Ejecutoria num. P./J. 6/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26828638

Ejecutoria num. P./J. 6/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 6/99
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 1998
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/98. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA XLVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTABLECE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE PODRÁN APLICARSE A LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN EL QUE SE ESTABLECE LA PÉRDIDA DEL CARGO DE DIPUTADO COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA, ES INCONSTITUCIONAL.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS NO TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADO, CUANDO SE COMBATE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE DICHO ESTADO.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EN CONTRA DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS POR SER UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL.ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ÚNICAMENTE SON APLICABLES LAS NORMAS PREVISTAS EN EL TÍTULO II DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, EN AQUELLO QUE NO ESTÉ PREVISTO EN EL TÍTULO III DE DICHO ORDENAMIENTO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada bajo el rubro "DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. EL ART�CULO 22, FRACCI�N IV, DE LA LEY ORG�NICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL POR NO SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LOS ART�CULOS 109 Y 110 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, EN RELACI�N CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA SANCIONAR A ESOS SERVIDORES P�BLICOS QUE GOZAN DE FUERO CONSTITUCIONAL.".

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/98. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA XLVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIO: J.A.G.�..

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Mar�a del R.�o C.P.�rez, V�ctor M.S.P., F.R.A.�elles V., A.F.E., A.M.A., L.C.O.G.�rrez, P.R.�n A.E., P.R.�guez C., M.S.C.�s, L.R.�n C.C., F�lix J.M.M., R.D.S.M.�n y R.V.P., en su car�cter de diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, promovieron acci�n de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y disposiciones que a continuaci�n se se�alan:

"2. �rganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna:

"2.1. El Congreso del Estado de Morelos, es el �rgano legislativo que aprob� y emiti� la norma general cuya invalidez se reclama, con domicilio en la calle de Matamoros n�mero diez, colonia Centro, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.

"2.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, es el �rgano ejecutivo que public� la norma cuya invalidez se reclama, con domicilio en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.

"3. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que fueron publicadas:

"Es materia de la presente acci�n de inconstitucionalidad, la Ley Org�nica del Estado de Morelos, aprobada en sesi�n que tuvo verificativo el d�a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete y publicada en el P.�dico Oficial ?Tierra y Libertad? del Estado de Morelos, de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Con el presente se acompa�a un ejemplar del referido P.�dico Oficial (anexo diecis�is).

T.�n forman parte de la acci�n de inconstitucionalidad que se intenta, los acuerdos tomados por mayor�a, por los que se aprob� el proyecto presentado en la sesi�n extraordinaria de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

SEGUNDO

Los preceptos que se estiman infringidos son el 5o., fracci�n IV, 14, 16, 36, fracci�n IV, 38, 39, 40, 41, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO

Los antecedentes en que se apoy� la acci�n de inconstitucionalidad de que se trata son los siguientes:

"5.1. Hasta la entrada en vigor de la ley cuya inconstitucionalidad se plantea, estaba en vigor la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Morelos el d�a veintid�s de marzo de mil novecientos noventa.

"5.2. En el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, durante el �ltimo periodo de sesiones de los trabajos correspondientes a la XLVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, inmediatamente anterior a la actual legislatura, se present� una iniciativa de Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, por los diputados J.M.B., J.T.P.B.�n, P.E.B., �scar M.P.H.�ndez y F.L.P., todos de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. La iniciativa de referencia fue turnada a la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, misma que en su oportunidad emiti� el dictamen correspondiente.

"5.3. En sesi�n extraordinaria de la XLVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos correspondiente al d�a nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, se present� para primera lectura el dictamen emitido por la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, relativo a la iniciativa de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

"5.4. En sesi�n extraordinaria de la XLVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, correspondiente al d�a catorce de abril de mil novecientos noventa y siete, se present� para segunda lectura, discusi�n y votaci�n el dictamen emitido por la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, relativo a la iniciativa de Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

"Previamente a dar segunda lectura del dictamen aludido, los diputados �scar M.P.H.�ndez, A.�n E.C. y F.L.P., todos integrantes de la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, manifestaron que resultaba conveniente que la XLVII Legislatura se encargara de discutir y en su caso aprobar la iniciativa de Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y como consecuencia de ello sometieron a consideraci�n de la asamblea el proyecto de dictamen que constaba de dos art�culos, mismos que a continuaci�n se transcriben:

"?Art�culo primero. Se derogan los art�culos 10 al 20, y se reforman los art�culos 8o., 9o. y 51, todos de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, para quedar como sigue: ...?

"?Art�culo segundo. El proyecto de iniciativa de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada por los diputados J.M.B., J.T.P.B.�n, P.E.B., �scar M.P.H.�ndez y F.L.P., queda en reserva de la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, para que sea discutida y en su caso aprobada por la Cuadrag�sima S�ptima Legislatura.?

"La asamblea aprob� por unanimidad el dictamen de referencia, cuyos art�culos primero y segundo han quedado transcritos.

"Atento a lo anterior, resulta claro que no se dio segunda lectura al dictamen emitido por la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, relativo a la iniciativa de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

"5.5. Con fecha diecis�is de marzo de mil novecientos noventa y siete, tuvieron verificativo las elecciones para integrar al Congreso del Estado de Morelos para el periodo constitucional 1997-2000.

"5.6. Con fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, entraron en funciones los diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

"5.7. El veintid�s de julio de mil novecientos noventa y siete, la fracci�n Parlamentaria del Partido Acci�n Nacional de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos present� una iniciativa de reforma a la Ley Org�nica del Congreso del Estado, a la que le recay� acuerdo de la asamblea, por el que se orden� turnarla a las comisiones correspondientes para su estudio. En su oportunidad dicha iniciativa se turn� a las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y de Reglamentos y Pr�cticas Parlamentarias.

"5.8. El veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, la Diputaci�n Permanente de la XLVII Legislatura, al t�rmino de la sesi�n, acord� reunirse el d�a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete para clausurar sus trabajos y dar paso al segundo periodo ordinario de sesiones.

"5.9. El presidente de la Diputaci�n Permanente convoc� para el d�a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete a un segundo periodo extraordinario de sesiones, para discutir y votar el dictamen relativo a la iniciativa de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, presentada por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional.

"5.10. En sesi�n extraordinaria de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, correspondiente al d�a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se incluyeron en la orden del d�a, entre otros, los siguientes puntos:

"a) Primera lectura al dictamen emanado de las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y de Reglamentos y Pr�cticas Parlamentarias, inherente a la iniciativa de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, presentada en el mes de julio de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional (tercer punto).

"b) Consulta al pleno para la dispensa de la segunda lectura al dictamen relativo a la referida iniciativa de la Ley Org�nica del Congreso del Estado y en su caso discusi�n y aprobaci�n (cuarto punto).

"Una vez que se dio lectura a la orden del d�a, el diputado F�lix J.M.M. hizo notar a la asamblea que derivado de los puntos del orden del d�a, se estaba omitiendo analizar la iniciativa de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, durante el �ltimo periodo de sesiones de los trabajos correspondientes a la XLVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por los diputados J.M.B., J.T.P.B.�n, P.E.B., �scar M.P.H.�ndez y F.L.P., todos de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a que se ha hecho referencia en el apartado 5.2 anterior. Sobre este particular el diputado F�lix J.M.M., manifest�: ?Que en sesi�n extraordinaria de la XLVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, que tuvo verificativo el d�a catorce de abril de mil novecientos noventa y seis, la asamblea un�nimemente hab�a aprobado el segundo art�culo del dictamen presentado por los diputados �scar M.P.H.�ndez, A.�n E.C. y F.L.P., en t�rminos del cual qued� en reserva de la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, para que fuera discutida y en su caso aprobada por la XLVII Legislatura la iniciativa de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, que la iniciativa de referencia se hab�a dictaminado y dejado en primera lectura.?.

"Como consecuencia de lo anterior, solicit� se retirara de la orden del d�a el punto cuatro que ha quedado precisado.

"La solicitud formulada por el diputado F�lix J.M.M. fue desechada por la mayor�a de la asamblea, en franca violaci�n de lo dispuesto por el art�culo 97, fracci�n VII de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos entonces vigente, seg�n se expondr� en el cap�tulo correspondiente de este ocurso.

"5.11. H.�ndose desestimado la solicitud formulada por el diputado F�lix J.M.M. en los t�rminos precisados, se procedi� con el desahogo de la orden del d�a, y en consecuencia se dio primera lectura al dictamen emanado de las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y de Reglamentos y Pr�cticas Parlamentarias inherente a la iniciativa de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, presentada en el mes de julio de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional.

"Posteriormente, se consult� a los diputados presentes, en votaci�n econ�mica, la dispensa de la segunda lectura del dictamen en cuesti�n, lo cual fue aprobado por la mayor�a, y como consecuencia de ello se procedi� a discutir en lo general y en lo particular el proyecto de la Ley Org�nica del Congreso del Estado presentado por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional. Los diputados integrantes de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se opusieron a la aprobaci�n en lo general y a un sinn�mero de art�culos en la discusi�n en particular, pues estimaron que dicho proyecto conten�a diversas violaciones a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante ello, el proyecto presentado por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional fue aprobado en lo general. En lo particular las propuestas de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional fueron casi todas ellas desechadas. Como resultado de lo anterior los diputados de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional decidieron abandonar la sesi�n.

"5.12. En la citada sesi�n del tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete se aprob� la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos propuesta por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional, misma que fue publicada en el P.�dico Oficial ?Tierra y Libertad? el doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, y que constituye el ordenamiento jur�dico cuya invalidez se reclama."

CUARTO

Mediante prove�do de cinco de enero de mil novecientos noventa y ocho el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la acci�n de inconstitucionalidad hecha valer, y en el mismo auto orden� turnar el asunto al Ministro G.D.G.�ngora P., para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resoluci�n respectivo.

QUINTO

Por diverso prove�do de siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor admiti� a tr�mite la demanda de que se trata y orden� emplazar a las demandadas para que rindieran su respectivo informe, y que se le corriera traslado al procurador general de la R.�blica para que alegara lo que a su inter�s correspondiera.

Por auto de doce de febrero del mismo a�o, se tuvo a las autoridades demandadas rindiendo sus informes correspondientes. En el mismo prove�do, se otorg� a las partes el plazo de cinco d�as para que formularan sus alegatos.

Finalmente, se pasaron los autos al Ministro instructor para la elaboraci�n del proyecto correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso d) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracci�n I de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, 1o. y 68, �ltimo p�rrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art�culo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la inconstitucionalidad por el equivalente al cuarenta y tres por ciento de los integrantes del �rgano legislativo del Estado de Morelos, en contra de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, que fue expedida por el propio �rgano.

SEGUNDO

Los diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, expresaron los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. El proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad se reclama, es violatorio de los art�culos 16 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en m�rito de los siguientes argumentos.

"1.1. El art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente establece:

"?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en una sola persona. Los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ...?

"1.2. El art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer p�rrafo dispone: ?Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.?.

"La interpretaci�n jurisprudencial que de manera reiterada se ha hecho de dicho mandato constitucional, es en el sentido de que contiene y consigna la garant�a de legalidad, que alcanza en su obligatoriedad a todas y cada una de las autoridades del pa�s, tanto administrativas como jurisdiccionales e inclusive hasta el propio Poder Legislativo.

"De conformidad a explorada interpretaci�n jurisprudencial, dicho mandato consigna las siguientes garant�as de seguridad jur�dica y de legalidad:

"Que nadie puede ser molestado sino en virtud de un mandamiento escrito;

"Que dicho mandamiento provenga de autoridad competente;

"Que tal documento se encuentre debidamente fundado en las normas jur�dicas aplicables; y,

"Que en dicho mandamiento se expresen de manera correcta y congruente con la realidad, las causas legales que motiven el procedimiento.

"Se inscriben por ser aplicables sobre el particular, las siguientes tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.?. (transcribe).

"Tesis de jurisprudencia n�mero 373, Tercera Parte, Segunda Sala, publicada a p�gina 636 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985, ?AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ACTOS DE LAS, DEBEN APOYARSE EN LEY. Los actos de autoridades administrativas que no est�n autorizados por ley alguna, importan violaci�n de garant�as.?.

"Tesis relacionada a la jurisprudencia n�mero 373, Tercera Parte, Segunda Sala, publicada a p�gina 638 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985.

"?FUNDAMENTACI�N DE ACTOS DE AUTORIDAD.?. (transcribe).

"Tesis relacionada a la jurisprudencia n�mero 373, Tercera Parte, Segunda Sala, visible a p�gina 639 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985.

"?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS MANDAMIENTOS DE LA AUTORIDAD. ART�CULO 16 CONSTITUCIONAL.?. (transcribe).

"Tesis relacionada a la jurisprudencia n�mero 373, Tercera Parte, Segunda Sala, publicada a p�gina 640 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985.

"?ACTOS ADMINISTRATIVOS, ORDEN Y REVOCACI�N DE. GARANT�AS DE AUDIENCIA, FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.?. (transcribe).

"Tesis de jurisprudencia n�mero 339, Tercera Parte, Segunda Sala, visible a p�gina 580 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1985.

"1.3. En la especie, el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad se reclama, es violatorio de los art�culos 16 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"En efecto:

"1.3.1. Seg�n qued� asentado, la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, alcanza en su obligatoriedad a todas las autoridades del pa�s, incluyendo al Poder Legislativo.

"1.3.2. T.�n se precis� que los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a los lineamientos que prev� el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica los Estados Unidos Mexicanos.

"1.3.3. En cumplimiento a lo ordenado por el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de losEstados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece la organizaci�n pol�tica y jur�dica de dicha entidad federativa, y al efecto prev� que el poder p�blico del Estado de Morelos se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, seg�n lo dispone el art�culo 20.

"La Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece con claridad las facultades que a cada uno de los poderes precisados corresponde. Por lo que se refiere al Poder Legislativo, entre otras de las facultades que se le confieren, se comprende la relativa a la expedici�n de la ley que regular� su estructura y funcionamiento interno, seg�n se desprende del art�culo 38, p�rrafo segundo, que a la letra dispone: ?Art�culo 38. ... El Congreso expedir� la ley que en lo sucesivo regular� su estructura y funcionamiento interno, la cual no podr� ser vetada ni requerir� promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.?.

"1.3.4. En ejercicio de la facultad que se confiere al Poder Legislativo del Estado de Morelos, �ste expidi� la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el P.�dico Oficial de la entidad de fecha veintid�s de marzo de mil novecientos noventa, vigente al momento en que se aprob� el ordenamiento jur�dico cuya invalidez se reclama.

"Los art�culos 95 y 97, fracciones VII y VIII de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, publicada el veintid�s de marzo de mil novecientos noventa, a la letra establec�an:

"?Art�culo 95. Todos los dict�menes deber�n recibir dos lecturas y ser repartidos previamente a su discusi�n a todos los miembros del Congreso.?.

"?Art�culo 97. Los documentos con que se d� cuenta al Congreso, ser�n tramitados de la manera siguiente:

"...

"?VII. Los dict�menes que emitan las comisiones tendr�n dos lecturas en diferentes sesiones, debi�ndose leer en la primera sesi�n todo el dictamen junto con el articulado de la iniciativa; si los legisladores aprueban que se dispense la segunda lectura, el dictamen podr� ser sujeto a discusi�n y votaci�n en la misma sesi�n.

"?VIII. S�lo podr� dispensarse de este requisito aquel asunto que por acuerdo expreso de la asamblea se califique de urgente u obvia resoluci�n ...?

"1.3.5. De las disposiciones legales antes transcritas de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, publicada el veintid�s de marzo de mil novecientos noventa, se desprende con toda claridad que todos los dict�menes deber�n ser repartidos previamente a su discusi�n y recibir dos lecturas en diferentes sesiones.

"1.3.6. En la especie, al aprobarse en sesi�n extraordinaria del Congreso del Estado de Morelos de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, la iniciativa de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, presentada en el mes de julio de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional, se violaron las disposiciones legales aplicables de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos publicada en el P.�dico Oficial de fecha veintid�s de marzo de mil novecientos noventa, vigente al momento en que se aprob� la norma cuya invalidez se reclama, y en particular lo ordenado por los art�culos 95 y 97, fracci�n VII, puesto que:

"Seg�n qued� asentado en el cap�tulo de antecedentes de este escrito en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, durante el �ltimo periodo de sesiones de los trabajos correspondientes a la XLVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, inmediatamente anterior a la actual Legislatura, se present� una iniciativa de Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, por los diputados J.M.B., J.T.P.B.�n, P.E.B., �scar M.P.H.�ndez y F.L.P., todos de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. La iniciativa de referencia fue turnada a la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n, misma que en su oportunidad emiti� el dictamen correspondiente.

"D. acta de la sesi�n que se levant� con motivo de la sesi�n extraordinaria de la XLVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos correspondiente al d�a catorce de abril de mil novecientos noventa y siete, se desprende que un�nimemente se acord� que la iniciativa de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quedara en reserva en los t�rminos precisados en el p�rrafo inmediato anterior, en sesi�n extraordinaria de la Legislatura correspondiente al d�a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se present� un nuevo proyecto de iniciativa de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, dictaminado por las C.ones Unidas de Reglamentos y Pr�cticas Parlamentarias y Puntos Constitucionales y L.�n. Resulta claro que el proyecto de ley en cuesti�n fue aprobado, en violaci�n de las disposiciones legales invocadas, puesto que:

"Nunca se dio segunda lectura a la iniciativa de Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

"No discuti� y en su caso aprob� o rechaz�, la iniciativa de Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

"Al aprobar el punto del orden del d�a que conten�a el nuevo proyecto de la ley org�nica presentado en el mes de julio de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional, tan nuevo, que tratando de cubrir los requisitos de la ley org�nica fue acompa�ado de la siguiente solicitud de dispensa de segunda lectura:

"?... Los suscritos diputados integrantes de las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y Pr�cticas Parlamentarias, nos permitimos turnar a usted (al oficial mayor del Congreso del Estado) el dictamen de iniciativa de Ley Org�nica del Congreso del Estado, que fue turnado a estas comisiones para su an�lisis y dictamen correspondiente, para efectos de que d� cuenta del mismo a la presidencia en turno y �sta a su vez lo someta a la consideraci�n del Pleno, de conformidad con el art�culo 69, fracci�n VIII y 94 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado en vigor; asimismo, y por considerar este asunto como urgente y pronta resoluci�n, solicitamos se le dispense la segunda lectura del mismo, de conformidad como lo establece el numeral 97 en su fracci�n V del ordenamiento legal invocado.?

"Como ya se dijo, el diputado F�lix J.M.M. se opuso a la aceptaci�n del segundo proyecto argumentando que el decreto de la XLVI Legislatura deb�a ?discutirse, analizarse y aprobarse, en su caso?. En contra de lo argumentado por �ste, el diputado Jos� Ra�l G.�lez �vila manifest� que el proyecto elaborado por la anterior legislatura ?se retir�?, cosa que nunca ocurri�.

"1.3.7. Al infringirse lo dispuesto por los art�culos 95 y 97, fracci�n VII de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos publicada en el P.�dico Oficial de fecha veintid�s de marzo de mil novecientos noventa, vigente al momento en que se aprob� la norma cuya invalidez se reclama, es incuestionable que se viola lo ordenado por los art�culos 16 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que:

"El derecho es un sistema de normas constitutivas de un orden coactivo que rige a la conducta humana; dicho sistema parte de una Norma Fundamental, la cual regula el proceso de creaci�n y particularizaci�n de normas inferiores, hasta llegar a la norma individual, que contiene una sanci�n que coactivamente ha de imponerse a una persona determinada.

"Las normas de grado inferior son v�lidas y regulares, en la medida en que se haya observado plenamente el proceso de creaci�n previsto por la que es jer�rquicamente superior, de forma tal que la validez de la norma individualizada depende de la regularidad y respeto al cumplimiento de los procesos contenidos en las jer�rquicamente superiores.

"G.eralmente, la norma jur�dica de grado jer�rquico es general, abstracta e impersonal, y preferentemente contiene procesos de creaci�n de aquellas que le son jer�rquicamente inferiores. Conforme �stos se producen, las cuales son v�lidas por el respeto a la observancia del proceso de creaci�n comprendido en su norma superior, se va realizando la singularizaci�n de los mandatos jur�dicos que aqu�llas contienen hasta llegar a la norma individual por excelencia: la sentencia judicial, la cual porta siempre una sanci�n que coactivamente le ser� aplicada a uno o varios sujetos individualizados.

"D. proceso creador de las normas jur�dicas, del estudio de su jerarqu�a y del an�lisis de su contenido, podemos establecer una primera clasificaci�n fundamental de las mismas.

"?Las que contienen procesos de creaci�n de normas de grado jer�rquico inferior, a las cuales hemos de denominar normas primarias o creadoras; y,

"?Las que conllevan sanciones para una conducta antijur�dica, es decir, para el incumplimiento de un deber jur�dico, a las cuales hemos de denominar normas finales o sancionadoras.?

"Atendiendo a la clasificaci�n propuesta de las normas jur�dicas, se puede afirmar que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos es la Norma Fundamental primaria o creadora dentro del sistema jur�dico mexicano. Esto es as� puesto que en dicho ordenamiento jur�dico se establecen las reglas relativas a la creaci�n y particularizaci�n de normas jur�dicas inferiores.

"En tal virtud, todas las normas de grado inferior a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ser�n v�lidas, en la medida en que en su proceso de creaci�n se hayan observado las disposiciones que la Carta Magna consigna.

"En la especie, en el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad se reclama, no se observaron los ordenamientos jur�dicos aplicables relativos al proceso de creaci�n de normas, viol�ndose con ello los mandatos consignados en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por lo siguiente:

"En acatamiento del principio de legalidad consignado en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en las bases previstas por el art�culo 116 del mismo ordenamiento jur�dico, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el poder p�blico de dicha entidad federativa se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

"En t�rminos de la propia Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo L., se rige conforme a la ley org�nica que �ste expida.

"En el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n del ordenamiento jur�dico cuya invalidez se reclama, se violaron las disposiciones de la Ley Org�nica del Poder Legislativo en los t�rminos que han quedado precisados, infringi�ndose con ello los mandatos constitucionales invocados, puesto que:

"?Se viola el principio de legalidad que consagra el art�culo 16, al haberse aprobado una ley sin sujeci�n a las normas aplicables de la ley org�nica vigente en el momento de expedici�n de la norma.

"?Si la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, prev� que el Poder Legislativo de la entidad debe regirse por su respectiva ley org�nica, es incuestionable que al no haberse acatado este �ltimo ordenamiento jur�dico, se viola no nada m�s la Constituci�n L., sino tambi�n lo ordenado por el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a los poderes de las entidades federativas a regirse conforme a sus propias Constituciones, y a las leyes que de la misma emanen.?

"1.4. En virtud de lo anterior, este primer concepto de invalidez formulado debe declararse fundado.

"Segundo. La Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesi�n extraordinaria del Congreso del Estado de Morelos, de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, y publicada en el P.�dico Oficial ?Tierra y Libertad? del doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, es violatoria de los art�culos 5o., p�rrafo cuarto, 36, fracci�n IV, 39, 40, 41, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que:

"2.1. Los art�culos 5o., p�rrafo cuarto, 36, fracci�n IV, 39, 40, 41, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:

"2.1.1. Los art�culos 5o., p�rrafo cuarto y 36, fracci�n IV, prev�n que el desempe�o de los cargos de elecci�n popular es obligatorio.

"2.1.2. El art�culo 39 establece como principio fundamental lo que a continuaci�n se transcribe: ?Art�culo 39. La soberan�a reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.?.

"2.1.3. El art�culo 40 en su parte conducente a la letra establece que:

"?Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior ...?

"2.1.4. El art�culo 41 prev� lo que a continuaci�n se transcribe:

"?Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n Federal y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

"?La renovaci�n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas ...?

"2.1.5. El t�tulo IV de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos (art�culos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114), contiene el r�gimen de responsabilidades de los servidores p�blicos. Dicho r�gimen es una defensa subsidiaria de la propia Constituci�n y de las leyes federales; en este contexto establece responsabilidades para servidores p�blicos locales. Pero adem�s establece las reglas b�sicas para la estructura de los reg�menes de responsabilidades locales.

"Por lo que hace a las entidades federativas establece en el art�culo 108 la responsabilidad de los servidores locales en lo que se refiera a la Constituci�n y leyes federales. El tercer p�rrafo de dicho mandato constitucional establece:

"?Art�culo 108. ... Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas L.es, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, ser�n responsables por violaciones a esta Constituci�n y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.?

"En lo que se refiere a las responsabilidades locales, el �ltimo p�rrafo del propio art�culo 108, las delega a las Constituciones de los Estados en los siguientes t�rminos:

"?... Las Constituciones de los Estados de la R.�blica precisar�n, en los mismos t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo, y para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en los Estados y en los Municipios.?

"Corresponde, pues por determinaci�n de la Constituci�n de la R.�blica, a las Constituciones L.es fijar las bases de la responsabilidad a nivel local atentas las limitaciones que aqu�lla imponga. El art�culo 109 de la Constituci�n G.eral, en su parte conducente establece:

"?Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidad de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

"?I. Se impondr�n, mediante juicio pol�tico, las sanciones indicadas en el art�culo 110 a los servidores p�blicos se�alados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho.

"?No procede el juicio pol�tico por la mera expresi�n de ideas.

"?II. La comisi�n de delitos por parte de cualquier servidor p�blico ser� perseguido y sancionado en los t�rminos de la legislaci�n penal; y,

"?III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones ...?

"La fracci�n I del art�culo 109 antes transcrito, se refiere a la responsabilidad pol�tica y hace una remisi�n al art�culo siguiente.

"El art�culo 110, por su parte, en su p�rrafo segundo se�ala como servidores p�blicos a los diputados locales, y el tercer p�rrafo a la letra establece:

"?Art�culo 110. Las sanciones consistir�n en la destituci�n del servidor p�blico y en su inhabilitaci�n para desempe�ar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio p�blico ...?

"Dada la remisi�n que el art�culo 109 hace al 110, es indudable que la destituci�n de un diputado local es una sanci�n que s�lo puede imponerse como consecuencia de un juicio pol�tico conforme a la Constituci�n del Estado.

"La fracci�n II del art�culo 109 de la Constituci�n de la R.�blica, antes transcrito, se refiere a la responsabilidad penal imponiendo como regla que �sta se perseguir� de acuerdo con la legislaci�n penal aplicable, en cuyo caso se requerir� de la declaratoria de procedencia prevista en el art�culo 111, que tendr� por efecto separar al funcionario de que se trate de su cargo en tanto est� sujeto a proceso.

"Por �ltimo, la fracci�n III del art�culo 109 se refiere a la responsabilidad administrativa, mencionando que se aplicar�n sanciones en los casos ah� previstos.

"El art�culo 116, en su parte conducente dispone: ?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"?Los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas ...?

"2.2. De las disposiciones legales referidas en el apartado 2.1. anterior, se desprende:

"?Que dentro de nuestro sistema constitucional el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, s�lo puede ejercerse a trav�s de los �rganos creadores y reformadores de la Constituci�n G.eral de la R.�blica y las de los Estados, en su caso, o sea a trav�s del Poder Constituyente, general o estatal.

"?Que la estructura, funcionamiento, competencia y relaciones de los �rganos ejecutivos, legislativo y judicial de las entidades federativas, deben quedar consignadas en las Constituciones de los Estados, y que las leyes que de las mismas emanen no pueden ir m�s all� de aqu�llas.

"?Que las Constituciones Estatales implican el establecimiento de un orden jur�dico y la creaci�n de los �rganos necesarios para el ejercicio del poder, como expresi�n de la voluntad del pueblo, en quien radica la soberan�a. En tal virtud, es a las Constituciones a quienes corresponde definir y presentarel status de sus representantes y no dejarlo en manos de las legislaturas, que nunca podr�n arrogarse la facultad de juzgar o no la conveniencia de que un representante permanezca o no con tal status, convirti�ndose en censor y Juez del voto popular y arrog�ndose la facultad de desconocerlo.

"?Que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos reserva la p�rdida del cargo o la suspensi�n de los servidores p�blicos por ella se�alados, al juicio pol�tico y al desafuero.

"?Que corresponde a las Constituciones de los Estados, fijar las bases de la responsabilidad de los servidores p�blicos a nivel local, atentas las limitaciones que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?

"2.3. En el cap�tulo tercero del ordenamiento jur�dico que se impugna, se establece el estatuto de los diputados, derechos, obligaciones y sanciones.

"El art�culo 22 del ordenamiento impugnado en su parte conducente establece lo que a continuaci�n se transcribe:

"?Art�culo 22. Las sanciones disciplinarias que podr�n aplicarse a los diputados son:

"?I.A.;

"?II. A.�n;

"?III. A.�n con constancia en acta;

"?IV. D.�n de su remuneraci�n;

"?V.S.�n de sus derechos y obligaciones;

"?VI. P�rdida del cargo;

"?Las causas y los mecanismos de aplicaci�n de las medidas disciplinarias se estipular�n y se sujetar�n a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.?

"2.4. Es incuestionable que lo previsto por el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos es violatorio de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, atentas las razones que a continuaci�n se exponen:

"Seg�n qued� precisado, es a las Constituciones de los Estados a quienes corresponde fijar las bases de la responsabilidad de los servidores p�blicos a nivel local, atentas las limitaciones que establece la Constituci�n Federal.

"La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, prev� que la destituci�n de un diputado local es una sanci�n que s�lo puede imponerse como consecuencia de un juicio pol�tico conforme a la Constituci�n del Estado. Tal criterio es reiterado por la Constituci�n del Estado en su art�culo 135 que dispone:

"?Art�culo 135. El gobernador, los diputados al Congreso del Estado y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia son responsables en los t�rminos del t�tulo cuarto de la Constituci�n G.eral de la R.�blica.?

"El procedimiento para el juicio pol�tico se establece en los art�culos 137, 138 y 139 de la Constituci�n Pol�tica para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

"La Constituci�n Federal, al referirse a la responsabilidad penal, impone como regla que �sta se perseguir� de acuerdo con la legislaci�n penal, y previa la declaratoria correspondiente, que tendr� por efecto separar de su encargo al probable responsable. En observancia de la Carta Magna, la Constituci�n del Estado de Morelos prev� en estos casos la suspensi�n de funciones y la puesta a disposici�n a los tribunales comunes, o sea, el ?desafuero? (Art. 136).

"Por lo que se refiere a la responsabilidad administrativa, en congruencia con la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el art�culo 141 de la Constituci�n del Estado de Morelos, establece:

"?Art�culo 141. La responsabilidad administrativa de los servidores p�blicos se fijar� y sancionar� de acuerdo a las leyes correspondientes.?

"Esta responsabilidad no podr� sancionarse con la p�rdida o suspensi�n del cargo, que la Constituci�n de la R.�blica y la del Estado reserva al desafuero y al juicio pol�tico, para los servidores p�blicos se�alados en la Constituci�n Federal, o sea, los que gozan de fuero constitucional.

