Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823545

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2005
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2002. MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE MÉXICO.COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCES DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA DEMANDA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. EL ARTÍCULO 4.41 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 13 DE DICIEMBRE DE 2001, AL DETERMINAR EL DESTINO DE LOS INGRESOS AHÍ SEÑALADOS Y COMPROMETER PARTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, VIOLA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.TRÁNSITO EN EL ESTADO DE MÉXICO. LOS ARTÍCULOS 8.1 A 8.5 Y 8.8 A 8.22 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD, QUE PREVÉN LAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBJETOS QUE SE REALIZA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y LOCAL, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS DE SERVICIO AL PÚBLICO, TENDENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES, CONDUCTORES Y PASAJEROS QUE UTILIZAN LA INFRAESTRUCTURA VIAL, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2002. MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE M�XICO.
MINISTRA PONENTE: O.S.C.D.G.V..
SECRETARIAS: M.M.G. Y CARMINA CORT�S RODR�GUEZ.
M�xico, Distrito F., Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a once de julio de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil dos, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, �scar S.J., quien se ostent� como s�ndico del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico, promovi� controversia constitucional, en representaci�n del propio Municipio, en la que demand� la invalidez de la norma que m�s adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:
"IV. Entidad, poder u �rganos demandados. 1. La Legislatura del Estado de M�xico, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de M�xico. 2. El gobernador del Estado de M�xico, con domicilio en Palacio de Gobierno, L.P. n�mero 300, primer piso, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de M�xico. ... VI. Norma general cuya invalidez se demanda. Se impugna la invalidez del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, publicado en la Gaceta del Gobierno, P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de M�xico, el 13 de diciembre de 2001. En espec�fico, entre otros, se impugnan los art�culos: 1.4, 1.5, 1.6, 1.17 a 1.28, 1.31 a 1.36, 2.35, 4.41, 4.50, 4.65 a 4.73, 4.94, 5.1 a 5.76 y 8.1 a 8.22."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"VIII. Antecedentes. 1. El 17 de junio de 1999 la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n aprob�, por mayor�a de 387 votos, el proyecto de Decreto por el que se declara reformado y adicionado el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho proyecto fue aprobado por la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, por mayor�a de 86 votos, el 25 de junio de 1999. Dicho proyecto fue aprobado en su conjunto por declaratoria emitida por el H. Congreso de la Uni�n de fecha 28 de octubre de 1999. Una vez aprobado por las Legislaturas de los Estados, se le envi� al Ejecutivo F., quien expidi� decreto promulgatorio de fecha 22 de diciembre de 1999. El 23 de diciembre de 1999 se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el Decreto por el que se declara reformado y adicionado el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 2. El 16 de mayo de 2001 se public� en la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico el Decreto N�mero 23, por el que se reforman diversos art�culos de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico. Esta reforma tuvo como prop�sito adecuar el contenido de la C.�n del Estado de M�xico a las disposiciones de la C.�n F.. Sin embargo, al Municipio que represento no le dieron oportunidad de aprobarla o rechazarla, debido a que nunca se la enviaron para su consulta. 3. En septiembre de 2001, el gobernador del Estado de M�xico present� ante la Legislatura del Estado la iniciativa de C�digo Administrativo. 4. El 23 de noviembre de 2001, la Legislatura del Estado aprob� el Decreto N�mero 41, relativo al C�digo Administrativo del Estado de M�xico. 5. El decreto de referencia fue promulgado por el gobernador del Estado de M�xico el 13 de diciembre de 2001, y con esa misma fecha se public� en la Gaceta del Gobierno, P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de M�xico."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"Primero. Son inv�lidos los art�culos 1.4, 1.5 y 1.6 del C�digo Administrativo, en virtud de que contravienen las fracciones II y V del art�culo 115 constitucional. Como se se�al� en el cap�tulo IX del presente escrito, la reforma de 1999 al art�culo 115 de la C.�n F. limit� la facultad de las Legislaturas de los Estados para emitir leyes en materia municipal. De acuerdo con dicha fracci�n, las Legislaturas Estatales solamente pueden expedir leyes en materia municipal que establezcan: 1. Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal. 2. Las bases generales del procedimiento administrativo. 3. Los casos en que se requiera una mayor�a calificada de dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para: i) dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal; y, ii) dictar resoluciones que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. 4. Las normas de aplicaci�n general para celebrar con el Estado los siguientes convenios: i) por los que el Estado asuma temporalmente la prestaci�n de los servicios p�blicos del Municipio; ii) por los que el Estado y Municipio presten o ejerzan coordinadamente los servicios p�blicos o funciones municipales; iii) por los que el Estado se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administraci�n de las contribuciones que las Legislaturas Locales establezcan sobre la propiedad inmobiliaria; y, iv) por los que el Municipio pueda asumir la prestaci�n de los servicios y la atenci�n de las funciones federales que la Federaci�n transfiera por convenio al Estado. En el caso que nos ocupa, el C�digo Administrativo regula no s�lo atribuciones que corresponden al Estado de M�xico, sino tambi�n aquellas que son de competencia exclusiva del Municipio de Huixquilucan. Con ello se limit� la facultad que tiene el Municipio que represento de regular las materias que por disposici�n constitucional le competen. Asimismo, los art�culos que se impugnan obligan al Ayuntamiento de Huixquilucan a aplicar las disposiciones del C�digo Administrativo en aquellas materias de competencia municipal y le restringen su �mbito de competencia al enumerar de manera limitativa las atribuciones que le competen, sin contemplar todas las que le corresponden conforme al art�culo 115 constitucional. Segundo. De igual forma, se impugnan los art�culos 1.17 a 1.28 correspondientes al t�tulo cuarto del libro primero del C�digo Administrativo, ya que resultan violatorios de lo dispuesto en las fracciones II y V del art�culo 115 constitucional, por las razones siguientes: El referido t�tulo cuarto contiene disposiciones obligatorias para el Municipio en materia de mejora regulatoria, lo cual: En primer lugar, limita a la autoridad municipal al establecer que no podr� expedir disposiciones de car�cter interno que prevean obligaciones o cargas adicionales a las que se�ala dicho c�digo y su reglamentaci�n, en relaci�n con las promociones o actividades de los particulares (art�culo 1.19). En consecuencia, el Municipio no podr� ejercer la facultad que le confiere la citada fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., ni el �ltimo p�rrafo de la fracci�n V, que expresamente le otorga la atribuci�n de expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, le impone la carga al Municipio de crear un grupo interinstitucional de mejora regulatoria que dictamine los proyectos de disposiciones de car�cter general que se pretendan expedir. Sin este dictamen, el Ayuntamiento no podr� emitir ninguna disposici�n, lo que contraviene las citadas fracciones II y V. Asimismo, lo obligan a que dichas disposiciones de car�cter general cuenten con una manifestaci�n de impacto regulatorio que determine los beneficios y costos para la sociedad. Se considera que las cuestiones de mejora regulatoria, si bien son ben�ficas para el desarrollo de la administraci�n p�blica, no son ni forman parte de las atribuciones legislativas que competen al Congreso Estatal en materia de procedimiento administrativo. La mejora regulatoria no forma parte del procedimiento administrativo que la autoridad debe observar en sus relaciones con los particulares, sino que constituye un mecanismo de control y revisi�n para mejorar las disposiciones generales que contengan cargas a los particulares. Es importante recordar que el C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico, ya fue expedido por dicho �rgano legislativo y en �ste se contemplan tales bases generales del procedimiento administrativo a que se refiere el art�culo 115 constitucional. La mejora regulatoria es un mecanismo que puede tener m�ltiples formas y llevarse a cabo de diferentes maneras. Corresponde al Municipio, conforme al art�culo 115, determinar cu�les son los instrumentos que utilizar� para establecer una mejora regulatoria en su jurisdicci�n. En este sentido, la obligaci�n que le imponen los art�culos que se impugnan en este concepto de invalidez son contrarios a los establecidos en el art�culo 115 constitucional, ya que, como se expres� en el cap�tulo IX del presente escrito, las facultades de la Legislatura Estatal est�n restringidas a emitir leyes que contengan bases generales en las materias que se indican, dentro de las cuales no se encuentra la de mejora regulatoria. Tercero. Se consideran violatorios del art�culo 115, fracciones II y V, de la C.�n F., los art�culos 1.31 a 1.36 del t�tulo sexto del libro primero del C�digo Administrativo, por los siguientes motivos: Dichos art�culos disponen que s�lo las dependencias de la administraci�n p�blica estatal podr�n expedir normas t�cnicas, que son disposiciones administrativas de car�cter general consistentes en regulaciones t�cnicas, directrices, caracter�sticas y prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalaci�n, establecimiento, sistema, actividad, servicio o m�todo de producci�n. Sin embargo, como se expuso en el cap�tulo IX de esta demanda, las fracciones II y V del art�culo 115, facultan al Municipio para expedir reglas, circulares y dem�s disposiciones administrativas de car�cter general a fin de regular las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia. En esa virtud, al disponer el C�digo Administrativo que solamente podr�n expedir normas t�cnicas las dependencias de la administraci�n p�blica estatal, se est� limitando la facultad del Municipio para regular las materias de su competencia a trav�s de la emisi�n de disposiciones de car�cter general. Adem�s, como ya se argument� en el primer concepto de invalidez, el c�digo no solamente regula las materias de competencia estatal, sino tambi�n -de manera indebida- lo hace con materias de competencia exclusiva de los Municipios, lo que significa que est� facultando a las dependencias a expedir normas t�cnicas en materias que constitucionalmente le corresponden al Municipio de Huixquilucan. Un claro ejemplo de ello es lo dispuesto en el art�culo 2.35 que faculta a la Secretar�a de Salud a emitir normas t�cnicas sobre el tratamiento de residuos s�lidos municipales. Cuarto. En este concepto de invalidez nos referimos a la facultad que otorga el art�culo 115, fracci�n III, inciso c), constitucional, al Municipio en materia de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos. En efecto, la C.�n F. prev� como una funci�n exclusiva del Municipio todo lo relacionado con limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos. Asimismo, conforme a la fracci�n II, el Municipio tiene la atribuci�n de regular las funciones y servicios p�blicos de su competencia. No obstante ello, las autoridades demandadas al aprobar, promulgar y publicar el C�digo Administrativo vulneran dichas atribuciones en los art�culos 2.35, 4.50, 4.65 a 4.73 y 4.94, fracci�n I. Lo anterior, debido a que los art�culos 2.35 y 4.50, p�rrafo segundo, establecen que los residuos s�lidos municipales deben tratarse conforme a lo previsto en las normas t�cnicas estatales (normas que, como ya se estableci� en el concepto de invalidez anterior, s�lo pueden ser emitidas por dependencias estatales), restringiendo as� la facultad municipal para regular las materias de su competencia. Adem�s, no se encuentra l�gica a lo anterior, ya que en el propio art�culo 4.50, p�rrafo tercero, s� se da debido cumplimiento a la C.�n F., ya que expresamente se establece que ?la prevenci�n y control de la contaminaci�n generada por la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales se sujetar� a las disposiciones de car�cter general que emitan los Ayuntamientos?. En este orden de ideas, el Municipio de Huixquilucan debe regular tambi�n las cuestiones relativas al tratamiento de residuos, debido a que es un servicio p�blico municipal, sin embargo, los art�culos impugnados en este concepto de invalidez dicen lo contrario. Basta ver lo dispuesto en los art�culos 4.65 a 4.73, que establecen la facultad de la Secretar�a de Ecolog�a para: ?emitir las normas t�cnicas estatales que regular�n la localizaci�n, instalaci�n y funcionamiento de los sistemas de recolecci�n, transporte, almacenamiento, manejo, separaci�n, tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos?. Todas �stas, facultades del Municipio. No conforme con lo anterior, el art�culo 4.66, en franca violaci�n a la fracci�n III, inciso c), del art�culo 115 constitucional, otorga a la Secretar�a de Ecolog�a la facultad de autorizar el manejo, transporte, tratamiento y disposici�n final de residuos industriales no peligrosos. Es importante se�alar que ni la C.�n F., ni la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente hacen distinci�n en el manejo de residuos municipales y residuos industriales, sino que prev�n la facultad del Municipio para ejercer facultades respecto de los dos tipos de residuos. En consecuencia, es posible afirmar que las disposiciones que se impugnan en el presente concepto resultan violatorias de la C.�n F. y, por tanto, debe declararse su invalidez. Quinto. El C�digo Administrativo viola la facultad de libertad hacendaria del Municipio de Huixquilucan. Conforme al primer p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, los Municipios deben administrar libremente su hacienda, la cual se conforma por los rendimientos de los bienes que les pertenecen, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. El hecho de que el Municipio administre libremente su hacienda, significa que �ste puede ejercer de manera exclusiva sus recursos, evitando la posibilidad de que mediante leyes de los Poderes F.es o Estatales se afecte de cualquier modo la hacienda municipal. As� lo reconoci� la C�mara de Diputados en el dictamen respectivo, al se�alar que: ?son incompatibles con el art�culo 115 constitucional los actos de cualquier �rgano legislativo o ejecutivo distinto al Ayuntamiento, que se comprometan o predeterminen cualquier elemento de su presupuesto de egresos.?. En perjuicio de lo anterior, el C�digo Administrativo, en su art�culo 4.41, establece que: ?Los ingresos que el Estado y los Municipios recauden por concepto de otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y en general cualquier autorizaci�n en materia de �reas naturales protegidas, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se destinar�n a la realizaci�n de acciones de conservaci�n de la biodiversidad, dentro de las �reas en las que se generen dichos ingresos?. Como puede observarse, dicho precepto limita la facultad que en materia hacendaria otorga la C.�n F. a los Municipios, en virtud de que etiqueta y determina el destino de los recursos que perciban dichos Municipios por la prestaci�n de los servicios en materia de las �reas naturales protegidas, en franca violaci�n a lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional. En consecuencia, se solicita su invalidez. Sexto. Se impugna la totalidad del libro quinto del C�digo Administrativo, que comprende los art�culos 5.1 a 5.76, en virtud de que sus disposiciones son violatorias de la fracci�n II, as� como del �ltimo p�rrafo de la fracci�n V del art�culo 115. En dicho libro se regula con mucho detalle lo relativo al ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n. Al respecto, es importante recordar que conforme al art�culo 115 constitucional, los Municipios est�n facultados para: ?Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal. ?Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales. ?Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional. ?Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia. ?Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de tierra urbana. ?Otorgar licencias y permisos para construcciones. Asimismo, conforme a las fracciones II y V del referido art�culo 115, los Municipios tienen la atribuci�n de regular las materias y funciones de su competencia, limitando a las Legislaturas de los Estados a establecer exclusivamente bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo. En virtud de que las materias competencia del Municipio que se enlistan en el p�rrafo anterior no tienen que ver con cuestiones de administraci�n p�blica municipal ni de procedimiento administrativo, las leyes estatales no pueden regular cuestiones espec�ficas de estas materias. Sin embargo, las disposiciones del libro quinto del C�digo Administrativo regulan exhaustivamente y a detalle las facultades del Municipio en estas materias. As�, por ejemplo, los art�culos 5.21 a 5.29 prev�n todos los requisitos para la elaboraci�n, aprobaci�n, publicaci�n e inscripci�n de los planes de desarrollo urbano de competencia municipal; los art�culos 5.33 a 5.35 establecen las caracter�sticas que se deben observar para la zonificaci�n, los art�culos 5.48 a 5.54 adem�s de regular todo lo relativo a la subdivisi�n, fusi�n y relotificaci�n de predios, expresamente disponen que las excepciones a �stas se se�alar�n en la reglamentaci�n de este c�digo. Asimismo, las cuestiones relativas a la licencia de uso de suelo quedan perfectamente reguladas a tal grado que se establece hasta lo que debe acompa�arse a la solicitud. De esta manera es contundente que al disponer de una regulaci�n tan espec�fica, el C�digo Administrativo limita las atribuciones que al Municipio competen de manera exclusiva. S�ptimo. Se impugna la totalidad del libro quinto del C�digo Administrativo, que comprende los art�culos 5.1 a 5.76, en virtud de que sus disposiciones son violatorias de la fracci�n V del art�culo 115, ya que limitan y restringen las facultades que competen constitucionalmente al Municipio. Como se se�al� en el concepto de invalidez anterior, los Municipios tienen diversas facultades en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. A continuaci�n se se�alan algunas de las disposiciones jur�dicas del libro quinto del C�digo Administrativo que violan dichas facultades. a) Formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano municipal. El art�culo 5.9, fracci�n IV, faculta a la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas del Estado para ?emitir dict�menes de congruencia de los planes municipales de desarrollo urbano, de los planes de centros de poblaci�n y de los planes parciales, con el plan estatal de desarrollo urbano y los planes regionales de desarrollo urbano, en su caso.?. Asimismo, en el art�culo 5.28 se establecen las reglas a las que se sujetar�n la elaboraci�n, aprobaci�n, publicaci�n e inscripci�n de los planes de desarrollo urbano. Espec�ficamente, en su fracci�n III, dispone que para la validez jur�dica de los programas de competencia municipal es necesario recabar previamente de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras el dictamen de congruencia mencionado. De esta manera, la validez jur�dica de los planes municipales, conforme al art�culo 5.25 y los antes mencionados, se sujeta a un dictamen de congruencia emitido por una autoridad estatal, lo cual limita la atribuci�n del Municipiopara expedir dichos planes. Es importante aclarar que ni siquiera la ley marco en la materia (Ley General de Asentamientos Humanos) contempla la necesidad de que existan este tipo de dict�menes de congruencia para la elaboraci�n de planes municipales. Por su parte, el 5.24 dispone que las normas generales a las que deben sujetarse los planes de desarrollo urbano de competencia municipal, limitando as� nuevamente las facultades consagradas por el art�culo 115. (sic). b) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n. Por lo que hace a la zonificaci�n, el C�digo Administrativo no deja margen de maniobra para el Municipio, ya que, por una parte, prev� a detalle qu� es lo que debe de determinarse en cada caso al hacer la zonificaci�n (art�culo 5.33) y, por la otra, especifica en forma concreta cuestiones relacionadas con la ubicaci�n de la infraestructura y equipamiento urbano y de las industrias, as� como lo que en cada materia se debe observar al momento de hacer la zonificaci�n de igual manera (art�culo 5.34) (sic). c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional. No obstante que en el art�culo 5.10, fracci�n II, se establece la participaci�n de los Municipios en la elaboraci�n de dichos planes, en ninguna disposici�n del c�digo se desarrolla la manera en que los Municipios participar�n en la misma. d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia. En primer t�rmino, el art�culo 5.36 se�ala que las autorizaciones y licencias que emitan los Municipios deben sujetarse a las disposiciones del c�digo, su reglamentaci�n y los planes de desarrollo urbano, de lo contrario las que se expidan en contravenci�n ser�n nulas y no producir�n efecto jur�dico alguno. En esa virtud, el Municipio debe ce�irse a cada una de las disposiciones que establece el referido libro quinto, si es que pretende que �stas sean v�lidas y produzcan efectos jur�dicos. De esta manera, las autorizaciones para el uso de suelo deben obedecer lo dispuesto en los art�culos 5.59 que contempla los lineamientos de las licencias; y, 5.60 que especifica los documentos que deben acompa�arse a la solicitud. Asimismo, los art�culos 5.61 y 5.29 prev�n la necesidad de contar con un dictamen de impacto regional, previo y favorable, que obviamente es emitido por la Secretar�a de Desarrollo Urbano, para autorizar los usos de suelo de desarrollos habitacionales, gaseras, gasoneras y gasoliner�as, los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribuci�n de combustibles, la explotaci�n de bancos de materiales para la construcci�n y, en general, cualquier construcci�n que sea mayor de cinco mil metros cuadrados u ocupe predios de m�s de seis mil metros cuadrados de terreno. Es evidente que a trav�s de este dictamen el Estado limita las facultades del Municipio en materia de autorizaci�n del uso de suelo, ya que quien va a otorgar la autorizaci�n real no es el Municipio sino el Estado. Finalmente, el art�culo 5.29 sujeta las autorizaciones de cambio de uso de suelo, de cambio de la densidad e intensidad de su aprovechamiento o de cambio de la altura m�xima de edificaci�n prevista, a la opini�n previa de la C.�n de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal. De todo lo anterior, se puede afirmar contundentemente que las disposiciones previstas en el libro quinto de referencia limitan, restringen e impiden al Municipio de Huixquilucan el ejercicio de las facultades que la C.�n F. le otorga. Octavo. Se impugnan los art�culos 5.11, 5.12 y 5.43, en virtud de que crean una C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda que cuenta con funciones que pertenecen de manera exclusiva al Municipio. Ello contraviene la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, que dispone: ?... La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado ...?. De esta manera, conforme al dictamen de la C�mara de Diputados, se pretende que en el �mbito de gobierno del Municipio se ejerzan competencias exclusivas a favor del Ayuntamiento; lo que supone la exclusi�n, no s�lo de autoridades intermedias entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento, sino de cualquier otro ente, organismo o instituci�n que creado por los Poderes F.es o Estatales sin base constitucional, pretenda ejercer funciones municipales. En efecto, la comisi�n de referencia, constituye una autoridad intermedia, que pretende ejercer las funciones que competen de manera exclusiva al Municipio. Basta transcribir lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 5.43, que establece: ?La autorizaci�n de los conjuntos urbanos se integrar� con las autorizaciones, licencias y dict�menes que emitan las dependencias y organismos auxiliares de la administraci�n p�blica federal, estatal y municipal que concurran a la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda en ejercicio de sus respectivas atribuciones y competencias.?. Asimismo, el segundo p�rrafo de dicho art�culo obliga a los Municipios a expedir autorizaciones en el seno de la comisi�n y no en el seno del Ayuntamiento, lo que provoca que las autorizaciones respectivas se voten dentro del seno de la comisi�n, siendo �sta la que determine si se otorgan o no. Noveno. En este concepto de invalidez nos referimos a la facultad exclusiva que tiene el Municipio en materia de tr�nsito, de acuerdo con el inciso h) de la fracci�n III del art�culo 115 constitucional. Como se ha se�alado en diversos conceptos de invalidez, as� como en el cap�tulo IX del presente escrito, la reforma de 1999 al art�culo 115 de la C.�n F. limit� la facultad de las Legislaturas de los Estados para emitir leyes en materia municipal. Sin embargo, la Legislatura Estatal y el gobernador del Estado de M�xico excedieron nuevamente sus competencias al aprobar, promulgar y publicar un C�digo Administrativo que regula de manera sumamente detallada cuestiones relativas al tr�nsito de veh�culos. De esta manera, en los art�culos 8.1 a 8.22 se establecen: ?Las autoridades en la materia, previendo como extra�amente como (sic) autoridad a una dependencia estatal, es decir, a la Secretar�a General de Gobierno. ?La facultad de dicha secretar�a de emitir normas t�cnicas en materias que corresponde regular al Municipio. ?Los requisitos que deben observar los veh�culos para transitar. ?La clasificaci�n de los veh�culos. ?Las prohibiciones a los veh�culos. ?Un cat�logo de obligaciones de los consultores de veh�culos. ?Los requisitos que deben cumplir los estacionamientos p�blicos. ?Las infracciones. Lo anterior, no s�lo limita la facultad que tiene el Municipio de Huixquilucan de regular las materias que por disposici�n constitucional le competen, sino que va todav�a m�s all� al vulnerar y restringir el ejercicio de las mismas. Es muy importante recordar que el prop�sito de la reforma al art�culo 115 constitucional, no fue s�lo el dotar de facultades exclusivas al Municipio, sino tambi�n de posibilitarlo para que �l mismo emitiera las regulaciones relativas a sus competencias. En esa virtud, cada Municipio debe estar en posibilidad de regular conforme a sus necesidades y experiencias todas esas cuestiones en materia de tr�nsito que ya se especifican en el c�digo. En virtud de todo lo antes expuesto, vista la inconstitucionalidad del C�digo Administrativo, en espec�fico de los art�culos que se se�alan en el cap�tulo VI de este escrito, lo procedente es que esa H. Suprema Corte declare su invalidez. Por otro lado, se solicita a ese Alto Tribunal que de conformidad a los art�culos 39 y 40 de la ley reglamentaria, aplique en beneficio del Municipio de Huixquilucan de Degollado la siguiente tesis de jurisprudencia: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS. De acuerdo con lo establecido por los art�culos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, trat�ndose de controversias constitucionales la Suprema Corte corregir� los errores en la cita de los preceptos invocados, examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuesti�n efectivamente planteada y deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos y agravios. De ello se sigue, necesariamente, que no es posible jur�dicamente que se establezca que los argumentos hechos valer por el promovente de la controversia o conceptos de invalidez puedan considerarse deficientes, pues ello en nada afecta el estudio que deba realizarse conforme a las reglas establecidas en los preceptos mencionados.?."
CUARTO. El precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violado es el 115, fracciones I, II, III, IV y V.
QUINTO. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil dos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tuvo por presentada la demanda de m�rito, orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondi� el n�mero 12/2002, y por raz�n de turno design� como instructora a la M.O.M.�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V..
Por auto de veintiuno de febrero de dos mil dos, la Ministra instructora tuvo por presentado al promovente, admiti� la demanda de controversia constitucional, orden� emplazar a las autoridades demandadas, y dar vista al procurador general de la R.�blica.
