Ejecutoria num. 2a./J. 143/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 35494155

Ejecutoria num. 2a./J. 143/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Número de Resolución:2a./J. 143/2007
Localizacion:GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 2007
RESUMEN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.EJIDATARIOS. PARA ACREDITAR ESE CARÁCTER CON EL ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN, DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS EJIDALES, ÉSTA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS DEL 24 AL 28 Y 31 DE LA LEY AGRARIA.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTRADICCI�N DE TESIS 117/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIG�SIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL D�CIMO S�PTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: G.D.G.P..

SECRETARIA: BLANCA LOBO DOM�NGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver el presente asunto, en t�rminos de los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracci�n VIII, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en relaci�n con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, emitido el veintiuno de junio de dos mil uno por el Tribunal Pleno, pues se trata de la posible contradicci�n de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de la Sala.

SEGUNDO

La denuncia de contradicci�n de tesis proviene de parte leg�tima, conforme a lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formulan los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado del Vig�simo Quinto Circuito, �rgano que sostiene la tesis denunciada como contradictoria de la sustentada por el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito.

TERCERO

Previo al estudio de las cuestiones planteadas en las resoluciones denunciadas como contradictorias, es oportuno rese�ar los antecedentes y consideraciones que las sustentan.

De la ejecutoria correspondiente al amparo en revisi�n 233/2006, del que conoci� el Tribunal Colegiado del Vig�simo Quinto Circuito, se advierte:

  1. Que mediante escrito de fecha veintitr�s de junio de dos mil cinco, P.H.�ndez H.�ndez promovi� ante la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete, diligencias de jurisdicci�n voluntaria mediante las cuales solicit� que, en v�a de sucesi�n, se le reconocieran los derechos agrarios del occiso J.H.�ndez M..

    Para acreditar su acci�n el promovente ofreci�, entre otras pruebas, las siguientes:

    1. Copia certificada del acta de asamblea de fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis.

    2. Certificados parcelarios n�meros 19976 y 19973, as� como el certificado de derechos sobre tierras de uso com�n n�mero 12506, todos del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro expedidos a favor de J.H.�ndez M. y J.H.�ndez M., de conformidad con el acta de asamblea de nueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

  2. El asunto se registr� con el n�mero 247/2005. Posteriormente, el veinte de febrero de dos mil seis, la Magistrada emiti� resoluci�n en la que declar� improcedentes las diligencias de jurisdicci�n voluntaria debido a que, seg�n las constancias de autos, los certificados parcelarios n�meros 19973 y 19976, as� como el certificado de uso com�n n�mero 12506, expedidos tanto a J.H.�ndez M., como a J.H.�ndez M., se emitieron conforme a la Asamblea de Delimitaci�n, Destino y Asignaci�n de Tierras Ejidales del nueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, la cual fue declarada nula por ese Tribunal Unitario en el expediente 201/1994; por lo que si dichos certificados eran nulos, no beneficiaban al promovente P.H.�ndez H.�ndez para comprobar la existencia material de los derechos agrarios que ped�a suceder.

    Y en cuanto al acta de Asamblea de Delimitaci�n, Destino y Asignaci�n de Tierras Ejidales de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis, presentada por el promovente, constaba en autos que no estaba inscrita en el Registro Agrario Nacional y, por ende, dicha dependencia no pudo expedir documento alguno que acreditara los derechos agrarios a favor del de cujus, J.H.�ndez M..

    Por lo anterior concluy� la Magistrada, que si el extinto J.H.M., de quien P.H.�ndez H.�ndez solicitaba el reconocimiento de los derechos agrarios v�a sucesi�n, no ten�a el reconocimiento como ejidatario del n�cleo poblacional, ni asignaci�n de parcelas o porcentaje de derechos sobre tierras de uso com�n, ello imped�a emitir pronunciamiento favorable a la solicitud de este �ltimo, al ser inexistente la materia para resolver; por lo que dejaba a salvo los derechos del promovente para hacerlos valer en la v�a y forma que correspondiera.

  3. En contra de esa determinaci�n, P.H.�ndez H.�ndez promovi� juicio de amparo directo, respecto del cual el Tribunal Colegiado del Vig�simo Quinto Circuito se declar� incompetente, envi�ndolo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango.

    El mencionado juzgador neg� el amparo en sentencia del veintid�s de mayo de dos mil seis.

  4. La sentencia de m�rito fue impugnada por P.H.�ndez H.�ndez mediante el recurso de revisi�n 233/2006, del que conoci� el Tribunal Colegiado del Vig�simo Quinto Circuito, que en ejecutoria del veintitr�s de agosto de dos mil seis revoc� la sentencia recurrida y concedi� el amparo al quejoso en los t�rminos siguientes:

    "QUINTO. Los agravios son fundados, si bien su deficiencia se suplir� con apoyo en los art�culos 76 Bis, fracci�n III y 227, los dos de la Ley de Amparo, al estar en presencia de un juicio de garant�as atinente a la materia agraria, donde el quejoso es aspirante a obtener la calidad de ejidatario.

    "Los art�culos 23, fracciones II y X, 31, 56, 152, fracci�n VIII, de la Ley Agraria; y 25, fracci�n II, inciso o), del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional se�alan: (los transcribe).

    "Como autoridad m�xima del n�cleo de poblaci�n, es facultad exclusiva de la asamblea general de ejidatarios decidir, entre otros puntos, lo relativo a la aceptaci�n y separaci�n de sus integrantes; as� como en cuanto a la delimitaci�n, asignaci�n y destino de las tierras ejidales.

    "De conformidad con los art�culos anteriormente transcritos, las actas levantadas con motivo de los acuerdos tomados sobre los puntos se�alados en el p�rrafo anterior deber�n ser inscritas en el Registro Agrario Nacional.

    "A los registradores compete calificar los actos y documentos inscribibles en esa dependencia, as� como expedir las constancias y copias certificadas respectivas; as� lo dispone el art�culo 38, fracciones I, III y V, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el cual dice: (se transcribe).

    "As�, satisfechas las exigencias legales, las actas de aceptaci�n y separaci�n de ejidatarios, as� como las de delimitaci�n, asignaci�n y destino de las tierras ejidales, deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional; para lo cual, previamente y de acuerdo a las normas aplicables, el registrador debe realizar la calificaci�n respectiva.

    "Al efectuar la calificaci�n, el registrador no tiene facultades para analizar o determinar la validez de los acuerdos tomados por la asamblea, sino solamente verificar si los documentos re�nen o no los requisitos legales para llevar a cabo su inscripci�n.

    "Lo anterior se desprende de las disposiciones contenidas en los art�culos 55, 56, 57, 58, 59, 62 y 65 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, los cuales se�alan: (se transcriben).

    "En ese orden, los art�culos 148, 150 y 151 de la Ley Agraria disponen: (se transcriben).

    "De conformidad con las anteriores normas legales, el Registro Agrario Nacional tiene como objeto dar publicidad a los actos jur�dicos en �l inscribibles.

    "Por tanto, las inscripciones en esa instituci�n s�lo tienen efectos declarativos, no constitutivos de derechos, pues �stos provienen del acto jur�dico inscrito, no de la inscripci�n en s� considerada.

