Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 26823106

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

Emisor:Segunda Sala
Localizacion:GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2006
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2004. MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA, ESTADO DE GUERRERO.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE AL RESOLVERLA SE PRECISEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE RESARZA AL MUNICIPIO ACTOR POR LOS DAÑOS SUFRIDOS CON MOTIVO DE UNA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES NO VULNERA LA PROHIBICIÓN DE QUE LAS SENTENCIAS QUE EN ESTE TIPO DE JUICIOS SE DICTEN TENGAN EFECTOS RETROACTIVOS, PUES AL NO ESTARSE EN EL CASO DE DECLARAR LA INVALIDEZ DE NORMAS, DEBE APLICARSE LA REGLA GENERAL CONTENIDA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 88/2004. MUNICIPIO DE JOS� AZUETA, ESTADO DE GUERRERO.

MINISTRO PONENTE: G.I.O.M..

SECRETARIA: MARA G�MEZ P�REZ.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a diecisiete de febrero de dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el trece de septiembre de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, J.�n G.R., quien se ostent� como s�ndico procurador del Municipio de J.A., Estado de G., en representaci�n del propio Municipio, promovi� controversia constitucional en la que demand� la invalidez de los actos que m�s adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:

"Autoridades demandadas. Gobernador, S.�a y S.�a de Finanzas y Administraci�n y director general de la Tesorer�a, todas del Gobierno del Estado de G..

"Actos cuya invalidez se demanda.

I. El acuerdo emitido por el subsecretario de ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., contemplado en el oficio n�mero 1754, de fecha 8 de julio del presente a�o, remitido al presidente municipal del Municipio de J.A., G., es violatorio de los art�culos 11, 18, fracci�n II y 22, fracciones III, IV, V, XV y XVI, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Gobierno del Estado de G. n�mero 433, en relaci�n con los art�culos 18 y 19 del C�digo F. del Estado de G., desde el momento en que dichos dispositivos legales, no imponen ni pueden imponer al Municipio de J.A., G., obligaci�n alguna de enterar al Estado la contribuci�n que se exige, por ser leyes que s�lo tienen aplicabilidad en el �mbito estatal ... . II. Se violan los art�culos 1o.F, 1o., 2o. y 3o. de la Ley de Hacienda M.; art�culos 93, 101 y 102 de la Ley de Ingresos para el Municipio de J.A., Gro., por su falta absoluta de aplicaci�n para el presente a�o fiscal, toda vez que de mutuo propio (sic) el subsecretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado, est� afectando al Ayuntamiento Constitucional del multicitado Municipio, con la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), cuando el legislador del Estado de G. en la exposici�n de motivos para aprobar la Ley de Ingresos para el Municipio de J.A., Gro., precisa entre otras cosas, que el Municipio cuenta con el instrumento jur�dico-fiscal, que le permite recabar los ingresos suficientes para atender las necesidades o demandas de sus gobernados ... Se violan los art�culos 101 y 102 de la Ley de Ingresos, como ya se puntualiz�, por su falta absoluta de aplicaci�n en el acuerdo del subsecretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., en virtud de que la autoridad fiscal mencionada, por conducto de la C.P. E.V.J., en el recibo oficial n�mero B-1005089, de fecha 26 de julio del a�o en curso, por concepto de pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, hace un descuento por las participaciones federales, correspondientes al mes de julio del presente a�o, que le corresponden al M.J.A., G., conceptualizado de la siguiente manera: 15% de contribuci�n estatal, arrojando la cantidad de $941,105.32 (novecientos cuarenta y un mil ciento cinco pesos 32/100 M.N.); recargos: $26,586.49 (veintis�is mil quinientos ochenta y seis pesos 49/100 M.N.); multas: $56,466.32 (cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 32/100 M.N.) y gastos de requerimiento: $18,822.11 (dieciocho mil ochocientos veintid�s pesos 11/100 M.N.), haciendo un total de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), cuando dichas disposiciones legales no imponen al Municipio de J.A., Gro., ninguna obligaci�n de enterar al Estado la cantidad de dinero que se ha se�alado ...

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes, los siguientes:

"1. Con fecha 13 de julio del a�o en curso el Presidente M. Constitucional del Municipio de J.A., Gro., recibi� el oficio n�mero 1754, de fecha 08 de julio del presente a�o, firmado por el contador p�blico F�lix A.G.S., subsecretario de Ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., solicit�ndole: ?Por este conducto hago de su conocimiento que dentro de las responsabilidades de esta S.�a de Ingresos, se encuentra la de llevar a cabo el an�lisis a la informaci�n que los Municipios de la entidad deben proporcionar a la S.�a de Finanzas y Administraci�n, respecto a impuestos, derechos y participaciones federales que recauden a favor del Gobierno Estatal como son la contribuci�n estatal, derechos por servicios de registro civil, impuestos por autoridades administrativas federales no fiscales, etc�tera. Una vez realizado el mencionado an�lisis, se detect� que a la fecha ese Ayuntamiento no ha proporcionado en forma total la informaci�n correspondiente al periodo comprendido del primero de marzo al 30 de junio de 2004, ni realizado enteros correspondientes en el t�rmino que para el efecto establecen los ordenamientos legales que regulan la recaudaci�n y el entero de los ingresos ordenados estatales y federales. En virtud de lo anterior, y para estar en posibilidades de llevar a cabo la determinaci�n del cr�dito fiscal del Municipio que dignamente representa, se ha comisionado personal de esta S.�a de Ingresos, para que con el apoyo de la Tesorer�a M. que usted tenga a bien designar, lleven a cabo dicha labor por lo que en ejercicio de las facultades que me confieren los art�culos 11, 18, fracci�n III y 22, fracciones III, IV, V, XV y XVI, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de G. n�mero 433, en relaci�n con los numerales 19 del C�digo F. del Estado; 2o., 7o., fracci�n I y VII-A, fracciones II, IV y XIIIX (sic) del Reglamento Interno de la S.�a de Finanzas y Administraci�n, amablemente le solicito brinde apoyo necesario al C.M.H.M., auditor fiscal, quien ha sido designado notificador-ejecutor para que en su caso siguiendo el procedimiento administrativo de ejecuci�n fiscal, poniendo a disposici�n del citado (sic) la informaci�n documentada de los ingresos municipales correspondientes al periodo se�alado y en su caso los comprobantes de los correspondientes ...?

"2. Con fecha 26 de julio del a�o que se viene citando, la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., expidi� el recibo oficial n�mero B-1005089, por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos que al parecer deben corresponder al 15% de contribuci�n estatal, desglosado de la siguiente manera: 15% de contribuci�n estatal: $941,105.32 (novecientos cuarenta y un mil ciento cinco pesos 32/100 M.N.), recargos: $26,586.49 (veintis�is mil quinientos ochenta y seis pesos 49/100 M.N.), multas: $56,466.32 (cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 32/100 M.N.) y gastos de requerimiento: $18,822.11 (dieciocho mil ochocientos veintid�s pesos 11/100 M.N.), a cargo del Ayuntamiento Constitucional de J.A., G., formulado por el MF. C.E.V.J.�nez.

"3. Atento al oficio n�mero 1754 de fecha 8 de julio, girado al Presidente M. Constitucional y suscrito por el subsecretario de la S.�a de Finanzas y Administraci�n de Gobierno del Estado de G., la C.P. G.S.G.�o, tesorera del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de J.A., G., gir� el oficio n�mero TM/692/2004, en el que acusa su inconformidad por la informaci�n solicitada por la autoridad estatal a que se ha hecho m�rito, que adem�s determina la presencia de un auditor fiscal en su car�cter de notificador ejecutor, para dar seguimiento al procedimiento administrativo de ejecuci�n fiscal, a fin de poner a su disposici�n los documentos de los egresos municipales correspondientes al periodo del primero de marzo al 30 de junio del a�o en curso y, en su caso, los comprobantes correspondientes, fundamentando su acuerdo en los art�culos 11, 18, fracci�n III y 22, fracciones III, IV, V, XV y XVI, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de G., n�mero 433, en relaci�n con los numerales 18 y 19 del C�digo F. en el Estado de G.; 2o., 7o., fracciones I, II, V y XVIII, del Reglamento Interno de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G..

"4. El d�a 18 de marzo del a�o 2003, la C.P. G.S.G.�o, tesorera municipal del H. Ayuntamiento Constitucional que represento, gir� el oficio n�mero TM/169/2003, al C.P. F�lix A.G.S., subsecretario de ingresos del Gobierno del Estado de G., mediante el cual se solicitaba el sustento legal respecto al entero de la contribuci�n estatal, en virtud de que en la Ley M. de Ingresos para el ejercicio fiscal del a�o 2003, no est� contemplado el pago de dicho entero.

5. Atento al oficio de la servidora p�blica municipal de referencia, el C.P. H�ctor D.F.�ndez P., director general de Recaudaci�n de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., le refiere en su oficio n�mero SS/DGR, a la tesorera municipal, cu�les son las leyes que al respecto deben aplicarse mas de ninguna manera le precisa qu� leyes dan origen a la contribuci�n estatal.

TERCERO

El promovente aduce como conceptos de invalidez, los siguientes:

"I. El acuerdo emitido por el subsecretario de ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., contemplado en el oficio n�mero 1754, de fecha 8 de julio del presente a�o, remitido al presidente municipal del Municipio de J.A., G., es violatorio de los art�culos 11 y 18, fracci�n II y 22, fracciones III, IV, V, XV y XVI, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Gobierno del Estado de G. n�mero 433, en relaci�n con los art�culos 18 y 19 del C�digo F. del Estado de G., desde el momento en que dicho dispositivo legal, no impone ni puede imponer al Municipio de J.A., G., obligaci�n alguna de enterar al Estado la contribuci�n que se exige, por ser leyes que s�lo tienen aplicabilidad en el �mbito estatal.

"La citada Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de G., dispone en los mandamientos legales citados en su orden:

"?Art�culo 11. El gobernador del Estado podr� nombrar y remover libremente a los servidores p�blicos del Poder Ejecutivo, salvo las limitaciones que establezcan las leyes.?

"?Art�culo 18. Los titulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo formular�n proyectos de ley, reglamentos, decretos y acuerdos de las materias que correspondan a su competencia y las remitir�n al Ejecutivo a trav�s de la S.�a General de Gobierno y �sta por conducto de la secretar�a coordinadora del sector, trat�ndose de las entidades.?

"?Art�culo 22. La S.�a de P.�n y Presupuesto es el �rgano encargado de dirigir la planeaci�n, programaci�n, presupuestaci�n y el seguimiento de las actividades del Ejecutivo del Estado para el desarrollo sectorial y regional, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: ...?

"Como se puede ver, el art�culo 11 de la citada ley estatal s�lo habla de las facultades del Ejecutivo para expedir reglamentos, decretos, acuerdos y circulares que rigen el funcionamiento de las dependencias estatales, mientras que el diverso mandamiento legal n�mero 18 nos habla de las facultades de las autoridades estatales para la formulaci�n de proyectos y reglamentos y, en su caso, la aprobaci�n por el Poder Ejecutivo para su promulgaci�n y vigencia aplicables en el Estado. Finalmente, el mandamiento �ltimo citado dispone la organizaci�n de la S.�a de P.�n y Presupuesto para la P.�n y Presupuestaci�n de los Recursos Econ�micos Estatales. De esta suerte se llega al conocimiento que tales disposiciones legales fueron, como ya se dijo, aplicadas indebidamente. Referente a los preceptos legales 18 y 19 a la garant�a que el administrado debe exigir cuando se celebren contratos, permisos y estatales (sic).

"Cabe abundar que tampoco existe una ley o convenio de coordinaci�n fiscal suscrito entre el Municipio de J.A., G. y el Gobierno del Estado, que especifique la obligaci�n que tiene el primero de enterar al Estado el 15% de contribuci�n, v�lgase la redundancia, estatal.

"II. Se violan los art�culos 1o. f, 1o., 2o. y 3o.; art�culos 93, 101 y 102 de la Ley de Ingresos para el Municipio de J.A., G., por su falta absoluta de aplicaci�n, para el presente a�o fiscal, toda vez que de mutuo propio (sic) el subsecretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado, est� afectando al Ayuntamiento Constitucional del multicitado Municipio, con la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), cuando el legislador del Estado de G. en la exposici�n de motivos para aprobar la Ley de Ingresos para el Municipio de J.A., G., precisa entre otras cosas: ?Que el Municipio cuenta con el instrumento jur�dico-fiscal, que le permite recabar los ingresos suficientes para atender las necesidades o demandas de sus gobernados ...?

"Si la dependencia estatal a que se ha hecho referencia hace una retenci�n por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), que por disposici�n legal le corresponde al Municipio, resulta claro que no se puede atender cabalmente las demandas de sus administradores, cuando a decir verdad, se inicia con tal instrumento jur�dico-fiscal, una cultura de contribuci�n y una recaudaci�n m�s amplia y eficaz de sus recursos con el objeto de fortalecer la hacienda p�blica municipal y que tenga el Municipio mayores posibilidades de desarrollo, dado que los ingresos producen al contribuyente un beneficio, de ah� que resulta violatorio el primer precepto legal invocado, en virtud de que el Municipio percibir� durante el ejercicio fiscal en el a�o 2004, los ingresos provenientes de los conceptos: impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento M., por cobro de multas administrativas federales no fiscales y derechos federales.

"Se violan los art�culos 101 y 102 de la Ley de Ingresos, como ya se puntualiz�, por su falta absoluta de aplicaci�n en el acuerdo del subsecretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., en virtud de que la autoridad fiscal mencionada, por conducto de la C.P. E.V.J., en el recibo oficial n�mero B-1005089, de fecha 26 de julio del a�o en curso, por concepto de pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, hace un descuento por las participaciones federales, correspondientes al mes de julio del presente a�o, que le corresponden al Municipio de J.A., G., conceptualizado de la siguiente manera: 15% de contribuci�n estatal, arrojando la cantidad de $941,105.32 (novecientos cuarenta y un mil ciento cinco pesos 32/100 M.N.); recargos: $26,586.49 (veintis�is mil quinientos ochenta y seis pesos 49/100 M.N.); multas: $56,466.32 (cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 32/100 M.N) y gastos de requerimiento: $18,822.11 (dieciocho mil ochocientos veintid�s pesos 11/100 M.N.), haciendo un total de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), cuando dichas disposiciones legales no imponen al Municipio de J.A.G., ninguna obligaci�n de enterar al Estado la cantidad de dinero que se ha se�alado, dispositivos legales de la Ley de Ingresos para el citado Municipio que regulan los ingresos que debe percibir el Municipio para el a�o 2004 que aparecen en el cheque federal y que esos recursos monetarios son inafectables por constituir ingresos destinados al Municipio y provenientes del Gobierno Federal, destinados al Ramo XXXIII, ordenamientos legales de la Ley de Ingresos para el Municipio que me permito transcribir:

"?Art�culo 93. El Ayuntamiento percibir� ingresos ordinarios por concepto de participaciones y fondos de aportaciones federales que se deriven por la adhesi�n al Sistema de Coordinaci�n F., as� como por el Ramo XXXIII del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y el cap�tulo V de la Coordinaci�n F.. Las participaciones al Municipio estar�n representadas por: I. Las provenientes del Fondo General de Participaciones; II. Las provenientes del Fondo de Fomento M.; III. Por el cobro de multas administrativas federales no fiscales y derechos federales. Asimismo, recibir� ingresos ordinarios por concepto del Fondo de Aportaciones Federales de acuerdo a lo establecido en el cap�tulo V de la Ley de Coordinaci�n F., como sigue: 1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 2. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.?

"?Art�culo 101. Para fines de esta ley se entender� por presupuesto de ingresos municipales el instrumento pol�tico-econ�mico y administrativo que contiene el plan financiero del gobierno municipal expresado en forma de programas y actividades similares. Para efectos de esta ley s�lo se considerar� el monto del presupuesto citado.?

