo XX.
El notariado en M�xico a principios del siglo XX se estructura y organiza en forma definitiva, a diferencia de los siglos anteriores en que la funci�n notarial se regulaba conjuntamente con la judicial.
El car�cter de funci�n p�blica, el uso del protocolo, la colegiaci�n obligatoria, el examen de admisi�n, la creaci�n del Archivo de Notar�as, y en general la regulaci�n sistem�tica de la funci�n notarial se inicia con la Ley del Notariado de mil novecientos uno, que perfeccionada con las reformas de mil novecientos treinta y dos y mil novecientos cuarenta y cinco; con pocas variantes, llega hasta la actual que rige solamente para el Distrito F..
Ley del Notariado de mil novecientos uno. Se promulg� el diecinueve de diciembre de ese a�o y entr� en vigor el uno de enero de mil novecientos dos. Su �mbito de aplicaci�n abarc� el Distrito y Territorios F.es (art�culo 1o.) y entre sus disposiciones destacan:
1. Dispuso que el ejercicio de la funci�n notarial fuera de orden p�blico, conferido por el Ejecutivo de la Uni�n (art�culo 1o.). La direcci�n del notariado estaba a cargo de �ste a trav�s de la Secretar�a de Justicia (art�culo 10). M�s tarde, al extinguirse la Secretar�a de Justicia, los asuntos del notariado fueron encomendados al Gobierno del Distrito F..
2. Cuando no hubiese notario en el lugar, los Jueces de primera instancia desempe�aban las funciones de notario por receptor�a (art�culo 5o.). El Ejecutivo pod�a autorizar a los Jueces menores de los lugares donde no hubiere notar�a para que ejercieran las funciones de notario (art�culo 6o.).
3. El notariado se caracterizaba por ser una funci�n p�blica conferida por el Gobierno F., empero, la prestaci�n del servicio no ocasionaba un sueldo proveniente del erario. Los honorarios se pagaban por los interesados conforme a un arancel (art�culo 8o.).
4. Esta ley defin�a al notario como:
"Art�culo 12. Notario es el funcionario que tiene fe p�blica para hacer constar, conforme a las leyes, los actos que seg�n �stas deben ser autorizados por �l; que deposita escritas y firmadas en el protocolo las actas notariales de dichos actos, juntamente con los documentos que para su guarda o dep�sito presenten los interesados, y expide de aqu�lla y �stos las copias que legalmente puedan darse."
5. Obligaba al notario a actuar asistido de testigos instrumentales.
6. La funci�n notarial era incompatible con otros cargos, empleos o comisiones p�blicos, excepto el de la ense�anza; con empleos o comisiones particulares bajo la dependencia de una persona privada; con el desempe�o del mandato y el ejercicio de la profesi�n de abogado, comerciante, corredor, o agente de cambio y con el ministerio de cualquier culto. El notario designado para un cargo de elecci�n popular, deb�a separarse del ejercicio de su profesi�n mientras durara tal desempe�o (art�culo 2o.).
7. Para tener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requer�a practicar m�s de seis meses en una notar�a de la Ciudad de M�xico y ser aprobado en un examen pr�ctico (art�culo 18, fracciones III y IV). S�lo pod�an aspirar a este t�tulo los mexicanos por nacimiento, en el ejercicio de los derechos de ciudadanos y perteneciente al Estado seglar, y ser abogado recibido en escuela oficial (art�culo 18, fracciones I y II).
8. Para ser notario se requer�a haber cumplido veinticinco a�os, no tener enfermedad habitual que impidiera el ejercicio de la funci�n, acreditar tener y haber tenido buena conducta (art�culo 13, fracciones I, II y III); haber obtenido la patente como aspirante al ejercicio del notariado (art�culo 13, fracci�n IV); as� como estar vacante alguna de las notar�as creadas por la ley (art�culo 13, fracci�n V).
9. Una vez obtenido el nombramiento, para actuar era necesario dar una fianza (art�culo 14, fracci�n I); proveerse a su costa, en el Archivo General de Notar�as del sello y libros del protocolo; registrar su firma y sello (art�culo 14, fracci�n I); otorgar la protesta legal ante la Secretar�a de Justicia, en la forma que lo hac�an los funcionarios p�blicos (art�culo 14, fracci�n III); y protestar que establecer�a su domicilio y residencia en el lugar donde desempe�ara su cargo (art�culo 14, fracci�n IV). Cumplidos estos requisitos, el nombramiento se registraba en la Secretar�a del Consejo de Notarios, en el Archivo General de Notar�as y en la Secretar�a de Justicia. Esta �ltima, mandaba publicar el nombramiento en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el Bolet�n Judicial (art�culo 17).
10. Se estableci� un Consejo de Notarios, compuesto por integrantes electos por los notarios en ejercicio. Ten�a como finalidad auxiliar a la Secretar�a de Justicia en la vigilancia del cumplimiento de la Ley del Notariado. Estaba facultado para proponer oficialmente a la Secretar�a de Justicia, las medidas que condujeran al adelantamiento de la instituci�n (art�culo 8o.).
11. Se preve�a la responsabilidad de los notarios por delitos y faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones (art�culo 85). La infracci�n de leyes penales constitu�a responsabilidad criminal (art�culo 86). La administrativa surg�a de "la infracci�n de algunos de los preceptos contenidos en esta ley, y que no est� prevista en la ley penal" (art�culo 87). La Secretar�a de Justicia estaba facultada para imponer sanciones disciplinariasque pod�an ser desde amonestaci�n hasta la destituci�n del cargo (art�culo 89).
Ley del Notariado para el Distrito y Territorios F.es de mil novecientos treinta y dos. El veinte de enero de mil novecientos treinta y dos se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n, y mediante la cual se abrog� la ley de mil novecientos uno. En cuanto a m�todo y estructura, sigue las de su predecesora. El protocolo, los requisitos para el otorgamiento de escrituras, la naturaleza jur�dica del instrumento, las minutas, los requisitos e impedimentos para ser notario, siguen siendo los mismos. Sin embargo esta ley evolucion� los siguientes aspectos notariales:
a) Defin�a al notario como el funcionario que tiene fe p�blica para hacer constar los actos y hechos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes;
b) Excluy� a los testigos de la actuaci�n notarial. Por disposici�n del C�digo Civil, s�lo subsist�an los testigos instrumentales en el testamento;
c) Estableci� el examen de aspirante a notario, con un jurado integrado por cuatro notarios y un representante del Departamento del Distrito F.; y,
d) Dio al Consejo de Notarios el car�cter de �rgano consultivo del Departamento del Distrito F..
Ley del Notariado para el Distrito F. y Territorios de mil novecientos cuarenta y cinco. Se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de febrero de mil novecientos cuarenta y seis; posteriormente dej� de ser aplicable en los territorios federales, al desaparecer �stos conforme con la reforma de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
a) Establec�a al notariado como una funci�n de orden p�blico, a cargo del Ejecutivo de la Uni�n, quien a trav�s del Departamento del Distrito F., la encomendaba a profesionales del derecho que obtuvieran la patente de notario (art�culo 1o.).
b) Se refer�a al notario como "la persona var�n o mujer, investido de fe p�blica para hacer constar los actos y hechos jur�dicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, y autorizada, para intervenir en la formaci�n de tales actos o hechos jur�dicos revisti�ndolos de solemnidad y formas legales" (art�culo 2o.).
c) R.�a que el notario era un funcionario p�blico y un profesional del derecho que ilustraba a las partes en materia jur�dica y ten�a el deber de explicarles el valor y consecuencias legales de los actos que se otorgaban ante �l (art�culo 11).
d) El avance m�s importante de esta ley consisti� en el establecimiento del examen de oposici�n para obtener la patente de notario. S�lo pod�an participar aquellos que tuvieran la categor�a de aspirante a notario. Para ser aspirante era necesario aprobar un examen te�rico y otro pr�ctico. Obtenida la categor�a de aspirante, se necesitaba que existiese una vacante, ya fuera por fallecimiento, renuncia o destituci�n de un notario.
e) Tanto el aspirante como el notario deb�an registrar la patente respectiva en el Gobierno del Distrito F., en el Registro P�blico de la Propiedad y de Comercio, en el Archivo General de Notar�as y en el Consejo de Notarios.
f) Para poder actuar, el notario necesitaba otorgar fianza, proveerse a su costa de sello y protocolo, registrar el sello y su firma en los mismos lugares que la patente; otorgar la protesta legal ante el jefe del Departamento del Distrito F. en la misma forma que la daban los funcionarios p�blicos y protestar establecer su oficina dentro de los treinta d�as siguientes a la fecha de la protesta. Al iniciar sus funciones, deb�a dar aviso al p�blico por medio del Diario Oficial de la Federaci�n y comunicarlo al jefe del Departamento del Distrito F., al Registro P�blico de la Propiedad, al Archivo General de Notar�as y al Consejo de Notarios.
g) El notario era responsable por los delitos y faltas cometidas en ejercicio de su profesi�n "en los mismos t�rminos que los dem�s ciudadanos", por lo cual quedaban sujetos a la jurisdicci�n de las autoridades penales. De su responsabilidad civil conoc�an los tribunales civiles; la administrativa quedaba bajo el fuero del Gobierno F.. Las sanciones administrativas que aplicaba el Departamento del Distrito F. por violaci�n a la ley, eran: amonestaci�n por oficio, multas, suspensi�n del cargo hasta por un a�o y suspensi�n definitiva.
h) El notario, para desempe�ar su funci�n, se val�a del protocolo, ap�ndice, �ndice, sello y gu�a. Los libros, para poder utilizarse, necesitaban contener en la primera hoja, la raz�n de autorizaci�n del jefe del Departamento del Distrito F. y a continuaci�n la de apertura del notario, y en la �ltima la del director del Archivo General de Notar�as.
i) El notario pod�a separarse del ejercicio de sus funciones o ausentarse del lugar de su residencia, previo aviso al Departamento del Distrito F.. Ten�a derecho a separarse de su cargo, previa licencia, hasta por el t�rmino de un a�o. En caso de elecci�n popular, pod�a separarse de su funci�n el tiempo que durare el cargo para el que fuera electo.
j) El cargo de notario pod�a terminar por muerte, renuncia o destituci�n. En trat�ndose de destituci�n, la declaraci�n de separaci�n definitiva la hac�a el Gobierno del Distrito F., siguiendo el procedimiento se�alado en la ley.
k) Las notar�as deb�an ser visitadas por lo menos una vez al a�o, en este caso, la inspecci�n era general. Cuando el Gobierno del Distrito F., por queja o cualquier otro motivo tuviera conocimiento de haberse violado la ley, se efectuaban visitas especiales; �stas estaban a cargo de los inspectores de notar�as, que eran empleados del Departamento del Distrito F. y su finalidad consist�a en cerciorarse de que funcionaban con regularidad y de que los notarios ajustaban sus actos a las disposiciones de la ley.
l) El Ejecutivo estaba autorizado a crear m�s notar�as, seg�n las necesidades de la entidad, y s�lo pod�an ser provistas por examen de oposici�n.
Del referido an�lisis hist�rico y de la evoluci�n legislativa de la funci�n notarial en el sistema jur�dico mexicano, se concluye lo siguiente:
1) Se trata de una instituci�n de car�cter especial, ya que si bien desde su inici� se ha conferido la autorizaci�n para su ejercicio por parte del Estado, as� como su regulaci�n, no se identifica al notario como un servidor o funcionario p�blico.
2) Conforme evolucion� esta instituci�n, se defini� al ejercicio del notariado como una funci�n de orden p�blico, a cargo de un profesional del derecho, al que se enviste de fe p�blica, mediante la expedici�n del f�at correspondiente por parte del Estado; en un principio por autorizaci�n del rey, posteriormente por medio del Poder Judicial, y en la actualidad a trav�s del Poder Ejecutivo, mediante los respectivos ex�menes de oposici�n.
3) El notario debe desempe�ar personalmente su funci�n, en forma obligatoria, cuando sea requerido; dicha funci�n si bien se ha modificado a trav�s de la historia, ha consistido fundamentalmente en hacer constar los actos, hechos o voluntades de las personas que ante �l intervienen, para darles certeza y autenticidad, as� como asesorarlos.
4) Por tratarse de una funci�n de orden p�blico, es el Estado el que expide la regulaci�n de la funci�n notarial y le corresponde determinar el n�mero de notar�as y su vigilancia; por lo que es el Poder Ejecutivo, en su nombre, el que expide la patente de aspirante y de notario; verifica el cumplimiento por parte de los notarios de la legislaci�n correspondiente; y trat�ndose de irregularidades en el desempe�o de dicha funci�n, puede sancionarlo, inclusive con la revocaci�n de dicha patente.
