Ejecutoria num. P./J. 108/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 35493975

Ejecutoria num. P./J. 108/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 108/2007
Localizacion:MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2007
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2004. VEINTISIETE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN XVI, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 33 AL 38 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE PREVÉN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN XVI, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 33 AL 38 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE PREVÉN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o., 5o. Y 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE SEÑALA COMO AGRAVANTE EL ESTADO DE EBRIEDAD DEL INFRACTOR, O SU INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS O SUSTANCIAS TÓXICAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 43, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, EN CUANTO ESTABLECE LA IMPOSICIÓN DEL ARRESTO A LOS MENORES DE EDAD INFRACTORES DE DICHA LEY, VIOLA EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE PREVÉ LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBABLE INFRACTOR, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, AL SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE CONCILIACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO OPERA TRATÁNDOSE DE LA DETENCIÓN MOMENTÁNEA DEL PROBABLE INFRACTOR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004.CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 107 AL 111 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 2004, QUE REGULAN LO RELATIVO AL REGISTRO DE INFRACTORES, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2004. VEINTISIETE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRA PONENTE: M.B. LUNA RAMOS.
SECRETARIA: C.M.P..
M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al veintis�is de abril de dos mil siete.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, Mar�a Teresita de Jes�s A.M., J.A.A.�valo L�pez, O. �vila Mayo, G.C.B.�n, J.E.V.R., Sof�a F.T., C.A.F.G.�rrez, M.G.d.C.G., Mar�a G.G.M.�nez, I.I.L., J.A.L.R., J.� de Jes�s L�pez S., C.M.�n L.N.�s, J.B.�n M.�o P�rez, J.M.�a R.C., M�nica L.S.P.�a, J.A. �lvarez y M., Mar�a C.E.L., J.G.�a R.�guez, N.G.�rrez de la Torre, M.J.G.�n, H�ctor M.L.V.�squez, J.M.I., F. de P.A.A., J.A.A.�valo G.�lez, B. de la Garza Herrera, A.E. y V., S.G.F.C. y M.T.D.P., quienes se ostentaron como integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito F. III Legislatura promovieron acci�n de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que m�s adelante se se�ala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuaci�n se mencionan:
I. Autoridad que emiti� y promulg� la norma general impugnada:
A. �rgano legislativo: Asamblea Legislativa del Distrito F. III Legislatura en cuanto hace a la discusi�n y aprobaci�n de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. y en cuanto a la emisi�n del decreto que contiene dicha ley, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito F., N�mero 48 bis de fecha 31 de mayo de 2004.
B. �rgano Ejecutivo que promulg� la norma general impugnada: J. de Gobierno del Distrito F. en cuanto a la iniciativa, promulgaci�n y publicaci�n de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. que se contiene en el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito F., N�mero 48 bis, de fecha 31 de mayo de 2004.
II. Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publica:
Ley de Cultura C�vica del Distrito F. que se contiene en el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito F., N�mero 48 bis, de fecha 31 de mayo de 2004, �nicamente por lo que hace a sus art�culos 4o., 6o., 9o., fracci�n XVI, 24, fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII, 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XV y XVII, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 55, 60, 74, �ltimo p�rrafo y 107, 108, 109, 110 y 111.
SEGUNDO. Los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito F. III Legislatura formularon como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Art�culos 5o., 21 y 123, fracci�n III, (sic) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: La constituyen los art�culos 9o., fracci�n XVI, en relaci�n con los art�culos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. de fecha 31 de mayo de 2004, que establecen: ?Art�culo 9o.? (se transcribe). ?Art�culo 33.? (se transcribe). ?Art�culo 34.? (se transcribe). ?Art�culo 35.? (se transcribe). ?Art�culo 36.? (se transcribe). ?Art�culo 37.? (se transcribe). ?Art�culo 38.? (se transcribe). Los preceptos legales anteriormente transcritos, prev�n las ?actividades de apoyo a la comunidad? como una opci�n para cumplir con la sanci�n. En esencia, se trata de trabajo en favor de la comunidad, que va en contra de lo dispuesto por el art�culo 5o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la imposici�n de trabajos personales sin retribuci�n y sin consentimiento s�lo puede ser impuesto como pena por autoridad judicial, empero el J. C�vico es formalmente autoridad administrativa, no obstante que materialmente lleve a cabo la imposici�n de sanciones. En efecto, los preceptos impugnados vulneran la libertad de trabajo consagrada en el art�culo 5o. constitucional, al privar al infractor del producto de su trabajo por resoluci�n de autoridad administrativa. Los elementos de la libertad de trabajo establecidos en este precepto constitucional, son los siguientes: 1. Una injusta retribuci�n y. 2. Pleno consentimiento. El t�rmino ?justa retribuci�n?, se refiere a ?toda remuneraci�n que est� de acuerdo y en proporci�n con la naturaleza misma del servicio que se preste, as� como en consonancia con las dificultades de su ejercicio?. De la lectura de los dispositivos que se consideran inconstitucionales, se desprende que aun cuando el infractor, en apariencia conviene en cumplir con actividades de apoyo a la comunidad de manera libre, la verdad de las cosas es que lo hace a cambio de no sufrir un arresto que se traduce en una afectaci�n de su persona, en perjuicio de su libertad personal. Evidentemente, resulta menos lesivo prestar trabajos a favor de la comunidad que verse privado de la libertad, de ah� que se afirme que el consentimiento que pueda otorgar el responsable para prestar este tipo de trabajos, sea nulo por darse de manera coaccionada. Aqu� tienen aplicaci�n las palabras de I.B., al se�alar que: ?cuando al hombre le sea impuesta una actividad que no se adecue a la teleolog�a que ha seleccionado, no s�lo se le imposibilita para ser feliz, para desenvolver su propia personalidad, sino que se le convierte en un ser abyecto y desgraciado?. A mayor abundamiento, el pleno consentimiento para prestar trabajos a favor de la comunidad deber�a manifestarse de una manera libre y espont�nea, porque de no otorgarse en esta forma, se estar�a imponiendo como pena p�blica, lo que s�lo es posible por resoluci�n de autoridad judicial, seg�n lo previsto por el art�culo 5o. constitucional y cumpliendo con los requisitos que establece el art�culo 123, fracciones I y II, (sic) de la propia Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, ajust�ndose a jornadas limitadas. Ahora bien, en virtud de que las disposiciones de la Ley de la Cultura C�vica del Distrito F. se hacen extensivas a los menores de 18 a�os, puede afirmarse que los preceptos que se transcriben violentan tambi�n lo establecido en el art�culo 123, fracci�n III, (sic) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que impone la prohibici�n de utilizar el trabajo de los menores de 14 a�os. Por ello, la conmutaci�n de la sanci�n por actividades de apoyo a la comunidad, no podr�a imponerse a los individuos mayores de 11 a�os y menores de 14, so pena de violentar los principios fundamentales de nuestro orden jur�dico mexicano. Por otra parte, los servicios p�blicos que se enumeran en el art�culo 36 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., no encuentran identidad con el cat�logo de servicios p�blicos obligatorios, aunque retribuibles, seg�n lo dispuesto por el propio art�culo 5o. constitucional, que en la parte que interesa establece: (se transcribe). Es de advertirse, que a pesar de que el legislador constitucional estableci� una excepci�n para el establecimiento de trabajo obligatorio, tambi�n acot� el hecho de que el trabajo obligatorio s�lo puede consistir en servicios p�blicos, que estos servicios p�blicos deber�n encuadrarse dentro del cat�logo establecido en el propio art�culo 5o. constitucional y que, adicionalmente, tienen que ser retribuidos. Lo anterior nos lleva a concluir que las actividades de apoyo a la comunidad son francamente violatorias de la libertad de trabajo, al tratarse de un trabajo prestado bajo un consentimiento viciado, sin contar con la justa retribuci�n y por ser trabajos de los que la Constituci�n no prev� posibilidad alguna de que puedan ser obligatorios. R.�n suficiente para declarar inconstitucionales los preceptos de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. que se impugnan. Por si esto fuera poco, el trabajo a favor de la comunidad, con independencia de la denominaci�n que se le d�, tiene el car�cter de pena p�blica, seg�n se establece en el art�culo 30, fracci�n IV, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito F. y consiste ?en la prestaci�n de servicios no remunerados, en instituciones p�blicas, educativas de asistencia o de servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas que la ley respectiva regula? (Ibidem, art�culo 36). Las actividades de apoyo a la comunidad al tener la naturaleza de pena p�blica, no pueden ser impuestas a consecuencia de infracciones c�vicas. Debe destacarse aqu� que el art�culo 21 constitucional s�lo permite la imposici�n de multa o arresto hasta por 36 horas por infracciones a los reglamentos gubernativos, proscribiendo la posibilidad de imponer cualquier otro tipo de sanci�n, es el caso de las actividades de apoyo a la comunidad. Asimismo, al permitirse indebidamente en el art�culo 9o., fracci�n XVI, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., el establecimiento de equivalencias entre los arrestos y el tiempo de realizaci�n de las actividades de apoyo a la comunidad, se le est� dando competencia a la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F. para que verdaderamente establezca conmutaciones del arresto que corresponda al infractor, por actividades de apoyo a la comunidad, lo cual es contrario al esp�ritu del art�culo 21 constitucional, al rebasar las determinaciones en donde se establece la competencia de la autoridad administrativa, ya que el trabajo a favor de la comunidad no puede aplicarse como sanci�n por la comisi�n de infracciones c�vicas, con independencia de que la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F., carece de atribuciones para imponer sanciones por la comisi�n de infracciones c�vicas por violaci�n a los reglamentos gubernativos. A mayor abundamiento, debemos informar a esa superioridad que no existe disposici�n constitucional alguna que faculte a dicha autoridad administrativa para llevar a cabo dichas funciones. No pasa (sic) por alto a este estudio, las deficiencias e inseguridad jur�dica que presenta el art�culo 34 de la ley que se impugna, al establecer la posibilidad de que tanto la administraci�n p�blica del Distrito F., como las delegaciones env�en a la consejer�a propuestas de actividades de apoyo a la comunidad para que sean cumplidas por los infractores, cuando por otra parte, el art�culo 36 establece un cat�logo taxativo de la naturaleza de dichas medidas. Por ello, el art�culo 34 y el 36 al establecer el primero la posibilidad de proponer actividades de apoyo a la comunidad, y el segundo, al se�alar el cat�logo de actividades que determin� el legislador de la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura. Asimismo, el �ltimo p�rrafo del art�culo 34 presenta una redacci�n insidiosa, al establecer: (se transcribe). Es evidente que las actividades de apoyo a la comunidad no pueden considerarse como una prerrogativa, entendi�ndose por tal ?privilegio, gracia o exenci�n que se concede a alguien para que goce de ello?, seg�n el diccionario de la Real Academia Espa�ola. Es �ste uno de los casos en que con eufemismos se pretenden ocultar situaciones que atentan contra la dignidad y derechos humanos de los individuos, en virtud de las consideraciones sobre constitucionalidad que se han desarrollado a lo largo de este concepto de invalidez. Es importante hacer notar tambi�n que la facultad discrecional del J. C�vico para conmutar el arresto por trabajo comunitario aun trat�ndose de la realizaci�n de conductas graves o cuando exista reincidencia, violenta el esp�ritu del art�culo 21 constitucional, en donde se prev� que las sanciones administrativas consistir�n en multa o arresto �nicamente, y en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa (J. C�vico) cambia de (sic) esquema de sanciones previsto en dicho art�culo 21, al imponer como sanci�n por la comisi�n de una falta administrativa, la realizaci�n de actividades de apoyo a la comunidad con s�lo pedirlo el infractor, aun en aquellos casos en donde las faltas cometidas sean de tal gravedad que pongan en riesgo la estabilidad de la convivencia comunitaria. Las anteriores consideraciones nos llevan a la conclusi�n de que los art�culos 9o., fracci�n XI, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. que se estudiaron, adolecen de inconstitucionalidad y, por tanto, se solicita a su se�or�a se declare procedente el presente concepto de invalidez, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de dichos preceptos legales. Segundo concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Art�culos 2o., apartado A, fracci�n VIII y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: Art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. de fecha 31 de mayo de 2004. El art�culo de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. que se impugna, establece: ?Art�culo 42.? (se transcribe). La Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no establece una protecci�n adecuada de los derechos ling��sticos de los ind�genas, particularmente el texto del mencionado art�culo 42 es contrario al reconocimiento de las lenguas ind�genas que tuvo verificativo mediante la reforma al art�culo 2o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 14 de agosto de 2001, en la que se reconoci� el derecho de los miembros de las comunidades ind�genas a usar su propia lengua, con independencia de si hablan espa�ol o no. La mencionada disposici�n legal condiciona de manera arbitraria la utilizaci�n o el recurso a un int�rprete a que no se hable espa�ol, contraviniendo con ello el principio constitucional previsto en el citado art�culo 2o. de nuestra Carta Magna. Esto es as�, ya que el art�culo 2o. constitucional en su fracci�n VIII del apartado A establece: (se transcribe). Como se advierte claramente del texto constitucional antes transcrito, el derecho que se consagra a favor de los ind�genas para hacer efectiva la garant�a de contar con int�rpretes y defensores cuando se encuentren involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, no se encuentra condicionado a su grado de conocimiento del idioma, por lo que la Ley de Justicia C�vica del Distrito F. al establecer en su art�culo 42 la condici�n de que no se hable espa�ol para que los presuntos infractores tengan derecho a dicha garant�a constitucional, evidentemente transgrede a todas luces el mencionado dispositivo constitucional, habi�ndose excedido en sus facultades el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura, al establecer mayores requisitos que los que prev� la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. A mayor abundamiento, con el texto de la disposici�n legal que se combate de inconstitucional, se atenta contra los principios del Convenio (N�m. 169) Sobre Pueblos Ind�genas y T. en Pa�ses Independientes, ratificado por M�xico el 5 de septiembre de 1990, aprobado por el Senado el 11 de julio de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 24 de enero de 1991, que se apoy� para su expedici�n en el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo econ�mico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven, lo que de ninguna manera es atendido por la mencionada Ley de Justicia C�vica del Distrito F., particularmente por su art�culo 42, al no respetar el derecho ling��stico de las comunidades ind�genas. Este acuerdo internacional establece la obligaci�n de los Estados parte de asumir la responsabilidad para llevar a cabo medidas que aseguren a los miembros de los pueblos ind�genas gozar, en igualdad de circunstancias, de los derechos y oportunidades que la legislaci�n nacional otorga a los dem�s miembros de la poblaci�n, lo que evidentemente con el texto del mencionado art�culo 42 no se cumple, dejando en estado de indefensi�n a los ind�genas, as� como que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, econ�micos y culturales de sus pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Abunda dicho acuerdo internacional, se�alando que los pueblos ind�genas deber�n gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obst�culos ni discriminaci�n, y que los gobiernos podr�n consultarlos cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo que no sucedi� en la especie, ya que lejos de haber solicitado su opini�n sobre la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., y sobre todo, de su art�culo 42, a trav�s del texto de este dispositivo legal, restringe su derecho a acceder a los int�rpretes y defensores que nuestra Constituci�n prev� en su favor al hecho de que no hablen espa�ol. El propio acuerdo internacional establece que los pueblos ind�genas deber�n tener protecci�n contra la violaci�n de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o por conducto de sus organismos representativos para asegurar el respeto efectivo de tales derechos, adem�s de que deber�n tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilit�ndoles int�rpretes u otros medios eficaces. Como ya se coment� anteriormente, este principio tambi�n se ve vulnerado por el referido art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., en donde sin facultad alguna, el legislador ordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura, se excede de sus facultades constitucionales, al condicionar el ejercicio del derecho para las comunidades ind�genas de contar con int�rpretes y defensores en los procedimientos judiciales y administrativos en los que se encuentran involucrados a la circunstancia de que no hablen espa�ol. Este arreglo internacional es de aplicaci�n obligatoria en nuestro pa�s, al constituirse como Ley Suprema de toda la Uni�n, tal como lo establece el art�culo 133 constitucional que consagra el principio de la supremac�a constitucional, en los siguientes t�rminos: ?Art�culo 133.? (se transcribe). De lo establecido en este precepto constitucional se puede deducir que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano respecto de la Constituci�n F. y. por tanto, su observancia es obligatoria, por lo que se deben respetar las disposiciones contenidas en los mismos. Esto es as�, porque los tratados internacionales son compromisos asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades, tanto federales como estatales y municipales, frente a la comunidad internacional, por tanto, su acatamiento resulta obligatorio. En consecuencia, cualquier ley o disposici�n normativa que se expida con posterioridad a la entrada en vigor de un acuerdo o tratado internacional, en contravenci�n al mismo, deber� decretarse como inconstitucional, como es el caso del multicitado art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., en congruencia con lo establecido en la jurisprudencia del rubro: ?TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JER�RQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.?, que se transcribe m�sadelante. Por los razonamientos antes se�alados, esa superioridad deber� declarar la inconstitucionalidad del mencionado art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F.. Tercer concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Art�culos 1o., 5o., 11, 16 y 23 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de la inconstitucionalidad: La constituye lo dispuesto por los art�culos 6o., 24, fracciones I, VII y VIII, as� como 25, fracciones XI y XII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que a la letra establecen: ?Art�culo 24.? (se transcribe). ?Art�culo 25.? (se transcribe). Los preceptos citados vulneran la garant�a de legalidad prevista por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el imperativo de que los actos de autoridad sean dictados por un �rgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento; entendiendo por fundamentaci�n, la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por motivaci�n la expresi�n de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto, siendo necesario, adem�s, que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate, tal como ya ha sido bastante estudiado en la jurisprudencia nacional; en los t�rminos siguientes: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N.? (se transcribe). Esta garant�a gen�rica de legalidad consagrada en el art�culo 16 constitucional, contiene un mandato que se proyecta en todas las autoridades, incluido el Poder Legislativo, en cuyo caso, la garant�a de legalidad significa que los actos legislativos deben cumplir con la fundamentaci�n y motivaci�n debida, so pena de vulnerar el derecho que tienen todos los individuos a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Respecto de la garant�a de legalidad en los actos legislativos, tiene aplicaci�n la siguiente tesis jurisprudencial: ?FUNDAMENTACI�N y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.? (se transcribe). En efecto, dada la naturaleza del acto legislativo, su fundamentaci�n y motivaci�n se realiza de una manera sui generis respecto de la generalidad de los actos de autoridad, seg�n la tesis referida; en este caso, debe entenderse por fundamentaci�n la existencia de la facultad a cargo del �rgano legislativo de regular determinada materia y, por motivaci�n el hecho de que las leyes que se emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jur�dicamente reguladas. Aqu� debe tenerse en cuenta que la iniciativa de una ley, as� como los dict�menes y debates que se realizan durante el proceso legislativo, tambi�n forman parte de �ste, y que en la mayor�a de los casos, sirven para determinar la debida fundamentaci�n y motivaci�n del referido proceso, tal como lo ha establecido ese Alto Tribunal en la siguiente tesis: ?INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO.? (se transcribe). Es de advertirse, reiteramos, que la fundamentaci�n de los actos legislativos se satisface cuando el �rgano legislativo act�a dentro de los l�mites que la Constituci�n le confiere, en tanto que la motivaci�n se surte cuando las normas generales que el �rgano colegiado emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas, de lo cual se sigue, que para cumplir el requisito de motivaci�n exigido por la Ley Fundamental, las normas que dicte el �rgano legislativo, en este caso, la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura, deber�n surgir del reconocimiento que haga el legislador de las necesidades y reclamos de la sociedad que demanden una soluci�n, a trav�s de una debida regulaci�n jur�dica. Es evidente la exigencia de que las normas que se emitan correspondan efectivamente a las relaciones sociales que se pretenden regular, esto es, que haya adecuaci�n y coherencia entre los preceptos normativos que se dicten con las necesidades sociales que se pretenden satisfacer, ya que de otra forma la motivaci�n a que se refiere el art�culo 16 constitucional se ve vulnerada. Respecto de los preceptos que se impugnan de inconstitucionales (art�culos 24, fracciones I, VII y VIII, y 25, fracciones XI y XXII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F.), la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura, cumpli� con la fundamentaci�n debida al actuar dentro de los l�mites de las atribuciones que la Ley Fundamental le confiere en el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i), del que se deriva su atribuci�n para legislar en materia de justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno. Sin embargo, en el caso de las normas impugnadas, no se cumpli� plenamente con el requisito relativo a la motivaci�n, en virtud de que estos preceptos no est�n dirigidos a regular relaciones sociales que reclamen ser jur�dicamente reguladas, m�s bien, permiten advertir una pol�tica sancionadora de algunas clases sociales, sin justificar de manera alguna las causas que las motivaron. Del an�lisis de los debates y dict�menes emanados del Poder Legislativo Local, se advierte que la emisi�n de tales preceptos no corresponde a relaciones sociales que reclamaban de una regulaci�n, sino que se dirigen a regular una hip�tesis diversa, vinculada con relaciones sociales a las que el �rgano legislador no aludi� concretamente y que tampoco se pueden tener por existentes ni menos a�n que reclamen de la regulaci�n contenida en la norma que se impugna, considerando el hecho de que no se advierte de los antecedentes del proceso legislativo, datos, informaci�n o argumentaciones espec�ficas en torno al n�mero de casos en que las actividades descritas hayan violentado la ?tranquilidad de las personas? o ?seguridad ciudadana?, que seg�n los propios art�culos 24 y 25 de la ley impugnada, son el objeto de tutela. No pasa por alto a este estudio, que de acuerdo con los ejes discursivos de las iniciativas, las fuentes espec�ficas para llevar a cabo la ponderaci�n de la necesidad de regular algunas conductas incorporadas a la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., fue la recurrencia de llamadas al sistema de emergencia 060 de la Secretar�a de Seguridad P�blica que reportaron quejas respecto de conductas que no estaban previstas en la anterior ley, como disparos de arma de fuego, presencia de ebrios e intoxicados en la v�a p�blica, ri�as y ruido excesivo. Sin embargo, puede advertirse con toda claridad que la necesidad de regulaci�n de esas conductas, no tiene vinculaci�n con las que ahora se impugnan y que tal recurrencia de llamadas no puede constituir la motivaci�n de las fracciones que en este concepto de invalidez se impugnan (art�culos 24, fracciones I, VII y VIII, y 25, fracciones XI y XII) que se refieren a las actividades de prostituci�n, gesti�n en dependencias p�blicas, reventa y trepar en elementos constructivos para observar en predio ajeno. En estos �ltimos casos, no existe una lesi�n o puesta en peligro de los bienes o intereses de terceros, se trata, por mucho, de un comportamiento de peligro abstracto, cuya prohibici�n obedece a criterios de naturaleza moral y que son incompatibles con los principios de las sociedades seculares. En conclusi�n, no existe la necesidad de regular estas �ltimas relaciones sociales. Asimismo, debe advertirse en las fracciones que se citan, una justicia c�vica de autor, m�s que de hecho, que ser�a la ideal. En esencia, la fracci�n I del art�culo 24 que sanciona la prestaci�n de un servicio no solicitado y la coacci�n para el pago, va dirigida a los conocidos ?limpia parabrisas?, en tanto que la fracci�n VII del art�culo 24 que sanciona la prostituci�n, la invitaci�n a la misma y la solicitud del servicio, en nada vulneran la tranquilidad de las personas, por lo que no existe correspondencia entre el precepto legislativo y la relaci�n social que requiere ser regulada. En estos casos, se advierte que no existe valor jur�dico protegido y que la sanci�n se dirige m�s hacia los sectores marginados de la poblaci�n, que a la inhibici�n y sanci�n que atentan contra la tranquilidad de las personas. Asimismo, por lo que se refiere a la fracci�n VIII del art�culo en cita, se advierte que no se sanciona la actividad, sino al sujeto que la realiza, y s�lo podr�a ser as� en virtud de que la gesti�n en los tr�mites no podr�a considerarse il�cito o lesivo de la tranquilidad ciudadana. He aqu� otro tipo sancionador dirigido a cierto sector de la sociedad, m�s que a sancionar una actividad por da�ar valores jur�dicos de la sociedad o dirigidos a preservar el orden p�blico, lo que trae como consecuencia la falta de motivaci�n del acto legislativo al no existir la necesidad de regular esta relaci�n social. Con independencia de lo anterior, se advierte la falta de t�cnica legislativa en la fracci�n VIII del art�culo 24 impugnado, cuya redacci�n hace pensar que el ofrecimiento de gesti�n de tr�mites se puede llevar a cabo v�lidamente con ?autorizaci�n?. Las restantes violaciones constitucionales de estas fracciones se detallan l�neas abajo. Por otra parte, el art�culo 25, dirigido a proteger la seguridad ciudadana, sanciona en sus fracciones XI y XII la conocida ?reventa? y el trepar en elementos constructivos para observar al interior de un predio ajeno. Se destaca aqu� una aplicaci�n excesiva del r�gimen sancionador. Por lo que hace a la primera conducta, no puede esgrimirse relaci�n v�lida que vincule dicha conducta con la protecci�n de la seguridad ciudadana, lo que evidencia falta de motivaci�n del acto legislativo. Asimismo, existe inseguridad jur�dica ante la dificultad de determinar cu�les son los precios autorizados, recordemos que en la venta de boletos para espect�culos p�blicos, no existen precios controlados, m�s bien, debi� establecerse: ?con precios superiores a los de venta de primera mano?. Debe tenerse presente asimismo, que el universo sobre el que se proyecta esta ley, incluye a los ni�os mayores de 11 a�os y que al sancionar conductas como el trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constitutivo semejante, para observar al interior de un inmueble ajeno, con independencia de que en nada vulnera la seguridad ciudadana, incurre en un r�gimen sancionador excesivo, arbitrario y que en nada corresponde a un Estado de derecho democr�tico. Verbigracia, no es v�lido sancionar el hecho tan com�nmente presentado en que los menores de 18 a�os trepan las bardas por curiosidad para observar los inmuebles contiguos. A mayor abundamiento, la orientaci�n de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. debi� ser la vinculaci�n de la noci�n de orden p�blico con categor�as que permitieran instrumentarlo, de modo tal que se contara con pautas de evaluaci�n que aumentaran el grado de objetividad para la determinaci�n del momento en que se estaban afectando bienes jur�dicos, derechos o intereses de las personas o de la sociedad y el espacio p�blico en el que se desarrollaran sus vidas. Sin embargo, las fracciones de los preceptos que en este concepto de invalidez se impugnan, constituyen en algunos casos s�lo conductas ?desagradables,? y en otros lesiones solamente de car�cter moral que de manera alguna vulneran la tranquilidad de las personas, la seguridad ciudadana, o bien, el orden p�blico. En estas conductas se sanciona m�s bien el reflejo de las deficiencias en las pol�ticas econ�micas y sociales implementadas en nuestro pa�s, castigando por ello a las clases m�s desprotegidas de la sociedad, s�lo por pertenecer a esa categor�a, haciendo a un lado el principio de la m�nima intervenci�n que debe imperar en los reg�menes sancionadores. Por lo que hace al ejercicio, invitaci�n y solicitud de servicios de prostituci�n debe destacarse tambi�n una violaci�n a lo dispuesto por el art�culo 23 constitucional que establece la prohibici�n de ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y es que la invitaci�n a la prostituci�n, al grado de inducci�n, ya se encuentra tipificada en el art�culo 189, fracci�n II, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito F., en los siguientes t�rminos: ?Art�culo 189.? (se transcribe). El tipo penal de lenocinio, como puede advertirse, ya se encuentra debidamente tipificado por el ordenamiento sustantivo penal dentro de los tipos penales que tutelan el bien jur�dico de la moral p�blica, especialmente protegiendo la libertad sexual. De ah� que pueda afirmarse la conveniencia de sancionar penalmente la ?inducci�n? a la prostituci�n, que significa determinaci�n de la persona a quien se impone la prostituci�n, pero no es v�lido sancionar una simple ?invitaci�n? a la prostituci�n, al grado que no es determinante para que el sujeto activo cometa tal conducta. Ahora bien, el t�rmino ?invitar?, debe entenderse como la incitaci�n o estimulaci�n de alguien a hacer algo (Diccionario de la Real Academia Espa�ola). La inducci�n por su parte, est� referida a los part�cipes del delito en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 22, fracci�n IV, del Nuevo C�digo Penal para el Distrito F.. As�, el autor intelectual, instigador o determinador, es la persona que determina al autor del delito a cometerlo, a trav�s de una contra prestaci�n (v. gr. pago), el convencimiento, una sugerencia, o un pretendido consejo, entre otros. El instigador no interviene en los hechos, porque si no ser�a coautor del delito. De considerarse sin�nimos los verbos ?invitar? e ?inducir?, estar�amos ante una doble imposici�n de sanci�n por una misma conducta, situaci�n violatoria de lo dispuesto por el art�culo 23 constitucional, que establece: ?Art�culo 23.? (se transcribe). Resulta evidente que al establecer doble sanci�n para la misma conducta, se est� generando doble juicio por una sola conducta que en t�rminos del c�digo sustantivo penal constituye delito. Digamos de paso, que la misma consideraci�n aplica para lo dispuesto por el art�culo 6o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que se�ala que la responsabilidad determinada conforme a esa ley es aut�noma de las consecuencias jur�dicas que las conductas pudieran generar en otro �mbito. Por ello se afirma tambi�n la inconstitucionalidad del art�culo 6o. que se comenta, al ser directamente violatorio de lo dispuesto por el art�culo 23 constitucional. Por lo que hace a la segunda parte de la fracci�n VII del art�culo 24 de la ley que se impugna, se aprecia inseguridad jur�dica al establecerse como requisito de procedibilidad para la actualizaci�n de esta infracci�n, la existencia de queja vecinal, sin que en todo el texto de la ley se defina exactamente forma, lugar, tiempo o circunstancia en que deba expresarse y documentarse la misma, es decir, con qu� condiciones se adquiere el car�cter de vecino, respecto de la zona, colonia, demarcaci�n territorial o incluso residente en cualquier parte del Distrito F., la temporalidad a que se sujeta la queja, si esta queja vecinal tiene que ser presentada por uno o varios vecinos, la manera en que se acredit� la existencia f�sica de los mismos, si el documento debe ir suscrito y acreditando la identidad de los quejosos, entre otros requisitos que deber�an se�alarse y que al no encontrarse precisados en el ordenamiento impugnado, se genera inseguridad jur�dica en perjuicio de las garant�as individuales de los gobernados. Asimismo, la redacci�n de la fracci�n VII del art�culo 24 de la ley que se impugna, que incluye como una conducta susceptible de infracci�n administrativa, la solicitud del servicio, que ya no va dirigida a la persona que la ejerce, permite inferir que se pretenden aplicar operativos encubiertos en los que mediante se�uelos y actividades montadas se pretende inducir a cualquier ciudadano a la solicitud de dicho servicio para acreditarse la existencia de la infracci�n por la manifestaci�n o dicho que de ello haga la persona que se presta a esta manipulaci�n. Lo anterior se deduce porque siendo este intercambio de car�cter tan personal e incluso �ntimo s�lo puede involucrar, en principio, a dos personas: la que invita o ejerce la prostituci�n o la que solicita el servicio; por lo que ser�a imposible acreditar la solicitud del servicio si no existiera el dicho de quien se presta a ofrecerlo; o puede darse el contrasentido de que en plena colusi�n de la persona que ejerce la prostituci�n con la polic�a se le impute por parte de aqu�lla la solicitud del servicio para ponerlo en circunstancia de ser remitido ante el J. C�vico. De nueva cuenta se confirma, que esta Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que debi� denominarse ley Gulliani-Ebrard, pretende incorporar pr�cticas policiacas aplicadas en otras sociedades con idiosincrasia y cultura jur�dica diferentes. Por otra parte, al establecer sanci�n para el caso de que se ejerza la prostituci�n o se solicite dicho servicio, debe decirse que la libertad sexual de cada individuo, como bien jur�dico objeto de tutela, ha sido entendido en la doctrina como perteneciente a la categor�a de bienes jur�dicos disponibles para su titular, es decir, bienes de los que su titular puede hacer uso cuando lo desee y bajo las condiciones que �ste considere id�neas, con la sola limitante de no afectar el inter�s social. Esto es as�, porque en el caso de los bienes jur�dicos disponibles, su ejercicio no afecta valores de la sociedad, orden p�blico o seguridad ciudadana. El derecho no puede sancionar conductas por ser inmorales, so pena de convertir al Estado en arbitrario, s�lo se permite la sanci�n de las conductas cuando �stas tengan repercusiones en la convivencia ciudadana. En el caso a estudio, se advierte claramente que se trata de un derecho sancionador de autor, m�s que de conducta como ya se afirm� l�neas arriba, y que la sanci�n est� dirigida a determinado estrato social, m�s que a la represi�n de conductas lesivas de valores jur�dicos, cuya regulaci�n resulta indispensable para la sociedad. En consecuencia, el acto legislativo por el que se estableci� la fracci�n en estudio, carece de toda motivaci�n y vulnera, por ende, la garant�a de legalidad gen�rica prevista en el p�rrafo cuarto del art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Regresando a la conducta prevista en el art�culo 24, fracci�n VIII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. con independencia de que vulnera la garant�a de legalidad al carecer de la debida motivaci�n, adolece de otras deficiencias, al se�alar: ?Art�culo 24.? (se transcribe). La norma citada es contraria a lo dispuesto por los art�culos 1o., 5o. y 11 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que el art�culo 1o. impone: ?Art�culo 1o.? (se transcribe). Entre las garant�as individuales que consagra nuestra Constituci�n se encuentran las relativas a la libertad de trabajo y de tr�nsito, previstas en los art�culos 5o. y 11 constitucionales, respectivamente, que en su parte relativa se�alan: ?Art�culo 5o.? (se transcribe). ?Art�culo 11.? (se transcribe). La fracci�n que se impugna, sanciona a quienes ocupen los accesos de oficinas p�blicas o inmediaciones, ofreciendo la realizaci�n de tr�mites que en la misma se proporcionen, sin contar con autorizaci�n correspondiente, por lo que viola flagrantemente la libertad de trabajo que se encuentra protegida por el art�culo 5o. constitucional, al restringir el trabajo que desempe�an las personas que puedan ofrecer la realizaci�n de tr�mites que les soliciten los particulares ante las instancias gubernativas respectivas, sin fundamento alguno por parte de la autoridad de que se trate, violando tambi�n con ello lo dispuesto por el mencionado art�culo 1o. constitucional, que garantiza para todo individuo el goce de todas y cada una de las garant�as individuales que previene nuestraConstituci�n, entre otras, dicha garant�a de trabajo. Al efecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial, cuyo texto dice: ?LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ART�CULO 5o., P�RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).? (se transcribe). En este caso, el ofrecimiento de la actividad desarrollada por los gestores en las oficinas p�blicas a los particulares, no constituye una actividad il�cita, no afecta un derecho preferente ante la libertad de trabajo y no afecta el derecho de la sociedad, por lo que al considerarse un trabajo l�cito, no es constitucional que se proh�ba la policitaci�n de estos servicios. Asimismo, la fracci�n VIII del art�culo 24 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., vulnera la garant�a de libre tr�nsito prevista en el art�culo 11 constitucional, al prohibir la deambulaci�n por las oficinas p�blicas o sus establecimientos, sin contar con autorizaci�n para ello. Al restringirles el libre tr�nsito sin que se actualicen los supuestos que contempla el propio precepto constitucional para poder suspender dicha garant�a individual, el Poder Legislativo Local vulnera la garant�a constitucional en perjuicio de las personas que se encuentren transitando por los accesos e inmediaciones de las instituciones p�blicas, al requerir a ciertos individuos autorizaci�n o permiso previo de autoridad. Al respecto tiene aplicaci�n la siguiente tesis jurisprudencial: ?GARANT�A DE LIBRE TR�NSITO PREVISTA EN EL ART�CULO 11 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO SE VULNERA CON EL EMBARGO PRECAUTORIO DE VEH�CULO AUTOMOTOR.? (se transcribe). Debe precisarse que la conducta prevista en la fracci�n VIII no afecta en modo alguno el orden p�blico, la convivencia ciudadana o valor alguno de los particulares. Seguramente, con esta tipificaci�n se pretendi� inhibir los actos de corrupci�n que en ocasiones promueven los gestores; sin embargo, las conductas contra el servicio p�blico, en especial el cohecho, cometido por servidores p�blicos o particulares, ya se encuentran debidamente tipificadas en el C�digo Penal para el Distrito F.. Por lo que esta fracci�n, al no tener soporte en la necesidad de regular conductas sociales, carece tambi�n de la debida motivaci�n, seg�n las consideraciones arriba esgrimidas y, por tanto, vulnera las garant�as de legalidad gen�rica, de trabajo y derecho al libre tr�nsito, raz�n por la cual se solicita se declare inconstitucional. Cuarto concepto de invalidez. Precepto constitucional violado: Art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de la inconstitucionalidad: La constituye lo dispuesto por los art�culos 24, fracciones II, IV, V, VI y 25 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIII, XV y XVII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que a la letra establecen: ?Art�culo 24.? (se transcribe). ?Art�culo 25.? (se transcribe). Los preceptos citados vulneran la garant�a de legalidad prevista