"?Art�culo 102. La presente Ley de Ingresos importar� el total m�nimo de $175'638,541.00 (ciento setenta y cinco millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), que representa el monto del presupuesto de ingresos ordinario y participaciones generales del Municipio de J.A., G.. Presupuesto que se ver� incrementado proporcionalmente al aumento del monto anual de los fondos de aportaciones federales durante el ejercicio fiscal para el a�o 2004, desglosados de la siguiente manera:

"?Concepto I. Ingresos propios $77'021,406.00 (setenta y siete millones veinti�n mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.). 1. Impuestos $ 49'731,192.00 (cuarenta y nueve millones setecientos treinta y un mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 2. Derechos $16'151,646.00 (diecis�is millones ciento cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). 3. Contribuciones especiales $895,811.00 (ochocientos noventa y cinco mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.). 4. Productos $2'131,643.00 (dos millones ciento treinta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.). 5. Aprovechamientos $8'111,114.00 (ocho millones ciento once mil ciento catorce pesos 00/100 M.N.).?

"?III (sic). Ingresos provenientes del Gobierno Federal $89'904,400.00 (ochenta y nueve millones novecientos cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 2.1. Participaciones federales $41'172,134.00 (cuarenta y un millones ciento setenta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 2.2. Aportaciones federales $48'732,266.00 (cuarenta y ocho millones setecientos treinta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)?.

"?IV (sic). Ingresos extraordinarios $8'712,735.00 (ocho millones setecientos doce mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). Total $175'638,541.00 (ciento setenta y cinco millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.).?

"Como se puede ver, si las exactoras autoridades retienen sin explicaci�n alguna la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), en detrimento de la econom�a municipal de J.A., Estado de G., resulta claro que las autoridades violentan la multicitada Ley de Ingresos y si las autoridades estataleslo hicieron para el mes de julio del a�o 2004, cabe la posibilidad de que suceda lo mismo en los subsecuentes meses, siendo de esta manera como el capital proveniente de los impuestos se ve afectado en perjuicio del Municipio en forma artera.

"V. Con la contribuci�n estatal del 15% de impuestos adicionales para el fomento educativo, econ�mico, social, ecolog�a de los conceptos de los incisos A), B), C), D), F), G) y H), al igual que la tasa del 15% procaminos, corriente el�ctrica que el Estado pretende hacer efectivo a trav�s de las autoridades fiscales antes se�aladas, en perjuicio del Municipio de J.A., G., conforme lo previsto en los art�culos 43, 44 y 45 de la Ley de Hacienda del Estado de G., el Estado invade la esfera competencial del Municipio de J.A., G., al violarse lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, en virtud de que el Municipio est� investido de personalidad jur�dica propia, manejando su patrimonio propio, de ah� que resulte anticonstitucional que el Estado legisle en materia fiscal, imponiendo obligaciones tributarias en una ley estatal, como es la Ley de Hacienda, en raz�n de la autonom�a municipal, toda vez que son facultades exclusivas del Municipio, establecidas en la Ley de Ingresos de la que tanto se ha venido hablando conceptu�ndose al Municipio como una entidad gubernamental diferente a la estatal y, debiendo abundar que los preceptos citados de la Ley de Hacienda del Estado de G., devienen como inconstitucionales al no precisar todos los elementos de la obligaci�n fiscal denominada contribuci�n estatal, esto es, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y �poca de pago, adem�s en el supuesto de que legalmente estuviera definida la citada contribuci�n estatal, de ninguna manera delimita el descuento, ya que para que el Municipio pudiera cobrar el tributo tendr�a que haber un convenio de coordinaci�n entre ambos gobiernos.

"VI. El descuento de que se viene hablando en menoscabo del patrimonio municipal, es ilegal, dado que del examen de la Ley del Sistema Estatal de Coordinaci�n F., no se contempla la obligaci�n del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de J.A., G., de cubrirle al Estado las cantidades a que se ha hecho m�rito, en virtud de que el art�culo 5o. de la Ley de Coordinaci�n F. habla de los acuerdos de coordinaci�n que celebre con la Federaci�n, Estados y Municipios, con sujeci�n a la Constituci�n General del pa�s y del Estado de G., participar�n de los tributos federales seg�n las bases que informe el art�culo 115 constitucional, estableciendo para ello las cantidades porcentuales monetarias que deben percibir los Municipios, tanto del Estado como de la Federaci�n con que se vive (sic), el art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F. establece el monto de las participaciones federales a favor de los Municipios, provenientes del Fondo General de Participaciones, a trav�s del Estado, as� como de los ingresos del Fondo de Fomento M., de los ingresos que correspondan al Estado derivado de participaciones en el impuesto federal, entre otros. La precitada ley, en el art�culo 14, define lo que es la reuni�n estatal de coordinaci�n fiscal, misma que se integra por el secretario de finanzas, el coordinador de congreso, los presidentes municipales y titulares de las entidades paraestatales con car�cter fiscal de la administraci�n p�blica del Estado y Municipios, teniendo por objeto definir los fundamentos de una pol�tica tributaria que favorezca la eficiencia de la administraci�n hacendaria y desarrollo econ�mico de la entidad y Municipio. La reuni�n estatal de coordinaci�n fiscal tendr� las siguientes atribuciones: dispone el art�culo 15 de la ley en consulta que la reuni�n estatal de coordinaci�n fiscal tiene las siguientes facultades: I. Aprobar el informe de labores de la Comisi�n Permanente de Funcionarios F.es; II. Elegir a los miembros de la Comisi�n Permanente de Funcionarios F.es que representen a cada regi�n; III. Evaluar el comportamiento de las participaciones y de los tributos municipales; la aplicaci�n de la legislaci�n; contabilidad gubernamental y la evaluaci�n tributaria de los Municipios; IV. Aprobar el reglamento interior de la reuni�n estatal y de las Comisiones Permanentes; V. Autorizar el programa de asistencia, capacitaci�n, difusi�n y cooperaci�n t�cnica, y VI. Las dem�s que sean necesarias conforme a las Leyes para la Organizaci�n y Funcionamiento eficientes del Sistema Estatal de Coordinaci�n F.. La reuni�n estatal de coordinaci�n fiscal -dice el art�culo 16 de la ley que se viene citando, podr� auspiciar la celebraci�n de acuerdos de adhesi�n a proyectos e iniciativa de reformas y adiciones, as� como la ley que promueva el Poder Ejecutivo, y de convenios de coordinaci�n que, ratificados por los Cabildos y el Congreso del Estado, por conducto del propio Poder Ejecutivo, puedan suscribirse con la Federaci�n. De todo lo que hasta aqu� se ha expuesto, se arriba a la conclusi�n de que el multicitado descuento de $1'042,800.24 (un mill�n cuarenta y dos mil ochocientos pesos con veinticuatro centavos), es indebido, toda vez que se est� afectando una partida federal destinada al Municipio de J.A., G., canalizada a trav�s del Gobierno del Estado de G., lo que no puede hacer el Estado por ser recursos provenientes de la Federaci�n y como ya se dijo, el art�culo 16, de la (sic) posibilidad de establecer la reuni�n estatal de coordinaci�n fiscal como la celebraci�n de convenios de coordinaci�n fiscales con el Municipio, lo que desde luego no est� establecido dicho convenio con el Estado.

"Se violan en perjuicio del Municipio de J.A., G., los art�culos 14, 16, 17 y 115 de la Constituci�n General de la R.�blica, desde el momento en que se est� privando a dicho Municipio del derecho que tiene de percibir �ntegramente la cantidad de $2'165,551.11 (dos millones ciento sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 11/100 M.N.) correspondiente al cheque federal del mes de julio del a�o 2004, sin que haya un previo juicio, en este caso administrativo de ejecuci�n fiscal, previamente establecido, en el que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, dado que en el caso que nos ocupa, las autoridades estatales est�n, como ya se ha dicho, reteniendo la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.) en perjuicio de la hacienda p�blica municipal sin que medie el procedimiento administrativo de ejecuci�n fiscal, que desde luego tampoco es procedente, reteniendo dicha cantidad con la sola expedici�n de un simple recibo ilegible y sin fundarlo en ninguna disposici�n legal, priv�ndose al Ayuntamiento Constitucional del derecho de audiencia, sin que se le d� la posibilidad de interponer alg�n recurso u otro medio de defensa legal.

"VI. Se viola, como ya se dijo, el art�culo 16 constitucional desde el momento en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde o motive la causa legal del procedimiento. En el caso planteado las autoridades exactoras del Gobierno del Estado de G., est�n privando de la cantidad monetaria que se ha citado en l�neas precedentes, en perjuicio del Municipio, sin que haya un mandamiento escrito en que se funde la causa y el motivo que dio origen a dichos actos. Si bien es cierto que se gir� por parte de la autoridad exactora municipal el oficio 1751, de fecha 8 de julio del a�o en curso, dirigido al se�or presidente municipal, s�lo le advierte la presencia de un notificador ejecutor para el seguimiento al procedimiento administrativo de ejecuci�n fiscal, dando origen a la expedici�n de recibo oficial B-1005089, de fecha 26 de junio del a�o en curso, en el que de mutuo propio (sic) se le hace un descuento al Municipio de J.A., G., de un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos con veinticuatro centavos, por una supuesta contribuci�n estatal de un 15%, incluyendo recargos, multas y gastos de requerimiento, documento que como se puede ver no est� motivado ni fundado en ninguna disposici�n legal, apreci�ndose en el texto del mismo, las palabras de Cot.Esh, Ato. de J.A.G., por lo que obviamente la motivaci�n resulta de dif�cil comprensi�n, por las expresiones abstractas e imprecisas a trav�s de las abreviaturas a que se hace referencia, las que desde luego no se pueden interpretar cabalmente, tiene aplicabilidad la jurisprudencia identificada con el n�mero 4772, visible en la p�gina 209 de la obra denominada Precedentes y Tesis Sobresalientes, Tribunales Colegiados, Tomo VI, Administrativa, Mayo Ediciones, que a la letra dice: ?FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DEL ACTO RECLAMADO.? (se transcribe). Por eso se exige que todo acto debe estar debidamente fundado por la autoridad, convirti�ndose en una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aqu�llos, procurando eliminar la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de autoridad, permitiendo a los afectados impugnar los razonamientos de �stas y el �rgano que debe resolver la impugnaci�n, determinando si son fundados los motivos de inconformidad, lo que desde luego no ocurri� en la emisi�n del recibo oficial a que se ha hecho m�rito.

"VIII. Dispone el art�culo 17 de la Constituci�n Federal, que ninguna persona podr� hacerse justicia por s� mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Extra�amente las autoridades estatales que se han venido mencionando, proceden a segregar de un cheque federal la cantidad de un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N., con flagrantes violaciones a la disposici�n legal mencionada, apart�ndose de un derecho vigente y positivo que prevalece en el Estado de G., olvid�ndose de acudir a los tribunales correspondientes haciendo valer el derecho subjetivo, de haber estado legitimadas para proceder como ya se dijo y legitimar su acto.

"IX. Se viola el art�culo 115 constitucional, fracci�n IV, que especifica: ?Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: A) percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Que �ste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones. B) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. C) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.?. Como se puede ver, parte del texto constitucional que se ha le�do, determina con bastante claridad el derecho que tienen los Municipios de administrar libremente su hacienda, la que se formar�, entre otros, con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como las contribuciones y otros ingresos, como es el presente caso, las participaciones federales comprendidas en el inciso B) a que se ha hecho referencia, que desde luego ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las Legislaturas de los Estados. Por ello ha quedado clara la disposici�n en la Ley de Ingresos del Municipio de J.A., las percepciones federales, las cuales en esta ocasi�n fueron afectadas indebidamente por las autoridades fiscales del Estado de G.. Es por ello que solicito que una vez que ese �rgano de justicia establezca la controversia constitucional se ordene la restituci�n al Municipio de la cantidad de un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos con veinticuatro centavos.

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto a ustedes que tuve conocimiento de los actos cuestionados el d�a 12 de agosto del presente a�o, toda vez que fue en esta fecha cuando la tesorera municipal del propio Ayuntamiento me hizo sabedor de los actos combatidos."

CUARTO

Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son 14, 16, 17 y 115.

QUINTO

Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondi� el n�mero 88/2004 y por raz�n de turno, design� como instructor al M.G.I.O.M..

Por auto de veintitr�s de septiembre de dos mil cuatro, el Ministro instructor admiti� la demanda, orden� emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestaci�n y dio vista al procurador general de la R.�blica para que manifestara lo que a su representaci�n correspondiera.

SEXTO

El secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., al contestar la demanda, se�al� en s�ntesis:

  1. Que la controversia constitucional planteada es improcedente en raz�n de que "se impugnan leyes locales como son el C�digo F. del Estado; la Ley M. para el Ejercicio F. del a�o 2003; la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Gobierno del Estado de G. n�mero 433; y la Ley de Hacienda del Estado de G., es decir, no se impugnan disposiciones constitucionales en las que se demuestre que el Estado invada la esfera jur�dica constitucional de uno de sus Municipios", por lo que la entidad actora debi� ocurrir para su defensa a un medio de protecci�n diverso a la presente instancia.

    Que apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL."

  2. Que el Municipio actor, para impugnar el acto consistente en la determinaci�n a su cargo de impuestos de car�cter estatal, debi� hacerlo a trav�s de un amparo contra leyes y no mediante un juicio de controversia constitucional.

    Que apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE POR UN MUNICIPIO EN CONTRA DE LA RESOLUCI�N POR LA QUE SE DETERMINA UN CR�DITO FISCAL COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA RETENCI�N DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE SUS TRABAJADORES."

  3. Que el Municipio actor "promovi� un juicio de amparo que actualmente se encuentra pendiente de resoluci�n en el Juzgado S�ptimo de Distrito del Vig�simo Primer Circuito en el Estado de G., quien le asign� el n�mero de amparo 12/2004, por considerarlo como una acci�n de derecho privado", lo que hace improcedente la controversia constitucional que nos ocupa.

  4. Que si bien los hechos contenidos en los antecedentes de la demanda de controversia constitucional son ciertos, no se transgreden los art�culos 14, 16 y 17 de la Constituci�n en perjuicio del Municipio actor, porque estos preceptos constituyen garant�as individuales y para su protecci�n se ha instaurado el juicio de amparo y no la controversia constitucional.

  5. Que quien suscribe la demanda carece de legitimaci�n procesal activa, ya que no exhibe un documento en el que se haga constar la personalidad con la que se ostenta para promover el citado juicio.

  6. Que el recurrente "ha venido enterando la cantidad que corresponde al Estado por concepto de contribuci�n estatal, tal como se acredita con la copia certificada del resumen mensual de ingresos del Municipio de J.A., G., correspondiente a los meses de enero y febrero, documentales que se encuentran firmadas al calce por la tesorera y presidente municipal respectivamente, as� como con los recibos de pago n�meros 2780650 y 2862729 expedidos por la Administraci�n F. Estatal de Zihuatanejo, G. ...", por lo que el acto que se reclama en el juicio de controversia constitucional constituye un acto consentido "adem�s como el quejoso (sic) recauda dichos impuestos est� obligado a enterarlos a la autoridad que corresponde ..."

    Que apoyan lo anterior las tesis de jurisprudencia de rubros: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", y "PERSONAS MORALES OFICIALES, CU�NDO Y POR QU� CONDUCTO PUEDEN PEDIR AMPARO."

  7. Que no se transgrede el art�culo 115 de la Constituci�n en perjuicio del Municipio actor, en virtud de que el pago de la cantidad que corresponde al Estado por concepto de contribuci�n estatal, le fue determinado legalmente y que el Municipio se neg� a enterarlo, siendo que le correspond�a su c�lculo.

S�PTIMO

El subsecretario de Ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., el Gobernador Constitucional del Estado de G. y la directora general de la Tesorer�a del Estado de G., al contestar la demanda, se pronunciaron en id�nticos t�rminos a la contestaci�n por parte del secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., que ha sido sintetizada en el punto anterior.

OCTAVO

Mediante diverso oficio presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia el siete de octubre de dos mil cuatro, el Municipio actor ampli� su demanda, se�al� como nuevo acto impugnado el oficio SSI/DGR/1976 emitido por el subsecretario de Ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., y narr� los siguientes antecedentes:

"1. Con fecha 4 de julio del a�o en curso, la C.P. G.S.G.�o, tesorera del Ayuntamiento Constitucional que represento, gir� el oficio n�mero TM/692/2004, mismo que anexo a este escrito, al C.P. F�lix A.R.S., subsecretario de Ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., solicit�ndole le indicara el marco normativo que establece la obligaci�n que dice la autoridad fiscal estatal que tiene el Municipio de J.A., G., para enterarle los ingresos municipales a los que se hace menci�n en el escrito inicial.