5) El notario debe satisfacer los requisitos que el Estado establezca para otorgar la patente respectiva, entre los que destacan seg�n su evoluci�n, los relativos a su capacidad, a ser ciudadano mexicano por nacimiento, licenciado en derecho, vecino del lugar al que se encuentre adscrito, sin impedimentos f�sicos, y su moralidad.
6) La funci�n notarial se ha considerado incompatible con cargos o empleos p�blicos, dado que es de orden p�blico y en virtud de la importancia que respecto de la certeza y seguridad jur�dica reviste.
De lo anterior deriva que, como se apunt�, conforme al sistema jur�dico mexicano la instituci�n del notariado es totalmente sui generis, ya que se encomienda para su desempe�o a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedici�n de la patente respectiva, despu�s de haber presentado los ex�menes de oposici�n correspondientes; empero, se trata de una funci�n de orden p�blico, toda vez que el notario act�a por delegaci�n del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de inter�s social: autenticidad, certeza y seguridad jur�dica de los actos y hechos jur�dicos; por tanto, es un servicio p�blico regulado por el Estado, de ah� la obligaci�n del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido.
El notario es una persona que por disposici�n de la ley recibe la fe p�blica del Estado por un acto de delegaci�n.
Asimismo, el notario est� facultado para autenticar y dar forma en los t�rminos de ley a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jur�dicos, por lo que �stos al ser certificados por el notario tienen el car�cter de aut�nticos, y valen erga omnes, esto es, con efectos generales, adem�s debe asesorar a los otorgantes y comparecientes.
En este contexto, es de suma relevancia precisar en qu� consiste el que el notario sea una persona investida de fe p�blica.
La fe p�blica es originalmente un atributo del Estado que tiene en virtud de su imperio, y es ejercitada a trav�s de los �rganos estatales y del notario. De acuerdo con el sistema jur�dico mexicano, el notario, sin formar parte de la organizaci�n del Poder Ejecutivo, es vigilado por �l y por disposici�n de la ley recibe la fe p�blica del Estado, por medio de la patente respectiva.
Seg�n algunos tratadistas, la fe p�blica es la necesidad de car�cter p�blico cuya misi�n es robustecer con una presunci�n de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo; para otros autores, la fe p�blica es la garant�a que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho.
De ah� que la fe p�blica notarial debe considerarse como la garant�a de seguridad jur�dica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorg� conforme a derecho y que lo relacionado con �l es cierto. Esta funci�n del notario contribuye al orden p�blico, a la tranquilidad de la sociedad en que act�a y da certeza.
Ahora bien, aun cuando se trata de una funci�n de orden p�blico, que originalmente corresponde al Estado, el notario no se identifica con un funcionario o servidor p�blico, en atenci�n a las siguientes caracter�sticas:
1. No existe relaci�n jer�rquica con los Poderes del Estado, particularmente con el Ejecutivo, dado que no pertenece a la administraci�n p�blica federal centralizada, ni tampoco se identifica con la administraci�n p�blica descentralizada, ya que el notario no cuenta con personalidad jur�dica propia, ni su funci�n se identifica con la de las entidades paraestatales.
En este aspecto, el art�culo 108 de la C.�n F. dispone:
"Art�culo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo se reputar�n como servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular, a los miembros del Poder Judicial F. y del Poder Judicial del Distrito F., los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempe�e un empleo, cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en la administraci�n p�blica federal o en el Distrito F., as� como a los servidores del Instituto F. Electoral, quienes ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones.
"El presidente de la R.�blica durante el tiempo de su encargo, s�lo podr� ser acusado por traici�n a la patria y delitos graves del orden com�n.
"Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas L.es, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia L.es y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas L.es, ser�n responsables por violaciones a esta C.�n y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
"Las C.ones de los Estados de la R.�blica precisar�n, en los mismos t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo y para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en los Estados y en los Municipios."
Por otra parte, la C.�n Pol�tica del Estado de J. se�ala:
"Art�culo 92. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo, se consideran servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado e integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n previstos en esta C.�n; a los miembros del Consejo Electoral del Estado; a los integrantes de la C.�n Estatal de Derechos Humanos, y en general, a toda persona que desempe�e un cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en la administraci�n p�blica del Estado o de los Municipios, as� como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados, fideicomisos p�blicos y empresas de participaci�n estatal o municipal mayoritaria, quienes ser� responsables por los actos u omisiones en que incurran por el desempe�o de sus respectivas funciones."
De estos preceptos deriva a qui�nes, conforme al r�gimen constitucional, federal y local, se considera como servidores p�blicos, sin que entre �stos se cite o encuadre el notario, pues no detenta un cargo de elecci�n popular, ni se trata de un funcionario o empleado, as� como tampoco desempe�a un cargo o comisi�n en la administraci�n p�blica centralizada ni paraestatal.
En efecto, como se ha precisado, el notario act�a por medio de una patente otorgada por el Ejecutivo L., esto es, no se trata de un cargo de elecci�n popular, ni tampoco puede ser considerado un empleado o funcionario p�blico, en atenci�n a que no ocupa un cargo o comisi�n dentro de la administraci�n p�blica, ni tampoco el notariado es una dependencia del gobierno o una entidad paraestatal, ya que si bien el notario act�a por delegaci�n del Estado, no est� dentro de su organizaci�n administrativa ni burocr�tica; aunado a lo anterior, como se ha se�alado, la propia legislaci�n notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos p�blicos o de elecci�n popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario p�blico.
2. Su remuneraci�n no proviene del erario p�blico sino del particular que acude a solicitar la prestaci�n de sus servicios, de acuerdo al arancel respectivo.
3. El notario act�a a petici�n de parte, s�lo presta sus servicios cuando una persona f�sica o moral interesada en el otorgamiento de una escritura o en hacer constar un hecho o un acto jur�dico, se lo solicita y como se ha precisado, la actuaci�n notarial es obligatoria, s�lo puede excusarse en los casos que la legislaci�n prevea.
Entonces, la funci�n notarial se realiza por delegaci�n del Estado y dentro del marco jur�dico establecido por la ley, y en virtud de que es el Estado el que delega en un particular la fe p�blica para dar autenticidad y certeza a los negocios, actos o hechos jur�dicos en que intervenga, por lo que es claro que la vigilancia del cumplimiento de la legislaci�n notarial depende del propio Estado; que en t�rminos de la legislaci�n vigente ser� por conducto del Poder Ejecutivo L., y este �ltimo est� facultado para crear y poner en funcionamiento las notar�as, expedir las patentes de aspirante y de notario, otorgar licencias, realizar visitas de inspecci�n a las notarias, calificar las infracciones cometidas por el notario e imponer las sanciones correspondientes, inclusive revocar la patente de notario.
De lo anterior deriva que, como se ha apuntado, la funci�n notarial es sui generis, ya que si bien es de orden p�blico y corresponde originalmente al Estado, por delegaci�n la encomienda a un particular mediante la obtenci�n de la patente respectiva, quien tendr� fe p�blica para otorgar instrumentos p�blicos o constatar los actos o hechos jur�dicos cuando lo soliciten los particulares y, por ende, la persona que desee obtener la patente debe cumplir con ciertos requisitos y su funci�n est� sujeta a determinadas obligaciones y prohibiciones, y a la vigilancia del Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, en t�rminos de la legislaci�n respectiva.
En el caso, corroboran el marco general de la funci�n notarial referido, lo dispuesto en la Ley del Notariado para el Estado de J., antes de la reforma impugnada y a partir de �sta que, en la parte que interesa, se�ala:

Ver tabla 2


De este marco legislativo se corrobora que la funci�n notarial es de orden p�blico, que el notario es un profesional del derecho, que est� investido por delegaci�n del Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, de la capacidad de dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica; que act�a a petici�n de parte, dentro del �mbito territorial al que est� adscrito; as� como que su actuaci�n es obligatoria, salvo en los casos que prev� la propia ley.
Por consiguiente, es el Estado a trav�s del Poder Ejecutivo L., quien otorga la patente respectiva a aquellos que re�nan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuaci�n cumplan con dicha legislaci�n, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prev� la ley.
Una vez referida la evoluci�n hist�rica y legislativa, la naturaleza jur�dica de la funci�n notarial, as� como el marco general previsto en la Ley del Notariado del Estado de J., procede analizar los conceptos de invalidez que se plantean en relaci�n con las disposiciones legales impugnadas.
S�PTIMO. Respecto de los argumentos de la promovente en los que aduce que existe contradicci�n entre el art�culo 9o. y los numerales primero y cuarto transitorios; entre el precepto 40 y el 41; entre el art�culo 51 y el 52; entre el 174 y el 177; entre el 174 y los numerales 1o., 180 y 140; y entre el quinto transitorio y el 29, fracci�n II, de la Ley del Notariado para el Estado de J. y su decreto promulgatorio, as� como entre el art�culo 88 de ese ordenamiento y el 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se debe considerar que conforme al art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n F., mediante el presente medio de control constitucional, este Alto Tribunal s�lo est� facultado para analizar la norma general impugnada frente a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la posible contradicci�n entre la ley y la C.�n.
Aunado a lo anterior, la inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicci�n con los preceptos de la C.�n, no de su oposici�n con ordenamientos secundarios de igual jerarqu�a normativa o de la contradicci�n entre disposiciones de la propia norma; por tanto, si los argumentos de la accionante no constituyen un problema de constitucionalidad, sino �nicamente en determinar si existe o no la contradicci�n de leyes planteada, no procede analizarlos a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, que es un medio de control abstracto de la C.�n F.. M�xime que, en todo caso, la posible incertidumbre que ocasione la redacci�n de los numerales impugnados, causar�an un perjuicio directo de la persona en el momento de la aplicaci�n de la ley, empero, entonces no es la norma general impugnada la que produce ese efecto, sino su aplicaci�n.
En consecuencia, los argumentos consistentes en que existe contradicci�n entre los citados art�culos, debendesestimarse y, por tanto, procede reconocer su validez.
OCTAVO. Precisado lo anterior, este Tribunal P. analizar� �nicamente los conceptos de invalidez que se plantean en relaci�n con los art�culos 3o., 9o., 10, fracciones I, XII, inciso e) y XIII, 23, fracci�n V, 23 bis, 31, p�rrafo tercero, 47, p�rrafos tercero y sexto, 103, 140, 141, 142, 144, 146, 154, 158, fracciones II y VI, y 174 de la Ley del Notariado para el Estado de J..
En atenci�n a la cantidad de art�culos impugnados y tomando en consideraci�n que respecto de cada uno de ellos se hacen valer iguales violaciones a diversos preceptos de la C.�n F., el an�lisis de los referidos conceptos de invalidez, se realizar� tomando en consideraci�n los preceptos constitucionales que se estiman violados.
A. En cuanto a la violaci�n del art�culo 1o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de diversas disposiciones de la ley impugnada.
Este precepto constitucional dispone:
"Art�culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta C.�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
"Est� prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzar�, por este solo hecho, su libertad y la protecci�n de las leyes.
"Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las capacidades diferentes, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
Conforme al primer p�rrafo de este numeral, todo individuo gozar� de las garant�as que otorga la C.�n, las cuales s�lo podr�n restringirse o suspenderse en los casos que el propio ordenamiento prev�, de lo que deriva que se consagra la libertad de igualdad.
Por ende, respecto de esta garant�a, los conceptos de invalidez que se hagan valer, s�lo pueden entenderse en relaci�n directa con las restantes garant�as que la propia C.�n consagra, es decir, la violaci�n que se producir�a, en su caso, al primer p�rrafo del art�culo 1o. constitucional, s�lo puede advertirse de un estudio conjunto de �ste con la correlativa libertad que se aduce violada, por lo que la determinaci�n de su posible contravenci�n depende de la que pudiera existir en relaci�n con alg�n otro precepto constitucional y, por tanto, en todo caso, ello se determinar� una vez analizados los argumentos de invalidez que respecto de las disposiciones impugnadas se plantean por la promovente.
B. Respecto de la violaci�n al art�culo 4o., p�rrafo tercero, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
La accionante argumenta que el art�culo 47, p�rrafo quinto, en relaci�n con el art�culo 151, fracci�n V, de la Ley del Notariado para el Estado de J. transgrede el mencionado precepto constitucional, en virtud de que al conceder licencia al notario para atender su estado de salud por causas de enfermedad, se le suspende en sus funciones, lo que conculca la garant�a de salud.
Que la garant�a de salud es un derecho para todo individuo, por lo que el ejercer ese derecho no puede ser motivo para privar de la patente al notario.
El art�culo 4o., p�rrafo tercero, de la C.�n F. se�ala:
"Art�culo 4o. ...
"Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la salud. La ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta C.�n."
De este precepto se desprende que consagra la garant�a del derecho a la salud, as� como que el acceso a los servicios de salud est� sujeto a las bases y modalidades que la legislaci�n secundaria prevea.
