Ejecutoria num. P. XLIX/2008 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072993

Ejecutoria num. P. XLIX/2008 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. XLIX/2008
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2006
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2005. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO.PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL QUE SE APROBÓ LA REFORMA AL ARTÍCULO 17, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LAS VIOLACIONES PROCEDIMENTALES ADVERTIDAS NO TIENEN UN IMPACTO INVALIDANTE DE AQUÉLLA.PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2005. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

MINISTRO PONENTE: JOS� RAM�N COSS�O D�AZ.

SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y ROBERTO LARA CHAGOY�N.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al trece de junio de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil cinco, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, R.M.P., quien se ostent� como presidente del Comit� Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, promovi� acci�n de inconstitucionalidad en la que solicit� la invalidez de la norma general que m�s adelante se se�ala, emitida y promulgada por los �rganos que a continuaci�n se mencionan:

�rganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna:

  1. La Quincuag�sima Novena Legislatura del Congreso del Estado de A..

  2. El Gobernador del Estado Libre y Soberano de A..

  3. El secretario general de Gobierno del Estado de A..

N. general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se public�:

Decreto n�mero 34 del Congreso del Estado de A. mediante el cual se reforma el art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, as� como el art�culo �nico transitorio del mencionado decreto, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil cinco.

SEGUNDO

El partido pol�tico promovente se�al� como antecedentes de la norma impugnada los que a continuaci�n se sintetizan:

  1. El treinta de julio de dos mil dos, el diputado A.C.G.�a del Partido de la Revoluci�n D.�tica present� iniciativa de reformas al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A..

  2. El trece de enero de dos mil cinco, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuag�sima Novena Legislatura present� iniciativa de reformas al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A..

  3. El tres de febrero de dos mil cinco, el grupo parlamentario del Partido Acci�n Nacional present� iniciativa de reformas al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A..

  4. El quince de febrero de dos mil cinco se reuni� la C.�n de Gobierno del Congreso del Estado de A., integrada por los diputados R.�n C.O., A.G.S., G.M.�n M., J.� de Jes�s S.G.�a, F.D.�az A. y D. �ngeles C.�eda; y en dicha reuni�n se aprob� el orden del d�a de la sesi�n ordinaria a celebrarse el jueves diecisiete a partir de las once horas en el sal�n de sesiones del Palacio Legislativo.

    Cabe precisar que en la citada orden del d�a aprobada, no se agend� el an�lisis, discusi�n y, en su caso, aprobaci�n del dictamen de las iniciativas de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A..

  5. El diecis�is de febrero de dos mil cinco, el diputado A.G.S. fue citado por el presidente de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales a sesi�n de trabajo a efectuarse a partir de las dieciocho horas, en el sal�n A.E., ubicado en el Palacio Legislativo, y con el voto de los tres miembros del Partido Acci�n Nacional y del diputado del Partido Convergencia por la D.acia, fue aprobado el dictamen presentado por el grupo parlamentario de Acci�n Nacional, ante lo cual el diputado A.G.S. present� voto particular.

  6. El diecisiete de febrero de dos mil cinco, a las diez horas con veintis�is minutos, la secretaria del diputado A.G.S., recibi� oficio firmado por el secretario general del Congreso, por el cual se le citaba al mencionado diputado para que asistiera a una sesi�n de trabajo de la C.�n de Gobierno a celebrarse ese mismo d�a (diecisiete de febrero) en la S. de Juntas del Congreso del Estado, la cual se llevar�a a cabo cuatro minutos despu�s de recibido el oficio, es decir, a las diez treinta horas; asimismo, tambi�n le fue fijado citatorio para asistir a la misma reuni�n a los diputados F.D.�az A. y G.M.�n M., todos ellos miembros de la C.�n de Gobierno.

    Cabe mencionar que a partir de las once horas del mismo d�a (diecisiete de febrero), daba inicio la sesi�n ordinaria del Congreso, -sesi�n ordinaria que de conformidad con el art�culo 203 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de A. se celebra los jueves de cada semana-; por lo que resultaba obvio que los tres diputados miembros de la C.�n de Gobierno convocados con escasos minutos de anticipaci�n, no asistieron a la reuni�n de la C.�n de Gobierno, convocada en forma tan abrupta, sin embargo, los tres diputados del Partido Acci�n Nacional, tambi�n miembros de la C.�n de Gobierno, R.�n C.O., J.� de Jes�s S.G.�a y D. �ngeles C.�eda, sin contar con el qu�rum necesario, dieron por celebrada la sesi�n, anotando indebidamente la asistencia de la diputada G.M.�n M., hecho totalmente falso, ya que la mencionada diputada no estuvo presente y mucho menos analiz�, discuti� y en su caso aprob� lo acordado en dicha sesi�n, y tampoco firm� el acta respectiva.

    El acuerdo tomado en dicha sesi�n consisti� en incluir dentro del orden del d�a de la sesi�n a celebrarse ese mismo d�a (diecisiete de febrero de dos mil cinco), el dictamen de las iniciativas de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., es decir, se modific� la diversa orden del d�a que ya hab�a sido previamente aprobada por la propia comisi�n en quince de febrero de dos mil cinco.

  7. Que derivado de lo anterior, al momento de iniciar la sesi�n ordinaria, el presidente de la C.�n de Gobierno solicit� al presidente de la mesa directiva, la inclusi�n en el orden del d�a del dictamen de las iniciativas de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., precis�ndose que hasta ese momento, dicho dictamen solamente era conocido por los miembros de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de A..

  8. El diputado A.G.S., en su calidad de secretario de la C.�n de Gobierno, manifest� que el orden del d�a a seguirse deb�a ser el aprobado por la C.�n de Gobierno en la sesi�n de quince de febrero, y no el que indebidamente aprob� dicha comisi�n en la sesi�n del diecisiete de febrero a escasos minutos de iniciar la sesi�n del Pleno del Congreso del Estado de ese mismo d�a.

  9. El diputado presidente de la mesa directiva aleg� que en t�rminos del art�culo 50, fracci�n VI, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de A., era su facultad someter a consideraci�n del Pleno el orden del d�a, sin embargo, el diputado A.G.S. insisti� en que se deber�a someter a consideraci�n el orden del d�a aprobado por la C.�n de Gobierno el quince de febrero siguiente, ya que el art�culo 156 de la citada ley, dispone que un dictamen no puede ser puesto a debate y votaci�n del Pleno del Congreso, si no fue entregado a los diputados, con cinco d�as h�biles de anticipaci�n al d�a de la sesi�n, situaci�n que en el caso no se present� y, por tanto, no pod�a incluirse en el orden del d�a. Que adem�s tambi�n se viola el art�culo 155 del mismo ordenamiento legal, porque el dictamen debe ser entregado a la mesa directiva en turno para que sea programado para su discusi�n en la sesi�n inmediata siguiente, por lo que en el supuesto de que minutos antes de la sesi�n del jueves diecisiete de febrero de dos mil cinco, se le hubiera entregado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de A. -situaci�n que no sucedi�-, este dictamen debi� haber sido programado para su discusi�n en la pr�xima sesi�n inmediata a celebrarse el jueves veinticuatro de febrero del a�o en curso.

  10. Que de todo lo anterior se desprende que hubo violaciones flagrantes al procedimiento legislativo, ya que se transgredieron diversos art�culos de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, tales como: a) el art�culo 69, fracci�n VII, en el sentido de que es facultad de la C.�n de Gobierno proponer el orden del d�a de las sesiones del Congreso; b) el art�culo 101, en el sentido de que las comisiones tomar�n sus decisiones por mayor�a de votos de sus miembros, situaci�n que, en el caso, no se di�, incluso ni siquiera la sesi�n se debi� haber llevado a cabo, en virtud de no contar con el qu�rum de asistencia; c) el art�culo 155, en virtud de que en el supuesto caso de que el dictamen hubiere sido entregado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de A., el asunto se debi� haber discutido en la sesi�n inmediata siguiente, es decir, en la sesi�n del jueves veinticuatro de febrero de dos mil cinco; d) el art�culo 156, toda vez que el dictamen que fue sometido al conocimiento del Pleno del Congreso del Estado de A., no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n.

  11. Que aunado a lo anterior, tambi�n se viol� el art�culo 34 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., en virtud de que aun trat�ndose de un caso urgente -que no lo era-, dicho precepto establece que, sin omitir ning�n tr�mite, las resoluciones sobre las iniciativas se dar�n en raz�n de la premura indicada, y que en el caso se violaron los tr�mites del procedimiento legislativo.

  12. Que no obstante lo anterior, el diecisiete de febrero de dos mil cinco, la Quincuag�sima Novena Legislatura del Estado de A., aprob� el dictamen por el cual se reforma el art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., y el mismo d�a, la mesa directiva de dicho �rgano legislativo envi� el Decreto N�mero 34 al gobernador del Estado para su promulgaci�n y publicaci�n, el que apareci� publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de A. el veintiuno de marzo de dos mil cinco.

TERCERO

El promovente esgrimi� los conceptos de invalidez que a continuaci�n se sintetizan.

A) En su primer concepto de invalidez se arguye violaci�n indirecta de los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en s�ntesis, por lo siguiente:

  1. Que en la sesi�n de diecisiete de febrero de dos mil cinco celebrada por la C.�n de Gobierno, no existi� el qu�rum de ley necesario para llegar al acuerdo que se tom�, consistente en modificar el orden del d�a previamente aprobado por la citada comisi�n en la sesi�n de quince de febrero de dos mil cinco, para proponer al presidente de la Mesa Directiva del Congreso se incluyera dentro del citado orden del d�a, el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, por el cual resuelve las iniciativas de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n del Estado.

    Que dicho acuerdo modificatorio fue tomado solamente por los diputados R.�n C.O., J.� de Jes�s S.G.�a y D. �ngeles C.�eda, que fueron los tres asistentes de los seis miembros que integran la citada C.�n de Gobierno, y que coincidentemente son los tres diputados del Partido Acci�n Nacional.

    Que ello transgrede lo dispuesto por el art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de A., que se�ala que: "Las comisiones tomar�n sus decisiones por mayor�a de votos de sus miembros y su presidente tendr� voto de calidad en caso de empate. ...", de lo que se desprende que los acuerdos se deben tomar por mayor�a de los miembros que integran la comisi�n y no por la mayor�a de los que asistan.

  2. Que la acci�n del presidente de la Mesa Directiva del Congreso consistente en someter a la consideraci�n del Pleno un orden del d�a que violaba lo dispuesto por el art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, viola las formalidades esenciales del procedimiento, as� como la garant�a de legalidad, pues en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 50 del mismo ordenamiento legal, el presidente de la mesa directiva tiene, entre otras atribuciones, la de: "Someter a la consideraci�n de la asamblea el orden del d�a, estableciendo el orden que corresponda a los asuntos que se presenten en las sesiones, ...", por lo que en el caso, debi� someter a consideraci�n el orden del d�a aprobado por la C.�n de Gobierno en la sesi�n del quince de febrero de dos mil cinco.

    Que de igual forma la acci�n del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, viola el art�culo 155 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, que se�ala: "Entregado un dictamen a la mesa directiva en turno, ser� programado para su discusi�n en la sesi�n inmediata siguiente.", ya que no existe documento alguno que pruebe que el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, por el que se resuelve sobre las iniciativas de reformas al art�culo 17 de la Constituci�n del Estado, haya sido entregado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

    Que esto se corrobora adem�s con la manifestaci�n del secretario de la mesa directiva, quien bajo protesta de decir verdad manifest� que dicho dictamen no fue entregado a la mesa directiva.

  3. Que la acci�n del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, de someter a consideraci�n del Pleno el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales emitido el diecis�is de febrero de dos mil cinco, en el que se resuelve sobre las iniciativas de reformas al art�culo 17 de la C.L., contraviene el art�culo 156, p�rrafo primero, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, que establece: "Ning�n asunto ser� puesto a debate y votaci�n si el dictamen respectivo no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n.", ya que no se cumpli� con el t�rmino de cinco d�as h�biles de anticipaci�n de la entrega de un dictamen para que �ste sea conocido por el Pleno, y ello causa perjuicio, ya que los diputados integrantes del Pleno del Congreso no tuvieron el tiempo necesario para analizar los dict�menes que se sometieron a su consideraci�n y, por tanto, se le priv� del derecho de emitir un voto con conocimiento de causa.

  4. Que la decisi�n tomada por los diputados del Partido Acci�n Nacional, que son mayor�a en el Pleno, al aprobar el orden del d�a de diecisiete de febrero propuesto por la C.�n de Gobierno, contraviene los art�culos 50, fracci�n VI, 155 y 156, p�rrafo primero, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado y, por tanto, se violan las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, as� como el de la debida fundamentaci�n.

  5. Que conforme al t�tulo cuarto de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, el procedimiento legislativo debe seguir varias etapas (la iniciativa, art�culo 129 y siguientes; la lectura de la iniciativa ante el Pleno, art�culo 133; el turno a la comisi�n correspondiente, art�culo 140; la revisi�n y an�lisis por la comisi�n, art�culos 143 y 144; el dictamen, art�culos 144 al 154; la entrega del dictamen a la mesa directiva para su programaci�n a discusi�n en la sesi�n inmediata siguiente, art�culo 155; el debate y votaci�n del asunto, art�culo 156 y siguientes; y la aprobaci�n y remisi�n del decreto al Poder Ejecutivo, art�culo 170), las cuales no fueron respetadas ni cumplidas, por lo que existe violaci�n a los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal.

    B) Por otra parte, en el segundo concepto de invalidez el promovente se�ala que con la reforma al art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, se violan los art�culos 52, 53, 54 y 116, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se mantiene la proporci�n del sesenta por ciento de mayor�a relativa y cuarenta por ciento de representaci�n proporcional en la integraci�n del Congreso del Estado de A., provocando as� una sobrerrepresentaci�n de un partido pol�tico. Que ello es as� por lo siguiente:

  6. Que en el art�culo 54 de la Constituci�n Federal, se instituyen las bases generales del principio de representaci�n proporcional en el sistema jur�dico mexicano, de cuyo an�lisis se llega al convencimiento de que la proporcionalidad en materia electoral, m�s que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad de la integraci�n de los �rganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo a la vez que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentaci�n.

    Que sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya se ha pronunciado al emitir la tesis cuyo rubro es: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL."

  7. Que el Constituyente nacional establece mecanismos para evitar la hegemon�a de los partidos pol�ticos en los �rganos legislativos, previendo reglas b�sicas de votaci�n para garantizar la participaci�n plural de los representantes populares, situaci�n que el Constituyente Permanente del Estado de A. no observ�, al dejar la misma proporci�n existente desde el a�o de mil novecientos noventa y tres, de dieciocho diputados de mayor�a relativa por nueve de representaci�n proporcional, estando integrado el Congreso del Estado de A. por veintisiete diputados.

    Que en este sentido, el Congreso Local al no reformar la parte relativa al n�mero de diputados por el principio de representaci�n proporcional, dejando el n�mero de nueve, cuando lo debi� modificar pero para aumentar el n�mero de diputados de representaci�n proporcional a once miembros, para evitar que un partido pol�tico tenga por s� mismo, por ambos principios, dieciocho diputados, lo cual implica tener una mayor�a calificada, pero sobre todo una sobrerrepresentaci�n pol�tica dentro del Congreso Local, violenta el principio de representaci�n proporcional, m�xime que el art�culo 231 del C�digo Electoral vigente en el Estado de A. se�ala que: "Todo partido pol�tico que obtenga el triunfo en la totalidad de los distritos uninominales, no tendr� derecho a participar en la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional. Ning�n partido podr� tener m�s de dieciocho diputados asignados por ambos principios."