    "En esa virtud, el documento continente del acto jur�dico es por excelencia el medio probatorio id�neo para acreditar los derechos y obligaciones en �l consignados; en tanto las certificaciones, constancias y copias certificadas expedidas por el Registro Agrario Nacional, se emiten con base en los documentos inscritos en tal dependencia, esto es, en los cuales consta el acto jur�dico respectivo.

    "Al respecto es de invocar la tesis de la Segunda Sala de la anterior integraci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina treinta y cinco, tomo (sic) 121-126, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federaci�n, S�ptima �poca, cuyo rubro y texto dicen:

    "?AGRARIO. REGISTRO AGRARIO NACIONAL. SUS INSCRIPCIONES NO CONSTITUYEN PRUEBA �NICA PARA ACREDITAR EL DERECHO SOBRE DETERMINADOS BIENES.? (se transcribe).

    "En consideraci�n a lo expuesto, si bien las certificaciones, constancias y copias certificadas expedidas con base en las inscripciones habidas en el Registro Agrario Nacional, prueban plenamente en juicio y son aptas para acreditar la existencia del acto, derecho u obligaci�n inscritos; la falta de tal acto administrativo no origina la inexistencia de la obligaci�n o derecho respectivo y, por ende, tampoco la imposibilidad de probarlas de otra forma; pues este extremo es factible lograrlo mediante el documento continente del acto jur�dico correspondiente pues, como se vio, la inscripci�n es meramente informativa, no constitutiva de derechos.

    "De tal suerte, la falta de tal inscripci�n s�lo tiene como consecuencia que el acto respectivo surta efectos �nicamente entre los otorgantes, sin la posibilidad de producir perjuicio a terceros, quienes s� pueden aprovecharlos a favor de sus intereses, seg�n lo establece el art�culo 150 de la Ley Agraria.

    "Al tema tratado es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 137/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible en la p�gina doscientos ochenta y dos, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, cuya lectura se�ala:

    "?REGISTRO AGRARIO NACIONAL. LA DESIGNACI�N DE SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS NO SE AFECTA POR LA FALTA DE INSCRIPCI�N EN AQU�L (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, VIGENTE HASTA EL VEINTIS�IS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).? (se transcribe).

    "Entonces, la falta de inscripci�n del acta levantada con motivo de la asamblea general, en la cual se hubieren aceptado ejidatarios, delimitado, asignado y destinado tierras ejidales entre los integrantes del n�cleo de poblaci�n, no origina que aqu�llos no tengan la calidad de ejidatarios, ni que no sean titulares de las parcelas asignadas o del aprovechamiento del porcentaje sobre las tierras de uso com�n.

    "Lo anterior es as�, en consideraci�n a que es la asamblea general quien tiene la facultad de realizar tales reconocimientos, en tanto el Registro Agrario Nacional s�lo es un ente creado para dar publicidad a las decisiones tomadas por aqu�lla.

    "De tal manera, el acta levantada con motivo de la asamblea general, en la cual se hubiere aceptado a una persona como integrante del n�cleo de poblaci�n ejidal, es apta para acreditar la calidad de ejidatario, pues en tal documento consta la voluntad del ente facultado para crear ese derecho en favor de determinada persona, sin necesidad de su inscripci�n y la expedici�n de las certificaciones respectivas.

    "Cierto, el art�culo 16 de la Ley Agraria dispone que la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o con la sentencia relativa del Tribunal Agrario.

    "Sin embargo, esa norma legal ni alguna otra limita �nica y exclusivamente probar tal extremo con dichos documentos, pues nada se�ala sobre el particular.

    "Considerar lo contrario y estimar insuficiente el acta de asamblea de aceptaci�n de ejidatarios, implicar�a desconocer la validez de un documento constante de la voluntad soberana de los integrantes del n�cleo de poblaci�n, reunidos en asamblea general, quienes tienen la facultad exclusiva de resolver lo concerniente a la aceptaci�n de ejidatarios, con el consiguiente desconocimiento de un derecho legalmente constituido, otorgado por el ente facultado para ello.

    "Igualmente, un criterio contrario al sustentado en este fallo, implica el riesgo de aceptar que las inscripciones hechas en el Registro Agrario Nacional, en s� mismas consideradas son constitutivas de derechos, no el acto jur�dico del cual emanan.

    "Incluso, se pasar�a por alto y har�a nugatorio el derecho de los interesados en allegar cualquier tipo de probanza para acreditar sus afirmaciones, prerrogativa consagrada en el art�culo 186 de la Ley Agraria, de la siguiente lectura:

    "?Art�culo 186.? (se transcribe)

    "Por los motivos se�alados, este tribunal revisor no comparte la tesis XVII.2o.P.A.25 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, de rubro: ?ACTA DE ASAMBLEA. RESULTA INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE EJIDATARIO.?, publicada en la p�gina mil cuatrocientos cuatro, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, en la cual el se�or Juez Segundo de Distrito en el Estado apoy� su determinaci�n.

    "En el caso, entre las constancias integrantes del cuaderno de amparo, est� copia certificada del acta de asamblea general de ejidatarios del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis, del n�cleo de Poblaci�n O.M.�o, perteneciente al Municipio de San Juan del R�o, Durango.

    "En el s�ptimo punto de esa acta se asent�:

    "?S�ptimo punto. Acto seguido, de conformidad con lo establecido en el art�culo 23, fracciones II, VII, VIII, X, y art�culo 56 de la Ley Agraria, el presidente dio lectura a los sujetos de derechos reconocidos y aprobaci�n de los mismos, siendo �stos los siguientes:

    No. Nombre No. Nombre

    "?1. ... 38 J.H.�ndez M.

    "?... enseguida la asamblea procedi� a la delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales y al reconocimiento de los sujetos de derecho identificados.

    "?... en cuanto al �rea parcelada la asamblea acord� distribuirla entre 67 ejidatarios, cuatro posesionarios y la parcela escolar de la siguiente manera.

    "?No. parc. Nombre V.. Superficie

    Has.

    "?1. ...

    "?3 J.H.�ndez M. 8 3-73-70.345

    "?...

    "?39. J.H.�ndez M. 3 0-1658.136

    "?La asignaci�n fue aprobada por la asamblea por 35 votos a favor y cero en contra.

    "?En cuanto a las tierras de uso com�n la asamblea acord� asignar en proporciones iguales entre 67 ejidatarios m�s la parcela escolar, que se relacionan en el presente listado, correspondiendo a cada uno 1.47% de aprovechamiento sobre las tierras de uso com�n, sin considerar con derecho a las tierras de uso com�n a G.C.�n H.�ndez, quien fue reconocido como (ilegible) �nicamente con derecho a su parcela No. 51.

    "?No. Nombre No. Nombre

    "?1.

    "?38 J.H.�ndez M.

    "?...

    "?... el presidente de la asamblea someti� a consideraci�n de la misma la limitaci�n de las tierras al interior del ejido, la asignaci�n de parcelas, la cual se realiz� de conformidad con lo contenido en los planos internos de tierras de uso com�n; los planos presentados, as� como la lista de sujetos de derecho identificados, se aprueba en este acto por 70 % de votos.?

