Ejecutoria num. P./J. 32/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26828425

Ejecutoria num. P./J. 32/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 32/2005
Localizacion:JUAN SILVA MEZA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 1999
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/97. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA.INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 2807 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA, AL REGULAR LA CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA QUE PUEDE REALIZAR CUALQUIER ACREEDOR, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/97. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAG�SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA.
MINISTRO PONENTE: J.S.M..
SECRETARIO: O.A.C.Q..
M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, J.A.R.T., R.R.G.�lez, Ra�l Zapico Esc�rcega, P.L.B.E., J.G.A.L., J.I.C.R.�guez, J.�s C.P.�a R., R.A.M.E., J. de la Pe�a Q., Jos� Guadalupe C�spedes Casas y T.M.V., en su car�cter de diputados integrantes de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila, promovieron acci�n de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuaci�n se se�alan:
"�rganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las normas generales impugnadas: a) La Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila en la sesi�n extraordinaria celebrada el d�a martes 29 de julio de 1997 en el recinto oficial del Poder Legislativo, sito en la ciudad capital de S., Coahuila: emiti� las normas generales que se impugnan mediante este sistema constitucional. b) El C. Gobernador C.onal del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, doctor R.M. seg�n emiti� el Decreto promulgatorio de las disposiciones generales impugnadas de inconstitucionalidad N�mero 61 publicado en el P.�dico Oficial, primera secci�n de fecha martes 29 de julio de 1997, n�mero 60, Tomo CIV. c) El C. S.retario de Gobierno del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, L.. C.J.S.�n otorg� el refrendo al decreto promulgatorio de las normas se�aladas como contrarias a la L. Fundamental. Normas generales cuya invalidez se reclama y medio oficial de su publicaci�n: a) Art�culo 2807 del C�digo Civil para el Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. b) Art�culos 468 a 488 y fracc. IX del art�culo 430 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Las disposiciones legales antes dichas fueron publicadas en el N�mero 60, Tomo CIV del P.�dico Oficial del Gobierno C.onal del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, de fecha 29 de julio de 1997 ya identificado."
SEGUNDO. Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 1o., 13, 14, 16, 17, 40, 41, 73, fracci�n X, 124, 128 y 133.
TERCERO. Mediante prove�do de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro J.S.M., para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resoluci�n respectivo.
Por auto de fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor admiti� a tr�mite la demanda relativa y orden� emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, tuvo como tercero interesado en el presente asunto al Congreso de la Uni�n a quien orden� correr traslado, as� como al procurador general de la R.�blica. Posteriormente, mediante prove�do de fecha dos de octubre de mil novecientos noventa y siete se otorg� el plazo legal correspondiente a las partes para que expresaran sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la formulaci�n del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d) de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracci�n I de la L. Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 68, �ltimo p�rrafo de la L. Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 C.onal, toda vez que se demanda la declaraci�n de inconstitucionalidad de las reformas al C�digo Civil y C�digo de Procedimientos Civiles ambos del Estado de Coahuila, publicadas el d�a veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete.
SEGUNDO. La demanda de acci�n de inconstitucionalidad se estima fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:
El art�culo 60 de la L. Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal dispone:
"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a de plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente."
Conforme al citado art�culo 60, el c�mputo respectivo debe hacerse a partir del d�a siguiente al en que se public� el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando los d�as naturales.
El Decreto N�mero 61 aprobado para la LIV Legislatura del Estado de Coahuila que contiene las reformas que se impugnan, fue publicado en el P.�dico Oficial de la entidad el d�a veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, por lo que es a partir del d�a siguiente de la fecha de publicaci�n que debe hacerse el c�mputo respectivo.
Tomando en cuenta la fecha de publicaci�n, resulta que el plazo de treinta d�as para la impugnaci�n de las disposiciones venci� el d�a veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete; fecha en que fue presentada la demanda por lo que debe considerarse en tiempo.
TERCERO. Previo a cualquier otra cuesti�n, debe analizarse la legitimaci�n de quien promueve por ser una cuesti�n de orden p�blico y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d) de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la L. Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 en cita, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales podr� ejercer la acci�n de inconstitucionalidad.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:
a) Que los promoventes sean integrantes del �rgano legislativo estatal.
b) Que los promoventes representen cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento del �rgano legislativo estatal.
c) Que la acci�n de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el propio �rgano.
A la demanda se adjuntan once oficios signados por el oficial mayor de la LIV Legislatura del Congreso de Coahuila por los que certifica que T.M.V., Jos� Guadalupe C�spedes Casas, J.A.R.T., R.R.G.�lez, Ra�l Zapico Esc�rcega, P.L.B.E., J.G.A.L., J.I.C.R.�guez, J.�s C.P.�a R., R.A.M.E., J. de la Pe�a Q., son diputados propietarios e integrantes de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
Por otra parte, el art�culo 33 de la C.�n Pol�tica del Estado de Coahuila respecto a la integraci�n del Congreso Estatal se�ala lo siguiente:
"Art�culo 33. El Congreso del Estado se renovar� en su totalidad cada tres a�os y se integrar� con veinte diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta doce diputados electos bajo los principios de representaci�n m�nima y proporcional que disponga la ley."
De lo anterior se advierte que estando integrado el Congreso Local con un total de treinta y dos diputados, los once diputados que signan la presente demanda de acci�n de inconstitucionalidad representan el treinta y cuatro punto treinta y siete por ciento (34.37%) de los integrantes del Congreso Local.
Por �ltimo, en la presente acci�n de inconstitucionalidad se plantea en contra de las reformas realizadas por el propio Congreso del Estado de Coahuila a los C�digos Civil y procesal civil de dicho Estado.
CUARTO. En la demanda se se�alaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primero. L.es violadas: Art�culos 1o., 13, 14, 16, 17, 40, 41, 73, fracc. X, 124, 128 y 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Los suscritos promoventes estimamos necesario realizar el an�lisis jur�dico de las disposiciones legales que consideramos inconstitucionales, partiendo de la exposici�n doctrinal, legal y de �ndole jurisprudencial para dar sustento a los conceptos de invalidez. Desde luego reconocemos a la se�ora Ministra y a los se�ores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n como destacados jurisprudentes y profundos conocedores de la dogm�tica jur�dica. Por tanto la exposici�n referida no tiene otra intenci�n que el examen de las instituciones jur�dicas relacionadas con las normas sustantivas y procesales reformadas; ello con el prop�sito de fundamentar los conceptos de invalidez y la contradicci�n existente entre la N.F. del Estado mexicano y el C�digo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; solicit�ndoles a los integrantes del H. P. su comprensi�n por lo abundante de las citas mencionadas. Art�culos 14 y 16 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos por inobservancia. A) El art�culo 14 constitucional establece: ?Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho.?. A su vez, el art�culo 16 constitucional se�ala: ?Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.?. Ahora bien, en los t�rminos del criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federaci�n, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas a las que se refieren las siguientes tesis. ?FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga �se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.�. �stas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado. Amparo directo en revisi�n 2961/90. �pticas D. del Norte, S. 12 de marzo de 1992. Ponente: M.A.G.�itr�n. S.retaria: Ma. Estela F.M.G.P.. El Tribunal P. en su sesi�n privada celebrada el mi�rcoles veinte de mayo en curso, por unanimidad de 19 votos de los se�ores Ministros presidente U.S.O., C. de S.N., I.M.�a C�rdenas, J.T.L.C.�rdenas, S.L., No� Casta��n Le�n, F.L.C., L.F.�ndez Doblado, J.A.L.D., S.R.�guez R.�n, I.M.�s Cal y M.G.�rrez, C.G. de L., A.G.M.�nez, J.M.V.L., F.M.F., C.G.�a V�zquez, M.A.G.�itr�n, J.D.�az R. y S.H.C.G.�rrez; aprob�, con el n�mero LV/92, la tesis que antecede y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: V.A.G., Gaceta No. 53, mayo de 1992, p. 34.?. En tanto que respecto a los conceptos de fundamentaci�n y motivaci�n, el Poder Judicial de la Federaci�n ha establecido: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. De acuerdo con el art�culo 16 de la C.�n Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendi�ndose por lo primero que ha de expresarse con precisi�n el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que tambi�n deben se�alarse, con precisi�n, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto; siendo necesario, adem�s, que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hip�tesis normativas. Sexta �poca, Tercera P., Vol. CXXXII, p. 49. Amparo en revisi�n 8280/67. A.V.O.. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: J.R.P.C.. S�ptima �poca, Tercera P., Vol. 14, p. 37. Amparo en revisi�n 3713/69. El�as Chah�n. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: P.G.M.�nez. Vol. 28, p. 111. Amparo en revisi�n 4115/68. E.R.�guez R. y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: J.S. �lvarez. V.. 97-102, p. 61. Amparo en revisi�n 2478/75. Ma. del S.C.C. y otros (acumulado). 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. V.. 97-102, p. 61. Amparo en revisi�n 5724/76. R.T.R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: J.I.��rritu. Esta tesis apareci� publicada, con el n�mero 373, en el Ap�ndice 1917-1985, Tercera P., p. 636. Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda P., S. y Tesis Comunes, tesis 902.?. En el caso espec�fico de la fundamentaci�n y motivaci�n de los actos de autoridad legislativa es de observarse el criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federaci�n que aparece publicado en el Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Primera P., P., tesis 68, p�g. 131 y que tambi�n puede ser consultada en la obra La C.�n y su Interpretaci�n por el Poder Judicial de la Federaci�n, publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y el Fondo de Cultura Econ�mica, T.I.I, de la F a la L, p�gina 1185 que enseguida transcribimos para la pronta comprensi�n de esa alta autoridad: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica. S�ptima �poca, Primera P.. Vol. 77, p. 19. Amparo en revisi�n 6731/68. Lechera Guadalajara, S. 6 de mayo de 1975. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: E.A. �lvarez. Vol. 78, p. 69. Amparo en revisi�n 3812/70. Inmobiliaria Cali, S. y coags. (acums.). 24 de junio de 1975. Unanimidad de diecis�is votos. Ponente: J.R.P.V.. V.. 139-144, p. 133. Amparo en revisi�n 5983/79. F.B.�a G.�o y coags. 23 de septiembre de 1986. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. V.. 157-162, p. 150. Amparo en revisi�n 5220/80. Teatro Pe�n C., S. 15 de junio de 1982. Unanimidad de quince votos. Ponente: Mar�a C.S.�n de T.. V.. 181-186, Amparo en revisi�n 8993/82. L.B.L.. 22 de mayo de 1984. Unanimidad de veinte votos. Ponente: F.H.P.�n V.. Esta tesis apareci� publicada, con el n�mero 36, en el Ap�ndice 1917-1985, Primera P., p. 73. Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Primera P., P., tesis 68, p. 131.?. As� las cosas, el art�culo 40 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece: ?Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta L. Fundamental.?. Precisamente sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la controversia constitucional entre la Federaci�n y el Estado de Oaxaca 2/32 de 15 de octubre de 1932 estableci�: ?FEDERACI�N. Conforme al art�culo 40 de la C.�n, la R.�blica Mexicana es un Estado Federal, en el que, por lo mismo, est�n divididas las atribuciones del poder soberano entre la Federaci�n y Estados. Ahora bien, respecto a tal divisi�n de facultades la teor�a jur�dica del Estado Federal admite tres m�todos distintos para realizarla, los cuales consisten: el primero, en enumerar en forma tan completa como sea posible, las atribuciones del poder central y las de los Estados; el segundo, en enumerar las atribuciones del poder central, de manera que todas las no especificadas, competen a los Estados; y el tercero, en enumerar las atribuciones de los Estados, haciendo que recaigan en el poder central todas las no comprendidas en esa enumeraci�n; y aunque el tercero de los m�todos enunciados es el m�s conveniente, desde el punto de vista constitucional, o sea aquel en que se enumeran las atribuciones o facultades de los Gobiernos Locales, de manera que la presunci�n exista a beneficio del poder central, en raz�n de que una de las consecuencias de la evoluci�n pol�tica y social, es la transformaci�n de las necesidades de orden local, en intereses de orden general y �stos, como es natural deben ser administrados por el gobierno central que es el representante del inter�s general, la C.�n nuestra adopt�, al parecer (dados los t�rminos de su art�culo 124), el segundo de los m�todos enunciados, determinando que las facultades que no est�n expresamente concedidas por la misma C.�n, a los funcionarios federales se entiendan reservadas a los Estados; pero es notorio que el principio no aparece admitido por el Constituyente, en toda su pureza, puesto que, en algunos art�culos de la Carta Federal, se confieren a los Estados algunas atribuciones; en otros, se les proh�be el ejercicio de otras que tambi�n se especifican; y a veces se concede la misma facultad atributiva a la Federaci�n y a los Estados, estableci�ndose as� una jurisdicci�n concurrente de donde a caso sea l�gico concluir que el sistema adoptado por el Constituyente, fue una combinaci�n de los tres m�todos, por lo que no es sostenible el argumento, sacando �nicamente del art�culo 124 de la C.�n de que la Federaci�n s�lo puede ejercer las facultadeslegislativas que expresamente le confiere el art�culo 73 constitucional; pues esas facultades van imb�bitas tambi�n en las dem�s jurisdicciones y facultades conferidas a la Federaci�n, en otras materias no comprendidas expresamente en el citado art�culo 73, o quedaron reservadas a la naci�n, en diversos art�culos de la propia C.�n. T. XXXVI, p. 1067, controversia constitucional entre la Federaci�n y el Estado de Oaxaca 2/32, Federaci�n y Estado de Oaxaca, 15 de octubre de 1932, mayor�a de 14 votos.?. Recientemente, en el Diario Oficial de la Federaci�n aparece publicado con fecha 6 de agosto de 1977 el decreto por el que se aprueba el programa para un nuevo federalismo y en la parte conducente se se�ala lo siguiente: ?El federalismo, pacto fundamental de la R.�blica. El sistema federal mexicano se caracteriza por la existencia de dos �rdenes de gobierno de igual jerarqu�a, cada uno de ellos con sus respectivas competencias y l�mites se�alados por la C.�n. En el Estado Federal se asocian y sobreponen colectividades estatales distintas, a trav�s de un equilibrio armonioso y equitativo entre el principio de autonom�a y el principio de asociaci�n. Para garantizar la vigencia de la Uni�n, con el principio de autonom�a pol�tica, se establece la primac�a de la C.�n. La Carta Magna dispone una divisi�n funcional de los poderes p�blicos federales y estatales en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, establece una clara divisi�n de competencias. Uno de los rangos fundamentales del sistema federal mexicano es que existe coincidencia e igualdad de decisiones jur�dico-pol�ticas fundamentales entre la Federaci�n y las entidades federativas.?. Congruente con lo anterior, la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece en el art�culo 124 lo siguiente: ?Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.?. En el comentario elaborado con relaci�n al precepto constitucional citado y con motivo de la publicaci�n de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, comentada por los investigadores del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico el doctor J.C. estableci�: ?El Estado Federal mexicano se fundamenta sobre los siguientes principios: 1. Existe una divisi�n de la competencia entre la Federaci�n y las entidades federativas en donde estas �ltimas son instancia decisoria suprema, pero exclusivamente dentro de su competencia (art�culo 40). 2. Entre la Federaci�n y las entidades federativas existe coincidencia de decisiones fundamentales (art�culos 40 y 115). 3. Las entidades federativas se dan libremente su propia C.�n en la que organizan la estructura del gobierno, pero sin contravenir el pacto federal inscrito en la C.�n General, que es la unidad del Estado Federal (art�culo 41). 4. Existe una clara divisi�n de competencias entre la Federaci�n y las entidades federativas; todo aquello que no est� expresamente atribuido a la Federaci�n es competencia de las entidades federativas, principio recogido por el art�culo 124 que comentamos a continuaci�n. Existen diversos sistemas para distribuir las competencias entre la Federaci�n y las entidades federativas. M�xico sigue el principio norteamericano en este aspecto; todo aquello que no est� expresamente atribuido a las autoridades federales es competencia de la entidad federativa. La C.�n General numera lo que los Poderes de la Uni�n pueden hacer, y todo lo dem�s es competencia de las entidades federativas. Este art�culo enuncia el postulado anterior; sin embargo, difiere del norteamericano en que nuestro precepto aclara que las facultades federales tienen que estar �expresamente� se�aladas. La palabra �expresamente� no aparece en el correspondiente art�culo norteamericano, lo que es de especial importancia, como posteriormente examinamos. Expuesta la regla anterior, parecer�a que la distribuci�n de competencias es asunto f�cil y claro. Todo lo contrario, ya que es espinoso y de dif�cil manejo. Encontramos que la propia C.�n establece una serie de principios respecto al problema de la competencia en el Estado Federal, que se pueden enunciar en la forma siguiente: 1. Facultades atribuidas a la Federaci�n; 2. Facultades atribuidas a las entidades federativas; 3. Facultades prohibidas a la Federaci�n; 4. Facultades prohibidas a las entidades federativas (hasta aqu� la clasificaci�n est� inspirada en Bryce); 5. Facultades coincidentes; 6. Facultades coexistentes; 7. Facultades de auxilio; y 8. Facultades que emanen de la jurisprudencia, ya sea reformando o adicionando la anterior clasificaci�n.?. El autor citado establece como regla que de acuerdo al art�culo 124 constitucional, ?todo lo que no corresponde a la Federaci�n es facultad de las entidades federativas salvo las prohibiciones que la misma L. Suprema establece para los Estados miembros.?. C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Universidad Nacional Aut�noma de M�xico y Editorial P.�a, S. 1995. S�ptima edici�n. P�gs. 1268 a 1274. Lo antes expuesto nos permite concluir que conforme al sistema federal mexicano existen �rbitas competenciales perfectamente diferenciadas, estableci�ndose las facultades que corresponden a los diferentes ?niveles? del desempe�o de la actividad estatal. En este orden, las facultades legislativas son resaltadamente importantes regul�ndose por lo que respecta al Congreso de la Uni�n en el art�culo 73 del Texto Fundamental y al cual haremos m�rito en el apartado correspondiente. Al tenor del art�culo 41 y 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra facultado para la expedici�n del C�digo Civil y de Procedimientos Civiles y para reformarlos, modificarlos y adicionarlos seg�n las exigencias de la din�mica social. Sin embargo atento a las consideraciones que anteceden el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza no puede legislar sobre materias expresamente concedidas por la C.�n a los funcionarios federales; como es el caso del art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado cuya reforma aparece en el P.�dico Oficial ya identificado y cuya redacci�n es del tenor literal siguiente: ?2807. El acreedor podr� ceder sus cr�ditos con garant�a hipotecaria, sin necesidad de notificaci�n al deudor, de escritura p�blica, ni de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos. En caso de que deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, deber� �nicamente notificar por escrito la cesi�n al deudor. En los supuestos previstos en este art�culo, la inscripci�n de la hipoteca a favor del acreedor original se considerar� hecha a favor del o de los cesionarios quienes tendr�n todos los derechos y acciones derivados de la hipoteca.?. B) La disposici�n legal transcrita invade la esfera competencial del Congreso de la Uni�n y particularmente viola el art�culo 73 fracc. X y 133 de la C.�n General de la R.�blica por las consideraciones jur�dicas que enseguida formulamos. Los sistemas de interpretaci�n jur�dica permiten desentra�ar el sentido del texto legal, existiendo diferentes m�todos para ello seg�n sea la escuela que al respecto se siga, pero conforme a los principios que sobre el particular postula el derecho mexicano en el art�culo 14 constitucional y en los art�culos 5o., 11 y 19 del C�digo Civil para el Estado de Coahuila de igual nomenclatura que el C�digo Civil para el Distrito Federal podemos admitir el m�todo sistem�tico que interpreta los diversos art�culos de la ley consider�ndolos como partes integrantes de un todo (de la ley o del c�digo de que forman parte) y a la misma ley como elemento constitutivo del derecho de un pa�s determinado. Esta interpretaci�n se realiza relacionando unos preceptos con otros, y procurando descubrir el principio que les da unidad org�nica. Tambi�n es �til el m�todo hist�rico que trata de descubrir el sentido de la ley, teniendo en cuenta los precedentes hist�ricos que determinaron su formaci�n, los trabajos preparatorios de los legisladores, los discursos que se pronunciaron cuando fue elaborada, etc. (v�ase E.P., Interpretaci�n de la L. Procesal, p�gs. 26 y 27. Editorial Botas, M�xico 1948). Tambi�n es importante dejar establecido que el precepto legal reformado en su redacci�n original establec�a: ?Art�culo 2807. El cr�dito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesi�n se haga en la forma que para la constituci�n de la hipoteca previene en el art�culo 2798, se d� conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro. Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede tramitarse por endoso del t�tulo, sin necesidad de notificaci�n al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitir� por la simple entrega del t�tulo sin ning�n otro requisito.?. El precepto transcrito corresponde al art�culo 2926 del C�digo Civil del Distrito Federal (antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 24 de mayo de 1996 y en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n) y a los art�culos 1987 del C�digo Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1870 de id�ntica redacci�n y que se�alaba: ?Art�culo 1987. El cr�dito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura p�blica de que se d� conocimiento al deudor, y que se inscriba en el registro. Art�culo 1864. El cr�dito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura p�blica de que se d� conocimiento al deudor, y que se inscriba en el registro.?. Desde el derecho romano y quiz� debida a un glosador postcl�sico de G. encontramos la definici�n de obligaci�n estableci�ndose la ?obligaci�n es un v�nculo de derecho porque somos constre�idos con la necesidad de pagar alguna cosa seg�n las leyes de nuestra ciudad? a partir de entonces se habla indistintamente para referirse a las obligaciones como derechos de cr�dito o derechos personales. Debemos se�alar que en el antiguo derecho romano, no hubo clasificaci�n de los derechos, sino con relaci�n a las acciones que de los mismos nac�an. Posteriormente conforme a la evoluci�n de la ciencia jur�dica se dividieron los derechos patrimoniales, en derechos personales o de cr�dito y derechos reales tambi�n llamados principales. Al respecto, por el momento, la ciencia jur�dica se ha encargado de elaborar innumerables doctrinas y teor�as acerca de la definici�n de estos conceptos. Por ejemplo A.C.�n y H.C. en su Curso Elemental de Derecho Civil, T.I., p�g. 300 al referirse al derecho de cr�dito se�alan: ?El derecho de cr�dito es un poder o facultad perteneciente a uno o varios individuos respecto a otro u otros determinados (de aqu� el nombre de derecho personal con el que a veces se le designa) el titular de un derecho de cr�dito o acreedor puede apremiar al deudor para que realice en su provecho una prestaci�n determinada, es decir, a dar, hacer o abstenerse de alguna cosa en su provecho?. Explican los autores que el derecho de cr�dito fue conocido como jus ad rem porque el acreedor pretende la titularidad de una cosa que le pertenece en propiedad al obligar. Otros autores cl�sicos extranjeros como Ortol�n define: ?derecho personal es aquel en que una persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. O en t�rminos m�s sencillos, un derecho personal es aquel que da la facultad de obligar individualmente a una persona a una prestaci�n cualquiera, a dar, a suministrar, hacer o no hacer alguna cosa.? (citado por E.G., Derechos Subjetivos y Relaciones Jur�dicas. A.P., p�g. 61, Buenos Aires 1992). En la doctrina mexicana E.G.�a M�ynez se�ala: ?Derecho de cr�dito es la facultad que una persona, llamada acreedor, tiene de exigir de otra, llamada deudor, un hecho, una abstenci�n o la entrega de una cosa.?. I.�n al Estudio del Derecho, Editorial P.�a, Octava edici�n, 1958, p�g. 214. El C�digo Civil vigente en el Estado de Coahuila no define ni los derechos de cr�dito ni los derechos reales pero s� permite establecer la fuente creadora de las obligaciones, as� como los requisitos de su existencia se�alando que: ?Art�culo 1689. Convenio es el acuerdo de dos o m�s personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Art�culo 1690. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toma el nombre de contratos. Art�culo 1691. Para la existencia del contrato se requiere: I.C.; y II. Objeto que pueda ser materia del contrato. Art�culo 1692. El contrato puede ser invalidado: I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; II. Por vicios del consentimiento; III. Por que su objeto, o su motivo o fin sea il�cito; y IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Art�culo. 1693. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no s�lo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambi�n a las consecuencias que, seg�n su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Art�culo 1694. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.?. Por lo tanto en el derecho civil mexicano los derechos de cr�dito tienen como fuente primordial los convenios o contratos, cuyos requisitos esenciales tanto en su aspecto de validez formal o material regulan los preceptos transcritos. Tambi�n queda claro de acuerdo a la doctrina invocada que el derecho de cr�dito es un poder de disposici�n, concedido al acreedor respecto de los bienes del deudor y que sujetan a �ste al cumplimiento voluntario o forzado de la obligaci�n. En su desarrollo las instituciones jur�dicas, particularmente las relacionadas con el derecho civil han evolucionado conforme las exigencias de la din�mica social. As� en principio las relaciones sustentadas en los derechos patrimoniales se distingu�an por su naturaleza de intuitu personae. M�s tarde, frente a la intransmisibilidad de las obligaciones surge el supuesto contrario; de tal manera que la personalidad del acreedor y del deudor son secundarias y se atiende fundamentalmente, a la funci�n patrimonial de las relaciones jur�dicas permiti�ndose la transmisi�n de cr�ditos sin el consentimiento del deudor, consistiendo b�sicamente en la sustituci�n subjetiva pero permaneciendo id�ntica la relaci�n jur�dica. La doctrina jur�dica ha explicado con suficiente claridad la evoluci�n de las relaciones crediticias, y en particular sus formas de transmisi�n. As� L.D. expone: ?El n�cleo central del derecho de cr�dito lo constituye la facultad de exigir la prestaci�n. Consiste en la posibilidad de formular una justa pretensi�n frente al deudor y reclamarle la adopci�n del comportamiento debido. La facultad de exigir la prestaci�n va acompa�ada, como medida complementaria, del poder de agresi�n sobre los bienes. El derecho del acreedor puede ser indebidamente ejecutivo si la ley ha atribuido al t�tulo constitutivo del cr�dito el car�cter ejecutivo (cfr. art. 1o., 429 LEC). Cuando el cr�dito no ha sido constituido a trav�s de un t�tulo ejecutivo, el acreedor puede convertir su derecho en ejecutivo mediante la obtenci�n de una sentencia condenatoria. Una vez convertido el derecho en ejecutivo, la facultad de exigir la prestaci�n se concreta en una facultad de agresi�n contra los bienes del deudor. La agresi�n sobre los bienes del deudor se realiza a trav�s de dos fases o etapas; la primera de ellas es el embargo y la segunda la ejecuci�n en sentido estricto, expropiaci�n o realizaci�n del valor de los bienes. El embargo, como dice G., es un acto procesal y, m�s precisamente, un acto de instrucci�n que se realiza dentro de un proceso de ejecuci�n. Mediante el embargo quedan afectados los bienes sobre los cuales el embargo recae, al resultado del proceso. Esta afectaci�n se produce mediante una sujeci�n directa y personal, que traba el bien cualquiera que sea en el futuro su titular o poseedor. Con el embargo se adquiere la potestad real de actuar jur�dicamente sobre los bienes embargados o, como se ha dicho tambi�n, un derecho real a recibir satisfacci�n con el valor de tales bienes tras su realizaci�n. La �ltima fase de la ejecuci�n forzosa del cr�dito consiste en la expropiaci�n de los bienes del deudor para destinar su importe al cobro de lo debido. Este poder o facultad de los acreedores, que puede llamarse facultad de realizaci�n de los bienes del deudor, se dirige a promover su venta en p�blica subasta y a destinar el precio obtenido a la realizaci�n del inter�s insatisfecho (v�ase Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Volumen II, Las Relaciones Obligatorias, p�gs. 102 y 103. Editorial Civitas, Madrid 1993).?. C) Las condiciones de la cesi�n de cr�dito. La cesi�n de cr�dito es una modalidad de transmisi�n de las obligaciones, implica la sustituci�n de la persona del acreedor (cedente) quien transfiere la titularidad de su derecho al cesionario sin necesidad del consentimiento del deudor. El C�digo Civil para el Estado de Coahuila as� lo establece en los art�culos 1923 y 1924: ?Art�culo 1923. Habr� cesi�n de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. Art�culo 1924. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesi�n est� prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no pod�a cederse porque as� se hab�a convenido, cuando ese convenio no conste en el t�tulo constitutivo del derecho.?. La legislaci�n como la doctrina, y en su caso, la jurisprudencia han establecido las condiciones o reglas que regulan la instituci�n de la que nos venimos ocupando. El art�culo 1924 ya transcrito establece una regla o principio general que ya ha quedado explicada, esto es, que para operar la cesi�n de cr�ditos no se requiere de la voluntad del deudor o de su consentimiento, a menos que la cesi�n est� prohibida por la ley o el cr�dito sea incedible por acuerdo o convenio de las partes. Por su parte el art�culo 1925 del cuerpo de leyes en cita ordena en la cesi�n de cr�ditos se observar�n las disposiciones relativas al acto jur�dico que le d� origen transmiti�ndose por la cesi�n de derechos todos aquellos otros que comprenda como la fianza, la hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente seg�n se advierte del contenido del art�culo 1926. Para celebrar el acto traslativo de cesi�n de cr�ditos la ley no exige mayor formalidad para su otorgamiento que conste en escrito privado que firmar�n cedente y cesionario y dos testigos, salvo que la ley disponga que se otorgue en instrumento p�blico. En el mismo orden, es requisito indispensable para la cesi�n de cr�ditos el conocimiento de la misma por parte del deudor. Ya dijimos que para la transmisi�n del cr�dito no se requiere de su consentimiento pero en los t�rminos del art�culo 1930 es un derecho del deudor el que se le haga saber mediante la notificaci�n respectiva, ya sea judicialmente, ya extrajudicial, ante dos testigos o ante notario de la cesi�n puesto que mientras ello no acontezca el deudor tiene el derecho de librar la obligaci�n pagando al acreedor primitivo seg�n lo dispone el art�culo 1934 del C�digo Civil que venimos citando. Desde luego existen obligaciones con cargo al cedente como aquellas que el cr�dito cedido exista efectivamente y tenga su fundamento en un t�tulo v�lido, salvo que el cr�dito se haya transmitido con car�cterde dudoso, seg�n la regla contenida en el art�culo 1936 del ordenamiento legal que venimos comentando. D) Efectos de la cesi�n de los cr�ditos con relaci�n a terceros. En materia de las obligaciones que tienen como fuente el convenio o el contrato el principio tradicionalmente aceptado es el res inter alios acta neque nocere neque prodesse potest axioma que en traducci�n completa significa ?la cosa hecha entre unos no puede perjudicar ni aprovechar a otros?. En congruencia con lo anterior, las personas que no intervienen como autores ni como partes en la celebraci�n de un convenio o contrato se llaman terceros. En la doctrina francesa G.M. en su Derecho Civil, Teor�a General de las Obligaciones, Volumen I, p�g. 166 se�ala: ?2o. En oposici�n a las partes, los terceros son las personas cuya voluntad de ninguna manera ha intervenido en el contrato y que no tienen ning�n v�nculo jur�dico con las partes de que se trata. A estos terceros, absolutamente extra�os a los contratos y a los contratantes se les designa con el nombre de poenitus extranei.?. En un memorable ensayo titulado Los Sistemas de Registro P�blico, M.B.S. se preguntaba: ?�Qui�n es el tercero al que protege el art. 3193 de nuestro c�digo vigente y el art. 3003 del c�digo de 1928? Es tercero para los efectos de estos art�culos, todo el que adquiera el dominio u otro derecho real sobre un inmueble. El Registro P�blico es una instituci�n que se ha establecido respondiendo a la necesidad de que quienes traten de adquirir el dominio u otro derecho real sobre un inmueble, puedan enterarse del estado jur�dico de ese inmueble; es decir, que puedan saber qui�n es el propietario de �l y qu� derechos reales pesan sobre el mismo. Conforme al registro deben resolverse los conflictos entre los distintos adquirientes de derechos reales sobre determinado inmueble (v�ase la revista Jur�dica. Tomo V.J. de 1973. Universidad Iberoamericana).?. El Poder Judicial de la Federaci�n en una ejecutoria pronunciada durante la 5a. �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tercera Sala, Tomo XXXVIII, p�g. 1092 sostuvo: ?Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Quinta �poca. Tomo: XXXVIII. P�gina 1092. REGISTRO P�BLICO. Nuestra legislaci�n, apegada al concepto contractual romano de �tercero�, ordena toda la materia relativa al registro, en funciones de ese concepto. El t�rmino �tercero�, se usa no s�lo como opuesto al de parte de contratante, sino tambi�n como opuesto a aquel que, en forma alguna, deriva sus derechos de una de las partes. Los terceros son pues todos aquellos que, si bien no figuran en el acta o contrato relativo, han adquirido el dominio y otro derecho real, sobre la finca enajenada, gravada o hipotecada, o que ha sido materia del contrato, esto es, los que han adquirido tambi�n alg�n derecho real, aunque tampoco hayan intervenido en el acto o contrato es pues tercero, el adquiriente que se apoya en la inscripci�n del registro, para fundamentar su adquisici�n, o sea, el que adquiere bas�ndose en una inscripci�n antecedente, y tambi�n el que deriva su relaci�n con algunas de las partes, del derecho inmobiliario o real, no del creditual. La instituci�n del Registro P�blico es ajena a la protecci�n de los acreedores personales, toda vez que al conceder cr�dito a su deudor, lo dejaron en libertad de disponer de su patrimonio, salvo los casos de fraude previstos por la ley. Todo lo tocante al registro, que establece la ley, respecto de los conflictos de derechos, que puedan suscitarse, se refiere s�lo a los derechos reales; la inscripci�n no tiene, en general, valor alguno con relaci�n a las partes otorgantes: no equivale a una legitimaci�n del derecho, ni mucho menos implica la creaci�n de una ficci�n jur�dica, distinta de la real y es frente a los terceros, cuando la inscripci�n tiene funciones de solemnidad. Cuando el deudor de una suma de dinero tiene obligaci�n de pagar con todos sus bienes presentes y futuros, y el acreedor del derecho correlativo, esa obligaci�n se singulariza mediante la designaci�n que se hace en el embargo de los bienes que deben quedar afectos al pago, y que, naturalmente, ser� leg�tima, en tanto que se haga sobre bienes del deudor, y no en bienes que han salido de su patrimonio, por m�s que no hayan sido inscritos a�n a favor del nuevo due�o; porque si esta exigencia fuera necesaria, equivaldr�a a imponer dicha formalidad para la validez del contrato de traslaci�n de propiedad, que se perfecciona s�lo por el consentimiento. Realizada la venta de un inmueble, no puede invalidar sus efectos la inscripci�n que en el Registro P�blico logre un extra�o, contra su poseedor anterior, por raz�n de un embargo, porque esto no cambia la naturaleza del derecho del acreedor, ni su registro tiene sustantividad; sus efectos son de publicidad, referentes a la propiedad ra�z. El acreedor que arranca sus derechos de actos que pueden ser registrados, no por esa circunstancia ha de afectar a inmuebles que salieron del patrimonio de su deudor; entonces no se est� en presencia de una limitaci�n al derecho del deudor, sino de un acto extra�o al que se quiere hacer producir efectos contra el adquiriente de esos bienes, s�lo porque fue inscrito. Tomo XXXVIII, p�g. 1092. Recurso de s�plica 89/32. S.. de Ac. C�a. Mexicana Molinera de Nixtamal, S. 6 de junio de 1933. Unanimidad de cinco votos.?. En la codificaci�n civil vigente del Estado de Coahuila el art�culo 2883 establece que se inscribir�n en el Registro P�blico de la Propiedad los t�tulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesi�n o los dem�s derechos reales sobre inmuebles; por consiguiente el art�culo 2884 dispone: ?Art�culo 2884. Los documentos que conforme a este c�digo deban registrarse y no se registren, s�lo producir�n efectos, por cuanto a los actos jur�dicos que comprendan, entre quienes los otorguen; pero no podr�n ser oponibles a terceros, el cual s� podr� aprovecharlos en cuanto le fueren favorables. Se entiende por terceros, para los efectos del registro, a todos aquellos que tengan constituidos o inscritos derechos reales, grav�menes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripci�n conforme al art�culo 2880 de este c�digo y, por tanto, s�lo dichos terceros podr�n invocar la falta de registro, cuando se les pretenda oponer un acto, contrato, resoluci�n o documento que debi�ndose registrar, no se hizo as�, a efecto de que no les sea oponible, ni los perjudique.?. En este orden de ideas, la publicidad hace compatible la tutela del acreedor con la tutela de la propiedad. Se pretende conseguir la movilidad del tr�fico inmobiliario y de los derechos reales por la seguridad de las partes y del cr�dito. Los t�tulos no inscritos como lo explica la doctrina, la jurisprudencia y la ley son inoponibles y la inoponibilidad es una garant�a de seguridad para el acreedor. En efecto, la inscripci�n de un cr�dito garantiza al acreedor frente a los cr�ditos aun anteriores no inscritos, hipotecas o cargas ocultas, o frente a los actos traslativos del inmueble; por tanto no garantiza ni la titularidad del inmueble por el deudor ni la identidad de la finca. Respecto de las cargas y grav�menes ocultos, �stos no pueden hacerse valer frente a la inscripci�n o anotaci�n de una adquisici�n o cr�dito; y �stos adquieren por consecuencia una preferencia sobre las cargas o grav�menes no inscritos como consecuencia de su car�cter p�blico y manifiesto. Por su seguridad, el registro abarata el cr�dito y se convierte en el pilar central de un sistema financiero saneado, lo que a su vez permite el desarrollo econ�mico con seguridad; pero adem�s en lo jur�dico evita maquinaciones o maniobras defraudatorias en perjuicio de los terceros a la vez que asegura la credibilidad de los procedimientos de ejecuci�n procesal y la efectividad misma del proceso. E) Los derechos reales: las garant�as accesorias y la hipoteca. Los derechos reales son los derechos que tienen por objeto las cosas del mundo exterior y dan a su titular un poder directo e inmediato sobre las cosas, poder cuya extensi�n var�a seg�n el derecho mismo. De ah� el epiteto de derecho real: jus in re. Desde luego los derechos reales son una especie de los derechos patrimoniales, la que a su vez se subdivide en derechos principales y derechos accesorios cuya misi�n es garantir la ejecuci�n o pago de un derecho de cr�dito. Por ello la doctrina los reconoce como garant�as accesorias. Al respecto E.G.�a M�ynez despu�s de examinar las diversas doctrinas postuladas por las distintas escuelas jur�dicas concluye definiendo: ?Derecho real es la facultad correlativa de un deber general de respeto que una persona tiene de obtener directamente de una cosa todas o parte de las ventajas que �sta es susceptible de producir.? (op. cit. p�g. 2149). Para los efectos del medio de impugnaci�n constitucional que formulamos es oportuno se�alar que el derecho real es por su naturaleza un derecho absoluto cuyos efectos consisten en su valor erga omnes. Las garant�as accesorias tienen por objeto precisamente, afirmar la situaci�n del acreedor y asegurar el cumplimiento de la obligaci�n ... hay garant�a real, cuando el acreedor tiene la seguridad de ser pagado, con preferencia a cualquier otro causahabiente de su deudor, ya sea con todos los bienes de este �ltimo, o con determinados bienes especialmente afectados a la deuda; ejemplo: la hipoteca (G.M., op. cit. p�gs. 9 y 10, Volumen II). F) El derecho real de hipoteca. La hipoteca como tal, es decir, como derecho real tiene diversas acepciones en la doctrina. En algunos casos se le considera dentro de los derechos accesorios de car�cter patrimonial el derecho real por excelencia, en otros como simple garant�a y generalmente como contrato en cuanto que es definido como una de las convenciones especiales legalmente reconocidas para el aseguramiento de obligaciones principales. D.J.M.�a Manresa y N. en sus c�lebres comentarios al C�digo Civil espa�ol expone las ideas que preceden y propone la siguiente definici�n: ?El contrato de hipoteca, entendi�ndose por tal aquel en que el deudor asegura al acreedor el cumplimiento de una obligaci�n principal, afectando especialmente al asegurar de la misma bienes inmuebles o derechos reales impuestos sobre ellos para el caso de que no sea cumplida dicha obligaci�n en el plazo estipulado (v�ase op. cit. Tomo XII, E.R., S., Madrid, 1973, p�gs. 625 y siguientes).?. Tambi�n conviene tener presente la idea jur�dica de las hipotecas voluntarias que son aquellas convenidas entre las partes o impuestas por disposici�n del due�o de los bienes sobre los que se establezcan. Es decir, pueden proceder de diferentes t�tulos por actos entre vivos, o por v�a testamentaria. Pero en cualquier caso la hipoteca tiene su fundamento en la voluntad del hipotecante libremente manifestada lo que permite afirmar que el derecho real de hipoteca puede constituirse por acto unilateral dicho acto para constituir, para crear o para nacer el derecho de hipoteca. En el derecho mexicano R.R.V. (Derecho Hipotecario Mexicano, M�xico, D.F., 1945 sobretiro al T.I., de la obra de contratos publicada por la Editorial JUS), porque la siguiente definici�n: ?La hipoteca es un derecho real que se constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles, enajenables, para garantizar el cumplimiento de una obligaci�n principal sin desposeer al due�o del bien gravado, y que otorga su titular los derechos de persecuci�n, de venta y de preferencia en el pago, para el caso de incumplimiento de la obligaci�n.?. En tanto el C�digo Civil del Estado de Coahuila en su art�culo 2774 reconoce a la hipoteca como garant�a real y define: ?Art�culo 2774. La hipoteca es una garant�a real sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a �ste en caso de incumplimiento de la obligaci�n garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley.?, y respecto a la hipoteca voluntaria el art�culo 2801 establece: ?Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por disposici�n del due�o de los bienes sobre que se constituyen (sic)?. En una s�ntesis apretada y siguiendo las ideas de los tratadistas citados con apoyo en lo expresado G.M. en su obra ya citada, dejaremos establecido que la hipoteca convencional en cuanto a su constituci�n debe reunir requisitos o condiciones de fondo y forma, reconocidos por la doctrina universal. Desde luego como contrato, la hipoteca constituida por voluntad del hipotecante debe ajustarse a los principios generales de que la cosa objeto de un contrato debe existir en la naturaleza, estar en el comercio y ser determinada o determinable y recaer sobre inmuebles que sean enajenables. As� satisfechos los requisitos de todo contrato, las condiciones de fondo de la hipoteca son las siguientes: I. Un cr�dito por garantizar. II. Un inmueble susceptible de ser hipotecado. III. E.�n del cr�dito y de la garant�a. IV. Que el constituyente sea el propietario del bien hipotecado. V. Que sea capaz para hipotecar los bienes. Sobre el primer aspecto es resaltadamente importante se�alar que: La hipoteca tiene por objeto garantizar un cr�dito y no se comprende sin la existencia de ese cr�dito. Expr�sase lo anterior diciendo que la hipoteca es un derecho real accesorio, o hablar del car�cter accesorio de la hipoteca ... el car�cter accesorio de la hipoteca se revela tambi�n en que sigue normalmente la suerte del cr�dito garantizado. Se transmite con el cr�dito (G.M., op. cit., p�g. 128, Volumen III, Garant�as Accesorias). G) D. Registro P�blico. En la doctrina jur�dica se reconoce al Registro P�blico de la Propiedad como ?una instituci�n dependiente del Estado (Poder Ejecutivo) que tiene por objeto proporcionar publicidad a los actos jur�dicos regulados por el derecho civil, cuya forma ha sido realizada por la funci�n notarial, con el fin de facilitar el tr�fico jur�dico a trav�s de un procedimiento legal cuya consecuencia es en s�ntesis la seguridad jur�dica. G.C.�n S�nchez. Procedimiento R. de la Propiedad, p�gs. 13 y 14, Editorial P.�a, primera edici�n, 1972.?. En tanto que L.C. y de T. establece que ?el derecho registral, tambi�n sirve al derecho civil pues hace posible y facilita la publicidad que deben revestir ciertos actos jur�dicos, o ciertas situaciones o �status� cuya naturaleza as� lo requiere para la debida seguridad jur�dica (Derecho Notarial y Derecho R.. Editorial P.�a, S. Segunda edici�n 1970, p�g. 210).?. El C�digo Civil del Estado de Coahuila en su art�culo 2880 establece: ?Art�culo 2880. El Registro P�blico de la Propiedad del Estado de Coahuila es una instituci�n jur�dica unitaria, dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto regular la inscripci�n de los actos relativos a la constituci�n, transmisi�n, modificaci�n, gravamen y extinci�n del derecho de propiedad y de los dem�s derechos reales sobre los bienes; los actos relativos a la constituci�n, modificaci�n y extinci�n de las personas morales, as� como los otros actos, documentos, contratos, resoluciones y diligencias judiciales a que este mismo t�tulo se refiere, y a las consecuencias inherentes a dichas inscripciones.?. En tanto que la ley reglamentaria del Registro P�blico de la Propiedad para el Estado de Coahuila en vigor establece que: ?Art�culo 3o. Los actos a que se contrae el art�culo 1o. s�lo se inscribir�n a petici�n de quien tenga inter�s en asegurar el derecho que se va a inscribir, de su representante, o bien del notario que haya autorizado la escritura de que se trate.?. Este ordenamiento reglamentario dispone en su art�culo 117 que se inscribir�n en la secci�n segunda la hipoteca, los actos por virtud de los cuales se haya vendido, donado, cedido, dado en pago, adjudicado y permutado o extinguido por cualquier causa el derecho real de hipoteca, o las resoluciones en que se haya declarado consumada la prescripci�n negativa del mismo derecho. El Poder Judicial de la Federaci�n en la ejecutoria M. de la Pe�a sucesi�n, pronunciada con motivo del amparo directo 3388/56, 8 de julio de 1963, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Tercera Sala. Volumen LXXIII, p�g. 52, Sexta �poca, sostuvo: ?REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD. PRINCIPIO DE LA FE P�BLICA REGISTRAL. De lo que disponen los art�culos 3006 y 3007 del C�digo Civil, se desprende que en el sistema de nuestro Registro P�blico de la Propiedad, sus asientos son meramente declarativos, sin embargo y s�lo en garant�a de la seguridad del tr�fico inmobiliario y en beneficio del tercero que adquiere confiado en el registro a t�tulo oneroso y de buena fe, entra al juego el principio registral llamado de la fe p�blica registral, por cuya virtud el contenido del asiento se reputa verdadero, aun cuando pudiera no serlo porque fuera contra la realidad jur�dica, atribuy�ndole a la inscripci�n una validez juris et de jure independiente de la validez y aun de la existencia del t�tulo que pudo haberlo creado; es decir, se otorga a la inscripci�n una sustantividad a virtud de lo cual se llega a admitir el caso de que el titular registral transmita algo que no est� en su patrimonio y que el tercer adquiriente de buena fe y a t�tulo oneroso se convierta en su propietario por obra exclusiva del registro contra todos los principios del derecho civil relativos a las fuentes de las obligaciones. Evidentemente esta adquisici�n tabular de la propiedad es una adquisici�n del principio de la fe p�blica registral, es posible gracias al art�culo 3007 citado. Pero este tipo de adquisiciones s�lo se admite en forma excepcional cautelosa y condicionada al supuesto de hecho integrado por la concurrencia de todos los requisitos o circunstancias que el dispositivo citado establece y son: a) La existencia de un negocio jur�dico de adquisici�n a favor del tercero; b) Que esa adquisici�n sea a t�tulo oneroso; c) Que lo sea tambi�n de buena fe; ch) Que tal negocio jur�dico sea v�lido en s� mismo; d) Que dicho negocio jur�dico se inscriba; e) Que el que en este negocio act�a de transferente sea aquel que seg�n el registro aparezca con facultad para transmitir; y f) Que el derecho del otorgante se anule o resuelva en virtud del t�tulo anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.?. Respecto de las formalidades del Registro P�blico habr� que tener en cuenta la destacada opini�n de R.V. (op. cit. p�gs. 127 y 128) en la que explica la evoluci�n del sistema registral de acuerdo con los ordenamientos vigentes, debi�ndose tener presente la fecha de publicaci�n de la obra; no obstante lo cual la exposici�n es v�lida. Dice el destacado civilista mexicano lo siguiente: ?Para estudiar las formalidades de la hipoteca en el c�digo vigente, es necesario analizar primero el sistema anterior, que comprende dos periodos; el primero de 1870 y 1917, y en el segundo de 1917 al C�digo Civil vigente. Desde 1870 hasta 1917 se estableci� el principio de que la hipoteca no surt�a efecto legal alguno, sino mediante su registro, es decir, se consider� que el registro era una solemnidad para la constituci�n de la hipoteca, y a su vez, se estableci� que no pod�a inscribirse o registrarse ninguna hipoteca que no estuviera otorgada en escritura p�blica. De aqu� resultaba que no s�lo el registro era una solemnidad, sino que tambi�n su antecedente necesario, o sea, el otorgamiento de la hipoteca en escritura p�blica. Se consideraba como una solemnidad, en virtud de que la hipoteca no llegaba a existir, si no se cumpl�an esas dos formas. En rigor, �sta era una solemnidad indebida, supuesto que la finalidad del Registro P�blico es establecer un r�gimen de publicidad con respecto a los terceros y no para las partes. De esta suerte, la formalidad del registro se elevaba a elemento de existencia de la hipoteca, no s�lo conrelaci�n a terceros, sino tambi�n para las partes. Desde un punto de vista estrictamente jur�dico, la falta de inscripci�n no debe perjudicar a las partes, menos al acreedor hipotecario, quien puede hacer valer su hipoteca en contra de su deudor, o del sucesor universal de �ste, esto es, de su heredero. A pesar de que es �sta la finalidad del Registro P�blico, sin embargo, es necesario reconocer, por una disposici�n del derecho positivo, que desde 1870 hasta 1917, la hipoteca no llegaba a existir, ni aun respecto a las partes, si no se registraba. Por lo tanto, no s�lo el registro, sino tambi�n la constituci�n de la hipoteca en escritura p�blica, constituy� la solemnidad de este contrato. A partir del 3 de abril de 1917, por un decreto del primer jefe del Ej�rcito C.onalista, se reform� el art�culo respectivo, 1889, del C�digo Civil de 1884, y se estableci� que la hipoteca no surtir� efecto legal contra tercero, sino a partir de la fecha de su inscripci�n. Al hacer la reforma de este art�culo no se modific� el 1857 que establec�a: �La hipoteca nunca es t�cita, ni general; para subsistir necesita siempre de registro�. No obstante, es tan clara la intenci�n del legislador de 1917, al indicar que la hipoteca no producir� efecto legal contra tercero, sino a partir de su vigente art�culo 1957, pudiera entenderse que esa formalidad era reputada como una solemnidad necesaria para que la hipoteca surtiera efectos con respecto a las partes. Adem�s, dentro del t�rmino �subsistir� no se indica necesariamente la existencia del acto jur�dico en cuanto a sus elementos esenciales. Finalmente, a partir de 1932, fecha en que entr� en vigor el C�digo Civil actual, se establece claramente que la hipoteca necesita ser inscrita para que surta efectos contra tercero, y ya no se reproduce el art�culo 1857 del c�digo de 1884, que suscitaba una duda al indicar que la hipoteca para subsistir necesitaba siempre de registro. Simplemente se dice en el art�culo relativo: �La hipoteca nunca es t�cita, ni general; para producir efectos contra tercero necesita siempre de registro�. Ya aqu� con toda claridad tenemos determinado el alcance de la inscripci�n. Por otra parte, en el c�digo vigente se suprime el cap�tulo denominado en el anterior: �D. registro de las hipotecas�, pues tanto en el c�digo de 1870 como en el de 1884 se crey� necesario establecer un cap�tulo especial para registro de las mismas; adem�s de las disposiciones generales relativas al registro de otros actos o contratos. En el c�digo actual se juzg� innecesario este cap�tulo, supuesto que el registro de las hipotecas puede quedar reglamentado al organizarse el registro de los actos, escrituras o documentos que conforme a la ley necesita inscripci�n, para que surtan efectos contra terceros; en esta virtud, adem�s del art�culo 2919 del c�digo actual, existe la disposici�n general contenida en el art�culo 3003, al establecer que los documentos que conforme al C�digo Civil deban registrarse, y no se registren, no producir�n efectos contra terceros; y en el 3002 se indica que deben inscribirse todos aquellos actos que impliquen la constituci�n de derechos reales sobre inmuebles, o por los cuales se grave su posesi�n, o se transmita su dominio. La hipoteca, como derecho real sobre inmuebles, y como modificaci�n de su dominio, motiva la necesidad del registro. El art�culo 3003, que s� consagra su verdadera funci�n, exist�a en el c�digo anterior como precepto general para la inscripci�n de los actos en los cuales era necesario el registro, pero quedaba pr�cticamente derogado por el precepto 1889 que categ�ricamente privaba de todo efecto legal a la hipoteca, con respecto a las partes, si no se registraba.?. Retomando el derecho extranjero en Espa�a J.A. �lvarez C., Derecho Inmobiliario R., Civitas, primera edici�n 1986, ha desarrollado la moderna doctrina registral formulando los ejes centrales de su tesis en los siguientes t�rminos: ?Desde una perspectiva m�s inmediata, el registro de la propiedad es el instrumento indispensable del moderno sistema financiero. En la reforma tributaria liberal, de la que es pieza clave el registro, se pretende hacer posible la sustituci�n de los innumerables grav�menes a la producci�n y consumo de los bienes, que se asentaban sobre las autonom�as locales, por la unidad y libertad del mercado (que se asienta sobre la soberan�a del Estado). Los nuevos impuestos gravan la propiedad y no la producci�n o el comercio; el registro es el instrumento t�cnico en los nuevos impuestos llamados a sustituir a los antiguos, y suele aparecer ligado a la reforma tributaria. No se puede minusvalorar las enormes energ�as econ�micas y sociales que libera la tutela del cr�dito; hace posible la formaci�n de capital y el desarrollo econ�mico capitalista. Como consecuencia de la tutela del cr�dito aparece el sistema financiero moderno (dinero fiduciario, banca p�blica), asentado y fundado a su vez en una reforma tributaria (que s�lo se hace posible por el registro de la propiedad), y sobre todo, la financiaci�n de la burocracia; por eso el Estado y su nuevo sentido y legitimidad presiden todo el proceso de reforma de la propiedad y del cr�dito; tutela la libertad de propiedad, tutela de la libertad de mercado, tutela del cr�dito. �Puede el derecho de la propiedad y sus cargas incorporarse a un t�tulo (el registro)?, �puede fundarse el derecho en el t�tulo?, �puede sustituirse el derecho por el t�tulo?, �cu�les son los l�mites y condiciones para que la titulaci�n formal sustituya a la propiedad material?. No puede ocultarse que la identificaci�n entre el derecho y el t�tulo aportar�a indudables ventajas; desde el punto de vista privado, la tutela general del cr�dito, la seguridad y estabilidad del tr�fico inmobiliario, la garant�a del adquiriente; desde el punto de vista p�blico, la posibilidad de fundar una reforma tributaria y distribuir justamente las cargas p�blicas, la facilidad para la actividad planificadora (ordenaci�n urbana, reforma de la agricultura) y, en general, la simplificaci�n de la actividad administrativa (en temas tan diversos como expropiaci�n forzosa o inventario de los bienes de los distintos sujetos p�blicos). El formalismo es siempre una garant�a del derecho frente a las c�balas de leguleyos o a los sue�os dogm�ticos de los bur�cratas; la publicidad es, adem�s, una garant�a objetiva de justicia, pues la propiedad deja de ser una pura apariencia para llenarse de una realidad sustancial (la redistribuci�n del Estado).?. H) El art�culo 2807 del C�digo Civil vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza. La noci�n de acto de administraci�n, la teor�a de los negocios fiduciarios y los negocios indirectos. En los apartados que anteceden hemos expuesto las teor�as jur�dicas nacionales como extranjeras, los preceptos legales y el criterio jurisprudencial vinculados con las instituciones inmersas dentro del contexto del art�culo 2807 del C�digo Civil vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza reformado por el decreto de 29 de julio de 1977. Sin embargo, estimamos notoriamente extra�a al derecho civil y en especial a la noci�n conceptual de cesi�n de cr�dito la expresi�n ?siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos. En caso de que deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, deber� notificar por escrito la cesi�n al deudor?. �C�mo conciliar el nuevo contenido del art�culo 2807 del C�digo Civil de Coahuila de Zaragoza, con la doctrina universal, las disposiciones legales y los criterios jurisprudenciales tan prolijamente citados con antelaci�n? Desde nuestra perspectiva la nov�sima redacci�n del precepto legal reformado constituye una rara avis en la sistem�tica del ordenamiento civil coahuilense, que ha seguido desde siempre, el modelo del C�digo Civil de 1928 para el distrito y territorios federales en materia com�n y para toda la R.�blica en materia federal. En efecto sustentamos el criterio de que la redacci�n del precepto mencionado debe analizarse a partir de la ?mercantilizaci�n del derecho civil?, en particular en la modalidad de transmisi�n de obligaciones (cesi�n de cr�ditos). Por ello la inconstitucionalidad del precepto impugnado: la intenci�n de favorecer a los grupos plutocr�ticos, en especial, a los comerciantes en dinero o intermediarios financieros. Tambi�n es manifiesta la ruptura del Estado de derecho que se institucionaliza a partir de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Para corroborar lo anterior basta se�alar que el art�culo 2807 del C�digo Civil de nuestro Estado, es una copia mutilada o en el mejor de los casos modificada del art�culo 2926 del C�digo Civil del Distrito Federal en materia com�n y en materia federal para toda la R.�blica; aunque hacemos hincapi� que la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo de Coahuila de Zaragoza es exactamente la misma; siendo tambi�n sustancialmente igual la exposici�n de motivos. En ambos casos, se menciona el impulso y el desarrollo de programas habitacionales o de viviendas para el inter�s social. Al respecto es ilustrativo lo expuesto por el C. presidente de la R.�blica en la iniciativa de reforma y proyecto de decreto remitida a la C�mara de Senadores el d�a 28 de marzo de 1996. En ella el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sostuvo: ?El gobierno federal estima fundamental promover nuevos mecanismos que coadyuven a simplificar el incremento de recursos crediticios, que permitan acceder con m�s facilidad a un mayor n�mero de mexicanos a una vivienda digna. La creciente demanda habitacional en el Distrito Federal causada, entre otros factores por elevadas tasas de crecimiento poblacional de los a�os anteriores, aunadas a los constantes movimientos migratorios, han propiciado una alta concentraci�n de habitantes en la Ciudad de M�xico. Este problema requiere de soluciones innovadoras que procuren su atenci�n oportuna y adecuada. Para la consecuci�n de tales prop�sitos, resulta indispensable facilitar el r�gimen para la cesi�n de cr�ditos hipotecarios. De esta manera se propone establecer, mediante la adici�n de dos p�rrafos al art�culo 2926 del C�digo Civil y de manera similar a otros casos contemplados por dicho c�digo, que no se requiera de notificaci�n al deudor, de escritura p�blica y de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, para realizar la citada cesi�n. La instrumentaci�n de condiciones que estimulen el desarrollo de formas de financiamiento como la que se pretende llevar a cabo, ayudar�n a responder de mejor manera al reclamo de vivienda por parte de los habitantes del Distrito Federal.?. Tambi�n es importante el dictamen de la C�mara de Senadores formulado el d�a 22 de abril de 1996 donde se sostiene: ?A.�n de la cesi�n de los cr�ditos hipotecarios. La creciente demanda habitacional en el Distrito Federal causada, entre otros factores, por las elevadas tasas de crecimiento poblacional de los a�os anteriores, aunada a los constantes movimientos migratorios han propiciado una alta concentraci�n de la poblaci�n en la Ciudad de M�xico, as� como un incremento en el d�ficit habitacional. Este problema requiere de soluciones innovadoras que procuren su atenci�n adecuada. El Gobierno Federal estima fundamental promover nuevos mecanismos que coadyuven a incrementar los recursos crediticios, que permitan a un mayor n�mero de mexicanos, acceder con m�s facilidad a viviendas dignas. Una forma de lograrlo, es mediante el desarrollo del esquema de financiamiento conocido com�nmente como �bursatilizaci�n�, mediante el cual los cr�ditos son transferidos a un veh�culo especial (fideicomiso o sociedad an�nima), el cual emite valores para fondear dichos cr�ditos. De esta manera, se ampl�a la capacidad crediticia de los acreedores, permiti�ndoseles otorgar m�s financiamientos en mejores condiciones, promoviendo de esta manera la construcci�n de vivienda. El esquema de bursatilizaci�n ha sido desarrollado de manera exitosa en otros pa�ses y ha contribuido a fomentar la construcci�n de vivienda y a abatir el d�ficit habitacional. En nuestro pa�s, no ha desarrollado, entre otras razones, debido a las formalidades para la cesi�n de cr�ditos con garant�a hipotecaria, establecidas en el art�culo 2926 del C�digo Civil para el Distrito Federal. Asimismo, dichas formalidades han inhibido el surgimiento de un mercado secundario de hipotecas que permita potenciar los recursos destinados a la vivienda. El objetivo de la reforma es el de maximizar los recursos destinados a la construcci�n y adquisici�n de vivienda, a efecto de abatir el d�ficit habitacional, as� como el de reducir su costo. La reforma propuesta no afecta los intereses de los deudores, ya que con la cesi�n del cr�dito no se modifican los t�rminos y condiciones originales de �ste. Por el contrario, les permitir� obtener financiamientos con menor costo. El derecho del acreedor a ceder su cr�dito, est� ampliamente reconocido en el C�digo Civil para el Distrito Federal. La iniciativa s�lo contempla modificaciones a las formalidades que deben observarse para la cesi�n de cr�ditos con garant�a hipotecaria, con el prop�sito de disminuir el costo y tiempo de dichas transacciones. La reforma consiste en modificar el r�gimen aplicable a la cesi�n de cr�ditos hipotecarios, mediante la eliminaci�n de algunas formalidades para la cesi�n de cr�ditos de las instituciones del sistema bancario mexicano (incluyendo fondos de fomento, como el Fovi), entidades financieras e instituciones de seguridad social. Esta propuesta es similar al r�gimen contemplado actualmente en el segundo p�rrafo del art�culo 2926 del C�digo Civil para el Distrito Federal, aplicable a cr�ditos documentados mediante t�tulos de cr�dito, as� como las cesiones de cr�ditos sin garant�a hipotecaria. Las formalidades que se modifican son las siguientes: 1. Se elimina la necesidad de inscribir la cesi�n en el Registro P�blico de la Propiedad, y se otorgan todos los derechos y acciones derivados de la inscripci�n original a el o los cesionarios; 2. Se elimina la necesidad de que el contrato se formalice en escritura p�blica; y 3. No se requiere de notificaci�n al deudor si el acreedor original contin�a llevando la administraci�n del cr�dito. En caso de que la administraci�n del cr�dito se transfiera a otra sociedad, el cesionario deber� notificarlo por escrito al deudor. La reforma anterior, contribuir� al desarrollo de un mercado secundario y a la bursatilizaci�n de los cr�ditos hipotecarios. Asimismo, multiplicar� los recursos destinados a la construcci�n de vivienda y fomentar� la creaci�n de empleos, por ser la industria de la construcci�n una de las mayores generadoras de empleo.?. Por consiguiente procedemos al an�lisis de la expresi�n legislativa ?siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos?. En caso de que deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, deber� �nicamente notificar por escrito la cesi�n al deudor. I) N.�n de acto de administraci�n. En la doctrina tradicional es reconocida la divisi�n tripartita de los actos que pueden realizarse respecto a los bienes y derechos: Los llamados actos de administraci�n de conservaci�n y de disposici�n. Por los primeros debe entenderse aquellos que tienen como principal finalidad obtener de los bienes o derechos su natural productividad o rendimiento, sin que su manejo suponga la transmisi�n, extinci�n o modificaci�n de la relaci�n jur�dica; porque entonces estar�amos en presencia de actos de disposici�n. En algunos casos, los actos de administraci�n, impl�citamente incluyen los actos de conservaci�n para obtener el mejor rendimiento de los bienes y derechos, as� por ejemplo el arrendamiento o bien el mandato cuando se refiere espec�ficamente a este tipo de actos. En el Diccionario de Derecho Privado de Editorial Labor, S., T.I., de la A a la F, reimpresi�n de 1961 se explica el concepto como sigue: ?Actos de administraci�n. D. lat�n ad ministrare, servir a. Son aquellos que, recayendo sobre bienes o derechos, tienen por objeto conservar y obtener su normal rendimiento. En oposici�n a los actos de �disposici�n�, ya que no implican transmisi�n ni extinci�n, ni aun siquiera modificaci�n de la relaci�n jur�dica, no se pueden identificar tampoco con los conservativos, que solamente son una especie de aqu�llos (v. a actos de disposici�n -en ap�ndice-, y actos conservativos). La acepci�n etimol�gica de la palabra explica bien el car�cter de estos actos. Pudiendo ser jur�dicamente actos principales, su fin es el de servir a la cosa o al derecho, impidiendo su extinci�n o su improductividad. Los tratadistas espa�oles no suelen recoger este concepto en la parte general, al tratar de los actos jur�dicos y de su divisi�n, transport�ndolo a la parte especial, al hablar del mandato y del poder. Algunos civilistas extranjeros emplean el t�rmino �actos de administraci�n extraordinaria�, para designar los de disposici�n.?. En la doctrina mexicana el licenciado F.L.N. en su Cuarto Curso de Derecho Civil, Contratos, publicado por la Asociaci�n Nacional del Notariado Mexicano, A.C., M�xico 1970; al analizar el contenido del art�culo 2554 del C�digo Civil para el Distrito Federal, de igual redacci�n que el art�culo 2448 del C�digo Civil para el Distrito Federal establece: Mandato para actos de administraci�n. ?De administraci�n y de dominio. El mandato para actos de administraci�n se refiere a actos de esa naturaleza. El mandato de dominio se refiere a los actos de disposici�n. Para entender claramente la diferencia entre el mandato general para actos de administraci�n y el de actos de dominio, tienen ustedes que acudir a los que establece la teor�a general de obligaciones respecto a los distintos patrimonios: el de afectaci�n, el de administraci�n, etc. Ahora, a trav�s de esas ideas, comprender�n que cuando se da un mandato general para actos de administraci�n, muchas veces comprende tambi�n determinados actos de disposici�n. Un comerciante, due�o de un establecimiento mercantil, otorga poder a uno de sus factores, de sus empleados; ese factor puede vender las mercanc�as porque en eso consiste el acto de administraci�n; es un patrimonio en explotaci�n y en ese patrimonio, el acto de administraci�n, no s�lo se refiere a aquellos actos conservatorios del patrimonio, sino que precisamente como es un patrimonio de afectaci�n, la administraci�n comprende, incluso, esos actos de disposici�n; podr� vender las mercanc�as; es la forma de administrar ese patrimonio.?. La doctrina mexicana y a partir de la interpretaci�n al c�digo parece inclinarse por la teor�a cl�sica del patrimonio personalidad en la medida que toda persona debe tener un patrimonio y s�lo uno. Sin embargo, no es ajena a la legislaci�n nacional la aceptaci�n de la teor�a del patrimonio afectaci�n, particularmente en la realizaci�n de negocios fiduciarios, y en especial en el fideicomiso, as� lo dispone el art�culo 82 de la L. de Instituciones de Cr�dito que establece: ?Art�culo 82. El personal de las instituciones de cr�dito utilicen directa o exclusivamente para la realizaci�n de fideicomisos, no formar� parte del personal de la instituci�n, sino que, seg�n los casos se considerar� al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Sin embargo, cualesquier derechos que asistan a esas personas conforme a la ley, los ejercitar�n contra la instituci�n de cr�dito, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que la autoridad competente dicte afectar�, en la medida que sea necesaria, los bienes materia del fideicomiso.?. Desde nuestra perspectiva y conforme al examen que formularemos en apartados posteriores nos encontramos con la modalidad mercantil de la transmisi�n fiduciaria de cr�ditos inmobiliarios o de negocios indirectos que pertenecen al campo del derecho mercantil. En virtud de que se trata de la cesi�n de cr�ditos garantizados con hipotecas para su bursatilizaci�n o venta en el mercado de valores, expresi�n que si bien no se encuentra en el art�culoreformado, no menos cierto es que est� contenida en la exposici�n de motivos, es decir, en el esp�ritu de la ley. Adem�s es la �nica forma de entender sistem�ticamente tal disposici�n porque permitir� a los comerciantes en dinero, colocar sus cr�ditos garantizados con hipoteca, en los distintos fideicomisos, en particular en el Fondo Bancario para Protecci�n del Ahorro (Fobaproa). Para apoyar lo anterior se�alaremos que con motivo de la reestructuraci�n y magnitud de compras de cartera los activos de este fideicomiso llegaron a $340?600,000,000.00 (trescientos cuarenta mil seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.) de los cuales $167?000,000,000.00 (ciento sesenta y siete mil millones de pesos 00/100 M.N.) correspondieron a programas de capitalizaci�n por pr�stamos comerciales e industriales en dieciocho fideicomisos y $173?600,000,000.00 (ciento setenta y tres mil seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.) por bancos intervenidos (cr�ditos, t�tulos, inmuebles entre otros de doce instituciones bancarias), y agrega la nota: ?el hablar de una eficaz labor de cobranza y recuperaci�n hacen necesariamente referencia al inter�s que ha generado el cr�dito a lo largo del tiempo, el monto de garant�as que soportan el pasivo, o si en un futuro podr�a recuperarse el adeudo v�a ejecuci�n de garant�as?. P.�dico El Norte, editado en Monterrey, Nuevo Le�n, secci�n ?A?, p�g. 6 de la edici�n de 12 de agosto de 1977. Se trata entonces de transmitir el cr�dito con fines de mercantilizaci�n pero reserv�ndose la instituci�n bancaria los actos de administraci�n o bien, pact�ndose mediante convenio subyacente que los cesionarios otorgan la administraci�n a las instituciones bancarias para llevar el control del cr�dito, manejo de documentaci�n contable, cobranza extrajudicial, contabilizaci�n y cobro de intereses, etc. Es decir se est� en presencia de actos mercantiles por raz�n de los sujetos que lo realizan y por raz�n de su destino, lo que notoriamente es contrario a la C.�n pues los bancos por su objeto social principal realizan actos de intermediaci�n o negocios financieros, lo que nos lleva a sostener que puede tratarse de negocios fiduciarios o negocios indirectos seg�n lo expondremos m�s adelante. Consecuentemente volvemos a las ideas doctrinarias m�s relevantes. Iniciaremos citando a A.R., Principios de Derecho Mercantil, P. General. Editora Nacional 1966; tratadista que previamente a la formulaci�n del concepto de acto mercantil utiliza el criterio de clasificaci�n de los actos mercantiles por su naturaleza intr�nseca y los actos mercantiles por conexi�n caracterizando a los primeros por un atributo com�n, esto es, que por conducto de tales actos se realiza la interposici�n en el cambio; en tanto a los segundos el autor italiano los clasific� como conexos con una operaci�n de interposici�n. Concluyendo que seg�n el c�digo italiano es acto mercantil todo aquel que realiza o facilita la interposici�n en el cambio. Por su parte el jurista espa�ol A.�n V. y G.(.�n al Derecho Mercantil Comparado, p�g. 40. Editorial Labor, S., Barcelona 1930) apunt�: ?y siguiendo el razonamiento, insensiblemente tom� cuerpo otra conclusi�n; dichos actos producen tal efecto porque son actos mercantiles por s�, esto es, actos de comercio objetivos, absolutos, que sujetan a la ley mercantil y a la competencia de los tribunales de comercio por su propia condici�n, no por las personas que los ejecutan. El sustratum de toda evoluci�n concretamente expuesta, era simplemente, que al lado de los actos mercantiles, que tienen tal car�cter porque las personas que los llevan a cabo son comerciantes, hay otros actos que son de comercio por su propia condici�n, por su esencia misma?. Seg�n el jurista citado esta tesis fue recogida por el C�digo de Comercio franc�s que hizo una enumeraci�n de los actos mercantiles (entre otras los negocios de banqueros); agregando que al c�digo franc�s se sumaron otras legislaciones enumerando los actos de comercio sustantivos y objetivos. Entre esas legislaciones se encuentra seg�n este jurista el C�digo de Comercio mexicano en su art�culo 75. La doctrina mexicana conforme a las ideas de los m�s destacados mercantilistas coinciden en establecer clasificaciones de los actos de comercio. As� por ejemplo F. de J. Tena (Derecho Mercantil Mexicano. Editorial P.