Ejecutoria num. 1a./J. 96/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 35494044

Ejecutoria num. 1a./J. 96/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Número de Resolución:1a./J. 96/2007
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 173/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicci�n de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 107, fracci�n XIII, p�rrafo primero, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n en relaci�n con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal P. de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicci�n suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, a pesar de su incidencia en la materia de amparo, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

SEGUNDO

L.�n del denunciante. La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, de conformidad con lo previsto por los art�culos 107, fracci�n XIII, segundo p�rrafo, constitucional y 197-A, p�rrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimaci�n a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO

Ejecutorias que participan en la contradicci�n. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicci�n de criterios, para lo cual es necesario analizar las sentencias que participan en la misma.

  1. Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito conoci� de los siguientes asuntos:

    1. Al resolver el amparo en revisi�n 409/2004, analiz� un asunto con los siguientes antecedentes:

      1. La persona "X" vendi� a otra "Y" un predio, a trav�s de un contrato privado. Las partes ratificaron sus firmas ante notario p�blico, quien hizo la certificaci�n correspondiente.

      2. Con posterioridad a la certificaci�n, otra persona "Z" demand� a la persona "X"en la v�a ejecutiva mercantil. Como consecuencia del juicio se embarg� el bien inmueble mencionado. Dicho juicio fue resuelto condenando a la parte demandada "X" al pago de determinada suma de dinero.

      3. En contra de la orden de embargo "Y" solicit� el amparo, alegando que era ella quien realmente ten�a la propiedad dominical del bien embargado. Para acreditar su inter�s jur�dico acompa�� el contrato de compraventa cuyas firmas hab�an sido ratificadas ante notario p�blico en una fecha anterior a que fuera trabado el embargo.

      4. El J. de Distrito que conoci� del amparo sobresey� en el juicio, pues consider� que la parte quejosa no hab�a acreditado su inter�s jur�dico, ya que no hab�a demostrado que ten�a la propiedad del bien embargado. El J. de Distrito consider� que como el contrato no hab�a sido redactado ante notario p�blico, carec�a de eficacia probatoria y tampoco pod�a surtir efectos contra terceros al no haber sido inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad.

      5. En contra de esa resoluci�n "Y" interpuso recurso de revisi�n, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar el fallo recurrido al considerar que el documento era de fecha cierta. Las consideraciones que sustentaron dicho fallo fueron las siguientes:

      "... Por otra parte, la inconforme refiere que el J. de Distrito a efecto de sobreseer en el juicio, se fund� en un criterio equivocado, pues adujo que el contrato privado de compraventa ratificado ante notario p�blico que present� con el objeto de acreditar su inter�s jur�dico, resultaba ineficaz, por no haber sido redactado ante notario p�blico, habiendo citado en apoyo de lo as� expuesto la jurisprudencia intitulada: ?INTER�S JUR�DICO, INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESI�N DEL BIEN, Y POR ENDE EL.?

      "Que el J. del amparo interpret� err�neamente la aludida jurisprudencia, porque lo que en realidad se desprende de su contenido es que el simple contrato privado de compraventa es ineficaz para acreditar la propiedad en el juicio de garant�as, mas no hace referencia a los contratos ratificados ante notario p�blico, pues los documentos privados son de fecha cierta a partir de su presentaci�n ante el citado funcionario p�blico para su ratificaci�n y no desde que se celebran ante �l, porque el notario al estar investido de fe p�blica, constata que en determinada fecha se ratific� el documento privado que se llev� ante su presencia y es a partir de tal presentaci�n que aqu�l adquiere fecha cierta; apoy�ndose para ello, en lo dilucidado en las tesis de rubros: ?COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. ES DE FECHA CIERTA SI SE RATIFICA ANTE FEDATARIO P�BLICO O FUNCIONARIO AUTORIZADO, AUNQUE NO SE HAYA CELEBRADO ANTE �STE.? y ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. INTERPRETACI�N DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, CUYO RUBRO DICE: �INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA PARA ACREDITARLO.�.?

      "Que de igual modo es desacertado lo referido por el J. de Distrito respecto a que los contratos mediante los cuales se transfiere o modifica el dominio de bienes inmuebles deben constar en escritura p�blica, dado que seg�n se desprende de las tesis con antelaci�n citadas, es suficiente con que los contratos privados de compraventa sean ratificados ante notario.

      "Tales agravios devienen infundados.

      "En efecto, contrario a lo antes sintetizado, el contrato privado de compraventa ratificado ante notario p�blico exhibido por la ahora recurrente, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, resulta insuficiente para justificar la afectaci�n a su inter�s jur�dico, ya que dicha documental no proporciona total certidumbre respecto a la fecha de celebraci�n del acto traslativo de dominio ah� plasmado.

      "Ello es as�, porque seg�n lo clarificado en la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada a foja 78, del Tomo X, diciembre de 1999, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

      "?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en trat�ndose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el inter�s jur�dico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisici�n del bien litigioso, garantiz�ndose de esta manera, la legalidad y certeza jur�dica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales, cuando estamos ante un documento privado en el se hace constar un acto traslativo de dominio, es requisito indispensable para que el mismo tenga eficacia probatoria y surta efectos contra terceros, que sea de fecha cierta, lo que sucede en tres �nicos supuestos, a saber: 1) a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado; 2) cuando son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; de ah� que, si en el caso la documental aportada, no goza de alguna de las referidas caracter�sticas, deviene incuestionable que carece de fecha cierta, por lo que no es apta para acreditar el inter�s jur�dico de la quejosa.?

      "Sin que sea dable de variar lo as� dilucidado, lo expuesto en el sentido de que la documental privada en cuesti�n adquiri� fecha cierta, al momento en que se present� ante el notario p�blico para su ratificaci�n, as� como que no es necesario que �sta constara en escritura p�blica, pues como ya se vio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n al resolver la contradicci�n de tesis n�mero 52/97, que hizo derivar la jurisprudencia antes transcrita, determin�, entre otras cuestiones, que los documentos privados no objetados en juicio, en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, hacen prueba plena s�lo cuando son de fecha cierta, lo cual, en documentos como el del caso a estudio, esto es, contrato de compraventa de un bien inmueble, ocurre cuando se celebran ante fedatario p�blico, situaci�n que es muy distinta a cuando se presenta dicho contrato ante el notario s�lo para su ratificaci�n.

      "En efecto, como bien lo sostuvo el J. federal, la legislaci�n civil para el Estado de Puebla, en su art�culo 1491, dispone que: ?Art�culo 1491. Deben constar en escritura p�blica los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos.?, de donde se colige que, en trat�ndose de operaciones relacionadas con bienes inmuebles, �stas deben hacerse constar necesariamente en escritura p�blica, misma que de conformidad con lo estatuido en el art�culo 100 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que dice: ?Escritura, es el instrumento que el notario asienta en el protocolo, para hacer constar un acto jur�dico, autenticado con su sello y firma.?. Es obligaci�n del notario elaborar, pretendiendo con ello que el acto jur�dico obtenga plena certeza, as� como su contenido, mediante la constataci�n que hace el fedatario de la identidad de las partes, la fecha y lugar de su realizaci�n (a trav�s del relato de las circunstancias en que se efectu�), los antecedentes del bien objeto del contrato, su redacci�n e incluso su perfecci�n jur�dica, porque en este caso la intervenci�n del notario no se limita a autentificar el documento, sino que �l es el responsable de su redacci�n y de su contenido, y corre a su cargo que la escritura satisfaga todos los requisitos conducentes para que los interesados que comparecieron ante �l hayan participado en un negocio jur�dico perfectamente celebrado.

      "De ah� que no quepa duda de que no basta la ratificaci�n ante notario de un contrato privado de compraventa para que adquiera fecha cierta, ya que tal ratificaci�n �nicamente implica que el notario en los documentos que se le presentan para ello, haga constar, con su firma y sello, la comparecencia y reconocimiento del firmante, seg�n se desprende del art�culo 123 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que dice: ?Art�culo 123. Cuando se trate de ratificaci�n del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobaci�n de �stas, se har� constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificaci�n que hace el firmante, la identidad y capacidad de �ste, poniendo el notario al final el ante mi con su firma y sello.?, sin embargo, ello de ning�n modo puede traducirse en que el fedatario conoce a ciencia cierta los t�rminos en que se verific� la compraventa contenida en el documento a ratificar, lo que si ocurre, se insiste, cuando tal acto jur�dico se celebra ante dicho funcionario, por ende, no se comparten las consideraciones que se sustentan en las tesis que cit� la disconforme, con el fin de robustecer sus agravios, pues contrar�an lo dilucidado en la jurisprudencia relatada.

      "Ciertamente, en la ejecutoria respectiva, se prev� tajantemente en lo que interesa, lo que sigue:

      "?Es verdad, que un documento privado de compraventa surte sus efectos legales cuando re�ne los requisitos establecidos en los art�culos 2142 y 2143 del C�digo Civil del Estado de Nuevo Le�n, los cuales son del tenor literal siguiente: ?Art�culo 2142. Habr� compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.?. ?Art�culo 2143. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.?. As� como tambi�n cuando �ste observa en su contenido lo dispuesto por los art�culos 203 y 205 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, numerales en los que se hace alusi�n al valor probatorio de los documentos privados en una controversia judicial de esta �ndole, al se�alar textualmente lo siguiente: ?Art�culo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en �l, s�lo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero s�lo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con �l y contra su colitigante, cuando �ste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.?. ?Art�culo 205. Si la parte contra la cual se presente un escrito privado suscrito no objeta, dentro del t�rmino se�alado por el art�culo 142, que la suscripci�n o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como suscriptor, si �ste es un tercero, se tendr�n la subscripci�n y la fecha, por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la suscripci�n y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los cap�tulos anteriores. Si la suscripci�n o la fecha est� certificada por notario o por cualquiera otro funcionario revestido de la fe p�blica, tendr� el mismo valor que un documento p�blico indubitado.?. Sin embargo, es necesario destacar que el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando �stos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta, como as� lo ha sustentado en reiteradas ocasiones este Supremo Tribunal en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia; lo que significa, que la falta de objeci�n de esta clase de documentos en una contienda constitucional no puede ni debe generar valor probatorio del que carecen de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 2894, fracci�n I y 2895 del C�digo Civil de Nuevo Le�n; numerales que a su letra dicen: ?Art�culo 2894. Se inscribir�n en el registro: I. Los t�tulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesi�n o los dem�s derechos reales sobre inmuebles.?. ?Art�culo 2895. Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, s�lo producir�n efectos entre quienes los otorguen; pero no podr�n producir perjuicios a tercero, el cual s� podr� aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.?. Siendo aplicable adem�s, la tesis publicada en la p�gina 29, Volumen CVII, Cuarta Parte, Sexta �poca, Materia Com�n del Semanario Judicial de la Federaci�n, que en su literalidad establece: ?DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien perjudiquen, hacen prueba plena, con excepci�n de aquellos documentos que consignen contratos o actos traslativos de dominio, los cuales, para tener eficacia, es necesario que sean de fecha cierta.?. De lo que se deduce, que estando en presencia de documentos privados que consignan actos traslativos de dominio, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que consten en escritura expedida por fedatario p�blico, que se encuentren inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad del lugar de su ubicaci�n, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, lo que significa a contrario sensu que el documento privado no registrado en la oficina p�blica citada, s�lo podr� generar efectos contra las partes contratantes, mas no obliga, ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebraci�n de ese acto jur�dico y reclamen alg�n derecho sobre el bien de que se trate. ... Ahora bien, este Supremo Tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene a partir del d�a en que se incorpore o se inscriba en un Registro P�blico de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario p�blico por raz�n de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, de ah�, que si no se dan estos supuestos se estime por esta Primera Sala que es justo y legal que el documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ning�n valor probatorio en relaci�n con terceros; sirviendo de apoyo a esta consideraci�n, lo sustentado en la tesis de jurisprudencia n�mero 237, de la anterior Tercera Sala, localizable a foja 162, del Tomo IV, Materia Civil, Sexta �poca del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, que a su letra dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro P�blico, o ante un funcionario en raz�n de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.?. As� como tambi�n, lo dispuesto por el art�culo 2034 del C�digo Civil para el Distrito Federal y su similar 1928 del Estado de Nuevo Le�n, aplicado anal�gicamente, en el cual literalmente se establece: ?Art�culo 2034. La cesi�n de cr�dito que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse como cierta, conforme a las reglas siguientes: I. Si tiene por objeto un cr�dito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad; II. Si se hace en escritura p�blica, desde la fecha de su otorgamiento; III. Si se trata de un documento privado, desde el d�a en que se incorpore o inscriba en un registro p�blico; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario p�blico por raz�n de su oficio.?

      "Por tanto, si un documento privado de compraventa carece de fecha cierta por no reunirse los requisitos a que nos hemos referido en l�neas anteriores, aun en los supuestos de que no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener mejor t�tulo sobre la propiedad o posesi�n del bien embargado, es de arribarse a la consideraci�n de que con ellos no se acredita en autos el inter�s jur�dico que debe revestir al quejoso en un juicio de amparo para ser considerado legalmente legitimado para demandar la protecci�n de la Justicia Federal, pues en tal caso, no se demuestra la afectaci�n producida en su esfera jur�dica en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo.

      Por lo que en esas condiciones, es inconcuso que un documento privado cuando consta en ellos un acto traslativo de dominio, es de fecha cierta, entre otras hip�tesis, cuando se celebra ante notario p�blico, y en esa virtud, tal como sostuvo el J. de Distrito, en la especie se actualiz� la causal de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 73 de la Ley de Amparo ...

      Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis VI.1o.C.69C, que es del tenor literal siguiente:

      "DOCUMENTOS PRIVADOS. SON DE FECHA CIERTA, CUANDO CONSTA EN ELLOS UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO RELATIVO A BIENES INMUEBLES, S�LO SI SON CELEBRADOS ANTE NOTARIO P�BLICO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). De la lectura de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia n�mero 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es de rubro: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.?, se concluye que un documento privado ser� de fecha cierta, entre otras hip�tesis, a partir del d�a que se celebra ante fedatario p�blico. En esa virtud, un contrato privado de compraventa de bien inmueble ser� de fecha cierta, s�lo en el caso de que dicho documento se hubiera celebrado ante el notario, es decir, redactado por �l; sin que baste la simple ratificaci�n de los contratantes ante el fedatario para considerarlo suficiente para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo, por lo siguiente: a) Porque los actos traslativos de dominio referentes a bienes inmuebles, de acuerdo a lo previsto en el art�culo 1491 del C�digo Civil para el Estado de Puebla deben constar en escritura p�blica; y, b) En la Ley del Notariado del Estado se establece en el numeral 123 que la ratificaci�n de un documento �nicamente consiste en que el fedatario hace constar la comparecencia y reconocimiento del firmante, mas no implica que aqu�l conoce �ntegramente el contenido del contrato por lo que es claro que no puede dar fe de �l."(1)

      Adem�s, dicho Tribunal Colegiado analiz� los siguientes asuntos:

    2. Al resolver el amparo en revisi�n 103/2005, analiz� un asunto con los siguientes elementos:

      1. Mediante contrato privado, una persona "A" vendi� a otra "B" un bien inmueble. Ambas partes acudieron ante notario a ratificar las firmas que obraban en el contrato y dicho fedatario hizo la certificaci�n correspondiente.

      2. Posteriormente, una persona diversa "C" ejerci� la acci�n reivindicatoria en contra de otra "A". La resoluci�n del J. natural le fue favorable, por lo que se conden� a la demandada "A" a la desposesi�n, desalojo o lanzamiento del inmueble mencionado.

      3. En contra de esa decisi�n "B" interpuso demanda de amparo, alegando que �l era el verdadero propietario del bien reivindicado, exhibiendo como prueba el contrato de compraventa con las firmas ratificadas ante notario.

      4. El J. de Distrito sobresey� en el amparo, pues consider� que con esa documental no se acreditaba el inter�s jur�dico de la parte quejosa, pues la simple ratificaci�n no era suficiente para ello.

      5. La parte quejosa interpuso recurso de revisi�n en contra de esa decisi�n, el cual fue resuelto con las mismas consideraciones ya transcritas en el sentido de que los documentos privados ratificados ante notario no son aptos para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo.

    3. El amparo directo 41/2006 ten�a las siguientes caracter�sticas:

      1. Una persona "X" vendi� un bien inmueble a una persona "Y"(2) ante un J. de lo civil y de lo familiar de Puebla en mil novecientos noventa y tres. Realizado lo anterior, se intent� el registro del contrato en dos mil cuatro, pero la respuesta fue que no era posible la inscripci�n, debido a que dicho inmueble se encontraba embargado por otra persona "Z" dentro de un juicio ejecutivo mercantil, as� que "Y" interpuso tercer�a excluyente de dominio, acompa�ando como prueba la consistente en la copia certificada del contrato de compraventa.

      2. Se resolvi� la tercer�a a favor de la persona "Y" y, en segunda instancia, se confirm� esa decisi�n.

      3. En contra de ello, la persona "Z" interpuso demanda de amparo directo, el cual fue resuelto con las siguientes consideraciones:

      "CUARTO. El concepto de violaci�n que se analizar� es fundado y suficiente para conceder la protecci�n de la Justicia Federal solicitada.

      "Refiere el promovente de la demanda que la Sala responsable viol� sus garant�as al resolver del modo en que lo hizo, porque dio valor probatorio a una compraventa celebrada el quince de enero de mil novecientos noventa y tres, entre (X) como vendedor con el consentimiento de su esposa ... y (Y), como comprador, sin tomar en cuenta que la misma fue celebrada ante un J. o ante un Registrador P�blico de la Propiedad que no est�n autorizados para ello; que el contrato no re�ne los requisitos del art�culo 2182 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, que establece que la venta de un inmueble cualquiera que sea el valor de �ste se otorgar� en escritura p�blica; que las ventas no pueden celebrarse ante ning�n J., pues no hay legislaci�n que as� lo determine, ni aun pueden celebrarse ante Registrador P�blico de la Propiedad, tanto m�s cuanto que en el lugar en que se celebr� dicho contrato existen notarios p�blicos; que la Sala responsable debi� estudiar el primer elemento para ejercitar la tercer�a excluyente de dominio, el cual no est� justificado, y al no hacerlo, evidentemente se violaron sus garant�as.

      "En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 52/97, sustentada entre el Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, publicada con el n�mero 1a./J. 46/99, a fojas 161 y 162, del Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, emiti� el criterio de que trat�ndose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, lo que ocurre a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, por lo que cuando esa clase de documentos no satisface alguno de esos requisitos, no debe tenerse por acreditado el inter�s jur�dico del quejoso, que lo legitime para acudir al juicio de amparo.

      "Tal jurisprudencia es del tenor siguiente: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.? (se transcribe).

      "As�, el contrato de compraventa que en copia certificada adjunt� el aqu� tercero perjudicado, como fundatorio de su tercer�a excluyente de dominio, no es suficiente para tener por demostrado el derecho de propiedad indispensable para que prospere la tercer�a excluyente de dominio, porque el acto traslativo de dominio que se hizo constar en dicho documento no lo celebraron las partes contratantes ante la fe del notario p�blico o funcionario legalmente autorizado para realizar ese tipo de actos; no se advierte que alguno de los firmantes haya fallecido y, por ende, menos justificado ese supuesto; ni fue inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, tal como lo exige la jurisprudencia antes transcrita, as� como lo disponen los art�culos 1491, 1493 y 2182 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, que establecen:

      "?Art�culo 1491. Deben constar en escritura p�blica los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituye un derecho real sobre ellos.?

      "?Art�culo 1493. Es nulo el contrato que no contenga la forma establecida por la ley.?

      "?Art�culo 2182. La venta de un inmueble, cualquiera que sea el valor de �ste, se otorgar� en escritura p�blica.?

      "As�, el hecho de que el contrato privado de que se trata, haya sido celebrado ante la J. de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tecamachalco, y por ministerio de la ley, Registrador P�blico de la Propiedad de dicha demarcaci�n jurisdiccional el quince de enero de mil novecientos noventa y tres, es decir, antes de que iniciara el juicio del que deriv� la tercer�a excluyente de que se trata, no es suficiente para darle certeza, pues ni de la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado, ni del Reglamento del Registro P�blico de la Propiedad, se observa que la juzgadora en menci�n, est� facultada para celebrar tal tipo de actos, por lo que el derecho de propiedad que dice el tercerista tener sobre �l, no se encuentra demostrado, y no como err�neamente lo estim� la Sala responsable, pues, como se vio, los contratos en que se consignan actos traslativos de dominio, deben formalizarse ante fedatario p�blico o funcionario legalmente autorizado, a fin de que ese acto se haga constar en escritura p�blica; por tanto, el referido contrato, al ser de fecha incierta, no es eficaz para demostrar el derecho de propiedad que el tercerista dice tener sobre el predio materia del juicio principal.

      "De igual modo, debe precisarse que si bien de conformidad con lo previsto por el art�culo 2122, del c�digo sustantivo civil, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho, lo cierto es que esta situaci�n, como se vio con antelaci�n, no otorga derecho alguno oponible a terceros en trat�ndose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, como ilegalmente lo estim� la Sala responsable con el simple contrato privado de compraventa, si �ste no fue celebrado ante notario p�blico, de conformidad con la tesis sustentada por este �rgano colegiado, publicada en la p�gina 1684, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., febrero de 2005, Novena �poca, que establece: ?DOCUMENTOS PRIVADOS. SON DE FECHA CIERTA, CUANDO CONSTA EN ELLOS UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO RELATIVO A BIENES INMUEBLES, S�LO SI SON CELEBRADOS ANTE NOTARIO P�BLICO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). De la lectura de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia n�mero 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que es de rubro: �INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.�, se concluye que un documento privado ser� de fecha cierta, entre otras hip�tesis, a partir del d�a que se celebra ante fedatario p�blico. En esa virtud, un contrato privado de compraventa de bien inmueble ser� de fecha cierta, s�lo en el caso de que dicho documento se hubiera celebrado ante el notario, es decir, redactado por �l; sin que baste la simple ratificaci�n de los contratantes ante el fedatario para considerarlo suficiente para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo, por lo siguiente: a) Porque los actos traslativos de dominio referentes a bienes inmuebles, de acuerdo a lo previsto en el art�culo 1491 del C�digo Civil para el Estado de Puebla deben constar en escritura p�blica; y, b) En la Ley del Notariado del Estado se establece en el numeral 123 que la ratificaci�n de un documento �nicamente consiste en que el fedatario hace constar la comparecencia y reconocimiento del firmante, mas no implica que aqu�l conoce �ntegramente el contenido del contrato por lo que es claro que no puede dar fe de �l.?

      "Consecuentemente, lo que procede es conceder al quejoso la protecci�n de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, dicte otra, en la que declare que ?Z?, no prob� su acci�n de tercer�a excluyente de dominio, y se pronuncie sobre los aspectos que sean relativos."

    4. El juicio de amparo en revisi�n 238/2006 tuvo las siguientes caracter�sticas:

      1. Una persona "X" vendi� a otra "Y" un bien inmueble y el contrato fue ratificado ante un notario p�blico y �ste hizo la certificaci�n respectiva.

      2. Una persona "Z" demand� en la v�a ejecutiva mercantil a "X". Como consecuencia se embarg� el bien mencionado, el cual se encontraba inscrito a nombre de "X".

      3. "Y" interpuso el amparo indirecto para defender su derecho de propiedad y el J. de Distrito se lo concedi�.

      4. Contra esa decisi�n "Z" interpuso recurso de revisi�n, el cual se rigi� por las siguientes consideraciones:

      "En otro aspecto, el disconforme en s�ntesis aduce, que si bien el contrato privado al ser ratificado ante notario p�blico, a partir de ese momento se considera de fecha cierta, sin embargo, no surte efectos contra terceros de buena fe, mientras no est� inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, pues la falta de publicidad los deja en estado de indefensi�n, como sucede en la especie, e invoc� en su favor la tesis intitulada: ?COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. AUNQUE SEA DE FECHA CIERTA DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS.?; que sostener que el contrato privado de compraventa, adquiere para terceros de buena fe fecha cierta, por estar ratificado ante notario, implica ignorar la funci�n notarial, porque al dar fe de la ratificaci�n, �sta no se asienta en el protocolo, ya que no lo exige la ley del notariado, ni que se d� aviso de una compraventa al Registro P�blico de la Propiedad, lo que s� acontecer�a si se tratara de un contrato que obrara en el protocolo del notario, porque en la ratificaci�n se puede retrotraer la fecha variando aquella en que se pide la intervenci�n del notario, puesto que la ratificaci�n no se asienta en ning�n libro, ni de ello se da aviso a la autoridad registral, pues as� se desprende de los art�culos 83, 105 y 123 de la ley en consulta, y por ello, la aludida ratificaci�n atenta contra la garant�a de seguridad jur�dica. Dicho agravio es fundado.

      "En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 52/97, sustentada entre el Segundo y Primer Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, publicada con el n�mero 1a./J. 46/99, a fojas 161 y 162, del Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, sustent� el criterio de que trat�ndose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, lo que ocurre a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, por lo que cuando esa clase de documentos no satisface alguno de esos requisitos, no debe tenerse por acreditado el inter�s jur�dico del quejoso, que lo legitime para acudir al juicio de amparo.

      "Tal jurisprudencia es del tenor siguiente: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.? (se transcribe).

      "...

      "De lo expuesto se puede concluir, que el J. Federal sostuvo lo siguiente: A. Que el contrato privado de compraventa que se ratifica ante notario p�blico, adquiere fecha cierta desde su celebraci�n; y B. Que la inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, no constituye un requisito de validez de dicho contrato, pues eso no significa traslaci�n de dominio.

      "En efecto, el hecho de ratificar notarialmente las firmas plasmadas en un documento traslativo de bienes inmuebles, s�lo da certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a trav�s de su fecha, para tener una precisi�n o un conocimiento indudable de que existi�, pero ello no es suficiente para tener por demostrado el derecho de propiedad indispensable para tener por acreditado el inter�s jur�dico, porque el acto traslativo de dominio que se hizo constar en dicho documento, no lo ratificaron las partes contratantes con la finalidad de que al notario le constara que lo celebraron y as� lo asentara en la correspondiente escritura p�blica; sino s�lo le informaron que ratificaban lo que entre los propios contratantes hab�an acordado, tal como se desprende del propio documento, que en lo que interesa, dice: (se transcribe); lo cual no se apega a lo que exigen los art�culos 1491, 1493 y 2182 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, que establecen:

      "?Art�culo 1491. Deben constar en escritura p�blica los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituye un derecho real sobre ellos.?

      "?Art�culo 1493. Es nulo el contrato que no contenga la forma establecida por la ley.?

      "?Art�culo 2182. La venta de un inmueble, cualquiera que sea el valor de �ste, se otorgar� en escritura p�blica.?

      "As�, independientemente de que el contrato privado de que se trata, haya sido ratificado ante la presencia del notario p�blico N�mero Tres de Atlixco, Puebla, el once de diciembre de dos mil uno, es decir, antes de que iniciara el juicio ejecutivo mercantil (tres de abril de dos mil dos, foja 42), en el cual se embarg� el inmueble materia del referido contrato, y que tal ratificaci�n sea suficiente para darle fecha cierta, ello no implica que el derecho de propiedad que dice el quejoso J.A.M.M.�ndez, tener sobre �l, se encuentre demostrado, como ilegalmente lo estim� el J. Federal, pues tal ratificaci�n �nicamente hace fe de la fecha en que se realiz�, pero, como se vio, los contratos en que se consignan actos traslativos de dominio, como sucede en el caso, deben formalizarse ante fedatario p�blico, a fin de que ese acto se haga constar en escritura p�blica y tenga plena eficacia; por tanto, el referido contrato, a�n siendo de fecha cierta, no es eficaz para demostrar el derecho de propiedad que el peticionario de garant�as dice tener sobre el predio materia del juicio principal.

      "De igual modo, debe precisarse que si bien de conformidad con lo previsto por el art�culo 2122 del c�digo sustantivo civil, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho, lo cierto es que esta situaci�n, s�lo hace prevalecer el contrato entre las partes que lo celebran, pero no otorga derecho alguno oponible a terceros, pues al tratarse de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, se requiere indefectiblemente que sea celebrado ante fedatario p�blico, a fin de que sea eficaz y oponible frente a terceros.

