Ejecutoria num. P./J. 26/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26828430

Ejecutoria num. P./J. 26/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 26/99
Localizacion:HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 1999
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/98. MINORÍA DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES DE NATURALEZA ELECTORAL, Y EL PROCEDIMIENTO PARA IMPUGNARLA POR LA VÍA MENCIONADA SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN COMBATIR EN ESTA VÍA LEYES ELECTORALES.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.LIBERTAD DE TRABAJO. EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE RESTRINGIR ESA GARANTÍA A GOBERNADOS EN PARTICULAR.LIBERTAD DE TRABAJO. EL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD LÍCITA QUE NO AFECTA DERECHOS DE TERCEROS NI DE LA SOCIEDAD.LIBERTAD DE TRABAJO. ES VIOLATORIO DE ESTA GARANTÍA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PROHÍBE LA ELEGIBILIDAD DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARON LA COORDINACIÓN TÉCNICA ELECTORAL PARA OCUPAR UN CARGO EN DICHO SERVICIO.LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada con los siguientes rubros: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA ACCI�N (LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LE�N)."; "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES ELECTORALES."; "LIBERTAD DE TRABAJO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN."; y "SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE NUEVO LE�N. EL ART�CULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY QUE LO REGULA ES VIOLATORIO DE LA GARANT�A DE LIBERTAD DE TRABAJO, EN CUANTO PROH�BE LA ELEGIBILIDAD PARA DICHO SERVICIO, DE QUIENES INTEGRARON LA COORDINACI�N T�CNICA ELECTORAL.".

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/98. MINOR�A DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LE�N.

MINISTRO PONENTE: H.R.P..

SECRETARIO: O.A.C.Q..

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, T.R.J.�rez, Mar�a E.C.H.�ndez, R.S.C.�, L.C.T.�o B., E.T.G.�mez, O. �ngel R.�guez Su�rez, M.J.�s Pe�a Garza, E.N.V., A.B. de la Garza Tijerina, M.P.�a D., C�sar L.C.H., J.R.�guez C.�n, L.G.G.�lez y �scar J.A.G., en su car�cter de diputados integrantes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, promovieron acci�n de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y por las disposiciones que a continuaci�n se se�alan:

"IV. �rganos legislativo y ejecutivo demandados.

"A. �rgano legislativo. La H. LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, con domicilio en la torre administrativa, ubicada en el cruzamiento de las calles Matamoros y Zaragoza de Monterrey, Nuevo Le�n, c�digo postal 64000, como ordenadora, responsable de la expedici�n del Decreto N�mero 77 que contiene la Ley del Servicio Profesional Electoral, expedida con fecha 26 de noviembre de 1998.

"B. �rgano ejecutivo. El C. Gobernador C.onal del Estado de Nuevo Le�n, con domicilio en el Palacio de Gobierno, ubicado en el cruzamiento de las calles Zaragoza y 5 de Mayo en Monterrey, Nuevo Le�n, c�digo postal 64000, como ordenadora, responsable de la promulgaci�n del decreto que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad.

N. general cuya invalidez se reclama. Mediante esta acci�n de inconstitucionalidad se demanda el Decreto N�mero 77 que contiene la Ley del Servicio Profesional Electoral, expedida con fecha noviembre 26 de 1998 por la H. LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, que fuera publicada en el Peri�dico Oficial de fecha diciembre 2 de 1998.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes del caso los siguientes:

"VIII. E.�n de hechos.

"A. El Congreso del Estado de Nuevo Le�n se encuentra conformado por cuarenta y dos diputados, por consecuencia los catorce que suscribimos esta promoci�n constituimos el 33.33% de la Legislatura, por consecuencia cumplimos la hip�tesis legal que establece el inciso d) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Federal, para interponer esta acci�n de inconstitucionalidad.

"B. En fecha julio 6 de 1997 se realizaron elecciones para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo Le�n, por lo que el d�a agosto 1o. de 1997, en cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 216 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n, se public� en el Peri�dico Oficial del Estado el acta correspondiente a la declaratoria de validez de la elecci�n mencionada, de una parte, y de la asignaci�n de las diputaciones a los integrantes de la LXVIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo Le�n, de la otra parte, de la cual somos integrantes, lo que acreditamos con documento anexo.

"C. En fecha 14 de octubre de 1997, los integrantes de la LXVIII Legislatura al Congreso del Estado rendimos protesta de ley y tomamos posesi�n del cargo, de acuerdo a lo dispuesto por los art�culos 30 y 31 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo Le�n, lo cual acreditamos con el documento id�neo que se acompa�a a este ocurso.

"D. En fecha septiembre 24 de 1997, de acuerdo a lo preceptuado por el diverso 210 de la Ley Electoral del Estado y la fracci�n XV del art�culo 63 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, se public� en el Peri�dico Oficial el Bando Solemne que da a conocer la declaraci�n del gobernador electo al C.L.. F. de Jes�s C.C., quien rindi� protesta ante el Poder Legislativo L. y asumi� el cargo de gobernador del Estado en fecha octubre 4 de 1997, lo cual acreditamos con los documentos que se agregan a este ocurso.

"E. En fecha noviembre 18 de 1998, en sesi�n ordinaria celebrada por la LXVIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo Le�n, se present� dictamen de las Comisiones de Gobernaci�n y de L.�n y Puntos C.onales sobre la iniciativa del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, presentada en mayo de 1998 por la Comisi�n Estatal Electoral siendo aprobada por 28 votos a favor y 13 votos en contra, constituyendo el Decreto N�mero 77 que contiene la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, lo que acreditamos con la documentaci�n anexa.

"F. La mencionada Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n fue promulgada por el Lic. F. de Jes�s C.C., Gobernador C.onal del Estado de Nuevo Le�n, y publicada en el Peri�dico Oficial del Estado en fecha diciembre 2 de 1998, circunstancia que demostramos con el documento que se agrega a este ocurso.

G. La Ley del Servicio Profesional Electoral, que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad, conculca lo dispuesto por los preceptos 5o., 14 y 123 de la C.�n Pol�tica Federal, as� como los art�culos 4o., 14, 45, 63 fracci�n IV, 85 fracci�n X, 148, 149 y 152 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, cuya contradicci�n debe generar su invalidaci�n por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, sustentados en los siguientes ...

TERCERO

Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 5o., 14 y 123, as� como los art�culos 4o., 14, 45, 63 fracci�n IV, 85 fracci�n X, 148, 149 y 152 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

CUARTO

En la demanda se se�alaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"IX. Conceptos de invalidez:

"Primero. Invalidaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, por haberse violentado en su aprobaci�n lo dispuesto en los preceptos 63 fracci�n IV, 152 en relaci�n con los art�culos 45 y 148, todos de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

"Corresponde al Congreso del Estado de Nuevo Le�n, en t�rminos del art�culo 63 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica L., ?... Vigilar el cumplimiento de la C.�n y de las leyes ...?, por ser el depositario y representante de la voluntad del pueblo, por consecuencia garante del Estado de derecho dentro del territorio del Estado.

"En la aprobaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral, el Congreso del Estado de Nuevo Le�n viol� lo dispuesto por los preceptos 63 fracci�n IV, 152 en relaci�n con los art�culos 45 y 148 de la C.�n Pol�tica L., toda vez que por tratarse de una ley constitucional para ser admitida a discusi�n se requer�a del voto de la mayor�a de los miembros presentes de la legislatura, y al no haberse siquiera sometido a votaci�n que dicha ley pudiera ser admitida a discusi�n, se hace evidente la inconstitucionalidad de origen.

"Efectivamente, los preceptos de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n que pasamos a transcribir, sustentan la inconstitucionalidad de la Ley del Servicio Profesional Electoral, al disponer respectivamente lo que sigue:

"?Art. 63. Pertenece al Congreso: ...

"?IV. Vigilar el cumplimiento de la C.�n y de las leyes ...?

"?Art. 45. La Ley Electoral del Estado, reglamentaria de esta C.�n en la materia, regular� y garantizar� el desarrollo de los procesos electorales: el ejercicio del sufragio, los derechos, obligaciones, organizaci�n y funciones de los partidos, asociaciones pol�ticas y organismos electorales, la preparaci�n, desarrollo, vigilancia, c�mputo y calificaci�n de las elecciones; el procedimiento de lo contencioso electoral; y en general las dem�s disposiciones relativas al proceso electoral.

"?El organismo electoral competente con la participaci�n del Gobierno del Estado, de los partidos pol�ticos y los ciudadanos, actualizar� permanentemente el padr�n electoral ...?

"?Art. 148. En cualquier tiempo puede ser reformada esta C.�n; mas las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusi�n, necesitar�n el voto de la mayor�a de los miembros presentes de la C�mara ...?

"?Art. 149. Tomadas en consideraci�n las adiciones o reformas se publicar�n y circular�n profusamente, con extracto de la discusi�n, y no podr�n ser votadas antes del inmediato periodo de sesiones ...?

"?Art. 152. Las leyes de que hablan los art�culos 45, 63 fracci�n XIX, 94 y 121 son constitucionales y en su reforma se guardar�n las mismas reglas que en las de cualquier art�culo de la C.�n, pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo periodo en que sean propuestas, si as� lo acordare el Congreso ...?

"Deviene inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, toda vez que en el proceso de su aprobaci�n seguido por la Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, se violent� lo dispuesto por los preceptos arriba transcritos, porque al ser dicha normativa ?ley constitucional?, al disponerlo as� los art�culos 45 y 152 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, previo a su debate, para ser admitida a discusi�n, requer�a del voto de la mayor�a de los miembros presentes de la legislatura, y al no haberse siquiera planteado tal votaci�n genera autom�ticamente su inconstitucionalidad.

"La Ley del Servicio Profesional Electoral constituye ?ley constitucional?, por disposici�n expresa de los preceptos 152 y 45 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, al regular la organizaci�n del denominado ?servicio profesional electoral?, y ?al personal de la comisi�n estatal electoral?, seg�n dispone su art�culo 1o., por consecuencia en el proceso de su aprobaci�n debi� de haberse cumplido lo dispuesto por el art�culo 148 del citado texto constitucional, que ordena que ?... La reforma que se proponga, para ser admitida a discusi�n, necesitar� el voto de la mayor�a de los miembros presentes de la c�mara ...?, lo que elimina por consecuencia la posibilidad de su discusi�n si no se obtiene previamente el voto favorable de la mayor�a de los integrantes de la Legislatura.

"Por consecuencia de lo expresado en p�rrafos precedentes, la aprobaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral efectuada por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, as� como la orden de publicaci�n de dicha normativa, realizada por el gobernador del Estado, resultan afectadas de inconstitucionalidad de origen, al haberse rebasado los requerimientos consignados en la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, para la aprobaci�n de una ley constitucional. Esta inconstitucionalidad, por ser de mayor grado, abarca a las dem�s actuaciones que se realizaron como su consecuencia y sus efectos, siendo por tal motivo nulos absolutamente.

"En raz�n de lo expuesto con antelaci�n, al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Nuevo Le�n a lo dispuesto por los preceptos 45, 63 fracci�n IV, 148 y 152 de la C.�n Pol�tica vigente en el Estado, resulta inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, debiendo ser por consecuencia invalidada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"Segundo. Invalidaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, por haberse violentado en su aprobaci�n lo dispuesto en los preceptos 63 fracci�n IV, 152 en relaci�n con los art�culos 45, 148 y 149, todos de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

"En la aprobaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral, el Congreso del Estado de Nuevo Le�n viol� lo dispuesto por los preceptos indicados en el p�rrafo precedente, toda vez que por tratarse de una ley constitucional no debi� ser votada en el mismo periodo de sesiones en que fuera sometida a la consideraci�n de la Legislatura L..

"Efectivamente, los preceptos de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n que pasamos a transcribir, sustentan la inconstitucionalidad de la Ley del Servicio Profesional Electoral, al disponer respectivamente lo que sigue:

"?Art. 63. Pertenece al Congreso: ...

"IV. Vigilar el cumplimiento de la C.�n y de las leyes ...?

"?Art. 45. La Ley Electoral del Estado, reglamentaria de esta C.�n en la materia, regular� y garantizar� el desarrollo de los procesos electorales: El ejercicio del sufragio: Los derechos, obligaciones, organizaci�n y funciones de los partidos, asociaciones pol�ticas y organismos electorales: La preparaci�n, desarrollo, vigilancia, c�mputo y calificaci�n de las elecciones; el procedimiento de lo contencioso electoral, y en general las dem�s disposiciones relativas al proceso electoral.

"El organismo electoral competente con la participaci�n del Gobierno del Estado, de los partidos pol�ticos y los ciudadanos, actualizar� permanentemente el padr�n electoral ...?

"?Art. 148. En cualquier tiempo puede ser reformada esta C.�n; mas las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusi�n, necesitar�n el voto de la mayor�a de los miembros presentes de la C�mara ...?

"?Art. 149. Tomadas en consideraci�n las adiciones o reformas se publicar�n y circular�n profusamente, con extracto de la discusi�n. y no podr�n ser votadas antes del inmediato periodo de sesiones. ...?

"?Art. 152. Las leyes de que hablan los art�culos 45, 63 fracci�n XIX, 94 y 121 son constitucionales y en su reforma se guardar�n las mismas reglas que en las de cualquier art�culo de la C.�n, pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo periodo en que sean propuestas, si as� lo acordare el Congreso ...?

"Deviene inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, toda vez que en el proceso de su aprobaci�n seguido por la Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, se violent� lo dispuesto por los preceptos arriba transcritos, porque al ser dicha normativa ?ley constitucional?, al disponerlo as� los art�culos 45 y 152 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, debi� de haberse publicado y circulado profusamente con extracto de la discusi�n respectiva (previamente a su aprobaci�n), requisitos que se omitieron, de una parte, y fundamentalmente porque tal normativa fue votada y aprobada en el mismo periodo de sesiones, sin que as� lo hubiera acordado previamente el Congreso L., de la otra parte.

"La Ley del Servicio Profesional Electoral constituye ?ley constitucional?, por disposici�n expresa de los preceptos 152 y 45 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, al regular la organizaci�n del denominado ?servicio profesional electoral?, y ?al personal de la comisi�n estatal electoral?, seg�n dispone su art�culo 1o., por consecuencia en el proceso de su aprobaci�n debi� de haberse cumplido lo dispuesto por el art�culo 149 del citado texto constitucional, que ordena que antes de la aprobaci�n de una ley constitucional se publique y circule profusamente con extracto de la discusi�n, y no puede ser votada antes del inmediato periodo de sesiones, lo que elimina por consecuencia la posibilidad de su votaci�n en el mismo periodo legislativo constitucional.

"Por consecuencia de lo expresado en p�rrafos precedentes, la aprobaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral efectuada por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, as� como la orden de publicaci�n de dicha normativa, realizada por el gobernador del Estado, resultan afectadas de inconstitucionalidad de origen, al haberse rebasado los requerimientos consignados en la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, para la aprobaci�n de una ley constitucional. Esta inconstitucionalidad, por ser de mayor grado, abarca a las dem�s actuaciones que se realizaron como su consecuencia y sus efectos, siendo por tal motivo nulos absolutamente.

"En raz�n de lo expuesto con antelaci�n, al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Nuevo Le�n a lo dispuesto por los preceptos 45, 63 fracci�n IV, 148, 149 y 152 de la C.�n Pol�tica vigente en el Estado, resulta inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, debiendo ser por consecuencia invalidada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"Tercero. Invalidaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, por haberse violentado con su aprobaci�n lo dispuesto en los preceptos 63 fracci�n IV y 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, y 86 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n.

"Corresponde al Congreso del Estado de Nuevo Le�n, en t�rminos del art�culo 63 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica L., ?... vigilar el cumplimiento de la C.�n y de las leyes ...?, por ser el depositario y representante de la voluntad del pueblo, por consecuencia garante del Estado de derecho dentro del territorio del Estado.

"Atento a lo establecido por el art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n, que previene:

"?Art. 86. Los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral ser�n designados por la Comisi�n Estatal Electoral y seleccionados mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n, tomando en cuenta los criterios necesarios para la creaci�n del Servicio Profesional Electoral del Estado, mismo que deber� ser establecido de acuerdo a las bases que para el efecto determine la propia Comisi�n Estatal Electoral en el ordenamiento reglamentario correspondiente ...?

"Corresponde entonces, en t�rminos de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n, a la Comisi�n Estatal Electoral la creaci�n del Servicio Profesional Electoral del Estado, de conformidad con las bases que se consignen en ?ordenamiento reglamentario? que oportunamente deber�a haber sido expedido.

"El art�culo 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n dispone que pertenece al titular del Ejecutivo: ?... Publicar, circular, cumplir y hacer cumplir las leyes y dem�s disposiciones del Congreso del Estado, y ordenar y reglamentar en lo administrativo, lo necesario para su ejecuci�n ...?.

"Atento a dicho precepto, la facultad reglamentaria de las leyes emanadas del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, corresponde indiscutiblemente al titular del Poder Ejecutivo, con exclusi�n de cualquier otro organismo o poder, constituyendo facultad indelegable, intransmisible, que por consecuencia debe ser ejercida directamente por el gobernador de la entidad.

"Fundamentalmente por lo expresado en el art�culo 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, resulta inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, por haberse arrogado el Congreso del Estado de Nuevo Le�n la facultad de reglamentar el servicio profesional electoral del Estado, toda vez que la facultad reglamentaria aludida es atribuci�n exclusiva del titular del Poder Ejecutivo, de una parte, y porque fundamentalmente el art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�ndispone que tal servicio debe ser establecido de acuerdo a las bases previstas en el ?... ordenamiento reglamentario correspondiente ...?, mismo que �nicamente puede ser expedido por el gobernador del Estado, atentos al citado precepto constitucional.

"Confirma el presente concepto de invalidez el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, plasmado en la tesis de jurisprudencia que pasamos a transcribir:

"?FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS L�MITES. Es criterio un�nime, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al presidente de la Rep�blica y a los gobernadores de los Estados, en sus respectivos �mbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la divisi�n de poderes imperante en la expedici�n de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecuci�n de la ley desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, a t�tulo de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificaci�n.

"?Novena �poca. Instancia. Segunda S.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: II, septiembre de 1995. Tesis: 2a./J. 47/95. P�gina: 293.

"?R.�n fiscal 59/81. Playa S.V., S.A. 4 de octubre de 1982. Cinco votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez. S.io: Jos� �ngel M.G..

"?Amparo en revisi�n 3227/90. Empresas Tylsa, S.A. de C.V. 29 de agosto de 1994. Mayor�a de cuatro votos. Disidente: A.G.M.�nez. Ponente: No� Casta��n Le�n. S.io: L.I.R.G.�lez.

"?Amparo en revisi�n 2165/93. Compa��a Azucarera del Ingenio de Bellavista, S.A. 9 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: G.D.G.�ngora P.. S.ia: Mar�a L.B. de la Luz.

"?Amparo en revisi�n 862/93. Ingenio J.M.�a M., S.A. 9 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. S.ia: M.R.M..

"?Amparo en revisi�n 1841/94. F.J.L.G.F.. 18 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: G.I.O.M.. S.io: G.�n M.H.�ndez.

"?Tesis de jurisprudencia 47/95. Aprobada por la Segunda S. de este Alto Tribunal, en sesi�n privada de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente J.D.R., G.D.G.�ngora P., M.A.G.�itr�n, G.I.O.M. y S.S.A.A. ...?.

"Por consecuencia de lo expresado en p�rrafos precedentes, la aprobaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral efectuada por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, as� como la orden de publicaci�n de dicha normativa, realizada por el gobernador del Estado, resultan afectadas de inconstitucionalidad de origen. Esta inconstitucionalidad, por ser de mayor grado, abarca a las dem�s actuaciones que se realizaron como su consecuencia y sus efectos, siendo por tal motivo nulos absolutamente.

"En raz�n de lo expuesto con antelaci�n, al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Nuevo Le�n a lo dispuesto por los preceptos 63 fracci�n IV y 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica vigente en el Estado, y art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n, resulta inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, debiendo ser por consecuencia invalidada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"Cuarto. Invalidaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, por haberse violentado con su aprobaci�n lo dispuesto en los preceptos 27, 30, 63 fracci�n IV y 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

"Corresponde al Congreso del Estado de Nuevo Le�n, en t�rminos del art�culo 63 fracciones IV y VIII de la C.�n Pol�tica L., ?... Vigilar el cumplimiento de la C.�n y de las leyes ...?, por ser el depositario y representante de la voluntad del pueblo, por consecuencia garante del Estado de derecho dentro del territorio del Estado, de una parte, as� como tambi�n ?... crear, a instancia del Ejecutivo, empleos, oficinas y plazas que requiera la administraci�n p�blica del Estado, asignando los sueldos de ellos, y suprimirlos, cuando cese su necesidad ...?, de la otra parte.

"Suponiendo, sin conceder, que resultara apegado al texto constitucional el procedimiento utilizado por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n para aprobar la Ley del Servicio Profesional Electoral, algunos de los preceptos que contempla el decreto mencionado resultan aberrantes, de una parte, y lesivos de garant�as individuales, de la otra parte, seg�n pasamos a evidenciar:

"De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 27 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, en esta entidad la libertad del hombre no tiene m�s l�mites que la prohibici�n de la ley. De la ley emanan la autoridad de los que gobiernan y las obligaciones de los gobernados. ?... En consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes ...?. Es decir, que en respeto del principio de facultades regladas, que determinan el ejercicio del poder de imperio, los �rganos de autoridad �nicamente pueden realizar aquellos actos que las leyes les facultan, siendo por consecuencia ilegales, por arbitrarios, los actos de autoridad que no encuentren sustento en la ley.

"El art�culo 30 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n dispone textualmente lo que sigue:

"?Art. 30. El Gobierno del Estado es republicano, representativo y popular, se ejercer� por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo la base de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre. Estos poderes derivan del pueblo y se limitan al ejercicio de las facultades expresamente designadas en esta C.�n. No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n ni depositarse el legislativo en un solo individuo ...?

"Conforme a lo dispuesto en el precepto invocado en el p�rrafo precedente, atentos a nuestro r�gimen constitucional s�lo tiene facultades para legislar el Poder Legislativo (excepcionalmente el Ejecutivo en el caso de la facultad reglamentaria, misma que s�lo puede ser ejecutada por el titular de este poder), sin que en la C.�n Federal, ni mucho menos en la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n exista norma alguna que autorice al Legislativo para delegar la referida atribuci�n. No obstante lo anterior, para que sea v�lido desde el punto de vista constitucional que uno de los Poderes de la Uni�n ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que as� lo consigne expresamente la Carta Magna o que la funci�n respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar que la funci�n se ejerza �nicamente en los casos expresamente autorizados en la propia C.�n, toda vez que las reglas de excepci�n a la norma general son de aplicaci�n estricta.

"El art�culo 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n dispone que pertenece al Ejecutivo: ?... Publicar, circular, cumplir y hacer cumplir las leyes y dem�s disposiciones del Congreso del Estado, y ordenar y reglamentar en lo administrativo, lo necesario para su ejecuci�n ...?.

"Atentos a dicho precepto, la facultad reglamentaria de las leyes emanadas del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, corresponde indiscutiblemente al titular del Poder Ejecutivo, con exclusi�n de cualquier otro organismo o poder, constituyendo atribuci�n indelegable, intransmisible, que por consecuencia debe ser ejercida directamente por el gobernador de la entidad.

"Al expedirse la Ley del Servicio Profesional Electoral, que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad, se violent� lo dispuesto por los preceptos constitucionales arriba invocados, particularmente por lo que respecta a los art�culos 9o., 11, 27, 30 fracci�n VII, 42 y 55 de la normativa impugnada, toda vez que confieren, no al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo Le�n, ni mucho menos a la Legislatura del Congreso del Estado (como dispone el art�culo 63 fracci�n VIII de la C.�n Pol�tica de Nuevo Le�n), sino a la Comisi�n Estatal Electoral facultades extraordinarias, consistentes en determinar mediante la expedici�n de ?cat�logo?, la creaci�n de empleos, oficinas y plazas; la determinaci�n de cu�l va a ser el personal considerado como ?profesional?; as� como tambi�n para otorg�rsele la atribuci�n de determinar ?los t�rminos y condiciones? mediante los cuales se podr� ?evaluar al personal?, sin que se le obligue a publicar los criterios de evaluaci�n, y sin que el propio Congreso del Estado de Nuevo Le�n los determine, ni precise los cargos que deber� ocupar el personal considerado como ?profesional?.

"Efectivamente, mediante la Ley del Servicio Profesional Electoral que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad, se violenta el sistema constitucional de divisi�n de poderes, previsto por el art�culo 30 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, toda vez que la Legislatura del Congreso Estatal deleg� en forma inconstitucional a la Comisi�n Estatal Electoral el ejercicio de facultades legislativas, que no se encuentran previstas en la C.�n L. como reservadas para el Poder Ejecutivo, sino que son propias del Poder Legislativo, y al no encontrar prevista en la C.�n L. tal autorizaci�n, por ese solo hecho se violenta el orden constitucional establecido.

"As� lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las siguientes tesis que pasamos a transcribir:

"?FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS AL EJECUTIVO DE UN ESTADO. PARA SU EXAMEN DEBE ATENDERSE A LA CONSTITUCI�N LOCAL. Para examinar la constitucionalidad de las facultades extraordinarias concedidas por la Legislatura L. al titular del Poder Ejecutivo para legislar debe atenderse en primer t�rmino a las disposiciones relativas de la C.�n del Estado, para poder determinar si en la C.�n se autoriza o no el que se otorguen dichas facultades.

"?Amparo en revisi�n 4147/85. Domingo Mu�oz M.. 23 de abril de 1986. Unanimidad de 4 votos. Ponente: M.A.G.�itr�n ...?.

"?DELEGACI�N DE FACULTADES PARA LEGISLAR. COMPETENCIA DE LAS SECRETAR�AS DE ESTADO. Conforme a nuestro r�gimen constitucional s�lo tiene facultades para legislar el Poder Legislativo y excepcionalmente el Ejecutivo en el caso de facultad reglamentaria, que �nicamente puede ser ejercitada por el titular de este poder, sin que en la C.�n exista una disposici�n que lo autorice para delegar en alguna otra persona o entidad, la referida facultad, pues ni el Poder Legislativo puede autorizar tal delegaci�n; por tanto, sostener que la Ley de S.�as de Estado encarga a la de Econom�a la materia de monopolios, y que esa ley, fundada en el art�culo 90 de la C.�n, debe entenderse en el sentido de que dicha S.�a goza de cierta libertad y autonom�a en esta materia, es desconocer la finalidad de dicha ley, que no es otra que la de fijar la competencia gen�rica de cada secretar�a, pero sin que esto signifique que por ello puedan �stas actuar en cada materia sin ley especial, ni mucho menos que la repetida ley subvierta los principios constitucionales, dando a las S.�as de Estado facultades que conforme a la C.�n, s�lo corresponden al titular del Poder Ejecutivo, decir que conforme a los art�culos 92, 93 y 108 de la C.�n, los secretarios de Estado tienen facultades ejecutivas y gozan de cierta autonom�a en las materias de su ramo y de una gran libertad de acci�n, con amplitud de criterio para resolver cada caso concreto, sin someterlo al juicio y voluntad del presidente de la Rep�blica, es destruir la unidad del poder; es olvidar que dentro del r�gimen constitucional el presidente de la Rep�blica es el �nico titular del Ejecutivo, que tiene el uso y el ejercicio de las facultades ejecutivas; es finalmente desconocer el alcance que el refrendo tiene, de acuerdo con el art�culo 92 constitucional, el cual, de la misma manera que los dem�s textos relativos, no da a los secretarios de Estado mayores facultades ejecutivas ni distintas siquiera, de las que al presidente de la Rep�blica corresponden.

"?Amparo en revisi�n 3805/59. C�a. H.�ctrica del Amacuzac, S.A. 23 de marzo de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: F.C.�o ...?

"?DIVISI�N DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CAR�CTER FLEXIBLE. La divisi�n de poderes que consagra la C.�n Federal no constituye un sistema r�gido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en t�rminos generales, corresponden a la esfera de atribuciones de otro poder. As�, el art�culo 109 constitucional otorga ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las C�maras que integran el Congreso de la Uni�n en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federaci�n, y los art�culos 29 y 131 de la propia C.�n consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de divisi�n de poderes que consagra la C.�n General de la Rep�blica es de car�cter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federaci�n, facultades que incumben a otro poder. Para que sea v�lido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los poderes de la Uni�n ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que as� lo consigne expresamente la Carta Magna o que la funci�n respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la funci�n se ejerza �nicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepci�n son de aplicaci�n estricta.