�a, S. D�cimo quinta edici�n, p�g. 54) consigna la divisi�n de los actos mercantiles como sigue: ?I. Por el de los actos absolutamente mercantiles, y II. Por el de aquellos cuya mercantilidad es s�lo relativa, circunstancial pudi�ramos decir. En este segundo grupo, mucho m�s vasto que el primero, se distinguen cuatro categor�as diversas: a) Actos que responden a la noci�n econ�mica de comercio; b) Actos que dimanan de empresas; c) Actos accesorios o conexos a otros mercantiles?. M�s adelante en la misma obra, p�gina 73, al analizar el art�culo 75 en su fracc. XIV, las operaciones de banco se�ala: ?Entre los actos de comercio tambi�n enumera nuestro art�culo 75, en su fracci�n XIV, �las operaciones de banco�. Las operaciones que constituyen el comercio de banco son actos de verdadera especulaci�n mercantil, esto es, actos de mediaci�n inspirados en un prop�sito de lucro; s�lo que aqu�, a diferencia de los actos de que trata la fracci�n I, la actividad comercial no versa sobre el cambio o transmisi�n de productos directamente destinados a la satisfacci�n de las necesidades del hombre, sino que tienen por exclusivo objeto la transmisi�n lucrativa del dinero o de los t�tulos que lo representan. En una palabra, la circulaci�n monetaria y la circulaci�n fiduciaria. �No son los productos -dice T.- los �nicos llamados a la circulaci�n; tambi�n circula el dinero, e igualmente circulan los valores fiduciarios� ... Pero si queremos marcar el sello caracter�stico del comercio de banco, podemos decir que, mediante �l, el banquero se coloca entre los que ofrecen su dinero y aquellos que lo solicitan a fin de transmitirlo de unos a otros y obtener por esa funci�n de intermediario una remuneraci�n, en que consiste su ganancia (descuento, inter�s, comisi�n o cambio, seg�n los casos). P�ginas 73, 74 y 75.?. A su vez R.L.M.M.. Derecho Mercantil (Editorial P.�a. Vig�sima novena edici�n 1993. Primera reimpresi�n 1996) ?Sostiene la imposibilidad de la definici�n del acto de comercio, aceptando la existencia de actos absolutamente mercantiles y actos de mercantilidad condicionada, subdividiendo �stos en actos principales de comercio y actos accesorios o conexos que pueden ser atendiendo al sujeto, al fin o motivo y al objeto del acto. P�g. 60 y 61 y siguientes.?. Ahora bien el Poder Judicial de la Federaci�n ha sustentado el criterio que enseguida transcribimos: ?Poder Judicial de la Federaci�n 4o. CD-ROM julio de 1994. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: 7a. Volumen: 217-228. P.: Sexta. P�gina: 23. R.: ACTOS DE COMERCIO, NATURALEZA DEL. LA MATERIA DE LA CONTRATACI�N Y NO S�LO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE LA DEFINE. Texto: El acto mercantil puede depender de la calidad de las personas que en �l intervienen, del fin o motivo perseguido o del objeto sobre el que recae el acto. Si en la especie uno de los celebrantes del contrato de reconocimiento de adeudo con garant�a hipotecaria lo fue una instituci�n bancaria, cuyas operaciones persiguen un fin de especulaci�n comercial, y si la fracci�n XIV del art�culo 75 del C�digo de Comercio da a las operaciones de bancos la naturaleza de actos de comercio, tales circunstancias restan toda significaci�n al hecho cierto de que una de las partes celebrantes no tenga la calidad de comerciante ni de banco o banquero, pues basta la calidad de su contraparte para que su relaci�n jur�dica se repute como acto de comercio. Tribunal Colegiado del D�cimo Sexto Circuito. Precedentes: Amparo directo 575/87. R.�o M. de B. y coagraviados. 29 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: I.P.�n R..?. ?Poder Judicial de la Federaci�n 4o. CD-ROM julio de 1994. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Octava. Tomo: V Segunda P.-1. P�gina: 37. R.: ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA V�A MERCANTIL. Texto: Cuando el acto del que deriva la obligaci�n es de car�cter eminentemente mercantil, es decir, de aquellos que la ley reputa como actos de comercio, las acciones respectivas deben deducirse conforme a las leyes del enjuiciamiento mercantil; pues se trata de un conjunto de normas imperativo-atributivas vigentes y, por lo mismo, obligatorias. En consecuencia el demandado tiene derecho a defenderse mediante los procedimientos legales y disposiciones que rijan la naturaleza del acto, por as� encontrarse garantizado por el art�culo 14 de la C.�n General de la R.�blica; y aun cuando pudiera existir mayor amplitud de defensa en la ley civil, no puede dejar de aplicarse la ley vigente para el caso, por la sola voluntad de una de las partes. Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Precedentes: Amparo directo 157/89. Compa��a Arrocera Valencia, S. de C.V. 24 de enero de 1990. M.�a de votos. Ponente: J.M.B.V.�zquez. S.retario: J.R.�n B.�n Cuesta.?. Determinada la naturaleza de los actos mercantiles a la luz de la doctrina y la jurisprudencia (m�s adelante abordaremos lo relacionado con el C�digo de Comercio, en particular con las operaciones de banco, fracc. XIV del precepto); es menester preguntarse sobre la naturaleza de la expresi�n que venimos analizando, toda vez que de la exposici�n de motivos del Ejecutivo del Estado, del dictamen unido de las Comisiones de Gobernaci�n y Puntos C.onales del Congreso del Estado de Coahuila, as� como tambi�n de la iniciativa de ley enviada al Congreso de la Uni�n por el C. Presidente C.onal de los Estados Unidos Mexicanos y del dictamen de la C�mara de Senadores, todo ello ya transcrito, nos encontramos que la intenci�n del legislador coahuilense es a trav�s de la reforma al C�digo Civil, facilitar la mercantilizaci�n de los cr�ditos garantizados con hipoteca para con ello obtener recursos frescos con el prop�sito de impulsar los programas de vivienda y que adem�s ser�a ben�fico porque implicar�a la posibilidad de construir m�s de cinco mil viviendas para familias con ingresos de uno y medio salarios m�nimos, adem�s de que la industria de la construcci�n posibilitar�a la creaci�n de veinte mil empleos permanentes y los nuevos mecanismos financieros implican en el mediano y largo plazo mejores apoyos para el desarrollo de nuestra comunidad. Es decir, el legislador coahuilense hizo suya la idea expresada por el Ejecutivo Federal y explicada en el dictamen de la C�mara de Senadores la que estim� pertinente y oportuna la bursatilizaci�n de los cr�ditos hipotecarios incluso a trav�s de fideicomisos. Por ello, se debe considerar que la expresi�n ?siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos? que utiliza el art�culo 2807 nos coloca ante figuras de car�cter mercantil; cuya materia es reservada al Congreso Federal seg�n lo vamos a exponer p�rrafos adelante. Tales figuras ser�a el llamado endoso fiduciario, los negocios fiduciarios o los negocios indirectos explic�ndolo en los siguientes t�rminos: Sabemos bien que el endoso en procuraci�n o endoso al cobro permite la transmisi�n del t�tulo o cr�dito mercantil (cuando se permite el endoso de tales cr�ditos) con el objeto de facilitar el ejercicio de los derechos que consigna el t�tulo o cr�dito mercantil a nombre del endosante. Es de explorado derecho y de sentada jurisprudencia que este tipo de endoso es un verdadero mandato constituido en favor del endosatario. Pero puede suceder que el endoso se confiera bajo la forma simulada de endoso en propiedad (endoso fiduciario a veces como lo explica don F. de J.T., con la intenci�n de poner a salvo al endosatario de las excepciones que pudiera tener el deudor frente al endosante. En este �ltimo caso, puede existir la simulaci�n de negocio jur�dico con el prop�sito de privar de las excepciones al deudor, en cuyo caso se trata de un acto mercantil il�cito impugnable mediante la nulidad absoluta y radical del mismo. Tambi�n pudiera pensarse del llamado endoso en garant�a por virtud del cual el endosante faculta al endosatario o le atribuye derechos y obligaciones de acreedor prendario, quien recibe el t�tulo por derecho propio ?en virtud de un derecho real que ha entrado en su patrimonio y ca�do bajo su dominio?. Aqu� es pertinente hacer hincapi� que el endoso en garant�a se relaciona con la titularidad del cr�dito y sus accesorios, es decir, la garant�a hipotecaria; obteniendo el endosante la ventaja de una adquisici�n aut�noma independiente de los derechos del endosante. Igualmente sostenemos que la expresi�n aludida nos coloca en t�rminos generales frente a los llamados negocios fiduciarios, para algunos especie de los llamados negocios indirectos y de los que se han encargado de estudiar, entre otros, de manera por dem�s destacada el ilustre mercantilista mexicano J.B.G. quien en la obra Estudios del Derecho Mercantil, Editorial P.�a, S., M�xico 1958, al abordar el tema Los negocios fiduciarios y el fideicomiso. P�g. 311 a 345, se�ala que la autonom�a de la voluntad como principio de la libre contrataci�n permite a los particulares crear figuras, contratos y negocios at�picos o innominados, que escapan a la clasificaci�n del c�digo incluso a una reglamentaci�n particular precisamente porque los negocios fiduciarios permiten conseguir fines que a trav�s de los negocios t�picos no pueden alcanzarse, posibilitando transmisiones nominales o reales de bienes y derechos que en ning�n caso favorecen a los adquirentes inmediatos citando en su estudio a P. quien se�ala: ?Se llaman fiduciarios aquellos negocios por medio de los cuales una parte transmite a la otra la plena titularidad de un derecho, mediante la obligaci�n del adquirente de retransferir el mismo derecho, al enajenante o a un tercero, con la consecuencia de una cierta finalidad pr�ctica. Se transfiere la propiedad para que el adquirente realice ciertos actos �tiles al enajenante u obtenga la garant�a de un cr�dito que tiene contra el propio enajenante.?. Con apoyo en tal doctrina formula el siguiente concepto ?entendemos por negocio fiduciario en virtud del cual una persona transmite a otra ciertos bienes o derechos oblig�ndose �sta afectarlos a la realizaci�n de una finalidad l�cita determinada y, como consecuencia dicha finalidad a retransmitir dichos bienes o derechos a favor de un tercero o revertirlos a favor del transmitente?. Explica el autor citado que no es admisible la idea de la transmisi�n de la propiedad a t�tulo de propiedad fiduciaria o com�n desdoblamiento del derecho de propiedad, porque la transmisi�n es erga omnes; sin embargo reconoce que estos negocios son tipo especial de relaci�n en virtud de la cual, habiendo transmisi�n plena, �sta se encuentra limitada internamente entre fiduciante y fiduciario oblig�ndose el primero a retransmitir los bienes o derechos al fiduciante o en favor de un tercero. Precisamente sobre el tema Enneccerus, K. y W. en su Tratado de Derecho Civil, T.I., Derecho de las Obligaciones. Volumen I.B., Casa Editorial. Barcelona. Segunda edici�n, sostiene: ?IV. Merece un examen especial la cesi�n fiduciaria (T.I., 139 II), que desempe�a un papel muy importante en la vida jur�dica actual, especialmente como cesi�n para el cobro (el cesionario debe cobrar el cr�dito por cuenta del cedente, el cr�dito se transfiere al cesionario para otorgarle una cauci�n para asegurar una pretensi�n que le corresponde, debiendo, una vez satisfecho, retransmitir aqu�lla). A este prop�sito conviene distinguir dos casos, cuya confusi�n ha suscitado numerosas dudas y oscuridades en la literatura y en la jurisprudencia. 1. La verdadera cesi�n fiduciaria que -con un fin que no exige esta transmisi�n- transfiere el cr�dito mismo. Est� sujeta a las reglas generales sobre las transmisiones fiduciarias (T.I. 139 II) o sea que hace del cesionario acreedor el lugar del cedente, otorg�ndole as�, de manera exclusiva, las facultades de disposici�n, aunque, a pesar de ello, se d� al cedente, en el concurso del cesionario, un derecho de detracci�n de la masa, ya que de lo contrario los acreedores ser�an satisfechos a expensas del fiduciante.?. En el negocio indirecto las partes realizan real y efectivamente un negocio jur�dico, no hay apariencia o simulaci�n; pero adem�s de querer el fin que es t�pico y normal del negocio adoptado, persiguen tambi�n la obtenci�n de fines ulteriores, que son ajenos y extra�os a �ste. Son negocios que como dice P. los negocios indirectos son de funci�n instrumental en atenci�n al resultado y sirven de negocio medio entre la funci�n del negocio y la intenci�n de las partes. Entonces ?los elementos caracter�sticos del negocio indirecto son la elecci�n de una v�a transversal u oblicua, en lugar de lo que ser�a natural (recurrir a un negocio de cambio, el cual se desnaturaliza en virtud de un pacto, en lugar de emplear uno de garant�a) y, como consecuencia, la adisonancia entre el medio jur�dico y el resultado final perseguido (no se quiere enajenar definitivamente la cosa sino entregarla para asegurar la restituci�n del dinero recibido); el procedimiento utilizado se traduce en una excedencia, en el caso. Pero tambi�n es posible que el medio muestre insuficiencia en relaci�n al fin pr�ctico perseguido.?. J.M.I.. Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios. T.I., p�gs. 149, 150 y siguientes. E.. Buenos Aires, Argentina 1974. F.M., citado por J.M.V.L. en la Doctrina General del Fideicomiso, p�g. 64 de la segunda edici�n preparada por Editorial P.�a, 1982 se�ala: ?El negocio indirecto o de finalidad indirecta es aquel en que, para conseguir un determinado efecto jur�dico, se escoge una v�a transversal en lugar de la que ser�a natural, y se produce una disonancia entre el medio empleado, que es un negocio t�pico (nominado), y el fin pr�ctico perseguido (ejemplo, caso de procurator in rem propriam, donde se emplea, con la finalidad de transferencia de un derecho, el instituto de la representaci�n). El negocio indirecto es siempre un negocio efectivo; no es un negocio aparente. Pero el negocio indirecto no es, propiamente, una categor�a jur�dica. En verdad, la figura del negocio indirecto estar�a caracterizada por el hecho de que se emplea un determinado negocio para conseguir, mediante el mismo, no la finalidad t�pica que se vincula a �l por el ordenamiento jur�dico, sino finalidades ulteriores, mediatas, o sea precisamente indirectas, las cuales asumen el aspecto de motivos y no de causa del negocio empleado.?. Bajo esta idea debe conceptualizarse a los negocios fiduciarios, y puede hablarse de un fin de mandato o de garant�a pero que en realidad puede tratarse de transferencia de titularidad, reversible limitada en el tiempo y con notoria extralegalidad. En resumen con el af�n de alcanzar la finalidad deseada puede llegarse a la consecuci�n de fines il�citos, in fraudem legis. Tal se desprende de la reforma al art�culo 2807 porque por v�a indirecta se pretende lograr la bursatilizaci�n de los cr�ditos, pero conservando la administraci�n el cedente trat�ndose entonces de negocios indirectos porque se utiliza una v�a transversal para conseguir fines prohibidos por la C.�n; y con el prop�sito de utilizar la codificaci�n civil para la ejecuci�n de actos mercantiles. Como ya lo expresamos la exposici�n de motivos de la iniciativa del Ejecutivo del Estado y de las comisiones legislativas nos conducen a sostener que, en la especie, se trata de actos de comercio, bien como negocios indirectos o bien como negocio fiduciario.Lo anterior encuentra apoyo en la intenci�n de bursatilizar los cr�ditos garantizados con hipoteca que el legislador coahuilense llama mecanismos financieros. En esa tesitura, conviene analizar la fracc. X del art�culo 73 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos, porque ello nos conduce a sostener categ�ricamente que el Congreso del Estado de Coahuila invadi� la esfera competencial del Congreso de la Uni�n, al reformar el art�culo 2807 del C�digo Civil. Pero adem�s viol� los art�culos 40, 41, 124, 128 y 133 de nuestra N.F., porque al legislar en materia mercantil, altera el Pacto Federal, se excede en sus facultades por el abuso de poder; y adem�s transgrede el principio de supremac�a constitucional, en raz�n de ejercer facultades que no le fueron reservadas por la C.�n y que se entienden conferidas a la Federaci�n en su �mbito legislativo. J) El principio de supremac�a constitucional y la violaci�n al Pacto Federal por el art�culo 2807 del C�digo Civil vigente en el Estado de Coahuila. El insigne constitucionalista mexicano M. de la Cueva siguiendo las ideas de G.B., en cuanto se refiere al principio de supremac�a constitucional, al desglosar en dos especies: La supremac�a material o sustancial y la formal. De la primera establece que el orden jur�dico descansa sobre ella as� como la actividad pol�tica que encuentra en la C.�n su legitimidad; en tanto que la supremac�a material permite la organizaci�n de los poderes y determina las competencias de los mismos y se�ala: ?Por otra parte, de la supremac�a material puede decirse que es la consecuencia obligada del hecho de que la C.�n es la expresi�n originaria de la soberan�a del pueblo por lo que ninguna autoridad puede colocarse encima de ella. La supremac�a formal es el aseguramiento de la supremac�a material y consiste en la nota de rigidez de ciertas C.ones, a las asambleas constituyentes, sin embargo, no les pareci� suficiente esa circunstancia, por lo que la reforzaron con una o varias declaraciones. Desde otro punto de vista, la C.�n de Q.�taro contiene las disposiciones siguientes: a) El art�culo 40 afirma la voluntad del pueblo mexicano de constituir una R.�blica Federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior, �pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de la L. Fundamental�. b) El art�culo 133 dice que la C.�n es la ley suprema de toda la Uni�n. c) El art�culo 41 expresa que las C.ones de los Estados �en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal�. d) Finalmente, la doctrina cita tambi�n, como una declaraci�n indirecta, el art�culo 128, seg�n el cual, �todo funcionario, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la C.�n y las leyes que de ella emanen (M. de la Cueva. Teor�a de la C.�n. Editorial P.�a, M�xico, 1982. Primera edici�n)�?. Entonces, �c�mo conciliar la doctrina de la supremac�a constitucional con la reforma al art�culo 2807 del C�digo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza? Simplemente estimamos que no existe forma jur�dica de conciliar estas figuras. Estamos en presencia de una disfunci�n entre la norma jur�dica secundaria y la N.F.. No s�lo el legislador coahuilense (la mayor�a que aprob� la reforma) viol� los art�culos a que se refiere la cita del maestro de la Cueva; tambi�n incurri� en la invasi�n de esferas competenciales por tratarse de facultades legislativas reservadas al Congreso de la Uni�n. Es cierto que en los t�rminos del art�culo 40 de la C.�n, los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero se encuentran unidos en una Federaci�n conforme a los principios de la L. Fundamental. Y esta L. Fundamental es clara en la distribuci�n de competencias legislativas atribuyendo al Congreso General sus facultades en el art�culo 73, fracc. X para el caso a estudio. En cuanto a la supremac�a constitucional diremos: En el derecho constitucional mexicano el principio de jerarquizaci�n de las normas tiene dos niveles fundamentales. El primero que consagra su existencia y que se encuentra en el art�culo 133 en relaci�n con el 40 de la C.�n vigente que le da expresi�n positiva al principio y los art�culos 41, 103, 105, 107, 124 y 128 que aseguran su protecci�n jurisdiccional. K) Art�culo 133 constitucional. El vigente art�culo 133 constitucional establece: ?Esta C.�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con la aprobaci�n del Senado, ser�n la L. Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha C.�n, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las C.ones o leyes de los Estados.?. La tesis de la supremac�a constitucional admitida en el derecho patrio se ha enriquecido con la doctrina de nuestros m�s preclaros constitucionalistas. Desde el siglo XIX se admite la necesaria concordancia entre los art�culos 40, 124 y 133 (en la C.�n de 1857 la nomenclatura fue 46, 117 y 126 respectivamente) para dejar establecida la existencia de �rbitas competenciales bien diferenciadas; sin embargo, en el �mbito de aplicaci�n y ejecuci�n de la ley, es incuestionable la supremac�a de la C.�n Federal y el deber jur�dico de los Jueces a someterse al imperio de sus normas. Precisamente el principio de supremac�a constitucional obliga a determinar la supeditaci�n de las leyes que emanan de la N.F.. Este agudo problema ubic� a nuestros doctrinarios en posiciones contrarias y replante� la a�eja controversia entre el formalismo y el realismo jur�dico. Juristas como los maestros E.G.�a M�ynez, F.T.R.�rez y G.F. sostuvieron la supremac�a formal de las leyes emanadas de la C.�n consider�ndolas de igual valor entre s� por provenir del mismo �rgano legislativo y elaboradas bajo procedimiento com�n; desde�ando la superioridad material de algunas normas, especialmente de aquellas que singularizan los mandatos y los principios jur�dicos fundamentales que la C.�n enuncia. Por ello el maestro M. de la Cueva, seguido en este aspecto por el doctor J.C., sostiene que ?las leyes que emanan de la C.�n aun expedida por el mismo �rgano legislativo se dividen en dos categor�as de rango distinto: a) Las leyes constitucionales (empleamos el t�rmino con una acepci�n esencialmente diferente a la que le dio C.S.) que son las que emanan material y formalmente de la C.�n, ocupan un grado superior inmediatamente despu�s de la Carta Magna. b) Las leyes ordinarias, que son las que formalmente emanan de la C.�n, son un tercer grado inferior a las leyes constitucionales.?, op. cit., p�gina 117. Bajo esta premisa se admite que en nuestro pa�s el federalismo y la supremac�a constitucional se conjugan en un doble aspecto; la distribuci�n de competencias sin subordinaci�n del �mbito local al federal y la jerarquizaci�n normativa en los t�rminos desarrollados por el maestro de la Cueva. L) Disfunci�n entre la N.F. y las normas derivadas. En la teor�a general del ordenamiento jur�dico, se admite que �ste es un conjunto de normas en el cual existe una N.F. que es necesaria para crear un sistema normativo o dicho en t�rminos de N.B.: ?Entonces diremos que la N.F. es el criterio supremo que permite establecer la pertenencia de una norma a un ordenamiento, en otras palabras es el fundamento de validez de todas las normas del sistema. Por lo tanto, no s�lo la exigencia de la unidad del ordenamiento sino tambi�n la exigencia de fundar la validez del ordenamiento nos lleva a exigir la N.F., la cual es as� mismo el fundamento de validez y el principio unificador de las normas de un ordenamiento. Y como un ordenamiento presupone la existencia de un criterio para establecer la pertenencia de las partes al todo y un principio que las unifique, no podr� existir ordenamiento sin N.F.. �Pero qu� sucede cuando la N.F., base del sistema jur�dico, es contrariada por una norma derivada? Y a pesar de ello, esta norma tiene aplicaci�n f�ctica (v�ase Teor�a General del Derecho. Editorial Temis. Bogot� 1994. Segunda edici�n. Primera reimpresi�n, p�gina 170).?. Sucede entonces una disfunci�n en el ordenamiento jur�dico porque el principio jer�rquico normativo sufre una ruptura que niega la validez del conjunto, pero no lo anula puesto que en el conflicto de contradicci�n debe subsistir la N.F. y destruir los efectos negativos de la norma derivada que la contradice. Este modo de operar del sistema jerarquizado tiene adem�s de una explicaci�n formalista o de purismo jur�dico, un fundamento objetivo o real porque por raz�n de su origen, la N.F. entra�a el ejercicio de la soberan�a a trav�s del Poder Constituyente, que recoge la voluntad popular fuente primaria de la N.F.. Respecto de este punto el Poder Judicial de la Federaci�n ha sustentado los siguientes criterios: ?CONSTITUCI�N. SU APLICACI�N POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL FUERO COM�N CUANDO SE ENCUENTRA CONTRAVENIDA POR UNA LEY ORDINARIA. Si bien es verdad que las autoridades judiciales del fuero com�n no pueden hacer una declaraci�n de inconstitucionalidad de la ley, s� est�n obligadas a aplicar en primer t�rmino la C.�n Federal, en acatamiento del principio de supremac�a que estatuye el art�culo 133 de la propia Carta Magna, cuando el precepto de la ley ordinaria contraviene directamente y de modo manifiesto, una disposici�n expresa del Pacto Federal. Vol. LX, Cuarta P., p. 177, amparo directo 6098/55, F.C.�sares y C�sares Jr. y otro, 22 de febrero de 1960, 5 votos.?. ?CONSTITUCI�N, SUPREMAC�A DE LA. Trat�ndose de leyes reglamentarias de la C.�n la Suprema Corte ha establecido que en cada caso particular, debe estudiarse si se afecta o no, el inter�s p�blico y dicho inter�s no interviene en la inmediata aplicaci�n de leyes reglamentarias de la C.�n, que vulneran o desvirt�an los preceptos de la misma, que se pretenda reglamentar. La misma Suprema Corte ha establecido la supremac�a absoluta de la C.�n sobre toda legislaci�n secundaria, y la sociedad y el Estado tienen inter�s en que se apliquen desde luego los preceptos de aqu�lla y no los textos contrarios a la misma. T.L., p. 7848, amparo administrativo 8223/40. Diez de U.C. y coagraviados, 20 de febrero de 1942, unanimidad de 4 votos.?. ?Suprema Corte de Justicia de la Naci�n IUS 6. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: S�ptima �poca. Tomo: 151-156 Sexta P.. P�gina: 195. TRATADOS INTERNACIONALES. EL ART�CULO 133 CONSTITUCIONAL, �LTIMA PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNI�N EMANADAS DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. La �ltima parte del art�culo 133 constitucional establece el principio de la supremac�a de la C.�n Federal, de las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y de los tratados celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica con aprobaci�n del Senado, respecto de las C.ones y leyes de los Estados que forman la Uni�n, y no la aplicaci�n preferente de las disposiciones contenidas en los tratados respecto de lo dispuesto por las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de la C.�n Federal. Es pues, una regla de conflicto a que deben sujetarse las autoridades mexicanas, pero conforme a la misma no puede establecerse que los tratados sean de mayor obligaci�n legal que las leyes del Congreso. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisi�n 256/81. C.H.B.S.. 9 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Amparo en revisi�n 269/81. J.E.M.M.. 14 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: S.H.�ndez V.A. en revisi�n 160/81. National Research Development Corporation. 16 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez.?. Particularmente es de resaltada importancia la ejecutoria Garza de G.A.. Amparo civil directo 6919/50. 3 de julio de 1953. Tomo CXVII del Semanario Judicial de la Federaci�n en donde con relaci�n a los C�digos Civiles de Coahuila, el Poder Judicial de la Federaci�n expres�: ?C�DIGOS CIVILES DE COAHUILA, A QUI�N COMPETE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. Si bien es cierto que, de acuerdo con la doctrina, se ha discutido ampliamente, el punto relativo a si el �rgano judicial est� obligado a abstenerse de aplicar una ley contraria a la C.�n, lo cierto es que en el derecho p�blico mexicano se ha adoptado una soluci�n positiva que puede calificarse de intermedia. Conforme a la C.�n Federal, no todo �rgano judicial es competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino solamente el Poder Judicial Federal, principalmente al trav�s de un juicio de fisonom�a singular como es el de amparo, donde la definici�n de inconstitucionalidad omitida por el J. Federal se rodea de una serie de precauciones y de requisitos que tratan de impedir una desorbitada actividad del �rgano judicial en relaci�n con los dem�s poderes. Aun en el caso del art�culo 133 de la C.�n, que impone a los Jueces de los Estados la obligaci�n de preferir a la L. Suprema cuando la ley de su Estado la contrar�a, el precepto se ha entendido en relaci�n con el sistema seg�n el cual es �nicamente el Poder Judicial Federal el que puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad. Esto es as� para que, aun en el caso de que un J. de una entidad federativa, frente a una ley local que estimara inconstitucional, se abstuviera de aplicarla para arreglar tales preceptos a la C.�n Federal, esta abstenci�n no tendr�a los alcances de una declaraci�n sobre la inconstitucionalidad de la ley, m�s all� del �mbito del procedimiento en que interviene. De lo expuesto se infiere que nuestro derecho p�blico admite impl�citamente que conforme al principio de la divisi�n de poderes, el �rgano judicial est� impedido de intervenir en la calificaci�n de inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, a menos que a ese �rgano se le otorgue una competencia expresa para ese efecto, como ocurre en la C.�n Federal cuando dota al Poder Judicial de la Federaci�n de la facultad de examinar en determinadas condiciones la constitucionalidad de los actos de cualquiera autoridad. Aun cuando la quejosa no plante� los conceptos de violaci�n con referencia al derecho federal, sino dentro del estatuto constitucional del Estado de Coahuila, todo lo que se ha dicho en relaci�n con el orden federal, vale con respecto al orden constitucional de los Estados de esencial en todo r�gimen de C.�n r�gida, conforme al cual por lo tanto limitativamente, les otorga la C.�n. A diferencia de lo que ocurre en la C.�n Federal, en la del Estado de Coahuila no existe precepto alguno que otorgue competencia a las autoridades judiciales del propio Estado para que juzguen de la constitucionalidad de los actos del Poder Legislativo; la ausencia de esa facultad se traduce en la imposibilidad constitucional para que los actos de autoridad puedan ser juzgados desde el punto de vista de su constitucionalidad por las autoridades judiciales del Estado, lo cual no signifique de ninguna manera que se erija la impunidad o la definitividad irremediable de los actos inconstitucionales de los Poderes Legislativo o Ejecutivo, pues para rectificarlos existe el juicio de amparo, en cuyo �mbito cabe mencionar la inconstitucionalidad de leyes expedidas en contra de los preceptos constitucionales, se requiere que previamente as� se haya resuelto por tribunales competentes, que no pueden ser otros que los tribunales de la Federaci�n.?. En los t�rminos en que aparece la reforma al art�culo 2807 del C�digo Civil para el Estado, se advierte la existencia de un conflicto constitucional por invasi�n de esferas competenciales; pero tambi�n con violaci�n al principio de supremac�a constitucional y violaci�n a los preceptos constitucionales listados al inicio de este concepto de invalidez. Para fundamentar jur�dicamente lo antes dicho conviene tener presente que el art�culo 73 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece: ?Art. 73. El Congreso tiene facultad: fracc. X. Para legislar en toda la R.�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juego con apuestas y sorteos, energ�a el�ctrica y nuclear, intermediaci�n y servicios financieros, y para expedir las leyes reglamentarias del art�culo 123.?. El precepto constitucional transcrito, en esencia, se refiere a la actividad comercial que se expresa en todas las �reas y actividades de la vida nacional, as� marcha, como en los diferentes sectores sociales. Siendo as�, el Constituyente Permanente ha establecido en la fracc. X ya transcrita, que la facultad de legislar se reserve al Congreso Federal para lograr con ello la uniformidad legislativa en toda la R.�blica; y evitar con la multiplicaci�n de ordenamientos jur�dicos en las distintas entidades federativas que puedan entorpecer el tr�fico comercial. La genealog�a de la fracc. X del art�culo 73 de la C.�n General de la R.�blica, nos indica que la facultad de legislar en materia de comercio, y en especial en la materia de instituciones de cr�dito ahora denominada de intermediaci�n y servicios financieros; siempre ha sido facultad del Congreso de la Uni�n. A este respecto es importante citar la autorizada opini�n del maestro I.B. (Derecho C.onal Mexicano. Primera Edici�n. Editorial P.�a, S.) quien sobre el particular ha se�alado: ?Las relaciones de comercio son v�nculos que se entablan entre sujetos colocados en una situaci�n de coordinaci�n, es decir, entra�an nexos entre particulares o entre �stos y los �rganos del Estado sin que se formen, en este �ltimo caso, por la realizaci�n de actos del poder p�blico. ... De conformidad con las anteriores ideas, la facultad legislativa en materia de comercio que prev� la fracci�n X del art�culo 73 constitucional en favor del Congreso de la Uni�n, se refiere a la creaci�n de distintos ordenamientos de car�cter mercantil, o sea, de normas jur�dicas que rijan las relaciones entre particulares a prop�sito de actos de comercio en sus m�ltiples y derivadas manifestaciones.?. Respecto de las instituciones de cr�dito o sobre la actividad de intermediaci�n y servicios financieros, �stos connotan actos mercantiles es decir regulados por el C�digo de Comercio y por las leyes especiales; la L. de Instituciones de Cr�dito, L. General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito y L. del Mercado de Valores. Evidentemente, que la actividad mercantil, que desempe�an las instituciones bancarias son actos de comercio al tenor de lo mandado por el art�culo 75 del c�digo de la materia el que establece: ?Art. 75. La ley reputa actos de comercio: fracc. XIII. Las operaciones de mediaci�n en negocios mercantiles y, fracc. XIV. Las operaciones de banco?. Al respecto recientemente ese H. P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la controversia constitucional 56/96 surgida entre el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Ayuntamiento C.onal de Guadalajara, J.isco, publicada en el Diario Oficial del 14 de julio de 1977 sostuvo el siguiente criterio: ?Este criterio, se apoya adem�s, en la jurisprudencia que sostiene la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en el Semanario Judicial de la Federaci�n, �poca 5a., T.X., p�gina 2021,cuyo tenor literal es el siguiente: �INSTITUCIONES DE CR�DITO, LEGISLACI�N SOBRE LAS. La soberan�a de las entidades de la Federaci�n se encuentra limitada por las estipulaciones de la C.�n; y en materia de instituciones de cr�dito, s�lo el Congreso de la Uni�n tiene facultades para legislar, seg�n lo establece el art�culo 73, fracci�n X, de la C.�n Federal.�. Si corresponde al Congreso de la Uni�n la facultad de legislar en materia de intermediaci�n y servicios financieros, compete tambi�n a las autoridades federales, esto es, al presidente de la R.�blica, reglamentar las leyes que al efecto se dicten y emitir actos administrativos, ya sea generales o individuales a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal (S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y Comisi�n Nacional Bancaria y de Valores), por lo que en tal virtud, al haber expedido el Reglamento de Seguridad y Protecci�n Bancaria para el Municipio de Guadalajara, el H. Ayuntamiento de ese Municipio ha incurrido en una clara invasi�n de la esfera de competencia federal, procediendo en consecuencia, se resuelva por parte de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que dicho reglamento resulta violatorio de la C.�n General de la R.�blica.?. De lo expuesto se sigue que la litis radica sustancialmente, en determinar si dentro de las facultades que el art�culo 115, fracci�n III, constitucional, confiere a los Municipios para legislar en materia de seguridad p�blica, queda comprendida la relativa a la seguridad de las instituciones bancarias, que seg�n aduce la parte actora, se encuentra incluida en el concepto de intermediaci�n y servicios financieros, cuya reglamentaci�n normativa compete al Congreso de la Uni�n y al presidente de la R.�blica en t�rminos de lo dispuesto en los art�culos 73, fracci�n X, y 89, fracci�n I de la propia L. Fundamental. Para ello, es menester analizar inicialmente el contenido y alcance del art�culo 73, fracci�n X, de la C.�n General de la R.�blica. El art�culo 73. F.�n X, constitucional, dispone: ?Art. 73. El Congreso tiene facultad ... X. Para legislar en toda la R.�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria, cinematograf�a, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123.?. En torno a los antecedentes de la referida fracci�n X, constitucional, conviene destacar lo siguiente: Mediante reforma de catorce de diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, a la fracci�n X del art�culo 72 de la C.�n Pol�tica de la R.�blica Mexicana de mil ochocientos cincuenta y siete, se otorg� al Congreso la facultad ?Para legislar en toda la R.�blica sobre miner�a, comercio, instituciones de cr�dito y trabajo?. El texto original, aprobado sin discusi�n alguna por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, qued� como sigue: ?Para legislar en toda la R.�blica sobre miner�a, comercio, instituciones de cr�dito y para establecer el banco de emisi�n �nico, en los t�rminos del art�culo 28 de esta C.�n?. El veintisiete de abril de mil novecientos treinta y cuatro, el dieciocho de enero de mil novecientos treinta y cinco, el catorce de diciembre de mil novecientos cuarenta y el veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n, reformas realizadas a la fracci�n X del art�culo constitucional en comento, modificando la expresi�n instituciones de cr�dito por la de servicios de banca y cr�dito y no fue sino hasta que la iniciativa de reformas formulada por el presidente de la R.�blica a los art�culos 28, 73 y 123 constitucionales, de fecha veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres, que se sustituy� la expresi�n servicios de banca y cr�dito por la de intermediaci�n y servicios financieros. De la referida iniciativa presidencial, conviene resaltar lo siguiente: ?... Esta iniciativa propone, asimismo, diversas modificaciones a la fracci�n X del art�culo 73, constitucional. Los servicios que prestan tanto las instituciones de cr�dito como los intermediarios financieros no bancarios, hoy son denominados de manera general servicios financieros. Por tal raz�n se propone sustituir la expresi�n servicios de banca y cr�dito por servicios financieros ...?. De ello se sigue que la actual redacci�n de la fracci�n X del art�culo 73 constitucional, obedece a la mencionada reforma cuyo objetivo primordial, en relaci�n con el tema que se trata, fue la de establecer facultades concurrentes e integradoras a efecto de globalizar en un concepto gen�rico la instauraci�n del banco de emisi�n �nico a los servicios que prestan tanto las instituciones de cr�dito como los intermediarios financieros no bancarios, esto es, globalizar todo lo referente a las instituciones de cr�dito. Cabe destacar que el examen de la facultad gen�rica, conforme a la fracci�n X, del mismo precepto, que tiene la Federaci�n ?Para legislar en toda la R.�blica sobre ... intermediaci�n y servicios financieros ...?, hace llegar a la conclusi�n de que la materia de seguridad de dichas instituciones debe entenderse reservada, en principio, a la Federaci�n, ya que las facultades del legislador federal para expedir normas reguladoras de la banca, en su condici�n de depositaria y custodia de recursos del p�blico, incluyen adem�s de las actividades financieras propiamente dichas, las relativas a su organizaci�n, dentro de la que queda comprendido el aspecto de seguridad y protecci�n, seg�n deriva de la interpretaci�n arm�nica del referido precepto de la L. Fundamental, en relaci�n con las diversas disposiciones que rigen en la materia. Ciertamente, entre los antecedentes de la fracci�n X del art�culo 73 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, conviene destacar los siguientes: En la 64a. sesi�n ordinaria celebrada el veintisiete de enero de mil novecientos diecisiete, la Segunda Comisi�n de C.