  8. Que el principio de representaci�n proporcional que refieren los art�culos 230 y 231 del C�digo Electoral del Estado y el art�culo 116, fracci�n II, en relaci�n con los art�culos 52, 53, 54 y dem�s relativos de la Constituci�n Federal, resultar�a incongruente de mantenerse el n�mero de nueve diputados de representaci�n proporcional dentro de la Legislatura del Estado de A., y el no haber incrementado dicho n�mero, violenta la pluralidad que debe prevalecer seg�n los principios democr�ticos consignados en nuestra Constituci�n Federal, que se traducen en evitar que un solo partido pol�tico tenga por s� s�lo la mayor�a calificada, hecho que provocar�a que los consensos se polaricen y se lleven a cabo acciones de origen unilateral por parte del partido mayoritario en el Congreso, dejando de lado la posibilidad de que se vean reflejadas las opiniones de las minor�as en dicho �rgano de representaci�n popular.

    Para ilustrar lo anterior, cit� la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CL�USULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA AS� CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POL�TICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCR�TICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL,OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACI�N TELEOL�GICA DE LAS REFORMAS A LOS ART�CULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES)."

  9. Que la "no reforma" al n�mero de diputados por el principio de representaci�n proporcional dentro del Congreso del Estado de A., incumple los requisitos primero, segundo, tercero, cuarto y s�ptimo de las bases generales del principio de representaci�n proporcional que deben de prevalecer en todos y en cada uno de los Estados que conforman el Pacto Federal, y que han sido se�alados en la tesis de este Alto Tribunal, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL."

    Esto es, que la no reforma incumple con: Primero. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayor�a relativa, en el n�mero de distritos uninominales que la ley se�ale. Segundo. Establecimiento de un m�nimo porcentaje de la votaci�n estatal para la asignaci�n de diputados. Tercero. Asignaci�n de diputados independientes y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votaci�n. Cuarto. P.�n del orden de asignaci�n de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinto. El tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido. Sexto. Establecimiento de un l�mite a la sobrerrepresentaci�n. S�ptimo. Establecimiento de las reglas para la asignaci�n de diputados conforme a los resultados de la votaci�n.

    Que de igual forma, la actual integraci�n del Congreso del Estado, -el cual se conforma por veintisiete diputados, de los que el Partido Acci�n Nacional cuenta con diecis�is diputados de mayor�a relativa y dos de representaci�n proporcional, para tener en totalidad dieciocho diputados por ambos principios-, atenta contra el diverso requisito sexto que limita la sobrerrepresentaci�n, puesto que permite al Partido Acci�n Nacional estar sobrerrepresentado al obtener la mayor�a calificada, es decir, las dos terceras partes de la integraci�n del Congreso del Estado, y que, por tanto, no necesite del consenso de las fuerzas pol�ticas minoritarias para la apropiaci�n de los asuntos inherentes y de inter�s p�blico que exige la sociedad de A..

    Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: "REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. EL SISTEMA PREVISTO EN EL ART�CULO 17, P�RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TRANSGREDE ESE PRINCIPIO AL ESTABLECER LA ASIGNACI�N DE VEINTITR�S DIPUTADOS DE MAYOR�A RELATIVA Y S�LO CUATRO POR REPRESENTACI�N PROPORCIONAL (DECRETO PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, EN EL PERI�DICO OFICIAL DEL ESTADO)."

CUARTO

Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 14, 16, 41, 52, 53, 54 y 116, fracci�n II, �ltimo p�rrafo.

QUINTO

Mediante prove�do de veinte de abril de dos mil cinco, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la acci�n de inconstitucionalidad 9/2005 y, por raz�n de turno, design� al Ministro J.� Ram�n C.�o D�az para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resoluci�n respectivo.

SEXTO

Por auto de veintiuno de abril de dos mil cinco, el Ministro instructor admiti� la demanda relativa y orden� dar vista �nicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, no as� al secretario general de Gobierno de la entidad, toda vez que las citadas autoridades fueron las que emitieron y promulgaron la norma impugnada; tambi�n orden� dar vista al procurador general de la R.�blica para que formulara el pedimento que le corresponde, as� como a la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que expresara su opini�n en relaci�n con la presente acci�n.

S�PTIMO

El Congreso del Estado de A. al rendir su informe se�al� sustancialmente lo siguiente:

  1. Que la reforma al art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, se llev� a cabo con sujeci�n estricta a lo establecido en el "cap�tulo IX" denominado "De la iniciativa y formaci�n de las leyes" de la propia C.L., as� como a lo dispuesto en el "t�tulo cuarto" denominado "Del proceso legislativo" de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de A..

  2. Que el aludido procedimiento legislativo ten�a que concluirse a la brevedad posible, con el fin de que el Congreso del Estado diera atenci�n oportuna a los diversos requerimientos formulados por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en relaci�n con el recurso de queja derivado de la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001, promovidas respectivamente por diversos integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado.

  3. Que tanto el dictamen elaborado por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, relativo a las iniciativas de reforma al art�culo 17 de la C.L., as� como el voto particular en contra de �ste suscrito por el diputado A.G.S., se sometieron a discusi�n del Pleno del Congreso en la sesi�n ordinaria celebrada el diecisiete de febrero de dos mil cinco.

    Que una vez debatidos tanto el dictamen como el voto particular en la citada sesi�n, se sometieron a votaci�n, resultando aprobado el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales por mayor�a calificada, con un total de veintid�s votos a favor y cinco votos en contra, registr�ndose cinco votos a favor del voto particular.

    Que con motivo de lo anterior, el presidente de la mesa directiva instruy� a los diputados secretarios para que procedieran en los t�rminos del art�culo 94 de la C.L., es decir, para que se turnara a los Ayuntamientos del Estado para su discusi�n y en su caso aprobaci�n.

    Que en atenci�n a lo anterior, lo alegado por el partido pol�tico promovente en el sentido de que se vulneran los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal es totalmente inoperante, m�xime que de conformidad con el art�culo 34 de la C.L., en casos urgentes a juicio del Congreso, sin omitir ning�n tr�mite, las resoluciones sobre las iniciativas se dar�n en raz�n de la premura indicada, supuesto que en el caso se actualiz�.

  4. Que la reforma al art�culo 17 de la C.L. es plenamente v�lida por haberse sustentado en el procedimiento legislativo establecido en la Constituci�n Pol�tica del Estado y en la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado.

    Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia, de rubro: "VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."

  5. Que en lo que se refiere al segundo concepto de invalidez, �ste es improcedente por lo desacertado de los argumentos hechos valer por el partido pol�tico promovente ya que la integraci�n del Congreso del Estado, como lo prev� el primer p�rrafo del art�culo 17 de la C.L., tiene sustento en lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, pues el n�mero de representantes es proporcional al n�mero de habitantes del Estado de A..

    Que la conformaci�n del Congreso de dieciocho diputados electos por el principio de mayor�a relativa y hasta nueve diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, adem�s de atender a lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, cumple con lo ordenado por la Suprema Corte, pues no se aleja significativamente el porcentaje de representaci�n de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional. Que adem�s, para cumplir con el criterio poblacional se elimin� la predeterminaci�n del n�mero de distritos que corresponde a cada Municipio.

    Que por lo anterior no existe violaci�n alguna a lo previsto en la fracci�n II del art�culo 116 de la Constituci�n Federal.

  6. Que la supuesta violaci�n aducida a los art�culos 52, 53 y 54 de la Constituci�n Federal es inexistente, porque dichos preceptos no son aplicables a los Congresos Estatales, pues regulan lo relativo a la integraci�n del Congreso Federal.

OCTAVO

El gobernador del Estado de A. al formular su informe adujo, en esencia, lo siguiente:

  1. Que es cierto que promulg� y public� el Decreto N�mero 34 emitido por la Quincuag�sima Novena Legislatura del Estado, a trav�s del cual se reform� el art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, y que dicha publicaci�n la hizo en cumplimiento a lo dispuesto por el art�culo 46, fracci�n I, de la propia C.L., que se�ala que es facultad y obligaci�n del gobernador, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado.

  2. Que la simple publicaci�n "en nada conculca los derechos o garant�as del presidente del Comit� Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mientras que no se d� el acto de aplicaci�n de la norma que se impugna". Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACI�N."

  3. Que procede declarar la improcedencia de la acci�n por cuanto al gobernador del Estado se refiere, porque de los conceptos de invalidez hechos valer por el partido pol�tico promovente ninguno le es imputable, ya que todos se refieren al contenido de la reforma al art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la C.L., as� como el art�culo �nico transitorio del Decreto 34, y dicho decreto fue emitido en su totalidad por la Quincuag�sima Novena Legislatura del Estado.

  4. Que de conformidad con el art�culo 67 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, desde este momento formula alegatos y ratifica como tales los argumentos se�alados en el presente informe.

NOVENO

La S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n al formular su opini�n se�al�, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. Que no emite opini�n alguna en relaci�n con el primer concepto de invalidez, ya que �ste se refiere a cuestiones inherentes al procedimiento legislativo que no encuadra dentro del exclusivo campo del derecho electoral.

  2. Que por lo que respecta al segundo concepto de invalidez tampoco emite opini�n alguna, ya que tambi�n no guarda relaci�n directa e inmediata con la materia electoral, pues se refiere a cuestiones generales de derecho, como lo es la supuesta omisi�n legislativa de reformar un precepto de la C.L..

Que adem�s respecto de las bases generales del principio de representaci�n proporcional, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya se pronunci� e incluso emiti� la tesis de jurisprudencia, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL."

D�CIMO

El procurador general de la R.�blica al formular su opini�n respecto de la presente acci�n se�al�, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente acci�n de inconstitucionalidad; que quien la suscribe tiene legitimaci�n para ello, y que fue presentada oportunamente.

  2. Que el Congreso del Estado de A. durante el procedimiento de reforma al p�rrafo primero y tercero, fracci�n I, del art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, no contravino lo dispuesto por el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, porque las violaciones alegadas por el accionante no trascienden al contenido mismo de la norma y, por tanto, no afectan su validez.

    Que lo anterior es as�, porque las formalidades esenciales del procedimiento que s� trascienden a la norma, s� fueron cumplidas a cabalidad por el Congreso Estatal, ya que �ste en la sesi�n de diecisiete de febrero de dos mil cinco, celebrada con la asistencia de los veintisiete diputados que integran al citado �rgano legislativo, aprob� la reforma al p�rrafo primero y tercero, fracci�n I, del art�culo 17 de la Constituci�n del Estado, por una mayor�a de veintid�s votos a favor y cinco en contra, de lo que se desprende que cont� con el n�mero de votos necesarios para declararla aprobada, tal como lo dispone el art�culo 94 de la Constituci�n del Estado.

    Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 94/2001, de rubro: "VIOLACIONES DE CAR�CTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."

  3. Que no se actualiza violaci�n alguna al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, porque los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n del procedimiento legislativo de reforma se encuentran satisfechos.

    Que lo anterior es as�, porque: a) el Congreso del Estado de A., de conformidad con el art�culo 94 de la Constituci�n del Estado, est� facultado para efectuar la reforma impugnada, con lo que se satisface la garant�a de fundamentaci�n; y b) la reforma al art�culo 17 de la Constituci�n del Estado se realiz� en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001, para adecuar el texto constitucional estatal a las disposiciones contenidas en el art�culo 116, fracci�n II, de la Constituci�n Federal, con lo que se satisface el requisito de motivaci�n.

    Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia n�mero 146, de rubro: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."

  4. Que el Poder Reformador del Estado de A., al establecer que el Congreso Estatal estar� conformado por dieciocho diputados electos por el principio de mayor�a relativa y hasta nueve diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, estatuy� un porcentaje de sesenta y seis punto seis por ciento y treinta y tres punto tres por ciento, respectivamente, no se alej� significativamente de los par�metros establecidos en el art�culo 54 de la Constituci�n Federal -sesenta por ciento y cuarenta por ciento- y, por ende, no limita la participaci�n pol�tica de las minor�as en el seno legislativo, as� como su posibilidad de contribuir en la toma de decisiones. Por tanto, esta integraci�n del Congreso Estatal no transgrede los art�culos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se invocaron como violados.

  5. Que la reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., no desobedece las reglas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y s�ptima establecidas en la tesis de jurisprudencia n�mero 69/98, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL.", por lo siguiente:

    1. En la fracci�n I del art�culo 17 impugnado, se establece la condici�n para acceder a las diputaciones plurinominales si el partido pol�tico de que se trate inscribe candidatos a diputados por mayor�a relativa, en por lo menos catorce de los dieciocho distritos uninominales (base primera).

    2. En la fracci�n II, que no fue reformada, establece que a los partidos pol�ticos que obtengan como m�nimo el dos punto cinco por ciento de la votaci�n emitida, les ser�n asignadas diputaciones por representaci�n proporcional (base segunda).

    3. La fracci�n III del art�culo 17 de la Constituci�n del Estado de A., remite al C�digo Estatal Electoral la f�rmula para asignar las diputaciones de representaci�n proporcional, y el citado c�digo dispone en su art�culo 231, que todo partido pol�tico que obtenga el triunfo en la totalidad de los distritos uninominales no tendr� derecho a participar en la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional, as� como que ning�n partido podr� tener m�s de dieciocho diputados asignados por ambos principios (bases tercera, quinta y sexta).

    4. El citado C�digo Estatal Electoral, en su art�culo 230, establece la forma en que se designar�n los diputados por el principio de representaci�n proporcional (base cuarta y s�ptima).

  6. Que por tanto, la reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., al ordenar que el Congreso del Estado se conforme por dieciocho diputados electos por el principio de mayor�a relativa y hasta nueve diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, no deviene inconstitucional, toda vez que obedece a los lineamientos establecidos en el numeral 116, fracci�n II, tercer p�rrafo, de la Constituci�n Federal, y se ci�e a las bases que la Suprema Corte de Justicia ha establecido para que las Legislaturas de los Estados se apeguen a los requisitos m�nimos para actualizar, en sus leyes locales, el principio de proporcionalidad, obedeciendo as� a la necesidad de dar una representaci�n m�s adecuada a todas las corrientes pol�ticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, garantizando en una forma m�s efectiva el derecho de participaci�n pol�tica de las minor�as.

  7. Que si bien el accionante tambi�n impugna el art�culo �nico transitorio del Decreto 34, tambi�n lo es que no hace manifestaci�n alguna tendente a demostrar su inconstitucionalidad.

  8. Que por todo lo expuesto, lo procedente es declarar la validez de la reforma al precepto 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., toda vez que no se vulneran los art�culos 14, 16, 52, 53, 54 y 116, fracci�n II, tercer p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

D�CIMO PRIMERO

Recibidos los informes de las autoridades, la opini�n de la S. Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n y la opini�n del procurador general de la R.�blica y encontr�ndose debidamente instruido el procedimiento en sus t�rminos, se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se plantea la posible contradicci�n entre el Decreto N�mero 34 por el que se reforma el art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., as� como del art�culo �nico transitorio de dicho decreto, con la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO

La demanda de acci�n de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:

El art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, dispone que el plazo para promover una acci�n de inconstitucionalidad es de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados, considerando en materia electoral, para el c�mputo de los plazos, todos los d�as como h�biles.

El Decreto N�mero 34 por el que se reform� el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., se public� en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de marzo de dos mil cinco (foja treinta y tres del expediente).

Tomando en cuenta esta fecha, el primer d�a del plazo para efectos del c�mputo respectivo fue el martes veintid�s de marzo, de lo que resulta que el plazo de treinta d�as naturales vencer�a el mi�rcoles veinte de abril de dos mil cinco.

En el caso, la demanda se present� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecinueve de abril de dos mil cinco, esto es, el pen�ltimo d�a del plazo legalcorrespondiente, por lo que en tales condiciones, debe considerarse que la demanda fue presentada oportunamente.