Por otra parte, los art�culos 47, p�rrafo quinto y 151 de la Ley del Notariado establecen:
"Art�culo 47. ...
"El notario tiene derecho a solicitar y obtener del titular del Poder Ejecutivo licencia para estar separado de su cargo hasta por el t�rmino de seis meses. No podr� concederse licencia sino hasta despu�s de transcurridos seis meses de actuaci�n consecutiva.
"Cuando exista causa justificada por raz�n de enfermedad comprobada, a juicio del titular del Poder Ejecutivo y del Consejo de Notarios, se podr� otorgar, por �nica ocasi�n, nueva licencia en los mismos t�rminos del p�rrafo anterior."
"Art�culo 151. Son causas de terminaci�n de la funci�n notarial, las siguientes:
"I. La renuncia;
"II. La revocaci�n del nombramiento en los t�rminos de esta ley;
"III. El impedimento f�sico o ps�quico total y permanente que lo imposibilite;
"IV. El fallecimiento del notario, y
"V. La que se imponga como sanci�n por autoridad competente.
"La Secretar�a de Salud, a solicitud de la Secretar�a General de Gobierno o del Consejo de Notarios, dictaminar� sobre las condiciones del notario para los efectos de las fracciones III de este art�culo y I del art�culo anterior."
Cabe se�alar que la fracci�n V del art�culo 151 de la ley impugnada no fue objeto de reforma alguna.
Del estudio integral de estos art�culos se infiere que no guardan relaci�n entre s�, como lo sostiene el accionante, toda vez que el art�culo 47, p�rrafo quinto impugnado establece el derecho de los notarios a que se les conceda licencia hasta por seis meses y adem�s cuando padezcan de alguna enfermedad se podr� otorgar una nueva. Mientras que el art�culo 151, fracci�n V, prev� como causa de terminaci�n de la funci�n notarial, la que se imponga como sanci�n por la autoridad competente.
Por tanto, si el art�culo 47, p�rrafo quinto, que se impugna establece un derecho para el notario de gozar una licencia por razones de salud, lo que en ning�n caso guarda relaci�n con la terminaci�n de la funci�n notarial impuesta como sanci�n, por parte de la autoridad competente, como lo se�alan los promoventes, resulta infundado el concepto de invalidez a estudio.
C. En cuanto a la violaci�n al art�culo 5o. de la C.�n F..
La parte accionante aduce que los art�culos 10, fracci�n XIII, 23, fracci�n V, 31, p�rrafo tercero, y 47, p�rrafo sexto, de la Ley del Notariado para el Estado de J., conculcan la garant�a de trabajo consagrada en el citado precepto constitucional, en virtud de que se�ala como requisito que debe cumplir tanto el aspirante al ejercicio del notariado, como quien quiera obtener la patente de notario, el no haber desempe�ado un a�o antes de la presentaci�n del examen, empleo, cargo o comisi�n en el servicio p�blico, toda vez que los servidores p�blicos s� pueden aspirar al notariado, puesto que no se atacan derechos de terceros, ni se ofenden derechos de la sociedad.
Que tambi�n se transgrede dicha garant�a constitucional, en atenci�n a que el Poder Ejecutivo L. otorgar� al notario licencia hasta por seis a�os o por el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico, sin poder solicitar nueva licencia hasta despu�s de transcurrido un a�o de actuaci�n; lo cual implica la p�rdida del derecho para desempe�ar el trabajo que le acomode.
Que, por tanto, al impedirle a un ciudadano notario p�blico ser elegible para ocupar cargos p�blicos o a un servidor p�blico desempe�ar la funci�n notarial, se vulnera la garant�a de libertad de trabajo, que conforme a las propias disposiciones de la ley impugnada, de reunir los requisitos necesarios, les permitir�a desempe�ar.
El art�culo 5o. constitucional prev�:
"Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. ...
"La ley determinar� en cada Estado, cu�les son las profesiones que necesitan t�tulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
"...
"En cuanto a los servicios p�blicos, s�lo podr�n ser obligatorios, en los t�rminos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, as� como el desempe�o de los cargos concejiles y los de elecci�n popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendr�n car�cter obligatorio y gratuito, pero ser�n retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los t�rminos de esta C.�n y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de �ndole social ser�n obligatorios y retribuidos en los t�rminos de la ley y con las excepciones que �sta se�ale. ..."
La norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo, entendida como el derecho que tiene el individuo de elegir la ocupaci�n que m�s le convenga, siempre y cuando sea l�cita, as� como que el ejercicio de esa libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen derechos de tercero o bien, por resoluci�n gubernativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Que cada Estado determinar� cu�les profesiones requieren t�tulo para su ejercicio, las condiciones para obtenerlo y las autoridades que deban expedirlo. Asimismo, se�ala qu� cargos p�blicos, funciones y servicios sociales ser�n obligatorios y c�mo ser�n retribuidos.
Estos lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo, se sustentan a su vez en principios fundamentales que constituyen requisitos necesarios que deben darse para que se haga exigible la garant�a constitucional, toda vez que esta libertad no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacci�n de determinados presupuestos fundamentales como son: a) que no se trate de una actividad il�cita; b) que no se afecten derechos de terceros; y c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.
En lo referente al primer supuesto, la garant�a constitucional cobra real vigencia en la medida que se refiera a una actividad l�cita, es decir, que est� permitida por la ley.
Por cuanto hace al segundo presupuesto normativo, este implica que la garant�a no podr� ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectaci�n a derechos de terceros, esto es, que estando permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado por la ley a favor de otro u otros que se ubiquen en una situaci�n jur�dica determinada, que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de aqu�l.
Finalmente, el tercer supuesto normativo implica que la garant�a ser� exigible siempre y cuando la actividad, aunque l�cita, no afecte el derecho de la sociedad, es decir, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, que es el derecho de la sociedad en general.
Esto �ltimo se entiende en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el inter�s de la sociedad por encima del inter�s particular, por lo que, cuando este �ltimo puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese inter�s mayor se limita o condiciona el individual cuando con �ste puede afectarse aqu�l en una proporci�n mayor del beneficio que en lo individual obtendr�a un solo individuo.
En estas condiciones, la garant�a que consagra el art�culo 5o., primer p�rrafo, constitucional, no es absoluta, en tanto que pondera a su vez la licitud de la actividad de que se trate as� como los derechos de terceros y de la sociedad en general, consignando de esta manera limitaciones a dicha garant�a basados en principios fundamentales a los que debe atenderse para su exigibilidad y tutela.
Por otra parte, del an�lisis del art�culo 5o. de la C.�n se desprende que el Poder Legislativo, en su funci�n de emitir leyes, puede restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es il�cita, o bien estableciendo determinados requisitos para su ejercicio, con la finalidad precisamente de que no se lesionen derechos de terceros o de la sociedad en general.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 28/99, de este Alto Tribunal, publicada en la p�gina doscientos sesenta del Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, N.ena �poca, que a la letra dice:
"LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ART�CULO 5o., P�RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garant�a individual de libertad de trabajo que consagra el art�culo 5o., primer p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacci�n de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad il�cita; b) que no se afecten derechos de terceros; y c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garant�a constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad l�cita, esto es, que est� permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garant�a no podr� ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectaci�n de un derecho preferente tutelado por la ley a favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garant�a ser� exigible siempre y cuando la actividad, aunque l�cita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, exige un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el inter�s de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese inter�s mayor se limita o condiciona el individual cuando con �ste puede afectarse aqu�l en una proporci�n mayor del beneficio que obtendr�a el gobernado."
Ahora bien, los art�culos 10, fracciones I y XIII, 23, fracci�n V, 31, p�rrafo tercero y 47, p�rrafo sexto, de la Ley del Notariado se�alan:
"Art�culo 10. Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere:
"I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad.
"...
"XIII. No haber desempe�ado alg�n empleo, cargo o comisi�n en el servicio p�blico un a�o antes de la presentaci�n del examen a que se refiere el art�culo 16 de esta ley."
"Art�culo 23. Para obtener el nombramiento de notario se requiere:
"...
"V. No haber desempe�ado cargo p�blico un a�o antes al d�a en que tenga verificativo el examen de oposici�n."
"Art�culo 31. La formaci�n de la clientela del notario debe cimentarse en la capacidad, eficiencia y honorabilidad de �ste.
"El ejercicio del notariado es incompatible con el desempe�o de empleos o cargos p�blicos remunerados por la Federaci�n, Estado, Municipio, o de sus organismos descentralizados o empresas de participaci�n estatal mayoritaria.
"El notario que deseare desempe�ar alguno de los cargos cuya incompatibilidad con el ejercicio del notariado se establecen en el p�rrafo anterior, deber� estar a lo dispuesto por el art�culo 47 de esta ley."
"Art�culo 47. ....
"Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo otorgar� al notario licencia hasta por seis a�os o por todo el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico, debiendo a su terminaci�n ejercer la notar�a, sin que pueda solicitar nueva licencia sino hasta despu�s de transcurrido un a�o de actuaci�n."
De estos numerales se obtiene lo siguiente:
1. Que entre los requisitos que debe cumplir tanto el aspirante al ejercicio del notariado, como el aspirante para obtener el nombramiento de notario, est�n los de ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad, as� como el no haber desempe�ado un a�o antes a la presentaci�n del examen, empleo, cargo o comisi�n en el servicio p�blico.
2. Que si alg�n notario desea desempe�ar un cargo incompatible con el ejercicio del notariado, como son los empleos o cargos p�blicos, remunerados por la Federaci�n, Estado, Municipio, o de sus organismos descentralizados o empresas de participaci�n estatal mayoritaria, deber� obtener licencia por parte del titular del Poder Ejecutivo L..
3. Que el Ejecutivo L. otorgar� al notario licencia hasta por seis a�os o por el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico.
4. Que el notario al concluir el t�rmino por el que le fue otorgada la licencia, debe ejercer la notar�a.
5. Que el notario podr� solicitar nueva licencia hasta despu�s de transcurrido un a�o de su actuaci�n.
Luego, es claro que el legislador local impone ciertos requisitos o condicionantes que deben observar quienes pretendan ser fedatarios p�blicos en la entidad, o bien, quienes ya tengan ese car�cter y quieran ocupar un cargo de elecci�n popular o p�blico; lo cual de ninguna manera proh�be el ejercicio de la funci�n notarial en esa entidad federativa o bien, de un cargo o empleo p�blico o de elecci�n popular, sino que, como se ha precisado, el �rgano legislativo tiene la facultad para establecer ciertos requisitos o condiciones trat�ndose de una determinada funci�n o actividad, y quienes pretendan realizarla deber�n cumplir con la normatividad correspondiente, m�xime que en el caso se trata de una funci�n que delega el Estado a un particular.
En efecto, de la lectura integral de la ley impugnada se desprende que, dada la naturaleza de la funci�n notarial, el legislador prev� todo un sistema para el otorgamiento de la patente de notario que conduce a que �ste tenga el perfil id�neo para acceder a obtenerla, as� como para que se garanticen los atributos de capacidad, eficiencia y honorabilidad en el desempe�o.
As�, de acuerdo con la ley impugnada, la persona que pretenda obtener la patente de notario, debe en primer lugar, obtener la de aspirante a notario, para la cual el legislador exige que re�na determinados requisitos, tales como tener determinada edad; haber practicado durante tres a�os, por lo menos, en alguna de las notar�as del Estado; ser una persona honesta, entre otros, y una vez que presente el examen de oposici�n correspondiente, si obtiene una calificaci�n mayor a setenta se le otorgar� la patente de aspirante, para posteriormente, cuando exista una vacante, poder presentar el examen para obtener la patente de notario (art�culos 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27 y 28).
De lo expuesto se advierte que con el citado sistema se busca garantizar la preparaci�n, capacidad, eficiencia y honorabilidad del notario en el desempe�o de su funci�n, desde el momento en que pretende ser aspirante, previendo entonces que se trate de personas que satisfagan el perfil id�neo para ello y, por tanto, preservando el profesionalismo en la actividad notarial.
En estas condiciones, los art�culos 10, fracci�n XIII y 23, fracci�n V impugnados, buscan garantizar que quien aspire a ser notario cubra determinado perfil, en atenci�n a la trascendencia de la funci�n que realiza, esto es, que sea una persona con la preparaci�n, capacidad, eficiencia y honorabilidad necesarias para ello, por lo que los requisitos consistentes en que para obtener la patente de aspirante a notario o el nombramiento de notario no haya ocupado cargos p�blicos hasta un a�o antes de lapresentaci�n del examen relativo, persigue precisamente garantizar esas cualidades, sin que ello se traduzca en una limitaci�n o restricci�n absoluta a la libertad de trabajo, puesto que no se le impide al individuo acceder al notariado, sino �nicamente que al tratarse de una actividad sujeta al control legislativo, se deben cumplir ciertas condicionantes que son necesarias para garantizar que no exista ning�n v�nculo o sometimiento que pudiera perjudicar el ejercicio de la funci�n notarial.
