Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 35494317

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2007
RESUMEN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, AL REGULAR QUE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PAGARÁN UN DERECHO DEL 3% SOBRE EL IMPORTE DEL CONSUMO SEÑALADO EN LOS RECIBOS QUE EXPIDA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y QUE TRATÁNDOSE DE PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS DE PREDIOS URBANOS Y SUBURBANOS QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO MEDIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORQUE SUS PREDIOS ESTÉN BALDÍOS O EDIFICADOS EN ESTADO DE ABANDONO, PAGARÁN POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EL 0.52 AL MILLAR DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ART�CULO 22 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, PUBLICADA EN EL PERI�DICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, AL REGULAR QUE POR LA PRESTACI�N DEL SERVICIO DE ALUMBRADO P�BLICO, LOS CONSUMIDORES DE ENERG�A EL�CTRICA, PAGAR�N UN DERECHO DEL 3% SOBRE EL IMPORTE DEL CONSUMO SE�ALADO EN LOS RECIBOS QUE EXPIDA LA COMISI�N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y QUE TRAT�NDOSE DE PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS DE PREDIOS URBANOS Y SUBURBANOS QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO MEDIDO DE ENERG�A EL�CTRICA PORQUE SUS PREDIOS EST�N BALD�OS O EDIFICADOS EN ESTADO DE ABANDONO, PAGAR�N POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P�BLICO EL 0.52 AL MILLAR DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, TRANSGREDE EL ART�CULO 73, F.X., NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ART�CULO 22, SEGUNDO P�RRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, PUBLICADA EN EL PERI�DICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE PREV� QUE TRAT�NDOSE DE PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS DE PREDIOS URBANOS Y SUBURBANOS QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO MEDIDO DE ENERG�A EL�CTRICA PORQUE SUS PREDIOS EST�N BALD�OS O EDIFICADOS EN ESTADO DE ABANDONO, PAGAR�N POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P�BLICO EL 0.52 AL MILLAR DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

ALUMBRADO P�BLICO. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACI�N DE ESE SERVICIO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA SON INCONSTITUCIONALES, POR INVADIR LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N.

MULTAS FIJAS. LOS ART�CULOS 52 A 56, 57, FRACCIONES A), B), C), D), PRIMER P�RRAFO, E), F), G), H), E I) Y 58 A 60 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, PUBLICADA EN EL PERI�DICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE PREV�N SU IMPOSICI�N, TRANSGREDEN LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIOS: F.E.T., MAKAWI STAINES D�AZ Y MARAT PAREDES MONTIEL.

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al dos de julio de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

P.�n de la acci�n, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Por oficio presentado el treinta de enero de dos mil siete, en el domicilio particular de la licenciada Fabbiola Le�n C., funcionaria autorizada por la Secretar�a General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para recibir documentos y demandas fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, E.M.I., ostent�ndose como procurador general de la Rep�blica, promovi� acci�n de inconstitucionalidad en la que solicit� la invalidez de las normas generales emitidas y promulgadas por los �rganos que a continuaci�n se mencionan:

  1. Autoridad emisora: Congreso del Estado de S..

  2. Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de S..

    Las normas impugnadas se hacen consistir en:

  3. Los art�culos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil seis en el Peri�dico Oficial de la entidad.

SEGUNDO

Conceptos de invalidez. El promovente esgrimi�, en s�ntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

  1. Que el art�culo 22 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, es violatorio de los art�culos 16, 73, fracci�n XXIX, secci�n 5o., inciso a) y 124 de la Constituci�n F..

  2. Que de conformidad con los art�culos 40, 41, 42 y 124 de la Constituci�n F., el Estado mexicano se constituye en una Rep�blica F., compuesta de Estados libres y soberanos en cuanto a su r�gimen interior, pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de la Ley Fundamental, por lo que si bien los Estados pueden crear su propio sistema jur�dico no deben contravenir las disposiciones del Pacto F. en el que se establecen competencias residuales, de acuerdo con lo cual, todas aquellas facultades que no est�n expresamente otorgadas a la Federaci�n, corresponden a los Estados.

  3. Que en relaci�n con lo anterior, de la interpretaci�n literal del art�culo 73, fracci�n XXIX, secci�n 5o., inciso a), de la Constituci�n F., se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n establecer contribuciones en materia de energ�a el�ctrica.

  4. Que en t�rminos de lo previsto por el art�culo 5o. del C�digo F. de la Federaci�n, las contribuciones deben tener ciertos elementos, tales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y �poca de pago.

    Que, asimismo, de acuerdo con el art�culo 2o. del citado c�digo, los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, siendo estos �ltimos las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico de la naci�n, as� como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho p�blico.

  5. Que si bien el art�culo 115, fracci�n III, inciso b), de la Constituci�n F., prev� que el Municipio tendr� a su cargo el servicio p�blico de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el Municipio pueda cobrar contribuciones por el consumo de energ�a el�ctrica.

    Que, por tanto, el art�culo 22 de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos impugnado, al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energ�a el�ctrica, trastoca los art�culos constitucionales mencionados, toda vez que no se est� pagando por la prestaci�n del servicio otorgado por el Municipio en sus funciones de servicio p�blico, puesto que a mayor consumo de energ�a el�ctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.

    Que lo anterior se reafirma, ya que una vez determinada la base, se le debe aplicar el pago de la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, debiendo concluirse que no se est� cobrando un derecho, sino una contribuci�n al consumo de fluido el�ctrico, por lo que la Legislatura de S. excedi� el marco de sus atribuciones y, en consecuencia, invadi� la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Uni�n establecida en el art�culo 73, fracci�n XXIX, secci�n 5o., inciso a), de la Constituci�n F., por lo que debe declararse la inconstitucionalidad del art�culo impugnado.

  6. Que la garant�a de legalidad prevista por el art�culo 16 constitucional, obliga a toda autoridad a que sus actos se encuentren fundamentados y motivados, requisitos que trat�ndose de leyes se cumplen, el primero de ellos, cuando el Poder Legislativo act�a dentro de los l�mites que la Constituci�n establece, esto es, que el �mbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de las atribuciones de ese �rgano; mientras que la motivaci�n se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclamen ser jur�dicamente reguladas.

    Que, en consecuencia, al no estar facultado el Congreso del Estado de S. para fijar contribuciones en materia de energ�a el�ctrica, actu� fuera de los l�mites de las atribuciones que le confiere la Constituci�n F., transgrediendo los art�culos 16 y 124 de ese ordenamiento.

  7. Que, por otra parte, los art�culos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, al establecer diversas multas fijas, son violatorios del art�culo 22 de la Constituci�n F..

  8. Que tanto en el derecho penal como en el administrativo sancionador existen manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.

    Que el derecho administrativo represivo consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones u omisiones antijur�dicas, por lo que es dable afirmar que la sanci�n administrativa es an�loga a la penal, toda vez que ambas son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y surgen como reacci�n a lo antijur�dico y la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanci�n de una pena.

  9. Que de conformidad con el art�culo 22 constitucional, que proh�be el establecimiento de multas fijas, el Congreso de S. al legislar en materia de ingresos, debe precisar un par�metro que incluya un m�nimo y un m�ximo en la cuant�a de la multa o sanci�n, rango dentro del cual la autoridad fiscal deber� fijarla tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad del hecho infractor, con lo que se garantiza la seguridad jur�dica.

  10. Que los impugnados art�culos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 establecen diversas multas fijas, lo cual contraviene al art�culo 22 de la N.F., puesto que omite proporcionar la base que permita a la autoridad hacendaria determinar el monto individualizado de la multa que debe imponerse al infractor (lo cual genera la imposici�n de multas de forma irrazonable y desproporcionada).

    Que en relaci�n con lo anterior, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."

  11. Que la garant�a gen�rica de legalidad consagrada en el art�culo 16 constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, tanto federal como local, en los t�rminos se�alados antes.

  12. En ese contexto, resulta evidente que el Congreso de la entidad, al prever una multa fija en el numeral impugnado, contravino lo dispuesto por el art�culo 22 de la Ley Fundamental, toda vez que dicho precepto proh�be expresamente las multas excesivas o fijas; en consecuencia, al no poder existir dentro de nuestro marco jur�dico este tipo de multas, el �rgano legislativo se extralimit� en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Constituci�n F..

TERCERO

Art�culos constitucionales que el promovente aduce violados. Los preceptos de la Constituci�n F. que se estiman infringidos son el 16, 22, 73, fracci�n XXIX, numeral 5o., inciso a) y 124.

CUARTO

A.�n y tr�mite. Mediante prove�do de primero de febrero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente acci�n de inconstitucionalidad bajo el n�mero 135/2007 y, por raz�n de turno, design� como instructor al Ministro G.D.G.�ngora P..

En prove�do de dos de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor admiti� la presente acci�n de inconstitucionalidad y orden� dar vista al �rgano legislativo que emiti� la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulg�, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO

Informe de la autoridad emisora de la norma impugnada. Por su parte, al rendir su informe el Poder Legislativo del Estado de S., en lo toral, manifest�:

  1. Que debe sobreseerse la presente acci�n de inconstitucionalidad en virtud de que la parte que la promueve, no acredita de manera fehaciente la personalidad y car�cter con el que se ostenta, pues pretende acreditar su car�cter de procurador general de la Rep�blica s�lo con el nombramiento expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero ha omitido el documento en el que el Senado ratifica dicho nombramiento.

  2. Que el hecho de establecer un monto espec�fico de una determinada cantidad de salarios m�nimos en la Ley de Ingresos, no constituye una multa fija o desproporcionada, toda vez que el m�nimo a aplicarse que debe tomar en cuenta la autoridad, al momento de fijar la multa, est� estrechamente relacionado con el art�culo 22 constitucional, el cual establece el monto m�nimo que debe cobrarse a aquellas personas que demuestren ser obreros o asalariados.