SEXTO. Al producir su contestaci�n, las autoridades demandadas manifestaron, en s�ntesis:
El Congreso del Estado de M�xico:
1. Que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con los art�culos 10 y 11 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el s�ndico del Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico, quien suscribi� la demanda en representaci�n del Municipio actor, no cuenta con legitimaci�n para ello, ya que la representaci�n recae en el Ayuntamiento como �rgano de gobierno, el que si bien es cierto es representado por el s�ndico municipal, tambi�n lo es que para que �ste pueda representarlo, requiere un acuerdo previo, el cual no se ha emitido.
2. Que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el art�culo 1o. del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el objeto de las controversias constitucionales es el de preservar la distribuci�n de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, con apego a la C.�n F., y en el caso concreto, la norma general impugnada no invade la esfera competencial de la parte actora.
3. Que el C�digo Administrativo del Estado de M�xico no es conculcatorio del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:
a) Que si bien es cierto que el precepto constitucional de m�rito, en su fracci�n II, otorga a los Municipios la facultad de expedir bandos de polic�a y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, tambi�n lo es que esa facultad s�lo puede ejercitarse de acuerdo con las bases normativas que establezcan las Legislaturas Estatales, por lo que en la especie la norma impugnada no puede invadir la facultad reglamentaria municipal, ya que �sta debe sujetarse a los lineamientos de aqu�lla.
b) Que al establecer el art�culo 1.19 de la norma general controvertida, que las autoridades no podr�n expedir disposiciones de car�cter interno que contengan obligaciones y cargas a los particulares adicionales, a las que prev� el c�digo impugnado y su reglamentaci�n, no limita a la autoridad municipal, ya que el precepto legal en cita se refiere a las autoridades para efectos del C�digo Administrativo, como son el Poder Ejecutivo Estatal, los Municipios y los organismos descentralizados de car�cter estatal y municipal con funciones de autoridad, por lo que no contraviene el art�culo 115, fracciones II y V, de la C.�n F., dado que las disposiciones a que se refiere son de car�cter interno y no generales.
c) Que el art�culo 1.22, fracci�n II, del c�digo cuestionado, en cuanto prev� la obligaci�n de las administraciones p�blicas estatal y municipales, de llevar a cabo un proceso continuo de mejoras regulatorias para impulsar el desarrollo social y econ�mico, no violenta la disposici�n constitucional en cita, ya que los grupos municipales de mejora regulatoria tendr�n la atribuci�n de dictaminar los proyectos de disposiciones de car�cter general que pretendan expedir los Municipios, pero la aprobaci�n del dictamen y la expedici�n de disposiciones generales, queda a cargo de los Ayuntamientos; m�xime que se establece que los actos y procedimientos que en la materia dicten o ejecuten las autoridades, se tramitar�n y resolver�n conforme a sus disposiciones y las del C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico.
d) Que los art�culos 1.31 a 1.36 del C�digo Administrativo controvertido, en cuanto prev�n que las dependencias de la administraci�n p�blica estatal podr�n expedir normas t�cnicas (disposiciones de car�cter general) en los casos previstos en el propio c�digo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de su finalidad, no vulneran la esfera competencial del demandante, ya que el art�culo 1.5, fracci�n IV, del propio ordenamiento legal, faculta a las autoridades municipales a expedir esas normas t�cnicas en lo que les corresponde aplicar.
e) Que el hecho de que los art�culos 2.35, 4.50, 4.65 a 4.73 y 4.94, fracci�n I, del c�digo impugnado, regulen funciones y servicios p�blicos que tienen a su cargo los Municipios, entre los que se encuentra el de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos, no implica una invasi�n a la esfera competencial del Municipio actor, dado que se trata de disposiciones de orden p�blico e inter�s general que tienen por objeto regular, entre otras materias, la de salud, a fin de promover el desarrollo social y econ�mico en el Estado de M�xico; de tal suerte que los Municipios para desempe�ar sus funciones y prestar el servicio p�blico a su cargo, deben observar lo dispuesto en las leyes federales y locales.
f) Que el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo impugnado, no viola el principio de libre administraci�n hacendaria municipal, consagrado en la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F., ya que el hecho de que se determine que los ingresos del Municipio, recaudados por concepto de concesiones, permisos, licencias y en general cualquier autorizaci�n en materia de �reas naturales y protegidas conforme a las disposiciones fiscales aplicables, ser�n destinadas a la realizaci�n de acciones de conservaci�n de la biodiversidad, dentro de las �reas en que se generen dichos ingresos; no impide el ejercicio libre de la administraci�n hacendaria, ni limita su actividad financiera, ya que lo que se est� preservando son las �reas naturales protegidas.
g) Que las disposiciones contenidas en el libro quinto del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, cuya invalidez se demanda, que regula el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, con el fin de promover el desarrollo social y econ�mico en la entidad, no conculca el art�culo 115, fracciones II y V, de la C.�n F., en virtud de que constituyen las bases normativas en esa materia, para que los Municipios puedan v�lidamente expedir la reglamentaci�n correspondiente.
h) Que lo mismo ocurre respecto de los art�culos 8.1 a 8.22 de la norma general cuestionada, que regulan el tr�nsito de veh�culos, personas y objetos que se realizan en la infraestructura vial primaria y local, as� como el establecimiento de estacionamientos de servicio p�blico, ya que se dejan a salvo las facultades de los Municipios de prestar el servicio p�blico correspondiente.
El Gobernador C.onal del Estado de M�xico:
1. Que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con los art�culos 10 y 11 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el s�ndico del Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico, quien suscribi� la demanda en representaci�n del Municipio actor, no cuenta con legitimaci�n para ello, ya que la representaci�n recae en el Ayuntamiento como �rgano de gobierno, el que si bien es cierto es representado por el s�ndico municipal, tambi�n lo es que para que �ste pueda representarlo requiere un acuerdo previo, el cual no se ha emitido.
2. Que la potestad legislativa del Estado no se circunscribe a expedir leyes estatales en materia municipal, sino que sus atribuciones constitucionales son, adem�s, la de dictar leyes que regulen en el �mbito local, las competencias del orden estatal y municipal; de tal manera que en el c�digo impugnado se precisa el �mbito competencial en observancia del art�culo 115 de la C.�n F..
3. Que los preceptos del c�digo controvertido, relativos a la mejora regulatoria, no invaden la esfera de competencia del demandante, ya que prev�n el procedimiento administrativo que conforme al art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F., corresponde a las Legislaturas Locales establecer las bases de su regulaci�n; habida cuenta que deja a los Ayuntamientos el determinar la forma y t�rminos en que deber� llevarse a cabo el procedimiento respectivo.
4. Que de acuerdo con las fracciones III y V del art�culo 115 de la C.�n F., los Municipios, en el desempe�o de las funciones y prestaci�n de los servicios a su cargo, deben observar lo dispuesto en las leyes federales y estatales; por tanto, la facultad de dictar normas t�cnicas, por parte del Estado, en materia de residuos s�lidos, tiene como �nico l�mite, el no sustraer del �mbito competencial municipal alguna de las materias reservadas por la C.�n a ese orden de gobierno, como es el servicio p�blico de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos que no est�n considerados como peligrosos, atento a lo dispuesto en los art�culos 5o., 7o. y 8o. de la Ley General de Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente.
5. Que de acuerdo con el art�culo 115, fracci�n V, inciso g), de la C.�n F., los Municipios s�lo est�n facultados para participar en la creaci�n de administraci�n de reservas ecol�gicas, as� como en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas en la materia; de tal manera que cuando el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo impugnado, establece que los ingresos provenientes de autorizaciones y concesiones de �reas naturales protegidas, deben destinarse a su preservaci�n, no violenta la libre administraci�n hacendaria municipal, ya que estos ingresos son estatales y no municipales, puesto que los Municipios carecen de facultades para otorgar dichas autorizaciones y concesiones.
6. Que el hecho de que en el libro quinto del C�digo Administrativo cuestionado, se establezca que los planes municipales de desarrollo urbano deber�n contar con un dictamen de congruencia establecido por la autoridad estatal, no vulnera el �mbito competencial del Municipio actor, previsto en el art�culo 115, fracci�n V, constitucional, ya que las atribuciones de los Municipios en esta materia, se encuentran reguladas por las leyes federales y estatales, por lo que a los Municipios s�lo les corresponde ajustarse a las prescripciones de dichas leyes; que por otro lado, en el sistema de planeaci�n del desarrollo urbano se reconoce la preeminencia de niveles superiores de planeaci�n, de manera que las pol�ticas y estrategias de los planes regionales y estatalesde desarrollo urbano, aparte de vincularse con los instrumentos de planeaci�n del orden federal, marcan pol�ticas y estrategias que deben aplicarse a nivel municipal.
7. Que la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, creada por el C�digo Administrativo controvertido, en especial en los art�culos 5.11 y 5.12, no constituye una autoridad intermedia entre el Gobierno Municipal y el Estatal, ya que su prop�sito es el de convocar a todas y cada una de las dependencias a que participen, en el �mbito de sus respectivas facultades, en el dictado de autorizaciones vinculadas con desarrollo y vivienda, o sea, que por tratarse de un �rgano multidisciplinario, concurren autoridades de los diferentes �rdenes de gobierno y, particularmente, respecto de autoridades municipales, su asistencia a la comisi�n depende fundamentalmente de la invitaci�n de este �rgano y de la aceptaci�n por parte de los Ayuntamientos, los que podr�n emitir o no las autorizaciones o licencias que las leyes de la materia les reserven.
8. Que el C�digo Administrativo impugnado, al regular de manera detallada cuestiones relativas al tr�nsito de veh�culos, no invade el �mbito competencial municipal, debido a que esta competencia se encuentra circunscrita a la regulaci�n del tr�nsito de veh�culos, objetos y personas sobre vialidades de jurisdicci�n municipal.
S�PTIMO. El procurador general de la R.�blica extern�, en s�ntesis:
1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en t�rminos del art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n F..
2. Que la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
3. Que quien sign� la demanda fue el s�ndico municipal, quien acredit� contar con tal car�cter y tiene la representaci�n legal del Ayuntamiento actor, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 53, fracci�n I, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M�xico; por lo que resulta infundada la causa de improcedencia alegada por las autoridades demandadas.
4. Que es infundada la causa de improcedencia hecha valer por el Congreso del Estado de M�xico, consistente en que la norma general impugnada no invade la esfera competencial del Municipio actor, toda vez que esta causa de improcedencia involucra el estudio de fondo de la controversia constitucional, por lo que debe desestimarse atento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial plenaria, publicada con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE."
5. Que los art�culos 5.11, 5.12 y 5.43, de la norma general impugnada, que prev�n la organizaci�n, objetivos y atribuciones de la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de M�xico, no transgreden el art�culo 115, fracci�n I, de la C.�n F., toda vez que dicha comisi�n no constituye una autoridad intermedia, dado que no se le faculta para el ejercicio de atribuciones exclusivas a favor del Ayuntamiento, sino que ese organismo tiene la finalidad �nicamente de coordinar las acciones relacionadas a una o varias materias de la administraci�n p�blica municipal, sin contar con facultades de decisi�n o de ejecutividad que le permitan actuar por encima de los entes municipales.
6. Que los art�culos 1.4, 1.5, 1.6, 1.17 a 1.28, 1.31 a 1.36, 2.35, 4.50, 4.65 a 4.73, 5.1 a 5.76 y 8.1 a 8.22 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico impugnados en esta v�a, no violan la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no enumeran de manera limitativa las atribuciones de los Municipios, ni tampoco restringen su facultad de expedir reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para el ejercicio de sus funciones, sino que establecen la facultad de los Ayuntamientos para expedir, dentro de su respectiva jurisdicci�n, reglamentos y disposiciones de observancia general; que asimismo, establecen competencia municipal en cuanto a funciones y servicios p�blicos b�sicos que se especifican de manera enunciativa y no limitativa, al hacer el se�alamiento de los que la autoridad municipal deber� prestar.
Que lo anterior es as�, en virtud de que de los citados preceptos del c�digo impugnado, analizados integralmente, se desprende que las bases generales en materia municipal respecto al procedimiento administrativo regulado, se constri�e a establecer lineamientos concernientes a las atribuciones de las autoridades administrativas del Ayuntamiento en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos; desarrollo urbano y vivienda; planes de control de poblaci�n; expedici�n de normas t�cnicas; celebraci�n de convenios y acuerdos de coordinaci�n de acciones entre los organismos de la administraci�n p�blica federal, estatal y municipal; las formalidades para el otorgamiento de autorizaciones, licencias y dict�menes de uso de suelo, de densidad e intensidad de aprovechamiento o de la altura m�xima permitida; la factibilidad de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales; la certificaci�n de clave catastral; as� como el manejo de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos; lo referente a tr�nsito de veh�culos, personas y objetos; y el establecimiento de estacionamientos de servicio p�blico.
Que por otra parte, en los preceptos legales en cita, se contemplan �rganos auxiliares y de colaboraci�n municipal, cuyo objeto es auxiliar y apoyar al Gobierno Municipal en la mejora regulatoria, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo del Municipio, al que compete directamente su organizaci�n y funcionamiento.
7. Que el art�culo 1.19 de la norma general cuestionada, s� es violatorio de la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., en cuanto restringe la facultad del Municipio actor de expedir las disposiciones dentro de su jurisdicci�n, que crea convenientes para el mejor desarrollo de su administraci�n; por tanto, es procedente declarar la invalidez del citado precepto legal.
8. Que el art�culo 4.41 del c�digo impugnado, en cuanto prev� que los ingresos que recauden los Municipios por concesiones, permisos, licencias o cualquier autorizaci�n en �reas naturales protegidas, ser�n destinados a la conservaci�n de la biodiversidad; violenta el principio de libre administraci�n de la hacienda p�blica consagrada a favor de los Municipios en la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que conforme a este principio, las leyes federales o estatales no pueden, de ninguna manera, comprometer o predeterminar alg�n elemento del presupuesto proveniente de los rubros sobre los que los Ayuntamientos tienen atribuci�n.
9. Que los art�culos 5.9, fracci�n IV, 5.25 y 5.28 del c�digo controvertido, no son violatorios del inciso a) de la fracci�n V del art�culo 115 de la C.�n F., ya que si bien es cierto que sujetan la validez jur�dica de los planes municipales de desarrollo urbano al dictamen de congruencia del plan estatal de desarrollo urbano y, en su caso, a los planes regionales emitidos por la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas del Estado, tambi�n lo es que esto no restringe la facultad del Municipio actor de formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano municipal, toda vez que se deja a salvo su competencia para determinar, dentro de su �mbito de atribuciones, el propio plan de desarrollo urbano, los cuales deben estar acordes con lo determinado por las leyes federales y estatales, de acuerdo con el primer p�rrafo de la fracci�n V del citado precepto constitucional.
10. Que por cuanto hace al argumento de la actora en el sentido de que el art�culo 5.10 de la norma general cuestionada, violenta el art�culo 115, fracci�n V, inciso c), de la C.�n F., en virtud de que no establece la manera en que debe intervenir el Municipio en la elaboraci�n o modificaci�n de los planes regionales de desarrollo urbano, resulta infundado, toda vez que tal participaci�n municipal se precisa en los art�culos 5.21 y 5.28 del propio C�digo Administrativo, en los que se se�ala la manera en que los Municipios deber�n intervenir en los citados planes de desarrollo y fijan las reglas a que deber�n sujetarse en su elaboraci�n o modificaci�n.
11. Que los art�culos 5.29, 5.33, 5.34, 5.36, 5.59, 5.60 y 5.61 de la norma general cuya invalidez se demanda en esta v�a, no contravienen lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n V, inciso d), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de un an�lisis integral de estos dispositivos legales, se desprende que establecen, de manera enunciativa mas no limitativa, las bases generales de la administraci�n p�blica municipal en materia de desarrollo urbano, as� como de autorizaci�n, control y vigilancia del uso de suelo, con la finalidad de que sirvan de marco normativo a los Ayuntamientos; asimismo, delimitan los requisitos que deben observar en su tramitaci�n, sin que se intervenga en cuestiones espec�ficas de cada Municipio y dejan a salvo el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
OCTAVO. Agotado el tr�mite respectivo, se celebr� la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, en la que se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resoluci�n.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de M�xico por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Huixquilucan de Degollado, de la misma entidad.
SEGUNDO. Por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
Conviene destacar que en la presente v�a se impugnan de manera destacada los art�culos 1.4, 1.5, 1.6, 1.17 a 1.28, 1.31 a 1.36, 2.35, 4.41, 4.50, 4.65 a 4.73, 4.94, 5.1 a 5.76 y 8.1 a 8.22 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, publicado en la Gaceta del Gobierno de esa entidad, el trece de diciembre de dos mil uno.
Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, trat�ndose de normas de car�cter general, la fracci�n II del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal prev�:
"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:
"...
"II. Trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia."
El precepto transcrito prev� que el plazo para promover la controversia constitucional ser�, trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n.
En el caso, se impugnan los preceptos antes mencionados del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, por tanto, para efectos de la oportunidad de la demanda, debe estarse �nicamente a la fecha de su publicaci�n, lo cual ocurri� el trece de diciembre de dos mil uno, como se desprende de la Gaceta del Gobierno de la entidad de esa misma fecha (fojas setenta y uno a ciento cincuenta y nueve del expediente); por tanto, el plazo de treinta d�as que para la promoci�n de la demanda prev� la fracci�n II del art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia, debe computarse a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n oficial, es decir, del catorce de diciembre de dos mil uno al doce de febrero de dos mil dos, descont�ndose del c�mputo respectivo los s�bados cinco, doce, diecinueve y veintis�is de enero; dos y nueve de febrero; los domingos seis, trece, veinte y veintisiete de enero; tres y diez de febrero todos de dos mil dos, as� como el martes cinco de febrero de ese a�o, por ser inh�biles, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; adem�s del periodo comprendido del quince al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, por corresponder al receso del segundo periodo de sesiones de este Alto Tribunal, a que se refiere el art�culo 3o. de la citada ley org�nica.
En consecuencia, si la demanda se present� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el doce de febrero de dos mil dos, debe concluirse que fue presentada oportunamente, al tratarse del �ltimo d�a del plazo para su promoci�n.
TERCERO. Por constituir un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci�n, procede analizar la legitimaci�n de la parte promovente de la controversia constitucional.
Suscribe la demanda de controversia constitucional �scar S.J., en su car�cter de s�ndico del Ayuntamiento de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico, quien acredita contar con esa calidad con la copia certificada de la constancia de mayor�a expedida por el presidente y el secretario del Consejo Municipal Electoral del propio Municipio (foja veintis�is del expediente), en la que se hace constar que fue electo con tal car�cter para el periodo constitucional que comprende del dieciocho de agosto de dos mil al diecisiete de agosto de dos mil tres.
Ahora bien, los art�culos 10, fracci�n I y 11, primer p�rrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia disponen:
"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia."
"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
Conforme a los preceptos legales reproducidos, tiene el car�cter de actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia, que en la especie lo es el Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico; el que deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en t�rminos de las normas que lo rigen, est�n facultados para representarlo, y en el caso, como ya se dijo, quien suscribi� la demanda es el s�ndico del Ayuntamiento de dicho Municipio.
Conviene precisar que los Ayuntamientos son �rganos de direcci�n y administraci�n pol�tica de los Municipios y tienen legitimaci�n para entablar demandas.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia n�mero P./J. 51/2000, emitida por el Tribunal Pleno, consultable en la p�gina ochocientos trece del Tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, la cual indica:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACI�N PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS �RGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Si bien es cierto que en la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se otorga legitimaci�n para plantear los conflictos que se susciten entre los �rganos originarios del Estado, por la v�a de la controversia constitucional, al Municipio y no al Ayuntamiento, se entiende que aqu�l act�a en el mundo real y jur�dico a trav�s de su �rgano de gobierno y representaci�n pol�tica, que lo es el Ayuntamiento seg�n lo previsto en la fracci�n I del art�culo 115 constitucional. De lo anterior se sigue que el Ayuntamiento, a trav�s de los servidores p�blicos a los que la legislaci�n estatal les d� la facultad de representarlo y de defender sus intereses, est� legitimado para pedir que se diriman los referidos conflictos."
Ahora bien, los art�culos 52 y 53, fracci�n I, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M�xico establecen:
"Art�culo 52. Los s�ndicos municipales tendr�n a su cargo la procuraci�n y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de car�cter patrimonial y la funci�n de contralor�a interna, la que, en su caso, ejercer�n conjuntamente con el �rgano de control y evaluaci�n que al efecto establezcan los Ayuntamientos."
"Art�culo 53. Los s�ndicos tendr�n las siguientes atribuciones:
"I.P., defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jur�dicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal."
De los preceptos reproducidos se desprende que el s�ndico tiene la facultad de representar jur�dicamente al Ayuntamiento en los litigios donde �ste fuere parte, sin que requiera de ninguna formalidad o acuerdo especial del Cabildo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el transcrito numeral 11 de la ley reglamentaria de la materia, es de concluir que el referido s�ndico promovente se encuentra legalmente facultado para representar al Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico y, por ende, para promover la presente controversia constitucional.
No es obst�culo para arribar a la anterior conclusi�n, el argumento de las demandadas en el sentido de que el s�ndico municipal s�lo es representante del Ayuntamiento, pero no del Municipio actor; toda vez que si bien es cierto que la fracci�n I del art�culo 53 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M�xico otorga facultades al s�ndico para representar jur�dicamente al Ayuntamiento en los litigios en que �ste fuere parte, sin que se aluda a que esa representaci�n sea del Municipio, tambi�n lo es que el Municipio es gobernado por el Ayuntamiento, el que ejerce las atribuciones y competencias propias de aqu�l, de acuerdo con lo dispuesto en el p�rrafo primero de la fracci�n I del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor es el siguiente:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado."
As�, del precepto constitucional transcrito se desprende con toda claridad que el Ayuntamiento es el �rgano de gobierno a trav�s del cual los Municipios ejercen su competencia, de tal suerte que si el signante de la demanda de la controversia constitucional es el s�ndico municipal del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico, y conforme a la Ley Org�nica Municipal de esa entidad �ste cuenta con atribuciones para representar jur�dicamente al Ayuntamiento, cabe concluir que puede, v�lidamente, promover la presente v�a en representaci�n de aqu�l.
Tampoco resulta ser obst�culo alguno para la conclusi�n alcanzada lo aducido por las autoridades demandadas, en cuanto a que el citado s�ndico carece de legitimaci�n para el ejercicio de la presente acci�n, por no acreditar que el Ayuntamiento del Municipio lehubiera otorgado la representaci�n, toda vez que como se desprende de los art�culos transcritos, la Ley Org�nica Municipal de la entidad no alude a la necesidad de alguna formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para que el s�ndico le represente.
Al respecto, es aplicable al caso, por analog�a, la jurisprudencia n�mero P./J. 52/2000, emitida por este Tribunal Pleno, consultable en la p�gina setecientos veinte del Tomo XI, de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL S�NDICO �NICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACI�N PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACI�N, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 38 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ?s�ndico �nico? es el encargado de la procuraci�n, defensa y promoci�n de los intereses municipales y de la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, sin que exista ninguna disposici�n que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que �ste lleva a cabo se refiere espec�ficamente a los asuntos sustantivos propios de la administraci�n del Municipio. Por tanto, el ?s�ndico �nico?, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condici�n o requisito formal previo para ello."
No es �bice para la aplicaci�n en el caso de la citada jurisprudencia, que en �sta se interprete una disposici�n del Estado de Veracruz, toda vez que el art�culo a que alude, como se desprende de su contenido, contempla los mismos supuestos que el art�culo 53, fracci�n I, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M�xico, en cuanto a que corresponde al s�ndico municipal la "representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos".
CUARTO. Acto continuo, se procede al an�lisis de la legitimaci�n de la parte demandada, en atenci�n a que �sta es una condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, consistente en que dicha parte sea obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que �sta resulte fundada.
Conviene recordar que la autoridad demandada en esta instancia es el Estado de M�xico por conducto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
En el caso, suscriben la contestaci�n de la demanda en representaci�n del Poder Legislativo del Estado de M�xico, F.F.�ndez G.�a y J.A.C.S., en su car�cter de presidente y secretario, respectivamente, de la Diputaci�n Permanente de la Quincuag�sima Cuarta Legislatura de esa entidad, lo que acreditan con el acuerdo por el que se design� a la Diputaci�n Permanente que habr�a de fungir durante el tercer periodo de receso, en donde se design� a los referidos signantes con el car�cter indicado, publicado en el P.�dico Oficial de la entidad de veintisiete de diciembre de dos mil uno, cuyo ejemplar fue acompa�ado a la contestaci�n de demanda (foja uno del cuaderno de pruebas relativo a esta controversia constitucional).
El art�culo 55 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de M�xico prev�:
"Art�culo 55. Son atribuciones de la Diputaci�n Permanente, las siguientes:
"I. R.resentar a la legislatura a trav�s de su presidente ante todo g�nero de autoridades, aun durante los periodos extraordinarios; ..."
De acuerdo con la disposici�n legal transcrita, el presidente de la Diputaci�n Permanente del Congreso del Estado de M�xico, se encuentra legitimado para intervenir en la presente controversia, en virtud de que cuenta con la facultad legal para llevar a cabo la representaci�n jur�dica de la Legislatura del Estado.