"2. En respuesta al oficio de referencia que emitiera la C. Tesorera, la autoridad estatal se�ala en su oficio 1976, de fecha 4 de agosto del presente a�o: ?en atenci�n al contenido de su atento comunicado n�mero TM/692/2004, de fecha 14 del mes pr�ximo pasado y recibido en esta subsecretar�a a mi cargo el d�a 2 del actual por este conducto me permito hacer a usted una breve exposici�n sobre la documentaci�n legal por la que los Ayuntamientos municipales tienen la obligaci�n de recaudar la contribuci�n estatal y la de realizar el entero correspondiente a su titular; siendo la siguiente:

"?I.C.�n Pol�tica de los Estados Unidos. A) Los art�culos 40 y 41 establecen la Constituci�n de la R.�blica por Estados Libres y Soberanos (sic), pero unidos en una Federaci�n y la limitante a las Constituciones Estatales de no contravenir lo establecido por la Federal. B) El art�culo 133 establece la jerarqu�a suprema de la propia Constituci�n Federal. C) El p�rrafo segundo de la fracci�n III del art�culo 115 establece: ?Sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempe�o de sus funciones a la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales?.

"?II.C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de G.. A) El art�culo 24 establece el sometimiento de las leyes estatales a la Constituci�n Federal. B) El art�culo 47establece que son atribuciones del Congreso: I. Expedir leyes y decretos en todas aquellas materias que no sean competencia exclusiva de la Federaci�n. ... (entre otras, la Ley de Hacienda). IV. Expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado, se�alando las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. V. Legislar sobre el Municipio Libre sujet�ndose a lo establecido por el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. C) El art�culo 103 expresa: �Los Ayuntamientos no podr�n: I.F. y cobrar contribuciones que no est�n expresamente determinadas en las leyes municipales o decretadas por la Legislatura del Estado;� (como es el caso de la Ley de Hacienda del Estado).

"?III. Ley de Hacienda del Estado: Inciso A) El art�culo 54 establece que �sobre los impuestos, excepto predial y adquisici�n de inmuebles, derechos, con excepci�n, de servicios catastrales, multas y recargos, que perciban los Municipios del Estado, se cobrar� una contribuci�n estatal, del 15%.� B) El art�culo 55 establece: �Las Tesorer�as M.es ser�n las responsables de hacer efectiva la contribuci�n estatal, d�ndose ingreso en caja al importe total; mensualmente entregar�n el producto de esta contribuci�n a la oficina fiscal estatal de su domicilio, durante los primeros diez d�as siguientes. ...�?

?IV. Ley de Hacienda M. n�mero 676. Art�culo 51-F. Sobre el pago de impuestos y derechos, se cobrar� adicionalmente un 15% por concepto de contribuci�n estatal, excepto lo referente a predial, adquisici�n de inmueble, servicios catastrales, tr�nsito y agua potable. Como es de usted bien sabido, los �nicos �rganos facultados en toda la R.�blica para legislar en materia tributaria, creando, adicionando, derogando o abrogando leyes, son el Congreso de la Uni�n (art�culo 73 Constituci�n Federal) y el Congreso del Estado (art�culo 47 Constituci�n Local), a la fecha, a los Municipios se les ha conferido tal facultad. As� las cosas, un acuerdo de Cabildo que pretenda desconocer el mandato de una ley, no puede estar por encima de la Constituci�n Local y menos de la Federal, para desconocer o modificar el contenido de una ley expedida por el �rgano competente. De lo anterior, se concluye que resulta obligatorio para el Ayuntamiento de J.A. la recaudaci�n y entero de la contribuci�n estatal. Y por tanto, procedente el contenido de mi oficio n�mero SSI/DGR/1754 del 12 de julio del a�o en curso ...?.

El actor se�al� en su ampliaci�n de demanda los conceptos de invalidez siguientes:

"I. El oficio n�mero SSI/DGR/1976, signado por el subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, que se ha transcrito, contiene violaciones al art�culo 115 constitucional y, por ende, perjudica la hacienda p�blica municipal de la persona moral que represento, al considerar la autoridad estatal que los Ayuntamientos municipales tienen la obligaci�n de recaudar la contribuci�n estatal, como si los mismos fuesen dependientes del Gobierno Estatal, de ser esto una verdad, d�nde queda la econom�a municipal establecida en el art�culo 115 constitucional. Si bien los art�culos 40 y 41 que cita el se�or subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de G., establecen el Pacto Federal, esto resulta innegable, dado que establece el federalismo, ello establece una relaci�n pol�tica con el Estado y la Federaci�n, a fin de no contravenir el Pacto Federal, nada que ver con la presente controversia, por lo que ve a una obligaci�n que dice el Poder Ejecutivo del Estado, consistente en que el Municipio tiene el deber y la obligaci�n de recabar un tributo en el Municipio a favor del Estado. As� lo espec�fica la autoridad estatal en el inciso A).

"II. Lo mismo se puede decir en relaci�n al contenido del inciso B) en cuesti�n, de conformidad a la concepci�n kelseniana: Cuando hace una referencia a la Constituci�n Pol�tica de un pa�s y las leyes que de ellas dimanan, las que bajo ninguna circunstancia estar�n en desacuerdo con la norma cumbre, como tampoco ning�n otro ordenamiento legal; esto da lugar a lo que el estudioso del derecho llam� ?la pir�mide legal?, en la que la Constituci�n se encuentra en la c�spide, dando lugar en su orden a las dem�s leyes de menor jerarqu�a por lo que este apartado tampoco se relaciona con el debate que se actualiza en esta controversia.

"III. En el inciso C), puntualizamos que no est� en discusi�n que los Municipios la inobservancia de las Leyes Federales (sic) sino en la Ley de Hacienda del Estado de G., es optativo y no imperativo para los Municipios, dada su autonom�a el de establecer una coordinaci�n o asociaci�n para la mayor eficacia en los servicios p�blicos de �ste, mas como ya se puntualiz� con antelaci�n en el presente asunto, los Municipios, por disposici�n expresa del art�culo 115 de la Norma Cumbre en el pa�s, administrar� libremente su hacienda con los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo, con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, como las contribuciones y otros ingresos, mas en ning�n momento establece el precepto legal invocado, en la fracci�n III del art�culo 115 constitucional, que los Municipios observar�n lo que dispongan las leyes estatales.

"IV. Referente a la Constituci�n del Estado Libre y Soberano de G., puntualiza el se�or subsecretario de ingresos en el inciso A), la observancia al art�culo 51-F, sobre el pago de impuestos y derechos se cobrar� adicionalmente el 15% por contribuciones estatales; de ser esto procedente, entonces habr�a una invasi�n en la esfera constitucional al Municipio Libre por parte del Estado, en detrimento a su autonom�a; de esta suerte, si al Estado no le es dable legislar en todas aquellas materias que sean de la competencia exclusiva de la Federaci�n, estableciendo sin existir un acuerdo de colaboraci�n administrativa o en todo caso, una operaci�n fiscal; como en verdad existe tal coordinaci�n fiscal, suscrito por la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en el pa�s y el Gobierno del Estado de G. a trav�s de la persona f�sica en quien radica el Poder Ejecutivo, en que dicha entidad a trav�s de las dependencias exactoras hacen efectivo el pago de la tenencia y uso de veh�culos, el IVA y otros, verbigracia, el Estado tiene de acuerdo a este convenio, enterarle (sic) a la Federaci�n el porcentaje que a �ste le corresponda, en virtud de que este impuesto es federal, con respecto al Pacto Federal que establece la Constituci�n General de la R.�blica; empero, el Estado como la Federaci�n tienen sus propias leyes fiscales: Ley de Hacienda y de Ingresos a la Federaci�n, Ley de Hacienda y de Ingreso del Estado de G., mas en ambas disciplinas est�n delimitadas territorialmente su alcance con relaci�n al destino de los usuarios, seg�n la situaci�n de cada uno de ellos, pudiendo incluso estas leyes establecer una doble tributaci�n al propio administrado, lo que de ninguna manera est� prohibido por la Constituci�n General o ley alguna; lo �nico que establece la Norma Cumbre es la obligaci�n de los mexicanos para contribuir al gasto p�blico as� de la Federaci�n, Distrito Federal, Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; dados estos proleg�menos paradigm�ticamente el Estado tiene, como ya se puntualiz�, su Ley de Hacienda y el Municipio de J.A., G., la Ley de Hacienda M., de tal manera que no le es dable al Estado, que aun cuando tenga su propio instrumento legal para aplicarlo en su �mbito territorial, pretende establecer en su Ley de Hacienda la obligaci�n por parte del Municipio de enterarlo del impuesto de los derechos tantas veces citados como si fuese su contribuyente. Por todo lo hasta aqu� visualizado, la Ley de Hacienda Estatal, espec�ficamente los art�culos 51, 52, 53, 54 y 55, por ello es considerada en el Municipio y por tanto anticonstitucional por tratarse de una entidad gubernamental diferente, toda vez que la garant�a tributaria ha ido m�s all� del simple hecho de que el ordenamiento que contiene la contribuci�n sea formal y materialmente un acto legislativo, pues en materia tributaria es necesario que todos los elementos de la contribuci�n se encuentren definidos en ella.

"En efecto, para cumplir plenamente con el principio de legalidad tributaria, es necesario que el impuesto se encuentre debidamente consignado en la ley que lo regula, en la que se establezcan con certeza todos los elementos caracter�sticos del tributo, como son: sujeto, objeto, base gravable, tasa, tarifa, �poca, lugar de pago, deducciones, el hecho imponible y dem�s elementos caracter�sticos que se encuentren en el ordenamiento legal, de lo que carece en este caso la Ley de Hacienda en el Estado de G., la que como ya se ha dicho, no tiene porqu� aplicarse en el �mbito espacial del Municipio de J.A., G., o bien, que sin tener aplicaci�n en este Municipio, produzca efectos jur�dicos en materia tributaria, en perjuicio de mi representada, exigi�ndole el gravamen en cuesti�n."

NOVENO

El Ministro instructor, mediante prove�do de quince de octubre de dos mil cuatro, admiti� la ampliaci�n de demanda, tuvo como autoridad demandada en la ampliaci�n al subsecretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., a la que se orden� emplazar para que formulara su contestaci�n, y orden� dar vista al procurador general de la R.�blica para que manifestara lo que a su representaci�n conviniera.

D�CIMO

El gobernador del Estado de G., en adici�n a su contestaci�n de demanda, hizo las siguientes manifestaciones:

  1. Que en t�rminos de los art�culos 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, deber� sobreseerse en el juicio por lo que a su representaci�n corresponde, porque en su contra no se imputa ning�n acto que haya emitido, ordenado o ejecutado, y que afecte al Municipio actor.

  2. Que tambi�n deber� sobreseerse, en t�rminos de la fracci�n VI del art�culo 19, en relaci�n con la fracci�n II del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que en el caso no se agot� la v�a legalmente prevista para la soluci�n de conflictos, seg�n el procedimiento que establece el art�culo 89, fracci�n V, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de G., que se�ala que son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia resolver los conflictos que se presenten entre los Municipios y el gobernador del Estado para el caso de aquellos que se susciten con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

D�CIMO PRIMERO

El secretario de Finanzas y Administraci�n, el subsecretario de ingresos, y la directora general de la Tesorer�a, todos del Gobierno del Estado de G., al dar contestaci�n a la ampliaci�n de demanda, manifestaron lo siguiente:

  1. Que el Municipio actor "se niega a observar lo dispuesto por los art�culos 54 y 55 de la Ley de Hacienda del Estado de G. n�mero 428 y el art�culo 51-F de la Ley de Hacienda M. del Estado de G., n�mero 677 ..." siendo que la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Federal de la R.�blica dispone que en el desempe�o de sus funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales, y los art�culos citados no han sido derogados ni declarados inconstitucionales.

  2. Que no debe tomarse en cuenta la cita que realiz� el actor del te�rico H.K., en virtud de que no encuadra en la presente controversia constitucional y porque nuestro pa�s tiene una influencia filos�fica distinta.

  3. Que los art�culos 54 y 55 de la Ley de Hacienda del Estado de G. y el art�culo 51-F de la Ley de Hacienda M. del Estado de G., contrario a lo que manifiesta el actor y en atenci�n a la clasificaci�n de las leyes, constituyen, en cuanto a su observancia, preceptos de car�cter imperativo y no optativo.

  4. Que el Municipio actor "se niega a observar las disposiciones estatales y federales, no obstante que las reconoce al invocar la pir�mide jur�dica de H.K., en la cual la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos est� en la c�spide de dicha pir�mide."

    Que apoyan lo anterior las tesis de rubros siguientes: "IMPUESTOS MUNICIPALES. NO LOS PUEDEN ESTABLECER LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE M�XICO, SINO LA LEGISLATURA LOCAL.", y "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL)."

  5. Que resulta "il�gica la actuaci�n del Ayuntamiento M. de J.A., al no querer enterar al fisco del Estado la cantidad que le corresponde por concepto de derechos que cobra a los contribuyentes y que corresponde al fisco estatal, luego entonces no se le est� reclamando cantidad alguna que sea del �mbito municipal."

D�CIMO SEGUNDO

Mediante prove�do de ocho de diciembre de dos mil cuatro, el Ministro instructor requiri� al secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G. para que dentro del plazo de cinco d�as h�biles informara si realiz� al Municipio de J.A., de la citada entidad, alg�n descuento referente a participaciones y fondos federales correspondientes al a�o dos mil cuatro.

Mediante oficio sin n�mero de diecis�is de diciembre de dos mil cuatro, el secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., manifest� lo siguiente:

Que por medio del presente ocurso y en cumplimiento al requerimiento que se me hace mediante el acuerdo de fecha 8 de diciembre del a�o en curso, vengo a manifestar a su se�or�a, que en efecto, la entidad que represento, tuvo a bien afectar las participaciones federales correspondientes al presente a�o con relaci�n a los adeudos del entero de contribuciones estatales a que se refieren los art�culos 51-F de la Ley de Hacienda M., 54 y 55 de la Ley de Hacienda Estatal; participaciones que corresponden al Municipio de Teniente J.A., del Estado de G., todo lo anterior con base en el procedimiento que al efecto se realiz� ante la negativa del Municipio de Teniente J.A. de cumplir con su obligaci�n de enterar al Estado las cantidades resultantes del pago de derechos que ante dicho Municipio se hubieran realizado.

Mediante prove�do de diecisiete de enero de dos mil cinco, el Ministro instructor requiri� al secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., para que informara a este Alto Tribunal la fecha en que se notific� al Municipio actor el recibo B-1005089, que comprende el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos; as� como la fecha de expedici�n del oficio SSI/DGR/1754, emitido por el subsecretario de Ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., mediante el cual se le comunica al Municipio actor la falta de informaci�n correspondiente al periodo comprendido del primero de marzo al treinta de junio de dos mil cuatro y la falta de los enteros correspondientes a ingresos estatales y federales, para lo cual se orden� la remisi�n de la copia certificada del acuse de recibo.

Mediante oficio sin n�mero de diecinueve de enero siguiente, el secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G. manifest� lo siguiente:

En cumplimiento al auto de fecha 17 de enero del a�o en curso en el que solicita copias certificadas de diversos documentos, adjunto al presente me permito exhibir las mismas como son: el recibo oficial n�mero B-1005089 de fecha 26 de julio de 2004 en el que aparece la cantidad deducida al hoy inconforme, asimismo se anexa el oficio n�mero 1754 suscrito por el C.P. F�lix A.G.S., subsecretario de Ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n, mismo que fue notificado el 13 de julio del a�o pr�ximo pasado.

Mediante prove�do de veintisiete de enero de dos mil cinco, el Ministro instructor tuvo al secretario de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G. dando parcial cumplimiento al requerimiento ordenado en el prove�do anterior por lo que lo requiri� nuevamente para que remitiera la constancia de notificaci�n en la que obre la fecha en que se notific� al Municipio de J.A., el recibo B-1005089, sin que �ste se haya desahogado.