    Que lo anterior se ve robustecido con lo previsto en el art�culo 229 de la Ley de Tr�nsito para el Estado de S., la cual otorga descuentos del veinticinco y cincuenta por ciento a quienes paguen la multa dentro de un plazo determinado.

    Que son aplicables al respecto, la tesis jurisprudencial n�mero I.1o.A.75 A, de rubro: "MULTAS CON BASE EN UN PORCENTAJE M�NIMO. EL ART�CULO 76, F.I., DEL C�DIGO FISCAL DE LA FEDERACI�N PERMITE SU INDIVIDUALIZACI�N." y la tesis n�mero 2a. CXLIV/99, de rubro: "MULTA. EL ART�CULO 20, F.V., DEL REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEH�CULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCI�N FEDERAL, NO VIOLA LOS ART�CULOS 22 Y 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N GENERAL DE LA REP�BLICA."

  3. Que en la contribuci�n por servicio de alumbrado p�blico, los elementos esenciales del tributo se establecen en la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de S. (sujeto, objeto, base y �poca de pago), mientras que la tasa se encuentra establecida en la Ley de Ingresos de cada Municipio, as� que, para decidir sobre la procedencia de la presente acci�n contra el mencionado tributo, se debe tomar en consideraci�n que si no se demand� oportunamente la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda Municipal, aqu�l debe considerarse consentido t�citamente.

    Que como se desprende de su escrito, el actor s�lo combate el objeto y base del tributo, contenidos en la Ley de Hacienda Municipal, la cual no fue impugnada en tiempo y forma. Mientras que la acci�n intentada no plantea alguna inconformidad con la tasa del tres por ciento establecida en la Ley de Ingresos combatida.

    Que al no haberse impugnado en tiempo y forma los dem�s elementos que integran el tributo y que en la acci�n de inconstitucionalidad que nos ocupa, no se establece inconformidad alguna respecto a la tasa establecida, lo procedente es declarar la inoperancia de los conceptos de invalidez planteados.

SEXTO

Informe de la autoridad promulgadora de la norma impugnada. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de S. precis� en s�ntesis:

  1. Que es infundado el primer concepto de invalidez que hace valer la parte actora, argumentando que el art�culo 22 de la Ley de Ingresos impugnada, conculca los numerales 16, 22, primer p�rrafo, 31, fracci�n IV, 73, fracci�n XXIX, secci�n 5o., inciso a) y 124 de la Carta Magna, toda vez que el precepto impugnado no es un impuesto, sino que es un derecho, cuyo cobro resulta de la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico que presta el Municipio con base en el art�culo 115, fracci�n IV, constitucional.

    Que no se transgrede el contenido del art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, ya que el cobro por el servicio de alumbrado p�blico que se prev� en el precepto impugnado tiene la naturaleza de ser un derecho o inclusive considerarse como un aprovechamiento que percibe el Municipio y no un impuesto al consumo de energ�a el�ctrica y, por tanto, su naturaleza no es fiscal sino administrativa, lo cual implica que no le son aplicables los principios tributarios.

  2. Que es infundado el concepto de invalidez referente a la inconstitucionalidad de los art�culos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, puesto que las sanciones econ�micas que contemplan dichos preceptos se refieren a multas de tr�nsito que en ning�n momento son excesivas o fijas, ya que la imposici�n de las mismas se determin� tomando en cuenta el cat�logo que contempla el reglamento de tr�nsito del mencionado Municipio, el cual establece una serie de valores m�ximos y m�nimos que permiten a la autoridad ejecutora decidir discrecionalmente la multa a aplicar.

    Que lo anterior tiene como apoyo la tesis jurisprudencial n�mero II.2o.A.36 A, de rubro: "MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 122 DEL REGLAMENTO DE TR�NSITO DEL ESTADO DE M�XICO AL TOMAR EN CUENTA PARA SU IMPOSICI�N LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA INFRACCI�N EN LA NATURALEZA MISMA DE LA CONDUCTA COMETIDA.", n�mero VIII.1o.55.A, de rubro: "MULTAS FIJAS, NO LO SON LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE TR�NSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE G�MEZ PALACIO, DURANGO." y la n�mero I.1o.A.99 A, de rubro: "REGLAMENTO DE TR�NSITO DEL DISTRITO FEDERAL. SU ART�CULO 103, FRACCI�N I, INCISO A), NO PREV� UNA MULTA EXCESIVA."

  3. Que los art�culos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, no conculcan el contenido del art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., toda vez que la imposici�n de multas, su cobro y posterior pago, no tienen las caracter�sticas de una contribuci�n y, por ende, no les es exigible cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad que consagra el art�culo 31, fracci�n IV, del Pacto F..

    Que para robustecer lo mencionado en l�neas precedentes, son aplicables las tesis n�mero II.2o.A.35 A, de rubro: "MULTAS NO FISCALES. LAS PREVISTAS EN EL ART�CULO 122 DEL REGLAMENTO DE TR�NSITO DEL ESTADO DE M�XICO SON APROVECHAMIENTOS Y NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ART�CULO 31 FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL." y la n�mero 2a. XC/2000, de rubro: "MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 35, F.I., DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS� PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVAS A LAS INFRACCIONES DE TR�NSITO."

S�PTIMO

Cierre de instrucci�n. Una vez cerrada la instrucci�n en este asunto, se envi� el expediente al Ministro instructor, para la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente acci�n de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se plantea la posible contradicci�n entre los art�culos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Estado de S. y la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO

Oportunidad. En primer t�rmino se analizar� si la demanda se present� en forma oportuna.

Los art�culos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Estado de S. impugnados, se publicaron en el Peri�dico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil seis (fojas 27 a 62); por lo que es a partir del d�a siguiente a la fecha indicada, que debe hacerse el c�mputo respectivo.

As�, de conformidad con el art�culo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo de treinta d�as para promover la presente acci�n transcurri� del lunes primero al martes treinta de enero de dos mil siete.

En consecuencia, dado que el oficio de la acci�n de inconstitucionalidad se present� el martes treinta de enero de dos mil siete en el domicilio particular de la autorizada por la Secretar�a General de Acuerdos, seg�n se advierte al reverso del oficio de demanda, resulta aplicable lo dispuesto en el art�culo 7o. de la ley reglamentaria de la materia,(2) es evidente que su presentaci�n fue oportuna, en t�rminos de la �ltima parte del primer p�rrafo del art�culo 60 citado.

Lo que se corrobora con el siguiente calendario:

Ver calendario

TERCERO

L.�n del promovente. A continuaci�n se proceder� a analizar la legitimaci�n de quien promueve la acci�n de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci�n.

S. la demanda E.M.I., en su car�cter de procurador general de la Rep�blica, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento (foja 26 del expediente).

De conformidad con el art�culo 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n F.,(3) el procurador general de la Rep�blica podr� ejercer la acci�n de inconstitucionalidad.

De acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos art�culos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Estado de S., ordenamiento que tiene el car�cter de estatal, cuenta con la legitimaci�n necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusi�n anterior, la jurisprudencia n�mero P./J. 98/2001, de este Tribunal P.,(4) que a la letra se�ala:

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REP�BLICA TIENE LEGITIMACI�N PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, AS� COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El art�culo 105, fracci�n II, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la Rep�blica para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de car�cter federal, estatal o del Distrito F., as� como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el inter�s general de preservar, de modo directo y �nico, la supremac�a constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n realice un an�lisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la Rep�blica resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acci�n de inconstitucionalidad ni que est� vinculado con la resoluci�n que llegue a dictarse, pues ser� suficiente su inter�s general, abstracto e impersonal de que se respete la supremac�a de la Carta Magna."

En relaci�n con la causa de improcedencia aducida por el Congreso del Estado, cabe se�alar que el procurador general de la Rep�blica, exhibe una copia del nombramiento expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se puede apreciar que fue ratificado por el Senado de la Rep�blica en fecha siete de diciembre de dos mil seis. De igual forma, la ratificaci�n mencionada se encuentra publicada en la Gaceta del Senado, de fecha ocho de diciembre de dos mil seis, por lo cual deviene infundada la citada causal.

CUARTO

Causas de improcedencia. En la presente acci�n de inconstitucionalidad, la autoridad emisora de la norma impugnada adujo que en la contribuci�n por servicio de alumbrado p�blico, los elementos esenciales del tributo se establecen en la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de S. (sujeto, objeto, base y �poca de pago), mientras que la tasa se encuentra establecida en la Ley de Ingresos de cada Municipio, as� que, para decidir sobre la procedencia de la presente acci�n contra el mencionado tributo, se debe tomar en consideraci�n que si no se demand� oportunamente la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda Municipal, �ste debe considerarse consentido t�citamente.

Para dar contestaci�n al planteamiento se�alado, cabe destacar que, en efecto, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de S., en sus art�culos 108, 109, 110, 110-Bis y 111,(5) prev� los elementos esenciales del derecho de alumbrado p�blico, en tanto que el art�culo 22 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, regula una tasa aplicable del tres por ciento sobre el importe del consumo de energ�a el�ctrica por la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico.