Por otra parte, el p�rrafo primero del art�culo 6o. del mismo ordenamiento legal, prev�:
"Art�culo 6o. Durante su ejercicio constitucional, la legislatura tendr� dos periodos de sesiones ordinarias cada a�o, el primer periodo iniciar� el 5 de septiembre y concluir� a m�s tardar el 30 de diciembre; y el segundo iniciar� el 2 de mayo y no podr� prolongarse m�s all� del 31 de julio, pudiendo ser convocada a periodos de sesiones extraordinarias en los t�rminos previstos por la C.�n y la ley."
Conforme al precepto legal reproducido, y toda vez que la contestaci�n de demanda se present� ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el quince de abril de dos mil dos, se desprende que el Congreso del Estado de M�xico se encontraba en receso, por tanto, estaba en funciones la Diputaci�n Permanente.
Asimismo, debe considerarse que el referido Poder Legislativo cuenta con legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que de �ste eman� la norma general cuya invalidez se demand�.
Sin embargo, por cuanto hace al secretario de la Diputaci�n Permanente del Congreso del Estado de M�xico, quien tambi�n sign� la demanda, no cuenta con facultades de representaci�n, ya que de un an�lisis de la ley en cita, no existe disposici�n alguna que le otorgue dichas facultades, por tanto, no est� legitimado para comparecer en la presente controversia constitucional, atento a lo dispuesto en los art�culos 10 y 11 de la ley reglamentaria de la materia.
Por otra parte, quien suscribe la contestaci�n de demanda es A.M.R., en su car�cter de gobernador constitucional de esa entidad, lo que acredita con un ejemplar de la Gaceta del Gobierno de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve (fojas doscientos setenta a doscientos setenta y cuatro de este expediente), en el que se public� el "Acuerdo No. 70" del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de M�xico, por el que se declar� la validez de la elecci�n como gobernador constitucional al signante de la contestaci�n de demanda, por el periodo comprendido del diecis�is de septiembre de mil novecientos noventa y nueve al quince de septiembre de dos mil cinco.
El art�culo 65 de la C.�n Pol�tica del Estado de M�xico dispone lo siguiente:
"Art�culo 65. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo que se denomina gobernador del Estado de M�xico."
De acuerdo con la disposici�n constitucional transcrita, debe interpretarse que si el Poder Ejecutivo del Estado de M�xico se deposita en el gobernador, �ste se encuentra legitimado para intervenir en la presente controversia en representaci�n de aqu�l.
Asimismo, debe considerarse que el Poder Ejecutivo cuenta con legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que se le imputa la publicaci�n del decreto cuestionado.
QUINTO. Por tratarse de una cuesti�n de orden p�blico, previamente al estudio de la cuesti�n fundamental controvertida, se procede al an�lisis de las causas de improcedencia alegadas por las partes en este procedimiento, o las que advierta este Alto Tribunal.
El Congreso del Estado de M�xico hizo valer la causa de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el art�culo 1o. del mismo ordenamiento legal, por considerar que si el objeto de las controversias constitucionales es preservar la distribuci�n de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, con apego a la C.�n F., y en el caso concreto, la norma impugnada no invade la esfera competencial de la parte actora, luego debe sobreseerse en el juicio.
El citado argumento debe desestimarse en raz�n de que por principio las controversias constitucionales no s�lo est�n limitadas a preservar la distribuci�n de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, sino tambi�n tiene la finalidad de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas a favor de las autoridades, que constituye otro de los objetivos del orden jur�dico constitucional; adem�s, el determinar si la norma impugnada en este procedimiento constitucional invade o no la esfera competencial de la parte actora, es una cuesti�n que se encuentra �ntimamente vinculada con el estudio de fondo del presente asunto.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal Pleno n�mero P./J. 92/99, publicada en el Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, p�gina setecientos diez, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."
SEXTO. Este Tribunal Pleno advierte que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, respecto de los art�culos 8.6 y 8.7 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico impugnados, en virtud de lo siguiente:
El precepto de la ley reglamentaria de la materia arriba se�alado prev�:
"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
Del contenido del art�culo reproducido se advierte que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hubieran cesado los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que �stos dejen de surtir sus efectos jur�dicos respecto del ente que resinti� la afectaci�n. As� lo ha sustentado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 54/2001, publicada en el Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, p�gina ochocientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"CESACI�N DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesaci�n de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hip�tesis, para que opere la improcedencia establecida en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el art�culo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n; mientras que en trat�ndose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hip�tesis prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaraci�n de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposici�n expresa de los art�culos 105, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n F. y 45 de su ley reglamentaria."
En el caso, de las constancias de autos se desprende que la parte actora impugna concretamente en �sta, los art�culos 1.4, 1.5, 1.6, 1.17 a 1.28, 1.31 a 1.36, 2.35, 4.41, 4.50, 4.65 a 4.73, 4.94, 5.1 a 5.76 y 8.1 a 8.22 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, contenido en el Decreto 41, publicado en el P.�dico Oficial del Estado de M�xico el trece de diciembre de dos mil uno.
Ahora bien, el once de diciembre de dos mil dos se public� en el P.�dico Oficial del Gobierno del Estado de M�xico, el Decreto 115, por el que se reformaron, entre otros, los art�culos 8.6 y 8.7 del C�digo Administrativo de la entidad, el cual, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"Decreto N�mero 115. La H. ?LIV? Legislatura del Estado de M�xico. Decreta: Art�culo primero. Se reforman los art�culos 3.47 p�rrafo segundo, 7.1, 7.2 fracci�n I, 7.3, 7.4 fracciones II y III, 7.6 p�rrafo primero, 7.7, 7.8 fracciones I, III, IV y VI, 7.9 p�rrafo segundo, 7.10 p�rrafo tercero, 7.11 p�rrafo primero fracci�n I incisos a) y e) y fracci�n II inciso a), 7.14 p�rrafo primero, 7.15, 7.21 fracci�n VIII, 7.24 fracci�n I inciso b), 7.25, 7.27 fracci�n II, 7.29, 7.30 p�rrafo segundo, 7.33 fracci�n III, 7.35 p�rrafo segundo, 7.37, 7.38 fracciones II, IV, V, XI, XII, XV y �ltimo p�rrafo, 7.41, 7.47, 7.51 p�rrafo primero, 7.53 fracci�n VII inciso b), 8.6, 8.7, 11.4 y d�cimo primero transitorio, as� como la denominaci�n del libro s�ptimo y de su cap�tulo segundo del t�tulo cuarto del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, para quedar como sigue: ... Art�culo 8.6. En las v�as p�blicas tienen preferencia de paso las ambulancias, las patrullas de polic�a, los veh�culos del cuerpo de bomberos cuando circulen con la sirena y con la torreta encendida, as� como los convoyes militares, el ferrocarril y cualquier tipo de transporte de alta capacidad o masivo. Los peatones y conductores tienen la obligaci�n de cederles el paso. Art�culo 8.7. Los conductores no deber�n seguir a los veh�culos de emergencia, ni detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo o entorpecimiento de la actividad del personal de dichos veh�culos. ... Transitorios: Primero. P.�quese el presente decreto en el P.�dico Oficial ?Gaceta del Gobierno.?. Segundo. Este decreto entrar� en vigor al d�a siguiente a su publicaci�n en el P.�dico Oficial ?Gaceta del Gobierno.?. Tercero. El Ejecutivo del Estado expedir� el reglamento de los servicios gubernamentales por v�a electr�nica, dentro del plazo de 90 d�as siguientes a la publicaci�n de este decreto. Cuarto. Se derogan las disposiciones legales de igual o menor rango que se opongan al presente decreto. ..."
Como puede observarse de lo anterior, de los art�culos impugnados, los numerales 8.6 y 8.7 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico publicado el trece de diciembre de dos mil uno, constituyen una norma que ya fue reformada, y por ello dej� de producir efectos al d�a siguiente al en que se llev� a cabo la publicaci�n de tal reforma.
Por tanto, si de acuerdo con el criterio jurisprudencial reproducido, en este tipo de juicios, la sentencia que se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposici�n expresa de los art�culos 105, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n F. y 45 de la ley reglamentaria de la materia; en virtud de la reforma anotada, a nada pr�ctico conducir�a el estudio de la constitucionalidad de dichos art�culos impugnados en este asunto; m�xime si dicha reforma introduce a la norma una hip�tesis diversa a la impugnada.
En consecuencia, al haber dejado de producir sus efectos los art�culos 8.6 y 8.7 de la norma impugnada en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia y, como consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio con apoyo en el art�culo 20, fracci�n II, del citado ordenamiento legal, que prev�:
"Art�culo 20. El sobreseimiento proceder� en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el art�culo anterior."
Al no existir diversa causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento invocado por las partes o que este Alto Tribunal advierta, se pasa al estudio de la cuesti�n fundamental controvertida.
S�PTIMO. En los conceptos de invalidez que se hacen valer, la parte actora aduce, esencialmente, que los preceptos del C�digo Administrativo del Estado de M�xico impugnados, son violatorios del art�culo 115, fracciones I, II, III, incisos c) y h), IV y V, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
A fin de estar en posibilidad de contestar dichos argumentos, es menester ubicar al Municipio dentro del orden jur�dico de nuestra naci�n, pues s�lo determinando su lugar en dicho sistema normativo, ser� posible definir con claridad las normas jur�dicas que afectan la vida municipal, las facultades que les corresponden a cada uno de los niveles de gobierno en �ste �mbito, as� como proporcionar un criterio de delimitaci�n entre las facultades de creaci�n normativa de las legislaturas y las que competen a los Ayuntamientos.
Por principio, hay que dejar sentado que todo orden jur�dico es un sistema de normas que constituyen una unidad, la cual est� determinada por el hecho de que la creaci�n o el contenido de la de grado m�s bajo se encuentra establecida por otra de grado mayor y as� sucesivamente hasta llegar a la norma de rango superior, que es la C.�n, en la cual se funda la validez de todo el ordenamiento jur�dico.
La C.�n F. es la N.S. en nuestro pa�s; a trav�s de ella se imponen deberes, se crean limitaciones, se otorgan facultades y se conceden derechos. Nada ni nadie puede estar sobre ella, pues su naturaleza niega la posibilidad de que est� sometida a otro cuerpo normativo superior. Esto se traduce en la subordinaci�n hacia ella de todas las normas del ordenamiento jur�dico y en el hecho de que todos y cada uno de los actos de autoridad deben, asimismo, estar de acuerdo con ella.
Estos principios fundamentales del orden jer�rquico normativo del derecho mexicano encuentran su fundamento en el art�culo 133 de la C.�n F., concretamente, en la parte que expresa que: "Esta C.�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n."
Ahora bien, nuestra C.�n adopt� como forma de Estado el sistema federal, y como forma de gobierno, el sistema republicano, democr�tico y representativo; de ello precisamente deriva la determinaci�n constitucional de los �mbitos competenciales de cada orden jur�dico parcial.
Al respecto, el art�culo 40 de la C.�n de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."; y por su parte, el art�culo 41, dispone que: "El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n F. y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F.."
Aunado a lo anterior, el art�culo 44 de la propia C.�n define la naturaleza y territorio del Distrito F., que es la entidad federativa donde se asientan los Poderes F.es, y el art�culo 122 prev� el r�gimen conforme al cual se debe regir dicha entidad.
Por otro lado, el art�culo 115 de este mismo cuerpo normativo fundamental expresa que los Estados tendr�n como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa al Municipio Libre.
De lo anterior podemos desprenderque en nuestro pa�s existen varios �rdenes normativos, esto es, un orden constitucional y diversos �rdenes parciales.
A la luz del texto constitucional previo a la reforma de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115, este Tribunal Pleno emiti� el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 95/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo X, septiembre de 1999, p�gina 709, conforme al cual determin� que dichos �rdenes eran los siguientes: el orden constitucional, el orden federal, el orden local o estatal y el orden del Distrito F.. La jurisprudencia invocada es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS �RDENES JUR�DICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL TIENEN AUTONOM�A FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS. Del contenido de los art�culos 1o., 40, 41, primer p�rrafo, 43, 44, 49, 105, fracci�n I, 115, fracci�n I, 116, primero y segundo p�rrafos, 122, primero y segundo p�rrafos, 124 y 133, de la C.�n F., puede distinguirse la existencia de cuatro �rdenes jur�dicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito F. y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre s�, contando con autonom�a para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes."
El criterio anterior se sustent� en las siguientes consideraciones:
"Por principio de cuentas, debe subrayarse la existencia de los diferentes �rdenes jur�dicos que conforman el Estado mexicano, previstos en la propia C.�n F., cuya interrelaci�n normativa se explica a continuaci�n, para lo cual es preciso atender al contenido de los art�culos 1o., 40, 41, primer p�rrafo, 43, 44, 49, 105, fracci�n I, 115, fracci�n I, 116, primer y segundo p�rrafos, 122, primer y segundo p�rrafos, 124 y 133, de la propia Ley Fundamental:
"...
"De los preceptos anteriores puede distinguirse la existencia de cuatro �rdenes jur�dicos dentro del Estado mexicano, con asignaciones competenciales propias y, por regla general, excluyentes entre s�, que implican descentralizaci�n y autonom�a en cuanto a su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes, cuyas caracter�sticas esenciales, en relaci�n con la cuesti�n que ocupa a este tribunal, se enumeran enseguida:
"a) Orden jur�dico federal. Su existencia se encuentra sustentada en el art�culo 40 de la Carta Magna, que consagra la uni�n de todos los Estados con autonom�a hacia su interior, que se integran dentro de una Federaci�n, la cual constituye un orden jur�dico distinto. En su aspecto funcional, el numeral 49 dispone el principio de divisi�n de poderes para el ejercicio de las atribuciones de autoridad en el �mbito federal, desarrollando la competencia espec�fica de cada uno de ellos en los art�culos subsecuentes, que comprenden hasta el 107, destacando que las autoridades tienen jurisdicci�n sobre todo el territorio nacional, que abarca las treinta y un entidades federativas y el Distrito F., cuyas denominaciones y l�mites est�n descritos en los art�culos 43 y 44. Se resalta tambi�n, como principio fundamental en la asignaci�n de atribuciones competenciales en favor de los Poderes F.es, que las facultades de las autoridades de este orden jur�dico deben encontrarse expresamente previstas a su favor en la C.�n Pol�tica del Estado mexicano, en t�rminos de lo dispuesto en el numeral 124.
"b) Orden jur�dico estatal o local. La existencia de este orden jur�dico tiene apoyo en el art�culo 40 constitucional, en cuanto prev� la existencia de Estados libres y soberanos en su r�gimen interior, enumerados en el art�culo 43 de la propia Ley Fundamental. Las reglas con base en las cuales deber� estructurarse la divisi�n de poderes a cargo de las autoridades estatales se encuentran descritas en el numeral 116, siendo que la materia sustantiva sobre la cual tienen autonom�a funcional se obtiene por exclusi�n de las atribuciones consagradas expresamente en favor de la Federaci�n por la C.�n General, atento a la regla prevista en el art�culo 124.
"As�, el r�gimen regulador de la uni�n de los Estados federales, se�alado en los art�culos 40 y 41 constitucionales, se encuentra cimentado en dos principios fundamentales y complementarios entre s�:
"1) La existencia de entidades federativas con libertad de autodeterminaci�n en cuanto hace a su r�gimen interno, y
"2) Que el ejercicio de la autonom�a estatal respete las prevenciones de la C.�n F..
"De acuerdo con los principios anteriores, debe ser la propia Carta Magna el documento que detalle el campo de atribuciones que tiene la Federaci�n y cada una de las entidades federativas, situaci�n que se ve cumplida, de modo general, con lo consagrado en su art�culo 124, cuyo ejercicio, aunque aut�nomo y discrecional, deber� respetar los postulados de la C.�n F.. As�, la distribuci�n de competencias se rige por el principio consagrado en el art�culo 124 constitucional, conforme al cual se otorgan facultades expresas a los funcionarios federales, entendi�ndose reservadas las dem�s a los Estados de la R.�blica, es decir, que la delimitaci�n de competencias entre el orden federal y el de los Estados -miembros- se resuelve a base de listar expresamente las facultades de aqu�l, reserv�ndose a las entidades federativas las que no lo est�n. Los funcionarios federales, pues, no pueden realizar acto ninguno fuera del �mbito que la C.�n F. se�ala; por su parte, los Estados ejercitan todas las facultades no asignadas a los �rganos federales.
"En s�ntesis, la interpretaci�n arm�nica de los art�culos 124, 40 y 41 constitucionales lleva a concluir, como premisa, que las entidades federativas tendr�n plena autonom�a para que, sin transgredir los principios establecidos en la C.�n, resuelvan con libertad en las materias que la propia Carta Magna les ha reservado competencia, al no se�alarlas de manera expresa en la competencia de la Federaci�n.
"Es de destacarse, especialmente, que dentro del orden jur�dico estatal aparece la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como norma fundamental la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, tambi�n guarda nexos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerarlos como un orden jur�dico independiente del local.
"Tomando en consideraci�n la importancia que tienen las relaciones entre los Estados y sus Municipios, con base en el principio de la libertad que deben tener �stos en cuanto a su gesti�n, por ser la c�lula de poder que tiene un contacto m�s cercano con la poblaci�n, en el art�culo 115 de la C.�n se han regulado actos de trascendencia referidos a la injerencia de las autoridades estatales en el �mbito municipal, que ejemplificativamente se enumeran a continuaci�n:
"S.�n y desaparici�n de Ayuntamientos, o de sus gobiernos, por causas graves establecidas en la ley local, respetando el derecho de defensa de los funcionarios municipales (art�culo 115, fracci�n I, p�rrafo tercero).
"D.�n de los miembros de los Consejos Municipales en el caso de la hip�tesis anterior, cuando no puedan entrar en funciones los suplentes (art�culo 115, fracci�n I, p�rrafo tercero).
"Concurso de los Estados con los Municipios en servicios p�blicos, con base en lo establecido en la ley local (art�culo 115, fracci�n III).
"Establecimiento de contribuciones municipales sobre ciertos rubros art�culo 115, fracci�n IV).
"Cumplimiento de convenios en relaci�n con la administraci�n de contribuciones municipales (art�culo 115, fracci�n IV).
"Establecimiento de participaciones federales a los Municipios con base en la ley estatal (art�culo 115, fracci�n IV).
"Concordancia de las Leyes de Ingresos municipales con los presupuestos de egresos presentados por los Ayuntamientos (art�culo 115, fracci�n IV).
"Administraci�n y planificaci�n de zonas de desarrollo municipal con base en la ley estatal y federal (art�culo 115, fracci�n V).
"Cumplimiento de convenios de regulaci�n de territorios municipales y estatales lim�trofes (art�culo 115, fracci�n VI).
"De los ejemplos anteriores se deduce la raz�n de que la pertenencia de los Municipios a un Estado aut�nomo sujeta tambi�n a los primeros a someter sus diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisi�n de las autoridades de gobierno locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden normativo.
"...
"c) Orden jur�dico del Distrito F.. El fundamento de su autonom�a estructural y funcional, en relaci�n con los �rdenes jur�dicos estudiados con antelaci�n, es el art�culo 122 constitucional, dispositivo que establece las prevenciones correspondientes a la coexistencia de los �rganos de gobierno a quienes se encomienda ejercer el poder pol�tico de la entidad, sobre el espacio territorial descrito en el art�culo 44 de la Carta Magna. Sus caracter�sticas son diversas a las del orden jur�dico estatal, pero ello resulta ajeno a la presente controversia.
"d) Orden jur�dico constitucional. Seg�n puede apreciarse de las precisiones relativas a los dem�s �rdenes jur�dicos, el constitucional es el que establece, en su aspecto org�nico, el sistema de competencias al que deber�n ce�irse la Federaci�n, Estados y Municipios, y Distrito F.. En lo que se conoce en la doctrina como aspecto dogm�tico, el orden jur�dico constitucional previene las obligaciones que deben ser respetadas, sin distinci�n, por las autoridades de los tres �rdenes jur�dicos anteriores.
"El orden jur�dico constitucional tiende, adem�s de establecer las reglas con base en las cuales deben ejercer sus funciones competenciales las autoridades de los dem�s �rdenes normativos, a preservar la regularidad en dicho ejercicio, consistente en que �ste se lleve a cabo dentro del marco de las atribuciones establecidas, sin nunca rebasar los principios rectores previstos en la C.�n F., ya sea en perjuicio de los gobernados, por violaci�n de garant�as individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jur�dico.
"Para lograr obtener lo anterior, los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y del Distrito F., entre los que se encuentran las controversias constitucionales, cuya resoluci�n se ha encomendado a esta Suprema Corte, en su car�cter de tribunal constitucional, encargado de velar que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en la Carta Magna, encontrando sustento jur�dico en el art�culo 105, fracci�n I, antes transcrito.
"La raz�n de ser de esos medios de control radica en que en el sistema constitucional del Estado federal, donde coexisten los �rdenes jur�dicos descritos con antelaci�n, el ordenamiento que debe darles unidad y cohesi�n es la propia C.�n. De este modo, el orden jur�dico constitucional se erige como un orden total, al extender su validez y eficacia normativa de una manera absoluta sobre los �rdenes jur�dicos parciales.
"En consecuencia, es de concluirse que el ejercicio de control de la regularidad constitucional es una actividad jur�dica que no puede ser ubicada, estrictamente, como funci�n propia de ninguno de los �rdenes parciales, federal o locales, pues si la pretensi�n del referido control es la salvaguarda del orden primario o total, la funci�n interpretativa y de decisi�n sobre si un acto de autoridad est� o no apegado a la N.F., debe reputarse como una funci�n de car�cter constitucional, que no es susceptible de equipararse a ninguno de los �rdenes inmediatamente subordinados a la C.�n -el federal propiamente dicho y los �rdenes estatales-, en virtud de que las hip�tesis de control contempladas en la Carta Magna permiten que los actos de autoridad, provenientes tanto de la Federaci�n como de las entidades que la componen, puedan ser anulados por una determinaci�n de uno de los �rganos del Poder Judicial F., en este caso la Suprema Corte, en ejercicio, como se dijo, de una funci�n de orden constitucional, superior a los restantes �rdenes jur�dicos parciales."
Resulta importante hacer notar que respecto del Municipio, este Alto Tribunal sostuvo en la resoluci�n que se cit� anteriormente, lo siguiente:
"Es de destacarse, especialmente, que dentro del orden jur�dico estatal aparece la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como norma fundamental la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, tambi�n guarda nexos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerarlos como un orden jur�dico independiente del local."
Es preciso aclarar que las consideraciones anteriores fueron emitidas por este Alto Tribunal con anterioridad a la reforma constitucional al art�culo 115, de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, raz�n por la cual resulta necesario ponderar el contenido de dicha reforma constitucional y su trascendencia, para efectos de determinar su impacto en el esquema de �rdenes jur�dicos que existen en nuestro pa�s.
El texto del art�culo 115 que deriv� de la aludida reforma del a�o de mil novecientos noventa y nueve, se�ala lo siguiente:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta C.�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado.
"Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designar�n de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluir�n los periodos respectivos; estos concejos estar�n integrados por el n�mero de miembros que determine la ley, quienes deber�n cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;
"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.
(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:
"a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
"c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta C.�n;
"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
(Reformado primer p�rrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales;
"b) Alumbrado p�blico.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos;
"d) Mercados y centrales de abasto.
"e) P..
"f) Rastro.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta C.�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e
"i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.
(Reformado, D.O.F. 23 DE diciembre de 1999)
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n delos servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;
(Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001)
"Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley.
"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.
"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
(Reformada, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:
"a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;
"b) Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;
"c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios;
"d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
"e) Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;
"f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
"g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia;
"h) Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial; e
"i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales.
"En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
"VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
(Reformada, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"VII. La polic�a preventiva municipal estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico.
"El Ejecutivo F. tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;
(Reformada, D.O.F. 17 de marzo de 1987)
"VIII. Las leyes de los Estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios.
"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta C.�n, y sus disposiciones reglamentarias.
"IX. (Derogada, D.O.F. 17 de marzo de 1987)
"X. (Derogada, D.O.F. 17 de marzo de 1987)."
A fin de determinar con precisi�n cu�l es el contenido y alcance que debe atribuirse al precepto transcrito y concluir si a ra�z del texto reformado puede considerarse que el Municipio tiene un orden jur�dico propio, es necesario acudir al m�todo gen�tico-teleol�gico, pues s�lo as� es posible contar con los elementos suficientes para interpretarlo correctamente. Este m�todo de interpretaci�n ha sido explicado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P. XXVIII/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., abril de 1998, p�gina 117, que a la letra dice:
"INTERPRETACI�N DE LA CONSTITUCI�N. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio art�culo 14 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretaci�n jur�dica. Al desentra�ar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. As�, el m�todo gen�tico-teleol�gico permite, al analizar la exposici�n de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dict�menes de las comisiones del Congreso de la Uni�n y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al C�digo Pol�tico, as� como la finalidad de su inclusi�n, lo que constituye un m�todo que puede utilizarse al analizar un art�culo de la C.�n, ya que en ella se cristalizan los m�s altos principios y valores de la vida democr�tica y republicana reconocidos en nuestro sistema jur�dico."
Al respecto este Alto Tribunal ya ha sostenido en la controversia constitucional 19/2001, promovida por el Municipio de Santa Catarina, Nuevo Le�n, resuelta el dieciocho de marzo de dos mil tres, por mayor�a de ocho votos, lo siguiente:
"El desarrollo legislativo e hist�rico que ha tenido el art�culo 115 constitucional, dedicado al Municipio Libre, es revelador de que esta figura es, en el Estado mexicano, la piedra angular sobre la cual se construye la sociedad nacional, en tanto es la primera organizaci�n estatal en entrar en contacto con el n�cleo social. Los diversos documentos que integran los procesos legislativos de las reformas sufridas por ese numeral durante su vigencia as� coinciden.