por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el imperativo de que los actos de autoridad sean dictados por un �rgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento; entendiendo por fundamentaci�n la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por motivaci�n la expresi�n de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto, siendo necesario, adem�s, que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate, tal como ya ha sido bastante estudiado en la jurisprudencia nacional que se cit� anteriormente bajo el rubro: ?FUNDAMENTACI�N y MOTIVACI�N.? (Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, T.V., Primera Parte, tesis 260, p�g. 175). Esta garant�a gen�rica de legalidad consagrada en el art�culo 16 constitucional, contiene un mandato que se proyecta en todas las autoridades, incluido el �rgano legislativo, en cuyo caso, la garant�a de legalidad se traduce en que los actos legislativos deben cumplir con la fundamentaci�n y motivaci�n debidas, so pena de vulnerar el derecho que tienen todos los individuos a no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Respecto de la garant�a de legalidad en los actos legislativos, tiene aplicaci�n la siguiente tesis jurisprudencial: ?FUNDAMENTACI�N y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.? (se transcribe). Como se mencion� anteriormente, la fundamentaci�n y motivaci�n de los actos legislativos se realiza de una manera sui generis respecto de la generalidad de los actos de autoridad, seg�n la tesis referida; en este caso, debe entenderse por fundamentaci�n la existencia de la facultad a cargo del �rgano legislativo de regular determinada materia y, por motivaci�n el hecho de que las leyes que se emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jur�dicamente reguladas. Aqu� debe tenerse en cuenta que la iniciativa de una ley, as� como los dict�menes y debates que se realizan durante el proceso legislativo, tambi�n forman parte de �ste y que en la mayor�a de los casos, sirven para determinar la debida fundamentaci�n y motivaci�n del referido proceso, tal como lo ha establecido ese Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial citada con antelaci�n, cuyo rubro es: ?INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO.? (Novena �poca, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P. LXIV/99, p�gina 8, Materia Constitucional). Asimismo, para cumplir el requisito de motivaci�n exigido por la Ley Fundamental, las normas que dicte el Poder Legislativo, en este caso, la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura deber�n surgir del reconocimiento que haga el legislador de las necesidades y reclamos de la sociedad que demanden una soluci�n, a trav�s de una debida regulaci�n jur�dica. Es evidente la exigencia de que las normas que se emitan correspondan efectivamente a las relaciones sociales que se pretenden regular, esto es, que haya adecuaci�n y coherencia entre los preceptos normativos que se dicten con las necesidades sociales que se pretenden satisfacer, ya que de otra forma la motivaci�n a que se refiere el art�culo 16 constitucional se ve vulnerada. Respecto de los preceptos que se impugnan de inconstitucionales (24, fracciones II, IV, V, VI y 25 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIII, XV y XVII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F.), la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura cumpli� con la fundamentaci�n debida al actuar dentro de los l�mites de las atribuciones que la Ley Fundamental le confiere en el art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i), del que se deriva su atribuci�n para legislar en materia de justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno, como lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, en el caso de las normas impugnadas, no se cumpli� plenamente con el requisito relativo a la motivaci�n, en virtud de que estos preceptos no est�n dirigidos a regular relaciones sociales que reclamen ser jur�dicamente reguladas. Del an�lisis de los debates y dict�menes emanados del Poder Legislativo Local, se advierte que la emisi�n de tales preceptos no corresponde a relaciones sociales que reclamaban de una regulaci�n, sino que se dirigen a regular una hip�tesis diversa, vinculada con relaciones sociales a las que el �rgano legislador no aludi� concretamente y que tampoco se pueden tener por existentes, ni menos a�n que reclamen de la regulaci�n contenida en la norma que se impugna, considerando el hecho de que no se advierte de los antecedentes del proceso legislativo datos, informaci�n o argumentaciones espec�ficas en torno al n�mero de casos en que las actividades descritas hayan violentado la ?tranquilidad de las personas? o ?seguridad ciudadana?, que seg�n los propios art�culos 24 y 25 de la ley impugnada, son el objeto de tutela. Asimismo, de acuerdo con los ejes discursivos de las iniciativas, las fuentes espec�ficas para llevar a cabo la ponderaci�n de la necesidad de regular algunas conductas incorporadas a la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., fue la recurrencia de llamadas al sistema de emergencia 060 de la Secretar�a de Seguridad P�blica que reportaron quejas respecto de conductas que no estaban previstas en la anterior ley, como disparos de arma de fuego, presencia de ebrios e intoxicados en la v�a p�blica, ri�as y ruido excesivo. Sin embargo, puede advertirse con toda claridad que la necesidad de regulaci�n de esas conductas, no tiene vinculaci�n con las que ahora se impugnan y que tal recurrencia de llamadas no puede constituir la motivaci�n de las mismas. A mayor abundamiento, la orientaci�n de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. debi� ser la vinculaci�n de la noci�n de orden p�blico con categor�as que permitieran instrumentarlo, de modo tal que se contara con pautas de evaluaci�n que aumentaran el grado de objetividad para la determinaci�n del momento en que se estaban afectando bienes jur�dicos, derechos o intereses de las personas o de la sociedad y el espacio p�blico en el que se desarrollaran sus vidas. Sin embargo, las fracciones de los preceptos que en este concepto de invalidez se impugnan, constituyen en algunos casos s�lo conductas ?desagradables?, y en otros lesiones solamente de car�cter moral que de manera alguna vulneran la tranquilidad de las personas, la seguridad ciudadana o bien, el orden p�blico. En estas conductas se sanciona m�s bien el reflejo de las deficiencias en las pol�ticas econ�micas y sociales implementadas en nuestro pa�s, castigando por ello a las clases m�s desprotegidas de la sociedad, s�lo por pertenecer a esa categor�a, haciendo a un lado el principio de la m�nima intervenci�n que debe imperar en los reg�menes sancionadores. En consecuencia, los art�culos 24, fracciones II, IV, V, VI y 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIII, XV y XVII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., vulneran el principio de legalidad gen�rico consagrado en el art�culo 16 constitucional de nuestra Carta Magna, al carecer de la debida motivaci�n que debe proyectarse en todos los actos de autoridad, incluso de autoridades legislativas, toda vez que en la emisi�n de estos preceptos, no se precisaron el n�mero de casos presentados por los que se pudiera advertir una necesidad de regular las relaciones sociales establecidas en los preceptos impugnados. En consecuencia, los mismos deben declararse inconstitucionales. Quinto concepto de invalidez. Precepto constitucional violado: Art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: Art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que establece: (se transcribe). Este nuevo precepto es violatorio del art�culo 16 constitucional, p�rrafo cuarto, que a la letra se�ala: (se transcribe). El art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. desarticula el r�gimen constitucional de garant�as en materia de protecci�n a la libertad personal previsto en el art�culo 16 constitucional. A partir del reconocimiento del derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personal, el art�culo 16 constitucional establece la figura de la orden de aprehensi�n expedida por la autoridad judicial, como el t�tulo jur�dico general u ordinario para la captura de un sujeto a fin de asegurar su comparecencia en el procedimiento de car�cter penal. En ese sentido, la regla general para aprehender a una persona, debe cumplir el requisito de la orden judicial. El mismo precepto constitucional se�ala, asimismo, los dos �nicos supuestos de excepci�n a dicha regla, en los que una persona puede ser detenida con motivo de su incriminaci�n penal. La regla general establece que la orden de aprehensi�n ha de ser librada por la autoridad judicial, previa denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. El primer supuesto de excepci�n se refiere a la orden de detenci�n que, bajo su responsabilidad, podr� emitir el Ministerio P�blico, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder, facultad que se restringe a los casos urgentes, cuando se trate de delitos graves as� calificados por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acci�n de la justicia, siempre y cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial por raz�n de la hora, lugar o circunstancia. El segundo supuesto de excepci�n se expresa en los siguientes t�rminos: ?En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado, poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata y �sta, con la misma prontitud, a la del Ministerio P�blico?. Como puede apreciarse de este r�gimen se colige que el Constituyente reserv� la posibilidad de detener a una persona sin orden de aprehensi�n exclusivamente por las dos excepciones se�aladas y s�lo respecto de personas que fundadamente se presuma hayan cometido o hayan efectivamente cometido en flagrancia una conducta calificada como delito. Lo anterior quiere decir que el r�gimen de detenciones previsto en la Constituci�n est� reservado exclusivamente al �mbito penal. La ley que nos ocupa y cuya constitucionalidad se combate regula la materia de la justicia c�vica, misma que prev� diversas infracciones administrativas por las cuales se dar� inicio a un procedimiento de naturaleza administrativa, no de car�cter penal. En este orden de ideas, el legislador ordinario del Distrito F. ha rebasado los alcances del precepto constitucional invocado al prever que tambi�n para los casos de infracciones administrativas podr� haber lugar a la detenci�n de las personas. Si atendemos al sentido literal de las expresiones utilizadas en el cuarto p�rrafo del art�culo 16 constitucional se refuerza el sentido del presente argumento tendente a demostrar la inconstitucionalidad del art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica para el Distrito F.. En efecto, dicho p�rrafo se�ala que ?(en) los casos de delito flagrante ... (se puede) detener al indiciado?. Al tratarse de una excepci�n a la regla general en torno a la necesidad de la orden de aprehensi�n para detener a una persona, debe interpretarse en un sentido restrictivo, no extensivo, como de hecho lo hace el legislador ordinario. S�lo en los casos de delito flagrante y en ning�n otro caso, salvo el ya apuntado caso urgente se puede detener sin orden de aprehensi�n a una persona. Sostener lo contrario tendr�a graves consecuencias para la seguridad jur�dica de los habitantes del Distrito F. pues se lesionar�a el derecho a la libertad personal, toda vez que podr�n ser detenidos por orden de un polic�a, sin necesidad de que intervengan autoridades judiciales o en el l�mite extremo ministeriales, y sin que se trate de un delito. El Poder Reformador de la Constituci�n no previ� que en materia de justicia c�vica pudiera haber lugar a detenciones, las cuales fueron reservadas para los casos penales, es decir, para los que lesionan con mayor gravedad bienes jur�dicos. Ahora, con la elaboraci�n de esta ley se busca detener a personas por hechos absolutamente insignificantes como trepar bardas, dar un golpe a una persona sin causarle lesi�n, o bien por un simple insulto. Ello rebasa absolutamente el sentido del art�culo 16 de la Constituci�n. Complementario a los argumentos vertidos en este concepto de invalidez vale la pena, para los efectos de reforzar la defensa de la inconstitucionalidad de ese art�culo, proceder al estudio de los supuestos por los que, de acuerdo con este art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., pueden los elementos de polic�a detener a una persona. El primer supuesto se refiere a que el polic�a presencie la comisi�n de la infracci�n. En este supuesto el legislador ordinario del Distrito F. quiso emular la regulaci�n que actualmente existe respecto a la flagrancia en el orden penal; sin embargo, como ya se se�al� m�s arriba, ese r�gimen es exclusivo del orden penal. La regulaci�n empeora respecto del segundo supuesto, toda vez que se indica una doble hip�tesis: a) Cuando (los polic�as) sean informados de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n. En lo atinente al inciso a) se abren las puertas a una enorme discrecionalidad por parte del elemento de polic�a, toda vez que no es conveniente considerar el simple hecho de ser informados de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada como un elemento de convicci�n lo suficientemente fuerte como para concluir la efectiva responsabilidad del presunto infractor, si no se apoya en otros datos que as� permitan suponerlo. Debe tenerse en cuenta que el supuesto en an�lisis utiliza un conectivo l�gico disyuntivo y no copulativo entre las dos hip�tesis, de forma tal que bastar� la simple informaci�n proporcionada por un particular, considerada aisladamente, para detener a una persona, sin necesidad de mayores elementos de convicci�n. La cuesti�n desmejora todav�a m�s cuando se considera b), concerniente a que se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n. Por lo que respecta a esta hip�tesis, cabe se�alar que incurre en las mismas insuficiencias que el anterior y, adem�s, en una falta de conexidad l�gica necesaria entre el hecho emp�rico que se toma como base de la presunci�n y la presunci�n misma. In�til resultar�a imaginar todas las posibles hip�tesis que podr�an desprenderse del hecho de que a un sujeto se le haya encontrado el objeto o instrumento de la infracci�n; baste decir que �stas pueden ir desde la posesi�n de buena fe de tales efectos, hasta la efectiva autor�a de la infracci�n administrativa. Sin embargo, es preciso hacer notar que los m�rgenes de incertidumbre que se abren con semejante presunci�n son tan extensos, que la garant�a establecida por el art�culo 16 constitucional queda virtualmente anulada, m�xime si se tiene en cuenta el historial de abusos de la polic�a preventiva del Distrito F., lo cual en la pr�ctica se traducir� en que tendr�n una facultad cuasi jurisdiccional para calificar las evidencias que se les presenten con motivo de la supuesta infracci�n. La ley que se impugna sustituye a los Jueces y al Ministerio P�blico por los polic�as, quienes tendr�n la facultad para calificar la presunci�n de la comisi�n de la infracci�n y, sobre esta base, realizar detenciones que est�n por completo al margen de toda certeza jur�dica. De lo anterior se desprende que la norma, cuya validez constitucional se pone en duda, est� otorgando a polic�as facultades que constituyen una ?ley en blanco?, ya que dif�cilmente est�n en aptitud de ejercer dichas facultades sin detrimento de la certeza requerida para garantizar la libertad y la seguridad de las personas. La incertidumbre producida por el art�culo 55 de esta nueva ley, afecta tambi�n a los propios polic�as que realizar�n la detenci�n, pues carecer�n de criterios definidos para poder determinar inequ�vocamente la identidad de la persona que se debe detener y, en consecuencia, asumir�n el riesgo de que los particulares, al verse afectados en sus derechos a la libertad y a la seguridad personal,ejerzan el derecho a la leg�tima defensa. El ejercicio de esta facultad, cuando tiene efectos vinculatorios, requerir�a del imperium reservado a quienes ejercen la funci�n jurisdiccional y, excepcionalmente, al Ministerio P�blico, ya que de lo contrario las opiniones subjetivas de particulares y polic�as tendr�an los mismos efectos que el arbitrio de los peritos en derecho competentes. Por lo anterior, se solicita a ese M�ximo Tribunal declarar la invalidez del art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., por vulnerar lo dispuesto por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sexto concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, p�rrafo primero, 19, p�rrafo primero, 21, p�rrafo primero, y 102, apartado A, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos considerados conjuntamente. Fuente de inconstitucionalidad: Art�culo 55, fracci�n II, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F.. La fracci�n II del art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. es violatoria del principio de presunci�n de inocencia que, de acuerdo con una interpretaci�n previa de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se recoge en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en sus art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, p�rrafo primero, 19, p�rrafo primero 21, p�rrafo primero y 102, apartado A, p�rrafo segundo. En efecto, la fracci�n II del art�culo 55 de la ley dispone que; ?El polic�a en servicio detendr� y presentar� al probable infractor inmediatamente ante el J., en los siguientes casos. II. Cuando sean informados de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n.?. Este art�culo es violatorio del principio de presunci�n de inocencia porque se�ala que bastar� que sean informados de la comisi�n de una infracci�n para proceder a la detenci�n de una persona. Es decir, ser� suficiente el simple dicho de una persona, sin necesidad de mayores elementos de convicci�n, para colapsar la presunci�n general de libertad e inocencia que la Constituci�n confiere a todos los gobernados. M�s a�n, bastar� tambi�n que se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n, para los mismos efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha se�alado, en la tesis aislada que enseguida se cita, que nuestra Constituci�n contiene el principio de presunci�n de inocencia. La tesis aislada que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., agosto de 2002, P.X., p�gina 14, dice a la letra: ?PRESUNCI�N DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPL�CITA EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL.? (se transcribe). No nos pasa desapercibido que de acuerdo con el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n vertido en la tesis reci�n transcrita, el principio de presunci�n de inocencia rige para la materia penal; sin embargo, toda vez que se trata de un principio, debe colegirse que tiene alcances m�s generales que las simples reglas. Debe tenerse presente que los principios son enunciados normativos que expresan los valores superiores del ordenamiento jur�dico y que son el reflejo de una determinada forma de vida; asimismo, a diferencia de las reglas jur�dicas, no est�n circunscritos a una situaci�n claramente definida, antes bien iluminan diversas situaciones del mundo social fomentando la apertura del sistema jur�dico. En este orden de ideas, no ser�a conveniente sostener que dicho principio rige s�lo para los aspectos del proceso penal propiamente dicho, antes bien posee diversas concreciones que no son necesariamente de ese car�cter. Adem�s de concretarse como un principio de naturaleza epist�mico procesal, tambi�n se constituye en una regla de trato hacia el gobernado en todas las esferas de la vida social. La libertad y la inocencia deben siempre estar presupuestas a priori. El caso que venimos considerando es de �ndole administrativa, pues se trata de una norma que se ubica en una ley que regula la materia de la justicia c�vica; sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto por el legislador ordinario, en este precepto se incluyen institutos que tienen los mismos efectos que un ordenamiento procesal penal: la detenci�n de las personas. Haciendo a un lado lo cuestionable que resulta este hecho, que se impugna en un diverso concepto de invalidez de la presente demanda de acci�n de inconstitucionalidad, el principio de presunci�n de inocencia debe tambi�n comprender la materia administrativa si en ella se contemplan institutos an�logos a los penales, como la detenci�n de las personas. Nuestra Constituci�n ha dispuesto garant�as muy fuertes para evitar que las personas sean detenidas arbitrariamente, espec�ficamente dispone como regla general para detener a una persona el libramiento de una orden de aprehensi�n con los requisitos puntuales que tienen que ser cumplimentados para tales efectos, enseguida, prev� dos excepciones estrictas a esa regla general, la flagrancia y el caso urgente. Los dos est�n justificados constitucionalmente por el grado de conocimiento que garantizan para proceder a la detenci�n de alguien, grado que no se limita a ?ser informados (los polic�as) de la comisi�n de una infracci�n?. El principio no se vulnera en el presente caso porque las condiciones f�cticas para asegurar la convicci�n del elemento de polic�a sobre la responsabilidad del infractor, que le permitir�n detenerlo, son sumamente d�biles. En efecto, el hecho de que se proceda a la detenci�n de una persona sobre la base de informaci�n proporcionada por alguien, tomada aisladamente y sin necesidad de mayores indicios, conlleva impl�citamente una presunci�n de culpabilidad, directamente contraria al principio de presunci�n de inocencia recogido por la Constituci�n. Misma reflexi�n cabe hacer respecto de la segunda hip�tesis de la fracci�n II del art�culo 55 de la ley cuya constitucionalidad se impugna. Como ya se indic� en un concepto de invalidez diverso de esta demanda, el hecho de que se encuentre en su poder (del infractor) el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n es insuficiente para justificar la afectaci�n de la libertad personal, a lo sumo podr�a considerarse como un elemento para ordenar la comparecencia del presunto infractor, sostener lo contrario implica presumir impl�citamente su culpabilidad. S�ptimo concepto de invalidez. Precepto constitucional violado: Art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de la inconstitucionalidad: Art�culo 74, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que se�ala: ?Art�culo 74.? (se transcribe). En la especie, se est� negando el acceso a la justicia durante esos seis meses que deben transcurrir a partir de la firma del convenio, en franca contravenci�n a la garant�a de recibir la debida administraci�n de justicia prevista en el art�culo 17 constitucional, que establece: ?Art�culo 17.? (se transcribe). Aqu� debe destacarse la falta de t�cnica legislativa en lo dispuesto por el art�culo 74 de la ley que se impugna, al encontrarnos frente a una redacci�n confusa y llena de imprecisiones, que invariablemente generar� en su destinatario la violaci�n a la misma por no comprenderlo y a los Jueces C�vicos facilitar� que incurran en arbitrariedad, en algunos casos involuntaria y en otros por la b�squeda de un beneficio. Una norma de este tipo s�lo genera inseguridad jur�dica al gobernado pues bien puede interpretarse que se establece una prohibici�n de proporcionar justicia c�vica durante los seis meses que transcurran a partir de la firma del convenio de conciliaci�n, raz�n suficiente para declarar su invalidez por adolecer de inconstitucionalidad. Octavo concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Art�culos 21 y 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente de inconstitucionalidad: Art�culos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que a la letra se�alan: ?Art�culo 107.? (se transcribe). ?Art�culo 108.? (se transcribe). ?Art�culo 109.? (se transcribe). ?Art�culo 110.? (se transcribe). ?Art�culo 111.? (se transcribe). El art�culo 107 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. establece la obligaci�n de la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F. de llevar el registro de infractores en donde se contenga la informaci�n de las personas que hubieren sido sancionadas, y que se integrar� con diversos datos del infractor, entre los que destacan sus huellas dactilares y su fotograf�a. En primer t�rmino, la incorporaci�n de este registro de infractores en la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., rompe con el esquema sancionador previsto en el art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en donde �nicamente se permite la aplicaci�n de sanciones por parte de la autoridad administrativa consistentes en multa o arresto por violaciones a los reglamentos gubernativos de polic�a y buen gobierno, pero en ning�n momento este precepto constitucional faculta a autoridad administrativa alguna a registrar los datos de los infractores, particularmente en cuanto a sus huellas dactilares y su fotograf�a, por lo que el hecho de que la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. permita llevar a cabo dicho registro, contrar�a el esp�ritu del mencionado art�culo 21 constitucional, al pretender ir m�s all� de lo que el legislador constituyente determin� en el mismo. De la misma forma, se viola el art�culo 22 constitucional, que establece: ?Art�culo 22.? (se transcribe). Efectivamente, al llevar a cabo este registro de infractores, la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F. aplica de manera excesiva sus facultades sancionatorias previstas en el mencionado art�culo 21 constitucional, con lo que evidentemente se actualiza la prohibici�n que establece el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica, por tratarse de las penas prohibidas que establece este precepto constitucional al tratarse de penas trascendentales que desde luego producen consecuencias negativas que atentan contra la dignidad de la persona infractora. Permitir la aplicaci�n de los art�culos correspondientes al registro de infractores, nos llevar�a al extremo de considerar que las personas infractoras de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. a pesar de haber cumplido con la sanci�n administrativa que se le hubiere impuesto, todav�a tuvieran que llevar la pena de haber sido fichadas por parte de la autoridad administrativa del Distrito F., con el consecuente deterioro de su imagen e integridad f�sica ante la comunidad, por la simple comisi�n de una falta administrativa que ya ha sido reparada a trav�s de haber cumplido con la sanci�n correspondiente, y con la aplicaci�n de dos sanciones de la misma naturaleza por la comisi�n de una sola falta administrativa. Este registro de infractores resulta a todas luces inconstitucional y violatorio de las garant�as de seguridad jur�dica previstas en el mencionado art�culo 21 constitucional, ya que ni siquiera en materia penal la ficha signal�tica, que ser�a el procedimiento administrativo similar al registro de infractores que se pretende llevar a cabo en los mencionados art�culos de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., ha encontrado sustento constitucional firme y definido en cuanto a su procedencia, en virtud de que diversos Ministros de esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n han manifestado sus opiniones en contra mediante voto particular en controversias judiciales que se han sometido a la consideraci�n del Pleno de la propia Corte, en el sentido de que dicho procedimiento administrativo es inconstitucional porque tiene consecuencias trascendentales en la vida cotidiana e integridad de las personas sujetas al mismo, adem�s de que dicho procedimiento, si bien en la pr�ctica se lleva a cabo en trat�ndose de procesos penales, tambi�n es cierto que en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no se encuentra sustento alguno que soporte dicha actuaci�n en la administraci�n de justicia. Ahora bien, si la intenci�n del legislador de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito F. fue la de implementar este registro de infractores con la finalidad de contar con una base de datos que permitiera la aplicaci�n de las sanciones correspondientes en la materia y, en su caso, determinar los casos de reincidencia, consideramos que no es necesaria la incorporaci�n de diversa informaci�n personal�sima en dicho registro de infractores, como es el caso de las huellas dactilares y la fotograf�a del infractor, ya que con los dem�s datos generales que se exigen normalmente por parte de los Jueces C�vicos, ser�a suficiente para integrar dicha base de datos y cumplir con los objetivos propuestos. Sostiene este criterio de inconstitucionalidad de los art�culos mencionados de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., el voto de minor�a que formularon los Ministros G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M. y J.N.S.M., en el amparo en revisi�n 503/95, promovido por Le�n A.S.M., fallado por el Pleno de la Suprema Corte en sesi�n p�blica del 26 de marzo de 1996, que literalmente dice: ?Voto de minor�a que formulan los Ministros: G.D.G.�ngora P., J.� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M. y J.N.S.M., en el amparo en revisi�n 503/95, promovido por Le�n A.S.M., fallado por el Pleno de la Suprema Corte en sesi�n publica del veintis�is de marzo de mil novecientos noventa y seis.? (se transcribe). Es de advertirse que la necesidad de identificar a un infractor, para efectos de poder establecer una reincidencia, en nada justifica el da�o irreparable que se lleva a cabo en la persona sujeta a registro y que recae directamente en su estima y dignidad, as� como en la parte externa del honor que se refiere a la consideraci�n que la sociedad tiene de una persona. M�xime, si en los preceptos que establecen el registro de infractores no se precisa la manera de llevarlo a cabo, dejando al arbitrio de la autoridad administrativa la posibilidad de realizarlo a�n con pr�cticas que vulnerar�an la dignidad humana. La identificaci�n que se llevar�a a cabo mediante el registro de infractores, si bien no constituye una pena, si produce los mismos efectos, al ser estigmatizante y da�ar la honra y fama del registrado. De ah� que pueda advertirse que si bien el registro de infractores se lleva a cabo una vez determinada la sanci�n, lo cierto es que constituye una pena trascendental que se�ala al sujeto dentro de la sociedad que habita de manera permanente, contraviniendo con ello lo dispuesto por el art�culo 22 constitucional, citado l�neas arriba, que proh�be las penas trascendentales. En consecuencia, se solicita a ese Tribunal Constitucional se declare la invalidez de los art�culos aqu� impugnados. Noveno concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Art�culos 4o., 18, p�rrafo cuarto y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con lo dispuesto por el pre�mbulo y los art�culos 2o., 3o., 27, 33 y 37 de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de enero de 1991; as� como en relaci�n con lo dispuesto por los art�culos 3o., 19 y 45, inciso C de la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A.. Fuente de inconstitucionalidad: La constituyen los art�culos 4o., 24, fracci�n I, 43 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. de fecha 31 de mayo de 2004. El art�culo 4o. de la ley impugnada, establece: ?Art�culo 4o.? (se transcribe). Para los efectos de esta ley, son responsables las personas mayores de once a�os que cometen infracciones. As� como las personas f�sicas o morales que hubiesen ordenado la realizaci�n de las conductas que importen la comisi�n de una infracci�n (�nfasis a�adido). Esta disposici�n vulnera la garant�a individual que a favor de los ni�os consagra el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al integrar dentro de un r�gimen sancionador y restrictivo de garant�as a los ni�os menores de 18 a�os, generando con ello que los menores sean sujetos plenamente responsables de sus actos, sin considerar la responsabilidad de los padres y la obligaci�n de apoyo institucional por parte del Estado en el desarrollo del ni�o dentro de un marco de principios y valores. En efecto, el art�culo 4o. constitucional establece como deber de los padres, el preservar los derechos del menor y satisfacer sus necesidades y la salud f�sica y mental, y determina la obligaci�n del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la ni�ez y el ejercicio pleno de sus derechos. En otras palabras, en el debido desarrollo del menor concurren obligaciones tanto de los padres como del Estado, ambos son responsables de inculcar a los ni�os el sentido de respeto hacia la ley. Debe tomarse en cuenta que los ni�os, en virtud de su edad, presentan una serie de procesos de integraci�n y desarrollo que los van insertando en diferentes �mbitos de la vida social, que precisamente en ese periodo de la vida, se encuentran en pleno desenvolvimiento biol�gico y psicol�gico, y por ello es en ese momento cuando no se encuentran en la posibilidad de dar la respuesta esperada por la sociedad. Es leg�timo atribuir a los menores la responsabilidad en la realizaci�n de conductas que si bien lesivas del orden social, no vulneran de manera considerable los valores fundamentales de la sociedad. Como lo iremos desarrollando a lo largo de este documento, la ley impugnada se encuentra llena de contradicciones en el establecimiento del sistema de responsabilidad del menor, pues si bien, por un lado se les hace sujetos plenamente responsables, por otra parte se les otorga tratamiento de objetos carentes de conciencia y susceptibles de restringirles sus garant�as con el pretexto de establecer medidas de tutela, apoyo y asistencia (es el caso de lo dispuesto por el art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., por ejemplo, seg�n detallaremos l�neas abajo). Aqu� es menester precisar qu� sujetos entran en la categor�a de ni�os a que alude el art�culo 4o. constitucional y para ello es necesario recurrir a la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o (CSDN), publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de enero de 1991; instrumento internacional que de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 133 constitucional, se integra al orden jur�dico mexicano, constituyendo Ley Suprema de la Uni�n, seg�n se abunda l�neas abajo. El art�culo 1o. de la CSDN establece que: ?Para los efectos de la presente convenci�n, se entiende por ni�o todo ser humano menor de dieciocho a�os de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayor�a de edad?. Al respecto, el art�culo 34 de nuestra Carta Magna establece que son ciudadanos los mayores de 18 a�os de edad. En igual sentido, la Ley de los Derechos de las Ni�as y Ni�os en el Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. el 31 de enero de 2000, se�ala que es ni�o ?todo ser humano menor de 18 a�os de edad? (art�culo 3o., fracci�n XVII). En consecuencia, seg�n la normatividad aplicable en nuestro pa�s, se es ni�o antes de cumplir los 18 a�os de edad. Ahora bien, en la parte conducente, el art�culo 4o. constitucional establece: (se transcribe). Para desentra�ar el sentido que orienta este preceptoconstitucional, en el que se tutela el derecho del menor a la salud f�sica y mental y a su subsistencia b�sica, y la correlativa responsabilidad de los padres y del Estado, acudamos a la exposici�n de motivos y dict�menes de la iniciativa de reformas y adiciones al art�culo 4o. constitucional, de 3 de febrero de 1983, como mecanismo que nos permita conocer los valores que se pretendieron salvaguardar por el Poder Constituyente Permanente. En la exposici�n de motivos de la iniciativa de reforma al art�culo 4o. constitucional, se estableci� que dicho precepto contiene derechos y ?principios de la mayor trascendencia para el bienestar de la familia; la igualdad del hombre y la mujer; la organizaci�n y desarrollo familiares; la paternidad responsable, cimiento de la planificaci�n familiar libre e informada; el derecho del menor a la salud f�sica y mental y a su subsistencia b�sica, y la correlativa responsabilidad del Estado.? (�nfasis a�adido). En el dictamen de la iniciativa de reformas de 1983 al art�culo 4o. constitucional, que se realiz� en la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, se estableci� la b�squeda de preservar el desarrollo de la familia, y establecer el deber de los progenitores de preservar el derecho que tienen los menores a atender sus necesidades, y muy especialmente su salud tanto f�sica como mental, partiendo del concepto de salud que proporciona la Organizaci�n Mundial de la Salud, es decir, un estado de completo bienestar f�sico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedad. En este dictamen se afirm� que el art�culo 4o. constitucional, as� adicionado, ?se constituir� indudablemente, en la medida en que tienda a la protecci�n de la parte m�s sensible de la sociedad, la familia, la ni�ez y los beneficios fundamentales para la vida digna de los hombres, en un verdadero cat�logo trascendente de los m�nimos de bienestar elevados a la m�xima jerarqu�a jur�dica?. En efecto, de una interpretaci�n del art�culo 4o. constitucional, mediante el estudio de los dict�menes y exposici�n de motivos referidos, puede advertirse que dicho precepto tambi�n preserva la salud de la ni�ez en su sentido m�s amplio, es decir, como un estado completo de bienestar f�sico, mental y social. Por ello se considera que el art�culo 4o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., atenta contra el bienestar mental del ni�o, someti�ndolo a detenciones arbitrarias en donde primero se presume su culpabilidad y despu�s se le da derecho de audiencia, y exigi�ndole una plena responsabilidad, dejando de lado los deberes de los padres y la subsidiariedad del Estado en el cumplimiento de los mismos. La interpretaci�n aqu� realizada, debe observarse a la luz de la tesis plenaria XXXVIII/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., abril de 1998, p�gina 117, que textualmente se�ala: ?INTERPRETACI�N DE LA CONSTITUCI�N. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.? (se transcribe). Es evidente que el texto actual del art�culo 4o. constitucional en lo relativo a menores, incluye la protecci�n a �stos, pero lo que se pretende es reforzar dicha disposici�n al hacer extensiva al Estado y a la sociedad, la obligaci�n de velar por dicha protecci�n. El Estado, como expresi�n m�xima de la organizaci�n jur�dica pol�tica del pa�s, debe ser confirmado como el principal garante del sano desarrollo de los menores, ofreciendo a �stos canales efectivos para propiciar el respeto a la dignidad de la ni�ez y el disfrute y ejercicio de sus derechos. Es innegable la intenci�n del legislador constitucional al corresponsabilizar al Estado y a la sociedad en proteger los derechos de los ni�os y las ni�as al amparo del art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se les garantice un desarrollo arm�nico y saludable en el marco de sus derechos constitucionales perfectamente garantizados y protegidos. Tan es as�, que la intenci�n permanente del Constituyente ha sido fortalecer estos derechos y protecci�n mediante las reformas constitucionales y legales correspondientes. Debe tomarse en cuenta que por su falta de madurez f�sica y mental, los ni�os necesitan protecci�n y cuidados especiales, y que si tal protecci�n y cuidados no fueron suficientes para evitar que el ni�o infringiera la ley, existe la corresponsabilidad del Estado y de los padres o tutores del menor. Sin embargo, al establecerse en la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., sanciones privativas de la libertad, e incluir a los ni�os dentro de su r�gimen de aplicaci�n, se pasa por alto que en el caso de los ni�os, la detenci�n debe utilizarse siempre como �ltimo recurso y atendiendo sobre todo al inter�s superior del ni�o, es decir, s�lo en el caso de delitos, tal como lo ordena el art�culo 45, inciso C, de la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A. (LPDNNA), publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 29 de mayo de 2000, mas no en trat�ndose de infracciones de polic�a y buen gobierno, por lo que de ninguna manera se justifica la aplicaci�n de dichas sanciones. Estos principios se plasman en la CSDN, que como lo mencionamos anteriormente, es de aplicaci�n obligatoria en nuestro pa�s, en virtud de que as� lo establece el art�culo 133 constitucional que consagra el principio de supremac�a constitucional, en los siguientes t�rminos: ?Art�culo 133.?(se transcribe). De lo establecido en este precepto constitucional se puede deducir que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano respecto de la Constituci�n F. y, por tanto, su observancia es obligatoria, por lo que se deben respetar las disposiciones contenidas en los mismos. Esto es as� porque los tratados internacionales son compromisos asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades tanto federales como estatales y municipales frente a la comunidad internacional, por tanto, su acatamiento resulta obligatorio. En consecuencia, cualquier ley o disposici�n normativa que se expida con posterioridad a la entrada en vigor de un acuerdo o tratado internacional, en contravenci�n al mismo, deber� decretarse como inconstitucional, tal como se detalla m�s adelante. La CSDN fue aprobada por el Senado de la Rep�blica Mexicana el 19 de junio de 1990, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 31 de julio de 1990; entr� en vigor en M�xico el 21 de octubre de 1990. Su �ltima modificaci�n fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n, ello de junio de 1998, por tanto, es de aplicaci�n obligatoria, incluso por encima de las leyes federales, tal como lo ha resuelto esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los siguientes t�rminos: ?TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JER�RQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.? (se transcribe). Las consideraciones hasta aqu� realizadas, constituyen el sustento para afirmar que el art�culo 4o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., resulta violatorio directamente del art�culo 4o. constitucional, al incluir a los ni�os dentro de un sistema represivo, haci�ndolos plenamente responsables por sus actos y, contradictoriamente, restringi�ndoles sus garant�as con el pretexto de establecer un sistema tutelar (es el caso de lo previsto por el art�culo 43 que autoriza la privaci�n de la libertad del menor durante 6 horas en tanto llegan las personas que tienen su custodia; o bien, al no prever el derecho del ni�o a ser informado inmediatamente del motivo de su acusaci�n o, incluso, al establecer una sanci�n de amonestaci�n para el caso de los menores, en franca violaci�n de sus garant�as, especialmente del art�culo 21 constitucional, seg�n se detallar� adelante). Adicionalmente, del art�culo 4o. de la ley que se impugna, deriva una violaci�n directa del art�culo 133 al ir en contra de las disposiciones de la CSDN, que en la parte que interesa, establece: (se transcribe). En esencia, las violaciones detectadas en la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. a la CSDN, son las siguientes: 1. El art�culo 4o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. que incorpora a los ni�os en un r�gimen sancionador que se aplica a mayores de 18 a�os resulta violatorio de lo dispuesto por el art�culo 18, p�rrafo cuarto, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que prev� el establecimiento de un r�gimen especial para los menores infractores, es decir, obliga al establecimiento de un r�gimen especial para los menores que cometen delitos, m�xime si se trata de un r�gimen de infracciones administrativas, que en consecuencia debe ser de car�cter especial y de ninguna manera se autoriza a someterlos al mismo r�gimen de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. que tiene el car�cter de general. Esto es as�, porque la edad menor hace presumir una mayor posibilidad de reintegraci�n social y familiar. Asimismo, se vulnera lo dispuesto en el pre�mbulo de la CSDN que obliga al establecimiento de un r�gimen especial aplicable a los derechos y cuidados de los ni�os, dada su falta de madurez f�sica y mental. 