    "Como se advierte de la anterior transcripci�n, en la asamblea del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis, entre otros acuerdos, los integrantes del n�cleo de poblaci�n decidieron lo relativo a la aprobaci�n ?de los sujetos de derechos reconocidos?, as� como la asignaci�n de parcelas y derechos sobre tierras de uso com�n, lo cual se aprob� por el setenta por ciento del voto de los asistentes.

    "Entre ?los sujetos de derechos reconocidos? est� J.H.�ndez M., a quien se le otorgaron dos parcelas y el uno punto cuarenta y siete por ciento de derechos de aprovechamiento sobre tierras de uso com�n.

    "En esa virtud, es claro que en la citada asamblea general de ejidatarios a esa persona se le acept� y reconoci� como integrante del n�cleo de poblaci�n ejidal.

    "Consecuentemente, esa acta es apta y suficiente para acreditar la calidad de ejidatario del extinto J.H.�ndez M., sin que sea necesaria su inscripci�n en el Registro Agrario Nacional y, con base en ella, se hubieren expedido los certificados correspondientes.

    "Lo anterior es as� pues, como se vio con anterioridad, el acta de asamblea es la constitutiva de la calidad de ejidatario del fallecido J.H.�ndez M., no las certificaciones expedidas por el Registro Agrario Nacional, las cuales, por cierto, deber�an tener como sustento esa acta de asamblea.

    En las condiciones se�aladas, el acto reclamado infringe en perjuicio de P.H.�ndez H.�ndez las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica consagradas en los art�culos 14 y 16 del Pacto Federal; por tanto, se impone revocar la sentencia revisada y conceder al quejoso la protecci�n constitucional solicitada, a efecto de que la autoridad responsable parta de la base de que est� comprobada la calidad de ejidatario del fallecido J.H.�ndez M. y, con libertad de jurisdicci�n, resuelva conforme a derecho la problem�tica sometida a su consideraci�n; para de esa manera restituir al quejoso en el pleno goce de las garant�as individuales violadas, como el art�culo 80 de la Ley de Amparo ordena.

    Por su parte, de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, en el amparo directo administrativo n�mero 186/2005, se observa:

  5. Que en escrito presentado ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, L.G.�n G.�lez demand� del ejido Huizopa, Municipio de Madera, Estado de C., la nulidad del acta de asamblea de delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales, celebrada el veinticuatro de junio de dos mil cuatro; y que se le reconociera la calidad de ejidataria, en base a la diversa acta de asamblea celebrada el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, a fin de que se le permitiera el acceso a las asambleas.

  6. En sentencia del quince de febrero de dos mil cuatro, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco declar� improcedente la acci�n de nulidad intentada, por considerar que la actora carec�a de legitimaci�n en la causa.

    Esa determinaci�n la sustent� en el hecho de que en el acta del cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres no se reconocieron a la actora los derechos ejidales que argument�, sino �nicamente una expectativa del derecho a ser reconocida como ejidataria, pero �ste no se materializ�, debido a que el reconocimiento estaba sujeto a que se realizaran los tr�mites ante el Registro Agrario Nacional o el Tribunal Unitario Agrario; pero al intentar inscribirla, el mencionado registro calific� el acta de irregular; y seg�n las testimoniales aportadas, el ejido pidi� que no valiera, ya que la secretar�a la devolvi� por tener cuatro nombres de m�s.

  7. En contra de dicha sentencia, L.G.�n G.�lez promovi� juicio de amparo directo, que se radic� bajo el n�mero 186/2005 en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, �rgano que en ejecutoria del doce de agosto de dos mil cinco neg� la protecci�n de la Justicia Federal, con base en los siguientes razonamientos:

    "SEXTO. Los conceptos de violaci�n formulados por la quejosa resultan infundados.

    "...

    "En efecto, no le asiste raz�n a la quejosa en tanto aduce que la sentencia reclamada transgrede el art�culo 189 de la Ley Agraria, puesto que contrario a su dicho no es verdad que la misma resulte incongruente, ello en atenci�n a que de la demanda del juicio agrario se advierte que la actora demand� la nulidad del acta de asamblea de delimitaci�n,destino y asignaci�n de tierras ejidales del ejido de Huizopa, Municipio de Madera, Estado de C., celebrada el veinticuatro de julio de dos mil cuatro, en relaci�n a la asignaci�n de los porcentajes sobre los derechos a las tierras de uso com�n, as� como de la lista de ejidatarios legalmente reconocidos y confirmados, donde la actora fue excluida; que se le reconociera la calidad de ejidataria con base en el acta de asamblea del cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres y, en consecuencia, se le asignara el porcentaje correspondiente de las tierras de uso com�n y se le permitiera el acceso a las asambleas del ejido y dem�s reuniones, conforme lo establece la ley; en relaci�n con las prestaciones reclamadas, la autoridad responsable determin� que las mismas resultaban improcedentes, exponiendo los motivos y circunstancias por las cuales resolvi� en tal sentido, citando adem�s los preceptos legales que consider� aplicables al caso concreto, de ah� que la sentencia reclamada no resulta incongruente, ni carente de fundamentaci�n y motivaci�n.

    "Resulta tambi�n infundado que la autoridad responsable no haya tomado en consideraci�n que en la segunda lista, de las que derivaron del acta de asamblea celebrada el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, como encabezado se se�al�: ?Lista de ejidatarios de nuevo ingreso al ejido Huizopa, M.. de M.E.. de C., aprobados por asamblea y que est�n solicitando los certificados de derechos agrarios? toda vez que si bien tal circunstancia no se hace constar expresamente en la sentencia reclamada, la verdad es que de la lectura de la misma se advierte que la autoridad responsable s� se percat� de tal cuesti�n, puesto que determin� que el reconocimiento de ejidataria se encontraba sujeto a que se realizaran los tr�mites ante el Registro Agrario Nacional o ante el tribunal agrario, lo que sin duda determin�, atendiendo, entre otras cosas, al encabezado de la lista donde se encuentra el nombre de la ahora quejosa, pues en el mismo se se�al� que se estaban solicitando los certificados de los derechos agrarios.

    "En otro aspecto, contrario a lo alegado por la quejosa, debe se�alarse que fue correcto que la autoridad responsable determinara que la actora en el juicio agrario no hab�a acreditado tener el car�cter de ejidataria con el cual dijo contar, puesto que si bien es cierto (sic) del acta de asamblea del cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres se advierte que la peticionaria del amparo se encuentra en una lista donde se mencionan a diversos ejidatarios, tambi�n es verdad que la adquisici�n de la titularidad de los derechos agrarios era una expectativa para la quejosa, puesto que como lo consider� la responsable, dicho reconocimiento no culmin�, toda vez que en la citada acta se precis� que los ejidatarios estaban solicitando los certificados de derechos agrarios, por lo cual debieron llevarse a cabo las gestiones necesarias para lograr tal prop�sito, sin que en autos obre constancia de ello, pues los integrantes del comisariado ejidal manifestaron, que cuando trataron de inscribir el acta referida, dicha inscripci�n se les neg� porque la misma carec�a de los requisitos legales para tal efecto, lo que ante la ausencia de datos que demuestren lo contrario lleva a concluir, que el acta no fue registrada y, en consecuencia, no se realizaron los tr�mites correspondientes para que la quejosa lograra obtener el documento necesario para demostrar que tiene el car�cter de ejidataria del ejido de Huizopa, Municipio de Madera, Estado de C..