Sin embargo, contrariamente a lo expuesto por el Congreso Local, cabe puntualizar que para analizar la constitucionalidad del art�culo 22 de la ley impugnada en la presente instancia constitucional, no era menester que se reclamaran de forma conjunta todas las disposiciones que regulan el derecho de que se trata, seg�n las prevenciones del art�culo 41, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.(6)

En consecuencia, la invalidez que en su caso se llegara a declarar respecto de la norma que, de manera aislada, se haya impugnado en la v�a de acci�n de inconstitucionalidad, implicar�a necesariamente la invalidez de todas aquellas normas, no s�lo que dependan en sentido estricto de la norma impugnada, sino que se vean afectadas directamente en su sentido, alcance o contenido, por haberse modificado sustancialmente las hip�tesis normativas que prev�n con la declaratoria de invalidez respectiva.

Bajo esa �ptica jur�dica, resulta infundada la pretensi�n del Congreso del Estado de S., en el sentido de que al no combatirse la Ley de Hacienda Municipal del Estado, que regula los elementos esenciales del derecho de alumbrado p�blico, se consinti� t�citamente dicho tributo, porque al impugnarse y, en su caso, declararse la invalidez de la norma general que prev� el aspecto debatido, aunque no se hubieran combatido las dem�s disposiciones que lo regulan, su inconstitucionalidad generar�a la del sistema o contexto normativo que regula relacionadamente dicho derecho, con independencia de que no se hayan impugnado la totalidad de las disposiciones que lo conforman, pues se ver�n afectados en la misma medida.

Finalmente, el �rgano legislativo de referencia sostiene que en la acci�n intentada no se impugna de manera expresa o no se plantea alguna inconformidad en contra de la tasa del tres por ciento establecida en la Ley de Ingresos impugnada, aun cuando en este caso opera la novedad formal de la norma, lo que conduce a declarar la inoperancia de los conceptos de invalidez planteados.

No obstante, debe se�alarse que no asiste la raz�n a dicha autoridad, habida cuenta que el promovente de la acci�n de inconstitucionalidad s� hace valer argumentos jur�dicos en contra del art�culo 11 de la ley impugnada, conforme a los cuales estima que se transgreden los art�culos 16, 31, fracci�n IV, 73, fracci�n XXIX, secci�n 5o., inciso a) y 124 de la Constituci�n F..

Cabe destacar que si bien no se hacen valer conceptos de invalidez espec�ficos en contra de la tasa del tres por ciento a que hace referencia el Congreso Local, tal circunstancia no es obst�culo para emprender el an�lisis constitucional de la norma impugnada con apoyo en los diversos argumentos expuestos por el procurador general de la Rep�blica.

En consecuencia, al haberse desestimado las causales de improcedencia hechas valer, y al no advertirse la actualizaci�n de alguna otra o motivo de sobreseimiento, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez.

QUINTO

Estudio de fondo. En primer t�rmino se estudiar�n los conceptos de invalidez planteados por la parte promovente, tendentes a evidenciar que el art�culo 22 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, es violatorio de los art�culos 16 y 73, fracci�n XXIX, secci�n 5o., inciso a), de la Constituci�n F., toda vez que, seg�n aduce, en aqu�l se establece un impuesto al consumo de energ�a el�ctrica, lo cual excede la competencia de la Legislatura del Estado para fijar las contribuciones que deben recaudar los Municipios por el servicio de alumbrado p�blico prevista por el art�culo 115, fracci�n III, inciso b), constitucional.

A efecto de analizar las cuestiones planteadas, resulta necesario se�alar que el art�culo 73, fracci�n XXIX, secci�n 5o., inciso a), de la N.F., dispone que corresponde al Congreso de la Uni�n establecer contribuciones especiales sobre energ�a el�ctrica; por su parte, el 115, fracci�n III, inciso b), prev� que los Municipios tendr�n a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado p�blico; y, la fracci�n IV, inciso c), del mismo precepto, establece que los Municipios tienen derecho a recibir -entre otros- los ingresos derivados de la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio p�blico, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones s�lo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las Leyes de Ingresos de este nivel de gobierno.(7)

De acuerdo con lo anterior, se aprecia, por una parte, que el Congreso F. tiene atribuci�n para el establecimiento de las contribuciones sobre energ�a el�ctrica, y por la otra, que al corresponder a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado p�blico, �stos pueden, como consecuencia de esa atribuci�n, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestaci�n de dicho servicio.

En efecto, de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), del art�culo 115 de la Constituci�n F., la hacienda p�blica de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestaci�n de los servicios p�blicos que tengan a su cargo y, como ya se dijo, el servicio p�blico de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, al tener a su cargo el servicio p�blico de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deber�n hacerlo como un derecho y no como impuesto.

Por tanto, a efecto de determinar si el art�culo impugnado resulta constitucional o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribuci�n contenida por el citado precepto, es decir, si el mismo se trata de una contribuci�n de las previstas por el precitado art�culo 73 de la Constituci�n F., tal como sostiene el procurador general de la Rep�blica, o si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho.

En primer t�rmino, de manera general podemos se�alar que desde tiempos pret�ritos, las Constituciones del mundo han puesto especial �nfasis en establecer limitaciones al poder p�blico, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protecci�n al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no s�lo act�an como l�mites, sino que tambi�n dan sus notas distintivas a las obligaciones p�blicas denominadas contribuciones o tributos.

En nuestro pa�s, el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F.,(8) regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el Distrito F., los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto p�blico, proporcionalidad y equidad; los cuales adem�s de ser garant�as individuales, enuncian las caracter�sticas que pueden llevarnos a construir un concepto jur�dico de tributo o contribuci�n con base en la N.F., las cuales se se�alan a continuaci�n:

  1. Toda contribuci�n tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.

  2. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.(9)

  3. S�lo se pueden crear mediante ley.

  4. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto p�blico, sin que se niegue la posibilidad de servir a prop�sitos de pol�tica econ�mica.

  5. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.

    De acuerdo con estas caracter�sticas previstas por la N.F., podemos esbozar un concepto jur�dico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho p�blico -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federaci�n, Distrito F., Estados o Municipios-, titular de un derecho de cr�dito frente al contribuyente, cuya obligaci�n surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad econ�mica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.

    Una vez fijado un concepto constitucional de contribuci�n o tributo, tenemos que �ste se conforma de distintas especies, que comparten una configuraci�n estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su an�lisis integral y arm�nico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el an�lisis de su adecuaci�n al marco jur�dico constitucional que los regula.

    Dichos elementos esenciales de la contribuci�n, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y �poca de pago.

    As�, aun cuando el C�digo F. de la Federaci�n se�ala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa,(10) debe entenderse que el t�rmino "objeto", se refiere a un aspecto m�s complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a trav�s de la realizaci�n del supuesto previsto en ley.

    Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente:

  6. Sujeto: La persona f�sica o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva en virtud del nacimiento de la obligaci�n jur�dico-tributaria;

  7. Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jur�dica o econ�mica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realizaci�n depende el nacimiento de la obligaci�n tributaria.

    El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, m�s a�n, que leg�tima la imposici�n, en cuanto que s�lo por su realizaci�n puede producirse la sujeci�n al tributo y ser� l�cita su exigencia.

    En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jur�dica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que �sta lo ha descrito o tipificado.(11)

  8. Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinaci�n l�quida del cr�dito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa;

  9. Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinaci�n del cr�dito fiscal; y,

  10. �poca de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligaci�n es exigible y, por tanto, debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligaci�n tributaria.

    Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, present�ndose de manera distinta, dependiendo de qu� tipo de contribuci�n se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo.

    Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonom�a de las entidades federativas, y con el sistema de distribuci�n de competencias que prev� la Constituci�n F., tanto la Federaci�n como el Distrito F. y cada Estado para s� y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuraci�n de las categor�as de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribuci�n, como a las notas de sus especies.

    Una vez sentadas las bases anteriores, cabe se�alar que en nivel federal el art�culo 2o. del C�digo F. de la Federaci�n, establece la clasificaci�n de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jur�dico, distinguiendo cuatro especies del g�nero contribuci�n, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma:

    1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas f�sicas y morales que se encuentran en la situaci�n jur�dica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las se�aladas en las fracciones II, III y IV de este art�culo.

    2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

    3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas f�sicas y morales que se beneficien de manera directa por obras p�blicas.

    4. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico de la naci�n, as� como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho p�blico, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u �rganos desconcentrados cuando, en este �ltimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley F. de Derechos. Tambi�n son derechos las contribuciones a cargo de los organismos p�blicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

    Por su parte, el C�digo F. del Estado de S. reconoce como contribuciones a los impuestos, contribuciones especiales y derechos, definiendo a estos �ltimos en su art�culo 2o., fracci�n III,(12) en tanto que la Ley de Hacienda Municipal de dicha entidad federativa los define en su art�culo 6o., fracci�n II.(13)

    De lo expuesto, podemos afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuaci�n de los �rganos del Estado a trav�s del r�gimen de servicio p�blico, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico de la naci�n; mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible est� constituido por hechos o actos que sin tener una relaci�n directa con la actividad del ente p�blico como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No est� por dem�s agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie m�s importante, este aspecto cobra mayor relevancia.

    Al respecto, cabe se�alar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un car�cter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no s�lo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligaci�n tributaria, sino que, adem�s, sirve como elemento de identificaci�n del tributo, pues en una situaci�n de normalidad evidencia e identifica la categor�a de la contribuci�n a la que pertenece. Esta situaci�n de normalidad, tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situaci�n, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigi�ndose en premisa para la determinaci�n en cantidad l�quida de la contribuci�n.

    En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jur�dicos a la actualizaci�n de determinada hip�tesis, debido a que la situaci�n, hecho, acto o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hip�tesis, y no una consecuencia jur�dica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria.