D�CIMO TERCERO

El procurador general de la R.�blica al formular su opini�n manifest� sustancialmente:

  1. Que esta Suprema Corte de Justicia es competente para conocer del presente asunto conforme al art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Federal y quien promueve la demanda cuenta con legitimaci�n para hacerlo.

  2. Que en cuanto al oficio 1754, emitido por el subsecretario de Ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Estado de G., la demanda fue presentada fuera del t�rmino legal, mientras que en cuanto a los oficios B-1005089 y oficio SSI/DGR/1976, la demanda fue presentada oportunamente.

  3. Que los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor son parcialmente fundados.

D�CIMO CUARTO

Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

D�CIMO QUINTO

Previo dictamen del Ministro ponente y la emisi�n de los acuerdos presidenciales correspondientes, el asunto qued� radicado en esta Segunda S..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; el punto cuarto, en relaci�n con la fracci�n I del punto tercero, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el P. de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de G. por conducto de su Poder Ejecutivo y el Municipio de J.A. del mismo Estado, en el que resulta innecesaria la intervenci�n del Tribunal en P., pues no se impugna la constitucionalidad de alguna norma general sino �nicamente de actos, conforme al criterio establecido por esta Segunda S. al fallar la diversa controversia constitucional 38/2005, promovida por el Municipio de Mama, Estado de Yucat�n, en sesi�n de nueve de diciembre de dos mil cinco, por unanimidad de cinco votos, en la que textualmente se razon�:

"En primer lugar, debemos tomar en cuenta que la finalidad del art�culo 94 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que es uno de los pilares del Acuerdo General 5/2001, es que cuando as� lo determine la Corte, se distribuyan los asuntos a las S.s, para una mayor prontitud en el despacho de los asuntos y mejor impartici�n de justicia. Asimismo, los considerandos del acuerdo general citado revelan que una de las finalidades esenciales es que el Tribunal en P. destine sus esfuerzos a los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el orden jur�dico nacional.

"Bajo este tenor, debe interpretarse que la fracci�n I del punto tercero del acuerdo general en cita, reserva para el Tribunal en P. el conocimiento de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y sus recursos, cuando sea necesaria su intervenci�n, siendo �ste un elemento normativo cuya valoraci�n y aplicaci�n queda alprudente arbitrio de cada una de las S.s.

"Ahora bien, las S.s del m�s Alto Tribunal han interpretado que, en principio, los asuntos en los que se determine el sobreseimiento de la controversia constitucional o de la acci�n de inconstitucionalidad, as� como que, por regla general, el conocimiento de los recursos interpuestos en estos medios de control de la constitucionalidad, son de su competencia. Sin embargo, esta primera interpretaci�n no significa que los supuestos jur�dicos del acuerdo se reduzcan a estos casos, pues el Tribunal en P. utiliz� un concepto jur�dico indeterminado que deja a las S.s la fijaci�n prudente de su contenido y extensi�n; en esta tesitura, las S.s deben interpretar el acuerdo de tal forma que se adapte a las nuevas exigencias sociales y sea acorde con la realidad. As�, el contenido y extensi�n del acuerdo multicitado se ha venido determinando con diversos criterios del P. y de las S.s que lo interpretan.

"Es un hecho notorio para esta S., que el P. tiene un c�mulo de asuntos tal que impide su pronta resoluci�n, pues se da prioridad a los asuntos de relevancia nacional, a fin de resolver los grandes problemas del pa�s, aplazando en algunas ocasiones la resoluci�n de los peque�os problemas que son importantes para un Municipio. Esta situaci�n, desde luego, no puede ser reprochable al Tribunal en P., pues �ste hace su m�ximo esfuerzo por dar una resoluci�n pronta y de calidad a los asuntos que tiene; sin embargo, por ser humanamente imposible, no puede desahogar todos los asuntos que desear�a, produciendo en algunas ocasiones el retraso en la resoluci�n y, en consecuencia, situaciones denegatorias de justicia.

"Tambi�n es un hecho notorio para este Alto Tribunal, que quienes promueven m�s controversias constitucionales son los Municipios, pues a ra�z del criterio del caso Temixco,(1) por virtud del cual este Alto Tribunal puede conocer de violaciones indirectas a la Constituci�n Federal, se abri� un abanico de posibilidades y una instancia de acceso a la justicia respecto de problemas que no ten�an soluci�n en sede estatal, ya que al d�a de hoy la mayor�a de los Estados carecen de medios de control constitucional local, con lo cual el n�mero de controversias constitucionales ha aumentado, lo que refleja tambi�n la nueva realidad pol�tica plural del pa�s y la urgente necesidad de la consolidaci�n de un verdadero Estado constitucional de derecho.

"As�, esta S. est� consciente que los Municipios acuden en busca de justicia a este Alto Tribunal para sus problemas, los cuales no por ser regionales carecen de importancia, pues la tienen, as� sea para la comunidad de habitantes del Municipio m�s peque�o del pa�s, ya que al igual que todas las personas, se encuentran tuteladas por el art�culo 17 constitucional, que ordena que las resoluciones de los tribunales deben ser prontas, completas e imparciales.

"Asimismo, el Acuerdo General 5/2001 toma en cuenta que las S. son �rganos colegiados que se encuentran plenamente capacitados para conocer aspectos de constitucionalidad. Luego, puede conocer con plena aptitud y capacidad de aquellos asuntos en los que, por exigencia del sistema, no se impugne una norma general.

"Tomando en cuenta la situaci�n anterior y motivados en un af�n de dar justicia pronta y completa, tal como lo ordenan los art�culos 17 y 94 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta S. considera que en aplicaci�n del acuerdo general multicitado tiene competencia para resolver controversias constitucionales, aun respecto del fondo del asunto, siempre y cuando se d� alguna de las siguientes condiciones:

"a) Que no est� impugnada la constitucionalidad de ninguna norma general, pues de lo contrario, la competencia ser� siempre del Tribunal en P., en tanto que la resoluci�n de estos asuntos requiere de un qu�rum calificado que exige el art�culo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, pues la invalidez de las normas generales requiere siempre de, cuando menos, ocho votos, como lo ha interpretado ya el P. en la tesis LXII/2004.(2) As�, s�lo en estos casos operar�a la regla del art�culo 4o. de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n(3) que no puede interpretarse de manera estricta, pues de lo contrario, en ning�n caso, las S. podr�an conocer de este tipo de asuntos. Asimismo, se justifica esta determinaci�n, porque en el caso de que se impugnen actos basta para su resoluci�n una votaci�n mayoritaria, sin que sea necesario un qu�rum m�nimo de votaci�n.

"En esta tesitura, la resoluci�n de fondo de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales donde se impugne una norma general, ser�n siempre competencia del Tribunal en P..

"b) Que se trate de alguna de las controversias constitucionales previstas en los incisos b), f), g), e i), es decir, entre la Federaci�n y un Municipio; el Distrito Federal y un Municipio; dos Municipios de diversos Estados; un Estado y uno de sus Municipios; esto es, de conflictos en los que intervenga un Municipio, los cuales, tienen menor repercusi�n nacional, pero no por ello menos importancia, sin embargo, en virtud del significativo n�mero de estos asuntos, esto ayudar� a que se resuelvan m�s r�pido y a que el Tribunal en P. se desahogue y pueda resolver m�s pronto los conflictos regulados en los restantes incisos de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional.

"Esta determinaci�n de la S. no resulta completamente novedosa, sino que sigue la brecha que se comenz� a trazar al resolver el fondo de los juicios de cumplimiento de convenios de coordinaci�n fiscal 1/2004, 2/2004 y 3/2004, resueltos por este �rgano colegiado, el veinticinco de febrero de dos mil cinco, los cuales por disposici�n del art�culo 10, fracci�n X, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n deben resolverse en t�rminos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en lo que hace a las controversias constitucionales;

Es convicci�n de esta S., que esta determinaci�n responde plenamente al esp�ritu y al contenido del Acuerdo General 5/2001, as� como a lo ordenado por los art�culos 94 y 17 constitucionales, pues con esto se propiciar� una resoluci�n m�s pronta de los asuntos en que sea parte un Municipio, que, reiterando, son los que conforman mayoritariamente el n�mero de promoventes de controversias constitucionales.

Por �ltimo debe se�alarse que si bien en la especie se plante� la inconstitucionalidad de leyes, en el caso resulta innecesario examinar los conceptos de invalidez relativos, en atenci�n a las consideraciones que se vierten adelante.

SEGUNDO

Por lo que hace a la oportunidad de la demanda que se analiza y su posterior ampliaci�n, conviene se�alar lo siguiente.

? En cuanto al escrito de demanda

En el presente juicio se demand� la inconstitucionalidad de los siguientes actos:

  1. El oficio SSI/DGR/1754, de ocho de julio de dos mil cuatro, a trav�s del cual se le informa al Municipio actor de una visita de verificaci�n por parte del Gobierno Estatal.

  2. El recibo n�mero B-1005089, expedido por la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Estado de G., el veintis�is de julio de dos mil cuatro, en el que se aprecia un cargo al Ayuntamiento de J.A., Estado de G., por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), el cual se realiz� en las partidas presupuestales del mes de julio de dos mil cuatro correspondientes al Municipio actor.

Por lo que hace al primero de los actos impugnados, el art�culo 21, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Conforme al dispositivo legal transcrito, para el ejercicio de la acci�n de controversia constitucional, cuando se impugnan actos, el actor cuenta con un plazo de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que: a) conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; y c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Ahora bien, la parte actora se�al� en su demanda lo siguiente:

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto a ustedes que tuve conocimiento de los actos cuestionados el d�a 12 de agosto del presente a�o, toda vez que fue en esta fecha cuando la C. Tesorera municipal del propio Ayuntamiento me hizo sabedor de los actos combatidos."

Sin embargo y por cuanto hace al primero de los actos impugnados, en autos existe constancia que demuestra que el oficio SSI/DGR/1754 fue recibido el trece de julio de dos mil cuatro en la Tesorer�a de la Presidencia M. de J.A., G..

As� pues, el plazo de treinta d�as para presentar la demanda comenz� a contar a partir del martes catorce de julio de dos mil cuatro y feneci� el d�a diez de septiembre del mismo a�o, descontando los d�as siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintid�s, veintiocho y veintinueve de agosto; cuatro y cinco de septiembre, por ser s�bados y domingos; as� como el periodo comprendido del diecis�is de julio al primero de agosto en virtud de que el Tribunal P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se encontraba en su primer periodo de receso y, adem�s, el treinta y uno de agosto y primero de septiembre, en virtud de que este Alto Tribunal acord� suspender labores en t�rminos de los numerales 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, en relaci�n con el 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

En esa tesitura, si la demanda se recibi� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el d�a trece de septiembre de dos mil cuatro, debe estimarse que fue presentada de manera extempor�nea, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, la cual se surte cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el art�culo 21 del mismo ordenamiento.

En estas condiciones, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, por lo que respecta al oficio de m�rito.

Ahora bien, por lo que hace al segundo acto cuya invalidez se reclama, es decir, el recibo n�mero B-1005089, de veintis�is de julio de dos mil cuatro, en el que se aprecia el descuento al Municipio actor por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), en las partidas presupuestales correspondientes al mes de julio de dos mil cuatro, el plazo para la interposici�n de la demanda, de conformidad con el transcrito art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, tambi�n es de treinta d�as, los cuales deben contarse a partir del d�a siguiente al en que el actor se ostent� sabedor de los mismos.

Lo anterior es as�, en virtud de que de las constancias de autos no es posible determinar la fecha en que el Municipio actor tuvo conocimiento del descuento a sus participaciones federales, por lo que debe estarse a la manifestaci�n que vierte en el sentido de que "tuve conocimiento de los actos cuestionados el d�a doce de agosto de dos mil cuatro, toda vez que fue en esta fecha cuando la tesorera municipal del propio Ayuntamiento me hizo sabedor de los actos combatidos".

As� pues, el plazo de treinta d�as para presentar la demanda comenz� a contar a partir del viernes trece de agosto de dos mil cuatro, por lo que descontando los d�as catorce, quince, veintiuno, veintid�s, veintiocho y veintinueve de agosto; cuatro, cinco, once y doce de septiembre, por ser s�bados y domingos; as� como el treinta y uno de agosto, primero y quince de septiembre, en virtud de que este Alto Tribunal acord� suspender labores seg�n lo establecen los numerales 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, en relaci�n con el 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y el aludido plazo feneci� el d�a veintiocho de septiembre del mismo a�o.

En esa tesitura, si la demanda se recibi� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el d�a trece de septiembre de dos mil cuatro, debe estimarse que fue presentada en tiempo.

? Ampliaci�n de demanda

Por lo que hace al acto cuya invalidez se reclama en la ampliaci�n de demanda, �ste se hizo consistir en el oficio SSI/DGR/1976, de cuatro de agosto de dos mil cuatro, en virtud del cual el subsecretario de Ingresos del Gobierno de G. hace del conocimiento de la tesorera municipal del Ayuntamiento actor una exposici�n sobre la fundamentaci�n legal por la cual los Ayuntamientos tienen la obligaci�n de recaudar la contribuci�n estatal y la de realizar el entero correspondiente, debe estarse a lo que dispone el art�culo 27 de la ley reglamentaria de la materia, que precisa el plazo para la ampliaci�n de la demanda, en los t�rminos siguientes:

Art�culo 27. El actor podr� ampliar su demanda dentro de los quince d�as siguientes al de la contestaci�n si en esta �ltima apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucci�n si apareciere un hecho superveniente. La ampliaci�n de la demanda y su contestaci�n se tramitar�n conforme a lo previsto para la demanda y contestaci�n originales.

Conforme al dispositivo legal transcrito, para el ejercicio de la ampliaci�n de la demanda en controversia constitucional, se presentan las siguientes hip�tesis: a) Dentro de los quince d�as siguientes al de la contestaci�n de la demanda si en �sta apareciere un hecho nuevo y b) hasta antes de la fecha de cierre de la instrucci�n si apareciere un hecho superveniente.

La anterior consideraci�n encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de publicaci�n, son los siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACI�N DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, la ampliaci�n de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hip�tesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince d�as siguientes a la presentaci�n de la contestaci�n de la demanda, si en �sta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucci�n si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliaci�n, debe tomarse en consideraci�n la distinci�n entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestaci�n de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucci�n. De ah� que trat�ndose de hechos nuevos deba determinarse cu�ndo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cu�ndo tuvieron lugar." (Novena �poca. Instancia: P.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XII, diciembre de 2000. Tesis P./J. 139/2000. P�gina 994).

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA AMPLIACI�N DE LA DEMANDA CON MOTIVO DE UN HECHO SUPERVENIENTE, DEBE PROMOVERSE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE EL ART�CULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la interpretaci�n sistem�tica del art�culo 21 de la citada ley, que establece los plazos para la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, as� como del diverso art�culo 27 del propio ordenamiento, que prev� que el actor podr� ampliar su demanda ?hasta antes de la fecha de cierre de la instrucci�n si apareciere un hecho superveniente?, se concluye que aun cuando el �ltimo precepto se�alado no prev� expresamente el plazo para promover la ampliaci�n cuando se trata de un hecho superveniente, sino que �nicamente condiciona la promoci�n a que no se hubiera cerrado la instrucci�n, aqu�lla debe efectuarse dentro de los plazos que rigen la presentaci�n de la demanda inicial, ya que sostener lo contrario generar�a una incongruencia procesal, toda vez que si para la promoci�n de la acci�n de controversia el actor debe hacerlo dentro de los plazos que se�ala el citado numeral 21, para la ampliaci�n de la misma demanda el plazo ser�a indeterminado, cuando no existe raz�n jur�dica para tal diferencia si se parte del momento en que el actor tenga conocimiento del hecho superveniente. Adem�s, la finalidad de la ampliaci�n de demanda consiste en que, por econom�a procesal, se tramite y resuelva en un solo juicio lo que est� �ntimamente vinculado con el primer acto o la norma general impugnada, siempre y cuando no se hubiera cerrado la instrucci�n, a fin de evitar que se presenten demandas nuevas cuando se trata de actos estrechamente vinculados, por lo que si una demanda nueva debe presentarse dentro de los plazos que prev� la ley citada, iguales plazos deben regir cuando se trata de su ampliaci�n con motivo de un hecho superveniente." (Novena �poca. Instancia: P.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XVII, enero de 2003. Tesis P./J. 55/2002. P�gina 1381).