    "Cabe se�alar, que resulta infundado que por encontrarse la quejosa en la lista en la que se hace menci�n a diversos ejidatarios, sea suficiente para tenerle como tal, puesto que no es verdad que la solicitud de los certificados de los derechos agrarios sea una cuesti�n meramente administrativa, toda vez que si bien conforme a lo dispuesto por el art�culo 23, fracci�n II, de la Ley Agraria, es competencia exclusiva de la asamblea la aceptaci�n de ejidatarios, no debe soslayarse que de acuerdo a lo dispuesto por el art�culo 16 de la citada legislaci�n, la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o con la sentencia o resoluci�n relativa del tribunal agrario; lo que pone de manifiesto que para demostrar el car�cter de ejidataria, resulta insuficiente el acta de asamblea en la cual se se�al� que la quejosa hab�a sido admitida como tal, m�xime que de la citada acta se advierte que respecto al tercer punto del orden del d�a se determin� lo siguiente: ?Por lo que se pas� as� al tercer punto. Para tratar lo relacionado sobre los derechos agrarios de acuerdo al art�culo 23, fracci�n II, de la Ley Agraria en vigor, en este punto se trataron los diecisiete derechos que se hab�an reconocido anteriormente en asambleas y hab�an sido reconocidos los derechos de estos ejidatarios por haber trabajado por m�s de cinco a�os consecutivos dentro del ejido. As� como tambi�n se trat� en el mismo punto se trataron (sic) los derechos 52 de diversos ejidatarios que se hab�an cedido sus derechos a hijos de ejidatarios y por sucesi�n los cuales fueron aceptados por asamblea, y pidieron a las autoridades ejidales para que se gestione ante el Registro Agrario Nacional, y ante el Tribunal Agrario de la Cd. de C., los certificados agrarios de los ejidatarios que en los enlistados que se anexaron a la presente acta y que conformaron el total de ejidatarios reconocidos como tales.?

    "De ah�, que de lo antes transcrito pueda concluirse, como lo hizo el Tribunal Unitario Agrario responsable, que del contenido del acta de asamblea se advierte la posibilidad de regularizar la calidad de ejidatarios de los nombrados en la lista que deriv� de la citada acta, entre los cuales se encuentra la ahora quejosa, mas no la calidad de ejidataria que afirma tener.

    "Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la tesis n�mero XX.10 A, visible en la p�gina 511 del Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Noventa �poca, que establece: ?EJIDATARIO. FORMAS DE ACREDITAR LA CALIDAD DE.? (se transcribe).

    "Bajo ese entorno, se estima correcta la valoraci�n que la responsable hizo respecto de la prueba testimonial desahogada por la actora, aqu� quejosa, a cargo de S.G.�n A. y de Rub�n Torres Rasc�n, porque si bien ambos testigos manifestaron tener conocimiento de que L.G.�n G.�lez fue reconocida como ejidataria, mediante asamblea del ejido Huizopa Municipio de Madera, Estado de C., que es respetada con calidad de ejidataria, asiste a las asambleas, trabaja terrenos del ejido y tiene algunas cabezas de ganado en dichos terrenos, tales manifestaciones no benefician a la quejosa en atenci�n a que, como lo estim� la responsable, ese medio de convicci�n no encuentra sustento en otras pruebas, toda vez que, como ya se precis�, el acta de asamblea de cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres resulta insuficiente para tener por demostrada la calidad de ejidataria que afirma tener la quejosa, pues ni aun adminiculando dicha documental con la testimonial de referencia se logra demostrar el extremo pretendido por la peticionaria del amparo, puesto que como ya se se�al� la calidad de ejidataria debe demostrarse en t�rminos del art�culo 16 de la Ley Agraria.

    "Por �ltimo, es de destacar que no agravia a la quejosa la valoraci�n que la autoridad responsable hizo, respecto de la prueba confesional desahogada a cargo de los integrantes del comisariado ejidal del ejido Huizopa, Municipio de Madera, Estado de C., ello en atenci�n a que, como lo consider� el magistrado responsable, dicho medio probatorio no beneficia a la quejosa, toda vez que en ning�n momento reconocieron que �sta tenga la calidad de ejidataria, por lo que en el caso, resulta irrelevante que, atendiendo al dicho de los absolventes, en el sentido de que la accionante tiene en posesi�n tierras de uso com�n porque su madre es ejidataria y por eso tiene acceso a dichas tierras, y que fue aceptada como ejidataria pero que posteriormente cedi� su derecho a su hijo, la autoridad responsable estimara que la actora no cuenta con derechos legalmente reconocidos y los que pretende son irregulares, toda vez que por lo ya expuesto, se estima correcto que el Magistrado responsable determinara que en el caso no se demostr� que la quejosa tenga la calidad de ejidataria.

    Por las consideraciones expuestas, la resoluci�n reclamada no resulta violatoria de garant�as, por lo que lo procedente es negar a la peticionaria del amparo la protecci�n de la Justicia Federal solicitada; sin que sea el caso de suplir la deficiencia de la queja en t�rminos del art�culo 76 bis, fracci�n III, de la Ley de Amparo.

CUARTO

A continuaci�n deber� determinarse la existencia o no, de la contradicci�n de criterios denunciada.

Para tal efecto, es de considerarse que en t�rminos de los art�culos 107, fracci�n XIII, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, trat�ndose de contradicci�n de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:

  1. Que al resolver los negocios jur�dicos se examinen cuestiones jur�dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jur�dicos discrepantes;

  2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jur�dicas de las sentencias respectivas; y,

  3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Tiene aplicaci�n al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001 establecida por el Tribunal Pleno, de rubro y datos de localizaci�n siguientes:

"CONTRADICCI�N DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (Novena �poca. Pleno. Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, p�gina 76).

En el caso, se actualizan los supuestos antes se�alados para la existencia de la contradicci�n de tesis de que se trata.

Lo anterior porque el examen de las ejecutorias transcritas pone de relieve que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre una cuesti�n jur�dica esencialmente igual, cuyas caracter�sticas de generalidad y abstracci�n pueden actualizarse en otros asuntos, ya que se ocupan de analizar la forma de acreditar el car�cter de ejidatario conforme a la Ley Agraria vigente en la actualidad.

Tambi�n se advierte que ambos Tribunales Colegiados adoptaron posiciones o criterios jur�dicos discrepantes, a pesar de que partieron de los mismos elementos; pues las ejecutorias de m�rito tienen como origen procedimientos jurisdiccionales agrarios, en los cuales se pretendi� acreditar la calidad de ejidatario, no con los certificados correspondientes, sino con el acta de asamblea de delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales, en la que, seg�n manifestaron los promoventes, se les reconocieron los derechos como ejidatarios, teniendo como caracter�stica com�n dichas actas, que no se hab�an inscrito en el Registro Agrario Nacional.