      "Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este propio �rgano colegiado, publicada en la p�gina 1684, del T.X., febrero de 2005 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS. SON DE FECHA CIERTA, CUANDO CONSTA EN ELLOS UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO RELATIVO A BIENES INMUEBLES, S�LO SI SON CELEBRADOS ANTE NOTARIO P�BLICO (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA).? (se transcribe).

      "De donde se sigue, que si el aludido contrato privado de compraventa no se celebr� en escritura p�blica, sino que s�lo se ratific� ante notario, ese documento no surte efectos contra terceros, como bien sostiene el recurrente, lo cual conduce a concluir que el quejoso J.A.M.M.�ndez, no acredit� tener inter�s jur�dico para promover el juicio de garant�as.

      "Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia que se revisa y decretar el sobreseimiento en el juicio de garant�as, con apoyo en el art�culo 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento."

  2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, estudi� los siguientes asuntos:

    1. Al resolver el amparo en revisi�n 439/2002, analiz� un asunto con las siguientes caracter�sticas:

      1) Una persona "X" vendi� a otra "Y" un bien inmueble, pero el contrato respectivo no se elev� a escritura p�blica, sino que sus firmas se ratificaron ante notario, el cual realiz� la certificaci�n respectiva.

      2) Otra persona "Z" demand� a otra "X" la acci�n reivindicatoria y obtuvo respuesta favorable a su pretensi�n, por lo que se conden� a "X" areivindicar y entregar a "Z" el inmueble objeto del juicio.

      3) "Y" solicit� el amparo de la Justicia de la Uni�n en contra de esa decisi�n alegando que �l era el propietario del bien inmueble mencionado y para acreditar su inter�s jur�dico exhibi� el contrato cuyas firmas hab�an sido ratificadas ante notario.

      4) Al resolver el juicio de amparo, el J. de Distrito que conoci� de �l determin� sobreseer en el juicio por considerar que no se hab�a acreditado el inter�s jur�dico del quejoso.

      5) Inconforme con dicha determinaci�n, el quejoso interpuso recurso de revisi�n, en el cual el Tribunal Colegiado consider� lo que a continuaci�n se transcribe:

      "... Precisado lo anterior, se concluye que es incorrecto lo establecido en la sentencia recurrida en el sentido de que tal ratificaci�n de firmas ante el funcionario correspondiente no d� certeza de haberse celebrado dicho acto jur�dico y que, por ende, sea insuficiente para acreditar el inter�s jur�dico del mencionado (Y); esto es as�, tomando en consideraci�n que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, que a los documentos privados se les cataloga de fecha cierta no s�lo cuando se hacen llegar para su inscripci�n a un registro p�blico, sino tambi�n cuando son presentados ante un funcionario que en raz�n de su oficio tiene fe p�blica, o en �ltima instancia a partir de la fecha de la muerte de alguna de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, publicada con el n�mero 769, en la p�gina quinientos veinte, T.V., Materia Com�n del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.? (se transcribe).

      "As� tambi�n, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la contradicci�n de tesis 52/97, sostuvo jurisprudencia obligatoria en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, consultable con el n�mero 1a./J. 46/99, en la p�gina setenta y ocho, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.? (se transcribe).

      "Es conveniente precisar que aun cuando la jurisprudencia de m�rito hace referencia a que el documento privado en que se haga constar el acto traslativo de dominio tiene fecha cierta a partir del d�a en que celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado y son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, en realidad se refiere a la presentaci�n ante funcionario investido de fe p�blica del documento privado correspondiente para su ratificaci�n y no precisamente a la celebraci�n forzosa ante notario p�blico; lo cual se reitera con el contenido de la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia, visible de p�ginas ciento sesenta y dos a ciento ochenta y dos, del mencionado tomo, mes y a�o, del referido semanario, que en lo que importa establece lo siguiente: (se transcribe).

      "Bajo ese tenor, es factible concluir que conforme a esta �ltima jurisprudencia, el documento que contiene el contrato privado de compraventa a que alude el quejoso, hoy recurrente, por haber sido ratificado ante notario p�blico con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, es de fecha cierta y, por ende, suficiente para acreditar el inter�s jur�dico de (Y), como propietario del inmueble materia del juicio generador de los actos reclamados.

      "De ah� que en t�rminos de lo establecido por el art�culo 91, fracci�n III de la Ley de Amparo, al ser infundada la causal de improcedencia expuesta por el J. de Distrito a quo, este Tribunal Colegiado se aboca al an�lisis de los conceptos de violaci�n aducidos en la demanda de garant�as.

      "...

      "QUINTO. Son infundados los conceptos de violaci�n.

      "En esencia el quejoso hace derivar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y preponderantemente la tramitaci�n del juicio de origen, en la circunstancia de no haber sido llamado al mismo y, por ende, no haber sido o�do y vencido conforme a la ley, en su car�cter de propietario del inmueble materia de ese procedimiento judicial.

      "Al respecto, debe indicarse que independientemente de que (Y), hubiera adquirido el inmueble controvertido en el juicio de origen con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, seg�n lo acredit� con el contrato privado de compraventa que celebr� como comprador con (X) en calidad de vendedor propietario del mismo, y que fue ratificado ante notario p�blico el diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, lo realmente importante es que no existe constancia de que (Z), actor en el juicio reivindicatorio generador de los actos reclamados, a la fecha de la presentaci�n de su demanda ante el J. de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de H., Puebla (veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho), tuviera conocimiento de que el ahora quejoso hubiera adquirido dicho bien de uno de los demandados (Y), lo que fundamentalmente se debi� a que dicha operaci�n no fue inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

      "En efecto, los art�culos 2121 y 2122 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, establecen que la compraventa es un contrato en virtud del cual la parte llamada vendedor transfiere a la otra nombrada comprador la propiedad de un bien quien se obliga al pago de un precio cierto y en dinero; y que la venta es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas respecto del bien vendido y del precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho. Por su parte el diverso numeral 2182 del c�digo mencionado previene que la venta de un inmueble, cualquiera que sea el valor de �ste, se otorgar� en escritura p�blica.

      "As� tambi�n, conviene mencionar que el art�culo 1713 del cuerpo legal en cita, contenido en la secci�n tercera del cap�tulo d�cimo tercero, titulada transmisi�n de derechos reales, establece que: El acto jur�dico por el cual se transmitan o cedan derechos reales, debe celebrarse con las formalidades que establece la ley y para que sea oponible a tercero, deber� inscribirse en el Registro P�blico de la Propiedad, si se trata de derechos registrables.

      "De lo antes se�alado se deduce que aun cuando es verdad que la compraventa es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, ello s�lo es aplicable trat�ndose justamente de las partes contratantes o que intervinieron en ese acto jur�dico; por lo cual, a fin de que dicha compraventa sea oponible a terceros, es menester que sea inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, de acuerdo con lo establecido por el art�culo 1713 citado.

      "Ahora bien, no deja de llamar la atenci�n que aun cuando de las constancias de autos se aprecia que (X) (persona que fungi� como vendedor y propietario del inmueble en cuesti�n en el contrato privado de compraventa en menci�n), promovi� juicio de usucapi�n respecto de dicho bien ante el propio J. de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de H., Puebla, en virtud de demanda presentada el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (fojas setecientos veintiocho a setecientos treinta y cinco), no fue sino hasta el trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en que el J. del conocimiento dict� sentencia en el expediente correlativo (147/94) y declar� que (X) adquiri� por usucapi�n el inmueble en cuesti�n (fojas ochocientos cincuenta y cuatro a ochocientos cincuenta y seis). Por lo que se concluye que a la fecha de la celebraci�n del contrato privado de compraventa (cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro), (X) no ten�a la calidad de propietario del inmueble materia de la operaci�n, con la que se ostent� en dicho documento.

      "En tal virtud, y al nunca haber sido inscrito adem�s del Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, el referido acto traslativo de dominio, tuvo como consecuencia que (Z) desde la promoci�n de su acci�n reivindicatoria en contra de (X) en la fecha citada, hasta aquella en que se dict� sentencia en ese juicio tramitado bajo el expediente 14/98 ante el mismo J. de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de H., Puebla (dieciocho de septiembre de dos mil), no tuviera conocimiento de la existencia de aquella compraventa expresada en el documento privado exhibido por el quejoso junto con su demanda de garant�as, pues no existe constancia alguna que demuestre lo contrario.

      "As�, se tiene que la �nica constancia en virtud de la cual se acredita que (Z) tuvo conocimiento exclusivamente de que (X) estaba en posesi�n del inmueble en cuesti�n, es el acta elaborada por la secretar�a de acuerdos del juzgado de origen a las diez horas con diez minutos al parecer del d�a veinte de octubre de dos mil, en cumplimiento del auto de dieciocho de ese mes y a�o, en virtud del cual el J. del conocimiento a solicitud de (Z) hizo efectivo el apercibimiento acordado con anterioridad y decret� en contra de los demandados en el juicio de origen el lanzamiento del inmueble materia de la referida acci�n reivindicatoria; lo anterior en virtud de que en dicha acta se asent� (se transcribe).

      De donde se concluye, que dada la falta de inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, aunado a la falta de conocimiento del actor en el juicio de origen (Z) el acto traslativo de dominio contenido en el documento privado de compraventa que acompa�� con su demanda de garant�as el quejoso, no exist�a raz�n para que (Y) fuera llamado al juicio reivindicatorio generador de los actos reclamados; por lo cual se estima legal su tramitaci�n. Al caso tienen aplicaci�n las tesis sustentadas por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisi�n 197/89 y 107/88, consultable en la p�gina quinientos setenta y tres, Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava �poca, as� como la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la p�gina setecientos veintiuno, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca, ambas del Semanario Judicial de la Federaci�n, que respectivamente dicen: ?EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO DE PRESCRIPCI�N.? (se transcribe) y ?TERCER�A EXCLUYENTE DE DOMINIO. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL BIEN EMBARGADO, ES INEFICAZ SI NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD.? (se transcribe).

      Las anteriores consideraciones dieron lugar a las tesis VI.2o.C.287 C, VI.2o.C.288 C, cuyo tenor literal es:

      "COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. AUNQUE SEA DE FECHA CIERTA DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS. Si bien es cierto que el contrato privado de compraventa adquiere fecha cierta cuando se presenta para su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, o se presenta ante un fedatario p�blico o funcionario en raz�n de su oficio, o cuando muere cualquiera de sus firmantes, tambi�n lo es que el hecho de que tenga fecha cierta no significa que ello le otorgue la publicidad que la operaci�n adquiere al inscribirse en la oficina p�blica en cita, de manera que si los contratantes ratificaron el contrato privado de compraventa ante notario p�blico, adquiriendo por ello fecha cierta, pero no se inscribi� en el Registro P�blico de la Propiedad correspondiente, dicha operaci�n no puede surtir efectos contra terceros, ya que la falta de publicidad de la compraventa impide al actor de un juicio reivindicatorio tener conocimiento de que el quejoso adquiri� el bien materia de la litis de uno de los demandados antes de la instauraci�n de la demanda y, por tanto, enderezarla en su contra."(3)

      "COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. ES DE FECHA CIERTA SI SE RATIFICA ANTE FEDATARIO P�BLICO O FUNCIONARIO AUTORIZADO, AUNQUE NO SE HAYA CELEBRADO ANTE �STE. Aun cuando la jurisprudencia n�mero 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de rubro: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.?, refiere que el documento privado en que se haga constar el acto traslativo de dominio tiene fecha cierta ?a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes?, de la lectura de la ejecutoria que le dio origen se desprende que en realidad alude a la presentaci�n ante funcionario investido de fe p�blica del documento privado correspondiente para su ratificaci�n y no precisamente a la celebraci�n forzosa ante notario p�blico; por tanto, la ratificaci�n del contrato privado de compraventa ante dicho funcionario, debe considerarse de fecha cierta y, por ende, suficiente para acreditar el inter�s jur�dico del quejoso como propietario del inmueble materia del juicio del que emanan los actos reclamados."(4)

    2. Al resolver el amparo en revisi�n 54/2004, analiz� un asunto cuyas caracter�sticas eran las siguientes:

      1) Una persona "X" vendi� un bien inmueble a otra "Y" y las firmas del contrato fueron ratificadas ante notario p�blico.

      2) Posteriormente se impusieron dos grav�menes sobre la finca correspondiente que fueron inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad, uno de dichos grav�menes era un embargo y el otro una hipoteca.

      3) Posteriormente "Y" demand� a "X" el otorgamiento de la escritura de contrato de compraventa. Seguido por sus tr�mites dicho juicio, se conden� a "X" a otorgar la escritura y ante su inasistencia ante el notario el d�a determinado por el J. de Distrito, se otorg� escritura p�blica a "Y" en rebeld�a de "X".

      4) "Y" intent� el amparo para que se le diera audiencia en los procedimientos relativos a los grav�menes que pesaban sobre su finca.

      5) El J. de Distrito sobresey� en el juicio al considerar que la parte quejosa no hab�a acreditado su inter�s jur�dico. Consider� que formalmente se hab�a constituido como propietario del bien hasta la fecha en que caus� ejecutoria la sentencia que conden� a "X" a otorgar escritura del contrato de compraventa y, por tanto, como los grav�menes que pesaban sobre el inmueble hab�an sido inscritos antes de que causara ejecutoria dicha sentencia, entonces "Y" era causahabiente de "X", al haberse transmitido formalmente la propiedad despu�s de los grav�menes.

      6) Contra la anterior resoluci�n "Y" interpuso recurso de revisi�n, mismo que volvi� a considerar que el contrato privado de compraventa ratificado ante notario p�blico era de fecha cierta y, por tanto, suficiente para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo. Adem�s, el Tribunal Colegiado realiz� las siguientes consideraciones al analizar los conceptos de violaci�n con fundamento en el art�culo 91 de la Ley de Amparo:

      "QUINTO. Son en parte infundados y en otra fundados los conceptos de violaci�n.

      "...