De las constancias de autos se desprende que la parte actora tuvo conocimiento del oficio impugnado al momento de su recepci�n en la Tesorer�a M., o sea, el treinta de septiembre de dos mil cuatro, esto es, con posterioridad a la presentaci�n del escrito inicial, por lo que se trata de un hecho superveniente, actualiz�ndose la segunda hip�tesis del art�culo 27 de la ley reglamentaria de la materia, consecuentemente, dicha ampliaci�n deber� tramitarse conforme a lo previsto para la demanda original, es decir, debe estarse a lo que dispone el transcrito art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, que precisa el plazo para la promoci�n de controversias constitucionales trat�ndose de actos, por lo que el actor cuenta con un plazo de treinta d�as seg�n las hip�tesis delineadas anteriormente.

En este sentido, el plazo de treinta d�as para presentar la demanda comenz� a contar a partir del viernes primero de octubre y feneci� el d�a diecis�is de noviembre de dos mil cuatro, descontando los d�as dos, tres, nueve, diez, diecis�is, diecisiete, veintitr�s, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, por ser s�bados y domingos, as� como el doce de octubre; primero y dos de noviembre en virtud de que este Alto Tribunal acord� suspender labores, seg�n lo establecen los numerales 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, en relaci�n con el 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

En esa tesitura, si la ampliaci�n de demanda se recibi� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el d�a siete deoctubre de dos mil cuatro, debe estimarse que fue presentada oportunamente.

TERCERO

A continuaci�n se estudiar� la legitimaci�n de quien ejercita la acci�n de controversia constitucional.

  1. L.�n activa. El art�culo 11, p�rrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

    Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que las rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

    De la disposici�n legal transcrita se desprende que el actor deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que lo rigen, est�n facultados para representarlo.

    En el presente asunto, signa la demanda en representaci�n del Municipio actor, J.�n G.R.�rez, en su car�cter de s�ndico procurador, personer�a que acredita con copia certificada de la constancia de mayor�a y validez de la elecci�n de Ayuntamientos, de nueve de octubre de dos mil dos, correspondiente a la entidad en cita, y con el acta de sesi�n solemne del Ayuntamiento de J.A., Estado de G., del primero de diciembre de dos mil dos, relativa a la toma de protesta de los integrantes que conformar�an dicho Ayuntamiento para el periodo constitucional de dos mil dos-dos mil cuatro (fojas trece a diecinueve del expediente), quien est� facultado para acudir en representaci�n del Municipio de conformidad con lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 77 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado de G., que establece:

    "Art�culo 77. Son facultades y obligaciones de los s�ndicos procuradores:

    "...

    II. R.resentar jur�dicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la hacienda municipal, as� como efectuar los cobros de los cr�ditos a favor del Ayuntamiento.

    Asimismo, el citado Municipio cuenta con legitimaci�n para promover el presente medio de control constitucional, de conformidad con el inciso i) de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal.

    No es �bice a lo anterior, el que las autoridades demandadas aduzcan como causal de improcedencia que quien suscribe la demanda carece de legitimaci�n procesal activa, en virtud de que no exhibe un documento en el que se haga constar la personalidad con la que se ostenta para promover el citado juicio, en el cual se indique que est� autorizado por el presidente municipal y el secretario del Ayuntamiento para su promoci�n, pues como se ha precisado, la fracci�n II del art�culo 77 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado de G. establece que al s�ndico procurador corresponde representar jur�dicamente al Municipio, sin que dicho ordenamiento se�ale condici�n o requisito formal previo para ello, como ser�a la autorizaci�n del presidente municipal y, por tanto, dicho funcionario, en uso de la atribuci�n que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como es la acci�n de controversia constitucional, por lo que no les asiste raz�n a las autoridades demandadas de la entidad de m�rito.

  2. L.�n pasiva.

    Acto continuo, se analizar� la legitimaci�n de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acci�n, en tanto que dicha parte es la obligada por la ley para satisfacer la pretensi�n de la parte actora, en caso de que resulte fundada.

    Por la parte demandada comparece el gobernador del Estado en representaci�n del Poder Ejecutivo, as� como sus subordinados jer�rquicos, secretario y subsecretario de Finanzas y Administraci�n y director general de la Tesorer�a, todos del Estado de G., a quienes se les imputa la emisi�n de los actos cuya invalidez se demanda.

    El gobernador de la entidad acredita su cargo con la copia certificada del P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de G. de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el cual contiene el Decreto 283, emitido por la Quincuag�sima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de G., en la que se le declar� electo como gobernador del Estado, para el periodo comprendido del primero de abril de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de marzo de dos mil cinco (fojas ciento sesenta y uno a la ciento sesenta y dos del expediente).

    El art�culo 57 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de G., establece lo siguiente:

    Art�culo 57. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un individuo que se denominar� ?Gobernador del Estado de G.?.

    De acuerdo con la disposici�n constitucional transcrita, debe interpretarse que si el Poder Ejecutivo del Estado de G. se deposita en el gobernador, este �ltimo se encuentra legitimado para comparecer en la presente controversia en representaci�n de aqu�l y, en este sentido, debe considerarse suficiente su legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que el secretario, el subsecretario de Finanzas y Administraci�n y el director general de la Tesorer�a, todos del Estado en cita, se encuentran subordinados a su jerarqu�a.

    Lo anterior es as�, en virtud de que las autoridades se�aladas forman parte de la administraci�n p�blica centralizada del Estado, de conformidad con el art�culo 75 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de G. y los art�culos 1o. y 18, fracci�n III, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de G. n�mero 433, que establecen:

    "Art�culo 75. La administraci�n p�blica estatal, ser� centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo, la que distribuir� los negocios del orden administrativo en dependencias y organismos, cuyas relaciones entre s� estar�n definidas y reguladas por leyes y reglamentos."

    "Art�culo 1o. La presente ley tiene por objeto regular la organizaci�n y funcionamiento de la administraci�n p�blica centralizada y paraestatal del Estado de G..

    "Las S.�as, la Procuradur�a General de Justicia, la Contralor�a General, la Procuradur�a de Protecci�n E.�gica, la Coordinaci�n General de Fortalecimiento M. y la Consejer�a Jur�dica y dem�s dependencias directamente adscritas al Jefe del Ejecutivo, integran la administraci�n p�blica centralizada."

    "Art�culo 18. Para el estudio, planeaci�n y despacho de los asuntos en los diversos ramos de la administraci�n p�blica del Estado, auxiliar�n al titular del Poder Ejecutivo las siguientes dependencias:

    "...

    III. S.�a de Finanzas y Administraci�n.

    No es �bice a lo anterior que el gobernador del Estado de G. haga valer la causal de improcedencia consistente en que, en t�rminos de los art�culos 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, deber� sobreseerse en el juicio por lo que a su representaci�n corresponde porque en su contra no se imputa ning�n acto que haya emitido, ordenado o ejecutado, y que afecte al Municipio actor.

    Lo anterior en virtud de que, como se ha evidenciado, el director general de Tesorer�a y el subsecretario de Administraci�n y Finanzas est�n jer�rquicamente subordinados tanto al secretario del ramo como al titular del Poder Ejecutivo Estatal y, por tanto, carecen de legitimaci�n pasiva.

    La anterior consideraci�n encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de publicaci�n, son los siguientes:

    "LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS. Tomando en consideraci�n que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la Constituci�n Federal, para determinar lo referente a la legitimaci�n pasiva, adem�s de la clasificaci�n de �rganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, T.V., diciembre de 1998, P., Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo el rubro: ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA.?, para deducir esa legitimaci�n, debe atenderse, adem�s, a la subordinaci�n jer�rquica. En este orden de ideas, s�lo puede aceptarse que tiene legitimaci�n pasiva un �rgano derivado, si es aut�nomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional. Sin embargo, cuando ese �rgano derivado est� subordinado jer�rquicamente a otro ente o poder de los que se�ala el mencionado art�culo 105, fracci�n I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jer�rquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligaci�n de girar, a todos sus subordinados, las �rdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento; y estos �ltimos, la obligaci�n de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el car�cter de demandados. (Novena �poca. Instancia: P.. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo XII, agosto de 2000. Tesis P./J. 84/2000. P�gina 967).

CUARTO

Previamente al examen de los conceptos de invalidez que se hacen valer, se procede al an�lisis de las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio se adviertan.

La autoridad demandada se�ala que se actualizan las siguientes causas de improcedencia:

  1. Que la controversia constitucional planteada es improcedente en raz�n de que "se impugnan leyes locales como son el C�digo F. del Estado; la Ley M. para el ejercicio fiscal del a�o 2003; la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Gobierno del Estado de G. n�mero 433 y la Ley de Hacienda del Estado de G., es decir, no se impugnan disposiciones constitucionales en la que se demuestre que el Estado invada la esfera jur�dica constitucional de uno de sus Municipios", por lo que la entidad actora debi� ocurrir para su defensa a un medio de protecci�n diverso a la presente instancia.

    Que apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL."

    Procede desestimar la causal invocada en atenci�n a que, por una parte, como se ha visto en el considerando relativo a la oportunidad en la demanda y su ampliaci�n de esta resoluci�n, el Municipio actor ha impugnado diversos oficios atendiendo a su naturaleza de actos, por lo que resulta infundada la apreciaci�n de la parte demandada en el sentido de que lo impugnado en esta v�a se trata de leyes locales.

    Por otra parte, se hace necesario puntualizar que el medio de defensa contenido en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n General de la R.�blica no comprende la impugnaci�n de los preceptos que integran la propia Carta Magna.

    Por �ltimo, este Alto Tribunal se ha apartado de la tesis que cita la autoridad demandada, en virtud de que ha considerado que ser�a contrario a la controversia constitucional dejar de analizar ciertas argumentaciones vertidas por los sujetos legitimados en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F.; por el contrario, la naturaleza que tiene el orden constitucional, que tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, permite su defensa de modo integral, lo que incluye el an�lisis de los actos impugnados que involucren el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de los sujetos de este medio de control.

    Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en la p�gina setecientos tres, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, P., Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna, cuya resoluci�n se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremac�a de la Constituci�n, consistente en que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en aqu�lla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal P., en las que se soslaya el an�lisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos descritos, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F., producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control."

  2. Que el Municipio actor, para impugnar el acto consistente en la determinaci�n a su cargo de impuestos de car�cter estatal, debi� hacerlo a trav�s de un amparo contra leyes y no mediante un juicio de controversia constitucional.

    Que apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE POR UN MUNICIPIO EN CONTRA DE LA RESOLUCI�N POR LA QUE SE LE DETERMINA UN CR�DITO FISCAL COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE LA RETENCI�N DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE SUS TRABAJADORES."

    Procede desestimar la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la autoridad demandada la hace depender de que la actora debi� agotar, previamente a la controversia constitucional, la v�a prevista en la fracci�n III del art�culo 103 de la Constituci�n Federal, que prev�:

    "Art�culo 103. Los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite:

    "...

    "III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."

    Del precepto reproducido, se desprende la competencia de los tribunales federales para conocer y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades de los Estados o del Distrito Federal por leyes o actos que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal; sin embargo, este medio de control constitucional lo constituye el juicio de amparo, el cual tiene por objeto la protecci�n de las garant�as individuales de los gobernados, que puedan verse afectadas por actos o leyes que invadan esferas competenciales; de tal suerte que este medio de control se encuentra reservado �nicamente para personas f�sicas o morales de car�cter privado u oficial que act�an en defensa de derechos particulares y no para entes p�blicos revestidos de imperio quienes, de ser sujetos legitimados, tienen expedita la controversia constitucional.

    Atento a lo anterior, en el caso que nos ocupa no se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad demandada, toda vez que el juicio de amparo no constituye la v�a id�nea para solucionar el conflicto que se plantea, en atenci�n al car�cter de las partes que en �ste intervienen y el objeto de la litis planteada.

    Esto es, dado que se trata de un asunto que versa sobre el descuento de participaciones federales a un Municipio llevada a cabo por �rganos estatales, en el que quienes litigan son, precisamente, las autoridades municipales y las estatales, es claro que la v�a procedente era precisamente la controversia constitucional y no el juicio de amparo.

  3. Que el Municipio actor "promovi� un juicio de amparo que actualmente se encuentra pendiente de resoluci�n en el Juzgado S�ptimo de Distrito del Vig�simo Primer Circuito en el Estado de G., quien le asign� el n�mero de amparo 12/2004, por considerarlo como una acci�n de derecho privado", lo que hace improcedente la controversia constitucional que nos ocupa.

    A efecto de analizar si se actualiza dicha causa de improcedencia, se estima necesario reproducir el contenido de la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley de la materia:

    "Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

    "...

    VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto.

    Este Tribunal P. ha sostenido que el principio de definitividad establecido en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, contiene dos hip�tesis:

    1. Que exista un recurso o medio de defensa en contra del propio acto impugnado en la controversia constitucional, que no se haya agotado y a trav�s del cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado y, por tanto, sea apto para la soluci�n del propio conflicto.

    2. Que exista un procedimiento iniciado que est� sustanci�ndose o que se encuentre pendiente de resoluci�n ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional.

    Apoya lo anterior, la jurisprudencia n�mero P./J. 12/99, sustentada por este Tribunal P. visible a fojas doscientos setenta y cinco, T.I., abril de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABI�NDOLO HECHO, EST� PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCI�N RESPECTIVA. La causal de improcedencia a que se refiere la fracci�n VI del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, implica un principio de definitividad para efectos de las controversias constitucionales, que involucra dos cuestiones espec�ficas que consisten, una, en la existencia legal de un recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan combatirse el o los actos materia de impugnaci�n en la controversia y lograr con ello su revocaci�n, modificaci�n o nulificaci�n, caso en el que la parte afectada est� obligada a agotarlo previamente a esta acci�n; otra, la existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que est� sustanci�ndose o que se encuentra pendiente de resoluci�n ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismosque los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusi�n del procedimiento, para poder impugnar la resoluci�n y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.

    No se actualiza la causal de improcedencia en cita en virtud de que, como ha quedado asentado, el juicio de amparo no es la v�a apta para la soluci�n del conflicto que nos ocupa y, por tanto, el Municipio actor no se encontraba obligado a agotar aquel medio de defensa, en virtud de que al combatir los actos materia de impugnaci�n por esa v�a, con ello no se hubiera logrado su revocaci�n, modificaci�n o nulificaci�n por no ser la id�nea.

    Como refuerzo de lo anterior, cabe precisar que el Juez S�ptimo de Distrito en el Estado de G., quien por raz�n de turno conoci� del juicio de amparo 12/2004, promovido por el Ayuntamiento de J.A., G., en contra de la retenci�n de los recursos que se impugna en esta v�a, dict� resoluci�n el tres de febrero de dos mil cinco, la que concluy� con el siguiente punto resolutivo:

    �NICO. Se sobresee en el presente juicio de garant�as promovido por J.�n G.R.�rez, en su car�cter de s�ndico procurador municipal del Ayuntamiento M. Constitucional de J.A., G., contra los actos que reclama y las autoridades precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el �ltimo considerando de esta sentencia.

    Las consideraciones que sustentaron la resoluci�n en cita, en la parte que interesa, son del siguiente tenor:

    "En ese orden de ideas, es patente, que el juicio de garant�as es procedente contra actos de autoridades para tutelar los derechos p�blicos subjetivos de los gobernados. En consecuencia, si el Ayuntamiento del Municipio de J.A., solicita amparo en contra de la retenci�n de una suma de dinero por parte de las autoridades que se�ala como responsables, y se duele de que la retenci�n de esa cantidad de dinero impide que realice obra p�blica en la comunidad que representa, es evidente que los derechos que pretende defender no est�n salvaguardados por las garant�as individuales, porque act�a en ejercicio de su funci�n p�blica y los actos que reclama �nicamente afectan ese ejercicio, y no est� defendiendo sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no act�an en funciones de autoridad, sino como persona moral de derecho privado."

    Por lo anterior, el que el Municipio actor haya intentado el juicio de garant�as en contra de los actos impugnados, no implica que se actualice la causal de improcedencia de m�rito, en virtud de que esa v�a no era id�nea para la soluci�n del propio conflicto, lo que se refuerza atendiendo al sentido de la resoluci�n que se dict� en dicho juicio.