No es �bice a lo anterior el hecho de que el partido pol�tico promovente pretenda hacer valer la invalidez del precepto constitucional estatal combatido, derivado de la supuesta omisi�n del �rgano legislativo consistente en no reformar la parte relativa al n�mero de diputados por el principio de representaci�n proporcional;(1) ello es as�, porque el Constituyente Permanente del Estado de A. emiti� un nuevo acto legislativo, el cual consisti� precisamente en reformar el art�culo 17 de la Constituci�n del Estado. Es decir, el �rgano legislativo no incurri� en una omisi�n sino, por el contrario, al emitir la mencionada reforma su actuar fue un acto positivo. En este sentido, el hecho de que el partido pol�tico promovente no est� de acuerdo con los t�rminos de la citada reforma, ello no se traduce en una omisi�n por parte del �rgano legislativo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004,(2) del tenor siguiente:

"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICI�N A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACI�N A TRAV�S DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA �NTEGRAMENTE LA DISPOSICI�N ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. El art�culo 105, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se�ala que la acci�n de inconstitucionalidad es el medio de control a trav�s del cual podr� plantearse la no conformidad de una ley o tratado internacional con la Constituci�n Federal. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sustentado el criterio de que en t�rminos del principio de autoridad formal de la ley o de congelaci�n de rango, la reforma o adici�n a una disposici�n general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e id�nticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aqu�lla. En consecuencia, el nuevo texto de la N. General, al ser un acto legislativo distinto al anterior, formal y materialmente, puede ser impugnado a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, sin que sea obst�culo que reproduzca �ntegramente lo dispuesto con anterioridad."

TERCERO

Acto continuo se procede a analizar la legitimaci�n del promovente por ser una cuesti�n de orden p�blico y, por ende, de estudio preferente.

Los art�culos 105, fracci�n II, inciso f), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 62, �ltimo p�rrafo, de su ley reglamentaria, disponen que los partidos pol�ticos con registro podr�n ejercer la acci�n de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

  1. Que el partido pol�tico cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

  2. Que el partido pol�tico promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local, seg�n sea el caso).

  3. Que quien suscriba a nombre y en representaci�n del partido pol�tico cuente con facultades para ello.

En el caso, el Partido Revolucionario Institucional es un Partido Pol�tico Nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, seg�n copia certificada expedida por la secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral, visible a foja cuatrocientos sesenta y uno del expediente; asimismo, en diversa copia certificada tambi�n expedida por la citada funcionaria, consta que R.M.P., es el presidente del Comit� Ejecutivo Nacional del propio partido pol�tico (foja treinta y dos del expediente).

Los art�culos 84, fracci�n I y 86, fracciones XIII y XVI, de los Estatutos Generales del Partido Revolucionario Institucional,(3) establecen que el presidente nacional cuenta con facultades para representar al partido ante cualquier autoridad, e incluso para promover la acci�n de inconstitucionalidad establecida en el art�culo 105, fracci�n II, inciso f), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos (fojas trescientos noventa y cinco y trescientos noventa y seis del expediente).

De lo anterior se desprende que la acci�n de inconstitucionalidad promovida por el Partido Revolucionario Institucional, fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido pol�tico con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes, y la demanda presentada en su nombre fue suscrita por R.M.P., en su calidad de presidente del Comit� Ejecutivo Nacional, quien cuenta con facultades para tal efecto en t�rminos de los estatutos que rigen a dicho partido pol�tico.

Asimismo, el partido pol�tico promovente cuenta con legitimaci�n en la presente acci�n de inconstitucionalidad, ya que impugna una norma de contenido electoral, ya que �sta se refiere a la integraci�n del Congreso Local de acuerdo con los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional.

CUARTO

Procede examinar las causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento que aleguen las partes, o bien, que advierta este Tribunal Pleno.

El gobernador del Estado de A. al rendir su informe manifest� que procede declarar la improcedencia de la acci�n por cuanto a �l se refiere, porque de los conceptos de invalidez hechos valer ninguno le es imputable, ya que todos se refieren al contenido de la reforma al art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la C.L., as� como al art�culo �nico transitorio del Decreto N�mero 34.

Asimismo, tambi�n manifest� que la simple publicaci�n del Decreto N�mero 34, "en nada conculca los derechos o garant�as del presidente del Comit� Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mientras que no se d� el acto de aplicaci�n de la norma que se impugna."

Al respecto debe se�alarse que la acci�n de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de la Constituci�n Federal, en el que por su propia y especial naturaleza no existe contenci�n ni litigio alguno, sino que �nicamente las partes legitimadas para promoverla elevan una solicitud a esta Suprema Corte de Justicia para que realice un an�lisis abstracto de la constitucionalidad de la norma impugnada, contrast�ndola directamente con la Constituci�n Federal.

As�, dada la naturaleza abstracta de la acci�n de inconstitucionalidad, las partes legitimadas que la promueven no la pueden ejercer para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar la norma general cuya invalidez planteen.

En este sentido, el argumento del gobernador del Estado de A. en el que se�ala que la presente acci�n es improcedente porque ninguno de los conceptos de invalidez aducidos le es imputable, resulta infundado porque como ya se dijo, la acci�n de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de la constitucionalidad.

Adem�s, de conformidad con el art�culo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, en este tipo de acciones se debe dar vista a los �rganos ejecutivos que hubieren promulgado la norma impugnada, para el efecto de que rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener su validez o la improcedencia de la acci�n. Lo anterior es as�, ya que en este tipo de asuntos siempre existe la posibilidad de que se llegue a declarar la invalidez de la norma impugnada, situaci�n que invariablemente afectar�a al acto de promulgaci�n emitido por el Poder Ejecutivo encargado de ello, por ser parte del procedimiento legislativo que le dio vigencia a la norma impugnada.

De igual forma, tambi�n deviene infundado el argumento en el que el gobernador del Estado aduce la improcedencia de la acci�n al se�alar que la publicaci�n del Decreto 34 no conculca los derechos o garant�as del presidente del Comit� Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mientras no se d� el acto de aplicaci�n de la norma impugnada, pues como ya se se�al�, al ser la acci�n de inconstitucionalidad un medio de control abstracto de la constitucionalidad, las partes legitimadas para promoverla no la ejercen para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar la norma general cuya invalidez planteen. Adem�s, la acci�n de inconstitucionalidad procede �nicamente en contra de normas generales y no en contra de los actos de aplicaci�n que de �stas se deriven.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 129/99(4) del tenor siguiente:

"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA S�LO EST�N FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCI�N ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCI�N. Al ser la acci�n de inconstitucionalidad un tipo especial de procedimiento constitucional en el que, por su propia y especial naturaleza, no existe contenci�n, las partes legitimadas para promoverla, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no ejercen la acci�n para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar una norma general, pues el Poder Reformador de la Constituci�n las facult� para denunciar la posible contradicci�n entre aqu�lla y la propia Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, atendiendo al principio de supremac�a constitucional, la someta a revisi�n y establezca si se adecua a los lineamientos fundamentales dados por la propia Constituci�n."

Al no advertir este tribunal que se surta alguna otra causa de improcedencia o de sobreseimiento diversa a las ya examinadas o que hagan valer las partes, procede el estudio de los conceptos de invalidez que se plantean.

QUINTO

Dada la naturaleza de este medio de control constitucional, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima conveniente privilegiar el an�lisis del segundo concepto de invalidez, referente al fondo del asunto, y s�lo en caso de que �ste resultara infundado, se proceder� al an�lisis del primer concepto de invalidez en el que se aducen violaciones procedimentales.

Lo anterior es as�, en virtud de que en las acciones de inconstitucionalidad esta Suprema Corte de Justicia realiza un control abstracto de las normas frente a la Constituci�n Federal, y en t�rminos del art�culo 71, p�rrafo segundo, de la ley reglamentaria de la materia, trat�ndose de materia electoral, la sentencia s�lo puede referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente impugnados.(5)

Adem�s, el analizar los aspectos de fondo en cuanto a la invalidez de las normas expresamente impugnadas, tendr�a como efecto que este Alto Tribunal realice un verdadero control abstracto y fije los criterios que deber�n imperar sobre las normas respectivas, porque de decretar fundados los aspectos procedimentales, si bien tendr�a como efecto invalidar la norma, subsanados por el legislador esos vicios, dicha norma seguir�a subsistiendo con sus probables vicios de inconstitucionalidad. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 6/2003, de rubro: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. DEBE PRIVILEGIARSE EL AN�LISIS DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ REFERIDOS AL FONDO DEL ASUNTO Y S�LO EN CASO DE QUE �S.R.I., SE PROCEDER� AL AN�LISIS DE LAS VIOLACIONES PROCEDIMENTALES."(6)

Atento a lo anterior, se procede al an�lisis del segundo concepto de invalidez, tendente a acreditar la inconstitucionalidad de la norma impugnada por vicios de fondo.

SEXTO

En el segundo concepto de invalidez el partido pol�tico promovente adujo que con la reforma al art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, se violan los art�culos 52, 53, 54 y 116, fracci�n II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se mantiene la proporci�n del sesenta por ciento de mayor�a relativa y cuarenta por ciento de representaci�n proporcional en la integraci�n del Congreso del Estado de A., provocando as�, una sobrerrepresentaci�n de un partido pol�tico. Que ello es as� por lo siguiente:

  1. Que en el art�culo 54 de la Constituci�n Federal, se instituyen las bases generales del principio de representaci�n proporcional en el sistema jur�dico mexicano de cuyo an�lisis se llega al convencimiento de que la proporcionalidad en materia electoral, m�s que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad de la integraci�n de los �rganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo a la vez que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentaci�n.

    Que sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ya se ha pronunciado al emitir la tesis cuyo rubro es: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL."

  2. Que el Constituyente nacional establece mecanismos para evitar la hegemon�a de los partidos pol�ticos en los �rganos legislativos, previendo reglas b�sicas de votaci�n para garantizar la participaci�n plural de los representantes populares, situaci�n que el Constituyente Permanente del Estado de A. no observ�, al dejar la misma proporci�n existente desde el a�o de mil novecientos noventa y tres, de dieciocho diputados de mayor�a relativa por nueve de representaci�n proporcional, estando integrado el Congreso del Estado de A. por veintisiete diputados.

    Que en este sentido, el Congreso Local al no reformar la parte relativa al n�mero de diputados por el principio de representaci�n proporcional, dejando el n�mero de nueve, cuando lo debi� modificar pero para aumentar el n�mero de diputados de representaci�n proporcional a once miembros, para evitar que un partido pol�tico tenga por s� mismo, por ambos principios dieciocho diputados, lo cual implica tener una mayor�a calificada, pero sobre todo, una sobrerrepresentaci�n pol�tica dentro del Congreso Local, violenta el principio de representaci�n proporcional, m�xime que el art�culo 231 del C�digo Electoral vigente en el Estado de A. se�ala que: "Todo partido pol�tico que obtenga el triunfo en la totalidad de los distritos uninominales, no tendr� derecho a participar en la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional. Ning�n partido podr� tener m�s de dieciocho diputados asignados por ambos principios."

  3. Que el principio de representaci�n proporcional que refieren los art�culos 230 y 231 del C�digo Electoral del Estado y el art�culo 116, fracci�n II, en relaci�n con los art�culos 52, 53, 54 y dem�s relativos de la Constituci�n Federal, resultar�a incongruente de mantenerse el n�mero de nueve diputados de representaci�n proporcional dentro de la Legislatura del Estado de A., y el no haber incrementado dicho n�mero violenta la pluralidad que debe prevalecer seg�n los principios democr�ticos consignados en nuestra Constituci�n Federal, que se traducen en evitar que un solo partido pol�tico tenga por s� solo la mayor�a calificada, hecho que provocar�a que los consensos se polaricen y se lleven a cabo acciones de origen unilateral por parte del partido mayoritario en el Congreso, dejando de lado la posibilidad de que se vean reflejadas las opiniones de las minor�as en dicho �rgano de representaci�n popular.

    Para ilustrar lo anterior, cit� la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CL�USULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA AS� CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POL�TICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCR�TICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACI�N TELEOL�GICA DE LAS REFORMAS A LOS ART�CULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES)."

    Que la "no reforma" al n�mero de diputados por el principio de representaci�n proporcional dentro del Congreso del Estado de A., incumple los requisitos primero, segundo, tercero, cuarto y s�ptimo de las bases generales del principio de representaci�n proporcional que deben prevalecer en todos y en cada uno de los Estados que conforman el Pacto Federal, y que han sido se�alados en la tesis de este Alto Tribunal, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL."

    Esto es, que la "no reforma", incumple con: Primero. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayor�a relativa en el n�mero de distritos uninominales que la ley se�ale. Segundo. Establecimiento de un m�nimo porcentaje de la votaci�n estatal para la asignaci�n de diputados. Tercero. Asignaci�n de diputados independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votaci�n. Cuarto. P.�n del orden de asignaci�n de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. Quinto. El tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido. Sexto. Establecimiento de un l�mite a la sobrerrepresentaci�n. S�ptimo. Establecimiento de las reglas para la asignaci�n de diputados conforme a los resultados de la votaci�n.

    Que de igual forma, la actual integraci�n del Congreso del Estado -el cual se conforma por veintisiete diputados, de los que el Partido Acci�n Nacional cuenta con diecis�is diputados de mayor�a relativa y dos de representaci�n proporcional, para tener en totalidad dieciocho diputados por ambos principios- atenta contra el diverso requisito sexto que limita la sobrerrepresentaci�n, puesto que permite al Partido Acci�n Nacional estar sobrerrepresentado al obtener la mayor�a calificada, es decir, las dos terceras partes de la integraci�n del Congreso del Estado y que, por tanto, no necesite del consenso de las fuerzas pol�ticas minoritarias para la apropiaci�n de los asuntos inherentes y de inter�s p�blico que exige la sociedad de A..

    Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: "REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. EL SISTEMA PREVISTO EN EL ART�CULO 17, P�RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TRANSGREDE ESE PRINCIPIO AL ESTABLECER LA ASIGNACI�N DE VEINTITR�S DIPUTADOS DE MAYOR�A RELATIVA Y S�LO CUATRO POR REPRESENTACI�N PROPORCIONAL (DECRETO PUBLICADO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, EN EL PERI�DICO OFICIAL DEL ESTADO)."

    Como se aprecia en el presente concepto de invalidez el partido pol�tico promovente se�ala que con la reforma al art�culo 17, p�rrafo primero y tercero, fracci�n I, no se mantiene la proporci�n del sesenta por ciento de mayor�a relativa y cuarenta por ciento de representaci�n proporcional en la integraci�n del Congreso del Estado de A., con lo cual se da una sobrerrepresentaci�n de un partido, lo que hace nugatorio el pluralismo pol�tico y, por ende, se viola el principio de representaci�n proporcional inserto en los art�culos 41, 52, 53, 54 y 116, fracci�n II, de la Constituci�n Federal. Que ello es as�, porque la Legislatura Estatal no reform� la parte relativa al n�mero de diputados por el principio de representaci�n proporcional, dejando el n�mero de nueve (que es la proporci�n existente desde el a�o de mil novecientos noventa y tres), y sin embargo, debi� reformar dicho precepto para aumentar el n�mero de diputados por el citado principio a once diputados, para evitar una sobrerrepresentaci�n pol�tica dentro del Congreso.

    Ante todo conviene precisar que este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado sobre este tema en diversos precedentes,(7) por lo que en el presente caso a fin de resolver el presente concepto de invalidez, seaplica el criterio sostenido por esta Suprema Corte en lo que al tema se refiere. As�, enseguida se precisar� el marco jur�dico conforme al cual esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tiene atribuciones para preservar nuestro federalismo y debe, en consecuencia, pronunciarse sobre los problemas de fondo que se plantean.

    El art�culo 116, fracci�n II, tercer p�rrafo, de la Constituci�n Federal, establece como principios fundamentales en las elecciones estatales, el de mayor�a relativa y el de representaci�n proporcional como sistemas electorales, en los t�rminos de las propias disposiciones estatales.(8)

    Este precepto, seg�n el criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n,(9) emitido por unanimidad de once votos en sesi�n de veintitr�s de septiembre de dos mil tres, al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 15/2003, debe relacionarse con los art�culos 52 y 54 de la Constituci�n Federal que prev�n en el �mbito federal los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional para la integraci�n de la C�mara de Diputados, el cual tiene como antecedente relevante la reforma hecha en el a�o de mil novecientos setenta y siete, conocida como "reforma pol�tica", mediante la que se introdujo el actual sistema electoral mixto que, esencialmente, prevalece en la actualidad.