    Conforme a los anteriores razonamientos, resulta l�gico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligaci�n tributaria, de manera tal que se respeta la garant�a de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificaci�n de su magnitud, funci�n esta �ltima que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, adem�s de ser un requisito de proporcionalidad, es tambi�n una cuesti�n de l�gica interna de los tributos, pues de lo contrario existir� imprecisi�n en torno a cu�l es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cu�l es la categor�a tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues �sta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto.

    En efecto, la distorsi�n de la relaci�n entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevar� a una imprecisi�n respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendi� gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestaci�n dineraria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinaci�n pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, raz�n por la cual podr� revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realizaci�n del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligaci�n, lo cual en algunas ocasiones podr� revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribuci�n es un impuesto o una contribuci�n de mejoras y no un derecho y viceversa.

    Ahora, debe analizarse la naturaleza de la contribuci�n establecida por el art�culo 22 impugnado, el cual se encuentra previsto en el t�tulo segundo denominado "De las contribuciones municipales", cap�tulo segundo denominado "De los derechos", secci�n II denominada "Por el servicio de alumbrado p�blico", de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007.(14)

    De la lectura del precepto aludido, se advierte que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, establece una contribuci�n a la que otorga la naturaleza jur�dica de derecho, cuyo objeto o hecho imponible, lo constituye la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico que haga el Municipio.

    No obstante lo anterior, tenemos que la armon�a que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, se rompe con el contenido del art�culo 22 impugnado, al regular que la base para el c�lculo de este derecho es, en un primer plano, el consumo de energ�a el�ctrica, sobre el que se pagar� un derecho equivalente al 3% (primer p�rrafo) y, en uno ulterior, el valor catastral del predio sobre el que se pagar� un derecho equivalente al 0.52 al millar trat�ndose de propietarios o posesionarios de predios urbanos y suburbanos que no cuenten con el servicio de energ�a el�ctrica porque sus predios est�n bald�os o edificados en estado de abandono (p�rrafo segundo).

    De ello se advierte que se establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva, el consumo de energ�a el�ctrica, por lo que en el caso, la base del tributo se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente p�blico por concepto del servicio de alumbrado p�blico, sino a un hecho, acto, situaci�n o actividad denotativo de capacidad contributiva ajeno a la actividad del ente p�blico y que, en el caso, consiste en dicho consumo de energ�a.

    Como expusimos, este conflicto entre el aspecto objetivo que denota el hecho imponible y el que denota la base, se resuelve en favor del contemplado en la base, pues es el que servir� para el c�lculo del tributo, que se liquidar�: 1) con base en el consumo de energ�a el�ctrica que ir� variando seg�n aumente o disminuya dicho consumo (art�culo 22, primer p�rrafo); o bien, 2) con base en el valor catastral del predio, que igualmente tendr� variantes seg�n se trate de propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos que no cuenten con el servicio de energ�a el�ctrica porque sus predios est�n bald�os o edificados en estado de abandono (0.52 al millar) (p�rrafo segundo).

    El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en an�lisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribuci�n perteneciente a la categor�a de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relaci�n con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine.

    Por tanto, no obstante que el art�culo impugnado, denomina a la contribuci�n de m�rito "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energ�a el�ctrica, tributo que como qued� previamente estudiado, es competencia exclusiva de la Federaci�n, raz�n por la cual resulta contrario a lo previsto por el art�culo 73, fracci�n XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constituci�n F..

    En similar sentido se ha pronunciado esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y ello se corrobora con las jurisprudencias del Tribunal P. y de la Segunda Sala, de n�meros P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, cuyos rubros se�alan, respectivamente: "ALUMBRADO P�BLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O C�DIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N."(15) y "ALUMBRADO P�BLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREV�N LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCI�N ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N."(16)

    No obsta a la conclusi�n alcanzada que el art�culo 42 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,(17) establezca como una excepci�n a las prohibiciones para las entidades legislativas para decretar impuestos, contribuciones o grav�menes locales o municipales en materia de energ�a el�ctrica, el poder establecer derechos por servicios de alumbrado p�blico que cobren los Municipios, aun cuando para su determinaci�n se utilice como base el consumo de energ�a el�ctrica.

    Sobre lo anterior, cabe destacar que el art�culo 73, fracci�n XXIX, �ltimo p�rrafo, de la Constituci�n F.,(18) establece que las entidades federativas participar�n en el rendimiento de las contribuciones especiales -entre las que se encuentran las relativas a energ�a el�ctrica-, en la proporci�n que la ley secundaria federal lo determine, y que las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica.

    En t�rminos de lo que se ha venido exponiendo, ello no significa que las entidades federativas tengan competencia concurrente con la Federaci�n para que, a trav�s de las Legislaturas Locales, fijen impuestos u otras contribuciones sobre energ�a el�ctrica; por el contrario, al ser una materia de competencia exclusiva de la Federaci�n, �sta es la �nica facultada para establecer contribuciones especiales en ese rubro.

    Lo que en realidad dispone el precepto constitucional se�alado, es que a trav�s del Sistema Nacional de Coordinaci�n F., se permite a las entidades federativas recibir participaciones federales en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F.; en el caso particular, se les autoriza a percibir ingresos de los recursos obtenidos a trav�s de contribuciones especiales en materia de energ�a el�ctrica (impuesto establecido por la Federaci�n), pero al mismo tiempo, se impone a las Legislaturas Locales la obligaci�n de fijar el porcentaje que corresponder� a los Municipios, respecto de dichos ingresos por concepto de impuesto sobre energ�a el�ctrica.

    En tales condiciones, queda claro que el precepto constitucional se�alado, no establece una competencia concurrente en materia de contribuciones sobre energ�a el�ctrica, sino s�lo un sistema de distribuci�n de participaciones federales por ese concepto a las entidades federativas y de �stas a los Municipios.

    Al respecto, conviene tener presente el criterio de rubro: "IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACI�N Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS."(19)

    En tal virtud, al haberse declarado la invalidez del precepto impugnado por los motivos expuestos, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos planteados por el promovente, tendentes a evidenciar que ese dispositivo es contrario a diversos preceptos constitucionales. Resulta aplicable la jurisprudencia n�mero P./J. 37/2004, de rubro: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(20)

    De igual forma, se pronunci� este Tribunal P. al resolver en sesi�n p�blica de veintisiete de octubre de dos mil cinco, por unanimidad de nueve votos,(21) las acciones de inconstitucionalidad 21/2005, 22/2005 y 23/2005; en sesi�n p�blica de treinta de mayo de dos mil seis, por unanimidad de once votos, las acciones de inconstitucionalidad 10/2006, 11/2006 y 12/2006; en sesi�n p�blica de primero de junio de dos mil seis, por unanimidad de once votos, la acci�n de inconstitucionalidad 16/2006; y en sesi�n p�blica de cinco de junio de dos mil seis, tambi�n por unanimidad de once votos, las acciones de inconstitucionalidad 14/2006, 15/2006, 17/2006, 18/2006, 19/2006, 20/2006, 21/2006, 22/2006 y 23/2006.

    Por otra parte, y dada la conclusi�n a que este Tribunal P. ha arribado en relaci�n con el precepto impugnado en su primer p�rrafo, no pasa desapercibido que el efecto producido por tal determinaci�n ser�a que los destinatarios del servicio de alumbrado p�blico del Municipio se ubicar�n en el supuesto se�alado por el segundo p�rrafo del mismo dispositivo, debiendo pagar los derechos respectivos conforme al mecanismo que se�ala.

    En relaci�n con esta parte del precepto, si bien, el procurador general de la Rep�blica no incluy� en su oficio de demanda, concepto de invalidez alguno, referente a la violaci�n del art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., este Alto Tribunal advierte la necesidad de suplir la deficiencia de la demanda, ello con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 71, p�rrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional.(22)

    Adem�s, es aplicable al caso concreto, la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 96/2006, de rubro: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS."(23)

    De esta forma, este Alto Tribunal sostiene que en el art�culo 22 impugnado, en su p�rrafo segundo, se establece materialmente un impuesto sobre el valor catastral del predio de que se trate, y no propiamente un derecho sobre la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico por parte del Municipio.

    La raz�n de que esta circunstancia lleve a concluir en la inconstitucionalidad de la porci�n normativa se�alada, no es, como en el caso anterior, por corresponder en realidad a un impuesto cuya regulaci�n es de competencia exclusiva de la Federaci�n, pues a primera vista podr�a considerarse que la base pretendida por el legislador local se refiere a un aspecto de competencia atinente a las entidades federativas, esto es, la propiedad ra�z, por lo que no se actualizar�a la violaci�n al art�culo 73 constitucional. En este caso se refiere -dicha inconstitucionalidad-, precisamente a la circunstancia de que la norma, al establecer el derecho respectivo, incluye un elemento ajeno a su naturaleza jur�dica, en tanto se prev� como base el valor catastral del predio respectivo, componente que, como se destac� antes, corresponde a un impuesto.

    En efecto, la norma pretende establecer un derecho (contribuci�n), por la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico, conforme al cual, trat�ndose de propietarios o posesionarios de predios urbanos y suburbanos que no cuenten con el servicio de energ�a el�ctrica porque sus predios est�n bald�os o edificados en estado de abandono, debe cuantificarse mediante una tasa de 0.52 al millar del valor catastral del predio.

    En ese aspecto, se trata de una contribuci�n contraria a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que rigen a los derechos, porque no toma en cuenta el costo del servicio que presta el Estado -en este caso el Municipio-, sino un elemento ajeno, como es el valor catastral del predio, lo que conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes pagar�n una mayor o menor cantidad, dependiendo del valor catastral del inmueble, provoc�ndose que por el mismo servicio se causen derechos en diversa cuant�a, lo cual, como se dijo, es contrario a las garant�as tributarias se�aladas, pues se fija el monto del derecho en t�rminos de la capacidad contributiva del destinatario del servicio, lo que da una escala de m�nimos a m�ximos en funci�n de dicha capacidad del causante, por el valor catastral del predio respectivo, siendo esto aplicable a los impuestos, pero de ninguna manera a los derechos cuya naturaleza es distinta.