�n present� un dictamen referente a las fracciones X, XVII y XIX del art�culo 73, en el que entre otras cosas, se dijeron las siguientes: ?Respecto a la fracci�n X del proyecto, la comisi�n ha variado su redacci�n para dar cabida con ella a las modificaciones impuestas por la aprobaci�n de los art�culos 5o. y 28; el primero porque las bases de �l revisten car�cter constitucional, y por tanto, el Congreso de la Uni�n no tiene facultades para legislar sobre ellas, sino como parte del Poder Constituyente; en cuanto al Distrito Federal, no es necesario hacer menci�n de esta materia, porque la fracci�n VI del propio art�culo le da facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y territorios; el segundo, o sea el 28, influye sobre la redacci�n de la fracci�n X, porque establecido en dicho art�culo el monopolio de la emisi�n de billetes por medio de un banco, debe darse en la parte correspondiente al Poder Legislativo de la Federaci�n, la facultad para legislar sobre dicho banco, expidiendo las leyes de su organizaci�n y dem�s que fueren necesarias.?. Las diversas reformas a la referida fracci�n X, se han llevado a cabo, por lo general, en forma conjunta con las diversas al art�culo 28 de la propia Carta Magna, lo cual obedece a que la materia financiera constituye un aspecto fundamental en la econom�a nacional. As� cabe mencionar, la de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, en cuya iniciativa se se�al� que: ?Si el Estado tiene la responsabilidad constitucional de regular y fomentar la actividad econ�mica de acuerdo con el sistema de econom�a mixta que contiene la Carta Fundamental, por razones de congruencia debe dot�rsele de todos los instrumentos necesarios para orientar y corregir la marcha de los fen�menos econ�micos, pues sin tales facultades, como lo muestra la historia, la vida econ�mica del pa�s resulta sumamente vulnerable. A trav�s de un largo proceso evolutivo, las actividades de banca y cr�dito se han convertido en un servicio esencial para la comunidad; es un factor de imprescindibles necesidades sociales, porque han penetrado en el modo de vida de la sociedad, por lo que ya no pueden quedar al arbitrio de los particulares y deben salir de la �rbita de �stos, para entrar en la del Estado con objeto de que el mismo pueda asegurar su funcionamiento de un modo continuo, regular y congruente con las necesidades de la colectividad, y no las de un grupo minoritario elitista e injusto. Incorporado por disposici�n constitucional a las actividades de la administraci�n p�blica, el servicio de banca y cr�dito permitir� adicionalmente que el Estado cuente con los instrumentos necesarios para defender la econom�a nacional ... La iniciativa propone la modificaci�n a la fracci�n X del art�culo 73 de nuestra L. Fundamental a fin de que las facultades que ven�a ejerciendo el Congreso de la Uni�n para legislar en materia de instituciones de cr�dito se extiendan expl�citamente a todos los servicios de banca y cr�dito ...?. Posteriormente, con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa (reprivatizaci�n de la banca) se someti� a consideraci�n de la C�mara de Diputados, la iniciativa de reformas a los art�culos 28 y 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se destacan las siguientes consideraciones. ?Debemos ser claros, la banca no pierde su arraigo ni compromiso con el pa�s, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor n�mero de mexicanos en el capital de los bancos para enfrentar con �xito la transformaci�n financiera. El Estado ejercer� la rector�a econ�mica en el �mbito financiero ya no a trav�s de la propiedad exclusiva de la banca m�ltiple, sino por medio de la banca de desarrollo, de los bancos comerciales que conserve y de sus organismos encargados de establecer la normatividad, regulaci�n, supervisi�n del sistema financiero. Las reformas financieras aprobadas por ese Honorable Congreso de la Uni�n en el mes de diciembre pasado, suponen un considerable fortalecimiento de las atribuciones de la Comisi�n Nacional Bancaria. Se establecieron derechos y responsabilidades legales m�s amplias de los particulares y una mejor vigilancia y supervisi�n de las autoridades. Buscamos garantizar la m�xima seguridad y fortalecer la confianza de los ahorradores en los bancos ...?. Al discutirse el decreto de reformas aludido, la diputada Guerra D�az hizo uso de la palabra, manifest�ndose a favor de la reforma y se�alando que: ?... lo cierto es que las condiciones han cambiado de 1982 a 1990, y a reserva de hacer una reflexi�n m�s extensa sobre este punto, yo s� quiero recalcar aqu� que los elementos de la rector�a del Estado sobre el sistema financiero nacional existen en materia de relaci�n, de normatividad, de supervisi�n y vigilancia y que �stos fueron ampliados con el fortalecimiento de la Comisi�n Nacional Bancaria y de la Comisi�n Nacional de Valores ...?. Por otro lado, de la discusi�n al proyecto aludido en el seno de la C�mara de Senadores, se destaca la participaci�n del C. senador R.�guez y R.�guez, quien manifest�: ?... Se refiri� el senador R.G. a la ley que propiamente no ser� reglamentaria; no es tan importante entrar a estos distingos, pero ya no ser�a ley reglamentaria; no reglamentar�a ning�n art�culo concretamente. Ser�a una ley secundaria, federal, basada en la fracci�n X del art�culo 73, constitucional; ya no ser�a ley reglamentaria, ser�a una ley federal cualquiera, digo, de la categor�a o de la jerarqu�a de ley federal pero ya no reglamentaria. Creo que aqu� s� es muy importante es la ley que regule sustancialmente a lo que hemos llamado hasta ahora indistintamente bancos, sociedades de cr�dito, instituciones de cr�dito ... En esta legislaci�n, s�, por m�s que el senador R.G. ve con escepticismo esta posibilidad, en ella s� debemos ser muy cuidadosos, pues �sta s� es una responsabilidad nuestra: tutelar eficazmente los intereses de los inversionistas y ahorradores, que son los verdaderos due�os de los activos de los bancos ... En esa futurizaci�n sobre la materia y en las disposiciones administrativas que dicta el Poder Ejecutivo, y en la supervisi�n que realice a trav�s de sus �rganos de polic�a financiera que los tiene y muy buenos como es la Comisi�n Nacional Bancaria, de un prestigio muy bien ganado. La Comisi�n Nacional Bancaria, que con las nuevas tecnolog�as que hoy se tienen, que permiten supervisar cotidianamente las operaciones con sistemas inform�ticos que permiten detectar casi instant�neamente cualquier desviaci�n de las operaciones, est� en posibilidad de cuidar todo esto que le preocupa al se�or senador y que nos preocupa a todos ...?. Los elementos vertidos con antelaci�n permiten concluir, como se indic� previamente, que la facultad conferida al Congreso de la Uni�n para legislar en materia de intermediaci�n y servicios financieros, incluye el aspecto relativo a la seguridad de las instituciones de cr�dito; lo cual se corrobora con el contenido de diversos ordenamientos como lo es la L. de Instituciones de Cr�dito cuyo objeto es regular el servicio de banca y cr�dito, su organizaci�n y funcionamiento; sus actividades y operaciones y la protecci�n de los intereses del p�blico, entre otros, prev� en su art�culo 96, que las referidas instituciones deber�n establecer medidas b�sicas de seguridad que incluyan la instalaci�n y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con el objeto de contar con la debida protecci�n en las oficinas bancarias para el p�blico, sus trabajadores y su patrimonio; por otra parte, el propio numeral ordinario dispone que la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, podr� dictar reglas de car�cter general que establezcan los lineamientos a que se sujetar�n las medidas b�sicas de seguridad y que la Comisi�n Nacional Bancaria vigilar� su cumplimiento.?. En este orden de ideas si ese H. P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n determin� que un reglamento de seguridad bancaria elaborado por un Ayuntamiento municipal, invade la esfera competencial del Congreso de la Uni�n, seg�n lo sustent� el titular del Ejecutivo Federal, y as� lo decidi� el H. P., luego entonces la reforma al C�digo Civil de Coahuila en el art�culo multicitado, que persigue fines de comercializaci�n de cr�ditos mediante la transmisi�n de obligaciones; por mayor�a de raz�n, debe considerarse como contrario a la C.�n, porque a trav�s de la norma reformada se consigue la ejecuci�n de actos absolutamente mercantiles. Ahora bien, debemos decir que, en primer t�rmino, las entidades financieras (bancos) s�lo pueden celebrar los contratos espec�ficamente autorizados por la L. General de Operaciones de Cr�dito, en cuya exposici�n de motivos se lee: ?Exposici�n de motivos de la L. General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito. F�cilmente se advierte as�, la trascendencia inmensa que una buena regulaci�n de t�tulos de cr�dito tendr� para el desarrollo econ�mico del pa�s y para el debido cumplimiento de uno de los m�s fundamentales prop�sitos del programa revolucionario, o sea, el de volver racional la producci�n y el uso de la riqueza, condici�n indispensable y previa de cualquier intento de reparto o aplicaci�n de los beneficios y ventajas que de esa riqueza, as� concedida y disciplinada, pueda socialmente derivarse. Estas consideraciones son tambi�n aplicables, en esencia, a la regulaci�n que la nueva ley contiene sobre operaciones de cr�dito. No es s�lo una necesidad anal�tica la que ha hecho incluir en la nueva ley diversas formas contractuales. Esas formas obedecen, sobre todo al doble deseo de ampliar los cuadros ordinarios de las operaciones de cr�dito y de hacer que �stas, en cierto modo, se cumplan dentro de formas tipo. Lo primero, porque las necesidades pr�cticas, multiformes y cambiantes no pueden acomodarse, sin grave perjuicio a cuadros contractuales demasiado estrechos como lo eran, por s� solos, el pr�stamo y el descuento. Lo segundo porque no es posible dar un valor social o formas no t�picas de contrataci�n, en las cuales predominen la imaginaci�n o la voluntad de los individuos contratantes y no el sello com�n que la sociedad exige en todos los casos como signo para el reconocimiento de los valores normales de su tr�fico.?. Las formas tipo referidas en la exposici�n de motivos parcialmente transcritas, son aquellas operaciones activas que realizan las instituciones de cr�dito; y de las cuales resultan acreedores; mismas que se encuentran reguladas en la L. General de Operaciones de Cr�dito y que son las siguientes: El descuento de cr�dito en libros (art�culos 288 al 290). De la apertura de cr�dito (art�culos 291 al 301). De la cuenta corriente (art�culos 302 al 310). De las cartas de cr�dito (art�culos 311 al 316). D. cr�dito confirmado (art�culos 317 al 320). De los cr�ditos de habilitaci�n o av�o y de los refaccionarios (art�culos 321 al 333). De la prenda (art�culos 334 al 345). Es necesario hacer hincapi� que en los t�rminos de la exposici�n de motivos de la iniciativa del Gobernador C.onal del Estado de Coahuila de Zaragoza, la que entendemos, referida a la banca comercial, es decir, a las instituciones de cr�dito reguladas en los t�rminos del t�tulo segundo, cap�tulo primero de la L. de Instituciones de Cr�dito cuyos numerales 8o. y 9o. exigen para su constituci�n la previa autorizaci�n del Gobierno Federal y la formalizaci�n en sociedad mercantil, mediante una Sociedad An�nima de Capital Fijo cuyo objeto precisa la ley en el art�culo 9o. citado. Las instituciones de cr�dito as� constituidas pueden realizar las operaciones que son detalladas en los art�culos 46 al 85 inclusive de la L. de Instituciones de Cr�dito. Sin embargo el concepto de entidad financiera tambi�n puede entenderse en el sentido que es utilizado por la ley para regular las agrupaciones financieras, la cual se�ala en su art�culo s�ptimo que ?los grupos a que se refiere la presente ley estar�n integrados por una sociedad controladora y por algunas de las entidades financieras siguientes: almacenes generales de dep�sito, arrendadoras financieras, casa de bolsa, casas de cambio, empresas de factoraje financiero, instituciones de banca m�ltiple, instituciones de fianzas, instituciones de seguros as� como por sociedades operadoras de sociedades de inversi�n.?. En cualquiera de los supuestos por entidades financieras debe entenderse aquellas sociedades cuyo objeto se encuentra directamente relacionado con la actividad de intermediaci�n y servicios financieros y que por ende realizan actos de comercio. En este orden de ideas, tenemos que en los t�rminos del art�culo 2807 del C�digo Civil vigente en el Estado reformado, la cesi�n de derechos a que se refiere, recae esencialmente sobre cr�ditos que tienen el car�cter de obligaci�n principal (contrato) respecto de la garant�a accesoria constituida por la hipoteca. En tal virtud, el art�culo reformado constituye una invasi�n de esferas competenciales porque se legisla sobre actividades relacionadas con la intermediaci�n y servicios financieros, es decir en sentido estricto, con actos de comercio realizados por los comerciantes en dinero denominado en t�rminos generales instituciones de cr�dito. Por otra parte, es incuestionable que los cr�ditos mencionados por el art�culo reformado son aquellos contratos enlistados con anterioridad y son contratos principales de cuya existencia depende el contrato accesorio que es la hipoteca. En estricto sentido jur�dico lo que el art�culo reformado propone es la cesi�n de derechos derivados de contratos mercantiles y no sobre el cr�dito hipotecario, por tanto, la invasi�n de esferas competenciales es palmaria puesto que se legisla sobre actos de comercio cuya facultad compete al Congreso Federal en los t�rminos de la fracci�n d�cima del art�culo 73. Los ordenamientos relacionados con los servicios de intermediaci�n y serviciosfinancieros, son reglamentarios del art�culo 28 constitucional y regulan relaciones mercantiles o derivadas de actos de comercio. Siendo as�, es supletorio por disposici�n expresa de estos cuerpos de leyes al C�digo Civil Federal; y no los C�digos Civiles de las distintas entidades federativas; raz�n por la cual es inadmisible la reforma al art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado porque la actividad de las entidades financieras es y debe ser regulada por los ordenamientos mercantiles; y en su caso por el C�digo Civil o el C�digo de Comercio en vigor. M) La intermediaci�n burs�til. Como puede apreciarse de las sucesivas reformas a la fracc. X del art�culo 73 constitucional, el legislador dado la manifestaci�n de los actos comerciales as� como su especializaci�n, reform� la redacci�n de la fracci�n antes dicha para referirse a la intermediaci�n y servicios financieros. C. Ahumada. T�tulos y Operaciones de Cr�dito. D�cima edici�n. Editorial H.. P�g. 209, dice que la funci�n bancaria consiste en la intermediaci�n profesional en el comercio del dinero y del cr�dito y A. caracteriza a la funci�n bancaria jur�dicamente por dedicarse a la adquisici�n de capitales a cr�dito, con la intenci�n de enajenarlos nuevamente. Y con respecto a las instituciones fiduciarias seg�n expresa R.L.�n Le�n (Intermediaci�n en el Mercado de Dinero. Estudios Jur�dicos en Memoria de R.L.M. y M., Editorial P.�a, S. 1984. Primera Edici�n, p�g. 503) se�ala que no tienen como fin realizar operaciones activas o pasivas de cr�ditos, sino llevar a cabo operaciones intermediarias. El trabajo de estas instituciones cubre renglones diversos en los que ni otorga ni recibe cr�dito, sino que opera como mediador, representante, mandatario, comisionista o servidor. En este aspecto es conveniente tener presente el significado de la palabra burs�til que seg�n el Diccionario de la Lengua Espa�ola preparado por la Real Academia Espa�ola connota: ?Burs�til (D. lat. Bursa, bolsa.) adj. Com, concerniente a la bolsa, a las operaciones que en ella se hacen y a los valores cotizables.?. Conforme a las disposiciones jur�dicas vigentes la intermediaci�n financiera en nuestro pa�s se regula por la L. del Mercado de Valores, ordenamiento que en sus art�culos 4o., 12, 22 y 23 considera intermediaci�n en el mercado de valores a las operaciones de corredur�a, comisi�n u otras tendientes a poner en contacto la oferta y la demanda de valores; funci�n que desempe�an las casas de bolsa principalmente en el referido mercado, cuando operan en la compraventa de acciones, obligaciones u otros t�tulos de caracter�sticas similares por cuenta de sus clientes; es decir que los agentes de valores reciben de sus clientes la disponibilidad para las finalidades que los mismos clientes indiquen, respecto de dichos recursos y valores. En este orden de ideas, tenemos que la actividad burs�til pertenece a la esfera competencial del Congreso Federal en exclusiva, precisamente porque las leyes que regulan esta actividad son reglamentarias del art�culo 28 constitucional. N) La regulaci�n jur�dica de los actos mercantiles realizados por los bancos. El C�digo de Comercio establece en su art�culo 640 lo siguiente: ?Las instituciones de cr�dito se regir�n por una ley especial, y mientras �sta se expide, ninguna de dichas instituciones podr� establecerse en la R.�blica sin la previa autorizaci�n de la S.retar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y sin el contrato respectivo, aprobado en cada caso, por el Congreso de la Uni�n.?. La vigente L. de Instituciones de Cr�dito publicada el 18 de julio de 1990 en el Diario Oficial de la Federaci�n establece en su art�culo primero: ?La presente ley tiene por objeto regular el servicio de banca y cr�dito; la organizaci�n y funcionamiento de las instituciones de cr�dito; las actividades y operaciones que las mismas podr�n realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protecci�n de los intereses del p�blico; y los t�rminos en que el Estado ejercer� la rector�a financiera del sistema bancario mexicano.?. Y agrega el art�culo 6o. del propio cuerpo de leyes en cita: ?En lo no previsto por la presente ley y por la L. Org�nica del Banco de M�xico, a las instituciones de banca m�ltiple se les aplicar�n en el orden siguiente: I. La legislaci�n mercantil; II. Los usos y pr�cticas bancarias y mercantiles; y III. El C�digo Civil para el Distrito Federal. Las instituciones de banca de desarrollo, se regir�n por su respectiva ley org�nica, en su defecto, por lo dispuesto en este art�culo.?. En este orden de ideas, tenemos que en materia mercantil el C�digo de Comercio regula en el cap�tulo tercero de su t�tulo sexto, lo relativo a la cesi�n de cr�ditos no endosables, disponiendo lo siguiente: ?Art�culo 389. Los cr�ditos mercantiles que no sean al portador ni endosables se transferir�n por medio de cesi�n.?. ?Art�culo 390. La cesi�n producir� sus efectos legales con respecto al deudor desde que le sea notificada ante dos testigos.?. ?Art�culo 391. Salvo pacto en contrario, el cedente de un cr�dito mercantil responder� tan s�lo de la legitimidad del cr�dito y de la personalidad con que hizo la cesi�n.?. As� las cosas, como la cesi�n de cr�ditos celebrados por las instituciones del sistema bancario mexicano, son en esencia actos de comercio al tenor de lo dispuesto por el art�culo 75 fracci�n XIV del c�digo mercantil, resulta entonces que la cesi�n de tales cr�ditos debe regularse por las disposiciones del C�digo de Comercio, seg�n lo ha establecido el Poder Judicial de la Federaci�n en los criterios que enseguida transcribo: ?Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Quinta �poca. Tomo: LXIV. P�gina: 2341. BANCOS OPERACIONES CELEBRADAS POR LOS. Las operaciones bancarias son todas aquellas que los bancos realicen por raz�n de su instituci�n, o sea, en el terreno de especulaci�n en que su respectiva concesi�n los autoriza para actuar y, por tanto, comprenden todos aquellos negocios que el banco hace con el objeto directo de obtener utilidad en uso y ejercicio del cr�dito; por consiguiente, el simple hecho de ser monetaria y en favor de un banco, coloca a la obligaci�n contra�da, por un particular con �l, en la calidad de operaci�n bancaria y, por ende, de acto de comercio, sin necesidad de esclarecer su naturaleza espec�fica de pr�stamo, descuento, etc., y si por hacer operaciones realizadas por los bancos, que no son mercantiles, como las que desarrollan para estar en condiciones de desenvolver su empresa, las partes sostienen que la obligaci�n pactada no es mercantil, tal afirmaci�n debe ser probada por quien la hace. Tomo LXIV. O. y O.R., suc. de. P�g. 2341. 9 de mayo de 1941. M.�a de tres votos. Tomo LXIV, p�g. 2341.?. ?Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Quinta �poca. Tomo: LXIV. P�gina: 2341. ACTOS MERCANTILES. De acuerdo con los tratadistas de derecho mexicano, los actos mercantiles, por disposici�n de la ley, lo son para todos los que en ellos intervienen, pues no es la intenci�n de los contratantes, sino la disposici�n legal la que constituye su naturaleza mercantil; las operaciones que hacen los bancos autorizados, deben reputarse todas, salvo las esencialmente civiles y extra�as al objetivo de la instituci�n, como esencialmente mercantiles supuesto que los bancos no proceden ni contratan con otro fin que el especular sobre el cr�dito y como el art�culo 75 del C�digo de Comercio, en la fracci�n relativa no habla de empresas, sino simplemente de operaciones bancarias, deben reputarse mercantiles hasta las que un particular ejecute accidentalmente. Tomo LXIV. P�g. 2341. O. y O.R., sucn. de. 9 de mayo de 1940. M.�a de tres votos.?. ?Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Quinta �poca. Tomo: LXXXV. P�gina: 428. CONTRATOS MERCANTILES, FORMALIDADES EN LOS. CESI�N DE CR�DITOS NO ENDOSABLES. El art�culo 78 del C�digo de Comercio establece: en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados y el art�culo 79 del mismo c�digo previene: se exceptuar�n de lo dispuesto en el art�culo que precede: I. Los contratos que con arreglo a este c�digo u otras leyes, deban reducirse a escritura p�blica, o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia; II. En uno y en otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producir�n obligaci�n ni acci�n en juicio. Ahora bien, no exigiendo el C�digo de Comercio ni alguna otra ley de car�cter mercantil, el requisito de escritura p�blica para la cesi�n de cr�ditos no endosables, cuyo importe sea mayor de quinientos pesos, no hay por qu� aplicar a los actos mercantiles las formalidades exigidas por el derecho com�n, ya que, como expresa don J.P. en su Tratado de Derecho Mercantil, debemos aceptar como la �nica, fundada y racional interpretaci�n de dichos art�culos 78 y 79, la �nica que deja con sentido y aplicaci�n posible a dichos preceptos, la de que exceptuando los actos que deban reducirse a escritura p�blica, los otorgados en el extranjero y los que por leyes especiales como sobre minas, ferrocarriles, etc., deban revestir cierta forma, todos los dem�s se pueden hacer constar o probarse por testigos y por cualquier otro medio, aunque el derecho com�n o civil exija una formalidad especial. E.G.. P�g. 428. Tomo LXXXV. 20 de julio de 1945. 5 votos.?. ?Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Quinta �poca. Tomo: LXXXVII. P�gina: 217. CESI�N DE CR�DITOS EN MATERIA MERCANTIL. Los art�culos 389 y 390 del C�digo de Comercio, no exigen para la validez de la cesi�n de un cr�dito no endosable, la condici�n de entrega del t�tulo; y en esta materia, no puede aplicarse supletoriamente la ley local civil respectiva, por existir en la mercantil disposiciones expresas. Le�n F. de. P�g. 217. Tomo LXXXVII. 14 de enero de 1946. 4 votos.?. En el dictamen de las Comisiones Unidas del Congreso, se reconoce el alcance y el contenido de la fracci�n X del art�culo 73, y se agrega: ?Pero tambi�n lo es, que la iniciativa respeta escrupulosamente esa facultad. Pues no se legisla ni se establece regulaci�n alguna sobre dichos servicios financieros. Sino que s�lo se expresa que una instituci�n financiera o burs�til pueda ser acreedor sustituto, figura esta reconocida en nuestro derecho civil y en el de todas las entidades federativas. Lo cual es diferente.?. La explicaci�n confirma la invasi�n de esferas competenciales en que incurre el legislador coahuilense por la aprobaci�n de la iniciativa del Ejecutivo del Estado, aun con las reformas que hicieron las comisiones dictaminadoras. En efecto, conforme a lo ya explicado, los actos y las operaciones bancarias son actos de comercio, y en la legislaci�n mercantil, es decir en el C�digo de Comercio, se encuentra regulada la instituci�n de la cesi�n de cr�ditos conforme a los art�culos 389 al 391. As� las cosas, en el caso de la cesi�n de cr�ditos que realicen las instituciones bancarias, debe estarse a lo dispuesto por la legislaci�n mercantil, por ser la supletoria en los t�rminos del art�culo 6o. de la L. de Instituciones de Cr�dito; o en el mejor de los casos, en el C�digo Civil para el Distrito Federal que supletoriamente tambi�n resulta aplicable, debiendo considerarse que el Poder Judicial de la Federaci�n ha explicado el concepto de supletoriedad de leyes en la siguiente tesis: ?Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Octava �poca. Tomo: VII-Mayo. P�gina: 305. SUPLETORIEDAD DE LEYES. CU�NDO SE APLICA. La supletoriedad s�lo se aplica para integrar una omisi�n en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicaci�n de la supletoriedad se har� en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementar� ante posibles omisiones o para la interpretaci�n de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinaci�n de las fuentes a las cuales una ley acudir� para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los t�rminos que la legislaci�n lo establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislaci�n es una cuesti�n de aplicaci�n para dar debida coherencia al sistema jur�dico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializados con relaci�n a leyes de contenido general. El car�cter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integraci�n, y reenv�o de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulaci�n de la ley suplida; implica un principio de econom�a e integraci�n legislativas para evitar la reiteraci�n de tales principios por una parte, as� como la posibilidad de consagraci�n de los preceptos especiales en la ley suplida. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo 173/91. Mar�a Ver�nica R.J.M.. 3 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. S.retaria: G.M.O.B..?. En otro orden de ideas, podr� sustentarse que en los t�rminos en los que aparece redactado el art�culo 2807 del C�digo Civil para el Estado de Coahuila, la cesi�n de cr�ditos a la cual se refiere el precepto, son aquellos que se encuentran garantizados con hipoteca; y en tal evento, no habr� necesidad de notificar al deudor, ni de escritura p�blica, ni de inscripci�n en el registro p�blico. En esa hip�tesis, la reforma resulta innecesaria, porque la cesi�n de un cr�dito, al tenor de lo mandado por el art�culo 1926, implica o comprende la cesi�n de todos los derechos accesorios, entre ellos, el de hipoteca; debi�ndose considerar que conforme al precepto inmediato anterior, esto es, el art�culo 1925, toda cesi�n de cr�ditos implica cumplir las disposiciones relativas al acto que le dio origen. En trat�ndose de contratos celebrados por las instituciones de cr�dito, conforme a lo dispuesto por el art�culo 79 del C�digo de Comercio, �stos siempre deben reducirse a escritura y cumplir con las esenciales o solemnidades necesarias para su eficacia, como pueden ser entre otras, las notariales. Lo anterior significa que independientemente de que el Congreso del Estado carece de facultades para legislar en materia mercantil, ello implica serias contradicciones e incongruencias entre normas reguladas por el C�digo Civil, porque mientras dicho ordenamiento legal establece reglas claras para la cesi�n de derechos en el t�tulo tercero, de la transmisi�n de las obligaciones, cap�tulo primero, de la cesi�n de derechos, art�culos 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 y 1928, la reforma al art�culo 2807 las contradice, porque modifica reglas relacionadas con el contrato de hipoteca, que es un contrato accesorio y cuyo cumplimiento o ejecuci�n, en su caso, depende de otro principal, debiendo prevalecer los elementos esenciales y formales de este �ltimo; haciendo hincapi� que el art�culo 2806 del C�digo Civil citado se�ala: ?Art�culo 2806. Todo hecho o convenio entre las partes, que puede modificar o destruir la eficacia de una obligaci�n hipotecaria anterior, no surtir� efecto contra tercero si no se hace constar en el registro por medio de una inscripci�n nueva, de una cancelaci�n total o parcial o de una nota marginal, seg�n los casos.?. As� anal�gicamente puede sustentarse la tesis que enseguida se transcribe: ?Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: Quinta �poca. Tomo: LXXXVII. P�gina: 994. HIPOTECA, ACCI�N REAL DE (LEGISLACI�N DE VERACRUZ). La acci�n real hipotecaria presume para su ejercicio, la existencia de dos contratos, uno principal y otro accesorio. As�, trat�ndose de una emisi�n de bonos u obligaciones con garant�a hipotecaria, el contrato principal es el pr�stamo y el accesorio la hipoteca, que garantiza el pago de esas obligaciones. Para que pueda surtir sus efectos el contrato accesorio, es necesario demostrar la existencia del principal, pues si �ste no existe, la hipoteca tampoco tiene existencia jur�dica, seg�n se desprende claramente de los t�rminos del art�culo 1671 del C�digo Civil del Estado de Veracruz de mil ochocientos noventa y seis. Tomo LXXXVII, p�g. 994. B.�n G.V. y coag. 7 de febrero de 1946. 4 votos.?. O). Estado de derecho y fraude a la ley. Un antiguo maestro universitario y reconocido como ide�logo del Estado mexicano, J.�s R.H., despu�s de se�alar el origen de la expresi�n Estado de derecho (V.M. la emplea por vez primera en 1832); explica que puede entenderse el concepto como sin�nimo de Estado moderno, Estado democr�tico o demolibe: al burgu�s. Y agrega que en el fondo de esta idea existe el viejo problema de la relaci�n entre poder y derecho y que se trata de saber si el Estado est� por encima del derecho. Derecho de Estado dir�amos nosotros, o si el Estado y el derecho constituyen dos fisonom�as unidas en una misma instituci�n. Complementa su noci�n exigiendo como conditio sine qua non, el llamado principio de la legalidad y concluye: ?Complementando el principio de obligatoriedad del derecho se halla la idea de la supremac�a de la C.�n. En todo Estado de derecho debe existir una L. de L.es, una L. Fundamental, de acuerdo con la cual deben estar el conjunto de normas que integran el orden jur�dico. La C.�n impera absolutamente sobre todas las actividades del Estado. De la supremac�a de la C.�n deriva la necesidad del control de la constitucionalidad de las leyes, el cual, mediante los distintos sistemas en que se ejerce, tiene por objetivo mantener la obligatoriedad del derecho con respecto al Estado a trav�s de la supremac�a de la C.�n.? (v�ase J.�s R.H.. Obras Completas. Pol�tica, T.I., Editorial Fondo de Cultura Econ�mica. P�g. 286. M�xico 1995). Otro jurista mexicano, tambi�n distinguido investigador J.F.C.�rdenas G.�a establece (La C.�n para la Democracia. Propuestas para un Nuevo Orden C.onal. UNAM. 1996. P�g. 22) anota que en la construcci�n del Estado de derecho para ser considerado como tal se requiere de los siguientes elementos: 1) P.�a de la ley; 2) Sistema jer�rquico de normas; 3) Legalidad en los actos de la administraci�n; 4) Separaci�n de poderes; 5) Protecci�n y garant�a de los derechos humanos; 6) Examen de la constitucionalidad de las leyes. Admitiendo el valor jur�dico de los conceptos citados, indudablemente reconocidos en nuestra Carta Magna, pero relacion�ndolas con la reforma al art�culo 2807 del C�digo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte la ruptura del Estado de derecho por el abuso de poder de la mayor�a legislativa de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado. No existe jur�dicamente posibilidad alguna de armonizar el conflicto constitucional surgido entre la reforma a la codificaci�n civil coahuilense y la N.F.. M�s a�n, estimamos que la reforma al precepto legal nos coloca ante la aguda cuesti�n del fraude a la ley, que de acuerdo con la definici�n cl�sica existe cuando a trav�s de medios l�citos, apegados al texto de la norma se logra obtener lo que �sta proh�be y que constituye su esp�ritu. La maniobra del fraude a la ley implica un fin prohibido y requiere la intervenci�n de dos o m�s normas. �stas pueden formar parte del mismo sistema jur�dico y pueden incluso no referirse a la misma materia, diferir en lo que se refiere a supuestos de regulaci�n pero que tienen conexi�n respecto a las finalidades mediatas. Derecho C.onal, L.T.G.,E.A.N., p�gs. 44 y 45. Editorial Harla. 1995. Fraude a la ley porque se burla el principio de supremac�a constitucional, el principio de facultades expresas para los distintos �rganos del Estado la ruptura del Pacto Federal y de su juridicidad por la transgresi�n de los �mbitos competenciales; y falta de motivaci�n y fundamentaci�n del acto legislativo y la consecuente violaci�n a los art�culos 14 y 16 constitucionales. En fin, se contradice a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos en sus fundamentos dogm�ticos y en su car�cter de norma organizadora del Estado. Todo ello, ampliamente expresado en este concepto de invalidez en el cual se apoya nuestra acci�n de inconstitucionalidad y da sustento a nuestra petici�n de que se declare jur�dicamente inexistente, la reforma al art�culo 2807 del C�digo Civil para el Estado de Coahuila; y por ende la declaraci�n expresa de que no surte efecto legal alguno en el �mbito de su aplicaci�n; porque contradice la fuerza normativa del derecho que emana de la C.�n. Segundo: L.es violadas. Art�culos 1o., 13, 14, 16, 17, 40, 41, 73 fracc. X, 124, 128 y 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. B) Inconstitucionalidad de las reformas al C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila, que figuran en el P.�dico Oficial del Estado del 29 de julio de 1997, aprobadas en la misma fecha por el H. Congreso del Estado, y que entraron en vigor al d�a siguiente, seg�n el primer transitorio del decreto promulgatorio. a) Dicha reforma, prevista en el segundo art�culo del decreto del 29 de julio de 1997, que comprende supresiones, modificaciones y adiciones a los art�culos 430 fracci�n IX, 468 al 488 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y que regulan el juicio hipotecario, resultan evidentemente inconstitucionales. En su conjunto y en sus derivaciones particulares, tales reformas se contraponen al esp�ritu del art�culo 14 constitucional, p�rrafo 2o., conforme al cual: ?Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.?. b) La disposici�n constitucional anotada, consagra la garant�a de audiencia, que es considerada como uno de los pilares en los que se sustenta el orden jur�dico nacional. Su origen en el texto de la Carta Magna responde adem�s a una evoluci�n hist�rica que se remonta a la C.�n de Apatzing�n de 1814. La garant�a de audiencia consagrada en la C.�n vigente, responde al principio del due process of law, establecido en la V enmienda de la C.�n Federalista Norteamericana, el cual es aceptado en la mayor parte de los pa�ses latinoamericanos, como un modelo que contiene las directrices esenciales de todo procedimiento. Es oportuno se�alar que la garant�a de audiencia ha sido desarrollada en nuestro sistema jur�dico nacional, en consonancia con el concepto de formalidades esenciales del procedimiento, que contienen las bases fundamentales que dan validez al proceso, otorgando al gobernado un conjunto de garant�as m�nimas que han de concurrir para validar el proceso, y cuya violaci�n atenta contra los derechos esenciales de los justiciables. En nuestra L. de Amparo se ha reconocido el concepto de formalidades esenciales del procedimiento, que aparecen sistematizadas en el art�culo 159 de dicho ordenamiento, en el cual se establecen los casos en que se consideran violadas las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del particular, en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo. c) Por otra parte, es indiscutible que la garant�a recogida en el art�culo 14 constitucional, no contiene solamente una exigencia dirigida a �rganos jurisdiccionales, sino que su normatividad es m�s amplia, extendi�ndose incluso frente a las autoridades legislativas, las cuales con motivo de sus funciones, no pueden atentar contra el derecho de defensa en juicio, la igualdad de las partes en el proceso, las formalidades esenciales que se comprenden como condiciones para la validez constitucional de todo juicio. En tales condiciones, la garant�a de audiencia debe prevalecer, como norma esencial de la autoridad, aun en el caso de que existan leyes secundarias que la contravengan, siendo el deber del �rgano jurisdiccional ajustar su actuaci�n al precepto constitucional, incluso frente a la norma sancionada por el legislador ordinario. Asimismo, la garant�a de audiencia ha de hacerse prevalecer, aun cuando la ley ordinaria no prevenga el procedimiento para tal efecto. El doctor G.F., en la ejecutoria dictada el 22 de junio de 1944 en el juicio de amparo promovido por Mar�a S.M. de Vald�s, como ponente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ampli� el concepto de garant�a de audiencia, incluso frente a las autoridades administrativas, se�alando: ?La garant�a de audiencia que establece el art�culo 14 constitucional debe interpretarse en el sentido no de la exigencia de un juicio previo ante los tribunales establecidos sino que las autoridades administrativas, previamente a la emisi�n de cualquier acto que implique privaci�n de los derechos, respetando los procedimientos que lo condicionan, tiene la obligaci�n de dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no establezca tal garant�a; basta que sea consagrada en la C.�n General de la R.�blica. Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Vol. 63, Segunda P., p�g. 25; e Informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, 1982, Segunda P., Segunda Sala, p�g. 90.?. En cuanto a la eficacia normativa de la garant�a de audiencia frente a los �rganos del Poder Legislativo, pueden se�alarse tambi�n los siguientes criterios jurisprudenciales: ?AUDIENCIA GARANT�A DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La garant�a de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no s�lo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino tambi�n frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les d� oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligaci�n constitucional se circunscribe a se�alar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los �rganos legislativos est�n obligados a o�r a los posibles afectados por una ley antes de que �sta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cu�les son todas aquellas personas que en concreto ser�n afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formaci�n de las leyes corresponde exclusivamente a �rganos p�blicos. Sexta �poca, Primera P.: Vol. CXXXII, p�g. 24. A.R. 1501/53. L.B.R.�n y coags. Unanimidad de 20 votos. S�ptima �poca, Primera P.: V.. 97-102, p�g. 42. A.R. 3708/75. J.M.�a E.O.. Unanimidad de 16 votos. V.. 97-102, p�g. 42. A.R. 6163/75. J.R.R. y otros. Unanimidad de 16 votos. V.. 103-108, p�g. 75. A.R. 5847/76. E.R.C.G.C.