    Conforme a la teor�a, el principio de mayor�a consiste en asignar cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide un pa�s. Este sistema expresa como caracter�stica principal fincar una victoria electoral por una simple diferencia aritm�tica de votos en pro del candidato m�s favorecido. El escrutinio mayoritario puede ser uninominal o plurinominal; de mayor�a absoluta, relativa o calificada.

    La representaci�n proporcional, en cambio, obedece al principio de asignaci�n de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalici�n un n�mero de esca�os proporcional al n�mero de votos emitidos en su favor. La representaci�n proporcional pura es muy dif�cil de encontrar, pues la mayor parte de los sistemas que utilizan este tipo de representaci�n lo hacen en forma aproximada y combin�ndolo con el sistema de mayor�a. La introducci�n del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representaci�n m�s adecuada a todas las corrientes pol�ticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, as� como para garantizar, en una forma m�s efectiva, el derecho de participaci�n pol�tica de la minor�a y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsi�n de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayor�a simple.

    Por otra parte, los sistemas mixtos son aquellos que aplican los principios de mayor�a y de representaci�n proporcional, de distintas formas y en diversas proporciones. El sistema puede ser de dominio mayoritario o proporcional, dependiendo de cu�l de los dos principios se utilice con mayor extensi�n y relevancia.

    En M�xico, el sistema original fue el de mayor�a, que se utiliz� desde las Constituciones de mil ochocientos veinticuatro hasta la de mil novecientos diecisiete, en su origen. La reforma constitucional de mil novecientos sesenta y tres introdujo una ligera variante llamada de "diputados de partidos", que consisti� en atribuir un n�mero determinado de esca�os a todos los partidos que hubieran obtenido un cierto porcentaje m�nimo de la votaci�n nacional, aumentando sucesivamente un diputado m�s seg�n el porcentaje adicional de votos obtenidos a partir del m�nimo fijado y hasta un l�mite m�ximo. En la reforma de mil novecientos setenta y dos, se introdujo una peque�a modificaci�n, que consisti� en reducir el m�nimo fijado para la acreditaci�n de diputados y aumentar el l�mite m�ximo fijado para ello. Sin embargo, el sistema de integraci�n de la C�mara de Diputados sigui� siendo, esencialmente, de car�cter mayoritario.

    El art�culo original en el texto de la Constituci�n del diecisiete, determinaba la elecci�n de un diputado por cada cien mil habitantes o fracci�n que excediera de la mitad, estableciendo una representaci�n popular m�nima de dos diputados por Estado. Como se puede apreciar, el sistema original en nuestro Texto Supremo era el sistema de mayor�a con base poblacional, puesto que el n�mero de representantes depend�a de los conjuntos de cien mil habitantes que se pudieran formar, adem�s de conservar un m�nimo de representantes populares para cada Estado, que en este caso ser�a una garant�a para los Estados menos poblados.

    El sistema mayoritario resulta ser el m�s claro, porque permite la identificaci�n del candidato; y, adem�s, la elecci�n por mayor�a propicia el acercamiento entre candidato y elector. La propia identificaci�n establecida entre electores y candidatos puede permitir al votante una elecci�n m�s informada con respecto de la persona del candidato y menos sujeta a la decisi�n de un partido.

    Por otra parte, el sistema de representaci�n proporcional tiene por objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en equitativa proporci�n, al n�mero de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y, de esta forma, facilitar que los partidos pol�ticos que tengan un m�nimo de significaci�n ciudadana puedan tener acceso, en su caso, a la C�mara de Diputados, para reflejar de mejor manera el peso electoral de las diferentes corrientes de opini�n.

    La decisi�n del Poder Revisor de la Constituci�n de adoptar el sistema mixto con predominio mayoritario a partir de mil novecientos setenta y siete, ha permitido que este sistema mayoritario se complemente con el de representaci�n proporcional, ante lo cual los partidos deben presentar candidatos tanto en los distritos electorales uninominales, como listas de candidatos en las circunscripciones plurinominales.

    El t�rmino "uninominal" significa que cada partido pol�tico puede postular un solo candidato por cada distrito en el que participa, y el acreedor de la constancia (constancia de mayor�a y validez) de diputado ser� el que obtenga la mayor�a relativa de los votos emitidos dentro del distrito electoral de que se trate.

    Por su parte, el t�rmino de "circunscripci�n plurinominal" aparece con la citada reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando surge la figura de la representaci�n proporcional mediante un sistema de listas regionales que deb�an presentar cada uno de los partidos pol�ticos, puesto que en cada una de las circunscripciones se eligen varios candidatos, de ah� que se utilice el t�rmino de plurinominal (significando m�s de uno). Con la reforma del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se determin� que "se constituir�n cinco circunscripciones electorales plurinominales en el pa�s".

    Ahora bien, por cuanto hace a las entidades federativas, en el art�culo 116, fracci�n II, p�rrafo tercero, de la Constituci�n Federal, se instituye la obligaci�n de integrar sus legislaturas con diputados electos por ambos principios (mayor�a relativa y representaci�n proporcional).

    De todo lo anterior se sigue que de conformidad con los principios rectores fundamentales, las Legislaturas de los Estados deben introducir el principio de representaci�n proporcional en su sistema electoral local.

    Sin embargo, pese a todo lo antes considerado, no existe obligaci�n por parte de los Estados y de los Municipios, de seguir reglas espec�ficas para efectos de la reglamentaci�n de los aludidos principios.

    En consecuencia, la facultad de reglamentar dicho principio es facultad de las Legislaturas Estatales, las que, conforme al texto expreso del art�culo 116 constitucional, s�lo deben considerar en su sistema ambos principios de elecci�n, sin que se prevea alguna disposici�n adicional al respecto, por lo que la reglamentaci�n espec�fica en cuanto a porcentajes de votaci�n requerida y f�rmulas de asignaci�n de diputaciones por el principio de representaci�n proporcional, es responsabilidad directa de dichas legislaturas puesto que, a ese respecto, la Constituci�n Federal no establece lineamientos, sino que, por el contrario, establece expresamente que deber� hacerse conforme a la legislaci�n estatal correspondiente, siempre y cuando no contravenga las bases generales previstas en la Constituci�n Federal que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto. �ste ha sido el criterio del Tribunal Pleno, el cual se encuentra reflejado en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 74/2003, que es del tenor siguiente:(10)

    MAYOR�A RELATIVA Y REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Ante la falta de disposici�n constitucional expresa que imponga a las entidades federativas reglas espec�ficas para combinar los sistemas de elecci�n conforme a los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, es decir, el porcentaje que debe corresponder a cada uno de estos conceptos, debe tomarse como par�metro el que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en su art�culo 52 para la integraci�n de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, que se conforma por trescientos diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y doscientos seg�n el de representaci�n proporcional, esto es, en un sesenta y cuarenta por ciento, respectivamente. Por tanto, las Legislaturas Estatales, dentro de la libertad de que gozan, habr�n de ponderar sus propias necesidades y circunstancias pol�ticas a fin de establecer el n�mero de diputados pertinente, con base en los citados principios, pero sin alejarse significativamente de las bases generales previstas en la Ley Fundamental, a fin de evitar la sobrerrepresentaci�n de las mayor�as y la subrrepresentaci�n de las minor�as, o viceversa.

    Ahora bien, conforme a todo lo expuesto, la instrumentaci�n que hagan los Estados en su r�gimen interior, de los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, como ya se dijo, no transgrede, por s� sola, los lineamientos generales impuestos por la Constituci�n Federal, con tal de que en la legislaci�n local realmente se acojan dichos principios; sin embargo, debe estimarse que si en la demanda se expresan conceptos de invalidez que tiendan a demostrar que la f�rmula y metodolog�a adoptadas por la Legislatura Local para la asignaci�n de diputaciones por el principio de representaci�n proporcional son inconstitucionales porque se alejan de los fines buscados por el Constituyente Federal o porque infringen cualquiera otra disposici�n de la Carta Fundamental, debe entonces analizarse la cuesti�n planteada, pues esto es acorde con el esp�ritu de las reformas constitucionales dadas en los a�os de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y seis, mediante las cuales se dot� de plenas facultades a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, primero, para conocer de las acciones de inconstitucionalidad en las que se combatieran disposiciones de car�cter general por contravenci�n a la Constituci�n Federal y, segundo, para conocer en esta misma v�a la impugnaci�n de disposiciones generales en materia electoral; todo esto para fortalecer el sistema federalista.(11)

    En este sentido, siendo responsabilidad de esta Suprema Corte preservar el sistema federal y las disposiciones esenciales en las que se sustenta, deben estudiarse todas aquellas cuestiones que inciden en ese �mbito, para determinar si la disposici�n combatida es o no acorde con los principios generales que rigen ese sistema federal.

    Los Estados Unidos Mexicanos, conforme a su sistema federal, se integran con los Poderes Federales y los Locales, que determina su organizaci�n pol�tica; corresponde a la Constituci�n General la creaci�n de esos dos �rdenes, as� como la regulaci�n de su organizaci�n y funcionamiento. La misma Constituci�n, con el apoyo del principio de supremac�a constitucional, hace referencia a Estados libres y soberanos y encarga a los Poderes Federales la funci�n de intervenir, bajo determinados supuestos, en la vida institucional de las entidades, adem�s de establecerles algunas prohibiciones, inhibiciones y obligaciones. La Constituci�n de cada una de las entidades federativas debe acoger, en algunos aspectos, principios de la Constituci�n Federal, pues los Estados est�n sometidos a ella y a los principios fundamentales que �sta les impone.

    Mediante decreto publicado el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federaci�n, se reform� el art�culo 116 de la Constituci�n Federal, con la cual se alter� en parte la estructura que ten�a; esto es, anteriormente el art�culo contaba con seis fracciones; en tanto que la reforma incluye una nueva que sustituye a la anterior fracci�n cuarta y recorre el orden de las restantes y siguientes fracciones, de tal suerte que ahora el art�culo contiene siete fracciones, siendo la cuarta la que se refiere a la materia electoral. Igualmente se reform� el tercer p�rrafo de la fracci�n II del art�culo. Se trata de una reforma y una adici�n muy importantes mediante las cuales se modific� sustancialmente el tratamiento constitucional para la materia electoral local.

    La reforma al p�rrafo tercero de la fracci�n II del art�culo 116, tiene como prop�sito obligar a los Estados a que sus legislaturas se integren con diputados elegidos por los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional. En este sentido, el actual p�rrafo tercero supera la anterior redacci�n de ese p�rrafo que hablaba de diputados de minor�a en la elecci�n de las Legislaturas Locales. El mandato constitucional actual va m�s all� de lo que incorpor� la reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando se incluy� la anterior redacci�n del p�rrafo tercero de la fracci�n II, para introducir en las Legislaturas Locales el sistema de diputados de minor�a.

    Este esp�ritu democratizador y de pluralidad en la representaci�n se corrobora tambi�n si se atiende a que la fracci�n IV del art�culo 116, en relaci�n con la diversa fracci�n IV del art�culo 99 de la Constituci�n Federal, que permiten impugnar por inconstitucionalidad los actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, tienen como objeto claro y evidente la democratizaci�n de las estructuras electorales en los Estados. El proceso democratizador (siempre en tr�nsito) obliga a que el Poder Judicial de la Federaci�n se ocupe en ciertos casos y satisfaciendo los requisitos de procedibilidad constitucionales y legales necesarios, de los procesos locales, porque no hacerlo equivaldr�a a sostener situaciones que vulnerar�an la aspiraci�n nacional de construir un Estado de derecho democr�tico. Adem�s, y como se ha sostenido, el federalismo no significa independencia absoluta de los Poderes Locales, sino un r�gimen equilibrado y coordinado de distribuci�n de competencias, en donde las entidades federativas siempre est�n obligadas por el Pacto Federal y la supremac�a constitucional federal previstas en los art�culos 41 y 133 de la Constituci�n.

    En este orden de ideas, es necesario, en uso de las facultades constitucionales con que cuenta este Alto Tribunal, analizar si los principios rectores que en materia electoral se instituyen en el Pacto Federal, est�n cumplidos en la legislaci�n estatal, y si efectivamente est�n regulados de tal manera que hagan vigentes los principios para los cuales fueron instituidos.

    Cabe destacar que, como qued� dicho con anterioridad, no existe imperativo para imponer a los Estados un modelo espec�fico para la instrumentaci�n de los sistemas de elecci�n que dispone la Constituci�n Federal; sin embargo, por mayor�a de raz�n y siguiendo el esp�ritu de las disposiciones constitucionales federales que los establecen, debe asegurarse que los t�rminos en que se consideren en la legislaci�n estatal permitan su real vigencia, acorde con el sentido que el Poder Revisor de la Constituci�n quiso darles, pues no puede admitirse que para cumplir con lo dispuesto por el art�culo 116 de la Constituci�n Federal, sea suficiente con que las Legislaturas de los Estados dispongan que las elecciones se sujetar�n a los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, sino que es necesario, adem�s, que las normas que desarrollen esos principios cumplan real y efectivamente con el fin para el cual fueron establecidos, sin perjuicio de las modalidades que cada Legislatura Estatal quiera imponerles, pero sin desconocer su esencia.

    Por lo que hace al principio de proporcionalidad en materia electoral, tal como fue concebido por el �rgano revisor de la Constituci�n, debe se�alarse lo siguiente:

    El t�rmino representaci�n tiene diversos significados, diferentes entre s�, aunque pol�ticamente tiene una definici�n. La representaci�n pol�tica, llamada tambi�n representaci�n por elecci�n, en tanto fundamento de la democracia representativa propia del Estado moderno, naci� como un modelo alternativo a la democracia directa, dif�cil de cumplirse en las sociedades modernas. La representaci�n pol�tica lleva a su m�xima expresi�n la idea de que los representantes populares o miembros de los �rganos de representaci�n popular son representantes de la naci�n y del inter�s general del conjunto de la sociedad. El representante o diputado no es un mandatario en sentido legal, no es el representante particular de un sector social o de un distrito o circunscripci�n uninominal, es representante pol�tico del inter�s general de una naci�n, de un Estado.

    Por otra parte, la teor�a se�ala que una de las consecuencias de la representaci�n pol�tica nacional es la creaci�n de sistemas de representaci�n pol�tica (mayor�a, proporcional o mixto) que refleje de la mejor manera la voluntad popular y el inter�s nacional.

    En relaci�n con el sistema de representaci�n proporcional, cabe se�alar que s�lo puede ser empleado para la integraci�n de cuerpos colegiados, entre ellos, las C�maras Legislativas. Este sistema tiene como objetivo fundamental atribuir a cada partido el n�mero de cargos de elecci�n popular que resulte proporcional a los votos obtenidos en la contienda electoral.

    Por otra parte, cabe destacar que el sistema electoral mixto, que participa de los principios de mayor�a y de representaci�n proporcional, busca garantizar el control de las estructuras legislativas por el primer sistema, utilizando el sistema de representaci�n proporcional con la finalidad de crear un colch�n de curules para compensar la desproporci�n que genera el sistema mayoritario.

    En el a�o de mil novecientos setenta y siete se abandona dentro del orden jur�dico mexicano el sistema de diputados de partidos y se adopta un sistema electoral mixto, en el que el principio de mayor�a se complementa con el de representaci�n proporcional. El primero de ellos se funda en que el candidato se convierte en diputado por haber obtenido la simple mayor�a de sufragios emitidos en un determinado distrito por los ciudadanos que hubiesen votado en las elecciones respectivas; en el segundo, tienen acceso a la C�mara no s�lo los candidatos que hayan logrado la votaci�n mayoritaria, sino tambi�n los que hayan alcanzado cierto n�mero de votos provenientes de importantes minor�as de electores en el acto correspondiente.