"Empero, ha sido muy largo el camino que el Municipio ha tenido que recorrer para hacer realidad su ?libertad?, que fue incluso bandera emblem�tica de las luchas revolucionarias. No obstante su elevaci�n a rango constitucional en mil novecientos diecisiete, fueron muchas las limitaciones y el cercenamiento que la propia C.�n impuso al Municipio, oblig�ndolo o someti�ndolo a la voluntad del Ejecutivo Estatal o del Legislativo tambi�n Estatal o, en el mejor de los casos, rode�ndole de un contexto jur�dico vulnerable.
"En esa evoluci�n, se pueden identificar tres momentos determinantes del Municipio Libre, partiendo de la importante consagraci�n constitucional que en mil novecientos diecisiete se dio de esta figura:
"1) La reforma municipal de mil novecientos ochenta y tres, misma que, incluso, fue objeto de interpretaci�n por parte de la anterior integraci�n de esta Suprema Corte; destacando aquella interpretaci�n efectuada con motivo del amparo en revisi�n 4521/91, fallado por este Tribunal Pleno el siete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se sostuvo que la intenci�n del legislador fue fortalecer de tal manera al Municipio con esta reforma, que ello permit�a colegir que, para efectos de la legitimaci�n activa de las controversias constitucionales, se pod�a admitir en el Municipio un car�cter de poder de los Estados; legitimaci�n que le estaba, aparentemente, soslayada por el entonces texto del art�culo 105 constitucional.
"2) La reforma judicial de mil novecientos noventa y cuatro, ejercicio legislativo que, si bien dedicado a lo judicial federal, lleg� trastocar la vida jur�dico-institucional del Municipio en tanto le reconoci� expresamente legitimaci�n activa para acudir en defensa jurisdiccional de sus facultades y �mbito competencial ante esta Suprema Corte en v�a de controversia constitucional. De alguna manera, parece advertirse que el legislador ponder� la situaci�n de indefensi�n municipal advertida y superada por el criterio antes referido, pues el poder reformador recogi� y super� todo aquello puesto en evidencia con aquella interpretaci�n judicial. Esta reforma ha sido de suma importancia para el Municipio, b�sicamente por los siguientes motivos:
"Primero, el n�mero de juicios de esta naturaleza iniciados por Municipios, en comparaci�n con los iniciados por otros entes pol�ticos, es revelador del enorme impacto que esta reforma constitucional tuvo en la vida municipal y de la eficacia de la norma constitucional reformada; y
"Segundo, porque a partir de los fallos que ha venido emitiendo esta Suprema Corte en dichos juicios fue advirti�ndose que muchas ingerencias o interferencias de los Estados, ya sea del Ejecutivo o Legislativo Estatal, en la vida administrativa, pol�tica o jur�dica de los Municipios se han hecho merced licencia constitucional para ello. Esto es, si los Municipios no pod�an hacer realidad su autonom�a, era porque la propia C.�n general autorizaba una serie de limitaciones a la misma a favor de las autoridades estatales.
"3) La reforma de mil novecientos noventa y nueve, conforme a la cual se avanz� en pro de la consolidaci�n de la autonom�a municipal y de su fortalecimiento, particularmente frente a las ingerencias de los Gobiernos Estatales, y se superaron algunas de las limitaciones antes referidas."
La reforma constitucional a la que se refiere en �ltimo t�rmino el texto transcrito, se gest� entre los a�os de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y nueve, tiempo durante el cual fueron present�ndose a la C�mara de Diputados, nueve iniciativas por parte de distintos grupos parlamentarios que propon�an modificaciones al art�culo 115.
Cuando finalmente se agend� la reforma municipal, estas nueve propuestas se estudiaron de manera conjunta por la comisi�n encargada de dictaminarlas, y como resultado de su trabajo, se elabor� un proyecto �nico de reforma constitucional que fue el que a la postre se discuti� y aprob� por ambas C�maras.
Los principales puntos de la reforma de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115 de la C.�n F. pueden sintetizarse de la siguiente forma:
a) El reconocimiento expreso del Municipio como �mbito de gobierno que se realiz� en la fracci�n I, al sustituir el t�rmino "administrado" por "gobernado";
b) El fortalecimiento de su facultad reglamentaria en los temas referidos en la fracci�n II, adem�s de la limitaci�n del contenido de las leyes estatales sobre cuestiones municipales;
c) El reconocimiento de competencias exclusivas en materia de servicios y funciones p�blicas en la fracci�n III, sustituy�ndose el concurso del Estado en dicha competencia por la posibilidad de celebrar convenios para la asunci�n de una funci�n o servicio p�blico por parte del Estado, siempre y cuando medie solicitud del Ayuntamiento, as� como el incremento del cat�logo de funciones y servicios, adem�s de la posibilidad de coordinaci�n intermunicipal para estos temas, existiendo incluso posibilidad de asociaci�n entre Municipios de diversos Estados;
d) Facultad de iniciativa en lo referente a tributos relacionados con la propiedad inmobiliaria en la fracci�n IV, limitando los supuestos de exenci�n determinados constitucionalmente respecto de las contribuciones municipales;
e) En lo concerniente al cat�logo de facultades que en el sistema constitucional de concurrencia regula la fracci�n V del art�culo 115, adem�s de las facultades con las que ya gozaban en materia de aprobaci�n y administraci�n de los planes de desarrollo urbano, se adicion� la de participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, as� como la obligaci�n de la Federaci�n y del Estado de asegurar la participaci�n de los Municipios en �sta; autorizar el uso del suelo adicionalmente a las facultades de control y vigilancia que ya ten�a; participar en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento de zonas de reservas ecol�gicas, adem�s de sus facultades de creaci�n y administraci�n de �stas; intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aqu�llos afecten su �mbito territorial y celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales; y,
f) La transmisi�n del mando de la polic�a preventiva municipal del gobernador al presidente municipal, quien s�lo acatar� las �rdenes del primero en los casos que aqu�l juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico, as� como la habilitaci�n al reglamento municipal en esta materia en la fracci�n VII.
La relaci�n anterior pone de manifiesto que la reforma aument� de forma significativa las atribuciones de los Municipios y consolid� su �mbito de gobierno. A continuaci�n se procede al an�lisis de algunos de los anteriores puntos con m�s detalle.
Por cuanto ata�e al reconocimiento expreso del Municipio como �mbito de gobierno, es de se�alarse que en el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales, se estim� que era necesario reformar la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, en su primer p�rrafo, con la intenci�n de reconocer expresamente el car�cter del Municipio como �mbito de gobierno. Para ello se consider� conveniente sustituir en ese p�rrafo la frase "cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", por la que dice que "cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", para dejar clara la naturaleza del Ayuntamiento como �rgano de gobierno del Municipio.
Una de las novedades de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, por tanto, consisti� en caracterizar de manera expl�cita al Municipio como �rgano de gobierno, culminando as� una evoluci�n que de alguna manera ven�a experimentando el Municipio desde las reformas constitucionales de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y cuatro, cuyo contenido y trascendencia ya fue referido en l�neas anteriores. A lo largo de esta evoluci�n, los Municipios asistieron a un progresivo desarrollo y consolidaci�n de varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad, a trav�s de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados, o como la de acudir a un medio de control constitucional a fin de defender una esfera jur�dica de atribuciones propias y exclusivas. Estas notas son las que permit�an concebir al Municipio como un ente cuyo desempe�o iba m�s all� del de un �rgano de administraci�n por regi�n.
El car�cter de �rgano de gobierno del Ayuntamiento ya le hab�a sido reconocido, inclusive, por esta Suprema Corte de Justicia en diversas tesis de jurisprudencia y aisladas, de las que puede inferirse que desde antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve al art�culo 115 constitucional, el Municipio ya contaba con autonom�a funcional y asignaciones competenciales propias.
Las tesis referidas son las siguientes:
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: X, septiembre de 1999
"Tesis: P./J. 96/99
"P�gina: 705
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ORDEN JUR�DICO ESTATAL COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES LOCALES Y SUS MUNICIPIOS. Dentro del orden jur�dico estatal se consagra la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como norma fundamental la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, fracci�n I, de la C.�n F., tambi�n guarda nexos jur�dicos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerar a los Municipios como un orden independiente del local, entre los cuales se pueden citar los siguientes: creaci�n, suspensi�n o desaparici�n de Municipios y Ayuntamientos, revocaci�n del mandato de alguno de sus miembros por la Legislatura Estatal, sujeci�n de la normatividad y actuaci�n municipal a las bases legales que establezca el Congreso Local, aprobaci�n del Gobierno Estatal de los ingresos y revisi�n de los egresos municipales, entre otras. De lo anterior se deduce que la pertenencia de los Municipios a un Estado aut�nomo sujeta a los primeros a someter sus diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisi�n de las autoridades de Gobierno Locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden normativo.
"Controversia constitucional 31/97. Ayuntamiento de Temixco, M.. 9 de agosto de 1999. Mayor�a de ocho votos. Ausente: J.V.A.A.�n. Disidentes: Jos� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M.. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: H.S.C.."
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: VIII, diciembre de 1998
"Tesis: P. LXXIII/98
"P�gina: 790
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jur�dica y su armonizaci�n con los art�culos 40, 41 y 49, en relaci�n con el 115, 116 y 122 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podr�n tener legitimaci�n activa para ejercer la acci�n constitucional a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la propia Ley Suprema, de manera gen�rica: la Federaci�n, una entidad federada, un Municipio y Distrito F. (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la C.�n F.); el Poder Ejecutivo F., el Congreso de la Uni�n, cualesquiera de las C�maras de �ste o la C.�n Permanente (Poderes F.es); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por �ltimo, los �rganos de gobierno del Distrito F., porque precisamente estos �rganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del �mbito competencial que para ellos prev� la Carta Magna. En consecuencia, los �rganos derivados, en ning�n caso, podr�n tener legitimaci�n activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimaci�n pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deber� analizarse ello, atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jur�dica.
"Solicitud de revocaci�n por hecho superveniente en el incidente de suspensi�n relativo a la controversia constitucional 51/96. G.H.R. y M.B.F.C. y Diez, en su car�cter de presidente municipal y s�ndico, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Estado de Puebla, contra el Gobernador y el Congreso del propio Estado. 16 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos (impedimento legal M.A.G.�itr�n). Ponente: S.S.A.A.. Secretario: R.L.H.�ndez."
"Novena �poca
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: VII, febrero de 1998
"Tesis: 2a. XIII/98
"P�gina: 337
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL AN�LISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACI�N Y CAUSA GENERADORA QUE LLEV� AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL. Acorde con su propia y especial naturaleza, las controversias constitucionales constituyen una acci�n cuyo objetivo esencial es permitir la impugnaci�n de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasi�n a su �mbito competencial provocada por otro nivel de gobierno; todo esto con el fin de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno corresponde, de tal manera que cada nivel de gobierno est� en aptitud de llevar a cabo y agotar en sus t�rminos, todas aquellas que el propio sistema federal le otorga a trav�s de la Carta Magna. Con este prop�sito, al resolver el fondo, se tendr�n que analizar los principios rectores elevados a rango constitucional, que determinan los respectivos �mbitos de competencia de cada nivel de gobierno y en los que se precisan las facultades y atribuciones de cada uno de �stos, lo cual debe hacerse tambi�n considerando la propia motivaci�n y causa generadora que llev� al legislador a la inclusi�n de dichos principios e instituciones fundamentales como lineamientos de nuestro sistema federal, de tal manera que se aprecie en forma cierta el sentido y teleolog�a de �stos para una correcta interpretaci�n y aplicaci�n de los mismos en beneficio de la sociedad.
"Recurso de reclamaci�n en la controversia constitucional 51/96. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Estado de Puebla. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: S.S.A.A.. Ponente: G.D.G.�ngora P.. Secretario: O.A.C.Q.."
"Novena �poca
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta
"Tomo: XI, febrero de 2000
"Tesis: P./J. 10/2000
"P�gina: 509
"AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 115, fracci�n I, de la C.�n F., establece que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. El an�lisis de los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos que motivaron la prohibici�n de la autoridad intermedia introducida por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, lo cual obedeci� a la existencia previa de los llamados jefes pol�ticos o prefectos, que pol�tica y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos ten�an amplias facultades con respecto a estos �ltimos, puede llevar a diversas interpretaciones sobre lo que en la actualidad puede constituir una autoridad de esta naturaleza. Al respecto, los supuestos en que puede darse dicha figura son los siguientes: a) Cuando fuera del Gobierno Estatal y del Municipal se instituye una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos; b) Cuando dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesione la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; y, c) Cuando esta autoridad se instituye como un �rgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicaci�n directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno.
"Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: M.A.G.�itr�n y Jos� de Jes�s G.�o P.. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: O.A.C.Q.."
Derivado de lo anterior, puede sostenerse a manera de corolario lo siguiente:
? A partir de la reforma constitucional que se gest� en el a�o de mil novecientos ochenta y tres, los Municipios asistieron a un progresivo desarrollo y consolidaci�n de varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad, a trav�s de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados.
? Asimismo, como consecuencia de la reforma de mil novecientos noventa y cuatro del art�culo 105 de la C.�n F., se otorg� al Municipio la facultad de acudir a un medio de control constitucional (la controversia constitucional), a fin de defender una esfera jur�dica de atribuciones propias y exclusivas.
? Por �ltimo, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve trajo consigo, entre otras innovaciones, la sustituci�n, en el primer p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, de la frase "cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", por la que dice "cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa", lo que no es otra cosa sino el reconocimiento expreso de una evoluci�n que ha venido sufriendo el Municipio desde las reformas constitucionales de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y cuatro.
Los puntos antes rese�ados permiten a este Tribunal Pleno concluir la existencia de un orden jur�dico municipal.
En efecto, el car�cter de �rgano de gobierno del Ayuntamiento est� relacionado con la facultad reglamentaria que se le otorg� desde mil novecientos ochenta y tres, la cual es inherente a todo poder de mando, as� como con la existencia de un �mbito de atribuciones municipales exclusivas susceptibles de ser salvaguardadas a trav�s de un medio de control constitucional, lo cual, como ha sostenido este Alto Tribunal, es singular y caracter�stico de las relaciones entre distintos niveles de gobierno.
La conceptualizaci�n del Municipio como �rgano de gobierno conlleva adem�s el reconocimiento de una potestad de auto-organizaci�n, en virtud de la cual, si bien el Estado regula un c�mulo de facultades esenciales del Municipio, quedan para el Ayuntamiento potestades adicionales que le permiten definir la estructura de sus propios �rganos de administraci�n, sin contradecir aquellas normas b�sicas o bases generales que expida la legislatura. Lo anterior queda confirmado tan pronto se concatena este concepto expl�cito del Municipio como "�rgano de gobierno" con el contenido que la reforma otorg� a la facultad reglamentaria municipal, seg�n se ver� a continuaci�n.
En efecto, por cuanto se refiere al fortalecimiento de la facultad reglamentaria del Municipio, es necesario recordar que desde mil novecientos ochenta y tres se le hab�a reconocido constitucionalmente una facultad reglamentaria. Su ejercicio, sin embargo, se supeditaba a ser un mero desarrollo de las bases normativas que establec�an las Legislaturas Estatales, sin que los Municipios pudieran emitir reglamentos susceptibles de atender verdaderamente a sus respectivas particularidades, pues actuaban simplemente como reglamentos de detalle de la ley. Lo anterior trajo como consecuencia que, en la pr�ctica, la facultad reglamentaria de los Municipios quedara disminuida, pues las Legislaturas Estatales, a trav�s de las referidas bases normativas, condicionaban totalmente su alcance y eficacia.
A ra�z de la situaci�n descrita, el �rgano Reformador de la C.�n, en mil novecientos noventa y nueve, decidi� modificar el segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, con un doble prop�sito: delimitar el objeto y alcances de las leyes estatales en materia municipal y ampliar la facultad reglamentaria del Municipio en determinadas materias.
Dicha delimitaci�n fue realizada en el art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F., que dispone:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.
(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.
(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:
"a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
"c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta C.�n;
"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
(Adicionado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999)
"Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores."
El texto reformado del art�culo 115 constitucional modific� el t�rmino "bases normativas" utilizado en la redacci�n anterior, por el de "leyes estatales en materia municipal", lo que obedeci� a la necesidad de limitar el margen de actuaci�n de las Legislaturas Estatales respecto de los Municipios, para acotarlo al establecimiento de un cat�logo de normas esenciales tendentes a proporcionar un marco normativo homog�neo que asegure el funcionamiento regular del Ayuntamiento, pero sin permitir a dichas legislaturas intervenir en las cuestiones propias y espec�ficas de cada Municipio.
Para entender en su exacta magnitud esta reforma, es conveniente acudir a su procedimiento de creaci�n y, en espec�fico, al dictamen emitido por la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, documento cuyo an�lisis debe privilegiarse para efectos de la interpretaci�n, en el que se expres� lo siguiente:
"4.2 La intenci�n de �sta comisi�n dictaminadora, consiste en fortalecer al �mbito de competencia municipal y las facultades de su �rgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ah� que se defina y modifique en la fracci�n II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general.
"Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones especificas de cada Municipio.
"En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal; as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplar�n lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y dem�s aspectos que contienen lo siguiente:
"4.2.1 En el inciso a) se establecen los medios de impugnaci�n y los �rganos correspondientes, para dirimir controversias entre los particulares y la administraci�n publica municipal, los cuales deber�n conducir a la observancia de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal. La ley, s�lo contemplar� los principios generales en este rubro.
"4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deber� prever el requisito de mayor�a calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectaci�n de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendr� en la toma de la decisi�n a los Ayuntamientos.
"4.2.3 En el inciso c), se se�ala que las leyes estatales incluir�n normas de aplicaci�n general para la celebraci�n de convenios de asociaci�n entre dos o m�s Municipios, entre uno o varios Municipios y el Estado, incluyendo la hip�tesis a que se refiere la fracci�n VII del art�culo 116 constitucional, para fines de derecho p�blico.
"4.2.4 En el inciso d), se prev� que la ley estatal contemple, con base en el �mbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestaci�n de un servicio p�blico o el ejercicio de una funci�n a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate.
"4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedir�n las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios, ser� de aplicaci�n temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos.
"Por �ltimo, la comisi�n considera necesario prever en un nuevo p�rrafo cuarto de la fracci�n II en an�lisis, que las Legislaturas Estatales establezcan las normas de procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir entre los Gobiernos Estatales y los Municipios con motivo de la realizaci�n de los actos a que se refieren los incisos b) y d) de la fracci�n segunda en comento. Para dirimir tales diferencias, el �rgano competente ser� la Legislatura Estatal correspondiente. Esta previsi�n desde luego se entiende sin perjuicio del derecho de los Gobiernos Estatales y de los Municipios de acudir en controversia constitucional en los t�rminos del art�culo 105 constitucional y su ley reglamentaria. ..."
De la lectura del punto 4.2 del dictamen transcrito, se pueden inferir los siguientes puntos:
1) La intenci�n de fortalecer el �mbito de competencia municipal y las facultades del Ayuntamiento, delimitando el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales, de ah� que se modifique el concepto de "bases normativas" por el de "leyes estatales en materia municipal", lo que implica una delimitaci�n de los �mbitos competenciales de las legislaturas y de los Ayuntamientos.
2) Que las leyes estatales en materia municipal est�n limitadas a los temas que se enuncian en cinco incisos.
3) Que dichas leyes deben orientarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio.
4) Que lo anterior se traduce en que la competencia reglamentaria municipal implique "de forma exclusiva los aspectos fundamentales para su desarrollo".
5) Que, en consecuencia, queda para el �mbito reglamentario de los Ayuntamientos todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal, as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general.
6) Que las Legislaturas Estatales pueden expedir las normas aplicables en los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes, es decir, las normas que emita el Legislativo podr�n suplir la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios; sin embargo, ser�n de aplicaci�n temporal y su eficacia estar�sujeta a que los Municipios emitan sus propios reglamentos.
Si, como destacan los puntos referidos, con anterioridad a la reforma de mil novecientos noventa y nueve, los Ayuntamientos no pod�an hacer una aportaci�n normativa propia que respondiera a sus distintas necesidades y realidad social, a partir de la misma se fortalece y consolida el �mbito municipal, reconoci�ndose a los Ayuntamientos de manera expresa el car�cter de �rganos de gobierno, ampliando su esfera de atribuciones y facult�ndolos para emitir una nueva categor�a de reglamentos que les permiten fungir con su nuevo car�cter, en la medida en la que ahora les corresponde normar lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento interno del Municipio, en lo que ata�e a las cuestiones espec�ficas que les corresponden, con la condici�n de que tales reglamentos respeten el contenido de las leyes en materia municipal.
La reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve disminuy�, por tanto, la extensi�n normativa de las leyes en materia municipal, ampliando la de los reglamentos expedidos por los Ayuntamientos con fundamento en la fracci�n II del art�culo 115.
En efecto, en el texto del art�culo 115 reformado en mil novecientos ochenta y tres, se establec�a lo siguiente:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.
"Los Ayuntamientos poseer�n facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones."
Como se advierte, antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, los reglamentos emitidos por los Municipios ten�an como �nico objeto detallar las bases normativas establecidas por las legislaturas, sin que existiera alguna limitaci�n constitucional en cuanto a la extensi�n y contenido de las mencionadas bases.
A ra�z de la multicitada reforma, sin embargo, los �rganos legislativos estatales cuentan ahora con l�mites expresos a su producci�n normativa, y el Ayuntamiento goza de un �mbito m�s amplio de reglamentaci�n garantizado constitucionalmente, a trav�s del cual puede decidir las particularidades de su organizaci�n, de las materias de su competencia exclusiva, as� como de las cuestiones de polic�a y gobierno, con el prop�sito de ajustarlas a su propio entorno.
As�, podemos se�alar que al establecer el �rgano Reformador que "Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados ..." su intenci�n es establecer una delimitaci�n competencial, seg�n la cual la ley estatal tiene un contenido especificado en cinco incisos y el Municipio puede dictar "bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal", en aquello orientado a atender a sus necesidades particulares. El prop�sito del �rgano Reformador, en otras palabras, es que el �mbito municipal y el �mbito estatal no se contrapongan, sino que guarden una relaci�n de concordancia y complementariedad, dado que el Municipio forma parte de la entidad federativa. Por ello, conforme al art�culo 115, la ley estatal s�lo establece bases generales y los Municipios deben atenderlas, pero pueden regular, ya en lo particular, las dem�s cuestiones que requieran para su eficaz organizaci�n y gobierno.
La nueva categor�a de reglamentos a que se ha venido haciendo referencia, son de fuente constitucional y tienen un contenido material propio que no puede contradecir el de las leyes en materia municipal a que se refiere la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, que fija ciertos lineamientos o bases generales, pero s� puede contener disposiciones que permitan a cada Municipio adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida municipal, su organizaci�n administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, atendiendo a sus caracter�sticas sociales, econ�micas, biogeogr�ficas, poblacionales, urban�sticas, etc�tera.
El Constituyente Permanente, en consecuencia, trata de establecer un equilibrio competencial en el que no prevalezca la regla de que un nivel de autoridad tiene facultades mayores o de mayor importancia que el otro, sino un esquema en el que cada uno tenga las que constitucionalmente le corresponden: al Estado le corresponde sentar las bases generales a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales en todos los Municipios del Estado, y al Municipio le corresponde dictar sus normas espec�ficas, sin contradecir esas bases generales dentro de su jurisdicci�n.
Por lo anterior, es posible concluir que la intenci�n fundamental de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, en lo que se refiere a la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, es la siguiente: los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos, lo cual se logra con la emisi�n de las bases generales que emite la Legislatura del Estado, pero tienen el derecho derivado de la C.�n F. de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo cual se consigue a trav�s de la facultad normativa exclusiva que les confiere la citada fracci�n II del art�culo 115 constitucional.
Ahora, si bien es cierto que el Municipio tiene la posibilidad de crear normas jur�dicas en virtud de una asignaci�n competencial propia, tambi�n lo es que tiene relaci�n con los otros �rdenes jur�dicos y que est� sujeto al orden jur�dico nacional, debiendo respetar, por tanto, el reparto de facultades previsto en la C.�n F. y, en su caso, en las C.ones Estatales; lo cual en nada menoscaba el espacio de actuaci�n que tiene asegurado por la primera, en el que no podr�n intervenir directamente los Estados, salvo en el caso previsto por la fracci�n II, inciso e), es decir, ante la ausencia de normas reglamentarias expedidas por el Ayuntamiento, so pena de inconstitucionalidad por incompetencia del �rgano que legisle en tales materias.
As�, la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, en realidad opera una delimitaci�n competencial consistente en que la ley estatal tiene un contenido acotado y el Municipio puede dictar "reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal"; es decir, que al haberse delimitado el objeto de las leyes municipales ha aumentado el contenido de la facultad reglamentaria de los Municipios.
En efecto, en la reforma de mil novecientos noventa y nueve, el �rgano Reformador de la C.�n tuvo como objetivo esencial proporcionar un criterio de delimitaci�n entre los ordenamientos que competen a los Ayuntamientos y los que corresponden a las leyes que en materia municipal emiten las legislaturas, por el cual se produce una expansi�n del �mbito de las normas reglamentarias municipales, pues los Ayuntamientos pueden ahora, a trav�s de �stas y de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal de contenido constitucionalmente delimitado, emitir disposiciones de polic�a y gobierno, organizar la administraci�n p�blica municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia, y asegurar la participaci�n ciudadana y vecinal, atendiendo a las particularidades que requiera su situaci�n concreta.