No obstante, ante situaciones similares, los Tribunales Colegiados procedieron de manera diversa.

Efectivamente, el Tribunal Colegiado del Vig�simo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisi�n 233/2006, consider� indebido que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario diera por concluido el procedimiento de jurisdicci�n voluntaria promovido por el quejoso, por no acreditar que el de cujus ten�a el car�cter de ejidatario, pues se�al�, que si bien los certificados de derechos agrarios exhibidos por el quejoso proven�an de una asamblea declarada nula, esos derechos se le reconocieron al autor de la sucesi�n en la asamblea celebrada en fecha posterior; y el acta correspondiente a esta �ltima asamblea era el medio probatorio id�neo para acreditar los derechos y obligaciones en �l consignados, aun cuando no se hubiera inscrito en el Registro Agrario Nacional, pues las inscripciones en dicha instituci�n s�lo tienen efectos declarativos para dar publicidad a los actos jur�dicos en �l inscribibles, pero no constituyen los derechos, ya que �stos provienen del acto jur�dico inscrito.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, al resolver el amparo directo 186/2005 consider� que conforme a lo dispuesto por el art�culo 16 de la Ley Agraria, la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedidos por la autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o con la sentencia o resoluci�n relativa del tribunal agrario; por tanto, para demostrar la quejosa el car�cter de ejidataria, resultaba insuficiente el acta de asamblea donde se le hab�a admitido como tal, ya que el Registro Agrario Nacional no la inscribi�, por no cumplir con los requisitos legales.

En esos t�rminos, la materia de la contradicci�n de tesis consiste en determinar:

Si el car�cter de ejidatario solamente se acredita con los certificados a que se refiere el art�culo 16 de la Ley Agraria o puede demostrarse con el acta de asamblea de delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales donde se le reconoci� ese car�cter, aun cuando dicho documento no se haya inscrito en el Registro Agrario Nacional.

QUINTO

Para resolver esa contradicci�n de criterios conviene recordar que, trat�ndose de los ejidos, la nueva Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintis�is de febrero de mil novecientos noventa y dos, reconoce derechos, tanto a los ejidatarios, como a los avecindados del n�cleo de poblaci�n, cuyas calidades se encuentran definidas en los art�culos 12 y 13 del citado ordenamiento, que establecen:

"Art�culo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales."

Art�culo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un a�o o m�s en las tierras del n�cleo de poblaci�n ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.

Para poder adquirir la calidad de ejidatario, el art�culo 15 exige como requisitos:

? Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

? Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.

Los derechos de los ejidatarios se prev�n de manera general en el art�culo 14, donde se les otorga el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les conceda sobre las dem�s tierras ejidales (de uso com�n y en la zona de urbanizaci�n) y los dem�s que legalmente les correspondan.

Ahora bien, como uno de los objetivos de la legislaci�n agraria vigente fue otorgar seguridad jur�dica en la tenencia de la tierra, el legislador busc� garantizar la definitividad de los derechos de los ejidatarios sobre ella, estableciendo, entre otros, los siguientes lineamientos:

En t�rminos del art�culo 44 de la Ley Agraria, las tierras ejidales, se dividen por su destino, en:

  1. Tierras para el asentamiento humano;

  2. Tierras de uso com�n; y,

  3. Tierras parceladas.

Las tierras para el asentamiento humano se encuentran reguladas por los art�culos del 66 al 72 de la citada ley, donde se establece que las mismas est�n compuestas por los terrenos en que se ubique la zona de urbanizaci�n; y que en esas tierras se deben localizar los solares, que ser�n de propiedad plena de sus titulares.

De igual manera establecen dichos numerales, que la asignaci�n de solares a los ejidatarios debe hacerse en presencia de un representante de la Procuradur�a Agraria y de acuerdo con el plano aprobado por la asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional, debi�ndose inscribir el acta de asignaci�n en este �ltimo organismo, el cual deber� expedir los certificados de cada solar, constituyendo dichos certificados los t�tulos oficiales correspondientes.

En cuanto a la propiedad de los mencionados solares, el art�culo 69 establece que �sta se acreditar� con el mencionado certificado; que los actos jur�dicos subsecuentes ser�n regulados por el derecho com�n y que para tales efectos, los t�tulos se deben inscribir en el Registro P�blico de la Propiedad de la entidad correspondiente.

Por lo que se refiere a las tierras ejidales de uso com�n, los numerales 73 al 75 de la propia ley disponen:

Que dichas tierras est�n conformadas por aquellas que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del n�cleo de poblaci�n, ni sean tierras parceladas.

Que la propiedad de las tierras de uso com�n es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo que la asamblea determine aportarlas a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios.

Que los derechos sobre las tierras de uso com�n se presumir�n concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignaci�n de proporciones distintas, en raz�n de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.

Y que el reglamento interno regular� el uso, aprovechamiento, acceso y conservaci�n de las tierras de uso com�n del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y avecindados, respecto de ellas.

De igual manera se�ala que los derechos sobre las tierras de uso com�n, se acreditan con el certificado correspondiente (art�culo 74).

En cuanto a las tierras parceladas, cuyo aprovechamiento, uso y usufructo corresponden a los ejidatarios, se establece que en ning�n caso la asamblea ni el comisariado ejidal podr�n usar, disponer o determinar la explotaci�n colectiva de ellas sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares.

Asimismo, el art�culo 78 se�ala que los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditar�n con los correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentar�n los datos b�sicos de identificaci�n de la parcela; que dichos certificados parcelarios ser�n expedidos de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 56 de la ley; y que, en su defecto, la resoluci�n correspondiente del tribunal agrario har� las veces de dicho certificado.

Entre las disposiciones que pretenden dar seguridad jur�dica a la tenencia de las tierras ejidales se encuentra tambi�n el art�culo 20 de la Ley Agraria, donde se establecen como causas por las que se puede perder el car�cter de ejidatario:

  1. La cesi�n legal de sus derechos parcelarios y comunes;

  2. La renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entender�n cedidos en favor del n�cleo de poblaci�n; y,

  3. La prescripci�n negativa, cuando otra persona adquiera sus derechos parcelarios y comunes en los t�rminos del art�culo 48 de ese ordenamiento.

    Ahora bien, considerando que la contradicci�n de tesis radica en determinar la manera en que los integrantes del n�cleo de poblaci�n ejidal pueden acreditar el car�cter de ejidatarios, resulta imprescindible recordar que el art�culo 16 de la Ley Agraria establece:

    "Art�culo 16. La calidad de ejidatario se acredita:

    "I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente;

    "II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o

    III. Con la sentencia o resoluci�n relativa del tribunal agrario.

    Para establecer si tales medios de convicci�n son los �nicos que demuestran la calidad de ejidatario, o si tambi�n puede acreditarse con el acta de la asamblea donde se leshaya reconocido ese car�cter, conviene recordar que de acuerdo con la Ley Agraria que se analiza, la organizaci�n interna de los ejidos recae en la asamblea general de ejidatarios, el comisariado y el consejo de vigilancia, no concebidos ya como autoridades, sino como �rganos de representaci�n y ejecuci�n, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes.