    La instauraci�n del principio de representaci�n proporcional, represent� un canal apropiado para la participaci�n de las minor�as; en M�xico el antecedente m�s antiguo que se tiene, se debe al pensamiento de M.O., quien pronunci� el tres de diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos un discurso sobre el art�culo 24 del nuevo proyecto de Constituci�n, en donde expuso la teor�a de la representaci�n proporcional y la defensa de las minor�as.(12) D., se buscaba que la voz y presencia de las corrientes ideol�gicas minoritarias se hicieran presentes para la formaci�n de la representaci�n nacional.

    As�, la introducci�n del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representaci�n m�s adecuada a todas las corrientes pol�ticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, as� como para garantizar, en una forma m�s efectiva, el derecho de participaci�n pol�tica de la minor�a y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsi�n de la voluntad popular que se pueden producir en un sistema de mayor�a simple.

    Atento a todo lo anterior, dentro del sistema pol�tico mexicano se introdujo el principio de representaci�n proporcional como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo pol�tico, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aun minoritarias en su integraci�n pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratizaci�n del pa�s. As�, se desprende que el principio de representaci�n proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce en instrumento del pluralismo pol�tico que llev� a su inserci�n en la Constituci�n Federal desde el a�o de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.

    As�, el principio de representaci�n proporcional como garante del pluralismo pol�tico, tiene los siguientes objetivos primordiales:

  4. La participaci�n de los partidos pol�ticos en la integraci�n del �rgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.

  5. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representaci�n aproximada al porcentaje de su votaci�n total.

  6. Evitar un alto grado de sobrerrepresentaci�n de los partidos dominantes.

    La abundancia de criterios doctrinarios, as� como de modelos para desarrollar el principio de proporcionalidad, ponen de manifiesto que ser�a dif�cil para esta Suprema Corte intentar definir la manera precisa en que las Legislaturas Locales deben desarrollarlo en sus leyes electorales; sin embargo, esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial de pluralismo que se persigue y a las disposiciones con las que el propio Poder Revisor de la Constituci�n ha desarrollado dicho principio para su aplicaci�n en las elecciones federales. No quiere esto decir que las Legislaturas Locales deban prever la asignaci�n de diputados por el principio de representaci�n proporcional en los mismos t�rminos en que lo hace la Constituci�n Federal, pero s� que las disposiciones del art�culo 54 constitucional contienen bases fundamentales que se estiman indispensables en la observancia de dichos principios.(13)

    En efecto, el art�culo 54 de la Constituci�n Federal establece las bases generales del principio de proporcionalidad electoral trat�ndose de diputados, mismas que tienen que observar las Legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del citado principio.(14) Dichas bases son las siguientes:

Primera

Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a diputados por mayor�a relativa en el n�mero de distritos uninominales que la ley se�ale (fracci�n I).

Segunda

Establecimiento de un m�nimo de porcentaje de la votaci�n estatal para la asignaci�n de diputados (fracci�n II).

Tercera

La asignaci�n de diputados ser� independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votaci�n (fracci�n III).

Cuarta

P.�n del orden de asignaci�n de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes (fracci�n III).

Quinta

El tope m�ximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al n�mero de distritos electorales (fracci�n IV).

Sexta

Establecimiento de un l�mite a la sobrerrepresentaci�n (fracci�n V).

S�ptima

Establecimiento de las reglas para la asignaci�n de los diputados conforme a los resultados de la votaci�n (fracci�n VI).

Ahora bien, considerando los diferentes m�todos o modelos que pueden aplicarse para hacer vigente este principio de representaci�n proporcional en el sistema electoral mexicano, sus bases generales se instituyen en el art�culo 54 de la Constituci�n Federal, de cuyo an�lisis se llega al convencimiento de que la proporcionalidad en materia electoral, m�s que un principio, constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integraci�n de los �rganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentaci�n. Esto explica por qu�, en algunos casos, se premia o estimula a las minor�as y en otros se restringe a las mayor�as.

Todo lo expuesto permite considerar que ante la falta de disposici�n constitucional expresa que imponga a las entidades federativas reglas espec�ficas para combinar los sistemas de elecci�n de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, es decir, el porcentaje que debe corresponder a cada uno de estos principios, debe tomarse como par�metro el que establece la Constituci�n Federal para la integraci�n de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, previsto en su art�culo 52, en donde se se�ala que la citada C�mara estar� integrada por trescientos diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y doscientos diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, esto es, en un sesenta y cuarenta por ciento, respectivamente; por lo que las Legislaturas Estatales dentro de esa libertad de la que gozan, habr�n de ponderar sus propias necesidades y circunstancias pol�ticas, a fin de establecer el n�mero de diputados de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional que los integren, pero sin alejarse significativamente de los porcentajes y bases generales establecidas en la Constituci�n Federal, a fin de evitar la sobrerrepresentaci�n de las mayor�as y la subrrepresentaci�n de las minor�as o viceversa.

Por tanto, el an�lisis de las disposiciones que se combaten en esta v�a constitucional, debe hacerse atendiendo a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representaci�n proporcional al valor de pluralismo pol�tico que tutela, y a los porcentajes que fija la Constituci�n Federal para la integraci�n de la C�mara de Diputados del Congreso General a efecto de determinar si efectivamente las disposiciones combatidas inmersas en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo soportan.

En el caso a estudio, el art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., cuya invalidez se solicita, dispone:

"Art�culo 17. El Congreso del Estado estar� integrado por dieciocho diputados electos seg�n el principio de votaci�n de mayor�a relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta nueve diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional mediante el sistema de listas votadas en una circunscripci�n plurinominal cuya demarcaci�n es el Estado.

"...

"La asignaci�n de los diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional, se sujetar� a las siguientes bases y a lo que en particular disponga el C�digo Estatal Electoral:

"I. El partido pol�tico deber� acreditar que tiene su registro nacional e inscribir candidatos a diputados por mayor�a relativa, en por lo menos catorce de los dieciocho distritos uninominales; ..."

Como se desprende del precepto transcrito, el Congreso del Estado de A. est� integrado por un total de veintisiete diputados, de los cuales dieciocho son electos seg�n el principio de votaci�n de mayor�a relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta nueve diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripci�n plurinominal.

Lo anterior lleva a concluir que la integraci�n del Congreso Estatal por dieciocho diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y por nueve diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, constituye un porcentaje del sesenta y seis por ciento y treinta y cuatro por ciento, respectivamente, lo cual no se aleja significativamente de los porcentajes para la asignaci�n de diputados por tales principios, establecidos en la Constituci�n Federal (sesenta por ciento por mayor�a relativa y cuarenta por ciento para representaci�n proporcional).

Por tanto, con la citada integraci�n del Congreso Estatal no se transgrede el principio de representaci�n proporcional y, por ende, no se da una sobrerrepresentaci�n pol�tica dentro de dicho poder, ya que la Legislatura Estatal al reformar el art�culo 17 de la Constituci�n del Estado y establecer los citados porcentajes (sesenta y seis por ciento para mayor�a relativa y treinta y cuatro por ciento para representaci�n proporcional), no se alej� significativamente de los porcentajes establecidos en la Constituci�n Federal, por lo que no limita la participaci�n pol�tica de las minor�as en el seno legislativo, ni la posibilidad de participar en la toma de decisiones, ya que el porcentaje de treinta y cuatro por ciento que se asigna a los diputados de representaci�n proporcional, es representativo de los partidos minoritarios del Congreso.

A mayor abundamiento, cabe precisar que en sesi�n de veinte de enero de dos mil cuatro, este Tribunal Pleno resolvi� el recurso de queja deducido de la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001, interpuesto por diputados integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Congreso del Estado de A., en el que se adujo un cumplimiento defectuoso a la sentencia dictada en las citadas acciones de inconstitucionalidad.

En el mencionado recurso, este Tribunal Pleno determin�, en lo conducente, lo siguiente: "... Lo precisado lleva a concluir que lo se�alado en el precepto que determin� mantener en vigor el �rgano legislativo para cumplir con la ejecutoria cuyo defecto en su ejecuci�n se alega, en el sentido de que el Congreso Local se integrar� por dieciocho diputados electos seg�n el principio de mayor�a relativa y por nueve diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, constituyen un porcentaje del sesenta y seis y treinta y cuatro por ciento, respectivamente, lo cual no se aleja significativamente de los porcentajes para la asignaci�n de diputados por tales principios establecidos en la Constituci�n Federal (sesenta por ciento para mayor�a relativa y cuarenta por ciento para representaci�n proporcional), de acuerdo con lo considerado en la ejecutoria en cuesti�n. En estas circunstancias, en cuanto a la modificaci�n de la porci�n normativa destacada, el �rgano legislativo local s� cumpli� cabalmente con lo determinado en la sentencia emitida en las acciones de inconstitucionalidad de donde deriva este recurso."

De lo anterior se desprende que este Tribunal Pleno, al resolver el recurso de queja citado, ya se pronunci� sobre la conformidad de la integraci�n actual del Congreso del Estado de A., en lo referente a los porcentajes aludidos, con la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, situaci�n que en el caso se trata de cosa juzgada.

En estas condiciones, lo procedente es reconocer la validez del art�culo 17, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A..

Por �ltimo, de la lectura integral de la demanda se advierte que el partido pol�tico promovente impugna de manera destacada, la invalidez de la reforma al tercer p�rrafo, fracci�n I, del art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., as� como del art�culo �nico transitorio del Decreto N�mero 34, emitido por la Quincuag�sima Novena Legislatura del Estado. Sin embargo, del an�lisis integral de dicho escrito, no se advierte que haya formulado concepto de invalidez alguno tendente a demostrar la inconstitucionalidad de estos dispositivos legales.

En este sentido y ante la ausencia de argumentos, este Alto Tribunal se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto de la pretendida transgresi�n a los preceptos de la Constituci�n Federal se�alados, y no se est� en el caso de poder suplir en este aspecto la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 57/2004,(15) que es del tenor siguiente:

"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N EST� IMPEDIDA PARA SUPLIR LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y PARA FUNDAR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VIOLACI�N A CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El primer p�rrafo del precepto citado establece que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al emitir sus resoluciones en materia de acciones de inconstitucionalidad deber�: a) Corregir los errores que advierta en la cita de preceptos invocados; b) Suplir los conceptos de invalidez hechos valer en el escrito por el cual se ejercite la acci�n de inconstitucionalidad; y, c) Fundar su declaratoria de invalidez en la violaci�n a cualquier precepto de la Constituci�n Federal, haya sido invocado o no en el escrito inicial. Sin embargo, del an�lisis integral del mencionado art�culo 71 se advierte que aunque las figuras de la suplencia del error en la cita de preceptos y de conceptos de invalidez constituyen una regla general a seguir por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en el dictado de sus resoluciones de acci�n de inconstitucionalidad, el segundo de los supuestos se�alados (suplencia de la queja) y el consistente en que la declaratoria de invalidez puede fundarse en la violaci�n a cualquier precepto constitucional haya sido o no invocado en la demanda, no resultan aplicables en la emisi�n de sentencias de acciones de inconstitucionalidad cuya materia de impugnaci�n sea una norma general de car�cter electoral, por disposici�n expresa de la ley, ya que en atenci�n a la naturaleza de las normas que pueden impugnarse a trav�s de este medio de control de la constitucionalidad, el legislador federal introdujo la salvedad contenida en el segundo p�rrafo del art�culo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a los lineamientos a seguir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la emisi�n de sus resoluciones sobre impugnaci�n de leyes de contenido electoral, con el prop�sito de establecer un ?principio de congruencia?, al ser la naturaleza de la materia electoral de estricto derecho."

S�PTIMO

Al haber resultado infundado el concepto de invalidez relativo al fondo del asunto, enseguida se efectuar� el estudio del primer concepto, en el que se aducen violaciones al procedimiento legislativo que dio origen al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A., el cual es impugnado en esta v�a.

En el concepto de invalidez relativo se se�ala que se violan indirectamente los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en s�ntesis, por lo siguiente:

  1. Que en la sesi�n de diecisiete de febrero de dos mil cinco celebrada por la C.�n de Gobierno, no existi� el qu�rum de ley necesario para llegar al acuerdo que se tom�, consistente en modificar el orden del d�a previamente aprobado por la citada comisi�n en la sesi�n de quince de febrero de dos mil cinco, para proponer al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, se incluyera dentro del citado orden del d�a, el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales por el cual resuelven las iniciativas de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n del Estado.

    Que dicho acuerdo modificatorio fue tomado solamente por los diputados R.�n C.O., J.� de Jes�s S.G.�a y D. �ngeles C.�eda, que fueron los tres asistentes de los seis miembros que integran la citada C.�n de Gobierno, y que coincidentemente son los tres diputados del Partido Acci�n Nacional.

    Que ello transgrede lo dispuesto por el art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de A., que se�ala que: "Las comisiones tomar�n sus decisiones por mayor�a de votos de sus miembros y su presidente tendr� voto de calidad en caso de empate. ...", de lo que se desprende que los acuerdos se deben tomar por mayor�a de los miembros que integran la comisi�n y no por la mayor�a de los que asistan.

  2. Que la acci�n del presidente de la Mesa Directiva del Congreso consistente en someter a la consideraci�n del Pleno un orden del d�a que violaba lo dispuesto por el art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, viola las formalidades esenciales del procedimiento, as� como la garant�a de legalidad, pues en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 50, del mismo ordenamiento legal, el presidente de la mesa directiva tiene, entre otras atribuciones, la de: "Someter a la consideraci�n de la asamblea el orden del d�a, estableciendo el orden que corresponda a los asuntos que se presenten en las sesiones, ...", por lo que en el caso, debi� someter a consideraci�n el orden del d�a aprobado por la C.�n de Gobierno en la sesi�n del quince de febrero de dos mil cinco.

    Que de igual forma la acci�n del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, viola el art�culo 155 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado que se�ala: "Entregado un dictamen a la mesa directiva en turno, ser� programado para su discusi�n en la sesi�n inmediata siguiente.", ya que no existe documento alguno que pruebe que el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, por el que se resuelve sobre las iniciativas de reformas al art�culo 17 de la Constituci�n del Estado, haya sido entregado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

    Que esto se corrobora adem�s con la manifestaci�n del secretario de la mesa directiva, quien bajo protesta de decir verdad, manifest� que dicho dictamen no fue entregado a la mesa directiva.

  3. Que la acci�n del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, de someter a consideraci�n del Pleno el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, emitido el diecis�is de febrero de dos mil cinco, en el que se resuelve sobre las iniciativas de reformas al art�culo 17 de la C.L., contraviene el art�culo 156, p�rrafo primero, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, que establece: "Ning�n asunto ser� puesto a debate y votaci�n si el dictamen respectivo no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n.", ya que no se cumpli� con el t�rmino de cinco d�as h�biles de anticipaci�n de la entrega de un dictamen para que �ste sea conocido por el Pleno, y ello causa perjuicio, ya que los diputados integrantes del Pleno del Congreso no tuvieron el tiempo necesario para analizar los dict�menes que se sometieron a su consideraci�n y, por tanto, se le priv� del derecho de emitir un voto con conocimiento de causa.

  4. Que la decisi�n tomada por los diputados del Partido Acci�n Nacional, que son mayor�a en el Pleno, al aprobar el orden del d�a de diecisiete de febrero propuesto por la C.�n de Gobierno, contraviene los art�culos 50, fracci�n VI, 155 y 156,p�rrafo primero, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado y, por tanto, se violan las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, as� como el de la debida fundamentaci�n.