M�xime que el notario goza de autonom�a e independencia en el desempe�o de sus funciones y solamente en el rubro disciplinario se encuentra sujeto a la vigilancia del Poder Ejecutivo, para el �nico efecto de cerciorarse de que los actos o negocios en que el notario intervenga se apeguen a las normas que regulan su actividad y, de lo contrario, aplicar las sanciones que prevea la propia normatividad.
Aunado a ello, de los art�culos impugnados se sigue que adem�s de garantizar que el notario re�na un perfil adecuado, tambi�n persiguen que el Consejo de Notarios y el gobernador del Estado, en quienes recaen las facultades para realizar y calificar los ex�menes de oposici�n, as� como otorgar o negar la patente de notario o de aspirante, respectivamente, guarden la imparcialidad e independencia necesarias al ejercer tales facultades, esto es, que no existan presiones o v�nculos de tipo pol�tico que favorezcan a determinados individuos para obtener la patente respectiva.
Asimismo, como lo reconoce la propia accionante, para obtener el nombramiento de notario deben satisfacerse los requisitos que la ley prev� para ello, por lo que el hecho de que el legislador estatal establezca los aludidos requisitos, no constituye una transgresi�n a la garant�a de libertad de trabajo, puesto que en t�rminos del propio texto constitucional tiene esa facultad, con el objeto de que el ejercicio ilimitado de la se�alada libertad no lesione el inter�s general, ni el de los particulares.
Igualmente, al establecer el art�culo 31 de la ley que se impugna que el ejercicio del notariado es incompatible con el desempe�o de empleos o cargos p�blicos, se advierte que, como se ha apuntado, la intenci�n del legislador es precisamente evitar que se ha lesionen los derechos de terceros o de la sociedad, cuando con el ejercicio de ambas actividades pudiera estar en duda la capacidad, eficiencia u honorabilidad del notario.
Por otro lado, en cuanto a la disposici�n contenida en el art�culo 47 impugnado, relativa a que para solicitar una nueva licencia para ocupar un cargo p�blico o de elecci�n popular, el notario debe ejercer su funci�n un a�o, esto es, que no puede solicitar licencias en forma sucesiva para ese fin, tampoco resulta inconstitucional, en tanto que como se ha se�alado, trat�ndose de determinadas actividades, entre ellas el notariado, el legislador puede establecer determinadas limitantes a fin de garantizar el debido ejercicio de esa funci�n, por lo que con la norma impugnada el legislador busca impedir que quien obtuvo la patente para ejercer la funci�n notarial, se separe continuamente de su ejercicio por tener mayor inter�s en ocupar cargos p�blicos y, por ende, que la notar�a que con base en las necesidades existentes se cre� y le fue asignada a ese notario, no est� funcionando o prestando sus servicios, por ese motivo.
En este orden de ideas, resultan infundados los conceptos de invalidez que se hacen valer, En relaci�n con la transgresi�n al art�culo 5o. de la C.�n F..
D. Por lo que se refiere a la violaci�n al art�culo 11 de la C.�n F..
La accionante se�ala que el art�culo 3o. de la Ley del Notariado, al disponer que el notario debe establecer su residencia y habitaci�n permanente dentro de un determinado Municipio, es violatorio del art�culo 11 de la C.�n F., que consagra la garant�a de libre residencia, toda vez que impide el derecho leg�timo de determinadas personas para establecer su domicilio en el lugar que mejor les convenga, sin m�s l�mites que los que establece el propio precepto constitucional.
El art�culo 11 de la C.�n F. se�ala:
"Art�culo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la R.�blica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estar� subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci�n, inmigraci�n y salubridad general de la R.�blica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pa�s."
De este precepto se infiere que consagra la garant�a de libertad de tr�nsito, la que comprende cuatro libertades especiales: la de entrar al territorio de la R.�blica, la de salir de �ste, la de viajar dentro del Estado mexicano y la de mudar de residencia o domicilio; as� como que el ejercicio de esa garant�a est� supeditado a las facultades de la autoridad judicial, cuando se trate de responsabilidad criminal o civil, y de las autoridades administrativas, trat�ndose de las limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci�n, inmigraci�n y salubridad general o en los casos de extranjeros perniciosos residentes en el pa�s.
Por tanto, en lo que interesa a nuestro estudio, conforme a ese precepto constitucional los individuos tienen el derecho de cambiar de residencia y domicilio, salvo en los casos que el propio ordenamiento prev�. La libertad de residencia se entiende como el derecho de todo ciudadano para establecer su residencia permanente o transitoria en cualquier parte del territorio nacional.
Por otra parte, el art�culo 3o. de la Ley del Notariado se�ala:
"Art�culo 3o. El notario desempe�ar� su cargo a petici�n de parte, dentro de los l�mites territoriales de su regi�n, salvo las excepciones previstas en este ordenamiento.
"Los notarios adscritos a la regi�n 6, podr�n actuar indistintamente dentro del territorio de dichos Municipios; para lo cual deber�n tener su oficina notarial �nica en el Municipio de su adscripci�n, as� como establecer su residencia y habitaci�n permanente en cualesquiera de los Municipios ya citados.
"Los notarios adscritos a los restantes Municipios deber�n tener su residencia y habitaci�n permanente dentro del territorio del Municipio de su adscripci�n y su oficina notarial �nica en la cabecera municipal. No obstante lo anterior, podr�n solicitar al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretar�a General de Gobierno, la autorizaci�n para cambiar su oficina notarial dentro del mismo territorio del Municipio de su adscripci�n, el titular del Poder Ejecutivo resolver� lo conducente escuchando previamente la opini�n del Consejo de Notarios."
De este numeral se advierte, en lo conducente, que los notarios adscritos a la regi�n 6, deber�n establecer su residencia y habitaci�n permanente en cualesquiera de los Municipios que comprende esa regi�n, y aquellos que se encuentren adscritos a los restantes Municipios deber�n tener su residencia y habitaci�n permanente dentro del territorio del Municipio de su adscripci�n.
En este orden de ideas, en cuanto a la libertad de mudar de residencia consagrada en el ordenamiento constitucional, debe tomarse en consideraci�n por una parte que, como se ha precisado la funci�n notarial es sui generis, en atenci�n a que es de orden p�blico, y en la que por delegaci�n del Estado se enviste a un particular de fe p�blica para hacer constar actos, negocios y hechos jur�dicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jur�dica conforme a las leyes y, por tanto, est� sujeta a diversas limitantes o condicionantes que establezca el Estado, entre ellas es de suma relevancia en el caso, la relativa a que �nicamente puede actuar dentro del territorio de la regi�n a la que est� adscrito y para ello, debe establecer sus oficinas en ese territorio, as� como su habitaci�n permanente.
En efecto, del an�lisis sistem�tico de la Ley del Notariado para el Estado de J. se desprende que los notarios deben desempe�ar su cargo dentro de los l�mites territoriales de su regi�n, salvo en los casos de excepci�n que prev� la propia legislaci�n (art�culo 3o.); que los notarios en funciones podr�n actuar sin necesidad de autorizaci�n expresa en los Municipios que forman parte de la regi�n a la que pertenezca el Municipio de su adscripci�n (art�culo 33); que no deben ejercer sus funciones fuera de los Municipios de la regi�n notarial a que pertenece el Municipio de su adscripci�n (art�culo 35); que el notario deber� actuar en su oficina notarial o en los lugares donde resulte competente su actuaci�n y sea necesaria su presencia, en raz�n de la naturaleza del acto o del hecho de que se pretenda dar fe (art�culo 4o.); que el notario est� obligado a prestar sus servicios cuando para ello fuere requerido, salvo los casos en que, legalmente, deba excusarse o estuviese impedido, conforme a los art�culos 34 y 35 de la ley (art�culo 8o.); que el aspirante a obtener la patente de notario debe se�alar dos regiones en las que pretenda obtener adscripci�n notarial (art�culo 12); as� como que el notario puede intervenir en ciertos actos fuera de las oficinas de la notar�a y del horario de labores, tales como testamentos, fe de hechos, notificaciones o interpelaciones (art�culos 41 y 87), estos �ltimos actos que, en concordancia con los anteriores numerales citados, debe ejercer s�lo dentro del territorio de la regi�n de su adscripci�n, salvo los casos de excepci�n.
Adem�s, como se ha precisado, el notario presta un servicio p�blico en forma obligatoria cuando sea requerido, por lo que debe entenderse que la persona f�sica o moral que solicite sus servicios, debe tener acceso a ellos, esto es, el notario debe estar disponible para ello, sobre todo en el caso de determinados actos o hechos o en casos de urgencia, en los que deba intervenir fuera de sus oficinas o de sus horarios en d�as h�biles, por lo que si se toma en consideraci�n que el notario �nicamente puede actuar en determinado territorio, entonces es inconcuso que su residencia debe ser tambi�n dentro de �ste. M�xime si se toma en consideraci�n que la ley otorga al aspirante a obtener el nombramiento de notario el derecho de se�alar dos regiones donde desea estar adscrito.
Por consiguiente, la disposici�n impugnada en cuanto obliga a los notarios a establecer su residencia en el lugar de su adscripci�n, no viola el art�culo 11 de la C.�n F., toda vez que como se ha precisado la funci�n notarial es de orden p�blico, que deriva de la delegaci�n del Estado y de la propia ley y, por ende, si el notario debe actuar s�lo en determinado �mbito territorial, de manera obligatoria y presta un servicio p�blico, en ocasiones de car�cter urgente y fuera de sus oficinas y de horas h�biles, tambi�n debe residir en ese mismo lugar, a fin de que preste sus servicios de una manera eficiente y adecuada.
Aunado a ello, la norma impugnada, incluso, prev� que trat�ndose de los notarios adscritos a la regi�n 6, que comprende los Municipios de Ixtlahuacan del R�o, Guadalajara, S.C.�bal de la Barranca, Tlaquepaque, Tonal� y Zapopan (art�culo 177), esto es, dentro de la zona conurbada, podr�n prestar sus servicios indistintamente dentro del territorio de esos Municipios, para lo cual deber�n establecer su oficina notarial �nica en el Municipio de su adscripci�n y podr�n establecer su residencia o habitaci�n permanente en cualquiera de los citados Municipios.
Asimismo, al tratarse de una funci�n de orden p�blico, que originalmente corresponde al Estado, �ste tiene la facultad de imponer las condiciones a que debe sujetarse quien obtenga la patente de notario, con la finalidad precisamente de que se cumpla debidamente el objeto de esa funci�n y en forma eficiente; y, adem�s, no se trata de una disposici�n impositiva para los gobernados, sino dirigida s�lo a aquellas personas que deseen cubrir los requisitos y obligaciones de la funci�n notarial.
En consecuencia, no se contraviene el art�culo 11 de la C.�n F..
E. Respecto de la violaci�n a los art�culos 30, 32, 34, 35, 36, 37 y 38 de la C.�n F.:
a) La parte accionante se�ala que la reforma al art�culo 10, fracci�n I, de la Ley del Notariado para el Estado de J., al establecer que para obtener la patente de aspirante a notario se requiere ser ciudadano mexicano, y sin haber optado por otra nacionalidad, es violatoria de los citados art�culos constitucionales, toda vez que limita los derechos de los nacionales, cuando la C.�n F. no establece hip�tesis alguna que tuviese como consecuencia la p�rdida de la nacionalidad y de ah�, la privaci�n de derechos y prerrogativas de los connacionales.
Que adem�s los derechos de nacionalidad del mexicano no se pierden por adquirir otra nacionalidad, por el contrario el art�culo 37 de la C.�n F. prev� que ning�n mexicano por nacimiento podr� ser privado de su nacionalidad y, por consiguiente, de sus derechos, prerrogativas y obligaciones.
b) La accionante manifiesta que los art�culos 31, p�rrafo tercero y 47, p�rrafo sexto, impugnados, violan los derechos pol�ticos constitucionales de los notarios, puesto que establecen que el Ejecutivo otorgar� licencia al notario por el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico, y a su terminaci�n deber� ejercer la notar�a, sin que pueda solicitar nueva licencia sino despu�s de que transcurra un a�o de su actuaci�n, prohibici�n que lleva impl�cita la p�rdida de sus derechos pol�ticos.