"?Amparo en revisi�n 427/77. H�ctor M.M.�nez y coagraviados (acumulados). 30 de noviembre de 1978. 5 votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez.?

"?FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SON INCONSTITUCIONALES LAS CONCEDIDAS AL GOBERNADOR DE UN ESTADO, FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR LA CONSTITUCI�N (LEY N�M. 6 DE PLANIFICACI�N PARA EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE). Pleno. S�ptima �poca. Volumen 73. P�gina 17.?

"?As� como el art�culo 49 de la C.�n Federal establece que no podr�n reunirse dos o m�s poderes en una sola persona o corporaci�n ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo los casos de excepci�n a que se refieren los art�culos 49 y 131 de la misma Carta Fundamental, el art�culo 37 de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz dispone que: �No pueden reunirse dos o m�s de esos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el legislativo en un individuo; la observancia de este precepto podr� suspenderse en los casos de la fracci�n XXII del art�culo 68�. Este �ltimo precepto y fracci�n prev� la posibilidad de conceder al Ejecutivo del Estado de Veracruz, por tiempo limitado, las facultades extraordinarias que necesite, para salvar la situaci�n en casos de invasi�n, alteraci�n del orden o peligro p�blico. Como el art�culo 37 de la C.�n del Estado de Veracruz consagra la regla general y el caso de excepci�n, dicho caso de excepci�n no puede aplicarse ni extenderse a situaciones no previstas por ella, y en tal virtud, �nicamente en los casos de invasi�n, alteraci�n del orden o peligro, enumerados en la fracci�n XXII del art�culo 68, es cuando la Legislatura del Estado puede conceder facultades extraordinarias al gobernador. Ahora bien, resulta inconstitucional el Decreto 101 de 31 de diciembre de 1957, expedido por la Legislatura del Estado de Veracruz, concedi�ndole al gobernador facultades extraordinarias, por no hallarse en el caso del art�culo 37 de la C.�n del Estado; en tal virtud, resulta tambi�n inconstitucional la Ley N�mero 6, que en uso de dichas facultades expidiera el gobernador. No obsta en contrario el que, mediante la Ley N�mero 65 denominada Ley de Planificaci�n y Cooperaci�n Municipal del Estado de Veracruz, se haya reformado y adicionado la Ley N�mero 6, ya que del texto de la citada Ley N�mero 65 se desprende que �sta no deviene de un ordenamiento original por cuanto no deroga la ley anterior (la n�mero 6), sino que tan s�lo la reforma y adiciona, no la deroga, y por lo tanto, no puede considerarse como un ordenamiento independiente. En otras palabras, ni las adiciones ni las reformas, ni en general la reestructuraci�n, como tampoco la investidura formal, constituyen elementos suficientes para convalidar la inconstitucionalidad de origen en constitucionalidad derivada, pues la Legislatura L. no ratific� la Ley N�mero 6 expresamente.

"?Amparo en revisi�n 5734/70. M.A.V.�s O.. 21 de enero de 1975. Unanimidad de 19 votos. Ponente: C.d.R.�o R.�guez.

"?V�ase: Sexta �poca, Volumen CXVIII, Primera Parte, p�g. 29 ...?

"De conformidad con lo expresado en p�rrafos precedentes, resulta inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, por lo que respecta a sus preceptos 9o., 11, 27, 30 fracci�n VII, 42 y 55, por conceder a la Comisi�n Estatal Electoral facultades extraordinarias, no previstas en la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, contravini�ndose los principios constitucionales que se consignan en los preceptos 27, 30, 63 fracciones IV y VIII y 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

"Por consecuencia de lo expresado en p�rrafos precedentes, la aprobaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral efectuada por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, as� como la orden de publicaci�n de dicha normativa, realizada por el gobernador del Estado, resultan afectadas de inconstitucionalidad de origen. Esta inconstitucionalidad, por ser de mayor grado, abarca a las dem�s actuaciones que se realizaron como su consecuencia y sus efectos, siendo por tal motivo nulos absolutamente.

"En raz�n de lo expuesto con antelaci�n, al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Nuevo Le�n a lo dispuesto por los preceptos 27, 30, 63 fracciones IV y VIII, y 85 fracci�n X de la C.�n Pol�tica vigente en el Estado, resultan inconstitucionales los preceptos 9o., 11, 27, 30 fracci�n VII, 42 y 55 de la Ley del Servicio Profesional Electoral, debiendo ser por consecuencia invalidados por la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"Quinto. Invalidaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, por haberse violentado con su aprobaci�n lo dispuesto en los preceptos 5o., 14 y 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como lo dispuesto por los art�culos 4o. y 63 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

"Corresponde al Congreso del Estado de Nuevo Le�n, en t�rminos del art�culo 63 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica L., ?... Vigilar el cumplimiento de la C.�n y de las leyes ...?, por ser el depositario y representante de la voluntad del pueblo, por consecuencia garante del Estado de derecho dentro del territorio del Estado.

"Suponiendo, sin conceder, que resultara apegado al texto constitucional el procedimiento utilizado por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n para aprobar la Ley delServicio Profesional Electoral, algunos de los preceptos que contempla el decreto mencionado resultan aberrantes, de una parte, y lesivos de garant�as individuales, de la otra parte, seg�n pasamos a evidenciar:

"Mediante el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, que motiva la presente acci�n de inconstitucionalidad, se conculca el contenido de los preceptos 5o., 14 y 123 de la C.�n Federal, 4o. y 63 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, por lo siguiente:

"El art�culo segundo transitorio que contiene la Ley del Servicio Profesional Electoral dispone textualmente lo siguiente:

"?Segundo. Los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral concluir�n el cargo que les fue conferido para el proceso electoral de 1997, dentro de los diez d�as posteriores contados a partir de la iniciaci�n de vigencia de esta ley y no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del Servicio Profesional Electoral a que se refiere el presente ordenamiento ...?

"Tal precepto conculca flagrantemente la garant�a individual prevista por el art�culo 5o. de la C.�n Federal, y su correlativo art�culo 4o. de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, que dispone que:

"?A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad ...?

"Se violentan los art�culos 5o. de la C.�n Federal, y su correlativo 4o. de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, toda vez que a trav�s del art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral quedan proscritos para ocupar cargo alguno del servicio profesional electoral a los actuales integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, no obstante no existir la determinaci�n judicial, ni mucho menos la resoluci�n gubernativa que previene el art�culo 5o. constitucional.

"En otro orden de ideas, el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral contraviene la garant�a de audiencia que consagra el segundo p�rrafo del art�culo 14 de la C.�n Federal, cuyo precepto dispone que: ?Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...?, por lo siguiente:

"a) Porque el dispositivo transitorio que nos ocupa implica privaci�n de derechos laborales de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, al disponer la conclusi�n del contrato de trabajo que tienen propalado con la Comisi�n Estatal Electoral, sin mediar juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, que hubiere concluido con sentencia condenatoria en tal sentido. Lo que equivale a ser despose�dos de un derecho, sin previamente haber sido o�dos y vencidos en juicio.

"b) Porque el dispositivo transitorio que nos ocupa implica privaci�n de derechos laborales de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, al disponer que ?No podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del Servicio Profesional Electoral ...?, sin mediar juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, que hubiere concluido con sentencia condenatoria en tal sentido. Lo que equivale a ser despose�dos de un derecho, sin previamente haber sido o�dos y vencidos en juicio.

"En apoyo del presente concepto de invalidez nos permitimos transcribir las siguientes tesis de jurisprudencia, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que por s� solas se explican:

"?AUDIENCIA, GARANT�A DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garant�a de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no s�lo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino tambi�n frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les d� oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligaci�n constitucional se circunscribe a se�alar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los �rganos legislativos est�n obligados a o�r a los posibles afectados por una ley antes de que �sta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cu�les son todas aquellas personas que en concreto ser�n afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formaci�n de las leyes corresponde exclusivamente a �rganos p�blicos.

"?Amparo en revisi�n 1501/53. L.B.R.�n y coags. Unanimidad de 20 votos. Sexta �poca. Volumen CXXXII. Primera Parte. P�g. 24.

"?Amparo en revisi�n 3708/75. J.M.�a E.O.. Unanimidad de 16 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 97-102. Primera Parte. P�g. 42.

"?Amparo en revisi�n 6163/75. J.R.R. y otros. Unanimidad de 16 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 97-102. Primera Parte. P�g. 42.

"?Amparo en revisi�n 5847/76. E.R.C.G.C.�n y otros. Unanimidad de 18 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 103-108. Primera Parte. P�g. 75.

"?Amparo en revisi�n 3386/76. Ranver Compa��a Mexicana de Estacionamientos, S. A. Unanimidad de 20 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 157-162. Primera Parte. P�g. 84.

"?Amparo en revisi�n 6408/76. Mar�a F. de L. y otro. Unanimidad de 16 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 157-162. Primera Parte. P�g. 237.

"?Amparo en revisi�n 3957/76. Estacionamientos S.F., S. A. Unanimidad de 19 votos. Sexta �poca. Volumen CXXXII. Primera Parte. P�g. 24 ...?

"?AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANT�A DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garant�a de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervenci�n se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jur�dicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privaci�n de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificaci�n que tiene por finalidad que aqu�l se entere de cu�les son esos hechos y as� est� en aptitud de defenderse. De lo contrario, la audiencia resultar�a pr�cticamente in�til, puesto que el presunto afectado no estar�a en condiciones de saber qu� pruebas aportar o qu� alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que �sta se apoy� para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jur�dica.

"?Amparo en revisi�n 2592/85. L.S.Q.. Unanimidad de 4 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 199-204. Tercera Parte. P�g. 48.

"?Amparo en revisi�n 1487/85. A.V.�in de Chac�n. Unanimidad de 4 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 199-204. Tercera Parte. P�g. 48.

"?Amparo en revisi�n 1558/85. O.M. de R.. Unanimidad de 4 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 199-204. Tercera Parte. P�g. 48.

"?Amparo en revisi�n 1594/85. R.S.I.. Unanimidad de 4 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 199-204. Tercera Parte. P�g. 48.

"?Amparo en revisi�n 1598/85. D.T. de Ruy S�nchez. Unanimidad de 4 votos. S�ptima �poca. Vol�menes 199-204. Tercera Parte. P�g. 48 ...?

"?FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga �se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento�. �stas son las que resulten necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.

"?Amparo directo en revisi�n 2961/90. �pticas D. del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. S.ia: Ma. Estela F.M.G.P..

"?Amparo directo en revisi�n 1080/91. G.C. L�pez. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de diecis�is votos. Ponente: J.D.�az R.. S.ia: A.C. de O..

"?Amparo directo en revisi�n 5113/90. H�ctor S.A.. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: J.D.�az R.. S.io: Ra�l A.P.C..

"?Amparo directo en revisi�n 933/94. B., S.A. 20 de marzo de 1995. Mayor�a de nueve votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. S.ia: Ma. Estela F.M.G.P..

"?Amparo directo en revisi�n 1694/94. Mar�a E.E.M.. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. S.ia: Ma. Estela F.M.G.P..?

"El impedimento previsto por el art�culo segundo transitorio aludido, es inconstitucional, toda vez que sin motivo alguno se priva de personal capacitado a la Coordinaci�n T�cnica Electoral, no obstante que el sentido de la Ley del Servicio Profesional Electoral es, seg�n se expresa en su art�culo 5o., ?... dotar a la comisi�n de personal conformado por funcionarios especializados, para prestar el servicio electoral ...?, d�ndose seguramente por inconfesables motivos a la tarea de contratar nuevo personal, sin capacitaci�n alguna.

"Adicionalmente, el art�culo segundo transitorio violenta lo dispuesto por el art�culo 123 de la C.�n Federal, cuyo precepto dispone:

"?Art. 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley ...

"?B. Entre los Poderes de la Uni�n, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ...

"?IX. Los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t�rminos que fije la ley ...?

"Resulta violado dicho precepto constitucional, toda vez que con el contenido del art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, se pretende privar a los actuales integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral de su trabajo, no obstante ser �ste ?digno y socialmente �til?, de una parte, y no existiendo ?causa justificada prevista por la ley? que sustente su despido, ni mucho menos su no elegibilidad para ocupar tales cargos en el futuro, de la otra parte.

"Estamos convencidos que el contenido del art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral es evidentemente contradictoria de lo dispuesto por los preceptos 5o., 14 y 123 de la C.�n Federal, as� como de lo ordenado por los art�culos 4o. y 63 fracci�n IV de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, por pretender privar a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral de su ocupaci�n o trabajo, no obstante tener derecho a desempe�ar una ocupaci�n digna y socialmente �til; impidi�ndoseles dedicarse por ende al trabajo que les acomoda siendo l�cito; y adicionalmente sin existir determinaci�n judicial que proscriba tal profesi�n, por no ofenderse los derechos de la sociedad, ni atacar los derechos de tercero.

"Adicionalmente a lo expuesto con antelaci�n, el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, que arriba se transcribe, violenta lo dispuesto por la fracci�n VIII del art�culo 63 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, cuyo precepto dispone como atribuci�n del Congreso L.: ?... Crear, a instancia del Ejecutivo, empleos, oficinas y plazas que requiera la administraci�n p�blica del Estado, asignando los sueldos de ellos, y suprimirlos cuando cese su necesidad ...?. En t�rminos de dicha normativa es atribuci�n de la Legislatura L. la creaci�n de empleos y plazas de la administraci�n p�blica, as� como su correspondiente supresi�n, pero en ning�n caso le corresponde definir la conclusi�n de los cargos de los integrantes de la comisi�n estatal electoral, ni de ning�n otro personal dependiente del Poder Ejecutivo, toda vez que ello equivaldr�a a una evidente interferencia inconstitucional, por invasi�n de esferas competenciales.

"El art�culo segundo transitorio implica evidente violaci�n a lo dispuesto por la fracci�n VIII del art�culo 63 de la C.�n Pol�tica de Nuevo Le�n, ya que no corresponde al Congreso de Nuevo Le�n determinar cu�ndo debe concluir la responsabilidad de los cargos de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, toda vez que dicha atribuci�n en todo caso ser�a responsabilidad del Poder Ejecutivo, raz�n por la cual tal dispositivo atenta contra el principio constitucional de divisi�n de poderes.

"Por consecuencia de lo expresado en p�rrafos precedentes, la aprobaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral efectuada por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, as� como la orden de publicaci�n de dicha normativa, realizada por el gobernador del Estado, resultan afectadas de inconstitucionalidad de origen. Esta inconstitucionalidad, por ser de mayor grado, abarca a las dem�s actuaciones que se realizaron como su consecuencia y sus efectos, siendo por tal motivo nulos absolutamente.

En raz�n de lo expuesto con antelaci�n, al no haber dado cumplimiento el Congreso del Estado de Nuevo Le�n a lo dispuesto por los preceptos 5o., 14 y 123 de la C.�n Pol�tica vigente en el Estado, resulta inconstitucional el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, debiendo ser por consecuencia invalidado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

QUINTO

Mediante prove�do de fecha veintid�s de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al M.H.R.P., para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resoluci�n respectivo.

SEXTO

Por auto de cuatro de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor admiti� a tr�mite la demanda relativa; orden� emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe; corri� traslado al procurador general de la Rep�blica para lo que a su competencia corresponde; y, requiri� a la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n para que expresara su opini�n con relaci�n a la demanda de cuenta.

S�PTIMO

La S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, al formular su opini�n con motivo de la demanda de acci�n de inconstitucionalidad a que este asunto se refiere, expuso:

La S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, emite respuesta a la consulta formulada por el se�or Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, H.R.P., con fundamento en el art�culo 68, p�rrafo segundo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Primero. En su primer concepto de invalidez, aduce la quejosa que deviene inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral publicada en el Peri�dico Oficial del Estado de Nuevo Le�n en 2 de diciembre de 1998, al resultar contraria a lo dispuesto por los art�culos 45, 63, fracci�n IV, 152, y 148 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, toda vez que el proceso de aprobaci�n seguido por la LXVIII Legislatura del Congreso L. se encuentra viciado de origen, pues para ser sometida a discusi�n una ley constitucional se requer�a el voto de la mayor�a de los diputados presentes de esa legislatura y, al no haber sucedido as�, se hace evidente la inconstitucionalidad aludida. En el segundo concepto de invalidez, manifiesta la quejosa que la Ley del Servicio Profesional Electoral, es inconstitucional, toda vez que el proceso de aprobaci�n seguido por la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, vulner� lo dispuesto por los numerales 45, 63, fracci�n IV, 152, 148 y 149 de la C.�n Pol�tica de ese Estado, ya que para su aprobaci�n se debi� cumplir con lo dispuesto por el art�culo 149 invocado, que ordena que antes de la aprobaci�n de una ley se publique y circule profusamente con extracto de la discusi�n y no puede ser votado antes del inmediato periodo de sesiones, lo que elimina la posibilidad de su votaci�n en el mismo periodo legislativo. En otras palabras la ley en cita debi� de haberse publicado y circulado profusamente con extracto de la discusi�n respectiva, previamente a su aprobaci�n, requisitos que se omitieron, toda vez que ese ordenamiento fue votado y aprobado en el mismo periodo de sesiones, sin que as� lo hubiera acordado previamente el Congreso L.; en consecuencia, su aprobaci�n por el Congreso y la publicaci�n realizada por el gobernador del Estado, son actos que resultan afectados de inconstitucionalidad de origen. En el tercer concepto de invalidez, la quejosa expone que es inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, en virtud de que si bien es cierto que, el art�culo 86 de la Ley Electoral de ese Estado, dispone que corresponde a la Comisi�n Estatal Electoral la creaci�n del Servicio Profesional Electoral en el Estado, el cual deber� ser establecido de acuerdo a las bases que determine dicha comisi�n en el ordenamiento reglamentario correspondiente que expida; tambi�n lo es que, esa inconstitucionalidad deriva de que el Congreso de Nuevo Le�n se arrog� la facultad de reglamentar el Servicio Profesional Electoral del Estado, facultad que, dicen los demandantes, es atribuci�n del titular del Poder Ejecutivo Estatal y, por ende, el reglamento correspondiente s�lo puede ser expedido por el gobernador del Estado, conforme lo dispone el art�culo 85, fracci�n X de la C.�n L.. En el cuarto concepto de invalidez, la quejosa se agravia de que la Ley del Servicio Profesional Electoral es inconstitucional, en sus art�culos 9o., 11, 27, 30 fracci�n VII, 42 y 45, toda vez que los �rganos de autoridad s�lo pueden realizar aquellos actos que las leyes les permitan y s�lo puede legislar el Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo L., este �ltimo, en cuanto a la facultad reglamentaria de las leyes locales, sin que exista en la C.�n Federal, ni en la del Estado de Nuevo Le�n, norma alguna que autorice a delegar la atribuci�n de legislar del Congreso L.; por tanto, al conferirse a la Comisi�n Estatal Electoral facultades extraordinarias de legislar, consistentes en determinar mediante la expedici�n de cat�logo: la creaci�n de empleos, oficinas y plazas; la determinaci�n de cu�l va a ser el personal considerado como profesional; la atribuci�n de determinar los t�rminos y condiciones para evaluar al personal sin que se leobligue a publicar los criterios de evaluaci�n y sin que el propio Congreso de Nuevo Le�n los determine, ni precise los cargos que deber� ocupar el personal profesional. Con ello se violenta el sistema constitucional de divisi�n de poderes, pues el Congreso Legislativo deleg� en la Comisi�n Estatal Electoral, el ejercicio de facultades legislativas que no se encuentran previstas en la C.�n L. como reservadas para el Poder Ejecutivo, sino que son propias del Poder Legislativo, por lo que al no encontrarse prevista tal autorizaci�n se destruye el orden constitucional establecido. En el quinto punto de invalidez, la quejosa argumenta que es inconstitucional la Ley del Servicio Profesional Electoral, pues su art�culo segundo transitorio infringe lo dispuesto por los art�culos 5o., 14 y 123 de la C.�n Federal y 4o. y 63, fracci�n IV de la C.�n de Nuevo Le�n, toda vez que quedan impedidos para ocupar cargo alguno del servicio profesional electoral, los actuales integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral; que esa ley contraviene la garant�a de audiencia, toda vez que priva de sus derechos laborales a los integrantes de la mencionada coordinaci�n al disponer la conclusi�n del contrato de trabajo que tienen con la Comisi�n Estatal Electoral sin haber mediado juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos; que se viola el numeral 123, de la C.�n Federal porque se pretende privar a los actuales integrantes de la citada coordinaci�n de su trabajo, no obstante que la ley en comento establece que se dotar� a la mencionada comisi�n de personal capacitado y especializado que preste el servicio electoral y que se viola el art�culo 63, fracci�n VIII de la C.�n de Nuevo Le�n, toda vez que no corresponde al Congreso L. determinar cu�ndo deben concluir los cargos de los integrantes de la Comisi�n Estatal Electoral, ni de ning�n otro personal dependiente del Poder Ejecutivo, pues esa atribuci�n corresponde al citado Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Le�n. Segundo. Atendiendo al mandato del legislador federal, en t�rminos del numeral 68, p�rrafo segundo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr� solicitar opini�n a la S. Superior de ese tribunal, en asuntos de naturaleza electoral, por ser �ste, un �rgano jurisdiccional especializado en tal materia. En consecuencia, por lo que se refiere a los cinco conceptos de invalidez, antes resumidos, no se emite opini�n, dado que no se trata de cuestiones que versen sobre la materia electoral, toda vez que tratan aspectos generales de derecho. Por lo tanto, no corresponden con la especialidad propia a la que se circunscribe la actividad jurisdiccional de esta S. Superior. En efecto, dado que el primero y segundo de los conceptos de invalidez, se relacionan con temas relativos al proceso legislativo; el tercero y el cuarto de dichos puntos, se vinculan con temas competenciales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, o bien, entre el Legislativo y la Comisi�n Estatal Electoral, todos del Estado de Nuevo Le�n; y el quinto y �ltimo punto, tiene que ver con puntos propios de la materia laboral, y toda vez que la Ley del Servicio Profesional Electoral L. se expidi� con sustento en la fracci�n XLIII del art�culo 63 de la C.�n Pol�tica L., que se refiere a las atribuciones del mencionado Poder Legislativo para expedir leyes en tal materia, raz�n por la cual, al no estar involucrada cuesti�n t�cnica electoral alguna, no es posible colaborar con el m�s Alto Tribunal de la Naci�n.

OCTAVO

Las autoridades demandadas al rendir su informe, manifestaron en s�ntesis lo siguiente:

  1. Gobernador del Estado de Nuevo Le�n:

    1. Que los cuatro primeros conceptos de invalidez son improcedentes e infundados, ya que en ellos se plantea contravenci�n a la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, pero no a la C.�n Federal, que es lo �nico que puede ser materia de la acci�n de inconstitucionalidad.

    2. Respecto del quinto concepto de invalidez, no existe violaci�n al art�culo 5o. de la C.�n Federal, ya que la ley impugnada no impide que los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral puedan dedicarse a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que les acomode que sea l�cito; lo anterior con independencia que dicho art�culo es una garant�a individual que, en todo caso, podr� ser hecha valer por las personas f�sicas afectadas mediante el juicio de amparo. Que el mismo comentario debe aplicarse a la supuesta violaci�n de la garant�a de audiencia que consagra el art�culo 14 constitucional. En lo relativo a la violaci�n del art�culo 123 constitucional, �ste no se conculca, pues los integrantes de la coordinaci�n siguen teniendo derecho al trabajo digno y socialmente �til a que se refieren los promoventes y en nada se lesionan sus derechos laborales o sociales. Por cuanto hace a la violaci�n a preceptos de la C.�n Estatal, los agravios deben declararse improcedentes en tanto que la materia de la acci�n de inconstitucionalidad �nicamente es en relaci�n con la C.�n Federal.

    3. Que el ordenamiento general cuya invalidez se reclama lo constituye la Ley del Servicio Profesional Electoral, contenida en el decreto combatido, de cuyo contenido se puede apreciar que la ley se refiere exclusivamente a la planeaci�n, organizaci�n y operaci�n del servicio profesional electoral y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral como se desprende de su art�culo 1o., por lo que no contiene disposiciones de naturaleza electoral, no obstante que figure esa palabra en su denominaci�n, pues lo importante es su contenido o significado, por lo que se solicita que as� se reconozca, ya que no se refiere para nada a la participaci�n de los ciudadanos y de los partidos pol�ticos en los t�rminos de los art�culos 35, 36, fracciones I, II y V, 37, fracciones I a IV, 41, 42, 46, 81, 83, 84 y 118 de la C.�n Estatal, en lo referente a los cargos de elecci�n popular.

  2. Legislatura del Estado de Nuevo Le�n:

    1. En ninguno de los preceptos de la mencionada ley se alude a la participaci�n de los ciudadanos y de los partidos pol�ticos en los t�rminos de los art�culos 35, 36, fracciones I, II y V, 37, fracciones I a IV, 41, 42, 46, 81, 83, 84 y 118 de la C.�n Pol�tica de Nuevo Le�n, referentes a los cargos de elecci�n popular: gobernador y diputados al Congreso del Estado; presidentes municipales, regidores y s�ndicos a los Ayuntamientos de cada uno de los Municipios de esta entidad federativa. En consecuencia, la ley impugnada no es de naturaleza electoral; al ser admitida la acci�n considerando que la referida ley es intr�nsecamente electoral, se restringen los derechos que corresponden al Congreso, al no permitir ejercer los plazos para contestar la demanda as� como se le impide la interposici�n del recurso de reclamaci�n contra el referido auto admisorio.

    2. En el supuesto de que se considere que la ley impugnada es de naturaleza electoral, se actualiza un motivo de improcedencia, consistente en que la parte actora carece de legitimaci�n activa para promover la presente acci�n, ya que, de una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), de la C.�n Federal, y 62, p�rrafo tercero, de la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional, las leyes electorales locales s�lo pueden ser atacadas de inconstitucionales por un partido pol�tico nacional o por uno con registro en la entidad federativa donde tenga vigencia la ley por impugnar.

    3. Que la acci�n intentada resulta improcedente, en virtud de que en los primeros cuatro conceptos de invalidez se aduce que la ley reclamada contraviene la C.�n Estatal, siendo que en este tipo de procedimiento constitucional �nicamente puede plantearse la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la C.�n Federal.

    4. Que la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n no encuadra en ninguna de las llamadas leyes materialmente constitucionales a que se refiere el art�culo 152 de la C.�n Estatal, por lo que es una ley ordinaria que para su discusi�n y aprobaci�n debe seguir los tr�mites relativos y no los que rigen para las leyes constitucionales a que se refiere dicho precepto; por tanto, procede declarar infundado el primer concepto de invalidez.

    5. El segundo concepto de invalidez tambi�n resulta infundado, ya que parte del mismo error que el anterior, pues indebidamente considera que la ley reclamada es una ley constitucional, por lo que, por el contrario, su aprobaci�n no est� sujeta a la observaci�n de lo dispuesto por los art�culos 45, 148, 149 y 152 de la C.�n Estatal, y por ende s� puede ser votada en un mismo periodo de sesiones.

    6. El tercer concepto de invalidez es infundado, en virtud de que el Congreso del Estado s� est� facultado para emitir la ley impugnada, pues precisamente no se trata de un reglamento ni es reglamentaria de ley alguna, sino que es una ley que por su naturaleza corresponde emitir al Poder Legislativo.

    7. El cuarto concepto de invalidez es infundado, ya que la discusi�n y aprobaci�n por el Congreso de la Ley del Servicio Profesional Electoral fue realizada en estricto apego a las disposiciones contenidas en los art�culos relativos de la C.�n Estatal, en relaci�n con la Ley Org�nica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por lo que no hay ninguna violaci�n al art�culo 27 de la C.�n Estatal. Que para la expedici�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral no se requer�a el ejercicio exclusivo del Poder Ejecutivo.