      "Asimismo cabe precisar que al quejoso no puede conceptu�rsele como causahabiente de su enajenante, ya que su situaci�n particular indica que, si bien se ha sucedido en los derechos de propiedad sobre el inmueble a t�tulo particular, para que se actualice la causahabiencia, desde el punto de vista procesal, trat�ndose de adquisici�n de inmuebles, es necesario que el adquirente de esa propiedad o derecho lo haga a sabiendas de que el bien de que se trate est� sujeto a una controversia judicial o reporte alg�n gravamen, lo cual puede ser de su conocimiento si la demanda que origina la contienda o el gravamen est�n inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad, o si dicho conocimiento previo se demuestra con alg�n otro medio de prueba id�neo, a lo que debe a�adirse que menos a�n podr� reputarse causahabiente a quien adquiri� el bien cuando no reportaba ning�n gravamen, como acontece en el presente asunto, lo cual qued� acreditado dentro del juicio de garant�as.

      "Es aplicable al caso, la tesis II.4o.C.3 C, sostenida por el otrora Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la p�gina 1270, Tomo XV, enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice: ?CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, NO SE ACTUALIZA SI EL QUEJOSO NO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL O GRAVAMEN A QUE EST� SUJETO EL BIEN ADQUIRIDO.? (se transcribe).

      "No obstante lo anterior, en t�rminos de los art�culos 2988, fracci�n I y 2989 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros. Es decir, aunque la compraventa sea perfecta entre las partes, no debe perderse de vista que la eficacia frente a terceros proviene legalmente de la publicidad que se d� al acto jur�dico; y deben conceptuarse como terceros, frente a esa compraventa, a los acreedores hipotecarios que constituyeron ese derecho real de garant�a con la persona que aparec�a en el registro como propietaria del inmueble e inscribieron ese acto jur�dico.

      "En este caso, el contrato privado de compraventa, cuyas firmas fueron ratificadas ante la notaria p�blica, permit�a su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, conforme al art�culo 2997, fracci�n III, del ordenamiento legal en referencia, el cual dispone que se registrar�n los documentos privados legalmente v�lidos, si un notario p�blico certifica las firmas que los calzan.

      "Empero, el adquirente del inmueble, quien ahora peticiona amparo, no lo registr�.

      "De ah� que si el contrato privado de compraventa sobre el predio no fue registrado, y posteriormente se constituy� un derecho real de hipoteca sobre el mismo inmueble, pero �ste s� fue inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad, es inconcuso que el acreedor hipotecario no pudo conocer, por la falta de publicidad del acto jur�dico traslativo de dominio, que el inmueble hab�a cambiado de due�o y as� estar en aptitud de ejercer la acci�n real correspondiente tambi�n en contra del nuevo propietario, en el entendido de que al tenor del numeral 2947 del cuerpo de leyes en consulta, la hipoteca constituida por el propietario aparente es v�lida, independientemente de que se declare o no la nulidad del t�tulo o bien, la falta del mismo, siempre que el acreedor sea de buena fe, que los vicios del t�tulo no consten en el registro p�blico, y que la obligaci�n garantizada tenga su origen en un acto a t�tulo oneroso, lo cual acontece en el presente asunto, en virtud de que no est� demostrado ni sujeto a discusi�n por el quejoso que el acreedor hipotecario lo sea de mala fe, aunado a que el acto traslativo de dominio no fue inscrito, y la garant�a real registrada tuvo su origen en un acto jur�dico a t�tulo oneroso, como lo es el contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria.

      "Por las anteriores razones, si bien el contrato privado de compraventa adquiri� fecha cierta cuando se present� ante un fedatario p�blico, tambi�n es verdad que no se inscribi� en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio correspondiente, por lo que dicha operaci�n no puede surtir efectos contra terceros, lo que trae consigo que esa falta de publicidad de la compraventa, impide al acreedor hipotecario tener conocimiento de que el quejoso adquiri� el bien inmueble, antes del registro de la hipoteca y de que se instaurara la demanda ordinaria correlativa, por lo que no estuvo en aptitud de enderezarla en su contra.

      "En consecuencia, el t�tulo de dominio en quefunda la acci�n constitucional el peticionario de amparo, no es suficiente para estimar comprobados sus extremos y as� obtener la protecci�n de la Justicia Federal del derecho fundamental que tutela la propiedad.

      "Sin que obste que el inconforme hubiera adquirido de buena fe el inmueble, ya que el derecho real de hipoteca se constituy� legalmente, mientras que la compraventa, aunque perfecta entre las partes contratantes, no estaba surtiendo sus efectos frente a terceros por falta de la publicidad necesaria de ese acto jur�dico, lo que trae consigo la consecuencia de que el juicio hipotecario pudo incoarse, proseguir y concluir v�lidamente en contra de quien erigi� esa garant�a real y aparec�a como titular del derecho de propiedad en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio. Por esta raz�n, no es factible que en aquel entonces se hubiera estado en aptitud de incoar el juicio en contra del nuevo propietario, como tampoco puede imponerse ahora en el amparo que se d� audiencia al inconforme dentro de ese proceso, precisamente debido a que se desarroll� en forma legal, al desconocerse que se hab�a transmitido la propiedad del predio y constituirse legalmente el gravamen real sobre el inmueble que estaba en ese momento inscrito a favor de quien celebr� el contrato de mutuo con garant�a hipotecaria; incluso el juicio de cumplimiento de este contrato dio inicio antes de que el quejoso siquiera acertara en ejercer la acci�n de otorgamiento en escritura p�blica del contrato privado de compraventa.

      "Dicho de otra manera, al tenor de los art�culos 2989 y 2990 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, el juicio de cumplimiento de contrato de mutuo con inter�s y garant�a hipotecaria es v�lido, analizado ello para efectos exclusivos de este amparo, si se enderez� contra el contratante y garante hipotecario, quien aparec�a en las oficinas registrales como due�o; por ende, no se torna ilegal por el hecho de no haber llamado al proceso al quejoso, quien fue adquirente del inmueble mediante contrato privado no inscrito, pues si �ste resiente perjuicios en sus derechos de propiedad y posesi�n fue debido a que no dio publicidad al acto jur�dico traslativo de dominio, ni tuvo la atingencia de incoar inmediatamente la acci�n para dar forma legal al contrato de compraventa, pues lo hizo hasta dos mil dos.

      "Es aplicable al caso, la tesis VI.2o.C.287 C, sostenida por este Tribunal Colegiado, visible en la p�gina 1064, T.X., abril de 2003, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ?COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. AUNQUE SEA DE FECHA CIERTA DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS.? (se transcribe).

      "En resumen, el quejoso no puede conceptuarse como causahabiente, pues en todo caso adquiri� el inmueble antes del registro de la hipoteca y desde luego previo a la inscripci�n del embargo, pero ese t�tulo de propiedad es insuficiente para obtener la protecci�n del derecho correlativo en el amparo, en virtud de que no se encontraba registrado, por lo cual, el acreedor hipotecario no pudo conocer la existencia de la compraventa al momento de celebrar el contrato de mutuo con garant�a hipotecaria, y se llev� a cabo ese acto jur�dico con quien en realidad aparec�a en las oficinas registrales como due�o; por tanto, ante la falta de publicidad del acto traslativo de dominio, el acreedor hipotecario no quedaba constre�ido a enderezar la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato de mutuo con inter�s y garant�a real de hipoteca, en contra del nuevo due�o del inmueble, siendo v�lido que se hubiera incoado, seguido y fallado en contra del contratante y garante hipotecario; por esta raz�n, son infundados los hechos en que se sustenta la acci�n de amparo, pues en realidad no puede exigirse que se proteja constitucionalmente la propiedad del quejoso respecto del juicio natural, ante la insuficiencia de su t�tulo de propiedad, analizado aqu� solo para dilucidar si ese derecho es o no protegible, en el caso particular, a trav�s del juicio de garant�as.

      "En todo caso, los problemas suscitados a partir de los derechos reales, son dirimibles ante los �rganos judiciales del Estado de Puebla.

      "A continuaci�n se analizar�n los conceptos de violaci�n que se hacen valer, en funci�n de la afectaci�n a los derechos de propiedad y posesi�n, sin audiencia, dentro del juicio de alimentos.

      "El quejoso argumenta que se vulneran en su detrimento los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n, debido al embargo sobre el predio de su propiedad, decretado por el J. ... dentro del expediente 1149/99, relativo al juicio de alimentos promovido por ... en contra de (X), mediante la resoluci�n dictada el veintid�s de octubre de mil novecientos noventa y nueve, inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio ... sobre el particular, se alega que los embargos deben de recaer siempre sobre bienes propiedad del deudor, de acuerdo con los art�culos 2426 y 2427 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, pero que el bien inmueble sobre el que recay� se encontraba fuera del patrimonio del deudor, quien tiene la obligaci�n personal de pagar con todos sus bienes presentes o futuros, pero no puede trabarse embargo sobre bienes que han salido de su patrimonio, sin que sea dable estimar que por no haberse inscrito oportunamente la escritura de compraventa celebrada entre el deudor en ese proceso y un tercero, el acreedor de aqu�l tenga derecho a embargar los bienes del tercero. Que el embargo limita el derecho de propiedad, pero no puede oponerse a quien invoca el dominio adquirido de manera indubitable con anterioridad al mismo.

      "Son fundados los motivos de inconformidad por lo siguiente:

      "Se ha establecido a trav�s de esta ejecutoria, que la compraventa se perfecciona y surte sus efectos entre los contratantes por su solo consentimiento respecto a la cosa y el precio, incluso sin necesidad de entrega material del objeto del contrato, en t�rminos de los art�culos 2122 y 2123 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, exigi�ndose en su forma que la compraventa de inmuebles se haga constar en escritura p�blica, acorde al diverso numeral 2182 del mismo ordenamiento legal, y la inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, no constituye un elemento esencial de validez en estos contratos, porque la inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad, seg�n la legislaci�n mexicana, no significa traslaci�n de dominio, esto es, no se considera la inscripci�n como constitutiva de derechos, siendo meramente declarativa, ya que la traslaci�n de dominio se hace por el acto jur�dico celebrado entre las partes, y la inscripci�n no es m�s que la declaraci�n de lo que se realiz� en ese acto.

      "Asimismo, que el quejoso adquiri� el predio de quien era su propietario, y la compraventa es v�lida entre ellos, sin perjuicio de la oponibilidad de la compraventa frente a terceras personas; por tanto, el inconforme es un adquirente de buena fe, toda vez que el acto traslativo de dominio se efectu� antes de la hipoteca y con quien aparec�a como propietario en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio.

      "En este orden de ideas, el quejoso no puede conceptuarse como causahabiente de su enajenante, pues al momento de adquirir el inmueble no reportaba ning�n gravamen.

      "En las relatadas condiciones, puede afirmarse que el quejoso adquiri� de buena fe por compraventa en contrato privado ratificado en sus firmas ante notario p�blico, el predio que result� embargado en el juicio de alimentos, cuando el inmueble no reportaba gravamen alguno y estaba inscrito a nombre del enajenante en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, en tanto que tales circunstancias est�n demostradas en autos del juicio de amparo, como se ha establecido a trav�s de esta sentencia, lo cual adem�s sucedi� en una fecha anterior a la inscripci�n del embargo sobre el mismo predio en dichas oficinas registrales.

      "Por tanto, sin perjuicio de que en t�rminos de los art�culos 2988, fracci�n I y 2989 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros, el acreedor a t�tulo personal no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa, raz�n por la cual el embargo, aun cuando se encuentre registrado, no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien, y dado que el embargo debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que si en este caso est� demostrado que el bien inmueble ya no pertenec�a al deudor, el embargo registrado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad es ilegal, por m�s que no se encuentre inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad a nombre del nuevo propietario, de cuya omisi�n no puede prevalerse el acreedor a t�tulo personal.

      "As� lo consider� la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia 242, visible en la p�gina 165, Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACI�N DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).? (se transcribe).

      "As�, debe tutelarse en el juicio de amparo a favor del quejoso, en su car�cter de adquirente de buena fe, el derecho fundamental a que no sea privado o afectado en la propiedad y posesi�n del inmueble, sin un procedimiento judicial previo en el que sea escuchado en defensa, en tanto que se ve perturbado con el embargo sobre el predio efectuado en el juicio de alimentos (incoado contra el vendedor del inmueble), respecto del cual es tercero extra�o."

    3. Al resolver el amparo en revisi�n 128/2006, el Tribunal Colegiado estudi� el asunto siguiente:

      1) Una instituci�n bancaria promovi� juicio ordinario mercantil en contra de "X" por el vencimiento de un contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria que entre ellos hab�an celebrado. Seguido el juicio, se declar� vencido el contrato de apertura de cr�dito con garant�a hipotecaria y se conden� a "X" al pago de las prestaciones reclamadas. Se abri� el procedimiento de ejecuci�n y se orden� el embargo de los bienes de "X".

      2) Posteriormente, se orden� sacar en remate el bien embargado y se adjudicaron los bienes a "Y", que era cesionario de los derechos de la instituci�n de cr�dito actora. Dicha adjudicaci�n se inscribi� en el Registro P�blico.

      3) En contra de esos actos "Z" interpuso demanda de amparo, aduciendo que �l era el propietario del bien porque "X" se lo hab�a vendido. El J. de Distrito sobresey� en el juicio porque consider� que no se acreditaba el inter�s jur�dico, ya que si bien exist�a un contrato de compraventa privado ratificado ante notario, la ratificaci�n y, por tanto, la fecha cierta del contrato, era posterior a que el embargo sobre el bien inmueble se inscribiera en el Registro P�blico. Entonces, se celebr� un contrato privado de compraventa entre "X" como vendedor y "Y" como comprador. Dicho contrato fue ratificado ante notario p�blico, pero antes de la ratificaci�n ya estaba inscrito el embargo sobre el bien inmueble.

      4) Inconforme con esa determinaci�n, el quejoso interpuso recurso de revisi�n, el cual fue resuelto con el mismo criterio en el sentido de que la ratificaci�n de un contrato privado de compraventa ante notario sirve para dar fecha cierta al documento y, por tanto, para demostrar el inter�s jur�dico en el amparo.