Que, por tanto, se transgreden los art�culos 35, fracci�n II, 36, fracciones IV y V, 37 y 38 de la C.�n F., as� como 4o., 8o. y 9o. de la C.�n Pol�tica del Estado de J., ya que conforme a estos numerales, es un derecho constitucional poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n; es una obligaci�n de todo ciudadano mexicano desempe�ar los cargos de elecci�n popular de la Federaci�n o de los Estados, y desempe�ar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado; y adem�s las causas por las cuales los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos se pierden o se suspenden, no est�n condicionadas a ley alguna.
Los art�culos 30, 32, 34, 35, 37 y 38 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establecen lo siguiente:
"Art�culo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalizaci�n.
"A) Son mexicanos por nacimiento:
"I. Los que nazcan en territorio de la R.�blica; sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
"II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
"III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalizaci�n, de padre mexicano por naturalizaci�n, o de madre mexicana por naturalizaci�n, y
"IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
"B) Son mexicanos por naturalizaci�n:
"I. Los extranjeros que obtengan de la Secretar�a de Relaciones carta de naturalizaci�n.
"II. La mujer o el var�n extranjeros que contraigan matrimonio con var�n o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los dem�s requisitos que al efecto se�ale la ley."
"Art�culo 32. La ley regular� el ejercicio de los derechos que la legislaci�n mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecer� normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
"El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposici�n de la presente C.�n, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva tambi�n ser� aplicable a los casos que as� lo se�alen otras leyes del Congreso de la Uni�n. ..."
"Art�culo 34. Son ciudadanos de la R.�blica los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, re�nan, adem�s, los siguientes requisitos:
"I.H. cumplido dieciocho a�os, y
"II. Tener un modo honesto de vivir."
"Art�culo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
"I.V. en las elecciones populares;
"II. Poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley;
"III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pac�fica en los asuntos pol�ticos del pa�s;
"IV. Tomar las armas en el Ej�rcito o Guardia Nacional para la defensa de la R.�blica y de sus instituciones, en los t�rminos que prescriben las leyes; y
"V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petici�n."
"Art�culo 37. ...
"A) Ning�n mexicano por nacimiento podr� ser privado de su nacionalidad. ..."
"Art�culo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
"I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el art�culo 36. Esta suspensi�n durar� un a�o y se impondr� adem�s de las otras penas que por el mismo hecho se�alare la ley;
"II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisi�n;
"III. Durante la extinci�n de una pena corporal;
"IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los t�rminos que prevengan las leyes;
"V. Por estar pr�fugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensi�n hasta que prescriba la acci�n penal; y
"VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensi�n.
"La ley fijar� los casos en que se pierden, y los dem�s en que se suspenden los derechos del ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitaci�n."
De estos preceptos destaca lo siguiente:
1. Que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalizaci�n, se�alando los supuestos en que se adquiere cada una.
2. Que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposici�n de la C.�n F. se requiera ser mexicano por nacimiento, est� reservado a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad; y esta reserva tambi�n es aplicable en los casos que se�alen otras leyes del Congreso de la Uni�n.
3. Que son ciudadanos de la R.�blica, quienes teniendo la calidad de mexicanos, adem�s, hayan cumplido los dieciocho a�os, y tengan un modo honesto de vivir.
4. Que son prerrogativas del ciudadano, entre otras, poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley.
5. Que ning�n mexicano por nacimiento podr� ser privado de su nacionalidad.
6. Que la ciudadan�a mexicana se pierde en los casos que prev� la C.�n o que fijen las leyes; as� como que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden en los casos que establezcan dichos ordenamientos.
Por otra parte, el art�culo 133 constitucional, dispone en lo conducente:
"Esta C.�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. ..."
En este orden de ideas, de la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 32 y 133 de la C.�n, puede v�lidamente concluirse que el primero se�ala que el ejercicio de los cargos o funciones para los cuales se requiera ser mexicano por nacimiento, por disposici�n de la propia C.�n, se reserva a quienestengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, y que esa reserva ser� aplicable tambi�n a aquellos cargos o funciones que as� lo se�alen otras leyes federales, y por su parte el art�culo 133 establece que las leyes del Congreso de la Uni�n y los tratados son Ley Suprema de la Naci�n, por lo que debe estimarse que si el Estado mexicano celebra un tratado en el que se establezca una reserva de este tipo, la misma tiene sustento constitucional y, por ende, es v�lida.
En este sentido, en el Tratado de Libre Comercio de Am�rica del Norte celebrado entre M�xico, Estados Unidos y Canad�, en su "Anexo 1 Reservas en relaci�n con medidas existentes y compromisos de liberalizaci�n
"Lista de M�xico, se asent� lo siguiente:
"Sector: Servicios profesionales, t�cnicos y especializados
"Subsector: Servicios especializados
"Clasificaci�n industrial: CMAP 951001 Servicios de Notar�as
P�blicas
"Tipo de reserva: Trato nacional (art�culos 1102, 1202)
Presencia local (art�culo 1205)
"Nivel de Gobierno: F. y Estatal
"Medidas: Ley para Promover la Inversi�n Mexicana y Regular la
Inversi�n Extranjera
Cap�tulos I, II, III, V, VI
Leyes del Notariado para los Estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
C., Coahuila, Chiapas, C., Distrito
F., Durango, Guanajuato, G., H.,
J., M�xico, M.�n, Morelos, Nayarit, Nuevo
Le�n, Oaxaca, Puebla, Q.�taro, Q.R., San
Luis Potos�, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Y.�n y Zacatecas.
"...
"Descripci�n: Servicios transfronterizos e inversi�n
S�lo los nacionales mexicanos por nacimiento
podr�n obtener la patente para ejercer como
notarios p�blicos.
Los notarios p�blicos no podr�n asociarse con
ninguna persona para ofrecer servicios notariales.
"Calendario de reducci�n. Ninguno."
Luego, si bien el tratado en comento es regional, es decir, opera entre Am�rica del Norte, lo cierto es que el Estado mexicano, como parte, se�al� la reserva tanto a nivel federal como local para que s�lo los nacionales por nacimiento puedan obtener la patente para ejercer como notarios p�blicos.
Asimismo, como se ha precisado, conforme al r�gimen constitucional, a los Estados les corresponde la facultad de legislar en materia notarial.
En la especie, el art�culo 10, fracci�n I, de la Ley del Notariado del Estado de J., que se impugna, se�ala:
"Art�culo 10. Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad. ..."
En consecuencia, no resulta inconstitucional el art�culo 10, fracci�n I, impugnado, al establecer como requisito para obtener la patente de aspirante a notario, ser ciudadano mexicano, sin haber optado por otra nacionalidad, dado que en el Tratado de Libre Comercio de Am�rica del Norte, suscrito por el Estado mexicano, se hizo una reserva tanto a nivel federal como local, en cuanto a que s�lo los mexicanos por nacimiento podr�n obtener la patente de notario, por lo que es inconcuso que el Estado de J. al legislar en lo relativo a la materia notarial, s�lo atendi� a la reserva contenida en el tratado en cita, al tener el rango de Ley Suprema de la Uni�n.
Aunado a ello, como se ha apuntado, la funci�n notarial es de orden p�blico y corresponde originalmente al Estado, el que por delegaci�n la encomienda a un particular; por lo que toca al Estado establecer los requisitos necesarios para que las personas interesadas puedan obtener la patente respectiva y adem�s, como se confirma con la reserva que hizo el Estado mexicano en el mencionado tratado comercial, se tiene inter�s en que esa funci�n se ejerza s�lo por mexicanos de nacimiento, que no opten por otra nacionalidad, toda vez que la actividad notarial reviste suma importancia, al conferir publicidad, certeza y seguridad jur�dica a los actos o negocios que hace constar, es decir, en atenci�n a la fe p�blica que se le ha delegado al notario para intervenir en determinados actos o negocios y que, por tanto, es indispensable que el notario est� libre de cualquier posibilidad de v�nculo jur�dico hacia otros pa�ses.
En estas condiciones, se concluye que el art�culo 10, fracci�n I, no transgrede el art�culo 32 de la C.�n F..
Por otra parte, respecto de la violaci�n al art�culo 34 constitucional, en virtud de que este numeral s�lo se�ala las condiciones de las que depende la calidad del ciudadano de la R.�blica, sin que contenga derechos ni obligaciones, es inconcuso que no se transgrede con la ley impugnada; aunado a que la norma general combatida �nicamente regula la funci�n notarial, sin tener relaci�n con el aspecto de ciudadan�a.
En cuanto a la violaci�n al art�culo 35 de la C.�n F., debe considerarse que este numeral establece que son prerrogativas del ciudadano, entre otras, poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular y nombrado para cualquier empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley, por tanto, es claro que ese derecho del ciudadano est� sujeto a que re�na la calidad que la ley correspondiente prevea, esto es, no se trata de un derecho ilimitado, sino por el contrario debe estarse a lo que disponga la legislaci�n; por lo que, la ley combatida en cuanto establece que para obtener la patente de notario se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin haber optado por otra nacionalidad, no transgrede el aludido art�culo constitucional.
De igual manera, por lo que hace a la violaci�n a los numerales 37 y 38 constitucionales, el primero, que enumera las causas de p�rdida de la nacionalidad por naturalizaci�n y p�rdida de la ciudadan�a, y el segundo, que comprende la suspensi�n de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, basta con se�alar que el art�culo 10 de la ley impugnada no establece casos adicionales de p�rdida de la ciudadan�a ni de la nacionalidad, o de suspensi�n de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, ni excepciones a los supuestos que prev�n los citados art�culos de la C.�n F., por lo que no los transgrede, aunado a que como se ha se�alado la norma general combatida no regula ning�n aspecto de nacionalidad, sino �nicamente los requisitos para acceder a la funci�n notarial.
En otro aspecto, en relaci�n con los argumentos relativos a que los art�culos 31, p�rrafo tercero y 47, p�rrafo quinto, impugnados, transgreden los citados numerales constitucionales, se se�ala lo siguiente:
Los art�culos 31, p�rrafo tercero y 47, p�rrafo sexto, de la Ley del Notariado establecen:
"Art�culo 31. La formaci�n de la clientela del notario debe cimentarse en la capacidad, eficiencia y honorabilidad de �ste.
"El ejercicio del notariado es incompatible con el desempe�o de empleos o cargos p�blicos remunerados por la Federaci�n, Estado, Municipio, o de sus organismos descentralizados o empresas de participaci�n estatal mayoritaria.
"El notario que deseare desempe�ar alguno de los cargos cuya incompatibilidad con el ejercicio del notariado se establecen en el p�rrafo anterior, deber� estar a lo dispuesto por el art�culo 47 de esta ley."
"Art�culo 47. ...
"Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo otorgar� al notario licencia hasta por seis a�os o por todo el tiempo que dure en el desempe�o de un puesto de elecci�n popular o cargo p�blico, debiendo a su terminaci�n ejercer la notar�a, sin que pueda solicitar nueva licencia sino hasta despu�s de transcurrido un a�o de actuaci�n."
De estos numerales se advierte que la legislaci�n notarial prev� la existencia de determinados cargos o empleos p�blicos o de elecci�n popular, que son incompatibles con la funci�n notarial, as� como que si el notario pretende ocupar alguno de ellos, debe solicitar licencia al Ejecutivo L., el que la otorgar� hasta por el t�rmino de seis a�os o el tiempo que dure el encargo, y una vez transcurrido ese t�rmino el notario debe ejercer nuevamente su funci�n, pudiendo solicitar una nueva licencia para esos efectos hasta despu�s de que transcurra un a�o de actuaci�n en la funci�n notarial.
Como se ha se�alado en la C.�n F., art�culo 35, fracci�n II, se prev� como prerrogativa del ciudadano, entre otras, el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisi�n, teniendo las calidades que establezca la ley, derecho que en ning�n momento transgrede las disposiciones impugnadas, ya que no limita o restringe al notario la posibilidad de que se le nombre para ocupar alg�n cargo o empleo, sino que en caso de que ya hubiera gozado de una licencia para ocupar alguno de esos cargos, se reincorpore al ejercicio de su funci�n, y posterior a un a�o podr� solicitar nueva licencia.
Circunstancia que tiene su raz�n de ser, como se ha reiterado, en atenci�n a que la funci�n notarial es de orden p�blico, que el Estado confiere a un particular mediante la patente respectiva, por lo que debe cumplir con las condiciones previstas para ejercer ese nombramiento y desarrollar dicha funci�n en forma eficiente, sin que se encuentre mayormente interesado en acceder a cargos p�blicos o de elecci�n popular, que a ejercer la patente de notario.
Por lo que se refiere a la transgresi�n de los art�culos 36, 37 y 38 de la C.�n F. y 4o., 8o. y 9o. de la C.�n L., basta con se�alar que las disposiciones de la ley impugnada en ning�n momento se�alan casos adicionales o excepciones respecto de la p�rdida o suspensi�n de los derechos o prerrogativas del ciudadano mexicano, y como se ha precisado el hecho de que se condicione al notario a esperar el transcurso de un a�o para solicitar nueva licencia en ning�n momento se traduce en la p�rdida o suspensi�n de sus derechos como ciudadano.