2. El art�culo 24, fracci�n I, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. vulnera lo dispuesto por el pre�mbulo de la CSDN, que prev� que los ni�os que viven en condiciones excepcionalmente dif�ciles requieren especial consideraci�n; por tanto, dicho art�culo 24, en su fracci�n I, y cuyo objeto de aplicaci�n son los conocidos ?limpia parabrisas?, da trato igualitario a los ni�os que dada su pobreza ofrecen servicios en la calle, siendo por todos conocido que en M�xico, los llamados ?limpia parabrisas? son en su mayor�a menores de edad. El art�culo 24, fracci�n I, de dicha ley vulnera asimismo, lo dispuesto por el art�culo 2o. de la CSDN, que establece la obligaci�n de los Estados a la adopci�n de medidas que protejan al ni�o contra toda forma de discriminaci�n o castigo por causa de su condici�n o las actividades que realicen. El precepto aludido de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. establece un r�gimen de justicia c�vica de autor, es decir, de ?limpia parabrisas? y no de justicia c�vica de acto, que ser�a el ideal. 3. El art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., vulnera lo dispuesto por los art�culos 3o., 27, numeral 3 y 37, incisos b), c) y d), de la CSDN, que establecen la obligaci�n de que en todas las medidas adoptadas se atienda al ?inter�s superior del ni�o?; la obligaci�n de los Estados de adoptar medidas para coadyuvar con las personas responsables de los ni�os, a hacer efectivo su derecho a contar con un nivel de vida adecuado para su desarrollo f�sico, mental, espiritual, moral y social; que la detenci�n del ni�o se utilizar� s�lo como medida de �ltimo recurso y durante el periodo m�s breve que proceda, es decir, s�lo para el caso de delitos; que los ni�os privados de su libertad deben ser tratados con humanidad y respeto que merece la dignidad humana, teniendo en cuenta las necesidades de su edad y que los ni�os privados de su libertad, tienen derecho a un pronto acceso a la asistencia jur�dica y otra asistencia adecuada. Abundaremos sobre ello l�neas adelante. 4. El art�culo 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. vulnera lo dispuesto por los art�culos 33 y 37, incisos b) y d), de la CSDN, que prev�n la obligaci�n de los Estados de adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de cualquier �ndole, para proteger al ni�o del uso il�cito de drogas o de su utilizaci�n en la producci�n y tr�fico il�cito de las mismas, as� como el imperativo de que la detenci�n del ni�o se utilice como �ltimo recurso y que el ni�o privado de su libertad tiene derecho a un pronto acceso a la asistencia jur�dica y otro tipo de asistencias adecuadas. Tambi�n se abunda posteriormente. La obligatoriedad de la observancia del pre�mbulo de la CSDN se deriva de lo dispuesto por el art�culo 31, numeral 2, de la Convenci�n de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por el Senado de la Rep�blica el 29 de diciembre de 1972, seg�n decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del 28 de marzo de 1973, con entrada en vigor en M�xico el 27 de enero de 1980, que establece que para efectos de la interpretaci�n de un tratado, el contexto comprender� su pre�mbulo y anexos. En suma, los art�culos 4o., 24, fracci�n I, 43 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., son directamente violatorios de lo dispuesto por el art�culo 133 de la Constituci�n Pol�tica del Distrito F., al ir en contra de los aludidos preceptos de la CSDN. Por otra parte, tambi�n existen violaciones indirectas al art�culo 4o. constitucional, mediante la franca contradicci�n a la LPDNNA, en los siguientes t�rminos: 1. El art�culo 24, fracci�n I, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. vulnera lo dispuesto en el art�culo 3o. de la LPDNNA, seg�n las consideraciones ya mencionadas respecto de la justicia c�vica del actor, en virtud de que este precepto declara que su objetivo es asegurar a los ni�os un desarrollo pleno e integral, siendo principio rector el de la no discriminaci�n por ninguna raz�n ni circunstancia. 2. El art�culo 4o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. vulnera lo dispuesto por el art�culo 3o. de la LPDNNA, que establece el principio de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, as� como el principio del inter�s superior de la infancia, en virtud de que el citado art�culo 4o. traslada a los menores toda la responsabilidad por sus actos, olvidando que la responsabilidad corresponde tambi�n a los padres y al Estado, y que si el ni�o infringi� la ley es porque alguno de los dos primeros ha fallado. 3. El art�culo 4o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., vulnera lo dispuesto por el art�culo 45, inciso c, de la LPDNNA, al someter a este r�gimen sancionador a los ni�os menores de 18 a�os de edad, con la consecuente posibilidad de imponer penas privativas de libertad, en franca contravenci�n al referido art�culo 45, inciso c, que establece el imperativo de que la privaci�n de la libertad de los ni�os sea aplicada siempre que se acredite fehacientemente que se infringi� gravemente la ley penal. Es evidente, que la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no es de car�cter penal, por lo que resulta carente de legalidad la imposici�n de arresto a los menores por la comisi�n de infracciones administrativas. 4. El art�culo 4o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., vulnera lo dispuesto por el art�culo 19 de la LPDNNA que prev� que las ni�as, ni�os y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso tanto f�sico como mental material, espiritual, moral y social. Es evidente, que al someter a los menores al tipo de procedimientos de justicia c�vica que prev� la ley que se combate, puede determinar, la existencia de un rechazo social en el ni�o. 5. El art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., violenta lo dispuesto por el art�culo 45, inciso c, de la LPDNNA, que establece la obligaci�n de que las normas establezcan las bases para asegurar a ni�as, ni�os y adolescentes, que la privaci�n de la libertad sea aplicada siempre y cuando se haya comprobado que se infringi� gravemente la ley penal y como �ltimo recurso, durante el periodo m�s breve posible, atendiendo al principio del inter�s superior de la infancia, es decir, s�lo para el caso de il�citos penales y no de faltas administrativas que son las que regula la ley cuestionada. La LPDNNA encuentra su fundamento en lo dispuesto por el p�rrafo sexto del art�culo 4o. constitucional, seg�n expone su propio art�culo 1o. y, por tanto, al existir violaciones a una ley reglamentaria de un precepto constitucional, existe fundamento legal para declarar la invalidez de los preceptos que se impugnan de conformidad con la jurisprudencia firme, que establece: ?ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA.? (se transcribe). D�cimo concepto de invalidez. Preceptos constitucionales violados: Art�culos 21 y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, este �ltimo, directamente vinculado con lo dispuesto por los art�culos 3o., numeral 1, 37, incisos b), c) y d), de la CSDN; 3o. y 45, inciso c de la LPDNNA y 4o., fracci�n I y 60, fracci�n X, de la Ley de los Derechos de las Ni�as y Ni�os en el Distrito F.. Fuente de inconstitucionalidad: Art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. de fecha 31 de mayo de 2004. El art�culo 43 de la ley impugnada establece: (se transcribe). Como puede advertirse, el precepto en cita privilegia la detenci�n del menor, al menos por un lapso de seis horas, con independencia de que aun no se le haya determinado su responsabilidad, en virtud de que ni siquiera se le ha informado el motivo de su imputaci�n. Recordemos que entre las disposiciones de la CSDN de aplicaci�n obligatoria en nuestro pa�s, se establece como imperativo el privilegiar el ?inter�s superior del ni�o? (art�culo 3o., numeral 1) que la detenci�n del ni�o debe establecerse como �ltimo recurso y durante el periodo m�s breve que proceda (art�culo 37, inciso b) y �nicamente cuando se trate de actos il�citos de car�cter penal, que los ni�os privados de su libertad deben ser tratados con humanidad y respeto que merece la dignidad humana, teniendo en cuenta las necesidades de su edad (art�culo 37, inciso c), y que los ni�os privados de su libertad tienen derecho a un ?pronto acceso a la asistencia jur�dica? (art�culo 37, inciso d). Contrario a ello la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., en su art�culo 43 establece, primero, la detenci�n del ni�o hasta por 6 horas sin haberle determinado su responsabilidad, adem�s se le da un trato negativo y segregativo de inimputable al esperar a que acuda quien tenga su custodia de hecho o de derecho, independientemente de que no se les presta asistencia jur�dica de manera inmediata al esperar 6 horas antes de llevar a cabo la audiencia. Asimismo, existe una franca contravenci�n a lo dispuesto por la LPDNNA, en sus art�culos 3o. y 45, inciso c, que establecen la observancia del ?inter�s superior de la infancia? y la obligaci�n de que la privaci�n de la libertad sea aplicada siempre y cuando se haya comprobado que se infringi� gravemente la ley penal y como �ltimo recurso, en los t�rminos anteriormente apuntados, durante el periodo m�s breve posible, atendiendo al inter�s superior de la infancia. Resulta evidente que en el caso de justicia c�vica no se ha infringido la ley penal. Asimismo, se infringe lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Ni�as y Ni�os en el Distrito F., en sus art�culos 4o., fracci�n I y 60, fracci�n X, que establecen el ?inter�s superior de las ni�as y ni�os?, principio que implica dar prioridad al bienestar de las ni�as y ni�os ante cualquier otro inter�s que vaya en su perjuicio; asimismo, se establece como derechos de los ni�os y ni�as a conocer su situaci�n legal en todo momento. Evidentemente, durante las seis horas de detenci�n que establece el art�culo 43 de la ley que se impugna, los ni�os desconocen su situaci�n legal. En consecuencia, el art�culo 43 de la ley cuestionada se traduce en una violaci�n a los art�culos 3o., numeral 1o. y 37, incisos b), c) y d), de la CSDN y en consecuencia de lo dispuesto por el art�culo 133 constitucional, seg�n las consideraciones que se vertieron anteriormente; as� como de los art�culos 3o. y 45, inciso c, de la LPDNNA y 4o., fracci�n I y 60, fracci�n X, de la Ley de los Derechos de las Ni�as y Ni�os en elDistrito F.. Por ende, el art�culo 43 debe declararse inconstitucional. Por otra parte, el �ltimo p�rrafo del art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. prev� como sanci�n a imponer a los menores de 18 a�os, una amonestaci�n. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 24, numeral 9 del C�digo Penal F., la amonestaci�n es una pena que consiste en ?la advertencia que el J. dirige al acusado, haci�ndole ver las consecuencias del delito que cometi�, excit�ndolo a la enmienda y conmin�ndolo con que se le impondr� una sanci�n mayor si reincidiere? (Ibidem, art�culo 42). Es de advertirse que el establecimiento de la amonestaci�n como sanci�n vulnera lo dispuesto por el art�culo 21 constitucional, que limita las sanciones que se pueden imponer por infracciones a los reglamentos gubernativos y de polic�a, a que �nicamente ?multa? o ?arresto hasta por treinta y seis horas?, sin la posibilidad de imponer sanciones como la amonestaci�n. Aqu� vale la pena realizar una reflexi�n en el sentido de que con el establecimiento aparentemente benevolente de una pena, de menor trascendencia a los menores, o una desviada utilizaci�n del anacr�nico derecho de correcci�n por parte del Estado, se pasa de largo que, de hecho, se est�n restringiendo al menor sus derechos constitucionales, especialmente, por lo que hace a las disposiciones constitucionales de los art�culos 21 y 133. En consecuencia, el art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. debe declararse inconstitucional. D�cimo primer concepto de invalidez. Precepto constitucional violado: Art�culos 16, 21 y 133 constitucionales, este �ltimo en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 33 de la CSDN. Fuente de la inconstitucionalidad: La constituyen los art�culos 31 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. de fecha 31 de mayo de 2004, al establecer, el primero de ellos: ?Art�culo 31.? (se transcribe). Al respecto debe considerarse que la ebriedad e intoxicaci�n disminuye la capacidad de comprender el car�cter il�cito de la actuaci�n y de conducirse de acuerdo a esta comprensi�n, por lo que es contrario a toda interpretaci�n l�gica, el sostener que estas circunstancias incrementan el grado de peligrosidad del individuo, de ser as�, el J. C�vico cuenta con arbitrio suficiente para motivar tal circunstancia. Asimismo, es causa de inseguridad jur�dica el carecer de una distinci�n para los casos en que el infractor se haya colocado en ese estado de intoxicaci�n sin intenci�n de infringir la ley, y los casos en que el infractor se coloque en estado de imputabilidad disminuida con toda la intenci�n de cometer faltas de polic�a y buen gobierno. Baste tomar como referencia que en materia penal, r�gimen tambi�n de car�cter sancionador, las circunstancias de ebriedad e intoxicaci�n, constituyen lo que se conoce como acciones libres en su causa, que disminuyen la pena cuando el sujeto activo no se ha colocado dolosamente en estado de inimputabilidad (art�culos 29, fracci�n VII y 65 del Nuevo C�digo Penal para el Distrito F.); sin embargo, la sanci�n por la comisi�n del delito prevalece cuando el sujeto se coloc� en estado de trastorno mental para cometer el delito. Ahora bien, la violaci�n a lo dispuesto por el art�culo 133 constitucional se centra en la contravenci�n a lo previsto por el art�culo 33 de la CSDN, de aplicaci�n obligatoria en nuestro pa�s, seg�n las consideraciones realizadas con anterioridad, que obliga a los Estados parte a adoptar las medidas apropiadas para proteger a los ni�os contra el uso il�cito de los estupefacientes y sustancias psicotr�picas, de la siguiente forma: ?Art�culo 33.? (se transcribe). Resulta evidente, que la drogadicci�n no puede considerarse como una agravante, si tomamos en cuenta la responsabilidad del Estado en proporcionar a los habitantes, especialmente a los ni�os, las medidas pertinentes para evitar esta situaci�n. Se advierte que si un individuo ha incurrido en drogadicci�n, el Estado ha fallado. Mucho se ha escrito sobre la inimputabilidad generada por el estado de drogadicci�n, llegando a considerar inclusive, que los adictos a determinadas sustancias deben ser tratados m�s que como infractores, como enfermos. Por otra parte, el art�culo 60 de la Ley de Cultura C�vica establece: ?Art�culo 60.? (se transcribe). El precepto en cita se contrapone a lo previsto por el art�culo 21 constitucional, en la parte que se�ala: (se transcribe). Debe advertirse, que la detenci�n por infracciones c�vicas no puede exceder de treinta y seis horas y que el t�rmino para computarlo deber� ser a partir de que el infractor es puesto a disposici�n de la autoridad administrativa (Jueces C�vicos), esto es, que el acto de molestia en su persona, desde el momento de la detenci�n, debe estar debidamente fundado y motivado, ya que de lo contrario tambi�n se viola el art�culo 16 constitucional, mismo que establece en el primer p�rrafo lo siguiente: ?Art�culo 16.? (se transcribe). Por tanto, el infractor, desde que es puesto a disposici�n de la autoridad administrativa, se ve privado de su libertad personal, independientemente en el estado f�sico alterado en que se encuentre y de que sea ubicado en secci�n especial para su recuperaci�n, por lo que resulta inconstitucional a todas luces que a efecto de imponerle como sanci�n el arresto se tome como base el momento en que se le considere que est� recuperado, y no desde el momento en que es objeto de la detenci�n, ya que de acuerdo al art�culo 16 constitucional el infractor debe ser juzgado de conformidad al reglamento de polic�a y buen gobierno que haya infringido, en este caso, la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. y de inmediato sancionarlo, tomando en cuenta para el c�mputo de la sanci�n que le corresponda todo el tiempo que ha estado a su disposici�n, ya que de actuar de acuerdo a lo que se�ala el art�culo controvertido se estar�an imponiendo a la vez dos sanciones administrativas, a saber: una por la comisi�n de la infracci�n y otra por el solo hecho de encontrarse en estado de inimputabilidad derivado de adicciones. Finalmente, manifestamos nuestra plena convicci�n de que mediante la acci�n de inconstitucionalidad que es un medio de control constitucional por v�a de acci�n, al alcance de los poderes y �rgano legislativos, procurador general de la Rep�blica y Partidos Pol�ticos, esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n haciendo uso de su potestad para determinar la inconstitucionalidad y legalidad de los actos o disposiciones generales, fortalecer� el Estado de derecho y consolidar� la supremac�a constitucional. Por todo lo expuesto, atentamente solicitamos a ese M�ximo Tribunal admitir y en su momento declarar la procedencia de la v�a, por estar apegada a la Constituci�n y su hermen�utica superior de proveer, vigilar y controlar la constitucionalidad de los actos de los poderes p�blicos y los �rganos que los integran, y en su caso, suplir la deficiencia de los planteamientos esgrimidos, tomando en cuenta que el sistema previsto para las acciones de inconstitucionalidad no se circunscribe a los argumentos hechos por las partes, tal como se consider� en la siguiente tesis: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS.? (se transcribe). Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 68/96, p�gina 325. Si bien la tesis jurisprudencial que se cita se refiere a la materia de controversias constitucionales, el principio de suplencia es un principio general que perfectamente puede aplicarse en otras instituciones jur�dicas. M�s a�n, junto con el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acci�n de inconstitucionalidad, comparten la misma naturaleza de servir de medios del control constitucional y constituyen en su conjunto un sistema integral de justicia constitucional, por favorecer a su verdadera finalidad: la justicia en el ejercicio del poder, con todo lo que esto significa, como son el respeto a la supremac�a constitucional, el equilibrio entre los �rganos de poder, sancionar la invasi�n de esferas y la defensa y garant�as de los derechos humanos fundamentales; por lo que el criterio que se cita resulta aplicable a la acci�n que por esta v�a se ejercita."
TERCERO. Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 1o., 2o., 4o., 5o., 11, 16, 17, 18, p�rrafo cuarto, 21, 22, 23, 123, fracci�n III y 133.
CUARTO. Mediante prove�do del treinta de junio de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� el turno del asunto designando como instructora, a la Ministra M.B.L.R..
Por diverso acuerdo del cinco de julio siguiente, la Ministra instructora admiti� la acci�n de inconstitucionalidad con el n�mero 21/2004; orden� dar vista a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno, ambos del Distrito F., para que rindieran sus respectivos informes; dio vista al procurador general de la Rep�blica para que formulara el pedimento correspondiente; reconoci� el car�cter de representantes comunes a las diputadas I.I.L. y Mar�a C.E.L.; se destac� que la acci�n de inconstitucionalidad no se ten�a por presentada respecto de los diputados F. de P.A.A. y M.T.D.P., al no haber firmado el oficio respectivo; se tuvo por se�alado domicilio para o�r y recibir notificaciones, y por autorizadas a las personas que se se�alan como delegados; se tuvieron por ofrecidas las pruebas exhibidas, ordenando formar los cuadernos de pruebas; se requiri� al presidente de la Comisi�n de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito F. que remitiera copia certificada de los antecedentes del proceso legislativo de la ley impugnada, y para que informara los nombres de los diputados que integran la tercera legislatura, y se requiri� al coordinador de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito F. la remisi�n de copia certificada de diversas documentales que le solicitaron al presidente de la Comisi�n de Seguridad P�blica de la propia Asamblea.
Los requerimientos de m�rito fueron cumplidos con posterioridad, seg�n se aprecia en el acuerdo del quince de julio siguiente.
QUINTO. Mediante oficio del once de agosto del mismo a�o, el jefe de gobierno del Distrito F. rindi� su respectivo informe, destacando por cuanto hace a los conceptos de invalidez, lo siguiente:
? Los art�culos 9o., fracci�n XVI, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no transgreden los numerales 5o., 21 y 123, apartado A, fracci�n III, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Asamblea Legislativa del Distrito F. tiene la facultad de normar la justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno. Adem�s, el art�culo 21 constitucional se refiere a la competencia de autoridades administrativas derivadas de reglamentos gubernativos, ordenamientos que no expide la Asamblea Legislativa del Distrito F.. Las actividades de apoyo a la comunidad no constituyen "pena", son s�lo una prerrogativa para los infractores, considerando que otra definici�n de prerrogativa, es exenci�n que en la especie es que los infractores queden exentos de pagar multa o ser arrestados. La ley impugnada no faculta a los Jueces C�vicos a hacer uso de la fuerza p�blica para obligar al infractor a realizar actividades de apoyo a la comunidad, sin que estas actividades violen el art�culo 5o. de la Carta Magna, porque se llevan a cabo con el consentimiento del infractor. Las actividades de apoyo a la comunidad no quedan enmarcadas en el art�culo 123 del Ordenamiento Fundamental, ya que no implican relaciones entre trabajadores y patrones, adem�s la ley que se reclama otorga trato espec�fico a los mayores de once a�os y menores de dieciocho. La Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales de la Administraci�n P�blica del Distrito F. cuenta con la atribuci�n solamente para establecer un cat�logo de actividades de apoyo a la comunidad, que se elabora con base en las propuestas que hagan las dependencias y delegaciones.
? El art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no contraviene los diversos numerales 2o. y 133 constitucionales, porque el citado art�culo 2o. no exige que los ind�genas que hablen espa�ol puedan ser asistidos de traductor o int�rprete y porque el precepto legal cuestionado no regula, directa o indirectamente, derechos de los miembros de pueblos ind�genas.
? Los art�culos 6o., 24, fracciones I, VI y VII, y 25, fracciones XI y XII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. tienen la debida motivaci�n, pues responden a los criterios asumidos por las Comisiones Dictaminadoras de la Asamblea Legislativa del Distrito F.. Las conductas reguladas en la disposici�n legal reclamada afectan la tranquilidad de las personas y no permiten una convivencia arm�nica, dado que jur�dicamente no es dable a nadie obligarlo a recibir un servicio contra su voluntad y presionarlo para hacer un pago a cambio, pues se requiere un acuerdo de voluntades. Era necesario regular la prostituci�n, porque genera afectaci�n en las actividades cotidianas de los vecinos. De igual manera, se regulan las actividades en las inmediaciones de toda oficina p�blica relativas a gestiones y tr�mites diversos a cambio de un pago adicional al costo de los servicios que se ofrecen en dichas oficinas, pues se afecta al interesado y a la persona que los realiza por s� mismos. La regulaci�n de la conocida como "reventa" en los espect�culos p�blicos, ya estaba contemplada en la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. abrogada, y era necesaria porque se afectaba la certeza de los asistentes sobre el acceso a los espect�culos por los precios autorizados por las empresas o autoridad. No debe permitirse a cualquier persona que se suba a una barda para observar en el interior de un inmueble ajeno, aun cuando se alegue que es una pr�ctica com�n. No hay contradicci�n con lo previsto en el art�culo 23 de la Constituci�n F.. Las disposiciones legales que se cuestionan no provocan inseguridad jur�dica, pues adem�s de que la sanci�n que se impone al infractor es administrativa, se hace constar en la boleta de remisi�n al J. C�vico los datos necesarios para la determinaci�n de la existencia de alguna responsabilidad. Es inoperante lo que se alega en torno a que se quebranta la garant�a de libre tr�nsito, porque las conductas reguladas no se refieren al tr�nsito o circulaci�n de personas, sino a que �stas no ocupen ciertos accesos e inmediaciones de oficinas p�blicas. Todo lo anterior demuestra que la ley combatida est� debidamente fundada y motivada.
? Los art�culos 24, fracciones I, IV, V y VI, y 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIII, XV y XVII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. al regular los insultos, obedece al calificativo que se le ha dado a dichas conductas, lo que demuestra que la ley est� debidamente motivada. En otro aspecto, es obligaci�n del Estado ejercer la funci�n de sancionar conductas a efecto de brindar a los particulares resguardo jur�dico a la tranquilidad ciudadana y al pac�fico disfrute de los derechos, otorgar el derecho a la protecci�n judicial, preservar garant�as, asegurar proximidad policial y generar confianza en las instituciones y en sus responsables. La dimensi�n objetiva de los problemas se toma en cuenta al establecer el registro de infractores.
? Es infundada la impugnaci�n del art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., porque la conducta sancionada es una infracci�n c�vica, no se maneja desde el �mbito penal para pensar que es violatorio del art�culo 16 constitucional. La actuaci�n policiaca prevista en el dispositivo impugnado es la id�nea para garantizar la eficacia de la ley, pues sin detenci�n y presentaci�n ante J. C�vico, la oportunidad para sancionar las conductas antisociales en este �mbito, se habr� perdido. No es verdad que corresponda al polic�a calificar las evidencias, pues s�lo compete al J. C�vico, quien determinar� la existencia o inexistencia de la responsabilidad administrativa, y no se viola el principio de presunci�n de inocencia, en virtud de que el polic�a detendr� y presentar� al probable infractor cuando presencie la comisi�n de la infracci�n o cuando sea informado por un testigo presencial de los hechos, de que se ha cometido un delito y se encuentran evidencias o indicios que hagan presumir de manera fundada, la intervenci�n del probable responsable.
? El art�culo 74, p�rrafo tercero, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no conculca el numeral 17, p�rrafo segundo, de la Constituci�n F. pues no se niega el acceso a la justicia durante el plazo de seis meses que deben transcurrir despu�s de firmado el convenio entre el infractor y el quejoso; por el contrario, es una garant�a de seguridad jur�dica, pues aunado a ello, no existe obst�culo para que el J. C�vico vuelva a intervenir ante la comisi�n de una nueva infracci�n.
? El registro de infractores que prev�n los art�culos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no quebranta los numerales 21 y 22 de la Carta Magna porque no se trata de una sanci�n o pena, ni se prev� como tal, ya que se pretende que la identificaci�n de una persona tienda a preservar el orden y la tranquilidad p�blica en el Distrito F., as� como la instrumentaci�n de programas de desarrollo social y de prevenci�n de adicciones. Por esos motivos, no puede afirmarse que constituye una pena infamante o estigmatizante.
? T. a la inconstitucionalidad planteada del art�culo 4o. en relaci�n con los numerales 42, fracci�n I y 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. debe decirse que la Constituci�n F. no proh�be imputar responsabilidad administrativa a los menores de edad por sus infracciones a los reglamentos administrativos y de polic�a; por tanto, no es ileg�timo atribuir a los menores la responsabilidad en la realizaci�n de conductas que da�an o alteran la paz social debiendo resaltarse el que contrario a como lo afirman los accionantes, no se les da el mismo trato a �stos, que a un mayor de edad, pues adem�s, no se les puede aplicar m�s que una amonestaci�n.
? El art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no contraviene los numerales 21 y 133 constitucionales, pues las faltas administrativas no pueden quedar impunes, m�xime que lo que se busca en los menores, es la educaci�n, de ah� que se prevea un tratamiento especial y diferenciado al de los adultos y requiera de la asistencia de quien los represente legalmente.
? Los art�culos 31 y 60 de la ley impugnada no quebrantan los art�culos 16, 21 y 133 constitucionales, en relaci�n con lo previsto en el numeral 33 de la Convenci�n sobre Derechos del Ni�o, pues los trastornos mentales que puedan sufrir los infractores tienen un trato diverso al que se regula para los que realicen una conducta infractora bajo el consumo de bebidas o sustancias enervantes, que no quedan excluidos de sanciones administrativas, aun siendo mayores de once a�os y menores de dieciocho, pues el hecho de que se les d� tiempo necesario para salir de los efectos de tales sustancias, no provoca que el J. C�vico extienda indefinidamente el tiempo para llevar a cabo la audiencia respectiva. Por el contrario, esto es a favor del detenido.
SEXTO. La presidenta de la Comisi�n de Gobierno y representante legal de la Asamblea Legislativa del Distrito F., III Legislatura al formular su informe se�al� en s�ntesis, respecto de los conceptos de invalidez, lo siguiente:
? Es deficiente y carente de t�cnica jur�dica el primer concepto de invalidez que se basa en que los art�culos 9o.,fracci�n XI, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. violan lo dispuesto en los art�culos 5o., 21 y 123, apartado A, fracci�n III, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos conforme a lo manifestado por los accionantes en los siguientes t�rminos: Argumentan que las actividades de apoyo a la comunidad van en contra del art�culo 5o. de la Constituci�n porque se establece la imposici�n de trabajos personales sin retribuci�n como pena por autoridad judicial; sin embargo, la naturaleza jur�dica de las penas impuestas por un delito difieren de aquellas del �mbito administrativo, ya que antes que sanciones, constituyen un beneficio otorgado al infractor para no verse afectado de su libertad durante el tiempo de su arresto administrativo o de una multa; consecuentemente el infractor no es obligado sino voluntario a realizar las actividades de apoyo a la comunidad. La Ley de Cultura C�vica define en su art�culo 35 que las actividades de apoyo a la comunidad es un servicio voluntario y honor�fico derivado de una sanci�n administrativa y no como lo disponen los art�culos 5o. y 123 de la Constituci�n, por lo que no deben confundirse los conceptos. Por lo anterior no se privar�a al infractor del producto de su trabajo, como lo refieren los promoventes porque las actividades se deben realizar fuera de la jornada laboral del infractor. Refieren los promoventes, que se viola el art�culo 123, apartado A, fracci�n III, que proh�be la utilizaci�n del trabajo de menores de 14 a�os. Resulta falso e inoperante lo manifestado por los accionantes ya que el art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica establece que un menor que resulte responsable ser� amonestado por el J. con su consecuencia jur�dica y social, y cuando se actualicen supuestos a que hace referencia el numeral o sea reincidente, ser� acreedor a multa o arresto; por lo que de su interpretaci�n se deduce que el menor no podr� ser obligado a realizar las actividades de apoyo a la comunidad. Manifiestan los accionantes que los servicios p�blicos obligatorios, aunque retribuibles establecidos en el art�culo 5o. constitucional, no coinciden con el art�culo 36 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F.. Existe confusi�n en la apreciaci�n del precepto constitucional citado consider�ndose que las actividades de apoyo a la comunidad no est�n constituidas como obligatorias, circunstancia que s� las har�a inconstitucionales al establecer tal obligatoriedad. Refieren los accionantes que el trabajo a favor de la comunidad tiene el car�cter de pena p�blica, siendo esta apreciaci�n incorrecta porque dichas actividades est�n reguladas por la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., no as� por el Nuevo C�digo Penal. Se manifiesta de intrascendente e improcedente que los accionantes se�alan que se le da competencia a la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F. para que veladamente establezca conmutaciones del arresto que corresponda al infractor por actividades de apoyo a la comunidad, lo cual es contrario al esp�ritu del art�culo 21 constitucional el cual pone de manifiesto que compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones gubernativas. Adem�s de que como ya se mencion� que se trata de alternativas y no de imposiciones para que el infractor no se vea afectado en su patrimonio. De igual forma al beneficio otorgado al infractor, existe la excepci�n cuando se trata de reincidencia. Se hace notar a este M�ximo Tribunal que la ley impugnada se encuentra ajustada a la Constituci�n al otorgar facultades a la Consejer�a Jur�dica del Distrito F. en materia de justicia c�vica ya que deja al ordenamiento jur�dico secundario, la posibilidad de reglamentar aquellos supuestos o hip�tesis normativas que no se encuentren previstos en la misma. Tambi�n se mencion� de inoperante lo manifestado por los accionantes en el sentido de la facultad discrecional del J. para conmutar el arresto por actividades de apoyo a la comunidad.
? En el segundo concepto de invalidez los accionantes manifiestan que el art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. viola los art�culos 2o., apartado A, fracci�n VIII y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos ya que no establece una protecci�n adecuada a los derechos ling��sticos de los ind�genas. Resultan inexactos e inoperantes los argumentos esgrimidos por los accionantes, pues en los citados procedimientos administrativos no necesariamente puede verse involucrado un ind�gena, incluso en la hip�tesis estar�an comprendidos los extranjeros o cualquier probable infractor que no hable espa�ol. Por lo que no se contraviene tal principio ni el mandato pues la ley garantiza el derecho a ser asistido por un traductor o int�rprete ya que sin esto el procedimiento administrativo no podr� dar inicio, en consecuencia, son infundados dichos conceptos de invalidez.
? El tercer concepto de invalidez se basa en que los art�culos 6o., 24, fracciones I, VII y VIII, 25, fracciones XI y XII, de la Ley de Cultura C�vica en el Distrito F. violan lo dispuesto en los art�culos 1o., 5o., 11, 16 y 23 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos conforme a lo manifestado por los accionantes en los siguientes t�rminos: Se�alan los promoventes que la ley no se encuentra debidamente motivada porque carece de relaciones sociales jur�dicamente reguladas. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha determinado que dada la propia y especial naturaleza de los actos legislativos, los requisitos se satisfacen cuando el Congreso que expide la ley act�a dentro de las facultades que le otorga la Constituci�n (fundamentaci�n) y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n). Refieren los accionantes que el Nuevo C�digo Penal regula la figura jur�dica de "invitar a la prostituci�n" en grado de inducci�n por lo que habr�a una doble sanci�n violando por eso lo previsto por el art�culo 23 constitucional; sin embargo, el "lenocinio" es sancionado por el legislador, por ser un delito contra la moral p�blica y con �nimo de lucro, en cambio "invitar a la prostituci�n, ejercerla o solicitar dicho servicio" existe la intenci�n del legislador de sancionar administrativamente conductas que no est�n previstas por el C�digo Penal, con la finalidad de tutelar la sana convivencia y la tranquilidad de las personas de una unidad territorial o vecinal, teniendo ambos conceptos naturaleza jur�dica distinta, por lo que no existe la doble sanci�n que indebidamente refieren los accionantes. Se�alan los promoventes que el ofrecimiento de la actividad desarrollada por los "gestores" en las oficinas p�blicas no constituye una actividad il�cita y, por tanto, afecta el derecho a la libertad de tr�nsito por lo que es inconstitucional; al respecto se manifiesta que no se trata de una prohibici�n, sino de una regulaci�n de actos o fen�menos sociales que afectan la seguridad de los ciudadanos ya que estos "gestores" pueden poner en riesgo su seguridad jur�dica y econ�mica por lo que el legislador dispuso que se deber� contar con la autorizaci�n debida para la realizaci�n de tr�mites en las oficinas p�blicas y, en consecuencia, no se vulneran de manera alguna los derechos constitucionales ni ning�n otro manifestado por los promoventes.
? En relaci�n con el cuarto concepto de invalidez, en el sentido de que no se cumpli� con el requisito relativo a la motivaci�n porque la emisi�n de tales conceptos no corresponde a las relaciones sociales que reclamen de una regulaci�n, se remite a lo manifestado en los primeros p�rrafos que corresponden al tercer concepto de invalidez, por estar relacionados y para evitar repeticiones in�tiles. En consecuencia, el decreto de la Ley de Cultura C�vica en el Distrito F. est� totalmente apegado a la norma constitucional.
? El quinto concepto de invalidez se basa en que el art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. viola lo dispuesto por el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Manifiestan los promoventes que el art�culo 16 constitucional establece como regla general que s�lo hay �rdenes de aprehensi�n giradas por la autoridad judicial y excepciones cuando hay delitos graves y flagrancia. Cuesti�n que no necesariamente ocurre as�, puesto que cualquier autoridad competente que bien puede ser administrativa, de lo que se advierte una confusi�n de los promoventes entre orden de aprehensi�n y acto de molestia, cuya naturaleza jur�dica es diferente. Los promoventes confunden los mecanismos que resultan ser necesarios para hacer cumplir las determinaciones de una autoridad administrativa en este caso el J. C�vico. Aclarando que el t�rmino adecuado no es el de detenci�n, sino el de presentaci�n ante el J. competente por lo que se est� hablando de conceptos jur�dicos diferentes, tal como se advierte de la lectura de los art�culos 39 y 55 de la Ley de Cultura C�vica; la cual est� totalmente apegada a la norma constitucional. Los accionantes pretenden fundar el sexto concepto de invalidez en el hecho de que el art�culo 55, fracci�n II, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. viola lo dispuesto en los art�culos 14, p�rrafo segundo, 16, p�rrafo primero, 19, p�rrafo primero y 102, apartado A, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Manifiestan los promoventes que se viola el principio constitucional de "presunci�n de inocencia" porque basta el dicho de una persona sin necesidad de mayores elementos de convicci�n para detener a un probable infractor. Al respecto, la Ley de Cultura C�vica atiende a este principio constitucional, tan es as� que utiliza los t�rminos de "probable infractor" y "probable comisi�n" de las infracciones reguladas en el ordenamiento que se pretende combatir de inconstitucional tal como se advierte de sus art�culos 39 y 55, primer p�rrafo, mismos que ya fueron citados con anterioridad, por lo que se puede advertir una confusi�n de los accionantes entre detenci�n y presentaci�n; del texto de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., no se advierten elementos que hagan pensar que se trate como culpables a los probables infractores, hasta en tanto no se haya agotado el procedimiento administrativo correspondiente. En procedimientos administrativos iniciados por queja, como se advierte de la lectura del art�culo 67 de la misma ley, si el J. C�vico considera que la queja no contiene elementos suficientes que denoten la posible comisi�n de una infracci�n, deber� acordar de inmediato fundando y motivando la improcedencia, por lo que no se viola el principio constitucional de "presunci�n de inocencia" como refieren los accionantes, pero s� en cambio se atienden los principios constitucionales de "garant�a de legalidad" y "garant�a de audiencia". Se aclara por otro lado que el p�rrafo primero del art�culo 19 constitucional se refiere a las restricciones, a la privaci�n de la libertad ante la autoridad judicial y no tiene relaci�n alguna con la Ley de Cultura C�vica del Distrito F.. De igual manera sucede con el art�culo 102, apartado A, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se refiere a la organizaci�n del Ministerio P�blico de la Federaci�n y no tiene relaci�n con la citada ley.