    8. El quinto concepto de invalidez es infundado, ya que no hay ninguna violaci�n a los derechos individuales ni sociales; el contenido del art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral que determina que no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral a que se refiere el ordenamiento impugnado quienes integraron la Coordinaci�n T�cnica Electoral, cuyos cargos conferidos para el proceso electoral de mil novecientos noventa y siete, concluyeron dentro de los diez d�as posteriores a la iniciaci�n de la vigencia de la ley. Que los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral estuvieron de acuerdo en dar por terminada la relaci�n laboral correspondiente el d�a dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que no existe inter�s jur�dico alguno en reclamar violaciones individuales de ninguna naturaleza, debiendo quedar claro que no se les impide que se dediquen a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que les acomode, ya que quedaron en libertad de celebrar los contratos correspondientes o incorporarse a las relaciones laborales particulares o burocr�ticas que sean de su incumbencia. Cabe se�alar que similar situaci�n a la que ahora se combate se dio en relaci�n con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la reforma constitucional del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y con el jefe de Gobierno del Distrito Federal en la reforma constitucional del veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis; as� como en estas reformas, el art�culo segundo transitorio de la ley que ahora se combate no son violatorias de los art�culos 5o. y 123 de la C.�n Federal. Por otra parte, los planteamientos de contravenci�n a la C.�n Estatal, son improcedentes para hacerse valer en la presente acci�n de inconstitucionalidad si �stos no se refieren a una contradicci�n con la Carta Fundamental.

NOVENO

El procurador general de la Rep�blica al rendir su opini�n con motivo del presente asunto, manifest� en lo que interesa lo siguiente:

  1. Del contenido del escrito de demanda, se desprende que se encuentra suscrita por un total de catorce diputados pertenecientes a la LXVIII Legislatura del Estado, que se traduce en un 33% dada la integraci�n total de ese �rgano legislativo que es de 42 miembros; por otra parte, se plantea la posible contradicci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral, emitida por el Congreso del Estado, actualiz�ndose as� las hip�tesis contenidas en los art�culos anteriormente invocados, por lo que en opini�n del suscrito, la acci�n y la v�a que se intentan son las correctas.

  2. Que al ser presentado el escrito de demanda el 21 de diciembre de 1998, �ste se encuentra interpuesto en tiempo.

  3. En atenci�n a los documentos exhibidos con la demanda, es de considerar que, efectivamente, quienes promovieron la demanda son diputados a la LXVIII Legislatura del Estado de Nuevo Le�n, y de conformidad con lo que establece el art�culo 46 de la C.�n Pol�tica de esa entidad, la Legislatura se integra con 42 diputados, de lo que resulta que 14 diputados constituyen el 33 por ciento de un total de 42 integrantes. Por tanto, en mi opini�n, se cumple con el requisito establecido en el art�culo 105, fracci�n II, inciso d) de la C.�n General, as� como 62 de la ley reglamentaria del art�culo 105, por lo que es de concluir, que los promoventes cuentan con la legitimaci�n procesal para promover la presente acci�n de inconstitucionalidad.

    Por otro lado, la personalidad de los comparecientes que se ostentan como representantes del Congreso del Estado, queda debidamente acreditada, concurriendo espec�ficamente en el primero de ellos la legitimaci�n procesal.

    Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo es la autoridad que constitucionalmente se encuentra facultada para promulgar las leyes que expida el Congreso, y como en la especie comparece �l mismo, cuenta con la legitimaci�n procesal para hacerlo.

  4. Respecto de las causales de improcedencia invocadas:

    "a) La primera causal de improcedencia que hace valer la autoridad emisora, afirma que en el supuesto de que la ley impugnada tenga la naturaleza de electoral, los promoventes carecen de legitimaci�n activa para promover la presente acci�n de inconstitucionalidad, conforme al contenido del art�culo 105, fracci�n II, inciso f), de la C.�n Federal y 62 p�rrafo tercero de la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional, pues �nicamente concurre esa legitimaci�n a favor de los partidos pol�ticos por conducto de sus dirigencias.

    "Al respecto, en opini�n del suscrito, la causal de improcedencia es infundada por las siguientes causas:

    "La v�a que se encuentra prevista por la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Federal, proceder� para el efecto de reclamar la invalidez de aquellas normas de car�cter general que se estima, son contradictorias con la C.�n Federal, estableci�ndose con toda precisi�n aquellos poderes, entes u �rganos que estar�n en aptitud de ejercitar esta acci�n de inconstitucionalidad.

    "En el caso de las leyes emitidas por los Congresos L.es, faculta a las minor�as a impugnar las normas, sin limitar en atenci�n a la materia, por lo que la electoral queda incluida.

    "El inciso f) de la fracci�n II de ese precepto constitucional, plantea la posibilidad de que la acci�n de inconstitucionalidad se ejercite por los partidos pol�ticos con registro estatal o federal, por medio de sus dirigencias, pero solamente en materia electoral.

    "Es decir, a los partidos pol�ticos se les otorga legitimaci�n �nicamente para impugnar normas generales de car�cter electoral y no as� aquellas que tuvieran un contenido distinto.

    "As� tambi�n, el inciso d) del precepto en consulta, es preciso al establecer que el 33% de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales podr� ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, como es el caso, en donde diversos diputados de la LXVIII Legislatura del Estado de Nuevo Le�n que integran ese porcentaje, impugnaron una ley emitida por el propio Congreso, actualiz�ndose as� el supuesto normativo contenido en la fracci�n que se se�ala.

    "b) En la segunda causal de improcedencia, la autoridad emisora manifiesta que no se satisface el requisito exigido por la fracci�n II, del art�culo 105 de la C.�n Federal, toda vez que en ese precepto se precisa como objeto de la acci�n de inconstitucionalidad, plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y dicha C.�n, y los demandantes hacen una confrontaci�n de la Ley del Servicio Profesional Electoral con disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n; de lo que se desprende que la Suprema Corte de Justicia carece de competencia para dirimir esos planteamientos, pues en aquellos casos corresponde al Constituyente L. o a las Legislaturas de los Estados.

    "En relaci�n con la presente causal de improcedencia, la materia de la misma ser� tratada cuando se realice el estudio de los conceptos de invalidez tercero y cuarto, por tratarse de una cuesti�n necesaria previa a la opini�n de los mismos.

    "Lo anterior, toda vez que la inconstitucionalidad de una ley puede plantearse desde el punto de vista material y formal, pues por un lado su contenido en general, o alguno de sus preceptos en particular, puede contravenir lo dispuesto por la C.�n General de la Rep�blica, y por el otro, esa contravenci�n puede resultar de la incompetencia del �rgano que la expide o de alg�n vicio en el proceso legislativo que le dio origen. De esta forma, se actualizar�a una inconstitucionalidad material o bien una inconstitucionalidad formal.

    "De esta forma, la inconstitucionalidad material de una norma implica una violaci�n directa a la C.�n Federal, en tanto que la inconstitucionalidad formal, por regla general, implica una violaci�n indirecta pero no por ello menos trascendente, de donde se sigue que la fracci�n II del art�culo 105 constitucional debe interpretarse en el sentido de que por medio de la acci�n de inconstitucionalidad puede plantearse tanto la inconstitucionalidad material como la formal.

    En tal sentido ser� hasta analizar la naturaleza y trascendencia de las violaciones de legalidad esgrimidas cuando se estudie lo referente a esta causal.

  5. Sobre los conceptos de invalidez:

    "a) Primer concepto de invalidez respecto a la presunta transgresi�n de los art�culos 63, fracci�n IV y 152 en relaci�n con los art�culos 45 y 148 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "Establece esencialmente que la Ley del Servicio Profesional Electoral, es una ley constitucional, de conformidad con lo que previenen los art�culos 148, 149 y 152, en relaci�n con el 45 de la C.�n Pol�tica del Estado. Esto, manifiesta, resulta ser as�, dado que esa ley regula la organizaci�n del ?servicio profesional electoral? y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral.

    "Se�ala que al tener ese car�cter, debi� sujetarse al procedimiento que establece esa C.�n para la reforma de leyes constitucionales, es decir, previo a su debate, para ser admitida a discusi�n requer�a del voto de la mayor�a de los miembros presentes de la legislatura, de conformidad con el art�culo 148 de esa norma.

    "En tal virtud, expone, son inconstitucionales tanto la aprobaci�n por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, as� como la orden de su publicaci�n, realizada por el gobernador de la ley que se impugna, abarcando esto a las dem�s actuaciones, consecuencias y efectos que se realizaron, los que se encuentran afectados de nulidad.

    "Por su parte, la autoridad emisora manifiesta que el presente concepto es infundado, pues la Ley del Servicio Profesional Electoral, de conformidad con lo establecido por el art�culo 152 de la C.�n L., no es una ley constitucional, ya que exclusivamente tienen ese car�cter la Ley Electoral, la Ley Org�nica del Poder Judicial, la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica y la Ley Reglamentaria de la Fracci�n XIX del Art�culo 63 de esamisma N.F..

    "La autoridad promulgadora se�ala que este concepto, resulta infundado, conforme a la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Federal, que prev� la acci�n de inconstitucionalidad, pues en el presente caso las violaciones que se hacen valer ata�en �nicamente a la C.�n L., am�n de que nunca intervino en los actos de los que derivan la norma impugnada.

    "b) Segundo concepto de invalidez respecto a la presunta transgresi�n de los art�culos 63, fracci�n IV y 152, en relaci�n con los art�culos 45, 148 y 149 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "En este concepto de invalidez, los promoventes de la presente acci�n de inconstitucionalidad reclaman, fundamentalmente, que se violan las disposiciones contenidas en los art�culos 63, fracci�n IV y 152, en relaci�n con los art�culos 45, 148 y 149 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "Afirman que la ley impugnada, al tener el car�cter de constitucional, no tuvo que haber sido votada en el mismo periodo de sesiones, esto de conformidad con lo que previene el art�culo 149 de la C.�n de la entidad.

    "Aunado a lo anterior, de ese mismo precepto se deriva que la ley impugnada, de manera previa a su aprobaci�n, tuvo que haberse publicado y circulado profusamente con extracto de la discusi�n respectiva, omiti�ndose este requisito en el caso particular.

    "Adem�s, se�alan que se viola el art�culo 152 de la C.�n L., el cual previene que las leyes que tienen el car�cter de constitucionales, pueden ser discutidas y votadas en el mismo periodo en que sean propuestas, si as� lo acordare el Congreso, lo cual, no se realiz�, es decir, no existe acuerdo previo del Congreso L..

    "Por tanto, reiteran, esa ley se encuentra afectada de una inconstitucionalidad de origen, abarcando con ello las dem�s actuaciones realizadas, as� como sus consecuencias y efectos, por lo que se encuentran afectados de nulidad absoluta.

    "La autoridad emisora, por su parte, se�ala que el presente concepto resulta infundado ya que la norma que se reclama no es una ley constitucional y por tanto tiene el car�cter de ordinaria careciendo inclusive de la naturaleza electoral, por lo que resulta inaplicable el art�culo 152 de la C.�n del Estado, adem�s de que al plantearse violaciones a esta N.F., no se actualiza el objeto propio de la acci�n de inconstitucionalidad.

    "El Ejecutivo L., por v�a de informe expone que este concepto es infundado, reiterando que �nicamente se se�alan como violadas disposiciones locales contenidas en la C.�n de la entidad, en tal sentido no se plantea contradicci�n alguna en relaci�n a la C.�n Federal.

    "Por su parte, la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, al desahogar el requerimiento formulado por ese M�ximo Tribunal, emprende una s�ntesis de los conceptos de invalidez planteados, y concluye se�alando que no se trata de cuestiones que versen sobre la materia electoral, por lo que no corresponde con la especialidad propia a la que se circunscribe la actividad jurisdiccional de ese �rgano, emitir opini�n alguna sobre ninguno de los conceptos de invalidez.

    "Opini�n del procurador:

    "Por lo anterior en el presente apartado corresponde dilucidar si la norma en cuesti�n, tiene el car�cter de constitucional.

    "a) Estudio de las cuestiones relativas al car�cter constitucional de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n.

    "Los dos primeros conceptos de invalidez formulados por la parte demandada, ata�en al procedimiento de creaci�n de la norma que se impugna, particularmente, se vinculan a la omisi�n de los requisitos que se prev�n en la C.�n L., para la reforma de normas que tienen el car�cter de constitucionales.

    "La parte actora asevera que la ley que demanda tiene el car�cter de constitucional, partiendo para ello del contenido del art�culo 152 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, que a la letra dice:

    "?Art�culo 152. Las leyes de que hablan los art�culos 45, 63 fracci�n XIX, 94 y 121 son constitucionales y en su reforma se guardar�n las mismas reglas que en las de cualquier art�culo de la C.�n, pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo periodo en que sean propuestas, si as� lo acordare el Congreso.?

    "Ahora bien, las normas a las que remite el precepto que se transcribe, aluden a la Ley Electoral (art�culo 45), a la ley relativa a la conmutaci�n de penas y rehabilitaci�n (art�culo 63, fracci�n XIX), a la que contiene la estructura, organizaci�n y funcionamiento del Poder Judicial de la entidad (art�culo 94), y a la ley que establece la integraci�n de los Ayuntamientos (art�culo 121).

    "Considerando la ratio legis para otorgar el car�cter de constitucional a las normas que se enuncian, es palmario que se vincula a la importancia que revisten, a la raz�n profunda de su supremac�a y a la funci�n que les compete, pues todo el orden jur�dico descansa sobre la N.F., tomando de ella la actividad pol�tica, su legitimidad, aunado a que organiza los poderes y determina las competencias, pues es la suma de los principios pol�ticos y jur�dicos fundamentales.

    "En el presente caso, la raz�n que subyace para otorgar el car�cter de constitucional a las citadas normas, de entre las que se ubica la Ley Electoral del Estado, gravita en que les son aplicables las mismas consideraciones relativas a las normas incorporadas en el texto de C.�n Pol�tica, es decir, se estima que contienen los principios pol�ticos y jur�dicos de car�cter fundamental.

    "Ahora bien, el art�culo 45 de esa C.�n L. se refiere a la Ley Electoral del Estado, tal y como se desprende de su sentido literal que paso a transcribir:

    "?Art�culo 45. La Ley Electoral del Estado, reglamentaria de esta C.�n en la materia, regular� y garantizar� el desarrollo de los procesos electorales, el ejercicio del sufragio, los derechos, obligaciones, organizaci�n y funciones de los partidos, asociaciones pol�ticas y organismos electorales: la preparaci�n, desarrollo, vigilancia, c�mputo y calificaci�n de las elecciones; el procedimiento de lo contencioso electoral; y en general las dem�s disposiciones relativas al proceso electoral.

    "?El organismo electoral competente con la participaci�n del Gobierno del Estado, de los partidos pol�ticos y los ciudadanos, actualizar� permanentemente el padr�n electoral.?

    "En estas condiciones, es manifiesto que la Ley Electoral, no obstante que tiene el car�cter de un ordenamiento secundario en relaci�n a la N. Suprema del Estado, incorpora los elementos propios de una norma constitucional, al tenor de lo que dispone el art�culo 152 de la C.�n del Estado.

    "Sin embargo, y en mi opini�n, relacionando arm�nicamente los art�culos 45 y 152 de la C.�n del Estado, deviene como incorrecto el planteamiento formulado por la parte actora por el que afirma que la ley que impugna es constitucional, pues la norma que tiene ese car�cter, lo es �nicamente la Ley Electoral de la entidad, sin que quepa estimar en igual rango a la Ley del Servicio Profesional Electoral, norma �sta que tiene su origen en el art�culo 86 de aqu�lla, mismo que a continuaci�n se reproduce:

    "?Art�culo 86. Los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral ser�n designados por la Comisi�n Estatal Electoral y seleccionados mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n, tomando en cuenta los criterios necesarios para la creaci�n del servicio profesional del Estado, mismo que deber� ser establecido de acuerdo a las bases que para el efecto determine la propia Comisi�n Estatal Electoral en el ordenamiento reglamentario correspondiente.?

    "As� con di�fana claridad se advierte que la norma que se impugna en la presente acci�n, viene a reglamentar el art�culo 86 de la Ley Electoral, en lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento del organismo denominado Coordinaci�n T�cnica Electoral.

    "A mayor abundamiento, la enumeraci�n que contiene el art�culo 152 de la C.�n del Estado, relativa a los ordenamientos que se consideran como constitucionales, se entiende reservada de manera taxativa, dada la importancia que revisten esas leyes pues incorporan principios pol�ticos y jur�dicos de car�cter fundamental; no es posible extender esa enumeraci�n, t�citamente, a distintas y diversas leyes, por m�s que deriven de las mismas.

    "Esta limitaci�n resulta, del contenido del propio art�culo 152 de la C.�n L., ya que enumera las disposiciones que tendr�n el car�cter de constitucional, que nos remite en el caso concreto al contenido del art�culo 45 del mismo ordenamiento, el cual se refiere exclusivamente a la Ley Electoral, del que en ning�n momento se desprende disposici�n alguna que establezca que las normas que deriven o reglamenten su contenido guardar�n ese car�cter de constitucional.

    "Expuesto lo anterior, y a guisa de opini�n, puedo arribar a la conclusi�n de que la norma en estudio -Ley del Servicio Profesional Electoral-, no es constitucional, pues viene a reglamentar exclusivamente al art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado, relativo a la organizaci�n de los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, mismo que ha quedado transcrito con anterioridad.

    "Por lo antes expuesto los conceptos de invalidez en estudio deben declararse infundados pues la norma impugnada no tiene la jerarqu�a de constitucional que le atribuye la actora y como consecuencia, no era necesario que el Congreso L. sujetara su creaci�n al procedimiento calificado que prev� la Ley Fundamental del Estado.

    "Por otra parte, y para el caso de que ese Alto Tribunal estime que la norma que nos ocupa tiene el car�cter de constitucional, ad cautelam procedo al examen de las violaciones que se esgrimen en cuanto al procedimiento de creaci�n de la misma.

    "b) Estudio de las violaciones al procedimiento de creaci�n de la Ley del Servicio Profesional del Estado.

    "En un primer aspecto, es de considerar que la reforma o adici�n de las normas de toda C.�n, conlleva un procedimiento diverso y de mayor formalidad que aqu�l que se encuentra establecido para crear, adicionar o reformar las leyes que tienen el car�cter de ordinarias, esto en atenci�n a la importancia que reviste esa N.F., dado que contiene los derechos fundamentales del individuo, y adem�s, dota de organizaci�n y competencia a los �rganos de autoridad, determinando sus l�mites y facultades.

    "De ah�, pues, que en efecto, resulte justificable que una norma incorporada a la C.�n Federal, o propia de alguna entidad federativa, requiera, en cuanto a su creaci�n, adici�n o reforma, de un procedimiento que revista mayor formalidad y rigidez, lo que encuentra su raz�n en producir en los encargados de emprender esa tarea legislativa, una profunda reflexi�n sobre los contenidos y alcances de las reformas a introducir.

    "La C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su art�culo 135, prev� la posibilidad de reforma a sus disposiciones, estableciendo un procedimiento por entero dis�mil al previsto para la creaci�n de normas de car�cter ordinario, reglado a su vez por los art�culos 71 y 72 de esa misma C.�n.

    "Se�ala el art�culo 135 de la C.�n General:

    "?Art�culo 135. La presente C.�n puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Uni�n, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerde las reformas o adiciones y que �stas sean aprobadas por la mayor�a de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la Uni�n o la Comisi�n Permanente, en su caso, har�n el c�mputo de los votos de las legislaturas y la declaraci�n de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.?

    "D. se ha sustentado que existe una distinci�n radical entre las disposiciones que forman parte de la C.�n Pol�tica de un Estado y aquellas que tienen el car�cter de secundarias u ordinarias, pues las primeras establecen el orden jur�dico fundamental, a partir del cual dimanan la totalidad de normas.

    "En el caso de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, se establece, en los art�culos 148 al 151, un procedimiento para que se adicione o reforme, lo que podr� ocurrir en cualquier tiempo; y del sentido de esas disposiciones, se advierten diversas notas que distinguen la reforma de una norma constitucional, respecto al procedimiento de creaci�n y reforma de las leyes ordinarias, el que se encuentra contenido a su vez en los art�culos 68 al 80 de esa C.�n.

    "As�, del contenido de los preceptos que aluden al procedimiento para reformar las disposiciones de la C.�n de esa entidad se advierten, de manera sustancial, los siguiente elementos:

    "Para que sean admitidas a discusi�n las reformas, se necesitar� del voto de la mayor�a de los miembros presentes en la C�mara;

    "Las adiciones o reformas tomadas en consideraci�n, se publicar�n y circular�n con un extracto de la discusi�n;

    "Esas adiciones o reformas, no podr�n ser votadas antes del siguiente periodo de sesiones, salvo que por acuerdo as� se decida, y

    "Para que sean aprobadas, se necesita del voto de las dos terceras partes, cuando menos, de los diputados que integran la legislatura.

    "Ahora bien, el procedimiento relativo a la reforma de las disposiciones de la C.�n del Estado, resulta en primer t�rmino aplicable a las disposiciones propias de esa N.F., sin embargo, se determina que ese procedimiento se vincula a la reforma de las diversas leyes que la C.�n de m�rito, en su art�culo 152 ya transcrito, previene que tendr�n el car�cter de constitucionales.

    "En cuanto a las normas a las que se otorga el car�cter de constitucional, resultan aplicables las disposiciones relativas a la adici�n o reforma de la C.�n Pol�tica del Estado, con la excepci�n de que podr�n ser votadas y aprobadas en el mismo periodo de sesiones, siempre y cuando exista acuerdo previo por parte de los diputados que integran el Congreso.

    "En este aspecto, los promoventes de la presente acci�n de inconstitucionalidad, impugnan la Ley del Servicio Profesional Electoral, razonando que con su emisi�n se violaron las disposiciones de la C.�n del Estado que regulan el procedimiento de su adici�n y reforma pues, seg�n plantean, el ordenamiento reclamado tiene el car�cter de norma constitucional.

    "Concretamente, con la emisi�n de esa ley, acusan las siguientes violaciones al procedimiento de su creaci�n.

    "No se procedi� al voto de la mayor�a de los miembros presentes en la C�mara, lo que se requer�a de manera previa a su discusi�n;

    "No se llev� a cabo la publicaci�n y circulaci�n de la norma, con un extracto de la discusi�n, requisito a que alude el art�culo 149 de la C.�n del Estado y finalmente,

    "Esa norma fue votada y aprobada en el mismo periodo de sesiones, sin que existiera acuerdo previo en ese sentido por el Congreso L., condici�n que se establece por el art�culo 152 de la C.�n del Estado.

    "De considerar ese Supremo Tribunal que la ley demandada tiene el car�cter de constitucional, y previa revisi�n de las constancias que obran en el expediente, particularmente de la versi�n estenogr�fica relativa a la discusi�n y aprobaci�n del proyecto de ley sobre las observaciones formuladas por el gobernador de la entidad, se aprecia que efectivamente, en el procedimiento legislativo se actualizaron las violaciones a que alude la parte actora.

    "As�, en el planteamiento formulado en los dos primeros conceptos de invalidez, se esgrime la falta de requisitos de legalidad, lo que traer�a como consecuencia una inconstitucionalidad de origen, as� como la invalidez de la norma reclamada y de las dem�s actuaciones que se realizaron, como sus consecuencias y efectos.

    "En mi opini�n, resultan inoperantes los razonamientos que formula la parte actora en los dos primeros conceptos de invalidez en raz�n de que la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Federal, previene que corresponder� conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos que se�ala su ley reglamentaria, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la C.�n.

    "Determinados los alcances de la fracci�n II del art�culo precitado, en cuanto a los casos en que resultar� aplicable, se ha sustentado que las acciones de inconstitucionalidad son procedimientos que se plantean en forma de juicio ante ese M�ximo Tribunal, por la minor�a de los �rganos legislativos, por los partidos pol�ticos con registro federal o estatal, o por el procurador general de la Rep�blica, controvirti�ndose la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general o un tratado internacional, por un lado, y la C.�n Federal, por el otro, reclam�ndose su invalidaci�n, con la finalidad de que prevalezcan los mandatos constitucionales.

    "De donde se sigue que, la acci�n de inconstitucionalidad se plantea para determinar el apego a la C.�n General del texto de una norma general cuyo �mbito de validez puede ser federal o local, o bien, de un tratado internacional, y en caso de estimarse inconstitucionales, declarar su invalidez.

    "Eventualmente, ese Supremo Tribunal ha reconocido que tambi�n es posible plantear en una acci�n de inconstitucionalidad la violaci�n a formalidades esenciales del procedimiento legislativo, que de actualizarse, podr�an tener como consecuencia la declaratoria de invalidez de la norma impugnada, como se desprende de las acciones 4/97, 6/97 y 3/98 entre otras.

    "Al respecto, ha tenido aplicaci�n anal�gica la tesis jurisprudencial visible en la p�gina 134, Tomo V del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente a abril de 1997, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

    "?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en un controversia constitucional, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la C.�n Federal, en relaci�n con otras disposiciones, sean de la C.�n L. o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la C.�n L. dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de la validez de los actos impugnados.?

    "De lo previamente expuesto, se colige que esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no tendr� que proceder al an�lisis de los dos primeros conceptos de invalidez, pues, en mi opini�n, esas violaciones no afectar�an la validez de la norma, a partir de la aprobaci�n de la ley, ya que por un lado, mediante la aprobaci�n del dictamen, con la concurrencia de 28 votos a favor y 14 en contra, t�citamente el Congreso determin� que se discutir�a el proyecto, convalid�ndose por tanto los requisitos que se esgrime, fueron omitidos.

    "Por otro lado, en lo que respecta a la violaci�n que se hace consistir en que la ley reclamada tuvo que someterse a votaci�n y aprobaci�n hasta el siguiente periodo de sesiones, o bien que contase con el acuerdo de los miembros del propio Congreso, ello no involucra una formalidad esencial, ya que conforme al calendario establecido para la selecci�n, toma de protesta y posesi�n de los diputados aesa legislatura, se determina que la integraci�n de la C�mara no variar� en el pr�ximo periodo de sesiones y la aprobaci�n de la ley por la mayor�a del Congreso, significa la aprobaci�n por un acuerdo t�cito para resolver el proyecto, precisamente, en ese periodo de sesiones.

    "En este sentido, las violaciones que se aducen por la parte actora, de haberse actualizado, no se refieren a las formalidades esenciales del procedimiento de creaci�n de la norma reclamada como podr�a ser el requerimiento de una mayor�a calificada, resultando por consiguiente, que no podr�an traer consigo la invalidez de la misma.

    "Por lo anteriormente se�alado, me permito concluir que los dos primeros conceptos de invalidez que formula la parte actora, resultan infundados, atendiendo para ello a que la norma que se impugna no tiene el car�cter de constitucional, y por tanto, no tuvo que sujetarse, en cuanto a su creaci�n, a las disposiciones relativas a la adici�n o reforma de la C.�n del Estado, y en el supuesto de que tuviera ese car�cter, las violaciones al procedimiento de su creaci�n no son esenciales.

    "2. Sobre los conceptos de invalidez tercero y cuarto.

    "Se procede al estudio conjunto de los conceptos de invalidez tercero y cuarto, ya que ambos ata�en a la violaci�n de diversas disposiciones contenidas en la C.�n del Estado, relativas al principio de divisi�n de competencias ya que se sostiene que la facultad de emitir la ley que nos ocupa, correspond�a al Ejecutivo de la entidad, y en el caso, el Congreso se arrog� esa facultad.

    "As�, en ambos conceptos de invalidez nunca se delatan violaciones a la N.F., no obstante lo cual, es de estimar que de resultar fundados los conceptos, se vulnerar�an las disposiciones constitucionales contenidas en los art�culos 14 y 116 de la N. Suprema.

    "Si bien es cierto que el objetivo de la acci�n de inconstitucionalidad se encuentra dirigido a determinar la conformidad de una ley con la C.�n Federal, tambi�n lo es que de alegarse violaciones a disposiciones constitucionales y legales locales, que de actualizarse afectar�n de manera fundamental la validez de la norma, entonces se justifica que ese Supremo Tribunal analice y resuelva el fondo de las impugnaciones presentadas.

    "En la especie, la actora aduce violaciones a disposiciones legales secundarias que otorgan competencia a una autoridad de naturaleza administrativa para emitir normas reglamentarias, que de actualizarse tendr�an como consecuencia que la ley demandada estuviera emitida por autoridad no competente, con la consecuente declaratoria de invalidez.

    "Es aplicable anal�gicamente el criterio sustentado por ese Supremo Tribunal en la tesis sobre la procedencia de estudiar los conceptos de invalidez por violaciones indirectas a la C.�n que fue transcrita con anterioridad.