F. En cuanto a la violaci�n de los art�culos 13, 14, 16, 41 y 116 de la C.�n F., se debe se�alar lo siguiente.
Los art�culos 13, 14, 16, 41 y 116 de la C.�n F., en la parte que interesa, disponen:
"Art�culo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. ..."
"Art�culo 14. A ninguna ley se le dar� efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."
"Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."
"Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.. ..."
"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ..."
De estos numerales se desprenden los siguientes principios fundamentales:
a) El principio de igualdad de las personas ante la ley, entendida como el conjunto de prohibiciones y limitaciones que se contienen de manera expl�cita en el art�culo 13 constitucional, entre ellas la prohibici�n de que una persona sea juzgada por leyes especiales o tribunales especiales.
b) La garant�a de irretroactividad de la ley, que proh�be la aplicaci�n de leyes a hechos pasados, esto es, las leyes que se promulgan deben tener efecto para el futuro y nunca obrar hacia el pasado.
c) La garant�a de debido proceso, que impone a la autoridad la obligaci�n de respetar las formalidades esenciales en cualquier proceso, garantizando la igualdad de las partes, trat�ndose de actos que importen la privaci�n de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos.
d) La garant�a de legalidad de los actos de autoridad, que exige que la autoridad que emite el acto sea competente y el deber de fundar y motivar su actuaci�n, por escrito.
e) El principio de que los Poderes de los Estados en lo que toca a su r�gimen interior son soberanos, pero sus leyes locales no deben contravenir los principios constitucionales.
f) El principio de divisi�n de poderes de las entidades federativas, consistente en que el poder p�blico de los Estados se divide para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los que se organizar�n conforme a la C.�n de cada Estado y conforme a las bases que se�ala la propia C.�n F..
Ahora bien, la parte accionante plantea la violaci�n a los citados art�culos constitucionales con base en los siguientes argumentos:
1. Que el art�culo 10, fracci�n XII, inciso e), de la ley impugnada es inconstitucional, en raz�n de que confiere al Consejo de Notarios facultades extraordinarias para determinar si una persona es honesta para el ejercicio notarial; toda vez que los poderes s�lo est�n facultados para actuar dentro de su �mbito competencial, salvo los casos de excepci�n que prev� el propio ordenamiento constitucional, y en el caso el Congreso L. confiere a un �rgano diverso como es el Consejo de Notarios facultades extraordinarias para juzgar la honestidad de personas, las que se encuentran reservadas al Poder Judicial.
El art�culo que se impugna dispone:
"Art�culo 10. Para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado se requiere:
"...
"XII. Acreditar ante el Consejo de Notarios, ser una persona honesta para el ejercicio notarial.
"...
"Los requisitos establecidos anteriormente, se comprobar�n:
"...
"e) El citado en la fracci�n XII, con el certificado que expida el Consejo de Notarios despu�s de haber rendido pruebas testimoniales o documentales para acreditarlo ante �ste. ..."
La disposici�n impugnada establece, entre los requisitos para obtener la patente de aspirante al ejercicio del notariado, el relativo a que se acredite ante dicho consejo ser una persona honesta para el ejercicio notarial, as� como que ese requisito se comprobar� con certificado expedido por el citado �rgano; de lo que se deriva que no se confiere al consejo en cita, facultad alguna para juzgar, otorg�ndole el car�cter de un tribunal especial, que es lo que proh�be el art�culo 13 constitucional, sino que ser� la persona que desee aspirar al cargo de notario, la que debe acreditar esa cualidad, para lo cual el propio numeral se�ala que debe rendir pruebas testimoniales o documentales y una vez hecho, el consejo expedir� el certificado correspondiente, �nicamente para los efectos de la obtenci�n de aspirante a notario.
En relaci�n con este aspecto, el art�culo 180, fracci�n I, de la Ley del Notariado para el Estado de J., cuyo texto a partir de la reformada impugnada, no sufri� modificaci�n alguna, se�ala:
"Art�culo 180. Son atribuciones del Consejo de Notarios:
"I.A. al Gobierno del Estado, en la vigilancia y cumplimiento de esta ley y dem�s disposiciones relativas. ..."
De lo que deriva que el Consejo de Notarios act�a como un �rgano auxiliar del Poder Ejecutivo L., conforme a las atribuciones que �sta prev� y, por tanto, es inexacto que se le confieran facultades que corresponden al Poder Judicial, ya que si bien dicho �rgano expedir� el certificado aludido, es para el �nico efecto de que las personas que deseen aspirar a la funci�n notarial acrediten, entre otros requisitos que les exige la propia ley, ser una persona honesta para desempe�arla, por lo que no se vulnera la garant�a consagrada en el art�culo 13 constitucional, ni el principio de divisi�n de poderes en el �mbito estatal, consagrado por el art�culo 116 de la C.�n F..
2. Que el art�culo 23 bis de la norma general impugnada, es inconstitucional toda vez que el cuidado a la salud es una garant�a individual; que la calificaci�n de la capacidad de ejercicio es facultad del Poder Judicial y no de instancias administrativas, por lo que el art�culo impugnado invade la esfera de otro poder del Gobierno L. y, por tanto, contraviene los aludidos art�culos de la C.�n F., toda vez que confiere a la Secretar�a de Salud facultades extraordinarias, consistentes en determinar mediante la expedici�n de un certificado, el estado mental o de salud del fedatario p�blico, cuando esas facultades se encuentran reservadas al Poder Judicial del Estado a trav�s de sus tribunales, mediante el tr�mite de interdicci�n.
El art�culo cuya invalidez se solicita, establece:
"Art�culo 23 bis. Durante el tiempo en que duren en funciones, los notarios deber�n demostrar la ausencia de impedimentos a que hace referencia la fracci�n f) del art�culo 10 de esta ley, debiendo presentar, por lo menos cada dos a�os, ante la Secretar�a General de Gobierno, certificado expedido por la Secretar�a de Salud, la cual servir� de base al titular del Poder Ejecutivo para que en el caso de padecer enfermedad permanente que limite las facultades intelectuales o impedimento f�sico para ejercer las funciones del notario, inicie el procedimiento respectivo y resuelva lo conducente en los t�rminos del t�tulo tercero de esta ley."
Conforme a este precepto, si bien los notarios durante el tiempo en que duren en funciones deber�n demostrar la ausencia de impedimentos f�sicos o intelectuales, para lo cual la Secretar�a de Salud expedir� el certificado respectivo; ello no se traduce en que se confiera a esa dependencia alguna facultad que corresponda al Poder Judicial, ya que la promovente parte de una apreciaci�n err�nea, dado que la declaratoria de estado de interdicci�n que compete emitir a ese poder, y que tiene por efecto el demostrar que una persona no es capaz para tomar decisiones propias, es diversa a la circunstancia de que trat�ndose de la funci�n notarial, se acredite desde un punto de vista m�dico que se tiene la capacidad necesaria para desempe�arla, en raz�n de que se trata de una funci�n de orden p�blico que el Estado delega en un particular, y que, por tanto, debe vigilar que quien tenga la patente para ejercerla cuente en todo momento con la capacidad para desempe�arla adecuadamente.
En consecuencia, no se transgreden los art�culos 13 y 116 de la C.�n F..
3. Que el art�culo 9o. viola la garant�a de audiencia y el principio de irretroactividad de la ley, toda vez que los notarios que fung�an con tal nombramiento, antes de la reforma impugnada, hab�an adquirido el derecho de contar con una clientela potencial de treinta mil habitantes por notario, lo que les permit�a proyectar sus gastos de operaci�n y capacitaci�n, es decir, que las condiciones que aseguraban la prestaci�n del servicio notarial y la decorosa subsistencia del notario se violentan en perjuicio de los ciudadanos y de los notarios, porque ya no podr�n prestar el servicio de manera eficiente.
El art�culo impugnado dispone:
"Art�culo 9o. En el Estado de J. habr� un notario por cada veinte mil habitantes, de conformidad con el informe oficial del Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica.
"El Ejecutivo del Estado, ser� quien determine la distribuci�n y n�mero de notar�as, atendiendo a los siguientes factores:
"I.P.�n beneficiada y tendencias de su crecimiento;
"II. Estimaciones sobre las necesidades notariales de la poblaci�n;
"III. Condiciones socioecon�micas de la poblaci�n;
"IV. En su caso, el n�mero de actos inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad el a�o inmediato anterior; y
"V. La opini�n del Consejo de Notarios."
Conforme aeste precepto, en el Estado de J. habr� un notario por cada veinte mil habitantes, para lo cual se tomar� en cuenta el informe oficial del Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica; y corresponde al Ejecutivo L. determinar la distribuci�n y el n�mero de notar�as atendiendo a los factores que indica el propio numeral.
De lo que deriva que la disposici�n impugnada, en cuanto se�ala que habr� un notario por cada veinte mil habitantes, se encuentra relacionada con la facultad del Ejecutivo L. para crear nuevas notar�as y se�alar su distribuci�n, esto es, que el gobernador del Estado para establecer el n�mero de notar�as, as� como el lugar donde se ubicar�n, debe atender a ese par�metro (un notario por cada veinte mil habitantes), con la finalidad de que se preste adecuadamente ese servicio p�blico, y de acuerdo con las necesidades sociales y econ�micas de la entidad federativa.
Corrobora lo anterior, el dictamen relativo a la reforma impugnada, que en la parte que interesa, se�ala:
"1. En el art�culo 9o. se establec�a la existencia de un notario por cada treinta mil habitantes, sin embargo, no existen antecedentes hist�ricos que den un criterio objetivo y cierto que llevara a establecer ese par�metro. La mayor�a de las legislaciones locales, en materia del notariado, contemplan un menor n�mero de habitantes por cada notario o notar�a, mismas que van desde los quince mil a veinticinco mil habitantes, en otros ordenamientos de la materia, el Ejecutivo discrecionalmente, asigna las notar�as sin seguir lineamientos de este tipo. No obstante lo anterior, debido al constante incremento de servicios legales, al evidente incremento del tr�fico jur�dico que se ha venido registrando al interior del Estado, as� como al gran crecimiento del n�mero de notarios suplentes y de aspirantes al ejercicio del notariado, hacen preciso y conveniente, tanto para la poblaci�n en general, como para el mismo gremio notarial, la existencia de un notario por cada veinte mil habitantes. Adem�s de lo anterior, por excepci�n, la reforma establece facultades regladas al titular del Poder Ejecutivo, sujetas a factores objetivos para la asignaci�n y distribuci�n de las notar�as en el Estado. ..."
En otro aspecto, la circunstancia de que en el texto anterior a la reforma, el art�culo 9o. se�alaba que habr�a un notario por cada treinta mil habitantes, no se traduce en que estos fedatarios tuvieran derechos adquiridos, ya que como se ha se�alado en el caso se trata de una funci�n de orden p�blico, que el Estado delega en un particular, por medio de una patente, por lo que es el Estado, por medio del Poder Ejecutivo, el que debe establecer el n�mero y distribuci�n de las notar�as, atendiendo precisamente entre otros aspectos, a criterios poblacionales, sociales y econ�micos, con la finalidad de que se preste en forma adecuada.
Cabe se�alar adem�s que el notario act�a a petici�n de parte (art�culo 3o. de la ley impugnada), por lo que en todo caso ser�n las personas f�sicas o morales las que soliciten el servicio del notario, teniendo la libertad de elegir a cualquiera de los notarios de la entidad, dependiendo de la cercan�a, la calidad del servicio, etc�tera.
Por otra parte, como se ha precisado, mediante el presente medio de control constitucional este Alto Tribunal �nicamente est� facultado para analizar la contradicci�n de la norma general y la C.�n F., esto es, se trata de un control abstracto, por lo que no est� en posibilidad de examinar aspectos relativos a posibles perjuicios econ�micos a los notarios.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 129/99, publicada en la p�gina setecientos noventa y uno del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, del tenor siguiente:
"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA S�LO EST�N FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCI�N ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCI�N. Al ser la acci�n de inconstitucionalidad un tipo especial de procedimiento constitucional en el que, por su propia y especial naturaleza, no existe contenci�n, las partes legitimadas para promoverla, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no ejercen la acci�n para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar una norma general, pues el Poder Reformador de la C.�n las facult� para denunciar la posible contradicci�n entre aqu�lla y la propia Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, atendiendo al principio de supremac�a constitucional, la someta a revisi�n y establezca si se adecua a los lineamientos fundamentales dados por la propia C.�n."