�n y otro. Unanimidad de 18 votos. V.. 157-162, p�g. 237. A.R. 6408/76. Mar�a F. de L. y otro. Unanimidad de 16 votos. (Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, 1a. P., P., pp. 29-30).?. ?AUDIENCIA, GARANT�A DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCI�N NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligaci�n de respetar a alguno de los interesados la garant�a de previa audiencia para pronunciar la resoluci�n de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de o�rlo en defensa, en atenci�n a que, en ausencia de precepto espec�fico, se halla el mandato imperativo del art�culo 14 constitucional que protege dicha garant�a a favor de todos los gobernados, sin excepci�n. Sexta �poca, Tercera P.: Vol. LXXXVIII, p�g. 30 A.R. 831/64. Mercedes de la Rosa Puente. 5 votos. S�ptima �poca. Tercera P.: Vol. 26, p�g. 122. A.R. 2462/70. Poblado Villa Rica, M.. de Actopan, Ver. 5 votos. Vol. 26, p�g. 122. A.R. 4722/70. Poblado de las Cruces, hoy F.I.M., M.. de L. de M., J.. 5 votos. Vol. 63, p�g. 25. A.R. 3372/73. C.G.�mez de Mendoza. 5 votos. Vol. 63, p�g. 25. A.R. 2422/73. A.C.G.. 5 votos. (Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, 8a. P., Jurisprudencia Com�n al P. y a las S., p. 112).?. d) M�s a�n, los principios del debido proceso legal y de la garant�a de defensa en juicio, han rebasado las fronteras nacionales, en diversos aspectos, elev�ndose a la categor�a de disposiciones internacionales consagradas en convenios que forman parte de nuestro sistema interno, toda vez que algunos han sido ratificados por el Ejecutivo Federal y por el Senado de la R.�blica, en mayo de 1981, por lo que, en t�rminos del art�culo 133 constitucional, son parte integrante de la L. Suprema de la Uni�n. As�, la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, en su art�culo 8o. establece: ?Toda persona tiene derecho a ser o�da, con las debidas garant�as y dentro de un plazo razonable, por un J. o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci�n de cualquier acusaci�n penal formulada contra ella, o para la determinaci�n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car�cter.?. Por su parte, el art�culo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de las Naciones Unidas, dispone en lo conducente: ?Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr� derecho a ser o�da p�blicamente y con las debidas garant�as por un tribunal competente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciaci�n de cualquier acusaci�n de car�cter penal formulada en contra de ella o para la determinaci�n de sus derechos y obligaciones de car�cter civil ...?. e) Es de puntualizarse que las formalidades esenciales del procedimiento que dan cuerpo a la garant�a de audiencia, revelan una estrecha conexi�n entre las normas constitucionales y las normas ordinarias reguladoras del proceso, tal como lo ha destacado el sector m�s avanzado de la doctrina latinoamericana, sobre todo desde que C. advirtiera que las bases del derecho procesal se encuentran contenidas en los principios constitucionales. Luego entonces, puede afirmarse que las leyes ordinarias de car�cter procesal no hacen m�s que reglamentar el contenido y alcances de las normas de rango constitucional, devolviendo los principios cardinales en ellos enunciados. A partir de esa relaci�n, ha sido una preocupaci�n constante de muchos pa�ses, la lucha por consagrar en los textos de la Carta Magna las bases fundamentales del procedimiento, con la finalidad de dotarlas de la estabilidad necesaria para enfrentar los cambios operados en los reg�menes pol�ticos con tendencias a abolir, restringir indebidamente los derechos esenciales del gobernado. f) Es innegable, por otra parte, la contribuci�n que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en relaci�n a la garant�a de audiencia y a la sistematizaci�n de las formalidades esenciales del procedimiento, pudiendo se�alarse, entre otras las ejecutorias siguientes: ?AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANT�A DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garant�a de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervenci�n se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finquen las defensas; y la de producir alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jur�dicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privaci�n de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificaci�n que tiene por finalidad que aqu�l se entere de cu�les son los hechos y as� est� en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultar�a pr�cticamente in�til, puesto que el presunto afectado no estar�a en condiciones de saber qu� pruebas aportar o qu� alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que �sta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jur�dica. Amparo en revisi�n 2592/85. L.S.Q.. 13 de noviembre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. Amparo en revisi�n 1487/85. A.V.�in de C.�n. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: C. de S.N.. Amparo en revisi�n 1598/85. D.T. de Ruy S�nchez. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. Amparo en revisi�n 1558/85. O.M. de R.. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. Amparo en revisi�n 1594/85. R.S.I.. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988. 2a. P., Segunda Sala, p�g. 486.?. ?FORMALIDADES ESENCIALES QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga �se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento�. �stas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado. Amparo directo en revisi�n 2961/90. �pticas D. del Norte, S. 12 marzo de 1992. Unanimidad de 19 votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. S.retaria: Ma. Estela F.M.G.P.. El Tribunal P. en su sesi�n privada de fecha 20 de mayo de 1992, aprob� por unanimidad de votos, con el n�mero LV/92 la tesis que antecede y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, No. 53, mayo de 1992.?. g) Las normas procesales, entendidas como reglamentaci�n de los principios constitucionales, para que exista una adecuada relaci�n entre ambos niveles normativos, es imprescindible adem�s que la legislaci�n procesal est� en congruencia con las orientaciones pol�ticas que rigen el ejercicio del poder p�blico. En un r�gimen de gobierno democr�tico, republicano, como el que establece nuestra Carta Magna en sus art�culos 39 y 40, resulta inadmisible un tipo de proceso con una estructura diversa a tales directrices pol�ticas. Es altamente significativo que en las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, celebradas en Montevideo, Uruguay, en 1957, con relaci�n al tema de ?Garant�as C.onales del Proceso? se pronunci� la siguiente conclusi�n: ?III. Debe afirmarse como inconciliable con toda organizaci�n de tipo democr�tico, republicana, cualquier forma de proceso que bajo pretexto de acrecentar los poderes del J. o asegurar la moralidad y la verdad en el proceso, implique introducir principios y modalidades del proceso, propias de la concepci�n autoritaria del Estado (Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, enero-marzo de 1958, p. 2 y 55).?. h) Dentro de las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el art�culo 14 de nuestra C.�n, que de manera m�s concreta se encuentran reconocidas por el art�culo 159 de la L. de Amparo, se encuentra el principio de la igualdad procesal de las partes, que implica la paridad de oportunidades de los litigantes, quienes deben contar con las mismas cargas y posibilidades para llevar a cabo los actos del proceso que a cada una de ellas corresponde. Esta m�xima tiene su raz�n de ser en la bilateralidad de la audiencia, que hace necesario que ante la petici�n de una parte deba o�rse a la otra, a fin de saber si acepta o contradice. El proceso se desarrolla entonces mediante el sistema de la contradicci�n entre partes, con id�nticas oportunidades de ser o�das y admitidas y sujetas a la prueba, la contestaci�n de una a lo afirmado por la otra, a fin de que el juzgador al sentenciar, conozca los argumentos de ambas partes, las pruebas producidas en juicio y los alegatos que formulen, y pueda emitir una sentencia razonable que d� soluci�n al litigio. Este sistema del tratamiento igualitario a los litigantes es condici�n indispensable para garantizar la participaci�n del gobernado en la formaci�n del objeto litigioso, mediante el uso de mecanismos legales de ataque y defensa. As� pues, el legislador est� impedido para emitir disposiciones legales que restrinjan injustificadamente el derecho de defensa en juicio, privando a una de las partes de la oportunidad de oponerse a las pretensiones de la otra, lo que ser�a tanto como crear un desequilibrio, contrario al debido proceso legal. En consecuencia, la igualdad de las partes en el proceso resulta del principio constitucional de la igualdad de los gobernados ante la ley, consagrado en la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que se ha recogido por la mayor parte de los textos constitucionales modernos, y que tutela nuestra Carta Magna en su primer art�culo. Su aplicaci�n al derecho procesal se ve influida por la bilateralidad del procedimiento que se desenvuelve bajo el sistema de partes en conflicto, imponiendo una t�cnica que ha de garantizar la ley procesal colocando en igualdad de oportunidades a ambas partes. i) Ahora bien, al disponer el art�culo 14 constitucional, en su p�rrafo segundo que nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, es evidente que la garant�a de audiencia impone una regla a las funciones ejecutivas de la autoridad jurisdiccional, prohibi�ndose que lleve a cabo actos de ejecuci�n que afecten la esfera jur�dica del gobernado, sin dar a �ste la oportunidad de ser o�do en juicio y de tener acceso al derecho de defensa. Por este medio, la garant�a del debido proceso legal establece un v�nculo necesario entre la fase de conocimiento y la fase de ejecuci�n que conforman el proceso, y cuya situaci�n no puede ser menoscabada por el legislador ordinario. Es sabido que la actividad de conocimiento y la funci�n de ejecuci�n constituyen los instrumentos fundamentales de que se vale la jurisdicci�n para la soluci�n de controversias. La primera presupone un debate entre partes que debe resolver el J. mediante la declaraci�n de certeza contenida en la sentencia; la segunda esuna actividad en la cual, la soluci�n del conflicto se realiza a trav�s de actos ejecutivos que afectan la esfera patrimonial del gobernado que figura como sujeto pasivo de una pretensi�n. Esta dualidad de funciones no puede dar lugar a una separaci�n absoluta por encontrarse vinculadas a trav�s de la garant�a de audiencia, ya que un procedimiento de mera ejecuci�n, sin contar con una fase de conocimiento, para el ejercicio de la defensa, es claramente atentatorio del debido proceso legal. j) Todo proyecto de reforma legislativa, en materia procesal civil, debe tomar en cuenta, como punto de partida, la relaci�n ineludible entre las funciones de conocimiento y de ejecuci�n del �rgano jurisdiccional, para satisfacer la exigencia del p�rrafo segundo del art�culo 14 constitucional, sobre todo las reformas que afectan la naturaleza de los procedimientos especiales, como ocurre en el caso que se plantea. La idea fundamental del procedimiento declarativo ordinario es la de resolver un litigio en toda su magnitud, concediendo a las partes toda clase de oportunidades con el fin de facilitar el planteamiento de una controversia con toda la extensi�n requerida, y la meta de la sentencia es que la cosa juzgada surta sus efectos resolviendo todos los puntos del debate, por lo cual se califica como un juicio de cognici�n plenaria. En caso de que la sentencia dictada en ese procedimiento sea condenatoria a cierta prestaci�n, esa decisi�n sirve de t�tulo que abre la fase de ejecuci�n en la denominada v�a de apremio, que es la forma ordinaria de la ejecuci�n forzosa. Es cierto que la mayor parte de la doctrina procesal reconoce y admite algunos juicios especiales de cognici�n sumaria que tienden a restringir la actividad defensiva y a facilitar el ejercicio de la funci�n ejecutiva. De este modo se permite que en una misma fase procesal se realicen simult�neamente las funciones declarativa y ejecutiva, que en otros casos, ordinariamente se efect�an en fases o procesos separados. Pero para ello se requiere siempre de un t�tulo ejecutivo que haga las funciones de la sentencia de condena, y con base en el mismo despachar ejecuci�n contra el demandado con fines meramente cautelares, otorgando al ejecutado la oportunidad de deducir oposici�n, a trav�s de excepciones procesales y sustanciales. Esta eventual oposici�n, que se deja al inter�s del demandado, en caso de ejercitarse abre una fase de cognici�n sumaria con posibilidades defensivas limitadas; ya sea por raz�n de las pruebas o, de acuerdo con el modelo espa�ol, por la enumeraci�n taxativa de excepciones materiales. En consecuencia, el rasgo principal del procedimiento de summaria cognitio es que no aspira a la completa y definitiva soluci�n del litigio, sino a un conocimiento parcial, provisional y nunca tiene como meta la formaci�n de la cosa juzgada. En este aspecto es muy claro el principio contenido en el art�culo 1479 de la L. de Enjuiciamiento Civil Espa�ola en vigor de la cual deriva nuestra legislaci�n procesal, al establecer que: ?Las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no producen la excepci�n de cosa juzgada, quedando a salvo su derecho a las partes para promover el ordinario sobre la misma cuesti�n.?. Es cierto que autores como Prieto-C. y F.G.�n, han precisado la f�rmula del art�culo citado, se�alando que es m�s exacto decir que la cosa juzgada est� limitada al �mbito de conocimiento que en esos procesos es permitido al J.. De cualquier manera, es claro que la sentencia es de efectos limitados y salva el derecho de defensa del demandado, quien podr� ser o�do en juicio posterior respecto a aquellas excepciones que no fueron admisibles en la cognici�n sumaria. Como precisa L. (?Sobre el juicio ejecutivo? en Estudios de Derecho Procesal en honor de H.A., B. Aires, E., 1946, p. 390) el fin de la sentencia es determinar si la ejecuci�n contin�a o no. La adopci�n del juicio ejecutivo espa�ol en nuestro pa�s, se remite a la L. de Procedimientos Judiciales de 1857, que se ajust� a sus antecedentes, pero las legislaciones mexicanas posteriores desnaturalizaron su esencia, ya que el C�digo de Procedimientos Civiles de 1872 suprimi� las limitaciones defensivas y, consecuentemente el juicio ordinario posterior, donde la sentencia ten�a autoridad de cosa juzgada formal y material. El C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1880 restableci� el juicio declarativo posterior, pero s�lo en beneficio del actor en caso de improcedencia de la v�a ejecutiva. Dicha f�rmula se reiter� sin modificaci�n alguna en el C�digo de Procedimientos Civiles del D.F. y Territorio de Baja California de 1884. De dicho ordenamiento derivan, a su vez, el juicio ejecutivo civil mexicano y el juicio ejecutivo mercantil. Tales antecedentes est�n se�alados por el Dr. Soberanes y Fern�ndez (Historia del Juicio Ejecutivo Civil, M�xico, UNAM, 1977, pp. 53-55) quien advierte la cuesti�n de inconstitucionalidad derivada del hecho de que s�lo el actor cuente con el derecho de promover un juicio posterior al ejecutivo, lo que pugna con el principio de igualdad de los individuos ante la ley. Por su parte, el Dr. Ovalle Favela al comentar el art�culo 1403 del C�digo de Comercio alude al problema de interpretar si el demandado que no pudo oponer todas sus excepciones, sino s�lo las permitidas por el art�culo mencionado, puede o no plantearlas en un juicio ordinario posterior al ejecutivo (Derecho Procesal Civil, Harla, 1992, 5a. ed., p. 364). Es evidente que la clasificaci�n de juicios, aparte de su inter�s acad�mico, reviste una importancia de mayores dimensiones porque la regulaci�n de juicios especiales, que es en definitiva el programa de acci�n del Estado para dar respuesta a las necesidades de los gobernados en materia de impartici�n de justicia, dentro de los cauces y directrices que impone la C.�n, y de manera concreta resulta inadmisible que la regulaci�n de juicios especiales se d� en contravenci�n a la garant�a de audiencia tutelada por la Carta Fundamental. Menos aun cuando a trav�s de reformas poco meditadas por el legislador, y con el pretexto de expeditar la administraci�n de la justicia, se rompa con la estructura de procedimientos especiales, dando cabida a privilegios que pugnan con las garant�as individuales y se aparten de los principios republicanos a que sujeta la C.�n. k) Ahora bien, examinada la reforma del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila, publicada en el P.�dico Oficial del 29 de julio de 1997, que contiene modificaciones y supresiones en torno a los art�culos 430 fracci�n IX, 468 al 488, a la luz de la garant�a de audiencia y del principio del debido proceso legal, no puede sino concluirse en la inconstitucionalidad de dicha reforma. l) Como cuesti�n previa, debe se�alarse que la reforma estableci� dos tipos de juicios para el ejercicio de la acci�n de pago o prelaci�n de cr�ditos hipotecarios, en beneficio de la parte acreedora, a saber: a) La v�a especial hipotecaria que se introduce y reglamenta a trav�s de la reforma, para ventilar acciones que tienen por objeto el pago o prelaci�n de cr�dito hipotecario que conste en escritura (p�blica o documento privado, seg�n corresponda conforme a la ley) y sea de plazo cumplido o exigible en los t�rminos pactados o conforme a las disposiciones legales aplicables; y b) El juicio hipotecario que podr� seguirse en la v�a sumaria a que aluden los art�culos 433 al 442 del mismo c�digo, para el ejercicio de acciones que tienen por objeto la constituci�n, ampliaci�n, divisi�n, registro o cancelaci�n de hipoteca o bien, acciones de pago o prelaci�n de cr�ditos garantizados con hipoteca cuando no re�nan los presupuestos necesarios para la procedencia de la v�a hipotecaria especial creada por el legislador. (As� se desprende del texto de los art�culos 430 fracci�n IX y 468, tal como quedaron redactados con motivo de la reforma). Con una visible inclinaci�n a dar protecci�n a la parte acreedora, el legislador configur� en su favor un proceso especial hipotecario que no figuraba en el c�digo, con anterioridad a la reforma, pero a la vez otorg� a disposici�n de dicha parte el antiguo procedimiento denominado sumario, conservado en la legislaci�n procesal coahuilense, en la cual se conserva la dualidad entre juicios ordinarios y los denominados sumarios, previstos en su art�culo 430, y que evidentemente no se trata de juicios aut�nticamente sumarios, sino plenarios acelerados, para utilizar la terminolog�a del profesor F.G.�n. 2) En su af�n de facilitar todos los medios procesales en favor de la parte acreedora, el art�culo 469 reformado va m�s all�, al establecer la procedencia de la v�a hipotecaria especial aun sin necesidad del requisito fijado en el art�culo anterior, concerniente a la inscripci�n registral del contrato garantizado con hipoteca, sin otras condiciones que: I. El o los documentos base de la acci�n tengan el car�cter de t�tulo ejecutivo. II. El bien se encuentra inscrito a favor del demandado; y III. No existe embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos noventa d�as anteriores a la fecha de presentaci�n de la demanda. As� pues, mediante la satisfacci�n de los requisitos enumerados en el precepto, hace procedente la v�a hipotecaria especial, con lo cual el legislador, dej� de lado la trascendencia jur�dica que tiene la inscripci�n registral del contrato, con evidente perjuicio para las partes. La primera de las fracciones transcritas es excesivamente confusa, y mezcla indebidamente la acci�n hipotecaria de car�cter real, con la acci�n personal del cr�dito basado en el t�tulo contractual, la cual dar�a lugar a una acci�n ejecutiva, si del contrato deriva una obligaci�n l�quida, vencida y exigible, otorgando la posibilidad de garantizar el pago pero mediante los bienes que se hallen en poder del deudor, pero no a obtener la venta del bien hipotecario y la prelaci�n del pago. Tales defectos t�cnicos son de suma importancia porque como contrapartida la idea del legislador es que en el mismo juicio se lleve a cabo el remate o adjudicaci�n de la finca hipotecada, siendo notables los defectos procesales que la reforma trae consigo, en perjuicio de las partes y de terceros, con menoscabo de la garant�a de audiencia. Tampoco el segundo requisito, al que alude la fracci�n II, puede servir de control para evitar perjuicio a terceros, habida cuenta que la inscripci�n del dominio del bien en favor del deudor demandado, ante el Registro P�blico, no pueda servir de base para asegurar la subsistencia del cr�dito hipotecario base de la acci�n. El requisito de que el bien no tenga inscrito embargo o gravamen en favor de un tercer acreedor, a que alude la fracci�n III, tampoco es trascendente para la finalidad de la acci�n hipotecaria. Resulta claro entonces que el legislador se pronunci� en favor de dar al acreedor demandante gran apertura de la v�a especial para el cobro de sus cr�ditos, prescindiendo casi por completo del sistema de publicidad registral, que es esencial para el ejercicio de la verdadera acci�n hipotecaria en sus fases de pago o prelaci�n. La verdad es que este procedimiento especial, con total desapego del primado constitucional de la garant�a de audiencia, origina perjuicio no s�lo a las partes, sino inclusive a terceros. 3) Sin embargo, el rasgo m�s destacado de la inconstitucionalidad del procedimiento especial que introdujo la reforma, estriba sin duda, en el hecho de haber otorgado el legislador coahuilense a dicho juicio la estructura de un proceso ejecutivo, seg�n se advierte del p�rrafo 3o. del art�culo 470, del tenor literal siguiente: ?El J. revisar� la contestaci�n de la demanda. S�lo admitir� las excepciones que se funden en alguna de las fracciones I, II, III y V del art�culo 35 de este c�digo, la de pago total o parcial y la de improcedencia de la v�a. Cualquiera otra, s�lo la admitir� si est� basada en documento que lo apoye.?. En efecto, las excepciones a que se refieren las tres primeras fracciones del art�culo 35 del ordenamiento, son de car�cter estrictamente procesal, por referirse a la incompetencia, a la litispendencia y a la conexidad, mientras que la excepci�n prevista en la fracci�n V, es de car�cter dilatorio sustancial, consistente en la falta de cumplimiento del plazo o de la condici�n a que est� sujeta la acci�n. En tal orden, las �nicas excepciones de m�rito que puede oponer el demandado, dentro de la v�a especial hipotecaria, es la de pago (total o parcial), si se toma en cuenta que la excepci�n de improcedencia de la v�a, que el p�rrafo transcrito contempla, es de car�cter procesal. En el p�rrafo transcrito, el legislador introdujo una summaria cognitio, restringiendo el derecho constitucional de defensa del demandado, lo que adem�s de atentar contra el debido proceso legal, implica una injustificada estructuraci�n de corte netamente ejecutivo, con graves consecuencias de orden procesal, teniendo en cuenta que la sentencia dictada en este tipo de juicios, tendr� autoridad de cosa juzgada formal y material, clausurando completamente el debate o impidiendo que el litigio pueda continuarse en otra fase. Luego entonces, la reforma no es congruente, con el m�todo de la cognici�n sumaria, porque al haber optado por la limitaci�n taxativa de excepciones, debi� en todo caso, para ser consecuente, permitir a las partes la posibilidad de ocurrir al juicio ordinario posterior, al completo ejercicio de aquellas excepciones que no pudo hacer valer en la v�a hipotecaria especial, aplicando las directrices de la legislaci�n espa�ola. Al no hacerlo, el legislador atenta contra la garant�a de defensa en juicio y las formalidades esenciales del procedimiento. En el mismo p�rrafo transcrito se advierte la restricci�n de la actividad defensiva, mediante el m�todo de cognici�n sumaria basada en la limitaci�n de las pruebas. As� en la parte final del p�rrafo se establece: ?Cualquier otra, s�lo la admitir� si est� basada en documento que la apoye.?. Ello no quiere decir que cualquier tipo de excepciones, finalmente sea admisible, pues lo que se advierte es que en este punto, el legislador sigui� el m�todo de limitar el conocimiento a trav�s de la prueba, admitiendo perjuicio de la fisonom�a del juicio, convirti�ndolo en un procedimiento de corte documental, �nicamente admisible para el ejercicio de acciones cambiarias. Resulta inaudita la restricci�n de la actividad defensiva en cuanto al m�rito o fondo del negocio, al grado de prever como �nica excepci�n la de pago, en lo cual el legislador estatal fue m�s all� de los sistemas sumarios conocidos, si se compara con el cat�logo de excepciones admisibles en el juicio ejecutivo mercantil. 4) En el p�rrafo tercero del art�culo 471 reformado, se dispone lo siguiente: ?En caso de allanamiento de la demanda; o si el deudor no hace valer defensas ni opone excepciones; o las opone en forma distinta a lo se�alado en este ordenamiento; o fuera del t�rmino concedido para ello, se pronunciar� inmediatamente sentencia definitiva.?. La disposici�n hace patente la intenci�n del legislador de ejecutivizar por completo la v�a hipotecaria especial, eliminando inclusive toda funci�n declarativa tendiente a establecer la certeza del litigio, pues lo que importa en este tipo de procedimiento es la ejecuci�n coactiva, concretizada en el remate del bien hipotecado. De esa manera, bastar� la circunstancia de que el deudor no se oponga, o lo haga con excepciones inadmisibles, para el dictado de la sentencia definitiva, esto es, siguiendo las formas del proceso sumario ejecutivo. 5) La marcada tendencia hacia la ejecutivizaci�n del proceso hipotecario, tambi�n es atentatoria del art�culo 14 constitucional, si se examina la reforma desde el punto de vista de los presupuestos procesales. Como qued� precisado, la base de la cognici�n sumaria, es la existencia de un t�tulo ejecutivo de que est� investido el actor, documento que trae aparejada ejecuci�n siempre que re�na las condiciones formales y materiales, de manera que el derecho documentado sea cierto, l�quido, exigible y de plazo cumplido, de modo que haga posible despachar ejecuci�n contra los bienes del deudor, en v�a cautelar. Es un error pues asimilar la acci�n hipotecaria de pago o prelaci�n a un t�tulo ejecutivo, ya que el cr�dito hipotecario base de la acci�n, no re�ne en todos los casos los prerrequisitos para considerarse como tal, es decir, con la calidad de un t�tulo ejecutivo. El legislador soslay� el hecho de que la acci�n hipotecaria va dirigida realmente contra los bienes, en virtud del derecho de persecuci�n que la misma implica, por lo que si el acreedor ejercita la acci�n personal de cr�dito, fund�ndose en el contrato, suponiendo sin admitir su ejecutividad, se trata entonces de un mero procedimiento ejecutivo que le otorga el derecho a trabar embargo sobre los bienes que se encuentren en poder del deudor, de acuerdo con el beneficium ordinis ya conocido, pero no el derecho a la ejecuci�n sobre el bien hipotecado. Resulta entonces un contrasentido la pretensi�n del legislador de imprimir a la v�a especial hipotecaria la fisonom�a propia de un procedimiento de tipo ejecutivo, el cual siempre se encuentra vinculado a la summaria cognitio, �nica que justifica el sistema de limitaci�n taxativa de excepciones, y cuya constitucionalidad s�lo se legitima cuando se concede a las partes el beneficio del juicio posterior ordinario. 6) As� pues, en el sistema jur�dico nacional, y de acuerdo a la tradici�n espa�ola, el juicio hipotecario ha sido considerado como un proceso declarativo cuyo objeto es resolver un litigio a trav�s del conocimiento, a pesar de que durante su tramitaci�n se admite como medida cautelar el aseguramiento registral del bien hipotecado, por lo que no existen razones de peso para transformarlo en un procedimiento meramente ejecutivo como pretende la reforma, y menos a�n se justifica atribuirle esa estructura cuando en rigor no se siguieron los lineamientos de un verdadero juicio ejecutivo. 7) Motivo especial de preocupaci�n es la desposesi�n judicial de la finca hipotecada en los t�rminos a que se refieren los art�culos 475 y 476 reformados, toda vez que el privilegio otorgado al acreedor hipotecario lesiona gravemente los intereses de la parte demandada, conculcando sus garant�as individuales tuteladas en el art�culo 14 constitucional. En efecto, tales atribuciones en favor del acreedor se estiman altamente perjudiciales para el demandado, si se toma en cuenta la exagerada limitaci�n de la actividad defensiva, con motivo de la restricci�n a las excepciones de m�rito, habida cuenta que normalmente la depositar�a del bien hipotecado ha sido considerada como mera medida cautelar, de car�cter provisional, sujeta a un debate posterior en el cual las partes puedan discutir con toda amplitud sobre los derechos controvertidos. Pero al hacer nugatoria esa posibilidad de una cognificaci�n amplia, y dar margen a que el fallo tenga efectos de cosa juzgada formal y material, pr�cticamente la reforma legitima la desposesi�n del bien, poni�ndolo de inmediato en manos del actor. 8) D. mismo modo, el derecho probatorio de las partes, se ve exageradamente reducido por la sumariedad de los tr�mites, anulando las oportunidades probatorias de la parte demandada, y propiciar un alto grado de indefensi�n. Ello es as� porque: a) El ofrecimiento de pruebas ha de hacerse en los escritos que fija la controversia, y toda vez que el demandado debe ofrecer los medios de prueba en su escrito de contestaci�n; �nicamente dispone del t�rmino de cinco d�as (art�culos 471 y 470); b) El J. resolver� sobre la admisi�n o desechamiento de las pruebas en el auto que recaiga a las promociones en que se ofrezcan, pudiendo desechar aquellos medios de convicci�n que no se hayan relacionado con los hechos (art�culo 271); c) En el mismo auto en que se provea sobre la admisi�n de pruebas, se se�alar� fecha y horapara la celebraci�n de una audiencia en la que se reciban las pruebas admitidas, siendo una audiencia �nica y deber� efectuarse dentro de los veinte d�as siguientes (art�culo 271 in fine); d) Porque la preparaci�n de las pruebas admitidas queda a cargo de las partes. Por lo que deber�n presentar a los testigos, peritos y dem�s pruebas que les hayan sido admitidas y s�lo en caso de que existan periciales contradictorias de ambas partes, el J. en auxilio de las mismas, nombrar� a un perito tercero en discordia. Las pruebas, salvo la del perito tercero en discordia, se desahogar�n en la audiencia respectiva. En ese punto, la reforma contraviene frontalmente la garant�a de audiencia y el debido proceso legal, ya que es inconcebible que las partes por s� mismas puedan llevar a cabo la preparaci�n de las pruebas admitidas. Pi�nsese en las pruebas tales como la inspecci�n judicial, el informe de terceros, la prueba confesional, el cotejo de documentos, etc., para comprender el absurdo de arrojar a las partes la carga de preparar sus pruebas, cuya situaci�n se hace materialmente imposible. Adem�s, dicho precepto pugna con el derecho a la prueba, al relevar al tribunal de toda responsabilidad en la actividad preparatoria de prueba, pues es evidente que para la obtenci�n de las pruebas se requiere, en muchas ocasiones de la autoridad del J., para remover aquellos obst�culos que impiden a las partes recabar por s� mismas los medios de convicci�n. Luego entonces la reforma refleja en este aspecto un profundo alejamiento de la realidad y concluye privando a las partes del derecho constitucional a la obtenci�n de pruebas; e) La situaci�n se ve m�s agravada con la disposici�n prevista al final del art�culo 477 reformado, cuando establece categ�ricamente: ?Si la testimonial, pericial o documental que haya sido admitida como prueba, no se desahogaren a m�s tardar en la audiencia, se declarar� desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente.?; f) Asimismo el legislador incurre en la exageraci�n de establecer en el art�culo 480 lo siguiente: ?El J. debe presidir la audiencia, que se iniciar� resolviendo todas las excepciones dilatorias opuestas y los incidentes promovidos. Desahogar� las pruebas admitidas y preparadas. Enseguida, las partes proceder�n a alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga y acto continuo, el J. dictar� la sentencia que corresponda, la que podr� ser apelable �nicamente en el efecto devolutivo.?. En efecto, la regla anotada se aparta de las formalidades esenciales del procedimiento, mezclando en la misma audiencia funciones de distinta naturaleza, como son las relativas a depurar el procedimiento, resolviendo sobre las excepciones dilatorias, y los incidentes previos, pasando de inmediato al procedimiento de fondo, en las fases de desahogo de pruebas, alegatos y sentencias. De acuerdo a las caracter�sticas mencionadas, resulta evidente que el legislador estableci� un procedimiento aut�nticamente sumar�simo, que revela un marcado desequilibrio entre las partes, lesivo de la garant�a de audiencia, haciendo nugatorio el derecho a una defensa razonable, dentro de plazos accesibles a los justiciables, cuya inconstitucionalidad salta a la vista. 9) En lo que ata�e a la v�a de apremio de este proceso especial, el legislador coahuilense tambi�n introdujo una serie de reglas que regulan las fases de aval�o y de remate, en las que se observa la tendencia muy clara a proteger al m�ximo a la parte actora ejecutante, afectando una vez m�s los derechos procesales que competen al ejecutado, seg�n se demuestra atendiendo a lo que establecen los art�culos 481, 482 y 483. a) La idea del legislador fue la de prescindir en lo conducente de la actividad jurisdiccional, otorgando a las partes el derecho de fijar el aval�o de la finca hipotecada al momento de constituir la hipoteca, as� como la de que el precio fijado sirva de base para el remate en primera almoneda. Esta conclusi�n se obtiene de la sola lectura del art�culo 481, p�rrafo primero, conforme al cual: ?Para el remate, se tendr� como precio de la finca hipotecada el precio que se�ale el aval�o que presenta la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constituci�n de la hipoteca; o, en su caso, de no haberse acordado, se proceder� de la forma siguiente.?. Desde luego, al aprobar dicho precepto se pas� por alto el principio de la igualdad de las partes en el proceso, permitiendo la posibilidad de que la actora se favorezca con el incremento del valor de su pretensi�n, a trav�s de las fluctuaciones en las tasas de inter�s, mientras que el demandado debe conformarse con el valor del bien hipotecado convenido en el momento de la constituci�n de la hipoteca, impidi�ndole la oportunidad de incrementar ese valor, al privarle de la oportunidad de un correcto aval�o. b) S�lo en forma supletoria, cuando las partes no fijaron el precio del bien hipotecado, se proceder� al aval�o mediante corredor p�blico o perito, en los t�rminos a que se refieren las fracciones I y IV del art�culo 481 en comento. Dicho sistema de aval�o pericial, para efecto del remate, se aparta de las reglas generales del propio c�digo, para determinar el valor del bien, contempladas en el procedimiento denominado v�a de apremio. Es de advertirse sobre el particular que el nuevo sistema introducido ninguna seguridad ofrece para el buen desempe�o de la ejecuci�n satisfactiva, al disponer que si una de las partes omite presentar el aval�o en el t�rmino de diez d�as siguientes al en que fuere ejecutable la sentencia, se entender� que est� conforme con el aval�o exhibido por su contraparte. La otra regla es que si ninguna de las partes presenta el aval�o en el plazo anterior, se considerar� preferente y servir� de base al remate el primero que lo presente. Por �ltimo, si ambas partes exhibieron los aval�os y los mismos fueren discrepantes, servir� de base para el remate el promedio de ambos aval�os; siempre y cuando no exista m�s de un veinte por ciento de la diferencia entre el m�s bajo y el m�s alto, en cuyo caso el J. ordenar� se practique nuevo aval�o por el corredor p�blico o un perito de la instituci�n bancaria que al efecto se�ale. Tales reglas carecen de seriedad, para un fin tan importante como es el de establecer certeza jur�dica y seguridad en las diligencias de remate, en donde emana un inter�s p�blico para protecci�n de las partes, y aun de terceros, que el legislador, se rehus� a reconocer. 10) En la fracci�n V del art�culo 481 se establece que la vigencia del aval�o ser� de seis meses para llevar a cabo la primera almoneda, y que si las subsecuentes se realizaran en un t�rmino mayor de seis meses, se deber�n actualizar los valores de los bienes, sin embargo, dicha actualizaci�n se har� aplicando el �ndice Nacional de Precios al Consumidor, a no ser que por circunstancias extraordinarias se requiera de nuevo aval�o. 11) Finalmente, en el art�culo 482 se prev� que la adjudicaci�n a que alude el p�rrafo segundo del art�culo 2797 del C�digo Civil, se efectuar� de acuerdo a lo ordenado en la parte final de la fracci�n V del art�culo 481. Adem�s de las dificultades para interpretar el precepto, al final del mismo se establece, en lugar de la p�blica subasta, la venta del bien por medio de corredores, lo que desde luego entra�a un privilegio m�s en favor de la parte actora. En s�ntesis, todas las consideraciones expuestas, permiten demostrar que la reforma al juicio hipotecario aprobada por la Legislatura del Estado de Coahuila, publicada en el P.�dico Oficial de la misma entidad, con fecha 29 de julio de 1997, adem�s de injusta, es contraria a la garant�a de audiencia prevista en el art�culo 14 de la Carta Magna, y est� en pugna con el principio del debido proceso legal, por lo cual procede declarar su inconstitucionalidad. En efecto la fase de cognici�n del juicio, que se inicia con la demanda y culmina con la sentencia vulnera la garant�a de defensa y por lo mismo no satisface las formalidades esenciales del procedimiento. Por la misma raz�n, las fases de aval�o y remate del bien hipotecado que siguen a la sentencia carecen de sustento constitucional, habida cuenta que una ejecuci�n definitiva que atenta contra los derechos fundamentales del gobernado, en modo alguno puede legitimarse, ante la falta de su base esencial. Admitir lo contrario ser�a tanto como negar la letra y el esp�ritu del p�rrafo segundo del art�culo 14 de la Carta Magna, permitiendo a la autoridad la privaci�n de las propiedades, posesiones o derechos del gobernado a trav�s de actos de ejecuci�n de car�cter definitivo sin mediar un juicio con las formalidades esenciales del debido proceso legal. En orden a los razonamientos y consideraciones expuestos, ocurrimos ante esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para que, en uso de las facultades que le atribuye la L. Suprema de la Uni�n, y ponderando los argumentos que en este memorial se hacen valer, tenga a bien pronunciar la inconstitucionalidad de las reformas al C�digo Civil y al C�digo de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, publicadas en el P.�dico Oficial de esa entidad federativa del 29 de julio de 1997, haciendo que prevalezca el primado de la C.�n."