La conclusi�n anterior se confirma con la interpretaci�n del inciso e) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, el cual se�ala lo siguiente:
"Art�culo 115. ...
"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:
"...
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes."
Como se destac�, el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, el inciso e) de la fracci�n II, es precisamente una de las piedras angulares en la construcci�n de una competencia material de las normas reglamentarias municipales que se distingue de la estatal. En efecto, este inciso reconoce indirectamente la entidad jur�dica de la facultad reglamentaria municipal al prever la existencia de normas que, en su ausencia, eviten la existencia de un vac�o jur�dico en los Municipios, en el entendido de que tales disposiciones ser�n de eficacia temporal hasta en tanto cada Municipio dicte sus propias normas.
Al respecto, el dictamen referido expresamente se�ala lo siguiente:
"4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedir�n las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios, ser� de aplicaci�n temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos."
El sistema de supletoriedad que prev� el inciso e), confirma que es facultad del Municipio expedir reglamentos con un contenido material propio, de tal suerte que si por alguna raz�n faltasen los mismos, la aplicaci�n de las normas estatales ser� temporal, esto es, en tanto el Municipio expida las disposiciones relativas.
Como qued� se�alado con anterioridad, hasta antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, las legislaturas ten�an una facultad sin l�mites materiales para regular la vida municipal, por lo cual el marco de actuaci�n del reglamento del Municipio se restring�a a desarrollar el contenido de �stas. La reforma referida ampli� la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos -lo que implica la posibilidad de emitir su propia normatividad de acuerdo con su realidad, necesidades, proyectos y objetivos- y redujo la extensi�n normativa que pueden tener las leyes estatales en materia municipal, las cuales deben dejar espacio para el despliegue de la facultad reglamentaria de los reglamentos, o deben especificar que, en todo caso, lo ocupan de forma supletoria.
Ahora bien, como se se�al� con anterioridad, este Tribunal Pleno se ha pronunciado en el sentido de que existe un orden jur�dico, cuando un �rgano de gobierno cuenta con asignaciones competenciales propias derivadas de la C.�n F. que, por lo general, son excluyentes entre s�, contando con autonom�a para su ejercicio.
En esta tesitura, toda vez que el esquema normativo antes desarrollado incluye el ejercicio por parte de los Ayuntamientos de asignaciones competenciales propias, debe concluirse que el Municipio tiene un orden jur�dico propio.
Este reconocimiento a un orden jur�dico propio del Municipio, de ninguna manera soslaya su relaci�n con los otros �rdenes jur�dicos, lo que significa que el Municipio est� sujeto al orden nacional, es decir, debe respetar la C.�n F., los tratados internacionales y las leyes federales, as� como las C.ones y leyes estatales.
En conclusi�n, la C.�n considera al Municipio Libre como un �mbito de gobierno y le atribuye facultades normativas con car�cter exclusivo en determinados �mbitos, de lo que deriva su reconocimiento como orden jur�dico parcial del Estado mexicano. Dicho orden se integra por las normas que a continuaci�n se expresan:
a) Por la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Por los tratados internacionales, las leyes federales y sus reglamentos;
c) Por las C.ones Locales;
d) Por las leyes locales y sus reglamentos; y,
e) Por los reglamentos municipales.
Lo anterior puede esquematizarse de una manera ilustrativa de la manera siguiente:


A continuaci�n se procede a desarrollar con detalle el contenido del cuadro sin�ptico anterior, a fin de explicar con claridad la relaci�n que existe entre las normas generadas por las entidades federativas y las emitidas por los Municipios.
Para ello, iniciaremos con el an�lisis del �mbito de las normas estatales (leyes locales y sus reglamentos), sin hacer un desarrollo sobre los siguientes �rdenes: 1) C.�n F.; 2) Tratados internacionales y leyes federales; y, 3) C.ones Locales; respecto de la primera ya se ha hablado, y respecto de los �ltimos no se considera indispensable abundar para resolver la litis planteada en esta controversia.
Atendiendo a su �mbito de validez, las leyes expedidas por las autoridades estatales pueden clasificarse de la siguiente manera:
a) Normas que derivan del contenido de la C.�n F., que son aquellas que incidiendo en el �mbito del Municipio, son expedidas por la Legislatura Estatal: 1) en acatamiento de una disposici�n expresa de la C.�n, incluyendo las que derivan del ejercicio de facultades concurrentes y de coordinaci�n con la Federaci�n; 2) en aplicaci�n de un principio constitucional derivado de su interpretaci�n; o bien, 3) que reproducen literal o casi literalmente el Texto C.onal, esto es, son normas que encuentran la fuente de su ejercicio y sus l�mites en la propia C.�n F..
Al respecto, resulta conveniente abundar sobre la naturaleza jur�dica de las facultades coincidentes, las cuales se definen como aquellas que tanto la Federaci�n como las entidades federativas pueden realizar por disposici�n constitucional, y est�n establecidas en una forma amplia y en una forma restringida: llamando "amplia" a aquella modalidad en la cual no se faculta a la Federaci�n o a las entidades federativas a expedir las bases o un cierto criterio de divisi�n entre ambos �rdenes jur�dicos, y "restringida", cuando se confiere tanto a la Federaci�n como a las entidades federativas, pero se concede a una de ellas la atribuci�n para fijar bases o un cierto criterio de divisi�n de esa facultad.
Vale la pena aclarar que cuando se dice que la Federaci�n o un Estado tienen competencias "coincidentes en un sentido amplio", est� dici�ndose que ambas partes realizan una porci�n de una cierta actividad (tratamiento de menores infractores, por ejemplo), lo que en modo alguno significa que realicen la misma facultad. En el caso de la "coincidencia en un sentido restringido", se est� ante una situaci�n en la que la competencia para emitir las normas generales iniciales corresponde a la Federaci�n, y es s�lo a partir de lo que sus �rganos legislativos dispongan que los Estados pueden conocer los alcances de sus competencias. Aqu� es importante se�alar que �stas no podr�n ser sobre la misma materia, pues la misma la diferencia el �rgano federal al emitir la ley, ni tampoco sobre la emisi�n de la ley, pues ello es competencia exclusiva de la Federaci�n.
Por otro lado, las "facultades coexistentes" son definidas como aquellas que una parte de la misma facultad compete a la Federaci�n y la otra a las entidades federativas, sin embargo, hay que tomar en consideraci�n que no es posible hablar de la existencia de una misma facultad, por ejemplo, en materia de v�as generales de comunicaci�n, para luego considerar que la parte general de la misma corresponde a la Federaci�n, y la parte no general a los Estados. En este caso, lo que puede ser un tema en el que se den ciertas relaciones materiales, no significa que se trate de una misma facultad, sino sencillamente de dos facultades: una de ellas, la federal otorgada expresamente, y otra de ellas, por v�a residual.
Finalmente, es necesario proporcionar ejemplos de las normas estatales que derivan del contenido de la C.�n F., como lo son aquellas que establecen las causas graves para la desaparici�n de los Ayuntamientos y la suspensi�n o revocaci�n de alguno de los integrantes del Cabildo (art�culo 115, fracci�n I, constitucional); las normas de elecci�n de los miembros del Ayuntamiento (art�culo 115, fracci�n I, p�rrafo segundo y fracci�n VIII constitucional); las normas relativas a la aprobaci�n de la Ley de Ingresos y a las contribuciones municipales, las normas relativas a la distribuci�n de las participaciones federales, la fiscalizaci�n de las cuentas p�blicas, la coordinaci�n de las comunidades ind�genas dentro del �mbito municipal (art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F.); el r�gimen de responsabilidades de los servidores p�blicos (art�culos 109 y 113 constitucionales); la protesta de respeto a la C.�n F. (art�culo 128 constitucional); los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos (art�culos 34 a 36 constitucionales); las normas de planeaci�n (art�culos 26 y 115 constitucionales); las normas que regulan, dentro del marco legal expedido por la Federaci�n, facultades concurrentes como asentamientos humanos, salud, equilibrio ecol�gico, educaci�n, protecci�n civil, turismo, etc�tera (art�culos 3o., 4o. y 73, fracciones XVI, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-J y XXIX-K); las normas relativas al sistema nacional de coordinaci�n de seguridad p�blica (art�culos 21 y 115, fracci�n VIII); la creaci�n de un sistema de profesionalizaci�n de los servidores p�blicos (art�culo 115, fracci�n VIII, en relaci�n con el 123, apartado B y el 116, fracci�n VII); la creaci�n de organismos de protecci�n de los derechos humanos en nivel estatal (art�culo 102, apartado B); la regulaci�n de la deuda p�blica municipal (art�culo 117), etc�tera.
b) Normas derivadas del art�culo 124 de la C.�n F., que son aquellas que emite la Legislatura Estatal en el �mbito de competencia que dicho precepto le reconoce como propio, y en ejercicio del cual los Estados pueden conceder a los Municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les otorga la C.�n F., o ampliar el �mbito de los mismos, pero sin contradecir el texto de la C.�n F..
Verbigracia, cuando las legislaturas facultan a los Municipios para asumir un servicio p�blico no previsto en el art�culo 115 constitucional, o bien, cuando les autorizan el ejercicio de la funci�n p�blica relativa al Registro Civil, o bien, el establecimiento de un sistema estatal de coordinaci�n fiscal y la distribuci�n de participaciones a los Municipios derivadas de los ingresos obtenidos por contribuciones estatales.
c) "Leyes en materia municipal", que son aquellas cuya denominaci�n y fuente proviene espec�ficamente de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional y cuyo objeto, por disposici�n expresa de este precepto, est� limitado a los siguientes puntos:
1. Las bases generales de administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
2. Los casos que requieren el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
3. Las normas de aplicaci�n general para que el Municipio celebre convenios con otros Municipios o con el Estado sobre la prestaci�n de servicios p�blicos y administraci�n de contribuciones;
4. El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n oservicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y,
5. Las normas aplicables a falta de reglamentaci�n municipal.
A continuaci�n se proceder� a la explicaci�n de cada uno de los supuestos que integran el concepto de "leyes en materia municipal."
1. Bases generales de la administraci�n p�blica municipal.
Como se ha afirmado con anterioridad, la reforma a la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n General, de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sustituy� el concepto de "bases normativas" que utilizaba el texto anterior, por el de "leyes en materia municipal".
Esta modificaci�n de la terminolog�a utilizada en la C.�n atiende al prop�sito del �rgano Reformador de ampliar el �mbito competencial del Municipio y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos mediante la limitaci�n de las facultades legislativas en materia municipal de los Congresos Locales.
En esta tesitura, como ya hemos subrayado, el t�rmino "bases generales de la administraci�n p�blica municipal" no puede interpretarse en el sentido de que concede a las Legislaturas de los Estados una libertad ilimitada para legislar en materia municipal.
Sin embargo, tampoco puede interpretarse como una liberalidad total a favor de la facultad reglamentaria municipal, pues los Municipios tendr�n que respetar el contenido de estas bases generales de la administraci�n p�blica municipal, ya que al dictar sus normas reglamentarias no deben contradecir lo establecido en dichas bases que les resultan plenamente obligatorias por prever un marco que da uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales.
En efecto, es menester partir de dos premisas esenciales que ya se han dejado sentadas: 1) Que la reforma de mil novecientos noventa y nueve tuvo por objeto ampliar y fortalecer el �mbito de competencia municipal; y, 2) Que fue objeto de dicha reforma en t�rmino de lo establecido por el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados "delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva los aspectos fundamentales para su desarrollo".
En ese sentido, en dicho dictamen se dispuso expresamente que:
"Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organizaci�n y funcionamiento interno y de la administraci�n p�blica municipal; as� como para la regulaci�n sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplar�n lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, ..."
De lo anterior se desprende que:
1) Las bases de la administraci�n p�blica municipal que dicten las Legislaturas Estatales deben orientarse a regular s�lo cuestiones generales del Municipio, tanto sustantivas como adjetivas;
2) El establecimiento de dichas cuestiones generales tendr� por objeto �nicamente establecer un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, que debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, pero �nicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad.
3) La competencia reglamentaria del Municipio implica la facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo;
4) No es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en las cuestiones espec�ficas de cada Municipio, toda vez que esto le est� constitucionalmente reservado a �ste.
Esto es, las bases generales de la administraci�n p�blica municipal, no pueden tener una extensi�n tem�tica tal que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones espec�ficas.
5) En consecuencia, queda para el �mbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a polic�a y gobierno, su organizaci�n y funcionamiento interno, lo referente a la administraci�n p�blica municipal, as� como la facultad para emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a trav�s de bandos, reglamentos, circulares y dem�s disposiciones de car�cter general, en todo lo que se refiera a las cuestiones espec�ficas de cada Municipio.
En efecto, la administraci�n p�blica municipal requiere de un marco jur�dico adecuado con la realidad, que si bien debe respetar lineamientos, bases generales o normas esenciales, tambi�n debe tomar en cuenta la variedad de formas que puede adoptar una organizaci�n municipal, atendiendo a las caracter�sticas sociales econ�micas, biogeogr�ficas, poblacionales, urban�sticas, etc�tera, de cada Municipio; de ello se sigue que no es posible establecer una organizaci�n interna �nica y definitiva para los diversos Municipios que integren una entidad federativa. En respeto de esa capacidad de organizaci�n y gobierno, los Municipios cuentan ahora con un �mbito de competencia propia, referido a la regulaci�n de estas cuestiones particulares.
6) En ese sentido, las leyes estatales en materia municipal derivadas del art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la C.�n F., esto es, "las bases generales de la administraci�n p�blica municipal", esencialmente comprenden aquellas normas indispensables para el funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su �rgano de gobierno y de su administraci�n p�blica; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos incluidos en la reforma, as� como la regulaci�n de los aspectos de las funciones y los servicios p�blicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado.
En atenci�n a todo lo anterior, en el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, se dijo expresamente que "Municipios con mayor libertad y autonom�a, ser�n fuentes de creatividad y de nuevas iniciativas; Municipios con mayores responsabilidades p�blicas ser�n fuentes de mayores gobiernos".
Por tanto, debe considerarse que las leyes estatales en materia municipal derivadas del art�culo 115, fracci�n II, inciso a), de la C.�n F., esto es, "las bases generales de la administraci�n p�blica municipal", esencialmente comprenden: lo referente al establecimiento de una serie de normas esenciales relacionadas con la estructura del Ayuntamiento y sus elementos, los derechos y obligaciones de sus habitantes, los aspectos esenciales de funcionamiento de la administraci�n p�blica municipal vinculados con la transparencia en el ejercicio de gobierno, los procedimientos de creaci�n normativa del Ayuntamiento, los aspectos que requieren ser uniformes respecto de las funciones y los servicios p�blicos municipales, etc�tera.
En consecuencia, de manera enunciativa m�s no limitativa, pueden se�alarse como bases generales de administraci�n p�blica municipal, las siguientes:
a) La regulaci�n de las funciones esenciales de los �rganos municipales establecidos en la C.�n F., es decir, del Ayuntamiento, del presidente municipal, de los s�ndicos y de los regidores, en la medida en que no interfieran con las cuestiones espec�ficas de cada Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de que cada Ayuntamiento pueda, a trav�s de su facultad reglamentaria, establecer nuevas facultades y funciones a estos �rganos que le impriman un car�cter individual a cada Municipio.
b) La regulaci�n de las funciones esenciales de los �rganos municipales cuya existencia es indispensable para el desenvolvimiento regular y transparente de la administraci�n p�blica municipal, esto es, del secretario del Municipio y del �rgano encargado de la tesorer�a municipal.
c) Las normas que regulen la poblaci�n del Municipio en cuanto a su identidad, pertenencia, derechos y obligaciones b�sicas (por ejemplo: qui�nes tienen la calidad de habitante o residente de un Municipio, c�mo se pierde la residencia, qu� derechos otorga la vecindad, la clasificaci�n de n�cleos de poblaci�n en ciudades, pueblos, villas, comunidades, rancher�as, etc�tera).
d) La denominaci�n de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento.
e) Las normas relativas a la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos.
f) Las normas que establezcan la forma de creaci�n de los reglamentos, bandos y dem�s disposiciones generales de orden municipal y su publicidad.
g) Las normas que establezcan mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte de los mun�cipes.
h) Las normas que regulen la obligaci�n de llevar un inventario de los bienes municipales.
i) Las normas que establezcan los principios generales en cuanto a la participaci�n ciudadana y vecinal, respetando que corresponde al "Ayuntamiento decidir, a trav�s de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participaci�n ciudadana y vecinal", seg�n se aclara en el multirreferido dictamen.
j) El periodo de duraci�n del Gobierno Municipal y su fecha y formalidades de instalaci�n, as� como las normas que determinan las formalidades de entrega y recepci�n de los Ayuntamientos entrante y saliente.
k) El r�gimen de licencias, permisos e impedimentos de los funcionarios del Ayuntamiento.
l) Las formalidades esenciales de acuerdo con las cuales deben llevarse a cabo las sesiones del Cabildo.
m) La rendici�n de informes peri�dicos por parte de los mun�cipes al Cabildo.
n) El establecimiento de reglas en materia de formulaci�n del presupuesto de egresos que faciliten la respectiva fiscalizaci�n, o los supuestos relativos a la falta de aprobaci�n por el Ayuntamiento de dicho presupuesto en tiempo.
o) Sanciones y medidas de seguridad.
p) Las normas que se refieren al procedimiento administrativo.
q) Las normas relativas a la transparencia y al acceso a la informaci�n gubernamental.
r) La regulaci�n de los aspectos de las funciones y los servicios p�blicos municipales que requieren uniformidad para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, etc�tera.
2. Los casos que requieren el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.
En el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional se otorgan facultades a la Legislatura Estatal para determinar los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.
Dicha fracci�n se refiere, en primer lugar, al establecimiento de una votaci�n calificada de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. Esta porci�n normativa, debe interpretarse en el sentido de que la legislatura tiene la facultad discrecional para establecer todos aquellos casos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, en los que se requiera ese elevado qu�rum de votaci�n. Esta facultad discrecional deber� ejercitarse tomando como base un criterio de importancia y trascendencia en relaci�n con la afectaci�n que podr�a sufrir el patrimonio inmobiliario municipal y que, por tanto, justifique la existencia de una votaci�n calificada.
Lo anterior no implica que las Legislaturas Estatales o cualquier otro ente ajeno al Ayuntamiento se conviertan en instancias de decisi�n directa e inmediata respecto de los bienes inmuebles del Municipio, como lo ha interpretado ya este Alto Tribunal en la tesis P./J. 36/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.X., agosto de 2003, p�gina 1251, que a la letra indica:
"BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACI�N DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICI�N, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 115, F.I., INCISO B), DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI�N EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El desarrollo legislativo e hist�rico del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta �ltima donde destaca la voluntad del �rgano Reformador en pro de la consolidaci�n de su autonom�a, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, m�s que como una entidad de �ndole administrativa, con un �mbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la interpretaci�n del texto actual del art�culo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para as� dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias leg�timas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional debe interpretarse desde una �ptica restrictiva en el sentido de que s�lo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues as� se permite materializar el principio de autonom�a y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino m�s bien consolidarlo, lo que significa que el inciso citado s�lo autoriza a las Legislaturas Locales a que se�alen cu�les ser�n los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerir�n de un acuerdo de mayor�a calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia m�s exigible e indispensable para la realizaci�n o validez jur�dica de dichos actos de disposici�n o administraci�n, lo cual atenta contra el esp�ritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por �sta; de ah� que cualquier norma que sujete a la aprobaci�n de la Legislatura Local la disposici�n de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracci�n citada, debe declararse inconstitucional."
En un segundo plano, la fracci�n en comento se refiere a los casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.
A su vez, en el inciso d) de la propia fracci�n II, se establece como imperativo esa misma mayor�a calificada para que el Ayuntamiento pueda solicitar al Gobierno Estatal que este �ltimo asuma una funci�n o servicio municipal. Sobre el contenido y alcances de este inciso se abundar� m�s adelante.
Por �ltimo, resulta pertinente se�alar que del contenido del art�culo 115 de la C.�n F., en el cual se contienen atribuciones expresas de las Legislaturas de los Estados para regir la vida municipal, en relaci�n con el art�culo 124 de la Carta Magna, que establece las facultades que de manera residual corresponden a las entidades federativas, se concluye que no existe prohibici�n alguna para que los Congresos Locales puedan determinar casos distintos a los se�alados en la fracci�n II, incisos b) y d), del art�culo 115, que se analiza, en los que se requiera que las decisiones de los Ayuntamientos se adopten por una mayor�a de las dos terceras partes de sus integrantes.
3. Las normas de aplicaci�n general para celebrar convenios sobre la prestaci�n de servicios p�blicos y la administraci�n de contribuciones.
En el inciso c) de la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., se le otorgan facultades a las legislaturas para expedir las normas relativas a la celebraci�n de los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de la misma N.F.:
"Art�culo 115.
"...
"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:
"...
c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta C.�n."
Para interpretar el contenido de la fracci�n en estudio se debe atender al texto de las porciones normativas a las que este inciso alude:
"Art�culo 115. ...
"III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes:
"...
"Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;
"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones."
"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:
"...
"VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.
"Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior."
De lo anterior se infiere que en t�rminos del referido inciso c) de la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., las leyes municipales contendr�n las normas de car�cter general para celebrar los convenios: 1) De coordinaci�n o asociaci�nentre Municipios para la prestaci�n conjunta de los servicios p�blicos que les correspondan, destacando que el texto constitucional permite la asociaci�n de Municipios de diversos Estados; 2) Entre la entidad federativa y sus Municipios, para que aqu�lla se haga cargo de alguna de las funciones realizadas con la administraci�n de las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria; y, 3) Entre la entidad federativa y sus Municipios, a efecto de que la primera asuma la prestaci�n de los servicios, o bien, alguna de las funciones, ejecuci�n y prestaci�n de obras cuando el desarrollo econ�mico y social lo hagan necesario.
En atenci�n a que la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve elimin� la concurrencia de la prestaci�n de servicios p�blicos entre el Estado y sus Municipios para sustituirla por una f�rmula de exclusividad de competencia en favor del Municipio consagrada en la fracci�n III del art�culo 115 de la C.�n F., y del mismo modo, fortaleci� el �mbito hacendario del Municipio al darle mayores atribuciones respecto de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, el nuevo texto constitucional prev� la posibilidad de la celebraci�n de convenios entre dichos entes, dejando a la legislatura la regulaci�n de las bases sobre las cuales se celebrar�n tales convenios.
4. El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando no exista convenio.
El inciso d) de la fracci�n II del art�culo 115 del Texto C.onal dispone lo siguiente:
"Art�culo 115. ...
"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:
"...
"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes."
Para llegar a la correcta interpretaci�n del precepto transcrito es menester acudir, de nueva cuenta, al dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales de la C�mara de Diputados, en espec�fico en lo referente a la reforma de la fracci�n III del art�culo 115 de la C.�n F.:
"4.3 Una de las reformas m�s importantes que se introducen en el presente decreto es, sin duda, la referente a la fracci�n III que contiene un cat�logo de competencias exclusivas.
"Este aspecto, est� planteado en las iniciativas en estudio, por lo cual, la comisi�n que suscribe estima procedente eliminar el concurso de los Estados en las funciones y servicios establecidos en la nueva fracci�n III, para que queden con dicho doble car�cter (funci�n y servicio p�blico), las materias descritas en los incisos correspondientes en calidad de competencias municipales exclusivas, sin perjuicio del mecanismo de transferencia previsto en los incisos c) y d) de la ya explicada nueva fracci�n II.
"...
"De todo lo anterior, se debe concluir que se trata de funciones y servicios del �mbito municipal, para que se ejerzan o se presten exclusivamente por su �rgano de gobierno: el Ayuntamiento y la administraci�n p�blica municipal que le deriva."
Asimismo, por cuanto se refiere al contenido de la fracci�n II, inciso d), del art�culo 115, objeto de la interpretaci�n, se se�al�:
"4.2.4 En el inciso d), se prev� que la ley estatal contemple, con base en el �mbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestaci�n de un servicio p�blico o el ejercicio de una funci�n a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate."
De la lectura de los antecedentes legislativos transcritos deriva que para salvaguardar el �mbito competencial del Municipio y hacer posible la transferencia al Estado de la prestaci�n de un servicio p�blico o el ejercicio de una funci�n p�blica municipal, es indispensable que exista una solicitud previa del Ayuntamiento involucrado, aprobada por lo menos por la mayor�a calificada de las dos terceras partes de sus miembros.
En esta tesitura, el precepto en estudio debe interpretarse en el sentido de que cuando no exista convenio entre un Estado y sus Municipios en relaci�n con la prestaci�n de funciones o servicios p�blicos, el Ayuntamiento, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr� solicitar a la legislatura que el Gobierno Estatal asuma la funci�n o servicio p�blico de que se trate, quedando para la legislatura la emisi�n de normas que regulen los t�rminos de la asunci�n de �stos por parte del Gobierno del Estado, as� como el dictamen correspondiente que califique la imposibilidad del ejercicio de la funci�n o de la prestaci�n del servicio por el Ayuntamiento, sin que haya lugar a interpretar que la legislatura puede determinar oficiosamente tal circunstancia de manera unilateral, pues la solicitud respectiva es un derecho exclusivo del Ayuntamiento.