    Sobre el particular, puede darse el caso de que dos contribuyentes de este servicio, propietarios (o en su caso posesionarios), de distintos tipos de predio seg�n la clasificaci�n que hace el precepto, esto es, predios urbanos y suburbanos que no cuenten con el servicio de energ�a el�ctrica porque sus predios est�n bald�os o edificados en estado de abandono, sujetos a la tasa del 0.52 al millar del valor catastral del predio, perciban los mismos beneficios que reporta la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico por parte del Municipio, pero que por el valor catastral del predio respectivo, necesariamente se presentar� la consecuencia de que se sit�en en el caso de la tasa del 0.52 al millar, lo cual elevar�a la cuant�a a pagar por la recepci�n del mismo servicio.

    Por consiguiente, los causantes no pagar�n una cuota acorde con el servicio de alumbrado p�blico prestado por el Municipio, pues desde el momento en que se determina mediante la aplicaci�n de la tasa del 0.52 al millar del valor catastral del predio respectivo, el monto ser� distinto en todos los casos, generando cantidades diferentes para cada contribuyente.

    En tales condiciones, el art�culo 22, segundo p�rrafo, de la ley impugnada, no cumple con los requisitos de proporcionalidad y equidad establecidos en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    En estas condiciones, al ser violatorio de los dispositivos constitucionales se�alados, debe declararse la invalidez del art�culo 22 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007.

    En tal virtud, al haberse declarado la invalidez del precepto impugnado por los motivos expuestos, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos planteados por el promovente, tendentes a evidenciar que ese dispositivo es contrario a diversos preceptos constitucionales. Resulta aplicable la jurisprudencia n�mero P./J. 37/2004, de rubro: "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(24)

SEXTO

Por otra parte, se analizar�n los conceptos de invalidez planteados por la parte promovente, tendentes a evidenciar que los art�culos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, contravienen lo dispuesto por los art�culos 16 y 22 de la Constituci�n F., al prever diversas multas fijas.

En principio, conviene destacar que las multas impuestas por infracciones a normas de car�cter administrativo, tienen la naturaleza de aprovechamientos; en consecuencia, no se rigen por los principios tributarios consagrados en el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., seg�n se explica en la tesis n�mero 2a. CXCVI/2002, de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "MULTAS POR INFRACCI�N ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL."(25)

Asimismo, debe precisarse que el art�culo 22 de la Constituci�n F.(26) proh�be, entre otras penas, la multa excesiva.

En diversos precedentes, este Alto Tribunal se ha pronunciado sobre este tema, en el sentido de que una multa es excesiva cuando la ley que la prev� no da posibilidad a quien debe imponerla, de determinar su monto o su cuant�a, esto es, de considerar la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad de la infracci�n, a fin de individualizar el monto de la multa. Este criterio se plasm� en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, de rubro: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."(27)

As�, la imposici�n de multas o sanciones debe ser proporcional a la infracci�n cometida, para lo cual deben considerarse diversos elementos, de lo contrario, resultar� excesiva.

En otras palabras, las multas deben guardar una relaci�n de proporcionalidad frente a la infracci�n realizada, a fin de establecer su cuant�a, para lo cual deber� considerarse la reincidencia, las posibilidades econ�micas del infractor, la gravedad del il�cito, etc�tera.

En este sentido, para que una multa sea acorde al Texto Constitucional, debe contener un par�metro establecido en cantidades o porcentajes m�nimos y m�ximos, que permitan a las autoridades facultadas para imponerlas, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad econ�mica, la reincidencia o cualquier otro elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la infracci�n, ya que de lo contrario, el establecimiento de multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a los infractores. Sirven de apoyo, las tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 y P./J. 17/2000, de rubros: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN M�NIMO Y UN M�XIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES."(28) y "MULTAS. NO TIENEN EL CAR�CTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREV�N UNA SANCI�N M�NIMA Y UNA M�XIMA."(29)

Ahora bien, en los conceptos de invalidez planteados, el promovente aduce esencialmente que los art�culos impugnados establecen diversas multas fijas, que son contrarias al art�culo 22 de la Constituci�n F., ya que no prev�n los m�nimos y m�ximos de la sanci�n econ�mica que la autoridad municipal deber� tomar en cuenta al aplicarla.

Los art�culos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, establecen lo siguiente:

Art�culo 52. Se impondr� multa equivalente a 30 veces el salario m�nimo diario vigente en el Municipio:

  1. Por transportar en los veh�culos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso correspondiente.

  2. Por prestar servicio p�blico de transporte sin estar concesionado, por cada ocasi�n. En este caso, adem�s se detendr� hasta por 72 horas el veh�culo, impidiendo que contin�e circulando y se remitir� al Departamento de Tr�nsito. A la vez, se comunicar� tal situaci�n a la Direcci�n de Transporte del Estado.

  3. Por prestar el servicio p�blico de transporte con las unidades de emergencia simult�neamente con las autorizadas, independientemente de la sanci�n de cancelaci�n que establece la Ley de Transporte para el Estado de S.."

    Art�culo 53. Se impondr� multa equivalente a 25 veces el salario m�nimo diario vigente en el Municipio:

  4. Por circular con un veh�culo al que le falten las dos placas de circulaci�n, con placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procedi�ndose adem�s a impedir la circulaci�n del veh�culo y debi�ndose remitir al Departamento de Tr�nsito.

  5. Por permitir el propietario o poseedor de un veh�culo que lo conduzcan por personas menores de 18 a�os o que carezcan estos de permiso respectivo, debi�ndose adem�s impedir la circulaci�n del veh�culo.

    Si el autom�vil es propiedad de un menor de 18 a�os y �ste es quien lo conduce sin permiso correspondiente, la multa se aplicar� a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad.

  6. Por hacer sitio los autom�viles de alquiler en lugar no autorizado.

  7. Por prestar el servicio p�blico de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados.

  8. Por hacer terminal sobre la v�a p�blica o en lugares no autorizados a los veh�culos de servicio p�blico de pasaje.

  9. Por conducir veh�culos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al art�culo 223, fracci�n VII, de la Ley de Tr�nsito del Estado de S.."

    Art�culo 54. Se aplicar� multa equivalente a 7 veces el salario m�nimo diario vigente que se indica en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones:

  10. Por hacer uso cualquier veh�culo de sirenas y luces reservadas a los veh�culos de emergencia, debi�ndose adem�s obligar al conductor a que retire del veh�culo dichos dispositivos.

  11. Por causar da�os a la v�a p�blica o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tr�nsito de veh�culos.

  12. Por falta de permisos para circular con equipo especial movible."

    Art�culo 55. Se aplicar� multa equivalente a 5 veces el salario m�nimo diario vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones:

  13. Circular veh�culos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila.

  14. No portar en lugar visible al usuario, los veh�culos de servicio p�blico de transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizada, as� como la alterada.

  15. Falta de colocaci�n de banderolas en el d�a, o de l�mparas en la noche, en caso de estacionamiento o detenci�n de veh�culos sobre el arroyo de circulaci�n, en lugares de escasa visibilidad.

  16. Por circular en sentido contrario.

  17. Por negarse a prestar el servicio p�blico sin causa justificada, as� como abastecerse de combustible los veh�culos de servicio p�blico de transporte colectivo con pasajeros a bordo.

  18. Por circular los veh�culos de servicio p�blico de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas.

  19. Por no respetar la preferencia de paso a otros veh�culos en avenidas r�pidas o de mayor volumen.

  20. Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de veh�culos de servicio p�blico de pasaje.

  21. Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as� como lavado de veh�culos en las v�as p�blicas."

    Art�culo 56. Se aplicar� multa equivalente a 15 veces el salario m�nimo diario vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones:

  22. Realizar competencias de velocidades o aceleraci�n de veh�culo, en las v�as p�blicas.

  23. Por no respetar la preferencia de paso de los veh�culos considerados como de emergencia.

  24. Por circular en las v�as p�blicas a velocidades superiores a las autorizadas.

  25. Por no reducir la velocidad en zonas escolares. As� como por no dar preferencia de paso a los peatones en las �reas respectivas.

  26. Por no obedecer cuando lo indique un sem�foro, otro se�alamiento o indicaci�n del agente de tr�nsito, los altos en los cruceros de ferrocarril."

    Art�culo 57. Se aplicar� multa equivalente a 5 veces el salario m�nimo diario vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones:

  27. Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los veh�culos de servicio p�blico de transporte, en las v�as p�blicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, as� como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas.

  28. Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad.

  29. Por circular cualquier veh�culo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, as� como no tener colocados verticalmente los escapes los veh�culos que consumen diesel. Adem�s, deber� impedirse que contin�e circulando y deber�n remitirse al Departamento de Tr�nsito.

  30. Por circular veh�culos que excedan los l�mites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, as� como transportar carga excedi�ndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el se�alamiento correspondiente.

    Trat�ndose de los veh�culos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del Departamento de Tr�nsito para circular en las v�as de jurisdicci�n de cualquier Municipio, se sancionar�n con multa de 3 a 5 veces el salario m�nimo general diario vigente en la capital del Estado.

  31. Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la se�al correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con �l.

  32. Por diseminar carga en la v�a p�blica, no cubrirla con lona cuando sea posible esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, as� como arrojar basura en la v�a p�blica, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros.

  33. Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros veh�culos o pasar tan cerca de las personas o veh�culos que constituyen un riesgo.