    4. Al resolver el amparo en revisi�n 220/2005.

      1. Una persona "X" vendi� a "Y" un bien inmueble sobre el cual se hab�a constituido una hipoteca derivada de un contrato de cr�dito. El contrato se celebr� ante notario p�blico y en el testimonio correspondiente se hizo constar que exist�a un contrato de cr�dito con garant�a hipotecaria. Posteriormente, se inscribi� el contrato en el Registro P�blico.

      2. Posteriormente, la instituci�n de cr�dito acreedora demand� a "X" el pago de las prestaciones establecidas en el contrato en la v�a ordinaria mercantil. Seguido el juicio, el J. conden� a "X" y orden� el embargo del bien mencionado; posteriormente, orden� la publicaci�n de edictos para convocar postores para la primera almoneda de remate respecto del bien inmueble.

      3. En contra de esa decisi�n "Y" interpuso demanda de amparo. El J. de Distrito consider� que el quejoso ten�a el car�cter de causahabiente del demandado, por lo que no pod�a ser tercero extra�o al juicio, porque desde el contrato de compraventa formalizado por la quejosa con "Y" tuvo conocimiento del contrato de cr�dito con inter�s y garant�a hipotecaria sobre el bien.

        Adem�s, estim� que no obstante que el acto relativo al contrato de compraventa hab�a sido celebrado ante notario p�blico era anterior a la presentaci�n de la demanda, de cualquier manera se hab�an adquirido los bienes con los derechos y obligaciones que sobre �l reca�an.

      4. En contra de esa sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisi�n, el cual se resolvi� en el sentido de que el contrato privado de compraventa ratificado ante notario p�blico era de fecha cierta y suficiente para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo, pero adem�s consider� lo siguiente:

        "Por tanto, son de diversa �ndole los efectos que produce la falta de forma legal, pues la sanci�n es que no produzca efectos frente a terceros -considerados como aquellos que ostentan un derecho de igual categor�a- pero no afecta la existencia y validez del acto jur�dico entre la partes.

        "En consecuencia, a la fecha en que se celebr� el contrato de compraventa sobre el inmueble, entre (X) -demandados en el juicio natural-, como vendedores, y la quejosa y recurrente (Y), en car�cter de compradora, respecto de la casa habitaci�n ... y se ratificaron las firmas ante la fe del notario p�blico -veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro-, el inmueble todav�a no reportaba el embargo derivado del juicio ordinario mercantil, el cual se llev� a cabo mediante diligencia actuarial de cinco de junio de dos mil tres -con independencia de que s� estuviera gravado con hipoteca, pues este derecho real no es el que est� sujeto a litigio dentro del proceso judicial-.

        "En tales circunstancias, al momento de llevarse a cabo la compraventa del predio en contrato privado ratificado ante el fedatario p�blico, ese inmueble estaba a nombre de los vendedores y a�n no reportaba el embargo, lo que se colige de los antecedentes rese�ados en esta ejecutoria; por lo cual, atento al sistema y t�cnica del amparo, no se puede desconocer el derecho de propiedad jur�dicamente tutelado a favor de la inconforme, pues en todo caso, ello ser�a dirimible ante los �rganos jurisdiccionales del orden com�n.

        "En el entendido de que la falta de forma no trae consigo y como consecuencia jur�dica directa o inmediata o ipso jure, que la quejosa en el juicio de amparo, pierda el derecho de propiedad por nulidad o anulaci�n de la compraventa, pues no opera de pleno derecho, sino que debe declararse judicialmente y previo el procedimiento formal correspondiente, en raz�n de que en la legislaci�n aplicable no existe este tipo de nulidad. En consecuencia, existe y es v�lida la compraventa celebrada en contrato privado ratificado en sus firmas ante notario p�blico, respecto de un predio que aparec�a inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio a nombre de los vendedores.

        "Es aplicable al caso, la jurisprudencia 886, sostenida por este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, antes de su especializaci�n en Materia Civil, visible en la p�gina 608, T.V., Materia Com�n, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.? (se transcribe).

        "C. aclarar que la quejosa no pudo ser o�da en defensa por conducto de sus causantes, precisamente porque el inmueble lo adquiri� sin que pesara sobre el mismo el embargo dentro del proceso judicial en que este se llev� a cabo.

        "As� las cosas, a pesar de que en t�rminos de los art�culos 2988, fracci�n I y 2989 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros, el acreedor a t�tulo personal no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa -es decir, no tiene un derecho real de igual categor�a al de propiedad, pues en juicio reclama el cumplimiento de un contrato de cr�dito- raz�n por la cual el embargo -aun cuando se encontrara registrado-, no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien, y dado que el embargo debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que si en este caso est� demostrado que el bien inmueble ya no pertenec�a al deudor, el embargo sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad es ilegal, por m�s que no se encuentre inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad a nombre del nuevo propietario, de cuya omisi�n no puede prevalerse el acreedor a t�tulo personal.

        "As� lo consider� la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia 242, visible en la p�gina 165, Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que dice: ?EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACI�N DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).? (se transcribe).

        "As�, debe tutelarse en el juicio de amparo a favor de la quejosa, el derecho fundamental a que no sea privada o afectada en la propiedad del inmueble, sin un procedimiento judicial previo en el que sea escuchada en defensa.

        "En todo caso, los problemas suscitados a partir de los derechos reales existentes, de propiedad y de hipoteca, son dirimibles ante los �rganos judiciales de esta entidad federativa ..."

  3. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, resolvi� los siguientes asuntos:

    A.A. en revisi�n 301/2004:

    1) Se celebr� un contrato de compraventa en donde "X" era vendedor y "Y" era comprador. Dicho contrato fue ratificado ante notario p�blico y �ste hizo la certificaci�n correspondiente.

    2) Posteriormente, un acreedor de "X" lo demand� en la v�a ejecutiva mercantil. Durante la tramitaci�n del juicio natural el J. gir� una orden al registrador p�blico para que inscribiera el embargo trabado sobre los bienes de "X".

    3) En contra de esa orden "Y" interpuso demanda de amparo aduciendo que era �l el propietario de los bienes embargados.

    4) El J. de Distrito concedi� el amparo.

    5) Inconforme con esa decisi�n, el acreedor de "X" interpuso recurso de revisi�n, mismo que se resolvi� al tenor de las siguientes consideraciones:

    "Ahora bien, asiste raz�n al recurrente en cuanto manifiesta que el contrato de compraventa que exhibi� la quejosa para justificar que es propietaria del inmueble embargado en el juicio natural, resulta ineficaz para ello, por lo que este tribunal considera que en el presente caso, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por el quejoso, por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el diverso 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, porque la peticionaria del amparo no justific� su inter�s jur�dico.

    "...

    "Se sostiene lo anterior, porque aunque no asiste raz�n al recurrente en cuanto manifiesta que en el presente caso, era necesario que el contrato de contrato de compraventa constara en escritura p�blica, de acuerdo con lo establecido por el art�culo 2182 del C�digo Civil para el Estado de Puebla; pues alrespecto debe decirse que si bien dicho numeral establece que: La venta de un inmueble, cualquiera que sea el valor de �ste, se otorgar� en escritura p�blica; lo cierto es que la circunstancia de que la compraventa del inmueble no se haga constar en escritura p�blica, no implica que no se haya efectuado la transmisi�n del dominio del bien materia del contrato, puesto que para tener por efectuada dicha transmisi�n de la propiedad, basta que las partes se pongan de acuerdo respecto del bien a vender y el precio de �ste, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho, ya que es desde el momento en que los contratantes llegan a ese acuerdo, en que la compraventa se considera perfecta y obligatoria en los t�rminos de los art�culos 2122 y 2123 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, que disponen lo siguiente: ?2122. La venta es perfecta y obligatoria para las partes, por el solo convenio de ella respecto al bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho.? y ?2123. Desde el momento que la compraventa es perfecta, conforme a los art�culos 1445, 1716 y 2122, pertenece el bien al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos derecho de exigir del otro el cumplimiento del contrato.?

    "Por tanto, en el presente caso no era necesario que el contrato de compraventa exhibido por la quejosa constara en escritura p�blica para que surtiera efectos.

    "Es aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero 150, publicada en las p�ginas 123 y 124, del Tomo IV, Materia Civil del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que dispone: ?COMPRAVENTA DE INMUEBLES. FALTA DE ESCRITURA P�BLICA ANTE NOTARIO.? (se transcribe).

    "No obstante lo anterior y aunque el contrato privado de compraventa exhibido por la demandante de garant�as fue ratificado ante el notario p�blico ... y de acuerdo con la jurisprudencia n�mero 220, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 180, del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000 que dispone: ?DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.? (se transcribe).

    "Sin embargo, el contrato exhibido carece de eficacia para tener por acreditado que la quejosa adquiri� el inmueble embargado en la fecha indicada en el citado documento, en virtud de que la ratificaci�n no cumple con los requisitos que establec�a el art�culo 123 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente cuando se efectu� dicha ratificaci�n.

    "Efectivamente, el numeral 123 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, anterior a la vigente publicada en el Peri�dico Oficial del Estado el dos de febrero de dos mil cuatro, dispone: Cuando se trate de ratificaci�n del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobaci�n de �stas, se har� constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificaci�n que hace el firmante, la identidad y capacidad de �ste, poniendo el notario al final el ?ante m�? con su firma y sello; similar al texto del art�culo 128 de la ley actual.

    "La ratificaci�n que aparece al reverso de dicho contrato, a la letra establece: (se transcribe).

    "Como puede advertirse, en la ratificaci�n transcrita el notario p�blico n�mero Dos de Huauchinango, Puebla, si bien se�al� la comparecencia de los contratantes, y que ellos se identificaron con sus credenciales de elector, lo cierto es que omiti� incluir la frase ante m� y referirse a la capacidad de los firmantes; por lo que el fedatario p�blico no observ� los requisitos previstos por el art�culo 123 de la Ley del Notariado de Puebla, anterior a la vigente; puesto que a�n en el supuesto de que la circunstancia de que no haya asentado la frase ante m�, resulta intrascendente dado que de cualquier manera se�al� que los contratantes se encontraban en su presencia, lo cierto es que era indispensable que asentara si los comparecientes eran o no capaces para ratificar el contrato de compraventa, lo que no ocurri� en el caso.

    "Por consiguiente, no puede considerarse que el contrato de compraventa exhibido por la quejosa para justificar que es propietaria del inmueble embargado en el juicio de origen, sea de fecha cierta, pues aunque fue ratificado por los firmantes, la ratificaci�n no re�ne los requisitos que establece el art�culo 123 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla.

    "En tal virtud, debe concluirse que la quejosa no justific� que cuando se llev� a cabo el embargo trabado en el juicio de origen, era propietaria del bien embargado, por lo que no justific� su inter�s jur�dico en el juicio de amparo que dio origen a la sentencia recurrida, configur�ndose as� la causal de improcedencia prevista en el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley Reglamentaria de los Art�culos 103 y 107 de la Constituci�n Federal, motivo por el cual debe sobreseerse en el juicio de garant�as, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento legal que establece: ?Procede el sobreseimiento. ... III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el cap�tulo anterior.?

    "Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia n�mero 2a./J. 16/94, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, consultable en la p�gina 17, del Tomo 82, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava �poca, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n que establece: ?INTER�S JUR�DICO, AFECTACI�N DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.? (se transcribe)."

    Este criterio de este Tribunal Colegiado se plasm� en la tesis VI.3o.C.101 C, la cual dice:

    "CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR EL INTER�S JUR�DICO EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA RATIFICACI�N NO RE�NE LOS REQUISITOS QUE LA LEY ESTABLECE. De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 2182 del C�digo Civil para el Estado de Puebla, la venta de un bien inmueble debe otorgarse en escritura p�blica, y la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido reiteradamente que la escritura p�blica no constituye una solemnidad, por lo que la falta de ella no tiene como consecuencia la nulidad absoluta del contrato ni impide que surta efectos, como se desprende de la jurisprudencia n�mero 150, publicada en las p�ginas 123 y 124 del Tomo IV, Materia Civil, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, bajo el rubro: ?COMPRAVENTA DE INMUEBLES. FALTA DE ESCRITURA P�BLICA ANTE NOTARIO.?, por lo que el contrato privado de compraventa es eficaz para acreditar el inter�s jur�dico en un juicio de amparo, con tal de que sea de fecha cierta, lo que sucede, entre otros casos, cuando dicho contrato es ratificado por los contratantes ante un notario p�blico; sin embargo, la ratificaci�n del contrato debe reunir los requisitos que la Ley del Notariado establece, como son que el notario haga constar la identidad y capacidad de los comparecientes, poniendo al final ?ante mi? o ?doy fe? con su firma y sello, pues si falta alguno de esos requisitos el contrato carece de eficacia para demostrar la afectaci�n del inter�s jur�dico."(5)

    Adem�s, el Tribunal Colegiado resolvi� los siguientes asuntos:

    B.A. en revisi�n 264/2004:

    1) "X" vendi� a "Y" un inmueble mediante contrato privado que se ratific� ante notario p�blico.

    2) Posteriormente "Z" demand� a "X" en un juicio reivindicatorio. Seguido el juicio, se orden� dar posesi�n del predio a "Z".

    3) "Y" interpuso demanda de amparo, pero el J. sobresey� en el juicio por considerar que no hab�a acreditado su inter�s jur�dico.

    4) Al resolver la revisi�n que interpuso la parte quejosa, el Tribunal Colegiado consider� lo que a continuaci�n se transcribe:

    "... Son infundados los anteriores argumentos, en virtud de que contrario a lo aducido por el recurrente, no puede considerarse de fecha cierta el contrato privado de compraventa de fecha diez de mayo de mil novecientos noventa, por el solo hecho de que el notario p�blico ... mediante oficio de veintiuno de abril de dos mil cuatro (foja 1697), se�alara que el sello que aparece en la certificaci�n del aludido contrato, corresponde a esa Notar�a P�blica y que las personas que lo ratificaron comparecieron ante la oficina a su cargo, dado que no se le puede conferir fuerza probatoria a esas manifestaciones, pues el referido notario, se contradice con lo que expuso en el diverso oficio de fecha diecisiete de febrero del mismo a�o (foja 1319) en el que se�al� lo siguiente:

    "?... hago constar a trav�s de este conducto, que la firma que calza el documento de referencia, al parecer los rasgos que presenta no coinciden con la firma usual que de mi pu�o y letra impongo a los documentos para su certificaci�n.?