"As� lo entendi� el propio legislador de Morelos, que en el art�culo 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado que se encuentra en vigor, estableci�: ?Las responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos de los Poderes Legislativo y Judicial, cuando no se trate de los diputados del Congreso del Estado y de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia respectivamente, se fincar�n y sancionar�n de acuerdo con lo establecido en sus respectivas leyes y reglamentos.?.

"Por �ltimo, debe destacarse que la Constituci�n del Estado prev� que si no se presentan los diputados a la apertura de sesiones, dentro de los plazos establecidos ?se entender� que por ese solo hecho, que hay causa bastante para considerarlos separados del cargo.? (Art. 31). �nico caso considerado de separaci�n del cargo.

"De lo antes expuesto, se desprende que la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos consigna de manera clara el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, principio este que se deriva de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"En t�rminos de los anterior resulta claro que la ley que ahora se impugna es inconstitucional, por lo siguiente:

"Las sanciones que establece el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, no se encuentran previstas como tales en la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"No se especifican las causas por virtud de las cuales se pueden aplicar las sanciones previstas en dicho precepto legal, deleg�ndose la determinaci�n de dichas causas a un reglamento.

"Se establecen tales como la suspensi�n y la p�rdida del cargo, cuando dichas sanciones se reservan al juicio pol�tico y al desafuero para los diputados locales.

"La legislatura, v�a ley secundaria, se atribuye la facultad de juzgar o no la conveniencia de que un representante permanezca o no con tal status, convirti�ndose as� en censor y Juez del voto popular arrog�ndose la facultad de desconocerlo.

"En s�ntesis, se infringe el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, que se deriva de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"En virtud de los anteriores razonamientos, este segundo concepto de invalidez debe declararse fundado.

"Tercero. La Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesi�n extraordinaria del Congreso del Estado de Morelos, de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, y publicada en el P.�dico Oficial ?Tierra y Libertad? del doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, viola los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que:

"Los mencionados art�culos, seg�n qued� expresado en el concepto anterior, establecen que la soberan�a del pueblo se expresa en las Constituciones de los Estados en lo que hace al �mbito normativo que corresponde a �stos y se ejercita a trav�s de ellas. Es a las Constituciones de los Estados a las que les corresponde organizar y dotar de facultades a los �rganos legislativo, ejecutivo y judicial y no a �stos arrog�rselas por su cuenta, contraviniendo la Constituci�n Estatal que dispone algo distinto.

"El art�culo 38 del ordenamiento impugnado establece:

"?Art�culo 38. La C.�n del R�gimen Interno y C.�n Pol�tica, tendr� las siguientes atribuciones: ... d) Autorizar la plantilla de personal y sus movimientos, as� como el tabulador de sueldos ... h) Designar al director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, al secretario t�cnico de la propia comisi�n y al director del �rea de Comunicaci�n Social del Congreso del Estado.?

"De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 40, fracci�n XXVI de la Constituci�n del Estado, esta facultad corresponde al Congreso, al que le asigna ?Nombrar y remover a los trabajadores al servicio del Poder Legislativo con arreglo a las leyes a que se refiere la fracci�n XX.?; la fracci�n citada se refiere a las leyes relativas a la relaci�n de trabajo entre los poderes y los Ayuntamientos del Estado y sus trabajadores.

"Aunque el contenido de las facultades a que se refiere la disposici�n que se cuestiona parece inocuo, se fundamentan, sin embargo, en un grav�simo principio: el desplazamiento de facultades del Congreso a las comisiones sustray�ndolas a la votaci�n de la mayor�a de sus miembros y someti�ndolas a minor�as transitorias que forman sus comisiones.

"La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en el art�culo 116 establece:

"?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo ...?

"En su fracci�n II, el propio art�culo 116 configura a las Legislaturas de los Estados como una asamblea de representantes, proporcionales a la poblaci�n.

"El art�culo 41 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece el mandato de que los Poderes de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, son el medio para ejercer la soberan�a popular que establece el art�culo 39 del propio ordenamiento jur�dico invocado, en los t�rminos de sus Constituciones particulares que en ning�n caso podr�n contravenir el Pacto Federal.

"Los art�culos 20 y 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"El art�culo 24 de la Constituci�n del Estado establece:

"?El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos ...?. A dicha asamblea la dota de competencias. Entre otras, las que corresponden a nombramientos y remociones que contiene el art�culo 40, fracci�n XX citado.

"El art�culo 38 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, desconoce a �ste el car�cter de asamblea, que es la esencia del �rgano legislativo y deposita funciones que corresponden al Legislativo como asamblea a un grupo de representantes.

"Con ello contraviene los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que:

"Se regula un Poder Estatal por ley y no por la Constituci�n del Estado, como lo exige el art�culo 41 con toda claridad. Es m�s, las disposiciones de la ley org�nica son contrarias a las de la Constituci�n del Estado y en este caso, la contradicci�n viola el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Contrar�a el principio de no concentraci�n del Legislativo, que contiene el art�culo 116, depositando una facultad del Legislativo en un grupo de personas, distinto de la asamblea legislativa en quien las Constituciones Federal y de los Estados han depositado la soberan�a popular.

"Toda vez que de lo anterior se advierte con claridad que el ordenamiento jur�dico cuya invalidez se reclama, viola los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, este tercer concepto de invalidez expresado debe declararse fundado.

"Cuarto. La Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesi�n extraordinaria del Congreso del Estado de Morelos de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, y publicada en el P.�dico Oficial ?Tierra y Libertad? del doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, viola los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"En efecto:

"El art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos establece en su segundo p�rrafo:

"?Art�culo 38. ... El Congreso expedir� la ley que en lo sucesivo regular� su estructura y funcionamiento interno la cual no podr� ser vetada ni requerir� promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.?

"El mandato es correcto. Atiende al respecto a la representaci�n legislativa reconoci�ndole su autonom�a pero define clara y constitucionalmente los l�mites de la ley org�nica, que se limitan a la organizaci�n y funcionamiento interno.

"Diversos art�culos de la ley impugnada rebasan con mucho tales l�mites, contrariando la naturaleza org�nica de dicha ley, imponiendo obligaciones a personas ajenas al Congreso, violando con ello las normas constitucionales que establecen la competencia de �rganos administrativos federales y estatales y con ello contraviniendo el art�culo 116 que impone la divisi�n de poderes a los Estados.

"Dichas violaciones se realizan dotando de facultades exorbitantes e ilimitadas a las comisiones del Congreso.

"El art�culo 39 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, establece:

"?Art�culo 39. Las comisiones del Congreso son �rganos colegiados cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y dem�s asuntos que les sean turnados.?

"Diversos art�culos que contienen las facultades de las comisiones rebasan tales acotamientos, seg�n se expone a continuaci�n:

"El art�culo 53 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, dispone:

"?Art�culo 53. Corresponde a la C.�n de Justicia y Derechos Humanos: ... b) Dar seguimiento a las recomendaciones de la C.�n Estatal de Derechos Humanos.?

"El art�culo 102 inciso B de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"?El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados en el �mbito de sus respectivas competencias, establecer�n organismos de protecci�n de los derechos humanos que otorga el orden jur�dico mexicano, los que conocer�n de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor p�blico, con excepci�n de los del Poder Judicial de la Federaci�n, que violen estos derechos. Formular�n recomendaciones p�blicas aut�nomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.?

"El art�culo 85-C de la Constituci�n Estatal, establece la creaci�n de la C.�n Estatal de los Derechos Humanos en los t�rminos en los que la propia Constituci�n G.eral determin� en el art�culo antes transcrito, misma instituci�n que fue creada por el propio Congreso Estatal por ley publicada el 22 de julio de 1992.

"Las C.ones de Derechos Humanos son organismos aut�nomos que llevan su propio control y seguimiento. Tal autonom�a se pierde si el Congreso se superpone a ellas.

"El mismo art�culo 53 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, establece: ?Art�culo 53. Corresponde a la C.�n de Justicia y Derechos Humanos: ... d) Conocer de los asuntos relacionados con la procuraci�n e impartici�n de justicia. e) Emitir opini�n sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes de la materia.?.

"Las facultades anteriores constituyen una violaci�n a las normas constitucionales que establecen la competencia del Poder Judicial donde no se hacen distinciones entre la Justicia Federal y la estatal.

"Emitir opini�n sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes sobre la materia ser�a facultar al Congreso para discutir y revisar sentencias.

"El art�culo 53 otorga facultades que permitir�an al Legislativo una posici�n jer�rquica sobre el Judicial, viol�ndose el p�rrafo segundo del art�culo 116.

"T.�n constituye una violaci�n a las normas constitucionales que establecen la competencia de la Procuradur�a G.eral de Justicia del Estado, al establecer una injerencia del Congreso en la procuraci�n de justicia. El art�culo 40 de la Constituci�n Estatal no establece facultades para que el Congreso pueda ?conocer los asuntos relacionados con la procuraci�n de justicia?, y los art�culos 79-A y 79-B regulan la instituci�n del Ministerio P�blico y sus atribuciones.

"Observaciones semejantes pueden hacerse sobre el art�culo siguiente:

"El art�culo 54 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, establece:

"?Art�culo 54. ... La C.�n de Trabajo y Previsi�n Social tendr� bajo su responsabilidad: ... b) Opinar sobre la pol�tica laboral y desempe�o de los tribunales laborales.?

"Esta vez, las facultades se extienden a �rganos administrativos que desempe�an la funci�n jurisdiccional y constituyen verdaderos tribunales. El art�culo 59 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos establece:

"?Art�culo 59. Corresponde a la C.�n de Desarrollo Agropecuario el conocimiento de los asuntos siguientes: a) Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo agropecuario que ejecute el Gobierno del Estado en favor de ejidatarios, comuneros o peque�os propietarios agr�colas, forestales y ganaderos, que sean competencia estatal, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia ... c) Lo relacionado a pol�ticas de inversi�n, financiamiento, subsidios, apoyo t�cnico e investigaci�n en la producci�n, industrializaci�n y comercializaci�n de productos agropecuarios.?

"El art�culo 60 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, establece:

"?Art�culo 60. Corresponde a la C.�n de Medio Ambiente y Recursos Naturales: ... b) Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectaci�n del entorno ambiental, que puedan producir los establecimientos industriales, comerciales y los desarrollos urbanos; c) Coadyuvar con las pol�ticas y programas educativos sobre ecolog�a y preservaci�n del medio ambiente.?

"El art�culo 116 de la Constituci�n G.eral establece que:

"?Art�culo 116. El poder de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas ...?

"Ahora bien, en todos estos supuestos se est� facultando a las comisiones de trabajo interno del Congreso para que tengan intervenci�n o injerencia en la funci�n p�blica conferida al Poder Ejecutivo, pues se se�ala que estos �rganos colegiados pueden de manera general conocer, opinar y hasta coadyuvar en algunas de las ramas que componen la administraci�n p�blica, viol�ndose con ello las normas constitucionales que establecen la competencia del Poder Ejecutivo del Estado.

Por lo tanto, se contraviene el principio constitucional que establecen los art�culos 40, 41 y 116 de la Constituci�n G.eral de la R.�blica, que erigen la divisi�n de poderes como una de las decisiones pol�ticas fundamentales del pueblo mexicano y que son una norma para las Constituciones de los Estados, y en consecuencia este cuarto concepto de invalidez expresado debe declararse fundado.

TERCERO

El presidente del Congreso del Estado de Morelos, rindi� su informe en los siguientes t�rminos:

"Primera. La acci�n de inconstitucionalidad ejercitada debe declararse improcedente, con apoyo en lo dispuesto por los art�culos 59 y 65 en relaci�n con los art�culos 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los recurrentes presentaron en forma extempor�nea la acci�n de inconstitucionalidad ejercitada en el presente asunto, como se desprende de lo que a continuaci�n se expresa:

"El art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, establece en su p�rrafo segundo que: ?El Congreso expedir� la ley que en lo sucesivo regular� su estructura y funcionamiento interno, la cual no podr� ser vetada ni requerir� promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.?.

"Por promulgaci�n debe entenderse el acto mediante el cual se da publicidad a la ley, es decir el acto de publicaci�n de la misma. Esto debe interpretarse as�, porque ni la Constituci�n G.eral de la R.�blica ni la particular del Estado de Morelos distinguen como actos o momentos distintos la promulgaci�n y publicaci�n de la norma, m�s bien se refieren a ellos como sin�nimos. Por ejemplo, la primera refiere la promulgaci�n en el inciso c) del art�culo 72 al establecer que: ?... si por�sta fuese sancionado por la misma mayor�a, el proyecto ser� ley o decreto y volver� al Ejecutivo para su promulgaci�n.?. El mismo art�culo establece en su inciso a) que ?aprobado un proyecto en la c�mara de su origen, pasar� para su discusi�n a la otra. Si �sta lo aprobare, se remitir� al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, lo publicar� inmediatamente?. De lo anterior se hace evidente que el legislador para referirse al mismo acto utiliz� dos vocablos diferentes.

"Por lo que toca a la Constituci�n L., en ninguna parte del cap�tulo VI denominado ?De la iniciativa y formaci�n de leyes? se refiere al vocablo promulgaci�n. Por ejemplo, el art�culo 44 establece que para que una iniciativa tenga el car�cter de ley o decreto requiere: ?... La sanci�n del Ejecutivo y su publicaci�n en el �rgano oficial del Estado.?.

"Asimismo, el art�culo 47 establece que: ?Los proyectos de leyes o decretos aprobados por el Congreso se remitir�n al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, los publicar� inmediatamente.?. Por su parte, el art�culo 70, fracci�n XVII refiere como facultad del Ejecutivo: ?Promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado ...?. El legislador de nuestra Constituci�n L. tambi�n se refiri� indistintamente al mismo acto como sin�nimo.

"T.�n diversos constitucionalistas no encuentran distinci�n en el acto de publicaci�n y promulgaci�n como se aprecia a continuaci�n:

"El Dr. J.C., considera como sin�nimos a la promulgaci�n y publicaci�n (C.M., J.. El Presidencialismo Mexicano; tercera edici�n, M�xico, S.X., 1993, p�gina 92). E.G.�a M., considera que la promulgaci�n encierra dos actos distintos, por el primero, el Ejecutivo da a conocerla a quienes deben cumplirla (G.�a M., E.. I.�n al Estudio del Derecho; 29� edici�n, M�xico, Editorial Porr�a, 1978, p�gina 61).

"F.T.R.�rez se�ala que el acto de promulgaci�n comprende al de la publicaci�n, al sostener que ?por la promulgaci�n de la ley el Ejecutivo autentifica la existencia y regularidad de la ley, ordena su publicaci�n y manda a su agentes que la hagan cumplir.? (T.R., F.. Derecho Constitucional Mexicano; 18� edici�n, M�xico, Editorial Porr�a, 1981, p�gina 489).

"Por otra parte, el Diccionario Universal de T�rminos Parlamentarios, publicado por el Instituto de Investigaciones Legislativas de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en el a�o de 1997, en el Volumen 1, Tomo I, Serie II, p�gina 792, se�ala que el vocablo promulgaci�n proviene del lat�n promulgare, que significa: ?publicar una cosa solemnemente?.

"El mismo diccionario, tambi�n define como el ?dictar y divulgar formalmente una ley u otra disposici�n de la autoridad para que sea cumplida?. Por tanto, al establecer nuestra Constituci�n L., en su art�culo 38, que la ley que regula la estructura y funcionamiento interno no requiere promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia, debe entenderse que esta ley no requiere publicaci�n para el inicio de su vigencia. As� lo interpret� el legislador al momento de expedir la ley que se impugna, tal y como se desprende de su art�culo primero transitorio, que estableci� como inicio de su vigencia ?al d�a siguiente de su aprobaci�n?. T.�n as� lo interpret� el legislador al expedir la Ley Org�nica del Congreso del Estado, aprobada el 31 de enero de 1990, al establecer en su transitorio primero que su vigencia iniciar�a ?el d�a de su aprobaci�n por el Congreso del Estado?.

"Si bien, el legislador orden� en ambos casos su publicaci�n en el �rgano oficial, lo hizo exclusivamente para efectos de su divulgaci�n, mas no para el inicio de su vigencia.

"Aqu� cabe cuestionarse, si la ley impugnada, al no requerir para su vigencia de publicaci�n o promulgaci�n alguna, �A partir de cu�ndo iniciar� el t�rmino para su eventual impugnaci�n o para la interposici�n de los recursos legales procedentes? Por tanto debe tambi�n ser atendido el hecho de que en los Estados de la R.�blica, diversas leyes org�nicas de los Congresos L.es no requieren promulgaci�n o publicaci�n para cobrar vigencia.

"En s�ntesis, la ley impugnada al iniciar su vigencia el d�a 4 de noviembre de 1997, el t�rmino de 30 d�as naturales para acudir a la acci�n de inconstitucionalidad, prevista por el art�culo 105, fracci�n II de la Constituci�n G.eral de la R.�blica, precluy� el d�a 3 de diciembre de 1997. Por tanto al presentarse la demanda hasta el d�a 11 de diciembre de 1997, los promoventes lo hicieron fuera del t�rmino legal, surtiendo efecto la causal de improcedencia establecida por el art�culo 65 relacionado con el 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Segunda. T.�n se surte en la especie la causal de improcedencia establecida por el art�culo 65, en relaci�n con el 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"El art�culo 65 del citado ordenamiento establece que:

"?En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al art�culo 25, podr� aplicar las causales de improcedencia establecidas en el art�culo 19 de esta ley, con excepci�n de su fracci�n II respecto de leyes electorales, as� como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del art�culo 20.?

"El art�culo primero transitorio, de la ley que se impugna, establece que:

"?La presente ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su aprobaci�n.?. Al aprobarse el d�a 3 de noviembre de 1997, entr� en vigor el d�a 4 de noviembre del mismo a�o, habi�ndose aplicado durante el desahogo de la primera sesi�n del segundo periodo ordinario de sesiones del primer a�o de ejercicio constitucional celebrada el d�a 4 de noviembre de 1997, lo que se desprende del contenido del Semanario de los Debates a fojas 3 que dice lo siguiente: ?Se va a proceder a pasar lista de los ciudadanos diputados en base al art�culo 12 inciso A) de la Ley Org�nica del Congreso del Estado y �sta se realizar� en forma alfab�tica (pasa lista).?, constituyendo �ste, el primer acto de aplicaci�n de la ley que se impugna. Por tanto, es incuestionable que al haberse presentado la demanda hasta el d�a 11 de diciembre de 1997, los promoventes lo hicieron fuera del t�rmino que previene el segundo supuesto del art�culo 21, fracci�n II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que resulta aplicable por as� desprenderse de lo dispuesto por el art�culo 65 en relaci�n con los art�culos 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II del mismo ordenamiento. M�s a�n cuando de acuerdo con lo establecido por el art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, esta ley no requiere promulgaci�n (publicaci�n) para el inicio de su vigencia.

"A mayor abundamiento, el p�rrafo segundo de la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Federal determina que, las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse dentro de los 30 d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma. Por su parte, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Mexicana establece en su art�culo 60 que: el plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de 30 d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley impugnada sea publicada en el correspondiente medio oficial. Sin embargo en el art�culo 21 de la ley reglamentaria antes se�alada encontramos que el plazo para la interposici�n de la demanda ser�, trat�ndose de normas generales, de 30 d�as contados a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

"Como se desprende de la Constituci�n Federal, en su art�culo 70, p�rrafos segundo y cuarto, es facultad del Congreso de la Uni�n, expedir la ley que regule su estructura y funcionamiento internos, por otra parte, la Constituci�n determina que la ley que expida el Congreso, no podr� ser vetada, ni necesitar� de promulgaci�n del Ejecutivo Federal para tener vigencia, asimismo, en el art�culo 3o. p�rrafo segundo de la Ley Org�nica del Congreso G.eral de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que: ?Esta ley, sus reformas y adiciones, no necesitar�n de promulgaci�n del presidente de la R.�blica, ni podr�n ser objeto de veto.?. Por su parte, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, determina en su art�culo 38, p�rrafo segundo que: ?El Congreso expedir� la ley que en lo sucesivo regular� su estructura y funcionamiento interno, la cual no podr� ser vetada ni requerir� promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.?. En este orden de ideas, la parte demandante present� su acci�n de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el d�a 11 de diciembre del a�o de 1997, es decir 37 d�as naturales, despu�s del inicio de la vigencia de la Ley Org�nica del Congreso del Estado. Sin embargo, no hay que perder de vista lo se�alado en el art�culo 21, fracci�n II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, que contempla la hip�tesis de que el t�rmino de 30 d�as naturales, para la presentaci�n de acciones de inconstitucionalidad impugnando normas generales, empieza a contar a partir del d�a siguiente, al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la acci�n de inconstitucionalidad. Esta disposici�n puede ser aplicada, en el caso que nos ocupa, en virtud de lo establecido por el art�culo 59 de la ley reglamentaria, a que hemos venido haciendo referencia que a la letra se�ala: ?En las acciones de inconstitucionalidad se aplicar�n en todo aquello que no se encuentre previsto en este t�tulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el t�tulo segundo.?.

"A nuestro juicio, �ste es el caso de la Ley Org�nica del Congreso, y por lo mismo, y por otras consideraciones que razonaremos y fundamentaremos m�s adelante, el plazo a partir del cual debe iniciarse la cuenta del t�rmino para la interposici�n de la acci�n de inconstitucionalidad, debe ser a partir del d�a siguiente en el que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar al ejercicio de la acci�n de inconstitucionalidad.

"As� las cosas, los actores presentaron su demanda 37 d�as despu�s, del primer acto de aplicaci�n de la norma impugnada; por tal raz�n, no satisficieron el t�rmino previsto en el art�culo 21, fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Federal (sic), por lo mismo, en su momento, el Ministro instructor debe recomendar la improcedencia de la demanda en virtud de que fue presentada fuera del t�rmino a que se refiere el art�culo 21, fracci�n II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, fundando su resoluci�n en los siguientes argumentos:

"1. De conformidad con una clasificaci�n de las normas jur�dicas, respecto a su aplicaci�n, �stas pueden ser de vigencia determinada y de vigencia indeterminada. Por regla general, �sta se determina en art�culos transitorios de las leyes que expide el Congreso de la Uni�n y los Congresos de los Estados, as� por ejemplo, sabemos que las normas jur�dicas de vigencia indeterminada, empiezan a regir un d�a, de un mes, de determinado a�o, pero no se sabe cu�ndo dejar�n de tener vigencia, en cambio, las normas jur�dicas de vigencia determinada, nos indican cu�ndo empiezan a aplicarse y cu�ndo termina su vigencia, como es el caso de las Leyes de Ingresos y de los Presupuestos de Egresos del Gobierno Federal y de las entidades federativas del pa�s.

"2. En el caso particular de la Ley Org�nica del Congreso, como ya se se�al�, tiene como finalidad organizar la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado, por lo mismo es una ley que s�lo se aplica al interior del Congreso y como ya se se�al�, en el cuerpo de este informe para el inicio de su vigencia, es decir, para que pueda ser aplicada, no requiere de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado, ya que por otra parte, en el art�culo primero transitorio de la ley org�nica impugnada, se establece claramente lo siguiente:

"?Art�culo 1o. La presente ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su aprobaci�n.?

"Por estas consideraciones, reiteramos nuestro razonamiento en el sentido de que los 30 d�as naturales para la interposici�n de la acci�n de inconstitucionalidad, debe contarse a partir del d�a 4 de noviembre de 1997, fecha en que inici� su vigencia la Ley Org�nica del Congreso, y no a partir del d�a 13 de noviembre, es decir, un d�a despu�s de su publicaci�n; consideramos importante destacar que en el art�culo sexto transitorio de la ley org�nica se determina lo siguiente:

"?Para efectos de su publicidad, rem�tase un ejemplar de la presente al secretario general de Gobierno del Estado, en su car�cter de director del P.�dico Oficial �Tierra y Libertad� �rgano de difusi�n del Gobierno Libre y Soberano de Morelos, para su publicaci�n correspondiente.?

"3. Para mayor ilustraci�n, tal y como se desprende de varias leyes aprobadas por el Congreso de la Uni�n, encontramos que son publicadas en una determinada fecha, pero en art�culos transitorios, se determina que la vigencia se inicia en fechas diferentes del d�a siguiente de su publicaci�n, por ejemplo, el lunes 10 de enero de 1994, en el Diario Oficial n�mero 6, se public� un decreto que reforma, adiciona y deroga diversos art�culos de varios c�digos, de la Ley de Amparo, del C�digo Civil para el Distrito Federal y de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, entre otras; en el art�culo primero transitorio se determina lo siguiente: ?el presente decreto entrar� en vigor el primero de febrero de 1994?.

"Como se puede observar en este ejemplo, el decreto fue publicado el 10 de enero de 1994, y si se atendiera con rigor a lo dispuesto en la fracci�n II, p�rrafo segundo, del art�culo 105 constitucional, las normas jur�dicas contempladas en el decreto que se comenta, iniciar�an su vigencia a partir del martes 11 de enero del mismo a�o. Sin embargo, como ya lo se�alamos, en el art�culo primero transitorio, se establece que el decreto iniciar� su vigencia hasta el d�a 1o. de febrero, del mismo a�o de 1994.

"Por otra parte, en el mismo tenor, podr�amos apuntar que varias reformas a los art�culos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n, no est�n vigentes, tal es el caso de las reformas que se hicieron al art�culo 82, que se refiere a los requisitos que deben ser satisfechos para poder ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el art�culo transitorio respectivo, se determina que esta reforma iniciar� su vigencia hasta el a�o de 1999, podr�amos seguir se�alando ejemplos, en los que la iniciaci�n de la vigencia de las leyes que expiden los Congresos de la Uni�n y de las entidades federativas por regla general, inician su vigencia al d�a siguiente de su publicaci�n en el �rgano oficial respectivo, sin embargo, en un n�mero importante de casos, la iniciaci�n de la vigencia es a partir de la fecha que se se�ala en los art�culos transitorios respectivos.

"4. Finalmente, en el caso particular de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, por su car�cter de aut�noma y de no requerir de la promulgaci�n por parte del Poder Ejecutivo Estatal, y por as� se�alarlo en su art�culo primero transitorio, inici� su vigencia a partir del d�a 4 de noviembre del a�o de 1997, fecha en que inici� su aplicaci�n, ya que en la junta previa realizada en esa ocasi�n y en la sesi�n del d�a 5 de noviembre del mismo a�o, fecha en que se inici� el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, varios art�culos de la ley que se impugnan fueron aplicados.

"Este Supremo Tribunal deber� tener presente que en nuestro sistema jur�dico mexicano, la promulgaci�n (o publicaci�n) de una norma constituye una fase del proceso legislativo, necesaria para el inicio de la vigencia. Sin embargo, por lo que toca a la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, as� como a diversas leyes org�nicas de casi todas las entidades federativas, incluida la propia Ley Org�nica del Congreso G.eral de los Estados Unidos Mexicanos, no requieren de su promulgaci�n para entrar en vigor. Por lo que podr�amos decir que constituyen una excepci�n a la regla general.

"Bien podr�a ocurrir que una de estas leyes org�nicas no sean publicadas, no obstante que haya iniciado su vigencia, lo que en una interpretaci�n aislada del segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 105 constitucional podr�a dejar en estado de indefensi�n a quien quisiera recurrirlas puesto que no podr�a iniciar el c�mputo de treinta d�as naturales ?a partir de su publicaci�n? a que se refiere dicha disposici�n. Por tanto, por lo que corresponde a las normas cuya promulgaci�n (publicaci�n) no se requiere para el inicio de su vigencia, en una interpretaci�n correcta, debe entenderse que el t�rmino para acudir a la acci�n de inconstitucionalidad debe contar a partir de la entrada en vigor de dicha norma o m�s exactamente a partir del primer acto de aplicaci�n de la ley que se impugna, como lo previene la segunda hip�tesis de la fracci�n II del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"En este orden de ideas, la acci�n de inconstitucionalidad, motivo del presente asunto, fue presentada fuera del t�rmino que se establece en la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, por lo que debe declararse su improcedencia.

"Tercera. Debe declararse improcedente la acci�n de inconstitucionalidad que combate ?los acuerdos tomados por mayor�a, por los que se aprob� el proyecto presentado en la sesi�n extraordinaria de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el 3 de noviembre de 1997?, porque no pueden ser atacados en v�a de acci�n de inconstitucionalidad, dado que la naturaleza de esta v�a es la declaratoria de invalidez de una norma de car�cter general y en el caso, los acuerdos tomados durante el proceso legislativo que dio lugar a la norma son meros tr�mites administrativos que de ninguna manera se equiparan a la naturaleza de la norma general, por tanto al no encontrarse en el supuesto establecido por la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n G.eral de la R.�blica, debe declararse la improcedencia de la acci�n de inconstitucionalidad por lo que toca a dichos actos, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 19, fracci�n VIII en relaci�n con los art�culos 20, fracci�n III y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia debe declararse el sobreseimiento de la acci�n de inconstitucionalidad con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II de la disposici�n citada.

"Cuarta. Debe declararse improcedente la acci�n de inconstitucionalidad en virtud de que la ley que se combate no es de car�cter general sino particular.

"Como lo se�ala el art�culo 105, fracci�n II de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de inconstitucionalidad pueden plantearse cuando se presume la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n, en este orden de ideas, en primer lugar habr�a que analizar y determinar, en su caso, si la norma impugnada, es decir, la Ley Org�nica del Congreso, tiene el car�cter de norma general, ya que de no ser as�, tendr�a que declararse la improcedencia de la acci�n de inconstitucionalidad, as� las cosas, siguiendo ladoctrina, encontramos que no todas las normas son para todas las personas, ya que existen normas que s�lo tienen validez para un grupo que puede ser extenso o reducido de personas, y otras que s�lo son v�lidas para personas determinadas; por tal raz�n, atendiendo al �mbito personal de validez, las normas jur�dicas pueden ser:

"a) G.erales o v�lidas para todas las personas.

"b) G.�ricas o v�lidas para un grupo extenso o g�nero de personas.

"c) E.�ficas o v�lidas para un grupo reducido y limitado de personas (una especie).

"d) Individualizadas o v�lidas s�lo para individuos determinados.

"En el caso de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, aprobada el 3 de noviembre del a�o de 1997, nos encontramos ante una ley secundaria que desarrolla el texto de la Constituci�n del Estado, regulando la estructura y el funcionamiento del Poder Legislativo, por tal raz�n, no tiene el car�cter de norma general, requisito constitucional para que el m�s Alto Tribunal del pa�s pueda conocer de una acci�n de inconstitucionalidad. Profundizando, podemos se�alar que las normas generales son aquellas que se dirigen no a individuos en particular, sino a un g�nero de personas, es decir, se refieren a clases de comportamientos que pueden ser realizados por todos aquellos que se coloquen en el supuesto que la norma contempla, como podr�a ser el caso de la Constituci�n, de las leyes o de los reglamentos, pero no de una Ley Org�nica del Poder Legislativo; por otra parte, la doctrina define a las normas jur�dicas individuales, como aquellas que se dirigen a uno o varios individuos en concreto, es decir, determinan el cumplimiento de uno o varios individuos, en una situaci�n particular, tal es el caso de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, que determina el cumplimiento a que deben ajustarse los integrantes del Poder Legislativo del Estado, esta afirmaci�n se respalda con lo dispuesto en el art�culo primero de la Ley Org�nica del Congreso que a la letra se�ala: ?Art�culo primero. La presente ley tiene por objeto regular la organizaci�n, el funcionamiento y las atribuciones del Poder Legislativo, y se expide con fundamento en lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos.?.