    "Por lo anterior procede estudiar los siguientes conceptos de invalidez, desarrollando para tal efecto y de manera conjunta su an�lisis, ya que ambos se refieren a las facultades con que cuenta la Comisi�n Estatal Electoral del Estado, para emitir la ley reglamentaria del art�culo 86 de la Ley Electoral de la entidad, as� como para emitir el cat�logo relativo a los empleos y plazas del servicio profesional electoral.

    "a) Tercer concepto de invalidez, relativo a la presunta transgresi�n de los art�culos 63, fracci�n IV y 85, fracci�n X de la C.�n del Estado, as� como 86 de la Ley Electoral de la entidad.

    "Razona la actora, que a partir del contenido del art�culo 86 de la Ley Electoral de la entidad, corresponde a la Comisi�n Estatal Electoral, la creaci�n de las normas que regulan el servicio profesional electoral del Estado, lo que se adminicula a las facultades otorgadas por la C.�n L. al Ejecutivo estatal para reglamentar, en lo administrativo, lo necesario para la ejecuci�n de las leyes emitidas por el Congreso del Estado.

    "As�, la facultad de reglamentar las leyes emitidas por el Congreso, corresponde al titular del Poder Ejecutivo, por conducto del gobernador de la entidad, y en el caso, el Congreso L. se arrog� esa facultad en relaci�n al servicio profesional electoral del Estado, al emitir la ley demandada, con violaci�n a lo que establece el art�culo 85, fracci�n X de la C.�n del Estado.

    "Por tanto, concluye, se presenta una inconstitucionalidad de origen que abarca a las actuaciones realizadas, as� como a consecuencias y efectos.

    "T. a este concepto de invalidez, la autoridad emisora se�ala que el ordenamiento que se demanda no tiene el car�cter de reglamentario, sino de ley ordinaria com�n, y por consecuencia, el Congreso expidi� una norma general, aunado a que el art�culo 68 de la Ley Electoral del Estado establece que la Comisi�n Electoral de la entidad es un organismo p�blico, independiente y aut�nomo, por lo que resultar�a nugatoria la autonom�a de que goza si el Ejecutivo elaborara el reglamento correspondiente al servicio profesional electoral.

    "Asimismo, se�ala esa autoridad, la acci�n de inconstitucionalidad no resulta la v�a adecuada, en orden a que se hacen valer violaciones a la C.�n del Estado, y el ordenamiento impugnado no queda dentro de los supuestos de la fracci�n X del art�culo 85 de esa N.F., relativo a la facultad del Ejecutivo L. para expedir reglamentos, y adicionalmente, se confiere expresamente a la Comisi�n Estatal Electoral la facultad de emitir disposiciones reglamentarias, de conformidad con lo dispuesto por la fracci�n III del art�culo 81 de la Ley Electoral del Estado.

    "Por su parte, la autoridad promulgadora afirma que el presente concepto de invalidez debe declararse improcedente, en raz�n a que �nicamente se se�alan como disposiciones violadas, las correspondientes a la C.�n L., sin que se plantee contradicci�n alguna respecto a la Federal.

    "b) Cuarto concepto de invalidez, relativo a la presunta transgresi�n de los art�culos 27, 30, 63, fracci�n IV y 85, fracci�n X, de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "Al plantear este concepto de invalidez, la parte actora, argumenta lo siguiente:

    "De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 27 de la C.�n del Estado de Nuevo Le�n, la libertad del hombre no tiene m�s l�mites que la prohibici�n de la ley. De la ley emanan la autoridad de los que gobiernan y las obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes. Es decir, que en el ejercicio del poder de imperio, las autoridades s�lo podr�n realizar actos facultados por las leyes, siendo ilegales, por arbitrariedad, los que no tengan sustento en la ley.

    "El art�culo 30 de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, establece textualmente lo siguiente:

    "?Art�culo 30. El Gobierno del Estado es republicano, representativo y popular, se ejercer� por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; siendo la base de su organizaci�n el Municipio Libre. Estos poderes derivan del pueblo y se limitan al ejercicio de las facultades expresamente designadas en esta C.�n. No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n ni depositarse el Legislativo en un solo individuo ...?

    "Atendiendo a nuestro r�gimen constitucional, y de conformidad al art�culo que antecede, s�lo tiene facultades para legislar el Poder Legislativo, con excepci�n del Ejecutivo en el caso de la facultad reglamentaria, que s�lo podr� ser ejecutada por el titular de este poder, ya que no existe en la C.�n Federal o en la L., una norma que autorice la delegaci�n de esa funci�n.

    "En la C.�n del Estado se establece, en su art�culo 85, fracci�n X, que la facultad de reglamentar, corresponde al titular del Poder Ejecutivo, ejercida de manera directa e indelegable, por el gobernador de la entidad, lo cual constituye una facultad expresa contenida en la Ley Fundamental del Estado.

    "Por tanto, agrega, en uso de esa facultad expresa en la C.�n L., el Poder Ejecutivo, ser� el que reglamente las leyes que emanen del Congreso del Estado de Nuevo Le�n.

    "En el caso concreto, aduce, de considerar esa Suprema Corte infundados los conceptos de invalidez anteriores, al expedirse la Ley del Servicio Profesional Electoral, se violan las normas constitucionales precitadas, particularmente con sus art�culos 9o., 11, 27, 30, fracci�n VII, 42 y 55 de la ley antes citada, que confieren a la Comisi�n Estatal Electoral facultades extraordinarias por las que determina, mediante la expedici�n de un ?cat�logo?, la creaci�n de empleos, oficinas y plazas, el personal a considerarse como ?profesional?, as� como los t�rminos y condiciones para su evaluaci�n.

    "Esta violaci�n existe, porque no se confiere al titular del Ejecutivo de Nuevo Le�n, ni a la Legislatura del Congreso del Estado la reglamentaci�n del servicio profesional electoral, sino a la Comisi�n Estatal Electoral, mediante la expedici�n del cat�logo, por el que se creen empleos, oficinas y plazas, se determine cu�l va a ser el personal considerado como profesional y, adem�s, se conceden atribuciones para establecer los t�rminos y condiciones para la evaluaci�n del personal.

    "Argumenta la actora, que se violenta el sistema constitucional de ?divisi�n de poderes? que prev� el art�culo 30 de la C.�n L., pues el Congreso Estatal delega facultades legislativas que le son exclusivas; que no se encuentran previstas como reservadas al Poder Ejecutivo, sino que le son propias, y por tanto, violatorias del orden constitucional establecido.

    "En relaci�n a este concepto de invalidez, la autoridad emisora se�ala que la norma que se impugna fue expedida por el �rgano competente, de conformidad con lo que previene el art�culo 74 de la C.�n del Estado, que faculta al Congreso para reglamentar, fuera del caso a que alude la fracci�n X del art�culo 85, tambi�n constitucional.

    "Afirma esta autoridad que con el ordenamiento demandado no se otorgan facultades extraordinarias a la Comisi�n Electoral del Estado, y por ende, no resultan violatorias sus disposiciones, ni contravienen a la C.�n Federal.

    "Por su parte, la autoridad promulgadora expone que resulta infundado y por tanto debe declararse improcedente el presente concepto de invalidez, al esgrimirse de manera concreta violaciones a la C.�n del Estado, pues la v�a prevista por la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n General, resulta aplicable �nicamente en los casos en que se planteen la contradicci�n de alguna norma con esa N.S..

    "Opini�n del procurador:

    "En el presente apartado, se deber� esclarecer si le corresponde al Congreso del Estado la facultad de emitir el ordenamiento reglamentario correspondiente al servicio profesional electoral, as� como para expedir el cat�logo relativo a la creaci�n de empleos, plazas y criterios de evaluaci�n.

    "a) Estudio sobre la facultad del Congreso del Estado para emitir normas reglamentarias correspondientes al servicio profesional electoral.

    "En principio, es oportuno se�alar que dentro del sistema de distribuci�n de competencias establecido en la C.�n Federal, se parte del principio fundamental de que toda autoridad se encuentra facultada para emitir, �nicamente, aquellos actos que expresamente la ley le confiere.

    "Por otra parte, conforme al sistema de divisi�n de poderes que queda contenido en el art�culo 49 de la N.F., el Supremo Poder de la Federaci�n se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estableci�ndose las atribuciones y facultades propias a cada uno de ellos de manera expresa, de tal forma que no podr�n sustraer ni rebasar mediante su actuaci�n, la competencia que el Ordenamiento Fundamental consigna en su favor, sirviendo para tal efecto la transcripci�n de dicha norma:

    "?Art�culo 49. El Supremo Poder de la Federaci�n se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    "?No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n facultades extraordinarias para legislar.?

    "Ahora bien, doctrinariamente se ha determinado que este principio presenta cuatro aspectos fundamentales, a saber:

    "a) Crea tres �rganos cupulares de producci�n normativa;

    "b) Determina la diferencia entre ellos, asignando las denominaciones que los describen, a partir de sus principales atribuciones, de tal forma que el primero, denominado Legislativo, relevantemente tiene la funci�n de crear leyes, y al Ejecutivo, se le confiere la atribuci�n de aplicar las leyes en el �mbito administrativo, am�n de que se le faculta para emitir reglamentos y finalmente, al Judicial se le confiere la funci�n de resolver controversias;

    "c) P.�be la invasi�n de competencias entre esos �rganos; y

    "d) P.�be que la funci�n legislativa se deposite en un solo individuo o corporaci�n (E.S.B., Derecho C.onal, 3a. ed., Editorial Porr�a, M�xico, 1998, p. 395).

    "El principio de separaci�n de poderes, resulta igualmente aplicable y, adem�s, obligatorio para las entidades federativas, de conformidad con lo que previene el art�culo 116 de la C.�n Federal, que en su parte conducente se�ala:

    "?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo ...?. Congruente con esta disposici�n, la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, en su art�culo 30 incorpora ese principio, procediendo a determinar las facultades y atribuciones propias a cada uno de los poderes de la entidad, de tal forma que, al regular las funciones del Legislativo L., se establece, a favor del mismo, la facultad gen�rica para emitir normas de car�cter general y abstracto, mediante el procedimiento que expresamente se encuentra previsto por esa norma primaria.

    "De esta forma, el art�culo 63 de la C.�n L. determina las facultades del Congreso de la entidad, dentro de las cuales, espec�ficamente las fracciones I, II, V, IX, X, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXIX, XLI, XLIII y XLV, se refieren a la expedici�n de normas, conforme al procedimiento que se establece en los art�culos 71 y 72, relativos a las leyes ordinarias, y 148 a 151, aplicables en la reforma y adici�n de preceptos constitucionales.

    "Ahora bien, el Congreso del Estado, en uso de las facultades para legislar que le son propias, emiti� un ordenamiento secundario al art�culo 45 de la C.�n del Estado, que establece la regulaci�n de los procesos electorales, expidiendo en tal virtud la Ley Electoral del Estado, en donde expresamente, se faculta a la Comisi�n Estatal Electoral para establecer las bases relativas al servicio profesional electoral mediante el ordenamiento reglamentario que corresponda.

    "As�, la Ley Electoral del Estado es una norma que desarrolla un precepto constitucional, complement�ndolo y ampli�ndolo, respecto de las disposiciones fundamentales que prescribe la fracci�n IV del art�culo 116 de la N. Suprema y la C.�n L., que adem�s le confiere el car�cter de norma constitucional conforme al numeral 152 de la Ley Fundamental L. anteriormente anotado.

    "Ahora bien, el art�culo 86 de la Ley Electoral, expresamente dispone que para la creaci�n del servicio profesional electoral, que contendr� los criterios de designaci�n y selecci�n de los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, se estar� a las bases que determine la Comisi�n Estatal Electoral en el ordenamiento reglamentario correspondiente.

    "Por otra parte, el art�culo 68 de la propia Ley Electoral, confiere autonom�a a la Comisi�n Estatal Electoral, lo que se adminicula a lo que previene el art�culo 86 de ese mismo ordenamiento, de donde se desprende que el Congreso L., en uso de sus atribuciones, otorg� competencia a ese �rgano, delimitando sus funciones y facultades, dentro de las cuales determin�, expresamente, conferirle aquella que se refiere al establecimiento de las bases del servicio profesional electoral del Estado, mediante la emisi�n del ordenamiento reglamentario correspondiente.

    "Es de afirmarse por tanto que la norma que se reclama, Ley del Servicio Profesional Electoral, fue expedida por el Congreso L., en uso de facultades que no le corresponden, pues atendiendo a lo expuesto por el art�culo 86 de la misma, esa legislatura facult�, �nicamente, a la Comisi�n Estatal Electoral para emitir las bases que establezcan y organicen el servicio profesional electoral, en el ordenamiento reglamentario correspondiente.

    "Adquiere relevancia en este sentido, el planteamiento que doctrinariamente se ha sustentado para otorgar plena independencia a las normas jur�dicas, desvincul�ndolas as� del �rgano que las expide, de tal forma que al adquirir existencia propia obligan, inclusive, al propio �rgano emisor.

    "As�, en el presente caso el Congreso del Estado se encuentra vinculado a las disposiciones que en uso de sus facultades ha expedido y que emanen de la C.�n, dentro de las que se encuentra comprendido el art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado, el cual expresamente determina el �rgano que estar� en condiciones de emitir el ordenamiento reglamentario correspondiente al servicio profesional electoral en el Estado.

    "Por tanto, puedo arribar a la conclusi�n de que la norma demandada fue emitida por el Congreso Estatal, transgrediendo con ello lo establecido por el art�culo 86 de la Ley Electoral, en donde se otorga esa facultad a la Comisi�n Estatal Electoral, y de esta suerte, se actualiza la violaci�n a disposiciones de la C.�n L..

    "No constituye �bice a lo anterior, estimar que la iniciativa del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, fuera presentada por la Comisi�n Estatal Electoral al seno del Congreso del Estado, pues con ello no se convalidar�a la norma reclamada, ya que de origen, no fue emitida por el �rgano debidamente facultado para tal efecto y adem�s, no resulta v�lido que los poderes u �rganos p�blicos, renuncien a las atribuciones que les son conferidas expresamente por la ley.

    "Tampoco se desvirt�a el planteamiento que se formula, si se determinara que conforme a lo que establece la fracci�n XLI del art�culo 63 de la C.�n Estatal, en donde se faculta al Congreso para formular las leyes que reglamenten los art�culos constitucionales, correspond�a a esa legislatura la emisi�n de la norma reclamada, en virtud de que deriva de la Ley Electoral del Estado, la cual tiene el car�cter de constitucional; esto es as� en raz�n de que esa fracci�n alude, �nicamente, a la reglamentaci�n de los art�culos constitucionales, y en ning�n momento establece que esa facultad legislativa se ejercitar� en relaci�n a las normas que reglamenten las leyes que son consideradas como constitucionales, como en la especie ocurre.

    "Formuladas las anteriores consideraciones, resulta en mi opini�n parcialmente fundado el tercer concepto de invalidez que plantea la actora, en cuanto a la afirmaci�n que vierte en el sentido de que la emisi�n de la norma que reclama correspond�a a la Comisi�n Estatal Electoral, pues al expedirse en el presente caso por la Legislatura del Estado, se actualiza una violaci�n al principio de legalidad consignado por la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su art�culo 16.

    "Por otra parte, en el caso de que se considere por ese Alto Tribunal que la Ley del Servicio Profesional Electoral fue emitida por autoridad competente, paso cautelarmente al an�lisisdel cuarto concepto de invalidez en donde se esgrimen tambi�n violaciones a la C.�n del Estado, en virtud de que a la Comisi�n Estatal Electoral se le confieren facultades extraordinarias, propias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo L.es.

    "Plantean los promoventes este concepto de invalidez, a partir del contenido de diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional Electoral, en las que se otorga a la Comisi�n Estatal Electoral, la facultad para establecer el personal profesional, los puestos y la cantidad requerida as� como su evaluaci�n anual, mediante la emisi�n de un cat�logo, por lo que estiman, ese �rgano se arroga la facultad propia del Poder Legislativo de la entidad.

    "Concretamente, las disposiciones a que aluden los actores, se contienen en los art�culos 9o., 11, 27, 30, fracci�n VII (sic), 42 y 55 de la norma que se demanda, mismas que conviene tener presentes y que se reproducen a continuaci�n:

    "Ley del Servicio Profesional Electoral.

    "?Art�culo 9o. El personal profesional ser� el que cumpla funciones directivas o aquel que as� sea considerado por la comisi�n en su cat�logo, dicho personal ser� de confianza y deber� cubrir los requisitos que establece la presente ley y la Ley Electoral. Para propiciar su permanencia en el servicio profesional electoral, se les otorgar� la titularidad en el puesto, conforme a las condiciones previstas en esta ley.?

    "?Art�culo 11. El personal t�cnico ser� de confianza y comprender� a quienes realicen un trabajo electoral especializado o que as� sea considerado por la comisi�n.?

    "?Art�culo 27. La comisi�n aprobar� su estructura org�nica de conformidad a sus objetivos, funciones, programas de trabajo y disponibilidad presupuestal. Tambi�n establecer� el cat�logo que determine los puestos y la cantidad requeridos para cada �rea de la comisi�n, de acuerdo a las necesidades de la misma.?

    "?Art�culo 30. El servicio profesional electoral se integrar� por:

    "?El coordinador T�cnico Electoral;

    "?El director de Organizaci�n y Estad�stica Electoral;

    "?El director del Registro Estatal de Electores;

    "?El director de Capacitaci�n Electoral;

    "?El director Jur�dico;

    "?El director de Administraci�n; y

    "?El personal necesario para realizar las actividades especializadas del servicio que determine la comisi�n en el cat�logo.?

    "?Art�culo 42. La evaluaci�n del personal deber� realizarse anualmente, en los t�rminos y condiciones que establezca la comisi�n.?

    "?Art�culo 55. La incorporaci�n del personal t�cnico o administrativo, permanente o eventual, se llevar� a cabo ajust�ndose al n�mero de puestos establecidos en el cat�logo, en base a las remuneraciones autorizadas y a la disponibilidad presupuestaria, as� como a las normas y procedimientos aplicables.?

    "Del conjunto de los preceptos que se invocan, se infiere que el propio Congreso de la entidad, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por la C.�n L., otorg� a la Comisi�n Estatal Electoral mediante la Ley del Servicio Profesional Electoral, que se relaciona con el art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado, la facultad expresa para emitir disposiciones dentro del �mbito de su competencia, y que resultan necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que con ello se ejercite la facultad reglamentaria, en sentido gen�rico, que corresponde al Ejecutivo de la entidad.

    "Congruente con lo anterior, y para robustecer las facultades expresas consignadas a favor de la Comisi�n Electoral del Estado, para emitir la ley que ahora se impugna, resulta de utilidad transcribir el art�culo 81 de la Ley Electoral de la entidad.

    "?Art�culo 81. Son facultades y obligaciones de la Comisi�n Estatal Electoral:

    "?I. a II. ...

    "?III Expedir su propio reglamento y el de los dem�s organismos electorales;

    "?IV. a XXXV. ...?

    "Conforme a esto, el planteamiento propuesto por la parte actora debe desestimarse, ya que las facultades reglamentarias o, en su caso, extraordinarias, deben establecerse expresamente, y en el caso que nos ocupa, el legislador ordinario estim� que, para la debida realizaci�n de los objetivos planteados con motivo de la emisi�n de la norma demandada, y vinculados con la estructuraci�n y funcionamiento del servicio profesional electoral en la entidad, se requer�a dotar a la Comisi�n Estatal Electoral, de la facultad de emitir disposiciones obligatorias relativas al eficaz desempe�o del servicio profesional, al establecimiento de plazas, as� como a la determinaci�n de los criterios propios de evaluaci�n.

    "Esto es as�, en funci�n de que en la materia que se regula se debe determinar la autoridad competente para planear, organizar, operar y supervisar el servicio profesional electoral, recayendo esta funci�n, en el caso espec�fico, en la Comisi�n Estatal Electoral, �rgano al que se otorgan diversas facultades y atribuciones, con la finalidad de que se satisfagan los objetivos que la propia norma establece.

    "b) Estudio sobre la facultad del Ejecutivo del Estado para emitir normas reglamentarias correspondientes al servicio profesional electoral.

    "Antes de pronunciarme en el presente concepto, interesa formular algunas consideraciones relativas al principio de divisi�n de poderes que, seg�n la actora, se vulnera por la emisi�n de la norma que impugna, al otorgar a la Comisi�n Estatal Electoral, la facultad para expedir un cat�logo que contendr� la creaci�n de empleos, oficinas y plazas, entre otros aspectos, ejerciendo una facultad reglamentaria que compete exclusivamente al Ejecutivo L..

    "Como se ha apuntado en el concepto anterior, nuestra C.�n consagra el principio de divisi�n de poderes en sus art�culos 49 y 116, en donde se contienen dos declaraciones fundamentales; la primera de ellas, se refiere a la estructura y organizaci�n de la Federaci�n, y por la segunda, se determina la estructura constitucional del poder p�blico en las entidades federativas.

    "Por otra parte, la C.�n establece los casos excepcionales en que el Ejecutivo podr� desarrollar facultades que corresponden al Congreso de la Uni�n, conforme se desprende por un lado, de lo dispuesto por el art�culo 29, relativo a la suspensi�n de las garant�as individuales, 131, en donde se le otorgan facultades extraordinarias para legislar en materia de comercio exterior y 73, fracci�n XVI, base 1a., en lo que respecta al Consejo de Salubridad General.

    "A esta funci�n se auna la facultad para emitir reglamentos en relaci�n a las leyes emitidas por el Poder Legislativo, que encuentra su sustento en lo establecido por la fracci�n I, del art�culo 89 de la N.F., que dispone que el titular del Poder Ejecutivo deber� proveer en la esfera administrativa, a la exacta observancia de las normas emitidas por el Congreso de la Uni�n.

    "Los reglamentos que expide el Ejecutivo guardar�n las mismas caracter�sticas que las normas emitidas por el Congreso, es decir, ser�n generales, abstractas e impersonales, de donde deriva la afirmaci�n en el sentido de que esa funci�n ser� materialmente legislativa y formalmente ejecutiva.

    "Admitida as� cierta flexibilidad en el principio que nos ocupa, en raz�n de que son permitidas algunas excepciones por las que se autoriza que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, ejerzan funciones que, en t�rminos generales corresponder�an a la esfera de atribuciones de otro poder, se ha consignado que estas excepciones deben establecerse expresamente en la N.F. y en sus leyes reglamentarias, de donde se sigue que estos poderes no podr�n arrogarse, de propia iniciativa las facultades propias de otro poder.

    "Adicionalmente, a la expresa consignaci�n dentro del texto constitucional de las facultades otorgadas a los poderes, resultan indispensables algunas condiciones, a saber, que expresamente se haya otorgado esa facultad por el Congreso, en este caso estatal, que la funci�n sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las finalidades que le son conferidas y se ejerza, �nicamente, en los casos expresamente autorizados.

    "As�, interesa destacar que determinado poder u �rgano, para cumplimentar sus fines con la mayor eficiencia, ha de requerir el contar dentro de sus atribuciones, con la facultad de emitir disposiciones de car�cter normativo y por tanto vinculatorias, dentro de determinado �mbito de validez, con la condici�n de que as� se le haya otorgado expresamente en el ordenamiento que prevea su competencia.

    "Ahora bien, estimando que en el �mbito estatal, resultan igualmente aplicables las anteriores consideraciones, de conformidad con lo que previene el art�culo 116 de la C.�n Federal, la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, estructura, a partir de su art�culo 30, el sistema de divisi�n de poderes, determinando la conformaci�n, la competencia, atribuciones y funciones de cada uno de ellos, de tal manera que el Poder Legislativo se depositar� invariablemente en una asamblea llamada legislatura o Congreso, el Poder Ejecutivo, se depositar� en un gobernador y el Judicial se integrar� con un �rgano superior denominado Tribunal Superior de Justicia.

    "Considerando el planteamiento propuesto en el escrito de demanda, es evidente que la emisi�n de las norma correspond�a exclusivamente a la Comisi�n Estatal y no as� al Ejecutivo de la entidad, pues el art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado es preciso en cuanto a determinar a ese �rgano para que expida las bases normativas a trav�s del ordenamiento reglamentario correspondiente, en relaci�n al servicio profesional electoral, de tal forma, que no se est� en presencia de la facultad gen�rica de reglamentar a que alude, en el caso concreto, el art�culo 85, fracci�n X de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "Aunado a esto, y admitida cierta flexibilidad en el principio de separaci�n de poderes, a la que antes aludimos, la Comisi�n Estatal Electoral, como �rgano administrativo, se encuentra dotado de personalidad jur�dica propia, as� como de autonom�a e independencia, conforme a lo que previene la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n en su art�culo 68, que a la letra dice:

    "?Art�culo 68. La Comisi�n Estatal Electoral es un organismo p�blico, independiente y aut�nomo, con personalidad jur�dica propia, de car�cter permanente, responsable del Registro Estatal de Electores, y de la preparaci�n, direcci�n, organizaci�n y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la elecci�n de gobernador, diputados y Ayuntamientos que se realicen en la entidad ...?

    "Relativa a esa autonom�a de que gozan determinados organismos, se encuentra la facultad para emitir disposiciones de car�cter obligatorio, permiti�ndoles realizar, dentro de la �rbita de su competencia, los objetivos que les son propios.

    "A mayor abundamiento, es conveniente tener presente la naturaleza jur�dica de los organismos aut�nomos para emitir las disposiciones que estimen convenientes para la prosecuci�n de sus finalidades, como ocurre con las instituciones p�blicas de educaci�n superior de car�cter aut�nomo e inclusive, con los organismos p�blicos de protecci�n de derechos humanos, creados al amparo del apartado B del art�culo 102 de la propia C.�n Federal.

    "No es extra�a esta circunstancia en el �mbito federal, por ejemplo, trat�ndose de las instituciones p�blicas aut�nomas de educaci�n superior, por disposici�n constitucional cuentan con facultades de gobierno interior, entre las que se incluyen, por disposici�n de la ley, las relativas a la emisi�n de normas internas, de administraci�n de su patrimonio y de disciplina. En el caso, el fundamento de la autonom�a se encuentra en la fracci�n VII, del art�culo 3o. de la C.�n Federal, que dispone:

    "?Art�culo 3o. ...

    "?I. a VI. ...

    "?VII. Las universidades y las dem�s instituciones de educaci�n superior a las que la ley otorgue autonom�a, tendr�n la facultad y la responsabilidad de gobernarse a s� mismas; realizar�n sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este art�culo, respetando la libertad de c�tedra e investigaci�n y de libre examen y discusi�n de las ideas; determinar�n su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal acad�mico como del administrativo, se normar�n por el apartado A del art�culo 123 de esta C.�n, en los t�rminos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las caracter�sticas propias de un trabajo especial, de manera que concuerde con la autonom�a, la libertad de c�tedra e investigaci�n y los fines de las instituciones a que esta fracci�n se refiere, y

    "?VIII. ...?

    "En este sentido, sirve como ejemplo, la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, que en su ley org�nica, expedida por el Congreso de la Uni�n, se desarrollan los principios de la autonom�a en los siguientes t�rminos:

    "?Art�culo 1o. La Universidad Nacional Aut�noma de M�xico es una corporaci�n p�blica organismo descentralizado del Estado dotado de plena capacidad jur�dica y que tiene por fines impartir educaci�n superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y t�cnicos �tiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.?

    "?Art�culo 2o. La Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, tiene derecho para:

    "?I.O. como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales se�alados por la presente ley;

    "?I. a V. ...?

    "Entre otras atribuciones, confiere a la M�xima Casa de Estudios, la facultad de normar su vida interna, en los siguientes t�rminos:

    "?Art�culo 8o. El Consejo Universitario tendr� las siguientes facultades:

    "?I. Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organizaci�n y funcionamiento t�cnico, docente y administrativo de la universidad;

    "?II. y III. ...?

    "En el mismo sentido, en la Ley de la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos, se definen los objetivos y establecen las atribuciones con que cuenta este organismo, dentro de las que se encuentra comprendida la de expedir su reglamento interno, esto de conformidad con lo previsto por la fracci�n X, del art�culo 6o. de ese ordenamiento, que a la letra dice:

    "?Art�culo 6o. La Comisi�n Nacional tendr� las siguientes atribuciones:

    "?I. a IX. ...

    "?X. Expedir su reglamento interno;

    "?XI. a XV. ...?