  4. Que si bien los hechos contenidos en los antecedentes de la demanda de controversia constitucional son ciertos, no se transgreden los art�culos 14, 16 y 17 de la Constituci�n en perjuicio del Municipio actor, en virtud de que "no son susceptibles de violarse, en raz�n de que los citados art�culos se encuentran considerados como garant�as individuales" por lo que en este aspecto la controversia constitucional es improcedente.

    Procede desestimar la causal de improcedencia, toda vez que la controversia constitucional constituye un medio de defensa integral de todo el orden constitucional, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.

    Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia anteriormente transcrita de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

    Aunado a ello, si el Municipio actor tiene o no raz�n respecto de estas transgresiones, en todo caso, ser�n materia del fondo del asunto.

    Sirve de apoyo a la consideraci�n anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99, publicada en la p�gina setecientos diez, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca, P., del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."

  5. Que el recurrente "ha venido enterando la cantidad que corresponde al Estado por concepto de contribuci�n estatal, tal como se acredita con la copia certificada del resumen mensual de ingresos del Municipio de J.A., G., correspondiente a los meses de enero y febrero, documentales que se encuentran firmadas al calce por la tesorera y presidente municipal respectivamente, as� como con los recibos de pago n�meros 2780650 y 2862729 expedidos por la Administraci�n F. Estatal de Zihuatanejo, G. ..."

    Que apoyan lo anterior las tesis de jurisprudencia de rubros: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA.", "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." y "PERSONAS MORALES OFICIALES, CU�NDO Y POR QU� CONDUCTO PUEDEN PEDIR AMPARO."

    Procede desestimar los argumentos anteriores, toda vez que en la ley reglamentaria de la materia no existe causa de improcedencia donde encuadre la hip�tesis relativa al consentimiento de los actos impugnados.

    Esto es, si bien es cierto que en trat�ndose de la impugnaci�n de normas generales a trav�s de esta v�a se debe analizar si se trata o no del primer acto de aplicaci�n, cuando s�lo se impugnan actos, como sucede en la especie, esto no es necesario pues, se insiste, el art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no establece la improcedencia del juicio cuando se impugnen actos derivados de otros consentidos.

    Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 118/2005, visible en la p�gina 892 del Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena �poca, P., del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE V�LIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS. La improcedencia de la controversia constitucional contra actos o normas derivados de otros consentidos no est� prevista expresamente en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, como se advierte de la lectura del art�culo 19 de ese cuerpo de leyes que se refiere a las causas de improcedencia que pueden actualizarse en dicho juicio constitucional y tal hip�tesis tampoco se desprende de otra disposici�n de la ley de la materia."

  6. Que no se transgrede el art�culo 115 de la Constituci�n en perjuicio del Municipio actor, en virtud de que el Municipio se neg� a enterar el pago de la cantidad que corresponde al Estado por concepto de contribuci�n estatal, siendo que le correspond�a su c�lculo y que le fue determinado legalmente.

    De igual forma procede desestimar esta causal de improcedencia, toda vez que como se asent�, el Municipio actor en su demanda respectiva alega que se transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n IV, incisos a), b) y c), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y expone las razones por las que considera infringida tal disposici�n, por lo que si tiene raz�n o no, en todo caso, ser� materia del fondo del asunto.

    Sirve de apoyo a la consideraci�n anterior, la tesis de jurisprudencia anteriormente transcrita de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE."

  7. Que deber� sobreseerse en la presente controversia constitucional, toda vez que en el caso no se agot� la v�a legalmente prevista a fin de lograr la soluci�n del conflicto, contenida en el art�culo 89, fracci�n V, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de G..

    Es infundada la anterior causa de improcedencia, toda vez que si bien es verdad que en el precepto aludido se establece que corresponde al P. del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolver las controversias o conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos con el Poder Ejecutivo de la entidad, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dicho medio secundario de defensa no puede constituir una v�a por agotar previamente a la presente controversia, en virtud de lo siguiente:

    El art�culo 89, fracci�n V, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de G., se�ala:

    "Art�culo 89. Son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia:

    "...

    V. Resolver los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos c y d de la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por su parte, los incisos c) y d) de la fracci�n II de art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente:

    "II. ... El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

    "...

    "c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n;

    d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.

    En el caso, el inciso c) de la fracci�n II del art�culo 115 de la Constituci�n General de la R.�blica, remite a las fracciones III y IV del art�culo 115 y a la fracci�n VII del art�culo 116 del mismo ordenamiento, preceptos que establecen lo siguiente:

    "Art�culo 115. ...

    "III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    "a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

    "b) Alumbrado p�blico.

    "c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

    "d) Mercados y centrales de abasto.

    "e) P..

    "f) Rastro.

    "g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

    "h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e

    "i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

    "Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

    "Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

    "Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley.

    "IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    "a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    "Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

    "b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

    "c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    "Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

    "Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

    "Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    "Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

    "Art�culo 116.

    "...

    "VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

    Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.

    De la lectura de los anteriores preceptos se desprende que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de G. se encuentra facultado para resolver los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, respecto de:

    ? Los actos derivados de la asunci�n de una funci�n o servicio municipal por el Gobierno Estatal, y

    ? Los actos derivados de los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del art�culo 115, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de la Constituci�n General de la R.�blica.

    La primera hip�tesis no se actualiza en el presente caso, en virtud de que el Municipio de J.A., Estado de G., no plante� la controversia constitucional en raz�n de que el Poder Ejecutivo del Estado haya asumido una funci�n o servicio municipal a su cargo.

    Por cuanto hace a la segunda hip�tesis, es conveniente precisar que los convenios que celebren los Municipios y el Gobierno del Estado, o aqu�llos entre s�, y respecto de los cuales, surgido un conflicto, debe agotarse la v�a prevista en la Constituci�n Estatal, se se�alan en las fracciones III y IV del art�culo 115 y en el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de la Constituci�n General de la R.�blica, y son los siguientes:

    1. Convenio para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan a los Municipios;

    2. Convenio para que el Estado, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la prestaci�n de alguno de los servicios del Municipio, o bien se presten o ejerzan coordinadamente;

    3. Convenio entre comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley;

    4. Convenio para que el Estado se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de las contribuciones que perciban los Municipios.

    5. Convenio a efecto de que los Municipios asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones, ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos a cargo del Estado.

    Ahora bien, en la presente controversia constitucional el Municipio actor demand� la invalidez del recibo n�mero B-1005089, expedido por la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Estado de G., el veintis�is de julio de dos mil cuatro, en el que se aprecia un cargo al Ayuntamiento de J.A., Estado de G., por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), el cual se realiz� en las partidas presupuestales que le correspond�an en el mes de julio de dos mil cuatro; as� como el oficio SSI/DGR/1976 en el que se expone la fundamentaci�n legal por la cual los Ayuntamientos de G. tienen la obligaci�n de recaudar ciertas contribuciones estatales y la de realizar el entero correspondiente, contenido en el oficio SSI/DGR/1976, emitido por el subsecretario de ingresos del Gobierno de G. y dirigido a la tesorera municipal del Ayuntamiento actor.

    De lo anterior se desprende que la parte actora no se encontraba obligada a agotar el procedimiento que establece el art�culo 89, fracci�n V, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de G. a fin de solucionar el conflicto suscitado entre �sta y el Poder Ejecutivo de la entidad, en la hip�tesis de m�rito, en virtud de que los actos impugnados en la presente v�a no tienen que ver con convenio alguno celebrado entre el Municipio actor y el Gobierno del Estado de G..

    Aunado a todo lo anterior, el Municipio actor en la demanda aduce la violaci�n de los art�culos 14, 16, 17 y 115, fracci�n IV, incisos a), b) y c), de la Constituci�n Federal, cuya interpretaci�n, atendiendo a nuestro sistema constitucional, corresponde en exclusiva, trat�ndose de controversias constitucionales, a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

    Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 136/2001, publicada en la p�gina novecientos diecisiete, Tomo XV, enero de dos mil dos, P., Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que a la letra dice:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES. El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�ticade los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, principio de definitividad que trat�ndose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales s�lo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la Constituci�n Federal, sino violaciones a la legislaci�n local que, como consecuencia, produzcan la transgresi�n a normas de la Carta Magna, pues el �rgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneraci�n a disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretaci�n de la N.F. corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."

    As�, contrario a lo que manifiesta la autoridad demandada en esta causal de improcedencia, el Municipio actor no se encontraba obligado a agotar la v�a prevista en la Constituci�n Pol�tica del Estado de G., en virtud de que el conflicto planteado no cabe en ninguno de los supuestos para su procedencia, a m�s de que la interpretaci�n de las normas de la Constituci�n Federal corresponde en exclusiva a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

    No existiendo alguna otra causa de improcedencia que analizar, se procede al estudio del fondo del asunto.

QUINTO

En los conceptos de invalidez se aduce, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. En cuanto al acto consistente en el recibo B-1005089:

    Que la retenci�n por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.) le impide atender cabalmente las demandas y necesidades de sus administrados.

    Que dicho descuento se realiz� en las participaciones federales correspondientes al mes de julio del a�o dos mil cuatro, siendo que en la Ley de Ingresos estatal no se contempla que el Municipio actor se encuentre obligado a enterar al Estado la cantidad se�alada; asimismo, estos recursos son inafectables por constituir ingresos destinados al Municipio, provenientes del Gobierno Federal.

    Que cabe la posibilidad de que la indebida retenci�n en sus participaciones federales para el mes de julio de dos mil cuatro, se repita en los subsecuentes meses sin justificaci�n alguna.

    Que "con la contribuci�n estatal del 15% de impuestos adicionales para el fomento educativo, econ�mico, social, ecolog�a de los conceptos de los incisos A), B), C), D), F), G) y H), al igual que la tasa de 15% procaminos, corriente el�ctrica, que el Estado pretende hacer efectivo a trav�s de las autoridades fiscales antes se�aladas, en perjuicio del Municipio de J.A., G., conforme a lo previsto en los art�culos 43, 44 y 45 de la Ley de Hacienda del Estado de G., el Estado invade la esfera competencial del Municipio ...", establecida en el art�culo 115, fracci�n II, de la Constituci�n General de la R.�blica, en lo relativo a la personalidad jur�dica y patrimonio propio con que cuenta el Municipio.

    Que resulta inconstitucional que el Estado le imponga obligaciones al Municipio en una ley local, en raz�n de la autonom�a con la que est� investido.

    Que en la Ley del Sistema Estatal de Coordinaci�n F. no se contempla la obligaci�n de cubrir al Estado la cantidad de referencia.

    Que el descuento es indebido "toda vez que se est� afectando una partida federal destinada al Municipio de J.A., G., canalizada a trav�s del Gobierno del Estado de G., lo que no puede hacer el Estado por ser recursos provenientes de la Federaci�n ...", y sin que exista un convenio de coordinaci�n fiscal entre el Municipio actor y el Estado.

    Que se violan en su perjuicio los art�culos 14, 16, 17 y 115 de la Constituci�n General de la R.�blica "desde el momento en que se est� privando a dicho Municipio actor del derecho que tiene a percibir �ntegramente la cantidad ... correspondiente al cheque federal del mes de julio del a�o 2004, sin que haya un previo juicio ... y sin que medie el procedimiento administrativo de ejecuci�n, que desde luego tampoco es procedente, reteniendo dicha cantidad con la sola expedici�n de un simple recibo ilegible y sin fundarlo en ninguna disposici�n legal ..."

    Que el recibo oficial B-1005089 carece de la debida fundamentaci�n y motivaci�n legal, lo que transgrede el art�culo 16 de la Constituci�n.

    Que se transgrede el art�culo 17 de la Constituci�n en raz�n de que las autoridades estatales segregan de un cheque federal la cantidad en cita, olvid�ndose de acudir a los tribunales correspondientes y as� legitimar su acto.

    Que se viola el art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n, en virtud de que se atenta contra la formaci�n y libre administraci�n de la hacienda municipal.

  2. En cuanto al acto consistente en el oficio SSI/DGR/1976:

    Que transgrede el art�culo 115 de la Constituci�n Federal "al considerar la autoridad estatal que los Ayuntamientos municipales tienen la obligaci�n de recaudar la contribuci�n estatal, como si los mismos fuesen dependientes del Gobierno Estatal ...", lo que atenta contra la autonom�a municipal.

    Los art�culos 40 y 41 de la Constituci�n Federal que cita la autoridad demandada como fundamento de la retenci�n impugnada, no son aplicables, pues el Pacto Federal que en estos preceptos se establece es ajeno a la obligaci�n de recabar el tributo por parte del Municipio actor a favor del Estado.

    Que para los Municipios es optativo, dada su autonom�a, el celebrar una coordinaci�n o asociaci�n con el Estado, para la mayor eficacia en la prestaci�n de los servicios p�blicos, lo que en el caso no ha sucedido.

    Que el art�culo 115, fracci�n III, de la Constituci�n Federal no establece que los Municipios deber�n observar lo que dispongan las leyes estatales.

    Que el art�culo 51-F de la Ley de Hacienda M. del Estado de G., que establece que sobre el pago de impuestos y derechos por parte del Municipio, se cobrar� adicionalmente un 15% por concepto de contribuciones estatales, atenta contra la esfera constitucional del Municipio actor.

    Que al Estado de G. no le es dable establecer la obligaci�n fiscal a cargo del Municipio actor, consistente en el entero del impuesto de los derechos citados, en virtud de que esta entidad no es un contribuyente del Estado; por lo que los art�culos 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Hacienda estatal son inconstitucionales "toda vez que la garant�a tributaria ha ido m�s all� del simple hecho de que el ordenamiento que contiene la contribuci�n sea formal y materialmente un acto legislativo, pues en materia tributaria es necesario que todos los elementos de la contribuci�n se encuentren definidos en ella".

    Que la Ley de Hacienda del Estado de G. no tiene porqu� aplicarse en el �mbito territorial del Municipio de J.A., G., o producir efectos jur�dicos en su perjuicio, lo que acontece al exig�rsele el gravamen en cuesti�n.

SEXTO

Antes de continuar con el estudio de la presente controversia, conviene formular la siguiente precisi�n:

En el juicio se se�alaron como actos reclamados, los siguientes:

  1. El oficio SSI/DGR/1754, de ocho de julio de dos mil cuatro, a trav�s del cual se le informa al Municipio actor de una visita de verificaci�n por parte del Gobierno Estatal.

  2. El recibo n�mero B-1005089, expedido por la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Estado de G., el veintis�is de julio de dos mil cuatro, en el que se aprecia un cargo al Ayuntamiento de J.A., Estado de G., por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), el cual se realiz� en las partidas presupuestales del mes de julio de dos mil cuatro correspondientes al Municipio actor.

  3. El oficio SSI/DGR/1976, de cuatro de agosto de dos mil cuatro, en virtud del cual el subsecretario de ingresos del Gobierno de G. hace del conocimiento de la tesorera municipal del Ayuntamiento actor, una exposici�n sobre la fundamentaci�n legal por la cual los Ayuntamientos tienen la obligaci�n de recaudar la contribuci�n estatal y la de realizar el entero correspondiente.

El juicio result� procedente por lo que hace a los actos se�alados en los incisos b) y c), habida cuenta de que por el primero, la demanda se present� extempor�neamente.

Como puede verse, en los tres casos se trata de actos y no de normas generales; sin embargo, en la demanda se hicieron valer conceptos de invalidez tanto por lo que hace a dichos actos, como por lo que se refiere a las leyes locales en las que encuentra apoyo la denominada contribuci�n estatal en virtud de la cual se le retuvieron a la actora ciertas cantidades.

Atendiendo al hecho de que la demanda debe analizarse como un todo, ciertamente podr�an haberse tenido como impugnadas las normas generales en las que encuentra sustento dicha contribuci�n, empero, ello no es posible porque, a m�s de que en realidad no fueron impugnadas, la demanda en su contra resultar�a improcedente, pues en autos se encuentra acreditado que los oficios reclamados no constituyen el primer acto de aplicaci�n de esos preceptos, puesto que el Municipio actor ha enterado dicha contribuci�n en ocasiones anteriores.