  5. Que conforme al t�tulo cuarto de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, el procedimiento legislativo debe seguir varias etapas (la iniciativa, art�culo 129 y siguientes; la lectura de la iniciativa ante el Pleno, art�culo 133; el turno a la comisi�n correspondiente, art�culo 140; la revisi�n y an�lisis por la comisi�n, art�culos 143 y 144; el dictamen, art�culos 144 al 154; la entrega del dictamen a la mesa directiva para su programaci�n a discusi�n en la sesi�n inmediata siguiente, art�culo 155; el debate y votaci�n del asunto, art�culo 156 y siguientes; la aprobaci�n y remisi�n del decreto al Poder Ejecutivo, art�culo 170), las cuales no fueron respetadas ni cumplidas, por lo que existe violaci�n a los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal.

    A juicio de esta Suprema Corte, la violaci�n de las formalidades dentro de un procedimiento legislativo no puede abordarse en esta sede constitucional sino desde la consideraci�n de las premisas b�sicas en las que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, y que es precisamente nuestro modelo de Estado por disposici�n expresa de la Constituci�n Federal en sus art�culos 39, 40 y 41.(16) En nuestra opini�n, es claro que la evaluaci�n del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio que podr�amos llamar de econom�a procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundar�a en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto y, por otro lado, un principio de equidad en la deliberaci�n parlamentaria,(17) que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar autom�ticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitaci�n parlamentaria que culmina con la aprobaci�n de una norma mediante una votaci�n que respeta las previsiones legales al respecto.(18)

    Este �ltimo principio est� estrechamente vinculado con las caracter�sticas y el valor mismo de la democracia como sistema de adopci�n de decisiones p�blicas en contextos singularizados por el pluralismo pol�tico, como es el caso de nuestro pa�s y de la mayor parte de democracias contempor�neas. La democracia representativa es un sistema pol�tico valioso no solamente porque en su contexto las decisiones se toman por una determinada mayor�a de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votaci�n ha podido ser objeto de deliberaci�n por parte tanto de las mayor�as pol�ticas como de las minor�as pol�ticas. Es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberaci�n p�blica lo que otorga todo su sentido a la reglamentaci�n del procedimiento legislativo -y a la necesidad de imponer su respeto incluso a los legisladores mismos cuando act�an como �rgano de reforma constitucional-.

    En efecto, la adopci�n de decisiones por mayor�a, regla b�sica que permite resolver en �ltima instancia las diferencias de opini�n, es una condici�n necesaria de la democracia, pero no suficiente. No todo sistema que adopta la regla de la mayor�a es necesariamente democr�tico. Junto a la regla de la mayor�a hay que tomar en consideraci�n el valor de representaci�n pol�tica material y efectiva de los ciudadanos que tienen todos y cada uno de los grupos pol�ticos con representaci�n parlamentaria, as� sean los m�s minoritarios, como viene a subrayar el art�culo 41 constitucional, y el modo en que la aportaci�n de informaci�n y puntos de vista por parte de todas los grupos parlamentarios contribuye a la calidad de aquello que finalmente se somete a votaci�n.

    Si el simple respeto a las reglas de votaci�n por mayor�a pudiera convalidar absolutamente cualquier desconocimiento de las reglas que rigen el procedimiento legislativo previo, quedar�a sin sentido la dimensi�n deliberativa de la democracia. Precisamente porque las minor�as, por su propia naturaleza, est�n predestinadas a no imponerse en la votaci�n final a menos que su opini�n coincida con un n�mero suficiente de otras fuerzas pol�ticas. Por tanto, es aqu� donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participaci�n efectiva de las minor�as al regular, por citar algunos ejemplos, la formaci�n del orden del d�a, las convocatorias a las sesiones, las reglas de integraci�n de la C�mara, la estructuraci�n del proceso de discusi�n, o el reflejo de las conclusiones en los correspondientes soportes documentales.

    As�, en conclusi�n, el �rgano legislativo antes de ser un �rgano decisorio, tiene que ser un �rgano deliberante donde encuentren cauce de expresi�n las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior es as�, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minor�as a influir y moldear en el transcurso de la deliberaci�n p�blica aquello que va a ser objeto de la votaci�n final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condici�n de representantes de los ciudadanos.

    De conformidad con lo expuesto, este Tribunal Pleno estima que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la violaci�n de las garant�as de debido proceso y legalidad consagradas en el art�culo 14, segundo p�rrafo y 16, primer p�rrafo, de la Constituci�n Federal,(19) y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario las mismas no tienen relevancia invalidatoria de esta �ltima, por no llegar a trastocar los atributos democr�ticos finales de la decisi�n, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes est�ndares:

    1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participaci�n de todas las fuerzas pol�ticas con representaci�n parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayor�as como a las minor�as parlamentarias expresar y defender su opini�n en un contexto de deliberaci�n p�blica, lo cual otorga relevancia a las reglas de integraci�n y qu�rum en el seno de las C�maras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates.

    2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicaci�n de las reglas de votaci�n establecidas.

    3) Tanto la deliberaci�n parlamentaria como las votaciones deben ser p�blicas.

    El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales puntuales impacta o no en la calidad democr�tica de la decisi�n final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su funci�n es precisamente ayudar a determinar la relevancia �ltima de cada una de estas actuaciones a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo.

    Adem�s, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulaci�n del procedimiento legislativo raramente es �nica e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La entrada en receso de las C�maras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, por ejemplo -algo que, como veremos, caracteriza el caso que debemos abordar en el presente asunto-, son circunstancias que se presentan habitualmente y ante las cuales la evaluaci�n del cumplimiento de los est�ndares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades del caso concreto, sin que ello pueda desembocar, en cualquier caso, en la final desatenci�n de ellos.

    Sentado lo anterior, es preciso referir el marco normativo que determina el desarrollo de los trabajos legislativos en el Congreso del Estado de A.. La Constituci�n Pol�tica y la Ley Org�nica del Poder Legislativo, ambas del Estado mencionado, disponen, en lo conducente, lo siguiente:

  6. Que el Poder Legislativo se deposita en una corporaci�n denominada Congreso del Estado, que se integra con representantes del pueblo electos cada tres a�os, denominados diputados (art�culos 15 y 16 de la Constituci�n del Estado).

  7. Que el Congreso tendr� en el a�o dos periodos ordinarios de sesiones, el primero ser� del quince de noviembre al quince de marzo, y el segundo, del treinta de abril al treinta y uno de julio (art�culos 24 de la Constituci�n del Estado y 192 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Que dichas sesiones ordinarias se deber�n verificar cuando menos, una vez cada semana en los d�as y horas que acuerde la mesa directiva (art�culo 203, primer p�rrafo, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  8. Que son �rganos del Congreso del Estado, entre otros: el Pleno; la mesa directiva; la C.�n de Gobierno; y, las comisiones ordinarias, entre las que se encuentra, entre otras, la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales (art�culo 36 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  9. Que el Pleno del Congreso es la asamblea deliberante compuesta por la totalidad de los diputados que lo integran y que �ste s�lo podr� ejercer sus funciones con la concurrencia de m�s de la mitad del n�mero total de sus miembros (art�culos 37 y 38 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  10. Que la mesa directiva tiene a su cargo, entre otras funciones, la direcci�n de los trabajos legislativos coordinando el correcto desarrollo de las diversas etapas del procedimiento legislativo, as� como verificar que se cumpla el orden del d�a en las sesiones conforme al calendario legislativo establecido por la C.�n de Gobierno (art�culos 46 y 47, fracci�n I y IV, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  11. Que el presidente de la mesa directiva, quien a su vez tambi�n lo es del Congreso tiene, entre otras atribuciones, la de someter a la consideraci�n de la asamblea el orden del d�a y cumplimentarla durante las sesiones (art�culo 50, fracciones VI, VII y VIII, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  12. Que la C.�n de Gobierno se integra por seis diputados, de los cuales tres pertenecen a la primera fuerza pol�tica representada en el Congreso, dos a la segunda fuerza pol�tica y uno a la tercera fuerza pol�tica del Congreso (art�culo 65 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  13. Que la C.�n de Gobierno es la expresi�n de la pluralidad del Congreso del Estado, y tiene entre otras atribuciones la de proponer el orden del d�a de las sesiones del Congreso (art�culos 68 y 69, fracci�n VII, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Que esta comisi�n sesionar� por lo menos una vez a la semana en los periodos de sesiones del Congreso, y que tomar� sus decisiones por mayor�a absoluta (art�culo 70 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Que a las reuniones de esta comisi�n concurrir� el secretario general del Congreso del Estado, con voz pero sin voto, quien llevar� el registro de los acuerdos que se adopten (art�culo 70 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Que la C.�n de Gobierno programar� los trabajos legislativos, a propuesta de los grupos parlamentarios y de los diputados, con la finalidad de establecer el calendario para su desahogo, logrando as� la integraci�n b�sica del orden del d�a de cada sesi�n (art�culos 72 y 73, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Que el orden del d�a de las sesiones deber� entregarse a los diputados a m�s tardar veinticuatro horas antes de la celebraci�n de las mismas (art�culo 203, segundo p�rrafo, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  14. Que la iniciativa de leyes corresponde, entre otros, a los diputados del Congreso del Estado (art�culo 30 de la Constituci�n Pol�tica del Estado).

  15. Que toda iniciativa ser� turnada por la mesa directiva, sin otro tr�mite que su lectura ante el Pleno, a la comisi�n respectiva para que la dictamine (art�culos 31 de la Constituci�n Pol�tica del Estado y 140 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  16. Que las comisiones son �rganos constituidos por el Pleno, que a trav�s de la elaboraci�n de dict�menes contribuyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones constitucionales y legales (art�culo 74 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Que el Congreso del Estado cuenta con comisiones ordinarias y especiales, y dentro de las ordinarias se encuentra, entre otras, la de G.�n y Puntos Constitucionales, a la que le corresponde el conocimiento y dictamen de las reformas propuestas a la Constituci�n Pol�tica del Estado (art�culos 75, fracci�n II y 77, fracci�n V, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Que estas comisiones tomar�n sus decisiones por mayor�a de votos de sus miembros y su presidente tendr� voto de calidad en caso de empate (art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  17. Que recibida en la comisi�n correspondiente la iniciativa, se proceder� a los trabajos de revisi�n, an�lisis y reforma en su caso, para elaborar su dictamen y rendirlo al Pleno (art�culo 144 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Ning�n proyecto podr� debatirse sin que la comisi�n o comisiones correspondientes hayan dictaminado; sin embargo, por acuerdo expreso del Congreso, podr� dispensarse este requisito cuando se trate de asuntos urgentes o de obvia resoluci�n (art�culo 143 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  18. Que los proyectos de dictamen, una vez redactados por la comisi�n respectiva, deber�n turnarse a la Direcci�n General de Servicios Parlamentarios para efectos de correcci�n de estilo, ortogr�fica y gramatical, y una vez efectuada esta revisi�n se regresar� el texto a la comisi�n para la suscripci�n definitiva del dictamen. Ning�n dictamen ser� sometido a la consideraci�n del Pleno, sin que se haya efectuado la revisi�n aludida (art�culo 148 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  19. Que el dictamen una vez firmado, ser� distribuido a todos los diputados integrantes del Congreso (art�culo 152 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  20. Que una vez entregado un dictamen a la mesa directiva en turno, ser� programado para su discusi�n en la sesi�n inmediata siguiente (art�culo 155 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  21. Que ning�n asunto ser� puesto a debate y votaci�n si el dictamen respectivo no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n (art�culo 156 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  22. Que en el desarrollo de la sesi�n, el presidente de la mesa directiva someter� a la consideraci�n de los presentes el orden del d�a y solicitar� se manifieste su aprobaci�n por medio de votaci�n econ�mica (art�culo 214, fracciones II y III, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  23. Que la comisi�n dictaminadora, previo al debate, podr� dar lectura a la iniciativa o, en todo caso, al dictamen, sin embargo, el Pleno por mayor�a relativa puede dispensar la lectura integral, siempre que obre un ejemplar del mismo en poder de cada uno de los diputados (art�culo 158 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

    Una vez cumplido lo se�alado en el p�rrafo precedente, el presidente pondr� a discusi�n el dictamen y al t�rmino del debate someter� el dictamen a votaci�n (art�culo 159 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  24. Que las votaciones del Congreso podr�n ser nominales, por c�dula o econ�micas. Que la votaci�n ser� nominal cuando se trate de iniciativas de reformas a la Constituci�n del Estado (art�culo 171 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  25. Que para la aprobaci�n de resoluciones se entiende por: a) M.�a relativa. Los votos en el mismo sentido de cuando menos la mitad m�s uno de los diputados presentes; b) M.�a absoluta. Los votos en el mismo sentido de cuando menos la mitad m�s uno del total de los integrantes del Congreso; c) M.�a calificada. Los votos en el mismo sentido de cuando menos las dos terceras partes del n�mero total de miembros del Congreso; y, d) Unanimidad. La votaci�n total en el mismo sentido de los diputados presentes (art�culo 172 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  26. Que todas las leyes, decretos, acuerdos o reglamentos que expida el Congreso del Estado se publicar�n en el Peri�dico Oficial del Estado (art�culo 183 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado).

  27. Que en casos urgentes a juicio del Congreso, sin omitir ning�n tr�mite, las resoluciones sobre las iniciativas se dar�n en raz�n de la premura indicada (art�culo 34 de la Constituci�n Pol�tica del Estado).

  28. Que cuando se trate de reformas o adiciones a la Constituci�n del Estado, una vez que se apruebe la reforma por los votos de las dos terceras partes del n�mero total de diputados, se pasar� a los Ayuntamientos para su discusi�n, y si la mayor�a de �stos la aprueban ser� declarada parte de la Constituci�n (art�culo 94 de la Constituci�n Pol�tica del Estado).

    El desglose anterior pone de manifiesto las etapas b�sicas integrantes del procedimiento legislativo en el Estado de A.. En relaci�n con ello, como sabemos, el partido pol�tico promovente adujo que en el procedimiento que llev� a la aprobaci�n de la reforma al art�culo 17 de la Constituci�n de A., se incurri� en tres violaciones procedimentales b�sicas:

    A) En primer t�rmino, se�ala que en la sesi�n de la C.�n de Gobierno de diecisiete de febrero de dos mil cinco, no hubo el qu�rum de ley necesario para llegar al acuerdo que se tom�, consistente en modificar el orden del d�a previamente aprobado por la citada comisi�n en la sesi�n de quince de febrero de dos mil cinco, para proponer la inclusi�n del dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado.

    Apunta que lo anterior es as�, porque dicho acuerdo modificatorio fue tomado solamente por los tres diputados del Partido Acci�n Nacional que fueron los �nicos asistentes. Que por lo anterior, se transgrede el art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de A.. Asimismo, aduce que la actuaci�n del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, de someter a la consideraci�n del Pleno un orden del d�a que violaba el citado art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, viola las formalidades esenciales del procedimiento, as� como la garant�a de legalidad, porque dicho funcionario debi� haber sometido a la consideraci�n del Pleno el orden del d�a aprobado por la C.�n de Gobierno en la sesi�n de quince de febrero de dos mil cinco.

    Ahora bien, este Tribunal Pleno estima conveniente precisar, en primer lugar, que el art�culo 101 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado,(20) no es aplicable ni rige las actuaciones de la C.�n de Gobierno, por lo que resulta infundada la aseveraci�n del promovente en el sentido de que se transgredi� este dispositivo legal. En efecto, dicho precepto legal se encuentra ubicado en el cap�tulo VII, secci�n segunda, de la Ley Org�nica delPoder Legislativo del Estado de A., relativo a las comisiones y comit�s, y de la lectura de dicho cap�tulo se advierte que estas disposiciones �nicamente son aplicables para las comisiones ordinarias y especiales del Congreso.

    Lo anterior se corrobora adem�s porque dicho ordenamiento legal, dentro del citado t�tulo tercero, contiene el cap�tulo V denominado "De la C.�n de Gobierno", que es precisamente el cap�tulo en el que se regula la actuaci�n de la mencionada comisi�n y, por tanto, los preceptos que integran este apartado son los que le resultan aplicables.