    De esos �rganos, la asamblea general, compuesta por todos los ejidatarios del n�cleo de poblaci�n, es el �rgano supremo del ejido, que tiene las siguientes facultades previstas en el art�culo 23 de la Ley Agraria:

    "Art�culo 23. La asamblea se reunir� por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando as� lo determine su reglamento o su costumbre. Ser�n de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

    "I.F.�n y modificaci�n del reglamento interno del ejido;

    "II. Aceptaci�n y separaci�n de ejidatarios, as� como sus aportaciones;

    "III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, as� como la elecci�n y remoci�n de sus miembros;

    "IV. Cuentas o balances, aplicaci�n de los recursos econ�micos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

    "V. Aprobaci�n de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso com�n;

    "VI. D.�n de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

    "VII. Se�alamiento y delimitaci�n de las �reas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino espec�fico, as� como la localizaci�n y relocalizaci�n del �rea de urbanizaci�n;

    "VIII. Reconocimiento del parcelamiento econ�mico o de hecho y regularizaci�n de tenencia de posesionarios;

    "IX. A.�n a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportaci�n de las tierras de uso com�n a una sociedad, en los t�rminos del art�culo 75 de esta ley;

    "X.D.�n, asignaci�n y destino de las tierras de uso com�n, as� como su r�gimen de explotaci�n;

    "XI. D.�n del ejido o su fusi�n con otros ejidos;

    "XII. T.�n del r�gimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuradur�a Agraria solicitado por el n�cleo de poblaci�n, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

    "XIII. C.�n del r�gimen ejidal al r�gimen comunal;

    "XIV. I.�n, modificaci�n y cancelaci�n del r�gimen de explotaci�n colectiva; y

    XV. Los dem�s que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

    Puede observarse del precepto transcrito, que a la asamblea general de ejidatarios le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el n�cleo de poblaci�n, entre las cuales se encuentran:

    ? La aceptaci�n o separaci�n de los ejidatarios;

    ? La delimitaci�n y destino de las tierras ejidales;

    ? La autorizaci�n a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas;

    ? La aportaci�n de las tierras de uso com�n a una sociedad;

    ? El r�gimen de explotaci�n de las tierras de uso com�n;

    ? La divisi�n del ejido o su fusi�n con otros;

    ? La terminaci�n del r�gimen ejidal cuando ya no existen las condiciones para su permanencia;

    ? La conversi�n del r�gimen ejidal al r�gimen comunal; y,

    ? La instauraci�n, modificaci�n y cancelaci�n del r�gimen de explotaci�n colectiva.

    Como en el caso, la cuesti�n radica en determinar si el acta correspondiente a una asamblea de delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales es apta para acreditar la calidad de ejidatario, es necesario rese�ar los alcances de ese acto y la mec�nica de su celebraci�n:

    La delimitaci�n de esas tierras ejidales y la determinaci�n de su destino se realizan conforme a las disposiciones contenidas en la secci�n tercera del cap�tulo II de la Ley Agraria, donde se ubican los art�culos del 56 al 62, que establecen:

    "Art�culo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los art�culos 24 a 28 y 31 de esta ley, podr� determinar el destino de las tierras que no est�n formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de �stas, reconocer el parcelamiento econ�mico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podr� destinarlas al asentamiento humano, al uso com�n o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, proceder� como sigue:

    "I. Si lo considera conveniente, reservar� las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitar� las tierras de uso com�n del ejido;

    "II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o est�n vacantes, podr� asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y

    "III. Los derechos sobre las tierras de uso com�n se presumir�n concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignaci�n de proporciones distintas, en raz�n de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.

    "En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitir� las normas t�cnicas que deber� seguir la asamblea al realizar la delimitaci�n de las tierras al interior del ejido y prover� (sic) a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El registro certificar� el plano interno del ejido, y con base en �ste, expedir� los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, seg�n sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deber�n inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional."

    "Art�culo 57. Para proceder a la asignaci�n de derechos sobre tierras a que se refiere la fracci�n III del art�culo anterior, la asamblea se apegar�, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

    "I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

    "II. Ejidatarios y avecindados del n�cleo de poblaci�n cuya dedicaci�n y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversi�n las tierras de que se trate;

    "III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos a�os o m�s; y

    "IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

    "Cuando as� lo decida la asamblea, la asignaci�n de tierras podr� hacerse por resoluci�n de la propia asamblea, a cambio de una contraprestaci�n que se destine al beneficio del n�cleo de poblaci�n ejidal."

    "Art�culo 58. La asignaci�n de parcelas por la asamblea, se har� siempre con base en la superficie identificada en el plano general del ejido y, cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelaci�n establecido en el art�culo anterior, la har� por sorteo. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deber� asistir un fedatario o un representante de la Procuradur�a Agraria que certifique el acta correspondiente."

    "Art�culo 59. Ser� nula de pleno derecho la asignaci�n de parcelas en bosques o selvas tropicales."

    "Art�culo 60. La cesi�n de los derechos sobre tierras de uso com�n por un ejidatario, a menos que tambi�n haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que este pierda su calidad como tal, sino s�lo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes."

    "Art�culo 61. La asignaci�n de tierras por la asamblea podr� ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a trav�s de la Procuradur�a Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignaci�n y que constituyan un veinte por ciento o m�s del total de los ejidatarios del n�cleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del procurador se presuma que la asignaci�n se realiz� con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden p�blico, en cuyo caso el tribunal dictar� las medidas necesarias para lograr la conciliaci�n de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignaci�n de tierras podr�n acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamaci�n, sin que ello pueda implicar la invalidaci�n de la asignaci�n de las dem�s tierras.

    "La asignaci�n de tierras que no haya sido impugnada en un t�rmino de noventa d�as naturales posteriores a la resoluci�n correspondiente de la asamblea ser� firme y definitiva."

    "Art�culo 62. A partir de la asignaci�n de parcelas, corresponder�n a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los t�rminos de esta ley.

    Cuando la asignaci�n se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumir�, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y ser�n ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resoluci�n de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el C�digo Civil para el Distrito Federal en Materia Com�n y para toda la Rep�blica en Materia Federal.

    De la lectura de los art�culos 56 al 62 de la Ley Agraria se deduce que en ellos se conceden a la asamblea, las facultades de determinar el destino de las tierras ejidales que no est�n parceladas o efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento econ�mico, o aun regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de su certificado; estableci�ndose el procedimiento para la asignaci�n de los derechos correspondientes, as� como el orden de preferencia que habr� de seguirse para ello.

    Tambi�n se observa que, dada la trascendencia de ese tipo de asambleas, la Ley Agraria otorga al Registro Agrario Nacional una amplia participaci�n en el procedimiento para la asignaci�n de tierras ejidales, tanto para la expedici�n de los planos generales de los ejidos, como para la celebraci�n misma de las asambleas que tengan ese fin, pues se le encomienda la emisi�n de las normas t�cnicas que deber�n seguir los �rganos del ejido al realizar la delimitaci�n de las tierras ejidales, adem�s de otorgar el auxilio que le soliciten para tal efecto.