En efecto, ello se desprende claramente de los documentos que acompa�aron las autoridades demandadas a su contestaci�n, entre los cuales se encuentra copia certificada de los res�menes mensuales de ingresos del Estado por lo que respecta al Municipio de J.A., G., correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil cuatro, as� como los recibos de pago n�meros 2780650 y 2862729 expedidos por la Administraci�n F. Estatal de Zihuatanejo, G., en los que aparece el entero de la referida contribuci�n. Los citados documentos se encuentran a fojas 68 a 71 del expediente.

En esa virtud, resulta innecesario reponer el procedimiento para llamar a juicio al Congreso Local, en virtud de que dicha ley fue consentida por el Municipio actor.

Por tanto, lo que procede es tener como actos impugnados �nicamente los antes se�alados y, en consecuencia, estimar inoperantes todos los argumentos del promovente en torno a la constitucionalidad de las normas generales en las cuales encuentra apoyo jur�dico la denominada contribuci�n estatal del Estado de G..

S�PTIMO

Del an�lisis de las constancias que informan la controversia constitucional que nos ocupa, se desprenden los siguientes antecedentes:

  1. Mediante el oficio SSI/DGR/1754, de nueve de julio de dos mil cuatro, el subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de G. le inform� al presidente municipal de J.A., G., que en el t�rmino que establecen los ordenamientos legales que regulan la recaudaci�n y el entero de los ingresos coordinados estatales y federales, el Municipio en cita no enter� las contribuciones que recauda a favor del Gobierno Estatal, sin especificar cu�les o en qu� montos, correspondientes al periodo comprendido del 1o. de marzo al 30 de junio de 2004, por lo que a tal situaci�n correspond�a determinar un cr�dito fiscal a su cargo, a trav�s del procedimiento administrativo de ejecuci�n fiscal procedente.

  2. Con fecha veintis�is de julio del a�o dos mil cuatro, la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G., expidi� el recibo oficial n�mero B-1005089, por la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, desglosado de la siguiente manera: 15% de contribuci�n estatal: $941,105.32 (novecientos cuarenta y un mil ciento cinco pesos 32/100 M.N.), recargos: $26,586.49 (veintis�is mil quinientos ochenta y seis pesos 49/100 M.N.), multas: $56,466.32 (cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 32/100 M.N.) y gastos de requerimiento: $18,822.11 (dieciocho mil ochocientos veintid�s pesos 11/100 M.N.), a cargo del Ayuntamiento de J.A., G..

  3. El cobro de dicho cargo se realiz� a trav�s del descuento en las participaciones federales correspondientes al mes de junio de dos mil cuatro del Municipio actor.

  4. Mediante el oficio TM/692/2004, de cuatro de julio de dos mil cuatro, la tesorera municipal solicit� a la S.�a de Ingresos del Estado de G. le proporcionara el marco normativo relativo al cobro de la contribuci�n estatal.

  5. Por medio del oficio SSI/DGR/1976, de cuatro de agosto de dos mil cuatro, el subsecretario de ingresos del Gobierno del Estado de G., hizo del conocimiento del Municipio actor que los art�culos 40, 41, 133, 115, fracci�n III, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 47, fracciones I, IV y V, 103 de la Constituci�n del Estado de G.; 54 y 55 de la Ley de Hacienda del Estado de G. y 51-F de la Ley de Hacienda M. n�mero 677, constituyen la fundamentaci�n legal por la que los Ayuntamientos municipales tienen la obligaci�n de recaudar la contribuci�n estatal y realizar el entero correspondiente. Asimismo, la autoridad en cita manifest� que los Municipios no cuentan con facultad para legislar en materia tributaria, por lo que resulta obligatorio para el Ayuntamiento de J.A. la recaudaci�n y el entero de las contribuciones estatales de m�rito.

    Como se precis� antes, se impugnaron en este juicio el recibo n�mero B-1005089, por el que se hace del conocimiento del Municipio actor que el Gobierno del Estado le retuvo de sus participaciones federales la cantidad de $1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.) y asimismo, el oficio SSI/DGR/1976, por medio del cual el subsecretario de ingresos del Gobierno de G. le expone al referido Municipio la fundamentaci�n legal que justifica dicha retenci�n.

    Como se ve, aunque materialmente se trata de dos documentos, en realidad es un mismo acto, pues el primero no es m�s que un recibo que acredita que el Gobierno del Estado "recibi�" (en realidad retuvo) dicha cantidad, en tanto que el segundo contiene los fundamentos y motivos de tal retenci�n.

    En virtud de lo anterior y para una mejor claridad del asunto, lo m�s adecuado es realizar el an�lisis conjunto del recibo B-1005089 y del oficio SSI/DGR/1976, a lo cual se proceder� a continuaci�n.

    En primer t�rmino se debe se�alar que los art�culos 40, 41, 115, fracci�n III y 133 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 47, fracciones I, IV y V y 103 de la Constituci�n del Estado de G.; 54 y 55 de la Ley de Hacienda del Estado de G.; y 51-F de la Ley de Hacienda M. n�mero 677, que invoca la autoridad estatal como fundamento para la emisi�n del recibo y del oficio impugnados, prev�n lo siguiente:

    Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos

    "Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta ley fundamental."

    "Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n Federal y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

    "La renovaci�n de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas, conforme a las siguientes bases:

    "I. Los partidos pol�ticos son entidades de inter�s p�blico; la ley determinar� las formas espec�ficas de su intervenci�n en el proceso electoral. Los partidos pol�ticos nacionales tendr�n derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

    "Los partidos pol�ticos tienen como fin promover la participaci�n del pueblo en la vida democr�tica, contribuir a la integraci�n de la representaci�n nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de �stos al ejercicio del poder p�blico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. S�lo los ciudadanos podr�n afiliarse libre e individualmente a los partidos pol�ticos.

    "II. La ley garantizar� que los partidos pol�ticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendr�n derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicaci�n social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Adem�s, la ley se�alar� las reglas a que se sujetar� el financiamiento de los partidos pol�ticos y sus campa�as electorales, debiendo garantizar que los recursos p�blicos prevalezcan sobre los de origen privado.

    "El financiamiento p�blico para los partidos pol�ticos que mantengan su registro despu�s de cada elecci�n, se compondr� de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtenci�n del voto durante los procesos electorales y se otorgar� conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

    "a) El financiamiento p�blico para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijar� anualmente, aplicando los costos m�nimos de campa�a calculados por el �rgano Superior de Direcci�n del Instituto Federal Electoral, el n�mero de senadores y diputados a elegir, el n�mero de partidos pol�ticos con representaci�n en las C�maras del Congreso de la Uni�n y la duraci�n de las campa�as electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo se�alado anteriormente, se distribuir� entre los partidos pol�ticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuir� entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecci�n de diputados inmediata anterior;

    "b) El financiamiento p�blico para las actividades tendientes a la obtenci�n del voto durante los procesos electorales, equivaldr� a una cantidad igual al monto del financiamiento p�blico que le corresponda a cada partido pol�tico por actividades ordinarias en ese a�o; y

    "c) Se reintegrar� un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos pol�ticos por concepto de las actividades relativas a la educaci�n, capacitaci�n, investigaci�n socioecon�mica y pol�tica, as� como a las tareas editoriales.

    "La ley fijar� los criterios para determinar los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as electorales; establecer� los montos m�ximos que tendr�n las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, se�alar� las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

    "III. La organizaci�n de las elecciones federales es una funci�n estatal que se realiza a trav�s de un organismo p�blico aut�nomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jur�dica y patrimonio propios, en cuya integraci�n participan el Poder Legislativo de la Uni�n, los partidos pol�ticos nacionales y los ciudadanos, en los t�rminos que ordene la ley. En el ejercicio de esa funci�n estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad ser�n principios rectores.

    "El Instituto Federal Electoral ser� autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempe�o; contar� en su estructura con �rganos de direcci�n, ejecutivos, t�cnicos y de vigilancia. El Consejo General ser� su �rgano superior de direcci�n y se integrar� por un consejeropresidente y ocho consejeros electorales, y concurrir�n, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos pol�ticos y un secretario ejecutivo; la ley determinar� las reglas para la organizaci�n y funcionamiento de los �rganos, as� como las relaciones de mando entre �stos. Los �rganos ejecutivos y t�cnicos dispondr�n del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regir�n las relaciones de trabajo de los servidores del organismo p�blico. Los �rganos de vigilancia se integrar�n mayoritariamente por representantes de los partidos pol�ticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estar�n integradas por ciudadanos.

    "El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General ser�n elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Diputados, o en sus recesos por la Comisi�n Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designar�n ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelaci�n. La ley establecer� las reglas y el procedimiento correspondientes.

    "El consejero presidente y los consejeros electorales durar�n en su cargo siete a�os y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del Consejo General y de los que desempe�en en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales, de investigaci�n o de beneficencia, no remunerados. La retribuci�n que perciban el consejero presidente y los consejeros electorales ser� igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

    "El secretario ejecutivo ser� nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente.

    "La ley establecer� los requisitos que deber�n reunir para su designaci�n el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los que estar�n sujetos al r�gimen de responsabilidades establecido en el t�tulo cuarto de esta Constituci�n.

    "Los consejeros del Poder Legislativo ser�n propuestos por los grupos parlamentarios con afiliaci�n de partido en alguna de las C�maras. S�lo habr� un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas C�maras del Congreso de la Uni�n.

    "El Instituto Federal Electoral tendr� a su cargo en forma integral y directa, adem�s de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitaci�n y educaci�n c�vica, geograf�a electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos pol�ticos, al padr�n y lista de electores, impresi�n de materiales electorales, preparaci�n de la jornada electoral, los c�mputos en los t�rminos que se�ale la ley, declaraci�n de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, c�mputo de la elecci�n de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, as� como la regulaci�n de la observaci�n electoral y de las encuestas o sondeos de opini�n con fines electorales. Las sesiones de todos los �rganos colegiados de direcci�n ser�n p�blicas en los t�rminos que se�ale la ley.

    "IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecer� un sistema de medios de impugnaci�n en los t�rminos que se�alen esta Constituci�n y la ley. Dicho sistema dar� definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar� la protecci�n de los derechos pol�ticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociaci�n, en los t�rminos del art�culo 99 de esta Constituci�n.

    "En materia electoral la interposici�n de los medios de impugnaci�n constitucionales o legales no producir� efectos suspensivos sobre la resoluci�n o el acto impugnado."

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "...

    "III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:

    "a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;

    "b) Alumbrado p�blico;

    "c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;

    "d) Mercados y centrales de abasto;

    "e) P.;

    "f) Rastro;

    "g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

    "h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e

    "i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

    "Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

    "Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;

    "Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley."

    Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

    Constituci�n Pol�tica del Estado de G.

    "Art�culo 24. El Estado de G. es libre y soberano en su r�gimen interior y podr� darse las leyes necesarias para su organizaci�n y desarrollo, sin contravenir lo estipulado por la Constituci�n Federal."

    "Art�culo 47. Son atribuciones del Congreso del Estado:

    "I. Expedir leyes y decretos en todas aquellas materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federaci�n, en t�rminos del art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    "...

    "IV. Expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado, se�alando las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.

    "V. Legislar sobre el Municipio Libre sujet�ndose a lo establecido por el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos."

    "Art�culo 103. Los Ayuntamientos no podr�n:

    I.F. y cobrar contribuciones que no est�n expresamente determinadas en las Leyes de Ingresos M.es o decretadas por la Legislatura del Estado.

    Ley de Hacienda del Estado de G.

    "Art�culo 54. Sobre los impuestos, excepto predial y adquisici�n de inmuebles, derechos, con excepci�n de servicios catastrales, multas y rezagos que perciban los Municipios del Estado, se cobrar� una contribuci�n estatal, del 15%."

    Art�culo 55. Las Tesorer�as M.es ser�n las responsables de hacer efectiva la contribuci�n estatal, d�ndose ingreso en caja al importe total; mensualmente entregar�n el producto de esta contribuci�n en la oficina fiscal estatal de su domicilio, durante los primeros 10 d�as del mes siguiente, mediante la presentaci�n de la declaraci�n correspondiente, expidiendo el administrador o agente fiscal estatal, en este acto, el recibo oficial correspondiente.

    Ley de Hacienda M. N�mero 677

    Art�culo 51-F. Sobre el pago de impuestos y derechos, se cobrar� adicionalmente un 15% por concepto de contribuci�n estatal, excepto lo referente a predial, adquisici�n de inmuebles, servicios catastrales, tr�nsito y agua potable.

    De los preceptos transcritos, que fueron invocados por la autoridad demandada para emitir el acto impugnado, se desprende lo siguiente:

    ? De la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos:

    El art�culo 40 establece la divisi�n de la R.�blica en Estados libres y soberanos en lo concerniente a su r�gimen interior.

    El art�culo 41 trata del ejercicio de la soberan�a del pueblo tanto en el �mbito federal como en el estatal, de los partidos pol�ticos y del Instituto Federal Electoral.

    El art�culo 115, fracci�n III, versa sobre las funciones y servicios p�blicos a cargo de los Municipios, de la observancia que deben realizar de las leyes federales y estatales, de la facultad para coordinarse y asociarse entre s� y con el Estado, para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos, as� como de la coordinaci�n y asociaci�n entre comunidades ind�genas.

    El art�culo 133 trata sobre la jerarqu�a de las leyes en nuestro pa�s.

    ? De la Constituci�n Pol�tica del Estado de G.:

    El art�culo 24 trata sobre la facultad del Estado de G. para dictar sus leyes con la condici�n de que �stas no contravengan a la Constituci�n Federal.

    El art�culo 47 versa sobre las atribuciones de la Legislatura Local y, en las fracciones citadas, se refiere a la expedici�n de leyes y decretos en todas aquellas materias que no sean competencia de la Federaci�n, la Ley de Ingresos del Estado y la legislaci�n relativa a los Municipios.

    Por su parte, el art�culo 103 se refiere al impedimento que tienen los Ayuntamientos para fijar y cobrar contribuciones que no est�n expresamente determinadas en las leyes correspondientes.

    ? De la Ley de Hacienda del Estado de G.:

    El art�culo 54 establece que de los impuestos, excepto predial y adquisici�n de inmuebles, derechos, con excepci�n de servicios catastrales, multas y rezagos que perciban los Municipios del Estado, se cobrar� una contribuci�n estatal de 15%.

    El art�culo 55 establece que las Tesorer�as M.es ser�n las responsables de hacer efectiva la contribuci�n estatal.

    ? De la Ley de Hacienda M. n�mero 677:

    El art�culo 51-F establece que sobre el pago de impuestos y derechos se cobrar� adicionalmente un 15% por concepto de contribuci�n estatal, excepto lo referente a predial, adquisici�n de inmuebles, servicios catastrales, tr�nsito y agua potable.

    De lo anterior se advierte que ninguno de los preceptos de m�rito faculta al Poder Ejecutivo del Estado de G. para descontar al Municipio actor las participaciones federales que le corresponden.

    Es decir que, aun cuando los art�culos 54 y 55 de la Ley de Hacienda del Estado de G. y 51-F de la Ley de Hacienda M. n�mero 677 establezcan a cargo de los Municipios de la entidad la denominada contribuci�n estatal, lo cierto es que de ninguno de tales preceptos se desprende la facultad del Estado para retener a dichos Municipios las cantidades derivadas de dicha contribuci�n, precisamente de las participaciones federales.

    No obstante lo anterior, se debe analizar si existe fundamento que permita a dicha autoridad emitir el acto impugnado, para lo cual resulta necesario precisar el marco legal siguiente:

    El art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

    "Art�culo. 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "...

    "IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    "...

    b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

    Los art�culos 1o., 6o. y 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., disponen lo siguiente:

    "Art�culo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federaci�n con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participaci�n que corresponda a sus haciendas p�blicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci�n administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinaci�n fiscal y dar las bases de su organizaci�n y funcionamiento.

    "Cuando en esta ley se utilice la expresi�n ?entidades?, �sta se referir� a los Estados y al Distrito Federal.

    "La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. que establece esta ley. Dichas entidades participar�n en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que se�ale esta ley mediante la distribuci�n de los fondos que en la misma se establecen."

    "Art�culo 6o. Las participaciones federales que recibir�n los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca ser�n inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habr� de cubr�rselas. Las Legislaturas Locales establecer�n su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general.