"Por otra parte, es importante destacar que la doctrina establece, una clara distinci�n entre las normas jur�dicas generales y las normas jur�dicas individuales; cuando una norma jur�dica alude a una conducta atribuible a un n�mero indeterminado de individuos, estar�amos en presencia de una norma jur�dica de car�cter general, que no es el caso de la Ley Org�nica del Congreso del Estado; en cambio, una norma jur�dica es individual, cuando est� dirigida a uno o varios individuos de forma personal; as� las cosas, la Ley Org�nica del Congreso que se impugna, est� dirigida a los diputados del Congreso del Estado de Morelos, ya que s�lo se refiere a un grupo perfectamente delimitado de individuos que conforman el Poder Legislativo L..

"A mayor abundamiento, los actos del Congreso que contienen disposiciones generales tienen el car�cter de leyes en sentido formal y material; con estos elementos se puede formar la estructura jer�rquica escalonada del orden jur�dico positivo, atendiendo al procedimiento de creaci�n de las normas, que se basa en la validez de las m�s altas, las cuales sirven de fundamento formal a las inmediatamente inferiores; as� se estructura la pir�mide jur�dica; el plano inmediato inferior se integra con las legislaciones ordinarias, que sigue un proceso de creaci�n y concluye con la publicaci�n del ordenamiento, revistiendo las caracter�sticas de impersonal, general y abstracto; de los elementos anteriores se desprende que el ordenamiento jur�dico del que se demanda su inconstitucionalidad, carece de dichos elementos, es decir, no es impersonal porque va dirigido espec�ficamente a un ente determinado; no es general porque regula una situaci�n concreta, la administraci�n y organizaci�n interna del Congreso del Estado de Morelos, por lo que no teniendo dichos elementos no puede considerarse como una norma de car�cter general, ni mucho menos son actos que revistan dichas caracter�sticas; en esa tesitura, v�lidamente debe declararse la improcedencia de la acci�n en la sentencia que llegue a dictarse.

"Por lo antes expuesto, consideramos que la acci�n de inconstitucionalidad promovida por un grupo de diputados del Congreso del Estado, impugnando la ley org�nica del mismo, aprobada el pasado 3 de noviembre de 1997, no se ajusta a lo dispuesto en el art�culo 105, fracci�n II de la Constituci�n Pol�tica Mexicana, porque la norma impugnada no tiene el car�cter de norma general, hip�tesis constitucional que requiere ser satisfecha para que el m�s Alto Tribunal del pa�s conozca de acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, el art�culo 61, fracci�n III de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constitucional Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, determina como requisitos de la demanda, por la que se ejerci� la acci�n de inconstitucionalidad, que deber� contener: ?la norma general cuya invalidez se reclame?; como se desprende de la demanda presentada, los actores se�alaron como norma general, cuya invalidez se reclama, la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos. Por tal raz�n, la acci�n de inconstitucionalidad promovida, debe declararse improcedente en virtud de que no se re�nen los requisitos que se establecen en la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, ni el requisito establecido en el art�culo 61, fracci�n III de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Mexicana. En raz�n de lo anterior la demanda debe ser declarada improcedente en virtud de que la norma impugnada, no es una norma de car�cter general.

"Razones y fundamentos de la legalidad de la norma impugnada.

"Consideramos oportuno referirnos al proceso legislativo que se sigui� para la aprobaci�n de la nueva Ley Org�nica del Congreso, ya que los demandantes, dentro de los conceptos de invalidez, hacen referencia al mismo, se�alando que el proceso seguido fue violatorio de los art�culos 16 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Es importante destacar que en los art�culos 71 y 72 de la Constituci�n Federal, se establece el proceso legislativo, que debe seguirse y respetarse en el Congreso de la Uni�n, por tal raz�n, no es correcta la afirmaci�n de los demandantes en el sentido de que no fue respetado el procedimiento legislativo, que se establece en el art�culo 16 de la Constituci�n Federal, los art�culos aplicables al proceso legislativo federal, son los que hemos se�alado anteriormente, es decir, el 71 y 72 de la Constituci�n Federal. La norma jur�dica positiva, cualquiera que �sta sea, debe de ser reconocida como v�lida, en tanto que haya sido elaborada en la forma y por el �rgano que prescribe otra norma superior del orden jur�dico, por tal raz�n, la relaci�n de subordinaci�n formal, con otra norma superior del ordenamiento y por el �rgano, que otra norma superior determine como responsable de esa tarea, como lo han se�alado destacados juristas mexicanos; entre otras cosas, la Constituci�n pretende: ?ordenar jur�dicamente el poder, y lo hace estableciendo los poderes constituidos, cada uno con su formaci�n y competencia perfectamente definidas en la propia Constituci�n?.

"Por tal raz�n, consideramos que el procedimiento legislativo que se sigui� para la aprobaci�n de la ley org�nica vigente del Congreso, se ajust� a lo establecido en las normas constitucionales locales, es decir, el Congreso del Estado, actu� dentro de los l�mites constitucionales de sus funciones, por tal raz�n, su competencia para aprobar su propia ley org�nica, est� fuera de cualquier duda. Como se desprende de los art�culos 31, 42, 43 y 44 de la Constituci�n del Estado; en el art�culo 31 se determina que el Congreso no puede abrir sus sesiones sin la concurrencia de m�s de la mitad del n�mero total de sus miembros; a la sesi�n en la que fue aprobada la ley org�nica impugnada, asistieron 28 diputados, como se desprende del acta levantada con tal motivo; el art�culo 42 se�ala en su fracci�n II, que los diputados tienen derecho de iniciar leyes y decretos; en el caso que nos ocupa, un grupo de diputados presentaron en su momento, una iniciativa de nueva Ley Org�nica del Congreso; el art�culo 43, establece que las iniciativas presentadas por 3 o m�s diputados, pasar�n desde luego a la comisi�n respectiva; en el asunto que nos ocupa la iniciativa fue signada por 5 diputados y fue turnada a las comisiones respectivas. El art�culo 44 se�ala que para que una iniciativa tenga el car�cter de ley o decreto de ley, necesita en votaci�n nominal, la aprobaci�n de la mayor�a absoluta de los diputados integrantes de la legislatura; la sanci�n del Ejecutivo y su publicaci�n en el �rgano oficial del Estado; en el caso de la Ley Org�nica del Congreso, �sta fue aprobada tanto en lo general, como en lo particular, por 16 diputados, es decir, el n�mero previsto en este art�culo constitucional, sin necesidad de la sanci�n del Ejecutivo y su publicaci�n en el �rgano oficial del Estado, en virtud de lo dispuesto en el p�rrafo segundo del art�culo 38 de la propia Constituci�n L., que determina: ?la ley del Congreso para tener vigencia no requerir� de la promulgaci�n expresa del Ejecutivo del Estado?.

"Como se puede observar, el proceso legislativo que se sigui� para la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso, fue respetuoso del procedimiento constitucional establecido para tal efecto; en este orden de ideas, las normas de la ley org�nica que se impugnan, fueron creadas por un �rgano competente, siguiendo plenamente el procedimiento legislativo establecido en la Constituci�n del Estado.

"Por otra parte, se alega la violaci�n al art�culo 16 constitucional, en el sentido de que no se observ� el procedimiento establecido en la ley abrogada para aprobar el ordenamiento que ahora se reclama de inconstitucional, lo anterior es inexacto porque, con fundamento en los art�culos 96, 97, 98, 99, 108, 109, 112 y 113 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado abrogada, previo a la aprobaci�n, se present� la iniciativa, se turn� a las comisiones correspondientes, �stas presentaron su dictamen, se distribuy� previamente entre los diputados, se list� en la orden del d�a, la asamblea vot� la dispensa de la segunda lectura por considerarlo de obvia y urgente resoluci�n, fue votada en lo general y en lo particular, posteriormente fue votada y aprobada por la asamblea, lo que desde luego fue realizado en apego estricto a las disposiciones referidas.

"No obstante lo anterior, lo actores demandan el procedimiento en que culmin� la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado sin que en la Constituci�n Federal se establezca acci�n para impugnar tal procedimiento, ya que los demandantes combaten los acuerdos tomados en la sesi�n del 3 de noviembre de 1997. Sin que esto sea objeto de la acci�n de inconstitucionalidad, porque la fracci�n II del art�culo 105 constitucional establece:

"?... De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.?, luego entonces si tomamos en consideraci�n la clasificaci�n que la propia contraria hace de las leyes, podemos concluir que los aludidos acuerdos, no son normas generales y por lo tanto no son susceptibles de impugnaci�n en esta v�a.

"Por lo antes expuesto, y en virtud de que la Ley Org�nica del Congreso del Estado, no contraviene ninguno de los art�culos de la Constituci�n Federal a que hace referencia la parte actora, ni alguno de los otros de nuestra Carta Magna, no invocados por los demandantes, debe la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, reconocer la validez de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, ya que su creaci�n se ajust� al marco de la Constituci�n del Estado, que es la Norma Fundamental a que debe ajustarse el Poder Legislativo, para el nacimiento de normas jur�dicas para el Estado de Morelos y para expedir su propia ley org�nica.

"Finalmente, queremos expresar que la actuaci�n de la asamblea se ajust�, como ya lo demostramos, al marco constitucional local, por el bien de la justicia de nuestro pa�s, estamos seguros de que la conclusi�n a la que llegue, ser� el resultado de un estudio serio y profundo, para determinar finalmente, que no se violaron art�culos de nuestra Carta Fundamental.

"Si bien es cierto que el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido la tesis jurisprudencial n�mero 23/1997, que a la letra dice:

"?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n L. o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n L. dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.?

"T.�n es cierto que esa Suprema Corte ha sostenido que:

"?En efecto, en primer lugar debe distinguirse que pueden darse violaciones de car�cter formal que pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de tal forma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad, y otras que aun habiendo transgredido las disposiciones que rigen el proceso legislativo, no trascienden al contenido mismo de la norma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad.

"?Esto sucede, por ejemplo, cuando una norma se apruebe sin que hubiere existido iniciativa, qu�rum necesario o que no haya sido aprobada por el Pleno, en cuyo caso la violaci�n formal trascender�a de modo fundamental en la norma provocando su invalidez o inconstitucionalidad.

"?En otro sentido, cuando por ejemplo se tiene que las comisiones no siguieron el tr�mite para estudio de las iniciativas y remisi�n del dictamen respectivo, pero que finalmente cumpli� con el fin �ltimo buscado de an�lisis y proposici�n de dictamen, es claro que los vicios que en este sentido se pudieron haber cometido no trascendieron de modo fundamental a la norma con la que culmin� el proceso legislativo.

"?... Tales violaciones, con independencia de que sean fundadas o no, no puede estimarse que trasciendan al contenido mismo de la norma que provoque su invalidez o inconstitucionalidad, debido a que la discusi�n del dictamen primero en lo general y luego en lo particular, el uso de la voz de un diputado y la votaci�n general y particular de los preceptos reformados, no significa que el decreto aprobado tenga vicios que lo afecten de fondo.

"?Lo anterior aunado a que de cualquier manera la norma fue aprobada por el Pleno, por lo que, aun de haberse llevado a cabo el procedimiento en los t�rminos que se�ala la parte actora, sin prejuzgar si le asiste o no, en nada hubiera cambiado el sentido de la norma.?

"Todo lo anterior est� contenido en la sentencia dictada al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 9/97, promovida por diputados integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, en contra del Congreso y gobernador del propio Estado.

"As� tambi�n esta Corte ha establecido la siguiente tesis de jurisprudencia, que sirve de base para declarar improcedente la acci�n ejercitada, que aparece en el Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, Volumen 193-198, Primera Parte, visible en la p�gina 128, que a la letra dice:

"?LEYES INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. La inconstitucionalidad de una ley surge de la contradicci�n de �sta y un precepto de la constituci�n, y no de conflictos entre leyes de la misma jerarqu�a.?

"Antes de pasar a referirme a los conceptos de invalidez en particular, resulta importante hacer notar que, en la demanda se impugna la ley manifest�ndose que es inconstitucional, pero a la parte considerativa del acto no hacen manifestaci�n alguna por lo que resulta a todas luces improcedente la demanda. M�s a�n, los conceptos de invalidez que hacen valer no contienen ninguna objeci�n formulada en contra de los considerandos que rigen la ley reclamada, aun y cuando se�alen los art�culos constitucionales que consideren violados; por lo tanto si no se refieren, ni precisan argumentos que est�n en relaci�n directa e inmediata con los fundamentos contenidos en esa parte del acto reclamado, as� como si no hacen la concordancia necesaria entre �stos y los dispositivos legales que estiman infringidos, es indiscutible que la ley sigue firme y por lo mismo, contin�a rigiendo los puntos decisorios respectivos, por lo que es improcedente la demanda de inconstitucionalidad planteada.

"Al efecto tiene aplicaci�n por analog�a la tesis registrada bajo el n�mero 8276, correspondiente al a�o 1993, Octava �poca, que dice: ?REVISI�N, NO PROCEDE CONTRA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO CUANDO DECIDEN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY EN RELACI�N CON UNA CONSTITUCI�N LOCAL Y NO CON LA FEDERAL. Conforme a lo establecido por los art�culos 107, fracci�n IX de la Constituci�n Federal y 83, fracci�n V de la Ley de Amparo, el recurso de revisi�n es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncian los Tribunales Colegiados de Circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley, pero en el entendido de que esa determinaci�n de constitucionalidad debe ser en relaci�n directa con la Constituci�n G.eral de la R.�blica y no respecto de la perteneciente a una entidad federativa. Por lo tanto, cuando el recurrente aduce que alguna ley local contraviene la Constituci�n del Estado respectivo, el recurso de revisi�n que intente contra la sentencia de amparo directo en la que se haya abordado ese tema es improcedente porque no se trata de un pronunciamiento de constitucionalidad a la luz del Pacto Federal.?.

"Por tanto, debe declararse la validez de la norma impugnada en virtud de que la misma no contraviene ning�n precepto de la Constituci�n G.eral de la R.�blica, como se aprecia de las razones y fundamentos que anteriormente se han expresado y adem�s por lo que a continuaci�n se expresa y que por t�cnica se relaciona con cada uno de los conceptos de invalidez que hacen valer los inconformes.

"Primer concepto de invalidez.

"Seg�n lo vertido por los actores, ?el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad se reclama es violatorio de los art�culos 16 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?.

"Los art�culos 95 y 97, fracciones VII y VIII de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, publicada el veintid�s de marzo de mil novecientos noventa, a la letra establec�an:

"?Art�culo 95. Todos los dict�menes deber�n recibir dos lecturas y ser repartidos previamente a su discusi�n a todos los miembros del Congreso.?

"?Art�culo 97. Los documentos con que se d� cuenta ser�n tramitados de la manera siguiente:

"?...

"?VII. Los dict�menes que emitan las comisiones tendr�n dos lecturas en diferentes sesiones, debi�ndose leer en la primera sesi�n todo el dictamen junto con el articulado de la iniciativa; si los legisladores aprueban que se dispense la segunda lectura, el dictamen podr� ser sometido a discusi�n y votaci�nen la misma sesi�n.

"?VIII. S�lo podr� dispensarse de este requisito aquel asunto que por acuerdo expreso de la asamblea se califique de urgente u obvia resoluci�n.?

"Sostienen los inconformes, sustancialmente que:

"?Nunca se dio segunda lectura a la iniciativa de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

"?No discuti� y en su caso aprob� o rechaz� la iniciativa de Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.?

"Por lo tanto, sostenemos que, en nada afecta a la presente ley el que nunca se le haya dado lectura a la iniciativa de Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en el mes de marzo de 1997 por la fracci�n pri�sta, ya que la misma es una ley completamente distinta a la aprobada. De hecho, en ninguna de las partes que componen el articulado de la ley org�nica vigente en el momento en que la nueva ley fue aprobada, se prev� que para que una iniciativa de ley sobre la que se ha formulado dictamen y que se presenta ante el Pleno del Congreso para su discusi�n; en el supuesto de existir una iniciativa similar; que la segunda tenga que ser sometida a discusi�n o desechada, para proceder a la discusi�n de la primera y aprobaci�n, en su caso. Como ya se ha mencionado en nada afecta a la ley org�nica que pretenden los diputados actores sea declarada inconstitucional, el que no se haya discutido por segunda vez la iniciativa presentada por la XLVI Legislatura, y mucho menos el que �sta se haya o no desechado, ya que la ley no obliga o precept�a al respecto.

"Siguen diciendo los recurrentes que:

"?Al aprobar el punto del orden del d�a que conten�a el nuevo proyecto de la ley org�nica presentado en el mes de julio de mil novecientos noventa y siete por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional, tan nuevo, que tratando de cubrir los requisitos de la ley org�nica fue acompa�ado de la siguiente solicitud de dispensa de segunda lectura.?

"?... Los suscritos diputados integrantes de las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y Pr�cticas Parlamentarias, nos permitimos turnar a usted ... el dictamen de iniciativa de Ley Org�nica del Congreso, que fue turnado a estas comisiones para su an�lisis y dictamen correspondiente, para efectos de que d� cuenta del mismo a la presidencia en turno y �sta a su vez lo someta a la consideraci�n del Pleno, de conformidad con el art�culo 69, fracci�n VIII y 94 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado en vigor, asimismo, y por considerar este asunto como urgente y pronta resoluci�n, solicitamos se le dispense la segunda lectura del mismo, de conformidad como lo establece el numeral 97, en su fracci�n V, del ordenamiento legal invocado.?

"?En el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n del ordenamiento jur�dico cuya invalidez se reclama, se violaron las disposiciones de la Ley Org�nica del Poder Legislativo en los t�rminos que han quedado precisados, infringi�ndose con ello los mandatos constitucionales invocados, puesto que:

"?Se viola el principio de legalidad que consagra el art�culo 16, al haberse aprobado una ley sin sujeci�n a las normas aplicables de la ley org�nica vigente en el momento de expedici�n de la norma.

"?Si la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, prev� que el Poder Legislativo de la entidad debe regirse por su respectiva ley org�nica, es incuestionable que al no haberse acatado este �ltimo ordenamiento jur�dico, se viola, no nada m�s la Constituci�n L., sino tambi�n lo ordenado por el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a los poderes de las entidades federativas a regirse conforme a sus propias Constituciones, y a las leyes que de la misma emanen.?

"Resulta falso lo se�alado por los actores en el sentido de que se viola el principio de legalidad consagrado en el art�culo 16 de la Constituci�n G.eral de la R.�blica y mucho menos el 116 del ordenamiento legal en comento; ya que tan se actu� apegado al mencionado principio de legalidad y se acat� lo previsto en los art�culos 95 y 97, fracciones VII y VIII de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, que, tal y como lo mencionan los actores al momento en que el dictamen de la ley org�nica aprobada en la sesi�n de fecha tres de noviembre de 1997, se puso a consideraci�n del Pleno, se present� la solicitud de dispensa de la segunda lectura del dictamen que dio lugar al cuerpo legal en controversia, por medio del oficio s/n de fecha tres de noviembre de 1997, recibido en la misma fecha por la Oficial�a Mayor del Congreso del Estado de Morelos, rubricado por los diputados J.A.R.A.�ndez, Jos� Ra�l H.�ndez �vila, E.C.�s M.�nez y C.B.A.�n, en virtud de ser un asunto con car�cter de urgente. Solicitud de dispensa que en su momento fue sometida a la consideraci�n del propio Pleno del Congreso, y dispensa que adem�s, fue otorgada en forma mayoritaria por dicho �rgano, como consta en el orden del d�a de la sesi�n en comento, en el acta de dicha sesi�n p�blica, as� como en el Semanario de los Debates n�mero 24 en el que se incluye la sesi�n de referencia.

"A mayor abundamiento, alegan los demandantes en el apartado primero, que se viola el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo del texto de la demanda, no se desprende que los actores viertan agravio alguno, es decir, se concretan a manifestar que se viola la disposici�n referida, sin que digan el porqu� de la violaci�n, concret�ndose a transcribirla sin emitir razonamiento legal alguno.

"No es �bice mencionar que, el art�culo 116 constitucional establece en el p�rrafo primero, la forma de organizaci�n de los Poderes de los Estados, destacando que no podr�n reunirse en una sola persona dos o m�s poderes; evidentemente dicha disposici�n �nicamente prev� la divisi�n de los Poderes de los Estados, sin que la actuaci�n del Poder Legislativo en la aprobaci�n de la citada ley caiga en el supuesto referido, es decir, no se est�n depositando en una sola persona dos poderes, ni se est�n invadiendo esferas competenciales de los otros dos Poderes del Estado, ya que si esto hubiera ocurrido, se deber�a de demandar la invasi�n de esferas por los poderes afectados para declarar la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado.

"Por lo que se refiere al art�culo 16 constitucional, cabe precisar que no existe la violaci�n alegada por lo siguiente: es cierto que la ley que ahora se reclama como inconstitucional no recibi� dos lecturas, sin embargo tal situaci�n se encontraba contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el art�culo 97, fracciones VII y VIII de la Ley Org�nica del Congreso del Estado abrogada, es decir, la primera de las fracciones establec�a, los dict�menes recibir�n dos lecturas en diferente sesi�n y los legisladores pueden dispensar la segunda lectura a los dict�menes, pudiendo someterse en esa sesi�n a discusi�n y aprobaci�n; por su parte la fracci�n VIII establece, que el requisito a que se refiere la fracci�n anterior s�lo podr� dispensarse por acuerdo expreso de la asamblea y que se califique de urgente u obvia resoluci�n; evidentemente la asamblea observ� dichas disposiciones, puesto que no existe impedimento legal para dispensar la segunda lectura, as� como tampoco se establece qu� deb�a de entenderse por urgencia u obvia resoluci�n, ya que esto lo califica la asamblea, lo que en el caso as� ocurri�, al dispensar la segunda lectura y proceder a la aprobaci�n de la multicitada ley.

"Por otra parte, en el supuesto caso y no concedido que hubiera existido la violaci�n a que aluden los diputados actores, el procedimiento que culmin� con la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, se convalid�, porque si bien es cierto, que el diputado F�lix J.M.M. manifest� que no estaba de acuerdo con la citada sesi�n, tambi�n lo es, que durante el desarrollo de la misma, participaron en la aprobaci�n de la ley que estaba a discusi�n, es decir, propusieron modificaciones, las que como ellos lo confiesan, no fueron todas tomadas en cuenta; por lo que si hubiera existido la violaci�n al art�culo 16 constitucional, l�gicamente los diputados actores se hubieran abstenido de participar en la sesi�n y as� lo hubieran manifestado al presidente en turno, lo que desde luego no ocurri�.

"En virtud de lo manifestado, respetuosamente solicito se declare inoperante e infundado el presente concepto de invalidez.

"Segundo concepto de invalidez.

"Sostienen los inconformes que: ?La Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesi�n extraordinaria del Congreso del Estado de Morelos de fecha 3 de noviembre de 1997, y publicada en el P.�dico Oficial �Tierra y Libertad� del 12 de noviembre de 1997, es violatoria de los art�culos 5o., p�rrafo cuarto, 36, fracci�n IV, 39, 40, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos, toda vez que:

"?2.3. En el cap�tulo tercero del ordenamiento jur�dico que se impugna, se establece el estatuto de los diputados, derechos, obligaciones y sanciones.

"?El art�culo 22 del ordenamiento impugnado en su parte conducente establece lo que a continuaci�n se transcribe:

"?�

"?�Art�culo 22. Las sanciones disciplinarias que podr�n aplicarse a los diputados son:

"?�I.A.;

"?�II. A.�n;

"?�III. A.�n con constancia en acta;

"?�IV. D.�n de su remuneraci�n;

"?�V.S.�n de sus derechos y obligaciones;

"?�VI. P�rdida del cargo.

"?�Las causas y los mecanismos de aplicaci�n de las medidas disciplinarias se estipular�n y se sujetar�n a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.�

"?En t�rminos de lo anterior resulta claro que la ley que ahora se impugna es inconstitucional, por lo siguiente:

"?Las sanciones que establece el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, no se encuentran previstas como tales en la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"?No se especifican las causas por virtud de las cuales se pueden aplicar las sanciones previstas en dicho precepto legal, deleg�ndose la determinaci�n de dichas causas a un reglamento.

"?Se establecen sanciones tales como la suspensi�n y la p�rdida del cargo, cuando dichas sanciones se reservan al juicio pol�tico y al desafuero para los diputados locales.

"?La legislatura, v�a ley secundaria, se atribuye la facultad de juzgar o no la conveniencia de que un representante permanezca o no con tal status, convirti�ndose as� en censor y Juez del voto popular y arrog�ndose la facultad de desconocerlo. En s�ntesis, se infringe el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, que se deriva de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.?

"Ante lo anterior, se se�ala que los actores se confunden; ya que si bien es cierto que el art�culo 109 y su correlativo 110 de la Constituci�n Federal, se�alan el camino a seguir a fin de sancionar a un funcionario p�blico en caso de que incurra en responsabilidad, en virtud de su ejercicio como tal; as� como las personas que pudieran estar sujetas a juicio pol�tico y el procedimiento para alcanzar dicho fin; as� como las sanciones, en caso de que �ste proceda. En el articulado que se se�ala no se prev� que las sanciones ah� previstas sean exclusivas de los supuestos incluidos en el mismo. Llegar a tal conclusi�n ser�a tanto como decir que el fuero constitucional deviene o es sin�nimo de impunidad.

"Efectivamente, dichos art�culos se�alan, como ya lo he mencionado, lo que se deber� hacer para fincarles responsabilidades a los funcionarios p�blicos por el ejercicio de su cargo; y las sanciones aplicables en su momento, en caso de que efectivamente se detecte que un funcionario es responsable de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos.

"Sin embargo, aun cuando la p�rdida de su cargo o la suspensi�n en sus funciones de un servidor p�blico o de un diputado local, proceder� como consecuencia de un juicio pol�tico; derivado de la procedencia de acci�n penal en su contra; la excitativa para promover el juicio pol�tico en contra de funcionario alguno no se circunscribe a lo se�alado por los actores.

"Tan es as� que el propio art�culo 109, invocado por los actores, en su p�rrafo primero, se�ala lo siguiente:

"?Art�culo 109. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:? siendo que la norma en controversia es precisamente una de las previstas por el propio art�culo 109.

"Por otra parte, las sanciones que se establecen en el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, s� se encuentran previstas en la Constituci�n del Estado y lo �nico que se hizo fue adoptarlas en la ley org�nica que se impugna, para que en su momento se estableciera en el reglamento correspondiente el procedimiento que tiene que seguirse para que puedan ser aplicadas. Haciendo saber que dicho reglamento se encuentra en proceso de integraci�n en las comisiones respectivas. Asimismo, la Constituci�n del Estado establece en su art�culo 37, que los diputados que sin la licencia respectiva dejen de asistir hasta por el t�rmino de ocho sesiones consecutivas no tendr�n derecho de percibir las dietas correspondientes, si la falta se prolongare por m�s tiempo sin justificarla se llamar� al suplente respectivo quien deber� concurrir a las sesiones hasta la terminaci�n del periodo en que ocurra la falta, lo que implicar�a la p�rdida o separaci�n del cargo; por otra parte en el supuesto de que alg�n diputado fuera sometido a juicio pol�tico y se determinara su culpabilidad, por este motivo ser�a separado o perder�a el cargo. �ste es el sentido o el esp�ritu bajo el cual se legisl� lo relativo al art�culo 22 en cuesti�n.

"Los actores esgrimen tambi�n la violaci�n al art�culo 5o., fracci�n IV de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo el mencionado art�culo carece de la fracci�n IV, por lo que no puede alegarse la violaci�n de una disposici�n que no existe; tambi�n mencionan al art�culo 36, fracci�n IV del mismo cuerpo de leyes, sin embargo, el Congreso del Estado, no viola tal disposici�n porque no se coarta su derecho pol�tico para desempe�ar los cargos de diputados, mismos que gozan y est�n ejerciendo; los art�culos 40 y 41 establecen la forma de organizaci�n de la R.�blica Mexicana y la norma que se impugna regula la vida interna del Congreso del Estado, sin que implique la transgresi�n a normas generales, las restantes disposiciones no violan la Constituci�n porque la Ley Org�nica del Congreso del Estado, prev� medidas disciplinarias que pueden o no aplicarse, es decir, son normas de aplicaci�n futura e inciertas que no perjudican en estos momentos a los diputados actores.

"Por tanto, sostenemos que los actores no violan los art�culos se�alados (sic), ni se infringe el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, que se deriva de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"En raz�n de lo vertido, respetuosamente se solicita declarar inoperante e infundado el presente concepto de invalidez.

"Tercer concepto de invalidez.

"Alegan los promoventes, que ?... La Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesi�n extraordinaria del Congreso del Estado de Morelos, de fecha 3 de noviembre de mil novecientos noventa y siete ... viola los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que:

"?Los mencionados art�culos, seg�n qued� expresado en el concepto anterior, establecen que la soberan�a del pueblo se expresa en las Constituciones de los Estados en lo que hace al �mbito normativo que corresponde a �stos y se ejercita a trav�s de ellas. Es a las Constituciones de los Estados a las que les corresponde organizar y dotar de facultades a los �rganos legislativo, ejecutivo y judicial y no a �stos arrog�rselas por su cuenta, contraviniendo a la Constituci�n Estatal que dispone algo distinto.

"?El art�culo 38 del ordenamiento impugnado establece:

"?�Art�culo 38. La C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica tendr� las siguientes atribuciones:

"?�...

"?�d) Autorizar la plantilla de personal y sus movimientos, as� como el tabulador de sueldos.

"?�...

"�h) Designar al director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, al secretario t�cnico de la propia comisi�n y al director del �rea de Comunicaci�n Social del Congreso del Estado.�

"?De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 40, fracci�n XXVI de la Constituci�n del Estado, esta facultad corresponde al Congreso, al que le asigna �nombrar y remover a los trabajadores al servicio del Poder Legislativo con arreglo a las leyes a que se refiere la fracci�n XX?�; la fracci�n citada se refiere a las leyes relativas a la relaci�n de trabajo entre los poderes y los Ayuntamientos del Estado y sus trabajadores.

"?... El art�culo 38 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, desconoce al Congreso el car�cter de asamblea, que es la esencia del �rgano legislativo y deposita funciones que corresponden al Legislativo como asamblea a un grupo de representantes.