    "De lo anterior se advierte, que el hecho de que el notario ... reconociera el sello que obra en la certificaci�n del contrato privado de compraventa de fecha diez de mayo de mil novecientos noventa, es insuficiente para considerar este documento legal y de fecha cierta, ya que de acuerdo con el art�culo 123 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en la ratificaci�n de firmas y certificaciones practicadas ante notario, �ste debe autorizar con su firma y sello, pero en el caso con el dictamen de la perito oficial que ha quedado analizado, se demostr� que la firma que aparece en esa certificaci�n no corresponde al multicitado notario, por lo que esa certificaci�n no re�ne los requisitos legales y, por ende, no le confiere fecha cierta al contrato privado ofrecido por el quejoso para acreditar su inter�s jur�dico.

    "El invocado art�culo 123 del la Ley del Notariado del Estado de puebla, dispone: ?Cuando se trate de ratificaci�n del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobaci�n de �stas, se har� constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificaci�n que hace el firmante, la identidad y capacidad de �ste, poniendo el notario al final el ante m� con su firma y sello.?

    "Es aplicable la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo en revisi�n 301/2004, que establece: ?CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR EL INTER�S JUR�DICO EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA RATIFICACI�N NO RE�NE LOS REQUISITOS QUE LA LEY ESTABLECE.? (se transcribe).

    "El recurrente aduce, que est� demostrado que es propietario y poseedor del inmueble denominado Alaila, con el contrato privado de fecha diez de mayo de mil novecientos noventa, con la testimonial que ofreci� y con las dem�s pruebas que obran en actuaciones, por lo que se acredit� la causa generadora de la posesi�n del inmueble referido y, por consecuencia, la afectaci�n que se le causa en sus derechos de propiedad y posesi�n, por lo que se le debe proteger a trav�s del juicio de amparo que promueve, solicitando se supla a su favor la deficiencia de la queja.

    "Son infundados los anteriores agravios, en virtud de que no es cierto que haya acreditado su inter�s jur�dico con la documental consistente en el contrato privado de compraventa que exhibi� de fecha diez de mayo de mil novecientos noventa, ya que al determinarse que la firma que aparece en el mismo atribuida al notario p�blico ... no es aut�ntica, ese documento carece de fecha cierta y por lo mismo es ineficaz para demostrar ese extremo.

    "Es aplicable la jurisprudencia n�mero 256, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 214 del Tomo IV, Materia Civil del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-2000, que establece: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.? (se transcribe)."

    C.A. en revisi�n 325/2004.

    1) "X" promovi� juicio de rescisi�n de contrato de arrendamiento en contra de "Y".

    2) El J. que conoci� del asunto declar� rescindido el contrato de arrendamiento, conden� a desocupar el inmueble en conflicto as� como el pago de pesos por concepto de pensiones. Posteriormente, el J. del conocimiento por prove�do dictado el diecisiete de septiembre de dos mil dos, decret� el lanzamiento de la persona moral demandada, autorizando el auxilio de la fuerza p�blica, as� como el rompimiento de chapas y cerraduras. El inmueble se entreg� a la parte actora.

    3) Posteriormente, el J. del conocimiento dict� interlocutoria en la que aprob� la liquidaci�n de sentencia presentada por el actor y orden� requerir a la parte demandada al pago correspondiente y consider� que en su caso, se les embargar�an bienes para garantizar el adeudo.

    4) Finalmente, se embarg� a la parte demandada un inmueble y el J. orden� girar oficio al registrador p�blico de la Propiedad a fin de que inscribiera el embargo trabado en autos.

    5) En contra del embargo, otra persona "Z" promovi� el juicio de amparo indirecto.

    6) El J. de Distrito sobresey� en el juicio de garant�as al considerar que se hab�a actualizado la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acredit� su inter�s jur�dico.

    7) Contra esa determinaci�n, la quejosa interpuso recurso de revisi�n, el cual se resolvi� como sigue:

    "CUARTO. Son infundados los agravios hechos valer por el recurrente.

    "Para acreditar su inter�s jur�dico en el juicio de garant�as del que deriva la presente revisi�n, el quejoso exhibi� un contrato privado de compraventa celebrado entre (X), como vendedora y el peticionario de garant�as, en su calidad de comprador, anot�ndose como fecha en que fue firmado la que a continuaci�n se transcribe:

    "Le�do que fue el presente contrato, las partes lo ratifican y firman para constancia en la ciudad de Cholula, Puebla, al primer d�a del mes de julio del a�o dos mil tres.

    "Al final de ese documento consta la siguiente certificaci�n:

    "?En la ciudad de Cholula, Estado de Puebla, a los treinta d�as del mes de junio del a�o dos mil tres, ante mi ... titular de la Notaria Publica ... en ejercicio, comparecieron los se�ores (X) y (Y) ...?

    "De lo anterior se desprende que la minuta de compraventa exhibida por el quejoso, carece de valor probatorio para acreditar su inter�s jur�dico, en virtud de que las partes en la misma hicieron constar que la firmaron el primero de julio de dos mil tres; sin embargo, la Notaria P�blica ... certific� que un d�a antes, es decir, el treinta de junio del mismo a�o, los contratantes comparecieron ante ella a reconocer las firmas que aparecen en esa minuta, lo que jur�dicamente no es v�lido, puesto que la referida Notaria P�blica no pod�a certificar el treinta de junio de dos mil tres, una compraventa que f�sicamente aparece realizada por los contratantes un d�a despu�s, primero de julio de dos mil tres; y precisamente ese error es lo que hace inv�lida tal certificaci�n.

    "C. destacar, que en ninguna parte de sus agravios, el recurrente alega que la multicitada certificaci�n se hubiera efectuado el treinta de julio de dos mil tres, y que por un error se haya anotado treinta de junio del mismo a�o, por lo que no existe base para considerar que se trata de un mero error mecanogr�fico.

    "Adem�s de lo anterior, debe decirse que el quejoso en su demanda de garant�as se�al� que adquiri� el inmueble en conflicto el treinta de junio de dos mil tres, seg�n se desprende de la siguiente transcripci�n:

    "Bajo protesta de decir verdad, los hechos y antecedentes de este juicio son: el que suscribe con fecha treinta de junio de dos mil tres, adquiri� por compraventa de la se�ora (X), los lotes de terreno ...

    "Por tanto, son infundados los agravios expresados por el recurrente, toda vez que precisamente el hecho de que la Notaria P�blica ... el treinta de junio de dos mil tres, certificara que las partes ratificaron ante su presencia las firmas de la minuta de compraventa que exhibi� el quejoso, la que es de fecha primero de julio del mismo a�o, hace inv�lida esa certificaci�n, ya que es inveros�mil, puesto que a la fecha de esa supuesta ratificaci�n, las partes a�n no hab�an celebrado el contrato de compraventa, ni mucho menos estampado su firma en ese documento, lo que revela que la fedataria p�blica no pudo tener a la vista algo que seg�n la transcripci�n efectuada, se firm� un d�a despu�s de la certificaci�n de la notaria.

    "No es obst�culo a lo anterior, lo alegado por el recurrente en el sentido de que el error de que se trata no le sea atribuible, que pag� el precio pactado, que se especific� el bien vendido, que el inconforme vive en �l, que la notaria certific� que tuvo a la vista y que identific� a los contratantes; argumentos que deben declararse infundados, puesto que la circunstancia de que la certificaci�n multicitada no tenga validez, conduce a que la minuta exhibida por el quejoso, carezca de fecha cierta, lo que imposibilita determinar si la compraventa fue celebrada con anterioridad al embargo efectuado el quince de diciembre de dos mil tres y que, por ende, se est� afectando el derecho de propiedad del quejoso, por lo que es correcto lo considerado por el J. federal en el sentido de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el art�culo 73, fracci�n V, de la Ley de Amparo y que, por ende, sobreseyera en el juicio de garant�as, con fundamento en el art�culo 74, fracci�n III, del mismo ordenamiento legal.

    "Es aplicable la jurisprudencia n�mero 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina 78, Tomo X, diciembre de 1999, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, que se�ala: ?INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.? (se transcribe).

    "De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisi�n 301/2004 y 264/2004, que establece: ?CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR EL INTER�S JUR�DICO EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA RATIFICACI�N NO RE�NE LOS REQUISITOS QUE LA LEY ESTABLECE.? (se transcribe).

    D.A. en revisi�n 229/2006:

    1) "X" vendi� a "Y" un inmueble y el contrato correspondiente fue ratificado ante notario p�blico, pero no fue inscrito ante el registro p�blico.

    2) Posteriormente, "X" interpuso con su c�nyuge una solicitud de divorcio voluntario y, derivado de esa demanda se embarg� el bien mencionado a "X", para garantizar los alimentos de quien hab�a sido su consorte.

    3) En contra del embargo "Y" interpuso demanda de amparo indirecto y el J. de Distrito sobresey� en el juicio.

    4) Inconforme con esa resoluci�n, la parte quejosa interpuso recurso de revisi�n, el cual se resolvi� con las siguientes consideraciones:

    "El peticionario de garant�as, con el objeto de demostrar que es propietario del inmueble se�alado en el p�rrafo inmediato anterior, ofreci� entre otras pruebas, copia certificada del contrato privado de compraventa de fecha nueve de mayo de dos mil dos, el cual, fue ratificado en la misma fecha ante la fe del licenciado ... notario p�blico N�mero Diecinueve de la ciudad de Puebla. Dicho acuerdo de voluntades, es del tenor literal siguiente: (se transcribe)

    "Sentado lo anterior, es de indicarse que contrariamente a lo determinado por el J. de Distrito, el citado contrato privado de compraventa, s� es suficiente para demostrar el inter�s jur�dico del quejoso.

    "En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia n�mero 1a./J. 44/2005, visible en la p�gina 77, T.X., junio de 2005, Novena �poca del SemanarioJudicial de la Federaci�n y su Gaceta, ha sustentado el criterio de que el contrato privado es eficaz para acreditar el inter�s jur�dico en el juicio de amparo, con tal de que sea de fecha cierta, lo que sucede, entre otros casos, cuando dicho contrato es ratificado por los contratantes ante un notario p�blico.

    "Dicha tesis, es del tenor literal siguiente: ?DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO P�BLICO Y QUE �STE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN �L.? (se transcribe).

    "Consecuentemente, si el contrato privado de compraventa de fecha nueve de mayo de dos mil dos, en virtud del cual, el quejoso adquiri� el departamento ... fue ratificado por los contratantes ante notario p�blico el mismo d�a de su celebraci�n, es claro que ello es suficiente para considerarlo como un documento de fecha cierta y, por tanto, para tener por demostrado el inter�s jur�dico del peticionario de garant�as, quien ostent�ndose como tercero extra�o al juicio generador del acto reclamado, reclam� el embargo trabado respecto del citado inmueble; m�xime si en la especie, la ratificaci�n hecha por el fedatario p�blico, re�ne los requisitos que establec�a el art�culo 123 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente cuando se efectu� dicha ratificaci�n.

    "En efecto, dicho precepto legal, se�alaba: ?Art�culo 123. Cuando se trate de ratificaci�n del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobaci�n de �stas, se har� constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificaci�n que hace el firmante, la identidad y capacidad de �ste, poniendo el notario al final el ante mi, con su firma y sello.?

    "Ahora bien, la ratificaci�n que aparece al reverso del contrato privado de compraventa exhibido por el quejoso, es del tenor literal siguiente: (se transcribe).

    "De la anterior transcripci�n se desprende que la ratificaci�n del contrato privado de compraventa, cumple con lo dispuesto por el art�culo 123 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente cuando se efectu� dicha ratificaci�n, ya que en la misma, el notario p�blico hizo constar la comparecencia de los contratantes, de que �stos ratificaron el citado contrato, y dio fe de su identidad y capacidad; y por tal motivo, es dable considerar que el citado acuerdo de voluntades, es id�neo para acreditar el inter�s jur�dico del peticionario de garant�as; luego, si el J. de Distrito no lo consider� as�, su determinaci�n es ilegal.

    "Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis n�mero VI.3o.C.101 C, sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la p�gina 1943, Tomo XX, noviembre de 2004, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ?CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR EL INTER�S JUR�DICO EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA RATIFICACI�N NO RE�NE LOS REQUISITOS QUE LA LEY ESTABLECE.? (se transcribe).

    "...

    "S�PTIMO. Son fundados los conceptos de violaci�n expuestos por el quejoso.

    "...

    "Los anteriores argumentos son fundados y suficientes para conceder al quejoso, el amparo y la protecci�n de la Justicia Federal.

    "En efecto, el art�culo 14 constitucional, en su segundo p�rrafo dispone: (se transcribe).

    "El numeral transcrito contiene la garant�a de audiencia, la cual consiste en otorgar al gobernado, la oportunidad de defenderse previamente a los actos privativos de la libertad, propiedad, posesiones o derechos.

    "...

    "Sentado lo anterior, es de indicarse que de la demanda de garant�as, se advierte que el quejoso, ostent�ndose como tercero extra�o al citado juicio, afirm� ser propietario del inmueble embargado.

    "Con el objeto de demostrar dicha circunstancia, el peticionario de garant�as ofreci� como prueba, copia certificada del contrato privado de compraventa de fecha nueve de mayo de dos mil dos, en virtud del cual (X) le vendi� al quejoso el departamento ...

    "Como se indic� en el considerando quinto de la presente ejecutoria, dicho acuerdo de voluntades es suficiente para acreditar el inter�s jur�dico del quejoso, ya que el mismo es de fecha cierta, al haber sido ratificado por los contratantes el mismo d�a de su celebraci�n, esto es, el nueve de mayo de dos mil dos, ante la fe del licenciado ... notario p�blico N�mero Diecinueve de la ciudad de Puebla.

    "Consecuentemente, si en el juicio generador del acto reclamado, mediante diligencias de fechas dos de febrero de dos mil cinco y veintid�s de agosto del mismo a�o, se embargo al deudor alimentario (X), el departamento ... es claro que dichos actos violan en perjuicio del quejoso, la garant�a de audiencia prevista en el art�culo 14 constitucional, cuenta habida que a partir del nueve de mayo de dos mil dos, el citado inmueble dej� de ser propiedad del deudor alimentario (X), y entr� a formar parte del patrimonio del peticionario de garant�as, seg�n se desprende del contrato privado de compraventa se�alado en el p�rrafo inmediato que antecede.