  34. Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en veh�culos destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto p�blico como privado.

  35. Por circular los veh�culos de servicio p�blico de pasaje:

    1. Sin el n�mero econ�mico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e indicaciones que al efecto establezca la Direcci�n de Transporte del Estado.

    2. Falta de identificaci�n del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de una ruta."

    Art�culo 58. Se aplicar� multa equivalente a 3 veces el salario m�nimo diario vigente que se indica en el Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones:

  36. Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril izquierdo entorpeciendo la circulaci�n r�pida de �l, excepto para efectuar rebase.

  37. Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro veh�culo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviaci�n de otro veh�culo.

  38. No utilizar el cintur�n de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el art�culo 108 de la Ley de Tr�nsito del Estado de S., transitar con cualquier clase de veh�culos que no re�nan las condiciones m�nimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de Tr�nsito del Estado de S.. No guardar la distancia conveniente con el veh�culo de adelante.

  39. Salir intempestivamente y sin precauci�n del lugar del establecimiento.

  40. Estacionarse en entrada de veh�culos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el veh�culo.

  41. Estacionar habitualmente por la noche los veh�culos en la v�a p�blica, siempre que perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del veh�culo persiste, la autoridad proceder� a movilizarlo.

  42. Entorpecer los desfiles, cortejos f�nebres y manifestaciones permitidas.

  43. Conducir veh�culos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias.

  44. Conducir veh�culos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando �stos inservibles o que los cristales est�n deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad.

  45. Circular falt�ndole al veh�culo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas deficiencias.

  46. Circular los veh�culos con personas fuera de la cabina.

  47. Circular con un veh�culo que lleve parcialmente ocultas las placas.

  48. No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones.

  49. Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los veh�culos que circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas.

  50. Permitir el acceso de animales en veh�culos de servicio p�blico de transporte de pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, as� como objetos voluminosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores.

  51. Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones, remolques y semirremolques que tengan por finalidad evitar que estos arrojen peque�os objetos hacia atr�s.

  52. Falta de aseo y cortes�a de los operadores de los veh�culos de servicio p�blico de transporte de pasaje.

  53. Falta de aviso de baja de un veh�culo que circule con placas de demostraci�n.

  54. Falta de calcoman�a de revisado y calcoman�a de placas fuera de los calendarios para su obtenci�n.

  55. Dar vuelta lateralmente o en �U� cuando est� prohibido mediante se�alamiento expreso, o dar vuelta en �U� a mitad de cuadra.

  56. Falta se�alamiento de la raz�n social, nombre del propietario o de la instituci�n en los veh�culos destinados al servicio particular sea de persona o cosas.

  57. Circular careciendo de tarjeta de circulaci�n o con una que no corresponda al veh�culo o a sus caracter�sticas."

    Art�culo 59. Se aplicar� multa equivalente a 2.38 veces que se indica del salario m�nimo diario vigente en el Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones:

  58. Conducir veh�culos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier dispositivo similar.

  59. Falta de espejo retrovisor.

  60. Conducir veh�culos careciendo de licencia, por olvido, sin justificaci�n o careciendo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de veh�culo para lo cual fue expedida.

  61. Uso de la luz roja en la parte delantera de los veh�culos no autorizados para tal efecto.

  62. Conducir en zigzag, con falta de precauci�n o rebasar por la derecha.

  63. Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto.

  64. Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que as� se encuentre indicado.

  65. Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la se�al correspondiente con la mano o con el indicador mec�nico, as� como indicar la maniobra y no realizarla."

    Art�culo 60. Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de veh�culos, se sancionar�n de la siguiente manera:

    I.M. equivalente a 3 veces el salario m�nimo diario vigente en el Municipio:

  66. Abanderamiento: por no abanderar los obst�culos o zanjas peligrosas a la circulaci�n de veh�culos y peatones, as� como no colocar se�ales luminosas para indicar su existencia por la noche.

  67. Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la v�a p�blica sin permiso, o por cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin.

  68. V�as p�blicas: utilizarlas para fines distintos a la circulaci�n de veh�culos y peatones, salvo casos de fuerza mayor o previa autorizaci�n del Departamento de Tr�nsito.

    II.M. equivalente al 11.86 veces el salario m�nimo diario vigente en el Municipio:

  69. Basura: por arrojar basura en las v�as p�blicas.

  70. C.: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcci�n.

    III.M. equivalente a 1 salario m�nimo diario vigente en la cabecera del Municipio:

  71. Por no obtener el revisado del veh�culo en el tiempo establecido que es en el primer de mes de cada semestre del a�o fiscal."

    Por consiguiente, al establecer los art�culos impugnados multas fijas, entonces efectivamente vulneran el art�culo 22 constitucional, toda vez que la autoridad facultada para imponerlas no tiene la posibilidad para determinar en cada caso su monto o cuant�a, tomando en cuenta el da�o causado a la sociedad, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la magnitud del hecho infractor, y de ah�, la multa que corresponda imponer a quien lo cometi�.

    No es obst�culo a la conclusi�n alcanzada, lo argumentado por el Congreso Local y por el gobernador del Estado de S., en el sentido de que debe atenderse a la finalidad de las multas y que el hecho de que las normas impugnadas establezcan un monto espec�fico de una determinada cantidad de salarios m�nimos, por s� mismas, no son desproporcionadas y no deben considerarse como fijas, toda vez que el m�nimo de multa a aplicarse que debe tomar en cuenta la autoridad sancionadora, est� estrechamente relacionado con el art�culo 22 de la Constituci�n F., pues en ella se establece el monto m�nimo que debe cobrarse a aquellas personas que demuestren ser obreros o asalariados, obteniendo as� como elemento m�nimo a aplicarse, un salario m�nimo o jornal y una multa m�xima equivalente a los salarios m�nimos establecidos en la Ley de Ingresos impugnada.

    Efectivamente, como antes se razon�, para que una multa no resulte excesiva, la ley que la establece debe permitir a la autoridad fijar su cuant�a de manera individualizada, situaci�n que en el caso no acontece, pues los preceptos impugnados establecen diversos montos fijos que no permiten a la autoridad atender a las diversas circunstancias a que se ha hecho referencia y que deben ser consideradas para respetar la Norma Suprema, con independencia del fin que persiga la imposici�n de la sanci�n.

    Adem�s, es inexacto que dichas multas est�n estrechamente relacionadas con el art�culo 22 de la Constituci�n F., pues este precepto constitucional no establece ning�n monto m�nimo que deba cobrarse a obreros o asalariados -tal como lo aduce el Congreso Local-, sino que ello est� previsto en el numeral 21 constitucional, y como se mencion�, los preceptos impugnados no prev�n el supuesto de graduaci�n de las multas impuestas en ning�n supuesto.

    De igual manera, no es �bice a lo anterior, lo manifestado por el Congreso del Estado de S., en el sentido de que el art�culo 229 de la Ley de Tr�nsito para el Estado de S., al otorgar el descuento del cincuenta por ciento en la multa impuesta, si se paga dentro de las veinticuatro horas siguientes, y un descuento del veinticinco por ciento si el pago se hace dentro de los tres d�as siguientes, cumple con los requisitos de establecer un sistema de cantidades m�nimas y m�ximas.

    Como se ha dicho en l�neas anteriores, para que una multa sea acorde al Pacto F., debe contener un par�metro establecido en cantidades o porcentajes m�nimos y m�ximos, el cual no se actualiza como lo se�ala el Congreso del Estado, al establecer como m�ximo, la sanci�n referida en la ley impugnada, y como m�nimo, el resultado de aplicar el descuento mencionado a la sanci�n impuesta.

    En el caso concreto no se permite la individualizaci�n de la multa, es decir, que se determine el monto de la sanci�n de acuerdo a las circunstancias personales y econ�micas del infractor, as� como la gravedad del il�cito, sino que simplemente se otorga una serie de descuentos derivados del pronto pago de la sanci�n impuesta.

    Si bien el gobernador del Estado de S. se�ala la aplicabilidad de la tesis n�mero 2a. XC/2000, de rubro: "MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 35, F.I., DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS� PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVAS A LAS INFRACCIONES DE TR�NSITO.",(30) la misma resulta inaplicable al caso concreto, pues en aqu�lla se reconoci� la constitucionalidad de diversas multas para infracciones de tr�nsito, cuyas sanciones se establecen atendiendo al grado de exceso de velocidad en que se incurra, as� como a circunstancias en que el sentido com�n no permite el establecimiento de una graduaci�n atendible en una ley, las cuales al ser combinadas entre s�, establecen una multa diferente en cada caso particular, dependiendo de la gravedad del acto. Mientras que en el caso que nos ocupa, las multas est�n dispuestas de tal forma que no permiten al aplicador de la ley, contar con un par�metro de m�nimos y m�ximos, sino que las mismas establecen taxativamente el monto de la sanci�n.

    Al haber resultado fundados los conceptos de invalidez relativos a la violaci�n del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tambi�n se vulnera el art�culo 16 constitucional que prev� el principio de legalidad.

    En estas condiciones, al ser violatorios del primer p�rrafo del art�culo 22 de la Constituci�n F., debe declararse la invalidez de los art�culos 52, 53, 54, 55, 56, 57, fracciones a), b), c), d), primer p�rrafo, e), f), g), h), e i), 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007.