"?Con ello contraviene los art�culos 39, 40, 42 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que:

"?Se regula un Poder Estatal por ley y no por la Constituci�n del Estado, como lo exige el art�culo 41 con toda claridad. Es m�s, las disposiciones de la ley org�nica son contrarias a las de la Constituci�n del Estado y en este caso, la contradicci�n viola el art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"?Contrar�a el principio de no concentraci�n del Legislativo, que contiene el art�culo 116, depositando una facultad del Legislativo en un grupo de personas, distinto de la asamblea legislativa en quien las Constituciones Federal y de los Estados han depositado la soberan�a popular.?

"Por tanto, se manifiesta que el hecho de que en el art�culo 38 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado aprobada en sesi�n del 3 de noviembre pasado, se establezca que la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica tiene la facultad de autorizar la plantilla de personal y sus movimientos; designar al director del Instituto de Investigaciones Legislativas, secretario t�cnico de la propia comisi�n y director del �rea de Comunicaci�n Social del Congreso del Estado, no por ello se viola disposici�n constitucional alguna, porque como acertadamente lo mencionan los actores, el art�culo 38 de la Constituci�n L. establece la facultad de que el propio Congreso del Estado expida su ley org�nica que va a regir su estructura interna y funcionamiento, luego entonces, si existe esa facultad y la asamblea del Congreso encomienda a la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica la facultad de dirigir la administraci�n del personal no se contrapone a disposici�n constitucional alguna; adem�s de que no por ello se est� depositando la facultad en una persona, dejando de observar los actores lo establecido en el art�culo 33 de la multicitada ley, es decir, la integraci�n de la comisi�n se compondr� de los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios y por los diputados cuyopartido pol�tico no integre un grupo parlamentario, raz�n por la que esta parte estima que no se infringe disposici�n alguna.

"Refiri�ndome a las disposiciones que a juicio de los actores se inmiscuyen en otras ramas de la administraci�n p�blica estatal, desde luego, que no es en la forma planteada, porque de los textos de los art�culos podemos concluir, que no se trata de normas inconstitucionales y, que de ser as�, la acci�n la tienen las entidades de la administraci�n que se consideren afectadas para impugnar cada uno de los art�culos, ya que cada una de las disposiciones se refiere a actividades que no tienen intervenci�n directa en el desarrollo de cada uno de los entes mencionados.

"Asimismo, a mayor abundamiento, resulta falso lo se�alado por los actores, en raz�n de que el mencionado art�culo 38 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, no se arroga facultades de asamblea legislativa; sino por el contrario, perfecciona dicha facultad, como explicar� a continuaci�n:

"El mencionado art�culo 38 de la ley en comento determina que la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica tendr� las siguientes atribuciones:

"?d) Autorizar la plantilla del personal y sus movimientos, as� como el tabulador de sueldos.

"?...

"?h) Designar al director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, al secretario t�cnico de la propia comisi�n y al director del �rea de Comunicaci�n Social del Congreso del Estado.?

"A su vez, el art�culo 37 de la propia ley org�nica prev�:

"?Art�culo 37. Los acuerdos y resoluciones de la comisi�n se tomar�n por mayor�a absoluta, considerando como base el voto ponderado de cada uno de sus integrantes. El presidente de la mesa directiva del Congreso, podr� participar en las reuniones con derecho s�lo a voz.?

"Asimismo, el art�culo 32 de la multicitada ley org�nica se�ala:

"?Art�culo 32. El r�gimen interno del Congreso del Estado se ejercer� a trav�s de una comisi�n denominada �de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica�, con el fin de optimizar las funciones legislativas, pol�ticas y administrativas del propio Congreso.?

"Y precisamente el inter�s de lograr la optimizaci�n de las funciones administrativas a que hace alusi�n el mencionado art�culo 32, las atribuciones se�aladas en los incisos d) y h) del art�culo 38; se perfeccionar� en el momento en que el acuerdo tomado por la propia comisi�n, en el que se lleven a cabo las facultades ah� mencionadas, se conviertan en resoluciones, derivadas del voto ponderado de cada uno de los integrantes de la propia comisi�n.

"Y en caso de que los actores ignoren el significado del concepto de ponderado, me permito transcribir el significado de dicha palabra, de acuerdo con el Diccionario Peque�o Larousse Ilustrado, edici�n 1993:

"?Ponderado: adj. Moderado, prudente. II Apl�case en estad�stica a una magnitud cuyo valor ha sido modificado con arreglo a determinadas reglas.?

"En lo espec�fico, la asamblea se encuentra representada en la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica por cada uno de los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios y los diputados cuyo partido pol�tico no integren grupo parlamentario y est�n constituidos como fracci�n parlamentaria. Es decir, el voto ponderado de cada uno de los diputados que conforman la comisi�n a que se alude, equivale estad�sticamente al voto total de la fracci�n partidista que dicho diputado representa; y en consecuencia el voto de los miembros de la comisi�n equivale ponderadamente al voto de la asamblea.

"As� las cosas, los actores vierten como uno de sus argumentos a foja 47 de su escrito inicial, el siguiente:

"?De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 40, fracci�n XXVI de la Constituci�n del Estado, esta facultad corresponde al Congreso, al que le asigna �nombrar y remover a los trabajadores al servicio del Poder Legislativo con arreglo a las leyes a que se refiere la fracci�n XX�; la fracci�n citada se refiere a las leyes relativas a la relaci�n de trabajo entre los poderes y los Ayuntamientos del Estado y sus trabajadores.

"?Aunque el contenido de las facultades a que se refiere la disposici�n que se cuestiona parece inocuo, se fundamenta, sin embargo, en un grav�simo principio: el desplazamiento de facultades del Congreso a las comisiones sustray�ndolas a la votaci�n de la mayor�a de sus miembros y someti�ndolas a minor�as transitorias que forman sus comisiones.?

"Y en p�rrafos posteriores, espec�ficamente a fojas 48 y 49 del mismo escrito mencionan:

"?Los art�culos 20 y 21 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos establecen la divisi�n de poderes, acorde con el citado 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"?El art�culo 24 de la Constituci�n del Estado establece: �El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos ...�. A dicha asamblea se le dota de competencias, entre otras las que corresponden a nombramientos y remociones que contiene el art�culo 40, fracci�n XX citado. El art�culo 38 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, desconoce a �ste el car�cter de asamblea que es la esencia del �rgano legislativo y deposita funciones que corresponden al Legislativo como asamblea en un grupo de representantes.?

"Los diputados que conforman la parte actora pretenden hacer una interpretaci�n a su conveniencia del mencionado art�culo 40 de la Constituci�n del Estado de Morelos, interpretaci�n adem�s err�nea del mencionado art�culo; ya que �ste en su parte inicial dice:

"?Art�culo 40. Son facultades del Congreso: ...

"Pretendiendo ver que las facultades de dicho poder, consignadas en las fracciones I a la LII, son propias y exclusivas del Pleno del Congreso o de la asamblea, como ellos lo nombran. Sin embargo, es de todos sabido que tanto las facultades del Congreso del Estado de Morelos, las de cualquier otro �rgano legislativo de alguna de las entidades que componen nuestra R.�blica o las del propio Congreso de la Uni�n, no son exclusivas de el Pleno de los mencionados cuerpos, sino que algunas de dichas facultades, si no es que las m�s de ellas se reservan para las comisiones que prev� la ley org�nica de los mismos.

"Resultando falso, en consecuencia que se violen por ello los mencionados art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"No s�lo eso, sino que adem�s resulta igualmente falso, lo mencionado por los actores en el sentido de que las funciones que se le atribuyen a la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica, sean exclusivas de la asamblea legislativa en Pleno, ya que del estudio de los precitados art�culos de nuestra Constituci�n Federal, nunca se desprende lo vertido por dichos actores.

"A mayor abundamiento, de la lectura de los art�culos 39, 40 y 41, solamente se desprende:

"a) En qui�n reside la soberan�a nacional;

"b) De qui�n dimana el poder p�blico;

"c) El derecho inalienable de nuestro pueblo de modificar la forma de gobierno en cualquier tiempo;

"d) El tipo de gobierno en que nos hemos instituido como naci�n; y,

"e) La forma en que el pueblo habr� de ejercer su soberan�a.

"Y si bien el art�culo 116, contiene en su esencia, entre otros principios el que menciona la parte actora de ?no concentraci�n del Legislativo?; lo que olvid� se�alar, es que, dicho principio se refiere a la no concentraci�n del Legislativo en una sola persona, y no es un ?grupo de personas distinto de la asamblea legislativa?; como ellos afirman. Lo cual tampoco se da en el caso que nos ocupa.

"Con fundamento en lo previamente manifestado solicito respetuosamente a esta autoridad superior se declare inoperante e infundado el presente concepto de invalidez.

"Cuarto concepto de invalidez.

"Expresa la parte actora, que ?... La Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, aprobada en sesi�n extraordinaria del Congreso del Estado de Morelos ... viola los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"?Diversos art�culos de la ley impugnada rebasan con mucho tales l�mites, contrariando la naturaleza org�nica de dicha ley, imponiendo obligaciones a personas ajenas al Congreso, violando con ello las normas constitucionales que establecen la competencia de �rganos administrativos federales y estatales y con ello contraviniendo el art�culo 116 que impone la divisi�n de poderes a los Estados.

"?Dichas violaciones se realizan dotando de facultades exorbitantes e ilimitadas a las comisiones del Congreso.

"?El art�culo 39 de la Ley Org�nica del Congreso establece:

"�Art�culo 39. Las C.ones del Congreso son �rganos colegiados cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y dem�s asuntos que le sean turnados.�

"?Diversos art�culos que contienen las facultades de las comisiones rebasan tales acotamientos, seg�n se expone a continuaci�n:

"?El art�culo 53 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos dispone:

"?�Art�culo 53. Corresponde a la C.�n de Justicia y Derechos Humanos.�

"?�...

"?�... b) Dar seguimiento a las recomendaciones de la C.�n Estatal de Derechos Humanos.

"?... Las C.ones de Derechos Humanos son organismos aut�nomos que llevan su propio control y seguimiento. Tal autonom�a se pierde si el Congreso se superpone a ellas.�

"?El mismo art�culo 53 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, establece:

"?�Art�culo 53. Corresponde a la C.�n de Justicia y Derechos Humanos:

"?�...

"?�... d) Conocer de los asuntos relacionados con la procuraci�n e impartici�n de justicia.

"?�e) Emitir opini�n sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes de la materia.�

"?Las facultades anteriores constituyen una violaci�n a las normas constitucionales que establecen la competencia del Poder Judicial donde no se hacen distinciones entre la Justicia Federal y la estatal.

"?Emitir opini�n sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes sobre la materia ser�a facultar al Congreso para discutir y revisar sentencias.

"?El art�culo 53 otorga facultades que permitir�n al Legislativo una posici�n jer�rquica sobre el Judicial, viol�ndose el p�rrafo segundo del art�culo 116.

"?T.�n constituye una violaci�n a las normas constitucionales que establecen la competencia de la Procuradur�a G.eral de Justicia del Estado, al establecer una injerencia del Congreso en la procuraci�n de justicia. El art�culo 40 de la Constituci�n Estatal no establece facultades para que el Congreso pueda �conocer los asuntos relacionados con la procuraci�n de justicia�, y los art�culos 79-A y 79-B regulan la instituci�n del Ministerio P�blico y sus atribuciones.

"?Observaciones semejantes pueden hacerse sobre el art�culo siguiente.

"?El art�culo 54 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado establece:

"?�Art�culo 54. ...

"?�La C.�n de Trabajo y Previsi�n Social tendr� bajo responsabilidad:

"?�...

"?�... b) Opinar sobre la pol�tica laboral y desempe�o de los tribunales laborales.�

"?Esta vez, las facultades se extienden a �rganos administrativos que desempe�an la funci�n jurisdiccional y constituyen verdaderos tribunales.

"?El art�culo 59 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado establece:

"?�Art�culo 59. Corresponde a la C.�n de Desarrollo Agropecuario el conocimiento de los asuntos siguientes:

"?�a) Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo agropecuario que ejecute el Gobierno del Estado en favor de ejidatarios, comuneros o peque�os propietarios agr�colas, forestales y ganaderos, que sean competencia estatal, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia.

"?�... c) Lo relacionado a pol�ticas de inversi�n, financiamiento, subsidios apoyo t�cnico e investigaci�n en la producci�n, industrializaci�n y comercializaci�n de productos agropecuarios.�

"?El art�culo 60 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado establece:

"?�Art�culo 60. Corresponde a la C.�n del Medio Ambiente y Recursos Naturales:

"?�... b) Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectaci�n del entorno ambiental, que puedan producir los establecimientos industriales, comerciales y los desarrollos urbanos.

"?�c) Coadyuvar con las pol�ticas y programas educativos sobre ecolog�a y preservaci�n del medio ambiente.�

"?... Ahora bien, en todos estos supuestos se est� facultando a las comisiones de trabajo interno del Congreso para que tengan intervenci�n o injerencia en la funci�n p�blica conferida al Poder Ejecutivo, pues se se�ala que estos �rganos colegiados pueden de manera general conocer, opinar y hasta coadyuvar en algunas de las ramas que componen la administraci�n p�blica, viol�ndose con ello las normas constitucionales que establecen la competencia del Poder Ejecutivo del Estado.

"?Por lo tanto, se contraviene el principio constitucional que establecen los art�culos 40, 41 y 116 de la Constituci�n G.eral de la R.�blica, que erigen la divisi�n de poderes como una de las decisiones pol�ticas fundamentales del pueblo mexicano y que son una norma para las Constituciones de los Estados ...?

"Al igual que los anteriores pretendidos conceptos de invalidez se�alados por los actores del presente juicio de inconstitucionalidad, resulta falso lo que por ellos vertidos en el �ltimo de �stos.

"En efecto, conforme al art�culo 39 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, las facultades de las comisiones se limitan a conocer, analizar, investigar, discutir y sobre todo les facultan para dictaminar las iniciativas y dem�s asuntos que les sean turnados, es decir, se les otorga la divisi�n del trabajo, sin que ello implique, que las comisiones intervengan en forma directa e inmediata en las atribuciones que a cada uno de los �rganos de la administraci�n competen, como �rganos ejecutivos en la aplicaci�n de las leyes aprobadas por el Congreso, mismo que tiene la obligaci�n de vigilar, conocer, investigar y analizar las acciones de las diversas ramas de la administraci�n p�blica estatal, e incluso, de hacer comparecer a sus titulares para pedir informes sobre asuntos de la administraci�n a su cargo conforme lo establece el art�culo 45 de la Constituci�n Pol�tica L..

"En otro orden de ideas, los actores se�alan que: ?Diversos art�culos de la ley impugnada (mismos que han sido transcritos en p�rrafos precedentes) rebasan con mucho tales l�mites, contrariando la naturaleza org�nica de dicha ley imponiendo obligaciones a personas ajenas al Congreso, violando con ello las normas constitucionales que establecen la competencia de �rganos administrativos federales y estatales y con ello contraviniendo el art�culo 116 que impone la divisi�n de poderes a los Estados. Dichas violaciones se realizan dotando de facultades exorbitantes e ilimitadas a las comisiones del Congreso.?.

"No es cierto lo se�alado en el sentido de que algunos de los art�culos de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, reci�n aprobado imponga obligaciones a personas ajenas al Congreso, adem�s de que la parte actora no precisa en forma clara e indubitable, qui�nes o cu�les son las mencionadas personas ajenas al Congreso, a las que seg�n ellos, le son impuestas obligaciones por parte de dicho poder; y mucho menos se viola el �mbito jurisdiccional de alg�n �rgano federal o estatal, ni se contraviene el art�culo 116 de la Constituci�n Federal, en la parte relativa a la divisi�n de poderes.

"Asimismo, tampoco se est� dotando a alguna de las comisiones del Congreso de facultades exorbitantes o ilimitadas, como a continuaci�n expongo:

"En primer lugar, de acuerdo a lo que establece el art�culo 56 de la ley org�nica en controversia, referente a la C.�n de Justicia y Derechos Humanos, en ninguno de los apartados de dicho art�culo, se se�ala que las facultades otorgadas a la comisi�n que se cita, se superpongan a las facultades propias de la C.�n de Derechos Humanos del Estado de Morelos y mucho menos se atenta contra su autonom�a: como equivocadamente se�alan los actores.

"Por supuesto, tampoco por el simple hecho de que la C.�n de Justicia y Derechos Humanos del Congreso emita opiniones sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes sobre la materia, se deber� considerar, que ello faculta al Congreso para discutir y revisar sentencias; lo cual, por cierto, es derecho de cualesquier ciudadano, y coartar tal derecho, ser�a tanto como coartar el derecho a ciudadano alguno de emitir opini�n o de expresarse.

"Igualmente, tampoco se deducen de las facultades otorgadas a la comisi�n del Congreso que se viene se�alando, una posici�n jer�rquica superior a la del Poder Judicial. De ninguno de los incisos que componen el precitado art�culo 53 de la Ley Org�nica del Estado de Morelos se desprende una relaci�n de supra a subordinaci�n entre la C.�n de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Morelos y la Procuradur�a G.eral de Justicia de dicha entidad; y si bien, de lo previsto en el art�culo 40 de la Constituci�n del Estado, no se desprende que existan facultades para que el Congreso conozca de la procuraci�n de justicia; lo que prev� el art�culo 53 de marras; no implica injerencia en las labores del Poder Judicial del Estado.

"Asimismo, resulta falso lo se�alado por los actores en el sentido de que los art�culos 54, 59 y 60 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, sujeta a controversia, viole alguna de las disposiciones previstas en el art�culo 116 de la Constituci�n Federal, ya que si bien los precitados art�culos se�alan ciertas facultades de las comisiones en que se divide el Congreso del Estado, igualmente ninguna de dichas facultades, implica intervenci�n e injerencia en la funci�n p�blica conferida al Poder Ejecutivo, ni violan las normas constitucionales estatales o federales.

"A mayor abundamiento, me permitir� vertir lo que se�ala el Diccionario Peque�o Larousse Ilustrado, edici�n 1993, en relaci�n a los t�rminos utilizados por la propia ley, y que desde el punto de vista de los actores al momento de ser incluidos en la ley, motivo de la controversia, a fin de describir las facultades de las C.ones del Poder Legislativo del Estado de Morelos; y que desde el punto de vista de los actores implican violaci�n a lo previsto por distintos numerales de nuestra Carta Magna:

"Conocer: v. t. Tener la idea o la noci�n de una persona o cosa, entender de un negocio.

"Opinar: v. i. (lat. opinare). Formar opini�n sobre una cosa. Hacer conjeturas. Expresar la opini�n.

"Coadyuvar: v. t. e. i. (lat. coadjuavere) Contribuir, asistir o ayudar para realizar o conseguir alguna cosa.

"En virtud de lo se�alado solicito respetuosamente a esta autoridad se declare infundado e inoperante lo vertido por la parte actora y se deseche lo se�alado por la misma en el presente concepto de invalidez.

"Por �ltimo, es menester que ese Poder Judicial de la Federaci�n, est� en el conocimiento de que por voluntad del pueblo de Morelos en ejercicio de la soberan�a que le atribuye el art�culo 39 constitucional, el pasado 16 de marzo de 1997, tuvo a bien determinar mediante el Sufragio Libre y Directo, que se constituyera un Congreso plural conformado por 11 diputados del PRD, 5 diputados del PAN, 13 diputados del PRI y 1 diputado del Partido Civilista Morelense. De esta manera se integr� una nueva e innovadora asamblea legislativa en el Estado de Morelos, cobrando vida una instancia esperanzadora para los morelenses, al contar con un Congreso de mayor�a distinta a la filtraci�n pol�tica del titular del Poder Ejecutivo y que puede y est� ejerciendo un contrapeso a los abusos mayoritarios, mec�nicos e irreflexivos que acostumbran tener bajo control todo cuanto por ley se pusiese a la atenci�n del Poder Legislativo.

"Estaconquista social, un Congreso con mayor�a plural y distinta al PRI en el Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, ha determinado realizar una serie de acciones que tienden a dignificar la representaci�n popular que sus diputados ostentan, por lo que uno de los primeros pasos para romper con el cacicazgo pol�tico autoritario bajo el que se conduc�an las tareas legislativas, fue la elaboraci�n de un nuevo, din�mico y m�s amplio marco jur�dico que rigiera su vida interna, el cual parad�jicamente es materia del presente asunto.

"Finalmente, como otro punto de reflexi�n se hace notar a ese Supremo Poder Judicial de la Federaci�n que dentro del Pacto Federal contenido en nuestra Carta Magna y particularmente de acuerdo a su art�culo 40, por voluntad del pueblo mexicano nos constituimos en una R.�blica, representativa, democr�tica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios constitucionales de dicha Ley Fundamental; de donde se deriva lo establecido por su art�culo 116, que estipula que el poder p�blico de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y adem�s se precept�a que los Poderes de los Estados tienen libertad de organizarse conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, por lo que el Poder Legislativo del Estado de Morelos en ejercicio amplio de su autonom�a, para la cual pedimos el respeto que expresamos y reiteramos a las dem�s instancias del Poder Federal o Estatal, decidi� modificar y adecuar a las circunstancias pol�ticas que en nuestra entidad federativa se viven, el cuerpo legal, al tenor del cual, se erigir� su gobierno interno y adem�s deber�n ce�irse los procedimientos legislativos que regir�n la vida social y pol�tica del Estado de Morelos.

No est� por dem�s se�alar que a ra�z de esta nueva ley, impugnada, en el seno del Congreso del Estado, se tiene una vida m�s democr�tica, y donde el consenso es un principio fundamental que se privilegia.

CUARTO

El Gobernador Constitucional y el procurador general de Justicia, ambos del Estado de Morelos, rindieron su informe en los siguientes t�rminos:

"Estando en tiempo y con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, venimos por medio del presente ocurso a rendir el informe a que se refiere el precepto legal invocado, con motivo de la acci�n de inconstitucionalidad promovida por los diputados integrantes de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en los siguientes t�rminos:

"A) La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, prev� en su art�culo 116 las caracter�sticas que deber� presentar la estructura de los poderes de las entidades federativas, y al efecto en su primer p�rrafo ordena lo que a continuaci�n se transcribe:

"?El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo ...?

"B) De la anterior transcripci�n se advierte que se establece con car�cter obligatorio para las entidades federativas, la existencia en su estructura interna de uno de los elementos del Estado de derecho: el principio de la divisi�n de poderes, principio este que se consigna en el art�culo 49 de la Carta Magna.

"C) En estricto apego a lo que dispone el art�culo 116, primer p�rrafo de la Constituci�n Federal, el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, reconoce la divisi�n de poderes en la organizaci�n pol�tica de dicha entidad, al establecer textualmente que: ?El poder p�blico del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.?.

"D) El art�culo 24 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, dispone que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos.

"Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador Constitucional del Estado, seg�n se desprende del art�culo 57 de la Constituci�n L..

"E) D. t�tulo tercero de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, que regula lo relativo al Poder Legislativo, se desprenden las facultades del Congreso del Estado de Morelos, previendo en su art�culo 40, que entre otras facultades que corresponden al Congreso del Estado de Morelos, se comprenden las que enseguida se describen:

"a) De conformidad con las fracciones II y VI del precepto legal invocado, las siguientes:

"La de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administraci�n interior del Estado.

"La de legislar sobre todo aquello que la Constituci�n G.eral de la R.�blica no encomiende expresamente al Congreso de la Uni�n.

"Cabe destacar que el Poder Ejecutivo del Estado tiene una participaci�n efectiva en la formaci�n de leyes, toda vez que:

"a.1. El art�culo 42, fracci�n I de la Constituci�n L., prev� que al gobernador del Estado le corresponde el derecho de iniciar leyes y decretos.

a.2. De conformidad con los art�culos 47, 48 y 49 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, se le concede la facultad para ejercer el derecho de veto respecto de las iniciativas de leyes o decretos aprobados por el Congreso.

"Los art�culos 47, 48 y 49 invocados son del tenor literal siguiente:

"?Art�culo 47. Los proyectos de leyes o decretos aprobados por el Congreso se remitir�n al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, los publicar� inmediatamente, se reputar� aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto al Congreso, con observaciones, dentro de los diez d�as �tiles.?

"?Art�culo 48. Si al concluir el periodo de sesiones, el Ejecutivo manifestare tener que hacer observaciones a alg�n proyecto de ley o decreto, el Congreso prorrogar� aqu�llas por los d�as que fueren necesarios para ocuparse exclusivamente del asunto de que se trate. Si corriendo el t�rmino a que se refiere el art�culo anterior, el Congreso clausurase sus sesiones, sin recibir manifestaci�n alguna del Ejecutivo, la devoluci�n del proyecto de ley o decreto, con sus observaciones, se har� el primer d�a �til en que aqu�l est� reunido.?

"?Art�culo 49. El proyecto de ley o decreto observado en todo o en parte por el Ejecutivo, ser� devuelto por �ste y deber� ser discutido de nuevo y si fuese confirmado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso, volver� al Ejecutivo para su publicaci�n.?

"Con el derecho de veto que se concede al Poder Ejecutivo, lo que se pretende es, por un lado, asociar al Ejecutivo en la formaci�n de las leyes, haci�ndolo intervenir en la generaci�n de las mismas y, por otro lado, dotarlo de una defensa contra la posible invasi�n del Legislativo, es decir, tambi�n constituye una defensa del Ejecutivo frente al Poder Legislativo.

"a.3. En t�rminos del art�culo 70, fracci�n XVII se establece la obligaci�n a su cargo de promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

"b) De conformidad con el art�culo 38, el Congreso del Estado de Morelos, estar� facultado para expedir la ley que regule su estructura y funcionamiento interno, en los t�rminos que a continuaci�n se transcriben:

"?Art�culo 38. Las resoluciones del Congreso tendr�n el car�cter de leyes, decretos o acuerdos econ�micos. Las leyes y decretos se remitir�n al Ejecutivo firmados por el presidente y los secretarios, y los acuerdos econ�micos s�lo por los secretarios.

"?El Congreso expedir� la ley que en lo sucesivo regular� su estructura y funcionamiento interno, la cual no podr� ser vetada ni requerir� promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.?

"D. art�culo 38 transcrito, se advierte que en contraste con la participaci�n que corresponde al Poder Ejecutivo en la formaci�n de leyes, por lo que hace a la ley que regula la estructura y funcionamiento del Congreso del Estado, se establecen importantes excepciones.

"En efecto:

"b.1. El Poder Ejecutivo no podr� vetar la ley aprobada por el Congreso del Estado, por la que �ste regule su estructura y funcionamiento interno. La limitaci�n que se impone al Poder Ejecutivo se justifica, ya que de conced�rsele el derecho de veto respecto de la ley aprobada por el Congreso del Estado, por la que �ste regule su estructura y funcionamiento interno.

"La limitaci�n que se impone al Poder Ejecutivo se justifica ya que de conced�rsele el derecho de veto respecto de la ley por la que el Congreso se organiza internamente, se atentar�a contra la autonom�a del Poder Legislativo del Estado, quebrant�ndose con ello el principio de la divisi�n de poderes que se consigna en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y que se reconoce en la propia Constituci�n del Estado de Morelos.

"b.2. Derivado de lo anterior, la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso del Estado de Morelos, no requerir� para su vigencia, que el Poder Ejecutivo la promulgue.

"F) En t�rminos de lo anterior, para que la ley aprobada por el Congreso del Estado de Morelos en la que se prevea la regulaci�n de su estructura y funcionamiento interno tenga plena vigencia, bastar� que dicho cuerpo colegiado la apruebe.

"G) En virtud de lo antes expuesto, y en relaci�n con la acci�n de inconstitucionalidad promovida por los diputados integrantes de la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, nuestra parte manifiesta:

"a.1. D. escrito inicial de demanda, se advierte que la norma general cuya invalidez se reclama, b�sicamente la constituye la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, por estimarse inconstitucional. En el propio escrito inicial de demanda, se atribuye al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, la publicaci�n en el P.�dico Oficial de la norma general cuya invalidez se reclama.

"a.2. Es cierto como lo sostienen los promoventes, en el sentido de que el Poder Ejecutivo de Morelos, public� la norma cuya invalidez se reclama, en el P.�dico Oficial del Estado denominado ?Tierra y Libertad?, el doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Sobre este punto, nuestra parte considera pertinente destacar:

"a.2.1. Que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, no tuvo participaci�n alguna en el proceso legislativo que culmin� con la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, cuya invalidez se reclama, por tratarse del ordenamiento jur�dico que regula la estructura y funcionamiento del Congreso del Estado, y seg�n ha quedado precisado conforme al art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, las leyes de esta naturaleza no pueden ser vetadas ni requieren que el Poder Ejecutivo las promulgue para tener vigencia.

"a.2.2. Con fecha 3 de noviembre de 1997, el Congreso del Estado de Morelos, por conducto del presidente de la mesa directiva, se�or diputado J.I.S.H. y de los se�ores diputados F.J.M.C. y E.M.A.�n O., remitieron al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, el decreto por el que se aprob� la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, para los efectos de su publicaci�n.

"Atendiendo a que se trataba de la ley que regula la estructura y funcionamiento del Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado procedi� a la publicaci�n de la referida ley, con lo cual �ste dio cumplimiento a la obligaci�n que sobre el particular le corresponde, conforme a los art�culos 38, 47, 70, fracci�n XVII de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos y 27, fracci�n XXVIII de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de Morelos.

a.3. En t�rminos de lo anterior, resulta claro que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al publicar la norma general cuya invalidez se reclama, se ajust� a las disposiciones legales aplicables.

QUINTO

Los actores de la presente acci�n de inconstitucionalidad se encuentran legitimados para promoverla.

En primer t�rmino, conviene transcribir los art�culos 105, fracci�n II, inciso d) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y el 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, los cuales establecen:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. ...

"II. ...

"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:

"a), b) y c) ...

"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano;

"e) y f) ..."

Art�culo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acci�n deber� estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes �rganos legislativos ...

Conviene precisar que la demanda de acci�n de inconstitucionalidad fue promovida por los diputados Mar�a del R.�o C. P�rez, V�ctor M.S.P., F.R.A.�eyes V., A.F.E., A.M.A., L.C.O.G.�rrez, P.R.�n A.E., P.R.�guez C., M.S.C.�s, L.R.�n C.C., F�lix J.M.M., R.D.S.M.�n y R.V.P..

Como se puede observar de los textos legales transcritos, la acci�n de inconstitucionalidad debe ejercitarse, cuando menos, por el 33% de los diputados integrantes de la legislatura, lo anterior, para que se considere que los actores cuentan con legitimidad para promover el presente medio de defensa de la Constituci�n.

Ahora bien, conforme al art�culo 2o. de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, dicho Poder Legislativo Estatal se integra por dieciocho diputados electos por el principio de mayor�a relativa y, por doce diputados que ser�n electos seg�n el principio de representaci�n proporcional. Por lo tanto, el total de diputados que integran dicha asamblea son treinta, de ah� que si la presente acci�n de inconstitucionalidad fue promovida por trece diputados, ello representa el cuarenta y tres por ciento de los diputados de la XLVII Legislatura del Estado de Morelos, que representa un porcentaje mayor al establecido como m�nimo para el ejercicio de la presente acci�n. El precepto antes invocado establece:

"Art�culo 2o. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denominar� Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho diputados electos por el principio de mayor�a relativa, mediante el sistema de distritos electorales, y por doce diputados que ser�n electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripci�n territorial. Por cada diputado propietario habr� un suplente.