    "Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina 27, Tomo 63, Cuarta Parte, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ?EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL.? (se transcribe)."

CUARTO

Existencia de la contradicci�n. Para que haya materia a dilucidar respecto de cu�l criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:

1) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

2) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas, y

3) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(6)

  1. se�alar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su an�lisis y establecer si existe la contradicci�n planteada y, en su caso, cu�l es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCI�N DE TESIS. PARA SU INTEGRACI�N NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.(7)

Tomando en cuenta lo anterior, esta Primera Sala advierte que s� existe la contradicci�n de tesis denunciada.

En efecto, debe establecerse que de conformidad con las transcripciones de las resoluciones anteriores, los criterios de autos pueden agruparse como sigue:

  1. Aquellos en los que se sostiene que para acreditar el inter�s jur�dico en el juicio de amparo es necesario que el contrato con el que se pretende acreditarlo se celebre ante notario p�blico, porque s�lo as� se tiene certeza de la fecha de su celebraci�n, de tal forma que un contrato de compraventa privado que se ratifica ante notario no es susceptible de darle al contrato fecha cierta y, por tanto, no es apto de acreditar el inter�s jur�dico de quien solicita el amparo (establecidos en los amparos en revisi�n 409/2004, 103/2005 y 238/2006 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito).

  2. Aquellos en los que se sostiene que un contrato de compraventa privado que se ratifica ante notario es susceptible de dar fecha cierta a un acto y, por tanto, sirve para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo, sin que sea necesario que el contrato se realice ante el notario (establecidos en los criterios del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y en la ejecutoria 229/2006 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito).

  3. Los que sostienen que un contrato de compraventa ratificado ante notario no sirve para darle fecha cierta si la ratificaci�n no se hace conforme lo establece la ley; si la firma de la certificaci�n no es la del notario o si resulta imposible que sea cierta la ratificaci�n porque la fecha del contrato es posterior a la misma (amparos en revisi�n 264/2004, 301/2004 y 325/2004).

  4. El criterio sostenido en el amparo 41/2006, en el cual el Primer Tribunal Colegiado consider� que no sirve para acreditar el inter�s jur�dico un contrato de compraventa que se celebra ante un juzgado del fuero com�n, porque como no est� dentro de sus funciones que ante �l se celebren contratos.

Tomando en cuenta lo anterior, debe considerarse que s� existe la contradicci�n de tesis entre el criterio se�alado en el inciso a) y los criterios de los incisos b) y c), porque:

1) Se analizaron asuntos en los que se trataba de acreditar el inter�s jur�dico en el amparo a trav�s de un contrato de compraventa privado cuyas firmas hab�an sido ratificadas ante notario p�blico.

2) Se estudi� la misma cuesti�n jur�dica, pues analizaron la posibilidad de que mediante un contrato privado de compraventa cuyas firmas se ratificaron ante notario se acreditara el inter�s jur�dico para efectos del juicio de amparo.

3) Por �ltimo, existe una diferencia de criterios respecto de la cuesti�n jur�dica que resolvieron, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito consider� que la ratificaci�n ante notario de los contratos privados no era apta para darle fecha cierta al acto traslativo de dominio y, por tanto, no era suficiente para acreditar el inter�s jur�dico, porque en su criterio ello s�lo pod�a lograrse si el contrato se celebraba ante notario, los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito Segundo y Tercero consideraron que esa ratificaci�n s� le daba fecha cierta a los contratos correspondientes y era apta para acreditar el inter�s jur�dico para efectos del juicio de amparo. C. aclarar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito consider�, impl�citamente, que s� eran de fecha cierta los contratos privados ratificados ante notario, pues aunque no lo manifiesta expresamente, s� consider� que para que se tuvieran esos documentos como de fecha cierta era necesario que la certificaci�n correspondiente se hiciera conforme a las disposiciones de la ley del notariado. Es decir, considera que la ratificaci�n ante notario s� da la fecha cierta, s�lo que tiene que hacerse conforme a lo que establece la ley del notariado.

Por otro lado, el criterio establecido en el amparo en revisi�n 41/2004, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito no forma parte de esa contradicci�n de criterios, pues en el mismo se analizaron elementos diferentes, ya que se refiere a la posibilidad de acreditar el inter�s jur�dico en el amparo a la luz de un contrato realizado ante un J. del fuero com�n y no a la luz de un documento privado que se ratifica ante notario. Esa diferencia de elementos evidencia que en realidad en esa sentencia no se analiz� la misma cuesti�n jur�dica y, por consecuencia, tampoco se lleg� a criterios divergentes.

As�, se surten los requisitos necesarios para la existencia de la contradicci�n, pues los tribunales contendientes partieron del an�lisis de los mismos elementos (juicios de amparo en los que se quer�a acreditar el inter�s jur�dico en el amparo a trav�s de la exhibici�n de un documento privado de compraventa ratificado ante notario); se analiz� la misma cuesti�n jur�dica (si esa ratificaci�n puede darle fecha cierta al contrato y, consecuentemente, acreditar el inter�s jur�dico para defender la propiedad); y en las consideraciones correspondientes se resolvi� de manera diversa: por un lado, que la ratificaci�n mencionada no sirve para acreditar el inter�s jur�dico y, por otro, que s�.

Tomando en cuenta lo anterior, el tema a resolverse en la presente contradicci�n de criterios puede resumirse a trav�s de la siguiente pregunta: �para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo es necesario que el documento traslativo de dominio que se exhibe para ese efecto haya sido celebrado ante notario p�blico o basta con que se ratifiquen ante �l las firmas del contrato?

QUINTO

Cuestiones necesarias para determinar el tema. El estudio com�n a los dos temas de la presente contradicci�n se llevar� de la siguiente manera:

  1. En primer lugar, se realizar� un estudio sobre lo que se entiende por inter�s jur�dico en el amparo.

  2. Posteriormente, se hablar� de las formas de probar el inter�s jur�dico cuando se solicita el amparo por falta de audiencia en un procedimiento en que se puede privar de la propiedad al quejoso.

  3. Despu�s, se analizar� el concepto de fecha cierta y cu�les son los documentos que tienen esa caracter�stica.

  4. Con la informaci�n anterior, podr� resolverse el punto jur�dico controvertido en el presente asunto.

  5. Inter�s jur�dico en el amparo.

    La figura del inter�s jur�dico se encuentra �ntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el art�culo 4o. de la Ley de Amparo,(8) seg�n el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada.

    De esta manera, el inter�s jur�dico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando �stas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesi�n o afectaci�n por el acto de autoridad, por grave que �ste pudiera parecer.

    Entonces, el inter�s jur�dico est� en relaci�n directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho s�lo comprende bienes jur�dicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intr�nseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectaci�n en la esfera jur�dica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los da�os o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados.

    Es aplicable a lo anterior, la tesis que a continuaci�n se transcribe:

    "INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO QU� LO CONSTITUYE. El art�culo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garant�as, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona f�sica o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jur�dicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la g�nesis de la acci�n constitucional. As�, como la tutela del derecho s�lo comprende a bienes jur�dicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el inter�s jur�dico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intr�nseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectaci�n en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los da�os o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados."(9)

  6. Formas de probar el inter�s jur�dico.

    Reiteradamente esta Suprema ha sostenido que el inter�s jur�dico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el car�cter excepcional que tiene el juicio de garant�as y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaraci�n de restituci�n de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, seg�n se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, mismas que esta Primera Sala comparte, as� como la tesis XXV/89 de la Tercera Sala de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte, rubros y textos que se�alan:

    "INTER�S JUR�DICO, AFECTACI�N DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectaci�n del inter�s jur�dico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."(10)

    "INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOST�TICAS SIMPLES, POR S� SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el art�culo 217 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotograf�as de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificaci�n, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su inter�s jur�dico, por ello debe estimarse que las copias fotost�ticas sin certificaci�n son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aqu�llas, pudiera generar convicci�n de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jur�dicamente tutelados del quejoso."(11)

    "INTER�S JUR�DICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los art�culos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que proh�be hacer una declaraci�n general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garant�as que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaraci�n de restituci�n para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su inter�s jur�dico para el efecto de que si as� lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garant�as, est� en posibilidad de conceder la protecci�n de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su inter�s, y a la vez conceda la protecci�n en el efecto procedente, lo cual no se podr�a satisfacer si el inter�s de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ning�n perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo ser�an en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo."(12)

    Entonces, la comprobaci�n del inter�s jur�dico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el car�cter con que acude el quejoso al juicio de garant�as, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. As�, si el quejoso se ostenta como propietario de un bien y pretende defender ese derecho, para acreditar su inter�s jur�dico de manera fehaciente debe demostrar que tiene el dominio sobre la cosa, para lo cual es ilustrativa la tesis aislada LIII/97 de la Segunda Sala, que se comparte por esta Primera Sala, la cual se�ala:

    "INTER�S JUR�DICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El inter�s jur�dico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque �stas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesi�n o afectaci�n, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegar�a al absurdo de sostener la incongruencia jur�dica de que ante un actoautoritario que afectara el derecho de posesi�n, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho aut�nomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesi�n que pudiera ser garantizada por la ley."(13)

    Por otra parte, es necesario que el documento con el que se pretende demostrar que se tiene la titularidad dominical sea apto para defender la propiedad, es decir, que por sus caracter�sticas objetivas re�na determinados requisitos que se lo permitan. Precisamente por ello, tiene que verificarse si el documento puede considerarse de fecha cierta.

    En efecto, el inter�s jur�dico se relaciona directamente con ese concepto, pues si el documento no es de fecha cierta no tiene el alcance probatorio suficiente para acreditar cu�ndo se realiz� una compraventa. As�, por una raz�n objetiva que ata�e al alcance probatorio del documento exhibido, puede no acreditarse el inter�s jur�dico.

  7. La fecha cierta

    Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha considerado que un contrato privado no sirve para acreditar el inter�s jur�dico en el amparo cuando es de fecha incierta, porque ante la imposibilidad de determinar mediante un mecanismo que d� certeza a los actos jur�dicos en cuanto a la fecha de su celebraci�n, no se puede determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisici�n del bien litigioso, garantiz�ndose de esta manera, la legalidad y certeza jur�dica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales, tal como lo establece la jurisprudencia 46/99 de esta Primera Sala, que a la letra dice:

    "INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en trat�ndose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del d�a en que se celebran ante fedatario p�blico o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro P�blico de la Propiedad de su ubicaci�n, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el inter�s jur�dico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisici�n del bien litigioso, garantiz�ndose de esta manera, la legalidad y certeza jur�dica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales."(14)

    Entonces, no cualquier documento privado es susceptible de demostrar que se tiene la propiedad de un bien y as� acreditar el inter�s jur�dico para solicitar el amparo.

    En efecto, si cualquier documento privado pudiera servir para ello, entonces se ver�a afectada la seguridad jur�dica de los acreedores que cre�an que se demand� a la persona correcta o que consideraron que hab�an embargado bienes de quien era su deudor. Ello es as�, porque ante la facilidad de alterar los documentos y antefecharlos, ning�n acreedor podr�a ver satisfechas sus pretensiones de pago aunque tuviera el derecho, pues cualquier persona podr�a ostentarse en el juicio como un tercero extra�o o interponer el amparo para dejar sin efectos el embargo o para destruir el gravamen que pesara sobre el bien.

    Precisamente por ello los tribunales federales y en espec�fico esta Suprema Corte han establecido el instituto de la fecha cierta; para crear ese criterio, se ech� mano de la interpretaci�n por analog�a de una disposici�n que se encuentra en las legislaciones civiles del pa�s y que en el caso del C�digo Civil de Puebla se encuentra en el actual art�culo 1687, seg�n el cual:

    "Art�culo 1687. La cesi�n de cr�dito produce efectos contra personas que no sean parte en ella, desde que su fecha deba tenerse como cierta, conforme a las reglas siguientes:

    "I. Si tiene por objeto un cr�dito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad;

    "II. Si se hace en escritura p�blica, desde la fecha de su otorgamiento;

    "III. Si se trata de un documento privado, desde el d�a en que se incorpore o inscriba en un Registro P�blico; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario p�blico por raz�n de sus funciones."

    As�, a partir de esa interpretaci�n anal�gica han existido criterios de esta Suprema Corte en los cuales se estableci� que el instituto de la fecha cierta es aplicable a todos los actos jur�dicos. Dichos criterios son los siguientes:

    "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 2034, fracci�n III, del C�digo Civil del Distrito Federal, un documento privado adquiere fecha cierta desde su presentaci�n a un registro p�blico o ante alg�n funcionario en raz�n de su oficio, desde la muerte de cualquiera de los firmantes."(15)

    "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentaci�n a un registro p�blico, o ante un funcionario p�blico en raz�n de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes."(16)

    "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Trat�ndose de documentos privados que no han sido presentados ante ning�n funcionario p�blico, ni inscritos en alg�n registro oficial, debe considerarse que no existe fecha cierta de los mismos, de conformidad con lo previsto por el art�culo 2034 fracci�n III del C�digo Civil del Distrito Federal, el cual previene que la cesi�n de cr�ditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra terceros sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, esto es, si se trata de un documento privado desde el d�a en que se incorpore o inscriba en un registro p�blico, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario p�blico en raz�n de su oficio. Dicho precepto es aplicable, a toda clase de negocios privados."(17)

    "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Los documentos privados son de fecha cierta desde el d�a en que hayan sido incorporados o inscritos en el Registro P�blico; desde la muerte de cualquiera de las personas firmantes, o desde que hayan sido entregados a un funcionario p�blico, por raz�n de su oficio."(18)

    Entonces, se ha establecido que un documento es de fecha cierta cuando se re�nen cualquiera de las siguientes caracter�sticas:

    1. Desde el momento de la inscripci�n del documento en el Registro P�blico.

    2. Si se hace en escritura p�blica desde la fecha de su otorgamiento.

    3. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes del contrato correspondiente, siendo aplicable la jurisprudencia 33/2003 de esta Primera Sala de rubro: "INTER�S JUR�DICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO."(19)

    4. Desde el momento en que el documento privado se entregue a un funcionario en raz�n de su oficio.

  8. Criterio que debe prevalecer

    Con lo expuesto con anterioridad, para resolver el punto de contradicci�n debe analizarse si la ratificaci�n hecha ante notario p�blico encuadra en el supuesto de que se presente el documento a un funcionario en raz�n de su oficio.