? En el s�ptimo concepto de invalidez se dice que el art�culo 74, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. viola lo dispuesto en el art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica conforme a lo manifestado por los accionantes, quienes argumentan que del numeral citado se advierte una prohibici�n al acceso a la justicia durante seis meses; interpretaci�n jur�dica inoperante y deficiente pues si bien el art�culo 17 establece que la justicia deber� ser impartida en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, tambi�n es cierto que el art�culo 74 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. dispone, en su �ltimo p�rrafo que, transcurridos seis meses a partir de la firma del convenio de conciliaci�n, s�lo se proceder� por nueva queja que se presentare y se�alando que se otorga en su segundo p�rrafo, un plazo de quince d�as al afectado para solicitar que se haga efectivo el apercibimiento a quien haya incumplido el referido convenio de conciliaci�n.
? En el octavo concepto de invalidez se argumenta que los art�culos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. violan lo dispuesto en los art�culos 21 y 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Refieren los promoventes que el art�culo 21 no faculta a la autoridad administrativa a registrar los datos de los infractores y en consecuencia se viola lo previsto en el art�culo 22 constitucional por tratarse de penas trascendentales que producen consecuencias negativas. En consecuencia de lo anterior se manifiesta que el registro de infractores que contempla la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no constituye una pena y, por tanto, no transgrede el citado precepto constitucional. La disposici�n de que se identifique a un infractor por el medio administrativo adoptado, no afecta sus bienes ni derechos, por lo que no es inconstitucional; adem�s ser registrado no implica que se est� aplicando una pena trascendental como indebidamente lo refieren los promoventes. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ya se ha pronunciado respecto a que no se debe considerar como pena a la identificaci�n como lo asienta en la tesis jurisprudencial: "FICHAS SIGNAL�TICAS, FORMACI�N DE. IDENTIFICACI�N ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS."
? En el noveno concepto de invalidez sostiene que los art�culos 4o., 24, fracci�n I, 43 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., violan lo dispuesto en los art�culos 4o., 18, p�rrafo cuarto y 133 de la Constituci�n Pol�tica. Argumentan que la ley considera responsables a los menores sin tomar en cuenta la responsabilidad de los padres y del Estado conforme a lo dispuesto por el art�culo 4o. de la Constituci�n. Al respecto se comenta que resulta infundada tal manifestaci�n puesto que la misma Ley de Cultura C�vica del Distrito F. establece en su art�culo 43, primer y segundo p�rrafos, que el J. C�vico deber� citar a quien detente la custodia o tutela del menor infractor y a su falta se nombrar� un representante de la administraci�n p�blica del Distrito F. para que lo asista y lo defienda, tal como se advierte de la lectura del citado numeral. De lo anterior se desprende que durante todo el procedimiento administrativo el menor siempre estar� debidamente representado. Por otro lado, el art�culo 4o. constitucional se refiere al derecho de los ni�os y ni�as a la satisfacci�n de sus necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y esparcimiento; y nada tiene que ver respecto de su responsabilidad en infracciones administrativas por lo que resulta infundado e inoperante el comentario. Se hace la aclaraci�n de que la Ley para la Protecci�n de los Derechos de las Ni�as, Ni�os y A. establece sus bases para aplicarse en infracciones a la ley penal y como �ltimo recurso, no as� para el �mbito administrativo. Aunado a lo anterior, la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. dispone que el C�digo de Procedimientos Penales para el Distrito F. sea de aplicaci�n supletoria, por lo que, no se contraviene el precepto invocado. Manifiestan los promoventes que el art�culo 18 constitucional ordena un r�gimen especial para menores infractores, circunstancia que s� se aplica en la Ley de Cultura C�vica, en su art�culo 43. Se hace notar al M�ximo Tribunal que el art�culo 18 constitucional no tiene relaci�n con el reclamo que hacen valer los accionantes por lo que resulta infundada e improcedente la manifestaci�n referida.
? Se argumenta en el d�cimo concepto de invalidez que el art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica viola lo dispuesto en los art�culos 21 y 133 de la Constituci�n, seg�n lo manifestado por los accionantes, la amonestaci�n como sanci�n vulnera lo dispuesto por el art�culo 21 constitucional mismo que limita las sanciones que pueden imponer por infracciones a los reglamentos gubernativos y de polic�a; sin embargo, se debe manifestar que "amonestaci�n" es un vocablo que generalmente se aplica como correcci�n disciplinaria ya sea como "advertencia" o como "exhortaci�n" para que no se repita una conducta indebida. Por otro lado, la doctrina estima que debe considerarse como una medida de seguridad de car�cter preventivo y de naturaleza accesoria respecto de la sanci�n principal; por lo que no debe darse en estricto sentido su significado; aunado a ello, el Nuevo C�digo Penal para el Distrito F. en su art�culo 30 no contempla como pena a la amonestaci�n, otro motivo por el que no se le debe dar el car�cter de sanci�n y por lo que se debe considerar que no se vulnera el precepto constitucional.
? El d�cimo primer concepto de invalidez se�ala que los art�culos 31 y 60 de la Ley de Cultura C�vica violan lo dispuesto en los art�culos 16, 21 y 133 de la Constituci�n Pol�tica. Infieren los promoventes que el estado de ebriedad o intoxicaci�n no puede considerarse como una agravante y que se contraviene el art�culo 33 de la Convenci�n sobre los Derechos de los Ni�os; sin embargo, se se�ala a este M�ximo Tribunal que el Nuevo C�digo Penal para el Distrito F. s� considera como agravante el estado de ebriedad o intoxicaci�n cuando se comete un delito dolosamente, y como atenuante cuando es de manera culposa. La Ley de Cultura C�vica s� prev� el caso de los menores en situaci�n de riesgo, por lo que no se contraviene lo dispuesto en el art�culo 33 de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o como refieren los accionantes. Resulta inoperante lo manifestado por los accionantes en el sentido de que la detenci�n por infracciones c�vicas no puede exceder de 36 horas y que el c�mputo comienza cuando concluye el tiempo de recuperaci�n del probable infractor, toda vez que el art�culo 39 de la Ley de Cultura C�vica establece que los procedimientos se iniciar�n con la presentaci�n del probable infractor por la polic�a o con la queja de particulares.
S�PTIMO. El procurador general de la Rep�blica al formular su pedimento, manifest� en esencia lo siguiente:
? La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tiene competencia para conocer de la acci�n de inconstitucionalidad de que se trata, acorde con lo dispuesto en el art�culo 105, fracci�n II, inciso e), de la Constituci�n F..
? La actora tiene legitimaci�n procesal para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad al haber cumplido con los requisitos establecidos en el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105.
? La acci�n de inconstitucionalidad fue promovida en tiempo.
? No existe la aludida violaci�n al art�culo 5o. constitucional por parte de la ley impugnada, ya que no se impide a persona alguna que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode; por tanto, es infundado lo aseverado por los accionantes en el sentido de que el consentimiento otorgado por el infractor para la realizaci�n de actividades en apoyo a la comunidad sea nulo por otorgarse bajo coacci�n de pagar una multa o de cumplir un arresto, en raz�n de que las actividades de apoyo a la comunidad no son de car�cter obligatorio hasta en tanto la parte infractora lo solicite y la autoridad administrativa, cumpliendo los requisitos de ley, determine hacer la conmutaci�n del arresto o multa por la realizaci�n de las actividades de apoyo comunitario, medida que reviste el car�cter de sanci�n alternativa. Los art�culos cuestionados no obligan al infractor a prestar un servicio, sino la obligatoriedad nace como una alternativa a favor del infractor de cumplir las infracciones impuestas a la luz no de un fin de lucro, sino de un deber c�vico.
? La Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no vulnerael art�culo 21 constitucional, en la medida en que esta disposici�n legal impide que las faltas a los ordenamientos gubernativos sean sancionadas con medidas m�s gravosas que la multa y el arresto; de ah� que v�lidamente pueda concluirse que no proh�be la posibilidad de imponer una sanci�n menor, como ser�a la realizaci�n de actividades de apoyo a la comunidad, que acarrear�a un beneficio directo a la sociedad, pues dicha sanci�n no restringe los derechos p�blicos subjetivos de los gobernados.
? La ley impugnada no contraviene el art�culo 123, fracci�n II, de la Carta Magna dado que las actividades de apoyo a la comunidad no se pueden considerar como trabajo, ya que no van encaminadas a satisfacer necesidades de quien presta el servicio, ni exigen que quien las realice est� sujeto a una jornada y a un salario. El �mbito de aplicaci�n del precepto constitucional en cita no incluye aquellas actividades que se generen con motivo de una sanci�n administrativa impuesta en raz�n de la comisi�n de una falta a los ordenamientos gubernativos, que no entra�a relaci�n laboral alguna.
? Lo anterior conduce a concluir que es infundado el concepto de invalidez encaminado a que se declare la inconstitucionalidad de los art�culos 9o., fracci�n XVI, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F..
? En relaci�n con la violaci�n alegada por parte del numeral 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., se estima que conculca el art�culo 2o., fracci�n VIII, apartado A, de la Constituci�n F., pues al establecer que cuando el probable infractor no hable espa�ol, o se trate de un sordomudo y no cuente con traductor e int�rprete, se le proporcionar� uno, sin cuya presencia el procedimiento administrativo no podr� dar inicio; toda vez que esto no garantiza que dicha persona pueda estar en aptitud de conocer a cabalidad los hechos por los cuales se inici� el procedimiento, ni mucho menos entender los alcances y consecuencias que de �l se deriven hacia su persona o patrimonio, pues finalmente por su cultura diferente, desconoce las figuras e instituciones de los procesos judiciales o administrativos ordinarios; es decir, el precepto legal es violatorio de la Constituci�n al no contemplar que esas personas est�n asesoradas por personas que conozcan y entiendan la cultura del grupo �tnico al que pertenecen; todo lo cual lleva a declarar que se quebranta el principio de supremac�a constitucional consagrado en el diverso art�culo 133 de la Carta Magna.
? Los art�culos 6o., 24, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, y 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XV y XVII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no contravienen los numerales 1o., 5o., 11, 16 y 23 de la Constituci�n F., puesto que en ning�n momento se�alan restricci�n o suspensi�n de alguna de las garant�as individuales, y las diferentes actividades que se est�n sancionando en los art�culos 24 y 25 han quedado catalogadas como il�citas, al generar un perjuicio mayor al beneficio que en ocasiones le traen a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, los preceptos cuestionados no impiden a individuo alguno el derecho que tiene para entrar al pa�s; salir de �l; viajar por su territorio, y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos. Adem�s, con la emisi�n de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. se advierte que existe adecuaci�n de la norma con la necesidad social a satisfacer; lo que permite ver que se encuentra debidamente motivada, y no se puede hablar de falta de motivaci�n bajo el argumento de que las relaciones sociales que se pretenden reglamentar deb�an ser materia de una motivaci�n espec�fica. Asimismo, las sanciones que la ley prev� no implican una duplicidad de �stas, ya que s�lo refieren a conductas o actividades il�citas que por su gravedad no tienen el car�cter de delitos, sino de meras infracciones por poner en riesgo la seguridad de la colectividad y de la seguridad de las personas.
? Aun cuando los accionantes no hicieron referencia a la prohibici�n del ejercicio de la prostituci�n, se estima que �sta acarrear�a m�s perjuicios que beneficios a la colectividad, porque se incrementar�an los �ndices de delitos sexuales; por tanto, se sugiere una regulaci�n del ejercicio de la prostituci�n que impida la proliferaci�n de problemas de salud p�blica.
? T. a que el art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. transgrede los numerales 14, p�rrafo segundo, 16, p�rrafo primero, 19, p�rrafo primero, 21, p�rrafo primero y 102, apartado A, p�rrafo primero, constitucionales se considera que la garant�a de audiencia es posterior a la detenci�n en flagrancia o cuasiflagrancia, por tanto, no hay violaci�n al art�culo 14 de la Carta Magna. En otro aspecto, no se conculca el numeral 16 constitucional al regularse la justicia c�vica previendo diversas infracciones administrativas (no penales), pues en caso de no haber una detenci�n, el resto de la sociedad quedar�a en estado de indefensi�n, y los presuntos infractores estar�an actuando en impunidad. Tampoco se quebranta el principio de presunci�n de inocencia, porque en el supuesto de que un polic�a se encontrara cerca de un presunto infractor, tiene obligaci�n de detenerlo y ponerlo inmediatamente a disposici�n del J. C�vico. Por lo que hace a la supuesta violaci�n al art�culo 102, apartado A, de la Constituci�n F., no hay tal, dado que la parte que se cuestiona se refiere a la organizaci�n y funcionamiento del Ministerio P�blico de la Federaci�n, sin que se advierta alguna relaci�n o antagonismo entre el numeral impugnado y el precepto constitucional de m�rito.
? En relaci�n con lo alegado en el sentido de que el art�culo 74, �ltimo p�rrafo, contraviene el numeral 17 de la Constituci�n Pol�tica; se considera infundado, en virtud de que no se coarta el derecho de acceso a la justicia, pues debe entenderse que refiere a una garant�a para el presunto infractor, pues si en el plazo de seis meses la parte afectada no solicit� el cumplimiento del convenio de conciliaci�n, por desidia, desinter�s o morosidad, la acci�n debe prescribir en beneficio del infractor, quedando el interesado en la posibilidad de presentar la queja nuevamente.
? No existe la aludida transgresi�n por parte de los art�culos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. hacia los numerales 21 y 22 constitucionales, pues el registro de infractores en modo alguno puede considerarse como una sanci�n, mucho menos como una pena, pues esta �ltima compete s�lo al �mbito judicial y no al administrativo.
? Los art�culos 4o., 24, fracci�n I, 43 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no quebrantan los numerales 4o., 18, p�rrafo cuarto, 21 y 133 constitucionales, en virtud de que establecen que los ni�os tienen derecho a la satisfacci�n de sus necesidades, y sus ascendientes, tutores o custodios deben preservar estos derechos, pero eso no los exime de su responsabilidad en caso de que incurran en faltas administrativas, pues si bien es cierto se les finca responsabilidad a los mayores de once a�os que cometan infracciones, se considera la obligaci�n de los padres quienes tambi�n se hacen responsables de las infracciones si fueron ordenadas por �stos. Adem�s, al establecerse que el menor tiene derecho a que se cite a quien detente su custodia antes de llevar a cabo la audiencia y dictar resoluci�n, s�lo respeta los derechos de �stos, pues adem�s, se contempla el nombramiento de un representante de la administraci�n p�blica del Distrito F. para que lo asista y defienda; todo lo cual conduce a determinar que se respeta la garant�a de debido proceso, sin que esto pueda equipararse al proceso que se lleva a cabo para tratar a los menores en instituciones especiales para infractores con minor�a de edad, pues en este supuesto se habla de delitos, no de infracciones administrativas. En otro aspecto, tan conoce el menor el motivo de su detenci�n, que �sta se lleva a cabo en flagrancia, y las sanciones que se imponen, son solamente de car�cter administrativo que son meras amonestaciones; lo que de modo alguno transgrede el numeral 21 constitucional, ya que se utiliza como correcci�n disciplinaria. Si el menor est� alcoholizado o drogado es evidente que hasta en tanto no se recupere, no puede continuarse el proceso; lo que denota el respeto a las normas constitucionales citadas.
OCTAVO. Recibidos los documentos requeridos, y teniendo por presentados los alegatos de las partes, al encontrarse instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resoluci�n.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso e), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se plantea la posible contradicci�n entre diversos art�culos de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. y la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. En principio, se procede a analizar la legitimaci�n de los promotores y la oportunidad de la acci�n.
Los art�culos 105, fracci�n II, inciso e), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 62, p�rrafo primero, de su ley reglamentaria legitiman al 33% de los �rganos legislativos para promover acciones de inconstitucionalidad.(1) Adem�s, debe atenderse al contenido del art�culo 37, p�rrafo primero, del Estatuto de Gobierno del Distrito F., que establece que la Asamblea Legislativa se integrar� con 66 diputados.(2)
En consecuencia, la acci�n de inconstitucionalidad promovida por veintisiete diputados de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito F., fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que representan el 40.90% de la totalidad de sus integrantes.
Asimismo, la acci�n presentada el veintinueve de junio de dos mil cuatro, fue promovida oportunamente, pues si la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. fue publicada en la Gaceta Oficial respectiva el treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, el plazo legal(3) para impugnarla transcurri� del primero al treinta de junio siguiente, conforme al siguiente calendario:


TERCERO. Como primer aspecto, es preciso fijar el marco constitucional de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., el que encuentra sustento en la exposici�n de motivos y decreto respectivo, cuyo fundamento es el art�culo 122, apartado c), base primera, fracci�n V, inciso i), de la Ley Suprema y numerales 36 y 42, fracci�n XIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito F., que respectivamente establecen:
"Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.
"Son autoridades locales del Distrito F., la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno del Distrito F. y el Tribunal Superior de Justicia.
"La Asamblea Legislativa del Distrito F. se integrar� con el n�mero de diputados electos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripci�n plurinominal, en los t�rminos que se�alen esta Constituci�n y el Estatuto de Gobierno.
"El J. de Gobierno del Distrito F. tendr� a su cargo el Ejecutivo y la administraci�n p�blica en la entidad y recaer� en una sola persona, elegida por votaci�n universal, libre, directa y secreta.
"El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los dem�s �rganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercer�n la funci�n judicial del fuero com�n en el Distrito F..
"La distribuci�n de competencias entre los Poderes de la Uni�n y las autoridades locales del Distrito F. se sujetar� a las siguientes disposiciones:
"C. El Estatuto de Gobierno del Distrito F. se sujetar� a las siguientes bases:
"Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:
"V. La Asamblea Legislativa, en los t�rminos del Estatuto de Gobierno, tendr� las siguientes facultades:
"i) Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social; y la previsi�n social; ..."
"Art�culo 36. La funci�n legislativa del Distrito F. corresponde a la Asamblea Legislativa en las materias que expresamente le confiere la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."
"Art�culo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para:
"...
"XIII. Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud; la asistencia social; y la previsi�n social; ..."
Asimismo, las normas previstas en la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., en t�rminos de lo previsto en el art�culo 1o. de dicho ordenamiento son de car�cter administrativo, teniendo por objeto establecer reglas m�nimas de comportamiento c�vico; garantizar el respeto a las personas, los bienes p�blicos y privados, regular el funcionamiento de la administraci�n p�blica del Distrito F. en su preservaci�n y determinar las acciones para su cumplimiento.
CUARTO. Establecida la naturaleza y objeto de la ley cuestionada, es preciso se�alar que al no existir causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento alguno, ya sea invocada por las partes o que pudiera advertirse oficiosamente, se procede a analizar los conceptos de invalidez propuestos.
Los diputados integrantes de la III Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito F. esgrimen, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:
1. El numeral 9o., fracci�n XVI, en relaci�n con los art�culos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. transgreden los art�culos 5o., 21 y 123, apartado A, fracci�n III, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) Porque prev�n actividades de apoyo a la comunidad como una opci�n para cumplir con una sanci�n; lo que contraviene el art�culo 5o. constitucional que establece que la imposici�n de trabajos personales sin retribuci�n y sin consentimiento s�lo puede ser impuesta como pena por autoridad judicial; y, en la especie, el J. C�vico es formalmente una autoridad administrativa.
b) Porque se hacen extensivas sus normas a los menores de dieciocho a�os; lo que conlleva a una violaci�n al art�culo 123, apartado A, fracciones I y II, de la Constituci�n F. que proh�be utilizar el trabajo de los menores de catorce a�os.
c) Porque los servicios p�blicos que se enumeran no encuentran identidad con el cat�logo de servicios p�blicos obligatorios, aunque retribuibles que prev� el art�culo 5o. constitucional, y el trabajo a favor de la comunidad, con independencia de la denominaci�n que se le d�, tiene el car�cter de pena p�blica, que no puede ser impuesta como consecuencia de infracciones c�vicas.
d) Conforme al art�culo 21 del Pacto F. s�lo se permite la imposici�n de multa o arresto hasta por treinta y seis horas por infracciones a los reglamentos gubernativos, proscribiendo la posibilidad de imponer cualquier otra sanci�n. Asimismo, al establecerse equivalencias entre los arrestos y el tiempo de realizaci�n de las actividades de apoyo a la comunidad, se le est� dando competencia a la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F. para que establezca conmutaciones del arresto que corresponda al infractor; lo que es contrario al precepto constitucional en cita, aunado a que dicha autoridad no tiene facultad de acuerdo a la Constituci�n.
e) El art�culo 34 de la ley impugnada resta importancia al numeral 36, propiciando inseguridad jur�dica al infractor, en atenci�n a que la naturaleza de las actividades que se realicen con apoyo a la comunidad, depender� de las propuestas realizadas con posterioridad a la entrada en vigor del citado art�culo 36 que prev� el cat�logo de actividades, sin que sea el caso de considerar dichas actividades de apoyo como una prerrogativa, porque esto atenta contra la dignidad y los derechos humanos.
2. El art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. contraviene los numerales 2o., apartado A, fracci�n VIII y 133 de la Constituci�n F., en virtud de lo siguiente:
a) Contrario a lo previsto en el art�culo 2o. constitucional, no se establece una protecci�n adecuada a los derechos ling��sticos de los ind�genas que no hablen espa�ol, pues condiciona a �stos a utilizar un int�rprete; lo que denota la exigencia de mayores requisitos que los que alude la disposici�n constitucional de m�rito.
b) Se atenta contra los principios del Convenio sobre Pueblos Ind�genas y T. en Pa�ses Independientes, pues no se respeta el derecho ling��stico de las comunidades ind�genas; lo que conlleva a determinar la violaci�n al art�culo 133 del Pacto F., ya que este arreglo internacional es de aplicaci�n obligatoria en nuestro pa�s al constituirse como Ley Suprema de toda la Uni�n, pues los tratados internacionales se encuentran en segundo plano respecto de la Constituci�n F..
3. Los art�culos 6o., 24, fracciones I, VII y VIII y 25, fracciones XI y XII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. quebrantan los diversos numerales 1o., 5o., 11, 16 y 23 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que enseguida se expresan:
a) Las normas impugnadas no cumplen con el requisito de debida motivaci�n, porque no est�n encaminadas a regular relaciones sociales que reclamen ser jur�dicamente reguladas, m�s bien permiten advertir una pol�tica sancionadora de algunas clases sociales, sin justificar de manera alguna las causas que los motivaron, pues no se alude a que las actividades hayan violentado la tranquilidad de las personas o la seguridad ciudadana.
b) La sanci�n a un servicio no solicitado y la coacci�n para el pago, va dirigido a los limpia parabrisas y la sanci�n a la prostituci�n, la invitaci�n a �sta y la solicitud del servicio, en nada vulneran la tranquilidad de las personas; de tal modo que no existe correspondencia entre el art�culo 24, fracciones II y VII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. y la relaci�n social que requiere ser regulada. La sanci�n que se impone se dirige m�s hacia los sectores marginados. Por otro lado, se establece una sanci�n al sujeto que gestiona tr�mites y no a la actividad por s� misma, sin que pudiera pensarse que �sta es l�cita con autorizaci�n del interesado. Hay una aplicaci�n excesiva en el r�gimen sancionador en cuanto a regular la reventa y el trepar en elementos constructivos para observar al interior de un predio ajeno, pues no tiene la debida motivaci�n, adem�s, esta �ltima conducta regula sanciones para los ni�os mayores de once a�os, y esa es una conducta muy com�n. En otro aspecto, la invitaci�n a la prostituci�n, al grado de inducci�n, es una actividad que ya est� tipificada en el Nuevo C�digo Penal para el Distrito F.; sin embargo, no es v�lido sancionar una simple invitaci�n a la prostituci�n; por tanto, se trata de una doble sanci�n, lo cual est� prohibido, sin que obste que deba mediar queja vecinal, pues esto genera inseguridad jur�dica, porque no existe definici�n de condiciones de modo, tiempo y lugar, aunado a que debe existir libertad sexual. Asimismo, la sanci�n que se prev� a quienes ocupen accesos de oficinas p�blicas o inmediaciones, violala libertad de trabajo y la garant�a de libre tr�nsito.
4. Los art�culos 24, fracciones II, IV, V, VI y 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIII, XV y XVII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. contravienen el numeral 16 de la Constituci�n F., en espec�fico la garant�a de legalidad, porque no corresponden a relaciones sociales que reclamaban una regulaci�n, pues la recurrencia de llamadas al sistema de emergencia 060 de la Secretar�a de Seguridad P�blica que reportaron quejas respecto de conductas que no estaban previstas en la anterior ley, como disparos de arma de fuego, presencia de ebrios e intoxicados en la v�a p�blica, o ri�as y ruido excesivo no puede constituir la motivaci�n que requiere una ley, ya que s�lo se trata de conductas desagradables, pero que no vulneran la tranquilidad de las personas.
5. El art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. transgrede el numeral 16 constitucional, porque desarticula el r�gimen de garant�as en materia de protecci�n a la libertad personal al facultar a los polic�as a detener y presentar a los probables infractores inmediatamente ante el J., ya que esto s�lo podr�a hacerse si se tratara de delitos graves o en flagrancia; lo que es exclusivo del orden penal.
6. El art�culo 55, fracci�n II, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. quebranta los diversos numerales 14, p�rrafo segundo, 16, p�rrafo primero, 19, p�rrafo primero, 21, p�rrafo primero, y 102, apartado A, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos porque viola el principio de presunci�n de inocencia, ya que basta que un polic�a sea informado de la comisi�n de una infracci�n, para que proceda a la detenci�n de una persona, sin que se necesite mayores elementos de convicci�n.
7. El art�culo 17 constitucional no es acatado por el numeral 74, �ltimo p�rrafo, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. en la medida en que establece que transcurridos seis meses a partir de la firma de un convenio de conciliaci�n, s�lo se proceder� por nueva queja que se presentare, ya que se est� negando el acceso a la justicia durante ese lapso, debiendo destacarse la falta de t�cnica legislativa, pues el precepto cuestionado tiene una redacci�n confusa y llena de imprecisiones que facilita que los Jueces C�vicos incurran en arbitrariedades.
8. Los art�culos 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. conculcan los numerales 21 y 22 de la Carta Magna, en virtud de que el registro de infractores que contenga informaci�n de las personas sancionadas rompe el esquema sancionador previsto en el art�culo 21 constitucional, pues la autoridad administrativa s�lo puede aplicar sanciones consistentes en multa y arresto por violaciones a los reglamentos gubernativos de polic�a y buen gobierno, pero en ning�n momento la faculta a registrar los datos de los infractores, actualiz�ndose la prohibici�n que establece el diverso numeral 22 de la Constituci�n F. al tratarse de penas trascendentes que atentan contra la dignidad de las personas y causan un da�o irreparable.
9. Los art�culos 4o., 24, fracci�n I, 43 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. transgreden los art�culos 4o., 18, p�rrafo cuarto y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en relaci�n con la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A. al establecer un r�gimen sancionador y restrictivo de garant�as a los menores de dieciocho a�os, sin considerar la responsabilidad de los padres y la obligaci�n de apoyo institucional por parte del Estado, porque las conductas de los menores, si bien son lesivas del orden social, no vulneran de manera considerable los valores fundamentales de la sociedad. La detenci�n debe utilizarse siempre como �ltimo recurso y atendiendo sobre todo al inter�s superior del ni�o, es decir, s�lo en el caso de delitos, mas no trat�ndose de infracciones de polic�a y buen gobierno y si la ley y convenci�n citada reconocen sus derechos a los menores, es inconcuso que pretender sancionarlos por faltas administrativas es inconstitucional, no obstante que se trata del uso de drogas o su tr�fico.
10. El art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. conculca los numerales 21 y 133 del Pacto F., as� como la convenci�n y ley citados con antelaci�n al prever que el menor debe ir asistido; que en caso contrario se nombrar� un representante de la administraci�n p�blica del Distrito F. y que de resultar responsable, el J. lo amonestar� pues debe permanecer detenido hasta en tanto no llegue su tutor o quien lo custodie, cuando ni siquiera se le informa el motivo de la imputaci�n. Adem�s, la amonestaci�n es una sanci�n que vulnera el art�culo 21 constitucional, porque este numeral s�lo permite multa o arresto.
11. Los art�culos 31 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. violan los art�culos 16, 21 y 133 constitucionales, porque la ebriedad e intoxicaci�n disminuyen la capacidad de comprender el car�cter il�cito de una actuaci�n, y de conducirse de acuerdo a esta comprensi�n; por lo que es contrario a toda interpretaci�n l�gica, el sostener que esas circunstancias incrementan el grado de peligrosidad del individuo. Adem�s, es causa de inseguridad el carecer de una distinci�n para los casos en que el infractor se haya colocado en ese estado de intoxicaci�n sin intenci�n de infringir la ley, y los casos en que el infractor se coloque en estado de imputabilidad disminuida con toda la intenci�n de cometer faltas de polic�a y buen gobierno. La drogadicci�n no puede considerarse como una agravante, sino como una falla del Estado, y si por esa causa es detenida una persona y deba transcurrir un tiempo para que pasen los efectos de las sustancias consumidas antes de proceder al inicio del procedimiento, esto es en contravenci�n al art�culo 21 constitucional que prev� que la detenci�n por infracciones c�vicas no puede exceder de treinta y seis horas.
Para dar respuesta a dichos planteamientos, es preciso atender a lo previsto en las disposiciones legales cuestionadas, analizadas a la luz de lo esgrimido en cada concepto de invalidez; sin embargo, en principio, debe desestimarse el argumento relativo a que debe declararse la invalidez del art�culo 6o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., pues a pesar de que se destaca como precepto impugnado, lo cierto es que no se formula concepto de invalidez alguno en su contra, aunado a que tal disposici�n no hace m�s que resaltar el hecho de que la responsabilidad que pudiera determinarse en alguna persona, no impide que el J. C�vico d� vista al Ministerio P�blico por la comisi�n de alg�n delito, como se demuestra del contenido de su texto, a saber:
"Art�culo 6o. La responsabilidad determinada conforme a esta ley es aut�noma de las consecuencias jur�dicas que las conductas pudieran generar en otro �mbito. El J. har� la remisi�n al Ministerio P�blico cuando, de los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, pueda constituirse delito que se persiga de oficio."
Hecha la aclaraci�n que antecede, procede ahora analizar los planteamientos de los diputados que acudieron a la acci�n de inconstitucionalidad.
En el primer concepto se solicita la declaratoria de invalidez del art�culo 9o., fracci�n XVI, en relaci�n con los diversos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que disponen:
"Art�culo 9o. Corresponde a la consejer�a: ... XVI. Establecer las equivalencias entre los arrestos y el tiempo de realizaci�n de las actividades de apoyo a la comunidad; ..."
"Art�culo 33. Cuando el infractor acredite de manera fehaciente su identidad y domicilio, podr� solicitar al J. le sea permitido realizar actividades de apoyo a la comunidad a efecto de no cubrir la multa o el arresto que se le hubiese impuesto, excepto en los casos de reincidencia. Las actividades de apoyo a la comunidad se desarrollar�n por un lapso equivalente a las horas de arresto que correspondan a la infracci�n que se hubiera cometido. En ning�n caso podr�n realizarse dentro de la jornada laboral del infractor."
"Art�culo 34. El J., valorando las circunstancias personales del infractor, podr� acordar la suspensi�n de la sanci�n impuesta y se�alar los d�as, horas y lugares en que se llevar�n a cabo las actividades de apoyo a la comunidad y, s�lo hasta la ejecuci�n de las mismas cancelar� la sanci�n de que se trate. La administraci�n p�blica del Distrito F. y las delegaciones enviar�n a la consejer�a propuestas de actividades de apoyo a la comunidad para que sean cumplidas por los infractores, siguiendo los lineamientos y equivalencias de tiempo que ella misma determine. En todos los casos, el J. har� del conocimiento del infractor la prorrogativa a que se refiere este art�culo."
"Art�culo 35. Para los efectos de esta ley, se entiende por actividades de apoyo a la comunidad la prestaci�n de servicios voluntarios y honor�ficos de orientaci�n, limpieza, conservaci�n, restauraci�n u ornato, en lugares localizados en la circunscripci�n territorial en que se hubiere cometido la infracci�n."
"Art�culo 36. Son actividades de apoyo a la comunidad: I. Limpieza, pintura o restauraci�n de centros p�blicos educativo, de salud o de servicios; II. Limpieza, pintura o restauraci�n de los bienes da�ados por el infractor o semejantes a los mismos; III. Realizaci�n de obras de ornato en lugares de uso com�n; IV.R.�n de obras de balizamiento, limpia o reforestaci�n en lugares de uso com�n; V.I.�n de pl�ticas a vecinos o educandos de la comunidad en que hubiera cometido la infracci�n, relacionadas con la convivencia ciudadana o realizaci�n de actividades relacionadas con la profesi�n, oficio u ocupaci�n del infractor."
"Art�culo 37. Las actividades de apoyo a la comunidad se llevar�n a cabo bajo la supervisi�n de personal de la consejer�a para el caso de las actividades que se desarrollen en las �reas centrales, y de la Delegaci�n en caso de que las actividades se realicen en la misma, atendiendo a los lineamientos que determine la consejer�a. - Los titulares de las �reas de la administraci�n p�blica del Distrito F. y los jefes delegacionales proporcionar�n los elementos necesarios para la ejecuci�n de las actividades de apoyo a la comunidad y mensualmente har�n del conocimiento de la consejer�a los lugares, horarios y actividades que podr�n realizarse en t�rminos de este cap�tulo."
"Art�culo 38. En el supuesto de que el infractor no realice las actividades de apoyo a la comunidad, el J. emitir� la orden de presentaci�n a efecto de que la sanci�n impuesta sea ejecutada de inmediato."
Los preceptos legales reproducidos establecen que la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F. es la encargada de establecer las equivalencias entre los arrestos que deban imponerse como sanci�n por una infracci�n, y el tiempo de realizaci�n de las actividades de apoyo a la comunidad que se presta a efecto de no cubrir la multa o el arresto correspondiente; que el J. C�vico podr� acordar la suspensi�n de la sanci�n y se�alar� los d�as, horas y lugares en que se llevar�n a cabo dichas actividades de apoyo, haciendo del conocimiento del infractor dicha prerrogativa; que esas actividades consisten en prestaci�n de servicios voluntarios y honor�ficos de orientaci�n, limpieza, conservaci�n, restauraci�n u ornato (las cuales se describen en el art�culo 36); que las actividades de apoyo a la comunidad se llevar�n a cabo bajo la supervisi�n de personal de la consejer�a o de la delegaci�n, seg�n el lugar donde se realicen, y que en caso de no llevarse a cabo �stas, el J. emitir� la orden de presentaci�n para que la sanci�n que corresponda sea ejecutada de inmediato.
Los accionantes esgrimen que tales disposiciones van contra lo dispuesto en el art�culo 5o. de la Constituci�n F., que establece que la realizaci�n de trabajos personales sin retribuci�n y sin consentimiento s�lo puede ser impuesta como pena por autoridad judicial, y que el J. C�vico es una autoridad administrativa; por tanto, se vulnera la libertad de trabajo mediante las actividades de apoyo a la comunidad.
El precepto constitucional citado prev�:
"Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci�n judicial. La ley determinar� en cada Estado, cu�les son las profesiones que necesitan t�tulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podr� ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustar� a lo dispuesto en las fracciones I y II del art�culo 123. En cuanto a los servicios p�blicos, s�lo podr�n ser obligatorios, en los t�rminos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, as� como el desempe�o de los cargos concejiles y los de elecci�n popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendr�n car�cter obligatorio y gratuito, pero ser�n retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los t�rminos de esta Constituci�n y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de �ndole social ser�n obligatorios y retribuidos en los t�rminos de la ley y con las excepciones que �sta se�ale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ning�n contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la p�rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripci�n o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesi�n, industria o comercio. El contrato de trabajo s�lo obligar� a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un a�o en perjuicio del trabajador, y no podr� extenderse, en ning�n caso, a la renuncia, p�rdida o menoscabo de cualquiera de los derechos pol�ticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, s�lo obligar� a �ste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ning�n caso pueda hacerse coacci�n sobre su persona."
El precepto reproducido dispone, en lo que interesa, que a ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos; que nadie podr� ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, y que en cuanto a los servicios p�blicos, s�lo podr�n ser obligatorios, en los t�rminos que establezcan las leyes respectivas.