"El Congreso del Estado procurar� un orden p�blico justo y eficaz, mediante la expedici�n de leyes y decretos, conciliando e incorporando los leg�timos intereses de la sociedad.

El ejercicio de las funciones de los diputados durar� tres a�os y constituye una legislatura la que se identificar� con el n�mero ordinal sucesivo que le corresponda.

Adem�s, los promoventes de la presente acci�n de inconstitucionalidad, anexaron a su escrito inicial, diversos documentos, entre otros:

El P.�dico Oficial del Estado, del 30 de mayo de 1997, en donde a p�ginas 7 y 8, consta el n�mero de diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Estado de Morelos, de los cuales, 18 fueron electos por el principio de mayor�a relativa y 12 por el sistema de representaci�n proporcional, dando un total de 30 diputados integrantes de dicha legislatura.

Una certificaci�n del licenciado J.�n M.G.�lez, oficial mayor del Congreso del Estado de Morelos, de 9 de diciembre de 1997, en donde consta que todos y cada uno de los promoventes de la presente acci�n de inconstitucionalidad son diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Estado de Morelos.

Con estos documentos se considera que quienes promovieron la demanda son diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Estado de Morelos y los mismos constituyen el cuarenta y tres por ciento del total de 30 diputados integrantes de dicha legislatura, por lo que s� se cumple con el requisito establecido en el art�culo 105, fracci�n II, inciso d) de la Constituci�n G.eral.

SEXTO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, con fundamento en el �ltimo p�rrafo del art�culo 19 de la ley de la materia, de oficio, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del precepto antes citado, en relaci�n con los art�culos 10, fracci�n II, 20, fracci�n IV, 59 y 61, fracci�n II de la propia Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional.

Los referidos preceptos disponen lo siguiente:

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales: ...

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia. ..."

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ...

"VIII. En los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de esta ley.

"En todo caso, las causales de improcedencia deber�n examinarse de oficio."

"Art�culo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicar�n en todo aquello que no se encuentre previsto en este t�tulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el t�tulo II."

"Art�culo 61. La demanda por la que se ejercita la acci�n de inconstitucionalidad deber� contener: ...

II. Los �rganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas ...

De los preceptos antes transcritos se desprende que en una acci�n de inconstitucionalidad tendr� el car�cter de parte demandada el �rgano legislativo que hubiere emitido la norma general impugnada y el �rgano ejecutivo que le hubiere promulgado.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, sus reformas y adiciones no necesitan de promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia. El referido precepto dispone lo siguiente:

"Art�culo 38. Las resoluciones del Congreso tendr�n el car�cter de leyes, decretos o acuerdos econ�micos. Las leyes y decretos se remitir�n al Ejecutivo firmados por el presidente y los secretarios, y los acuerdos econ�micos s�lo por los secretarios.

El Congreso expedir� la ley que en lo sucesivo regular� su estructura y funcionamiento interno, la cual no podr� ser vetada ni requerir� promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.

Por su parte, el art�culo 3o. de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, dispone:

Art�culo 3o. Esta ley, as� como sus reformas y adiciones, no podr�n ser objeto de veto alguno, ni requerir�n para su vigencia de la promulgaci�n por parte del gobernador del Estado. El Congreso, en su caso, ordenar� su publicaci�n.

Por lo tanto, si por promulgaci�n debe entenderse el acto mediante el cual se da publicidad a la ley, es decir el acto de publicidadde la norma general impugnada, el cual lo ordena el Congreso Estatal, resulta incuestionable que el acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, resulta inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 1291, del Tomo XVIII, de la Quinta �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

PROMULGACI�N Y PUBLICACI�N. La ley emplea como sin�nimos los t�rminos promulgaci�n y publicaci�n, confundiendo el significado t�cnico de cada una de esas voces.

T.�n la Segunda Sala de este Alto Tribunal se ha pronunciado en los mismos t�rminos, en la tesis XXVII/97, visible en la p�gina 490, de la Gaceta correspondiente al mes de marzo de 1997, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

PROMULGAR, PUBLICAR Y CIRCULAR LAS LEYES SON VOCABLOS SIN�NIMOS. Si los t�rminos en que est� redactado el precepto de una Constituci�n L. conforme al cual se otorgan facultades al gobernador para promulgar, publicar y hacer circular las leyes que expide el Congreso L., son similares al contenido de los numerales 70, 72, inciso a), 89, fracci�n I, de la Carta Magna, deben tambi�n estimarse como sin�nimos los vocablos ?promulgar, publicar y circular?, con apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la p�gina doscientos veinticuatro de los Vol�menes ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y cuatro de la S�ptima �poca, de rubro ?PROMULGACI�N Y PUBLICACI�N DE LAS LEYES.?, pues con fundamento en dicha tesis, la orden o facultad contenida en el precepto constitucional local, consistente en que el titular del Poder Ejecutivo haga circular las leyes del Congreso de la entidad federativa, no es otra cosa que la de promulgar o publicar formalmente la ley, por lo que ning�n agravio se irroga con tener por inexistente un acto reclamado consistente en la ?circulaci�n? de una ley local, al haberse tenido como cierto el diverso acto relativo a la promulgaci�n, ya que esos t�rminos deben considerarse como sin�nimos.

Luego, si s�lo pueden tener el car�cter de demandados en una acci�n de inconstitucionalidad el �rgano que emiti� la norma general y el que la promulg�, y si en la especie la norma general impugnada no fue promulgada por el gobernador del Estado de Morelos, no puede ten�rsele como parte, por lo que, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en la acci�n de inconstitucionalidad en relaci�n con dicha autoridad.

No es �bice para lo anterior, el hecho de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al contestar la acci�n de inconstitucionalidad de que se trata, haya manifestado que procedi� a la publicaci�n de la referida ley, con motivo de que le remitieron el decreto por el que se aprob� la misma, habida cuenta que la norma general impugnada no fue publicada por orden del referido gobernador, sino por que as� lo determin� el Congreso del Estado de Morelos, en el art�culo sexto transitorio de la ley org�nica controvertida, que establece:

"Art�culo sexto. Para efectos de su publicidad, rem�tase un ejemplar de la presente al secretario general de Gobierno del Estado, en su car�cter de director del P.�dico Oficial ?Tierra y Libertad? �rgano de difusi�n del Gobierno Libre y Soberano de Morelos, para su publicaci�n correspondiente."

Adem�s, la facultad del gobernador del Estado de Morelos, para promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos que apruebe el Congreso del propio Estado, se refiere a todas las dem�s leyes que apruebe dicha asamblea legislativa, excepto la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, que regula su estructura y funcionamiento interno, porque como ya qued� precisado el art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica de dicha entidad federativa, le confiere dicha facultad al propio Congreso del Estado.

Las consideraciones que preceden conducen a sobreseer en la presente acci�n de inconstitucionalidad respecto de los actos reclamados al gobernador del Estado de Morelos.

S�PTIMO

Las causales de improcedencia por extemporaneidad de la acci�n de inconstitucionalidad, planteadas por el Congreso del Estado de Morelos, son infundadas.

La primera causal de improcedencia se formula con apoyo en lo dispuesto en los art�culos 59 y 65 de la ley reglamentaria, en relaci�n con los art�culos 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II de dicho ordenamiento jur�dico, porque se estima que la acci�n de inconstitucionalidad se present� en forma extempor�nea, con base en los siguientes argumentos:

Que el art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos prev� que la ley que regule la estructura y funcionamiento interno del Congreso de dicha entidad, no requiere promulgaci�n expresa del Ejecutivo Estatal para tener vigencia. Que en raz�n de lo anterior, para el inicio de la vigencia de la ley que regule la estructura y funcionamiento interno del Congreso del Estado de Morelos, no se requiere su publicaci�n. Cuesti�n �sta, que seg�n expone la demandada, no nada m�s se desprende del art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, sino del art�culo primero transitorio del ordenamiento jur�dico cuya invalidez se impugna.

T.�n sostiene que si bien es cierto que en la ley cuya invalidez se reclama se orden� su publicaci�n en el P.�dico Oficial "Tierra y Libertad", conforme al art�culo sexto transitorio de dicho ordenamiento jur�dico, ello se hizo exclusivamente para efectos de su divulgaci�n, mas no para el inicio de su vigencia. Por lo anterior, y como la ley cuya invalidez se reclama inici� su vigencia el d�a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el t�rmino de treinta d�as naturales para acudir a la acci�n de inconstitucionalidad concluy� el d�a tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por tal motivo se argumenta que al presentarse la demanda hasta el d�a once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se debe sobreseer la presente acci�n de inconstitucionalidad.

Los numerales 105, fracci�n II, p�rrafo segundo de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la ley reglamentaria del art�culo 105, establecen lo siguiente:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer� en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. ...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.

Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma ...

El primer p�rrafo del art�culo 60 de la ley reglamentaria, reitera la disposici�n constitucional en lo relativo al plazo para promover acci�n de inconstitucionalidad, como sigue:

"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse al primer d�a h�bil siguiente ..."

Conforme a los preceptos legales antes transcritos, resulta claro que el plazo para promover la acci�n de inconstitucionalidad es de treinta d�as naturales, mismos que se cuentan a partir de la fecha en que la ley de que se trate sea publicada en el medio oficial correspondiente, siendo indiferente la fecha en que inicie la vigencia de la misma.

En el caso que nos ocupa, la acci�n de inconstitucionalidad materia de este juicio fue promovida dentro del plazo concedido por la ley, esto es, dentro de los treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente al en que la ley cuya invalidez se reclama fue publicada en el medio oficial correspondiente.

En efecto, la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos aprobada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, fue publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Morelos con fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Atento a lo anterior, el c�mputo del plazo para promover la acci�n de inconstitucionalidad corri� del d�a trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete al doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete. La demanda se present� ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el d�a once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que se present� en tiempo.

El hecho de que la ley que se impugna no requiera de promulgaci�n (publicaci�n) para tener vigencia, ello resulta indiferente en el caso concreto, pues lo cierto es que la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, fue publicada en el medio oficial correspondiente, y es a partir del d�a siguiente de dicha publicaci�n en que debe computarse el t�rmino correspondiente. El art�culo 105, fracci�n II constitucional y el diverso 60 de la ley reglamentaria, no dan lugar a una interpretaci�n diversa.

Ahora bien, la Ley Reglamentaria del Art�culo 105, en el numeral 60, establece claramente que el plazo concedido para la interposici�n de la acci�n de inconstitucionalidad, deber� ser contado a partir del d�a siguiente al en que la ley o tratado internacional impugnado "sean publicados en el correspondiente medio oficial". Por ello, el hecho de que la norma general impugnada haya iniciado su vigencia con anterioridad a su publicaci�n, antes de la publicaci�n de la norma, resulta ser irrelevante, pues ese supuesto no lo contempla la ley de la materia y, al no contemplarlo, la parte actora no ten�a por qu� haber presentado la demanda dentro de los 30 d�as naturales, contados a partir del d�a en que la norma impugnada inici� su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, de donde se advierte con toda claridad que la acci�n de inconstitucionalidad materia de este juicio fue presentada en tiempo, cabe destacar lo siguiente:

Tal y como lo sostiene la demandada, en t�rminos del art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, la ley cuya invalidez se reclama no requiere la promulgaci�n expresa del Poder Ejecutivo para tener vigencia. Convenimos con la demanda en el sentido de que por promulgaci�n debe entenderse el acto por virtud del cual se da publicidad a la ley. No obstante ello, y a pesar de que la ley cuya invalidez se reclama no requer�a de promulgaci�n (publicaci�n) expresa para tener vigencia, ello no implica que el c�mputo debe realizarse a partir de su vigencia, como de manera reiterada lo sostiene la autoridad emisora.

Sobre el particular, debe decirse que el M.J.V.C. y C., en su libro "El Art�culo 105 Constitucional", Editorial Porr�a, Primera Edici�n, p�ginas 132 y 133, sostiene:

"Este plazo debe ser entendido partiendo del d�a siguiente a la fecha en que la ley o el tratado internacional impugnado, sean publicados en el correspondiente medio de informaci�n oficial.

"En el juicio de amparo el c�mputo de los plazos -sobre todo en los amparos indirectos- puede partir de distintos acontecimientos, como podr�a ser aquel en que surta sus efectos una notificaci�n obligada del acto reclamado, o en que una persona se haga sabedora del acto que despu�s impugna; o bien de la publicaci�n oficial, en trat�ndose de la promulgaci�n de leyes por amparo contra ellas.

Es muy entendible por lo tanto, que en las acciones de inconstitucionalidad siempre el acto impugnado es una norma general, y por tanto el punto de partida para computar el plazo en todo caso es la publicaci�n de dicha norma en el medio oficial que se utiliza para su conocimiento general. N�tese con cuidado que la fecha en que entra en vigor la norma general, ley o tratado internacional, no tiene ninguna trascendencia para el c�mputo del plazo en el ejercicio de la acci�n, sino simplemente debemos atenernos a la fecha de la publicaci�n de la norma general.

Por otra parte, la autoridad legislativa demandada argumenta que tambi�n se surte la causal de improcedencia establecida en el art�culo 65 de la ley reglamentaria, en relaci�n con los art�culos 19, fracci�n VII y 21, fracci�n II de dicho ordenamiento jur�dico, porque en t�rminos del art�culo primero transitorio de la ley cuya invalidez se reclama, se estableci� que la misma entrar�a en vigor al d�a siguiente de su aprobaci�n. Que en raz�n de que la ley org�nica se aprob� el d�a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dicho ordenamiento jur�dico entr� en vigor el d�a cuatro del mismo mes y a�o, y su primer acto de aplicaci�n se verific� el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

T.�n alega que como la Ley Org�nica del Congreso no requer�a de promulgaci�n (publicaci�n) expresa para que iniciara su vigencia, el c�mputo del t�rmino para promover la acci�n de inconstitucionalidad en su contra, deb�a computarse a partir del primer acto de aplicaci�n, mismo que se verific� el d�a cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, pues en esta fecha se celebr� la primera sesi�n del segundo periodo ordinario de sesiones y en la misma se pas� lista a los diputados y, si la demanda se present� hasta el 11 de diciembre de 1977, concluye que se present� fuera del plazo que fija el art�culo 21 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105.

El hecho de que el primer acto de aplicaci�n se haya llevado a cabo, antes de la publicaci�n de la norma general impugnada, tambi�n resulta irrelevante, pues el art�culo 60 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105, en ninguno de sus p�rrafos se refiere a que el plazo para interponer la acci�n de inconstitucionalidad se deber� contar a partir de que se ejecute o lleve a cabo el primer acto de aplicaci�n, sino de su publicaci�n en el medio oficial.

Ahora bien, se advierte que la demandada pretende establecer que en el caso concreto se debe de aplicar lo dispuesto por el art�culo 21, fracci�n II de la ley reglamentaria que prev� los plazos para la interposici�n de las demandas que se formulen en la v�a de controversia constitucional, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser� ...

"II. Trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia, y ..."

La demandada sostiene que la aplicaci�n en el caso concreto de lo dispuesto por el precepto legal antes transcrito, deriva de los art�culos 19, fracci�n VII y 65 de la ley reglamentaria, cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el art�culo 21, y ..."

"Art�culo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al art�culo 25, podr� aplicar las causales de improcedencia establecidas en el art�culo 19 de esta ley, con excepci�n de su fracci�n II respecto de leyes electorales, as� como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del art�culo 20.

Las causales previstas en las fracciones III y IV del art�culo 19 s�lo podr�n aplicarse cuando los supuestos contemplados en �stas se presenten respecto de otra acci�n de inconstitucionalidad.

Lo argumentado por la demandada carece de sustento jur�dico, pues si bien es cierto que el art�culo 65 de la ley reglamentaria, hace una remisi�n a las causales de improcedencia de las controversias constitucionales, previstas por el art�culo 19, autorizando, con ciertas excepciones, su aplicaci�n en las acciones de inconstitucionalidad, ello no debe entenderse en el sentido de que las causales de improcedencia previstas para las controversias constitucionales deban aplicarse a las acciones de inconstitucionalidad, en t�rminos textuales.

El art�culo 19, fracci�n VII de la ley reglamentaria prev� la causal de improcedencia para el caso de que la demanda, ya sea intentada en la v�a de controversia constitucional o de acci�n de inconstitucionalidad no sea presentada dentro de los t�rminos previstos en cada caso. Por lo que se refiere a las controversias constitucionales, se debe atender a los plazos que fija el art�culo 21, mientras que el plazo para promover la acci�n de inconstitucionalidad est� previsto en el art�culo 60; es decir, para que se actualizara la causal de improcedencia prevista por el art�culo 19, fracci�n VII de la ley reglamentaria, trat�ndose de una acci�n de inconstitucionalidad, resultar�a necesario que la demanda no fuera promovida dentro del plazo de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente de la publicaci�n de la ley impugnada (art�culo 60), no habiendo lugar a que se apliquen los supuestos que contempla el art�culo 21, que exclusivamente se refiere a los plazos para la interposici�n de controversias constitucionales. Sobre este punto debe destacarse que en las acciones de inconstitucionalidad �nicamente son aplicables las normas que regulan a las controversias constitucionales, es decir, aquellas que se contienen en el t�tulo II de la ley reglamentaria, en todo aquello que no est� previsto en el t�tulo III de dicho ordenamiento jur�dico que regula el procedimiento relativo a las acciones de inconstitucionalidad, seg�n se desprende del art�culo 59 que a continuaci�n se transcribe:

Art�culo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicar�n en todo aquello que no se encuentre previsto en este t�tulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el t�tulo II.

Toda vez que la ley reglamentaria, en su art�culo 60, expresamente prev� los plazos en que se debe presentar la demanda en la v�a de acci�n de inconstitucionalidad, no resulta aplicable lo dispuesto por el art�culo 19 de dicho ordenamiento. En esos t�rminos, y atendiendo a que la demanda materia de este juicio fue presentada dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n en el medio oficial correspondiente, resulta incuestionable que tampoco tiene raz�n en este aspecto.

En este orden de ideas, debe concluirse que como la acci�n de inconstitucionalidad fue ejercida en tiempo, resultan infundadas las causales de improcedencia planteadas en este aspecto por la autoridad demandada.

OCTAVO

T.�n es infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad legislativa demandada en el sentido de que los acuerdos de mayor�a tomados durante el proceso legislativo no pueden ser atacados en la v�a de acci�n de inconstitucionalidad.

La autoridad legislativa demandada argumenta que debe declararse improcedente la acci�n de inconstitucionalidad planteada, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 19, fracci�n VIII en relaci�n con los art�culos 20, fracci�n III y 65 de la ley reglamentaria, por cuanto a que los acuerdos tomados por mayor�a, en los que se aprob� el proyecto presentado en la sesi�n extraordinaria de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, no pueden ser atacados en la v�a de acci�n de inconstitucionalidad, dado que la naturaleza de esta v�a es la declaratoria de invalidez de una norma de car�cter general, y en la especie, los acuerdos tomados durante el proceso legislativo que dio lugar a la norma que se combate son meros tr�mites administrativos que de ninguna manera se equiparan a la naturaleza de la norma general.

En primer t�rmino, debe decirse que la constitucionalidad de una ley puede ser cuestionada tanto desde el punto de vista material, como desde el punto de vista formal. Esto es, la inconstitucionalidad de una ley puede derivar, por un lado de que su contenido en general, o de alguno de sus preceptos en particular, contravengan lo dispuesto por la Constituci�n G.eral de la R.�blica y, por otro, de la incompetencia del �rgano que la expide o dealg�n vicio en el proceso legislativo que le dio origen. En el primer caso, se estar�a ante una inconstitucionalidad material y en el segundo, ante una inconstitucionalidad formal.

La inconstitucionalidad material de una ley necesariamente implicar�a la violaci�n directa a la Constituci�n; mientras que la inconstitucionalidad formal, si bien tambi�n puede constituir una violaci�n directa, por regla general, implicar�a una violaci�n indirecta, pero no por ello menos trascendente.

T.�n es pertinente se�alar que la finalidad perseguida por el Constituyente Permanente, al instituir las acciones de inconstitucionalidad, fue la de establecer un mecanismo que permitiera someter al an�lisis de la Suprema Corte de Justicia, de modo integral, la constitucionalidad de las leyes, pero que, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de amparo, la sentencia que al efecto se dictara tuviera efectos generales.

En este orden de ideas, atendiendo a la diferencia entre constitucionalidad material y formal de una ley y a la finalidad perseguida por el Constituyente Permanente al instituir las acciones de inconstitucionalidad, la fracci�n II del art�culo 105 constitucional, en cuanto dispone que �stas tienen por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n G.eral de la R.�blica, debe ser interpretada en el sentido de que a trav�s de este procedimiento puede plantearse tanto la inconstitucionalidad material, como la formal de una ley.

Esto es, de interpretarse el precepto constitucional en cita de la manera restringida en que lo hace la autoridad demandada, en el sentido de que en esta acci�n s�lo puede plantearse la inconstitucionalidad material de una ley, se estar�a soslayando la intenci�n del Constituyente Permanente de someter a la decisi�n judicial el examen integral de la constitucionalidad de las leyes, pues se estar�a cerrando la posibilidad de plantearse la inconstitucionalidad formal de �stas.

Por lo tanto, si bien es cierto como lo sostiene la demandada, que los actores est�n combatiendo en la presente acci�n de inconstitucionalidad los acuerdos tomados por mayor�a, por los que se aprob� el proyecto presentado en la sesi�n extraordinaria de la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

De la demanda, materia de esta acci�n se desprende que la parte actora combate dichos actos en virtud de que en la aprobaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, no se observaron los ordenamientos jur�dicos aplicables relativos al proceso de creaci�n de normas, viol�ndose con ello la garant�a de legalidad consagrada en el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como las bases previstas por el art�culo 116 del mismo ordenamiento jur�dico.

El hecho de que los actos que han quedado precisados no puedan equipararse a una norma general, no exime a este Alto Tribunal del an�lisis de las violaciones que se destacan en la demanda, relativas al proceso legislativo que dio lugar a la ley cuya invalidez se reclama.

En efecto, del an�lisis integral del escrito de demanda se aprecia que, sustancialmente, se alegan violaciones a diversos art�culos de la Constituci�n Federal, entre ellos el art�culo 16, cuya norma gen�rica de legalidad, que obliga a todo tipo de autoridades, se invoca en relaci�n con otras disposiciones de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, en cuyo caso esta Suprema Corte considera que no hay impedimento para examinar tal tipo de violaciones indirectas a la Constituci�n Federal, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con la ley impugnada; esto es, no cualquier tipo de violaci�n a disposiciones secundarias o locales, sino cuando trasciendan al contenido mismo de la norma impugnada.

Este Alto Tribunal estima que esta apertura es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 constitucional, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas cuando se afecten de manera fundamental a causa de violaciones cometidas dentro del proceso legislativo del que emanan, que se estima que en ning�n caso deben contrariar alguna disposici�n de la Carta Fundamental.

Ahora bien, los acuerdos impugnados forman parte del procedimiento legislativo de creaci�n de leyes, es decir, es la �ltima etapa de dicho procedimiento, es el momento en que un proyecto de ley pasa a ser ley, independientemente de su promulgaci�n y publicaci�n. Por lo anterior, esos acuerdos s� pueden ser objeto de estudio de la acci�n de inconstitucionalidad; por lo que su estudio se reserva para el an�lisis de fondo.

Si bien es cierto que las acciones de inconstitucionalidad, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tienen por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la propia Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no es menos cierto que, la finalidad perseguida por dichas acciones es someter a la decisi�n judicial el examen integral de las normas cuya invalidez se reclame, debi�ndose comprender dentro de dicho an�lisis, la regularidad del proceso legislativo que da lugar a la norma combatida. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 23/97 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 134, de la Gaceta correspondiente al mes de abril de 1997, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, de aplicaci�n anal�gica, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n L. o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n L. dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.

Adem�s, la causal de improcedencia planteada por la demandada no se encuentra prevista dentro de las establecidas en el art�culo 19 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105.

En este orden de ideas, resulta incuestionable que s� procede impugnar en esta v�a, los acuerdos tomados en el proceso legislativo que dio lugar a la ley cuya invalidez se reclama y, en consecuencia esta causal tambi�n debe declararse infundada.

NOVENO

La demandada sostiene que es improcedente la presente acci�n de inconstitucionalidad en virtud de que los actores no expresan concepto de invalidez alguno en la demanda, tendiente a demostrar la inconstitucionalidad de los acuerdos de mayor�a tomados durante el proceso legislativo con el que culmin� la ley impugnada.

Sobre el particular debe decirse, que del an�lisis integral de la demanda, se desprende que entre otros, los actores se�alaron como precepto constitucional violado en su perjuicio el art�culo 16; adem�s, en los conceptos de invalidez expresados en la demanda se hacen valer vicios en el procedimiento legislativo que dio origen a la ley combatida, raz�n por la cual, es evidente que el planteamiento de inconstitucionalidad que se hace es desde el punto de vista formal que, como ya se dijo antes, tambi�n puede analizarse en la presente acci�n de inconstitucionalidad.

Adem�s, independientemente de que los argumentos expresados en la demanda correspondiente sean o no aut�nticos conceptos de invalidez, tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de la ley reclamada, debe decirse que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tiene la obligaci�n de suplir la deficiencia de los mismos, en t�rminos del art�culo 71 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105; por lo tanto, basta el simple planteamiento, aunque sea deficiente para que este Alto Tribunal proceda a su an�lisis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 68/96, de este Tribunal Pleno, visible en la p�gina 325, de la Gaceta correspondiente al mes de noviembre de 1996, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS. De acuerdo con lo establecido por los art�culos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, trat�ndose de controversias constitucionales, la Suprema Corte corregir� los errores en la cita de los preceptos invocados, examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuesti�n efectivamente planteada y deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos y agravios. De ello se sigue, necesariamente, que no es posible jur�dicamente que se establezca que los argumentos hechos valer por el promovente de la controversia o conceptos de invalidez puedan considerarse deficientes, pues ello en nada afectar� el estudio que deba realizarse conforme a las reglas establecidas en los preceptos mencionados.

D�CIMO

Es infundada la �ltima causal de improcedencia planteada por el Congreso del Estado de Morelos, en la que sostiene que debe declararse improcedente la presente acci�n de inconstitucionalidad en virtud de que la ley impugnada no es una norma general.

La demandada argumenta que debe declararse improcedente la acci�n de inconstitucionalidad planteada, en virtud de que no se re�nen los requisitos que se establecen en la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ni el requisito establecido en el art�culo 61, fracci�n II de la ley reglamentaria, en virtud de que la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos no es una norma de car�cter general, sino particular.

Para un adecuado an�lisis de la causal de improcedencia hecha valer, se debe precisar, en primer t�rmino, contra qu� es procedente la acci�n de inconstitucionalidad, para as� establecer si procede contra la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos.

Se debe partir del an�lisis e interpretaci�n de la fracci�n II del art�culo 105 constitucional, que dispone lo siguiente:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.

"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:

"a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Uni�n;

"b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Uni�n o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

"c) El procurador general de la R.�blica, en contra de leyes de car�cter federal, estatal y del Distrito Federal, as� como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, y

"e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de R.resentantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia asamblea.

"f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro.

"La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constituci�n es la prevista en este art�culo.

"Las leyes electorales federales y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayor�a de cuando menos ocho votos.

D. precepto antes transcrito se desprende lo siguiente:

  1. Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n G.eral de la R.�blica, entonces son procedentes s�lo contra normas de car�cter general.

  2. Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n G.eral de la R.�blica, cuando en el propio precepto se habla de leyes y tratados internacionales, obviamente se refiere a �stos entendi�ndolos como normas de car�cter general.

  3. Las acciones de inconstitucionalidad proceden s�lo contra normas de car�cter general, pero no contra cualquier norma general, sino �nicamente contra aquellas que tengan el car�cter de leyes o tratados internacionales.

Por su parte, los preceptos relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, disponen:

"Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente.

"En materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as son h�biles."

"Art�culo 61. La demanda por la que se ejercita la acci�n de inconstitucionalidad deber� contener:

"I. Los nombres y firmas de los promoventes;

"II. Los �rganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas;

"III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado;

"IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados; y

"V. Los conceptos de invalidez."

"Art�culo 64. Iniciado el procedimiento conforme al art�culo 24, si el escrito en que se ejercita la acci�n fuere oscuro o irregular, el Ministro instructor prevendr� al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco d�as. Una vez transcurrido este plazo, dicho Ministro dar� vista a los �rganos legislativos que hubieren emitido la norma y el �rgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince d�as rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acci�n de inconstitucionalidad. Trat�ndose del Congreso de la Uni�n, cada una de las C�maras rendir� por separado el informe previsto en este art�culo.

"En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el p�rrafo anterior ser�n, respectivamente, de tres d�as para hacer aclaraciones y de seis d�as para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley impugnada.

"La admisi�n de una acci�n de inconstitucionalidad no dar� lugar a la suspensi�n de la norma cuestionada."

"Art�culo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al art�culo 25, podr� aplicar las causales de improcedencia establecidas en el art�culo 19 de esta ley, con excepci�n de su fracci�n II respecto de leyes electorales, as� como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del art�culo 20.

"Las causales previstas en las fracciones III y IV del art�culo 19 s�lo podr�n aplicarse cuando los supuestos contemplados en �stas se presenten respecto de otra acci�n de inconstitucionalidad."

"Art�culo 67. Despu�s de presentados los informes previstos en el art�culo 64 o habiendo transcurrido el plazo para ello, el Ministro instructor pondr� los autos a la vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco d�as formulen alegatos.

"Cuando la acci�n intentada se refiera a leyes electorales, el plazo se�alado en el p�rrafo anterior ser� de dos d�as."

"Art�culo 68. Hasta antes de dictarse sentencia, el Ministro instructor podr� solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor soluci�n del asunto.

"Cuando la acci�n de inconstitucionalidad se interponga en contra de una ley electoral, el Ministro instructor podr� solicitar opini�n a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n.

"Agotado el procedimiento, el Ministro instructor propondr� al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el proyecto de sentencia para la resoluci�n definitiva del asunto planteado.

"En los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia a que se refiere el p�rrafo anterior deber� ser sometido al Pleno dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debi�ndose dictar el fallo por el Pleno a m�s tardar en un plazo de cinco d�as, contados a partir de que el Ministro instructor haya presentado su proyecto."

"Art�culo 69. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de oficio o a petici�n de parte, podr� decretar la acumulaci�n de dos o m�s acciones de inconstitucionalidad siempre que en ellas se impugne la misma norma.

"Cuando exista conexidad entre acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo, se estar� a lo dispuesto en los art�culos 37 y 38 de esta ley."