QUINTO. Resulta pertinente transcribir, para la mayor comprensi�n del asunto los siguientes documentos:
1. Exposici�n de motivos e iniciativa de reformas a diversos art�culos del C�digo Civil y del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila, planteada por el Ejecutivo del Estado que se�alan:
"Programa de vital importancia para el gobierno que me honro en encabezar es el referente al fomento de la vivienda. Por ello, establecer los mecanismos necesarios para que los coahuilenses cuenten con el patrimonio fundamental es compromiso de mi administraci�n. Implementar en el Estado mecanismos para la bursatilizaci�n de la cartera hipotecaria, consistente en llevar a cabo la venta de cr�ditos hipotecarios de la banca comercial en el mercado de valores, a cambio de recursos frescos para reciclar de nueva cuenta a las actividades productivas a trav�s del sistema financiero, permitir� a la propia banca comercial satisfacer la creciente demanda de vivienda y proveer este importante rubro en la entidad. Lo anterior permitir� crear instrumentos atractivos en pesos para inversionistas nacionales y extranjeros, dar revolvencia a la cartera hipotecaria de los bancos, as� como avanzar en la modernizaci�n del sistema bancario y en la creaci�n de capital a largo plazo. En virtud de ello, se hace necesario adecuar nuestro C�digo Civil, espec�ficamente en lo referente a la transmisi�n de derechos hipotecarios, para sustituir su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad por la simple cesi�n, ahorrando de esta manera tiempo y costos. Igualmente, con la finalidad de reducir el riesgo de los t�tulos respaldados con hipotecas se propone reformar el C�digo de Procedimientos Civiles para agilizar y reducir el costo del proceso judicial para la adjudicaci�n de garant�as hipotecarias. Esto es, el juicio hipotecario pasar� a ser un juicio ejecutivo, reduciendo con ello, en la medida de lo posible, las t�cticas dilatorias pero garantizando la equidad jur�dica entre demandante y demandado. Decreto. Art�culo primero. Se adiciona el art�culo 2807, con un tercer p�rrafo del C�digo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 2807. ... Las entidades financieras podr�n ceder cr�ditos que tengan garantizados con hipotecas sin necesidad de notificaci�n al deudor, ni de registro, cuando los mismos sean cedidos a una entidad financiera actuando a nombre propio o como fiduciaria y el prop�sito de la sesi�n sea la emisi�n y colocaci�n de valores siempre que el cedente deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos deber� �nicamente notificarlo al deudor. Art�culo segundo. Se reforman los art�culos 468 y 470 a 488, y se deroga la fracci�n IX del art�culo 430 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 430. ... VIII. ... IX. Se deroga ... XVI. ... 468. Se tratar� en juicio especial el juicio hipotecario, que tiene por objeto la constituci�n, ampliaci�n o divisi�n y registro de una hipoteca, as� como su cancelaci�n o bien el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice. Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelaci�n de un cr�dito hipotecario se siga seg�n las reglas de este cap�tulo, es requisito indispensable que la garant�a conste en escritura debidamente registrada y que el plazo de pago se haya cumplido, o que deba anticiparse conforme a lo previsto en los art�culos 1853 y 2788 del C�digo Civil para el Estado. 470. Presentado el escrito de demanda acompa�ado del instrumento respectivo, el J., si encuentra que se re�nen los requisitos fijados por los art�culos anteriores, ordenar� la expedici�n y fijaci�n de la c�dula hipotecaria y su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, y se mandar� se corra traslado de la demanda al deudor para que dentro del t�rmino de cinco d�as ocurra a contestarla. En la contestaci�n de demanda el deudor podr� oponer excepciones que no podr�n ser otras que las de pago, de contrato no cumplido, novaci�n, nulidad, de quita o de espera que consten por escrito, incompetencia, descripci�n de la acci�n, litispendencia, conexidad o de cosa juzgada. Las tres �ltimas solamente se admitir�n si se exhiben con la contestaci�n las copias selladas de la demanda, o de la contestaci�n de demanda o, trat�ndose de la litispendencia y conexidad, de la c�dula de emplazamiento del juicio primeramente promovido, en el caso de la cosa juzgada se deber� acompa�ar como prueba, copia de la sentencia. 471. La personalidad de los promoventes se analizar� de oficio por el J.. Las excepciones que se opongan, no suspender�n el procedimiento y se resolver�n de plano en la audiencia de ley. No proceder� la reconvenci�n en este juicio. 472. Tanto en la demanda como en la contestaci�n de demanda deber�n las partes plantear la controversia y ofrecer todas sus pruebas. El J. resolver� sobre la admisi�n de pruebas en el auto que recaiga a los escritos en que se ofrezcan las que deber�n desahogarse en la audiencia de ley, que deber� tener lugar en un t�rmino no mayor de 30 d�as. 473. Las partes deber�n ofrecer pruebas de su acci�n o de sus excepciones y defensas en los t�rminos del art�culo 472 de este c�digo, exhibiendo los documentos que no tuvieran en los t�rminos de los art�culos 96 y 97 de este ordenamiento. La preparaci�n de las pruebas quedar� a cargo de la parte oferente, por lo que en el acto de la audiencia, deber� presentar testigos, peritos y dem�s pruebas que le hayan sido admitidas y solamente en caso que demuestre fehacientemente al J. imposibilidad de preparar el desahogo de alguna de las pruebas que le fueran admitidas, �ste, bajo su m�s estricta responsabilidad, auxiliar� al oferente expidiendo los oficios y citaciones que corresponda y nombrar� perito tercero en discordia en caso de ser necesario, cuyos honorarios deber�n ser cubiertos por las partes en porcentajes iguales. Lo anterior a efecto de preparar las pruebas y desahogarse en los t�rminos del p�rrafo siguiente a m�s tardar en la audiencia de la ley. Si llamado un testigo, perito o solicitado un documento que haya sido ofrecido y admitido como prueba, no se desahogaran �stos en el momento de celebrarse la audiencia de ley, no obstante el auxilio del juzgado para su obtenci�n, por causas imputables al oferente, se declarar� desierta la prueba ofrecida. El J. deber� estar presente en la audiencia, la que se iniciar� resolviendo los incidentes que hubiere, desahogar� las pruebas admitidas y que procesalmente se puedan desahogar. Las que no estuvieren preparadas por culpa de los oferentes se declarar�n desiertas, por lo que la audiencia no se suspender� ni habr� diferimientos de �sta en ning�n caso por falta de preparaci�n. Desahogadas las pruebas, las partes podr�n alegar debiendo hacerlo por escrito, lo que a su derecho convenga y el J. dictar� la resoluci�n que corresponda. 474. Los incidentes no suspender�n el procedimiento, se tramitar�n cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte, y tres d�as para resolver. Si se promueve prueba, deber� ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citar� para audiencia indiferible dentro del t�rmino de ocho d�as, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones y se cite para sentencia interlocutoria que deber� pronunciarse dentro de los ocho d�as siguientes, y la resoluci�n se dictar� conjuntamente con la sentencia definitiva. 475. Si en el t�tulo con que se ejercita una acci�n hipotecaria se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, el J. mandar� notificaciones, en los t�rminos del art�culo 117 de este c�digo, la c�dula hipotecaria para que usen de sus derechos conforme a la ley. 476. La c�dula hipotecaria contendr� una relaci�n sucinta de la escritura y concluir� en estos t�rminos: ?En virtud de las constancias que preceden, queda sujeta la finca de la propiedad a juicio hipotecario, lo que se hace saber a las autoridades y al p�blico, para que no se practique en la mencionada finca ning�n embargo, toma de posesi�n, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del presente juicio o viole los derechos en �l adquiridos por el C. (aqu� el nombre del actor).?. 477. La c�dula hipotecaria se inscribir� en el registro p�blico correspondiente, a cuyo efecto se expedir� por duplicado copia certificada de la c�dula. Una copia quedar� en el registro y otra, ya registrada, se agregar� a los autos. 478. Si la finca no se halla en el lugar del juicio, se librar� exhorto al J. de la ubicaci�n, para que ordene el registro de la c�dula como se previene en el art�culo anterior. 479. Desde el d�a del emplazamiento, contrae el deudor la obligaci�n de depositario judicial de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo a la escritura y conforme al C�digo Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se formar� inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor. 480. El deudor que no quiera aceptar la responsabilidad de depositario, entregar� desde luego la tenencia material de la finca al actor depositario que �ste nombre. 481. El secuestro de la finca hipotecada se regir� por lo dispuesto en el cap�tulo V de este t�tulo. 482. Inscrita la c�dula hipotecaria, no podr� verificarse en la finca hipotecada ninguno de los actos en ella expresados, sino en virtud de la sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior a la fecha a la demanda que ha motivado la expedici�n de la c�dula o de la providencia dictada a petici�n de acreedor de mejor derecho. 483. El valor del bien, para efectos del remate del bien hipotecado, ser� el que determine la instituci�n de cr�dito que se�alen las partes en la constituci�n de la hipoteca o en defecto de �sta, la instituci�n de cr�dito que se�ale el J.. 484. El recurso de apelaci�n, en su caso, s�lo ser� admitido en el efecto devolutivo. 485. Agotado el procedimiento, si resulta probada la acci�n, al decidir los derechos controvertidos, la sentencia decretar� el remate de los bienes hipotecados. 486. Si el superior revoca el fallo de primera instancia que declar� procedente el remate, tan pronto como vuelvan los autos al juzgado de su origen, se mandar� cancelar la inscripci�n de la c�dula hipotecaria en el registro p�blico y, en su caso, se devolver� la finca al demandado, ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en el t�rmino que fije el J., que no podr� exceder de treinta d�as. Si el remate se hubiera ya verificado, se har� efectiva la fianza en v�a de apremio. 487. En el caso previsto en el segundo p�rrafo del art�culo 2797 delC�digo Civil, no habr� lugar a la venta judicial, pero s� habr� aval�o del precio que corresponda a la cosa en el momento de exigirse el pago. La venta se har� de la manera que se hubiere convenido, y a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la venta alegando las excepciones que tuviere, y esta oposici�n se sustanciar� incidentalmente. Tambi�n pueden oponerse a la venta los hipotecarios posteriores, alegando prescripci�n de la acci�n hipotecaria. 488. Cuando las partes no hayan acordado en el momento de la constituci�n de la hipoteca la instituci�n de cr�dito que deba hacer el aval�o que servir� de base del remate, el J. designar� la instituci�n de cr�dito que deba hacerlo. Transitorios: Primero. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado. Segundo. Aquellos juicios hipotecarios que se est�n llevando a cabo una vez que entre en vigor el presente decreto, se concluir�n conforme a las disposiciones previstas en el cap�tulo III, t�tulo s�ptimo, del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado antes de la presente reforma. Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto."
2. P. toral del dictamen 2/97 de las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos C.onales y de Justicia de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, en relaci�n a la iniciativa de decreto planteada por el Ejecutivo del Estado, mediante la cual se modifican, reforman y adicionan diversos art�culos del C�digo Civil y del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila; que en lo conducente se�ala:
"... Tercero. Que los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, despu�s de analizar la iniciativa planteada por el Ejecutivo Estatal, acordamos elaborar material de apoyo para las comisiones. Para tales efectos, se realizaron consultas jur�dicas y cuadros comparativos de la legislaci�n en la materia. Adem�s, el objeto fue tener elementos de juicio suficientes encaminados a complementar la iniciativa de decreto que nos fue planteada. Con ello, se lleg� a la redacci�n de un documento que en t�rminos generales persigue el mismo objeto que la iniciativa del Ejecutivo Estatal. Cuarto. Que una vez que la redacci�n del citado documento se revis� y discuti�, el mismo fue aprobado y firmado en forma de dictamen por la mayor�a de los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos C.onales y de Justicia, diputados, A.B.A., R.A.M.E., F.O.C.�s, T.M.R., A.M.P., J.I.C.R.�guez y J.E.C.A.�n, con el �nico voto razonado en contra del diputado T.M.V. y la ausencia del diputado E.P.A., habi�ndose retirado de la reuni�n el diputado A.R.�rez V�zquez. Con base en lo anterior, el dictamen se present� en el mes de mayo a la consideraci�n del P. del Congreso, para su discusi�n y en su caso, aprobaci�n, en el cual, advirti�ndose que posiblemente no se obtendr�a la mayor�a de votos y con el prop�sito de aclarar las inquietudes que en la sesi�n se manifestaron por algunos de los diputados, y de ser necesario y conveniente, hacer modificaciones al dictamen, el diputado B.A. present� una moci�n suspensiva que fue aprobada por el pleno del Congreso. Quinto. Que de acuerdo a lo anterior, se hicieron modificaciones al dictamen inicial presentado por las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Justicia, que m�s adelante se destacar�n. Las enmiendas anotadas fueron consideradas por las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos C.onales y el martes 15 de julio del a�o en curso se acord� por unanimidad de sus integrantes, que el documento conteniendo dichas enmiendas sirviera de base para que previa convocatoria publicada en los peri�dicos de mayor circulaci�n en las diversas regiones del Estado, la ciudadan�a pudiere consultarlo en la Oficial�a M. del Congreso y hacer las observaciones, propuestas y/o an�lisis para mejorar el contenido de las mismas. Igualmente se acord� convocar a prestigiados abogados especialistas en materia civil y procesal civil, de reconocida solvencia acad�mica y representantes de diversos sectores de la sociedad civil, para sesiones de audiencia y consulta los d�as 21 y 22 de julio del a�o en curso. Sexto. Las aportaciones de la sociedad civil y las observaciones de los jurisconsultos fueron de indudable valor, que enriquecieron a�n m�s el contenido de las reformas planteadas. As�, con base en los comentarios presentados por las diversas fracciones parlamentarias, y aquellos formulados en la consulta a la opini�n p�blica por los jurisconsultos y especialistas en materia civil y procesal civil (dentro de quienes se debe mencionar y agradecer especialmente las aportaciones de los licenciados A.�n de V.R., A.H.�ndez Sol�s, F.J.R.R.�rez y L.H.�ndez E., al documento que sirvi� de base para las consultas se le hicieron otras veintisiete enmiendas por la comisi�n redactora interna, que junto con las anteriores suman 40 enmiendas en total que condensadamente vienen a consistir en las siguientes: Primero. Se respeta estrictamente la esfera de competencias federal y de los Estados, establecida en la C.�n. Pues no se legisla, ni se establece regulaci�n alguna sobre ?servicios financieros?, regulaci�n que de acuerdo con la fracci�n X del art�culo 73 de la C.�n est� reservada al Congreso de la Uni�n. El dictamen observa escrupulosamente esa facultad. En efecto, se propone que cuando se conserve la administraci�n de los cr�ditos hipotecarios, �stos se podr�n ceder sin necesidad de notificaci�n al deudor, de escritura p�blica, ni de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad. Y de que en caso de que el cedente deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, el cesionario deber� �nicamente notificar por escrito la cesi�n al deudor. Asimismo, que la inscripci�n de la hipoteca a favor del acreedor original se considerar� hecha a favor del o de los cesionarios, quienes tendr�n todos los derechos y acciones derivados de �sta. Ahora bien, la nueva f�rmula del art�culo 2807 del C�digo Civil, permite la agilidad de las operaciones en materia de cr�ditos hipotecarios, en reconocimiento del dinamismo de la vida moderna, a diferencia de hace m�s de cincuenta a�os en que la norma vigente fue dise�ada. Segundo. Cabe destacar que la nueva f�rmula, dada su amplitud y el esp�ritu que la anima precisado en el punto anterior, sustituir� al texto actual del art�culo 2807 del C�digo Civil. Es decir, no s�lo implicar�a adicionar, como antes se propon�a, a dicho art�culo. Adem�s de otros inconvenientes, el mantenerla como simple adici�n, podr�a aparejar confusiones innecesarias con desdoro de la garant�a de seguridad jur�dica. Tercero. Ahora bien, la nueva f�rmula del art�culo 2807 del C�digo Civil, permite la agilidad de las operaciones en materia de cr�ditos hipotecarios, en reconocimiento del dinamismo de la vida moderna, a diferencia de hace m�s de cincuenta a�os en que la norma vigente fue dise�ada. Dicha f�rmula, a la vez que se ajusta a la esfera constitucional de competencia del Congreso de nuestro Estado, facilita mecanismos de cesi�n del cr�dito hipotecario. Y que se facilite obtener recursos con tasas de inter�s muy inferiores a las que actualmente existen. Y de las tasas que puedan existir sin contar con dichos mecanismos. De aqu� entonces que la nueva f�rmula que se propone en el art�culo 2807 del C�digo Civil, a la vez que respeta la distribuci�n constitucional de competencias entre las facultades legislativas de la Federaci�n y de los Estados, apareja claros efectos ben�ficos para miles de personas que en el futuro acudan a obtener un cr�dito hipotecario: Que pueda haber disponibilidad de m�s y mayores cr�ditos. Y que los cr�ditos sean m�s baratos. Miles de personas se ver�an beneficiadas con lo anterior y no s�lo unos cuantos. Cuarto. Tan s�lo en este a�o, si el proyecto se aprobara, implicar�a la posibilidad de obtener cr�ditos de inter�s social para la construcci�n de m�s de cinco mil viviendas hasta para familias cuyos ingresos sean de uno y medio salarios m�nimos, con una derrama econ�mica a favor de nuestro Estado de m�s de trescientos millones de pesos. Adem�s del beneficio de un cr�dito a bajo costo para construir vivienda para las cinco mil familias que solicitaren el cr�dito. Es evidente que la industria de la construcci�n tambi�n se ver�a beneficiada. Igualmente, se generar�an m�s de veinte mil empleos permanentes en nuestro Estado. Quinto. Los nuevos mecanismos financieros, que aporten recursos econ�micos frescos a m�s bajo costo para la construcci�n de vivienda implicar�an en el mediano y largo plazo m�s y mejores apoyos para el desarrollo de nuestra comunidad. �Cu�les ser�an entonces las razones serias, objetivas y v�lidas, para sostener lo contrario? Ninguna se ha expuesto. Sexto. El nuevo acreedor, o acreedor sustituto, de ninguna forma puede alterar, variar, modificar o desconocer las condiciones en que se haya contratado. En la iniciativa, y en el dictamen que se propone, de ning�n modo se permite o implica que quien adquiera los cr�ditos hipotecarios, pueda cambiar las condiciones en que se contrat�. Y mediante juicio, desalojar o despojar de su casa al deudor. Ello ser�a imposible. Lo afirmado en sentido contrario carecer�a de veracidad. S�ptimo. Ning�n deudor actual, puede verse afectado, en ning�n tiempo y en ninguna circunstancia, por las reformas. Es decir, las reformas de ning�n modo afectan, ni podr�n afectar en un futuro a los actuales deudores hipotecarios. Los juicios que actualmente se lleven y los que en el futuro se llegaren a iniciar con base en cr�ditos contra�dos antes de estas reformas, deber�n regirse por las reglas actuales. As�, para evitar cualquier desorientaci�n, el art�culo segundo transitorio establece una salvaguarda especial para que todos los juicios hipotecarios que en el futuro se llegaren a iniciar con base en un cr�dito contra�do antes de que inicien su vigencia estas reformas, deber�n llevarse conforme a las reglas procesales que actualmente se encuentran vigentes. Octavo. Adem�s de lo expuesto, para mayor precisi�n, en la salvaguardia especial en favor de los actuales deudores, se incluyen las renegociaciones, reestructuraciones y nuevos contratos de cr�dito derivados de los cr�ditos anteriores, cualquiera que sea la forma que aquellas adopten, y que se produjesen con posterioridad del inicio de vigencia de las reformas. Es decir, los juicios hipotecarios que pudieran surgir con motivo de esas renegociaciones, reestructuraciones y nuevos contratos de deudas, tambi�n quedar�an sujetos a las reglas procesales actuales. Noveno. El dictamen modificado de reformas al C�digo de Procedimientos Civiles, dictaminado por las Comisiones Unidas, despu�s de su presentaci�n al pleno, tambi�n fue objeto de otras modificaciones importantes, que consistieron en m�s de treinta enmiendas, dentro de las que destacan. 1) Para mayor seguridad jur�dica se clarifica el art�culo 468, pues se precisa que el juicio especial hipotecario s�lo proceder� cuando la acci�n se refiera al pago de prelaci�n de un cr�dito hipotecario. En todos los dem�s casos es decir, aquellos juicios que tengan por objeto la constituci�n, ampliaci�n, divisi�n, registro y cancelaci�n de una hipoteca, deber�n seguirse por la v�a sumaria normal ya prevista de los art�culos 433 a 442 del C�digo de Procedimientos Civiles. 2) En el art�culo 469 se precisa que el juicio especial hipotecario, proceder� s�lo si se re�nen los tres requisitos que en �l se mencionan. 3) En el art�culo 470 se excluye el desechamiento de plano de las excepciones opuestas al acordar la contestaci�n de la demanda, cuando se trate de excepciones de ?quita, espera, pago parcial o total que no consten en documentos, pero respecto de las que se ofrezcan la confesional, testimonial u otros medios probatorios conducentes y l�citos?. Las que ?se resolver�n hasta el inicio de la audiencia de recepci�n de pruebas?. Lo anterior debe ser como se indica, porque aun cuando s� es consciente de que se trata de un procedimiento �gil, desechar ?de plano? ese tipo de excepciones, implicar�a violaci�n a la garant�a de audiencia. Por tanto, ante la evidente procedencia de amparos por tal motivo, que repondr�an el procedimiento, el mantener dicha previsi�n, adem�s de injusta, equivaldr�a alargar y dificultar los procedimientos, en vez de hacerlos r�pidos y expeditos. 4) En el primer p�rrafo del mismo art�culo 470, se previene que al presentarse el escrito de demanda, debe acompa�arse el certificado de grav�menes expedido por el Registro P�blico de la Propiedad. Esto evitar� que se puedan lesionar derechos de acreedores preferentes, por acreedores en un lugar posterior. 5) De aqu� que en el art�culo 472 se prevenga que la oposici�n fundada de acreedor hipotecario preferente ser� causa suficiente para que el J. decrete el sobreseimiento. Y en el art�culo 475 se establezca igualmente la salvedad correspondiente respecto a los embargos, tomas de posesi�n y diligencias precautorias. Respecto de todos estos casos, cuando notificado el deudor preferente acuda dentro del plazo a oponerse al juicio. 6) En el mismo art�culo 470 se ampl�a el plazo, de tres a cinco d�as, para que el J. admita la demanda. 7) Por estimarse ocioso e innecesario, se suprimen las palabras en cursivas contenidas en el segundo p�rrafo del art�culo 470 seg�n se se�ala enseguida ?el J. bajo su m�s estricta responsabilidad revisar� escrupulosamente la contestaci�n de la demanda?. 8) Se establece en cinco d�as el t�rmino para contestar la demanda, que es el se�alado para los juicios sumarios. 9) Se contempla la excepci�n de la v�a, que no estaba prevista en el proyecto. 10) Cabe mencionar que en el art�culo 471, tambi�n se encuentra prevista de manera expresa la ?reconvenci�n?. 11) Adem�s, se precisa que las acciones reconvencionales se tramitar�n por separado, en la v�a y forma que procedan. Si se hiciera de otra forma, tal como se contemplaba se lesionar�an los derechos de los mismos deudores que intentaran las acciones reconvencionales, cuando �stas deban tramitarse para tener una atenci�n adecuada, a trav�s de la v�a ordinaria o sumaria, pues se les sujetar�a a una v�a especial diversa. 12) En el art�culo 476 se modifica el primer p�rrafo para que quede tan s�lo, que de aceptar el deudor la depositar�a judicial, contraer� las obligaciones en los t�rminos acordados en el contrato y conforme al C�digo Civil. 13) En el art�culo 472, tambi�n para proteger derechos de terceros se previene que si del t�tulo con base en el cual se ejercita la acci�n hipotecaria o del certificado de grav�menes se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, el J. mandar� notificarles en los t�rminos del art�culo 117 del C�digo de Procedimientos Civiles, para que dentro del t�rmino de cinco d�as manifiesten lo que a su derecho corresponda. Esta salvaguardia no se contemplaba. La que adem�s de prevenir anulaciones de procedimientos llevados en perjuicio de terceros con mejor derecho, evita dilaciones y costos innecesarios en la impartici�n de la justicia. 14) En el art�culo 477 se ampl�a de tres a cinco d�as el plazo para aceptar la depositar�a, en caso de que no fuere encontrado el deudor en la diligencia de emplazamiento, a partir del d�a siguiente del que se le haya dejado la c�dula correspondiente. 15) En el art�culo 471 se excluye como supuesto dentro del cual se permitir�a que el J. pronunciara inmediatamente sentencia definitiva, el caso de que el deudor no realice el pago de la cantidad reclamada. Ello es as� porque si el deudor al contestar la demanda opone excepciones, entre otras de pago o de pago parcial, que se resuelven hasta un momento posterior, resulta obvio que el dictar sentencia definitiva por aquel motivo implicar�a dejar en absoluta indefensi�n al demandado, origin�ndose as� una injusticia con la consecuente causa para la reposici�n del procedimiento, lo que equivaldr�a a alargar y a complicar estos procedimientos, en perjuicio de la garant�a de justicia pronta y expedita, la que adem�s es uno de los objetivos fundamentales de esta reforma. 16) En el art�culo 476 se establece la salvaguardia de que el deudor tiene la obligaci�n de entregar desde luego la tenencia material de la finca al deudor, si no acepta la depositar�a s�lo en caso de que habite en la finca. En caso contrario, el J. deber� verificar los derechos de los ocupantes del inmueble antes de poner en posesi�n al actor. 17) En el art�culo 478 se establece la salvaguardia de que si quien ofreciere prueba, manifiesta bajo protesta de conducirse con verdad que el testigo est� fuera de su control y ofrezca indicios al menos que funden su afirmaci�n, el J. ordenar� su presentaci�n a la audiencia o el desahogo a la testimonial con apercibimiento al testigo de arresto hasta por treinta y seis horas para el caso que no comparezca sin justa causa y responder de los da�os y perjuicios. El oferente tendr� la carga de gestionar y asegurarse de la oportuna cita al testigo. Si se mantuviese como actualmente se encuentra el texto de las reformas, de no incluirse la referida salvaguardia, se dejar�a en estado de indefensi�n a los oferentes de la prueba principalmente a los demandados, pues bastar�a con que el testigo no se presentase sin ninguna consecuencia para �l, para que la prueba se declarara desierta. 18) En el art�culo 479 se modifica el plazo para desocupar la vivienda, de treinta, a sesenta d�as. Dado que la naturaleza de muchos de los derechos hipotecarios involucran a la vivienda y de que muchos otros pueden ser ajenos a ella se prefiri� adoptar dicho plazo intermedio, de entre los que actualmente contempla la ley para casos an�logos. 19) Para mejor sistematizaci�n del juicio en el art�culo 480 se precisa que las excepciones dilatorias y los incidentes que se hubieren planteado se resolver�n al inicio de la audiencia de pruebas. 20) Se hab�a omitido reglamentar el tr�mite de las excepciones dilatorias y los incidentes que surjan en el procedimiento. En el dictamen se establece cu�l ser� el tr�mite. De esta manera se llena una laguna para mayor seguridad jur�dica de las partes. 21) En el art�culo 482 se clarifica la fracci�n I, a efecto de que el perito valuador guarde completa independencia de las partes. 22) En el mismo art�culo y fracci�n citados, se ampl�a de cinco a diez d�as el plazo para exhibir el aval�o. 23) En la fracci�n IV del art�culo 481 se disminuye de treinta a veinte por ciento la diferencia entre el aval�o m�s bajo y el m�s alto como motivo para que el J. ordene que se practique uno nuevo por perito judicial. 24) En la fracci�n V del precitado art�culo 481 se contemplaba que si entre la primera almoneda de remate y las subsecuentes mediara un plazo mayor de seis meses los valores se deber�an actualizar mediante nuevo aval�o. Obviamente, ello aparejaba mayores costos para las partes especialmente para el demandado. Y por supuesto mayores tr�mites y dilaciones en detrimento de la garant�a de justicia pronta y expedita. Para evitar dichos costos, tr�mites y dilaciones, ahora se contempla que los valores se actualizar�n aplicando el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que se publiquen en el Diario Oficial de la Federaci�n o el que en el futuro lo sustituya. A menos que conforme a criterio prudente del J., debido a circunstancias imprevistas y extraordinarias se requiera nuevo aval�o. 25) En el art�culo 482 se procede de la misma forma que la se�alada en el punto anterior, trat�ndose del caso de adjudicaci�n prevista en el segundo p�rrafo del art�culo 2797 del C�digo Civil. Con el mismo objetivo de evitar costos, dilaciones y tr�mites innecesarios a las partes y cumplir con lagarant�a de justicia pronta y expedita. D�cimo. Consideramos que con las modificaciones antes se�aladas el procedimiento hipotecario que se propone cumple un objetivo fundamental. Respetar la igualdad procesal de las partes, con observancia a las formalidades esenciales del procedimiento y buscando hacer efectiva una justicia pronta y expedita. Todas ellas garant�as individuales consagradas en nuestra C.�n. D�cimo primero. As�, el procurar el respeto y la eficacia de tal objetivo, corresponde a la convicci�n de respetar y cumplir con las garant�as constitucionales contempladas en los art�culos 14 y 17 de nuestra Carta Fundamental. D�cimo segundo. La reforma al procedimiento hipotecario trata pues, de despojarlo de los vicios y errores que la pr�ctica ha revelado. De las t�cticas dilatorias con fraude a la ley, que van en detrimento de la garant�a de justicia pronta y expedita. Pero en cualquier caso -y no podr�a ser de otro modo- con respeto irrestricto a las garant�as de audiencia y de oportunidad de probar lo que se oponga como defensa y excepci�n, que se deriva del art�culo 14 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. D�cimo tercero. Deseamos un Coahuila y un M�xico mejor que el que actualmente tenemos. La reforma es un paso en esa direcci�n. Ciertamente, el no hacer nada, el permanecer en el inmovilismo no puede ser la soluci�n para un futuro mejor. Como tampoco puede serlo el oponerse acceder a mecanismos que ampl�en y abaraten el cr�dito. Que permitan m�s y mejor desarrollo para todos. Negarse a esta reforma, ser�a negar la oportunidad de elegir a miles de coahuilenses, para acceder a m�s y mejores cr�ditos para construir su futuro. Quien celebre un contrato hipotecario, piensa en poder pagar un cr�dito y tener su casa. Y no, en no pagarlo para que lo demanden en la medida en que se implementen mecanismos que ampl�en los cursos financieros, ser� posible que se reduzcan los riesgos de cambios bruscos que a todos perjudican. En la medida que se mejoren los procedimientos con respeto a la igualdad procesal de las partes y de procurar que la justicia sea pronta y expedita, se estar� cumpliendo con los art�culos 14 y 17 de nuestra C.�n. Pero cualquiera que sea el futuro, es claro que est� en la tarea de todos, trabajar y actuar con responsabilidad para que sea mejor. Si a la vez que se mejoran los procedimientos legales que permitan que se obre con justicia, conjuntamente con las garant�as de equilibrio procesal de las partes y de prontitud y expeditez en su aplicaci�n, sin desdoro de los derechos de los justiciables se procuran mejores condiciones para el desarrollo de los coahuilenses, se estar� cumpliendo con la responsabilidad a la que todo legislador est� obligado en su actuaci�n. S�ptimo. Las actuales reformas a los C�digo Civil y de Procedimientos Civiles, en materia de contratos y juicios hipotecarios, son tan s�lo un cap�tulo de muchos que requieren de una revisi�n profunda en dichos ordenamientos. Esa revisi�n y la tarea, de ser necesario para contar con nuevos C�digos Civil, de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos Penales, competer� adem�s de este Congreso, a los especialistas, acad�micos, abogados y la sociedad en su conjunto. Octavo. Por ello, con base en los motivos, razonamientos y fundamentos expuestos, se propone el siguiente: Proyecto del decreto: Art�culo primero. Se reforma el art�culo 2807 del C�digo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 2807. El acreedor podr� ceder sus cr�ditos con garant�a hipotecaria, sin necesidad de notificaci�n al deudor, de escritura p�blica, ni de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos. En caso de que deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, deber� notificar por escrito la cesi�n al deudor. En los supuestos previstos en este art�culo, la inscripci�n de la hipoteca a favor del acreedor original se considerar� hecha a favor del o de los cesionarios, quienes tendr�n todos los derechos y acciones derivados de la hipoteca. Art�culo segundo. Se reforman y derogan los art�culos 468 a 488 y la fracci�n IX del art�culo 430 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 430. ... la VIII. ... IX. El ejercicio de la acci�n hipotecaria en lo conducente y los juicios que se funden en t�tulos ejecutivos; X. a XI. ... 468. Se tramitar� en la v�a sumaria a que se refieren los art�culos 433 a 442 de este c�digo, todo juicio que tenga por objeto la constituci�n, ampliaci�n y divisi�n y registro de una hipoteca, as� como su cancelaci�n; o bien el pago o prelaci�n del cr�dito que la hipoteca garantice, cuando en estos dos �ltimos supuestos no se re�nan los requisitos para la tramitaci�n en la v�a especial hipotecaria. Se tramitar� en la v�a especial hipotecaria seg�n las reglas del presente cap�tulo, todo juicio que tenga por objeto el pago o la prelaci�n de un cr�dito hipotecario, siempre y cuando el cr�dito conste en escritura p�blica o escrito privado, seg�n corresponda conforme a la ley e inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o que aqu�l sea exigible en los t�rminos pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables. 469. Proceder� el juicio hipotecario en la v�a especial sin necesidad de que el contrato est� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, cuando se re�nan los requisitos siguientes: I. El o los documentos base de la acci�n tengan el car�cter de t�tulo ejecutivo; II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado; y III. No exista embargo o gravamen en favor del tercero, inscrito cuando menos noventa d�as anteriores a la fecha de presentaci�n de la demanda. 