    Conviene precisar que en similares t�rminos se pronunci� este Tribunal P. al resolver en la sesi�n p�blica de veinticinco de mayo de dos mil seis, por unanimidad de ocho votos,(31) las acciones de inconstitucionalidad 1/2006,(32) 2/2006,(33) 3/2006,(34) 4/2006,(35) 5/2006,(36) 6/2006,(37) 7/2006,(38) 8/2006(39) y 9/2006.(40)

    Por otra parte, el art�culo 57, fracci�n d), segundo p�rrafo, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, al prever como sanci�n un rango determinado en salarios m�nimos para que la autoridad facultada para imponerla tenga la posibilidad de determinar en cada caso su monto o cuant�a, tomando en cuenta el da�o causado a la sociedad, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la magnitud del hecho infractor, y de ah�, la multa que corresponda imponer a quien lo cometi�, es evidente que esta fracci�n no resulta violatoria del art�culo 22 de la Constituci�n F.. En efecto, en esta fracci�n se prev� una sanci�n de tres a cinco veces el salario m�nimo general diario vigente en la capital del Estado, a quienes circulen veh�culos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del Departamento de Tr�nsito para circular en las v�as de jurisdicci�n de cualquier Municipio, es decir, existe un rango dentro del cual la autoridad sancionadora podr� determinar la cantidad a imponer como sanci�n una vez que haya valorado todos los elementos necesarios para ello.

    Por estas razones debe reconocerse la validez del art�culo 57, fracci�n d), segundo p�rrafo, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007.

S�PTIMO

Efectos. De conformidad con los art�culos 73 y 41, fracci�n IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105(41) de la Constituci�n F., la invalidez decretada respecto de los art�culos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, surtir� efectos a partir de su legal notificaci�n al Congreso del Estado de S..

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Es procedente y parcialmente fundada la presente acci�n de inconstitucionalidad.

SEGUNDO

Se declara la invalidez de los art�culos 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, fracciones a), b), c), d), primer p�rrafo, e), f), g), h), e i), 58, 59 y 60 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, S., para el ejercicio fiscal de 2007, publicada en el Peri�dico Oficial de dicha entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en los t�rminos precisados en los considerandos quinto y sexto de la presente resoluci�n.

TERCERO

Se reconoce la validez del art�culo 57, fracci�n d), segundo p�rrafo, en los t�rminos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.

CUARTO

La declaratoria de invalidez de las normas impugnadas surtir� efectos en t�rminos del �ltimo considerando de esta ejecutoria.

QUINTO

P.�quese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el Peri�dico Oficial del Estado de S. y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y al Municipio de Agua Prieta, S., en su car�cter de autoridad ejecutora y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� el Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de once votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., F.G.S., G�ngora P., G.�o P., A.G.�itr�n, V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente O.M.. La se�ora Ministra L.R. y el se�or Ministro F.G.S. dejaron a salvo su criterio respecto de las multas fijas, y reservaron, como la se�ora Ministra S�nchez C. de G.�a V., su derecho de formular voto concurrente, y el se�or Ministro C.�o D�az lo reserv� para formular uno en cuanto a las facultades del P. para imprimir efectos espec�ficos a las declaraciones de invalidez. Fue ponente el se�or Ministro G�ngora P..

________________

1. "Art�culo 60. El plazo para ejercitar la acci�n de inconstitucionalidad ser� de treinta d�as naturales contados a partir del d�a siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el �ltimo d�a del plazo fuese inh�bil, la demanda podr� presentarse el primer d�a h�bil siguiente. ..."

2. "Art�culo 7o. Las demandas o promociones de t�rmino podr�n presentarse fuera del horario de labores, ante el secretario general de Acuerdos o ante la persona designada por �ste."

3. "Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

...

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.

Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:

...

  1. El procurador general de la Rep�blica, en contra de leyes de car�cter federal, estatal y del Distrito F., as� como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano."

    4. Semanario Judicial de la Federaci�n, Novena �poca, T.X., septiembre de 2001, P., tesis P./J. 98/2001, p�gina 823.

    5. "Art�culo 108. Por la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico, los consumidores de energ�a el�ctrica pagar�n un derecho conforme a la tasa que apruebe el Congreso del Estado en Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos, sobre el importe del consumo se�alado en los recibos que por la prestaci�n del servicio de energ�a el�ctrica expida la Comisi�n F. del Electricidad.

    Trat�ndose de propietarios o posesionarios de predios bald�os, urbanos y suburbanos, pagar�n un derecho que estar� en funci�n del valor catastral de cada predio, conforme a las tarifas que apruebe el Congreso del Estado en las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos."

    Art�culo 109. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administraci�n Municipal, podr�n celebrar convenios con la Comisi�n F. de Electricidad, para el efecto de que sea esta entidad de la administraci�n p�blica federal, quien recaude la contraprestaci�n se�alada, trat�ndose de propietarios o posesionarios de predios que cuentan con servicio medido o facturado de energ�a el�ctrica, y realice el entero en la Tesorer�a Municipal, en los t�rminos que se convengan."

    Art�culo 110. La cuota del derecho del servicio de alumbrado p�blico es mensual, pero su importe se pagar�, en el caso de existir el convenio a que se refiere el art�culo anterior, en las fechas que se�alen los recibos que expida la Comisi�n F. de Electricidad."

    Art�culo 110-Bis. De no celebrarse el convenio a que se refiere el art�culo 109 del presente ordenamiento y en los casos de todos aquellos propietarios y/o posesionarios de predios urbanos y suburbanos que no cuenten con servicio medido o facturado de energ�a el�ctrica, pagar�n los derechos correspondientes, trimestralmente, en los primeros quince d�as de los meses de marzo, junio, octubre y diciembre de cada a�o, en las oficinas recaudadoras de la Tesorer�a Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto, de acuerdo a la tarifa que para predios bald�os, urbanos y suburbanos, apruebe el Congreso del Estado en las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos."

    Art�culo 111. El servicio a que se refiere este cap�tulo es de utilizaci�n obligatoria."

    6. "Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

    ...

    IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

    7. "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    ...

    XXIX. Para establecer contribuciones:

    ...

    5o. Especiales sobre:

  2. Energ�a el�ctrica."

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    ...

    III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    ...

  3. Alumbrado p�blico.

    ...

    Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

    Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

    ...

    IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    ...

  4. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios a favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico. Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

    8. "Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

    ...

    IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como del Distrito F. o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

    9. En nuestro pa�s las contribuciones pueden ser pagadas en dinero o bien en especie, en tanto que el art�culo 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F. no se limita al dinero, sino que gen�ricamente se refiere a "Contribuir para los gastos p�blicos ...", para ejemplificar lo anterior, se cita el tercer p�rrafo del art�culo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el Ejercicio F. de 2006, que dispone: "... El Ejecutivo F. informar� al Congreso de la Uni�n de los ingresos pagados en especie o en servicios, por contribuciones, as� como, en su caso, el destino de los mismos."

    10. "Art�culo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que se�alan excepciones a las mismas, as� como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicaci�n estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

    Las otras disposiciones fiscales se interpretar�n aplicando cualquier m�todo de interpretaci�n jur�dica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicar�n supletoriamente las disposiciones del derecho federal com�n cuando su aplicaci�n no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."

    11. Este elemento es de naturaleza compleja y este Alto Tribunal al resolver el amparo en revisi�n 351/97, el veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, estableci� que se compone de dos elementos: el subjetivo y el objetivo. El elemento subjetivo es la relaci�n, preestablecida tambi�n por la ley, en la que debe encontrarse el sujeto pasivo del tributo con aquel primer elemento (objetivo) a fin de que pueda surgir frente a �l el cr�dito impositivo del ente p�blico. Por su parte, el elemento objetivo del hecho imponible (o presupuesto objetivo) es un acto, un hecho o una situaci�n de la persona o de sus bienes que puede ser contemplado desde varios aspectos (material, espacial, temporal y cuantitativo).

    12. "Art�culo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, contribuciones especiales y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

    ...

    III. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio p�blico del Estado de S., as� como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho p�blico, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u �rganos desconcentrados cuando, en este �ltimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la ley."

    13. "Art�culo 6. Para los efectos de esta ley se tendr�n como:

    ...

    II. Derechos, las contraprestaciones establecidas en ley por los servicios que prestan los Municipios en sus funciones de derecho p�blico, as� como por el uso o aprovechamiento de sus bienes de dominio p�blico."

    14. "Art�culo 22. Por la prestaci�n del servicio de alumbrado p�blico, los consumidores de energ�a el�ctrica, pagar�n un derecho del 3% sobre el importe del consumo se�alado en los recibos que, por la prestaci�n del servicio de energ�a el�ctrica, expida la Comisi�n F. de Electricidad.

    Trat�ndose de propietarios y/o posesionarios de predios urbanos y suburbanos que no cuenten con el servicio medido de energ�a el�ctrica porque sus predios est�n bald�os o edificados en estado de abandono, pagar�n por el servicio de alumbrado p�blico el 0.52 al millar del valor catastral del predio. Cuando el importe resulte menor a la mitad del salario m�nimo diario general vigente en el Municipio, se aplicar� �ste como cuota m�nima anual. Este importe ser� cubierto en las oficinas de tesorer�a municipal durante el primer trimestre del a�o, si es cubierto fuera de ese plazo, se considerar� pago fuera de tiempo, por lo que generar� los recargos que para ese efecto marca esta ley."

    15. "ALUMBRADO P�BLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O C�DIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constituci�n, es facultad del Congreso de la Uni�n establecer contribuciones sobre el consumo de energ�a el�ctrica; ahora bien, cuando en los c�digos y leyes locales se prev� que los derechos por servicio de alumbrado p�blico se calculen tom�ndose como base la cantidad que se paga por consumo de energ�a el�ctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislaci�n local. En efecto, debe existir una relaci�n l�gica entre el objeto de una contribuci�n y su base, principio que se rompe en casos como �stos, pues ninguna relaci�n hay entre lo que se consume de energ�a el�ctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado p�blico, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribuci�n establecida por las Legislaturas Locales al consumo de fluido el�ctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federaci�n y contravienen la Constituci�n General de la Rep�blica." (Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, P., tesis P./J. 6/88, p�gina 134).