5. Las normas aplicables a falta de reglamentaci�n municipal.
Por �ltimo, el inciso e) de la fracci�n II del art�culo 115 del Texto C.onal establece lo siguiente:
"Art�culo 115. ...
"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:
"...
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes."
Como se dijo con anterioridad, el dictamen de la C.�n de Gobernaci�n y Puntos C.onales expresamente se�ala lo siguiente:
"4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedir�n las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos b�sicos y esenciales de los Municipios, ser� de aplicaci�n temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos."
De ello se sigue que si bien en este inciso se otorga a la legislatura una facultad muy amplia para emitir todo tipo de normas relativas al funcionamiento municipal, lo cierto es que la aplicaci�n de estas normas ser� �nicamente supletoria en los Municipios que no cuenten con la reglamentaci�n correspondiente, raz�n por la cual, como lo expresa el dictamen, su aplicaci�n ser� temporal, esto es, en tanto el Municipio expida las disposiciones relativas.
En otras palabras, el Municipio puede reivindicar para s� la facultad de regular en aquellas materias en las que ya lo hizo el Estado de manera subsidiaria, y cuando esto acontezca deber� inaplicarse inmediatamente la normativa estatal.
En este sentido, como qued� se�alado con antelaci�n, la reforma de mil novecientos noventa y nueve ampli� la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos, para el efecto de que en comuni�n con las bases generales establecidas por el Estado, emitan su propia normatividad de acuerdo con su realidad, necesidades, proyectos y objetivos.
Ante la asimetr�a de los Ayuntamientos que forman nuestro pa�s, el �rgano Reformador previ� la posibilidad de que algunos de ellos no contaran con la infraestructura suficiente para emitir, de manera inmediata, los reglamentos respectivos, raz�n por la cual cre� esta disposici�n que establece la posibilidad de que los Ayuntamientos fundamenten su actuaci�n en la legislaci�n estatal hasta en tanto emitan sus normas reglamentarias. De esta forma se evitan lagunas normativas en el �mbito de Gobierno Municipal, pues la legislaci�n emitida con detalle por las Legislaturas Estatales, en virtud de esta autorizaci�n constitucional, impedir� la paralizaci�n de funciones de los Ayuntamientos peque�os o insuficientemente regulados, que podr�a ocurrir ante la ausencia de un marco normativo debido a la exigencia del principio de juridicidad, conforme al cual, los actos de autoridad deben encontrar su fundamento en una norma jur�dica.
Ciertamente, el �rgano Reformador previ� que la mera ampliaci�n de atribuciones a nivel constitucional, no era suficiente para cambiar la realidad hist�rica del Ayuntamiento y de su esfera restringida de actuaci�n o para acortar por s� las profundas desigualdades que existen entre los distintos Municipios que integran el pa�s, por lo cual cre� la obligaci�n de que las legislaturas emitan este tipo de normas de car�cter temporal.
A la luz de la norma en estudio se justifica que las legislaturas expidan disposiciones que rijan detalladamente la vida municipal, siempre y cuando tengan un car�cter supletorio y temporal, cuya vigencia estar� supeditada a la emisi�n de las normas reglamentarias que emita el Ayuntamiento.
En este tenor, resulta indispensable se�alar que es pr�cticamente imposible que la Legislatura Estatal pueda emitir normas espec�ficas para cada uno de los Municipios que lo integran, raz�n por la cual ser� un marco normativo gen�rico que regular� tanto a los Municipios con un elevado nivel de desarrollo, como a los que no lo tienen.
Lo anterior conllevar� que en la norma local se regulen cuestiones que no sean aplicables a todos los Municipios por contar �stos con distintas necesidades y realidades sociales. As�, se regular�n �rganos cuya existencia se justifique y cuyo funcionamiento se pueda sufragar en un Municipio desarrollado o de alta concentraci�n demogr�fica, pero que en otro tipo de Municipios sean figuras innecesarias o inviables dadas las limitaciones financieras del Municipio o su realidad social, biogeogr�fica, demogr�fica o cultural; o bien, por lo que respecta a la elegibilidad de algunas autoridades, habr� cargos para los que en algunos Municipios la ley contemple requisitos que sean imposibles de cumplir, dado el rezago educacional que ah� se presente, en tanto que en otros Municipios no existir� este problema.
En esta tesitura, y atendiendo al principio de fortalecimiento municipal, esta Suprema Corte considera que este tipo de normas constituye un marco normativo auxiliar del cual podr� ir haciendo uso cada Ayuntamiento, en la medida en que sea necesario para cumplir con sus atribuciones constitucionales y carezca del reglamento respectivo, raz�n por la cual deber� existir una flexibilidad en su aplicaci�n que depender� de las necesidades de cada Municipio y de las decisiones que, como su �rgano de gobierno, tome el Ayuntamiento.
De lo expuesto se puede concluir que este tipo de leyes en materia municipal tiene una vertiente instrumental, cuyo objetivo es evitar un vac�o de legalidad ante la ausencia de la norma reglamentaria respectiva, permitiendo que el Ayuntamiento aplique de manera supletoria la legislaci�n local de acuerdo con su propia realidad.
Asimismo, se debe se�alar que en la medida que el Ayuntamiento decida realizar determinados actos o instituir alguna figura jur�dica y no cuente con el reglamento correspondiente, o bien, su regulaci�n sea deficiente, podr� acudir a la legislaci�n estatal respectiva, pues el objetivo de �sta es que el Ayuntamiento pueda cumplir con sus funciones y no quede paralizado.
Por otro lado, tambi�n debe quedar sentado que en ejercicio de su libertad de auto-organizaci�n, el Ayuntamiento puede decidir que no necesita de una determinada figura jur�dica, situaci�n en la cual la legislaci�n supletoria que verse sobre dicha figura no tendr� el car�cter de obligatoria para ese Municipio.
Lo anterior de ninguna manera significa que el Municipio pueda dictar actos que no tengan fundamento jur�dico, pues todos sus actos deben descansar en una norma jur�dica, en atenci�n al principio de legalidad tutelado en los art�culos 14 y 16 de la C.�n F..
Como corolario, es posible sostener que la fracci�n II del art�culo 115 constitucional otorga a las Legislaturas Estatales dos atribuciones en materia municipal que conviene resaltar en este apartado: La primera es que emitan las bases generales sobre el Gobierno Municipal y sus atribuciones; es decir, que las legislaturas emitan la ley marco en materia municipal, que establezca los lineamientos esenciales de los cuales no se puede apartar la actuaci�n del Municipio. La segunda consiste en que las legislaturas emitan disposiciones de detalle sobre esas mismas materias municipales, aplicables solamente en aquellos Municipios que no cuenten con la reglamentaci�n correspondiente, con la caracter�stica antes precisada de que en el momento en que el Municipio emita sus propios reglamentos quedar� desvinculado autom�ticamente de la ley.
Ahora bien, este Alto Tribunal considera que la localizaci�n f�sica de estas �ltimas normas dentro de los diferentes cuerpos legislativos locales, constituye como tal un problema de t�cnica legislativa que las Legislaturas Estatales podr�an resolver de diferentes maneras: Podr�an emitir, por ejemplo, una ley marco que contuviera las disposiciones de las cuales no podr�a apartarse el Municipio, por haberlas emitido el Estado en ejercicio de las atribuciones que la propia C.�n F. le confiere en materia municipal y, por separado, una ley complementaria aplicable solamente en aquellos Municipios que carezcan de disposiciones municipales. Esto dar�a lugar a la existencia de dos cuerpos normativos separados que permitir�an ubicar con mayor precisi�n a los dos tipos de normas a que se ha venido haciendo referencia.
Otra opci�n ser�a que el Congreso Estatal emitiera una sola Ley Org�nica Municipal, en la que precisara cu�les son las normas que constituyen la ley marco y cu�les son aplicables supletoriamente por los Municipios que no tengan su reglamentaci�n espec�fica.
Una tercera opci�n podr�a ser que el Congreso Estatal emitiera una sola ley marco y, por separado, diversas disposiciones aplicables de manera supletoria a los Municipios, las cuales, a su vez, se encontrar�an agrupadas por categor�as de Municipios, bas�ndose en el n�mero de habitantes de cada uno de ellos, su crecimiento econ�mico, caracter�sticas territoriales o en cualquier otra circunstancia que la legislatura estimara pertinente.
Lo anterior demuestra la existencia de una variedad de posibilidades para que la legislatura elija libremente la t�cnica legislativa m�s adecuada para ejercer sus facultades constitucionales en esta materia. Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estima que independientemente de la t�cnica que adopte la legislatura para regular la vida municipal, lo importante es que el legislador estatal distinga claramente las normas que considera obligatorias para el Municipio, en tanto que con ellas procura homogeneizar a los Municipios del Estado, de aquellas que s�lo son aplicables de manera supletoria.
Habiendo quedado expuesto el tema relativo a las leyes locales, corresponde ocuparse ahora de los reglamentos municipales, como parte del orden jur�dico municipal esquematizado en el cuadro sin�ptico plasmado en este considerando.
Reglamentos municipales.
Hist�ricamente, a los cuerpos normativos que emanaban de los Ayuntamientos para distinguirlos de las leyes que proven�an de las Cortes, se les denomin� ordenanzas u ordenanzas municipales. Ante la carencia de �rganos informativos regulares, durante mucho tiempo dichos ordenamientos se dieron a conocer a los interesados a grito vivo, d�ndoles lectura en lugares estrat�gicos y concurridos de las poblaciones mediante bandos solemnes u ordinarios (del verbo "bandir", que a su vez se origina del vocablo visigodo "bandwjan", que significa pregonar o hacer p�blico algo). Con el transcurso de los a�os y la repetici�n de los actos, el nombre del instrumento se utiliz� como sin�nimo de la materia. Por eso, en la actualidad a esos complejos normativos se les denomina gen�ricamente bandos.
Ahora bien, el art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F., no s�lo faculta a los Municipios a expedir bandos, sino tambi�n reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general que tienen las siguientes caracter�sticas:
a) Se trata de verdaderos ordenamientos normativos, esto es, tienen la caracter�stica de estar compuestos por normas generales, abstractas e impersonales.
b) Normalmente no se trata de ordenamientos r�gidos, toda vez que pueden ser modificados o derogados por el propio Ayuntamiento que los expidi�, sin m�s formalidades que las que se hayan seguido para su emisi�n.
No obstante lo anterior, los Ayuntamientos, en ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, a saber:
1) Los bandos y reglamentos no pueden estar en oposici�n a la C.�n General ni a las de los Estados, as� como tampoco a las leyes federales o locales;
2) Deben versar sobre materias, funciones o servicios que le correspondan constitucional o legalmente a los Municipios.
Como ha quedado se�alado con anterioridad, es necesario recordar que desde mil novecientos ochenta y tres se hab�a reconocido constitucionalmente al Municipio una facultad reglamentaria; sin embargo, su ejercicio se supeditaba a desarrollar las bases normativas que deb�an establecer las Legislaturas de los Estados, sin que los Municipios pudieran emitir reglamentos susceptibles de ajustarse a sus respectivas particularidades, pues s�lo actuaban como reglamentos para detallar la ley. La reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, ampli� la esfera de competencia del Municipio en lo referente a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el p�rrafo segundo de la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., esto es, "bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal."
Bajo este tenor, se advierte que los Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias:
a) El reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona de manera similar a los reglamentos derivados de la fracci�n I del art�culo 89 de la C.�n F. y de los expedidos por los gobernadores de los Estados, en los cuales la extensi�n normativa y su capacidad de innovaci�n se encuentra limitada, puesto que el principio de subordinaci�n jer�rquica exige que el reglamento est� precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificaci�n y medida.
Entre estos reglamentos encontrar�amos, por ejemplo, aquellos que versando sobre materias distintas a la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., tienen el fundamento de su existencia bien sea en disposici�n constitucional o en habilitaci�n realizada por el legislador federal o local en favor del reglamento municipal.
Esto se ve muy claramente en las materias concurrentes. As�, por ejemplo, en la materia de protecci�n al ambiente y preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico, regulada tanto en la fracci�n XXIX-G del art�culo 73, como en la fracci�n V del art�culo 115 de la C.�n F., as� como por la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, que en su art�culo 10 dispone:
"Art�culo 10. Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas C.ones y la Asamblea Legislativa del Distrito F., expedir�n las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta ley. Los Ayuntamientos, por su parte, dictar�n los bandos de polic�a y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.
Enel ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito F. y los Municipios, observar�n las disposiciones de esta ley y las que de ella se deriven."
De lo anterior se infiere que en este caso la facultad reglamentaria es de detalle y se encuentra completamente subordinada a las disposiciones tanto de la ley marco, como de las leyes locales.
De manera similar ocurre en la materia de asentamientos humanos regulada tanto en la fracci�n XXIX-C del art�culo 73, como en la fracci�n V del art�culo 115 de la C.�n F., as� como por la Ley General de Asentamientos Humanos, que en su art�culo 8o., fracci�n I, faculta a las entidades federativas para legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n. As�, el Municipio, con fundamento en la ley marco y en la local, emitir� los reglamentos que permitan implementar las medidas tendentes a desarrollar la ley en los aspectos relativos a su jurisdicci�n, as� como las facultades expresamente conferidas en la fracci�n V del art�culo 115 constitucional.
Tambi�n se puede expedir este tipo de reglamento en las cuestiones relativas al patrimonio, pues el primer p�rrafo de la fracci�n II remite a la ley en dicho aspecto, como se ve a continuaci�n:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley."
De lo anterior se infiere que las legislaturas regular�n la cuesti�n patrimonial del Municipio, sin embargo, �ste podr� emitir los reglamentos de detalle de dicha ley para el manejo de su patrimonio.
Por �ltimo, tambi�n podemos mencionar a los reglamentos de las condiciones generales de trabajo que detallan lo relativo a los derechos laborales consignados en el art�culo 123 de la C.�n F. y la respectiva ley burocr�tica estatal.
b) Los reglamentos derivados de la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, esto es, "bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal", que tienen una mayor extensi�n normativa y en donde los Municipios pueden regular m�s ampliamente aquellos aspectos espec�ficos de la vida municipal en el �mbito de sus competencias.
Es importante destacar, nuevamente, que si bien esta nueva categor�a de reglamentos municipales tiene un contenido material propio, el mismo no puede contradecir a la C.�n F. ni a las de los Estados, as� como tampoco a las leyes federales o locales.
Tambi�n resulta pertinente recapitular que dentro de las leyes locales que deben ser respetadas se encuentran las leyes en materia municipal a que se refiere la fracci�n II del art�culo 115 constitucional, que tienen por objeto la fijaci�n de ciertos lineamientos o bases generales, que establezcan un marco normativo homog�neo a los Municipios de un Estado, el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, pero �nicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad.
A su vez, las normas reglamentarias derivadas de la fracci�n II, segundo p�rrafo, del art�culo 115 constitucional, tienen la caracter�stica de la expansi�n normativa, es decir, permiten a cada Municipio adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organizaci�n administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relaci�n con sus gobernados, atendiendo a las caracter�sticas sociales, econ�micas, biogeogr�ficas, poblacionales, culturales, urban�sticas, etc�tera.
Como se dijo con anterioridad, los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos, lo cual se logra con la emisi�n de las bases generales que emite la Legislatura del Estado, pero tienen el derecho derivado de la C.�n F. de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo cual se consigue a trav�s de la facultad normativa exclusiva que les confiere la multicitada fracci�n II del art�culo 115.
Por �ltimo, resulta importante destacar que el ejercicio de la facultad reglamentaria del Municipio no es obligatoria, mientras que la C.�n F., dentro del concepto de leyes en materia municipal, ha contemplado como obligaci�n para las legislaturas la expedici�n de normas detalladas que act�en de manera supletoria y temporal en aquellos Municipios que no cuenten con estos ordenamientos.
Ejemplificaremos ahora algunos de los tipos de reglamentos que se pueden emitir con fundamento en esta fracci�n.
El reglamento interior se encarga de la composici�n y estructura del Ayuntamiento, as� como de las atribuciones y deberes de cada uno de sus miembros. Los principales aspectos que puede contemplar en este reglamento son: residencia e instalaci�n del Ayuntamiento; derechos y obligaciones de sus integrantes; sesiones de Cabildo; comisiones; votaciones para los acuerdos y para su revocaci�n; funcionarios esenciales de la administraci�n p�blica municipal; licencias y permisos de los servidores de la administraci�n p�blica, etc�tera.
Para que la administraci�n municipal trabaje de manera adecuada es preciso que se expidan reglamentos que detallen la estructura administrativa, estableciendo sus �rganos y dependencias, as� como la administraci�n p�blica centralizada y paramunicipal, las bases para manejar sus recursos y su personal, as� como un sistema que controle y eval�e sus actividades. Para estos prop�sitos pueden expedirse los siguientes ordenamientos: el reglamento interno de la administraci�n, en el cual se detallan los �rganos que conforman la administraci�n, sus funciones y responsabilidades, y el reglamento de control de gesti�n, que permite supervisar, evaluar y controlar las actividades de las dependencias municipales, as� como normar la contralor�a.
Los reglamentos de servicios p�blicos, por otro lado, regular�n las actividades municipales que constitucionalmente se han declarado como tales, o bien, de los servicios que transfiera al Municipio el legislador local. Entre los reglamentos que normalmente se expiden para los servicios p�blicos est�n los de mercados, limpia, alumbrado p�blico, rastros, panteones, parques y jardines, agua potable y alcantarillado. En este tipo de reglamentos se establece tambi�n cu�l es la forma en que se puede prestar el servicio p�blico correspondiente, sea de manera directa, en colaboraci�n o concesionado a particulares.
Asimismo, tambi�n existen los reglamentos relativos a las funciones p�blicas, como son el de seguridad p�blica, el cual deber� respetar los lineamientos del sistema de seguridad p�blica, polic�a preventiva, tr�nsito y protecci�n civil.
Es importante reiterar que si bien el Estado podr� regular aquellos aspectos que sean esenciales sobre el ejercicio de las funciones y la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales en la medida en que ello requiera de una regulaci�n homog�nea, corresponder�, sin embargo, al Municipio emitir las normas relativas a su �mbito de actuaci�n, como son las relativas a la organizaci�n y prestaci�n del servicio. As� lo ha interpretado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P./J. 137/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, enero de 2002, p�gina 1044, que a la letra indica:
"TR�NSITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXPEDICI�N DE LA LEY RELATIVA POR LA LEGISLATURA ESTATAL NO QUEBRANTA EL ART�CULO 115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE JU�REZ. Si bien el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), constitucional reserva al tr�nsito como una de las funciones y servicios p�blicos a cargo de los Municipios, ello no significa que las Legislaturas de los Estados est�n impedidas para legislar en esa materia, porque tienen facultades para legislar en materia de v�as de comunicaci�n, lo que comprende al tr�nsito y, conforme al sistema de distribuci�n de competencias establecido en nuestra C.�n F., tal servicio debe ser regulado en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. La interpretaci�n congruente y relacionada del art�culo 115, fracciones II, segundo p�rrafo, y III, pen�ltimo p�rrafo, que establecen las facultades de los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las legislaturas, los bandos de polic�a y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas dentro de sus respectivas jurisdicciones y la sujeci�n de los Municipios en el desempe�o de las funciones y la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo conforme a lo dispuesto por las leyes federales y estatales, junto con la voluntad del �rgano Reformador de la C.�n F. manifestada en los dict�menes de las C�maras de Origen y Revisora del proyecto de reformas del a�o de 1999 a dicho dispositivo, permiten concluir que corresponder� a las Legislaturas Estatales emitir las normas que regulen la prestaci�n del servicio de tr�nsito para darle uniformidad en todo el Estado mediante el establecimiento de un marco normativo homog�neo (lo que implica el registro y control de veh�culos, la autorizaci�n de su circulaci�n, la emisi�n de las placas correspondientes, la emisi�n de las calcoman�as y hologramas de identificaci�n vehicular, la expedici�n de licencias de conducir, as� como la normativa general a que deben sujetarse los conductores y peatones, las conductas que constituir�n infracciones, las sanciones aplicables, etc�tera), y a los Municipios, en sus respectivos �mbitos de jurisdicci�n, la emisi�n de las normas relativas a la administraci�n, organizaci�n, planeaci�n y operaci�n del servicio a fin de que �ste se preste de manera continua, uniforme, permanente y regular (como lo son las normas relativas al sentido de circulaci�n en las avenidas y calles, a las se�ales y dispositivos para el control de tr�nsito, a la seguridad vial, al horario para la prestaci�n de los servicios administrativos y a la distribuci�n de facultades entre las diversas autoridades de tr�nsito municipales, entre otras). Atento a lo anterior, la Ley de Tr�nsito del Estado de Chihuahua no quebranta el art�culo 115, fracciones II y III, inciso h), de la C.�n F., ni invade la esfera competencial del Municipio de Ju�rez, pues fue expedida por el Congreso del Estado en uso de sus facultades legislativas en la materia y en las disposiciones que comprende no se consignan normas cuya emisi�n corresponde a los Municipios, sino que claramente se precisa en su art�culo 5o. que la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito estar� a cargo de los Municipios; en su numeral 7o. que la aplicaci�n de la ley corresponder� a las autoridades estatales y municipales en sus respectivas �reas de competencia y en el art�culo cuarto transitorio que los Municipios deber�n expedir sus respectivos reglamentos en materia de tr�nsito."
Por �ltimo, hay que subrayar que los particulares efect�an muchas actividades que el Municipio no puede ignorar, por lo que de conformidad con las leyes federales o locales existentes sobre cada materia espec�fica, debe encauzarlas jur�dicamente de manera apropiada por ser un �rgano de gobierno electo democr�ticamente, a fin de que exista orden y gobernabilidad en el �mbito del Municipio.
Por ello, ser� habitual el establecimiento de derechos y obligaciones de los particulares en diferentes reglamentos y bandos de polic�a y gobierno, en materias como: justicia c�vica municipal, diversiones y espect�culos p�blicos; anuncios y letreros; bebidas alcoh�licas, cantinas, bares y dep�sitos de cerveza; aparatos electromec�nicos y sonoros; expendios de carne y aves; premio al m�rito civil en el Municipio; establecimiento, operaci�n y funcionamiento de establos; mediaci�n; establecimientos mercantiles, industriales y de servicios; protecci�n de animales; control de la fauna canina y felina; informadores de los servicios de hospedaje; comercio en la v�a p�blica; para la apertura y funcionamiento de molinos de nixtamal y tortiller�as; de bomberos; promoci�n a la cultura; patronato para las ferias municipales; estacionamientos; espect�culos taurinos; vecindades; box y lucha; promoci�n a la vivienda; participaci�n ciudadana; zonas peatonales; cr�nica municipal; de espacios recreativos; m�sicos; jaripeos; juegos de video, futbolitos y similares; otorgamiento de becas econ�micas; control de la prostituci�n y actividades de alto riesgo para la propagaci�n de enfermedades de transmisi�n sexual; funcionamiento de ambulancias; etc�tera.
En el texto del precepto constitucional cuyos rasgos principales hemos venido desarrollando se hace tambi�n alusi�n a las circulares y disposiciones administrativas de observancia general que pueden expedir los Ayuntamientos.
En las circulares se contienen normalmente instrucciones o reglas dirigidas por los �rganos superiores a los inferiores para especificar interpretaciones de normas, decisiones o procedimientos. Las circulares pueden ser internas, si �nicamente se refieren a asuntos de la competencia interna de las unidades administrativas, o externas, si van dirigidas a los particulares.
Las circulares y las disposiciones generales a que alude la norma constitucional sirven a los Municipios para llevar en detalle y a la pr�ctica las disposiciones generales de los reglamentos. De este modo pueden se�alarse en ellas, por ejemplo, los d�as del a�o que tienen el car�cter de feriado para el comercio establecido, los horarios en que normalmente funcionar�n determinados servicios p�blicos o los lugares en que �stos se prestar�n, las horas l�mite en que pueden realizar sus actividades ciertos expendios o funcionar determinados negocios, etc�tera.
A la luz del marco jur�dico descrito con anterioridad, a continuaci�n se procede al an�lisis de los conceptos de invalidez espec�ficos.
OCTAVO. Previamente al examen de constitucionalidad, resulta necesario analizar una de las instituciones procesales del juicio de controversia constitucional, a saber, la suplencia de la deficiencia de la demanda, prevista en el art�culo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n F..
Lo anterior es as�, porque en el asunto a estudio el Municipio actor se�al� como acto impugnado al C�digo Administrativo del Estado de M�xico, seg�n se advierte de la transcripci�n de la demanda que obra a foja dos de esta ejecutoria, sin embargo, s�lo formul� conceptos de invalidez en relaci�n con los preceptos muy espec�ficos de la misma ley.
En efecto, aun cuando es cierto que el Municipio actor en la presente controversia constitucional se�al� en el cap�tulo de actos impugnados de su demanda al C�digo Administrativo del Estado de M�xico, tambi�n lo es que en el cap�tulo de conceptos de invalidez s�lo enderez� argumentos jur�dicos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los art�culos 1.4, 1.5, 1.6, 1.17 a 1.28, 1.31 a 1.36, 2.35, 4.41, 4.50, 4.65 a 4.73, 4.94, 5.1 a 5.76 y 8.1 a 8.22 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, por lo que s�lo esos preceptos se tendr�n como actos impugnados de manera destacada.