"Art�culo 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplir� los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr� fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violaci�n de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

"Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constituci�n, s�lo podr�n referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente se�alados en el escrito inicial."

Art�culo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayor�a indicada, el Tribunal Pleno desestimar� la acci�n ejercitada y ordenar� el archivo del asunto.

De los preceptos antes transcritos, se desprende que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, al hablar de acciones de inconstitucionalidad, se refiere, como lo hace el precepto que reglamenta, �nicamente a normas generales, leyes y tratados, por lo que, consecuentemente, tambi�n debe concluirse queestablece la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad �nicamente en contra de normas de car�cter general que tengan el car�cter de leyes o tratados internacionales.

La conclusi�n anterior se corrobora con el hecho de que la intenci�n del Constituyente Permanente, al establecer las acciones de inconstitucionalidad, fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de car�cter general con la Constituci�n y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo en el que la sentencia s�lo tiene efectos para las partes.

As� es, en la exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas a la Constituci�n, que present� el Ejecutivo Federal a la C�mara de Senadores, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo conducente, se dice:

"... Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo ...

"Se trata de llevar a sus �ltimas consecuencias el principio de la supremac�a constitucional. Hasta ahora el juicio de amparo ha sido el medio tradicional para tutelar las garant�as individuales, dando buena cuenta de su capacidad protectora. Mediante el juicio de amparo, los individuos han contado con un instrumento eficaz para impugnar aquella norma jur�dica general o aquel acto individual de autoridad federal, estatal o municipal, que pugne con lo dispuesto por una norma constitucional. Por ello, el juicio de amparo debe conservar sus principios fundamentales, pero debemos continuar perfeccion�ndolo, a fin de permitir cada vez una adecuada defensa de los derechos fundamentales del individuo frente a cualquier abuso de la autoridad.

"Debemos reconocer que incluso con independencia de los importantes beneficios del juicio de amparo, la nueva y compleja realidad de la sociedad mexicana hace que este proceso no baste para comprender y solucionar todos los conflictos de constitucionalidad que pueden presentarse en nuestro orden jur�dico. Por ello, es necesario incorporar procedimientos que garanticen mejor el principio de divisi�n de poderes y a la vez permitan que la sociedad cuente con mejores instrumentos para iniciar acciones de revisi�n de la constitucionalidad de una disposici�n de car�cter general a trav�s de sus representantes ...

"Asimismo, se propone abrir la posibilidad de que un porcentaje de los integrantes de las C�maras del Congreso de la Uni�n, de las Legislaturas L.es, de la Asamblea de R.resentantes del Distrito Federal o, en su caso, el procurador general de la R.�blica, puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el �mbito de sus atribuciones, la inconstitucionalidad de leyes, previ�ndose que las resoluciones puedan anular, con efectos generales, la norma declarada inconstitucional ...

"Al existir tribunales con atribuciones para anular las leyes con efectos generales, es conveniente que sus miembros se renueven peri�dicamente a fin de evitar un esquema r�gido de interpretaci�n constitucional ...

"La iniciativa propone mantener plenamente vigente el juicio de amparo, fortaleci�ndolo con algunas precisiones que se mencionar�n mas adelante en este texto. Este proceso es eficaz para el control cotidiano de los actos del poder p�blico y accionable a partir de los agravios que las personas sufran en sus vidas, papeles, posesiones o derechos. De igual modo, propone conservar �ntegramente la f�rmula O., con lo que las resoluciones de amparo seguir�n teniendo efectos s�lo respecto de las personas que hubieren promovido el juicio. Hoy se propone que, adicionalmente, los �rganos federales, estatales y municipales, o algunos de ellos, puedan promover las acciones necesarias para que la Suprema Corte de Justicia resuelva, con efectos generales, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

"La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas con efectos generales ser� una de las m�s importantes innovaciones que nuestro orden jur�dico haya tenido a lo largo de su historia. En adelante, el solo hecho de que una norma de car�cter general sea contraria a la Constituci�n puede conllevar su anulaci�n, prevaleciendo la Constituci�n sobre la totalidad de los actos del poder p�blico. La supremac�a constitucional es una garant�a de todo Estado democr�tico, puesto que al prevalecer las normas constitucionales sobre las establecidas por los �rganos legislativos o ejecutivos, federales o locales, se nutrir� una aut�ntica cultura constitucional que permite la vida nacional.

"Por razones de seguridad jur�dica y estabilidad social, aun cuando las declaraciones de inconstitucionalidad produzcan efectos, �stos habr�n de limitarse en el tiempo a fin de impedir que las resoluciones tengan efectos retroactivos, con excepci�n de la materia penal ...

"Lo que acontece en el juicio de amparo y en las controversias, en las acciones de inconstitucionalidad no es necesario que exista agravio para que sean iniciadas. Mientras que en el amparo se requiere de una afectaci�n de las garant�as individuales y en las controversias constitucionales de una invasi�n de esferas, las acciones de inconstitucionalidad se promueven con el puro inter�s gen�rico de preservar la supremac�a constitucional. Se trata, entonces, de reconocer en nuestra Carta Magna una v�a para que una representaci�n parlamentaria calificada, o el procurador general de la R.�blica, puedan plantearle a la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayor�a de un �rgano legislativo son, o no, acordes con la Constituci�n.

Siendo indudable que M�xico avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representaci�n pol�tica la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayor�as de los Congresos, significa, en esencia, hacer de la Constituci�n el �nico punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o actores pol�ticos. Por ello, y no siendo posible confundir a la representaci�n mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contar�n con una v�a para lograr que las normas establecidas por las mayor�as se contrasten con la Constituci�n a fin de ser consideradas v�lidas ...

El Dictamen de las C.ones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Secci�n, de la C�mara de Senadores, C�mara de Origen, presentado al Pleno de la C�mara el diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo conducente, dice lo siguiente:

"En los �ltimos a�os en nuestro pa�s han venido ganando terreno las propuestas realizadas por distinguidos juristas mexicanos, tanto en congresos nacionales e internacionales, como en estudios jur�dicos diversos, para establecer en nuestro pa�s la Declaraci�n G.eral de Inconstitucionalidad de Leyes y Actos.

"Propuestas como �stas se han sustentado en el hecho de que, el amparo mexicano, la instituci�n jur�dica de mayor raigambre en nuestra historia quiz�, la mejor aportaci�n jur�dica de M�xico al mundo jur�dico, solamente tiene efectos relativos entre partes; es decir, que los efectos de la sentencia s�lo alcanzan a aquellos que intervinieron en el proceso respectivo. Situaci�n que se ha considerado injusta por esos sectores de la academia mexicana, pues para ellos genera un terrible problema de impartici�n de justicia, en millones de personas, que no tienen recursos econ�micos suficientes para contratar un abogado y solicitar la protecci�n de la Justicia Federal en contra de una ley que ha sido declarada inconstitucional para quien s� los tuvo.

"Ciertamente un sector importante de la doctrina jur�dica mexicana ha considerado extremosa la posibilidad arriba anunciada y ha sostenido que desnaturalizado el juicio de amparo, al darle a esta v�a la posibilidad de alcanzar la declaraci�n general de inconstitucionalidad, mientras que otro sector, ha considerado que tarde o temprano el amparo contra leyes, retomar� la propuesta con los alcances expresados originalmente por M.O. en el Acta de Reformas de 1847 y podr� anular toda ley contraria a la Constituci�n.

"Desde la anterior perspectiva, el contenido de la iniciativa presidencial, respecto a la declaraci�n general de inconstitucionalidad, es un trascendente y significativo avance, al establecer un novedoso procedimiento, mediante la acci�n para solicitar la intervenci�n de la Suprema Corte de Justicia, para que intervenga, dentro de los primeros 30 d�as de vigencia de una ley y resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma. De darse el �ltimo supuesto, esta ley quedar�a nulificada.

"Estas comisiones unidas consideran que debe aprobarse la reforma propuesta, para que M�xico d� un paso gigantesco en la impartici�n de justicia y se ponga a la altura de los pa�ses m�s avanzados de las democracias occidentales, quienes, siguiendo el ejemplo del modelo austriaco, que introdujo la Constituci�n Federal de Austria de 1920, debido a las propuestas del insigne jurista H.K., desde hace un tiempo contemplan dentro de sus instituciones constitucionales, la declaraci�n general de inconstitucionalidad. Por otro lado, estas comisiones unidas consideran que la reforma propuesta, se encuentra perfectamente armonizada con los principios y tradiciones jur�dicas mexicanas, fundamentalmente con la m�xima instituci�n mexicana: el amparo.

"La iniciativa del Ejecutivo contempla que tanto las C�maras de Senadores y de Diputados, la Asamblea de R.resentantes del Distrito Federal, as� como los Congresos L.es, puedan presentar una solicitud de declaraci�n de inconstitucionalidad de leyes con s�lo el treinta y tres por ciento de sus miembros. Otro aspecto de trascendencia de esta reforma, es que da a las minor�as la legitimidad procesal para enfrentar decisiones de la mayor�a dentro de un marco legal.

Garantizar la constitucionalidad de normas y decisiones que afecten a la sociedad es llevar la funci�n de la Suprema Corte de Justicia a sus �ltimas consecuencias: un tribunal constitucional aut�nomo que garantice por su eficacia y legitimidad las garant�as individuales y sociales y el proyecto de naci�n com�n que nos unen a todos los mexicanos.

Por su parte, el Dictamen de las C.ones Unidas de Gobernaci�n y Puntos Constitucionales y de Justicia de la C�mara de Diputados, presentado al Pleno de la C�mara el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo conducente, dice:

"En este mismo dispositivo se introduce una figura novedosa en nuestro sistema jur�dico: la acci�n de inconstitucionalidad, como una garant�a de la supremac�a constitucional, que procede respecto de contradicciones entre una norma de car�cter general y la Constituci�n Federal, acci�n que podr� ejercitarse dentro de los 30 d�as siguientes a su publicaci�n por el equivalente al 33% de los miembros de los �rganos colegiados facultados para el ejercicio de la funci�n legislativa en los �mbitos Federal, Estatal y del Distrito Federal, y para la C�mara de Senadores respecto de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Destaca el otorgamiento de esa facultad al procurador para ejercitarla en contra de normas generales en los �mbitos mencionados e incluso, en contra de tratados internacionales.

En la iniciativa se propon�a el 45% que el Senado de la R.�blica estim� necesario reducir a fin de hacer m�s viable su ejercicio. Dichas resoluciones, con efectos generales, ser�n retroactivas s�lo en materia penal y para que tengan dichos efectos se aplicar�a el mismo n�mero de votos necesarios, con lo que estas comisiones unidas concuerdan.

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 59 y 19, fracci�n VIII de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con el art�culo 1o. de la misma ley y con la fracci�n II del art�culo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad s�lo son procedentes contra normas de car�cter general.

Los art�culos 59 y 19, fracci�n VIII de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente:

"Art�culo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicar�n, en todo aquello que no se encuentre previsto en este t�tulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el t�tulo II."

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ...

VIII. En los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de esta ley.

Por su parte, el art�culo 1o. de la ley en cita establece:

Art�culo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer� y resolver� con base en las disposiciones del presente t�tulo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposici�n expresa, se estar� a las prevenciones del C�digo Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, para determinar la procedencia de la presente acci�n intentada, debe precisarse que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un n�mero indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables.

Por lo tanto, debe estimarse que la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, es una disposici�n de car�cter general, abstracto e impersonal.

Para efectos del caso que nos ocupa, es pertinente poner especial �nfasis en la generalidad, como caracter�stica esencial de la ley. En efecto, la generalidad de la ley debe estimarse como la esencia misma de la funci�n legislativa, al grado de que, como una garant�a contra la arbitrariedad de los gobernantes que es precisamente el fundamento racional e hist�rico del principio de la generalidad que la Constituci�n en su art�culo 13, ha consignado como un derecho de los gobernados en el sentido de que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, es decir por leyes que no sean generales.

Por generalidad debe entenderse que el acto jur�dico no desaparezca despu�s de su aplicaci�n, de ah� que, adem�s, deba aplicarse cuantas veces se d� el supuesto previsto, sin distinci�n de persona.

Por particularidad, en cambio, se entiende que el acto jur�dico est� dirigido a una situaci�n concreta, por lo que, una vez aplicado, se extingue.

Esta Suprema Corte de Justicia ha admitido sin reserva tales principios, al establecer entre otras, la siguiente jurisprudencia:

LEYES PRIVATIVAS. Es car�cter constante de las leyes, que sean de aplicaci�n general y abstracta; es decir, que deben contener una disposici�n que no desaparezca despu�s de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicaci�n, y se apliquen sin consideraci�n de especie o de persona, a todos los casos id�nticos al que previenen, en tanto que no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el art�culo 13 constitucional, y a�n deja de ser una disposici�n legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden ser privativas, tanto en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el car�cter de generalidad, se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicaci�n de las leyes privativas, protege el ya expresado art�culo 13 constitucional.

(Quinta �poca, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo: XXVIII, p�gina: 1959).

En este orden de ideas, tanto por su denominaci�n, como por el objeto que tiene la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, consistente en regular la organizaci�n, el funcionamiento y las atribuciones del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, debe concluirse que la legislaci�n impugnada tiene car�cter de norma general; es decir, el Congreso del Estado de Morelos por medio de la ley org�nica combatida dio nacimiento a una situaci�n jur�dica general, que es condici�n indispensable para la procedencia de la acci�n de inconstitucionalidad planteada.

Adem�s, debe decirse que del art�culo 1o. de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, se desprende que el Congreso Estatal expidi� dicha ley en ejercicio de su funci�n propiamente legislativa, pues dicho precepto establece:

Art�culo 1o. La presente ley tiene por objeto regular la organizaci�n, el funcionamiento y las atribuciones del Poder Legislativo, y se expide con fundamento en lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 38 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos.

D. precepto antes transcrito se desprende que la ley impugnada es una norma de observancia general y obligatoria, en virtud de que aunque dicha ley s�lo establezca la organizaci�n, el funcionamiento y las atribuciones del Poder Legislativo, de cualquier forma es una norma general.

El Constituyente en el art�culo 105, fracci�n II de la Constituci�n Federal, reconoci� que las leyes expedidas por los Poderes Legislativos, son normas de car�cter general, por lo que hace procedente contra ellas la acci�n de inconstitucionalidad, por una minor�a parlamentaria.

Por otra parte, debe decirse que la caracter�stica de la generalidad de la norma a que se refieren los demandados carece de sustento, porque si la generalidad es un requisito de la ley, hay que tener en cuenta que esta caracter�stica no es la temporalidad de la misma, ni tampoco radica en la indeterminaci�n del n�mero de actos a regular por la disposici�n jur�dica, sino que hace referencia a la finalidad general que la ley debe siempre perseguir (bien com�n), y a su eficacia igualmente general (deber general de respeto).

En este orden de ideas, debe concluirse que la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, tiene car�cter de norma general, tanto en su sentido formal y material, no s�lo porque as� deriva de la Constituci�n G.eral de la R.�blica, sino por la trascendencia que para la vida de los ciudadanos tiene su aprobaci�n, sin olvidar las importantes facultades desde el punto de vista constitucional que se atribuyen a la labor legislativa.

Adem�s, la generalidad de la ley no opera para determinar el concepto de norma general a que se refieren los preceptos que establecen la acci�n de inconstitucionalidad, sino s�lo para aplicar la garant�a de igualdad contenida en el art�culo 13 constitucional; es decir, la exigencia de generalidad de la ley, como medio para garantizar la igualdad, s�lo tiene sentido all� donde el principio de igualdad no opera como un mandato frente al legislador, sino s�lo como una norma dirigida a los �rganos que aplican la ley. Por ello, exigir a la ley impugnada la generalidad, como lo hace la demandada, resulta intranscendente, ya que para ello existe el principio constitucional de igualdad contenido en el art�culo 13 de la Constituci�n Federal.

Cabe ponderar que desde el punto de vista de su �mbito personal de validez, las normas se dividen en gen�ricas (generales) e individualizadas. Las normas generales son aquellas que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto -sujeto de la disposici�n normativa-, mientras que las individualizadas son aquellas que obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase, individualmente determinados.

Las normas individualizadas se dividen en privadas y p�blicas. Las primeras derivan de la voluntad de los particulares, en cuanto �stos seaplican ciertas normas generales; las segundas, de la actividad de las autoridades. Tienen car�cter privado los contratos y los testamentos; tienen car�cter p�blico, las resoluciones judiciales y administrativas.

Atendiendo a lo anterior, resulta claro que la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos es una norma de car�cter general, ya que obliga y faculta a todos los comprendidos dentro de las hip�tesis normativas que prev�, es decir no obliga a persona alguna individualmente determinada. La individualizaci�n no se actualiza sino con actos concretos de aplicaci�n de la ley.

De conformidad con el criterio sostenido por esta Suprema Corte antes transcrito, y sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, es evidente que la norma cuya invalidez se reclama tiene el car�cter de general y abstracta, puesto que su aplicaci�n no se agotar� con la actual legislatura y los miembros que la integran, sino que se aplicar� a todas las subsecuentes legislaturas y a todas aquellas personas que integren el Congreso del Estado de Morelos.

En este orden de ideas, contrariamente a lo que sostiene la demandada, la ley cuya invalidez se reclama s� es una norma general y abstracta, cuyas disposiciones no desaparecen despu�s de aplicarse a los casos que la norma prev�, pues reglamenta una situaci�n general, de inter�s para toda la poblaci�n del Estado de Morelos, a la que tambi�n debe sujetarse la autoridad.

Si bien es cierto que la ley cuya invalidez se reclama regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso del Estado, ello no determina que dicho ordenamiento jur�dico sea de car�cter particular como lo argumenta la demandada, m�xime que dentro de la clasificaci�n que la propia demandada propone, no se contemplan a las normas particulares. Si lo que la demandada pretend�a establecer es que la Ley Org�nica del Congreso es una norma individualizada, debe hacerse notar, como ya se dijo, que dicho car�cter �nicamente lo tienen aquellas normas que obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase, individualmente determinados; en el �mbito privado, tienen tal car�cter los contratos y los testamentos, mientras que en el �mbito p�blico, lo tienen las resoluciones judiciales y administrativas. Atento a lo anterior, es incuestionable que la norma cuya invalidez se reclama no tiene el car�cter de individualizada.

No es �bice para llegar a la anterior conclusi�n el hecho de que la Ley Org�nica del Congreso, �nicamente sea aplicada a los miembros que integran al Congreso del Estado de Morelos, es decir, a los diputados y dem�s personal administrativo. Esto es as�, en virtud de que la aplicaci�n de la ley en cuesti�n no se agotar� con la actual legislatura, sino que se aplicar� a todas las subsecuentes legislaturas y a todas aquellas personas que en un futuro integren a dicho cuerpo colegiado, por lo que no puede ni remotamente establecerse que dicho ordenamiento jur�dico est� dirigido a una o varias personas individualmente determinadas.

Por lo tanto, la presente causal de sobreseimiento es infundada, puesto que, contrariamente a lo afirmado por la autoridad emisora, la norma impugnada, s� reviste el car�cter de general que exige la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, toda vez que las normas de car�cter general son aquellas cuya materia no desaparece despu�s de su aplicaci�n a los casos previstos en ella y comprende a todos aquellos individuos que se encuentren o lleguen a encontrarse dentro de la situaci�n jur�dica abstracta, impersonal y permanente prevista en la propia norma legal, caracter�sticas que se encuentran en la norma impugnada por la parte actora.

No se puede considerar que la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos sea una norma de car�cter particular, como lo afirma la autoridad emisora, ya que el car�cter de general est� en el hecho de que la misma va dirigida no a un solo diputado, o a una fracci�n parlamentaria, sino que va dirigida a todos y cada uno de los diputados que integren tanto la presente legislatura como las futuras; asimismo regula el desarrollo no de una sesi�n en especial, sino de todas aquellas que a partir de su vigencia se celebren. De ah� la confirmaci�n de la generalidad de la norma impugnada.

Por �ltimo, la autoridad emisora confunde la generalidad de una norma con la regulaci�n de una materia espec�fica, es decir, considera que por el simple hecho de que la norma impugnada regula la organizaci�n, el funcionamiento y las atribuciones del Poder Legislativo, carece de generalidad, lo que no es correcto. La generalidad, como ya qued� especificado, se encuentra en el hecho de que dicha norma va dirigida a todos aquellos individuos que actualicen el supuesto jur�dico normativo.

Las consideraciones que preceden conducen a estimar infundada la presente causal de sobreseimiento, porque la ley impugnada s� tiene car�cter de norma general.

D�CIMO PRIMERO

El primer concepto de invalidez relativo a las violaciones en el proceso legislativo con el que culmin� la norma impugnada, es infundado.

Antes de iniciar el estudio de los conceptos de invalidez, es conveniente referirnos a los hechos que constituyen los antecedentes de la presente acci�n de inconstitucionalidad.

En marzo de 1997, en la XLVI Legislatura del Estado de Morelos, la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, present� una iniciativa de Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, misma que se turn� a la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n.

El 9 y 14 de abril del mismo a�o, en sesiones extraordinarias, se llev� a cabo, respectivamente, la primera y segunda lectura, as� como la discusi�n del dictamen emitido por la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n.

En la segunda lectura y discusi�n, la Asamblea de la XLVI Legislatura del Estado de Morelos, acord�, por unanimidad, poner en reserva el proyecto de iniciativa en cita para que fuera discutida y, en su caso, aprobada por la XLVII Legislatura.

En este punto, los actores afirman que no se dio la segunda lectura al dictamen de la C.�n de Puntos Constitucionales y L.�n.

El 17 de abril del a�o pr�ximo pasado, entr� en funciones la XLVII Legislatura del Estado de Morelos.

La fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional, present� una nueva iniciativa de reforma a la multicitada Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, turn�ndosela a las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y de Reglamentos y Pr�cticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen.

El 3 de noviembre, en sesi�n extraordinaria, se incluy� en la orden del d�a, entre otros asuntos:

La primera lectura y discusi�n del dictamen emitido por las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y de Reglamentos y Pr�cticas Parlamentarias, inherentes a la iniciativa de Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, presentada por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional; y,

La consulta al Pleno de dicho Congreso para la dispensa de la segunda lectura al dictamen anterior, as� como en el caso, discusi�n y aprobaci�n.

En esa misma sesi�n, el diputado F�lix J.M.M., manifest� que se estaba omitiendo analizar la iniciativa de Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, presentada en marzo de 1997 por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en la XLVI Legislatura; por lo que solicit� que se retirara de la orden del d�a, el cuarto punto, relativo a la dispensa de la segunda lectura del dictamen relativo a la ya citada ley org�nica, solicitud que fue desechada por la mayor�a, con lo cual, consideran se viola el art�culo 97, fracci�n VII de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos.

Asimismo, se dio lectura al dictamen emitido por las C.ones Unidas de Puntos Constitucionales y L.�n y de Reglamentos y Pr�cticas Parlamentarias, referente a la multicitada iniciativa de ley, y por mayor�a, la asamblea dispens� la segunda lectura y discusi�n del dictamen en cuesti�n; procediendo a la discusi�n en lo general y en lo particular del proyecto presentado por la fracci�n parlamentaria del Partido Acci�n Nacional; posteriormente se vot� y fue aprobado.

Finalmente, el 12 de noviembre de 1997, previa su promulgaci�n por el Ejecutivo L., se public� en el P.�dico Oficial del Estado.

En contra de esta ley, el cuarenta y tres por ciento de los diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Estado de Morelos, promovieron la presente acci�n de inconstitucionalidad por considerar que diversos numerales de la misma pugnan con lo dispuesto por los art�culos 5o., fracci�n IV, 14, 16, 36, fracci�n IV, 38, 39, 40, 41, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primer concepto de invalidez, los actores argumentan esencialmente que se violan los art�culos 16 y 116 de la Constituci�n Federal, toda vez que, al aprobar la ley impugnada, no se acat� la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos y, por ende se viola, no solamente la Constituci�n L., sino tambi�n la Federal.

Adem�s, manifiestan que la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, publicada el 22 de marzo de 1990, establece, en sus art�culos 95 y 97, fracciones VII y VIII, que todos los dict�menes deber�n ser repartidos previamente a su discusi�n y recibir dos lecturas en diferentes sesiones, lo que en la especie no sucedi�, ya que:

  1. Nunca se dio la segunda lectura a la iniciativa de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos presentada, en la XLVI Legislatura, por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; y,

  2. No se discuti� y, en su caso, aprob� o rechaz� dicha iniciativa de ley.

Por su parte, la autoridad emisora manifiesta que es falso que se viole el principio de legalidad consagrado en el art�culo 16 de la Constituci�n G.eral de la R.�blica y mucho menos el 116, ya que se actu� con apego al mencionado principio de legalidad y se acat� lo previsto en los art�culos 95 y 97, fracciones VI y VII de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, que, tal y como lo mencionan los actores al momento en que el dictamen de la ley org�nica aprobada en la sesi�n de fecha tres de noviembre de 1997, se puso a consideraci�n del Pleno, se present� la solicitud de dispensa de la segunda lectura del dictamen que dio lugar al ordenamiento legal en controversia.

T.�n, se�ala que en nada afecta a la ley impugnada, el que nunca se le haya dado lectura a la iniciativa de Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, presentada en marzo de 1997 por la fracci�n parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ya que la misma es una ley completamente distinta a la aprobada.

Igualmente, afirma que es cierto que la ley que ahora se reclama como inconstitucional no recibi� dos lecturas, sin embargo, tal situaci�n se encontraba contemplada dentro de los supuestos a que se refiere al art�culo 97, fracciones VII y VIII de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, vigente en este momento.

Por �ltimo, argumenta que en el supuesto caso de que hubiera existido la violaci�n al procedimiento que culmin� en la aprobaci�n de la ley org�nica impugnada, dicha violaci�n se convalid�, porque durante el desarrollo de la sesi�n en que se discuti�, participaron en la aprobaci�n de la ley los impugnantes, es decir, propusieron modificaciones; por lo que, si hubiera existido la violaci�n al art�culo 16 constitucional, los diputados actores se hubieran abstenido de participar en la sesi�n.

Previamente al estudio del presente concepto de invalidez, es conveniente transcribir los siguientes art�culos:

Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

"Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ..."

"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"I. a VII. ...".

Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos.

Art�culo 44. Para que un proyecto o iniciativa tenga el car�cter de ley o decreto, necesita la aprobaci�n de las dos terceras partes de los diputados presentes en votaci�n nominal; la sanci�n del Ejecutivo y su publicaci�n en el �rgano oficial del Estado.

Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos (ley abrogada).

"Art�culo 95. Todos los dict�menes, deber�n recibir dos lecturas y ser repartidos previamente a su discusi�n a todos los miembros del Congreso."

"Art�culo 97. Los documentos con que se d� cuenta al Congreso ser�n tramitados de la manera siguiente:

"I. a VI. ...

"VII. Los dict�menes que emitan las comisiones, tendr�n dos lecturas en diferentes sesiones, debi�ndose leer en la primera sesi�n todo el dictamen junto con el art�culo de la iniciativa, si los legisladores aprueban que se dispensa la segunda lectura, el dictamen podr� ser sometido a discusi�n y votaci�n en la misma sesi�n.

"VIII. S�lo podr� dispensarse de este requisito aquel asunto que por acuerdo expreso de la asamblea se califique de urgente u obvia resoluci�n.

IX. ...

En contra de lo que alegan los actores, debe decirse que conforme a los preceptos antes transcritos, los dict�menes que emitan las comisiones tendr�n dos lecturas en diferentes sesiones debi�ndose leer en la primera sesi�n todo el dictamen junto con el articulado de la iniciativa, si los legisladores aprueban que se dispense la segunda lectura, el dictamen podr� ser sometido a discusi�n y votaci�n en la misma sesi�n. Que s�lo podr� dispensarse este requisito cuando el asunto se califique por acuerdo expreso de la asamblea de urgente u obvia resoluci�n.

Por ende, como se ha dejado precisado, el procedimiento de creaci�n de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos vigente, se llev� a cabo conforme lo establece la Constituci�n L. y la anterior ley org�nica; esto es as�, en virtud de que, en primer t�rmino se llev� a cabo una primera lectura y discusi�n de la iniciativa de la ley presentada en la actual legislatura, y en segundo t�rmino tambi�n hubo un acuerdo en el que la mayor�a de los diputados integrantes de la actual legislatura, dispens� la segunda lectura, pues la calific� de urgente resoluci�n, pasando posteriormente en la misma sesi�n a discutirla y a probarla. Por ello, resulta infundado el concepto de violaci�n de que se trata.

Lo anterior aunado a que de cualquier manera la norma fue aprobada por el Pleno, por lo que, aun de haberse llevado a cabo el procedimiento en los t�rminos que se�ala la parte actora, sin prejuzgar si le asiste o no la raz�n, en nada hubiera cambiado el sentido de la norma.

En este orden de ideas, los acuerdos controvertidos, son constitucionales porque como lo manifiestan los actores, fueron tomados por el voto mayoritario de los diputados integrantes de la XLVII Legislatura del Estado de Morelos, requisito necesario para que dichos acuerdos tenga plena validez.

Es pertinente aclarar que cada legislatura es aut�noma e independiente de las que le preceden, por lo que, la actual legislatura no ten�a la obligaci�n de discutir y aprobar un proyecto de ley presentado en la anterior legislatura, por mucho que se haya emitido un acuerdo econ�mico en el que se acord� posponer la segunda lectura y discusi�n para la XLVII Legislatura, ya que aqu�lla debi� agotar, en su momento, el procedimiento legislativo de creaci�n de leyes y no dejarle a la siguiente legislatura la labor que a ella le correspond�a. Por ello, la actual legislatura actu� dentro de sus atribuciones ya que est� facultada para no entrar al debate del proyecto de Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos que no fue presentado en esta gesti�n.

Adem�s, las violaciones que plantea la parte actora en relaci�n al proyecto de ley presentado en la anterior legislatura, con independencia de que sean fundadas o no, no pueden estimarse que trasciendan al contenido mismo de la norma aprobada, que provoque su inconstitucionalidad, debido a que la omisi�n de la discusi�n del dictamen exhibido en la anterior legislatura, no significa que el decreto aprobado tenga vicios que lo afecten de fondo; es decir, tal omisi�n no trasciende a la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos vigente.

D�CIMO SEGUNDO

El tercer concepto de invalidez es infundado.

En el tercer concepto de invalidez, los actores manifiestan, en esencia, que la ley impugnada como inconstitucional viola la soberan�a nacional y la forma de gobierno de los Estados integrantes de la Federaci�n, ya que en su art�culo 38, incisos d) y h) desplazan facultades del Congreso a comisiones internas, traslad�ndolas a minor�as transitorias que forman dichas comisiones, contrariando con ello el principio de no concentraci�n del Legislativo en un grupo distinto de la asamblea legislativa, en quien las Constituciones, tanto la Federal como la L., han depositado la soberan�a popular.