    Asimismo, se imponen al Registro Agrario Nacional las siguientes obligaciones:

    ? Certificar el plano interno del ejido.

    ? Expedir, con base en dicho plano, los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, seg�n sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe.

    ? Inscribir dichos certificados en el propio Registro Agrario Nacional.

    De igual manera se advierte del art�culo 56 de la Ley Agraria, que cuando las asambleas tengan como prop�sito la delimitaci�n y destino de las tierras ejidales deben cumplir con los requisitos a que se refieren los numerales 24 a 28 y 31 del mismo ordenamiento, que disponen:

    "Art�culo 24. La asamblea podr� ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si as� lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el n�cleo de poblaci�n ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco d�as h�biles a partir de la solicitud, el mismo n�mero de ejidatarios podr� solicitar a la Procuradur�a Agraria que convoque a la asamblea."

    "Art�culo 25. La asamblea deber� celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deber� expedirse convocatoria con no menos de ocho d�as de anticipaci�n ni m�s de quince, por medio de c�dulas fijadas en los lugares m�s visibles del ejido. En la c�dula se expresar�n los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reuni�n. El comisariado ejidal ser� responsable de la permanencia de dichas c�dulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el d�a de la celebraci�n de la asamblea.

    "La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos se�alados en las fracciones VII a XIV del art�culo 23 de esta ley, deber� ser expedida por lo menos con un mes de anticipaci�n a la fecha programada para la celebraci�n de la asamblea.

    "Si el d�a se�alado para la asamblea no se cumplieran las mayor�as de asistencia requeridas para su validez, se expedir� de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrar� en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta d�as contados a partir de la expedici�n de la segunda convocatoria."

    "Art�culo 26. Para la instalaci�n v�lida de la asamblea, cuando �sta se re�na por virtud de primera convocatoria, deber�n estar presentes cuando menos la mitad m�s uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos se�alados en las fracciones VII a XIV del art�culo 23, en cuyo caso deber�n estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.

    "Cuando se re�na por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrar� v�lidamente cualquiera que sea el n�mero de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos se�alados en las fracciones VII a XIV del art�culo 23, la que quedar� instalada �nicamente cuando se re�na la mitad m�s uno de los ejidatarios."

    "Art�culo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomar�n v�lidamente por mayor�a de votos de los ejidatarios presentes y ser�n obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el presidente del comisariado ejidal tendr� voto de calidad.

    "Cuando se trate alguno de los asuntos se�alados en las fracciones VII a XIV del art�culo 23 de esta ley, se requerir� el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea."

    "Art�culo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del art�culo 23 de esta ley, deber� estar presente un representante de la Procuradur�a Agraria, as� como un fedatario p�blico. Al efecto, quien expida la convocatoria deber� notificar a la procuradur�a sobre la celebraci�n de la asamblea, con la misma anticipaci�n requerida para la expedici�n de aqu�lla y deber� proveer lo necesario para que asista el fedatario p�blico. La procuradur�a verificar� que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este art�culo, se haya hecho con la anticipaci�n y formalidades que se�ala el art�culo 25 de esta ley.

    "Ser�n nulas las asambleas que se re�nan en contravenci�n de lo dispuesto por este art�culo."

    "Art�culo 31. De toda asamblea se levantar� el acta correspondiente, que ser� firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, as� como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimir� su huella digital debajo de donde est� escrito su nombre.

    "Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podr� firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.

    Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del art�culo 23 de esta ley, el acta deber� ser pasada ante la fe del fedatario p�blico y firmada por el representante de la Procuradur�a Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional.

    Los numerales antes reproducidos contienen las disposiciones conforme a las cuales han de desarrollarse las asambleas en un n�cleo de poblaci�n, advirti�ndose que en relaci�n con aquellas que tienen como finalidad tratar los asuntos previstos en las fracciones VII a XIV del art�culo 23, las reglas para su realizaci�n son especiales.

    En efecto, el art�culo 24 de la Ley Agraria dispone para la realizaci�n de toda asamblea general de ejidatarios, que �sta sea convocada por el comisariado o el consejo de vigilancia por iniciativa propia o a solicitud de la Procuradur�a Agraria, en caso de que hayan pedido su realizaci�n veinte ejidatarios o el veinte por ciento de la totalidad de los miembros del ejido a aquellos �rganos y no la hubieren realizado dentro de los siguientes cinco d�as h�biles.

    Pero en caso de que la asamblea tenga como objeto tratar los asuntos previstos en las fracciones VII a XIV del art�culo 23, esto es: la delimitaci�n y destino de las tierras ejidales; la autorizaci�n a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas; la aportaci�n de las tierras de uso com�n a una sociedad; el r�gimen de explotaci�n de las tierras de uso com�n; la divisi�n del ejido o su fusi�n con otros; la terminaci�n del r�gimen ejidal cuando ya no existen las condiciones para su permanencia; la conversi�n del r�gimen ejidal al r�gimen comunal; o bien, la instauraci�n, modificaci�n y cancelaci�n del r�gimen de explotaci�n colectiva, los art�culos 25 a 31 de dicho ordenamiento contienen requisitos espec�ficos para su validez.

    As�, cuando la asamblea tenga como fin tratar esos temas, se deber� llevar a cabo de la siguiente manera:

  4. La convocatoria deber� haberse expedido, por lo menos, con un mes de anticipaci�n.

  5. Para la instalaci�n v�lida de la asamblea, trat�ndose de la primera convocatoria, deber�n estar presentes cuando menos, las tres cuartas partes de los ejidatarios; y en caso de que se celebre en virtud de la segunda convocatoria, quedar� instalada �nicamente cuando se re�na la mitad m�s uno de los ejidatarios que integran el n�cleo de poblaci�n.

  6. En los casos que se analizan, las resoluciones de la asamblea se tomar�n v�lidamente, por el voto de las dos terceras partes de los asistentes.

  7. Deber�n estar presentes, un representante de la Procuradur�a Agraria, quien verificar� que la convocatoria que se haya expedido para tratar los referidos asuntos y se realice con la anticipaci�n y formalidades antes se�aladas; de igual manera deber� estar presente un fedatario p�blico. Requisitos sin los cuales las asambleas ser�n nulas, por disposici�n expresa del art�culo 28.

  8. El acta de asamblea debe pasarse ante la fe de un fedatario p�blico e inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

    Sobre este �ltimo organismo, cabe se�alar que su funcionamiento se encuentra regulado en el t�tulo octavo de la Ley Agraria, integrado por los siguientes preceptos:

    "T�tulo octavo

    "Del Registro Agrario Nacional

    "Art�culo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicaci�n de esta ley funcionar� el Registro Agrario Nacional, como �rgano desconcentrado de la Secretar�a de la Reforma Agraria, en el que se inscribir�n los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendr� adem�s una secci�n especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades."

    "Art�culo 149. Para efectos de lo dispuesto en la fracci�n XVII del art�culo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestar� la asistencia t�cnica necesaria y se coordinar� estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estad�stica, G.�a e Inform�tica."

    "Art�culo 150. Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, har�n prueba plena en juicio y fuera de �l.