    "De igual forma, la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n confiere expresamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la facultad de reglamentar en la materia de su competencia, tal y como se desprende del contenido de las fracciones XIX y XXI del art�culo 10 de esa norma, que a continuaci�n se transcribe:

    "?Art�culo 10. La Suprema Corte de Justicia conocer� funcionando en Pleno:

    "?I. a XVIII. ...

    "?XIX. Reglamentar el funcionamiento de los �rganos que realicen las labores de compilaci�n y sistematizaci�n de tesis y ejecutorias, la publicaci�n de las mismas, agrup�ndolas cuando formen jurisprudencia; la estad�stica e inform�tica de la Suprema Corte de Justicia; y el centro de documentaci�n y an�lisis que comprender� la biblioteca central, el archivo hist�rico, el archivo central y los archivos de los tribunales federales for�neos, compilaci�n de leyes y el archivo de actas; y cuando lo estime conveniente podr� el Pleno convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusi�n de las publicaciones;

    "?XX. ...

    "?XXI. Dictar los reglamentos y acuerdos generales en la materia de su competencia, y

    "?XXII. ...?

    "En el caso concreto, conviene tener presente que la Comisi�n Estatal Electoral encuentra su sustento en lo que previenen los art�culos 68 y siguientes de la Ley Electoral del Estado, de cuyo contenido se desprende su naturaleza, integraci�n, facultades y obligaciones, determinando que se trata de un organismo p�blico, independiente y aut�nomo, estableciendo su responsabilidad y objetivos.

    "Se otorga a esa comisi�n el car�cter de un organismo aut�nomo, en cumplimiento de diversas disposiciones contenidas en el art�culo 116 de la N. Suprema, encaminadas a garantizar el ejercicio de su funci�n, bajo los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Lo anterior se garantiza, si el organismo electoral queda fuera del �mbito de dependencia de los �rganos cuya elecci�n calificar�.

    "Por lo anterior, estos �rganos aut�nomos deben encontrarse facultados para emitir, dentro de la �rbita de atribuciones que la ley les concede, disposiciones reglamentarias, y en la especie, se delimita la competencia de la Comisi�n Estatal Electoral, para dictar, estrictamente en aquellos casos que expresamente la ley determina en relaci�n al servicio profesional electoral, las disposiciones tendientes a la realizaci�n de los objetivos que le son propios, a trav�s de un cat�logo de puestos.

    "Por tanto, es de concluir que el concepto de invalidez que se hace consistir en la indebida delegaci�n de facultades extraordinarias a favor de la Comisi�n Estatal Electoral, resulta infundado, ya que no existe invasi�n a las atribuciones o competencias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en atenci�n a la naturaleza propia de ese �rgano, expresamente consignada en la Ley Electoral del Estado, como organismo aut�nomo, de conformidad con su art�culo 68, aunado a que, en ejercicio de sus facultades, el Legislativo le otorg� la facultad de emitir disposiciones vinculatorias dentro de la �rbita de su competencia.

    "3. Quinto concepto de invalidez respecto a la presunta transgresi�n de los art�culos 5o., 14 y 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como lo dispuesto por los art�culos 4o. y 63, fracci�n IV de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "La actora asevera que la norma impugnada, espec�ficamente el art�culo segundo transitorio, violenta lo dispuesto por los art�culos 5o., 14 y 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como lo dispuesto por los art�culos 4o. y 63, fracci�n IV de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "El art�culo segundo transitorio, de la Ley del Servicio Profesional Electoral, establece lo siguiente:

    "?Segundo. Los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral concluir�n el cargo que les fue conferido para el proceso electoral de 1997, dentro de los diez d�as posteriores contados a partir de la iniciaci�n de vigencia de esta ley, y no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral a que se refiere el presente ordenamiento.?

    "En primer t�rmino, destaca que se violenta el art�culo 5o. de la C.�n Federal, as� como su correlativo 4o. de la C.�n L., ya que a los actuales integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, se les proscribe la posibilidad de ocupar cargo alguno del servicio profesional electoral, sin que exista determinaci�n judicial o resoluci�n gubernativa en ese sentido.

    "Por otro lado, se�ala que con ese transitorio, se contraviene la garant�a de audiencia que consagra el art�culo 14 de la C.�n Federal, en raz�n de que existe una privaci�n de derechos laborales de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, al establecerse la conclusi�n del contrato de trabajo, y al disponer que no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral, ello sin que exista juicio ante los tribunales previamente establecidos, concluido con sentencia condenatoria en ese sentido, en el que se les haya o�do y vencido.

    "Aducen tambi�n que se viola lo dispuesto por el art�culo 123, apartado B, fracci�n IX, de la N.F., que determina que los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada enlos t�rminos que fije la ley, ya que el transitorio referido priva a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral de su trabajo, sin que exista esa causa justificada.

    "Concluye se�alando que se viola igualmente el contenido del art�culo 63, fracci�n VIII de la C.�n L., pues si bien, por virtud del mismo se le otorga competencia al Congreso del Estado para crear y suprimir los empleos, oficinas y plazas que requiera la administraci�n p�blica, no se advierte que le corresponda definir la conclusi�n de los cargos de los integrantes de la Comisi�n Estatal o del personal dependiente del Ejecutivo, por lo que se actualiza una invasi�n de esferas competenciales.

    "En relaci�n a este concepto, la autoridad emisora se�ala que no existe violaci�n a los preceptos constitucionales que se indican, pues a los integrantes de esa coordinaci�n t�cnica no se les impide que se dediquen a profesi�n, industria, comercio o trabajo alguno, ya que quedaron en libertad de ocuparse en aquel que les acomode, razonando como ejemplo, lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del 31 de diciembre de 1994, en cuyo transitorio segundo se establece similar disposici�n en trat�ndose de los Ministros de ese Alto Tribunal.

    "Se�ala asimismo, que tampoco se viola en perjuicio de los integrantes de esa coordinaci�n, lo establecido por los art�culos 123 y 14 constitucionales, ya que quedan en aptitud de acudir ante el tribunal de arbitraje, aunado a que en fecha 2 de diciembre de 1998, se dieron por terminados los nombramientos, y a que el esp�ritu de la ley reclamada consiste en la profesionalizaci�n, resultando por tanto inaplicables las tesis invocadas por la actora as� como lo establecido por el art�culo 123 de la N.F. en sus apartados A y B.

    "Finalmente, la autoridad emisora afirma que en lo que respecta a la violaci�n que se plantea del art�culo 63, fracci�n VIII de la C.�n L., esa legislatura, precisamente en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por esa disposici�n, expidi� la Ley del Servicio Profesional Electoral y adem�s, suprimi� los cargos en la forma y t�rminos en que se establece por dicho ordenamiento, sin que resulte procedente la acci�n de inconstitucionalidad en m�rito a que se aducen violaciones a la C.�n L..

    "La autoridad promulgadora por su parte, afirma que no se viola el art�culo 5o. de la C.�n Federal, pues no se impide a los integrantes de esa coordinaci�n t�cnica que se dediquen a la industria, profesi�n, comercio o a la actividad que les acomode, lo que se adiciona a la circunstancia de que se encuentran en aptitud de impugnar la ley que nos ocupa, por medio del juicio de garant�as.

    "Formula esta autoridad el mismo planteamiento en lo tocante a la violaci�n del art�culo 14 constitucional, razonando tambi�n que no se conculca el art�culo 123 de esa N.S., pues siguen teniendo derecho al trabajo digno y �til, por lo que el concepto que se hace valer es improcedente e infundado.

    "Opini�n del procurador:

    "El presente concepto de invalidez, resulta fundado en relaci�n con la violaci�n al art�culo 5o., parcialmente por lo que hace al 14 e infundado respecto del numeral 123.

    "Procedo pues, en el orden en que son esgrimidas las violaciones a los preceptos de la N. Suprema, a entrar a su an�lisis, para lo cual interesa estimar en un principio, el planteamiento relativo a la transgresi�n de la garant�a consagrada en el art�culo 5o. de la C.�n de la Rep�blica, relativa a la libertad de trabajo.

    "Se�ala en su parte conducente ese numeral:

    "?Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad ...?

    "Esta norma encuentra su correlativo en lo establecido por el art�culo 4o. de la C.�n del Estado de Nuevo Le�n.

    "De este precepto de la N.F., se desprenden dos condiciones fundamentales:

    "Por un lado, el otorgamiento de la libertad de ocupaci�n en sentido gen�rico, enunci�ndolo como la facultad que tiene toda persona de dedicarse a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sea l�cita.

    "En otro sentido, se establece que esa libertad s�lo podr� coartarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

    "Del segundo p�rrafo se puede inferir que, para que se actualice la existencia de una determinaci�n judicial o, en su caso, de una resoluci�n gubernativa, como resultado de la cual se limite el ejercicio de la garant�a tutelada por el art�culo constitucional que nos ocupa, es menester que se acredite, plenamente, a trav�s de un procedimiento debidamente instaurado, la existencia del perjuicio a terceros, o en su caso, la afectaci�n u ofensa a los derechos de la sociedad, para que de esta forma, se cumpla con las condiciones a que alude el precepto en consulta.

    "Ahora bien, conforme al contenido del art�culo segundo transitorio de la norma que se impugna, se desprende que los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral del Estado no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral, priv�ndoles de esta forma de la libertad de ocupaci�n sin que concurra la existencia de resoluci�n gubernativa o judicial alguna, emanada de un procedimiento en el que hubiera quedado acreditada, plenamente, la existencia de un perjuicio a terceros, o bien, la afectaci�n u ofensa a los derechos de la sociedad.

    "De lo anterior se sigue que, con la emisi�n de la norma reclamada en la presente acci�n, se actualiza una violaci�n a la garant�a que se encuentra tutelada por el art�culo 5o. de la C.�n Federal, as� como por su correlativo, contenido en el art�culo 4o. correspondiente a la norma Primaria del Estado de Nuevo Le�n, al no existir determinaci�n judicial, resoluci�n gubernativa, ni los supuestos que se establecen para vedar la libertad de trabajo de los actuales integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral.

    "Lo anterior no puede ser equiparado a las diversas prohibiciones constitucionales en materia, por ejemplo de reelecci�n, pues �sta se encuentra encaminada a prohibir el ejercicio de un encargo p�blico que ya se ocup� y no a impedir su nueva integraci�n a un sistema profesional completo; aceptar la validez del art�culo transitorio significar�a tanto como prohibir a una persona que ya ocup� un cargo de elecci�n popular, por ejemplo presidente municipal, el postularse a uno nuevo como diputado o gobernador por esa sola circunstancia.

    "En la especie, el art�culo segundo transitorio proh�be en forma definitiva, a quien desempe�e un cargo espec�fico en la Coordinaci�n T�cnica Electoral del Estado, incorporarse al servicio profesional electoral que constituye todo un sistema de ejercicio de funci�n p�blica en el Estado.

    "Por otro lado, en mi opini�n, lo dispuesto por el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, vulnera la garant�a de audiencia que consagra el art�culo 14 de la C.�n Federal en su p�rrafo primero, el cual a la letra se�ala:

    "?Art�culo 14. ...

    "?Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...?

    "En efecto, de este precepto se desprende la garant�a de audiencia, que requerir� a su vez como condici�n, el que se siga un juicio ante los tribunales previamente establecidos en contra de la persona a la que se pretende privar de un derecho, en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, adem�s de que el fallo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho o circunstancias que hubieren dado motivo al juicio.

    "Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia n�mero 47/1995, pronunciada por el Pleno de ese M�ximo Tribunal, visible en la p�gina 133, Tomo II, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, correspondiente a diciembre de 1995, cuyo rubro y texto se�ala:

    "?FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, las de que en el juicio que se siga se �cumplan las formalidades esenciales del procedimiento�. �stas son las que resulten necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.?

    "Esta garant�a corresponde a todo gobernado que sea sujeto de un acto de privaci�n, entendido �ste como una merma o menoscabo de la esfera jur�dica propia, determinadas por el egreso de alg�n bien material o inmaterial (derecho), as� como en el impedimento para ejercer un derecho, con la condici�n de que esa merma o menoscabo, constituyan el fin �ltimo del acto de autoridad.

    "En el caso concreto, al emitirse el art�culo transitorio por el que se impide a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral el ejercicio de un derecho, resulta manifiesto que no se cumpli� con las garant�as de seguridad jur�dica que se incorporan en la de audiencia.

    "Relacionando las disposiciones constitucionales antes anotadas, puede afirmarse que, previo a la resoluci�n gubernativa o determinaci�n judicial, por las que se coarte la garant�a de libertad de ocupaci�n, tiene que agotarse un procedimiento ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumpla con las formalidades esenciales, lo que se traduce en el otorgamiento al particular de la oportunidad en el conocimiento de los hechos o de la demanda instaurada en su contra, el otorgamiento de un t�rmino razonable para emitir su contestaci�n, y la oportunidad para aportar pruebas y formular los alegatos que a su derecho convinieran.

    "No escapan a las consideraciones anteriores las determinaciones legislativas pues cuando en ellas se contiene un acto de privaci�n que afecte a uno o varios gobernados, espec�ficamente (en este caso a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral que terminan su gesti�n en ese cargo), la misma ley debe prever el respeto a la garant�a de audiencia antes de que se haga efectivo el acto privativo, lo cual no sucede en el caso que nos ocupa.

    "En la especie, del transitorio segundo de la norma que se impugna se desprende la existencia concreta de una verdadera privaci�n de un derecho mediante el impedimento del ejercicio de la profesi�n electoral, como en el caso lo es la determinaci�n para que los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, se les tenga impedidos para ser elegidos a cualquiera de los cargos que constituyen el servicio profesional electoral.

    "En consecuencia, estimo que existe una violaci�n a las garant�as contenidas por los art�culos 5o. y 14 constitucionales, en orden a que se priva a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral del ejercicio de la libertad de ocupaci�n, sin que medie resoluci�n gubernativa o determinaci�n judicial, o cuando menos, que se prevea un procedimiento previo a la privaci�n en que se respete la garant�a de audiencia de los afectados en la misma ley que contiene el acto privativo, y por ende, no existe procedimiento alguno en el que se hubieran agotado las formalidades esenciales.

    "En otro aspecto, por lo que corresponde a la violaci�n que se presenta en relaci�n a lo establecido por la fracci�n IX, del apartado B, del art�culo 123 de la C.�n Federal, estimo que resulta infundado.

    "Para emitir esta opini�n, parto de la consideraci�n que formula la actora en el sentido de que se priva a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral de su trabajo, sin que se actualice alguna causa justificada, en los t�rminos de la disposici�n que se estima violada, y que a la letra se�ala:

    "?Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley.

    "?A. ...

    "?B. Entre los Poderes de la Uni�n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

    "?I. a VIII. ...

    "?IX. Los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t�rminos que fije la ley.

    "?X. a XIV. ...?

    "Del sentido del precepto constitucional transcrito, se colige que �ste alude espec�ficamente a las hip�tesis relativas a la suspensi�n o cese.

    "En efecto, siguiendo el criterio adoptado por la doctrina, la suspensi�n se caracteriza por la temporalidad en la interrupci�n de la relaci�n obrero-patronal, cuyas causales deber�n encontrarse debidamente especificadas y determinadas.

    "Esto se clarifica con el concepto jur�dico del fen�meno que nos ocupa, seg�n con lo que a continuaci�n se transcribe:

    "?Suspensi�n de la relaci�n de trabajo. I. Es la cesaci�n temporal de los efectos legales de un contrato individual o colectivo de trabajo, por causas ajenas a la voluntad del trabajador o del patrono, sean personales o naturales, durante cuya subsistencia no desaparece la relaci�n jur�dica existente entre las partes, pues se reanuda una vez que las causales que lo originaron permiten la normalizaci�n de los derechos y obligaciones contra�dos por ellas (Instituto de Investigaciones Jur�dicas, Diccionario Jur�dico Mexicano, 9a. ed., M�xico, Editorial Porr�a, 1996, p. 3037).?

    "Por otra parte, respecto del t�rmino cesar se alude a la terminaci�n definitiva de la relaci�n obrero-patronal, en cuyo caso deber�n establecerse y delimitarse las causales que le dan origen, que obedecer�n, generalmente, a la comisi�n de hechos u omisiones por parte del trabajador que conlleven un menoscabo en el desempe�o de sus funciones en lo particular, as� como en el de la colectividad laboral.

    "Como principio general, se ha establecido que las causas de suspensi�n y de cesaci�n, deber�n quedar debidamente precisadas. As�, la Ley Reglamentaria del apartado B de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos, aplicable a los trabajadores de base de las dependencias de los Poderes de la Uni�n e instituciones que en el mismo ordenamiento se detallan, previene en su art�culo 46, la prohibici�n de que a trabajador alguno se le cese, sin que medie justa causa, enumerando a continuaci�n las diversas hip�tesis por virtud de las cuales dejar� de surtir efectos su nombramiento o designaci�n sin responsabilidad para los titulares de las dependencias.

    "Por tanto, se infiere que la terminaci�n o suspensi�n en el nombramiento o designaci�n de los trabajadores, �nicamente proceder� cuando se actualice alguna de las hip�tesis que el legislador enumera y precisa de manera taxativa, es decir, cuando concurra una causa justificada, pues de lo contrario se presentar�a una verdadera afectaci�n en perjuicio del trabajador, que quedar�a en aptitud de hacer valer la forma y v�a correspondiente.

    "Sin embargo, en el presente caso, al determinar el transitorio que se se�ala, que los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral concluir�n el cargo que les fue conferido, no existe violaci�n alguna a lo dispuesto por el art�culo 123 de la C.�n Federal, pues no se presentan los supuestos contenidos en la fracci�n IX de su apartado B, es decir, no existe suspensi�n o cese de los elementos que integran ese �rgano, resultando por tanto innecesario que se actualice causa justificada alguna.

    "Afirmo lo anterior, en raz�n de que los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral que se encontraban desempe�ando su encargo en la fecha de emisi�n y promulgaci�n de la norma reclamada, fueron incorporados a ese �rgano de manera estrictamente temporal, atendiendo para ello al periodo que se enuncia en la propia Ley Electoral del Estado.

    "A fin de desarrollar este planteamiento, considero de utilidad precisar la forma de integraci�n de la coordinaci�n, lo que se desprende del art�culo 85 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n, que paso a reproducir:

    "?Art�culo 85. La Coordinaci�n T�cnica Electoral estar� integrada por las Direcciones de Organizaci�n y Estad�stica Electoral, Jur�dica, de Capacitaci�n Electoral, del Registro Estatal de Electores y de Administraci�n.?

    "Conforme a la propia ley que se cita, los elementos de esa coordinaci�n desempe�ar�n sus funciones estrictamente para el proceso electoral de 1997, de donde se sigue que el cargo que desempe�an tiene una temporalidad establecida, lo cual impl�citamente deriva de lo que previene el art�culo noveno transitorio de la Ley Electoral, que a continuaci�n se transcribe.

    "?Art�culo noveno. Para el proceso electoral de 1997, los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral ser�n designados por la Comisi�n Estatal Electoral, a propuesta de su presidente por lo que se except�a por �nica vez el cumplimiento de lo dispuesto por el art�culo 86 de esta ley.?

    "Ese art�culo 86 de la Ley Electoral, viene a establecer como requisito para la designaci�n de los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, una convocatoria p�blica as� como examen de oposici�n, lo que se except�a por lo establecido en el transitorio precitado, que se refiere concretamente al periodo relativo al proceso electoral de 1997.

    "De esta forma, el caso de excepci�n que se contiene en el noveno transitorio a la regla que se establece por el art�culo 86, permite inferir que los elementos de esa coordinaci�n no gozan de permanencia en el cargo que les fue conferido, y as�, puede tambi�n concluirse que la figura que se actualiza en el transitorio segundo de la Ley del Servicio Profesional Electoral, es una conclusi�n del cargo, en orden a que ha transcurrido el periodo para el cual fueron designados.

    "Es decir, no existe una suspensi�n o cesaci�n, sino una conclusi�n del periodo relativo al proceso electoral de 1997, establecido as� por el noveno transitorio y precisamente por el t�rmino de un a�o, de lo que se colige, que concluy� el cargo para el que fueron nombrados.

    "Habiendo determinado que en el presente caso no existe suspensi�n o cesaci�n, sino conclusi�n del cargo que les fue conferido a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, es v�lido concluir que no existe violaci�n a lo establecido por el art�culo 123 de la C.�n Federal.

    "As� tambi�n, al no encontrarse dentro de los supuestos contenidos en ese precepto constitucional, y por tanto, al no existir privaci�n alguna de derechos laborales de los miembros de la Comisi�n Estatal Electoral, no se viola tampoco lo establecido por el art�culo 14 de la N.F., pues no era necesario agotar la garant�a de audiencia al concluir el periodo para el que fueron designados los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral.

    "Paso ahora a referirme a las violaciones que dentro del presente concepto de invalidez, la actora plantea en relaci�n al art�culo 63, fracci�n VIII, de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n.

    "Cabe formularlas mismas consideraciones que previamente fueron apuntadas, en virtud de que la violaci�n que se esgrime se vincula a disposiciones constitucionales de car�cter local, y nunca se delatan violaciones directas a la C.�n Federal, as�, que, para el caso de que ese Alto Tribunal considere que debe procederse al an�lisis del mismo, ad cautelam, me pronuncio sobre el particular en los siguientes t�rminos:

    "En primer t�rmino resulta de utilidad transcribir el contenido de la fracci�n VIII del art�culo 63 de la C.�n del Estado de Nuevo Le�n:

    "?Art�culo 63. Pertenece al Congreso:

    "?I. a VII. ...

    "?VIII. Crear, a instancia del Ejecutivo, empleos, oficinas y plazas que requiera la administraci�n p�blica del Estado, asignando los sueldos de ellos, y suprimirlos cuando cese su necesidad.?

    "El concepto de violaci�n que se analiza, resulta en mi opini�n, infundado, dado que en el presente caso, se actualiz� una conclusi�n del cargo que desempe�aban los elementos de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, en raz�n de haber fenecido el periodo para el cual fueron designados, y por consecuencia, el Congreso de la entidad no suprime esos empleos o plazas.

    "Siendo esto as�, tampoco es cierto que el Congreso del Estado invada las atribuciones que corresponden al Ejecutivo L., pues el segundo transitorio de la ley reclamada, se vincula a lo que dispone el noveno transitorio de la Ley Electoral del Estado, ya transcrito, en donde se se�ala que los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, para el periodo de 1997, quedaban exceptuados del requisito contenido en el art�culo 86 de ese mismo ordenamiento, es decir, su designaci�n se har�a a propuesta del presidente de la Comisi�n Estatal Electoral.

    "De ah� se sigue, que esos integrantes desempe�ar�an su encargo estrictamente por el periodo correspondiente al proceso electoral de 1997, es decir, no gozaron de inamovilidad dentro de dicha funci�n.

    "Por tanto, no resulta afortunado el razonamiento que esgrimen los promoventes, en el sentido de que el Congreso del Estado se encuentre determinando la conclusi�n de los cargos de la coordinaci�n que nos ocupa, pues ello deriva de la propia Ley Electoral.

    Por ende, puedo concluir que el presente concepto de invalidez resulta por una parte, infundado en lo que respecta a la violaci�n de los art�culos 123 en relaci�n al 14, ambos de la C.�n Federal, as� como en lo tocante a las transgresiones que se acusan al art�culo 63, fracci�n VIII de la C.�n Pol�tica del Estado, y fundado, por otra parte, respecto a la violaci�n al art�culo 5o. en relaci�n al 14 de la C.�n General.

    Por todo lo expuesto se�ala el procurador general de la Rep�blica, que la presente acci�n de inconstitucionalidad es procedente; infundados los dos primeros conceptos de invalidez y parcialmente fundado el tercero, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada al haber sido emitida por autoridad no competente; y que, para el caso de que se considere que la ley impugnada fue emitida por autoridad competente, declarar infundado el cuarto concepto de invalidez y parcialmente fundado el quinto.

D�CIMO

Mediante prove�do de fecha veintiuno del citado mes y a�o, se otorg� el plazo legal a las partes para la formulaci�n de sus alegatos y, recibidos �stos y agotado el procedimiento en sus t�rminos, se pasaron los autos para la elaboraci�n del proyecto de sentencia conforme con lo dispuesto por el �ltimo p�rrafo del art�culo 68 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer y resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 104, fracci�n IV, y 105, fracci�n II, inciso d), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 68, �ltimo p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, toda vez que se demanda la invalidez del decreto n�mero 77, publicado el dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el Peri�dico Oficial del Estado de Nuevo Le�n, que contiene la Ley del Servicio Profesional Electoral de esa entidad federativa.

SEGUNDO

La demanda de acci�n de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:

El art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, dispone:

Art. 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse al primer d�a h�bil siguiente. En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles.

Conforme a este art�culo 60, el plazo para ejercer la acci�n de inconstitucionalidad es de treinta d�as naturales, y el c�mputo respectivo debe hacerse a partir del d�a siguiente al en que se public� la ley impugnada.

El Decreto N�mero 77 que contiene la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, que en esta v�a constitucional se impugna, fue publicado en el Peri�dico Oficial de esa entidad federativa el dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que es a partir del d�a siguiente de esa fecha en que debe hacerse el c�mputo respectivo, por tanto, el d�a tres del citado mes y a�o es el primer d�a del plazo.

Tomando en consideraci�n esta �ltima fecha como el primer d�a para el referido c�mputo, resulta entonces que el plazo de treinta d�as venci� el d�a primero de enero de mil novecientos noventa y nueve; por tanto, si la demanda se present� el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, esto es, al d�cimo noveno d�a, debe considerarse que la demanda fue presentada dentro del plazo legal correspondiente para tal efecto conforme con lo dispuesto por el art�culo 60 de la ley reglamentaria de la materia.

TERCERO

Resulta pertinente analizar la legitimaci�n de los promoventes, por ser una cuesti�n de orden p�blico y, por ende, de estudio preferente.

Los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la ley reglamentaria del citado precepto constitucional, disponen:

"Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n. Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por: ... d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, y ..."

Art. 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acci�n deber� estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes �rganos legislativos ...

De conformidad con lo dispuesto por los art�culos antes transcritos, el equivalente al treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, podr�n promover la acci�n de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el propio �rgano.

En el caso, se impugna una ley emitida por el Congreso del Estado de Nuevo Le�n, y promueven la presente acci�n de inconstitucionalidad catorce diputados integrantes de la Sexag�sima Octava Legislatura del propio Estado; ahora bien, para determinar si constituyen el porcentaje m�nimo necesario para poder ejercer la presente acci�n, debe tomarse en consideraci�n lo dispuesto por los art�culos 46 de la C.�n Pol�tica y 18 de la Ley Electoral, ambos de la propia entidad federativa, que al efecto establecen:

"Art. 46. Se deposita el Poder Legislativo en un Congreso que se renovar� cada tres a�os, compuesto por veintis�is diputados electos por mayor�a relativa, votados en distritos electorales uninominales y hasta diecis�is electos por el principio de representaci�n proporcional, designados de acuerdo a las bases y formas que establece la ley."

Art. 18. El Poder Legislativo, conforme a las bases que establece esta ley, se integra por veintis�is diputados electos por mayor�a relativa, votados en distritos electorales uninominales; y hasta diecis�is diputados designados mediante el principio de representaci�n proporcional ...

De las disposiciones transcritas puede advertirse que el Congreso del Estado de Nuevo Le�n se integra por veintis�is diputados electos por mayor�a relativa y hasta diecis�is diputados designados mediante el principio de representaci�n proporcional; esto es, el Congreso Estatal se integra en su totalidad hasta por cuarenta y dos diputados por ambos principios.

Ahora bien, considerando que los catorce diputados que suscriben la demanda constituyen el treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) del total de los cuarenta y dos que integran el Congreso L., se concluye que en el caso los promoventes re�nen el porcentaje m�nimo requerido para ejercer la presente acci�n de inconstitucionalidad y, por tanto, cuentan con la legitimaci�n necesaria para tal efecto de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la C.�n Federal y 62 de su ley reglamentaria.