Por su parte, la autoridad emisora manifiesta que el hecho de que el art�culo 38 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos establezca que la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica tiene la facultad de autorizar la planilla de personal y sus movimientos, designar al director del Instituto de Investigaciones Legislativas, secretario t�cnico de la propia comisi�n y director del �rea de Comunicaci�n Social del Congreso del Estado, no viola disposici�n constitucional alguna, porque el art�culo 38 de la Constituci�n L. establece la facultad de que el propio Congreso del Estado expida la ley org�nica que va a regir su estructura interna y funcionamiento. Sigue diciendo que el art�culo impugnado, no delega facultades de la asamblea legislativa, sino que por el contrario, perfecciona dicha facultad.

T.�n manifiesta que los diputados actores pretenden hacer una interpretaci�n a su conveniencia del art�culo 40 de la Constituci�n del Estado de Morelos, pretendiendo hacer creer que las facultades de dicho poder, consignadas en las fracciones I a LII, son propias y exclusivas del Pleno del Congreso o de la asamblea. Sin embargo, expone que es de todos sabido que tanto las facultades del Congreso del Estado de Morelos, las de cualquier otro �rgano legislativo de alguna de las entidades que componen la R.�blica Mexicana o las del propio Congreso de la Uni�n, no son exclusivas del Pleno sino que algunas de dichas facultades se reservan para las comisiones que prev� la ley org�nica de los mismos.

Para el estudio de este concepto de invalidez, resulta necesario transcribir los siguientes art�culos:

Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos.

"Art�culo 40. Son facultades del Congreso:

"I. a XIX. ...

"XX. Expedir leyes relativas a la relaci�n de trabajo entre los poderes y los Ayuntamientos del Estado y sus trabajadores y la seguridad social de dichos trabajadores, sin contravenir las siguientes bases:

"A) a M) ...

"XXI. a XXV. ...

"XXVI. Nombrar y remover a los trabajadores al servicio del Poder Legislativo con arreglo a las leyes a que se refiere la fracci�n XX;

"XXVII. a LII. ...".

Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos (actual).

"Art�culos 32. El r�gimen interno del Congreso del Estado se ejercer� a trav�s de una C.�n denominada ?De R�gimen Interno y C.�n Pol�tica?, con el fin de optimizar las funciones legislativas, pol�ticas y administrativas del propio Congreso."

"Art�culo 33. La C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica, la integrar�n:

"a) Los diputadoscoordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios,

"b) Los diputados cuyo partido pol�tico no integren grupo parlamentario y est�n constituidos como fracci�n parlamentaria, en los t�rminos preceptuados por esta ley."

"Art�culo 34. La comisi�n se conformar� por un presidente, un secretario y los vocales a que haya lugar; mismos que ser�n designados por sus integrantes, quienes determinar�n el tiempo de duraci�n para cada encargo."

"Art�culo 37. Los acuerdos y resoluciones de la comisi�n se tomar�n por mayor�a absoluta, considerando como base el voto ponderado de cada uno de sus integrantes. El presidente de la mesa directiva del Congreso, podr� participar en las reuniones con derecho s�lo a voz."

"Art�culo 38. La C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica tendr� las siguientes atribuciones:

"a) a c) ...

"d) Autorizar la plantilla de personal y sus movimientos, as� como el tabulador de sueldos.

"e) a g) ...

"h) Designar al director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, al secretario t�cnico de la propia C.�n y al director del �rea de Comunicaci�n Social del Congreso G.eral del Estado.

"i) a j) ...".

Sobre el particular debe decirse que el concepto de invalidez en an�lisis resulta infundado puesto que, en caso de existir violaci�n alguna ser�a a la Constituci�n particular del Estado de Morelos y no a la Federal, pues es en aqu�lla, en donde se establecen las facultades concedidas al Congreso L..

Por lo tanto, las facultades desplazadas a las comisiones, que a decir de los actores, son inconstitucionales, no violan los art�culos 39, 40 y 41 de la Constituci�n Federal.

Ahora bien, en el cap�tulo III, del t�tulo tercero de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, en su art�culo 40, establece las facultades del Congreso, sin especificar de manera alguna, cu�les son las facultades exclusivas de la asamblea legislativa, ni tampoco aclara cu�les facultades est�n designadas a las comisiones internas creadas por las legislaturas. Por ende, si las facultades establecidas en los incisos d) y h) del art�culo 38 de la ley org�nica impugnada, no est�n expresamente marcadas como facultades exclusivas de la asamblea legislativa, pueden v�lidamente, ser llevadas a cabo por la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica.

En efecto, conforme al art�culo 39 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, las facultades de las comisiones se limitan a conocer, analizar, investigar, discutir y sobre todo les facultan para dictaminar las iniciativas y dem�s asuntos que les sean turnados, es decir, se les otorga la divisi�n del trabajo, sin que ello implique, que las comisiones intervengan en forma directa e inmediata en las atribuciones que a cada uno de los �rganos de la administraci�n competen, como �rganos ejecutivos en la aplicaci�n de las leyes aprobadas por el Congreso, mismo que tiene la obligaci�n de vigilar, conocer, investigar y analizar las acciones de las diversas ramas de la administraci�n p�blica estatal, e incluso, de hacer comparecer a sus titulares para pedir informes sobre asuntos de la administraci�n a su cargo conforme lo establece el art�culo 45 de la Constituci�n Pol�tica L..

Asimismo, debe decirse que si bien es cierto que el art�culo 40, fracci�n XXVI de la Constituci�n L. faculta al Congreso para nombrar y remover a los trabajadores al servicio del Poder Legislativo y el art�culo impugnado faculta a la C.�n de R�gimen Interno y C.�n Pol�tica para autorizar la plantilla de personal y sus movimientos, as� como el tabulador de sueldos y designar al director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, al secretario t�cnico de la propia comisi�n y al director del �rea de Comunicaci�n Social del Congreso del Estado, tambi�n lo es que ello no implica, de ninguna manera, que se est� depositando el Poder Legislativo en un grupo de personas distintas a la asamblea legislativa, puesto que tal comisi�n se encuentra integrada por todos y cada uno de los grupos parlamentarios que tienen representaci�n en el Congreso L.; adem�s, con las facultades concedidas a la multicitada comisi�n, se descarga de trabajo meramente administrativo al Congreso, con el fin de que cumpla debidamente con su objetivo.

D�CIMO TERCERO

El cuarto concepto de invalidez planteado por los actores, es infundado.

En el cuarto concepto de invalidez, los promoventes de la presente acci�n de inconstitucionalidad manifiestan, en s�ntesis, que la ley impugnada de inconstitucional, viola los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los numerales 53, incisos b), d) y e), 54, inciso b), 59, incisos a) y c), 60, incisos b) y c), rebasan los l�mites que la Constituci�n L. le impone al Congreso Estatal, violando con ello, las normas constitucionales que establecen la competencia de los �rganos administrativos federal y estatal y, con ello, se contraviene el art�culo 116 que impone la divisi�n de poderes. Los promoventes sustancialmente sostienen:

  1. El art�culo 53, inciso b) de la ley impugnada, rebasa los l�mites que la Constituci�n Federal y L. imponen al Congreso, porque las C.ones de Derechos Humanos son organismos aut�nomos que llevan su propio control y seguimiento y, tal autonom�a se pierde si el Congreso se superpone a ella, como el art�culo 53 impugnado de hecho lo hace.

  2. Por otra parte, se�alan que los incisos d) y e) del art�culo 53 de la ley impugnada, violan las normas constitucionales que establecen:

    La competencia del Poder Judicial ya que, el emitir opini�n sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes, ser�a facultar al Congreso para discutir y revisar sentencias, otorgando al Congreso, facultades que permitir�an al Poder Legislativo L., una posici�n jer�rquica sobre el Judicial, violando con ello, el p�rrafo segundo del art�culo 116 constitucional.

    La competencia de la Procuradur�a G.eral de Justicia del Estado, ya que el art�culo 40 de la Constituci�n L. no establece facultades para que el Congreso L. pueda conocer de los asuntos relacionados con la procuraci�n de justicia.

  3. Asimismo, el inciso b) del art�culo 54 de la ley impugnada, viola las normas constitucionales que establecen la competencia de los �rganos administrativos que desempe�an la funci�n jurisdiccional en materia laboral, ya que no es competencia del Congreso L., el intervenir en la pol�tica laboral y el desempe�o de los tribunales laborales.

  4. Por �ltimo, concluyen diciendo que el art�culo 59, en sus incisos a) y c), viola las normas constitucionales que establecen la competencia del Poder Ejecutivo, ya que facultan a comisiones de trabajo interno del propio Congreso para que tengan intervenci�n o injerencia en la funci�n p�blica conferida al Poder Ejecutivo, pues se se�ala que estas comisiones pueden, de manera general, conocer, opinar y hasta coadyuvar en alguna de las ramas que componen la administraci�n p�blica.

    Por su parte, la autoridad emisora manifiesta que conforme al art�culo 39 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, las facultades de las comisiones se limitan a conocer, analizar, investigar, discutir y sobre todo les faculta para determinar las iniciativas y dem�s asuntos que les sean turnados, es decir, se les otorga la divisi�n del trabajo, sin que ello implique, que las comisiones intervengan en forma directa e inmediata en las atribuciones que a cada uno de los �rganos de la administraci�n competen, como �rganos ejecutivos en la aplicaci�n de las leyes aprobadas por el Congreso, mismo que tiene la obligaci�n de vigilar, conocer, investigar y analizar las acciones de las diversas ramas de la administraci�n p�blica estatal, e incluso, de hacer comparecer a sus titulares para pedir informes sobre asuntos de la administraci�n a su cargo, conforme lo establece el art�culo 45 de la Constituci�n L..

    Sobre el particular conviene transcribir los siguientes art�culos:

    Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos (actual).

    "Art�culo 39. Las comisiones del Congreso son �rganos colegiados, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y dem�s asuntos que les sean turnados."

    "Art�culo 53. Corresponde a la C.�n de Justicia y Derechos Humanos.

    "a) ...

    "b) Dar seguimiento a las recomendaciones de la C.�n Estatal de Derechos Humanos.

    "c) ...

    "d) Conocer de los asuntos relacionados con la procuraci�n e impartici�n de justicia.

    "e) Emitir opini�n sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes de la materia."

    "Art�culo 54. La C.�n de Trabajo y Previsi�n Social tendr� bajo su responsabilidad:

    "a) ...

    "b) Opinar sobre la pol�tica laboral y desempe�o de los tribunales laborales.

    "c) ...

    "Art�culo 59. Corresponde a la C.�n de Desarrollo Agropecuario, el conocimiento de los asuntos siguientes:

    "a) Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo agropecuario que ejecute el Gobierno del Estado en favor de ejidatarios, comuneros o peque�os propietarios agr�colas, forestales y ganaderos, que sean de competencia estatal, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia.

    "b) ...

    c) Lo relacionado a pol�ticas de inversi�n, financiamiento, subsidios apoyo t�cnico e investigaci�n en la producci�n, industrializaci�n y comercializaci�n de productos agropecuarios.

    En primer t�rmino, es preciso establecer que la naturaleza jur�dica de las comisiones legislativas es de �rganos colegiados que �nicamente tienen la facultad de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y los dem�s asuntos que les sean encomendados, como lo establece claramente el art�culo 39 de la ley org�nica impugnada.

    De lo anterior, se desprende que dichas comisiones son creadas para que el Congreso L. pueda llevar a cabo las facultades de ejercer sus funciones como �rgano legislativo; es decir, para que el Congreso del Estado de Morelos est� en aptitud de crear, derogar o abrogar una determinada ley o decreto (por ejemplo una relacionada con la procuraci�n e impartici�n de justicia), es necesario que el Congreso se allegue de informaci�n relativa a la materia de que se trate, para lo cual se hace necesario que el Congreso cree una comisi�n especial para que �sta conozca, analice, investigue, discuta y, en su caso, dictamine la iniciativa de ley; sin que ello implique que tal comisi�n invada las facultades de la autoridad que realice la funci�n prevista en dicha ley.

    Por otra parte, no es cierto lo se�alado en el sentido de que algunos de los art�culos de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Morelos, reci�n aprobado imponga obligaciones a personas ajenas al Congreso, adem�s de que la parte actora no precisa en forma clara e indubitable, qui�nes o cu�les son las mencionadas personas ajenas al Congreso, a las que seg�n ellos, le son impuestas obligaciones por parte de dicho poder; y mucho menos se viola el �mbito jurisdiccional de alg�n �rgano federal o estatal, ni se contraviene el art�culo 116 de la Constituci�n Federal, en la parte relativa a la divisi�n de poderes.

    Asimismo, tampoco se est� dotando a alguna de las comisiones del Congreso de facultades exorbitantes o ilimitadas, porque en primer lugar, de acuerdo a lo que establece el art�culo 56 de la ley org�nica en controversia, referente a la comisi�n de Justicia y Derechos Humanos, en ninguno de los apartados de dicho art�culo, se se�ala que las facultades otorgadas a la comisi�n que se cita, se superpongan a las facultades propias de la C.�n de Derechos Humanos del Estado de Morelos y mucho menos se atenta contra su autonom�a, como incorrectamente lo alegan los actores.

    Adem�s, tampoco por el simple hecho de que la C.�n de Justicia y Derechos Humanos del Congreso emita opiniones sobre la observancia y aplicaci�n de las leyes sobre la materia, se deber� considerar, que ello faculta al Congreso para discutir y revisar sentencias.

    Igualmente, tampoco se deducen de las facultades otorgadas a la comisi�n del Congreso que se viene se�alando, una posici�n jer�rquica superior a la del Poder Judicial. De ninguno de los incisos que componen el precitado art�culo 53 de la Ley Org�nica del Estado de Morelos se desprende una relaci�n de supra a subordinaci�n entre la C.�n de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Morelos y la Procuradur�a G.eral de Justicia de dicha entidad; y si bien, de lo previsto en el art�culo 40 de la Constituci�n del Estado, no se desprende que existan facultades para que el Congreso conozca de la procuraci�n de justicia, lo que prev� el art�culo 53 invocado, no implica injerencia en las labores del Poder Judicial del Estado.

    Asimismo, resulta falso lo se�alado por los actores en el sentido de que los art�culos 54, 59 y 60 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, sujeta a controversia, viole alguna de las disposiciones previstas en el art�culo 116 de la Constituci�n Federal, ya que si bien los precitados art�culos se�alan ciertas facultades de las comisiones en que se divide el Congreso del Estado, igualmente ninguna de dichas facultades, implica intervenci�n e injerencia en la funci�n p�blica conferida al Poder Ejecutivo, ni violan las normas constitucionales estatales o federales.

    Cabe ponderar que dentro del Pacto Federal contenido en nuestra Carta Magna y particularmente de acuerdo a su art�culo 40, por voluntad del pueblo mexicano nos constituimos en una R.�blica, representativa, democr�tica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios constitucionales de dicha Ley Fundamental; de donde se deriva lo establecido por su art�culo 116, que estipula que el poder p�blico de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y adem�s se precept�a que los Poderes de los Estados tienen libertad de organizarse conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, por lo que el Poder Legislativo del Estado de Morelos decidi� modificar y adecuar a las circunstancias pol�ticas que en esa entidad federativa se viven, el cuerpo legal combatido, al tenor del cual, se erigir� su gobierno interno y adem�s deber�n ce�irse los procedimientos legislativos que regir�n la vida social y pol�tica del Congreso L. del Estado de Morelos.

    Cabe resaltar que las entidades federativas deben ajustar su marco legislativo a los lineamientos generales establecidos en la Constituci�n Federal, concretamente al art�culo 116 de la Constituci�n Federal, como lo es garantizando los principios de certeza y legalidad; sin embargo, no se impone obligaci�n de seguir reglas espec�ficas para tal efecto, ya que ello corresponde instrumentarlo a las propias entidades, atento al sistema federal imperante y a la soberan�a de los Estados y a su libertad para organizarse en su r�gimen interior conforme a los art�culos 124 y 133 de la Constituci�n G.eral.

    Por ende, esta obligaci�n implica que deban observarse en la legislaci�n estatal, los principios rectores instituidos en dicho dispositivo fundamental, pero sin que se les haya impuesto reglas espec�ficas para su reglamentaci�n, de tal manera que las entidades federativas, siguiendo esos lineamientos fundamentales, pueden instrumentar y establecer los mecanismos legales que estimen convenientes para su debida regulaci�n.

    As� las cosas, es evidente que los Estados, conforme al sistema federal y a la soberan�a de que gozan en su r�gimen interior, pueden realizar las reformas que estimen necesarias para tal efecto y, espec�ficamente el Congreso del Estado se encuentra facultado para regular la vida interna y reglamentar las facultades de las comisiones de que se trata.

    Contrariamente a lo alegado por los actores, debe decirse que los criterios que pudieran considerarse los m�s convenientes para lograr los objetivos de la Norma Fundamental, son cuestiones que tienen que evaluar las propias entidades federativas y �nicamente de llegarse a demostrar que se hacen nugatorios dichos principios, proceder�a decretar la inconstitucionalidad de las normas que lo motiven.

    Cabe agregar que la parte actora hace una serie de manifestaciones que hacen suponer una posible violaci�n a los aludidos principios, pero no aporta elemento de juicio concreto que demuestre que efectivamente las reformas impugnadas dan lugar a la contravenci�n de los principios rectores de referencia.

    Asimismo, las facultades de las comisiones legislativas no violan los art�culos 39, 40, 41 y 116 de la Constituci�n Federal.

    En efecto, ya que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a trav�s de su art�culo 116, establece que los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, debiendo respetar el Poder Legislativo, lo siguiente:

    Que el n�mero de representantes en las Legislaturas de los Estados sea proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podr� ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci�n no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya poblaci�n excede de este n�mero y no llegue a 800 mil habitantes, y de once en los Estados cuya poblaci�n sea superior a esta �ltima cifra.

    Que los diputados a las Legislaturas de los Estados no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato.

    Que los diputados suplentes podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes.

    Que las Legislaturas de los Estados se integren con diputados electos seg�n los principios de mayor�a y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alen sus leyes.

    De lo anterior, es de resaltarse que el Poder Legislativo del Estado de Morelos debe apegarse a los anteriores lineamientos; sin que de ellos se desprenda un especial mandamiento respecto de las comisiones legislativas; en tal virtud, el Congreso L. puede crear las comisiones legislativas que considere necesarias y otorgarles las facultades que estime pertinentes, siempre y cuando no invada las facultades de otros poderes.

    En este orden de ideas, las facultades de las comisiones en estudio, no invaden la esfera de atribuciones de ning�n �rgano administrativo del Poder Ejecutivo L. pues, como ya qued� asentado con anterioridad, las comisiones legislativas solamente est�n facultadas para conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y los dem�s asuntos que le sean encomendados, por lo que no afectan materialmente las facultades que se dicen invadidas.

D�CIMO CUARTO

Finalmente, el segundo concepto de invalidez, es fundado.

En el segundo concepto de invalidez, los actores de la presente acci�n de inconstitucionalidad reclaman fundamentalmente, que el texto del art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, infringe el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, que se deriva de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque:

  1. Las sanciones que establece el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, no se encuentran previstas como tales en la Constituci�n L.;

  2. No se especifican las causas por virtud de las cuales se pueden aplicar las sanciones previstas en dicho precepto legal, deleg�ndose la determinaci�n de dichas causas al Reglamento de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos;

  3. Se establecen sanciones tales como la suspensi�n y la p�rdida del cargo, cuando dichas sanciones se reservan al juicio pol�tico y aldesafuero para los diputados locales; y,

  4. La legislatura, v�a ley secundaria, se atribuye la facultad de establecer sanciones disciplinarias mediante las cuales determina o no la conveniencia de que un diputado permanezca o no con tal status, y si bien la Constituci�n del Estado de Morelos prev� que si no se presentan los diputados a la apertura de sesiones dentro de los plazos establecidos, se entender� que por ese solo hecho, hay causa bastante para considerarlos separados del cargo; sin embargo, con las correcciones disciplinarias establecidas en el precepto impugnado la legislatura demandada no puede convertirse en censor y Juez del voto popular arrog�ndose la facultad de desconocerlo.

    Por su parte, el Congreso del Estado de Morelos manifiesta que las sanciones que se establecen en el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, s� se encuentran previstas en la Constituci�n del Estado y lo �nico que se hizo fue adoptarlas en la ley org�nica que se impugna, para que en su momento se estableciera en el reglamento correspondiente, el procedimiento para que puedan ser aplicadas. Asimismo alega que el sentido o esp�ritu bajo el cual se legisl� lo relativo al art�culo 22 impugnado, se encuentra en el art�culo 37 de la Constituci�n del Estado, ya que los diputados que sin licencia dejen de asistir hasta por el t�rmino de ocho sesiones consecutivas, no tendr�n derecho de percibir las dietas correspondientes y, si la falta se prolongare por m�s tiempo, sin justificarla, se llamar� al suplente respectivo, quien deber� concurrir a las sesiones hasta la terminaci�n del periodo en que ocurra la falta, lo que implicar�a la p�rdida o separaci�n del cargo, del mismo modo, en el supuesto de que alg�n diputado fuera sometido a juicio pol�tico y se determinara su culpabilidad, por este motivo ser�a separado o perder�a su cargo.

    Respecto de lo argumentado por los actores en el sentido que no se especifican las causas por virtud de las cuales se pueden aplicar las sanciones previstas en el art�culo impugnado, deleg�ndose esto a un reglamento, dicho razonamiento resulta fundado, porque efectivamente en la ley org�nica no se establecen las causas y mecanismos para la imposici�n de las sanciones disciplinarias deleg�ndose su determinaci�n a un reglamento.

    Ahora bien, dentro de los lineamientos que establecen los art�culos 113 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 141 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos, no se establece la facultad para que se determinen, mediante un reglamento, las causas o mecanismos de aplicaci�n de sanciones y, por lo tanto, el precepto combatido que as� lo establece viola el precepto de la Constituci�n Federal invocado. Para as� estimarlo, conviene transcribir los citados art�culos, que establecen:

    "Art�culo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, determinar�n sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, as� como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem�s de las que se�alen las leyes, consistir�n en suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por sus actos y omisiones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 109, pero que no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os y perjuicios causados."

    "Art�culo 141. La responsabilidad administrativa de los servidores p�blicos se fijar� y sancionar� de acuerdo a las leyes correspondientes."

    El art�culo 113 antes transcrito se refiere a las responsabilidades administrativas, aludiendo a que las Legislaturas L.es expedir�n las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, en las que se pueden establecer causas de violaciones a las obligaciones de car�cter administrativo que pueden producir su destituci�n; por lo que conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos se puede sancionar con la destituci�n del cargo. Pues llegar a una conclusi�n contraria ser�a tanto como decir que el fuero constitucional deviene o es sin�nimo de impunidad.

    D. diverso precepto de la Constituci�n L., se infiere que esta responsabilidad no podr� sancionarse con la p�rdida del cargo o la suspensi�n que la Constituci�n de la R.�blica y la del Estado de Morelos reserva al juicio pol�tico y al desafuero. En efecto, la Constituci�n L. del Estado de Morelos establece una reserva de ley, al disponer que la responsabilidad de los servidores p�blicos se sancionar� de acuerdo con lo que establezcan las leyes, no los reglamentos.

    El art�culo controvertido en la presente acci�n de inconstitucionalidad es el 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, que previene:

    "Art�culo 22. Las sanciones disciplinarias que podr�n aplicarse a los diputados, son:

    "I.A.;

    "II. A.�n;

    "III. A.�n con constancia en acta;

    "IV. D.�n de su remuneraci�n;

    ".S.�n de sus derechos y obligaciones;

    "VI. P�rdida del cargo.

    Las causas y los mecanismos de aplicaci�n de las medidas disciplinarias se estipular�n y se sujetar�n a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

    Ahora bien, las sanciones que establece el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado, no se encuentran previstas como tales en la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Morelos, tampoco las causas y los mecanismos de aplicaci�n de dichas medidas disciplinarias las establece la invocada ley org�nica; es decir, en la ley no se establecen las bases, los par�metros o las circunstancias conforme a las cuales deben ser aplicadas las sanciones disciplinarias establecidas en dicho precepto, deleg�ndose la determinaci�n de dichas causas al reglamento de la ley org�nica lo que es incorrecto.

    En efecto, de la lectura integral de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, se advierte que no se especifican las causas por virtud de las cuales se pueden aplicar las sanciones previstas en dicho precepto legal, deleg�ndose la determinaci�n de dichas causas a un reglamento; es decir, dicha legislaci�n org�nica es omisa al respecto, dado que no regula por qu� conductas se incurre en las causas para la imposici�n de las correcciones disciplinarias se�aladas y tampoco establece los t�rminos a que se sujetar� el procedimiento para la imposici�n de dichas sanciones.

    Por ende, se infringe el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, que se deriva de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; principio conforme al cual se exige que sean los propios gobernados, a trav�s de sus representantes, los que determinen las causas y los mecanismos de aplicaci�n de las medidas disciplinarias que deban imponerse a los diputados locales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Aunque desde el punto de vista material, las leyes y reglamentos son normas similares, �stos se distinguen de aqu�llas b�sicamente, en que provienen de un �rgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, por lo cual el principio de la determinaci�n constitucional proh�be al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes de las legislaturas.

    Conforme al principio de que se trata, una materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes, como acontece en el precepto impugnado, que establece que las causas para la aplicaci�n de las correcciones disciplinarias se establecer�n en la ley y su reglamento y, como se ha visto en la ley no se estipulan, y no es correcto delegarlo a un reglamento. As�, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero s� que tales remisiones hagan posible una regulaci�n independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondr�a una degradaci�n del principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, que reservan las Constituciones Federal y L., en favor del legislador; de ah� que, en el art�culo 22 controvertido, se hace incorrectamente una delegaci�n a un reglamento, de una materia reservada a la ley.

    Si bien es cierto que la Constituci�n L. s�lo se�ala en su art�culo 137, que los diputados locales son responsables por los actos u omisiones que causen perjuicio a los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho; sin embargo, falta la incorporaci�n en una ley secundaria de las conductas u omisiones que puedan darse para la imposici�n de las sanciones disciplinarias previstas en el art�culo impugnado, de estimarse que por dichos supuestos pueden imponerse las correcciones disciplinarias de que se trata.

    De considerarse que alterar la disciplina parlamentaria es un acto en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales del Estado de Morelos, o de su buen despacho, en su caso, deber� precisarse en la ley org�nica respectiva, y no remitir las causas y los mecanismos de aplicaci�n a un reglamento. Procedimiento este que no se ajusta a las reglas previstas en los art�culos 109 y 110 de la Constituci�n Federal, ni tampoco al procedimiento contemplado en los art�culos 137, 138 y 139 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos. Bien sea para la sustanciaci�n del juicio pol�tico de que se trate, o para la formaci�n de la causa necesaria para proceder penalmente si la conducta se adecua a un tipo delictivo.

    Por ello, no es correcto remitir a un reglamento las causas y mecanismos de aplicaci�n de las medidas disciplinarias, porque con ello se viola el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades de los servidores p�blicos, previsto en el art�culo 113 constitucional que ya qued� transcrito.

    Asimismo, debe decirse que los art�culos 109 y 110 de la Constituci�n Federal se�alan lo que se deber� hacer para fincarles responsabilidades a los funcionarios p�blicos por el ejercicio de su cargo; y las sanciones aplicables en su momento, en caso de que efectivamente se detecte que un funcionario es responsable de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos.

    Aun cuando la p�rdida del cargo o la suspensi�n en las funciones de un servidor p�blico, como lo es un diputado local, proceder� como consecuencia de un juicio pol�tico, la excitativa para promover el juicio pol�tico en contra de funcionario alguno, no puede derivar de la imposici�n de una medida disciplinaria.

    Cabe destacar que si bien es cierto que la Constituci�n del Estado establece en su art�culo 37, que los diputados que sin la licencia respectiva dejen de asistir hasta por el t�rmino de ocho sesiones consecutivas no tendr�n derecho de percibir las dietas correspondientes, si la falta se prolongare por m�s tiempo sin justificarla se llamar� al suplente respectivo quien deber� concurrir a las sesiones hasta la terminaci�n del periodo en que ocurra la falta, lo que implicar�a la p�rdida o separaci�n del cargo; por otra parte, en el supuesto de que alg�n diputado fuera sometido a juicio pol�tico y se determinara su culpabilidad, por este motivo ser�a separado o perder�a el cargo. Empero, en ese sentido no se legisl� lo relativo al art�culo 22 en cuesti�n, porque el esp�ritu bajo cual se legisl� el precepto en comento es en el sentido de establecer de manera aut�noma e independiente las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a los diputados.

    T.�n, tienen raz�n los actores porque efectivamente la fracci�n VI del art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos es inconstitucional. Existe tal violaci�n porque la fracci�n impugnada al imponer la p�rdida del cargo de diputado como una medida disciplinaria, excede a la Constituci�n Federal.

    Para as� estimarlo, debe precisarse que la cuesti�n controvertida es determinar si la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, que es una ley de car�cter local, puede o no establecer como sanci�n disciplinaria para un diputado local la p�rdida o destituci�n del cargo.

    Por ende, previamente conviene precisar el marco jur�dico, los caracteres del servidor p�blico como lo es un diputado local para, posteriormente, proceder a identificar las disposiciones normativas a que se sujeta en el desempe�o de su encargo y los t�rminos y condiciones en que pueden ser sancionados con la destituci�n o p�rdida del cargo.

    El art�culo 108 constitucional, establece:

    "Art�culo 108. Para efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo se reputar�n como servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular ... quienes ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones.

    "... los diputados a las Legislaturas L.es ... ser�n responsables por violaciones a esta Constituci�n y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

    "Las Constituciones de los Estados de la R.�blica precisar�n, en los t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo y para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en los Estados y en los Municipios."

    D. precepto antes transcrito, se desprenden cuatro premisas, a saber:

  5. Los diputados locales son servidores p�blicos por encontrarse su car�cter expresamente previsto en el p�rrafo primero del texto en comento.

  6. Las responsabilidades de car�cter federal por las que pueden ser sancionados, se encuentran previstas en el t�tulo cuarto del texto constitucional.

  7. Las responsabilidades que contempla el numeral son por violaciones a la Constituci�n Federal, las leyes federales y por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

  8. El segundo p�rrafo del art�culo establece la concurrencia en la materia entre la Federaci�n y los Estados.

    De lo expuesto, se desprende que el art�culo analizado regula un tipo determinado de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores p�blicos locales, diputados entre otros. No obstante, las Legislaturas L.es por virtud de facultades concurrentes, Federaci�n-Estados, establecidas de manera expresa en el texto pueden legislar en materia de responsabilidades de servidores p�blicos por violaciones a las constituciones locales, leyes locales y por el manejo indebido de fondos y recursos locales. Y, los diputados locales, al igual que los gobernadores y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pueden ser no s�lo sujetos de responsabilidad administrativa, penal y civil de car�cter federal; sino, adem�s, una vez que las legislaturas respectivas expidan las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos locales, �stas pueden prever otro tipo de conductas con cuya comisi�n u omisi�n se incurra en responsabilidad pol�tica o administrativa, a la vez que penal y civil de car�cter local.