En relaci�n con dicha norma, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha considerado que respecto de la libertad de trabajo, el Constituyente no consagra una libertad absoluta, sino limitada a las actividades l�citas, debiendo entenderse por �stas, las permitidas por la ley; pero si bien el legislador puede vedar el ejercicio de ciertas actividades, debe hacerlo en una forma racional y leg�tima, obligado por exigencias sociales de car�cter urgente e inaplazable, o para reprimir actividades contrarias a la moral, o a las buenas costumbres.
Tambi�n consider� que no cabe, ni es posible relacionar con el principio y garant�a establecidos por el art�culo 5o. de la Constituci�n, en cuanto establece que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento, las obligaciones que tienen los individuos frente al Estado para cooperar con el desempe�o de ciertas actividades, toda vez que un simple acto de colaboraci�n necesaria entre el Estado y los particulares, no puede originar una fuente de ingresos para quien presta ese tipo de servicios.
Ahora bien, tomando en cuenta que las actividades de apoyo a la comunidad que se prestan como alternativa para no pagar una multa o sufrir un arresto, no deben ser consideradas como trabajo sin justa retribuci�n, debe partirse en principio, por lo que se entiende por ese tipo de actividades, que es: la prestaci�n de servicios voluntarios y honor�ficos de orientaci�n, limpieza, conservaci�n, restauraci�n u ornato, en lugares localizados en la circunscripci�n territorial en que se hubiere cometido la infracci�n.
Sobre esas premisas, es preciso destacar que en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 34 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. cuestionado, las actividades de apoyo a la comunidad son una opci�n para el infractor, quien con pleno consentimiento opta por la realizaci�n de �stas, como una manera de conmutar la sanci�n de multa o arresto por la comisi�n de infracciones administrativas, debiendo entenderlas como un privilegio; una ventaja, o una prerrogativa para los infractores.
En efecto, en t�rminos de lo previsto en la propia ley cuestionada, la sanci�n por la comisi�n de faltas c�vicas, consiste en multa o arresto hasta por treinta y seis horas, la cual puede ser conmutada, a elecci�n del infractor, a trav�s de la realizaci�n de trabajos de apoyo a la comunidad; por lo que es inobjetable que de ning�n modo pueden considerarse como una imposici�n; lo que denota el respeto a la voluntad del que comete la conducta indebida.
Adem�s, las actividades de apoyo a la comunidad no impiden al infractor seguir desempe�ando su trabajo cotidiano y recibir a cambio una remuneraci�n; por tanto, no es aplicable en el caso de que se trata, la afirmaci�n en el sentido de que s�lo procede la imposici�n de trabajos personales sin retribuci�n y sin consentimiento como imposici�n de una pena por autoridad judicial, porque si bien se coincide en que el J. C�vico tiene car�cter de autoridad administrativa, lo cierto es que no se est� privando al infractor del producto de su trabajo, pues en la especie, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 33 de la ley en cita, es una alternativa u opci�n para el infractor, mediante la solicitud que �ste presente ante el J. C�vico en el sentido de que le sea permitido realizar actividades de apoyo a la comunidad, y no ser sancionado con una multa o un arresto a que se hubiese hecho acreedor con motivo de una conducta indebida.
A mayor abundamiento, el propio art�culo 33 dispone que en ning�n caso podr�n realizarse dichas actividades dentro de la jornada laboral del infractor y que el J., valorando las circunstancias personales de �ste, podr� acordar la suspensi�n de la sanci�n que corresponda; lo que corrobora la conclusi�n respecto a que las actividades de apoyo a la comunidad no conculcan la libertad de trabajo consagrada en el art�culo 5o. constitucional.
En el mismo orden de ideas, el art�culo 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. dispone que el infractor tiene la posibilidad de no concluir los trabajos de apoyo a la comunidad, lo que provocar� que el J. emita la orden de presentaci�n a efecto de que la sanci�n impuesta sea ejecutada de inmediato; lo que demuestra que en todo momento se respeta la voluntad de la persona que comete la falta, pues por un lado se permite conmutar la sanci�n de multa o arresto, por trabajos de apoyo a la comunidad, y por el otro se deja a su elecci�n terminarlos, o bien optar por el pago de la multa, o el arresto por el tiempo que haya sido determinado.
En otro aspecto, se argumenta que el art�culo 5o. de la Ley Suprema se transgrede debido aque el numeral 36 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., al enumerar los servicios p�blicos, no encuentra identidad con el cat�logo de servicios p�blicos retribuibles a que alude el numeral constitucional, que se�ala que los servicios p�blicos s�lo podr�n ser obligatorios en los t�rminos que establezcan las leyes, y que las funciones electorales y censales tendr�n car�cter obligatorio y gratuito.
Es infundado tal argumento, pues adem�s de las razones que ya han sido expuestas, debe tomarse en consideraci�n que las actividades de apoyo a la comunidad no pueden equipararse a un servicio p�blico que deba ser retribuido, pues como se dijo, dichas actividades son una prerrogativa para el infractor cuya conducta amerit� la imposici�n de una multa o un arresto, y es precisamente �ste, el que solicita llevarlas a cabo, no como un servicio p�blico que deba ser retribuido, sino como una opci�n para no pagar la multa o para no sufrir un arresto; esto es, para conmutar la sanci�n.
En ese orden de ideas, es inconcuso que las disposiciones legales cuya declaraci�n de invalidez se solicita, respetan las garant�as contenidas en el art�culo 5o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Se aduce en diverso apartado que se quebranta el numeral 123, apartado A, fracci�n III, constitucional, que proh�be utilizar el trabajo de los menores de catorce a�os, pues los art�culos cuestionados hacen extensiva la sanci�n de realizar trabajos de apoyo a la comunidad a los menores de dieciocho a�os, violentando con ello el orden jur�dico mexicano.
El art�culo constitucional de m�rito prev�:
"Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados dom�sticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"III. Queda prohibida la utilizaci�n del trabajo de los menores de catorce a�os. Los mayores de esta edad y menores de diecis�is tendr�n como jornada m�xima la de seis horas."
Como primer aspecto debe resaltarse que el art�culo 123 constitucional se refiere a la creaci�n de empleos, a la organizaci�n social para el trabajo, y en espec�fico, a los contratos laborales; empero, no tiene relaci�n alguna con los trabajos de apoyo a la comunidad; de ah� que deba desestimarse el alegato de los accionantes.
Asimismo, resulta inatendible lo argumentado, tomando en cuenta que de la lectura integral de los preceptos legales que ahora se analizan a saber: art�culos 9o., fracci�n XVI, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., no se aprecia que se incluya a lo menores de dieciocho a�os en la realizaci�n de actividades de apoyo a la comunidad, en todo caso debi� cuestionarse la disposici�n legal que otorga la posibilidad de calificar como infractores a los menores de dieciocho a�os.
S�lo a manera ilustrativa debe decirse que los art�culos que se tildan de inconstitucionales no contravienen el art�culo 123, apartado A, fracci�n III, de la Carta Magna, en la medida en que las actividades de apoyo a la comunidad, como se ha venido sosteniendo, no se pueden considerar como trabajo, pues no se encaminan a satisfacer necesidades de quien presta el servicio, ni exigen que el prestador del servicio quede sujeto a una jornada de trabajo y que por ella deba recibir una remuneraci�n; esto es, la regulaci�n del precepto constitucional no incluye aquellas actividades que se lleven a cabo como consecuencia de una sanci�n administrativa impuesta por una falta a los ordenamientos gubernativos; esto es, no se equipara en absoluto a una relaci�n laboral.
Por �ltimo, se expone que las actividades de apoyo a la comunidad tienen la naturaleza de pena p�blica y que �stas no pueden ser impuestas como consecuencia de infracciones c�vicas, pues de lo contrario se viola el art�culo 21 constitucional que s�lo permite la imposici�n de multa o el arresto hasta por treinta y seis horas por infracciones a los reglamentos gubernativos, prohibiendo la imposici�n de cualquier otra sanci�n.
Para dar respuesta a este planteamiento es preciso conocer el texto del art�culo constitucional que se estima violado, a saber:
"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.
"Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a.
"Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso.
"Las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal, podr�n ser impugnadas por v�a jurisdiccional en los t�rminos que establezca la ley.
"La seguridad p�blica es una funci�n a cargo de la Federaci�n, el Distrito F., los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constituci�n se�ala. La actuaci�n de las instituciones policiales se regir� por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
"La Federaci�n, el Distrito F., los Estados y los Municipios se coordinar�n, en los t�rminos que la ley se�ale, para establecer un sistema nacional de seguridad p�blica."
El art�culo reproducido establece que compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.
En principio, cabe se�alar que el art�culo 21 de la Constituci�n F. tiene que analizarse, en el caso, a la luz de lo preceptuado en el diverso numeral 122 del mismo ordenamiento, que faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito F. a fijar las sanciones por la comisi�n de infracciones administrativas por faltas a la polic�a y buen gobierno.
En este sentido, hay que distinguir entre autoridad judicial y autoridad administrativa; correspondi�ndole a la primera la imposici�n de sanciones derivadas de delitos, a diferencia de la segunda, a quien compete exclusivamente lo relativo a las sanciones por faltas a la polic�a y buen gobierno.
Teniendo presente tal premisa debe concluirse que las actividades de apoyo a la comunidad no pueden considerarse como sanciones, en virtud de que constituyen una opci�n para el infractor para no cumplir con una multa o un arresto, ya que dichas actividades son exclusivamente una forma de conmutar la sanci�n.
Las precisiones que anteceden permiten arribar a la conclusi�n de que las disposiciones legales cuestionadas no contravienen el art�culo constitucional en cita, por el contrario, se ajustan a su texto, toda vez que prev�n como sanci�n, s�lo la imposici�n de una multa o el arresto como consecuencia de una conducta indebida, pero otorgan la posibilidad al infractor, que al momento de acreditar de manera fehaciente su identidad y domicilio, solicite al J., si es su voluntad, se le permita realizar actividades de apoyo a la comunidad a efecto de no cubrir dicha multa o el arresto que se le hubiere impuesto; lo que evidentemente debe ser considerado, no como una pena para el infractor, sino como una prerrogativa a su favor.
A mayor abundamiento, el art�culo 21 constitucional impide que las faltas a los ordenamientos gubernativos sean sancionadas con medidas m�s gravosas que la multa y el arresto, pero no impide la imposici�n de una sanci�n menor, caracter�stica que tendr�an los trabajos de apoyo a la comunidad, desde el momento en que el infractor decide optar por ellos para evitar un arresto o el pago de una multa, trabajos que adem�s, implicar�an un beneficio p�blico, respetando en todo momento los derechos del infractor.
En distinto orden de ideas, pero relacionado con la alegada infracci�n al art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se considera infundado el argumento tendente a demostrar que el art�culo 9o. de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. viola el numeral 21 constitucional al establecer la facultad de la Consejer�a Jur�dica y de Servicios Legales del Distrito F. para establecer conmutaci�n de arresto, por actividades de apoyo a la comunidad, ya que seg�n afirman los accionantes, rebasa las atribuciones de las autoridades administrativas, porque el trabajo a la comunidad no puede imponerse como infracci�n a sanciones c�vicas.
Tal decisi�n encuentra sustento en el hecho de que, contrario a lo que sostienen los accionantes, quien impone las sanciones es el J. C�vico, no la consejer�a, pues esta �ltima s�lo fija el tiempo de realizaci�n de actividades de apoyo a la comunidad en equivalencia a un arresto o una multa; y, con base en las propuestas de la administraci�n p�blica del Distrito F. y de las delegaciones, en cuanto al tipo de actividades de apoyo, el J. C�vico determinar� lo que en derecho proceda, acordando en su caso, la suspensi�n de la sanci�n, valorando las circunstancias personales del infractor, pero se insiste, las actividades de apoyo a la comunidad son un beneficio, una opci�n, una posibilidad, o una prerrogativa para el infractor, para conmutar la multa o el arresto al que se ha hecho acreedor por motivo de una conducta indebida, y no una pena que est� prohibida en el art�culo 21 de la Constituci�n F..
En ese orden de ideas, se considera que los preceptos legales cuestionados no transgreden el numeral 21 de la Ley Suprema al prever, como alternativa para conmutar una sanci�n, la realizaci�n de actividades de apoyo a la comunidad.
En el mismo concepto de invalidez se esgrime que el art�culo 34 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. provoca inseguridad jur�dica, pues existe una contradicci�n entre este numeral y el diverso art�culo 36 del mismo ordenamiento legal.
La disposici�n legal cuestionada determina que la administraci�n p�blica del Distrito F. y las delegaciones, enviar�n a la consejer�a propuestas de actividades de apoyo a la comunidad para que sean cumplidas por los infractores siguiendo los lineamientos y equivalencias de tiempo que ella misma determine y el diverso numeral 36 de dicha ley prev� que son actividades de apoyo a la comunidad las siguientes:
I. Limpieza, pintura o restauraci�n de centros p�blicos educativos, de salud o de servicios;
II. Limpieza, pintura o restauraci�n de los bienes da�ados por el infractor o semejantes a los mismos;
III. Realizaci�n de obras de ornato en lugares de uso com�n;
IV.R.�n de obras de balizamiento, limpia o reforestaci�n en lugares de uso com�n;
V.I.�n de pl�ticas a vecinos o educandos de la comunidad en que hubiera cometido la infracci�n, relacionadas con la convivencia ciudadana o realizaci�n de actividades relacionadas con la profesi�n, oficio u ocupaci�n del infractor.
De acuerdo con tales normas debe entenderse que las actividades de apoyo a las que alude el art�culo 34 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., est�n referidas �nicamente al cat�logo se�alado en el diverso 36 de la misma ley, motivo por el cual es incuestionable que no existe inseguridad jur�dica, por el contrario, hay certidumbre pues el infractor tiene la posibilidad de saber de antemano, que si opta por realizar dichas actividades para liberarse del pago de una multa o de que sea arrestado, �stas consistir�n exclusivamente en alguna de las previstas en el art�culo 36 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F..
Adem�s, la constitucionalidad del precepto cuestionado se demuestra si se tiene presente que las actividades de apoyo a la comunidad, depender�n de las propuestas que se env�en a la consejer�a por parte de las delegaciones o de la administraci�n p�blica del Distrito F., con el fin de que sean estas �ltimas las que manifiesten qu� tipo de actividades, de las se�aladas en el art�culo 36 de la Ley de Cultura C�vica, requiere la zona, pero siempre ser� con motivo de la expresi�n de la voluntad del infractor, el que decide si desea conmutar o no la sanci�n.
En el segundo concepto de invalidez se esgrime que el art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. transgrede los art�culos 2o., apartado A, fracci�n VIII y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
En principio, debe partirse del an�lisis del texto de la disposici�n legal cuya declaratoria de invalidez se solicita, a saber:
"Art�culo 42. Cuando el probable infractor no hable espa�ol, o se trate de un sordomudo, y no cuente con traductor o int�rprete, se le proporcionar� uno, sin cuya presencia el procedimiento administrativo no podr� dar inicio."
El precepto reproducido establece que no podr� iniciarse un procedimiento, si el infractor no habla espa�ol o sea sordomudo, y no cuente con int�rprete o traductor, debiendo proporcion�rsele uno.
Ahora bien, los art�culos que se estiman violados prev�n:
"Art�culo 2o. La naci�n mexicana es �nica e indivisible.
"La naci�n tiene una composici�n pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos ind�genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del pa�s al iniciarse la colonizaci�n y que conservan sus propias instituciones sociales, econ�micas, culturales y pol�ticas, o parte de ellas.
"La conciencia de su identidad ind�gena deber� ser criterio fundamental para determinar a qui�nes se aplican las disposiciones sobre pueblos ind�genas.
"Son comunidades integrantes de un pueblo ind�gena, aquellas que formen una unidad social, econ�mica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
"El derecho de los pueblos ind�genas a la libre determinaci�n se ejercer� en un marco constitucional de autonom�a que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades ind�genas se har� en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deber�n tomar en cuenta, adem�s de los principios generales establecidos en los p�rrafos anteriores de este art�culo, criterios etnoling��sticos y de asentamiento f�sico.
"A.E.C.�n reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades ind�genas a la libre determinaci�n y, en consecuencia, a la autonom�a para:
"...
"VIII. Acceder plenamente a la jurisdicci�n del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deber�n tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constituci�n. Los ind�genas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por int�rpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
"Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecer�n las caracter�sticas de libre determinaci�n y autonom�a que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos ind�genas en cada entidad, as� como las normas para el reconocimiento de las comunidades ind�genas como entidades de inter�s p�blico."
"Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."
De acuerdo a lo manifestado por los diputados que acuden a la acci�n constitucional, el art�culo 2o. de la Ley Suprema que establece el derecho de los ind�genas a ser asistidos por int�rpretes que tengan conocimiento de su lengua y no es respetado por la disposici�n legal tildada de inconstitucional, pues al prever �sta la condici�n de que no se hable espa�ol, para tener derecho a un int�rprete, implica que el legislador excedi� sus facultades estableciendo mayores requisitos.
El anterior planteamiento se considera infundado, en virtud de que parte de una interpretaci�n equ�voca, ya que el art�culo 42 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. establece que cuando el probable infractor no hable espa�ol, o se trate de un sordomudo y no cuente con traductor o int�rprete, se le proporcionar� uno, lo cual corrobora que, contrario a lo que se�alan los accionantes, est� protegiendo los derechos de cualquier persona que no hable el idioma, lo que incluye a aquellos ind�genas que no hablan espa�ol; de esta manera, tambi�n a los ind�genas se les respeta el derecho de ser asistidos por un int�rprete que tenga conocimiento de su lengua, y no se les limita ese derecho; consecuentemente, no puede afirmarse que la Asamblea Legislativa del Distrito F. se haya excedido en sus facultades al establecer mayores requisitos que los exigidos en la Constituci�n.
En efecto, a los ind�genas se les asegura gozar, en igualdad de circunstancias, de los derechos y oportunidades que se otorgan a las dem�s personas, respetando su identidad social y cultural; sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; derechos que siempre ser�n respetados por as� disponerlo la Constituci�n F. en la parte conducente del apartado A del art�culo 2o. antes reproducido, al establecer que se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades ind�genas a la libre determinaci�n y, en consecuencia, a la autonom�a para acceder plenamente a la jurisdicci�n del Estado; garantizando ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, tomando en cuenta sus costumbres y especificidades culturales; teniendo el derecho a ser asistidos por int�rpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Con base en ello, es inconcuso que en t�rminos del precepto cuya invalidez se solicita, toda aquella persona que no hable espa�ol tiene derecho a solicitar ser asistido por un int�rprete, encontr�ndose incluidos en este supuesto, los ind�genas que no hablen ese idioma.
En las relatadas condiciones, es inatendible lo se�alado en torno a la supuesta violaci�n al Convenio sobre Pueblos Ind�genas y T. en Pa�ses Independientes ratificado por M�xico el cinco de septiembre de mil novecientos noventa, y publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno; y, por ende, la supuesta violaci�n al art�culo 133 de la Constituci�n F., ya que por las razones anotadas, se respeta la jerarqu�a de leyes.
En el tercer concepto de invalidez se sostiene que los art�culos 24, fracciones I, VII y VIII, y 25, fracciones XI y XII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. quebrantan los numerales 1o., 5o., 11, 16 y 23 del Pacto F..
Para dar respuesta a dicha aseveraci�n debe atenderse al texto de las disposiciones legales cuestionadas, que es el siguiente:
"Art�culo 24. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: I.P. alg�n servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquiermanera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentaci�n del infractor s�lo proceder� por queja previa; ... VII. Invitar a la prostituci�n o ejercerla, as� como solicitar dicho servicio. En todo caso s�lo proceder� la presentaci�n del probable infractor cuando exista queja vecinal ... VIII. Ocupar los accesos de oficinas p�blicas o sus inmediaciones ofreciendo la realizaci�n de tr�mites que en la misma se proporcionen, sin tener autorizaci�n para ello. ..."
"Art�culo 25. Son infracciones contra la seguridad ciudadana: ... XI. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espect�culos p�blicos, con precios superiores a los autorizados; XII. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para observar al interior de un inmueble ajeno; ..."
Los art�culos transcritos establecen que la responsabilidad que pudiera determinarse es independiente de las consecuencias jur�dicas que las conductas pudieran generar en otro �mbito; que se consideran como infracciones contra la tranquilidad de las personas prestar un servicio no solicitado y pedir un pago por dicho servicio; invitar a la prostituci�n o ejercerla (s�lo mediante queja vecinal), y ocupar el acceso de oficinas p�blicas ofreciendo realizaci�n de tr�mites; y, que son consideradas como infracciones contra la seguridad ciudadana ofrecer venta de boletos de espect�culos p�blicos a precios superiores y trepar bardas para observar el interior de un inmueble ajeno.
Se aduce primeramente, que no est�n debidamente motivados porque no se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas; sin embargo, los accionantes no toman en consideraci�n la exposici�n de motivos de la ley reclamada, que en la parte conducente se�ala:
"... La Iniciativa que se propone regula la materia prevista en los art�culos 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 42, fracci�n XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito F., y la denominaci�n de ?Ley de Convivencia Ciudadana del Distrito F.?, se considera un tema de gran importancia en tanto que objetiva la pretensi�n de procurar la convivencia arm�nica de los habitantes del Distrito F. a trav�s de la preservaci�n de la seguridad ciudadana, la conservaci�n del buen estado de los bienes p�blicos, la libre circulaci�n en las v�as y espacios p�blicos y la utilizaci�n adecuada de los lugares de uso com�n, para el ejercicio de los derechos sin perturbaci�n del orden p�blico y la tranquilidad social ni afectaci�n de la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los dem�s habitantes.
"2. Se propone el establecimiento de un cat�logo de faltas en que se consideran conductas reprochables, actualmente no contempladas y generadoras de la aplicaci�n de sanciones por analog�a o bien entendidas como permitidas, aun cuando afectan valores importantes para una sana convivencia. Igualmente se reformulan algunas de las a�n vigentes con el fin de lograr una descripci�n espec�fica ... Se agrupan las conductas reprochables en 4 rubros en atenci�n a los valores que afectan: Infracciones contra la dignidad de las personas. Infracciones contra la tranquilidad de las personas. Infracciones contra la seguridad ciudadana. Infracciones contra el entorno urbano. En cada uno de los grupos mencionados se hacen las descripciones de las conductas sancionables, de tal manera especificadas que limiten al m�ximo cualquier tipo de interpretaci�n policiaca respecto a su comisi�n, siendo suficiente su sola comisi�n para el inicio del procedimiento de sanci�n ... La propuesta de considerar como infracciones las conductas antes mencionadas, as� como las dem�s que se contienen en la iniciativa, obedecen a la intenci�n de inhibir su pr�ctica y con ello incrementar no s�lo los niveles de seguridad en la Ciudad sino tambi�n mejorar la percepci�n que de la misma se tiene en la actualidad, por supuesto que no basta su enunciaci�n legal, sino que es necesaria la actuaci�n eficiente de las instancias involucradas en la aplicaci�n de la ley para lograrlo, estando ciertos que esto depende de la instrumentaci�n de mecanismos adecuados de supervisi�n y control de los responsables de hacer valer la justicia c�vica en materia de faltas de polic�a de polic�a y buen gobierno. 3. Existen conductas cuya realizaci�n impacta con mayor gravedad la convivencia, al afectar hondamente la percepci�n del orden y la seguridad ciudadana, para las cuales se propone la aplicaci�n de una sanci�n ejemplar que las inhiba. As� se plantea el establecimiento del arresto inconmutable ... Este arresto inconmutable se plantea para las infracciones referentes a: hacer al aire disparos de arma de fuego; participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en v�as p�blicas; percutir armas de postas, di�bolos, dardos o municiones contra personas o animales; ofrecer o propiciar la venta de boletos de espect�culos p�blicos, con precios superiores a los autorizados; cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, se�ales, n�meros y letras que identifiquen lugares, inmuebles y v�as p�blicos; pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, elementos de ornato o �rboles y colocar transitoriamente o fijar, sin autorizaci�n para ello, elementos destinados a la venta de productos. ..."
De la exposici�n de motivos reproducida puede advertirse, en la parte conducente, que las disposiciones que conforman la ley que se combate s� tienen por objeto regular relaciones sociales para lograr la sana convivencia y la tranquilidad ciudadana, y s� existe adecuaci�n o coherencia entre los preceptos que se expidieron, con las necesidades sociales que se intenta satisfacer, sin que sea acertada la afirmaci�n en el sentido de que s�lo se vislumbra una pol�tica sancionadora de algunas clases sociales; tan es as�, que se instituyen precisamente las actividades de apoyo a la comunidad para evitar la imposici�n de una sanci�n a los infractores, lo que constituye una opci�n para no multar o arrestar a quien cometa conductas indebidas.
Adem�s, no es requisito indispensable para que se considere motivada la regulaci�n de una conducta, el que haya una afectaci�n irreparable, si las razones para dicha regulaci�n se sustentan en lograr la tranquilidad de las personas como un mecanismo de fomento de la conciencia ciudadana, y del reconocimiento de situaciones que buscan la armon�a de la convivencia; y, en este sentido, resulta evidente que recibir un servicio no solicitado y adem�s estar obligado a pagar por �l (no s�lo limpia parabrisas); la molestia de los vecinos por actos de prostituci�n; impedir que se realicen tr�mites en oficinas p�blicas debido a las ventajas que otras personas tienen si pagan servicios de gestores; no poder comprar un boleto para un espect�culo p�blico si no es a trav�s de los revendedores que piden un pago mucho m�s elevado que el autorizado, o sufrir la molestia de personas que se trepen a las bardas de propiedades ajenas para observar el interior de un inmueble; provoca inseguridad ciudadana e intranquilidad de las personas; he ah� la motivaci�n de la ley que se reclama, sirviendo de apoyo a dicha consideraci�n, la tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, se transcriben enseguida:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: V, junio de 1997
"Tesis: P. C/97
"P�gina: 162
"PROMULGACI�N DE LEYES. FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE ESTE ACTO. La Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente que los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (Ap�ndice 1988, Primera Parte, p�gina 131, jurisprudencia 68). El acto de promulgaci�n de la ley forma parte del proceso legislativo que culmina con su vigencia y, por ende, para el cumplimiento de los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n requiere que provenga de la autoridad competente para ordenar la publicaci�n y circulaci�n de la ley a fin de que pueda ser obedecida (fundamentaci�n), ya que ha cumplido con las formalidades exigidas para ello (motivaci�n); sin que sea necesario, para la satisfacci�n de tales requisitos, que en el texto del acto promulgatorio se citen los preceptos legales que faculten al Poder Ejecutivo F. o Estatal para realizar tal acto, ni las razones que lo llevaron a concluir, tanto que se cumplieron las formalidades exigidas para la expedici�n de la ley como que la misma no es violatoria de derechos fundamentales, ya que tal cita y razonamiento en el acto mismo de autoridad no se requiere trat�ndose de actos legislativos."
No representa obst�culo a dicha consideraci�n, lo que se argumenta en torno a que se trata de conductas muy comunes y que por eso sancionarlas es excesivo; que solamente se trata de conductas desagradables a veces cometidas por ni�os mayores de once a�os; que s�lo hay lesiones de car�cter moral, y que m�s bien es el reflejo de las deficiencias en las pol�ticas econ�micas y sociales implementadas en el pa�s, castigando a las clases m�s desprotegidas de la sociedad; pues baste decir que la ley impugnada no est� dirigida a ninguna clase social en particular, sino a cualquier persona que cometa una conducta indebida que origine la imposici�n de una sanci�n, y el hecho de que sean pr�cticas comunes no implica que por ello no deban ser reguladas y se permita seguir cometiendo una infracci�n sin tener consecuencia alguna, aun cuando se trate de ni�os mayores de once a�os, pues de acuerdo a lo que la propia ley dispone, �stos recibir�n s�lo amonestaciones, lo que se espera, reprimir� sus conductas infractoras; y, los da�os aun cuando sean de car�cter moral, conducen a la intranquilidad de las personas y a evitar la sana convivencia.
De acuerdo a lo expuesto y atento a lo que reiteradamente se alega, la invitaci�n a la prostituci�n o el ejercicio de �sta, se consider� motivo de regulaci�n, en la medida en que afecta la tranquilidad de los vecinos, que s�lo mediante queja vecinal dar� lugar a que se considere la posibilidad de imponer una sanci�n al infractor a trav�s de un procedimiento cuyo objetivo se explica en la exposici�n de motivos, y sin que provoque inseguridad jur�dica alguna; por tanto, no es v�lido afirmar que atenta contra la libertad sexual, pues �sta es una figura totalmente diferente, y la finalidad no fue evitar la prostituci�n, sino cuidar la tranquilidad vecinal.
Se afirma tambi�n que el ejercicio, invitaci�n y solicitud de servicios de prostituci�n se sanciona dos veces porque la invitaci�n a la prostituci�n al grado de inducci�n, ya se encuentra tipificada en el art�culo 189 del C�digo Penal para el Distrito F..
Resulta infundado tal planteamiento, en virtud de que si bien la inducci�n a la prostituci�n se encuentra tipificada, lo que regula la fracci�n VII del art�culo 24 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. es la invitaci�n a la prostituci�n; ejercerla, o solicitar el servicio; lo que revela que se trata de conductas distintas, contrario a lo que sostienen los accionantes en el sentido de que se trata de una misma conducta sancionada dos veces.
Adem�s, debe tenerse presente que las conductas aludidas en el precepto legal cuestionado no siempre ser�n sancionadas, ya que la procedencia de la presentaci�n del probable infractor s�lo se dar� cuando exista queja vecinal; lo que revela una finalidad tendente a velar por las necesidades sociales, evitando que los afectados con esas conductas vivan con molestias.
En las relatadas condiciones, siendo obligaci�n del Estado ejercer la funci�n de sancionar conductas a efecto de brindar a los particulares resguardo jur�dico a la tranquilidad ciudadana y al pac�fico disfrute de los derechos, otorgando protecci�n judicial, preservando garant�as, asegurando proximidad policial, y generando confianza en las instituciones, es inconcuso que las normas cuya invalidez se solicita se declare, se encuentran debidamente motivadas.
En otro aspecto, el trepar bardas para atisbar un inmueble ajeno atenta contra la seguridad ciudadana, pues podr�a dar lugar a que s�lo fuera para verificar las propiedades y en lo futuro propiciar la comisi�n de alg�n delito, sin que represente obst�culo la edad de las personas que realicen esta conducta.
T. a la infracci�n consistente en ocupar los accesos de oficinas p�blicas o sus inmediaciones ofreciendo la realizaci�n de tr�mites que ah� se proporcionen, sin tener autorizaci�n para ello, que de acuerdo al criterio de los diputados accionantes transgrede los art�culos 1o., 5o. y 11 de la Ley Suprema, es menester se�alar lo siguiente:
Los art�culos constitucionales que se estiman transgredidos establecen:
"Art�culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozar� de las garant�as que otorga esta Constituci�n, las cuales no podr�n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
"Est� prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzar�n, por este solo hecho, su libertad y la protecci�n de las leyes.
"Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las capacidades diferentes, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
"Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad ..."
"Art�culo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la Rep�blica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estar� subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci�n, inmigraci�n y salubridad general de la Rep�blica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pa�s."
De la lectura integral de dichas disposiciones puede v�lidamente concluirse que la porci�n normativa que se estima violatoria de tales numerales, acata las disposiciones constitucionales de m�rito, de acuerdo con las razones que enseguida se exponen:
De ning�n modo puede considerarse como trabajo l�cito, el que ciertas personas se ofrezcan como gestores para la realizaci�n de tr�mites oficiales en oficinas p�blicas, pues �stas no tienen contratada persona alguna para ofrecer esos servicios, ni contemplan esa tarea como propia, y s�, por el contrario, representan para las dem�s que pretenden realizar un tr�mite, inseguridad para concluirlo, pues al no pagar los servicios de dichos gestores, se origina que la gente que s� lo hace, tenga acceso m�s f�cil a las dependencias correspondientes, minimizando las oportunidades que tienen los que no solicitan sus servicios para realizar su tr�mite satisfactoriamente.
Lo anterior conduce a determinar que la regulaci�n de ese tipo de conductas, no constituye restricci�n ni suspensi�n de garant�as individuales; tampoco impide a las personas dedicarse a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode (siendo l�citos), y mucho menos se les proh�be entrar en la Rep�blica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Debe destacarse por �ltimo, lo inexacto de la apreciaci�n de los diputados accionantes cuando afirman que las conductas que se sancionan no regulan necesidades sociales, ya que s�lo se trata de inhibir actos de corrupci�n, pues baste esto �ltimo (actos de corrupci�n), para justificar la necesidad de considerar como infractor a quien afecte la convivencia ciudadana.
En el cuarto concepto de invalidez se manifiesta que los art�culos 24, fracciones II, IV, V y VI, as� como 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIII, XV y XVII, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. son violatorios de la garant�a de legalidad porque no est�n debidamente motivados.
Los preceptos legales cuestionados disponen:
"Art�culo 24. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: ... II. P. animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos; ... IV. Impedir el uso de los bienes del dominio p�blico de uso com�n; V.O. con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorizaci�n del propietario o poseedor del mismo; VI. Incitar o provocar a re�ir a una o m�s personas; ..."
"Art�culo 25. Son infracciones contra la seguridad ciudadana: I. Permitir el propietario o poseedor de un animal que �ste transite libremente, o transitar con �l sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las caracter�sticas particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, as� como azuzarlo, o no contenerlo; II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la v�a p�blica, la libertad de tr�nsito o de acci�n de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. Para estos efectos, se entender� que existe causa justificada siempre que la obstrucci�n del uso de la v�a p�blica, de la libertad de tr�nsito o de acci�n de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en s� misma un fin, sino un medio razonable de manifestaci�n de las ideas, de asociaci�n o de reuni�n pac�fica; III. Usar las �reas y v�as p�blicas sin contar con la autorizaci�n que se requiera para ello; IV. Apagar, sin autorizaci�n, el alumbrado p�blico o afectar alg�n elemento del mismo que impida su normal funcionamiento; ... VI. Portar, transportar o usar, sin precauci�n, objetos o sustancias que por su naturaleza sean peligrosos y sin observar, en su caso, las disposiciones aplicables; VII. Detonar o encender cohetes, juegos pirot�cnicos, fogatas o elevar aer�statos, sin permiso de la autoridad competente; ... IX. Solicitar los servicios de emergencia, polic�a, bomberos o de establecimientos m�dicos o asistenciales, p�blicos o privados, cuando no se requieran. Asimismo, proferir voces, realizar actos o adoptar actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el temor o p�nico colectivos; ... XIII. A., el propietario, de bardar un inmueble sin construcci�n o no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que puedan ser da�inas para los colindantes; ... XV. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en v�as p�blicas; ... XVII. Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma ..."