    16. "ALUMBRADO P�BLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREV�N LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCI�N ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 158/2002, estableci� que si no se impugn� oportunamente la Ley de Hacienda para los Municipios de esa entidad federativa, que prev� los sujetos, objeto, base y �poca de pago de la �contribuci�n especial por servicio de alumbrado p�blico�, debe tenerse por consentida, y que al emitirse anualmente las Leyes de Ingresos para cada Municipio de ese Estado, surge la posibilidad de impugnar en amparo s�lo respecto de la tasa ah� prevista; ahora bien, en virtud de que los porcentajes de dicha tasa se hacen depender de las tarifas que para la venta del servicio p�blico de energ�a el�ctrica establece la Ley de Servicio P�blico de Energ�a El�ctrica y su reglamento, cuya emisi�n compete al �mbito federal, as� como las contribuciones correspondientes seg�n lo establece el art�culo 73, fracciones X y XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constituci�n F., cuando se impugnen las citadas Leyes de Ingresos, en cuanto a este elemento, tambi�n es aplicable, en t�rminos del art�culo 76 Bis, fracci�n I, de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial tem�tica P./J. 6/88 de rubro: �ALUMBRADO P�BLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O C�DIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERG�A EL�CTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACI�N.�." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., marzo de 2004, Segunda Sala, tesis 2a./J. 25/2004, p�gina 317).

    17. "Art�culo 42. Se except�an de lo dispuesto en el art�culo anterior los impuestos que los Estados o el Distrito F. tengan establecidos o establezcan sobre enajenaci�n de construcciones por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado.

    En ning�n caso lo dispuesto en el art�culo anterior, se entender� limitativo de la facultad de los Estados y del Distrito F. para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad o posesi�n del suelo o construcciones, o la transmisi�n de propiedad de los mismos o sobre plusval�a o mejor�a espec�fica, siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor agregado. ..."

    18. "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    ...

    XXIX. Para establecer contribuciones:

    ...

    Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica; ..."

    19. "IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACI�N Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS. Una interpretaci�n sistem�tica de los preceptos constitucionales que se refieren a materia impositiva, determina que no existe una delimitaci�n radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas principales las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federaci�n y los Estados en la mayor�a de las fuentes de ingresos (art�culos 73, fracci�n VII, y 124); b) L.�n a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y concreta de determinada materia a la Federaci�n (art�culo 73, fracci�n XXIX) y c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (art�culos 117, fracciones IV, V, VI, y VII y 118)." (Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, P., p�gina 149).

    20. "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acci�n de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el prop�sito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos relativos al mismo acto." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2004, P., tesis P./J. 37/2004, p�gina 863).

    21. No asistieron los se�ores Ministros presidente M.A.G.�itr�n y G.D.G.�ngora P., por estar cumpliendo con comisiones de car�cter oficial.

    22. "Art�culo 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplir� los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr� fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violaci�n de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

    Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constituci�n, s�lo podr�n referirse a la violaci�n de los preceptos expresamente se�alados en el escrito inicial."

    23 "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. Conforme al primer p�rrafo del art�culo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplir� los conceptos de invalidez planteados en la demanda, y podr� fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violaci�n de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Esto significa que no es posible que la sentencia s�lo se ocupe de lo pedido por quien promueve la acci�n, pues si en las acciones de inconstitucionalidad no existe equilibrio procesal que preservar -por constituir un examen abstracto de la regularidad constitucional de las leyes ordinarias- y la declaratoria de invalidez puede fundarse en la violaci�n de cualquier precepto de la N.F., haya o no sido invocado en el escrito inicial, hecha excepci�n de la materia electoral, por mayor�a de raz�n ha de entenderse que aun ante la ausencia de exposici�n respecto de alguna infracci�n constitucional, este Alto Tribunal est� en aptitud legal de ponerla al descubierto y desarrollarla, ya que no hay mayor suplencia que la que se otorga aun ante la carencia absoluta de argumentos, que es justamente el sistema que establece el primer p�rrafo del art�culo 71 citado, porque con este proceder solamente se salvaguardar� el orden constitucional que pretende restaurar a trav�s de esta v�a, no �nicamente cuando haya sido deficiente lo planteado en la demanda sino tambi�n en el supuesto en que este Tribunal P. encuentre que por un distinto motivo, ni siquiera previsto por quien inst� la acci�n, la norma legal enjuiciada es violatoria de alguna disposici�n de la Constituci�n F.. Cabe aclarar que la circunstancia de que se reconozca la validez de una disposici�n jur�dica analizada a trav�s de la acci�n de inconstitucionalidad, tampoco implica que por la facultad de este Alto Tribunal de suplir cualquier deficiencia de la demanda, la norma en cuesti�n ya adquiera un rango de inmunidad, toda vez que ese reconocimiento del apego de una ley a la Constituci�n F. no implica la inatacabilidad de aqu�lla, sino �nicamente que este Alto Tribunal, de momento, no encontr� razones suficientes para demostrar su inconstitucionalidad." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XXIV, agosto de 2006, tesis P./J. 96/2006, p�gina 1157).

    24 "ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acci�n de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el prop�sito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos relativos al mismo acto." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., junio de 2004, tesis P./J. 37/2004, p�gina 863).

    25. "MULTAS POR INFRACCI�N ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-En las multas por infracciones administrativas no es necesario tomar en cuenta la capacidad contributiva, la proporcionalidad ni la equidad tributarias, generalmente aplicables al estudio de las contribuciones, porque son de distinta naturaleza, pues derivan del incumplimiento a normas administrativas y, en ese orden, si se alega violaci�n a tales principios el argumento relativo resulta inoperante." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., enero de 2003, Segunda Sala, tesis 2a. CXCVI/2002, p�gina 730).

    26 "Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ..."

    27 "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.-De la acepci�n gramatical del vocablo �excesivo�, as� como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el art�culo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades econ�micas del infractor en relaci�n a la gravedad del il�cito; b) Cuando se propasa, va m�s adelante de lo l�cito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuant�a, tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia, en su caso, de �ste en la comisi�n del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para as� determinar individualizadamente la multa que corresponda." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II, julio de 1995, P., tesis P./J. 9/95, p�gina 5).

    28. "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN M�NIMO Y UN M�XIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.-Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prev�n multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un m�nimo y un m�ximo, porque con base en ese par�metro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, noviembre de 1999, P., tesis P./J. 102/99, p�gina 31).

    29. "MULTAS. NO TIENEN EL CAR�CTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREV�N UNA SANCI�N M�NIMA Y UNA M�XIMA.-El establecimiento de multas fijas es contrario a los art�culos 22 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este M�ximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al texto constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades m�nimas y m�ximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad econ�mica y la gravedad de la violaci�n." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XI, marzo de 2000, P., tesis P./J. 17/2000, p�gina 59).

    30 "MULTAS FIJAS. NO LO SON LAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 35, F.I., DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS� PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVAS A LAS INFRACCIONES DE TR�NSITO.-Si bien el P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estableci� en la jurisprudencia P./J. 10/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo II, correspondiente a julio de 1995, p�gina 19, que lleva por rubro: �MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.�, que las leyes que prev�n multas fijas son violatorias de los art�culos 22 y 31, fracci�n IV, de la Constituci�n F., en raz�n de que no contienen reglas que permitan a las autoridades sancionadoras cuantificar su monto tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor y todas las dem�s circunstancias que le permitan individualizar la sanci�n, oblig�ndola a aplicarla de manera invariable e inflexible, lo que provoca excesos y tratamiento desproporcionado en contra de los gobernados, debe inferirse que la misma no resulta aplicable al art�culo 35, fracci�n II, de la referida Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potos�, que establece un sistema de imposici�n de multas para infracciones de tr�nsito con base en diversos elementos que permiten determinar la gravedad o levedad de la conducta atendiendo a su especial naturaleza, que tienen como raz�n de ser la protecci�n de la comunidad ante la falta de respeto de las disposiciones relativas por los conductores de veh�culos. En efecto, las sanciones previstas en la norma se establecen atendiendo al grado de exceso de velocidad en que se incurra, as� como a circunstancias en que el sentido com�n no permite el establecimiento de una graduaci�n atendible en una ley, tales como la tenencia de licencia para conducir y tarjeta de circulaci�n, manejar con aliento alcoh�lico o en estado de embriaguez, entre otras. Por tanto, la combinaci�n de las diferentes conductas contempladas logra la variaci�n de las multas atendiendo a la naturaleza de las infracciones de tr�nsito que se cometan en cada caso, lo que lleva a concluir que no se trata de multas fijas y, por ende, el sistema sancionador previsto en la norma legal de referencia no transgrede las aludidas garant�as individuales." (Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, agosto de 2000, Segunda Sala, tesis 2a. XC/2000, p�gina 369).

    31. No asistieron los se�ores M.A.A., C.�o D�az y A.G.�itr�n.

    32. Fue ponente la M.M.B.L.R..

    33. Fue ponente el M.S.A.V.H.�ndez.

    34. Fue ponente el Ministro Juan D�az R..

    35. Fue ponente el M.G.D.G.�ngora P..

    36. Fue ponente el M.G.I.O.M..

    37. Fue ponente el M.S.S.A.A..

    38. Fue ponente el Ministro Jos� de Jes�s G.�o P..

    39. Fue ponente el M.J.N.S.M..

    40. Fue ponente la M.O.S.C..

    41. "Art�culo 73. Las sentencias se regir�n por lo dispuesto en los art�culos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

    Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

    ...

    IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

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