CUARTO

Es necesario pasar al an�lisis de la naturaleza jur�dica de la Ley del Servicio Profesional Electoral que se combate, a fin de determinar si es o no de naturaleza electoral para los efectos de la presente acci�n de inconstitucionalidad, toda vez que las autoridades demandadas son coincidentes en manifestar que no es de tal car�cter; al respecto, el gobernador del Estado de Nuevo Le�n manifiesta que la ley impugnada se refiere a la planeaci�n, organizaci�n y operaci�n del servicio profesional electoral y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral, por lo que no contiene disposiciones intr�nsecas de naturaleza electoral, pese a que esa palabra figure en su denominaci�n; y, por su parte, la Legislatura de la propia entidad federativa manifiesta que la ley no es de naturaleza electoral y que, al ser admitida la presente acci�n de inconstitucionalidad bajo ese supuesto, se le restringen sus derechos al no contar con los plazos normales para contestar la demanda y no poder interponer el recurso de reclamaci�n en contra del auto admisorio.

Atento a lo anterior, en virtud de que se cuestiona la naturaleza electoral de la ley impugnada y que tal circunstancia puede influir en el tratamiento que deba darse en el estudio de las causales de improcedencia y de los conceptos de invalidez, ya que para las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral existen disposiciones espec�ficas en la ley reglamentaria de la materia, debe dilucidarse previamente tal cuesti�n, adem�s de que se plantea afectaci�n a los derechos procesales de las partes derivado de la tramitaci�n que se dio a la presente acci�n como asunto electoral, lo que eventualmente podr�a motivar la reposici�n del procedimiento de resultar fundada la afectaci�n a esos derechos y si con ello se caus� un agravio.

Mediante reforma constitucional, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federaci�n, se adicion� la fracci�n II al art�culo 105 de la C.�n Federal, en la que se instituy� la acci�n de inconstitucionalidad como un procedimiento especial para impugnar disposiciones generales que puedan ser contrarias a la Carta Fundamental; sin embargo, en esta reforma no se previ� la posibilidad para que, a trav�s de esta v�a constitucional, se pudieran combatir disposiciones generales en materia electoral. Al efecto y como consecuencia de esta reforma, la disposici�n fundamental de m�rito dispon�a:

Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer� en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n, con excepci�n a las que se refieran a la materia electoral ...

Posteriormente, en lo referente a las acciones de inconstitucionalidad, por reforma constitucional publicada el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federaci�n, se reform� la fracci�n II del citado art�culo 105 de la Carta Magna, en la que, en lo que interesa, se suprimi� parte del texto del primer p�rrafo de dicha fracci�n y se adicion� el inciso f) y sus dos p�rrafos siguientes, quedando como sigue:

"Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n ... f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro.

"La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la C.�n es la prevista en este art�culo.

"Las leyes electorales federal y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales ..."

A partir de esta �ltima reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, se admiti� la procedencia de la acci�n de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales como la �nica v�a para plantear la no conformidad de �stas con la C.�n Federal.

De lo anterior se aprecia que en virtud de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro, se instituy� la acci�n de inconstitucionalidad, la que era improcedente en contra de disposiciones generales en materia electoral, pero que, como resultado de la posterior reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, a trav�s de este tipo de acci�n constitucional ya se pueden combatir disposiciones de esta naturaleza; sin embargo, debe destacarse que en ambas reformas no se defini�, para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad, lo que debe entenderse por "materia electoral", ni se precisa si la expresi�n "leyes electorales" alude a la materia electoral o, bien, si se trata de cualquier disposici�n en esta materia para efectos de la acci�n.

Para la primera de las reformas constitucionales citadas, era importante definir tal cuesti�n, pues resultaba determinante para la procedencia de la acci�n; para la segunda reforma no es trascendente para efectos de la procedencia, ya que el texto vigente de la N.F. admite la procedencia de la v�a en contra de cualquier disposici�n general, inclusive las de materia electoral, por lo que, con independencia de que sea o no de tal naturaleza, de cualquier manera la acci�n ser�a procedente en este aspecto conforme al texto vigente de la norma constitucional; pero, por otro lado, cobra relevancia la determinaci�n de la naturaleza de la disposici�n que se impugne, ya que, seg�n se trate o no de leyes electorales, deber�n aplicarse unas u otras disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues en funci�n de que sean o no de tal car�cter, deber�n aplicarse las reglas espec�ficas o las gen�ricas para su tramitaci�n y resoluci�n, ya que la citada ley prev� una reglamentaci�n propia para los asuntos en que se reclamen leyes electorales.

Para determinar entonces los alcances de la disposici�n constitucional vigente que prev� la acci�n de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, en cuanto a que si considera o no alguna distinci�n entre unas y otras leyes en materia electoral para efectos de la aplicaci�n de las reglas gen�ricas o de las espec�ficas que prev� la ley reglamentaria que rige el procedimiento de este tipo de v�a constitucional, debe atenderse a los antecedentes de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, y a los m�todos de interpretaci�n constitucionales necesarios.

Se tiene como antecedente, el que, en el a�o de mil novecientos noventa y cinco, encontr�ndose vigente el texto del art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal como se aprob� en la reforma de mil novecientos noventa y cuatro, integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal promovieron ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, una demanda de acci�n de inconstitucionalidad en contra de la propia asamblea y otras autoridades, impugnando la Ley de Participaci�n Ciudadana del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federaci�n el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco; esta acci�n qued� registrada con el n�mero de expediente 1/95, y fue fallada por el Tribunal Pleno el treinta y uno de octubre de ese mismo a�o, siendo ponente el M.J.V.C. y C.. En la ejecutoria correspondiente esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n defini� el concepto de la materia electoral para efectos de la improcedencia de la acci�n de inconstitucionalidad, en atenci�n a que en el a�o de mil novecientos noventa y cinco en que se promovi� la acci�n y se resolvi�, esta v�a constitucional no proced�a en contra de leyes electorales como qued� apuntado con anterioridad, y en el caso que se cita era necesario determinar si se trataba o no de materia electoral para la procedencia de la v�a, utilizando para ello el m�todo de interpretaci�n derivado de una apreciaci�n jur�dica sistem�tica.

Al efecto, el Tribunal Pleno emiti� las tesis CXXVI/95 y CXXVII/95, visibles a fojas 237 y 238, Tomo II, diciembre de 1995, Tribunal Pleno, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dicen:

"MATERIA ELECTORAL. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. De la interpretaci�n jur�dica, arm�nica y sistem�tica de lo dispuesto en los art�culos 35, fracciones I y II, 36, fracciones II, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracci�n I, 116, fracci�n I, y 122, fracci�n III, de la C.�n Federal, se infiere que para los efectos de la acci�n de inconstitucionalidad, establecida en la fracci�n II del art�culo 105 de dicha Carta Fundamental, debe entenderse que son normas de car�cter general que tienen como contenido la materia electoral, prohibidas de ser examinadas por la Suprema Corte de acuerdo con el mencionado art�culo constitucional, aquellas que establecen el r�gimen conforme al cual se logra la elecci�n o nombramiento, a trav�s del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democr�tico, de las personas que han de fungir como titulares de �rganos de poder representativos del pueblo, a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal."

MATERIA ELECTORAL. PARA ESTABLECER SU CONCEPTO Y ACOTAR EL CAMPO PROHIBIDO A LA SUPREMACORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N EN LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE DEBE ACUDIR AL DERECHO POSITIVO VIGENTE Y SEGUIR COMO M�TODO INTERPRETATIVO EL DERIVADO DE UNA APRECIACI�N JUR�DICA SISTEM�TICA. Para establecer una definici�n de dicha materia se requiere adoptar un procedimiento y seguir un m�todo interpretativo: El procedimiento adecuado m�s apegado a la �ndole judicial que es caracter�stica de la Suprema Corte, es acudir al derecho positivo, para inducir, de los aspectos b�sicos que puedan localizarse, el concepto que se busca, debiendo precisarse que cuando se alude al derecho positivo se hace referencia al vigente, pues si bien es cierto que en el pasado mediato y remoto es posible encontrar elementos hist�ricos relevantes, igualmente cierto resulta que lo determinante es investigar qu� se entend�a por materia electoral en mil novecientos noventa y cuatro, que fue cuando el poder reformador de la C.�n introdujo en el art�culo 105 constitucional, la prohibici�n de que la Suprema Corte de Justicia conociera de aspectos relacionados con la materia electoral. El m�todo interpretativo no puede ser otro que el derivado de una apreciaci�n jur�dica, arm�nica y sistem�tica; de ning�n modo la interpretaci�n literal; �sta queda descartada de antemano, ya que se parte de la hip�tesis de que no hay definici�n establecida en la C.�n, en la legislaci�n, ni en la doctrina; el empe�o en encontrar disposiciones gramaticalmente configurativas del mismo equivale, por tanto y desde luego, a un resultado err�neo.

Ahora bien, conforme a la primera tesis antes transcrita, se tiene un concepto de la materia electoral para efectos de la procedencia de la acci�n de inconstitucionalidad, en el que se considera esencialmente que las normas de car�cter general que tienen como contenido la materia electoral, son aquellas que establecen el r�gimen conforme al cual se logra la elecci�n o nombramiento, a trav�s del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democr�tico, de las personas que han de fungir como titulares de los �rganos representativos del pueblo.

Por otro lado, las normas generales electorales no s�lo son las que establecen el r�gimen normativo de los procesos electorales, esto es, las que regulan los procesos electorales; pues debe considerarse que tambi�n pueden existir disposiciones reglamentarias de este tipo de normas, que de igual manera, regulen cuestiones electorales contenidas en ordenamientos distintos, en los que se consideren aspectos vinculados directa o indirectamente con los procesos electorales, a guisa de ejemplo: normas sobre distritaci�n o redistritaci�n; sobre creaci�n de �rganos administrativos para fines electorales; o las que regulen aspectos electorales que deban influir de una u otra manera en los procesos electorales y que no necesariamente se encuentren contenidos en la ley o c�digo electoral sustantivo.

Debe destacarse que lo anterior cobra relevancia en el caso concreto, en el que se trata de una Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, que viene a reglamentar de alguna manera disposiciones de la Ley Electoral del propio Estado, lo que hace necesario precisar si este tipo de normatividad, aunque no sustantiva como lo refiere la parte demandada, constituye una ley electoral para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad.

Atento a lo anterior, debe analizarse ahora si la ley impugnada debe considerarse como electoral para los fines de la acci�n de inconstitucionalidad, sin considerar �nicamente la tesis citada, toda vez que, en primer lugar, la tesis de m�rito fue emitida en el a�o de mil novecientos noventa y cinco, �poca en la que el texto del art�culo 105, fracci�n II, constitucional era diferente al del actual; en segundo lugar, la ley ahora impugnada fue publicada en el a�o de mil novecientos noventa y ocho, esto es, encontr�ndose vigente el texto actual de la disposici�n constitucional en cita; y, tercero, en el a�o de mil novecientos noventa y seis la C.�n Federal sufri� una reforma integral en lo electoral, por lo que debe considerarse el contexto constitucional y legal de dicha reforma; todo lo cual obliga a reexaminar tal cuesti�n para establecer el o los criterios a seguir para caracterizar las leyes que pueden considerarse como electorales para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad.

Para dilucidar la cuesti�n planteada, se requiere adoptar un m�todo interpretativo, para lo cual se estima conveniente acudir a una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica, as� como teleol�gica, de las disposiciones constitucionales y legales que prev�n lo inherente a la acci�n de inconstitucionalidad en trat�ndose de leyes electorales.

Posterior a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro, pero antes de la de mil novecientos noventa y seis, el art�culo 105, fracci�n II, primer p�rrafo, de la C.�n Federal, dispon�a:

Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer� en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n, con excepci�n a las que se refieran a la materia electoral ...

Posteriormente, en mil novecientos noventa y seis se reform� la fracci�n II del citado art�culo 105 de la Carta Magna, en la que, en lo que interesa, se suprimi� parte del texto del primer p�rrafo de dicha fracci�n, se adicion� el inciso f) y sus dos p�rrafos siguientes, quedando como sigue:

"Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n. ... f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro.

"La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la C.�n es la prevista en este art�culo.

"Las leyes electorales federal y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales ..."

Del texto inmediato anterior del art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal, se puede advertir que el poder reformador de la C.�n, al referirse a la competencia de esta Suprema Corte para conocer de la acci�n de inconstitucionalidad, hac�a la salvedad expresa de la "materia electoral", esto es, destacaba que en esta materia la acci�n era improcedente.

La utilizaci�n de tal expresi�n -materia electoral-, hizo necesario su conceptualizaci�n cuando se plante� el caso concreto, pues fue necesario determinar si la acci�n era o no procedente en contra de la disposici�n impugnada, lo que motiv� el criterio contenido en la tesis anteriormente citada, rubro: "MATERIA ELECTORAL. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD.".

Actualmente, en el texto vigente del primer p�rrafo de la fracci�n II del citado precepto constitucional, se suprimi� la parte que dec�a: "... con excepci�n a las que se refieran a la materia electoral ...", excluyendo de esta manera la frase "materia electoral", quedando �nicamente el se�alamiento de "norma de car�cter general" al referirse a la materia de impugnaci�n en la acci�n de inconstitucionalidad. Del mismo modo, al adicionarse el inciso f) y sus dos p�rrafos siguientes, de la propia fracci�n II del art�culo 105 constitucional, que tambi�n fue parte de la reforma electoral de mil novecientos noventa y seis, al referirse a la acci�n de inconstitucionalidad en trat�ndose de asuntos electorales, alude expresamente a las "leyes electorales" y no a la "materia electoral", como puede apreciarse de la simple lectura de dicho inciso y p�rrafos siguientes.

Como qued� expuesto, el vigente art�culo 105, fracci�n II, primer p�rrafo, e inciso f) y sus dos p�rrafos siguientes, de la C.�n Federal, se refieren a "normas generales" y "leyes electorales", no as� a la "materia electoral".

Por otra parte, los art�culos 60, 62, 64, 65, 67, 68, 70 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, y segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de noviembre de mil novecientos noventa y seis, disponen:

"Art. 60. ... En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles."

"Art. 62. ... En los t�rminos previstos por el inciso f) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se considerar�n parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, adem�s de las se�aladas en la fracci�n I del art�culo 10 de esta ley, a los partidos pol�ticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, seg�n corresponda, ..."

"Art. 64. ... En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el p�rrafo anterior ser�n, respectivamente, de tres d�as para hacer aclaraciones y de seis d�as para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada."

"Art. 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al art�culo 25, podr� aplicar las causales de improcedencia establecidas en el art�culo 19 de esta ley, con excepci�n de su fracci�n II respecto de leyes electorales, as� como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y VII del art�culo 20 ..."

"Art. 67. Cuando la acci�n intentada se refiera a leyes electorales, el plazo se�alado en el p�rrafo anterior ser� de dos d�as."

"Art. 68. ... Cuando la acci�n de inconstitucionalidad se interponga en contra de una ley electoral, el Ministro instructor podr� solicitar la opini�n a la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n ... En los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia a que se refiere el p�rrafo anterior deber� ser sometido al Pleno dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debi�ndose dictar el fallo por el Pleno a m�s tardar en un plazo de cinco d�as, contados a partir de que el Ministro instructor haya presentado su proyecto."

"Art. 70. ... En materia electoral el plazo para interponer el recurso de reclamaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior ser� de tres d�as y el Pleno de la Suprema Corte lo resolver� de plano, dentro de los tres d�as siguientes a su interposici�n."

"Art. 71. ... Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sobre la no conformidad de leyes electorales a la C.�n, s�lo podr�n referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente se�alados en el escrito inicial."

De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de todos estos preceptos, se advierte lo siguiente:

En primer lugar, en la fracci�n II, primer p�rrafo, del art�culo 105 constitucional, se refiere a las normas generales que sean contrarias a la C.�n; y, en el inciso f) y sus dos p�rrafos siguientes, del propio precepto, se refieren a leyes electorales. Por una parte fijan la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para conocer de este tipo de acci�n en que se impugnen normas generales y, por otra parte, se determina la legitimaci�n de los partidos pol�ticos para impugnar leyes electorales; adem�s, se establece que la acci�n de inconstitucionalidad es la �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales con la C.�n Federal y, finalmente, se fija el plazo en que deber�n promulgarse y publicarse las leyes electorales cuando contengan modificaciones legales fundamentales.

De una interpretaci�n arm�nica de las disposiciones contenidas en el precepto fundamental de m�rito, puede concluirse que el poder reformador de la C.�n se refiere indistintamente a normas generales o a leyes, por lo que, al hacer menci�n expresa a las leyes electorales, debe entenderse que se refiere a cualquiera disposici�n legal en esta materia, sin distinguirlas por alguna raz�n en particular; esto es, no contiene elemento objetivo alguno que haga suponer que exista un presupuesto de diferenciaci�n entre las normas de car�cter electoral para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad que ameriten un tratamiento distinto en virtud de la materia espec�fica de su contenido o por alguna otra raz�n, ya que, conforme a la N.F., el com�n denominador como presupuesto normativo para otorgarles el tratamiento de disposici�n electoral en el procedimiento de la acci�n, es que se trate de una disposici�n o cuerpo de normas de car�cter electoral, pero sin establecer una diferencia espec�fica que justificara un tratamiento distinto.

Asimismo, del an�lisis arm�nico de las disposiciones transcritas de la ley reglamentaria que rigen el procedimiento en las acciones de inconstitucionalidad, puede advertirse que el legislador utiliza indistintamente las frases "leyes electorales", "ley electoral" y "materia electoral", de lo que se deduce que, en estos t�rminos, el esp�ritu de estas disposiciones no tiende tampoco a distinguir las normas electorales por la materia espec�fica que regulan o reglamentan, pues tales expresiones las utiliza como sin�nimos.

De lo expuesto se sigue que, hecha una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica, puede decirse que, tanto las disposiciones constitucionales como las reglamentarias que rigen la acci�n de inconstitucionalidad, se refieren a las leyes o normas generales en materia electoral, con independencia de la materia espec�fica de su contenido.

Conviene acudir tambi�n a una interpretaci�n teleol�gica de las disposiciones de referencia.

Como qued� expuesto con anterioridad, en la reforma de mil novecientos noventa y cuatro, se instituy� la acci�n de inconstitucionalidad para plantear la contradicci�n de normas generales con la C.�n Federal, excepci�n hecha de la materia electoral; es hasta la �ltima reforma del art�culo 105 constitucional de mil novecientos noventa y seis, que se admite tambi�n la procedencia de esta v�a en contra de leyes electorales.

En la iniciativa de reformas y adiciones en materia electoral a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, fechada el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, en la que se propuso la �ltima reforma al art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal, presentada ante la C�mara de Diputados, en la parte que interesa se dice: "... Con objeto de hacer compatible la larga tradici�n del Poder Judicial de la Federaci�n de no intervenir directamente en los conflictos pol�tico-electorales con la existencia de un tribunal de jurisdicci�n especializada que ha probado ser soluci�n adecuada, se propone que el Tribunal Electoral se incorpore al Poder Judicial con sus rasgos fundamentales de estructura y atribuciones, pero con las ligas de relaci�n indispensables con el aparato judicial federal, a fin de continuar ejerciendo sus facultades en forma eficaz, oportuna y adecuada. De igual manera, la incorporaci�n referida permite hacer una distribuci�n de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y el Tribunal Electoral, que se corresponde con nuestra tradici�n y evoluci�n pol�tico-electoral. Conforme a la propuesta, la Corte conocer� sobre la no conformidad a la C.�n de las normas generales en materia electoral, al eliminarse de la fracci�n II del texto vigente del art�culo 105 constitucional, la prohibici�n existente ahora sobre este �mbito legal. ... La f�rmula que propone esta iniciativa concilia los argumentos de car�cter constitucional con los de orden pr�ctico y logra, respetando las caracter�sticas de especificidad del derecho electoral que regula los procesos respectivos y la adici�n del Poder Judicial de mantenerse ajeno a estos conflictos, un sistema de justicia electoral completo que incluye el control constitucional y propicia el absoluto respeto al principio de legalidad, sin el riesgo de un viraje brusco que pondr�a en peligro la viabilidad del propio sistema que se est� creando y que, por supuesto, deber� mejorarse y adaptarse de acuerdo con lo que la experiencia derivada de su aplicaci�n indique. Al mismo tiempo, esta propuesta conlleva el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federaci�n, al absorber en su �rbita constitucional la funci�n jurisdiccional electoral y facultades que otrora correspond�an a otro poder.".

Por otra parte, dentro del paquete de reformas electorales a la C.�n Federal de mil novecientos noventa y seis, tambi�n se reformaron y adicionaron otros preceptos, destac�ndose la fracci�n IV. Importa la reforma a dicho precepto, dado que guarda estrecha vinculaci�n con la reforma al 105 constitucional.

El art�culo 116, fracci�n IV, actualmente dispone:

"Art. 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ...

"IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que:

"a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas L.es y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

"b) En el ejercicio de la funci�n electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

"d) Se establezca un sistema de medios de impugnaci�n para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

"e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales;

"f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos pol�ticos reciban, en forma equitativa, financiamiento p�blico para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtenci�n del sufragio universal;

"g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social;

"h) Se fijen los criterios para determinar los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as electorales, as� como los montos m�ximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos pol�ticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e

i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, as� como las sanciones que por ellos deban imponerse ...

Resulta pertinente transcribir tambi�n, para una mejor apreciaci�n, lodispuesto por los art�culos 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracci�n I, 116, fracciones I y II, y 122, p�rrafo tercero, e inciso c) base primera, fracciones I y V, inciso f), de la C.�n Federal, los que, en lo concerniente a las cuestiones electorales, disponen:

"Art�culo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I.V. en las elecciones populares. II. Poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisi�n teniendo las calidades que establezca la ley."

"Art�culo 36. Son obligaciones del ciudadano de la Rep�blica: ... III.V. en las elecciones populares en los t�rminos que se�ale la ley. IV.D.�ar los cargos de elecci�n popular de la Federaci�n o de los Estados, que en ning�n caso ser�n gratuitos; y V.D.�ar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado."

"Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n Federal y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovaci�n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos pol�ticos son entidades de inter�s p�blico; la ley determinar� las formas espec�ficas de su intervenci�n en el proceso electoral. Los partidos pol�ticos nacionales tendr�n derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos pol�ticos tienen como fin promover la participaci�n del pueblo en la vida democr�tica, contribuir a la integraci�n de la representaci�n nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de �stos al ejercicio del poder p�blico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. S�lo los ciudadanos podr�n afiliarse libre e individualmente a los partidos pol�ticos. II. La ley garantizar� que los partidos pol�ticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendr�n derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicaci�n social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Adem�s, la ley se�alar� las reglas a que se sujetar� el financiamiento de los partidos pol�ticos y sus campa�as electorales, debiendo garantizar que los recursos p�blicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento p�blico para los partidos pol�ticos que mantengan su registro despu�s de cada elecci�n, se compondr� de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtenci�n del voto durante los procesos electorales y se otorgar� conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento p�blico para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijar� anualmente, aplicando los costos m�nimos de campa�a calculados por el �rgano superior de direcci�n del Instituto Federal Electoral, el n�mero de senadores y diputados a elegir, el n�mero de partidos pol�ticos con representaci�n en las C�maras del Congreso de la Uni�n y la duraci�n de las campa�as electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo se�alado anteriormente, se distribuir� entre los partidos pol�ticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuir� entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecci�n de diputados inmediatamente anterior. b) El financiamiento p�blico para las actividades tendientes a la obtenci�n del voto durante los procesos electorales equivaldr� a una cantidad igual al monto del financiamiento p�blico que le corresponda a cada partido pol�tico por actividades ordinarias en ese a�o; y c) Se reintegrar� un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos pol�ticos por concepto de las actividades relativas a la educaci�n, capacitaci�n, investigaci�n socioecon�mica y pol�tica, as� como a las tareas editoriales. La ley fijar� los criterios para determinar los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as electorales; establecer� los montos m�ximos que tendr�n las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, se�alar� las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. III. La organizaci�n de las elecciones federales es una funci�n estatal que se realiza a trav�s de un organismo p�blico aut�nomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jur�dica y patrimonio propios, en cuya integraci�n participan el Poder Legislativo de la Uni�n, los partidos pol�ticos nacionales y los ciudadanos, en los t�rminos que ordene la ley. En el ejercicio de esa funci�n estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad ser�n principios rectores. El Instituto Federal Electoral ser� autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempe�o; contar� en su estructura con �rganos de direcci�n, ejecutivos, t�cnicos y de vigilancia; el consejo general ser� su �rgano superior de direcci�n y se integrar� por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y concurrir�n, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos y un secretario ejecutivo; la ley determinar� las reglas para la organizaci�n y funcionamiento de los �rganos, as� como las relaciones de mando entre �stos. Los �rganos ejecutivos y t�cnicos dispondr�n del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la Ley Electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el consejo general, regir�n las relaciones de trabajo de los servidores del organismo p�blico. Los �rganos de vigilancia se integrar�n mayoritariamente por representantes de los partidos pol�ticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estar�n integradas por ciudadanos. El consejero presidente y los consejeros electorales del consejo general ser�n elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Diputados, o en sus recesos por la Comisi�n Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designar�n ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelaci�n. La ley establecer� las reglas y el procedimiento correspondientes. El consejero presidente y los consejeros electorales durar�n en su cargo siete a�os y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del consejo general y de los que desempe�en en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales, de investigaci�n o de beneficencia, no remunerados. La retribuci�n que perciban el consejero presidente y los consejeros electorales ser� igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El secretario ejecutivo ser� nombrado por las dos terceras partes del consejo general a propuesta de su presidente. La ley establecer� los requisitos que deber�n reunir para su designaci�n el consejero presidente del consejo general, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los que estar�n sujetos al r�gimen de responsabilidades establecido en el t�tulo cuarto de esta C.�n. Los consejeros del Poder Legislativo ser�n propuestos por los grupos parlamentarios con afiliaci�n de partido en alguna de las C�maras. S�lo habr� un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas C�maras del Congreso de la Uni�n. El Instituto Federal Electoral tendr� a su cargo en forma integral y directa, adem�s de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitaci�n y educaci�n c�vica, geograf�a electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos pol�ticos, al padr�n y lista de electores, impresi�n de materiales electorales, preparaci�n de la jornada electoral, los c�mputos en los t�rminos que se�ale la ley, declaraci�n de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, c�mputo de la elecci�n de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, as� como la regulaci�n de la observaci�n electoral y de las encuestas o sondeos de opini�n con fines electorales. Las sesiones de todos los �rganos colegiados de direcci�n ser�n p�blicas en los t�rminos que se�ale la ley. IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecer� un sistema de medios de impugnaci�n en los t�rminos que se�alen esta C.�n y la ley. Dicho sistema dar� definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar� la protecci�n de los derechos pol�ticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociaci�n, en los t�rminos del art�culo 99 de esta C.�n. En materia electoral la interposici�n de los medios de impugnaci�n constitucionales o legales no producir� efectos suspensivos sobre la resoluci�n o el acto impugnado."

"Art�culo 51. La C�mara de Diputados se compondr� de representantes de la naci�n, electos en su totalidad cada tres a�os. Por cada diputado propietario, se elegir� un suplente."

"Art�culo 56. La C�mara de Senadores se integrar� por 128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos ser�n elegidos seg�n el principio de votaci�n mayoritaria relativa y uno ser� asignado a la primera minor�a. Para estos efectos, los partidos pol�ticos deber�n registrar una lista con dos f�rmulas de candidatos. La senadur�a de primera minor�a le ser� asignada a la f�rmula de candidatos que encabece la lista del partido pol�tico que, por s� mismo, haya ocupado el segundo lugar en n�mero de votos en la entidad de que se trate. Los 32 senadores restantes ser�n elegidos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripci�n plurinominal nacional. La ley establecer� las reglas y f�rmulas para estos efectos. La C�mara de Senadores se renovar� en su totalidad cada seis a�os."

"Art�culo 60. El organismo p�blico previsto en el art�culo 41 de esta C.�n, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarar� la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgar� las constancias respectivas a las f�rmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayor�a de votos y har� la asignaci�n de senadores de primera minor�a de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 56 de esta C.�n y en la ley. Asimismo, har� la declaraci�n de validez y la asignaci�n de diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional de conformidad con el art�culo 54 de esta C.�n y la ley. Las determinaciones sobre la declaraci�n de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignaci�n de diputados o senadores podr�n ser impugnadas ante las S. Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, en los t�rminos que se�ale la ley. Las resoluciones de las S. a que se refiere el p�rrafo anterior, podr�n ser revisadas exclusivamente por la S. Superior del propio tribunal, a trav�s del medio de impugnaci�n que los partidos pol�ticos podr�n interponer �nicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elecci�n. Los fallos de la S. ser�n definitivos e inatacables. La ley establecer� los presupuestos, requisitos de procedencia y el tr�mite para este medio de impugnaci�n."