De ah� que la primera interrogante por resolver consiste en determinar si en una controversia constitucional, en la que se se�ala como acto reclamado todo un cuerpo normativo, y posteriormente, en los conceptos de invalidez s�lo se combaten expresamente algunos de sus preceptos, la instituci�n de la suplencia en la deficiencia de la queja obliga a este Alto Tribunal a estudiar todos los preceptos de la ley controvertida, o bien, si debe circunscribirse el estudio a aquellos en relaci�n con los cuales existe una causa de pedir, aunque �sta sea m�nima.
Para resolver esta cuesti�n, conviene precisar, en primer lugar, que en la controversia constitucional, a la parte actora le corresponde el inicio del proceso, en t�rminos del art�culo 10, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, y a la parte demandada formular su r�plica o contestaci�n.
El referido art�culo 10, fracci�n I, establece lo siguiente:
"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia."
Conviene mencionar cu�les son los requisitos que deben contener tanto la demanda como la contestaci�n de la controversia constitucional, seg�n lo dispuesto en los art�culos 22 y 23 de la ley de la materia, por resultar ampliamente ilustrativos para efectos del presente estudio:
"Art�culo 22. El escrito de demanda deber� se�alar:
"I. La entidad, poder u �rgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente;
"II. La entidad, poder u �rgano demandado y su domicilio;
"III. Las entidades, poderes u �rganos terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios;
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, as� como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;
"V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;
"VI. La manifestaci�n de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande; y,
"VII. Los conceptos de invalidez."
"Art�culo 23. El escrito de contestaci�n de demanda deber� contener, cuando menos:
"I. La relaci�n precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, afirm�ndolos, neg�ndolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo c�mo ocurrieron, y
"II. Las razones o fundamentos jur�dicos que se estimen pertinentes para sostener la validez de la norma general o acto de que se trate."
De la transcripci�n anterior se desprende que el legislador previ�, en su car�cter de carga procesal, que el actor iniciara la controversia constitucional, y que en su escrito inicial se�alara cu�les son los conceptos de invalidez, esto es, los razonamientos jur�dicos que estimara pertinentes para sostener la inconstitucionalidad de la norma general o acto impugnado.
Este es un deber del cual no se le puede relevar al actor, por disposici�n expresa de la ley, lo que permite considerar a la controversia constitucional como un procedimiento dispositivo y no inquisitivo, toda vez que el �rgano de control constitucional no puede iniciar de oficio el proceso.
En tal virtud, el �rgano de control constitucional debe valorar si los citados conceptos de invalidez, como tales, son o no fundados. Sin embargo, el an�lisis de tales conceptos no puede realizarse a la luz de un r�gido principio de estricto derecho, pues el art�culo 40 de la propia ley reglamentaria de la materia establece la figura jur�dica de la suplencia de la queja deficiente.
El referido precepto legal dispone lo siguiente:
"Art�culo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos o agravios."
Para abordar los alcances de la figura en an�lisis, conviene remitirse al dictamen de la C�mara de Diputados, emitido con motivo de la iniciativa presidencial de la ley reglamentaria que nos ocupa:
"En atenci�n al alto inter�s que se ventila en las controversias constitucionales, que no s�lo ata�en a los �rganos del poder p�blico actuantes, sino que involucran el equilibrio jur�dico-pol�tico del Estado de derecho, seestima conveniente que en la parte relativa a las sentencias, se obligue a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a corregir errores en la cita de los preceptos que se invoquen y a suplir las deficiencias de la demanda, contestaci�n, alegatos y agravios, dado que no se trata de resolver sobre la mayor o menor capacidad y conocimientos de las partes, sino salvaguardar el texto constitucional y los valores que del mismo se desprenden."
Del texto anterior se desprende que es obligaci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n suplir la deficiencia de la demanda, pues el prop�sito que se persigue es el de salvaguardar el texto de la C.�n y los valores que de ella se desprenden.
Sin embargo, no debe perderse de vista que la suplencia de la queja deficiente en controversia constitucional es una instituci�n procesal que si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer la C.�n como Ley Suprema, tampoco puede ignorar las normas y cargas procesales que permean al litigio constitucional y que se encuentran previstos en el mismo sistema legal, por tanto, tal suplencia se encuentra sujeta a ciertos par�metros m�nimos que permiten su funcionalidad.
En primer lugar, es necesario puntualizar que la suplencia de la deficiencia de la demanda se entiende referida, b�sicamente, a los conceptos de invalidez, es decir, a la materia misma del juicio de controversia constitucional, pues tal suplencia se debe traducir, en �ltima instancia, en la salvaguarda del Texto C.onal y los valores que de �l emanan.
Ahora bien, debido a que el control jurisdiccional se presenta en un juicio en el que el juzgador debe resolver la contienda existente entre las partes, conforme a la litis que se conform� al presentar la demanda y la contestaci�n, el tribunal constitucional debe limitar su estudio a los puntos planteados por las partes, sin poder invocar otros respecto de los cuales la actora no hubiere se�alado en el contexto del proceso, que le asiste alg�n inter�s leg�timo ni hubiera denunciado su posible transgresi�n a la Carta Magna.
Esta afirmaci�n armoniza con el texto del art�culo 40 de la ley reglamentaria, cuando dispone que debe suplirse la deficiencia de la demanda, mas no suplir la ausencia de queja, de tal modo que no ser�a papel de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n procurar en la sentencia razonamientos jur�dicos ante la completa ausencia de conceptos de invalidez. De no entenderlo as�, se estar�a transformando el proceso dispositivo de la controversia constitucional en un proceso inquisitivo, en el que la Suprema Corte, como poseedora del control constitucional, no tendr�a l�mites en la resoluci�n de los juicios de esta naturaleza, de tal suerte que podr�a resolver sobre cuestiones no planteadas, escud�ndose bajo el argumento de la regularidad constitucional, lo cual romper�a con la naturaleza procesal de este medio de control, pues en ese orden de ideas, de nada servir�a emplazar a la autoridad para que contestara la demanda y ofreciera pruebas, ya que con independencia de lo que manifestara y probara, el �rgano de control adoptar�a la resoluci�n que estimara conveniente.
De ah� entonces que todo an�lisis constitucional que emprenda este tribunal, exige de un planteamiento jur�dico formulado por la parte actora, introducido por ella como materia de la litis, y con respecto al cual se hubiere formulado alg�n concepto de invalidez, en t�rminos del art�culo 22, fracci�n VII, de la ley reglamentaria de la materia.
No hay que perder de vista que los conceptos de invalidez formulados por el actor deben constituir, idealmente, un planteamiento l�gico-jur�dico relativo al fondo del asunto, aunque este Alto Tribunal bien pueda admitir como tal todo razonamiento que, cuando menos, contenga la expresi�n clara de la causa de pedir, a trav�s del cual la parte actora busque acreditar la existencia del inter�s leg�timo que le asiste para interponer el juicio de controversia constitucional, as� como para demostrar la inconstitucionalidad de la norma o actos impugnados.
Por tanto, en el concepto de invalidez se deber� expresar, cuando menos, cu�l es la lesi�n o agravio que el actor estima le causa el acto o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que este Alto Tribunal pueda estudiarlos, sin que sea necesario que tales conceptos de invalidez guarden un apego estricto a la forma l�gica del silogismo, pues ser� suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir.
Finalmente, es preciso aludir al contenido del art�culo 41, fracci�n IV, de la ley reglamentaria de la materia, el cual dispone:
"Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:
"...
"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."
De la interpretaci�n sistem�tica del citado precepto con los restantes del mismo ordenamiento legal, bien puede concluirse lo siguiente: Cuando un precepto legal que no fue expresamente impugnado en una controversia constitucional pero guarda una relaci�n de interdependencia evidente respecto de otro que s� fue impugnado y respecto de cual ya existe una determinaci�n de inconstitucionalidad por parte de este Alto Tribunal, entonces tal inconstitucionalidad, por congruencia, deber� extenderse al primero.
Tal declaratoria de inconstitucionalidad, admisible en v�a de consecuencia l�gica, no rompe de modo alguno con las limitaciones de la suplencia de la deficiencia de la demanda antes apuntadas, pues como se ha mencionado, exige como condici�n suficiente y necesaria que exista un planteamiento de inconstitucionalidad o concepto de invalidez previo con respecto a una norma espec�fica, y que existan otros preceptos que aunque no espec�ficamente impugnados, contienen normas que resultan una simple especificaci�n, desarrollo de la primera o respecto de las cuales la primera represente una premisa l�gicamente inseparable.
Por tal motivo, la presente controversia constitucional se ocupar� �nica y exclusivamente del an�lisis de los preceptos del C�digo Administrativo en cita, que fueron expresamente impugnados en el cap�tulo de conceptos de invalidez de la demanda, y con respecto a los cuales se formularon argumentos jur�dicos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad; en la inteligencia de que si la invalidez de alguno de ellos afecta a alg�n otro precepto del mismo sistema jur�dico estatal, pero que no fue impugnado expresamente por el actor, este Alto Tribunal estar� en condiciones de declarar, en v�a de consecuencia, su respectiva inconstitucionalidad.
NOVENO. Una vez precisado lo anterior, a continuaci�n se procede al estudio concreto de cada uno de los conceptos de invalidez formulados por el Municipio actor, salvo los numerales 8.6 y 8.7 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, por haberse sobrese�do respecto de ellos en el considerando s�ptimo de esta ejecutoria.
En los conceptos de invalidez planteados se aduce, en s�ntesis:
1. Que los art�culos 1.4, 1.5 y 1.6 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, cuya invalidez se demanda, son violatorios de las fracciones II y V del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que regulan materias respecto de los cuales compete a los Municipios expedir la reglamentaci�n correspondiente; adem�s de que restringen el �mbito de competencia municipal al enumerar de manera limitativa las atribuciones que le corresponden.
2. Que los art�culos 1.17 a 1.28, comprendidos en el t�tulo cuarto del libro primero de la norma general controvertida, que contienen disposiciones obligatorias en materia de mejora regulatoria, violentan las fracciones II y V del art�culo 115 de la C.�n F., toda vez que, por una parte, limitan a la autoridad municipal al establecer que no podr� expedir disposiciones de car�cter interno que prevean obligaciones o cargas adicionales en relaci�n con las promociones o actividades de las particulares; y por otro lado, imponen al Municipio la carga de crear un grupo interinstitucional de mejora regulatoria que dictamine los proyectos de disposiciones de car�cter general que se pretendan expedir.
3. Que los art�culos 1.31 a 1.36 del C�digo Administrativo cuestionado, al prever que s�lo las dependencias de la administraci�n p�blica estatal podr�n expedir normas t�cnicas, conculcan las fracciones II y V del art�culo 115 de la C.�n F., que faculta a los Municipios para expedir reglas, circulares y dem�s disposiciones administrativas de car�cter general, a fin de regular las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia.
4. Que los art�culos 2.35, 4.50, 4.65 a 4.73 y 4.94, fracci�n I, de la norma general impugnada, en cuanto prev�n que los residuos s�lidos municipales deben tratarse conforme a lo previsto en las normas t�cnicas estatales, conculcan lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n III, inciso c), de la C.�n F., que faculta a los Municipios a regular y ejercer las funciones y servicios p�blicos en materia de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; de tal forma que los preceptos mencionados dejan a cargo de la Secretar�a de Ecolog�a del Gobierno del Estado de M�xico, la facultad de autorizar el ejercicio de esta atribuci�n.
5. Que el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo cuestionado, en cuanto prev� que los ingresos que el Estado y los Municipios recauden por concepto de otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y en general cualquier autorizaci�n en materia de �reas naturales protegidas, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se destinar�n a la realizaci�n de acciones de conservaci�n de la biodiversidad, dentro de las �reas en las que se generen dichos ingresos, violenta el principio de libre administraci�n de la hacienda p�blica municipal, consagrado en el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que determina el destino de los recursos que perciban los Municipios por la prestaci�n de esos servicios.
6. Que el libro quinto del C�digo Administrativo impugnado, en el que se contienen los art�culos 5.1 a 5.76, viola lo dispuesto en el art�culo 115, fracciones II y V, �ltimo p�rrafo, de la C.�n F., ya que al regular lo relativo al ordenamiento territorial, asentamientos humanos y el desarrollo urbano, limita las facultades que constitucionalmente se encuentran a cargo de los Municipios, como son el formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional; autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; y otorgar licencias y permisos para construcciones; violaciones �stas que se hacen patentes en los casos siguientes:
a) Que por cuanto hace a la facultad de los Municipios de formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano municipal, �sta se restringe en el art�culo 5.9, fracci�n IV, de la norma impugnada, que faculta a la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas del Estado, para emitir dict�menes de congruencia de dichos planes, as� como de los de centros de poblaci�n, con el plan estatal de desarrollo urbano y los planes regionales de desarrollo urbano; de tal forma que sin el citado dictamen de congruencia, los programas de competencia municipal no tendr�n validez jur�dica, como lo prev� el art�culo 5.25 y 5.28 del mismo ordenamiento legal.
b) Que en relaci�n con la facultad de los Municipios de formular, aprobar y administrar la zonificaci�n, el C�digo Administrativo impugnado, y en especial los art�culos 5.33 y 5.34, no dejan margen de maniobra para el Municipio que prev� qu� es lo que debe determinarse en cada caso al hacer la zonificaci�n y especificar en forma concreta cuestiones relacionadas con la ubicaci�n de la infraestructura y equipamiento urbano y de las industrias.
c) Que por otro lado, el art�culo 5.10, fracci�n II, de la norma controvertida, establece la participaci�n de los Municipios en la elaboraci�n de los planes de desarrollo regional; sin embargo, no se precisa la manera en que se deber� realizar esa participaci�n.
d) Que por lo que respecta a la facultad de los Municipios de autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en el �mbito de su competencia, su eficacia jur�dica se encuentra sujeta a las disposiciones del c�digo impugnado, su reglamentaci�n y a los planes de desarrollo urbano, tal como lo ordena el art�culo 5.36 de ese ordenamiento legal; que en el art�culo 5.59 contempla los lineamientos de las licencias de uso de suelo, y en el art�culo 5.60 se especifican los documentos que deben acompa�arse a la solicitud de licencia; y por �ltimo, los art�culos 5.61 y 5.29 prev�n la necesidad de contar con un dictamen de impacto regional, previo y favorable, que deber� emitir la Secretar�a de Desarrollo Urbano para autorizar los usos de suelo de desarrollos habitacionales, gaseras, gasoneras y gasoliner�as, los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribuci�n de combustibles, la explotaci�n de bancos de materiales para la construcci�n y, en general, cualquier construcci�n que sea mayor de cinco mil metros cuadrados o que ocupen predios de m�s de seis mil metros cuadrados de terreno; y sujeta las autorizaciones de cambio de uso de suelo, de cambio de densidad e intensidad de su aprovechamiento o de cambio de altura m�xima de edificaci�n prevista, a la opini�n previa de la C.�n de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal.
7. Que los art�culos 5.11, 5.12 y 5.43 del C�digo Administrativo impugnado, crean una C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual constituye una autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, proscrita en la fracci�n I del art�culo 115 de la C.�n F..
Que lo anterior es as�, toda vez que la citada comisi�n ejerce funciones que competen de manera exclusiva al Municipio, puesto que obliga a �stos a expedir autorizaciones de conjuntos urbanos en el seno de esa comisi�n y no en el seno del Ayuntamiento, por lo que es aquella la que determina si se otorga o no la autorizaci�n.
8. Que el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los Municipios facultad exclusiva en materia de tr�nsito; sin embargo, los art�culos 8.1 a 8.5 y 8.8 a 8.22 del C�digo Administrativo controvertido, limitan esa facultad, al prever que la Secretar�a General de Gobierno del Estado, cuenta con la facultad de emitir normas t�cnicas en dicha materia. Adem�s, se establecen los requisitos que deben observar los veh�culos para transitar; se hace una clasificaci�n de veh�culos y sus prohibiciones; formula un cat�logo de obligaciones de los consultores de veh�culos y establece los requisitos que deben cumplir los estacionamientos p�blicos; y, por �ltimo, se�ala las infracciones en esa materia.
Que de acuerdo a lo anterior, no s�lo limita la facultad que tiene el Municipio actor de regular las materias que por disposici�n constitucional le competen, sino que adem�s vulnera y restringe su ejercicio.
En los conceptos de invalidez sintetizados, el Municipio actor considera que el C�digo Administrativo del Estado de M�xico, conculca los principios que el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones I, II, III, incisos c) y h), IV y V, consagra en favor de los Municipios y que pueden traducirse, respectivamente, en: a) la prohibici�n de establecer autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento; b) la facultad reglamentaria municipal; c) la facultad municipal de prestar servicios p�blicos, en especial, los de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos, as� como la de tr�nsito; d) la libre administraci�n de la hacienda p�blica municipal; y, e) las facultades exclusivas de los Municipios que podr�n ejercer en t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, como son, entre otras, la formulaci�n, aprobaci�n y administraci�n de la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano, as� como a la participaci�n en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales, y autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo.
Al tenor del orden jur�dico municipal que se contiene en el considerando octavo de esta ejecutoria, se analizar�n los preceptos del C�digo Administrativo del Estado de M�xico que la actora considera inconstitucionales.
El art�culo 1.4 del citado ordenamiento legal cuya invalidez se demanda en esta v�a, prev�:
"Art�culo 1.4. La aplicaci�n de este c�digo corresponde al gobernador del Estado y a los Ayuntamientos de los Municipios de la entidad, en sus respectivas competencias, quienes actuar�n directamente o a trav�s de sus dependencias y organismos auxiliares, en los t�rminos de este ordenamiento, las Leyes Org�nicas de la Administraci�n P�blica del Estado de M�xico y Municipal del Estado de M�xico y los reglamentos correspondientes.
"Los titulares de las dependencias, unidades administrativas y organismos descentralizados de la administraci�n p�blica estatal y municipal, mediante acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno, podr�n delegar en los servidores p�blicos que de �l dependan cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposici�n de ley o reglamento deban ser ejercidas por dichos titulares."
Como se logra apreciar del contenido del precepto antes transcrito, �ste prev� qui�nes son los �rganos y autoridades competentes para aplicar la ley, lo que en ning�n grado atenta contra el contenido del art�culo 115 constitucional en sus diversas fracciones, pues, por un lado, se limita a establecer de forma general los sujetos que deber�n aplicar el c�digo que se analiza, y por el otro, establece que la obligaci�n de delegaci�n de facultades a subordinados se publiquen en la Gaceta de Gobierno, disposiciones que tienden a generar certeza jur�dica entre los gobernados para los efectos de la aplicaci�n de la ley.
Por su parte el art�culo 1.5 del propio ordenamiento se�ala:
"Art�culo 1.5. Son atribuciones de las autoridades estatales y municipales a que se refiere este c�digo, en las materias que les corresponde aplicar:
"I. Interpretar para efectos administrativos las disposiciones de este c�digo;
"II. Formular programas y ajustar su actuaci�n al plan estatal de desarrollo, a los programas estatales y, en su caso, a los planes y programas municipales aplicables;
"III. Impulsar y aplicar programas de mejora regulatoria;
"IV. Expedir normas t�cnicas en los casos previstos en este c�digo y realizar, directamente o a trav�s de terceros autorizados, la evaluaci�n de conformidad. La expedici�n de una norma t�cnica estar� reservada a las dependencias de la administraci�n p�blica estatal;
"V. Autorizar a terceros para auxiliar en el cumplimiento de sus atribuciones;
"VI. Celebrar convenios y acuerdos de coordinaci�n;
"VII. Promover la participaci�n de la sociedad y celebrar convenios de concertaci�n con los sectores social y privado;
"VIII. Garantizar el derecho a la informaci�n;
"IX. Desahogar los procedimientos de acci�n popular que se inicien ante las mismas;
"X. Vigilar la aplicaci�n de las disposiciones de este c�digo y de las que se deriven del mismo, realizar visitas de verificaci�n,ordenar y ejecutar medidas de seguridad y aplicar sanciones. En todo caso, se buscar� orientar y educar a los infractores;
"XI. Coadyuvar entre s� en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este c�digo y, cuando encontraren irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a dichas disposiciones, lo har�n del conocimiento de la autoridad competente;
"XII. Las dem�s que establezcan este c�digo y otras disposiciones aplicables."
El contenido del precepto transcrito con antelaci�n, deriva de lo dispuesto en el art�culo en el art�culo 115, fracci�n V, incisos a) y c), toda vez que ser�n las entidades federativas quienes a trav�s de sus propias leyes establecer�n los requisitos y condiciones relativas para que los Municipios puedan ejercer la facultad de formular, aprobar, y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal, as� como participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional.
En esa tesitura, el precepto impugnado lejos de ser contrario al contenido constitucional, encuentra su fundamento y justificaci�n, precisamente en el numeral en cita, en tanto reitera la intervenci�n del Municipio en el �mbito de su propia planeaci�n.
No obsta a lo anterior, el hecho de que en la fracci�n IV del art�culo 1.5 del c�digo cuestionado, se establezca que s�lo las dependencias de la administraci�n p�blica estatal se encuentran facultadas para expedir normas t�cnicas en los casos que prev� el propio c�digo, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 1.31, las normas t�cnicas tienen como objeto el garantizar el cumplimiento de las finalidades del mismo ordenamiento legal y son disposiciones administrativas de car�cter general consistentes en regulaciones t�cnicas, directrices, caracter�sticas y prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalaci�n, establecimiento, sistema, actividad, servicio o m�todo de producci�n u operaci�n; de tal manera que constituyen el marco normativo que en las materias reguladas por el citado c�digo deben aplicarse en todo el Estado.
Es aplicable al caso concreto, por analog�a, la tesis jurisprudencial plenaria n�mero P. CXIX/96, visible en la p�gina ciento setenta y nueve, Tomo IV, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y seis, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"MUNICIPIOS. EST�N FACULTADOS PARA EXPEDIR REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVOS A SU DESARROLLO URBANO, PERO DE ACUERDO CON LAS BASES NORMATIVAS QUE DEBER�N ESTABLECER LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. Si bien de lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n V, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los Municipios est�n facultados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales, y controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales, de conformidad con los fines del art�culo 27 constitucional, de acuerdo con la fracci�n II del mismo precepto fundamental, esa facultad debe regirse por las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados. Por consiguiente, tal facultad no corresponde originalmente a los Ayuntamientos, sino que la tienen derivada, esto es, que su desempe�o debe someterse a las bases normativas que establezcan las legislaturas de las entidades federativas, apoyadas en las mencionadas fracciones del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica."
De lo expuesto se colige que los preceptos legales de m�rito, no son conculcatorios de la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede reconocer su validez.
Es conveniente mencionar que, por otro lado, la fracci�n VIII del art�culo 1.5 en an�lisis, no es m�s que una norma derivada del art�culo 6o. de la C.�n F., en tanto procura garantizar el derecho a la informaci�n y, por su parte, la fracci�n X es una norma derivada de los art�culos 14, 16 y 21 de la Carta Magna, pues s�lo hace referencia a la facultad de las autoridades municipales para realizar visitas de verificaci�n, ordenar y ejecutar medidas de seguridad y aplicar sanciones.
Por lo que hace al art�culo 1.6 que se impugna, cuyo texto se�ala:
"Art�culo 1.6. Al ejercer las atribuciones previstas en este c�digo, las autoridades estatales y municipales deber�n aplicar los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad, buena fe, veracidad, honradez, respeto, audiencia, publicidad, econom�a, informaci�n, transparencia, jerarqu�a, desconcentraci�n, descentralizaci�n, desregulaci�n, previsi�n, coordinaci�n, cooperaci�n, eficacia y eficiencia, y abstenerse de comportamientos que impliquen v�as de hecho contrarias a las finalidades de las materias reguladas en este ordenamiento."
Debe decirse que es una norma derivada del art�culo 113 de la C.�n F., el cual dispone que son obligaciones de los servidores p�blicos conducirse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempe�o de sus funciones, empleos, cargos y comisiones:
Por otro lado, los art�culos 1.17 al 1.28 y del 1.31 al 1.36 se�alan:
"Art�culo 1.17. Las administraciones p�blicas estatal y municipales llevar�n a cabo un proceso continuo de mejora regulatoria que contribuya al desarrollo social y econ�mico del Estado."
"Art�culo 1.18. Para efectos de este t�tulo, se entiende por:
"I. Disposiciones de car�cter general: las leyes, reglamentos, decretos, normas t�cnicas, bandos, circulares y dem�s disposiciones que impongan obligaciones a los particulares, en las materias a las que se refiere el presente c�digo;
"II. Tr�mite: cualquier solicitud, aviso o informe que se presente ante una unidad administrativa u organismo auxiliar estatal o municipal."
"Art�culo 1.19. La autoridad no podr� expedir disposiciones de car�cter interno que prevean obligaciones o cargas adicionales a las que se�ale el presente c�digo y su reglamentaci�n en relaci�n con las promociones o actividades de los particulares."
"Art�culo 1.20. En las administraciones p�blicas estatal y municipales habr� un grupo interinstitucional de mejora regulatoria que, en el �mbito de su respectiva competencia, promover�:
"I. La transparencia en la elaboraci�n y aplicaci�n de las regulaciones;
"II. Que las regulaciones generen beneficios superiores a sus costos y el m�ximo beneficio para la sociedad."