De la exposici�n de motivos de la ley que se revisa es preciso, aunque en algunos aspectos sea de manera reiterada, conocer los siguientes aspectos:
"... Para consolidar una sociedad democr�tica, la Ciudad de M�xico requiere el establecimiento de un conjunto de normas que tiendan a garantizar el derecho y generar la responsabilidad de todos sus habitantes para ser sujetos activos en el mejoramiento de las relaciones sociales y en la preservaci�n de su entorno social. Para lograrlo,se requiere promover la solidaridad y la tolerancia, procurar la convivencia arm�nica, garantizar la utilizaci�n adecuada de los lugares de uso com�n. Todo ello, con el fin de consolidar una cultura c�vica fincada en los principios de respeto, equidad, corresponsabilidad e identidad. Adem�s, la ciudad requiere de instancias donde los problemas cotidianos puedan ser resueltos a trav�s del di�logo y la conciliaci�n. Donde el eje de la resoluci�n sea la confianza de sus habitantes no s�lo en las instituciones sino en su propia capacidad para concertar y crear compromisos y para cumplirlos. Al respecto, existe un rubro que desempe�a un papel fundamental en las relaciones sociales: las infracciones de polic�a y buen gobierno. Por ello, la pretensi�n de esta Iniciativa es dar a esta materia el papel preponderante que le corresponde como instrumento de preservaci�n de la convivencia arm�nica y de prevenci�n del delito, impulsando al mismo tiempo una especie de autorregulaci�n ciudadana. Hacer m�s habitable y amable la Ciudad de M�xico, implica inhibir conductas antisociales que da�en la convivencia. Es brindar a los habitantes la seguridad del resguardo y la garant�a del disfrute de sus espacios p�blicos, as� como dar certeza a los citadinos del respeto que todos estamos obligados a brindarnos. La noci�n de seguridad ciudadana que anima la presente iniciativa, pretende conciliar la capacidad de los ciudadanos de Distrito F. como agentes activos y no solo como demandantes de seguridad. El tener satisfecha su necesidad de seguridad es un indiscutible derecho ciudadano, pero es a la vez una obligaci�n coadyuvar a su procuraci�n y salvaguarda, excitar al ente estatal para su otorgamiento y para su actuaci�n en los casos en que sea vulnerada. El �xito de la prevenci�n delictiva descansa en el ejercicio y asunci�n plenos de ese derecho y de esa obligaci�n. El problema de la inseguridad es el resultado de factores diversos, influyen en �l aspectos sociales, econ�micos, culturales y educativos. Por lo mismo, su soluci�n es multifactorial y de largo plazo. Las conductas il�citas se producen por diversas condiciones previas a su perpetraci�n, entre las que se encuentra la presunci�n de la impunidad por parte de quienes las realizan y la existencia de oportunidades para llevarlas a cabo. Es preciso reconocer la personalidad compartida en el origen de esas condiciones, debidas en buena parte a la creaci�n de procedimientos y tr�mites tortuosos que inhiben la intenci�n de la denuncia por parte del ofendido, as� como la carencia de sensibilidad adecuada de los servidores p�blicos encargados de investigar y sancionar a los responsables, la acci�n retardada o la inacci�n de los cuerpos policiacos y la indiferencia ciudadana. Pero quiz�, el fen�meno m�s preocupante es la socializaci�n del delito, que implica una t�cita aceptaci�n de las conductas antisociales al ser vistas como normales e incluso como una forma de vida. Gobierno y Ciudadanos estamos obligados a revertir estas tendencias, cada uno en el �mbito en que le corresponda actuar. Esta Iniciativa constituye un instrumento de prevenci�n primaria al dirigirse a aquellas conductas que si bien no constituyen delitos, s� vulneran la armon�a de la convivencia ciudadana al afectar no s�lo a las personas sino tambi�n a los bienes que pertenecen a todos, al respeto a los dem�s, a la tranquilidad p�blica, a la seguridad ciudadana y al entorno urbano. Es un hecho verificable en las v�as y espacios p�blicos se cometen, con alto grado de impunidad, gran cantidad de conductas que afectan esos valores, ya que por un lado su recurrencia ha sido vista como normal y por el otro existe desinter�s ciudadano para involucrarse en los procedimientos establecidos para su sanci�n, bajo el argumento de que es obligaci�n de las autoridades reprimir esos actos. Esta permisi�n de hecho, genera en los infractores la certeza de la impunidad y en la ciudadan�a la percepci�n de desorden social. Contener ese desorden y revertir esa cultura de la impunidad crear�n las condiciones m�nimas para evitar la comisi�n de conductas il�citas de mayor repercusi�n social. La Iniciativa que se somete a la consideraci�n de esta Asamblea Legislativa parte de la experiencia acumulada en la aplicaci�n de la ley vigente y sus antecedentes reglamentarios. Es por ello que al lado de las innovaciones que contiene, se preservan elementos que han mostrado eficacia. En este sentido, se tiene claro que la orientaci�n de la vigente Ley de Justicia C�vica para el Distrito F. de 1999 a semejanza de su antecedente inmediato -el Reglamento Gubernativo de Justicia C�vica de 1993- atiende a la intenci�n de reducir los m�rgenes de discrecionalidad en la actuaci�n de la polic�a, siendo elementos b�sicos para su expedici�n a) La supresi�n de algunas faltas que denotaban discriminaci�n as� como las descripciones vagas; b) El establecimiento de dos modos de actuaci�n policiaca: detenci�n y presentaci�n de presuntos infractores o entrega de citatorios a presuntos infractores para su comparecencia ante el J. c�vico. No obstante dicha intenci�n, en el cat�logo de faltas de la ley vigente a�n existen algunas infracciones que permiten una interpretaci�n amplia, lo que genera discrecionalidad tanto en la presentaci�n ante el juzgado c�vico como en la imposici�n de la sanci�n correspondiente, lleg�ndose al extremo de la aplicaci�n por analog�a ante la imprecisi�n en la especificidad de las conductas reprochables. Por otra parte, la eficacia de la ley vigente es cuestionada ya que, por lo general, todo infractor detenido es presentado ante el J. C�vico aun cuando el procedimiento correspondiente sea el que deba iniciarse con la entrega de un citatorio. Ello se debe al desconocimiento de los procedimientos en la ley o a los elementos de la polic�a no disponen de dichos citatorios. En el cuestionamiento de la eficacia de la ley vigente, el alto �ndice de impunidad tiene un papel importante, ya que no todas las personas que cometen faltas c�vicas son detenidas y presentadas para la aplicaci�n de la sanci�n correspondiente. Esto muchas veces es atribuido a la inacci�n policiaca misma que obedece, entre otras razones a la resistencia de los ciudadanos a intervenir en el procedimiento, principalmente por el temor a represalias, ya que generalmente los infractores son los propios vecinos; a la p�rdida de tiempo ya que aun cuando el procedimiento se desarrolle con expeditez, implica el traslado al local del juzgado y a la espera para su desarrollo y finalmente a la idea de que es obligaci�n del gobierno sancionar a los infractores sin mayor tr�mite que el solo se�alamiento de la comisi�n de una infracci�n. Tambi�n se debe a la arraigada percepci�n de que los infractores no ser�n sancionados o en caso de que lo sean, al ser m�nimas las sanciones ello no evitar� la recurrencia de las infracciones. En esa inactividad policial influye tambi�n la falta de credibilidad que su actuaci�n genera, tanto en la sociedad como en el personal del propio juzgado c�vico. Al entenderse la presentaci�n ante el mismo como el �ltimo recurso ante la extorsi�n fallida. Esa ineficiencia de la ley vigente genera adem�s importantes consecuencias como la percepci�n de desorden social, lo que eleva la sensaci�n de inseguridad ciudadana; y afecta la credibilidad social respecto del esfuerzo del Gobierno del Distrito F. para incrementar los �ndices de seguridad de los habitantes. Ante ello, las conductas reprochables se sociabilizan, contribuyendo a la expectativa de la impunidad delictiva y se afectan los valores de convivencia en la ciudad, de forma tal que alcanza status de normalidad la falta de solidaridad ciudadana, la carencia de respeto a las personas y a sus bienes, la realizaci�n de acciones que degradan el entorno urbano de la ciudad y en general las conductas que afectan el derecho a la tranquilidad p�blica. Lo anterior explica la necesidad de una ley en materia de justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno, a efecto de revertir los elementos que reanudan en la ineficiencia de la ley vigente, considerando las siguientes premisas: 1. El contacto inmediato del ciudadano con la autoridad es la polic�a, servidor p�blico obligado a mantener el orden en la calle en representaci�n del gobierno de la ciudad, para ello debe disponer de un instrumento claro, espec�fico y simple que le permita actuar de inmediato contra el desorden en el lugar en que ejerza sus funciones. 2. Si bien la inseguridad obedece a situaciones objetivas, tambi�n existe en su percepci�n un alto grado de subjetividad generada por el temor de la reiteraci�n de conductas antisociales, ya sean infracciones o delitos, forzando a los habitantes de la ciudad, a resguardarse en sus domicilios, abandonando las v�as y espacios p�blicos. La previsi�n de otras conductas sancionables, la actuaci�n constante, regular y vigilada de la polic�a y la imposici�n efectiva de sanciones, contribuir�an a revertir la sensaci�n de inseguridad ciudadana y por ende a la recuperaci�n de la calle como el espacio natural para la convivencia ciudadana. 3. Las conductas sancionables en la materia si bien pueden agraviar a personas determinadas, finalmente afectan la armon�a en la convivencia ciudadana y por ende a la Ciudad, en este sentido el Gobierno tiene la obligaci�n de mantener el orden p�blico y preservar la tranquilidad social, en representaci�n de la ciudadan�a agraviada a �ste corresponde actuar a trav�s de la polic�a y del J. C�vico por la comisi�n de esas conductas. 4. En la prevenci�n del delito es vital la contenci�n del desorden en las v�as y espacios p�blicos. 5. Existe una obligaci�n rec�proca dispuesta por el Estatuto de Gobierno del Distrito F.. Por un lado, la de organizar pol�tica y administrativamente al Distrito F. en raz�n de la cobertura amplia, oportuna, �gil y especializada de los servicios de seguridad p�blica para la protecci�n de las personas, sus familias y sus bienes, y la de establecer en las normas, los t�rminos y condiciones para el ejercicio de los derechos p�blicos, determinando las medidas que garanticen el orden p�blico, la tranquilidad social y la seguridad ciudadana; y por el otro, la obligaci�n de los habitantes de ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad p�blicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades del resto. ... 1. La denominaci�n de la ley vigente, si bien coincide en parte con la denominaci�n, de la materia que le es atribuida constitucionalmente a la Asamblea Legislativa del Distrito F., alude esencialmente al contenido adjetivo de la misma, al �rgano encargado de su aplicaci�n y al procedimiento involucrado. La iniciativa que se propone regula la materia prevista en los art�culos 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 42, fracci�n XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito F., y la denominaci�n de ?Ley de Convivencia Ciudadana del Distrito F.?, se considera un tema de gran importancia en tanto que objetiva la pretensi�n de procurar la convivencia arm�nica de los habitantes del Distrito F. a trav�s de la preservaci�n de la seguridad ciudadana, la conservaci�n del buen estado de los bienes p�blicos, la libre circulaci�n en las v�as y espacios p�blicos y la utilizaci�n adecuada de los lugares de uso com�n, para el ejercicio de los derechos sin perturbaci�n del orden p�blico y la tranquilidad social ni afectaci�n de la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los dem�s habitantes ... 2. Se propone el establecimiento de un cat�logo de faltas en que se consideran conductas reprochables, actualmente no contempladas y generadoras de la aplicaci�n de sanciones por analog�a o bien entendidas como permitidas, aun cuando afectan valores importantes para una sana convivencia. Igualmente se reformulan algunas de las a�n vigentes con el fin de lograr una descripci�n espec�fica. Para la conformaci�n de ese cat�logo fue considerada la recurrencia de llamadas al sistema de emergencia 060 de la Secretar�a de Seguridad P�blica, en el cual se reciben quejas ciudadanas de �ndole diversa, y respecto del 24% mensual que s� amerita intervenci�n polic�aca, la mayor�a alude en general a obstrucci�n de v�a p�blica, uso irracional del agua, disparos de arma de fuego, presencia en la v�a p�blica de ebrios e intoxicados con drogas, ri�as y ruido excesivo. Se agrupan las conductas reprochables en 4 rubros en atenci�n a los valores que afectan: ... Tambi�n para lograr una mayor especificidad es que se propone sancionar a quienes colocan cualquier clase de objetos en la v�a p�blica para posteriormente permitir en ella el estacionamiento de veh�culos, conducta que en algunas zonas de la ciudad ha alcanzado, incluso, un alto grado de peligrosidad para la integridad f�sica de los vecinos y de los propios receptores de ese supuesto servicio, cuyos prestadores carecen de medios para responder ante cualquier eventualidad que afectare al veh�culo. Una pr�ctica reiterada en gran parte del Distrito F., es la obstrucci�n de entradas y salidas de inmuebles, sin autorizaci�n del propietario o poseedor del mismo, no s�lo con veh�culos estacionados en las mismas sino con cualquier tipo de objetos, afectando con ello tanto la tranquilidad como el adecuado desarrollo de las actividades cotidianas de sus moradores, tales razones animan la propuesta de su inclusi�n como infracci�n ... De manera recurrente, en algunas zonas de la ciudad, se utiliza la v�a p�blica para llevar a cabo competencias automovil�sticas, en detrimento de la seguridad no s�lo de los dem�s conductores sino de los propios participantes y sus espectadores, aun cuando estas pr�cticas se han venido sancionando, se estima que la mejor manera de hacerlo es mediante el establecimiento de una infracci�n espec�fica con una sanci�n ejemplar que inhiba su comisi�n. La convivencia ciudadana se ve afectada sensiblemente por las conductas que vulneran la percepci�n de seguridad de los integrantes de la comunidad, por ello se propone la incorporaci�n de dos infracciones que involucran el uso de armas, la primera de ellas consistente en hacer disparos al aire, sin cuestionar la legalidad de la portaci�n ni de la posesi�n, que se ubican en otro �mbito de actuaci�n, y la segunda relativa a accionar armas de postas, di�bolos, dardos o municiones contra personas o animales: en ambos casos, si de la conducta resultare la comisi�n de delitos. el J. c�vico estar� obligado a requerir la intervenci�n del Ministerio P�blico. La propuesta de considerar como infracciones las conductas antes mencionadas, as� como las dem�s que se contienen en la iniciativa, obedecen a la intenci�n de inhibir su pr�ctica y con ello incrementar no s�lo los niveles de seguridad en la Ciudad sino tambi�n mejorar la percepci�n que de la misma se tiene en la actualidad, por supuesto que no basta su enunciaci�n legal, sino que es necesaria la actuaci�n eficiente de las instancias involucradas en la aplicaci�n de la ley para lograrlo, estando ciertos que esto depende de la instrumentaci�n de mecanismos adecuados de supervisi�n y control de los responsables de hacer valer la justicia c�vica en materia de faltas de polic�a de polic�a y buen gobierno. 3. Existen conductas cuya realizaci�n impacta con mayor gravedad la convivencia, al afectar hondamente la percepci�n del orden y la seguridad ciudadana, para las cuales se propone la aplicaci�n de una sanci�n ejemplar que las inhiba. As� se plantea el establecimiento del arresto inconmutable, cuya duraci�n ser� determinada por el J. C�vico, de entre las 13 y 36 horas establecidas. Esta propuesta se encuentra estrictamente apegada a la disposici�n contenida en el art�culo 21 constitucional referido a la disyunci�n en la determinaci�n de las sanciones -multa o arresto hasta de 36 horas- y por supuesto, se contempla tambi�n la instrumentaci�n del procedimiento respectivo a efecto de respetar la garant�a de audiencia. Este arresto inconmutable se plantea para las infracciones referentes a: hacer al aire disparos de arma de fuego; participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en v�as p�blicas; percutir armas de postas, di�bolos, dardos o municiones contra personas o animales; ofrecer o propiciar la venta de boletos de espect�culos p�blicos, con precios superiores a los autorizados; cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, se�ales, n�meros y letras que identifiquen lugares, inmuebles y v�as p�blicos; pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, elementos de ornato o �rboles y colocar transitoriamente o fijar, sin autorizaci�n para ello, elementos destinados a la venta de productos. ..."
De la exposici�n de motivos reproducida, pueden advertirse las razones por las cuales se consider� que las conductas que la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. sanciona, necesitaban de regulaci�n, a saber:
? Garantizar el derecho y generar la responsabilidad de todos los habitantes para ser sujetos activos en el mejoramiento de las relaciones sociales y en la preservaci�n de su entorno social, promoviendo la solidaridad y la tolerancia.
? Procurar la convivencia arm�nica y garantizar la utilizaci�n adecuada de los lugares de uso com�n, con el fin de consolidar una cultura c�vica fincada en los principios de respeto, equidad, corresponsabilidad e identidad.
? Inhibir conductas antisociales que da�en la convivencia, para brindar a los habitantes la seguridad del resguardo y la garant�a del disfrute de sus espacios p�blicos, as� como dar certeza a los citadinos del respeto que todos estamos obligados a brindarnos.
? Conciliar la capacidad de los ciudadanos del Distrito F. como agentes activos y no s�lo como demandantes de seguridad, pues tener satisfecha su necesidad de seguridad es un indiscutible derecho ciudadano.
? En la prevenci�n del delito es vital la contenci�n del desorden en las v�as y espacios p�blicos.
? Debe conservarse el buen estado de los bienes p�blicos, la libre circulaci�n en las v�as y espacios p�blicos y la utilizaci�n adecuada de los lugares de uso com�n, para el ejercicio de los derechos sin perturbaci�n del orden p�blico y la tranquilidad social ni afectaci�n de la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los dem�s habitantes.
? Fue considerada la recurrencia de llamadas al sistema de emergencia 060 de la Secretar�a de Seguridad P�blica, en el cual se reciben quejas ciudadanas de �ndole diversa, y respecto del 24% mensual que s� amerita intervenci�n polic�aca, la mayor�a alude en general a obstrucci�n de v�a p�blica, uso irracional del agua, disparos de arma de fuego, presencia en la v�a p�blica de ebrios e intoxicados con drogas, ri�as y ruido excesivo.
? Una pr�ctica reiterada en gran parte del Distrito F., es la obstrucci�n de entradas y salidas de inmuebles, sin autorizaci�n del propietario o poseedor del mismo, no s�lo con veh�culos estacionados en las mismas sino con cualquier tipo de objetos, afectando con ello tanto la tranquilidad como el adecuado desarrollo de las actividades cotidianas de sus moradores.
? En algunas zonas de la ciudad se utiliza la v�a p�blica para llevar a cabo competencias automovil�sticas, en detrimento de la seguridad.
? La convivencia ciudadana se ve afectada sensiblemente por las conductas que vulneran la percepci�n de seguridad de los integrantes de la comunidad.
Sobre esas premisas y tomando en cuenta el criterio sustentado por el Tribunal Pleno respecto de que la motivaci�n de un acto legislativo no implica que todas y cada una de las disposiciones que integran el ordenamiento deban ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica, y sin que se exija para cumplir con dicha garant�a, haber informado el n�mero de casos en quelas actividades reguladas hayan violentado la tranquilidad de las personas o la seguridad ciudadana; debe desestimarse el concepto de invalidez que se analiza, sirviendo de apoyo a esta consideraci�n la tesis cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, se transcriben a continuaci�n:
"S�ptima �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n
"Vol�menes: 181-186, Primera Parte
"P�gina: 239
"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la Constituci�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica."
A mayor abundamiento, resulta f�cilmente comprensible asegurar que la recurrencia de llamadas al sistema de emergencia 060 de la Secretar�a de Seguridad P�blica sin motivo alguno, impide que cuando en realidad exista un problema como disparos de armas de fuego; presencia de ebrios o intoxicados en la v�a p�blica que pudieran agredir a los transe�ntes; ri�as y ruido excesivo que afecten a los vecinos del lugar, entre otras conductas infractoras, puedan los afectados contar con la ayuda necesaria; sin que sea �bice el que los diputados accionantes afirmen que s�lo se trata de conductas desagradables, porque en realidad se afecta la tranquilidad de las personas y la seguridad ciudadana.
En el quinto concepto de invalidez se argumenta que el art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. contraviene el numeral 16 de la Ley Suprema.
La disposici�n legal cuestionada dispone:
"Art�culo 55. El polic�a en servicio detendr� y presentar� al probable infractor inmediatamente ante el J., en los siguientes casos. I. Cuando presencien la comisi�n de la infracci�n, y II. Cuando sean informados de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n. El polic�a que se abstenga de cumplir con lo dispuesto en este art�culo, ser� sancionado por los �rganos competentes de la Secretar�a, en t�rminos de las disposiciones aplicables."
La norma reproducida prev� que el polic�a en servicio detendr� y presentar� al probable infractor ante el J., al presenciar la comisi�n de una infracci�n o cuando sea informado de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de realizada, o que encuentre indicios de la participaci�n.
Los promoventes de la acci�n se�alan que dicha disposici�n vulnera el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personal, porque la orden de aprehensi�n s�lo puede ser expedida por una autoridad judicial, previa denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado; que el Ministerio P�blico puede emitir una orden de detenci�n s�lo en casos urgentes cuando se trate de delitos graves, y que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al infractor y ponerlo sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata, y �sta, al Ministerio P�blico; lo que seg�n los diputados, demuestra la violaci�n al p�rrafo cuarto del art�culo 16 constitucional, que establece:
"... En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata y �sta, con la misma prontitud, a la del Ministerio P�blico."
Mencionan los accionantes que dicha violaci�n radica en que las detenciones solamente se permiten en flagrancia y trat�ndose de delitos penales, pues de lo contrario se violenta el derecho a la libertad; y, que las conductas que sanciona la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. no lesionan bienes jur�dicos, pues son acciones absolutamente insignificantes; por ende, no deber�a facultarse a los polic�as a realizar dichas detenciones, porque provocar�an que las personas afectadas en su libertad, ejercieran el derecho a la leg�tima defensa.
Antes de abordar el estudio relativo, es necesario se�alar que existen conductas antijur�dicas que son sancionadas en el �mbito administrativo y que no por ello, implica una invasi�n a las sanciones reguladas en el �mbito penal, seg�n se aprecia a continuaci�n.
El tercer p�rrafo del art�culo 14 constitucional prev� la garant�a de legalidad, la cual tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador (como el caso sujeto a discusi�n) responde al diverso principio nullum crimen, nulla poena sine lege, que proscribe la analog�a o la mayor�a de raz�n en la imposici�n de penas.
Sobre este punto, resulta ilustrativo el criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal, que dice:
"PENAS INDETERMINADAS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. El art�culo 14 de la Constituci�n F., estatuye, en sus p�rrafos segundo y tercero, que nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a y a�n por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Los principios consignados en los p�rrafos que anteceden, no son sino el reconocimiento de c�nones fundamentales formulados con respecto a la ley penal y a fin de garantizar la libertad de los individuos, y conforme a aqu�llos, no puede considerarse delictuoso un hecho sino por expresa declaraci�n de la ley; por tanto, no puede aplicarse pena alguna que no se halle determinada en la ley y nadie puede ser sometido a una pena sino en virtud de un juicio leg�timo. Analizando los sistemas concernientes a la duraci�n de las penas, dice F.�n, que la ley puede presentar tres aspectos: a) puede estar determinada absolutamente, esto es, la ley fija la especie y la medida de la pena, de manera que el J. no tiene otra tarea que su mera aplicaci�n al caso concreto; b) puede estar determinada relativamente esto es, la ley fija la naturaleza de la pena y establece el m�ximo y el m�nimo de ella, y el J. tiene facultad de fijar la medida entre diversas penas indicadas por la ley y aplicar algunas medidas que son consecuencias penales; c) por �ltimo, la ley puede estar absolutamente indeterminada, es decir, declara punible una acci�n, pero deja al J. la facultad de determinar y aplicar la pena, de la cual no indica ni la especie, ni menos a�n la cantidad. Es f�cil observar que el primero y tercer m�todos deben excluirse; el primero sustituye el legislador al J. y hace a �ste, instrumento ciego y material de aqu�l; el tercero, sustituye el J. al legislador y abre la puerta a la arbitrariedad, infringiendo el sagrado principio, baluarte de la libertad, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege por lo que, establecido que el art�culo 14 de la Constituci�n proclama los principios que el tratadista invocado reputa que se destruyen o desconocen con las penas de duraci�n indeterminada, cabe concluir que las sanciones de esa especie son contrarias a la Constituci�n F. y debe concederse el amparo que contra las mismas se solicite, para el efecto de que la autoridad responsable dicte nueva sentencia, imponiendo al reo la penalidad que corresponda, dentro de los l�mites se�alados por los preceptos legales referentes al delito por el que el mismo fue acusado."
Tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequ�vocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado o ius puniendi, entendido como la facultad que tiene �ste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisi�n de il�citos.
De un an�lisis integral del r�gimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador tiene como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de polic�a para lograr los objetivos en ellas trazados, cuesti�n en la que va inmerso el inter�s colectivo.
Por sanci�n administrativa debemos entender aqu� un castigo infligido por la administraci�n a un infractor como consecuencia de una conducta tachada como il�cita por la ley. Este castigo puede consistir en la privaci�n de un bien, de un derecho, la imposici�n de una obligaci�n de pago de una multa, arresto, etc�tera.
La sanci�n administrativa cumple en la ley y en la pr�ctica distintos objetivos preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo.
As�, el llamado derecho administrativo sancionador consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijur�dicas. De este modo, la pena administrativa es una funci�n jur�dica que tiene lugar como reacci�n frente a lo antijur�dico, frente a la lesi�n del derecho administrativo.
Por lo anterior, podemos afirmar que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanci�n penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacci�n frente a lo antijur�dico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanci�n de una pena. Que esta pena la imponga en un caso el tribunal y en otro la autoridad administrativa, constituye una diferencia jur�dicomaterial entre los dos tipos de normas; no obstante, la elecci�n entre pena y sanci�n administrativa, no es completamente disponible para el legislador en tanto que es susceptible de ser controlable a trav�s de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, en sede constitucional.
La acci�n administrativa alcanza planos cada vez m�s amplios, pues la vida social es din�mica, el desarrollo cient�fico y tecnol�gico revoluciona las relaciones sociales a pasos agigantados, y sin duda exige un acrecentamiento de la actuaci�n estatal, en espec�fico, de la administraci�n p�blica y la regulaci�n del poder de polic�a por parte del legislador para encauzar con �xito las relaciones sociales, lo que de hecho conlleva a una multiplicaci�n en la creaci�n de nuevas sanciones administrativas.
El crecimiento en la utilizaci�n del poder de polic�a, que indudablemente resulta necesario para el din�mico desenvolvimiento de la vida social, puede tornarse arbitrario si no se controla a la luz de la Constituci�n, por tanto, es labor de este Alto Tribunal crear una esfera garantista que proteja de manera efectiva los derechos fundamentales. En este tenor, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretaci�n constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, como son, entre otros: el principio de legalidad, el principio del non bis in idem, la presunci�n de inocencia, el principio de culpabilidad e incluso la prescripci�n de las sanciones, aun cuando la traslaci�n de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma autom�tica, porque la aplicaci�n de dichas garant�as al procedimiento administrativo s�lo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho p�blico estatal y asimiladas algunas de las garant�as del derecho penal- ir� formando los principios sancionadores propios para este campo del ius puniendi del Estado; sin embargo, en tanto esto sucede, es v�lido tomar a pr�stamo y de manera prudente las t�cnicas garantistas del derecho penal.
Tales consideraciones encuentran apoyo en el siguiente criterio:
"No. Registro: 174.488
"Jurisprudencia
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XXIV, agosto de 2006
"Tesis: P./J. 99/2006
"P�gina: 1565
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCI�N DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES V�LIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS T�CNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un an�lisis integral del r�gimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de polic�a para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanci�n administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacci�n frente a lo antijur�dico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequ�vocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene �ste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisi�n de il�citos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretaci�n constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslaci�n de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma autom�tica, porque la aplicaci�n de dichas garant�as al procedimiento administrativo s�lo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho p�blico estatal y asimiladas algunas de las garant�as del derecho penal- ir� formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es v�lido tomar de manera prudente las t�cnicas garantistas del derecho penal."
Tomando como base las afirmaciones precedentes, se procede al an�lisis del concepto de invalidez en estudio.
Como puede corroborarse, los diputados accionantes parten de una interpretaci�n equ�voca de la disposici�n legal cuestionada (art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F.), lo que conduce a declarar infundados sus argumentos.
Contrario a lo se�alado en el quinto concepto de invalidez, la detenci�n y presentaci�n del probable infractor ante el J., no implica una aprehensi�n que deba ser realizada en cumplimiento a una orden expedida por una autoridad judicial, previa denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito; es decir, la presentaci�n a que alude el art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., es diferente a la detenci�n sancionada con pena privativa de la libertad, pues se trata s�lo de un aseguramiento moment�neo de la persona; de ah� que pueda v�lidamente afirmarse que no se atenta contra la libertad del individuo.
Sin embargo, es de resaltarse el hecho de que seg�n lo previsto en el art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., el polic�a en servicio s�lo podr� detener y presentar al probable infractor ante el J., si presencia la comisi�n de la infracci�n; cuando tenga conocimiento de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada, o cuando encuentre en poder del infractor, el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n; lo que denota que el polic�a lleva a cabo una detenci�n moment�nea del infractor s�lo si existe flagrancia, teniendo el deber de llevarlo inmediatamente ante el J., quien finalmente decidir� si es o no acreedor a una sanci�n; lo que revela que no se aprehende a la persona que comete la conducta indebida, y consecuentemente no se violenta el derecho a la libertad.
En las relatadas condiciones, si como se evidenci� se trata de un derecho administrativo sancionador, es factible un aseguramiento del infractor en flagrancia, pues a pesar de tratarse de faltas c�vicas, se lesionan bienes jur�dicos.
A mayor abundamiento, es preciso se�alar que la actuaci�n polic�aca garantiza la seguridad ciudadana, toda vez que sin la detenci�n y consecuente remisi�n al J. C�vico, se propiciar�a el aumento en la comisi�n de las infracciones, dado que no existir�a manera de reprimir las conductas sancionadas, las cuales de ninguna forma pueden ser calificadas como insignificantes.
De acuerdo con ello, no es correcto afirmar que queda a criterio del polic�a dar un calificativo a las conductas, pues como se demostr�, esto s�lo compete al J., que es el que determina si se demostr� la responsabilidad y si la falta es o no motivo de sanci�n; y, la obligaci�n del polic�a radica exclusivamente en la detenci�n moment�nea y la inmediata remisi�n del infractor ante el J..
R., la norma cuya declaraci�n de invalidez se solicita, dispone que s�lo est� permitido al polic�a llevar a cabo la detenci�n, cuando presencie la comisi�n de la infracci�n y cuando sea informado de �sta inmediatamente despu�s de su comisi�n, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente la participaci�n en la infracci�n; lo que denota que no en cualquier supuesto se puede realizar una detenci�n; adem�s, la imposici�n o no de una multa o un arresto, siempre estar� sujeta al procedimiento administrativo que se seguir� ante el J. C�vico; es decir, la remisi�n ante el J. no implica necesariamente la existencia de una responsabilidad, por lo que no puede alegarse violaci�n a la garant�a de libertad.
En el sexto concepto de invalidez se invoca la violaci�n a diversos preceptos constitucionales con motivo de lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 55 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que ha quedado reproducido en p�rrafos que anteceden, pues de acuerdo al criterio de los accionantes, es violatorio del principio de presunci�n de inocencia, porque basta con que se le informe a un polic�a de la comisi�n de un delito, para que proceda a la detenci�n del infractor.
Sobre el particular es menester se�alar que lo previsto en el art�culo cuestionado, en el sentido de que el polic�a en servicio debe detener y presentar al probable infractor ante el J., cuando sea informado de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n; refleja exclusivamente los requisitos que deben reunirse para proceder a un aseguramiento de la persona y su inmediata remisi�n ante el J. C�vico; sin embargo, de ning�n modo se traduce en una declaratoria de culpabilidad del probable infractor.
De acuerdo con ello, se estima que la afirmaci�n en cuanto a la violaci�n al principio de presunci�n de inocencia no opera en la especie, pues dicha presunci�n no tiene relaci�n alguna con la detenci�n a que alude el art�culo 55, en su fracci�n II, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., el que s�lo se refiere al aseguramiento del probable infractor como medida preventiva, con la finalidad de presentarloinmediatamente ante el J. y poder iniciar un procedimiento.
Sobre esas premisas, si el principio de presunci�n de inocencia implica que no puede sancionarse a una persona hasta en tanto no se desahoguen las pruebas conducentes que demuestren su culpabilidad; dicha garant�a no opera para el caso de un aseguramiento moment�neo del probable infractor; de tal forma que si en t�rminos de la norma legal tildada de inconstitucional, el polic�a debe detener y presentar a la persona ante el J., cuando sea informado de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n en la infracci�n, es hasta el inicio del procedimiento que se lleve a cabo ante el J. C�vico, cuando surge el deber de respetar el principio de que se trata, ya que antes s�lo se est� frente a un acto policial para detener a aquel que ha cometido una infracci�n menor o una falta c�vica.
Por tanto, lo establecido en la norma legal de que se trata no implica darle al infractor el car�cter de culpable, ya que su objetivo es s�lo la presentaci�n del individuo ante el J.; es decir, es una medida que atiende a una necesidad y urgencia, no a una culpabilidad.
En ese orden de ideas, no se viola el principio de presunci�n de inocencia, pues el polic�a s�lo detiene al infractor al ser informado de la realizaci�n de una conducta indebida o existir indicios suficientes en poder del probable infractor, pero corresponder� al J. C�vico determinar el grado de responsabilidad o la existencia de la falta; por tanto, de manera contraria a lo que sostienen los promoventes de la acci�n, el polic�a no determina la responsabilidad de la persona que cometi� la falta, sino que solamente est� obligado a remitirlo de inmediato ante autoridad competente.
A mayor abundamiento cabe destacar que de ning�n modo opera en este tipo de detenciones la presunci�n de inocencia, si se tiene presente que la interpretaci�n conforme del art�culo 55, fracci�n II, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. obliga a considerar que el polic�a en servicio se encuentra constre�ido a detener y presentar al probable infractor inmediatamente ante el J., cuando sea informado de la comisi�n de una infracci�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada, o encuentre en poder de la persona, el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci�n; de tal suerte que la detenci�n no queda al entero arbitrio del polic�a, pues adem�s de que se exige que est� en servicio, deben actualizarse los supuestos de la norma para que se proceda al aseguramiento como medida preventiva, como son la urgencia y la existencia de indicios, resaltando el hecho de que la detenci�n es moment�nea, pues en t�rminos de la propia ley, la remisi�n ante el J. debe ser inmediata.
Asimismo, debe atenderse a lo previsto en el art�culo 56 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que establece:
"Art�culo 56. La detenci�n y presentaci�n del probable infractor ante el J., constar� en una boleta de remisi�n, la cual contendr� por lo menos los siguientes datos:
"I.N., edad y domicilio del probable infractor, as� como los datos de los documentos con que los acredite;
"II. Una relaci�n de los hechos que motivaron la detenci�n, describiendo las circunstancias de tiempo, modo, lugar as� como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;
"III.N., domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la comisi�n de la infracci�n, si fuere el caso, y datos del documento con que los acredite. Si la detenci�n es por queja, deber�n constar las circunstancias de comisi�n de la infracci�n y en tal caso no ser� necesario que el quejoso acuda al juzgado;
"IV. En su caso, la lista de objetos recogidos, que tuvieren relaci�n con la probable infracci�n;
".N., n�mero de placa o jerarqu�a, unidad de adscripci�n y firma del polic�a que hace la presentaci�n, as� como en su caso n�mero de veh�culo; y
"VI. N�mero del juzgado al que se har� la presentaci�n del probable infractor, domicilio y n�mero telef�nico.
"El polic�a proporcionar� al quejoso, cuando lo hubiere, una copia de la boleta de remisi�n e informar� inmediatamente a su superior jer�rquico de la detenci�n del probable infractor."
Los requisitos reflejados en el precepto legal reproducido, concatenados con los se�alamientos vertidos en p�rrafos precedentes, corroboran que debe cumplirse una serie de exigencias para que el polic�a pueda proceder a la detenci�n del probable infractor; demostrando de esta manera que su actuar no es arbitrario.
En el s�ptimo concepto de invalidez esgrimen los accionantes que el art�culo 74 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. es transgresor del numeral 17 de la Ley Suprema.
Para dar respuesta a este argumento, es menester conocer el texto de la norma impugnada, a saber:
"Art�culo 74. A quien incumpla el convenio de conciliaci�n, se le impondr� un arresto de 6 a 24 horas o una multa de 1 a 30 d�as de salario m�nimo. A partir del incumplimiento del convenio, el afectado tendr� 15 d�as para solicitar que se haga efectivo el apercibimiento. Transcurridos seis meses a partir de la firma del convenio, s�lo se proceder� por nueva queja que se presentare."
De la lectura del precepto legal transcrito se advierte que la ley contempla la posibilidad de celebrar convenios de conciliaci�n, pero que en caso de incumplimiento a �stos, se impondr�n multas o arrestos, pudiendo el afectado solicitar en el plazo de quince d�as a partir de dicho incumplimiento, se haga efectivo el apercibimiento correspondiente; y, que si a la firma del convenio transcurren seis meses, s�lo se proceder� a trav�s de queja.
Los diputados sostienen que ese dispositivo es conculcatorio de la garant�a de debida administraci�n de justicia; sin embargo, la norma analizada revela lo infundado del concepto de invalidez que se analiza, pues no es correcta tal aseveraci�n, ya que no se est� coartando el derecho a la justicia, por el contrario, se asegura el respeto a la garant�a de seguridad jur�dica en la medida en que de la misma manera que el afectado puede optar por la celebraci�n de un convenio conciliatorio y, que en caso de incumplimiento se proceda al arresto del infractor o a la imposici�n de una multa, el infractor tiene la garant�a de que a la firma del referido convenio, sin inconformidad alguna del afectado por un supuesto incumplimiento, s�lo se proceder� contra �l con motivo de una nueva queja.
En otras palabras, la acci�n prescribe en beneficio del infractor, contando ambos en todo momento con el derecho de administraci�n de justicia por parte del J. C�vico, quien puede proceder contra el infractor en caso de incumplimiento de convenio, o para que no haya consecuencia alguna contra �ste en caso de desinter�s por parte del afectado.
Tales razonamientos conducen a reconocer la validez del precepto legal cuestionado.
En el octavo concepto de violaci�n se manifiesta que se violan los art�culos 21 y 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos por las medidas adoptadas en los diversos numerales 107, 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que a la letra dicen:
"Art�culo 107. El registro de infractores contendr� la informaci�n de las personas que hubieran sido sancionadas por la comisi�n de las infracciones a que se refiere esta ley y se integrar� con los siguientes datos: I.N., domicilio, sexo y huellas dactilares del infractor; II. Infracciones cometidas; III. Lugares de comisi�n de la infracci�n; IV. Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de cumplimiento del arresto; V.R.�n de actividades de apoyo a la comunidad, y VI. Fotograf�a del infractor. Los datos para la integraci�n del registro ser�n incorporados al mismo por los Jueces; al efecto, en cada juzgado se instalar� el equipo inform�tico necesario."