    Los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones que correspondan deber�n, en todos los casos, sujetarse a las prevenciones establecidas en los art�culos 109 y 110 del texto de la Constituci�n Federal, por ser �sta una facultad expresa a favor de la Federaci�n, en t�rminos del principio de supremac�a constitucional. A trav�s de este principio, consagrado en el art�culo 133 constitucional, se garantiza la unidad del sistema normativo mexicano, y, desde el punto de vista de la certeza jur�dica existen mayores m�rgenes de seguridad en los procesos legislativos si en �stos hay una plena separaci�n de los diferentes niveles competenciales que se�ala el texto constitucional.

    Conviene se�alar que si bien es cierto que los art�culos 109 y 110 de la Constituci�n Federal, se�alan el camino a seguir a fin de sancionar a un funcionario p�blico en caso de que incurra en responsabilidad, en virtud de su ejercicio como tal, as� como las personas que pudieran estar sujetas a juicio pol�tico y el procedimiento para alcanzar dicho fin, as� como las sanciones, en caso de que �ste proceda; en el art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos controvertido, no se establece que las correcciones disciplinarias ah� previstas sean impuestas con motivo del juicio pol�tico, sino como sanciones disciplinarias.

    Si bien la doctrina existente sobre la interpretaci�n del art�culo mencionado no es uniforme, si es un�nime al considerar que entre la legislaci�n federal y la local no existe diferencia alguna; la importancia estriba en observar en todos sus �mbitos y alcances el orden constitucional vigente. En este contexto, es donde se produce la distinci�n entre leyes de uno y otro nivel, atendiendo al car�cter federal del Estado mexicano que implica, necesariamente, la definici�n de competencias entre �ste y los diferentes miembros integrantes de la Federaci�n.

    El doctor J.C., sostiene que no s�lo en el art�culo 133 constitucional se enuncia el principio de supremac�a, sino tambi�n en los art�culos 41 y 128. As� lo se�ala al sostener: "El art�culo 41 encierra la idea de que es la Constituci�n Federal la que distribuye competencias, es la que delimita a los Gobiernos Federales y L.es por ser superior a ellos, por ser la voluntad expresa del pueblo ... El art�culo 128 dice: ?todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen?. Este principio es para defender la Constituci�n y al mismo tiempo reafirma su supremac�a." (C., J.. Estudios Constitucionales, Editorial Porr�a, Quinta Edici�n, M�xico 1996, pp. 15 y 16).

    Sobre este mismo particular el maestro M. de la Cueva expone que: "este juramento tiene dos dimensiones: I) compromiso de no tocar las decisiones fundamentales, esos principios que son la base y columna de todo el Estado y de todo el derecho, y II) la obligaci�n de seguir todos los procedimientos tal como los establece la Constituci�n en la realizaci�n de sus actos." (cita por C., op. cit. p�g. 16).

    El rango superior de las normas jur�dicas constitucionales permite que haya unidad jur�dica en el pa�s pues, todas las normas jur�dicas en cuanto a su validez depender�n de su apego a las directrices implantadas por la Ley Fundamental.

    Ahora bien, conviene transcribir el art�culo 39 de la Constituci�n Federal, que dispone:

    "La soberan�a reside esencial y originalmente en el pueblo.

    Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

    Es dogma, dentro de nuestro r�gimen constitucional que tal derecho s�lo puede ejercerse a trav�s de los �rganos creadores y reformadores de la Constituci�n de la R.�blica y las de los Estados, en su caso, o sea a trav�s del Poder Constituyente, general o estatal.

    As�, el art�culo 40 constitucional establece que:

    Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior ...

    Por su parte, el art�culo 41 de la Ley Fundamental, dispone:

    El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente, establecidos por la presente Constituci�n Federal y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

    D. precepto antes transcrito, se desprende que el ejercicio de la soberan�a de los Estados debe ejercitarse por los poderes respectivos en los t�rminosestablecidos en las Constituciones de los Estados y no por disposiciones de orden secundario.

    Es importante destacar que se establece como forma de gobierno, adem�s de la R.�blica y de la Federaci�n, la democracia representativa. El propio art�culo 41 estatuye:

    La renovaci�n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas ...

    Las reglas que la Constituci�n Federal, como ordenamiento supremo dicta a los Estados de la Federaci�n, se contienen en el art�culo 116, que establece:

    "El poder p�blico de los Estados se dividir� para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas ..."

    Conforme a dicho precepto, es principio fundamental que la estructura, funcionamiento, competencia y relaciones de los �rganos ejecutivo, legislativo y judicial debe quedar en la Constituci�n Estatal y que las leyes no pueden ir m�s all� de aqu�lla. El ejercicio de la representatividad es la forma de hacer efectiva la voluntad del pueblo y por tanto, es materia de la Constituci�n del Estado todas las causas que motiven la p�rdida de los derechos y obligaciones del cargo de diputado local, no de una ley y mucho menos de un reglamento.

    Dentro de nuestro r�gimen constitucional el desempe�o de los cargos de elecci�n popular es obligatorio, seg�n se�alan los art�culos 5o., p�rrafo cuarto y 36, fracci�n IV.

    Ahora bien, como el desempe�o de los cargos de elecci�n popular es obligatorio, resulta incuestionable que no hay mayor responsabilidad ciudadana que la representaci�n del pueblo, soberano �nico. Solamente el soberano, puede conceder, con su voto la representaci�n y s�lo el pueblo puede exceptuarla en casos excepcionales.

    El pueblo, repetimos es quien s�lo ejerce su soberan�a a trav�s de las Constituciones donde se expresa, organiza los poderes y les da pauta para su ejercicio. S�lo el pueblo, por mandato constitucional expreso regula el status de sus representantes.

    La Constituci�n del Estado de Morelos en su art�culo 31, prev� que si no se presentan los diputados a la apertura de sesiones, dentro de los plazos establecidos "se entender� que por ese solo hecho, hay causa bastante para considerarlos separados del cargo". �nico caso considerado de separaci�n del cargo.

    Es a la Constituci�n, a quien corresponde definir y presentar el status de sus representantes y no dejarlo en manos de la legislatura, �rgano constituido por voluntad del pueblo, que nunca podr� arrogarse la facultad de juzgar o no la conveniencia de que un representante permanezca o no con tal status convirti�ndose en censor y Juez del voto popular y arrog�ndose la facultad de desconocerlo.

    Por ello, no es correcto desconocer la voluntad popular, estableciendo la p�rdida del cargo de un servidor p�blico electo, como sanci�n disciplinaria establecida en una ley, tampoco se justifica que en dicha ley no se especifiquen las causas de separaci�n, y se deleguen por disposici�n expresa a un reglamento, porque la p�rdida del cargo de diputado no puede generarse por la simple imposici�n de una sanci�n disciplinaria tendiente a corregir la conducta del servidor.

    Por otra parte, cabe ponderar que el t�tulo IV de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos contiene el r�gimen de responsabilidades de los servidores p�blicos. Dicho r�gimen es una defensa subsidiaria de la propia Constituci�n y de las leyes federales; en este contexto establece responsabilidades para servidores p�blicos locales, pero adem�s establece las reglas b�sicas para la estructura de los reg�menes de responsabilidades locales.

    Respecto a las entidades federativas establece en el art�culo 108 la responsabilidad de los servidores locales en lo que se refiere a la constituci�n y leyes federales. El tercer p�rrafo del precepto en comento, dice:

    Los gobernadores de los Estados, los diputados de las Legislaturas L.es, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia L.es y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas L.es, ser�n responsables por violaciones a esta Constituci�n y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

    En torno a las responsabilidades locales, las delega a las Constituciones de los Estados en el �ltimo p�rrafo del propio art�culo 108, que dispone:

    Las Constituciones de los Estados de la R.�blica precisar�n, en los mismos t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo y, para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en cargo o comisi�n en los Estados y en los Municipios.

    Por ello, corresponde por determinaci�n de la Constituci�n de la R.�blica, a las Constituciones L.es fijar las bases de la responsabilidad a nivel local atentas las limitaciones que aqu�lla imponga.

    El art�culo 109 de la Constituci�n G.eral, establece:

    "El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

    "I. Se impondr�n, mediante juicio pol�tico, las sanciones indicadas en el art�culo 119 a los servidores p�blicos se�alados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio pol�tico por la mera expresi�n de ideas.

    "II. La comisi�n de delitos por parte de cualquier servidor p�blico ser� perseguida y sancionada en los t�rminos de la legislaci�n penal; y

    III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones.

    La fracci�n I del art�culo 109 antes transcrito, se refiere a la responsabilidad pol�tica y hace una remisi�n al art�culo siguiente. A su vez, el art�culo 110, en su p�rrafo segundo, se�ala como servidores p�blicos a los diputados locales y, el tercer p�rrafo establece:

    Las sanciones consistir�n en la destituci�n del servidor p�blico y en inhabilitaci�n para desempe�ar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio p�blico.

    Por consiguiente, dada la remisi�n que el art�culo 109 hace al 110, es indudable que la destituci�n de un diputado local es una sanci�n que s�lo puede imponerse como consecuencia de un juicio pol�tico conforme a la Constituci�n del Estado. Tal criterio est� establecido en la Constituci�n del Estado de Morelos, pues su art�culo 135, dispone:

    El gobernador, los diputados al Congreso del Estado y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia son responsables en los t�rminos del t�tulo cuarto de la Constituci�n G.eral de la R.�blica.

    El procedimiento para el juicio pol�tico se establece en los art�culos 137, 138 y 139 de la Constituci�n L. del Estado de Morelos.

    La fracci�n II del art�culo 110 de la Constituci�n de la R.�blica se refiere a la responsabilidad penal, imponiendo como regla que �sta se perseguir� de acuerdo con la legislaci�n penal (local en este caso).

    En este orden de ideas, queda inc�lume el principio de la determinaci�n constitucional de las responsabilidades que contiene el �ltimo p�rrafo del art�culo 108 de la Constituci�n Federal; la Constituci�n del Estado de Morelos en el art�culo 136, prev� en estos casos la suspensi�n de funciones y la puesta a disposici�n a los tribunales comunes, o sea, el desafuero.

    La fracci�n III del art�culo 110 de la Carta Magna se refiere a la responsabilidad administrativa, mencionando que se aplicar�n sanciones en los casos ah� previstos.

    As� lo entendi� el propio legislador de Morelos, que en el art�culo 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de 1983, estableci�:

    "Las responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos de los Poderes Legislativo y Judicial, cuando no se trate de los diputados del Congreso del Estado y de los Magistrados por Tribunal Superior de Justicia respectivamente, se fincar�n y sancionar�n de acuerdo con lo establecido en sus respectivas leyes y reglamentos."

    En efecto, la facultad de legislar en materia de responsabilidades, si bien es de car�cter concurrente, en los casos en que se prevea disposici�n expresa a favor de la Federaci�n en dicha materia, los Estados no deben legislar sobre la excepci�n plasmada en el texto constitucional, ya que como sostiene E.A.N.: "por excepci�n la facultad puede ser ejercida indistintamente y en forma v�lida, por los Poderes Federales y L.es sin que exista invasi�n de jurisdicci�n. Como excepci�n, s�lo puede darse si existe texto expreso, y su aplicaci�n debe ser restrictiva, no susceptible de ser ampliada." (A., N.E., Derecho Constitucional Estatal, Editorial Porr�a, M�xico 1988, p�g. 38).

    Estas facultades concurrentes tienen su fundamento en lo dispuesto en el art�culo 124 constitucional, mismo que reserva a los funcionarios locales todas las atribuciones que no est�n expresamente otorgadas a los federales, y las responsabilidades en que pueden incurrir los diputados locales no se agotan s�lo con las previstas en el texto de la Constituci�n Federal. Ser�a incorrecto considerar que como el t�tulo cuarto de la Constituci�n G.eral s�lo previene sanciones a los diputados locales por violaciones a la Constituci�n Federal y a las leyes federales, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, las legislaturas de las entidades federativas no estuvieran en aptitud de legislar localmente en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos de car�cter local y, dentro de �stos respecto a los diputados locales por violaciones cometidas en contra de su Constituci�n y de las leyes que de ella dimanan, as� como por las derivadas por el manejo indebido de fondos y recursos de car�cter local. Sobre el particular cabe invocar la tesis XLVI/96 de este M�ximo Tribunal, visible en la p�gina 460, de la Gaceta correspondiente al mes de marzo de 1996, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que dice:

    "MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARC�A, ESTADO DE NUEVO LE�N. SU AYUNTAMIENTO TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES P�BLICOS MUNICIPALES, PERO CON SUJECI�N A LAS BASES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR LA CONSTITUCI�N FEDERAL, POR LA CONSTITUCI�N LOCAL Y POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO. De conformidad con el art�culo 108 de la Constituci�n G.eral de la R.�blica, corresponde al Constituyente del Estado la expedici�n de las normas relativas a la responsabilidad de los servidores p�blicos municipales, en tanto que el art�culo 107 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Nuevo Le�n, reserva dicha facultad en relaci�n con todos los funcionarios p�blicos al Congreso del Estado. Por su parte, el art�culo 115, fracci�n II de la Constituci�n Federal faculta a los Ayuntamientos para expedir Bandos de P.�a y Buen Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, siempre que se sujeten a las bases normativas que establezcan las Legislaturas de los Estados. Asimismo, de los art�culos 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades de Servidores P�blicos para el Estado de Nuevo Le�n, y de los art�culos 14, fracci�n III, 27, fracci�n XIII, 30, fracciones II, III y V, 31, fracci�n X, y 79, fracci�n VII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Municipal de la misma entidad federativa, se deduce la existencia de bases suficientes para que los Ayuntamientos puedan v�lidamente expedir normas reglamentarias en materia de responsabilidades de los servidores p�blicos municipales, aunque no de manera arbitraria, sino con arreglo a tales bases y con las limitaciones que fijan las disposiciones constitucionales federales y locales, y las leyes aplicables ... de cuya observancia depender� su validez jur�dica."

    Ahora bien, los procedimientos establecidos para la imposici�n de sanciones por responsabilidad a que se sujetar�n los diputados locales, se establecen en los art�culos 109 y 110 de la Constituci�n Federal, mismos que ya quedaron transcritos con anterioridad. El segundo de dichos preceptos determina, los servidores p�blicos respecto de los cuales es necesaria la sustanciaci�n de un juicio pol�tico previo, para la imposici�n de sanciones por responsabilidad.

    La raz�n de prever un procedimiento especial para la imposici�n de sanciones a los diputados locales, entre otros, a que hace menci�n el art�culo antes invocado, es porque estos servidores p�blicos gozan de fuero constitucional, entendiendo por �ste, seg�n el maestro H�ctor F.Z., "una situaci�n jur�dica de un sector de funcionarios a los cuales se considera necesario proteger para evitar que sus actividades se vean dificultadas por la acci�n de otros funcionarios o los �rganos del poder a los cuales estos �ltimos pertenecen" (F., Z., H�ctor, et al. Las Responsabilidades de los Servidores P�blicos, Editorial Porr�a, M�xico 1984, pp.64 y 65).

    Dicha protecci�n se otorga mediante instrumentos tutelares denominados inviolabilidad e inmunidad. Se entiende por inviolabilidad la protecci�n de que gozan los diputados locales en el desempe�o de sus cargos de manera que no pueden ser perseguidos por las expresiones o su conducta realizadas en el ejercicio de sus funciones y jam�s podr�n ser reconvenidos por ellas. Mientras que la inmunidad deberemos entenderla desde el punto de vista procesal, es decir "que los propios funcionarios de alta jerarqu�a que est�n provistos de este instrumento no pueden ser enjuiciados por los delitos o las faltas graves que cometan, ya sea de car�cter ordinario o bien con motivo de sus atribuciones oficiales, sin que previamente se cumplan determinados requisitos que suspenden la inmunidad, o bien su enjuiciamiento por un �rgano determinado que sigue un procedimiento espec�fico, en este segundo supuesto calificado generalmente como juicio pol�tico" (F., op. cit. p�g. 65).

    Las responsabilidades pol�ticas, que est�n estrechamente relacionadas con la inviolabilidad y la inmunidad, se exigen a los miembros del Poder Legislativo por los mismos cuerpos a los que pertenecen mediante los procedimientos previstos en el texto de la propia Constituci�n.

    Don Ignacio Vallarta, al comentar sobre el juicio pol�tico nos se�ala la importancia de su regulaci�n dado que lo considera una garant�a del sistema representativo y, en consecuencia del art�culo 109 constitucional, sin el fuero pol�tico de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no existir�a el sistema representativo, porque con un auto de formal prisi�n, esos poderes podr�an desaparecer, porque el decreto de un Juez, aun suponi�ndolo la m�s fiel expresi�n de la justicia, podr�a sobreponerse a la voluntad del pueblo, destruir el gobierno y trastornar todo el orden pol�tico y constitucional de la R.�blica (Citado por G.B., J.J.�. D.itos de los Altos Funcionarios y el Fuero Constitucional, Ediciones Botas, M�xico 1946, pp. 62 y 63).

    Adem�s, el t�tulo cuarto de la Constituci�n G.eral prev� dos clases de sanciones que pueden ser impuestas a diputados por la comisi�n de responsabilidades derivadas de violaciones a la Constituci�n y a las leyes federales, as� como por el manejo de fondos y recursos federales: la destituci�n del puesto y la inhabilitaci�n del mismo para desempe�ar empleo, cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en el servicio p�blico.

    Trat�ndose de diputados federales, el procedimiento para la imposici�n de sanciones es el siguiente:

  9. Corresponder� a la C�mara de Diputados ser el �rgano acusador ante la de Senadores y esta �ltima, en su car�cter de �rgano de instrucci�n y decisorio, determinar� si se ha configurado alguna de las causales previstas en la Constituci�n teniendo car�cter constitutivo dicha declaraci�n.

  10. Si absuelve, ning�n otro tribunal podr� llegar a ocuparse del caso, ejecutoriamente resuelto, a diferencia de lo que ocurre en los delitos comunes, donde el desafuero no prejuzga de la acusaci�n de que conocer� el Juez ordinario. Si condena aplicar� como pena la privaci�n del puesto que, en este caso, es definitiva.

    Trat�ndose de diputados locales, conforme al art�culo 110, p�rrafo segundo de la Constituci�n Federal y, 24, �ltimo p�rrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P�blicos, el procedimiento es el siguiente:

  11. Corresponde a la C�mara de Senadores resolver, con car�cter declarativo, si se ha configurado alguna de las causales previstas en la Constituci�n.

  12. La C�mara de Senadores comunicar� a la Legislatura L. respectiva la resoluci�n correspondiente, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda.

    Los requisitos de procedibilidad establecidos en la Constituci�n Federal, son los siguientes:

  13. La previa sustanciaci�n de un juicio pol�tico.

  14. El otorgamiento al diputado de la garant�a de audiencia.

    La Constituci�n Pol�tica del Estado de Morelos previene en su art�culo 135, las causas de responsabilidad de los diputados locales que contempla la legislaci�n local, al establecer que:

    Art�culo 135. El gobernador, los diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal son responsables en los t�rminos del t�tulo cuarto de la Constituci�n G.eral de la R.�blica.

    De la interpretaci�n de dicho numeral, se desprende que los funcionarios que contempla no son la totalidad de los servidores p�blicos con que se cuenta a nivel local, sino que, �nica y exclusivamente, el listado incorpora los relacionados en el art�culo 108 de la Constituci�n G.eral, del cual es correlativo. Si bien se trata de servidores p�blicos locales, �stos gozan de fuero constitucional y, las responsabilidades que se prev�n en el art�culo 108 ya analizado son de car�cter federal. Por tanto, el procedimiento para la sustanciaci�n y aplicaci�n de las sanciones que pueden impon�rseles a dichos servidores, previstas en el art�culo 136 de la Constituci�n L., es acorde con los t�rminos y condiciones establecidos en los art�culos 109 y 110 del texto federal. Dicho procedimiento lo establece el invocado art�culo 136, que dispone lo siguiente:

    "Art�culo 136. ... el Congreso del Estado declarar� por mayor�a absoluta del total de sus miembros previa audiencia del acusado por s�, o por su defensor o por ambos, si ha lugar o no a la formaci�n de causa.

    En caso negativo cesar� todo procedimiento en contra del servidor p�blico, sin perjuicio de que la acusaci�n contin�e cuando �ste termine su cargo. En caso afirmativo, quedar� suspendido en ejercicio de sus funciones y a disposici�n de los tribunales comunes, para la instrucci�n del proceso respectivo ...

    Cabe destacar que en la misma Constituci�n Estatal, en su art�culo 137 se regulan otro tipo de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores p�blicos locales, al mencionarse que son responsables, ya no en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 108 constitucional, sino por la comisi�n de actos u omisiones en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho, ya que el precepto local dispone:

    Art�culo 137. Son responsables y ser�n sometidos a juicio pol�tico por actos u omisiones en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho, los diputados al Congreso del Estado, los secretariosde despacho, el procurador general de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los integrantes del Consejo de la Judicatura, el consejero presidente y los consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral y los miembros de los Ayuntamientos.

    Este precepto en l�gica congruencia con la Constituci�n Federal, si bien regula otro tipo de responsabilidades, reproduce el listado de servidores p�blicos locales que incorpora el art�culo 110 de la Constituci�n Federal que deben de sujetarse a la sustanciaci�n previa de juicio pol�tico para ser sancionados. El procedimiento al que se sujetar� el juicio pol�tico por estas responsabilidades se contiene en el art�culo 138 y los t�rminos de aplicaci�n de la sanci�n en el art�culo 139, ambos de la Constituci�n L..

    Por otra parte, debe decirse que en la propia Constituci�n Estatal, se establece que a un diputado local se le considerar� separado del cargo por no aceptaci�n, cuando no concurra a la apertura de sesiones o a ejercer su cargo, ya que el art�culo 31 de la Constituci�n L., establece:

    "Art�culo 31. El Congreso no puede abrir sus sesiones sin la concurrencia de m�s de la mitad del n�mero total de sus miembros.

    Si el d�a se�alado por la ley no hubiera qu�rum, los diputados presentes exhortar�n a los ausentes para que concurran, a m�s tardar dentro del t�rmino de diez d�as, con la advertencia de que si no lo hacen se entender�, por ese solo hecho, que hay causa bastante para considerarlos separados del cargo ...

    Este art�culo de la Constituci�n L. es correlativo del art�culo 63 de la Constituci�n Federal, que se�ala que el diputado que no concurra a la apertura de sesiones o a ejercer su cargo se considera que no acept� el mismo. En este supuesto se llamar� al suplente, mismo que si en el plazo igual tampoco se presentase se declarar� vacante el puesto y se convocar� a nuevas elecciones; es decir, en este supuesto se le considera separado del cargo por no aceptaci�n, no por la imposici�n de una sanci�n derivada de responsabilidad en t�rminos de lo previsto en el t�tulo cuarto de la Constituci�n Federal, raz�n por la que no existe sujeci�n al procedimiento previsto en los art�culos 109 y 110 del t�tulo cuarto de la Constituci�n Federal y art�culos 137 y 138 de la Constituci�n L..

    El hecho de que los diputados no concurran a la apertura del Congreso que deban integrar impide, precisamente, su instalaci�n y, si dicho Congreso no est� instalado, existe imposibilidad real y jur�dica de sustanciar juicio pol�tico alguno para determinar la p�rdida del cargo de diputado local.

    Por otra parte, es claro que los supuestos por los cuales se puede perder el car�cter de diputado local que contempla el art�culo 21 de la Ley Org�nica del Congreso de Morelos no necesariamente tienen como consecuencia la aplicaci�n de una sanci�n por responsabilidad; mientras que el ausentarse injustificadamente a la apertura de sesiones del Congreso L. para desempe�ar el cargo para el que se fue electo, en los t�rminos previstos en el art�culo 31 de su Constituci�n, no implica la imposici�n de una sanci�n disciplinaria, sino que se tiene al servidor p�blico como no aceptando el cargo para el que fue electo, como ya se se�al�. Tampoco puede constituirse en responsabilidad imputable al servidor p�blico el hecho de que est� impedido de ejercer su cargo por sufrir una incapacidad f�sica o mental.

    Precisado lo anterior, debe decirse que la fracci�n VI del art�culo 22 impugnada, si bien establece la p�rdida del cargo como sanci�n disciplinaria, no incorpora dicho supuesto al listado de casos por los que se puede perder la condici�n de diputado, previstos en el art�culo 21 antes analizado, ya que las sanciones disciplinarias establecidas en el precepto en estudio, se encuentran previstas de manera aut�noma e independiente.

    D. an�lisis de los dos art�culos invocados, se desprende que regulan dos diferentes supuestos en los que puede perderse el cargo de diputado local. El art�culo 21, fracci�n III, se refiere a un supuesto previsto en el texto constitucional que necesariamente implica que el servidor p�blico no acept� el encargo conferido por el voto popular. Mientras que el art�culo 22, fracci�n VI establece que puede perderse el cargo de diputado por virtud de una sanci�n disciplinaria parlamentaria y que las causas y mecanismos de aplicaci�n para su imposici�n se estipular�n y se sujetar�n a lo dispuesto en la propia ley y su reglamento.

    Por ello, cuando se trata de servidores p�blicos de elecci�n popular, particularmente en el caso de diputados, no puede mediante una simple correcci�n disciplinaria privarse del cargo al que accedieron por la voluntad popular expresada a trav�s del voto y mucho menos, como en el caso de las sanciones disciplinarias, que al ser aplicadas ir�an en contra de la voluntad popular.

    Cabe hacer menci�n que en el caso de que a un miembro del Congreso L. se le impusiera como medida disciplinaria la p�rdida del cargo de diputado, no se le estar�a disciplinando, pues el objeto de la sanci�n disciplinaria es guardar el orden y respeto debido al cargo que ostenta y, al destituirlo, se extinguir�a el objeto o bien jur�dico tutelado por la figura jur�dica de la sanci�n disciplinaria.

    En este orden de ideas, debe concluirse que el art�culo 22, fracci�n VI de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el P.�dico Oficial del Estado el 12 de noviembre de 1997, es inconstitucional, por no sujetarse a lo dispuesto en los art�culos 109 y 110 de la Constituci�n Federal en relaci�n con el procedimiento bajo el cual puede ser sancionado por responsabilidad administrativa un servidor p�blico local que goza de fuero constitucional, como es el caso de los diputados al Congreso del Estado de Morelos. Ya que si bien es cierto que a las Legislaturas L.es corresponde fijar las bases de la responsabilidad de sus servidores p�blicos, tal regulaci�n debe ajustarse a los t�rminos establecidos en la Constituci�n G.eral de la R.�blica cuando se trate de servidores p�blicos que gozan de fuero constitucional por disposici�n de este �ltimo cuerpo normativo.

    Adem�s, es inconstitucional la fracci�n del precepto que se analiza, que establece la p�rdida del cargo de diputado, como una sanci�n disciplinaria, porque va en contra del art�culo 36, fracci�n IV y, como consecuencia el 16, ambos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le estar�a impidiendo desempe�ar el cargo de elecci�n popular que tiene obligaci�n de prestar, fund�ndose en una norma legal que no tiene sustento en la Constituci�n Federal, pues el t�tulo cuarto de la Carta Magna, art�culos del 108 al 114 inclusive, solamente autorizan la destituci�n del cargo, con motivo de un juicio pol�tico y no de una sanci�n disciplinaria.

    Las consideraciones que preceden, conducen a declarar parcialmente fundada la presente acci�n de inconstitucionalidad, declarando la validez de las disposiciones generales impugnadas con excepci�n del art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, del que procede declarar su invalidez.

D�CIMO QUINTO

Se procede a determinar los alcances y efectos de la presente sentencia.

El art�culo 105, fracci�n II, �ltimo p�rrafo y pen�ltimo p�rrafo de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 41, fracci�n IV, 43, 44, 45, 72 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 invocado, establecen:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.

"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayor�a de cuando menos ocho votos.

"La declaraci�n de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

"Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada ..."

"Art�culo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, ser�n obligatorias para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean �stos federales o locales."

"Art�culo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ordenar� notificarla a las partes, y mandar� publicarla de manera �ntegra en el Semanario Judicial de la Federaci�n, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.

"Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ordenar�, adem�s, su inserci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el �rgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."

"Art�culo 45. Las sentencias producir�n sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"La declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

"Art�culo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayor�a indicada, el Tribunal Pleno desestimar� la acci�n ejercida y ordenar� el archivo del asunto."

Art�culo 73. Las sentencias se regir�n por lo dispuesto en los art�culos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.

De los preceptos antes transcritos, se desprende que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por cuando menos ocho votos, si no se aprobaran por la mayor�a indicada, el Tribunal Pleno desestimar� la acci�n ejercitada y ordenar� el archivo del asunto.

La declaraci�n de invalidez del art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, no tendr� efectos retroactivos.

En este orden de ideas, debe concluirse que como la Legislatura L. se excedi� en sus facultades procede declarar la invalidez del art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, para el efecto de que dicha Legislatura L. proceda a dejarlo insubsistente.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� ordenar notificar esta resoluci�n a las partes y mandar� publicarla de manera �ntegra en el Semanario Judicial de la Federaci�n, en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el �rgano oficial en que tal norma se public�, que es el P.�dico Oficial del Estado de Morelos.

Por ende, esta ejecutoria surtir� plenos efectos a partir del d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Cabe destacar que este criterio lo adopt� el Tribunal Pleno al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 6/98 promovida por el Partido de la Revoluci�n Democr�tica, que fue resuelto el veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Las consideraciones que preceden conducen a declarar parcialmente fundada la presente acci�n de inconstitucionalidad, por las razones expuestas en el considerando d�cimo cuarto de este fallo.

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

Es parcialmente procedente la acci�n de inconstitucionalidad promovida por los diputados integrantes del Congreso del Estado de Morelos, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Se sobresee en la presente acci�n de inconstitucionalidad respecto de los actos reclamados al gobernador del Estado de Morelos, en los t�rminos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria.

TERCERO

Es parcialmente fundada la acci�n de inconstitucionalidad que se resuelve, por las razones expuestas en el considerando d�cimo cuarto de este fallo.

CUARTO

Se declara la invalidez del art�culo 22 de la Ley Org�nica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el P.�dico Oficial del Estado, el doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por las razones precisadas en el considerando d�cimo cuarto de este fallo.

QUINTO

Con la salvedad anterior, se reconoce la validez de las disposiciones impugnadas, mismas que quedaron precisadas en el resultando primero de esta resoluci�n.

SEXTO

Publ�quese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el P.�dico Oficial del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federaci�n.

S�PTIMO

Esta ejecutoria surtir� plenos efectos, a partir del d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.

Notif�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., R.P., S�nchez C. y presidente el se�or Ministro Aguinaco Alem�n. Ausente el se�or M.S.M., por estar disfrutando de vacaciones. Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..

Nota: La presente ejecutoria aparece publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de 13 de noviembre de 1988.