    De acuerdo con la Ley del Notariado de Puebla que analizaron los Tribunales Colegiados y que fue abrogada por la nueva ley que entr� en vigor el dos de febrero de dos mil cuatro, entre las funciones de los notarios se encuentra la de certificar la ratificaci�n de las firmas de los documentos privados, tal como se establece en los art�culos 14 y 123 del ordenamiento invocado.(20)

    Ahora bien, cuando las partes de un contrato de compraventa comparecen ante un notario para ratificar las firmas que calzan en el contrato, la certificaci�n del notario no implica la verificaci�n de que el contenido del contrato privado se ajust� a las leyes; en ese sentido, el notario �nicamente certifica que las firmas que obran en el documento fueron hechas por las partes y que �stas se presentaron ante �l para ratificar sus firmas.

    El instituto de la fecha cierta consiste en dotar de seguridad a los acreedores de determinada relaci�n jur�dica para garantizar que los documentos privados que se presenten en oposici�n de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio del juicio correspondiente y se fecharon en una fecha anterior, evitando as� la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores.

    As� las cosas, debe tomarse en cuenta que tal como lo establece el art�culo 137 de la Ley del Notariado de Puebla,(21) ya abrogada, los notarios tienen fe p�blica en las cuestiones que se refieren al ejercicio de sus funciones y precisamente entre sus funciones se encuentra la de certificar la firma de los actos jur�dicos, tal como lo establece el art�culo 14 de la misma ley.

    Precisamente por ello, siempre y cuando no se declare judicialmente su falsedad, los documentos p�blicos notariales (entre los que se encuentran las certificaciones que autorizan los notarios de conformidad con el art�culo 136 de la ley del notariado)(22) hacen prueba plena de que se realizaron los hechos de los que dio fe el notario, es decir, son suficientes para acreditar que las firmas que obran en el contrato que se certifica son las de los contratantes, tal como lo establece el art�culo 138 de la misma ley y que, al menos en esa fecha, ya se hab�a realizado la compraventa.(23)

    Entonces, el riesgo de que exista un fraude en contra de los acreedores no existe en el caso de los documentos privados que se certifican ante notario, pues prueban plenamente que, por lo menos en la fecha de la certificaci�n ya exist�a el acuerdo de voluntades entre los contratantes que acudieron a ratificar sus firmas y, por tanto, que la propiedad de los bienes se hab�a transferido.

    Adem�s de lo anterior, el C�digo de Procedimientos Civiles de Puebla en vigor establece que los documentos p�blicos hacen prueba plena y que esos documentos son los autorizados por funcionarios o depositarios de fe p�blica (como lo son los notarios tal como se mencion�) dentro de los l�mites de su competencia.

    Luego, dichos documentos sirven para acreditar ante los Jueces de amparo que la transmisi�n de la propiedad del bien se dio antes de que se realizara el embargo o gravamen que motiva el amparo, es decir, funcionan para acreditar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privaci�n de su propiedad y, por tanto, el inter�s jur�dico para solicitar la protecci�n constitucional.

    Por tanto, si para que se pruebe el inter�s jur�dico en el amparo es necesario que el documento privado que se exhibe para ello sea de fecha cierta y la ratificaci�n ante notario de un documento privado hace que a partir de esa fecha se tenga como cierta la confecci�n del documento, sin que sea necesario que la compraventa se realice ante un notario o se redacte por �l, se concluye que ese tipo de documentos s� puede acreditar el inter�s jur�dico en el amparo.

    Lo anterior se refuerza con lo dicho por esta Primera Sala al resolver la contradicci�n de tesis 14/2004-PS (cuyo tema consist�a en determinar si era necesario que un documento privado ratificado ante notario fuera protocolizado para que se pudiera tener como de fecha cierta), que bastaba con la ratificaci�n ante el notario para ese efecto, de la forma en que a continuaci�n se transcribe:

    "... Asimismo, el presentar un documento privado ante un fedatario p�blico da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que est� investido de fe p�blica y facultades para autenticar y dar forma en los t�rminos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jur�dicos, por lo cual su intervenci�n conduce, as�, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existi� el instrumento que le fue presentado.

    "Igualmente, proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque �sta lleva a entender que no pudo plasmar su firma despu�s de su deceso.

    "Las hip�tesis citadas tienen en com�n la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a trav�s de su fecha, para tener una precisi�n o un conocimiento indudable de que existi�, por lo que no deben exigirse mayores formalidades en la fe p�blica de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque cuando interviene est� investido de esa fe para hacer constar que existi� el documento que le fue presentado.

    "En raz�n de lo expuesto, el documento privado adquiere certeza de su contenido a partir del d�a en que fue presentado ante el notario, en virtud de que este est� investido de fe p�blica y facultades para autenticar, as� como para dar forma en los t�rminos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jur�dicos que se le presenten, por lo cual su intervenci�n conduce, a otorgar certidumbre de la fecha de su ratificaci�n, por ser quien certific� la autenticidad de las firmas de los interesados, as� como que en su presencia reconocieron el contenido de tales documentos, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jur�dico a trav�s de su fecha y no a las formalidades del mismo, pues no es dable pensar que ese instrumento se haya elaborado en fecha posterior a la que en �l aparece; de ah� que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un notario p�blico y que �ste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realiz� su cotejo. ..."

    De acuerdo con las consideraciones antepuestas, debe prevalecer con car�cter de jurisprudencia, en t�rminos del art�culo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a continuaci�n:

    INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACI�N DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en raz�n de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios est� la de dar fe p�blica para hacer constar los actos y hechos jur�dicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, as� como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificaci�n de una ratificaci�n de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que �sta se efect�a, ya se hab�a celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. As�, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificaci�n del notario convierte al documento privado en uno p�blico con valor probatorio pleno de la celebraci�n del acto jur�dico que se ratific�, no respecto del contenido del documento, pero s� en cuanto a la ratificaci�n de las firmas; de ah� que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmiti� antes de que se practicara el embargo que motiva la interposici�n del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privaci�n de su propiedad y, por tanto, para acreditar el inter�s jur�dico para solicitar la protecci�n constitucional.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

S� existe la contradicci�n de tesis a que este expediente se refiere, en los t�rminos del considerando cuarto de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala, en los t�rminos de la tesis redactada en el �ltimo considerando del presente fallo.

TERCERO

D�se publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resoluci�n, en t�rminos del art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros: S.A.V.H.�ndez, J.N.S.M., O.S.C. de G.�a V. y presidente Jos� Ram�n Coss�o D�az (ponente). Ausente el M.J.� de Jes�s G.�o P..

______________

  1. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., febrero de 2005, p�gina 1684. El precedente es: Amparo en revisi�n 409/2004. Mar�a L.M.N.. 25 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: R.M.�a T.V.. Secretaria: L.E.B.C.�o.

  2. En el caso a estudio, dichas personas celebraron la compraventa ante el J. de lo Civil y Familiar de Tecamachalco, Puebla, por ministerio de ley, Registrador P�blico de la Propiedad de esa demarcaci�n jurisdiccional.

  3. Publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena �poca, T.X., abril de 2003, p�gina 1064. Precedente: Amparo en revisi�n 439/2002. J.F.E.C.A.. 16 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: G.C.R.. Secretario: H.S.R..

  4. Ib�d. Novena �poca, T.X., marzo de 2003, p�gina 1702. Precedente: Amparo en revisi�n 439/2002. J.F.E.C.A.. 16 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: G.C.R.. Secretario: H.S.R..

  5. Ib�d. Novena �poca, Tomo XX, noviembre de 2004, p�gina 1943. Precedentes:

    1. Amparo en revisi�n 301/2004. Mar�a Gracia Le�n F.. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F.M.�ndez G.�rrez. Secretaria: C.I.T..

    2. Amparo en revisi�n 264/2004. A.�n B. L�pez. 20 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: N.F.S.�nchez. Secretario: G.C.M..

    3. Amparo en revisi�n 325/2004. J.F.�ndez R.�guez. 23 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: N.F.S.�nchez. Secretario: G.C.M..

  6. Ib�d. Novena �poca, T.X., abril de 2001, p�gina 76.

  7. Ib�d. Octava �poca, N�mero 83, noviembre de 1994, p�gina 35,

  8. "Art�culo 4o. El juicio de amparo �nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame ..."

  9. Semanario Judicial de la Federaci�n. Octava �poca, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, p�gina 224. Precedente: Amparo en revisi�n 1441/88. G.H.C.�n. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: S.H.C.G.�rrez. Secretario: J.R.�l O.G.�a.

  10. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, tomo 82, octubre de 1994, p�gina 17.

  11. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, TomoVII, abril de 1998, p�gina 213

  12. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n, Octava �poca, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, p�gina 338.

  13. Publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo V, mayo de 1997, p�gina 333.

  14. Ib�d. Novena �poca. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, tesis 1a./J. 46/99, p�gina 78.

  15. Semanario Judicial de la Federaci�n, Sexta �poca, Tercera Sala, tomo: Cuarta Parte, LVIII, p�gina 136. Los precedentes son: Amparo directo 1950/60. Luz y Senorina Tetzical. 27 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: G.G.�a R.. Sexta �poca, Cuarta Parte: Volumen XL, p�gina 113. Amparo directo 4837/59. Compa��a H. Euzkadi, S.A. 20 de octubre de 1960. Cinco votos. Ponente: G.G.�a R.. V.X., p�gina 210. Amparo directo 7426/57. C.Q.. 21 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: G.G.�a R.. V.X., p�gina 204. Amparo directo 4379/57. E. L�pez y coagraviado. 24 de julio de 1958. Cinco votos. Ponente: J.C.E.. Volumen XI, p�gina 106. Amparo directo 3619/57. E.C.M.. 14 de mayo de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: G.G.�a R..

  16. Ib�d., Sexta �poca, Tercera Sala, tomo: Cuarta Parte, LXVI, p�gina 63. Los precedentes son: V.X., p�gina 210. Amparo directo 7426/57. C.Q.. 21 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: G.G.�a R.. Volumen XL, p�gina 113. Amparo directo 4837/59. Compa��a H. "La Euskadi", S.A. 20 de octubre de 1960. Cinco votos. Ponente: G.G.�a R.. Volumen LVIII, p�gina 129. Amparo directo 6056/61. F.C.C.. 26 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: G.G.�a R.. Volumen LX, p�gina 102. Amparo directo 7300/59. Virginia Cajica de Almendaro. 11 de junio de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J.C.E.. Volumen LXIII, p�gina 37. Amparo directo 1649/58. C.T.�o viuda de T.�o. 3 de septiembre de 1962. Unanimidad de cinco votos. Ponente: J.C.E..

  17. Ib�d., Sexta �poca, P., tomo: Primera Parte, LXXXVIII, p�gina 12. El precedente es: Amparo en revisi�n 3485/51. Casa Llamas, S. de R.L. 13 de octubre de 1964. Unanimidad de veinte votos. Ponente: J.R.P.C..

  18. Ib�d., Sexta �poca, Tercera Sala, tomo: Cuarta Parte, XL, p�gina 113. Precedente: Amparo directo 4837/59. Compa��a H. Euzkadi, S.A. 20 de octubre de 1960. Cinco votos. Ponente: G.G.�a R.; Sexta �poca, Cuarta Parte, V.X., p�gina 210. Amparo directo 7426/57. C.Q.. 21 de octubre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: G.G.�a R.; V.X., p�gina 204. Amparo directo 4379/57. E. L�pez y coagraviado. 24 de julio de 1958. Cinco votos. Ponente: J.C.E..

  19. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., julio de 2003, p�gina 122. El texto de dicha tesis es el siguiente: "La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la jurisprudencia n�mero 1a./J. 46/99 determin� que el contrato privado de compraventa de inmueble, no objetado, que cuenta con fecha cierta goza de plena eficacia probatoria y que una de las formas en que un documento adquiere fecha cierta es mediante el fallecimiento de uno de sus firmantes. Por tanto, un contrato como el referido, en el que una de las partes muere antes de que tenga verificativo el acto reclamado, constituye una prueba suficiente para acreditar el inter�s jur�dico en el juicio de garant�as. Lo anterior obedece a que si bien la constancia de la compraventa contenida en una escritura p�blica y su inscripci�n en el Registro P�blico de la Propiedad constituyen un medio de prueba id�nea para acreditar el dominio adquirido sobre el inmueble en cuesti�n; sin embargo, en el juicio de amparo no se resuelve en definitiva el derecho de propiedad, sino tan s�lo de manera presuntiva para efectos de determinar si el acto reclamado irrumpi� de manera inconstitucional en la esfera jur�dica del quejoso."

  20. "Contenido de su funci�n

    "Art�culo 14. Notario es el funcionario investido de fe p�blica, para hacer constar los actos y hechos jur�dicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, o la solemnidad requerida por la ley. Igualmente es funci�n del notario expedir los testimonios, certificaciones, y copias que legalmente procedan."

    "Art�culo 123. Cuando se trate de ratificaci�n del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobaci�n de �stas, se har� constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificaci�n que hace el firmante, la identidad y capacidad de �ste, poniendo el notario al final el ?ante m�? con su firma y sello."

  21. "Art�culo 137. Los notarios tienen f� p�blica en lo que se refiere exclusivamente al ejercicio propio de sus funciones. En las dem�s declaraciones que hicieren, ser�n considerados como simples testigos, cuyo dicho se calificar� y valorizar� conforme a las Leyes."

  22. "Art�culo 136. Son documentos p�blicos notariales: las escrituras, y las actas extendidas en los libros del protocolo, sus testimonios, las copias certificadas y certificaciones autorizados por notario p�blico, en t�rminos de esta ley."

  23. "Art�culo 138. Los documentos p�blicos notariales, mientras no fuere declarada judicialmente su falsedad, probar�n plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ellos, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y que este observ� las formalidades que mencion�."