    "Cuando los actos a que esta ley se refiere deban inscribirse en el registro y no se inscriban, s�lo surtir�n efectos entre los otorgantes pero no podr�n producir perjuicio a terceros, quienes s� podr�n aprovecharlos en lo que les fueren favorables."

    "Art�culo 151. El Registro Agrario Nacional ser� p�blico y cualquier persona podr� obtener informaci�n sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite."

    "Art�culo 152. Deber�n inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

    "I.Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

    "II. Los certificados o t�tulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso com�n y parcelas de ejidatarios o comuneros;

    "III. Los t�tulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los t�tulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;

    "IV. Los planos y delimitaci�n de las tierras a que se refiere el art�culo 56 de esta ley;

    "V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

    "VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los t�rminos del t�tulo sexto de esta ley;

    "VII. Los decretos de expropiaci�n de bienes ejidales o comunales; y

    VIII. Los dem�s actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.

    Al tenor de las premisas anteriores, cabe concluir que en principio, de acuerdo a lo establecido en el art�culo 16, en relaci�n con el 150 de la Ley Agraria, el car�cter de ejidatario se acredita con la sentencia o resoluci�n respectiva del tribunal agrario o bien, con los certificados de derechos agrarios, parcelarios o comunes, por ser �stos los documentos id�neos para demostrar plenamente, que la asamblea del ejido le reconoci� u otorg� a su titular, la propiedad en tierras de asentamiento humano, as� como los derechos sobre las tierras de uso com�n o parceladas, en t�rminos de los art�culos 69, 74 y 78 de la propia ley.

    Sin embargo, en aquellos casos en que no se cuente con dichos certificados, sea porque no se hayan expedido o por cualquier otra circunstancia que impida a su titular presentarlos a una persona ajena al n�cleo de poblaci�n, el car�cter de ejidatario tambi�n es susceptible de acreditarse con el acta de asamblea de delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales, siempre y cuando se demuestre que �sta se realiz� de acuerdo a las reglas especiales que establecen los art�culos del 24 al 28 y 31 de la Ley Agraria, en cuanto a:

  9. La anticipaci�n de la convocatoria;

  10. La asistencia de ejidatarios requerida para su celebraci�n;

  11. Los votos necesarios para las resoluciones que ah� se tomen;

  12. La presencia del representante de la Procuradur�a Agraria;

  13. La presencia de un fedatario p�blico, ante quien debe pasarse el acta;

  14. La inscripci�n del acta en el Registro Agrario Nacional.

    Requisitos sin los cuales el acta de asamblea resultar� insuficiente por s� sola, para demostrar el car�cter de ejidatario, pues si bien el art�culo 62 de la Ley Agraria establece que corresponder� a los ejidatarios beneficiados, los derechos de uso y usufructo a partir de la asignaci�n de parcelas; conforme al art�culo 150 del mismo ordenamiento, esos derechos solamente se pueden hacer valer ante los �rganos del ejido, mas no frente a terceros.

    En consecuencia, para que un acta de asamblea de delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales pueda acreditar plenamente ante personas ajenas al n�cleo de poblaci�n, el car�cter de ejidatario, debe cumplir con los anteriores requisitos, incluyendo el haberse efectuado la asignaci�n de tierras ejidales en presencia de un representante de la Procuradur�a Agraria y un fedatario p�blico, adem�s de haber sido inscrita en el Registro Agrario Nacional, requisito este �ltimo que en la especie no constituye una mera formalidad, sino un requisito indispensable para demostrar que la asamblea efectu� la asignaci�n de tierras, siguiendo las normas t�cnicas que emiti� dicho organismo para su delimitaci�n y conforme al plano interno del ejido, que tambi�n debe certificar; dando con ello la certeza y seguridad jur�dica en la tenencia de la tierra que pretendi� garantizar el legislador a trav�s de la definitividad de los derechos de los ejidatarios sobre ella.

    En esos t�rminos, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que debe regir con el car�cter de jurisprudencia, la tesis de rubro y texto, siguientes:

    EJIDATARIOS. PARA ACREDITAR ESE CAR�CTER CON EL ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACI�N, DESTINO Y ASIGNACI�N DE TIERRAS EJIDALES, �STA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ART�CULOS DEL 24 AL 28 Y 31 DE LA LEY AGRARIA.-Conforme al art�culo 16, en relaci�n con el 150 del citado ordenamiento, el car�cter de ejidatario se acredita con la sentencia o resoluci�n respectiva del tribunal agrario, o bien, con los certificados de derechos agrarios, parcelarios o comunes, por ser �stos los documentos id�neos para demostrar plenamente que la asamblea del ejido reconoci� u otorg� a su titular la propiedad de tierras de asentamiento humano, as� como los derechos sobre las tierras de uso com�n o parceladas, en t�rminos de los art�culos 69, 74 y 78 de la Ley Agraria. Sin embargo, en caso de no contar con dichos certificados, porque no se hayan expedido o por cualquier otra circunstancia que impida a su titular presentarlos a una persona ajena al n�cleo de poblaci�n, el car�cter de ejidatario tambi�n puede acreditarse con el acta de asamblea de delimitaci�n, destino y asignaci�n de tierras ejidales, siempre y cuando se demuestre que �sta se realiz� de acuerdo a las reglas especiales que establecen los art�culos del 24 al 28 y 31 de la indicada ley, en cuanto a: 1) La anticipaci�n de la expedici�n de la convocatoria; 2) La asistencia de ejidatarios requerida para su celebraci�n; 3) Los votos necesarios para la validez de las resoluciones tomadas; 4) La presencia del representante de la Procuradur�a Agraria; 5) La concurrencia de un fedatario p�blico ante quien debe pasarse el acta; y 6) La inscripci�n del acta en el Registro Agrario Nacional; requisitos sin los cuales esa acta, por s� sola, resultar� insuficiente para demostrar el car�cter de ejidatario, pues si bien es cierto que el art�culo 62 de la Ley Agraria establece que corresponder�n a los beneficiados los derechos de uso y usufructo a partir de la asignaci�n de parcelas, tambi�n lo es que �stos pueden hacerse valer solamente ante los �rganos del ejido, mas no frente a terceros, conforme al art�culo 150 de la misma ley.

    Por lo expuesto y fundado se

    resuelve:

PRIMERO

Existe contradicci�n de tesis entre los criterios que sostuvieron el Tribunal Colegiado del Vig�simo Quinto Circuito en el amparo en revisi�n 233/2006, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del D�cimo S�ptimo Circuito, en el amparo directo 186/2005.

SEGUNDO

Debe prevalecer, con car�cter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del �ltimo considerando.

TERCERO

Rem�tase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta en el presente fallo, a la Direcci�n General de la Coordinaci�n de Compilaci�n y S.�n de Tesis para su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como a la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto en el art�culo 195 de la Ley de Amparo.

N.�quese; con testimonio de la presente resoluci�n a los Tribunales Colegiados contendientes, y en su oportunidad, arch�vese el toca.

As� lo resolvi� la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores Ministros: M.A.G.�itr�n, G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., J.F.F.G.S. y Ministra presidenta M.B.L.R..

Fue ponente el se�or Ministro G.D.G.�ngora P..