"Art�culo 81. La elecci�n del presidente ser� directa y en los t�rminos que disponga la ley electoral."

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio."

"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: I. Los gobernadores de los Estados no podr�n durar en su encargo m�s de seis a�os. La elecci�n de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas L.es ser� directa y en los t�rminos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elecci�n popular, ordinaria o extraordinaria, en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n volver a ocupar ese cargo, ni aun con el car�cter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Nunca podr�n ser electos para el periodo inmediato: a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominaci�n; b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denominaci�n, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempe�e el cargo los dos �ltimos a�os del periodo. S�lo podr� ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de �l, o con residencia efectiva no menor de cinco a�os inmediatamente anteriores al d�a de la elecci�n. II. El n�mero de representantes en las Legislaturas de los Estados ser� proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podr� ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci�n no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya poblaci�n exceda de este n�mero y no llegue a 800 mil habitantes, y de once en los Estados cuya poblaci�n sea superior a esta �ltima cifra. Los diputados a las Legislaturas de los Estados no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes. Las Legislaturas de los Estados se integrar�n con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alen sus leyes."

"Art�culo 122. ... La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrar� con el n�mero de diputados electos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripci�n plurinominal, en los t�rminos que se�alen esta C.�n y el Estatuto de Gobierno. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetar� a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: I. Los diputados a la Asamblea Legislativa ser�n elegidos cada tres a�os por voto universal, libre, directo y secreto en los t�rminos que disponga la ley, la cual deber� tomar en cuenta, para la organizaci�n de las elecciones, la expedici�n de constancias y los medios de impugnaci�n en la materia, lo dispuesto en los art�culos 41, 60 y 99 de esta C.�n. ... V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades: ... f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujet�ndose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomar�n en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracci�n IV del art�culo 116 de esta C.�n. En estas elecciones s�lo podr�n participar los partidos pol�ticos con registro nacional."

De las disposiciones transcritas se desprenden los siguientes elementos:

  1. Los aspectos que constituyen la materia electoral.

  2. El derecho de los ciudadanos para votar y ser votados para un cargo de elecci�n popular.

  3. Las obligaciones de los ciudadanos para votar y desempe�ar los cargos de elecci�n popular, y para desempe�ar las funciones electorales.

  4. La naturaleza, fines y derechos de los partidos pol�ticos.

  5. La organizaci�n de las elecciones y de las autoridades electorales.

  6. La integraci�n del Congreso de la Uni�n, de las Legislaturas Estatales, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y de los Municipios.

  7. Sistemas de elecci�n de los integrantes de los �rganos antes precisados con base en los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, y del presidente de la Rep�blica y gobernadores de los Estados.

Del an�lisis arm�nico de todas las disposiciones antes transcritas, estructuradas en su contexto normativo, permite establecer lo que debe entenderse por materia electoral y por normas generales en materia electoral, para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad, en virtud de lo siguiente:

Del an�lisis del art�culo 105, fracci�n II, constitucional, considerando el esp�ritu del Poder Reformador de la C.�n que lo llev� a instituir la acci�n de inconstitucionalidad tambi�n como medio para impugnar leyes electorales, aunado a la reforma que arm�nicamente se hizo al mismo tiempo al art�culo 116, fracci�n IV, de la C.�n Federal y tomando en consideraci�n las dem�s disposiciones de la Carta Fundamental antes transcrita, puede concluirse que cualquier ley de car�cter electoral, con independencia de la materia espec�fica que regule, ser� considerada como electoral para los efectos de la acci�n de inconstitucionalidad.

En efecto, por cuanto hace a la materia electoral, el art�culo 116, fracci�n IV, constitucional, vigente, hace una relaci�n de materias que considera como "materia electoral", as�, por ejemplo, se tiene lo siguiente: a) lo referente al sufragio, universal, libre, secreto y directo; b) como principios rectores la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, que deben observar las autoridades electorales; c) autonom�a e independencia en las decisiones de las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia; d) establecimiento de los sistemas de medios de impugnaci�n; e) plazos para el desahogo de todas las instancias considerando el principio de definitividad en las etapas de los procesos electorales; f) financiamiento p�blico para los partidos pol�ticos; g) equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social; h) fijaci�n de l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as y montos m�ximos de aportaciones, as�como el establecimiento de sanciones por incumplimiento; e, i) tipificaci�n de delitos y faltas en materia electoral, y sus sanciones.

De lo anterior se observa que el art�culo 116, fracci�n IV, constitucional, de alguna manera, precisa aspectos espec�ficos que deben ser considerados propios de la "materia electoral", de entre los que se encuentran, cuestiones propias de los derechos pol�ticos, como son las bases generales que instituyen los principios rectores para la elecci�n de gobernadores, integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos, as� como cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra �ndole, como lo es la funci�n de las autoridades electorales, la organizaci�n de las elecciones, financiamiento p�blico, comunicaci�n social de los partidos, l�mites a las erogaciones y montos m�ximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones, etc�tera.

Adem�s, acorde con lo que la disposici�n constitucional de m�rito se�ala como materia electoral, las dem�s disposiciones constitucionales se vinculan de manera �ntima con las mismas, en tanto que se refieren en t�rminos generales, entre otras cuestiones, a los partidos pol�ticos, a las autoridades electorales, a los procesos electorales y su organizaci�n, a la integraci�n de los �rganos legislativos, a la elecci�n de los representantes populares y a los sistemas de elecci�n.

En este orden de ideas, atento a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, puede decirse que se estableci� como regla gen�rica, la posibilidad de impugnar disposiciones electorales a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, sin establecer distingo alguno por raz�n de su contenido o por la materia espec�fica que regulan y, por el contrario, acorde con la reforma integral que se hizo a la C.�n Federal en cuestiones electorales, particularmente respecto del art�culo 116, fracci�n IV, en relaci�n con los dem�s preceptos anteriormente transcritos, se advierte que la materia electoral viene a comprender ahora conceptos tan amplios que van desde la elecci�n de los representantes mediante sufragio, hasta cuestiones organizativas o administrativas del proceso electoral. De esto se concluye que, al no existir distingo en este sentido entre las diferentes disposiciones electorales por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regulan, debe considerarse que, por los fines que persigue la reforma al art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal para efectos de la impugnaci�n de este tipo de disposiciones, no puede distingu�rseles unas de otras para efectos del procedimiento en la acci�n de inconstitucionalidad, en tanto que todas inciden en la materia electoral.

De todo lo expuesto y con base en una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica, as� como teleol�gica de las disposiciones anteriormente referidas y particularmente de las propias de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, se llega al convencimiento de que, cualquier disposici�n de naturaleza electoral podr� ser materia de impugnaci�n a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, y que, por tanto, por regla general, debe instruirse el procedimiento y resolverse conforme a las disposiciones espec�ficas que para tales asuntos prev� la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, pues al no existir disposici�n expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciar una disposici�n electoral de otra en la misma materia, por raz�n de su contenido o de la materia espec�fica que regula, no se justifica la aplicaci�n de las reglas espec�ficas para unos y las gen�ricas para otros que para tal efecto prev� la citada ley reglamentaria.

Todo lo anterior se robustece si se atiende que, antes de la reforma de m�rito, la acci�n de inconstitucionalidad era improcedente en trat�ndose de normas generales en materia electoral, lo que justificaba distinguir la materia de la disposici�n para efectos de la procedencia de la acci�n, pero que, suprimida tal prohibici�n, no existe ya raz�n alguna y menos de car�cter procesal, para distinguir una norma electoral de otra por raz�n de su contenido, cuando de hecho la acci�n procede en contra de cualquiera de �stas, las que, finalmente, siendo de naturaleza electoral, van a incidir de una u otra manera en los procesos electorales respectivos y de ah� que deba tramitarse la acci�n con sujeci�n a las mismas reglas procedimentales.

Por lo tanto, contrario a lo que afirma la parte demandada, con independencia de que la Ley del Servicio Profesional Electoral sea o no intr�nsecamente electoral, y que �nicamente se refiera a la planeaci�n, organizaci�n y operaci�n del servicio profesional electoral y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral, lo cierto es que tambi�n regula cuestiones electorales, por lo que su tramitaci�n y resoluci�n debe sujetarse a las disposiciones espec�ficas para tales asuntos.

En otro aspecto y sin perjuicio de lo anterior, cabe se�alar que la Ley del Servicio Profesional Electoral que se combate, contiene diversas disposiciones que regulan cuestiones diversas propias del servicio profesional electoral y de la Comisi�n Estatal Electoral, entre las cuales, se encuentran disposiciones que inciden dentro de alguno de los supuestos de la "materia electoral" que espec�ficamente enumera el art�culo 116, fracci�n IV, de la C.�n Federal, como lo es lo relativo a las autoridades electorales que participan en la organizaci�n y desarrollo de los procesos respectivos, y que, por tanto, le dar�an el car�cter de una ley electoral, circunstancia que justifica el tratamiento de la presente acci�n como electoral.

En efecto, la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n contiene un t�tulo tercero: De los organismos electorales y jurisdiccionales (art�culos 65 a 67). En el cap�tulo primero de este t�tulo se prev�: La Comisi�n Estatal Electoral (art�culo 68).

Este cap�tulo primero se subdivide a su vez en tres secciones:

S.�n 1: De la residencia e integraci�n (art�culos 69 a 80).

S.�n 2: De las facultades y obligaciones (art�culos 81 a 83).

S.�n 3: De la Coordinaci�n T�cnica Electoral (art�culos 84 a 93).

En lo que interesa, los art�culos 65, 66 y 68 de la Ley Electoral en cita, disponen:

"Art. 65. La funci�n electoral se ejerce por los organismos electorales, con la concurrencia de los partidos pol�ticos y los ciudadanos, quienes participar�n en la organizaci�n, desarrollo, vigilancia, e impugnaci�n de los procesos electorales en los t�rminos de la presente ley. Para la organizaci�n, desarrollo y vigilancia los procesos electorales se establecen los siguientes organismos:

"I. Comisi�n Estatal Electoral;

"II. Comisiones Municipales Electorales;

"III. Mesas directivas de casilla.

"Para el control de la legalidad y la resoluci�n de las controversias que se susciten en materia electoral, se establece en el t�tulo primero de la tercera parte de esta ley, el Tribunal Electoral del Estado."

"Art. 66. Son fines de la Comisi�n Estatal Electoral, de las Comisiones Municipales Electorales y del Tribunal Electoral del Estado:

"I. Contribuir al desarrollo de la vida democr�tica y al fortalecimiento del sistema de partidos pol�ticos; garantizando el cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral, contenidos en la C.�n Pol�tica del Estado.

"II. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos pol�tico-electorales y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley;

"III. Garantizar la celebraci�n peri�dica y pac�fica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado as� como de los Ayuntamientos de la entidad;

"IV. Garantizar que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten al principio de legalidad;

".V. por la autenticidad y efectividad del sufragio y por la imparcialidad de los organismos electorales; y

"VI. Coadyuvar en la promoci�n y difusi�n de la cultura pol�tica."

Art. 68. La Comisi�n Estatal Electoral es un organismo p�blico, independiente y aut�nomo, con personalidad jur�dica propia, de car�cter permanente, responsable del Registro Estatal de Electores y de la preparaci�n, direcci�n, organizaci�n y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la elecci�n de gobernador, diputados y Ayuntamientos que se realicen en la entidad. Adem�s, tiene la atribuci�n de asignar las diputaciones de representaci�n proporcional que correspondan a cada partido pol�tico. La Comisi�n Estatal Electoral elaborar�, administrar� y ejercer� en forma aut�noma el presupuesto de egresos que enviar� por conducto del Ejecutivo al Congreso del Estado para su aprobaci�n y estar� obligada a presentar su cuenta p�blica en los t�rminos legales, incluyendo en �sta el presupuesto del Tribunal Electoral del Estado y el financiamiento p�blico otorgado a los partidos pol�ticos. Su cuenta p�blica ser� presentada al Congreso del Estado durante el primer trimestre del a�o siguiente al del ejercicio presupuestal del que se trate, para su revisi�n y aprobaci�n en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Por su parte, la Ley del Servicio Profesional Electoral impugnada, se conforma de la siguiente manera:

Cap�tulo I: Disposiciones generales (art�culos 1o. al 7o.).

Cap�tulo II: Del personal de la Comisi�n Estatal Electoral.

S.�n Primera: De su clasificaci�n (art�culos 8o. al 14).

S.�n Segunda: Del desarrollo (art�culos 15 al 18).

S.�n Tercera: De las licencias (art�culo 19).

S.�n Cuarta: De la suspensi�n y de la terminaci�n del trabajo (art�culos 20 al 24).

Cap�tulo III: Del servicio profesional electoral.

S.�n Primera: De las normas generales (art�culos 25 al 29).

S.�n Segunda: De la integraci�n (art�culos 30 al 33).

S.�n Tercera: Del ingreso (art�culos 34 al 37).

S.�n Cuarta: De las obligaciones (art�culos 38 a 39).

S.�n Quinta: De los derechos (art�culo 40).

S.�n Sexta: Del sistema de evaluaci�n (art�culos 41 a 44).

S.�n S�ptima: De la promoci�n y movilidad (art�culos 45 a 50).

Cap�tulo IV: Del personal t�cnico y administrativo (art�culos 51 a 59).

Los art�culos de la ley impugnada que interesan, disponen:

"Art. 1o. La presente ley es de orden p�blico e inter�s social y tiene por objeto establecer las normas y criterios aplicables a la organizaci�n, operaci�n y desarrollo del servicio profesional electoral y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral, de car�cter permanente o eventual."

"Art. 2o. La Comisi�n Estatal Electoral organizar� el servicio profesional electoral. En esta tarea contar� con la colaboraci�n de los representantes de los partidos pol�ticos, acreditados legalmente ante la misma."

"Art. 4o. Ser�n principios rectores para la formaci�n de los miembros del servicio profesional electoral, la equidad, independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y certeza."

"Art. 5o. El servicio profesional electoral tiene por objeto:

"I. Dotar a la comisi�n de personal conformado por funcionarios especializados, para prestar el servicio electoral; y

II. Asegurar el desempe�o profesional de las actividades de la comisi�n.

De las disposiciones antes transcritas de la Ley Electoral Estatal, se advierte que la Comisi�n Estatal Electoral, es un organismo que participa en la organizaci�n, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, y que tiene como fin, entre otros: garantizar el cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral; el ejercicio de los derechos pol�tico-electorales y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley; la celebraci�n peri�dica y pac�fica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado as� como de los Ayuntamientos de la entidad; que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten al principio de legalidad; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por la imparcialidad de los organismos electorales; y, coadyuvar en la promoci�n y difusi�n de la cultura pol�tica.

Adem�s, que la Comisi�n Estatal Electoral es responsable del Registro Estatal de Electores y de la preparaci�n, direcci�n, organizaci�n y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la elecci�n de gobernador, diputados y Ayuntamientos que se realicen en la entidad; tiene la atribuci�n de asignar las diputaciones de representaci�n proporcional que correspondan a cada partido pol�tico.

Por otro lado, conforme a las disposiciones transcritas de la Ley del Servicio Profesional, se aprecia que tiene por objeto establecer las normas y criterios aplicables a la organizaci�n, operaci�n y desarrollo del servicio profesional electoral y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral, para la consecuci�n de los fines y objetivos enmarcados en la Ley Electoral del Estado.

En estas condiciones, es evidente que la comisi�n estatal tiene facultades y obligaciones trascendentes en los procesos electorales correspondientes; por lo tanto, las disposiciones de la ley impugnada que ve lo relativo a la organizaci�n, operaci�n y desarrollo del servicio profesional electoral y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral, s� constituyen normas que trascienden directa o indirectamente en los procesos electorales, pues dan efectividad a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado en lo concerniente a la Comisi�n Estatal Electoral que participa directamente en el desarrollo de dichos procesos, lo que confirma el hecho de que la presente acci�n por la que se impugna la ley que rige el servicio profesional electoral y a la citada comisi�n, s� es de naturaleza netamente electoral y, por tanto, rigen al efecto las disposiciones espec�ficas que para este tipo de asunto prev� la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, m�xime que, como ya qued� expuesto, la N.F. no hace distingo entre las disposiciones electorales para efectos de la acci�n de inconstitucionalidad.

No obsta a lo anterior el que del an�lisis integral del escrito de demanda se advierta que esencialmente se combate el procedimiento legislativo de la ley impugnada, as� como las facultades de la legislatura para su emisi�n y las que se otorgan a la Comisi�n Estatal Electoral para la formaci�n del servicio profesional electoral y de la integraci�n de la comisi�n en cita, ya que, si bien, en funci�n de ello no se combaten en forma directa los preceptos propios de la ley que guardan relaci�n con la materia electoral, con excepci�n de los impugnados en el cuarto y quinto conceptos de invalidez que s� se combaten expresamente (art�culos 9o., 11, 27, 30, fracci�n VII, 42, 55 y segundo transitorio); tambi�n lo es que con tales conceptos de invalidez, de resultar fundados, se podr�a afectar la validez del ordenamiento en su integridad, el que, como ya se dijo, s� guarda una relaci�n con aspectos fundamentales electorales.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, cabe destacar que la tramitaci�n de la acci�n conforme a las reglas espec�ficas para los asuntos en que se impugnen leyes electorales, de cualquier manera no causa ning�n agravio como lo manifiesta el Congreso Estatal, aunque se considerara que la ley impugnada no es de naturaleza electoral, toda vez que, por un lado, est� sujeto a los mismos plazos que las dem�s partes, por otro, tuvo el derecho de rendir su informe, ofrecer pruebas y formular sus alegatos y, finalmente, si bien, de conformidad con el art�culo 70 de la ley reglamentaria de la materia, no pudo recurrir el auto de admisi�n de la demanda por tratarse de un asunto electoral, tambi�n lo es que no le causa un agravio trascendente y grave, pues estuvo en condiciones de expresar durante la instrucci�n los motivos de improcedencia que a su juicio se actualizaban, los que de cualquier manera ser�n analizados en esta sentencia y de resultar fundado alguno provocar� el sobreseimiento de la acci�n.

QUINTO

Previamente al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este tribunal, ya que de resultar fundada alguna podr�a provocar el sobreseimiento de la acci�n intentada.

  1. La Legislatura del Estado de Nuevo Le�n, aduce que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el art�culo 60, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Federal, ya que, de sostenerse que en el caso la ley impugnada es de naturaleza electoral, los legitimados para su impugnaci�n a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad ser�an los partidos pol�ticos nacionales o con registro en la entidad federativa donde tenga vigencia la referida ley, y no el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Legislatura Estatal.

    Los art�culos 105, fracci�n II, incisos d) y f), de la C.�n Federal y 62 de su ley reglamentaria, disponen:

    "Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n. Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por: ... d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, y ... f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro. ..."

    Art. 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracci�n II del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acci�n deber� estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes �rganos legislativos ...

    Como ya qued� expuesto en el considerando que antecede, con motivo de la reforma al art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, se suprimi� la prohibici�n que exist�a para impugnar leyes electorales a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, en los t�rminos del propio precepto vigente antes transcrito, en el que se legitim� a los partidos pol�ticos para impugnar este tipo de leyes.

    Al suprimirse la prohibici�n que antes exist�a y que se encontraba expresamente en el primer p�rrafo de la fracci�n II del referido art�culo 105, se establece as� un r�gimen general, por as� llamarlo, que permite a todos los legitimados para ejercer esta acci�n, precisados en los diferentes incisos de dicha fracci�n, para combatir disposiciones en materia electoral, con las �nicas limitantes que los mismos incisos establecen.

    Al efecto, la disposici�n constitucional establece en sus primeros cinco incisos:

    "Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...

    "II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n. Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:

    "a) El equivalente al treinta y trespor ciento de los integrantes de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Uni�n;

    "b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Uni�n o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

    "c) El procurador general de la Rep�blica, en contra de leyes de car�cter federal, estatal y del Distrito Federal, as� como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

    "d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, y

    "e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y ..."

    Conforme a los anteriores incisos y acorde con el sistema gen�rico instituido con la aludida reforma, el procurador general de la Rep�blica puede impugnar cualquier norma general y tratados internacionales; el equivalente al treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del seno legislativo local de donde emane la norma impugnada; y, el mismo porcentaje de diputados o senadores del Congreso de la Uni�n en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el propio Congreso, y estos �ltimos tambi�n en contra de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; todos estos est�n legitimados, respectivamente en cada caso, para plantear la contradicci�n de normas de car�cter general con la C.�n Federal, dentro de las que quedan comprendidas, por no existir salvedad expresa al respecto, las leyes electorales.

    No obsta a lo anterior, que en el inciso f) que se adicion�, se establezca que los partidos pol�ticos pueden impugnar leyes electorales, pues esto no significa que �nicamente los partidos sean los que lo puedan hacer, pues de ser as�, el poder reformador expresamente lo hubiera se�alado; tampoco modifica el criterio anterior el hecho de que enseguida del inciso f) se haya adicionado un p�rrafo en el que se establece que la �nica v�a para plantear la no conformidad de leyes electorales y la C.�n Federal, lo sea la acci�n de inconstitucionalidad, que haga suponer que este p�rrafo se refiera �nicamente al supuesto del inciso f), en virtud de que tal disposici�n debe entenderse como parte del sistema general y no vinculado estricta y �nicamente al citado inciso, ya que, de otra manera, en el referido p�rrafo se hubiera se�alado expresamente que la �nica v�a para impugnar leyes electorales que sean contrarias a la C.�n ser�a la prevista en el referido inciso f).

    Arm�nicamente interpretada la disposici�n constitucional y acorde con el esp�ritu de su reforma, se concluye que se ampl�a la legitimaci�n de la acci�n de inconstitucionalidad frente a una clase espec�fica de leyes: las electorales, respecto de las cuales el c�rculo de legitimaci�n se extiende, bajo ciertas condiciones formales y territoriales, a los partidos pol�ticos, lo que se explica por el especial inter�s que �stos tienen en cuanto tales respecto de este tipo de leyes, as� como por la necesidad del fortalecimiento de las minor�as.

    Es claro que los partidos pol�ticos son los principales interesados en velar por el respeto a las reglas en el proceso electoral, pero ello no justificar�a, no obstante, la exclusi�n de los legitimados por el r�gimen com�n para impugnar las leyes electorales y, por ello mismo, la legitimaci�n espec�fica de los partidos es concurrente con la de los dem�s legitimados, quienes tambi�n pueden participar de manera relevante en esta tarea de control constitucional.

  2. La parte demandada aduce que la acci�n de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que se plantea la contravenci�n a disposiciones de la C.�n Estatal, pero no as� de la C.�n Federal, requisito indispensable de procedencia de conformidad con el art�culo 105, fracci�n II, antepen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal.

    Es parcialmente fundado el motivo de improcedencia invocado.

    Del an�lisis integral de los conceptos de invalidez se aprecia que en una parte del quinto concepto s� se plantea la violaci�n a los art�culos 5o., 14 y 123 de la C.�n Federal, por lo que, en este aspecto, la acci�n no resulta improcedente.

    Respecto de la �ltima parte del quinto concepto de invalidez y de los cuatro primeros conceptos de invalidez, en �stos efectivamente se alega transgresi�n a diversos preceptos de la C.�n Estatal y no as� de la C.�n Federal.

    1. En su �ltima parte del quinto concepto de invalidez, se alega que el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, violenta lo dispuesto por la fracci�n VIII del art�culo 63 de la C.�n del Estado de Nuevo Le�n, ya que la facultad de crear empleos, oficinas y plazas que requiera la administraci�n p�blica del Estado, as� como suprimirlos cuando cese su necesidad, corresponde al Congreso L., pero no le compete definir la conclusi�n de los cargos de los integrantes de la Comisi�n Estatal Electoral.

    2. En el primer concepto de invalidez se aduce contravenci�n a lo dispuesto por los art�culos 63, fracci�n IV, y 152, en relaci�n con los art�culos 45 y 148, todos de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, esencialmente en virtud de que la Ley del Servicio Profesional Electoral, es una ley que la C.�n Estatal reputa como constitucional de conformidad con su art�culo 45, dado que regula la organizaci�n del servicio profesional electoral y al personal de la Comisi�n Estatal Electoral, por lo que debi� sujetarse al procedimiento previsto para reformar tal tipo de leyes, concretamente para ser admitida a discusi�n requer�a el voto de la mayor�a de los miembros presentes de la legislatura.

    3. En el segundo concepto de invalidez se aduce contravenci�n a los art�culos 63, fracci�n IV, y 152, en relaci�n con el 45, 148 y 149, todos de la C.�n Estatal, ya que, al tratarse la ley impugnada de una ley constitucional conforme al art�culo 45 de la C.�n L., no debi� ser votada en el mismo periodo de sesiones en que fuera sometida a la consideraci�n de la legislatura sin acuerdo previo del Congreso, adem�s de que debi� haberse publicado y circulado con extracto de la discusi�n respectiva, previamente a su aprobaci�n.

    4. En el tercer concepto de invalidez se alega violaci�n a los art�culos 63, fracci�n IV, y 85, fracci�n X, de la C.�n Estatal, y 86 de la Ley Electoral del Estado, ya que la Legislatura Estatal carece de competencia para reglamentar la Ley Electoral, y con la Ley del Servicio Profesional Electoral est� reglamentando a la Ley Electoral, cuando dicha facultad le corresponde al Ejecutivo Estatal.

    5. En el cuarto concepto de invalidez se aduce contravenci�n a los art�culos 27, 30, 63, fracci�n IV, y 85, fracci�n X, de la C.�n Estatal, ya que, conforme a los art�culos 9o., 11, 27, 30, fracci�n VII, 42 y 55 de la ley impugnada, indebidamente se confieren a la Comisi�n Estatal Electoral, facultades extraordinarias para determinar mediante la expedici�n de "cat�logo", la creaci�n de empleos, oficinas y plazas, y la determinaci�n del personal que se considere como "profesional", as� como para determinar los t�rminos y condiciones mediante los cuales eval�e al personal, facultades que se le delegan sin fundamento legal y que competen al Poder Ejecutivo.

    De los referidos conceptos de invalidez puede advertirse que, efectivamente, no existe planteamiento alguno de contradicci�n entre la ley impugnada y la C.�n Federal.

    Los art�culos 105, fracci�n II, antepen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal y 71 de su ley reglamentaria, disponen:

    "Art. 105. ... La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la C.�n es la prevista en este art�culo ..."

    "Art. 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplir� los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr� fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violaci�n de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

    Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sobre la no conformidad de leyes electorales a la C.�n, s�lo podr�n referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente se�alados en el escrito inicial.

    De conformidad con el art�culo 105, fracci�n II, antepen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal, la acci�n de inconstitucionalidad es la �nica v�a para impugnar disposiciones generales que sean contrarias a la Carta Magna, por lo que, para tal efecto, es requisito necesario de procedencia el se�alamiento de la disposici�n constitucional que se estime violada. Debe resaltarse que, de conformidad con el primer p�rrafo del art�culo 71 de la ley reglamentaria de la disposici�n constitucional de referencia, en este tipo de v�a constitucional opera un r�gimen de suplencia de la queja, en virtud del cual, esta Suprema Corte est� en aptitud de corregir la cita de los preceptos constitucionales que se estimen violados y de suplir los conceptos de invalidez planteados e, incluso, de fundar la declaratoria de inconstitucionalidad en la violaci�n de preceptos constitucionales que no hayan sido invocados en la demanda; sin embargo, para efectos de las acciones de inconstitucionalidad en que se combatan normas generales electorales, este r�gimen de suplencia no opera por disposici�n expresa del segundo p�rrafo del mencionado art�culo 71, en cuyo caso, la sentencia s�lo podr� referirse a la violaci�n del precepto constitucional expresamente se�alado en el escrito inicial. Esto implica un caso de excepci�n que rompe la regla gen�rica establecida en el primer p�rrafo, por lo que, atendiendo a la naturaleza electoral de las leyes o normas generales impugnadas, deber� regir el principio de estricto derecho, lo que significa que en este tipo de asuntos no operar� la suplencia de la queja y, por ende, esta Suprema Corte no podr� corregir, en ning�n caso, la cita del precepto constitucional violado y menos a�n, sustentar una declaratoria de inconstitucionalidad en preceptos que no fueron invocados por la parte accionante.