En cuanto se refiere a que el art�culo 9o. impugnado transgrede la garant�a de audiencia, este Tribunal P. ha se�alado que trat�ndose de actos legislativos, el �rgano emisor de la norma no est� obligado a o�r previamente a todas las personas que se encuentren en los supuestos de las normas jur�dicas que expida, dado que el objeto de la legislaci�n es la creaci�n de situaciones jur�dicas generales, y en todo caso si se obligara al Poder Legislativo a respetar la garant�a de audiencia se har�a imposible o ineficaz la actividad legislativa, aunado a que el procedimiento de formaci�n de las leyes corresponde en forma exclusiva al �rgano legislativo.
El criterio anterior se sustent� en la jurisprudencia n�mero 19, publicada en la p�gina cuarenta y uno del Ap�ndice mil novecientos diecisiete-mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, P., que a la letra se�ala:
"AUDIENCIA, GARANT�A DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garant�a de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no s�lo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino tambi�n frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les d� oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligaci�n constitucional se circunscribe a se�alar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los �rganos legislativos est�n obligados a o�r a los posibles afectados por una ley antes de que �sta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cu�les son todas aquellas personas que en concreto ser�n afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formaci�n de las leyes corresponde exclusivamente a �rganos p�blicos."
4. Que la reforma de la fracci�n II y la derogaci�n de la fracci�n VI del art�culo 158 de la Ley del Notariado, carecen de motivaci�n racional, toda vez que deja de sancionarse que el notario act�e fuera de su adscripci�n, sin el permiso oficial previo, as� como que el notario autorice actos que carezcan de la firma de los interesados, lo que se pone en peligro la seguridad jur�dica de los negocios, al alentar la comisi�n de tales irregularidades.
El art�culo 158 en cita, antes de la reforma preve�a:
"Art�culo 158. Se revocar� el nombramiento del notario y se le inhabilitar� para desempe�ar el cargo posteriormente, cuando incurra en cualquiera de los siguientes casos:
"...
"II.A., en m�s de dos ocasiones, fuera de su adscripci�n, sin el permiso oficial previo, cuando deba obtenerse;
"...
"VI. Autorizar m�s de dos veces, actos sin que firmen los interesados. ..."
Asimismo, el texto de este numeral a partir de la reforma impugnada y cuya invalidez se solicita se�ala:
"Art�culo 158. Se revocar� el nombramiento del notario y se le inhabilitar� para desempe�ar el cargo posteriormente, cuando incurra en cualquiera de los siguientes casos:
"...
"II. Revelar el secreto profesional a que se refiere el art�culo 37 de la presente ley.
"...
"VI. Se deroga. ..."
Ahora bien, aun cuando es cierto que el numeral en cita con motivo de la reforma impugnada, no se�ala que se revocar� el nombramiento del notario y se le inhabilitar� para desempe�arlo posteriormente, cuando en m�s de dos ocasiones act�e fuera de su adscripci�n o autorice actos sin que firmen los interesados, debe atenderse al texto integral de la norma.
As� pues, del examen de la ley impugnada, se desprende que en los art�culos 157, fracciones I y X, y 35, fracciones X y XVI, se se�ala:
"Art�culo 157. El notario ser� suspendido en el ejercicio de sus funciones, hasta por un t�rmino de tres a�os, en los siguientes casos:
"I.A. sin autorizaci�n fuera del territorio de su regi�n notarial, a excepci�n de lo previsto en el art�culo 33 de esta ley.
"...
"X. Por autorizar actos en cualesquiera de los casos que proh�be el art�culo 35 de esta ley.
"XI. Autorizar actos sin que firmen los interesados. ..."
"Art�culo 35. Se proh�be al notario:
"...
"X. Autorizar una escritura cuando los interesados no se presenten a firmarla dentro del t�rmino previsto en el art�culo 94 de esta ley;
"...
"XVI. Ejercer sus funciones fuera de los Municipios de la regi�n notarial a la que pertenece el Municipio de su adscripci�n. ..."
Cabe destacar que las fracciones I y XI del art�culo 157, y la fracci�n X del numeral 35, no fueron reformadas con motivo del decreto impugnado.
En este orden de ideas, del examen integral de los preceptos transcritos se desprende que, contrariamente a lo que afirman los accionantes, no se deja de sancionar al notario cuando incurra en las irregularidades mencionadas, sino que por el contrario se establece que en esos casos se le suspender� hasta por el t�rmino de tres a�os, por lo que deben desestimarse los argumentos a estudio.
5. La accionante argumenta que los art�culos 103, 140, 141, 142, 144 y 146 de la Ley del Notariado, atentan contra los numerales 53 y 54 de la C.�n Estatal y octavo transitorio del Decreto 16541, expedido por el Congreso del Estado de J. y publicado en el P.�dico Oficial de la entidad el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, que reform� esos numerales, ya que en �stos se cre� la instituci�n del procurador social, y adem�s se encuentra pendiente de dictaminar una iniciativa de Ley de la Procuradur�a S. donde se reglamenta la visita que deben recibir los notarios por parte de personal de dicho organismo, por lo que si bien aun no existe materialmente esta instituci�n, ni la ley que rija a la Procuradur�a S., ya est� prevista en la C.�n L., que es norma superior a la ley impugnada.
Que, por tanto, las facultades que se ratifican a favor del procurador de Justicia en los art�culos impugnados, son inconstitucionales toda vez que deben ser asumidas por el procurador social y, por ende, la transgresi�n a la C.�n del Estado, entra�a una violaci�n al art�culo 116 de la C.�n F..
Los art�culos impugnados establecen:
"Art�culo 103. Cuando los notarios autoricen un testamento, adem�s del aviso a que se refieren los art�culos que anteceden, a m�s tardar dentro de los dos d�as h�biles siguientes tambi�n dar�n aviso al procurador general de Justicia del Estado o al agente del Ministerio P�blico de su adscripci�n, quien de inmediato lo remitir� a la Procuradur�a General de Justicia del Estado."
"Art�culo 140. El titular del Poder Ejecutivo, a trav�s del procurador general de Justicia del Estado o de la dependencia que designe, realizar� las visitas generales o especiales que se�ala la presente ley a las notar�as de la entidad."
"Art�culo 141. El procurador general de Justicia del Estado y la dependencia designada, para la pr�ctica de las visitas a que se refiere este cap�tulo, deber�n contar con un cuerpo de agentes visitadores."
"Art�culo 142. Las visitas generales se practicar�n por el procurador general de Justicia del Estado, a trav�s de sus agentes visitadores, una vez al a�o, y por la dependencia designada, cuando el titular del Poder Ejecutivo lo juzgue oportuno; tendr�n por objeto verificar que los notarios ajusten sus actos a disposiciones se�aladas en la presente ley y dem�s ordenamientos aplicables."
"Art�culo 144. Las visitas a los notarios se practicar�n por mandamiento escrito que deber� expedir el procurador general de Justicia del Estado o la dependencia designada por el titular del Poder Ejecutivo, en su caso, y expresar� el nombre del notario, el n�mero de la notar�a, el lugar donde deba llevarse a cabo, la especificaci�n del tipo de visita, el periodo que comprenda y los documentos que han de revisarse. ..."
"Art�culo 146. ...
"El acta de visita se levantar� por quintuplicado y ser� firmada por el visitador y por todas las personas que hubiesen intervenido formalmente en la diligencia, haci�ndose constar, en su caso, si alguna persona se neg� a firmarla, sin que la falta de firma del visitado o de la persona con quien se entienda la diligencia afecte la validez del acta. El visitador deber� dejar un tanto del acta en la notar�a visitada, en el Archivo de Instrumentos P�blicos, en el Consejo de Notarios del Estado, en la dependencia designada para realizar visitas y en la Procuradur�a General del Estado."
De estos numerales se advierte que cuando los notarios autoricen un testamento deber�n dar aviso al procurador general de Justicia del Estado; que el titular del Poder Ejecutivo, a trav�s del citado procurador o de la dependencia que designe, realizar� las visitas generales o especiales a las notar�as de la entidad; que para ello deber�n contar con agentes visitadores, as� como el objeto y la forma en que deber�n practicarse dichas visitas.
Por otra parte, los art�culos 53 y 54 de la C.�n Pol�tica del Estado de J. y octavo transitorio del Decreto 16541 publicado en el P.�dico Oficial "El Estado de J." el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual fueron reformados, disponen:
"Art�culo 53. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n ante los tribunales, de los delitos del fuero com�n, incumbe al Ministerio P�blico Estatal, el cual se auxiliar� con una corporaci�n policial que estar� bajo la autoridad y mando inmediato.
"La ley organizar� al Ministerio P�blico, el cual estar� presidido por un procurador general de Justicia, designado por el titular del Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso con el voto de cuando menos el sesenta y uno por ciento de los diputados presentes. El ciudadano que, habiendo sido designado por el gobernador, no hubiere sido ratificado, no podr� volver a ser propuesto dentro del t�rmino de un a�o.
"Las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal, podr�n ser impugnadas por v�a jurisdiccional, en los t�rminos que establezca la ley.
"Para ser procurador se requiere cumplir con los mismos requisitos que esta C.�n exige para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. El procurador podr� ser removido libremente por el gobernador del Estado."
"Art�culo 54. La defensa de los intereses sociales y familiares, as� como la instituci�n de la defensor�a de oficio en los ramos penal y familiar, estar� a cargo de un organismo denominado Procuradur�a S., el cual depender� del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular ser� designado por �ste, conforme a la ley de la materia."
"Decreto 16541.
"Octavo transitorio. En tanto no entren en operaci�n la Procuradur�a S. y el organismo a que se refiere el art�culo 48 de la C.�n, las funciones que les corresponden conforme a este decreto y las leyes, continuar�n bajo la competencia de los �rganos e instituciones que actualmente las desarrollan."
Conforme a estos preceptos se deriva lo siguiente:
a) Se establece la existencia del Ministerio P�blico estatal, el cual estar� presidido por un procurador general de Justicia, al que le corresponde la investigaci�n y persecuci�n ante los tribunales de los delitos del fuero com�n;
b) Se prev� la existencia del organismo denominado Procuradur�a S., a cuyo cargo estar� la defensa de los intereses sociales y familiares, as� como la instituci�n de la defensor�a de oficio, y que ese organismo depender� del Ejecutivo L. y su titular ser� designado por aqu�l; y,
c) Que en tanto no entre en operaci�n la Procuradur�a S., las funciones que le corresponden conforme al art�culo 54 de la C.�n L. y las leyes, continuar�n a cargo de las instituciones que al momento de publicarse el aludido decreto, las desempe�an.
As� pues, debe se�alarse que la accionante parte de una apreciaci�n err�nea, ya que del citado art�culo 54 de la C.�n Estatal no se desprende que se se�alen atribuciones del organismo denominado Procuradur�a S. en relaci�n con la funci�n notarial y, de ah� que, seg�n afirman las accionantes, las atribuciones que en la ley impugnada se confieren al procurador general de Justicia del Estado en relaci�n con esa funci�n, debe asumirlas la Procuradur�a S..
No es �bice a lo anterior, que la accionante se�ale que existe en el Congreso Estatal, pendiente de dictaminar, una iniciativa de Ley de la Procuradur�a S., en la que se se�ala que ese organismo debe practicar visitas a las notar�as de la entidad, ya que adem�s de que esa circunstancia no est� probada en autos, aun cuando dicha iniciativa confiriera tales facultades a ese organismo, lo cierto es que hasta el momento no ha sido aprobada por el �rgano legislativo.
Por consiguiente, deben desestimarse los argumentos a estudio.
6. La accionante manifiesta que la reforma al art�culo 174 de la norma general combatida, crea inseguridad jur�dica, ya que es potestativa la facultad de los notarios a inscribirse al Consejo de Notarios (sic), esto es, que en el Estado de J. habr� notarios colegiados y no colegiados, lo que dificulta garantizar la capacitaci�n, operaci�n notarial y las relaciones de los notarios con los sectores p�blico, social y privado, en perjuicio de la instituci�n notarial y del inter�s general.
Que adem�s, la colegiaci�n obligatoria de los notarios obedece a cuestiones de inter�s p�blico y no privado, y la libertad de asociaci�n no se ve afectada con el cumplimiento de esa obligaci�n, pues la aspiraci�n a la calidad de notario va acompa�a da con la aceptaci�n de las obligaciones impl�citas, por lo que si no fuera el deseo de una persona vincularse con el Colegio de Notarios, debe optar por no aceptar el f�at. Ni tampoco es obst�culo para que los notarios se asocien en diversas agrupaciones civiles, para fines acad�micos, recreativos, o cualquier otro que sea l�cito.