"Art�culo 108. El registro de infractores ser� de consulta obligatoria para los Jueces a efecto de obtener los elementos necesarios para motivar la aplicaci�n de sanciones."
"Art�culo 109. El registro de infractores estar� a cargo de la Consejer�a y s�lo se proporcionar� informaci�n de los requisitos que consten en el mismo, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento."
"Art�culo 110. La informaci�n contenida en el registro de infractores tendr� como objeto el dise�o de las estrategias y acciones tendientes a la preservaci�n del orden y la tranquilidad publica en el Distrito F., as� como la instrumentaci�n de programas de desarrollo social y de prevenci�n de adicciones."
"Art�culo 111. Con el fin de asegurar las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso a la informaci�n del registro de infractores, los responsables de inscribir y los de proporcionar la informaci�n deber�n tener claves confidenciales a fin de que quede debida constancia de cualquier movimiento de asientos, consultas y otorgamiento de informaci�n."
Las normas legales cuestionadas regulan, en esencia, el registro de infractores que contendr� la informaci�n de las personas que hubieren sido sancionadas por la comisi�n de alguna conducta indebida a la luz del ordenamiento legal de que se trata, registro de consulta obligatoria para los Jueces a fin de motivar la aplicaci�n de sanciones, y cuyos datos s�lo ser�n mostrados cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento; todo lo cual servir� para el dise�o de estrategias para preservar el orden y la tranquilidad p�blica, a trav�s de un manejo de informaci�n con claves confidenciales.
Se plantea que esto rompe con el esquema sancionador previsto en el art�culo 21 constitucional que impide a la autoridad administrativa registrar datos de infractores y que se traduce en una pena trascendental prohibida en el numeral 22 del mismo cuerpo de leyes.
Se estiman infundados los anteriores argumentos, pues el registro de infractores encuentra su raz�n en la exposici�n de motivos de la ley reclamada; se encuentra perfectamente bien delimitada su finalidad y manera de operar, y no puede de modo alguno ser considerado como pena, mucho menos trascendental.
En efecto, la exposici�n de motivos a que se hace referencia se�ala, en la parte conducente:
"... 7. El conocimiento real del c�mulo de infracciones que llegaran a cometerse permitir�n orientar las pol�ticas de prevenci�n de las mismas y, por supuesto, de las acciones concretas, a efecto de procurar el orden y tranquilidad p�blicos en los lugares que a todos pertenecen, para ello es preciso un registro que contemple personas, tipos de infracciones, zonas de su comisi�n y sanciones impuestas. Este sistema no se prev� p�blico sino como un instrumento de consulta de las autoridades involucradas no s�lo en la aplicaci�n de esta ley sino tambi�n de las encargadas de la procuraci�n de justicia, toda vez que existen conductas reiteradas que en su oportunidad propiciaron la realizaci�n de delitos, respecto de las cuales tuvo conocimiento el Ministerio P�blico sin que las investigaciones respectivas hubieran producido la detenci�n correspondiente. Lo anterior considera que es un hecho que los infractores contumaces son aquellos para quienes la impunidad es una forma de vida, tanto en materia de faltas de polic�a y buen gobierno como de delitos, por lo que el registro de infractores ser� una herramienta �til tanto para sancionar a los reincidentes como para permitir la detenci�n de los que hubiesen cometido alg�n delito y sean sujetos de �rdenes de aprehensi�n o de reaprehensi�n no ejecutadas por no disponerse de datos ciertos que lleven a su localizaci�n. A efecto de garantizar la seguridad y certeza necesarias sobre el manejo y acceso a la informaci�n del registro, se prev� que los responsables de inscribir y de proporcionar la informaci�n tengan asignadas claves confidenciales a fin de que quede debida constancia de cualquier movimiento de asientos, consultas y del otorgamiento de informaci�n. ..."
De esa transcripci�n se advierten los motivos por los cuales se estim� pertinente crear el registro de infractores, debiendo resaltar su primordial funci�n: motivar la aplicaci�n de sanciones en caso de infractores reincidentes, y la acotaci�n en el sentido de que los datos no ser�n p�blicos y ser�n inscritos por personas con claves confidenciales, cuya informaci�n s�lo ser� proporcionada mediante mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento.
Ahora bien, los art�culos constitucionales que se estiman violados disponen:
"Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a. Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso. Las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal, podr�n ser impugnadas por v�a jurisdiccional en los t�rminos que establezca la ley. La seguridad p�blica es una funci�n a cargo de la Federaci�n, el Distrito F., los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constituci�n se�ala. La actuaci�n de las instituciones policiales se regir� por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federaci�n, el Distrito F., los Estados y los Municipios se coordinar�n, en los t�rminos que la ley se�ale, para establecer un sistema nacional de seguridad p�blica."
"Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ..."
Como se ve, tales normas no se ven quebrantadas por el registro de infractores que prev� el art�culo 74 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., porque como se dijo, la identificaci�n administrativa no puede ser considerada como pena, pues �stas son sanciones que se aplican por la comisi�n de una conducta tipificada como delito; es s�lo una medida para la identificaci�n del infractor que tiene como objetivo aportar al J. C�vico elementos para la determinaci�n de la sanci�n correspondiente, y no afecta derechos ni bienes del infractor.
Por otro lado, se busca con ello preservar el orden y la tranquilidad p�blica, as� como la instrumentaci�n de programas de desarrollo social y de prevenci�n de adicciones.
En las relatadas condiciones, no puede afirmarse que el registro de infractores constituye una pena trascendental para el sujeto que comete una falta c�vica; consecuentemente, resulta constitucional la disposici�n que se analiza, sirviendo de apoyo la jurisprudencia cuyos datos de identificaci�n, rubro y texto, se�alan:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: IV, noviembre de 1996 (9A)
"Tesis: P./J. 160/95
"P�gina: 5
"FICHAS SIGNAL�TICAS, FORMACI�N DE. IDENTIFICACI�N ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS. Es un error considerar como pena la identificaci�n, es decir, la elaboraci�n de la ficha dactilosc�pica correspondiente, siendo que la naturaleza de esas medidas es completamente diferente y entre ellas existen diferencias substanciales. En efecto, en materia penal, por pena se considera, en t�rminos generales, la sanci�n econ�mica o privativa de libertad, publicaci�n del fallo y otras que enumeran las leyes represivas, que el �rgano jurisdiccional competente impone a un individuo atendiendo a conductas activas u omisivas, previstas en la ley aplicable. En cambio, la identificaci�n del procesado no es una pena porque no se decreta en la sentencia y es una simple medida administrativa; constituye una reglamentaci�n judicial y policiaca, necesaria en esos �rdenes para identificaci�n y antecedentes del proceso; es decir, configura una medida cuya ejecuci�n aporta al J. del proceso, y de futuros procesos, m�s elementos del juicio para individualizar la pena que deba imponerse al que cometi� uno o varios delitos. Desde otro punto de vista, la identificaci�n del procesado tampoco constituye una pena, porque �stas se imponen hasta la sentencia, mientras que la identificaci�n del procesado, por imperativo del art�culo 165 del C�digo F. de Procedimientos Penales, debe realizarse apenas dictado el auto de formal prisi�n o el de sujeci�n a proceso. En tales condiciones, como la identificaci�n del procesado no es una pena, deben considerarse infundadas las argumentaciones en el sentido de que se trata de una pena infamante y trascendental, porque, no teniendo el car�cter de pena, de acuerdo con lo antes expuesto, menos puede tratarse de una pena infamante y trascendente, de las prohibidas por el art�culo 22 de la Constituci�n F.."
En el noveno concepto de invalidez los diputados accionantes afirman que los art�culos 4o., 24, fracci�n I, 43 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. son violatorios de los numerales 4o., 18, p�rrafo cuarto y 133 de la Constituci�n F., y por ello de los art�culos 2o., 3o., 27, 33 y 37 de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y su pre�mbulo, as� como de los art�culos 3o., 19 y 45, inciso c), de la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A..
Para mejor comprensi�n del planteamiento de que se trata, es necesario atender al contenido de los numerales cuestionados, a saber:
"Art�culo 4o. Para los efectos de esta ley, son responsables las personas mayores de once a�os que cometan infracciones, as� como las personas f�sicas o morales que hubiesen ordenado la realizaci�n de las conductas que importen la comisi�n de una infracci�n."
"Art�culo 24. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:
"I.P. alg�n servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentaci�n del infractor s�lo proceder� por queja previa; ..."
"Art�culo 43. En caso de que el probable infractor sea menor de edad, el J. citar� a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollar� la audiencia y se dictar� la resoluci�n.
"En tanto acude quien custodia o tutela al menor, �ste deber� permanecer en la oficina del Juzgado, en la secci�n de menores. Si por cualquier causa no asistiera el responsable del menor en un plazo de dos horas, se otorgar� una pr�rroga de cuatro horas. Si al t�rmino de la pr�rroga no asistiera el responsable, el J. le nombrar� un representante de la Administraci�n P�blica del Distrito F. para que lo asista y defienda, que podr� ser un defensor de oficio, despu�s de lo cual determinar� su responsabilidad.
"En caso de que el menor de edad resulte responsable, el J. lo amonestar� y le har� saber las consecuencias jur�dicas y sociales de su conducta.
"Trat�ndose de las conductas previstas en las fracciones II, VI, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI y XVII del art�culo 25 y IV, V y VI del art�culo 26 se aplicar�n las sancionescorrespondientes.
"Si fuere reincidente por primera vez, se aplicar� la multa o arresto correspondiente, si volviera a ser reincidente, se le aplicar� la regla general que establece el art�culo 32 de esta ley.
"Si a consideraci�n del J. el menor se encontrara en situaci�n de riesgo, lo enviar� a las autoridades competentes a efecto de que reciba la atenci�n correspondiente."
"Art�culo 60. Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotr�picas o t�xicas, el J. ordenar� al m�dico que, previo examen que practique, dictamine su estado y se�ale el plazo probable de recuperaci�n, que ser� la base para fijar el inicio del procedimiento. En tanto se recupera ser� ubicado en la secci�n que corresponda."
En las normas transcritas se consideran responsables a las personas mayores de once a�os que cometan infracciones, as� como a las personas f�sicas o morales que hubiesen ordenado la realizaci�n de las conductas que importen la comisi�n de una infracci�n; se determina que si se presta un servicio sin que sea solicitado y coaccionando su pago, constituir� una infracci�n contra la tranquilidad de las personas; que si el infractor es menor de edad, se requerir� la presencia de quien detente su custodia para la celebraci�n de la audiencia en el procedimiento administrativo; que en el supuesto de no asistir la persona que detente la tutela del menor, se nombrar� un representante de la administraci�n p�blica del Distrito F.; que de acuerdo a la conducta, se amonestar� al menor o se le impondr� la sanci�n correspondiente, y que si el menor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier sustancia, el m�dico que dictamine su estado se�alar� el plazo probable de recuperaci�n que ser� la base para fijar el inicio del procedimiento.
Ahora bien, los preceptos legales que se estiman violados, establecen:
Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos
"Art�culo 4o. El var�n y la mujer son iguales ante la ley. �sta proteger� la organizaci�n y el desarrollo de la familia.
"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el n�mero y el espaciamiento de sus hijos.
"Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la salud. La ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta Constituci�n.
"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecer� los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
"Los ni�os y las ni�as tienen derecho a la satisfacci�n de sus necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveer� lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la ni�ez y el ejercicio pleno de sus derechos.
"El Estado otorgar� facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la ni�ez."
"Art�culo 18. S�lo por delito que merezca pena corporal habr� lugar a prisi�n preventiva. El sitio de �sta ser� distinto del que se destinare para la extinci�n de las penas y estar�n completamente separados.
"Los gobiernos de la Federaci�n y de los Estados organizar�n el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitaci�n para el mismo y la educaci�n como medios para la readaptaci�n social del delincuente. Las mujeres compurgar�n sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
"Los gobernadores de los Estados, sujet�ndose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, podr�n celebrar con la Federaci�n convenios de car�cter general, para que los reos sentenciados por delitos del orden com�n extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo F..
"La Federaci�n, los Estados y el Distrito F. establecer�n, en el �mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que ser� aplicable a quienes se atribuya la realizaci�n de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce a�os cumplidos y menos de dieciocho a�os de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constituci�n para todo individuo, as� como aquellos derechos espec�ficos que por su condici�n de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce a�os que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo ser�n sujetos a rehabilitaci�n y asistencia social.
"La operaci�n del sistema en cada orden de gobierno estar� a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuraci�n e impartici�n de justicia para adolescentes. Se podr�n aplicar las medidas de orientaci�n, protecci�n y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protecci�n integral y el inter�s superior del adolescente.
"Las formas alternativas de justicia deber�n observarse en la aplicaci�n de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observar� la garant�a del debido proceso legal, as� como la independencia entre las autoridades que efect�en la remisi�n y las que impongan las medidas. �stas deber�n ser proporcionales a la conducta realizada y tendr�n como fin la reintegraci�n social y familiar del adolescente, as� como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizar� solo como medida extrema y por el tiempo m�s breve que proceda, y podr� aplicarse �nicamente a los adolescentes mayores de catorce a�os de edad, por la comisi�n de conductas antisociales calificadas como graves.
"Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en pa�ses extranjeros, podr�n ser trasladados a la Rep�blica para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptaci�n social previstos en este art�culo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la Rep�blica, o del fuero com�n en el Distrito F., podr�n ser trasladados al pa�s de su origen o residencia, sujet�ndose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los Estados podr�n solicitar al Ejecutivo F., con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusi�n de reos del orden com�n en dichos tratados. El traslado de los reos s�lo podr�n (sic) efectuarse con su consentimiento expreso.
"Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podr�n compurgar sus penas en los centros penitenciarios m�s cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegraci�n a la comunidad como forma de readaptaci�n social."
"Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."
Convenci�n sobre los Derechos de los Ni�os
"Pre�mbulo
"Los Estados partes en la presente convenci�n.
"Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intr�nseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
"Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto m�s amplio de la libertad.
"Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinci�n alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opini�n pol�tica o de otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n.
"Recordando que en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
"Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los ni�os, debe recibir la protecci�n y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
"Reconociendo que el ni�o, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi�n,
"Considerando que el ni�o debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el esp�ritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un esp�ritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
"Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al ni�o una protecci�n especial ha sido enunciada en la Declaraci�n de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Ni�o y en la Declaraci�n de los Derechos del Ni�o adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (en particular, en los art�culos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (en particular, en el art�culo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del ni�o.
"Teniendo presente que, como se indica en la Declaraci�n de los Derechos del Ni�o, ?el ni�o, por su falta de madurez f�sica y mental, necesita protecci�n y cuidado especiales, incluso la debida protecci�n legal, tanto antes como despu�s del nacimiento?,
"Recordando lo dispuesto en la declaraci�n sobre los principios sociales y jur�dicos relativos a la protecci�n y el bienestar de los ni�os, con particular referencia a la adopci�n y la colocaci�n en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las reglas m�nimas de las Naciones Unidas para la administraci�n de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la declaraci�n sobre la protecci�n de la mujer y el ni�o en estados de emergencia o de conflicto armado,
"Reconociendo que en todos los pa�ses del mundo hay ni�os que viven en condiciones excepcionalmente dif�ciles y que esos ni�os necesitan especial consideraci�n,
"Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protecci�n y el desarrollo armonioso del ni�o,
"Reconociendo la importancia de la cooperaci�n internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los ni�os en todos los pa�ses, en particular en los pa�ses en desarrollo, han convenido en lo siguiente: ..."
"Art�culo 2
"1. Los Estados partes respetar�n los derechos enunciados en la presente convenci�n y asegurar�n su aplicaci�n a cada ni�o sujeto a su jurisdicci�n, sin distinci�n alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religi�n, la opini�n pol�tica o de otra �ndole, el origen nacional, �tnico o social, la posici�n econ�mica, los impedimentos f�sicos, el nacimiento o cualquier otra condici�n del ni�o, de sus padres o de sus representantes legales.
"2. Los Estados partes tomar�n todas las medidas apropiadas para garantizar que el ni�o se vea protegido contra toda forma de discriminaci�n o castigo por causa de la condici�n, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares."
"Art�culo 3
"1. En todas las medidas concernientes a los ni�os que tomen las instituciones p�blicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los �rganos legislativos, una consideraci�n primordial a que se atender� ser� el inter�s superior del ni�o.
"2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al ni�o la protecci�n y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de �l ante la ley y, con ese fin, tomar�n todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
"3. Los Estados partes se asegurar�n de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protecci�n de los ni�os cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, n�mero y competencia de su personal, as� como en relaci�n con la existencia de una supervisi�n adecuada."
"Art�culo 27
"1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo ni�o a un nivel de vida adecuado para su desarrollo f�sico, mental, espiritual, moral y social.
"2. A los padres u otras personas encargadas del ni�o les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios econ�micos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del ni�o.
"3. Los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptar�n medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el ni�o a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionar�n asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrici�n, el vestuario y la vivienda.
"4. Los Estados partes tomar�n todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensi�n alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el ni�o, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el ni�o resida en un Estado diferente de aquel en que resida el ni�o, los Estados Partes promover�n la adhesi�n a los convenios internacionales o la concertaci�n de dichos convenios, as� como la concertaci�n de cualesquiera otros arreglos apropiados."
"Art�culo 33
"Los Estados Partes adoptar�n todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los ni�os contra el uso il�cito de los estupefacientes y sustancias psicotr�picas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a ni�os en la producci�n y el tr�fico il�citos de esas sustancias."
"Art�culo 37
"Los Estados partes velar�n por que:
"a) Ning�n ni�o sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondr� la pena capital ni la de prisi�n perpetua sin posibilidad de excarcelaci�n por delitos cometidos por menores de 18 a�os de edad;
"b) Ning�n ni�o sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detenci�n, el encarcelamiento o la prisi�n de un ni�o se llevar� a cabo de conformidad con la ley y se utilizar� tan s�lo como medida de �ltimo recurso y durante el periodo m�s breve que proceda;
"c) Todo ni�o privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo ni�o privado de libertad estar� separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al inter�s superior del ni�o, y tendr� derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
"d) Todo ni�o privado de su libertad tendr� derecho a un pronto acceso a la asistencia jur�dica y otra asistencia adecuada, as� como derecho a impugnar la legalidad de la privaci�n de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisi�n sobre dicha acci�n."
Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A.
"Art�culo 3. La protecci�n de los derechos de ni�as, ni�os y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse f�sica, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
"Son principios rectores de la protecci�n de los derechos de ni�as, ni�os y adolescentes:
"A. El del inter�s superior de la infancia.
"B. El de la no-discriminaci�n por ninguna raz�n, ni circunstancia.
"C. El de igualdad sin distinci�n de raza, edad, sexo, religi�n, idioma o lengua, opini�n pol�tica o de cualquier otra �ndole, origen �tnico, nacional o social, posici�n econ�mica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condici�n suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
"D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
"E. El de tener una vida libre de violencia.
"F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.
"G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garant�as constitucionales."
"Art�culo 19. Ni�as, ni�os y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto f�sico como mental, material, espiritual, moral y social."
"Art�culo 45. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art�culo anterior, las normas establecer�n las bases para asegurar a ni�as, ni�os y adolescentes, lo siguiente:
"A.Q. no sean sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
"B. Que no sean privados de su libertad de manera ilegal o arbitraria. La detenci�n o privaci�n de la libertad del adolescente se llevar� a cabo de conformidad con la ley y respetando las garant�as de audiencia, defensa y procesales que reconoce la Constituci�n.
"C. Que la privaci�n de la libertad sea aplicada siempre y cuando se haya comprobado que se infringi� gravemente la ley penal y como �ltimo recurso, durante el periodo m�s breve posible, atendiendo al principio del inter�s superior de la infancia.
"D. Que de aquellos adolescentes que infrinjan la ley penal, su tratamiento o internamiento sea distinto al de los adultos y, consecuentemente se encuentren internados en lugares diferentes de �stos. Para ello se crear�n instituciones especializadas para su tratamiento e internamiento.
"E. Que de conformidad con el inciso que antecede, se promover�n c�digos o leyes en los que se establecer�n procedimientos y crear�n instituciones y autoridades especializadas para el tratamiento de quienes se alegue han infringido las leyes penales. Entre esas acciones se establecer�n Ministerios P�blicos y Jueces Especializados.
"F. Que en el tratamiento a que se refiere el inciso anterior, se considere la importancia de promover la reintegraci�n o adaptaci�n social del adolescente y para que asuma una funci�n constructiva en la sociedad.
"G. Que entre las medidas de tratamiento que se apliquen a quienes infrinjan la ley penal, se encuentren las siguientes: El cuidado, orientaci�n, supervisi�n, asesoramiento, libertad vigilada, colocaci�n de hogares de guarda, programas de ense�anza y formaci�n profesional, as� como otras posibilidades alternativas a la internaci�n en instituciones, para asegurar que sean tratados de manera apropiada para su reintegraci�n y adaptaci�n social, en funci�n de subienestar, cuidando que la medida aplicada guarde proporci�n entre las circunstancias de su comisi�n y la sanci�n correspondiente.
"En las leyes penales se diferenciar�n las medidas de tratamiento e internamiento para aquellos casos que se infrinja la ley penal, cuando se trate de delitos graves o de delincuencia organizada por los mismos adolescentes, ante lo cual se podr�n prolongar o aumentar las medidas de tratamiento y en �ltimo caso, optar por la internaci�n.
"H. Que todo aquel adolescente que presuntamente ha infringido las leyes penales, tenga derecho a un pronto acceso a la asistencia jur�dica y a cualquier otra asistencia adecuada, a fin de salvaguardar sus derechos. Consecuentemente, se promover� el establecimiento de defensores de oficio especializados.
"I. Que en los casos que se presuma se han infringido las leyes penales, se respete el derecho a la presencia de sus ascendientes, tutores, custodios o de quienes est�n responsabilizados de su cuidado.
"J. Que a quienes se prive legalmente de su libertad, sean tratados respetando sus derechos humanos y la dignidad inherente a toda persona.
"K. Que quienes sean privados de su libertad tengan derecho a mantener contacto permanente y constante con su familia, con la cual podr� convivir, salvo en los casos que lo impida el inter�s superior de la infancia.
"L. Que no proceder� la privaci�n de libertad en ning�n caso cuando se trate de ni�as o ni�os. Cuando se trate de adolescentes que se encuentren en circunstancias extraordinarias, de abandono o de calle, no podr�n ser privados de su libertad por esa situaci�n especialmente dif�cil."
Argumentan los accionantes, que los preceptos se tildan de inconstitucionales porque incorporan a los mayores de once a�os a un r�gimen sancionador, no obstante que requieren de un r�gimen especial, m�xime si se trata, como en el caso, de infracciones administrativas, ya que no deben ser sometidos a un r�gimen general como es el car�cter que tiene la ley combatida; que los "limpia parabrisas" son menores de edad que viven en condiciones excepcionalmente dif�ciles que necesitan la adopci�n de medidas que los protejan a trav�s de una justicia c�vica del acto, no una justicia c�vica de autor; que deber�a atenderse al inter�s superior del ni�o para hacer efectivo su derecho de contar con un nivel de vida adecuado para su desarrollo f�sico, mental, espiritual, moral y social y no priv�rseles de su libertad, dado que merecen ser tratados con humanidad y dignamente, y que en vez de privarlos de su libertad, debieran adoptarse medidas para que no utilizaran drogas, no las produjeran, o no las traficaran.
Se a�ade que los ni�os no deben ser discriminados por ninguna raz�n o circunstancia; que debe respetarse el principio de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad, pues son �stos los que en todo caso han fallado; que s�lo se permite pena privativa de la libertad a menores de edad cuando hayan cometido un delito y que someterlos a un procedimiento administrativo, implica un rechazo social para el ni�o.
En principio, debe aclararse que el estudio del concepto de invalidez de que se trata, ser� realizado de manera distinta a como se plante�, analizando en este apartado s�lo el motivo de inconformidad de los numerales 4o., 24, fracci�n I, 43, p�rrafos primero, segundo, tercero y sexto, y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., pues los p�rrafos cuarto y quinto del numeral 43 de ese ordenamiento, se estudiar�n en un considerando diferente.
Asimismo, antes de abordar el planteamiento relativo, es indispensable se�alar que de una interpretaci�n conforme del art�culo 4o. de la ley en cita, debe entenderse que las personas mayores de once a�os que en t�rminos de esa norma son considerados responsables al cometer infracciones, son aquellas que tienen doce a�os cumplidos o m�s; es decir, para efectos de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., un menor de edad sujeto a responsabilidad por una infracci�n c�vica, es el que tenga entre doce y dieciocho a�os cumplidos.
Precisado ese aspecto, y tomando en cuenta que los diputados accionantes reclaman de manera conjunta las disposiciones se�aladas en el noveno concepto de invalidez, sobre la base del r�gimen sancionador para los menores de edad, se analizar�n de manera relacionada las disposiciones tildadas de inconstitucionales.
Partiendo del hecho de que existen conductas reprochables por la sociedad, pues afectan individual y colectivamente la tranquilidad de las personas, resulta incuestionable que puedan ser responsables menores de edad y personas f�sicas o morales que ordenen la realizaci�n de conductas que importen la comisi�n de una infracci�n, como es el caso de la prestaci�n de alg�n servicio sin que sea solicitado, coaccionando de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago, entre otras muchas conductas sancionables.
Ahora bien, de manera opuesta a lo que se esgrime en el concepto de invalidez, la norma que prev� una sanci�n por la prestaci�n de un servicio sin que sea solicitado coaccionando el pago, no alude a una conducta realizada exclusivamente por los "limpia parabrisas", ya que coincidente con lo se�alado por el procurador general de la Rep�blica en su informe, ese tipo de conductas tambi�n son llevadas a cabo por los que colocan accesorios o fluidos en los autom�viles; los que gu�an a los conductores de veh�culos; los que los cuidan; los que dirigen el tr�nsito en la calle; los que limpian alcantarillas, y los que podan �rboles, entre otros individuos que no necesariamente son menores de edad.
En ese orden de ideas, es evidente que siendo una conducta perjudicial para los dem�s, pues existe un servicio no solicitado y su pago se coacciona, requiere de regulaci�n en la medida en que en la mayor�a de los casos, la falta de pago genera represalias en los inmuebles; en los autom�viles, o en las propiedades de los afectados, debiendo tener presente que el art�culo 24, fracci�n I, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. es claro al establecer que la presentaci�n del infractor ante el J., s�lo procede por queja previa; lo que implica que s�lo cuando se d� una conducta que violente la tranquilidad o la seguridad de los ciudadanos, el afectado estar� en aptitud de presentar queja, pero sin �sta, no se sancionar� a aquel que cometa la conducta indebida.
Sobre esa base, y en estricto cumplimiento a las disposiciones plasmadas en la Constituci�n F.; Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A., en cuanto a la protecci�n especial que debe d�rsele a los menores de edad, es inconcuso que los art�culos 43, p�rrafos primero, segundo, tercero y sexto y 60, ambos de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., al establecer el trato que el J. C�vico debe darles en caso de que hubieren cometido una falta administrativa, no atenta contra su desarrollo f�sico, mental, espiritual, moral y social; no los priva de su libertad, y cumple con el otorgamiento de un trato humanitario y digno sin discriminarlos y respetando en todo momento el principio de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado o sociedad.
Se afirma tal aserto, al acudir al texto de las normas en cuesti�n, de las que se advierte que si el probable infractor es menor de edad, el J. se encuentra obligado a citar a quien detente su custodia o tutela, con el fin de que se desarrolle una audiencia y se le dicte resoluci�n; empero, si dicha persona no acude, se establece que el menor debe permanecer en una secci�n especial, otorgando una pr�rroga al responsable del menor, o en su ausencia, nombrando un representante de la administraci�n p�blica del Distrito F., para que sea asistido y defendido.
Se prev� que si el menor resulta responsable, ser� amonestado haci�ndole saber el J. las consecuencias jur�dicas y sociales de su conducta, pero si se encuentra en situaci�n de riesgo, ser� enviado para recibir la atenci�n correspondiente.
Por �ltimo, las normas cuya invalidez se solicita, disponen que si el probable infractor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias, el J. debe ordenar al m�dico que dictamine su estado y se�ale un probable tiempo de recuperaci�n, pues de lo contrario no podr� iniciarse el procedimiento.
En esa tesitura, mientras acude ante el J. la persona que detente la custodia o tutela del menor, �ste permanece en una secci�n especial, lo que revela no una discriminaci�n, sino un trato sujeto a un r�gimen especial; por tanto, no puede considerarse inconstitucional esa disposici�n, ni por el solo hecho de que se encuentre en el lugar esperando ser asistido, ya que esto no implica una violaci�n a su libertad, pues es �nicamente hasta en tanto no acuda el responsable del menor de edad asegurando de esta forma, derechos del probable infractor y garantiz�ndole un trato digno y humanitario.
Es preciso insistir en la previsi�n en el sentido de que si el menor resulta responsable, el J. s�lo lo amonestar� y le har� saber las consecuencias jur�dicas y sociales de su conducta, lo que de ning�n modo se traduce en una transgresi�n al trato preferencial que debe d�rsele de acuerdo a su edad.
De conformidad con lo expuesto, debe declararse infundado lo que se expone en el concepto analizado, atento a que si bien es obligaci�n tratar las conductas de los menores de edad bajo un r�gimen especial; hacer efectivo su derecho de contar con un nivel de vida adecuado para su desarrollo f�sico, mental, espiritual, moral y social; tratarlos con humanidad y trato digno; no discriminarlos por alguna raz�n o circunstancia, y respetar el principio de corresponsabilidad de los miembros de la familia; estos valores y derechos son respetados en las normas legales impugnadas.
En efecto, las disposiciones legales de que se trata velan porque los ascendientes, tutores y custodios preserven los derechos de los menores de edad; respetan su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos; otorgan facilidades para que se coadyuve al otorgamiento de sus derechos, y establecen un tratamiento especial para los menores de edad infractores.
Por otro lado, resulta l�gico que el estado de ebriedad o un estado bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotr�picas o t�xicas, amerita la valoraci�n de un m�dico, que determinando dicho estado, se�ale un probable plazo de recuperaci�n que ser� la base para fijar el inicio del procedimiento; por tal motivo, contrario a lo que se aduce, el no cumplir con esas especificaciones violar�a los derechos del menor de edad.
Debe decirse que la Constituci�n F. no proh�be imputar responsabilidad administrativa a los menores de edad por sus infracciones a los reglamentos administrativos y de polic�a; por tanto, puede v�lidamente atribuirse a �stos la responsabilidad en la realizaci�n de conductas que da�en o alteren la paz social; lo que no implica que se les d� el mismo trato a los menores de edad, que a los que no lo son, pues como se dijo, su conducta s�lo es acreedora de una amonestaci�n, en la porci�n normativa ahora analizada.
R., las faltas administrativas no pueden quedar impunes, m�xime que el fin primordial es velar por la educaci�n del menor de edad, de ah� que se prevea un tratamiento especial y diferenciado al de los que no lo son, exigiendo en el procedimiento respectivo la presencia de quien detente su custodia o tutela, o de quien los represente; sin que sea obst�culo a lo as� determinado, el contenido de los preceptos legales que se invocan de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A., que quedaron reproducidos en p�rrafos que anteceden, pues adem�s de que como ya se se�al�, �stos no se transgreden en forma alguna, de su contenido se advierte la posibilidad de sancionar a los menores de edad siempre que, como en la especie, se prevea tratarlos con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona; tomando en cuenta las necesidades de la edad; teniendo derecho a un pronto acceso a la asistencia jur�dica y otra asistencia adecuada, y sobre todo tomando medidas para protegerlos contra el uso il�cito de estupefacientes y sustancias psicotr�picas y para impedir la producci�n o �l tr�fico de �stas.
Por �ltimo, para desestimar todos los argumentos de los accionantes se destaca que el derecho de los menores de edad a la satisfacci�n de sus necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y esparcimiento, nada tiene que ver con las responsabilidades por infracciones administrativas.
Las razones que anteceden conducen a reconocer la validez de los art�culos 4o., 24, fracci�n I, 43, p�rrafos primero, segundo, tercero y sexto y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F..
En el d�cimo concepto de invalidez se argumenta que el art�culo 43, p�rrafos primero y segundo, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. viola lo dispuesto en los art�culos 21 y 133 de la Constituci�n; 3, numeral 1, 37, incisos b), c) y d), de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y 3 y 45, inciso c), de la Ley sobre Protecci�n de los Derechos de las Ni�as, Ni�os y A., al prever que el menor de edad debe permanecer en la oficina del juzgado en tanto no acuda la persona quien detente su custodia o el representante designado por la administraci�n p�blica del Distrito F. y que de resultar responsable, el J. lo amonestar� y le har� saber las consecuencias jur�dicas y sociales de su conducta.
Se manifiesta que al menor de edad se le detiene por un lapso de seis horas aun sin que sea informado del motivo de su imputaci�n; lo cual se�alan, demuestra la transgresi�n aludida.
Se consideran infundadas tales manifestaciones, pues en principio como se plasm� en p�rrafos precedentes, s�lo ser�n detenidos los probables infractores, como una medida preventiva en caso de flagrancia, entendida �sta en la ley de que se trata, cuando el polic�a presencie la comisi�n de la infracci�n; cuando sea informado de su comisi�n inmediatamente despu�s de que hubiese sido realizada, o cuando encuentre en poder de la persona, el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente, su participaci�n en la infracci�n; por tanto, resulta incuestionable que el sujeto que comete la falta, conoce la causa por la que est� en espera del inicio de un procedimiento, m�xime si se trata de un menor de edad, al que la ley otorga la prerrogativa de no iniciar el procedimiento en su contra, hasta que est� presente la persona que detente su custodia o tutela, con la finalidad de que sea asistido y defendido.
En segundo t�rmino, porque de acuerdo a lo previsto en el numeral analizado, los menores de edad permanecen en una secci�n especial, garantizando con ello el trato preferencial y humanitario, y el respeto que merecen. Adem�s, la tardanza de la detenci�n radica no en una sanci�n impuesta al probable infractor, sino se insiste, en la garant�a de que ser�n apoyados por la persona que los represente, de lo que depender� el inicio del procedimiento, garantizando el acceso a la justicia.
Sostener lo contrario implicar�a que en contravenci�n a las disposiciones constitucionales, ordenamiento federal y convenci�n citados, se pudiera iniciar un procedimiento y se dictara la resoluci�n correspondiente contra el menor, sin otorgarle el derecho de ser representado y defendido.
De acuerdo con ello, debe desestimarse el argumento tocante a que la privaci�n de la libertad de menores de edad, s�lo debe ser como �ltimo recurso, en virtud de que no se trata de una violaci�n a dicha garant�a, tomando en cuenta que s�lo se trata de que permanezca en la oficina del juzgado en la secci�n de menores mientras acude quien lo custodia o tutela, pues hasta ese momento, no existe sanci�n alguna, ya que no se ha determinado si es o no infractor.
En esa tesitura, tal aseguramiento debe considerarse s�lo como una medida de seguridad de car�cter preventivo, sin que por ello se violenten los derechos de los menores de edad.
Adem�s, resulta inatendible lo que se afirma en relaci�n con que el inter�s de las ni�as y ni�os debe ser superior al de las dem�s personas, pues la disposici�n legal cuya declaratoria de invalidez se solicita, en ning�n momento establece lo contrario disponiendo que se dar� prioridad a los adultos, ni contiene alguna determinaci�n en ese sentido; por el contrario, vela por los derechos de los menores de edad, como ha quedado patentizado.
Contrario a como lo consideran los diputados accionantes, la amonestaci�n que se dar� al menor de edad (entre doce a�os cumplidos hasta dieciocho) en caso de encontrarlo responsable de la conducta infractora, no contraviene el numeral 21 constitucional, pues este precepto legal permite imponer sanciones por la comisi�n de infracciones, pero a mayor abundamiento se aclara, que la amonestaci�n debe ser entendida s�lo como una llamada de atenci�n para no incurrir en la misma conducta indebida, y siendo que el C�digo Penal para el Distrito F. vigente, no contempla a la amonestaci�n como una pena, ni siquiera debe ser equiparada a una sanci�n.
Asimismo, debe tenerse presente en todo momento, que la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. regula faltas administrativas, pero de ning�n modo delitos; motivo por el cual no es factible equiparar los procedimientos que se deben llevar a cabo ante las conductas infractoras.
Las precisiones anteriores permiten concluir que las disposiciones analizadas que involucran a los menores de edad, no contravienen el art�culo 133 constitucional, porque se respeta tanto la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o como la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A..
En el d�cimo primer concepto de invalidez los accionantes sostienen que los art�culos 31 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. quebrantan los numerales 16, 21 y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
En principio, debe conocerse el texto de esas disposiciones, aun cuando el �ltimo de los numerales reclamados ya hab�a sido reproducido con antelaci�n.