    De lo anterior se sigue que la procedencia de la acci�n de inconstitucionalidad en contra de leyes o normas generales electorales, est� sujeta a que la parte promovente se�ale expresamente la disposici�n constitucional que se estima violada, por lo que, si en el caso no se plante� contravenci�n a alg�n precepto de la C.�n Federal, este Alto Tribunal se encuentra imposibilitado jur�dicamente para entrar a su an�lisis y resoluci�n, sin que proceda tampoco suplir la queja en este aspecto.

    Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis n�mero XLIV, consultable a fojas 320, Tomo III, marzo de 1996, Tribunal Pleno, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acci�n de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideraci�n que los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n General de la Rep�blica y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendi�ndose de ah� que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la C.�n del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente L. o a las Legislaturas de los Estados."

    Cabe destacar que este Alto Tribunal ha sustentado el criterio en el sentido de que en la acci�n de inconstitucionalidad pueden analizarse cuestiones de mera legalidad a la luz de la legislaci�n local respectiva, cuando �stas trasciendan de manera fundamental a la disposici�n general impugnada; sin embargo, para tal efecto se requiere la menci�n expresa de la norma fundamental que se estima violada, para estar en condiciones de proceder al an�lisis correspondiente, m�xime que en el caso, como ya se dijo, se impugna una ley reputada como electoral, en el que debe estarse expresamente al precepto constitucional que se cite en el escrito de demanda, el cual no se se�al�.

    Atento a todo lo anterior, �nicamente procede entrar al estudio del quinto concepto de invalidez en la parte relativa en la que se expresa contravenci�n a la Carta Fundamental.

SEXTO

En el quinto concepto de invalidez, el �nico que ser� materia de an�lisis en la presente resoluci�n, se alega que el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, conculca lo dispuesto por los art�culos 5o., 14 y 123, apartado B, fracci�n IX, de la C.�n Federal, en relaci�n con el 4o. y 63, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, ya que se impide a los actuales integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral ocupar cargo alguno del servicio profesional electoral sin que medie determinaci�n judicial o resoluci�n gubernativa que as� lo determine; se les priva de un derecho laboral sin que se les haya respetado su garant�a de audiencia previamente; conforme al art�culo 5o. de la ley, se pretende dotar a la comisi�n de personal especializado para prestar el servicio electoral, e incongruentemente se priva del personal capacitado que ven�a laborando; y, se priva a los actuales integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral de su trabajo, no obstante ser �ste "digno y socialmente �til" y sin que exista "causa justificada prevista por la ley" que sustente su despido y mucho menos su no elegibilidad para ocupar tales cargos en el futuro.

Previamente, es pertinente aclarar que la C.�n Federal se subdivide en dos apartados fundamentales -dogm�tico y org�nico-, y que existen procedimientos constitucionales que tutelan la salvaguarda de cada uno, como lo es el juicio de amparo respecto de su parte dogm�tica y la controversia constitucional que esencialmente protege la parte org�nica; tocante a la acci�n de inconstitucionalidad, es un procedimiento a trav�s del cual se hace una denuncia de inconstitucionalidad respecto de normas o leyes generales que sean contrarias a la C.M., sin m�s limitaci�n de que la disposici�n u ordenamiento normativo de que se trate contravenga la C.�n Federal; por lo tanto, las partes legitimadas para ejercer la acci�n pueden plantear la contradicci�n de las normas combatidas y la C.�n Federal ya sea con relaci�n a su parte dogm�tica u org�nica, pues no existe disposici�n alguna que establezca alguna limitaci�n al respecto y tampoco se desprende de los antecedentes legislativos de las reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis, por las que, primero, se instituy� la acci�n de inconstitucionalidad y, luego, por la que se ampli� su �mbito de procedencia en contra de leyes electorales.

Ahora bien, precisado lo anterior, se pasa al estudio del concepto de invalidez propuesto, el que se considera infundado en parte y fundado en otra.

El art�culo segundo transitorio de la ley impugnada, dispone:

Segundo. Los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral concluir�n el cargo que les fue conferido para el proceso electoral de 1997, dentro de los diez d�as posteriores contados a partir de la iniciaci�n de vigencia de esta ley, y no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral a que se refiere el presente ordenamiento.

Los art�culos 5o., 14 y 123 de la C.�n Federal, en su parte conducente que se aduce violada, disponen:

"Art. 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad ..."

"Art. 14. ... Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ..."

Art. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley. ... B. Entre los Poderes de la Uni�n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... IX. Los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t�rminos que fije la ley ...

Por su parte, los art�culos 4o. y 63, fracci�n IV, de la C.�n Estatal, disponen:

"Art. 4o. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a las leyes. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci�n judicial."

Art. 63. Pertenece al Congreso: ... IV. Vigilar el cumplimiento de la C.�n y de las leyes, especialmente de las que garanticen la seguridad de las personas y propiedades. ...

A efecto de proceder al an�lisis correspondiente es necesario tomar en consideraci�n lo que disponen los art�culos 85 y 86 de la Ley Electoral del Estado y el noveno transitorio de la misma, que al efecto disponen:

"Art. 85. La Coordinaci�n T�cnica Electoral estar� integrada por las direcciones de Organizaci�n y Estad�stica Electoral, Jur�dica, de Capacitaci�n Electoral, del Registro Estatal de Electores y de Administraci�n."

"Art. 86. Los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral ser�n designados por la Comisi�n Estatal Electoral y seleccionados mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n, tomando en cuenta los criterios necesarios para la creaci�n del servicio profesional electoral del Estado, mismo que deber� ser establecido de acuerdo a las bases que para el efecto determine la propia Comisi�n Estatal Electoral en el ordenamiento reglamentario correspondiente."

Art�culo Noveno. Para el proceso electoral de 1997, los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral ser�n designados por la Comisi�n Estatal Electoral a propuesta de su presidente por lo que se except�a por �nica vez el cumplimiento de lo dispuesto por el art�culo 86 de esta ley.

En las disposiciones antes transcritas se prev�n las direcciones que integran a la Coordinaci�n T�cnica Electoral, y el mecanismo para designar a sus miembros, estableciendo al efecto que ser� mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n.

Por su parte, el art�culo noveno transitorio de la Ley Electoral del Estado de Nuevo Le�n,publicada el trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis en el Peri�dico Oficial del Estado, se dispone que, para el proceso electoral de mil novecientos noventa y siete, los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral ser�an designados por la Comisi�n Estatal Electoral a propuesta de su presidente, exceptuando por �nica vez el cumplimiento de lo dispuesto por el art�culo 86 de la Ley Electoral (convocatoria p�blica y examen de oposici�n).

De lo anterior se sigue que, la regla general para la designaci�n de los miembros de la Coordinaci�n T�cnica en cuesti�n, es la que contiene el art�culo 86 de la Ley Electoral Estatal, mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n; pero, se establece una regla de excepci�n transitoria para efectos del proceso electoral de mil novecientos noventa y siete, en virtud de la cual los integrantes de la citada coordinaci�n ser�an designados por la Comisi�n Estatal Electoral a propuesta de su presidente.

En estas condiciones, como lo se�ala el procurador general de la Rep�blica en la opini�n que present� con motivo de esta acci�n de inconstitucionalidad, la designaci�n de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral que se hizo para efectos del proceso electoral de mil novecientos noventa y siete, era de car�cter temporal, pues, se insiste, �nicamente era con motivo de dicho proceso electoral y no para posteriores.

Consecuentemente, si el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral que se combate, dispone que los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral concluir�n el cargo que les fue conferido para el proceso electoral de mil novecientos noventa y siete, esto constituye, �nicamente, un efecto y consecuencia de lo dispuesto por el art�culo noveno transitorio de la Ley Electoral Estatal de mil novecientos noventa y seis, que no es materia de impugnaci�n y que es el que establec�a el car�cter temporal del cargo de los integrantes de la aludida Coordinaci�n T�cnica.

Por lo tanto, siendo el art�culo segundo transitorio de la ley impugnada la consecuencia legal y necesaria de lo dispuesto por el art�culo noveno transitorio de la Ley Electoral del Estado, no puede decirse que aqu�l contravenga las disposiciones constitucionales a que se refiere la parte inconforme, cuando, en todo caso, ser�a este �ltimo el que dispuso la permanencia temporal de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral.

Por otro lado, lo expuesto demuestra que no existe contravenci�n a los art�culos 5o., 14 y 123, apartado B, fracci�n IX, de la C.�n Federal, ya que no se afectan los derechos laborales de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica, toda vez que, en la especie, no se trata de un despido, destituci�n o cese del encargo en virtud de lo cual tuvieran que reunirse las formalidades debidas que para tal efecto establecen dichas disposiciones (determinaci�n judicial o resoluci�n gubernativa, garant�a de audiencia previa y suspensi�n o cese por causa justificada), sino simplemente se est� en presencia de la terminaci�n del encargo que ven�an desempe�ando los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica.

Atento a lo anterior se considera que el concepto de invalidez es infundado en una parte.

En otro aspecto se considera que el concepto de invalidez es fundado, ya que el art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral, contraviene lo dispuesto por el art�culo 5o. de la C.�n Federal.

El art�culo segundo transitorio que se combate, prev� las siguientes cuestiones:

  1. La conclusi�n del cargo conferido a los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica Electoral conferido para el proceso electoral de mil novecientos noventa y siete.

  2. La no elegibilidad de dichos integrantes de la coordinaci�n t�cnica para ocupar los cargos del servicio profesional electoral a que se refiere la ley impugnada.

    En cuanto al primer aspecto, ya qued� demostrado que no se contravienen los preceptos fundamentales que invoca la parte accionante.

    En cuanto a lo segundo, este Alto Tribunal considera que la prohibici�n para la elegibilidad de los integrantes de la Coordinaci�n T�cnica que culminan su encargo, para ocupar los cargos del servicio profesional electoral, s� contraviene el art�culo 5o., primer p�rrafo, de la C.�n Federal, que al efecto dispone:

    Art. 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad ...

    La norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo, conforme a los siguientes lineamientos:

  3. A ninguna persona podr� imped�rsele que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos.

  4. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial cuando se ataquen derechos de terceros.

  5. Tambi�n podr� vedarse por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

    Estos lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo, en t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 5o. de la Carta Magna, se sustentan a su vez en principios fundamentales que constituyen requisitos necesarios que deben darse para que se haga exigible la garant�a constitucional.

    Esto es as�, ya que la libertad de trabajo no se prev� de manera irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacci�n de determinados presupuestos fundamentales: a) que no se trate de una actividad il�cita: b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.

    En lo referente al primer presupuesto, la garant�a constitucional cobra real vigencia en la medida que se refiera a una actividad l�cita, esto es, que est� permitida por la ley; dicho de otra manera, la garant�a no podr� exigirse cuando sea il�cita, es decir, que est� prohibida por la ley o que, aun y cuando no est� prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresi�n al derecho positivo mexicano.

    Por cuanto hace al segundo presupuesto normativo, este implica que la garant�a no podr� ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectaci�n a derechos de terceros, esto es, que estando permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro u otros que se ubiquen en una situaci�n jur�dica determinada, que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de aqu�l.

    Finalmente, el tercer presupuesto normativo implica que la garant�a ser� exigible siempre y cuando la actividad, aunque l�cita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, que es el derecho de la sociedad en general.

    Esto �ltimo se entiende, en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el inter�s de la sociedad por encima del inter�s particular, por lo que, cuando este �ltimo puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese inter�s mayor se limita o condiciona el individual cuando con �ste puede afectarse aqu�l en una proporci�n mayor del beneficio que en lo individual obtendr�a un solo individuo.

    En estas condiciones, puede considerarse que la garant�a individual que consagra el art�culo 5o., primer p�rrafo, constitucional, no es absoluta, en tanto que pondera a su vez la licitud de la actividad de que se trate as� como los derechos de terceros y de la sociedad en general, consignando de esta manera limitaciones a dicha garant�a basados en principios fundamentales a los que debe atenderse para su exigibilidad y tutela. Por otra parte, del an�lisis cuidadoso del art�culo 5o. de la C.�n, se desprende que el Poder Legislativo, en su funci�n de emitir leyes, puede restringir la libertad de trabajo de una manera general, impersonal y abstracta, determinando que una actividad es il�cita, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garant�a en relaci�n a gobernados en particular, aunque �stos se mencionen de modo impl�cito, de modo tal que una vez aplicada a ellos la disposici�n, �sta perder� su eficacia. La raz�n radica en que la ley debe tener los atributos se�alados y, adem�s, en que el propio precepto constitucional reserva a la funci�n judicial y a la administrativa ese tipo de restricciones personales al determinar que la libertad ocupacional puede vedarse por resoluci�n judicial, cuando se afecten derechos de tercero y por resoluci�n gubernativa, en los t�rminos que se�ale la ley, cuando se afecten derechos de la sociedad.

    Ahora bien, a efecto de determinar si la disposici�n impugnada viola la libertad de trabajo al establecer la prohibici�n contenida en el art�culo segundo transitorio, que impide la elegibilidad de los integrantes salientes de la coordinaci�n t�cnica para ocupar cargos del servicio profesional electoral, debe determinarse previamente si se satisfacen los presupuestos que la norma constitucional establece.

    Por una parte y en relaci�n con la licitud de la actividad que requiere la norma constitucional, en el caso concreto se trata de la ocupaci�n de un cargo en el servicio profesional electoral previsto en la ley impugnada; su licitud deriva del hecho mismo de que es un cargo p�blico para actividades relacionadas con los procesos electorales en la entidad federativa, previsto expresamente en un ordenamiento legal emitido por la Legislatura del Estado y que es de orden p�blico e inter�s social conforme al art�culo 1o. de la propia ley, y que el objeto del servicio profesional electoral, de conformidad con el art�culo 5o. de la misma, es dotar a la Comisi�n Estatal Electoral de personal conformado por funcionarios especializados para prestar el servicio electoral y asegurar el desempe�o profesional de las actividades de la comisi�n en cita. Lo anterior demuestra que, efectivamente, un cargo dentro del servicio profesional de m�rito es una actividad l�cita permitida por la ley.

    Por cuanto a que la actividad no debe afectar derechos de terceros, debe decirse al respecto que los cargos en el servicio profesional electoral que prev� la ley impugnada, ser�n ocupados por las personas que se seleccionen mediante convocatoria p�blica y concurso de oposici�n, de tal forma que, si existe la vacante y se re�nen los requisitos necesarios para tal efecto, los aspirantes podr�n participar en el concurso de selecci�n, sin que ello pueda implicar afectaci�n a derechos de terceros.

    Finalmente, por cuanto hace a que no deben afectarse derechos de la sociedad, cabe se�alar que un cargo en el servicio profesional electoral del Estado, no puede implicar lesi�n al inter�s general, en la medida que, como ya qued� expuesto, la ley que lo rige es de orden p�blico e inter�s social y, adem�s, tiene por objeto dotar a la Comisi�n Estatal Electoral de personal conformado por funcionarios especializados para prestar el servicio electoral y asegurar el desempe�o profesional de las actividades de la comisi�n, lo cual evidentemente es en beneficio de la propia sociedad a efecto de que la organizaci�n y desarrollo de los procesos electorales se lleve a cabo por personal especializado y con ello se logren los fines que se persiguen.

    En este orden de ideas, se concluye que un cargo dentro del servicio profesional electoral conforme a la ley impugnada, es acorde con los principios fundamentales en que se basa la garant�a de libertad de trabajo.

    Precisado lo anterior, procede analizar ahora el contenido de la disposici�n impugnada.

    El art�culo 86 de la Ley Electoral del Estado, anteriormente transcrito, dispone que los miembros de la Coordinaci�n T�cnica Electoral, �rgano que forma parte del servicio profesional electoral (art�culo 30, fracci�n I, de la Ley del Servicio Profesional Electoral), ser�n seleccionados mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n, por lo que, si �stos son los requisitos para poder participar en la selecci�n, debe considerarse que si se satisfacen debidamente, no debe existir impedimento para que cualquier persona, incluso los anteriores integrantes de la Coordinaci�n T�cnica, participen y eventualmente puedan ser seleccionados para los cargos del servicio profesional electoral, pues en tales condiciones no tienen impedimento para tal efecto.

    Por otra parte, los art�culos 5o., 6o. y del 25 al 37, de la Ley del Servicio Profesional Electoral, disponen:

    "Art. 5o. El servicio profesional electoral tiene por objeto:

    "I. Dotar a la comisi�n de personal conformado por funcionarios especializados para prestar el servicio electoral; y

    "II. Asegurar el desempe�o profesional de las actividades de la comisi�n."

    "Art. 6o. Para el cumplimiento del objeto del servicio profesional electoral, la comisi�n deber�:

    "I.R. y seleccionar mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n, al personal profesional conforme a lo establecido en la presente ley;

    "II. Formar y desarrollar el personal de la comisi�n, conforme a lo establecido en esta ley;

    "III. Generar en su personal la lealtad e identificaci�n con la comisi�n;

    "IV. Fomentar en su personal la vocaci�n por el desarrollo de la vida democr�tica orientada por valores �ticos, jur�dicos y pol�ticos y el apego a los principios rectores de la ley electoral;

    ".P. la permanencia, superaci�n y consolidaci�n de su personal; y

    "VI. Evaluar peri�dicamente la labor de su personal y retribuirlo adecuadamente."

    "Art. 25. La comisi�n llevar� a cabo la planeaci�n, organizaci�n, operaci�n y supervisi�n del servicio profesional electoral, auxili�ndose al efecto con las direcciones que estime pertinentes. Para ello, elaborar� las normas, pol�ticas, organizaci�n administrativa y procedimientos correspondientes."

    "Art. 26. El ingreso al servicio profesional electoral se dar� bajo el principio de igualdad de oportunidades, considerando los conocimientos, idoneidad, probidad y competencia. Para la permanencia y promoci�n en el mismo, se tomar� en cuenta los resultados de la evaluaci�n de su desempe�o y su desarrollo personal y profesional."

    "Art. 27. La comisi�n aprobar� su estructura org�nica de conformidad a sus objetivos, funciones, programas de trabajo y disponibilidad presupuestal. Tambi�n establecer� el cat�logo que determine los puestos y la cantidad requeridos para cada �rea de la comisi�n, de acuerdo a las necesidades de la misma."

    "Art. 28. Para el desempe�o de un puesto directivo en la comisi�n se deber�n reunir los requisitos establecidos en el art�culo 87 y dem�s relativos, de la Ley Electoral."

    "Art. 29. El coordinador T�cnico Electoral, analizando los informes de actividades de las direcciones y los �rganos, deber� presentar a la comisi�n un informe anual sobre el desempe�o del servicio profesional electoral, as� como realizar los estudios e investigaciones complementarios que �sta requiera para su evaluaci�n."

    "Art. 30. El servicio profesional electoral se integrar� por:

    "I. El coordinador T�cnico Electoral;

    "II. El director de Organizaci�n y Estad�stica Electoral;

    "III. El director del Registro Estatal de Electores;

    "IV. El director de Capacitaci�n Electoral;

    "V. El director Jur�dico;

    "VI. El director de Administraci�n; y

    "VII. El personal necesario para realizar las actividades especializadas del servicio que determine la comisi�n en el cat�logo."

    "Art. 31. En el cat�logo de la comisi�n, cada uno de los puestos deber� tener una c�dula de identificaci�n, la cual contendr� como m�nimo los siguientes datos:

    "I.N.;

    "II. Nivel;

    "III. R., tipo y clasificaci�n del puesto;

    "IV. D.�n general de las funciones que deben realizarse;

    ".R.�n de autoridad y comunicaci�n con puestos superiores, inferiores y similares; y

    "VI. D.�n de requisitos que se deber�n reunir para ocupar el puesto."

    "Art. 32. El tabulador y las remuneraciones aplicables al personal ser�n aprobados por la comisi�n, con base en el presupuesto autorizado."

    "Art. 33. Anualmente, o cuando sea necesario, la comisi�n estudiar� y aprobar�, en su caso, los cambios al cat�logo, los cuales deber�n ser congruentes con la naturaleza y fines del organismo, as� como con las previsiones presupuestales."

    "Art. 34. El reclutamiento y la selecci�n tendr�n como prop�sito captar aspirantes id�neos para ingresar al servicio profesional electoral, mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n, una vez satisfechos los requisitos consignados en esta ley y en la Ley Electoral."

    "Art. 35. El interesado en ingresar al servicio profesional electoral deber� cumplir con los siguientes requisitos:

    "I. Ser mexicano por nacimiento;

    "II. Estar en pleno ejercicio de los derechos pol�ticos;

    "III. Gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de car�cter culposo no agravado;

    "IV. Contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades requeridas para el desempe�o del puesto;

    ".P. el t�tulo profesional o el grado de escolaridad necesario para el desempe�o de la funci�n;

    "VI. No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto p�blico;

    "VII. Tener un m�nimo de 21 a�os de edad, cumplidos a la fecha de la designaci�n;

    "VIII. No ser miembro de alg�n partido pol�tico;

    "IX. Aprobar los ex�menes que para el efecto se determinen; y

    "X. Presentar la solicitud respectiva, acompa�ada de la documentaci�n que acredite los requisitos anteriores."

    "Art. 36. La selecci�n definitiva de los aspirantes al servicio profesional electoral la realizar� la comisi�n, apeg�ndose a los resultados obtenidos en las pruebas y evaluaciones practicadas, as� como a las normas establecidas en esta ley."

    "Art. 37. A los miembros del servicio profesional electoral as� seleccionados, les ser� expedido el nombramiento correspondiente, el cual contendr� como m�nimo los siguientes datos:

    "I.N.;

    "II. Puesto que se asigna, indicando los servicios que deber� prestar;

    "III. Car�cter del nombramiento: permanente o eventual;

    "IV. Fecha en que �ste debe empezar a surtir efectos y, en su caso, la conclusi�n; y

    V.N. y firma de quien lo expide.

    De las disposiciones anteriormente transcritas de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, puede apreciarse destacadamente, que el servicio profesional electoral tiene por objeto dotar a la Comisi�n Estatal Electoral de personal conformado por funcionarios especializados para prestar el servicio electoral y asegurar el desempe�o profesional de las actividades de la comisi�n, para lo cual reclutar� y seleccionar� al personal profesional mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n (art�culos 5o. y 6o.).

    Adem�s, de conformidad con sus art�culos 26, 34 y 35, el ingreso al servicio profesional electoral se dar� bajo el principio de igualdad de oportunidades, considerando los conocimientos, idoneidad, probidad y competencia; el reclutamiento y la selecci�n tendr�n como prop�sito captar aspirantes id�neos para ingresar al servicio, mediante convocatoria p�blica y examen de oposici�n; y, que, los interesados deber�n reunir determinados requisitos formales (ser mexicano por nacimiento; estar en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos; tener buena reputaci�n y sin antecedentes penales salvo delito culposo no agravado; tener conocimientos, aptitudes y habilidades para el puesto; t�tulo profesional o grado escolar necesario para la funci�n; no estar inhabilitado para cargo o puesto p�blico; 21 a�os de edad cumplidos; no ser miembro de alg�n partido pol�tico;aprobar los ex�menes respectivos; y, presentar la solicitud respectiva con la documentaci�n que acredite los requisitos anteriores).

    De lo anterior se advierte que si los miembros anteriores de la Coordinaci�n T�cnica llegan a reunir todos y cada uno de los requisitos antes se�alados, y adem�s, considerando que el objetivo principal del servicio profesional electoral es precisamente dotar de personal capacitado a la Comisi�n Electoral Estatal, bajo el principio de igualdad de oportunidades, considerando los conocimientos, idoneidad, probidad y competencia; debe concluirse que no debe existir impedimento para que los anteriores miembros de la coordinaci�n puedan participar y ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral a que se refiere la ley impugnada.

    En tales circunstancias, es evidente que, si a los citados miembros de la coordinaci�n se les impide ser elegibles para ocupar los cargos de referencia, por disposici�n del art�culo segundo transitorio de la ley impugnada, resulta entonces que tal disposici�n contraviene la garant�a de libertad de trabajo prevista por el art�culo 5o. de la C.�n Federal, que esencialmente establece que a nadie podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos y no se afecten derechos de tercero o de la sociedad, siendo que en el caso, como ya qued� expuesto con anterioridad, no se trata de una actividad il�cita ni se afectan tales derechos.

    Cabe se�alar que, en uso de sus atribuciones, las Legislaturas de los Estados pueden legislar a efecto de vedar el ejercicio de ciertas actividades; sin embargo, esto deben hacerlo fundada y motivadamente, es decir, en el �mbito de su competencia y en circunstancias de modo, tiempo y lugar que as� lo requieran. Al efecto, la tesis jurisprudencial n�mero 68, consultable a fojas 131, Primera Parte, Tribunal Pleno, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, dice:

    FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.-Este Pleno ha sostenido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.

    Atento a lo anterior, el Congreso respectivo debe legislar atendiendo a estas condiciones, a fin de evitar que incurra en una actuaci�n arbitraria o injustificada, que eventualmente pueda resultar inconstitucional.

    Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible a fojas 4025, Tomo LXI, Segunda S., Quinta �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    "LIBERTAD DE TRABAJO.-Del an�lisis del art�culo 4o. constitucional se advierte que el Constituyente no consagra una libertad absoluta, sino limitada a las actividades l�citas, debiendo entenderse por �stas, las permitidas por la ley; pero si bien el legislador puede vedar el ejercicio de ciertas actividades, debe hacerlo en una forma racional y leg�tima, obligado por exigencias sociales de car�cter urgente e inaplazable, o para reprimir actividades contrarias a la moral, o a las buenas costumbres."

    Ahora bien, en el caso concreto la Legislatura Estatal expidi� la Ley del Servicio Profesional Electoral, a efecto de regular dicho servicio electoral, en la que, como ya qued� expuesto, se prev� un sistema de selecci�n del personal que deba integrar ese servicio profesional; sin embargo, en su segundo art�culo transitorio, estableci� la prohibici�n para que los que integraban la Coordinaci�n T�cnica Electoral, no pudieran ser elegibles para ocupar un cargo dentro de ese servicio.

    De esto se sigue que, en primer lugar, en los art�culos 6o., 34, 35 y 36 de la ley impugnada, que establecen el mecanismo para la selecci�n y los requisitos que deben reunir los aspirantes, no se prev� como requisito el no haber ocupado con anterioridad un cargo en la Coordinaci�n T�cnica Electoral, de tal manera que no constituye regla general para tal efecto; y, en segundo, la prohibici�n se incluy� en un art�culo transitorio con relaci�n �nicamente a los integrantes de la citada coordinaci�n que fueron designados para el proceso electoral de mil novecientos noventa y siete.

    De lo expuesto se concluye que la Legislatura Estatal, al establecer la prohibici�n de m�rito, no est� estableciendo una norma general que justifique una situaci�n determinada, sino que, por el contrario, tiende a impedir un derecho leg�timo de determinadas personas, para poder participar en un procedimiento de selecci�n en el que pueden ser elegibles para ocupar un cargo en el servicio profesional electoral, que conforme a las propias disposiciones de la ley, de reunir los requisitos necesarios, les permitir�an participar en el concurso respectivo.

    En estas condiciones, resulta evidente que la norma transitoria al establecer la prohibici�n de m�rito, afecta la libertad de trabajo de quienes se ubican en los supuestos de la misma.

    En consecuencia, al resultar parcialmente fundado el concepto de invalidez de referencia, procede declarar la invalidez del art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, publicada en el Peri�dico Oficial del Estado el dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, �nicamente respecto de la parte relativa que dice: "... y no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral a que se refiere el presente ordenamiento."

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Es parcialmente procedente, infundada en parte y fundada en otra, la acci�n de inconstitucionalidad promovida por la minor�a de los diputados integrantes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo Le�n, en contra de las autoridades y por las disposiciones precisadas en el primer resultando de esta ejecutoria.

SEGUNDO

Se declara la invalidez del art�culo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional Electoral del Estado de Nuevo Le�n, �nicamente en la parte relativa que dice: "... y no podr�n ser elegibles para ocupar los cargos del servicio profesional electoral a que se refiere el presente ordenamiento."

TERCERO

Publ�quese esta resoluci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el Peri�dico Oficial del Estado de Nuevo Le�n y en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

Notif�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.. Ausente el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n, por licencia concedida. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro Humberto Rom�n P..