El art�culo 174 de la Ley del Notariado se�ala:
"Art�culo 174. Todos los notarios de la entidad podr�n ser miembros de un organismo que se denominar� Colegio de Notarios del Estado de J., cuyo objetivo es auxiliar al titular del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de esta ley, los reglamentos y dem�s disposiciones que de ella emanen; tendr� su domicilio en la capital del Estado, sin perjuicio de establecer delegaciones en otros lugares cuando as� lo determine el propio colegio."
Este numeral prev� que los notarios tienen la facultad potestativa para ser miembros del Colegio de Notarios, en tanto que se�ala que los notarios "podr�n" ser miembros de ese organismo.
Por otra parte, el art�culo 9o. de la C.�n F., en lo conducente, dispone:
"Art�culo 9o. No se podr� coartar el derecho a asociarse o reunirse pac�ficamente con cualquier objeto l�cito ..."
Ahora bien, este Tribunal P. ha sustentado que el art�culo 9o. de la C.�n F., consagra la libertad de asociaci�n, entendida como el derecho de los particulares, tanto personas f�sicas como personas jur�dico-colectivas para crear un nuevo ente jur�dico que tendr� personalidad propiay distinta de la de sus asociados, esto es, se trata de un derecho de los gobernados, cuya esfera de protecci�n, en t�rminos del propio numeral constitucional, puede operar en tres posibles direcciones:
1. Derecho de asociarse formando una organizaci�n o incorpor�ndose a una ya existente;
2. Derecho a permanecer en la asociaci�n o a renunciar a ella; y,
3. Derecho de no asociarse.
Correlativamente a ese derecho, la autoridad no podr� prohibir que el particular se asocie; no podr� restringir su derecho a permanecer en la asociaci�n o a renunciar a ella, ni tampoco podr� obligarlo a asociarse.
En estas condiciones, la norma impugnada al establecer la potestad de los notarios para ser miembros del Colegio de Notarios, lejos de contravenir los principios fundamentales, los acata, ya que la autoridad legislativa a trav�s de una norma general no puede obligar a una persona a asociarse a determinado ente jur�dico, en el caso al Colegio de Notarios.
Aunado a lo anterior, en cuanto a los argumentos relativos a que al no obligar a los notarios a incorporarse al Colegio de Notarios, se afecta la capacitaci�n, operaci�n notarial y las relaciones de los notarios con los sectores p�blico, social y privado, en perjuicio de la instituci�n notarial y del inter�s general, debe se�alarse que del examen integral de la norma general impugnada se obtiene lo siguiente:
Los art�culos 7o., 180 y 185 de la Ley del Notariado disponen:
"Art�culo 7o. El notario est� obligado, en el ejercicio de sus funciones, a prestar servicio social; con esa finalidad, el Consejo de Notarios emitir� reglas de aplicaci�n general, tomando en consideraci�n la edad, condiciones sociales y econ�micas del solicitante.
"Igualmente el Consejo de Notarios acordar� mediante reglas de car�cter general la forma en que ser�n distribuidas las cargas de trabajo para la elaboraci�n de las actas o escrituras, mediante las cuales se consignen los actos o contratos a trav�s de los cuales los organismos que integran la administraci�n p�blica central o descentralizada del Gobierno F., Estatal o Municipal, cumplan con programas a su cargo para la titulaci�n y financiamiento de vivienda o regularizaci�n de la tenencia de la tierra. ..."
"Art�culo 180. Son atribuciones del Consejo de Notarios:
"...
"III. Implementar todas las medidas tendientes al buen logro de la prestaci�n del servicio social por el notariado jalisciense.
"...
"XI. Celebrar, en representaci�n de los notarios del Estado, convenios de vigencia general para la prestaci�n de servicios y su retribuci�n.
"...
"XIV. Organizar, establecer y reglamentar para el mejor desempe�o de la funci�n p�blica notarial, los �rganos acad�micos y de investigaci�n que estime convenientes; as� como celebrar convenios con instituciones de educaci�n superior para apoyar la capacitaci�n e investigaci�n en materia notarial.
"Para efectos de lo establecido en el p�rrafo anterior, el Consejo de Notarios deber� organizar cursos de capacitaci�n durante el a�o de calendario, los cuales tendr�n una duraci�n m�nima de veinte horas, siendo obligatorios para todos los notarios ..."
"Art�culo 185. En auxilio del consejo, se designar�n por el mismo, comisiones asesoras permanentes, que fungir�n espec�ficamente en diversas �reas de trabajo y podr�n concurrir con voz, pero sin voto, a las sesiones del consejo.
"...
"Las comisiones se integrar�n por tres a nueve notarios en ejercicio, las cuales, en t�rminos generales, tendr�n los siguientes objetivos:
"1. Promover el mantenimiento de relaciones a nivel acad�mico y social con los dem�s organismos notariales del pa�s;
"2. Publicar peri�dicamente, y en forma permanente, un bolet�n informativo que oriente y difunda temas notariales de inter�s general;
"3. Celebrar eventos y jornadas acad�micas que eleven los niveles t�cnicos notariales y que impulsen el intercambio de criterios con las autoridades fiscales competentes ..."
Del examen de estos preceptos se desprende que la propia norma impugnada establece disposiciones relativas a la capacitaci�n, servicio social, convenios de vigencia general para la prestaci�n de servicios y su retribuci�n, as� como la prestaci�n de la funci�n notarial en el sector p�blico; y se�ala adem�s que los cursos de capacitaci�n y el servicio social son obligatorios para todos los notarios; en consecuencia, es infundado que la circunstancia de que no se establezca la incorporaci�n obligatoria al Colegio de Notarios, redunde en un perjuicio en el desempe�o de la funci�n notarial.
Por consiguiente, al resultar infundados los conceptos de invalidez que se plantean, procede reconocer la validez de los art�culos 3o., 9o., 10, fracciones I, XII, inciso e) y XIII, 23, fracci�n V, 23 bis, 31, p�rrafo tercero, 47, p�rrafos tercero, quinto y sexto, 103, 140, 141, 142, 144, 146, 158, fracciones II y VI, y 174 de la Ley del Notariado para el Estado de J..
NOVENO.-En otro aspecto, la promovente de la acci�n hace valer que el art�culo 154, p�rrafo segundo, de la ley que se combate, atenta contra la garant�a de seguridad jur�dica, toda vez que establece la posibilidad de sancionar al notario, sujetando la prescripci�n a los tres a�os de que la autoridad administrativa tenga conocimiento del hecho infractor, cuando es de explorado derecho que la instituci�n de la prescripci�n empieza a correr desde que el hecho fue consumado, trat�ndose de actos simult�neos, o cuando dej� de surtir sus efectos, refiri�ndose a infracciones de car�cter continuado, lo que crea inseguridad jur�dica en el notariado, al dejar la eficacia de la prescripci�n a situaciones aleatorias y no definitivas.
El art�culo 16, p�rrafo primero, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garant�a de seguridad jur�dica, mediante la cual se establece como un derecho subjetivo p�blico de los gobernados el que no puedan ser molestados en su persona, papeles, posesiones o domicilio; dicha garant�a tambi�n permite a las autoridades practicar tales actos de molestia, a fin de que cumplan con el prop�sito que dio origen a dichos actos, cubriendo desde luego los requisitos que debe contener todo acto de molestia.
Por consiguiente, debe entenderse que esos actos est�n delimitados temporalmente, esto es, que deben ser acotados por el legislador, por un tiempo prudente, para lograr el objetivo que con ellos se pretende, pues de lo contrario se traducir�an en una molestia constante o en una permanente intromisi�n al domicilio, lo que es contrario a la protecci�n que otorga el citado precepto constitucional.
Dicho precepto constitucional establece:
"Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."
Por otra parte, el art�culo cuya invalidez se solicita dispone:
"Art�culo 154. Las sanciones de car�cter administrativo que esta ley se�ala, ser�n impuestas por el titular del Poder Ejecutivo y consistir�n, seg�n el caso, en amonestaci�n, suspensi�n y revocaci�n del nombramiento del notario.
"La posibilidad de sancionar al infractor, prescribe a los tres a�os de que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de la irregularidad; esto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o fiscales, que prescribir�n en los t�rminos de la ley de la materia."
De este numeral se desprende que se prev� la figura de la prescripci�n trat�ndose de la posibilidad de sancionar al infractor, para lo cual establece que opera a los tres a�os de que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de la irregularidad, esto es, conforme a este precepto la figura de la prescripci�n est� referida a la p�rdida de la facultad de la autoridad para sancionar al notario cuando incurra en alguna irregularidad en el desempe�o de su funci�n, por el simple transcurso del tiempo.
Ahora bien, este Tribunal P. estima que trat�ndose de las facultades que tiene la autoridad administrativa para imponer sanciones, la prescripci�n debe operar a partir del momento en que se comete la conducta irregular o il�cita, con la finalidad precisamente de conferir certeza a esa figura jur�dica, ya que se evita que el lapso prescriptivo se extienda indefinidamente en perjuicio del probable responsable de la conducta irregular; por el contrario, si se establece el plazo para que opere la prescripci�n a partir de que la autoridad tiene conocimiento de dicha irregularidad, para ello pueden transcurrir varios a�os, con la consiguiente afectaci�n a la aludida garant�a de seguridad jur�dica del probable infractor.
Por consiguiente, al establecerse en la ley impugnada que el t�rmino para que opere la prescripci�n es de tres a�os a partir de que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de la irregularidad, se transgrede la garant�a de seguridad jur�dica prevista en el art�culo 16 de la C.�n F., al permitir que quede al arbitrio de las autoridades el plazo de la prescripci�n, pudiendo incluso traducirse en una molestia constante o permanente.
En este orden de ideas, al ser fundado el argumento a estudio, igualmente deviene fundado el relativo a que se viola la garant�a de igualdad prevista en el art�culo 1o., p�rrafo primero, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
D�CIMO.-En consecuencia, procede declarar la invalidez con efectos generales del art�culo 154, p�rrafo segundo, de la ley impugnada, en la porci�n normativa que dice: "de que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de la irregularidad".
Dicha invalidez surtir� sus efectos a partir de la publicaci�n de la presente sentencia en el Diario Oficial de la Federaci�n.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO.-Es procedente, y parcialmente fundada la presente acci�n de inconstitucionalidad.
SEGUNDO.-Se reconoce la validez de los art�culos 1o., 3o., 9o., 10, fracciones I, XII, inciso e), XIII, 23, fracci�n V, 23 bis, 29, fracci�n II, 31, p�rrafo tercero, 40, 41, 47, p�rrafos tercero, quinto y sexto, 51, 52, 88, 103, 140, 141, 142, 144, 146, 158, fracciones I y VI, 174, 177 y 180 de la Ley del Notariado para el Estado de J., as� como de los art�culos cuarto y quinto transitorios del Decreto 19471 mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos art�culos de dicho ordenamiento, publicado en el P.�dico Oficial "El Estado de J.", de dieciocho de abril de dos mil dos, en t�rminos de los considerandos quinto, s�ptimo y octavo de esta sentencia.
TERCERO.-Se declara la invalidez con efectos generales del art�culo 154, p�rrafo segundo, de la Ley del Notariado para el Estado de J., en la porci�n normativa que indica: "de que la autoridad correspondiente tenga conocimiento de la irregularidad", en t�rminos de los considerandos noveno y d�cimo de esta ejecutoria.
CUARTO.-Publ�quese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el P.�dico Oficial del Estado de J. y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.
As� lo resolvio la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en P. conforme a la votaci�n que enseguida se indica:
Dada la ausencia del se�or Ministro ponente H.R.P., el se�or Ministro G.D.G.�ngora P. hizo suyo el proyecto.
Hicieron uso de la palabra los se�ores Ministros G.D.G.�ngora P., S.S.A.A. y presidente M.A.G.�itr�n para externar, en t�rminos de la versi�n taquigr�fica, las razones por las que votar�an en contra del proyecto �nicamente respecto de la declaraci�n de constitucionalidad de la fracci�n I del art�culo 10 de la ley impugnada; y los se�ores Ministros Jos� R.�n C.�o D�az, J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V., Jos� de Jes�s G.�o P. y J.D.�az R. en los t�rminos consignados en la propia versi�n taquigr�fica.
Puesto a votaci�n el proyecto, se aprob� por unanimidad de nueve votos, excepto por lo que se refiere a la constitucionalidad de la fracci�n I del art�culo 10 de la Ley del Notariado del Estado de J., cuya declaratoria est� contenida en el resolutivo segundo, se aprob� por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros Jos� R.�n C.�o D�az, J.D.R., Jos� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., O.S.C. de G.�a V. y J.N.S.M.; los se�ores M.S.S.A.A., G.D.G.�ngora P. y M.A.G.�itr�n votaron en contra por estimar que es inconstitucional dicho precepto, y reservaron su derecho a formular voto de minor�a.
El se�or Ministro presidente M.A.G.�itr�n declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos. Previo aviso, no asisti� el se�or M.H.R.P..