    Ahora bien, dentro de este cap�tulo V, que va de los art�culos 65 a 71, ninguno de los preceptos establece cu�l es el qu�rum necesario para que la C.�n de Gobierno sesione; sin embargo, el art�culo 70(21) dispone que dicha comisi�n adoptar� sus decisiones por mayor�a absoluta y el presidente tendr� voto de calidad en caso de empate.

    En este sentido, conviene relacionar el art�culo 172, fracci�n II, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, que dispone que debe entenderse por mayor�a absoluta "los votos en el mismo sentido, de cuando menos la mitad m�s uno del total de los integrantes del Congreso". No pasa inadvertido que este precepto alude a los "integrantes del Congreso", es decir, se refiere a las votaciones del Pleno del Congreso; sin embargo, el concepto que se da sobre lo que debe entenderse por "mayor�a absoluta", debe relacionarse con el art�culo 70 aludido, ya que �ste tambi�n se refiere a votaci�n por "mayor�a absoluta".

    As�, de la correlaci�n de ambos preceptos puede desprenderse que la C.�n de G.�n debe tomar sus acuerdos por el voto de cuatro de sus diputados integrantes (mayor�a absoluta), ya que de conformidad con el art�culo 65 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado,(22) dicha comisi�n se integra por seis diputados.

    Ahora bien, a fojas trescientos cincuenta y seis del expediente, obra copia certificada del acta de la sesi�n celebrada por la C.�n de Gobierno el diecisiete de febrero de dos mil cinco, en la que consta lo siguiente:

    "Siendo las 10:30 horas del 17 de febrero de 2005, en la S. de C.ones del Congreso del Estado, reunidos los diputados R.�n C.O., G.M.�n M., J.� de Jes�s S.G.�a y D. �ngeles C.�eda, integrantes de la misma con voto, as� como en calidad de invitados los diputados A.S.G. y S.C. �lvarez, al igual que el secretario General, P.Z.G.�n, dieron inicio los trabajos de la C.�n de Gobierno bajo el siguiente orden del d�a: 1. Pase de lista y declaratoria de qu�rum de ley. 2. Propuesta de modificaci�n al orden del d�a para la sesi�n del Pleno del 17 de febrero de 2005. Tras realizarse el pase de lista se decret� el qu�rum de ley por parte del presidente de la C.�n de Gobierno. Dando paso al punto dos del orden del d�a el diputado R.�n C. se�al� de la urgencia en la que se encuentra el Congreso del Estado en virtud al t�rmino pr�ximo a vencer respecto de la ejecuci�n de la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia dentro del recurso de queja promovido en la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas, ya que el mismo se vence no s�lo para el Congreso del Estado sino para el Constituyente Permanente el pr�ximo d�a 15 de marzo, por lo que partiendo de ello, as� como de que la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales cuenta con un dictamen sobre dicha reforma as� como un voto particular anexo al mismo, se estima apremiante y necesario llevar dicho asunto al Pleno, a efecto de que los Ayuntamientos cuenten con el tiempo necesario para emitir su voto al respecto, por lo cual propone se modifique el proyecto de orden del d�a para la sesi�n del Pleno del d�a 17 para quedar en los siguientes t�rminos: I.L. y aprobaci�n en su caso, del acta de la sesi�n ordinaria anterior, celebrada el d�a 9 de febrero de 2005. II. Asuntos en cartera. III. Dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica Local en cumplimiento a la resoluci�n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas. IV.D. de las C.ones Unidas de G.�n y Puntos Constitucionales y Servidores P�blicos relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica Local, y de adici�n de un p�rrafo al art�culo 13 y agregado del art�culo 13 Bis a la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos para el Estado de A.. V.D. de la C.�n de Educaci�n y Cultura, relativo a la iniciativa de adici�n al art�culo 6o., fracci�n II, as� como del art�culo 95 Bis de la Ley de Educaci�n del Estado de A.. VI. Informe de la C.�n de Desarrollo Econ�mico, relativo a las conclusiones del an�lisis del sexto informe de gobierno, presentado por el ex titular del Poder Ejecutivo del Estado. VII. Asuntos generales. VIII. Citar a la pr�xima sesi�n. ... XI. Clausura de los trabajos de la sesi�n. Tras realizarse diversas manifestaciones por parte de los integrantes de la C.�n de Gobierno, se someti� a votaci�n la modificaci�n del orden del d�a a proponer al Pleno, siendo esta modificaci�n aprobada por mayor�a, siendo el resultado de la votaci�n de tres votos a favor y una abstenci�n de la diputada G.M.�n en aplicaci�n a lo establecido en el numeral 162 �ltimo p�rrafo de la Ley Org�nica del Poder Legislativo. No habiendo m�s asuntos se clausuraron los trabajos en punto de las 10:50 horas."

    De lo anterior se advierte que a la sesi�n de diecisiete de febrero de dos mil cinco de la C.�n de Gobierno asistieron los diputados R.�n C.O., G.M.�n M., J.� de Jes�s S.G.�a y D. �ngeles C.�eda, que son integrantes de la citada comisi�n y que en dicha reuni�n se aprob� por mayor�a de tres votos a favor y una abstenci�n de la diputada G.M.�n M., la modificaci�n del orden del d�a a tratarse en la sesi�n del Pleno de diecisiete de febrero de dos mil cinco, para incluirse la propuesta de discusi�n del dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n del Estado.

    En atenci�n a lo se�alado, se advierte que la votaci�n de la C.�n de Gobierno fue por mayor�a de tres votos a favor y una abstenci�n. Es decir, en la votaci�n no se alcanz� la mayor�a absoluta a que alude el art�culo 70 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, en relaci�n con el art�culo 172 del mismo ordenamiento local.

    B) Por otro lado, el partido pol�tico promovente adujo que se transgredi� el art�culo 155 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, que se�ala que: "Entregado un dictamen a la mesa directiva en turno, ser� programado para su discusi�n en la sesi�n inmediata siguiente.", pues no existe documento alguno que pruebe que el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales relativo a las reformas al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, haya sido entregado a la Mesa Directiva del Congreso.

    Al respecto, debemos se�alar que a fojas ciento ochenta y cuatro y siguientes de autos consta copia certificada del dictamen rendido por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de A., relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, emitido el diecis�is de febrero de dos mil cinco. Sin embargo, en las constancias de autos no obra ning�n documento que atestig�e cu�ndo se entreg� a la Mesa Directiva del Congreso el citado dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, por lo cual es inevitable concluir que las constancias no acreditan que dicho requisito quedara cumplido en el caso concreto.

    C) Asimismo, el promovente aduce la vulneraci�n del art�culo 156, p�rrafo primero, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, que establece que: "Ning�n asunto ser� puesto a debate y votaci�n si el dictamen respectivo no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n.", puesto que, apunta, no se cumpli� con el t�rmino de cinco d�as h�biles de anticipaci�n de la entrega de un dictamen para que �ste sea conocido por el Pleno, y ello causa perjuicio, ya que los diputados integrantes del Pleno del Congreso no tuvieron el tiempo necesario para analizar los dict�menes que se sometieron a su consideraci�n y, por tanto, se les priv� del derecho de emitir un voto con conocimiento de causa.

    El art�culo 156, primer p�rrafo, del citado ordenamiento legal,(23) establece en efecto que ning�n asunto ser� puesto a debate y votaci�n si el dictamen respectivo no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n. Y en el caso, tal como aduce el recurrente, dicho requisito procedimental no fue cumplido en sus estrictos t�rminos, ya que a fojas ciento ochenta y cuatro y siguientes de autos, se comprueba que el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado fue emitido el diecis�is de febrero de dos mil cinco. Por tanto, si el mismo fue discutido en el Pleno del Congreso en la sesi�n ordinaria de diecisiete de febrero de dos mil cinco (v�anse las fojas doscientos veintinueve y siguientes de autos), esto es, al d�a siguiente, resulta obvio que el dictamen no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n, como lo ordena el art�culo 156 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado.

    Sin embargo, debemos dejar constancia de que en la sesi�n de diecisiete de febrero de dos mil cinco, la presidencia solicit� la dispensa del tr�mite a que se refiere dicho art�culo, la cual fue concedida mediante votaci�n econ�mica por la mayor�a de los diputados presentes. As� se refleja en el siguiente fragmento del acta de la sesi�n:

    Continuando con los trabajos de la sesi�n, la presidencia conforme al art�culo 156 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, solicit� la dispensa del tr�mite a que se refiere dicho numeral, en virtud de la urgencia de resolver el asunto relativo a la reforma constitucional, en raz�n del cumplimiento de la resoluci�n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por lo que una vez sometida dicha dispensa en votaci�n econ�mica, fue aprobada por la mayor�a de los diputados presentes; ...

    El an�lisis que hemos desarrollado evidencia la existencia de innegables irregularidades procedimentales cometidas en la emisi�n de la norma impugnada. Ahora bien, como hemos se�alado anteriormente, esta Suprema Corte no puede determinar su potencial invalidante sino a la vista de la totalidad del procedimiento legislativo bajo examen, y tomando en consideraci�n el impacto �ltimo que dichas irregularidades proyectan sobre las posibilidades reales de expresi�n de las diversas fuerzas pol�ticas con representaci�n parlamentaria, en un contexto marcado por la urgencia en la tramitaci�n, de conformidad con lo previsto en el art�culo 34 de la Constituci�n Pol�tica del Estado.(24)

    Para ello, es necesario examinar la copia certificada del acta de la sesi�n ordinaria de la Quincuag�sima Novena Legislatura del Estado de A., celebrada el diecisiete de febrero de dos mil cinco (fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y cinco del expediente), que en lo conducente refleja lo siguiente:

    "En la ciudad de A., capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con treinta minutos del d�a y fecha antes se�alados, reunidos en el sal�n de sesiones del Poder Legislativo, los ciudadanos diputados: A.A.M., A.A.E., J.A.A.�mbula L�pez, M.�n G.A.G.�a, S.C. �lvarez, R.�n C.O., Efra�n C.V., M. �ngel de L.H.�ndez, F.D.A., Mar�a Guadalupe D�az M.�nez, J.M.E.R., L.E.E.L.�vano, M.E.G.E., A.G.S., H.H.N., C.L.P., G.M.�n M., J.F.O.R.�guez, J.L.O. �lvarez, J.P.R., C�sar P�rez Uribe, J.M.R.M., A.R.�guez Dom�nguez, J.A.S.G., J.� de Jes�s S.G.�a y U.T.�o S., fue declarado el qu�rum de ley y se iniciaron los trabajos de la sesi�n ordinaria bajo la presidencia a cargo del diputado D. �ngeles C.�eda, de conformidad al siguiente: Orden del d�a.I.L. y aprobaci�n en su caso, del acta de la sesi�n ordinaria anterior, celebrada el d�a 9 de febrero del a�o 2005. II. Asuntos en cartera. III. Dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica Local, en cumplimiento de la resoluci�n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las acciones de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001. ... VIII. Una vez sometido a consideraci�n del Pleno Legislativo el orden del d�a, el diputado A.G.S., interrog� a la presidencia de la mesa directiva, el por qu� hab�a sometido a consideraci�n del Pleno, un orden del d�a que no hab�a sido aprobada por la C.�n de Gobierno, a lo que contest� la presidencia, que la C.�n de Gobierno se reuni� momentos antes de comenzar la sesi�n y es el orden del d�a aprobado para presentarse ante (sic) Pleno Legislativo; enseguida la diputada G.M.�n M., propuso se retirara del orden del d�a el punto relativo a la reforma al art�culo 17 constitucional, propuesta que sometida a consideraci�n de la asamblea, no fue aprobada; por lo que una vez sometida ante la recta consideraci�n del Pleno legislativo, el orden del d�a al que se le hab�a dado lectura, fue aprobado por la mayor�a de los diputados presentes. ... Continuando con los trabajos de la sesi�n, la presidencia conforme al art�culo 156 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, solicit� la dispensa del tr�mite a que se refiere dicho numeral, en virtud de la urgencia de resolver el asunto relativo a la reforma constitucional, en raz�n del cumplimiento de la resoluci�n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por lo que una vez sometida dicha dispensa en votaci�n econ�mica, fue aprobada por la mayor�a de los diputados presentes; procedi�ndose por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, a trav�s del diputado J.� de Jes�s S.G.�a, a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica Local, en cumplimiento de la resoluci�n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en las acciones de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001; inmediatamente despu�s, el diputado A.G.S. present� un voto particular, en contra del dictamen en estudio y an�lisis. Acto seguido la diputada G.M.�n M., manifest� su desacuerdo en contra del procedimiento que se estaba presentando sobre el asunto de referencia, por lo que solicit� respecto a la legalidad; despu�s se registraron las participaciones a favor del dictamen de los diputados: L.E.E.L.�vano, A.A.E., J.A.S.G., R.�n C.O., J.� de Jes�s S.G.�a y S.C. �lvarez; a favor del voto particular se registraron las participaciones de los diputados: H.H.N., F.D.�az A. y M.�n G.A.G.�a; finalmente participaron los diputados A.G.S. y J.� de Jes�s S.G.�a, como miembros de la C.�n Dictaminadora. Considerando la presidencia un asunto suficientemente debatido, lo someti� a consideraci�n del Pleno legislativo, siendo aprobado el dictamen de la comisi�n por mayor�a calificada por un total de 22 votos a favor y 5 en contra; registr�ndose 5 votos a favor del voto particular. Por lo que la presidencia instruy� a los diputados secretarios, procedieran conforme a los t�rminos del art�culo 94 de la Constituci�n Pol�tica del Estado. ..."

    Por tanto, en la sesi�n ordinaria del Congreso del Estado de A. celebrada el jueves diecisiete de febrero de dos mil cinco, sucedi� lo siguiente:

    1. Asistieron los veintisiete diputados integrantes del Congreso;

    2. En el desarrollo de �sta se dio lectura y se puso a consideraci�n del Pleno el orden del d�a que hab�a sido modificada por una mayor�a insuficiente de la C.�n de Gobierno;

    3. Uno de los diputados cuestion� el porqu� se hab�a sometido a consideraci�n del Pleno, un orden del d�a que no hab�a sido aprobada por la C.�n de Gobierno, a lo que se le respondi� que la citada comisi�n se hab�a reunido momentos antes de comenzar la sesi�n y hab�a aprobado este orden del d�a;

    4. Otra diputada propuso que se retirara del orden del d�a el punto relativo a la reforma al art�culo 17 de la Constituci�n del Estado, propuesta que se someti� a consideraci�n del Pleno y no fue aprobada;

    5. Se solicit� la dispensa del tr�mite a que se refiere el art�culo 156 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado, se�alando como motivo para ello, la urgencia de resolver sobre el tema en raz�n del cumplimiento de la resoluci�n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001; y que dicha dispensa fue aprobada por la mayor�a de los diputados presentes;

    6. Se dio lectura al dictamen elaborado por la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado;

    7. El diputado A.G.S., como integrante de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, dio lectura a su voto particular en contra del aludido dictamen elaborado por la citada comisi�n;

    8. La diputada G.M.�n M. manifest� su desacuerdo en contra del procedimiento que se estaba presentando sobre el asunto de referencia, por lo que solicit� respeto a la legalidad;

    9. Se registraron las participaciones de seis diputados a favor del dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales;

    10. Se registraron las participaciones de tres diputados a favor del voto particular;

    11. Hicieron uso de la palabra dos de los diputados integrantes de la comisi�n dictaminadora;

    12. Consider�ndose el asunto suficientemente debatido, se someti� a consideraci�n del Pleno legislativo, y se aprob� el dictamen de la comisi�n por mayor�a calificada con un total de veintid�s votos a favor y cinco en contra, mismos que apoyaron el voto particular; y,

    13. Se orden� proceder en t�rminos del art�culo 94 de la Constituci�n Pol�tica del Estado.

    La evaluaci�n de esta concatenaci�n de actuaciones arroja varias conclusiones b�sicas. El desarrollo del procedimiento legislativo que tuvo como resultado la reforma al art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado estuvo mediatizado por la urgencia de que el Congreso del Estado debatiera la misma ante la necesidad de dar cumplimiento pronto a la resoluci�n emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001. La urgencia fue expl�citamente se�alada como un elemento condicionante del desarrollo de los trabajos parlamentarios en varias ocasiones. Desde esta perspectiva, resulta muy relevante el hecho de que todas las irregularidades detectadas -la modificaci�n del orden del d�a por una mayor�a insuficiente de la C.�n de Gobierno; la puesta a consideraci�n y votaci�n de dicho orden del d�a ante el Pleno del Congreso Estatal en la sesi�n de diecisiete de febrero de dos mil cinco sin previo paso por la mesa directiva; y lafalta de entrega del dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales a los diputados con cinco d�as de anticipaci�n a la celebraci�n de la sesi�n- est�n objetivamente relacionadas con la necesidad de tramitar la reforma de manera urgente y, por tanto, hallan cobertura en la previsi�n seg�n la cual en los casos urgentes "las resoluciones sobre las iniciativas se dar�n en raz�n de la premura indicada" (art�culo 34 de la C.L.).