470. Presentando el escrito de demanda, acompa�ado del o de los documentos respectivos y del certificado de grav�menes expedido por el Registro P�blico de la Propiedad, as� como de un duplicado de todo lo antedicho, el J., si encuentra que se re�nen los requisitos fijados por los art�culos anteriores, en un plazo no mayor de cinco d�as, admitir� la misma y mandar� anotar la demanda en el Registro P�blico de la Propiedad; notificar, en su caso, al o a los acreedores que aparezcan en el certificado, y que se corra traslado de aqu�lla a la parte demandada, adjunt�ndole el duplicado de todos los documentos presentados, para que dentro del t�rmino de cinco d�as ocurra a contestarla y a oponer las excepciones y defensas que tuviere. Si en el documento con base en el cual se ejercita una acci�n hipotecaria o del certificado de grav�menes se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, el J. mandar� notificarles, en los t�rminos del art�culo 114 de este c�digo la existencia del juicio para que dentro del t�rmino de cinco d�as manifiesten lo que a su derecho corresponda. La oposici�n fundada de acreedor hipotecario preferente ser� causa suficiente para que el J. decrete el sobreseimiento. El J. revisar� la contestaci�n de la demanda. S�lo admitir� las excepciones que se funden en alguna de las fracciones I, II, III y V del art�culo 35 de este c�digo, la de pago total o parcial y la de improcedencia de la v�a. Cualquiera otra, s�lo la admitir� si est� basada en documentos que la apoye. Las acciones reconvencionales se tramitar�n en juicio por separado, en la v�a y forma que procedan. 471. En los escritos que fijen la controversia, las partes deben ofrecer todas sus pruebas en los t�rminos de los art�culos 278 y 291 de este c�digo, relacion�ndolas con los hechos que se pretendan probar. El J. resolver� sobre la admisi�n o desechamiento de pruebas, seg�n proceda en el auto que recaiga a las promociones en que se ofrezcan. Adem�s de los casos previstos por este c�digo, cuando las pruebas ofrecidas no se hayan relacionado con los hechos, el J. las desechar�. En caso de allanamiento de la demanda; o si el deudor no hace valer defensas ni opone excepciones; o las opone en forma distinta a lo se�alado en este ordenamiento; o fuera del t�rmino concedido para ello, se pronunciar� inmediatamente sentencia definitiva. En el mismo auto que se resuelva sobre la admisi�n de pruebas respecto de las que se admitan se se�alar� fecha y hora para la celebraci�n de la audiencia en la que se reciban, misma que ser� �nica y deber� efectuarse dentro de los veinte d�as siguientes. 472. La demanda se anotar� en la oficina del Registro P�blico correspondiente, a cuyo efecto el actor exhibir� un tanto m�s de la misma demanda y documentos a que se refieren los supuestos 1o. y 2o. del art�culo 95 de este c�digo, para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por el secretario haciendo constar que se expiden para efectos de que la parte interesada inscriba su demanda, a quien se le entregar�n para tal fin, debiendo hacer las gestiones en el registro. 473. Si la finca no se halla en el lugar del juicio, se librar� exhorto al J. de la ubicaci�n para que ordene el registro de la demanda como se previene en el art�culo anterior. 474. Anotada la demanda en el Registro P�blico de la Propiedad, no podr� verificarse en la finca hipotecada ning�n embargo, toma de posesi�n, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripci�n de la referida demanda, o en raz�n de oposici�n promovida por acreedor con mejor derecho dentro del plazo a que se refiere el segundo p�rrafo a que se refiere el art�culo 470 de este c�digo. 475. En la diligencia de emplazamiento se le requerir� al demandado para que manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario, de aceptarla contraer� la obligaci�n de depositario judicial respecto de la finca hipotecada y de todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme al C�digo Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca; de los cuales se formar� inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor. Para efecto del inventario, el demandado queda obligado a dar todas las facilidades para su formaci�n y en caso de desobediencia, el J. recompeler� por los medios de apremio que le autoriza la ley. El demandado que habite en la finca y que no haya aceptado la responsabilidad de depositario en el momento del emplazamiento, entregar� desde luego la tenencia material de la finca al actor. Si el demandado no habita en la finca, antes de poner en posesi�n del inmueble al actor, el J. debe verificar los derechos de los ocupantes del inmueble. 476. Si la diligencia que se se�ala en el art�culo anterior no se entiende directamente con el demandado, �ste deber� dentro de los cinco d�as siguientes, manifestar al J. si acepta o no la responsabilidad de depositario; entendi�ndose que no la acepta si no hace esta manifestaci�n, y en este caso, el actor podr� pedir que se le entregue la tenencia material de la finca. 477. La preparaci�n de las pruebas admitidas quedar� a cargo de las partes. Por lo que deber�n presentar a los testigos, peritos y dem�s pruebas que les hayan sido admitidas y s�lo en caso de que existan periciales contradictorias de ambas partes, el J. en auxilio de las mismas, nombrar� a un perito tercero en discordia. Las pruebas, salvo la del perito tercero en discordia, se desahogar�n en la audiencia respectiva. Si el oferente, previa protesta de conducirse con verdad, manifiesta que al testigo no lo puede hacer comparecer y ofreciere al menos indicios que funden su afirmaci�n, podr� el J. ordenar la citaci�n del testigo por conducto del actuario, con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas para el caso que no comparezca sin justa causa y de responder de los da�os y perjuicios. En estos supuestos el oferente tendr� la carga de gestionar y asegurarse de la oportuna cita al testigo. Si la testimonial, pericial o documental que haya sido admitida como prueba, no se desahogaren a m�s tardar en la audiencia, se declarar� desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente. 478. Si el demandado en la audiencia admitiere las pretensiones del actor, el J. le conceder� un t�rmino de gracia de 60 d�as para desocupar la vivienda y lo eximir� del pago de gastos y costas que se hubiesen originado. 479. Las excepciones dilatorias y los incidentes que surjan en el procedimiento, se tramitar�n conforme a lo dispuesto por el art�culo 440 de este c�digo. 480. El J. debe presidir la audiencia que se iniciar� resolviendo todas las excepciones dilatorias opuestas y los incidentes promovidos. Desahogar� las pruebas admitidas y preparadas. Enseguida, las partes proceder�n a alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga y acto continuo, el J. dictar� la sentencia que corresponda, la que podr� ser apelable �nicamente en el efecto devolutivo. 481. Para el remate, se tendr� como precio de la finca hipotecada el precio que se�ale el aval�o que presente la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constituci�n de la hipoteca; o, en su caso, de no haberse acordado, se proceder� de la forma siguiente: I. Cada parte tendr� derecho de exhibir, dentro de los diez d�as siguientes al d�a en el que sea ejecutable la sentencia, aval�o de la finca hipotecada, practicado por un corredor p�blico, perito de una instituci�n de cr�dito ajena a las partes, o por perito valuador autorizado por el Tribunal Superior de Justicia, los cuales en ning�n caso podr�n tener el car�cter de parte o de interesado en el juicio por ning�n motivo, salvo en lo que respecta al pago de sus honorarios; II. En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el aval�o dentro del plazo se�alado en la fracci�n anterior, se entender� su conformidad con el aval�o que haya exhibido su contraria; III. En el supuesto de que ninguna de las partes exhiba el aval�o dentro del plazo se�alado en la fracci�n I de este art�culo, cualquiera de ellas lo podr� presentar posteriormente, consider�ndose como base para el remate el primero en tiempo; IV. Si las dos partes exhibieren los aval�os en el plazo a que se refiere la fracci�n I de este art�culo y los valores determinados de cada uno de ellos no coincidieren, se tomar� como base para el remate el promedio de ambos aval�os; siempre y cuando no exista m�s de un veinte por ciento de la diferencia entre el m�s bajo y el m�s alto, en cuyo caso el J. ordenar� se practique nuevo aval�o por el corredor p�blico o un perito de la instituci�n bancaria que al efecto se�ale; V. La vigencia del valor que se obtenga por los aval�os ser� de seis meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre �sta y las subsecuentes mediara un t�rmino mayor de seis meses, se deber�n actualizar los valores, aplicando el �ndice Nacional de Precios al Consumidor que se publique en el Diario Oficial de la Federaci�n o el que en el futuro lo sustituya. A menos que conforme al criterio prudente del J., debido a circunstancias imprevistas y extraordinarias se requiera nuevo aval�o; VI. Obtenido el valor del aval�o, seg�n el caso que corresponda de acuerdo a las fracciones anteriores, se proceder� a rematar la finca en los t�rminos de la secci�n III, del cap�tulo V, del t�tulo s�ptimo, de este ordenamiento; y VII. Las resoluciones dictadas con relaci�n al remate s�lo podr�n ser apelables en efecto devolutivo. 482. En el caso de la adjudicaci�n prevista en el segundo p�rrafo del art�culo 2797 del C�digo Civil, se proceder� de acuerdo con lo previsto en la parte final de la fracci�n V del art�culo 481 de este c�digo, debi�ndose aplicar en lo conducente lo se�alado en el art�culo 481 de este ordenamiento. La venta se har� de la manera que se hubiere convenido, y a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la adjudicaci�n alegando las excepciones que tuviere, y esta oposici�n se sustanciar� incidentalmente. Tambi�n pueden oponerse a la venta los acreedores hipotecarios posteriores, alegando prescripci�n de la acci�n. 483. Las resoluciones que se dicten en esta v�a sumaria hipotecaria podr�n ser apeladas s�lo en el efecto devolutivo. Art�culo 484. Se deroga. Art�culo 485. Se deroga. Art�culo 486. Se deroga. Art�culo 487. Se deroga. Art�culo 488. Se deroga. Transitorios: Primero. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado. Segundo. Todos los cr�ditos con garant�a hipotecaria contra�dos antes del inicio de vigencia de las presentes modificaciones, reformas y adiciones, se regir�n por las normas civiles y procesales civiles vigentes al momento de la contrataci�n. Lo dispuesto en el p�rrafo anterior, tambi�n se observar� trat�ndose de las reestructuraciones, renegociaciones o nuevos convenios de deuda o cr�ditos, cualquiera que sea la forma que adopten para tal efecto, que se efect�en con posterioridad al inicio de vigencia de estas reformas, modificaciones y adiciones, y que tengan como causa o antecedente un cr�dito hipotecario contra�do con anterioridad a la vigencia de las mismas, en cuyos casos se aplicar� la legislaci�n civil, procesal civil vigentes antes de las reformas. Tercero. No ser�n de observancia en el juicio sumario hipotecario las disposiciones que se opongan al presente decreto. Cuarto. P.�quese el presente decreto en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado. Con base en los considerandos expuestos, estas Comisiones Unidas tienen a bien aprobar y emitir el siguiente: Dictamen: Primero. Se aprueban las adiciones, modificaciones y reformas a los C�digo Civil y de Procedimientos Civiles del Estado, en los t�rminos en que aparecen en el �ltimo considerando del presente dictamen. Segundo. Comun�quese este dictamen al pleno del Congreso, para su conocimiento, discusi�n y, en su caso, aprobaci�n. As�, con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 40, 41, 42 y 45 de la L. Org�nica del Congreso del Estado, lo dictaminan y acuerdan los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos C.onales y de Justicia, pertenecientes a la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, A.B.A., R.M.E., F.O.C.�s, T.M.R., A.M.P., T.M.V., A.R.V.�zquez, J.E.C.A.�n, J.I.C.R.�guez y E.P.A.. S., Coahuila, 24 de julio de 1997."
3. Texto derogado y vigente de las normas cuya invalidez se demanda:

Ver cuadro


4. Extracto del diario de debates referente a la primera sesi�n del primer periodo extraordinario de sesiones, correspondientes al primer a�o de ejercicio constitucional de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Estado de Coahuila, en la cual se discutieron las reformas impugnadas y que en lo conducente se�alan:
"Diputado R.A.M.E.: ?... Afirma el Ejecutivo que las reformas fueron propuestas para buscar que los coahuilenses tengan la posibilidad de obtener un patrimonio con cr�ditos baratos sin embargo para esta pretensi�n no hab�a necesidad de reformar el C�digo de Procedimientos Civiles en el cap�tulo de juicio hipotecario tampoco era necesario la reforma al C�digo Civil del Estado en materia de sesi�n de cr�ditos ya que por una parte se trata de una pr�ctica bancaria bastante antigua al respecto conviene recordar la Alianza para el Progreso Promovido para Am�rica Latina con la idea de formar una alianza entonces m�s conocida �Alpro�, esta alianza para el progreso fue creando fondos y fideicomisos para cr�ditos blandos destinados al desarrollo de la agricultura y la ganader�a de la peque�a y mediana industria del comercio, entonces nacieron las figuras conocidas hasta la actualidad como Fira, Fogain, F. y algunas l�neas especiales de descuento manejadas por el Banco Mexicano del Comercio Exterior, si bien las primeras estaban manejadas por el Banco deM�xico y Nacional Financiera el funcionamiento del redescuento a trav�s de aquellas l�neas era muy sencillo, quien recib�a un cr�dito bancario otorgaba su consentimiento para que el banco redescontara su importe en el Banco de M�xico, Nafinsa y Banco Mexicano de Comercio Exterior, por tal motivo no se habla absolutamente de ninguna novedad, el banco recuperaba el importe del cr�dito otorgado de manera que sus recursos estaban siempre a disposici�n de nuevas operaciones el banco se convert�a en simple administrador del cr�dito y al cliente se le reduc�a la tasa de inter�s pactado puesto que dejaban de afectarse los recursos del banco y se dispon�a mediante el redescuento de los fondos para los llamados cr�ditos blandos. Por otra parte, las reformas al C�digo Civil no resuelve ning�n problema, la reforma est� dirigida hacia las instituciones de cr�dito y las actividades de �sta de ninguna manera puedan estar recogidas contempladas o reguladas por los C�digos Civiles del Estado ni espec�ficamente por el de Coahuila, toda vez que el art�culo 6o. de la L. de Instituciones de Cr�dito dispone expresamente que en lo no previsto por esta ley y por la L. Org�nica del Banco de M�xico, las instituciones de banca m�ltiple se les aplicar�n en el orden siguiente la legislaci�n mercantil, los usos y pr�cticas bancarios y mercantiles, el C�digo Civil para el D.F., el C�digo Fiscal de la Federaci�n, para efectos de las notificaciones y los recursos a que se refieren los art�culos 25 y 110 de esta ley, las instituciones de banca de desarrollo se regir�n por su respectiva ley org�nica y en su defecto por lo dispuesto en este art�culo. La raz�n de que no sean los C�digos Civiles de los Estados supletorios del derecho bancario expone brillantemente don J.R.�guez y R.�guez en su texto de Derecho Bancario que ya por el n�mero de sus ediciones y por la calidad de su autoridad es uno de los cl�sicos del acervo jur�dico mexicano de consulta. Los d�as 21 y 22 de este mes comparecieron al Congreso 5 abogados quienes expusieron sus puntos de vista y a excepci�n de uno de ellos los 4 representantes y lo mismo que el representante jur�dico del B.�n fueron coincidentes en el sentido de que al Congreso de Coahuila no le corresponde la facultad de regular la bursatilizaci�n de los cr�ditos hipotecarios como resultado de lo anterior la Comisi�n Redactora integrada por miembros de las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos C.onales y de Justicia procedieron hacer propios los comentarios vertidos por los juristas y la conclusi�n fue una nueva y diferente redacci�n del art�culo 2807 del C�digo Civil distinta a la que hab�a sido objeto el segundo proyecto de dictamen, se elimin� la figura de su bursatilizaci�n y los conceptos de instituciones bancarias y mercado de valores, igualmente se reform� notoriamente el cap�tulo del juicio sumario hipotecario del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado, con la finalidad de representar un proceso sumario y otro sumario especial hipotecario m�s �gil y expedito en lo que concierne al actor acreedor en perjuicio del demandado deudor, los argumentos torales de la reforma a los c�digos de centro en las bondades de los cr�ditos esperados del Fovi para proporcionar casas habitaci�n a los coahuilenses que no son sujetos de cr�dito en la banca comercial, se mencion� tambi�n el incremento de los empleos que la construcci�n de m�s de tres mil viviendas generar�an en el Estado lo mismo que el aumento en el mercado de los materiales para la construcci�n. La C.�n Pol�tica del Estado establece que la soberan�a del Estado ejercer� en primer lugar por medio del Poder Legislativo y que �ste se le confiere formar y expedir leyes y acuerdos indispensables para hacer efectivas las facultades que le otorga tanto la C.�n Local como la General de la R.�blica, es decir, el ejercicio de la soberan�a se realiza por este Congreso en funci�n de la autonom�a legislativa que el Estado se encuentra revestido, en diversas sesiones tanto de la Diputaci�n Permanente como del pleno, se ha defendido con vehemencia, tanto la soberan�a nacional como la soberan�a del Estado.?
"?... La condici�n que se ha esgrimido p�blicamente para las reformas, tanto el C�digo Civil como el C�digo de Procedimientos Civiles implican necesariamente que los intereses han sido preponderantemente los del acreedor, sea esta persona f�sica o moral, reflexi�n aparte requiere el acreedor persona moral toda vez que en dicha figura jur�dica se encuentran comprendidos inexorablemente los grupos financieros y con ellos la banca comercial, efectivamente de la redacci�n original, del proyecto de reformas al C�digo Civil, la comisi�n redactora excluy� los bancos a las instituciones financieras, lo mismo que la figura de la bursatilizaci�n de los cr�ditos hipotecarios, sin embargo de la redacci�n final surge una contradicci�n de dicho precepto con la figura de la sesi�n de derechos contenida tambi�n en el C�digo Civil del Estado, se afirma lo anterior toda vez que se propone en la redacci�n del proyecto la condici�n de la sesi�n de los cr�ditos con garant�a hipotecaria, siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos, es decir, esa figura est� dedicada definitivamente a las instituciones bancarias y a las sociedades financieras, toda vez que entre particulares en caso de que se presente la cesi�n de derechos el acreedor no contin�a administrando los cr�ditos hipotecarios seguidos pero definitivamente la contradicci�n entre la reforma y la figura de la cesi�n de derechos se evidencia en que resulta injustificable jur�dicamente que quien ceda un cr�dito hipotecario que de antemano implica la transmisi�n del cr�dito con todo y la garant�a hipotecaria contin�a administrando un cr�dito que ya no le pertenece es por ello que se afirma que las reformas favorecer�n notoriamente a la parte acreedora de los cr�ditos con garant�a hipotecaria conforme a la redacci�n presentada en el dictamen que ahora se discute, adem�s complementa esta afirmaci�n las reformas realizadas al cap�tulo relativo de juicio sumario hipotecario del C�digo de Procedimientos Civiles no nos oponemos a que se reformen las leyes toda vez que el derecho es cambiante y las normas deben ajustarse en la realidad en que vivimos, pero la modificaci�n a la ley no debe realizarse exclusivamente tomando en cuenta los intereses de una sola de las partes y no el de la totalidad de los ciudadanos a quienes va dirigida, los factores econ�micos como la falta de ahorro interno y la posibilidad de ampliar los fondos para el retiro de los trabajadores para que la banca obtenga recursos para implementar programas de construcci�n de vivienda e inter�s social, definitivamente no justifican la reforma a los c�digos tal parece que desde el inicio de la vigencia del Tratado de Libre Comercio se pretende la homologaci�n de los C�digos Civiles y de Procedimientos Civiles de la totalidad de los Estados de la R.�blica para satisfacer los intereses econ�micos y las pretensiones de la banca mundial, ante ello no podemos dejar de defender la soberan�a como se ha proclamado en esta soberan�a, en esta asamblea, encubiertamente se pretende someter el otorgamiento de cr�ditos para la construcci�n de viviendas de inter�s social con la condici�n de que nuestras leyes satisfagan los intereses jur�dicos y econ�micos de la banca internacional, eso tambi�n es una violaci�n a la soberan�a del Estado de Coahuila y ante lo cual manifestamos nuestro p�blico repudio. Asimismo, el art�culo 173 de nuestra C.�n dispone, toda familia tiene derecho de disfrutar de vivienda digna y decorosa, es decir, estamos ante una obligaci�n que le corresponde directamente al Gobierno del Estado y por lo tanto respetando la soberan�a legislativa de Coahuila, el Ejecutivo Estatal en lugar de proponer las reformas a los c�digos consideramos que debe de una manera inteligente buscar y encontrar los recursos econ�micos para cumplirle a la ciudadan�a coahuilense la obligaci�n constitucional de disfrutar de una vivienda digna y decorosa.?
"Diputado Jos� Guadalupe C�spedes Casas ?... En los supuestos previstos en este art�culo la inscripci�n de la hipoteca a favor del acreedor original se considera hecha a favor del o de los cesionarios quienes tendr�n todos los derechos y acciones derivados de la hipoteca. La nueva redacci�n del precepto nos conduce a la formulaci�n de las consideraciones jur�dicas que enseguida expresamos. La doctrina jur�dica universalmente reconocida, ha dejado establecido que el n�cleo central del derecho de cr�dito lo constituye la facultad de exigir la prestaci�n. Consistente en la posibilidad de formular una justa pretensi�n frente al deudor y reclamarle la adopci�n del comportamiento debido. La facultad de exigir la prestaci�n va acompa�ada, como medida complementaria, del poder de agresi�n, sobre los bienes el derecho del acreedor puede ser inmediatamente ejecutivo si la ley ha atribuido al t�tulo constitutivo del cr�dito el car�cter de t�tulo ejecutivo. Como en todo derecho subjetivo, tambi�n en el cr�dito el titular del derecho ostenta un poder o facultad de disposici�n, que se concreta en la posibilidad de realizar determinados actos jur�dicos, que afectan radicalmente a la subsistencia y a la estructura del derecho. Como sabemos, el ejercicio del poder de disposici�n sobre un derecho subjetivo comprende la posibilidad de realizar actos de enajenaci�n o de transmisi�n del derecho en favor de otras personas, actos de constituci�n de derechos o de titularidades limitadas y actos de voluntaria extinci�n del derecho. En el ejercicio de su poder dispositivo, el acreedor puede: a) Enajenar o ceder su cr�dito en favor de otra persona, tanto onerosa como gratuitamente (art. 1526 del C�digo Civil) y tanto por actos inter vivos como por actos mortis causa (por ejemplo, legado del cr�dito). b) Atribuir el disfrute o la obtenci�n de aquellas ventajas que merezcan el concepto de frutos de los cr�ditos (intereses) a otras personas, cfr. art. 507 y la figura del usufructo de cr�ditos. c) Afectar el cr�dito en garant�a de sus propias deudas, por ejemplo, a trav�s de la llamada cesi�n del cr�dito, en funci�n de garant�a y de la prenda sobre cr�ditos. d) Finalmente, remitir, renunciar o condonar el cr�dito v�ase L.D., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, tomo II, Las Relaciones Obligatorias. Civitas Madrid 1993, p�g. 101 a 105. El mismo autor establece que, �la cesi�n del cr�dito es un negocio jur�dico celebrado por el acreedor cedente contra otra persona, cesionario, con la finalidad de producir la transmisi�n de la titularidad del cr�dito entre uno y otro, es una transmisi�n del cr�dito que se realiza por actos inter vivos y que cumple una funci�n econ�mica de circulaci�n de los cr�ditos dentro del tr�fico o del comercio jur�dico�, p�g. 804.?
"?... Desde otra perspectiva, el art�culo motiva confusiones por su defectuosa redacci�n. En efecto, c�mo entender que el acreedor podr� ceder sus cr�ditos con garant�a hipotecaria, es decir transmitirlos a terceros sin necesidad de notificar al deudor, etc., etc., siempre que contin�en con la administraci�n de los cr�ditos la interrogante es obligada, si ya se transmiti� el cr�dito a un tercero c�mo es posible que el cedente contin�e en la administraci�n del cr�dito. Simple y llanamente lo anterior constituye un absurdo, pero no es un absurdo gratuito. Ciertamente, la redacci�n siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos, es totalmente ajena al sistema de transmisi�n de obligaciones que regula el C�digo Civil de Coahuila. Es un invento de los integrantes o, redactores de las comisiones unidas, porque no hay transmisiones condicionadas en trat�ndose de cesi�n de cr�ditos, y porque el lenguaje utilizado por los redactores, se orienta hacia la naturaleza mercantil de los cr�ditos transmitidos, sobre los cuales el legislador coahuilense no tiene facultades ni injerencia legal alguna.?
"Diputado E.C.A.�n: ?... Las cuatro conclusiones generales para normar mi criterio de voto fueron las siguientes: Primera. Con las reformas que se proponen al C�digo Civil no se vulnera ni se invade la competencia del Congreso Federal, pues la figura que se propone modificar, es un acto de derecho civil cuya normatividad corresponde a la Legislatura Local, lo que ha quedado palpablemente demostrado en otros 15 Estados de la R.�blica donde ya se aprobaron dichas reformas. Cuarta. En el documento final se establece cl�usula de salvaguarda especial en favor de los deudores actuales, incluida la renegociaci�n de cr�ditos que se establezcan con posterioridad a la vigencia de estas reformas, se suprimen tambi�n las menciones de �Instituciones Bancarias y Financieras� y de �colocaci�n de valores�, respetando as� la fracci�n X del art�culo 73 de la C.�n y la sugerencia de las organizaciones civiles.?."
SEXTO. No existiendo ninguna causal de improcedencia que aleguen las partes ni que de oficio advierta este Tribunal P. se procede al an�lisis de los conceptos de invalidez que se hacen valer.
S�PTIMO. En los conceptos de invalidez en s�ntesis se plantea lo siguiente:
Respecto al art�culo 2807 del C�digo Civil de Coahuila se expresa lo siguiente:
a) Que conforme a los art�culos 41 y 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado de Coahuila se encuentra facultado para la expedici�n del C�digo Civil y de Procedimientos Civiles y para reformarlos, modificarlos y adicionarlos, sin embargo, no puede legislar sobre materias expresamente concedidas por la C.�n a las funciones federales como es el caso del art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado.
b) Que el art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado de Coahuila invade la esfera competencial del Congreso de la Uni�n, en lo dispuesto por el art�culo 73, fracci�n X de la C.�n Federal y por tanto el principio de supremac�a constitucional por las siguientes razones:
1. Es extra�o al derecho civil el texto del art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado de Coahuila cuando refiere que: "siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos. En caso de que deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, deber� notificar por escrito la cesi�n al deudor", pues dicha redacci�n debe analizarse a partir de la "mercantilizaci�n del derecho civil" en lo referente a la transmisi�n de las obligaciones por lo que resulta inconstitucional al pretender favorecer a los comerciantes el dinero o intermediarios financieros.
2. El art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado de Coahuila pretendi� seguir el texto del art�culo 2926 del C�digo Civil del Distrito Federal en Materia Com�n y en Materia Federal para toda la R.�blica, pues la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo de Coahuila as� como la exposici�n de motivos es sustancialmente igual, y en ambas exposiciones de motivos se cita el impulso y desarrollo de programas habitacionales o de viviendas para el inter�s social.
3. El precepto en cita se refiere a una cesi�n de cr�ditos garantizados con hipoteca para su bursatilizaci�n o venta en el mercado de valores, lo que si bien es cierto no se plasm� en el citado art�culo, s� est� contenida en la exposici�n de motivos, por lo que podemos afirmar que estamos en presencia de una transmisi�n fiduciaria de cr�ditos inmobiliarios o de negocios indirectos que pertenecen al campo del derecho mercantil.
4. De la redacci�n del precepto se advierte que se trata de transmitir el cr�dito con fines de mercantilizaci�n pero reserv�ndose la instituci�n bancaria los actos de administraci�n o bien, pact�ndose mediante convenio subyacente que los cesionarios otorgan la administraci�n a las instituciones bancarias el control del cr�dito.
5. Se est� en presencia de actos mercantiles por raz�n de los sujetos que lo realizan y por raz�n de su destino, lo que es contrario a la C.�n Federal, pues los bancos por su objeto social principal realizan actos de intermediaci�n o negocios financieros, lo que nos lleva a sostener que puede tratarse de negocios fiduciarios o negocios indirectos.
6. Con la reforma al art�culo 2807 en v�a indirecta se pretende lograr la bursatilizaci�n de los cr�ditos, pero conservando la administraci�n el cedente, trat�ndose entonces de negocios indirectos porque se utiliza una v�a transversal para conseguir fines prohibidos por la C.�n Federal, con el prop�sito de utilizar la codificaci�n civil para la ejecuci�n de actos mercantiles, bien como negocios indirectos o bien como negocios fiduciarios.
7. Respecto a las instituciones de cr�dito o sobre la actividad de intermediaci�n y servicios financieros, �stos realizan actos mercantiles los que se regulan por el C�digo de Comercio y por las leyes especiales, por lo que la actividad mercantil que desempe�an las instituciones bancarias son actos de comercio seg�n lo dispuesto en el art�culo 75 del C�digo de Comercio.
8. Si el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n determin� que un Reglamento de Seguridad Bancaria elaborado por un Ayuntamiento municipal (controversia constitucional 56/96) invade la esfera competencial del Congreso de la Uni�n, luego entonces la reforma al C�digo Civil de Coahuila en su art�culo 2807, que persigue fines de comercializaci�n de cr�ditos mediante la transmisi�n de obligaciones; por mayor�a de raz�n, debe considerarse como contrario a la C.�n, porque a trav�s de la norma reformada se consigue la ejecuci�n de actos absolutamente mercantiles.
9. El art�culo 2807 del C�digo Civil de Coahuila propone la cesi�n de derechos derivados de contratos mercantiles y no sobre el cr�dito hipotecario, por tanto, la invasi�n de esferas es clara puesto que se legisla sobre actos de comercio cuya facultad compete al Congreso Federal.
10. La actividad burs�til pertenece a la esfera competencial del Congreso Federal en exclusiva, precisamente porque las leyes que regulan esta actividad son reglamentarias del art�culo 28 constitucional.
11. Como la cesi�n de cr�ditos celebrados por las instituciones del sistema bancario mexicano, son en esencia actos de comercio seg�n lo dispuesto por el art�culo 75, fracci�n XIV del C�digo de Comercio, entonces la cesi�n de tales cr�ditos debe regularse por las disposiciones del C�digo de Comercio.
12. Independientemente que el Congreso del Estado de Coahuila carece de facultades para legislar en materia mercantil, el art�culo 2807 del C�digo Civil estatal es contradictorio e incongruente con otras normas reguladas por el mismo c�digo, porque mientras dicho ordenamiento legal establece reglas claras para la cesi�n de derechos en el t�tulo tercero, de la transmisi�n de las obligaciones, cap�tulo primero, de la cesi�n de derechos, art�culos 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 y 1928, la reforma al art�culo 2807 las contradice, porque modifica reglas relacionadas con el contrato de hipoteca, que es un contrato accesorio y cuyo cumplimiento o ejecuci�n, en su caso, depende de otro principal, debiendo prevalecer los elementos esenciales y formales de este �ltimo.
Respecto a los art�culos 468 a 488 y 430, fracci�n IX del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila se expresa lo siguiente:
Los art�culos precisados del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila violan la garant�a de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento previstos en el art�culo 14 de la C.�n Federal por las siguientes razones:
a) El art�culo 469 al establecer la procedencia de la v�a hipotecaria especial aun sin necesidad de la inscripci�n registral del contrato garantizado con hipoteca, deja de lado la trascendencia jur�dica de la inscripci�n registral del contrato con total desapego al texto constitucional de la garant�a de audiencia, asignando perjuicios no s�lo a las partes, sino inclusive a terceros.
b) El p�rrafo tercero del art�culo 470 del citado c�digo adjetivose�ala que las �nicas excepciones que puede oponer el demandado dentro de la v�a especial hipotecaria es la de pago (total o parcial), si se toma en cuenta que la excepci�n de improcedencia de la v�a es de car�cter procesal, por lo que se restringe el derecho de defensa del gobernado y las formalidades esenciales del procedimiento.
c) El propio art�culo 470 en cita restringe la actividad defensiva al limitar las pruebas, pues establece un procedimiento de corte documental, �nicamente admisible para el ejercicio de acciones cambiarias.
d) El art�culo 471 se�ala que bastar� la circunstancia de que el deudor no se oponga, o lo haga con excepciones inadmisibles, para el dictado de la sentencia definitiva, esto es, siguiendo las formas del proceso sumario ejecutivo, por lo que es err�neo asimilar la acci�n hipotecaria de pago o prelaci�n a un t�tulo ejecutivo, ya que el cr�dito hipotecario base de la acci�n, no re�ne en todos los casos los prerrequisitos para considerarse como t�tulo ejecutivo.
e) Los art�culos 475 y 476 del c�digo en comento, autorizan la desposesi�n judicial de la finca hipotecada, al hacer nugatoria la posibilidad de una cognici�n amplia, y dar margen a que el fallo tenga efectos de cosa juzgada formal y material, por lo que dichos preceptos legitiman la desposesi�n del bien, poni�ndola de inmediato en manos del actor.
f) El derecho probatorio de las partes, se ve exageradamente reducido por la sumariedad de los tr�mites, anulando las oportunidades probatorias de la parte demandada, y propiciar un alto grado de indefensi�n por las siguientes razones:
El ofrecimiento de pruebas debe hacerse en los escritos que fijan la controversia, y toda vez que el demandado debe ofrecer los medios de prueba en su escrito de contestaci�n; �nicamente dispone del t�rmino de cinco d�as (art�culos 471 y 470).
2. El J. resolver� sobre la admisi�n o desechamiento de las pruebas en el auto que recaiga a las promociones en que se ofrezcan, pudiendo desechar aquellos medios de convicci�n que no se hayan relacionado con los hechos (art�culo 271).
3. En el mismo auto en que se provea sobre la admisi�n de pruebas, se se�alar� fecha y hora para la celebraci�n de una audiencia en la que se reciban las pruebas admitidas, siendo una audiencia �nica y deber� efectuarse dentro de los veinte d�as siguientes (art�culo 271 in fine).
4. La preparaci�n de las pruebas admitidas queda a cargo de las partes por lo que deber�n presentar a los testigos, peritos, y dem�s pruebas y s�lo en el caso de que existan periciales contradictorias de ambas partes, el J. en auxilio de las mismas nombrar� un perito tercero en discordia, por lo que se hace imposible ofrecer pruebas como la inspecci�n judicial, el informe de terceros, la confesional, el cotejo de documentos, etc., e indebidamente releva al tribunal de toda responsabilidad en la actividad preparatoria de prueba.