"Art�culo 31. En todos los casos y para efectos de la individualizaci�n de la sanci�n, el J. considerar� como agravante el estado de ebriedad del infractor o su intoxicaci�n por el consumo de estupefacientes, psicotr�picos o sustancias t�xicas al momento de la comisi�n de la infracci�n; pudi�ndose aumentar la sanci�n hasta en una mitad sin exceder el m�ximo establecido para el caso del arresto."
"Art�culo 60. Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotr�picas o t�xicas, el J. ordenar� al m�dico que, previo examen que practique, dictamine su estado y se�ale el plazo probable de recuperaci�n, que ser� la base para fijar el inicio del procedimiento. En tanto se recupera ser� ubicado en la secci�n que corresponda."
Las disposiciones transcritas establecen que para individualizar la sanci�n, el J. considerar� como agravante el estado de ebriedad del infractor o su intoxicaci�n por el consumo de estupefacientes, psicotr�picos o sustancias t�xicas al momento de la comisi�n de la infracci�n, y el infractor que se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotr�picas o t�xicas, ser� sometido a un examen m�dico para valorar el probable tiempo de recuperaci�n para el inicio del procedimiento.
Los diputados que acuden a la presente acci�n de inconstitucionalidad hacen valer que la ebriedad e intoxicaci�n disminuye la capacidad de comprender el car�cter il�cito de una conducta, por lo que es incuestionable que esto no incrementa el grado de peligrosidad; adem�s, se�alan que deber�a atenderse a si existi� o no la intenci�n de cometer una falta de polic�a y buen gobierno,porque de lo contrario se provoca inseguridad jur�dica.
A�aden que trat�ndose de menores de edad, el Estado est� obligado a adoptar medidas necesarias para protegerlos contra el uso de estupefacientes y sustancias psicotr�picas; por tanto, los preceptos que se cuestionan violan la Convenci�n sobre los Derechos de los Ni�os en su art�culo 33 que prev� ese aspecto; lo que denota contravenci�n al numeral 133 de la Carta Magna.
Por otra parte, se esgrime que la sujeci�n al inicio del procedimiento administrativo dependiendo de la recuperaci�n de su estado derivado del consumo de ese tipo de sustancias, conculca los art�culos 16 y 21 constitucionales, en virtud de que las detenciones no pueden ser mayores a treinta y seis horas, y porque el acto de molestia debe estar fundado y motivado; por tanto, se sugiere que dicho plazo sea contabilizado desde el momento de la detenci�n y no a partir de que el probable infractor se recupere.
Los argumentos planteados son infundados, porque la disposici�n en el sentido de que el J. califica como agravante el estado de ebriedad del infractor o su intoxicaci�n, tiene como finalidad individualizar la sanci�n, ya que no puede ser valorada de la misma forma una conducta, si se comete por un infractor en pleno goce de sus facultades, que cuando est� bajo el influjo de alguna sustancia psicotr�pica, t�xica, o un estupefaciente, porque en este �ltimo supuesto, al no medir las consecuencias de sus actos, puede cometer da�os m�s graves, pues tiende a minimizar su actuaci�n.
Adem�s, hay que resaltar que no existe la supuesta violaci�n al art�culo 21 constitucional, bastando para demostrarlo, la lectura del art�culo 31 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., que dispone que aun con el aumento de la sanci�n, consecuencia de la conducta indebida, nunca podr� excederse el m�ximo establecido para el caso del arresto (hasta treinta y seis horas).
En otro sentido, lo que se argumenta respecto a que el consumo de ese tipo de sustancias disminuye la capacidad de comprender el car�cter il�cito de una conducta y que por ello no incrementa el grado de peligrosidad, debe ser desestimado, tomando en consideraci�n que la disminuci�n de la capacidad de comprensi�n es un aspecto distinto al da�o causado por el probable infractor que se encuentra bajo el influjo de una droga, dado que �ste puede ser mucho mayor, e incrementar la inseguridad ciudadana y la intranquilidad de las personas; lo que corrobora que esas conductas s� deben ser reguladas, pues lo que se pretende es reprimirlas y exhortar a las personas, incluidos los menores de edad, a no consumir sustancias psicotr�picas, t�xicas, o estupefacientes.
C. de lo anterior, se estima que los art�culos cuestionados respetan lo previsto en la convenci�n invocada por lo que respecta a que el Estado est� obligado a adoptar medidas necesarias para proteger a los menores de edad contra el uso de estupefacientes y sustancias psicotr�picas, pues adem�s de que tales normas no est�n dirigidas en espec�fico a este tipo de personas, la ley en cuesti�n debe ser estudiada en su integridad, debiendo remitirse, por tanto, a las normas que dan trato preferencial a los menores de edad, recordando que en t�rminos de lo establecido en el art�culo 43 previamente analizado, una situaci�n de riesgo para el menor obliga al J. a enviarlo a las autoridades competentes para que reciban la atenci�n correspondiente.
Asimismo, indefectiblemente el J. debe tomar en cuenta si existi� o no intenci�n de cometer la conducta infractora; por lo que si los art�culos analizados no disponen lo contrario, debe desestimarse lo argumentado en este sentido.
Por �ltimo, el inicio del procedimiento administrativo sujeto a la recuperaci�n del probable infractor, respeta totalmente lo previsto en los art�culos 16 y 21 constitucionales, pues previo al acto de molestia, esto es, a la resoluci�n en cuanto a la procedencia de una amonestaci�n, se busca que la persona no se encuentre intoxicada o bajo el influjo de drogas, cuidando que durante su recuperaci�n sea ubicado en la secci�n correspondiente, ya sea que se trate de adultos o de menores de edad, con trato preferencial. Asimismo, como ya se mencion�, desde el momento en que se determina la sanci�n, se sabe que no podr� exceder el m�ximo establecido para el caso del arresto, lo que permite concluir que, contrario a lo que se expone en el concepto en estudio, las detenciones no pueden ser mayores a treinta y seis horas.
Las razones que anteceden conducen a reconocer la validez de los art�culos 31 y 60 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F..
QUINTO. En el considerando precedente, al atender a lo expresado en el noveno concepto de invalidez, se destac� que se estudiar�an en distinto apartado los argumentos vertidos en torno al art�culo 43, p�rrafos cuarto y quinto, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., motivo por el cual se procede a su an�lisis.
Los diputados accionantes aducen que es inconstitucional el procedimiento que tal norma establece para sancionar al probable infractor cuando sea menor de edad, ya que contempla la posibilidad de imponerle una multa, o un arresto.
Se estima parcialmente fundada tal afirmaci�n, s�lo por lo que respecta a la previsi�n en el sentido de que un menor de edad puede ser sancionado con un arresto de hasta treinta y seis horas, ya que en relaci�n con la multa, las mismas consideraciones vertidas en torno a que debe regularse y castigarse una falta c�vica que atenta contra la seguridad y tranquilidad ciudadana, debe ser aplicada para los menores, los cuales por virtud de su edad, no se encuentran relevados de comportarse adecuadamente; de ah� que sean acreedores a una amonestaci�n en caso de encontr�rseles responsables de la infracci�n, amonestaci�n que en el supuesto de no tener un resultado positivo en el �nimo del individuo, y se traduzca en una reincidencia, consecuentemente amerita la imposici�n de una multa, la que no se encuentra prohibida en la Ley Suprema, Convenci�n sobre los Derechos de los Ni�os, ni en la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A..
Sin embargo, esto no acontece trat�ndose de sancionar a un menor de edad con un arresto, y para demostrarlo, es preciso hacer las siguientes reflexiones:
Conforme a la actual redacci�n del art�culo 18 constitucional, no es posible legalmente que los menores infractores sean arrestados, ni siquiera en los supuestos de reincidencia.
En efecto, los menores de dieciocho a�os, pero mayores de doce, deben ser calificados como adolescentes responsables que si bien tienen obligaciones, deberes y responsabilidades, pasan por una etapa de la vida en que, por raz�n de su naturaleza, son extraordinariamente vulnerables a las circunstancias externas, naturales y sociales, por lo que se requiere del reconocimiento de otros derechos que les garanticen una protecci�n especial.
Debe tenerse presente que la Ley de Cultura C�vica no tipifica delitos y, por ende, este Alto Tribunal no considera razonable que se les prive de la libertad cuando, por su propia naturaleza, el ordenamiento legal en cuesti�n no es de car�cter punitivo, sino que tiene como finalidad establecer el sistema de justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno,(4) para la convivencia arm�nica de los habitantes del Distrito F. a trav�s del di�logo y la conciliaci�n como medios de soluci�n de los conflictos, seg�n establecen los art�culos 1o. y 2o. del mismo ordenamiento,(5) todo lo cual permite considerar que su infracci�n no constituye una conducta de tal entidad que justifique la privaci�n de la libertad en el caso de los menores de edad (de doce a�os cumplidos a dieciocho), cuya reinserci�n social mediante la reclusi�n s�lo puede operar de manera excepcional, incluso dentro de la materia penal, cuando no exista m�s remedio que el aislamiento por la comisi�n de delitos considerados como graves.
En efecto, el tercer p�rrafo del art�culo 43 de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. faculta al J. C�vico para amonestar al menor cuando encuentre que ha cometido por primera vez alguna de las infracciones previstas en dicha ley, y en una parte del pen�ltimo p�rrafo dispone la posibilidad de imponerle una multa, la cual como se evidenci�, tiene sustento jur�dico; sin embargo, tambi�n en esta porci�n normativa ampl�a esa atribuci�n y prev� que podr� adicionalmente arrestarlo si por segunda ocasi�n y bajo el mismo estado de minor�a de edad, viola la ley por algunas determinadas conductas; situaci�n que se ver� agravada si esto ocurre una vez m�s, pues entonces la sanci�n privativa de libertad no podr� conmutarse por la econ�mica, como se aprecia de la lectura concatenada de la disposici�n legal citada en primer t�rmino en relaci�n con lo dispuesto en el art�culo 32 del mismo ordenamiento jur�dico, que disponen lo siguiente:
"Art�culo 43. En caso de que el probable infractor sea menor de edad, el J. citar� a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollar� la audiencia y se dictar� la resoluci�n.
"En tanto acude quien custodia o tutela al menor, �ste deber� permanecer en la oficina del Juzgado, en la secci�n de menores. Si por cualquier causa no asistiera el responsable del menor en un plazo de dos horas, se otorgar� una pr�rroga de cuatro horas. Si al t�rmino de la pr�rroga no asistiera el responsable, el J. le nombrar� un representante de la administraci�n p�blica del Distrito F. para que lo asista y defienda, que podr� ser un defensor de oficio, despu�s de lo cual determinar� su responsabilidad.
"En caso de que el menor de edad resulte responsable, el J. lo amonestar� y le har� saber las consecuencias jur�dicas y sociales de su conducta.
"Trat�ndose de las conductas previstas en las fracciones II, VI, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI y XVII del art�culo 25 y IV, V y VI del art�culo 26 se aplicar�n las sanciones correspondientes.
"Si fuere reincidente por primera vez, se aplicar� la multa o arresto correspondiente, si volviera a ser reincidente, se le aplicar� la regla general que establece el art�culo 32 de esta ley.
"Si a consideraci�n del J. el menor se encontrara en situaci�n de riesgo, lo enviar� a las autoridades competentes a efecto de que reciba la atenci�n correspondiente."
"Art�culo 32. Se entiende por reincidencia la violaci�n a la ley, dos veces o m�s, en un periodo que no exceda de seis meses. En este caso, el infractor no podr� gozar del beneficio de conmutar el arresto por multa.
"Para la determinaci�n de la reincidencia, el J. deber� consultar el registro de infractores."
Cabe agregar que la Ley de Cultura C�vica no contiene disposici�n alguna acerca del lugar en que deber�n compurgarse lo arrestos decretados en contra de menores infractores, esto es, si deber�n ejecutarse, o no, en un lugar distinto al destinado para los adultos.
Ahora bien, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el doce de diciembre de dos mil cinco, el art�culo 18 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos fue adicionado con tres p�rrafos, el tercero al sexto, para establecer lo siguiente:
"Art�culo 18. ...
(Reformado, D.O.F. 12 de diciembre de 2005)
"La Federaci�n, los Estados y el Distrito F. establecer�n, en el �mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que ser� aplicable a quienes se atribuya la realizaci�n de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce(6) a�os cumplidos y menos de dieciocho a�os de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constituci�n para todo individuo, as� como aquellos derechos espec�ficos que por su condici�n de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce a�os que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo ser�n sujetos a rehabilitaci�n y asistencia social.
(Adicionado, D.O.F. 12 de diciembre de 2005)
"La operaci�n del sistema en cada orden de gobierno estar� a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuraci�n e impartici�n de justicia para adolescentes. Se podr�n aplicar las medidas de orientaci�n, protecci�n y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protecci�n integral y el inter�s superior del adolescente.
(Adicionado, D.O.F. 12 de diciembre de 2005)
"Las formas alternativas de justicia deber�n observarse en la aplicaci�n de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observar� la garant�a del debido proceso legal, as� como la independencia entre las autoridades que efect�en la remisi�n y las que impongan las medidas. �stas deber�n ser proporcionales a la conducta realizada y tendr�n como fin la reintegraci�n social y familiar del adolescente, as� como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizar� solo como medida extrema y por el tiempo m�s breve que proceda, y podr� aplicarse �nicamente a los adolescentes mayores de catorce a�os de edad, por la comisi�n de conductas antisociales calificadas como graves. ..."
Como parte de las razones que se expusieron en la iniciativa de esta reforma constitucional, planteada el cuatro de diciembre de dos mil tres, se explic� lo siguiente:
"Las normas constitucionales que se pretenden introducir son las siguientes:
"Establecer bases para que la Federaci�n, los Estados y el Distrito F., implementen en el �mbito de sus respectivas competencias, un sistema de justicia penal para adolescentes, de conformidad con los lineamientos y principios rectores, que ah� se fijen y que se desarrollen por la ley reglamentaria que en su oportunidad expida el Congreso de la Uni�n.
"Creaci�n de una jurisdicci�n penal especial para adolescentes, diferente de aquella prevista para los adultos, que de conformidad con lo establecido por el art�culo 4o. constitucional y la Convenci�n de los Derechos del Ni�o, encuentre su fundamento en la concepci�n de los menores de edad como sujetos plenos de derechos y, por tanto, de responsabilidades, y su justificaci�n en la necesidad de concederles un trato diferenciado, en raz�n de su condici�n de personas en desarrollo, que hace presumir una mayor posibilidad de reintegraci�n social y familiar; abandonando en forma definitiva la noci�n de los menores concebidos como objeto de tutela o protecci�n, y definidos negativa y segregativamente como incapaces.
"Reconocimiento expreso de los derechos y garant�as procesales y de ejecuci�n que le corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo, m�s aquellos derechos y garant�as espec�ficas que por su especial condici�n de personas en desarrollo, les han sido reconocidos en diversos instrumentos internacionales y leyes locales.
"Determinaci�n de los l�mites de edad m�xima y m�nima, para la atribuci�n de responsabilidad penal a las personas menores de edad, estableciendo, de manera definitiva, la mayor�a de edad penal en los 18 a�os, de forma que todos aquellos sujetos a quienes se impute la comisi�n de un delito, que no hayan alcanzado esta mayor�a, queden sujetos a una jurisdicci�n especial. Asimismo, se precisa el l�mite m�nimo de 12 a�os de edad, por debajo del cual, no es posible atribuir a la persona una responsabilidad espec�fica, consider�ndose que los menores de esa edad que cometan alg�n delito, deben recibir un tratamiento diferente dentro del �mbito asistencial y de rehabilitaci�n, sin necesidad de la intervenci�n del aparato sancionador del Estado.
"El establecimiento de estos l�mites guarda concordancia con la distinci�n que de la infancia (menores de 18 a�os de edad) hace la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A.. Esta Ley considera ni�os a todas aquellas personas menores de 12 a�os y adolescentes a aqu�llas personas mayores de 12 y menores de 18 a�os. En virtud de esta distinci�n es que la Iniciativa se refiere a un sistema integral de justicia penal para adolescentes, dejando fuera a los ni�os, al considerar que por su corto desarrollo, no se les debe atribuir responsabilidad penal por sus actos.
"Determinaci�n, en estricto apego al principio esencial de la legalidad, de la comisi�n de conductas tipificadas como delitos por las leyes penales, como �nico supuesto de intervenci�n jur�dico-penal del Estado frente a los adolescentes.
"Previsi�n del establecimiento, en todos los niveles de gobierno, de instituciones, �rganos y autoridades especializadas, destinadas a la procuraci�n e impartici�n de la justicia penal para adolescentes, as� como para la ejecuci�n de las sanciones.
"Establecer como principios fundamentales en la aplicaci�n de la justicia penal para adolescentes, el inter�s superior y la protecci�n integral del adolescente, lo que debe conducir a las autoridades, �rganos e instancias que intervengan en las distintas fases de la misma, a actuar en todo momento, de conformidad con aquello que sea m�s conveniente para su reinserci�n social y familiar, as� como para el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
"Normar las formas alternativas al juzgamiento, basadas en el principio de la m�nima intervenci�n del derecho penal, como mecanismos fundamentales en la aplicaci�n de la justicia penal para adolescentes, que permitan la soluci�n de los conflictos por medios distintos a la tradicional forma de intervenci�n jur�dico penal, atribuyendo al derecho penal un car�cter meramente subsidiario, a fin de posibilitar la pronta y expedita resoluci�n de los conflictos sin tener que sujetar al adolescente a procedimientos largos, evitando en lo posible los efectos negativos que �stos les pudiera generar.
"Establecimiento de la obligaci�n de observar la garant�a del debido proceso legal en todos lo procedimientos seguidos a los adolescentes, as� como de un sistema procesal acusatorio.
"Inclusi�n del principio de proporcionalidad en la determinaci�n de la sanci�n y se�alamiento de la reinserci�n del adolescente a su familia y a la sociedad como fin esencial de la misma.
"Garant�a de que la privaci�n de la libertad del adolescente, ser� una medida de �ltimo recurso y por el tiempo m�s breve que proceda."
En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia; y Estudios Legislativos Segunda, de la C�mara de Senadores, aprobado por ese �rgano legislativo el veintid�s de abril de dos mil cuatro, se expuso lo siguiente:
"Por lo que hace a las reformas y adiciones propuestas al art�culo 18 constitucional, es de mencionarse lo siguiente:
"En primer t�rmino se introduce el mandato para la Federaci�n, los Estados y el Distrito F., de establecer en el �mbito de sus respectivas competencias, un ?Sistema Integral de Justicia Penal para A.?. Se destaca que al referir un sistema ?penal?, se deja claro que la justicia aplicable a los adolescentes se inscribe en el �mbito de la pol�tica criminal del Estado y no dentro de su obligaci�n de prestar asistencia social. De este modo se abandona la concepci�n ?proteccionista? y ?asistencialista? que predomina en los actuales sistemas para el tratamiento de menores infractores, que se encuentran a�n inspirados en los modelos tutelares e inscritos en el �mbito administrativo del Estado.
"Al tratarse de un sistema penal, capaz de restringir coactivamente los derechos del adolescente que resulte responsable por la comisi�n de un delito, se introduce tambi�n la obligaci�n estatal de respetar y garantizar a todo adolescente sujeto al sistema, los derechos fundamentales que reconoce la Constituci�n para todo individuo, as� como aquellos derechos espec�ficos que por su condici�n de personas en desarrollo les han sido reconocidos. La propuesta parte del reconocimiento del car�cter de ?persona? de todo ni�o, ni�a y adolescente, con todos los atributos inherentes al ser humano y, por tanto,titular de todos los derechos y garant�as que les han sido reconocidos a las personas adultas por los tratados internacionales y las constituciones locales. Pero adem�s, reconoce que existe en el ser humano una etapa de la vida en que, por raz�n de su naturaleza, es extraordinariamente vulnerable a las circunstancias externas, naturales y sociales, por lo que tambi�n requiere del reconocimiento de otros derechos que le garanticen una protecci�n especial.
"As�, la reforma constitucional no pretende simplemente reconocer al adolescente como sujeto de derechos y que por esta raz�n se le trate como adulto. Por el contrario, establece con claridad que en el marco de este nuevo sistema, los adolescentes, adem�s de ser titulares de los mismos derechos que las personas adultas, lo ser�n tambi�n de una serie de derechos espec�ficos, que surgen de su especial condici�n de personas en desarrollo y que les garantizan una protecci�n especial.
"En cuanto al objeto del nuevo sistema, �ste lo constituye el desarrollo de la responsabilidad del adolescente en aras de su reintegraci�n social y familiar, de forma que pueda ejercer adecuadamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre mediante el ejercicio de la garant�a del debido proceso legal.
"As�, el reconocimiento de la responsabilidad penal de los adolescentes, es un aspecto medular de la reforma propuesta. Con ello, se abandona la tan arraigada idea de considerar a todas las personas menores de 18 a�os de edad como inimputables, mediante el reconocimiento de una responsabilidad espec�fica para los adolescentes. Se pasa de la consideraci�n general del menor inimputable (de 0 a 18 a�os) a la del adolescente responsable (de 12 a 18 a�os). Esta posibilidad de atribuir una responsabilidad penal espec�fica a los adolescentes, se funda en el reconocimiento del ?ni�o? como sujeto pleno de derechos, del cual se desprende que �ste no solo es titular de derechos que le deben ser reconocidos, respetados y garantizados, sino que adem�s lo es tambi�n de obligaciones, deberes y responsabilidades, que en la medida en que este vaya adquiriendo mayor independencia y autonom�a, le deben ser exigidos. En esta virtud, cuando un menor de 18 a�os de edad ha alcanzado cierto grado de desarrollo y comete una conducta delictiva, se le debe de exigir una responsabilidad espec�fica por ese hecho.
"En este orden de ideas, el proyecto de decreto se�ala que el nuevo sistema ser� aplicable �nicamente a las personas mayores de 12 y menores de 18 a�os de edad, acusadas por la comisi�n de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, quienes quedan comprendidos dentro de la categor�a denominada ?adolescentes?. Ahora bien, respecto de las personas menores de 12 a�os de edad, llamadas ?ni�as y ni�os?, se establece que en raz�n de su corta edad y escasa madurez, quedan exentas de toda responsabilidad penal y en caso de ser acusadas por la comisi�n de un delito, �nicamente podr�n ser sujetos de rehabilitaci�n y asistencia social. As�, se deja claro que los �nicos sujetos de responsabilidad penal bajo este nuevo sistema ser�n los adolescentes y se cumple con lo prescrito por la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, en el sentido de establecer un sistema de juzgamiento espec�fico para ellos, que responda a su condici�n de personas en desarrollo y a sus amplias posibilidades de reintegraci�n social.
"Respecto a este punto, es importante se�alar que las reformas y adiciones al art�culo 18 constitucional, requerir�an para su plena vigencia en el orden jur�dico nacional, de una Ley Reglamentaria que deber� expedir el Congreso de la Uni�n. Dicha ley, deber� desarrollar a profundidad las bases introducidas a la Constituci�n. Como parte fundamental de esta reglamentaci�n, se deber� especificar que las medidas y sanciones privativas de la libertad, las cuales tendr�n car�cter excepcional, �nicamente ser�n aplicables a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 a�os de edad, por la comisi�n de conductas delictivas calificadas como graves. Trat�ndose de mayores de 12 pero menores de 14 a�os de edad, estos normalmente s�lo podr�n ser sujetos a medidas y sanciones que no impliquen la restricci�n de ese derecho fundamental, salvo casos excepcionales a juicio del juzgador."
De las razones que se expusieron durante el proceso legislativo que dio lugar a la �ltima reforma al art�culo 18 constitucional, se aprecia con claridad que se mantiene con el car�cter de inimputables a los menores de doce a�os para los efectos del derecho penal, es decir, los considera como sujetos que no re�nen las condiciones necesarias para responder penalmente de sus acciones, de forma tal que por la comisi�n de alg�n delito s�lo ser�n sujetos a rehabilitaci�n y asistencia social, pero de ning�n modo al internamiento, el cual tampoco podr� aplicarse a los mayores de esa edad que no lleguen a los catorce a�os, ya que aun siendo adolescentes responsables, s�lo ser�n objeto de medidas de orientaci�n, protecci�n y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protecci�n integral y al inter�s superior del adolescente; y finalmente, los mayores de catorce que no alcancen los dieciocho a�os, podr�n ser privados de su libertad exclusivamente por la comisi�n de conductas antisociales calificadas como graves.
Por otra parte, tanto el derecho penal como la justicia c�vica en materia de faltas de polic�a y buen gobierno, deben atender al factor biol�gico que implica la minor�a de edad como causa de inimputabilidad o modificativa de la responsabilidad, pues en ambos tipos de legislaciones se requiere que para la imposici�n de las sanciones que procedan por los delitos o faltas, seg�n corresponda, exista la suficiente madurez mental de los sujetos cuyas conductas comisivas han actualizado los supuestos legales previstos en unos y otros ordenamientos, pues si los sujetos a�n no han cumplido la edad que como l�mite fijo y objetivo ha sido previsto por el legislador que hace presumir un poder intelectivo y volitivo para actuar, su condici�n de menores impide ser reprochados con una sanci�n por carecer de la suficiente capacidad de obrar con la conciencia necesaria para saber y entender las consecuencias legales de sus actos, ya que la imputabilidad, en t�rminos generales, es el presupuesto de la culpabilidad.
Por consiguiente, si trat�ndose de la materia penal la Constituci�n F. ha prohibido tajantemente el internamiento de inimputables (menores de doce a�os) y de quienes tengan entre doce y catorce a�os, por la comisi�n de conductas antisociales, autorizando esa medida restrictiva de la libertad s�lo para quienes las cometan despu�s de cumplidos los catorce, pero antes de llegar a los dieciocho a�os, a condici�n de que las mismas sean calificadas como graves; por mayor�a de raz�n(7) debe establecerse que la sola violaci�n a las reglas de comportamiento c�vico de ning�n modo autorizan al legislador secundario para prever la posibilidad de sancionar con arresto a los menores entre doce a dieciocho a�os, pues si se ha establecido como una garant�a individual, asociada a la minor�a de edad, el requisito consistente en que para recluir a las personas durante esa etapa de su vida se requiere de la materializaci�n de conductas delictivas consideradas como graves, es incuestionable que la inobservancia de las dem�s disposiciones del orden jur�dico nacional ajenas a las leyes penales, tales como las de justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno, menos a�n pueden prohijar el aislamiento del menor como m�todo de castigo por su infracci�n, ya que eso implicar�a establecer una excepci�n interpretativa a un derecho fundamental, no obstante que el Poder Reformador de la Constituci�n consider� necesario evitar la detenci�n de los menores y reservarla s�lo para quienes, habiendo cumplido los catorce a�os, incurran en violaciones a las leyes penales estimadas como graves.
Consecuentemente, debe estimarse constitucionalmente v�lido el art�culo 43, p�rrafos cuarto y quinto, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., s�lo en relaci�n con la imposici�n de multas como una sanci�n a menores de edad, pero en cambio, por su infracci�n a lo dispuesto en los p�rrafos cuarto, quinto y sexto del art�culo 18 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el doce de diciembre de dos mil cinco, procede declarar la invalidez de dichas porciones normativas, exclusivamente por cuanto determinan la posibilidad de aplicar un arresto a los menores responsables de la comisi�n de una infracci�n sancionada por la ley.
Finalmente, y s�lo a manera ilustrativa, cabe mencionar que no se da la alegada violaci�n del art�culo 133 de la Norma Fundamental, en virtud de que contrario a lo que sostienen los diputados accionantes, si bien la Convenci�n sobre los Derechos de los Ni�os y la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A., tienen como objetivo velar por el bienestar de los menores de edad, a trav�s de asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse f�sica, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad; lo cierto es que no proh�ben que sean sancionados por la comisi�n de una conducta il�cita, lo que se corrobora del contenido de las siguientes normas:
Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o
"Art�culo 37. Los Estados partes velar�n por que: ... b) Ning�n ni�o sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detenci�n, el encarcelamiento o la prisi�n de un ni�o se llevar�n a cabo de conformidad con la ley y se utilizar� tan s�lo como medida de �ltimo recurso y durante el periodo m�s breve que proceda ...; c) Todo ni�o privado de libertad ser� tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo ni�o privado de libertad estar� separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al inter�s superior del ni�o, y tendr� derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; d) Todo ni�o privado de su libertad tendr� derecho a un pronto acceso a la asistencia jur�dica y otra asistencia adecuada, as� como derecho a impugnar la legalidad de la privaci�n de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente, imparcial y a una pronta decisi�n sobre dicha acci�n."
Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A.
"Art�culo 45. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art�culo anterior, las normas establecer�n las bases para asegurar a ni�as, ni�os y adolescentes, lo siguiente: ... C. Que la privaci�n de la libertad sea aplicada siempre y cuando se haya comprobado que se infringi� gravemente la ley penal y como �ltimo recurso, durante el periodo m�s breve posible, atendiendo al principio del inter�s superior de la infancia."
De acuerdo con ello, si la Constituci�n F. no proh�be imputar responsabilidad administrativa a los menores de edad por sus infracciones a los reglamentos administrativos y de polic�a y el contenido de los preceptos legales que se invocan de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y la Ley para la Protecci�n de los Derechos de Ni�as, Ni�os y A., reconocen que los menores pueden ser privados de su libertad siempre que se prevea ser tratados con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona; tomando en cuenta las necesidades de la edad, y teniendo derecho a un pronto acceso a la asistencia jur�dica y otra asistencia adecuada; resulta incuestionable que no existe la aludida transgresi�n al art�culo 133 de la Ley Suprema.
Atento a todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 73, en relaci�n con los numerales 41, 43, 44 y 45 de la ley reglamentaria de la materia, lo procedente es:
Reconocer la validez de los art�culos 4o., 6o., 9o., fracci�n XVI, 24, fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII, 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XV y XVII, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, p�rrafos primero, segundo, tercero y sexto, 55, 60, 74, �ltimo p�rrafo y 107, 108, 109, 110 y 111, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. y declarar la invalidez del art�culo 43, p�rrafos cuarto y quinto, del mismo ordenamiento legal.
Cabe agregar que en virtud de que el motivo de la declaraci�n de invalidez del art�culo 43, p�rrafos cuarto y quinto, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F. obedece a que se contempla la posibilidad de sancionar a los menores de edad (doce a�os cumplidos hasta dieciocho) con arresto, el efecto de la declaraci�n de invalidez s�lo impide que la ley se aplique a tales personas, las que s�lo podr�n ser objeto de amonestaci�n en caso de ser encontrados responsables, y a la imposici�n de una multa, en el supuesto de ser reincidentes; por lo que tales porciones normativas deber�n mantener su plena eficacia en cuanto a los individuos que no sean menores de edad.
Por lo expuesto y fundado se

resuelve:
PRIMERO. Es procedente, y parcialmente fundada la acci�n de inconstitucionalidad 21/2004, promovida por veintisiete diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito F. III Legislatura.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del art�culo 43, p�rrafos cuarto y quinto, de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. el treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, en cuanto permiten imponer arrestos a los menores de edad, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando.
TERCERO. Con excepci�n de lo decidido en el resolutivo que antecede, se reconoce la validez de los art�culos impugnados de la Ley de Cultura C�vica del Distrito F., publicada en la Gaceta Oficial del Distrito F. el treinta y uno de mayo de dos mil cuatro.
CUARTO. P.�quese esta resoluci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, en la Gaceta Oficial del Distrito F. y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.
As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., F.G.S., G�ngora P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M., excepto por:
El reconocimiento de validez de los art�culos 9o., fracci�n XVI y del 33 al 38, el que se aprob� por mayor�a de ocho votos de los se�ores Ministros A.A., F.G.S., G�ngora P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M.; los se�ores Ministros C.�o D�az y L.R. votaron en contra y reservaron su derecho de formular, en su caso y oportunidad, votos particulares.
El reconocimiento de validez de la fracci�n II del art�culo 25, el que fue aprobado por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., F.G.S., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M.; el se�or Ministro G�ngora P. vot� en contra y reserv� su derecho de formular, en su caso y oportunidad, voto particular.
El reconocimiento de validez del art�culo 55, el que se aprob� por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., L.R., F.G.S., G�ngora P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M.; el se�or Ministro C.�o D�az vot� en contra y reserv� su derecho de formular en su caso y oportunidad, voto particular. El se�or Ministro A.A. formul� salvedades en relaci�n con la extensi�n del principio de presunci�n de inocencia a otras materias diferentes a la penal.
El reconocimiento de validez del art�culo 74, el que fue aprobado por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, F.G.S., G�ngora P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M.; la se�ora Ministra L.R. vot� en contra, y reserv� su derecho de formular en su caso y oportunidad, voto particular.
El reconocimiento de validez de los art�culos 31 y 60, el que fue aprobado por mayor�a de nueve votos de los se�ores Ministros C.�o D�az, L.R., F.G.S., G�ngora P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S�nchez C. de G.�a V., S.M. y presidente O.M.; el se�or Ministro A.A. vot� en contra.
No asisti� el se�or Ministro J.� de Jes�s G.�o P., por estar haciendo uso de sus vacaciones en virtud de haber integrado comisiones de receso.
Nota: La tesis de rubro: "PENAS INDETERMINADAS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Quinta �poca, Tomo XXXVIII, p�gina 2434.
La presente ejecutoria tambi�n aparece publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de 27 de agosto de 2007.
______________
1. Los referidos art�culos disponen: "Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n. Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por: ... -e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito F., en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea." "Art�culo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acci�n deber� estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes �rganos legislativos. ..."
2. "Art�culo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito F. se integrar� por 40 diputados electos seg�n el principio de votaci�n mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripci�n plurinominal. S�lo podr�n participar en la elecci�n los partidos pol�ticos con registro nacional. La demarcaci�n de los distritos se establecer� como determine la ley ..."
3. El art�culo 60 de la ley reglamentaria dispone: "Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente. ..."
4. El art�culo 122, apartado C, base primera, fracci�n V, inciso i), de la Constituci�n F. establece que la Asamblea Legislativa del Distrito F. tiene atribuciones para "i) Normar la protecci�n civil; justicia c�vica sobre faltas de polic�a y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevenci�n y la readaptaci�n social; la salud y asistencia social, y la previsi�n social."
5. Tales disposiciones establecen lo siguiente: "Art�culo 1o. La presente ley es de orden p�blico e inter�s social, regir� en el Distrito F. y tiene por objeto: a) Establecer reglas m�nimas decomportamiento c�vico; b) Garantizar el respeto a las personas, los bienes p�blicos y privados y regular el funcionamiento de la administraci�n p�blica del Distrito F. en su preservaci�n, y c) Determinar las acciones para su cumplimento." "Art�culo 2o. Son valores fundamentales para la cultura c�vica en el Distrito F., que favorecen la convivencia arm�nica de sus habitantes, los siguientes: I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservaci�n del medio ambiente, el entorno urbano, las v�as, espacios y servicios p�blicos y la seguridad ciudadana; II. La autorregulaci�n, sustentada en la capacidad de los habitantes de la ciudad de M�xico para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los dem�s y a las autoridades su observancia y cumplimiento; III. La prevalencia del di�logo y la conciliaci�n como medios de soluci�n de conflictos; IV. El respeto por la diferencia y la diversidad de la poblaci�n de la ciudad de M�xico; V. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la ciudad de M�xico; y, VI. La colaboraci�n como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida."
6. Las disposiciones transitorias del Decreto que contiene esta reforma dispusieron lo siguiente: "D.O.F. 12 de diciembre de 2005.-Primero. El presente decreto entrar� en vigor a los tres meses siguientes a su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.-Segundo. Los Estados de la Federaci�n y el Distrito F. contar�n con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y �rganos que se requieran para la aplicaci�n del presente decreto."
7. "El argumento a fortiori se basa en la ?mayor raz�n? y en la presunta voluntad del legislador. Casi todos los argumentos interpretativos considerados l�gicos o cuasil�gicos, y el argumento a fortiori, no es una excepci�n, encuentran su justificaci�n �ltima en la voluntad del legislador, es decir, se considera que la conclusi�n obtenida por medio del argumento refleja la voluntad (impl�cita) del legislador. Por tanto, cuando como sucede con el argumento a fortiori, el legislador no recoge una hip�tesis concreta, se entiende que no es que estemos en presencia de una laguna legal, de una imprevisi�n del legislador, sino que �ste ha querido llamar la atenci�n sobre algunos casos m�s frecuentes o t�picos que son los mencionados, pero que impl�citamente estaba teniendo en cuenta todas aquellas hip�tesis que merezcan con mayor raz�n que las previstas, la regulaci�n dictada. En definitiva, es esta mayor raz�n lo que constituye el n�cleo del argumento y lo que en el fondo lo justifica; es lo que se presume que tuvo en cuenta el legislador para no incluir ciertas hip�tesis en la previsi�n legal (el hecho de merecer con mayor raz�n que las previstas, la consecuencia jur�dica); y es tambi�n el elemento tenido en cuenta por el int�rprete para extender la regulaci�n legal a hip�tesis no expresamente recogidas en el texto elaborado por el legislador." E., G.F.J.. La Argumentaci�n en la Justicia Constitucional Espa�ola. Edita el Instituto Vasco de Administraci�n P�blica Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 1987, p. 153.