    Por otro lado, la modulaci�n del desarrollo de los trabajos parlamentarios en raz�n de la premura impuesta por la necesidad de acatar una resoluci�n de este Alto Tribunal, no desemboc� en el fundamental desconocimiento de los criterios a la luz de los cuales, como hemos destacado, debe evaluarse la regularidad constitucional del procedimiento legislativo. As�, del an�lisis del acta que ha quedado transcrita y de la lectura de la versi�n estenogr�fica de la sesi�n de diecisiete de febrero de dos mil cinco, permiten concluir que la aceleraci�n o dispensa de ciertos tr�mites preparatorios a la discusi�n plenaria no impidi� que en la misma, diversos diputados de las distintas fuerzas pol�ticas integrantes del Congreso del Estado hicieran valer los argumentos que estimaron pertinentes, a favor y en contra del dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales, y en relaci�n con el voto particular formulado por uno de los diputados (fojas doscientos treinta y seis a doscientos cincuenta y seis de autos). As� entonces, las modulaciones a las reglas procedimentales en raz�n de la urgencia, no coartaron en lo fundamental el funcionamiento del Congreso Estatal como una c�mara de deliberaci�n pol�tica, en cuyo contexto las minor�as tuvieron la posibilidad de hacerse o�r.

    Por otro lado, el desarrollo del procedimiento no arroja vulneraci�n alguna del segundo de los criterios arriba se�alados: la publicidad de la discusi�n. En todo momento la discusi�n plenaria expuso las posiciones de las diversas fuerzas pol�ticas a los ojos del p�blico y fue recogida fielmente por los instrumentos dedicados a dejar constancia p�blica de los trabajos parlamentarios: el acta de la sesi�n, la versi�n estenogr�fica de la misma, la publicaci�n en los instrumentos oficiales de las normas legales adoptadas.

    Finalmente, tampoco se observa en el caso concreto una vulneraci�n del criterio que otorga relevancia al respeto de las reglas de votaci�n. En efecto, sometida la reforma a la consideraci�n del Pleno, sus integrantes aprobaron, por una mayor�a de veintid�s votos a favor y cinco en contra, el dictamen de la C.�n de G.�n y Puntos Constitucionales y, consecuentemente, ordenaron proceder en los t�rminos establecidos por el art�culo 94 de la Constituci�n Estatal. Se cumpli�, por tanto, con el requisito de que las reformas constitucionales sean aprobadas con los votos de las dos terceras partes del n�mero total de diputados y con la preceptiva remisi�n de la reforma aprobada a los Ayuntamientos, junto con los debates desarrollados en torno a la misma para su consideraci�n y votaci�n, en los t�rminos precisados en el art�culo citado.(25)

    Por tanto, esta Suprema Corte concluye que de una evaluaci�n global del procedimiento que condujo a la aprobaci�n del decreto de reforma impugnado no se evidencian violaciones procedimentales con un impacto que pueda estimarse invalidante del decreto impugnado. La C�mara parlamentaria estatal plante� expl�cita y p�blicamente la modulaci�n de ciertos requisitos procedimentales en aras de la urgencia en la tramitaci�n de la reforma, adopt� incluso la decisi�n de dispensar el seguimiento de ciertos tr�mites, y actu� en definitiva impulsado por la necesidad de entrar cuanto antes a la discusi�n de fondo, a nivel plenario, de la reforma propuesta, discusi�n en la que las minor�as parlamentarias tuvieron plena oportunidad de expresar sus puntos de vista incidiendo de este modo en la conformaci�n de la voluntad parlamentaria.

    Por todo lo anterior, los conceptos de invalidez planteados en relaci�n con la existencia de irregularidades procedimentales deben declararse infundados, pues estas �ltimas no gozan de una entidad que permita equipararlas a un desconocimiento de los cauces b�sicos de expresi�n de la voluntad de la C�mara parlamentaria en un caso marcado por la urgencia en la tramitaci�n de la norma impugnada, y que permita por consiguiente estimar que afectan la validez de esta �ltima.

    Por todo lo expuesto, procede reconocer la validez del Decreto N�mero 34 del Congreso del Estado de A., mediante el cual se reform� el art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, as� como del art�culo �nico transitorio del mencionado decreto.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Es procedente pero infundada la presente acci�n de inconstitucionalidad 9/2005, promovida por el Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO

Se reconoce la validez del Decreto N�mero 34 del Congreso del Estado de A. mediante el cual se reform� el art�culo 17, p�rrafos primero y tercero, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, as� como del art�culo �nico transitorio del mencionado decreto.

TERCERO

P.�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, G.�o P., O.M., V.H.�ndez y presidente A.G.�itr�n, formulando el se�or Ministro C.�o D�az salvedades con algunas de las consideraciones y el se�or Ministro presidente A.G.�itr�n razon� el sentido de su voto; los se�ores Ministros Luna Ramos, D�az R., G�ngora P., S�nchez C. y S.M. votaron en contra y reservaron su derecho de formular voto de minor�a; los se�ores Ministros presidente A.G.�itr�n, C.�o D�az, G.�o P. y V.H.�ndez reservaron su derecho de formular votos concurrentes; y el se�or Ministro A.A. reserv� su derecho de formular, en su caso y oportunidad, voto paralelo.

El se�or Ministro presidente M.A.G.�itr�n declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos.

__________________

  1. En la foja veinte de su demanda, el partido pol�tico promovente se�al� lo siguiente: "... se violenta de manera flagrante el principio de representaci�n proporcional en la integraci�n del Congreso Local, al no reformar la parte relativa al n�mero de diputados por el principio de representaci�n proporcional, dejando el n�mero de nueve, cuando de acuerdo a lo se�alado anteriormente, se debi� reformar dicho precepto para aumentar el n�mero de diputados de representaci�n proporcional a once miembros, ..."

  2. Pleno, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., mayo de 2004, p�gina 1155.

  3. "Art�culo 84. El Comit� Ejecutivo Nacional estar� integrado por:

    " I. Un presidente; ..."

    "Art�culo 86. El presidente del Comit� Ejecutivo Nacional, tendr� las atribuciones siguientes:

    "...

    "XIII. R.resentar al partido ante personas f�sicas y morales, ante toda clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administraci�n y actos de dominio, incluyendo las facultades especiales, que conforme a la ley, requieran cl�usula especial, con la �nica limitaci�n de que, para enajenar o gravar inmuebles del partido, requerir� del acuerdo expreso del Consejo Pol�tico Nacional, pudiendo sustituir el mandato, en todo o en parte. Podr�, asimismo otorgar mandatos especiales y revocar los que se hubieren otorgado y determinar las sustituciones teniendo facultades para celebrar convenios y firmar t�tulos y obligaciones de cr�dito, en los t�rminos del art�culo 9o. de la Ley General de T�tulos y Operaciones de Cr�dito;

    "...

    " XVI. Ocurrir en representaci�n del partido para promover la acci�n de inconstitucionalidad referida en el art�culo 105, fracci�n II, inciso f, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de plantear una posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la propia Constituci�n; ... "

  4. Pleno, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, p�gina 791.

  5. "Art�culo 71. ... Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constituci�n, s�lo podr�n referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente se�alados en el escrito inicial."

  6. Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., marzo de dos mil tres, p�gina novecientos quince.

  7. Entre otros se encuentra la acci�n de inconstitucionalidad 37/2001 y sus acumuladas 38/2001, 39/2001 y 40/2001, promovidas por los partidos pol�ticos: Convergencia por la D.acia, del Trabajo y Alianza Social, as� como por diversos diputados integrantes de la Octava Legislatura del Congreso del Estado de A. en contra del Decreto 193 por el que se reform�, entre otros, el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de A.. Este asunto se fall� en sesi�n del Tribunal Pleno de veintid�s de abril de dos mil dos.

  8. "Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

    "Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

    "...

    "II. El n�mero de representantes en las Legislaturas de los Estados ser� proporcional al de habitantes de cada uno, pero, en todo caso, no podr� ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci�n no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya poblaci�n exceda de este n�mero y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya poblaci�n sea superior a esta �ltima cifra. ..."

    "Las Legislaturas de los Estados se integrar� con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alan sus leyes;

    "...

    "IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que:

    "a). Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; ..."

  9. Este criterio dio lugar a la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 74/2003, emitida por la Novena �poca del Tribunal Pleno, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., de diciembre de 2003, en la p�gina 535, cuyo rubro es: "MAYOR�A RELATIVA Y REPRESENTACI�N PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

  10. Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., diciembre de dos mil tres, p�gina quinientos treinta y cinco.

  11. As� lo informa la iniciativa correspondiente a la reforma del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que al respecto cita: "Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad, exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo."

  12. En dicho discurso M.O. afirm� que: "... de este modo la minor�a no ser� siempre sacrificada a la mayor�a, que es el vicio funesto de que, seg�n el citado escritor S., adolecen los sistemas representativos ... la representaci�n no es buena, sino en tanto que es imagen de la sociedad; ... se ha cre�do que la voluntad de la mayor�a era soberana y que no ten�a respecto de la minor�a ningunos deberes. Hoy se sabe como un principio inconcluso de legislaci�n que se repite con frecuencia, que es necesario respetar a las minor�as ... que el Congreso Constituyente de 1843 resuelva el problema de que la representaci�n nacional se componga de los diversos elementos pol�ticos y en la misma proporci�n que se encuentra la R.�blica ... la necesidad de llamar todos los intereses a ser representados, es hoy una verdad tan universalmente reconocida, que s�lo ignorando el estado actual de la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la mayor�a sin el equilibrio de la representaci�n de las minor�as."

  13. Esto ha sido criterio del Tribunal Pleno, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 69/98, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACI�N PROPORCIONAL.". Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., noviembre de mil novecientos noventa y ocho, p�gina ciento ochenta y nueve.

  14. "Art�culo 54. La elecci�n de los 200 diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el sistema de asignaci�n por listas regionales, se sujetar� a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

    "I. Un partido pol�tico, para obtener el registro de sus listas regionales, deber� acreditar que participa con candidatos a diputados por mayor�a relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

    "II. Todo partido pol�tico que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votaci�n emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendr� derecho a que le sean atribuidos diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional;

    "III. Al partido pol�tico que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le ser�n asignados por el principio de representaci�n proporcional, de acuerdo con su votaci�n nacional emitida, el n�mero de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripci�n plurinominal. En la asignaci�n se seguir� el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

    "IV. Ning�n partido pol�tico podr� contar con m�s de 300 diputados por ambos principios.

    "V. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la C�mara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votaci�n nacional emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la C�mara, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n nacional emitida m�s el ocho por ciento; y

    "VI. En los t�rminos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representaci�n proporcional que resten despu�s de asignar las que correspondan al partido pol�tico que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicar�n a los dem�s partidos pol�ticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporci�n directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos �ltimos. La ley desarrollar� las reglas y f�rmulas para estos efectos."

  15. Pleno, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, p�gina cuatrocientos treinta y siete.

  16. "Art�culo 39. La soberan�a nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."

    "Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."

    "Art�culo 41. ... Los partidos pol�ticos tienen como fin promover la participaci�n del pueblo en la vida democr�tica, contribuir a la integraci�n de la representaci�n nacional y ..."

  17. Sobre el tema de la importancia en la deliberaci�n parlamentaria, este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado en diversos precedentes, tales como la controversia constitucional 36/2001 y la acci�n de inconstitucionalidad 11/2002, esencialmente en el sentido de que uno de los elementos esenciales de la democracia es la deliberaci�n p�blica de los �rganos legislativos, en tanto que son los ciudadanos, a trav�s de sus representantes, los que toman las decisiones colectivas despu�s de haber tenido la oportunidad de participar en un debate abierto a todos, en el que se hayan equilibrado las razones a favor y en contra de las diversas propuestas.

  18. El trasfondo de justificaci�n de los dos principios es, n�tese, el mismo: la necesidad de poner los procedimientos parlamentarios y la evaluaci�n de su seguimiento y respeto al servicio de la expresi�n aut�ntica de la voluntad de los representantes ciudadanos.

  19. "Art�culo 14. ... Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

    "Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

  20. "Art�culo 101. Las comisiones tomar�n sus decisiones por mayor�a de votos de sus miembros y su presidente tendr� voto de calidad en caso de empate.

    "Cuando alguno de los miembros de cualquier comisi�n disienta de la resoluci�n adoptada, podr� solicitar que se asiente su voto particular en contra por escrito en el acta o dictamen respectivo, para el efecto de que sea sometido a la consideraci�n del Pleno, el cual aprobar� o desechar� tanto el dictamen y su resoluci�n o el voto particular en contra."

  21. "Art�culo 70. La C.�n de Gobierno deber� instalarse, a m�s tardar, en la segunda sesi�n ordinaria que celebre el Congreso al inicio de la legislatura. Sesionar� por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptar� sus decisiones por mayor�a absoluta, y el presidente tendr� voto de calidad en caso de empate.

    "A las reuniones de la C.�n de Gobierno concurrir�, el secretario general del Congreso del Estado con voz pero sin voto, quien preparar� los documentos necesarios para las reuniones, levantar� el acta correspondiente y llevar� el registro de los acuerdos que se adopten."

  22. "Art�culo 65. La C.�n de Gobierno se integra por seis diputados, quienes ser�n presidente, secretario y cuatro vocales pertenecientes a las tres principales fuerzas pol�ticas representadas en el Congreso del Estado, de conformidad con la votaci�n obtenida.

    "La misma se integrar� con tres representantes designados por la primera fuerza pol�tica del Congreso del Estado, dos representantes designados por la segunda fuerza pol�tica y un representante designado por la tercera fuerza pol�tica."

  23. "Art�culo 156. Ning�n asunto ser� puesto a debate y votaci�n si el dictamen respectivo no fue entregado a los diputados con cinco d�as h�biles de anticipaci�n."

  24. El art�culo 34 de la Constituci�n del Estado de A. faculta al Congreso del Estado para que, en casos urgentes, sin omitir ning�n tr�mite, resuelva sobre las iniciativas enraz�n de la premura existente. El citado precepto dispone: "Art�culo 34. En casos urgentes a juicio del Congreso, sin omitir ning�n tr�mite, las resoluciones sobre las iniciativas se dar�n en raz�n de la premura indicada."

  25. "Art�culo 94. La presente Constituci�n puede ser adicionada o reformada con los requisitos siguientes:

    "I. Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes del n�mero total de diputados, se pasar� a los Ayuntamientos con los debates que hubiere provocado, para su discusi�n; si la mayor�a de los Ayuntamientos aprobaren la reforma o adici�n, �sta ser� declarada parte de la Constituci�n;

    II. Si transcurrieren quince d�as desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votaci�n, se entender� que aceptan la reforma o adici�n.