5. El art�culo 477 agrava la situaci�n al se�alar que si la testimonial, pericial o documental que haya sido admitida no se desahogaren a m�s tardar en la audiencia se declarar� desierta por causa imputable al oferente.
6. El art�culo 480 se aparta de las formalidades esenciales del procedimiento, mezclando en la misma audiencia funciones de distinta naturaleza, como son las relativas a depurar el procedimiento; resolviendo sobre las excepciones dilatorias, y los incidentes previos, pasando inmediatamente al procedimiento de fondo, en las fases de desahogo de pruebas, alegatos y sentencia.
7. Respecto a la v�a de apremio se otorga a las partes el derecho de fijar el aval�o de la finca hipotecada al momento de constituir la hipoteca, as� como la de que el precio fijado sirva de base para el remate en primera almoneda, con lo que se pasa por alto el principio de igualdad de las partes en el proceso, pues permite que la actora se favorezca con el incremento del valor de su pretensi�n a trav�s de las fluctuaciones en las tasas de intereses, mientras que el demandado debe conformarse con el valor del bien hipotecado convenido en el momento de la constituci�n de la hipoteca, impidi�ndole la oportunidad de incrementar ese valor, al privarle de la oportunidad de un correcto aval�o, y s�lo en forma supletoria, cuando las partes no fijaren el precio del bien hipotecado, se proceder� al aval�o mediante corredor p�blico o perito.
8. El sistema de aval�o pericial, para efecto del remate se aparta de las reglas para determinar el valor del bien contempladas en el procedimiento de v�a de apremio, pues el nuevo sistema ninguna seguridad ofrece para el buen desempe�o de la ejecuci�n al disponer que si una de las partes omite presentar el aval�o en el t�rmino de diez d�as siguientes al en que fuere ejecutable la sentencia, se entender� que est� conforme con el aval�o exhibido por su contraparte. La otra regla es que si ninguna de las partes presenta el aval�o en el plazo anterior, se considerar� preferente y servir� de base al remate el primero que lo presente. Por �ltimo, si ambas partes exhibieron los aval�os y los mismos fueren discrepantes, servir� de base para el remate el promedio de ambos aval�os; siempre y cuando no exista m�s de un veinte por ciento de la diferencia entre el m�s bajo y el m�s alto, en cuyo caso el J. ordenar� se practique nuevo aval�o por el corredor p�blico o un perito de la instituci�n bancaria que al efecto se�ale.
9. La fracci�n V del art�culo 481 establece que la vigencia del aval�o ser� de seis meses para llevar a cabo la primera almoneda, y que si las subsecuentes se realizaran en un t�rmino mayor de seis meses, se deber�n actualizar los valores de los bienes, sin embargo, dicha actualizaci�n se har� aplicando el �ndice Nacional de Precios al Consumidor, a no ser que por circunstancias extraordinarias se requiera de nuevo aval�o.
10. El art�culo 482 se�ala que la adjudicaci�n a que se refiere el p�rrafo segundo del art�culo 2797 del C�digo Civil se efectuar� de acuerdo a lo ordenado en la parte final de la fracci�n V, del art�culo 481, este precepto prev� en lugar de la p�blica subasta, la venta del bien por medio de corredores, lo que desde luego entra�a un privilegio m�s en forma de la parte actora.
Previo al an�lisis de los conceptos de invalidez precisados, resulta pertinente aclarar que, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal, la materia de las acciones de inconstitucionalidad es la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la propia C.�n Federal.
Por lo anterior, la v�a constitucional de m�rito resulta improcedente por lo que hace a lo alegado en el sentido de que en el caso existe contravenci�n a otros preceptos del C�digo Civil, y C�digo de Procedimientos Civiles impugnados.
Resulta aplicable a lo anterior, por analog�a, la tesis sustentada por este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero XLIV/96, visible a fojas 320, T.I., marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que se�ala:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acci�n de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideraci�n que los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n General de la R.�blica y 10, fracci�n I, de la L. Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendi�ndose de ah� que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la C.�n del Estado o a las leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados."
En primer t�rmino, se procede al an�lisis del argumento de la parte actora en el que plantea la inconstitucionalidad del art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado de Coahuila, por considerar que regula aspectos de materia mercantil, que en t�rminos del art�culo 73, fracci�n X de la C.�n Federal, es una facultad exclusiva del Congreso General.
El art�culo 73, fracci�n X de la C.�n Federal se�ala:
"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:
"... X. Para legislar en toda la R.�blica sobre hidrocarburos, miner�a, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123; ..."
De la interpretaci�n del citado precepto se deduce que efectivamente corresponde al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos legislar en materia de comercio, intermediaci�n y servicios financieros.
Ahora bien, el precepto que considera la actora es violatorio del art�culo constitucional en cita es el siguiente:
"2807. El acreedor podr� ceder sus cr�ditos con garant�a hipotecaria, sin necesidad de notificaci�n al deudor, de escritura p�blica, ni de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, siempre que contin�e con la administraci�n de los cr�ditos. En caso de que deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, deber� �nicamente notificar por escrito la cesi�n al deudor. En los supuestos previstos en este art�culo, la inscripci�n de la hipoteca a favor del acreedor original se considerar� hecha a favor del o de los cesionarios, quienes tendr�n todos los derechos y acciones derivados de la hipoteca."
No asiste la raz�n a la actora en su planteamiento ya que a juicio de este Tribunal P. el precepto impugnado no regula aspectos de comercio ni de intermediaci�n o servicios financieros a que se refiere la fracci�n X del art�culo 73 de la C.�n Federal atento a los siguientes razonamientos:
1. El precepto impugnado en modo alguno se�ala como sujetos exclusivos de regulaci�n a entidades financieras (instituciones de cr�dito e intermediarios financieros) sino que por el contrario, regula la cesi�n de cr�ditos con garant�a hipotecaria que puede realizar cualquier acreedor.
No es �bice a lo anterior, que el Ejecutivo del Estado de Coahuila en la iniciativa de reformas al C�digo Civil y de Procedimientos Civiles del Estado presentada ante el Congreso de Coahuila el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, propusiera que el texto del art�culo impugnado del C�digo Civil se�alara como sujetos de regulaci�n a "las entidades financieras", pues si bien es cierto el art�culo 59, fracci�n II de la C.�n Pol�tica del Estado de Coahuila de Zaragoza concede facultades al gobernador del Estado para iniciar leyes, tambi�n lo es que en t�rminos del art�culo 67, fracci�n I del citado ordenamiento legal, es facultad exclusiva del Poder Legislativo Local, "Expedir, reformar y derogar leyes y decretos, en todos los ramos de la administraci�n p�blica estatal y municipal", por lo que con independencia del planteamiento y motivos que el Ejecutivo Local en su iniciativa hubiera realizado, es necesario acudir a los motivos y razones que el Poder Legislativo Local tuvo en el momento de aprobar el texto del art�culo impugnado.
Atento a lo anterior, cabe precisar que el Legislativo Local en uso de las facultades que le confiere el art�culo 67 de la C.�n Estatal, modific� la iniciativa del Ejecutivo Estatal destacando en ello la sustituci�n total del art�culo 2807 del C�digo Civil en lugar de la adici�n propuesta por el Ejecutivo adem�s de considerar para la redacci�n del precepto el no legislar ni establecer regulaci�n alguna sobre "servicios financieros" que de acuerdo con la fracci�n X del art�culo 73 de la C.�n Federal est� reservada al Congreso de la Uni�n, tal y como se advierte del considerando sexto del dictamen 2/97 que presentaron las Comisiones Unidas de Gobernaci�n y Puntos C.onales y de Justicia de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila y que fue aprobada por el pleno de la citada legislatura el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete.
2. El precepto impugnado regula la cesi�n de cr�ditos con garant�a hipotecaria que pudiere realizar el "acreedor" estableciendo que dicha cesi�n se podr� realizar sin necesidad de notificaci�n al deudor, de escritura p�blica, ni de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, siempre que contin�e (el acreedor cedente) con la administraci�n de los cr�ditos, aspecto �ste de la administraci�n del que considera la actora se infiere que se refiere exclusivamente a las instituciones bancarias.
Los art�culos 1729 y 1730 del C�digo Civil del Estado de Coahuila se�alan:
"Art�culo 1729. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y t�rminos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley."
"Art�culo 1730. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que �ste no revista esa forma no ser� v�lido, salvo disposici�n en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se d� al contrato la forma legal."
D. texto de los citados preceptos, se deriva el principio de que en materia de contratos, la voluntad de las partes es la ley suprema; as� como que en los contratos civiles, cada uno se obliga en la forma y t�rminos que aparezca que quiso obligarse.
De lo anterior se sigue que en la cesi�n de derechos, ambas partes pueden pactar libremente la forma y t�rminos de la cesi�n, puesto que el derecho aplicable no limita ese pacto al no encontrarse en oposici�n con los art�culos 6o., 7o. y 8o. del propio C�digo Civil, puesto que la voluntad de las partes para acordar los t�rminos en que habr� de realizarse la cesi�n, no exime de la observancia de ninguna ley, ni contraviene leyes prohibitivas y por lo tanto las partes indudablemente tienen libertad para fijar expresamente los t�rminos y condiciones de la cesi�n entre los que se encuentra el pacto de conservar el cedente la administraci�n del cr�dito.
Confirma la anterior afirmaci�n, el hecho de que el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, fueron reformados entre otros el art�culo 2926 del C�digo Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en Materia Com�n y para toda la R.�blica en Materia Federal y los art�culos 1o. y 2o. del C�digo de Comercio para se�alar lo siguiente:
"Art�culo 2926. El cr�dito puede cederse, en todo o en partes, siempre que la cesi�n se haga en la forma que para la constituci�n de la hipoteca previene el art�culo 2917, se d� conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro. Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del t�tulo, sin necesidad de notificaci�n al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitir� por la simple entrega del t�tulo sin ning�n otro requisito. Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las dem�s entidades financieras, y los institutos de seguridad social, podr�n ceder sus cr�ditos con garant�a hipotecaria, sin necesidad de notificaci�n al deudor, de escritura p�blica, ni de inscripci�n en el registro, siempre que el cedente lleve la administraci�n de los cr�ditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administraci�n de los cr�ditos, el cesionario deber� �nicamente notificar por escrito la cesi�n al deudor. En los supuestos previstos en los dos p�rrafos anteriores, la inscripci�n de la hipoteca a favor del acreedor original se considerar� hecha a favor de el o los cesionarios referidos en tales p�rrafos, quienes tendr�n todos los derechos y acciones derivados de �sta."
"Art�culo 1o. Los actos comerciales s�lo se regir�n por lo dispuesto en este c�digo y las dem�s leyes mercantiles aplicables."
"Art�culo 2o. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las dem�s leyes mercantiles, ser�n aplicables a los actos de comercio las del derecho com�n contenidas en el C�digo Civil aplicable en materia federal."
D. mismo modo el art�culo 75, fracci�n XIV del C�digo de Comercio se�ala:
"Art�culo 75. La ley reputa actos de comercio:
"...
"XIV. Las operaciones de bancos; ..."
De lo anterior se concluye que toda vez que las operaciones bancarias son actos de comercio, que los actos comerciales s�lo se regir�n por lo dispuesto en el C�digo de Comercio y las dem�s leyes mercantiles aplicables y que a falta de disposici�n de estas leyes, ser�n aplicables a los actos de comercio las del derecho com�n contenidas en el C�digo Civil aplicable en materia federal, en caso de que una instituci�n bancaria realizara una cesi�n de cr�ditos con garant�a hipotecaria, dicha operaci�n se regir�a por las leyes mercantiles y en su defecto por el C�digo Civil Federal y no por las leyes civiles de los Estados.
Para mayor comprensi�n de lo afirmado y con el fin �nicamente de ilustrar sobre el orden en la aplicaci�n preferente de las normas espec�ficas y de las supletorias en un caso determinado, con independencia de que este aspecto no forma parte del planteamiento realizado en la presente acci�n de inconstitucionalidad, debe precisarse que este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 31/98 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vig�simo Segundo Circuito, el siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, determin� que en trat�ndose de actos de instituciones bancarias, �stas en primer lugar se rigen por la norma espec�fica que es la L. General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en su defecto el C�digo de Comercio y en defecto de ambos ordenamientos el C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la R.�blica en Materia Federal.
Lo anterior, se deriva de las jurisprudencias n�mero 53/98, 49/98 y 48/98 sustentadas por este Tribunal P. al resolver la contradicci�n de tesis en comento y que a la letra se�alan:
"APERTURA DE CR�DITO Y PR�STAMO MERCANTIL. LEGISLACI�N APLICABLE A ESOS CONTRATOS EN MATERIA DE INTERESES. D. an�lisis de la normatividad relativa a los contratos de pr�stamo mercantil y a los contratos de apertura de cr�dito, conforme al principio de jerarqu�a normativa, que exige la aplicaci�n de la norma espec�fica frente a la gen�rica, de acuerdo con la naturaleza del contrato de que se trate, se colige que, en materia de intereses, lo previsto en el art�culo 362 del C�digo de Comercio, resulta aplicable para los primeros, pero no para los segundos, que tienen regulaci�n espec�fica en la L. General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, cuyo art�culo 2o. hace aplicable la L. de Instituciones de Cr�dito y que, conforme al art�culo 6o. de �sta, tambi�n resulta aplicable la L. del Banco de M�xico, reglamentaria de los p�rrafos sexto y s�ptimo, del art�culo 28 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de lo previsto por los art�culos 358, 361 y 362 del C�digo de Comercio, relativos a los contratos de pr�stamo mercantil, se desprende que el legislador, en el precepto citado en �ltimo t�rmino, no limit� la libertad contractual en materia de intereses, sino que en defecto de la voluntad de las partes, estableci� la aplicaci�n de una tasa de inter�s del seis por ciento anual, para el caso de mora. Sin embargo, trat�ndose de los contratos de apertura decr�dito, que encuentran regulaci�n en los art�culos 291 a 301 de la L. General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, en relaci�n con los art�culos 46, fracci�n VI, y 48 de la L. de Instituciones de Cr�dito, que establecen que respecto a los intereses, resultan aplicables las disposiciones generales que al efecto emita el Banco de M�xico, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 3o., fracci�n I, de la ley que regula a dicha instituci�n financiera, no debe pasar inadvertido que por mandato del precepto constitucional mencionado, compete al banco central regular la intermediaci�n y los servicios financieros."
"CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 363 DEL C�DIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO, PERO S� PUEDE SERLO COMO NORMA CONTRACTUAL, POR VOLUNTAD DE LAS PARTES. Lo dispuesto en los art�culos 291 al 301 de la L. General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito pone de manifiesto que el legislador, al establecer y regular el contrato de apertura de cr�dito, no incurri� en olvido u omisi�n en cuanto a la potestad de las partes para pactar que los intereses vencidos y no pagados puedan, a su vez, generar nuevos intereses, o la capitalizaci�n de intereses en este tipo de contratos; por el contrario, la supresi�n realizada en la ley sobre esos puntos se debe de interpretar en el sentido de que tales cuestiones se dejaron a la libre voluntad de las partes, con la �nica salvedad de que, cuando en tales convenciones funja como acreditante una instituci�n de banca m�ltiple, deber� cumplir con las regulaciones que sobre el particular expida (como ya lo ha hecho para determinados cr�ditos) el Banco de M�xico. Esto �ltimo deriva de que los art�culos 6o., p�rrafo primero, y 48, p�rrafo primero, de la L. de Instituciones de Cr�dito, someten a las instituciones de banca m�ltiple, espec�ficamente en cuanto a las tasas de inter�s y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas que celebren, a las disposiciones de L. del Banco de M�xico y, esta otra, en sus art�culos 24 y 26, respectivamente, faculta al Banco de M�xico para expedir disposiciones con el prop�sito, entre otros, de proteger los intereses del p�blico, y establece que las caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de cr�dito se ajustar�n a las disposiciones del banco central. De todo lo expuesto se desprende que las normas legales especiales que regulan el contrato de apertura de cr�dito no adolecen de deficiencia alguna sobre el punto de que se trata, motivo por el cual, el art�culo 363 del C�digo de Comercio no resulta aplicable supletoriamente a dichas disposiciones; sin embargo, cuando en el propio contrato de apertura de cr�dito las partes convienen la capitalizaci�n de intereses e invocan para ello el referido precepto legal, entonces s� adquiere aplicabilidad, pero esto sucede en observancia del principio de que la libre voluntad de las partes es ley para ellas y no porque fuera necesario acudir a esa disposici�n, ni a ninguna otra, como norma supletoria."
"CAPITALIZACI�N DE INTERESES. EL ART�CULO 2397 DEL C�DIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COM�N Y PARA TODA LA REP�BLICA EN MATERIA FEDERAL, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CR�DITO. Las declaraciones del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico sobre la L. General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y dos, que hacen las veces de exposici�n de motivos de tal ordenamiento, son categ�ricas en cuanto al prop�sito de establecer contratos de cr�dito consensuales, distintos del pr�stamo y de otras convenciones tradicionales, para abrir un amplio campo de operaciones que la falta de prescripciones legislativas hab�an hecho imposible en M�xico. A esa clara intenci�n responde la figura jur�dica denominada apertura de cr�dito, regulada por los art�culos 291 al 301 de la ley indicada, de los cuales el legislador dispuso todo lo que estim� pertinente acerca de ese contrato; as�, en el art�culo 291 se define el contrato; en el 292 se regula la hip�tesis en que se establezca un l�mite m�ximo del cr�dito; en el 293 regula el supuesto de que no se fije importe m�ximo de disposici�n; en el 294 se reglamenta la hip�tesis de que las partes podr�n convenir en restringir el plazo o el monto del cr�dito concedido; en el 295 se establece que el acreditado podr� disponer a la vista, salvo convenio en contrario, de la suma objeto del contrato; en el 296 aborda la mec�nica de las disposiciones y abonos en cuenta corriente; el 297 est� destinado a establecer las reglas de pago por parte del acreditado cuando el cr�dito estribe en la aceptaci�n de obligaciones a su nombre por parte del acreditante; el 298 tiene por objeto precisar que en la apertura se puede pactar el otorgamiento de garant�as personales y reales y que se entender� que es por el monto del cr�dito ejercido; el 299 impide al acreditante negociar, previamente a su vencimiento y sin consentimiento del acreditado, los documentos que �ste hubiere dejado en garant�a; el numeral 300 precept�a las reglas a seguir para la disposici�n y el pago del cr�dito y, el 301 enlista las causas de extinci�n del cr�dito. La detallada configuraci�n que se ha rese�ado pone de manifiesto que el legislador no incurri� en olvido u omisi�n en cuanto a la potestad de las partes para pactar que los intereses vencidos y no pagados puedan, a su vez, generar nuevos intereses, o la capitalizaci�n de intereses en este tipo de contratos; por el contrario, la supresi�n realizada en la ley sobre esos puntos se debe interpretar en el sentido de que tales cuestiones se dejaron a la libre voluntad de las partes, con la �nica salvedad de que, cuando en tales convenciones funja como acreditante una instituci�n de banca m�ltiple, deber� cumplir con las regulaciones que sobre el particular expida (como ya lo ha hecho para determinados cr�ditos) el Banco de M�xico. Esto �ltimo deriva de que los art�culos 6o., p�rrafo primero y 48, p�rrafo primero, de la L. de Instituciones de Cr�dito, someten a las instituciones de banca m�ltiple, espec�ficamente en cuanto a las tasas de inter�s y dem�s caracter�sticas de las operaciones activas que celebren, a las disposiciones de la L. del Banco de M�xico y, esta otra, en sus art�culos 24 y 26 respectivamente, faculta al Banco de M�xico para expedir disposiciones generales con el prop�sito, entre otros, de proteger los intereses del p�blico, y establece que las caracter�sticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de cr�dito se ajustar�n a las disposiciones del banco central. De todo lo expuesto se desprende que las normas legales especiales que regulan el contrato de apertura de cr�dito no adolecen de deficiencia alguna sobre el punto de que se trata, motivo por el cual el art�culo 2397 del C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la R.�blica en Materia Federal, no resulta aplicable supletoriamente a dichas disposiciones."
En este aspecto cabe destacar que el citado art�culo 2926 del C�digo Civil Federal a diferencia del art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado de Coahuila, se�ala espec�ficamente como sujetos cedentes a las instituciones del sistema bancario mexicano, a las dem�s entidades financieras y a los institutos de seguridad social.
No obstante lo anterior, a mayor abundamiento cabe precisar que si bien es cierto como se ha se�alado las operaciones bancarias son actos de comercio y deben regirse por leyes mercantiles, tambi�n lo es que �sta no es una regla absoluta, pues a guisa de ejemplo en t�rminos del art�culo 72 de la L. de Instituciones de Cr�dito si el ejercicio de una acci�n se funda en un contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria, puede entonces ser deducida por las instituciones de cr�dito en la v�a hipotecaria civil conforme a la legislaci�n ordinaria local, ya que en t�rminos de dicho numeral dichas instituciones podr�n ejercer sus acciones "en la v�a o juicio que corresponda".
Lo anterior obedece a que la legislaci�n mercantil no estatuye el juicio hipotecario mercantil o alg�n otro con distinta denominaci�n, que permitiera v�lidamente la ejecuci�n de la garant�a hipotecaria, distinta de la regida por las leyes civiles, cuando el cr�dito fuera de naturaleza mercantil.
Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia dictada en contradicci�n de tesis por la Primera Sala de este tribunal con el n�mero 58/96 del veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, que se�ala:
"JUICIO HIPOTECARIO. LAS INSTITUCIONES DE CR�DITO NO EST�N IMPEDIDAS PARA PROMOVERLO. El art�culo 640 del C�digo de Comercio, dispone que las instituciones de cr�dito se regir�n por una ley especial, por tanto, �stas no est�n limitadas por el art�culo 1050 del C�digo de Comercio para ejercer sus acciones conforme a lo que estatuye dicho ordenamiento legal, sino que, en t�rminos del numeral 72 de la L. de Instituciones de Cr�dito, que las regula, pueden ejercer sus acciones tanto en el juicio ejecutivo mercantil, como en el ordinario o bien, en el que en su caso corresponda; por lo que, es procedente la acci�n hipotecaria civil, derivada del cumplimiento de un contrato de apertura de cr�dito con garant�a de hipoteca, hecha valer por dichas instituciones; considerar lo contrario har�a nugatorias las acciones y derechos de ejecuci�n deducidos de cualquier operaci�n mercantil en la que se constituyera la hipoteca como garant�a del cumplimiento de las obligaciones."
Por todo lo anterior, no resulta aplicable al presente asunto como lo pretende la actora, el criterio sustentado por este Tribunal P. al resolver la controversia constitucional 56/96 planteada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en contra del Ayuntamiento de Guadalajara J.isco, pues como se precis�, el texto del art�culo 2807 del C�digo Civil del Estado de Coahuila no contiene regulaci�n alguna que pudiera estimarse invada las competencias que el art�culo 73, fracci�n X, de la C.�n Federal otorga al Congreso General para legislar en materia de comercio, intermediaci�n y servicios financieros.
En segundo lugar se procede al an�lisis del concepto de invalidez en el que se plantea que los art�culos 468 a 488 y 430, fracci�n IX del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila son violatorios de la garant�a de audiencia y de las formalidades esenciales del procedimiento previstos en el art�culo 14 de la C.�n Federal.
No asiste la raz�n a la actora en sus argumentos atendiendo a las siguientes razones:
1. La garant�a de audiencia consiste en dar al gobernado la oportunidad de defenderse, que se traduce en la posibilidad de rendir pruebas y de producir alegatos, previo al acto privativo, por lo que dicha garant�a implica el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento que consiste en las etapas o tr�mites que garantizan una adecuada defensa y que deben contener los siguientes requisitos:
a) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
c) La oportunidad de alegar, y
d) El dictado de una sentencia que dirima las cuestiones debatidas.
Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P./J. 47/95, visible a fojas 133, T.I., diciembre de 1995, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que se�ala:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ?se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento?. �stas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado."
2. En el presente caso las formalidades esenciales del procedimiento referidas se acatan en su integridad por las disposiciones impugnadas como se pasa a demostrar.
a) La primera de las formalidades consistente en la notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias, est�n contenidos en el art�culo 470 que en lo conducente se�ala: "... que se corra traslado de aquella (demanda) a la parte demandada, adjunt�ndole el duplicado de todos los documentos presentados, para que dentro del t�rmino de cinco d�as ocurra a contestarla y a oponer las excepciones y defensas que tuviere.".
b) La segunda de las formalidades referente a la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, se colma con el contenido de los art�culos 471, 477, 480 del c�digo adjetivo impugnado que se�ala:
"Art�culo 471. En los escritos que fijen la controversia, las partes deben ofrecer todas sus pruebas en los t�rminos de los art�culos 278 y 291 de este c�digo, relacion�ndolas con los hechos que se pretendan probar. El J. resolver� sobre la admisi�n o desechamiento de pruebas, seg�n proceda, en el auto que recaiga a las promociones en que se ofrezcan. Adem�s de los casos previstos por este c�digo, cuando las pruebas ofrecidas no se hayan relacionado con los hechos, el J. las desechar�. En caso de allanamiento de la demanda; o si el deudor no hace valer defensas ni opone excepciones; o las opone en forma distinta a lo se�alado en este ordenamiento; o fuera del t�rmino concedido para ello, se pronunciar� inmediatamente sentencia definitiva. En el mismo auto en que se resuelva sobre la admisi�n de pruebas, respecto de las que se admitan se se�alar� fecha y hora para la celebraci�n de la audiencia en la que se reciban, misma que ser� �nica y deber� efectuarse dentro de los veinte d�as siguientes."
"Art�culo 477. La preparaci�n de las pruebas admitidas quedar� a cargo de las partes. Por lo que deber�n presentar a los testigos, peritos y dem�s pruebas que les hayan sido admitidas y s�lo en caso de que existan periciales contradictorias de ambas partes, el J. en auxilio de las mismas, nombrar� a un perito tercero en discordia. Las pruebas, salvo la del perito tercero en discordia, se desahogar�n en la audiencia respectiva. Si el oferente, previa protesta de conducirse con verdad, manifiesta que al testigo no lo puede hacer comparecer y ofreciere al menos indicios que funden su afirmaci�n, podr� el J. ordenar la citaci�n del testigo por conducto del actuario, con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas para el caso que no comparezca sin justa causa y de responder de los da�os y perjuicios. En estos supuestos el oferente tendr� la carga de gestionar y asegurarse de la oportuna cita al testigo. Si la testimonial, pericial o documental que haya sido admitida como prueba, no se desahogaren a m�s tardar en la audiencia, se declarar� desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente."
"Art�culo 480. El J. debe presidir la audiencia, que se iniciar� resolviendo todas las excepciones dilatorias opuestas y los incidentes promovidos. Desahogar� las pruebas admitidas y preparadas. Enseguida las partes proceder�n a alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga y acto continuo, el J. dictar� la sentencia que corresponda, la que podr� ser apelable �nicamente en el efecto devolutivo."
El primero de los preceptos transcritos respecto de los t�rminos en que deber�n presentarse las pruebas, remite a los art�culos 278 y 291 del propio ordenamiento los cuales se�alan:
"Art�culo 278. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin m�s limitaci�n que la de que las pruebas no est�n prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral."
"Art�culo 291. Las pruebas deben ser ofrecidas relacion�ndolas con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el nombre y domicilio de testigos y peritos, y pidiendo la citaci�n de la contraparte para absolver posiciones."
De lo anterior, se concluye que el juicio especial hipotecario contenido en los preceptos impugnados concede ampliamente la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas para acreditar las defensas opuestas atendiendo a lo siguiente:
1. Las partes pueden ofrecer las pruebas que estimen convenientes (art�culo 471), y el J. podr� valerse de cualquier persona, y de cualquier cosa o documento, sin m�s limitaci�n que la de que las pruebas no est�n prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral (art�culo 278).
2. Las partes deber�n presentar a los testigos, peritos y dem�s pruebas que les hayan sido admitidas (art�culo 477).
3. En caso de que existan periciales contradictorias de ambas partes, el J. en auxilio de las mismas nombrar� un perito tercero en discordia (art�culo 477).
4. Las pruebas salvo la del perito tercero en discordia, se desahogar�n en la audiencia respectiva (art�culo 477).
5. Si el oferente, manifiesta que al testigo no lo puede hacer comparecer y ofreciere al menos indicios que funden su afirmaci�n, podr� el J. ordenar la citaci�n del testigo con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas.
6. El J. en la audiencia desahogar� las pruebas admitidas y preparadas (art�culo 480).
No es �bice a lo anterior el argumento de la actora en el sentido de que el art�culo 470 del ordenamiento en estudio restringe la actividad defensiva al limitar las pruebas a que �stas sean documentales, pues siendo materia del juicio especial hipotecario el pago o la prelaci�n de un cr�dito hipotecario, siempre y cuando el cr�dito conste en escritura p�blica o escrito privado e inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o que sea exigible en los t�rminos pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables (art�culo 468), la naturaleza del juicio permite que s�lo puedan alegarse como excepciones la incompetencia del J., la litispendencia, la conexidad de la causa, la falta del cumplimiento del plazo o la condici�n a que est� sujeta la acci�n, la improcedencia de la v�a, y la de pago total o parcial, sin que tal circunstancia limite la actividad defensiva, pues como se ha establecido el art�culo 278 del c�digo en estudio otorga las facultades m�s amplias al J. para llegar al conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos.
A mayor abundamiento, en aras de una adecuada defensa el �ltimo p�rrafo del art�culo 470, concede al demandado la oportunidad de hacer valer en su caso una demanda reconvencional por separado en la v�a y forma que procedan.
Tampoco es obst�culo a lo concluido el hecho de que el demandado deba contestar la demanda en un t�rmino de cinco d�as y que en el mismo deba ofrecer sus pruebas, pues la exigencia del art�culo 14 constitucional es en el sentido de que las partes tengan la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, lo que en los t�rminos ya apuntados s� acontece, por lo que las circunstancias alegadas por s� mismas no son contrarias al texto constitucional.
D. mismo modo, es inexacto que toda vez que a las partes en t�rminos del art�culo 477 corresponde la preparaci�n de las pruebas admitidas, seimposibilite que se puedan ofrecer pruebas como son la inspecci�n judicial, informe de terceros, confesional, cotejo de documentos, etc., pues se reitera, el art�culo 471, respecto del ofrecimiento de pruebas remite al diverso art�culo 278 que faculta ampliamente al J. para valerse de cualquier persona, cosa o documento para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos.
c) La tercera de las formalidades queda cubierta en los t�rminos del art�culo 480 que concede la oportunidad a las partes de alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga.
d) La �ltima formalidad derivada del art�culo 14 constitucional consistente en el dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas, el cual se surte del contenido del propio art�culo 480 que ordena el dictado de la sentencia que corresponda y determina el recurso mediante el cual �sta puede ser recurrida.
Ahora bien por lo que hace al argumento de que el art�culo 469 del ordenamiento en estudio al establecer la procedencia de la v�a especial hipotecaria aun sin la necesidad de la inscripci�n registral viola la garant�a de audiencia de las partes y de terceros, esto es inexacto, pues el propio precepto limita la procedencia del juicio atendiendo a su naturaleza a los siguientes requisitos:
a) Que el o los documentos base de la acci�n tengan el car�cter de t�tulo ejecutivo;
b) Que el bien se encuentre inscrito a favor del demandado y;
c) No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos noventa d�as anteriores a la fecha de presentaci�n de la demanda.
Con dichos requisitos se protegen los intereses de las partes y terceros, con independencia de que en su caso dichos sujetos se encuentran en aptitud de hacer valer en juicio los derechos que estimen tengan al respecto.
Es aplicable a lo anterior, por analog�a, la tesis sustentada por este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero CXXXII/97, visible a fojas 167, T.V., septiembre de 1997, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que se�ala:
"AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANT�A POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR.-La garant�a de audiencia tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por este Alto Tribunal como aquellas etapas o tr�mites que garantizan una adecuada defensa. Lo anterior no implica que el legislador est� obligado a establecer en los ordenamientos procesales la facultad ilimitada de ofrecer pruebas y el consiguiente deber jur�dico del �rgano jurisdiccional de desahogarlas y valorarlas, ya que es l�gico que el propio legislador, en aras de un adecuado equilibrio procesal y por respeto a la garant�a de administraci�n de justicia expedita y a los principios procesales de econom�a y celeridad, establezca l�mites a la actividad probatoria, los cuales no pueden ir, desde luego, al extremo de dejar sin defensa a las partes. De esta forma, las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas que permitan a las partes probar los hechos constitutivos de su acci�n o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensi�n a las partes y, por el otro, aseguren una resoluci�n pronta y expedita de la controversia."
Por lo que hace al alegato en el sentido de que los art�culos 475 y 476 del c�digo adjetivo impugnado autorizan indebidamente la desposesi�n judicial de la finca hipotecada, dicho argumento no est� referido a los actos de privaci�n regulados por el art�culo 14 constitucional, sin embargo este Tribunal P. en t�rminos del art�culo 71 de la ley reglamentaria de la materia procede al an�lisis de dicho planteamiento.
No asiste la raz�n a la parte actora, pues el art�culo 16 constitucional se�ala que todo acto de molestia debe obrar en mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En el caso, el art�culo 470 se�ala que deber� correrse traslado a la demandada con los documentos presentados, para que conteste la demanda, y los art�culos 474 y 475 prev�n que en la diligencia de emplazamiento se requiera al demandado para que manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario, por lo que en t�rminos de la norma impugnada, el J. competente que conozca del juicio especial hipotecario deber� expedir un mandato por escrito, fundamentado en los citados art�culos 474 y 475 y motivando el requerimiento de la aceptaci�n o no de depositario del bien, con la que se satisfacen los requisitos se�alados en el art�culo 16 constitucional.
Por lo que hace al argumento de que en la v�a de apremio indebidamente se determina que el precio fijado para el inmueble al momento de constituir la hipoteca sirve de base para el remate de la primera almoneda, con lo que se perjudica al deudor al tener que asumir en su perjuicio los incrementos del valor del inmueble, la parte actora realiza una indebida interpretaci�n del primer p�rrafo del art�culo 481 del c�digo adjetivo impugnado, pues dicho precepto se�ala:
"Art�culo 481. Para el remate, se tendr� como precio de la finca hipotecada el precio que se�ale el aval�o que presente la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constituci�n de la hipoteca; o, en su caso, de no haberse acordado, se proceder� de la forma siguiente: ?"
De lo anterior se advierte que contrariamente a lo considerado por la actora, lo que se debe determinar desde el momento de la constituci�n de la hipoteca es el perito que deber� realizar el aval�o para los efectos del remate y no el aval�o mismo, por lo que no se vulnera ninguna de las normas esenciales del procedimiento, en perjuicio del deudor.
Lo mismo cabe concluir, respecto a que el art�culo 482 se�ala que la adjudicaci�n puede realizarse a trav�s de corredores, pues dicho precepto al respecto dispone que: "La venta se har� de la manera que se hubiere convenido y a falta de convenio, por medio de corredores", por lo que al otorgar a las partes la libertad de pactar los t�rminos en que habr� de realizarse la venta, dicha disposici�n no contrar�a ninguna de las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio de la parte demandada.
En consecuencia, no advirtiendo este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ninguna violaci�n manifiesta de la ley que pudiere justificar, su suplencia de la quejosa, el examen de alg�n otro aspecto no propuesto por la parte actora, se llega a la conclusi�n de que debe reconocerse la validez de los preceptos impugnados del C�digo de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila.
En estas condiciones, al haber sido desestimados los conceptos de invalidez propuestos, lo que procede es declarar infundada la acci�n de inconstitucionalidad planteada y reconocer la validez de las disposiciones impugnadas.
Por lo expuesto y fundado se

resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundada la acci�n de inconstitucionalidad promovida por los diputados integrantes de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
SEGUNDO.-Se reconoce la validez constitucional del art�culo 2807 del C�digo Civil y 468 a 488 y art�culo 430, fracci�n IX del C�digo de Procedimientos Civiles ambos del Estado de Coahuila, publicados en el P.�dico Oficial del Estado del d�a veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, por las razones expuestas en el �ltimo considerando de esta ejecutoria.
TERCERO.-P.�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n.
Notif�quese: haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.
As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en P., por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.. Ausente el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n, previo aviso a la presidencia. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro J.S.M..