    "La Federaci�n entregar� las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dar� lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Uni�n para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federaci�n har� la entrega directa a los Municipios descontando la participaci�n del monto que corresponda al Estado, previa opini�n de la Comisi�n Permanente de Funcionarios F.es.

    "Los Municipios recibir�n como m�nimo el 20% de la recaudaci�n que corresponda al Estado en los t�rminos del pen�ltimo y �ltimo p�rrafos del art�culo 2o. de esta ley.

    "Las participaciones ser�n cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podr�n ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el art�culo 9o. de esta ley. Los gobiernos de las entidades, quince d�as despu�s de que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico publique en el Diario Oficial de la Federaci�n el calendario de entrega, porcentaje, f�rmulas y variables utilizadas, as� como el monto, estimados, a que est� obligada conforme al pen�ltimo p�rrafo del art�culo 3o. de esta ley, deber�n publicar en el P.�dico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligaci�n de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. Tambi�n deber�n publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al t�rmino de cada ejercicio fiscal. La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico publicar� en el Diario Oficial de la Federaci�n la lista de las entidades que incumplan con esta disposici�n."

    "Art�culo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines espec�ficos, ni estar sujetas a retenci�n, salvo para el pago de obligaciones contra�das por las entidades o Municipios, con autorizaci�n de las Legislaturas Locales e inscritas a petici�n de dichas entidades ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en el Registro de Obligaciones y Empr�stitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federaci�n, de las instituciones de cr�dito que operen en territorio nacional, as� como de las personas f�sicas o morales de nacionalidad mexicana.

    "Las obligaciones de los Municipios se registrar�n cuando cuenten con la garant�a solidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

    "Las entidades y Municipios efectuar�n los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectaci�n de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deber�n contar con un registro �nico de obligaciones y empr�stitos, as� como publicar en forma peri�dica su informaci�n con respecto a los registros de su deuda.

    "No estar�n sujetas a lo dispuesto en el primer p�rrafo de este art�culo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federaci�n en materia de administraci�n de contribuciones. Asimismo, proceder�n las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federaci�n, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley as� lo autorice.

    "El Gobierno Federal, por conducto de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. podr�n celebrar convenios de coordinaci�n en materia de informaci�n de finanzas p�blicas.

    En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se se�alar�n los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y Municipios.

    De lo transcrito se advierte lo siguiente:

  6. Que las participaciones federales que reciban los Municipios forman parte de su hacienda, las que ser�n cubiertas en los t�rminos que para su distribuci�n determinen las Legislaturas Locales, mediante disposiciones de car�cter general.

  7. Que la Federaci�n entregar� las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que el Estado las reciba y el retraso dar� lugar al pago de intereses.

  8. Que las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines espec�ficos, ni estar sujetas a retenci�n, salvo que su finalidad sea el pago de obligaciones contra�das por las entidades o Municipios, con autorizaci�n de las Legislaturas Locales e inscritas a petici�n de dichas entidades ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en el Registro de Obligaciones y Empr�stitos de Entidades y Municipios, bien sea a favor de la Federaci�n, de las instituciones de cr�dito que operen en territorio nacional, o de personas f�sicas o morales de nacionalidad mexicana; que las compensaciones que se requieran efectuar sean como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federaci�n en materia de administraci�n de contribuciones, o cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la Ley de Coordinaci�n F. as� lo autorice.

    En el caso, de los actos impugnados se advierte que el descuento de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, que pretende realizar la autoridad demandada, obedece a la falta de pago de las contribuciones que corresponden al Estado; sin embargo, no acontece ninguno de los supuestos siguientes:

    ? La Ley de Coordinaci�n F. no establece que las autoridades estatales puedan afectarlibremente las participaciones de uno de sus Municipios con el objeto de realizar el pago de las obligaciones que hayan contra�do;

    ? No se actualiza la autorizaci�n de la Legislatura Local ni el registro de la obligaci�n ante el Registro de Obligaciones y Empr�stitos de Entidades y Municipios.

    ? Asimismo, en el caso no existe ning�n acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de G. y el Municipio de J.A., en el que se comprometan las participaciones federales a que tiene derecho �ste, para el pago de las obligaciones de m�rito.

    Por tanto, independientemente de que el Municipio actor est� o no obligado al pago de la denominada contribuci�n estatal, lo cierto es que las autoridades estatales s�lo pueden retenerle a los Municipios sus participaciones federales por los motivos antes se�alados y por ning�n otro.

    Lo anterior es as�, en virtud de que el art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios pueden disponer libremente de sus participaciones y el art�culo 9o., primer p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., los faculta para que las afecten en garant�a del cumplimiento de las obligaciones que contraigan, pero siempre y cuando tal afectaci�n se encuentre autorizada por las Legislaturas de los Estados y la obligaci�n est� inscrita en el Registro de Obligaciones y Empr�stitos de Entidades y Municipios.

    Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial sustentada por el P. de este Alto Tribunal, publicada con el n�mero P./J. 40/2005, p�gina mil veintitr�s, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ART�CULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACI�N FISCAL PERMITE SU AFECTACI�N SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACI�N EST� INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.-El art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios pueden disponer libremente de sus participaciones y el art�culo 9o., primer p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., los faculta para que las afecten en garant�a del cumplimiento de las obligaciones que contraigan, siempre y cuando tal afectaci�n se encuentre autorizada por las Legislaturas de los Estados y la obligaci�n est� inscrita en el Registro de Obligaciones y Empr�stitos de Entidades y Municipios.

    De esta manera, si en los autos de este expediente no existe probanza alguna que demuestre que el descuento de las participaciones federales en cuesti�n constituye una garant�a del cumplimiento de las obligaciones que contrajo el Municipio actor con el Ejecutivo Estatal, autorizada por la Legislatura Local y la obligaci�n no est� inscrita en el Registro de Obligaciones y Empr�stitos de Entidades y Municipios, se concluye que el Poder Ejecutivo del Estado de G. no est� facultado para descontar las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor y, por ende, debe declararse la nulidad del recibo y del oficio impugnados.

    Es decir, el Poder Ejecutivo del Estado de G. carece de facultades para realizar el descuento de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, motivado por el incumplimiento en el entero de las contribuciones que a aqu�l le corresponden, en virtud de que no se reunieron los supuestos previstos en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. para tal efecto y, consecuentemente, el recibo B-1005089 y el oficio SSI/DGR/1976, que figuran como los actos impugnados en la presente controversia carecen de validez.

    En este orden de ideas, al haber resultado fundado el argumento relativo a la falta de facultades de la autoridad emisora de los oficios impugnados, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de anulaci�n, de conformidad con la tesis de este Tribunal P., aplicable por analog�a, publicada con el n�mero P./J. 100/99, en la p�gina setecientos cinco del Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situaci�n que cumple el prop�sito de este juicio de nulidad de car�cter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto.

    El Tribunal P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n adopt� un criterio similar al sustentado en la presente resoluci�n al conocer del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal n�mero 3/2002, el cuatro de marzo de dos mil cuatro.

OCTAVO

Dado el sentido de la presente resoluci�n es necesario precisar sus alcances en virtud de que los actos reclamados tienen efectos materiales que inciden en el entorno patrimonial de una de las partes, por lo que debe repararse el da�o que hubiera sufrido el accionante. As� se desprende de lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del art�culo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n de los Estados Unidos Mexicanos:

"Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

"...

"IV. Los alcances y los efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos encargados de cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absoluci�n o condena respectivas, fijando el t�rmino para el cumplimiento de las acciones que se se�alen.

VI. En su caso, el t�rmino en el que la parte condenada deba realizar una actuaci�n.

De la redacci�n de las fracciones transcritas se deduce que en las controversias constitucionales pueden plantearse asuntos en los que est�n implicados actos o normas jur�dicos con una clara trascendencia material, caso en el que corresponder� emitir una sentencia con efectos restitutorios, y no simplemente declarativos.

En el caso de autos, el Municipio actor reclama los actos de indebida retenci�n de los recursos que le corresponden en el mes de junio de dos mil tres por concepto de participaciones federales por parte de la Tesorer�a General del Estado de G., los cuales tuvieron efectos materiales que no han cesado.

Lo anterior no vulnera la prohibici�n de que las sentencias dictadas en las controversias constitucionales tengan efectos retroactivos, establecida en el art�culo 45 de la ley reglamentaria de la materia, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Art�culo 45. Las sentencias producir�n sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

"La declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

Como en la presente controversia no se est� en el caso de declarar la invalidez de normas, procede aplicar la regla general expresada en el primer p�rrafo del art�culo transcrito, y precisar simplemente las acciones necesarias para resarcir al Ayuntamiento actor por los da�os derivados de las retenciones de recursos que indebidamente sufri�.

Por todo lo argumentado, esta Segunda S. procede a declarar fundada la presente controversia constitucional y a instruir al Poder Ejecutivo del Estado de G. para que en un plazo no mayor a treinta d�as h�biles contados a partir del d�a siguiente al en que sea notificado de esta resoluci�n, entregue al Municipio actor el importe correspondiente a la participaci�n federal retenida y los intereses generados por el retraso en su entrega, que le correspond�an al Municipio de J.A., Estado de G., para el mes de julio de dos mil cuatro. Los citados intereses deber�n calcularse, por tanto, sobre la cantidad de $ 1'042,980.24 (un mill�n cuarenta y dos mil novecientos ochenta pesos 24/100 M.N.), indebidamente retenida, aplicando la tasa de recargos establecida por el Congreso de la Uni�n para los casos de pago a plazos de contribuciones, y atendiendo al plazo durante el cual efectu� la citada retenci�n, esto es, deber�n calcularse desde el momento en que debieron haber sido entregadas las participaciones federales indebidamente retenidas, hasta el momento en que le sean efectivamente entregadas al Municipio actor.

Similar criterio al sustentado en el presente considerando fue adoptado por el Tribunal P. al conocer de la controversia constitucional n�mero 5/2004, el ocho de junio de dos mil cuatro.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Se sobresee en la presente controversia en cuanto al acto reclamado consistente en el oficio SSI/DGR/1754, de ocho de julio de dos mil cuatro, emitido por el subsecretario de ingresos de la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Estado de G., en los t�rminos del considerando segundo de la presente resoluci�n.

SEGUNDO

Con la salvedad anterior, se declara fundada la presente controversia constitucional.

TERCERO

Se declara la invalidez del recibo B-1005089, de veintis�is de julio de dos mil cuatro, y del oficio SSI/DGR/1976, de cuatro de agosto de dos mil cuatro, emitidos por la S.�a de Finanzas y Administraci�n del Gobierno del Estado de G..

CUARTO

Se concede al gobernador del Estado de G. un plazo de treinta d�as h�biles contados a partir del d�a siguiente a aquel en que le sea notificado este fallo, para que d� cumplimiento a la presente ejecutoria, en los t�rminos y para los efectos precisados en el �ltimo considerando de la misma.

QUINTO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese, haci�ndolo por medio de oficio a las partes; en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As�, lo resolvi� la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cuatro votos de los se�ores Ministros G.D.G.�ngora P., S.S.A.A., G.I.O.M. y presidente en funciones Juan D�az R.. El se�or Ministro G.D.G.�ngora P. vot� con salvedades, en relaci�n con el tratamiento que se da a los argumentos de invalidez expresados en contra de la ley, por lo que formular� voto concurrente. La se�ora Ministra M.B.L.R., estuvo ausente previo aviso dado a la Presidencia. Fue ponente el M.G.I.O.M..

______________

  1. "?Novena �poca

    "?Instancia: P.

    "?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "?Tomo: X, septiembre de 1999

    "?Tesis: P./J. 98/99

    "?P�gina: 703

    "?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna, cuya resoluci�n se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremac�a de la Constituci�n, consistente en que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en aqu�lla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal P., en las que se soslaya el an�lisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos descritos, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F., producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.

    "?Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, M.. 9 de agosto de 1999. Mayor�a de ocho votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Disidentes: Jos� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: M.A.G.�itr�n. S.io: H.S.C..

    "?El Tribunal P., en su sesi�n privada celebrada el siete de septiembre del a�o en curso, aprob�, con el n�mero 98/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.?"

  2. "?Novena �poca

    "?Instancia: P.

    "?Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta

    "?Tomo: XX, noviembre de 2004

    "?Tesis: P. LXII/2004

    "?P�gina: 1610

    "?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN QUE SE IMPUGNAN DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGEN EN UN �MBITO ESPACIAL DE VALIDEZ MAYOR DEL QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD ACTORA. SI NO SE ALCANZA LA VOTACI�N DE OCHO VOTOS, CUANDO MENOS, A FAVOR DE LA INVALIDEZ, PROCEDE SU DESESTIMACI�N.-El pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, o de los Municipios impugnadas por los Estados, la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declare su invalidez tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos; por su parte, el �ltimo p�rrafo de la citada fracci�n establece que en "los dem�s casos", las resoluciones s�lo tendr�n efectos respecto de las partes en la controversia, pero no se�ala si para invalidar parcialmente las normas generales de la Federaci�n impugnadas por los Estados o Municipios, o las normas de los Estados combatidas por los Municipios, basta una votaci�n mayoritaria simple. Ahora bien, si de la interpretaci�n de las disposiciones sobre el control de constitucionalidad que establecen las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, se advierte que la invalidez de normas generales se salvaguarda con una votaci�n calificada de al menos ocho votos para garantizar la solidez de un criterio que habr� de producir efectos sobre la generalidad de la poblaci�n, a diferencia de cuando se impugnan actos en sentido estricto, respecto de los cuales basta una votaci�n mayoritaria simple para decidir su invalidez, por no tener una repercusi�n tan amplia, es indudable que toda resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que invalide normas generales, sea de manera absoluta o parcial, debe ser emitida por mayor�a calificada de cuando menos ocho votos. En ese sentido, cuando la controversia constitucional es promovida por un Municipio contra una norma general de la Federaci�n o del Estado, o por un Estado en contra de una ley de la Federaci�n, la resoluci�n de la Suprema Corte que declare su invalidez tambi�n requiere la votaci�n calificada de cuando menos ocho votos, puesto que se trata de actos de la misma naturaleza, esto es, de normas jur�dicas generales y, por tanto, deben regirse por la misma regla que ha sido establecida impl�citamente por el legislador ordinario en los art�culos 42 de la ley reglamentaria de la materia y 7o. de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. Adem�s, el hecho de que del referido art�culo 105, fracci�n I, constitucional, se desprenda que la invalidez de la ley impugnada es total cuando la Federaci�n controvierte la de un Estado o Municipio, o cuando un Estado impugne una ley municipal, mientras que es parcial cuando un Municipio impugne una ley federal o estatal, o un Estado controvierta una ley de la Federaci�n, no cambia la regla de la votaci�n calificada, porque de cualquier manera la invalidez tendr� efectos generales, ya que dichas consecuencias s�lo se diferencian en su dimensi�n o alcance, tomando en cuenta que en la controversia constitucional y trat�ndose de la materia que se analiza, las partes son entes p�blicos que tienen un per�metro de competencia mayor o menor seg�n se trate de la Federaci�n, de un Estado o de un Municipio, pero en todo caso la invalidez ser� general dentro del contorno de la entidad que conforme a la regla constitucional corresponda. Consecuentemente, cuando a trav�s de una controversia constitucional se impugnen disposiciones generales que rigen en un �mbito espacial de validez mayor del que corresponde a la entidad actora, si en la resoluci�n relativa no se alcanza la votaci�n de ocho votos, cuando menos, a favor de la invalidez de aqu�llas, procede su desestimaci�n.

    "?Controversia constitucional 66/2002. Municipio de Ju�rez, Estado de Chihuahua. 17 de agosto de 2004. Mayor�a de seis votos. Disidentes: S.S.A.A., G.D.G.�ngora P., Jos� de Jes�s G.�o P. y O.S.C. de G.�a V.. Encargado del engrose: J.D.R.. S.io: M.P.M..?"

  3. "?Art�culo 4o. El P. se compondr� de once Ministros, pero bastar� la presencia de siete miembros para que pueda funcionar, con excepci�n de los casos previstos en el art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, fracci�n I pen�ltimo p�rrafo y fracci�n II, en los que se requerir� la presencia de al menos ocho Ministros.?"