"Art�culo 1.21. El grupo estatal de mejora regulatoria tendr� las atribuciones siguientes:
"I. Formular propuestas de mejora a las regulaciones estatales;
"II. Aprobar, modificar o rechazar los proyectos de disposiciones de car�cter general que elaboren las dependencias y organismos auxiliares de la administraci�n p�blica estatal;
"III. Operar el Registro Estatal de Tr�mites;
"IV. Brindar asesor�a t�cnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos auxiliares de la administraci�n p�blica estatal, as� como a los Municipios que lo soliciten."
"Art�culo 1.22. Los grupos municipales de mejora regulatoria tendr�n las atribuciones siguientes:
"I. Formular propuestas de mejora a las regulaciones del Municipio correspondiente;
"II. Dictaminar los proyectos de disposiciones de car�cter general que se pretendan expedir en el Municipio respectivo;
"III. Aprobar, modificar o rechazar la informaci�n a inscribirse en el Registro Municipal de Tr�mites correspondiente."
"Art�culo 1.23. Los proyectos de disposiciones de car�cter general que se formulen en el seno de la administraci�n p�blica estatal o municipal deber�n enviarse al grupo interinstitucional de mejora regulatoria que corresponda, junto con un manifiesto de impacto regulatorio."
"Art�culo 1.24. El manifiesto de impacto regulatorio deber� reflejar que con la expedici�n, en su caso, del proyecto de disposici�n en car�cter general a que se refiera, se generar�n beneficios superiores a sus costos y el m�ximo beneficio para la sociedad. El manifiesto deber� contener, cuando menos, lo siguiente:
"I. El prop�sito del proyecto propuesto;
"II. El fundamento jur�dico del proyecto propuesto y los antecedentes regulatorios existentes;
"III. Las alternativas consideradas y la soluci�n propuesta;
"IV. Los costos y beneficios esperados;
"V. La identificaci�n y descripci�n de tr�mites que el proyecto pretende eliminar, crear o mantener."
"Art�culo 1.25. En el Registro Estatal de Tr�mites, que ser� p�blico, se inscribir� la siguiente informaci�n en relaci�n con los tr�mites que aplican las dependencias y organismos auxiliares de la administraci�n p�blica estatal:
"I.N. y objeto del tr�mite;
"II. F.�n jur�dica;
"III. Supuesto en que es aplicable el tr�mite;
"IV. Forma en que debe presentarse el tr�mite y en su caso, el formato publicado en la Gaceta del Gobierno;
".D. y documentos espec�ficos que debe contener o se deben adjuntar al tr�mite. En el caso de los tr�mites regulados en este c�digo, s�lo se inscribir�n los datos y documentos previstos en el mismo, su reglamentaci�n y el C�digo de Procedimientos Administrativos del Estado de M�xico;
"VI. Plazo que tiene la unidad administrativa u organismo auxiliar para resolver el tr�mite y si aplica la afirmativa ficta;
"VII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables en su caso, o la forma de determinar dicho monto;
"VIII. Vigencia de las concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, registros, constancias, c�dulas y dem�s resoluciones que se emitan;
"IX. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el tr�mite, as� como las que deben resolverlo;
"X. Horarios de atenci�n al p�blico;
"XI. N�meros de tel�fono, fax y correo electr�nico, as� como el domicilio y dem�s datos relativos a cualquier otro medio que permita el env�o de consultas, documentos y quejas;
"XII. La dem�s informaci�n que se prevea en la reglamentaci�n de este c�digo."
"Art�culo 1.26. Los grupos municipales de mejora regulatoria deber�n llevar un Registro Municipal de Tr�mites con las caracter�sticas previstas en el art�culo anterior."
"Art�culo 1.27. No se podr�n aplicar tr�mites adicionales a los inscritos en el Registro Estatal o Municipal de Tr�mites, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo."
"Art�culo 1.28. Las unidades administrativas que apliquen tr�mites deber�n tener a disposici�n del p�blico la informaci�n que al respecto est� inscrita en el Registro Estatal o Municipal de Tr�mites."
"Art�culo 1.31. Las dependencias de la administraci�n p�blica estatal podr�n expedir normas t�cnicas en los casos previstos en este c�digo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las finalidades del mismo.
"Las normas t�cnicas son disposiciones administrativas de car�cter general consistentes en regulaciones t�cnicas, directrices, caracter�sticas y prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalaci�n, establecimiento, sistema, actividad, servicio o m�todo de producci�n u operaci�n."
"Art�culo 1.32. Las normas t�cnicas deber�n contener:
"I. La denominaci�n de la norma y su clave o c�digo, as� como las finalidades de la misma;
"II. La identificaci�n del producto, proceso, instalaci�n, establecimiento, sistema, actividad, servicio o m�todo de producci�n u operaci�n;
"III. Las especificaciones y caracter�sticas que correspondan al producto, proceso, instalaci�n, establecimiento, sistema, actividad, servicio o m�todo de producci�n u operaci�n, que se establezcan en la norma en raz�n de su finalidad;
"IV. Los m�todos de prueba aplicables en relaci�n con la norma y, en su caso, los de muestreo;
"V. La menci�n sobre si es obligatorio contar con una evaluaci�n de conformidad y, en su caso, el procedimiento para realizarla y la periodicidad con que debe hacerse dicha evaluaci�n. Por evaluaci�n de conformidad se entiende la determinaci�n del grado de cumplimiento con una norma t�cnica;
"VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos nacionales e internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboraci�n;
"VII. La bibliograf�a que corresponda a la norma, en su caso;
"VIII. La menci�n de las autoridades que vigilar�n el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencias;
"IX. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida comprensi�n y alcance de la norma."
"Art�culo 1.33. En la elaboraci�n de las normas t�cnicas participar�n, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las dependencias y organismos auxiliares a quienes corresponda el control del producto, proceso, instalaci�n, establecimiento, sistema, actividad, servicio o m�todo de producci�n u operaci�n a normalizarse."
"Art�culo 1.34. La autoridad que expidi� una norma t�cnica autorizar� materiales, equipos, procesos, m�todos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnolog�as alternos a aquellos espec�ficos a cuyo uso obligue, en su caso, la norma, cuando el interesado compruebe con evidencia cient�fica u objetiva que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva.
"La autorizaci�n se publicar� en la Gaceta del Gobierno y surtir� efectos en beneficio de todo aquel que la solicite, siempre que compruebe ante la autoridad que expidi� la norma, que se encuentra en los mismos supuestos de la autorizaci�n otorgada."
"Art�culo 1.35. Las dependencias de la administraci�n p�blica estatal podr�n requerir de fabricantes, importadores, prestadores de servicios, consumidores o centros de investigaci�n, los datos necesarios para la elaboraci�n de normas t�cnicas. Tambi�n podr�n recabar de �stos, para los mismos fines, las muestras estrictamente necesarias, las que ser�n devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que haya sido necesaria su destrucci�n.
"La informaci�n y documentaci�n que se alleguen las dependencias para la elaboraci�n de normas t�cnicas se emplear� exclusivamente para tales fines y cuando la confidencialidad de la misma est� protegida por alguna disposici�n legal, el interesado deber� autorizar su uso, si bien en este caso la informaci�n no ser� divulgada, gozando de la protecci�n establecida en materia de propiedad intelectual.
"El incumplimiento de lo dispuesto en el primer p�rrafo de este art�culo se sancionar� con multa de cuarenta a cien veces el salario m�nimo diario vigente del �rea geogr�fica de que se trate al momento de cometer la infracci�n."
"Art�culo 1.36. A falta de disposici�n expresa, el incumplimiento de lo dispuesto en una norma t�cnica se sancionar� con multa de cien a tres mil veces el salario m�nimo diario vigente en el �rea geogr�fica de que se trate al momento de cometer la infracci�n; y la autoridad competente, en su caso, inmovilizar� los bienes hasta en tanto se acondicionen, reprocesen o sustituyan, o clausurar� los establecimientos. De no ser esto posible, se tomar�n las providencias necesarias para que no se usen o presten para el fin a que se destinar�an de cumplir dichas especificaciones.
"Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendr�n la obligaci�n de abstenerse de su enajenaci�n o prestaci�n a partir de la fecha en que se les notifique la resoluci�n o se publique en la Gaceta del Gobierno.
"Los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores ser�n responsables de recuperar de inmediato los productos.
"Quienes resulten responsables del incumplimiento de la norma tendr�n la obligaci�n de reponer los productos o servicios cuya venta o prestaci�n se proh�ba, por otros que cumplan las especificaciones correspondientes o, en su caso, reintegrar o bonificar su valor, as� como cubrir los gastos para el tratamiento, reciclaje o disposici�n final."
El contenido de los preceptos transcritos deriva del ejercicio de la facultad que tienen las Legislaturas de los Estados para fijar las bases generales del procedimiento administrativo a que se refiere el art�culo 115, fracci�n II, de la C.�n F., consagrando los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, especialmente en los art�culos 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27 y 1.28; raz�n por la cual se estima que los preceptos referidos no violan el art�culo 115, fracciones II y V.
En efecto, en ejercicio de la facultad legislativa que se le confiere a los Estados en materia de procedimiento administrativo, es v�lido que establezcan los requisitos y condiciones bajo los cuales se deben emitir disposiciones administrativas de car�cter interno, as� como establecer la obligaci�n de crear un grupo interinstitucional de mejora regulatoria que dictamine los proyectos de disposiciones de car�cter general que se pretendan expedir, pues tales disposiciones constituyen parte del procedimiento administrativo que corresponde normar al Estado en t�rminos del art�culo 115 constitucional.
Por lo que respecta al argumento de la parte actora en el sentido de que los art�culos 2.35, 4.50, 4.65 a 4.73 y 4.94, fracci�n I, del C�digo Administrativo impugnado, son violatorios del art�culo 115, fracci�n III, inciso c), de la C.�n F., cabe precisar lo siguiente:
Los citados preceptos impugnados prev�n:
"Art�culo 2.35. Los residuos s�lidos municipales deben tratarse conforme a lo previsto en las normas t�cnicas estatales, de tal manera que no signifiquen un peligro para la salud y por ning�n motivo se manipular�n antes de su tratamiento o disposici�n final."
"Art�culo 4.50. Para la prevenci�n y control de la contaminaci�n de la atm�sfera, del agua, de los ecosistemas acu�ticos y del suelo, as� como de la contaminaci�n visual, por emisiones de ruido, vibraciones, energ�a t�rmica y lum�nica, radiaciones electromagn�ticas y olores perjudiciales, y el aprovechamiento de sustancias no reservadas a la Federaci�n que constituyan dep�sitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposici�n que s�lo puedan utilizarse para la fabricaci�n de materiales para la construcci�n u ornamento de obras, se estar� a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente, este libro, la Ley del Agua del Estado de M�xico, la reglamentaci�n estatal, las normas oficiales mexicanas y normas t�cnicas estatales y dem�s disposiciones aplicables.
"Las actividades riesgosas, los residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos y las contingencias ambientales estar�n a lo dispuesto en este t�tulo y, en su caso, a las normas oficiales mexicanas y normas t�cnicas estatales correspondientes.
"La prevenci�n y control de la contaminaci�n generada por la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales, se sujetar� a las disposiciones de car�cter general que emitan los Ayuntamientos."
"Art�culo 4.65. La Secretar�a de Ecolog�a emitir� las normas t�cnicas estatales que regular�n la localizaci�n, instalaci�n y funcionamiento de los sistemas de recolecci�n, transporte, almacenamiento, manejo, separaci�n, tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos.
"Para efectos de este cap�tulo, se entiende por residuos s�lidos municipales a aquellos que se generan en casas habitaci�n, parques, jardines, v�a p�blica, oficinas, sitios de reuni�n, mercados, comercios y establecimientos de servicios y no sean considerados como peligrosos, conforme a la normatividad ambiental."
"Art�culo 4.66. Queda sujeto a la autorizaci�n de la Secretar�a de Ecolog�a el manejo, transporte, tratamiento y disposici�n final de residuos industriales no peligrosos.
"Para la utilizaci�n de residuos industriales no peligrosos se requerir� llevar un control interno por el responsable, as� como la presentaci�n de un informesemestral a la Secretar�a de Ecolog�a. Para estos efectos, se entender� por residuo industrial no peligroso, a aquel material derivado de un proceso productivo, que no rebase los par�metros establecidos en el c�digo CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, t�xico, inflamable y biol�gico infeccioso)."
"Art�culo 4.67. Para la localizaci�n, instalaci�n y funcionamiento de sistemas de manejo, separaci�n, tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos se tomar�n en cuenta las normas oficiales mexicanas, normas t�cnicas estatales, los ordenamientos ecol�gicos y los planes estatales y municipales de desarrollo urbano."
"Art�culo 4.68. Los Ayuntamientos, directamente o bajo el r�gimen de concesi�n a particulares, construir�n y operar�n estaciones de transferencia, plantas de selecci�n y tratamiento, y sitios de disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos."
"Art�culo 4.69. El establecimiento de sitios de disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos, es de utilidad p�blica, por lo que el gobernador del Estado podr� declarar la expropiaci�n de terrenos para este fin y establecer medidas para restringir el uso del suelo dentro de estas zonas, previa la comprobaci�n t�cnica a cargo de los interesados, de que el sitio elegido es el que re�ne las condiciones para realizar un confinamiento controlado que garantice la no afectaci�n al ambiente."
"Art�culo 4.70. Cuando se trate de residuos industriales no peligrosos, que provengan de un tratamiento efectuado a un residuo peligroso, eliminando su peligrosidad, �stos ser�n manejados conforme a lo dispuesto en este libro, el reglamento que al efecto se expida y las normas oficiales mexicanas y las normas t�cnicas estatales."
"Art�culo 4.71. La Secretar�a de Ecolog�a y los Ayuntamientos podr�n celebrar convenios o acuerdos de coordinaci�n, colaboraci�n y asesor�a, con la participaci�n de las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica estatal y municipales competentes, as� como con instituciones p�blicas o privadas de ense�anza superior, para promover:
"I. El establecimiento y mejoramiento de sistemas de recolecci�n, tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos;
"II. El uso y la fabricaci�n de empaques y embalajes de toda clase de productos, cuyos materiales permitan minimizar la generaci�n de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos y facilitar su reutilizaci�n y reciclaje, as� como su disposici�n final; o
"III. El establecimiento de rellenos sanitarios para el tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos."
"Art�culo 4.72. Con el objeto de prevenir y controlar los efectos nocivos que puedan ocasionar los residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos depositados en predios bald�os, v�a p�blica y en general en terrenos o �reas utilizadas como tiraderos a cielo abierto, los Municipios deber�n promover y establecer programas de limpieza y control para su erradicaci�n y evitar que se transformen en lugares permanentes de disposici�n irregular de dichos residuos, as� como en focos de insalubridad p�blica y contaminaci�n ambiental."
"Art�culo 4.73. En ning�n caso podr�n introducirse residuos peligrosos o no peligrosos para su derrame, dep�sito, confinamiento, almacenamiento, incineraci�n o cualquier otro tratamiento para su destrucci�n o disposici�n final en el territorio del Estado sin contar con el previo consentimiento de la Secretar�a de Ecolog�a y de la autoridad municipal correspondiente."
"Art�culo 4.94. Se sancionar� con multa por el equivalente de cuarenta a cien d�as de salario m�nimo general vigente en el �rea geogr�fica que corresponda al momento de cometer la infracci�n, a quien:
"I.G. residuos s�lidos de origen dom�stico sin atender las disposiciones dictadas por los Ayuntamientos; ..."
De los preceptos legales transcritos se desprende que el tratamiento de residuos s�lidos municipales se har� conforme a las normas t�cnicas estatales, de tal manera que no signifiquen un peligro para la salud; que la prevenci�n y control de la contaminaci�n generada por la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales, se sujetar� a las disposiciones de car�cter general que emitan los Ayuntamientos; se faculta a la Secretar�a de Ecolog�a para emitir las normas t�cnicas estatales que regular�n la localizaci�n, instalaci�n y funcionamiento de los sistemas de recolecci�n, transporte, almacenamiento, manejo, separaci�n, tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos; que compete a la Secretar�a de Ecolog�a el manejo, transporte, tratamiento y disposici�n final de residuos industriales no peligrosos; la construcci�n y operaci�n de estaciones de transferencia, plantas de selecci�n y tratamiento, y sitios de disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos; que los Ayuntamientos podr�n celebrar convenios o acuerdos de coordinaci�n y asesor�a, con las dependencias de la administraci�n p�blica estatal competente, para promover, entre otras cosas, el establecimiento y mejoramiento de sistemas de recolecci�n, tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos municipales e industriales no peligrosos; se prev� una sanci�n a quien genere residuos s�lidos de origen dom�stico sin atender las disposiciones dictadas por los Ayuntamientos.
En primer lugar, conviene recordar que en t�rminos del art�culo 115, fracci�n III, inciso c), de la C.�n F., los Municipios tendr�n a su cargo el servicio de limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; sin embargo, los servicios p�blicos que por naturaleza corresponde prestar a los Municipios se encuentran sujetos a lo que dispongan las leyes federales y estatales; por lo que en el caso, el C�digo Administrativo del Estado de M�xico s�lo establece las condiciones bajo las cuales se debe prestar el servicio p�blico antes precisado, sin que pueda concluirse que con la ley impugnada se impida que el Municipio actor preste y administre el servicio p�blico, sino que �nicamente lo regula a trav�s de medidas tendentes a proteger la salud p�blica, sin llegar al extremo de afectar el �mbito competencial del Municipio, por lo que dichas disposiciones no violentan el art�culo 115, fracci�n III, inciso c), de la C.�n F., de donde resulta procedente reconocer la validez de las disposiciones legales apuntadas.
Por otro lado, los art�culos 5.1 a 5.76 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, tambi�n controvertidos en esta v�a, prev�n:
"Art�culo 5.1. Este libro tiene por objeto fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n en la entidad."
"Art�culo 5.2. Las disposiciones de este libro tienen como finalidad mejorar el nivel y calidad de vida de la poblaci�n urbana y rural de la entidad, mediante:
"I. La adecuada distribuci�n en el territorio estatal de la poblaci�n y sus actividades, as� como la eficiente interrelaci�n de los centros de poblaci�n, en funci�n del desarrollo social y econ�mico del Estado y del pa�s;
"II. La vinculaci�n arm�nica entre la ciudad y el campo, para garantizar un desarrollo urbano sustentable que, a la vez de satisfacer el crecimiento urbano, proteja las tierras agropecuarias y forestales, y distribuya equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanizaci�n;
"III. El ordenamiento de las zonas metropolitanas y de las �reas urbanas consolidadas, as� como el impulso a centros de poblaci�n de dimensiones medias para propiciar una estructura regional equilibrada;
"IV. La racionalizaci�n y orientaci�n de los procesos de urbanizaci�n que experimentan los centros de poblaci�n, a trav�s de una relaci�n eficiente entre las zonas de producci�n y trabajo con las de vivienda y equipamiento;
"V. La distribuci�n, construcci�n, conservaci�n y mejoramiento de la urbanizaci�n, infraestructura, equipamiento y servicios p�blicos de los centros de poblaci�n;
"VI. La regulaci�n del suelo urbano, preferentemente el destinado a la vivienda de los estratos de m�s bajos ingresos, para propiciar un mercado competitivo, incrementar su oferta y frenar su especulaci�n;
"VII. La prevenci�n de los asentamientos humanos irregulares;
"VIII. El fortalecimiento de los Municipios, mediante una mayor participaci�n en la planeaci�n, administraci�n y operaci�n del desarrollo urbano;
"IX. El fomento a la participaci�n de los sectores p�blico, social y privado, para atender las necesidades urbanas en la entidad;
"X. La participaci�n ciudadana en la planeaci�n urbana y en la vigilancia de su cumplimiento;
"XI. La promoci�n y ejecuci�n de programas de vivienda para los sectores sociales de escasos recursos, para garantizar el derecho constitucional de toda persona de disfrutar de una vivienda digna y decorosa."
"Art�culo 5.3. Los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio estatal, estar�n sujetos, cualquiera que sea su r�gimen jur�dico o su condici�n urbana o rural, a las disposiciones de este libro."
"Art�culo 5.4. Para efectos de este libro se consideran causas de utilidad p�blica:
"I. La fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n;
"II. La ejecuci�n de los planes de desarrollo urbano y sus programas;
"III. La constituci�n de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;
"IV. La regularizaci�n de la tenencia de la tierra;
"V. La ejecuci�n de programas de vivienda social progresiva, de inter�s social y popular;
"VI. La ejecuci�n de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
"VII. La protecci�n del patrimonio hist�rico, art�stico y cultural."
"Art�culo 5.5. Son autoridades para la aplicaci�n de este libro la legislatura, el gobernador del Estado, la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas y los Municipios."
"Art�culo 5.6. Las acciones de planeaci�n, programaci�n, ejecuci�n, supervisi�n, administraci�n, control, seguimiento y evaluaci�n relativas al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de poblaci�n en el Estado, deber�n realizarse por las autoridades de los distintos �rdenes de gobierno de manera coordinada y concurrente."
"Art�culo 5.7. Corresponde a la Legislatura del Estado decretar la fundaci�n de los nuevos centros de poblaci�n que el desarrollo urbano requiera, as� como celebrar foros de consulta popular en materia de asentamientos humanos."
"Art�culo 5.8. Son atribuciones del gobernador del Estado:
"I. Planear, regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n;
"II. Aprobar y modificar el plan estatal de desarrollo urbano, as� como los planes regionales de desarrollo urbano y sus respectivos planes parciales;
"III. Crear �rganos t�cnicos de consulta, de coordinaci�n interinstitucional, evaluaci�n y seguimiento, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;
"IV. Proponer ante la Legislatura del Estado la fundaci�n de nuevos centros de poblaci�n;
"V. Las dem�s que le confieran las disposiciones legales."
"Art�culo 5.9. La Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas tiene las atribuciones siguientes:
"I.E., ejecutar y evaluar el plan estatal de desarrollo urbano y los parciales que de �ste deriven;
"II.E., ejecutar y evaluar los planes regionales de desarrollo urbano y los parciales que deriven de ellos;
"III. Establecer la congruencia del plan estatal de desarrollo urbano con el Plan de Desarrollo del Estado de M�xico, as� como con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales de car�cter nacional y los programas de ordenaci�n de zonas conurbadas interestatales;
"IV. Emitir dict�menes de congruencia de los planes municipales de desarrollo urbano, de los planes de centros de poblaci�n y de los planes parciales, con el plan estatal de desarrollo urbano y los planes regionales de desarrollo urbano, en su caso;
".P. en la Gaceta del Gobierno los planes de desarrollo urbano;
"VI. Suscribir convenios urban�sticos;
"VII. Promover, financiar, gestionar, concertar y ejecutar acciones y programas de suelo y vivienda, preferentemente para la poblaci�n de m�s bajos recursos econ�micos;
"VIII. Participar en las comisiones e instancias de coordinaci�n de car�cter regional y metropolitano, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
"IX. Intervenir en los �rganos t�cnicos de consulta, de coordinaci�n interinstitucional, evaluaci�n y seguimiento, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
"X. Promover la participaci�n social en los procesos de formulaci�n de los planes de desarrollo urbano, as� como en la vigilancia de los usos y destinos del suelo previstos en ellos;
"XI. Crear, establecer, administrar y vigilar la utilizaci�n de los instrumentos necesarios para la ejecuci�n y administraci�n del desarrollo urbano en el Estado;
"XII. Constituir y administrar reservas territoriales y ejercer el derecho de preferencia del Estado para adquirir predios e inmuebles en el territorio estatal;
"XIII. Emitir dict�menes para usos de impacto regional y dict�menes de factibilidad;
"XIV. Autorizar la fusi�n y subdivisi�n de predios, conjuntos urbanos, divisi�n del suelo para condominios y las relotificaciones correspondientes;
"XV. Autorizar los proyectos ejecutivos y el inicio de obras de urbanizaci�n, infraestructura y equipamiento urbano; pr�rrogas, promoci�n y publicidad; enajenaci�n, gravamen y ocupaci�n de lotes; liberaci�n y sustituci�n de garant�as, subrogaci�n del titular de la autorizaci�n; cambio del tipo; y las dem�s inherentes, en los casos de autorizaciones de fusi�n y divisi�n del suelo, en t�rminos de la reglamentaci�n de este libro;
"XVI. Supervisar las obras de urbanizaci�n, infraestructura y equipamiento urbano de los conjuntos urbanos y subdivisiones de m�s de 6,000 metros cuadrados de superficie, as� como intervenir en su entrega-recepci�n a los Municipios;
"XVII. Autorizar la apertura, prolongaci�n, ampliaci�n o cualquier modificaci�n de v�as p�blicas;
"XVIII. Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos irregulares;
"XIX. Regularizar la tenencia de la tierra privada para su incorporaci�n al desarrollo urbano, con la participaci�n de los Municipios;
"XX. Operar el Registro Estatal de Desarrollo Urbano;
"XXI. Expedir los nombramientos de peritos;
"XXII. Emitir normas t�cnicas en materia de desarrollo urbano, vivienda y construcciones;
"XXIII. Las dem�s que le confieran las disposiciones legales."
"Art�culo 5.10. Los Municipios tendr�n las atribuciones siguientes:
"I.E., aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los planes municipales de desarrollo urbano, los planes de centros de poblaci�n y los parciales que deriven de ellos;
"II. Participar en la elaboraci�n o modificaci�n del respectivo plan regional de desarrollo urbano, cuando incluya parte o la totalidad de su territorio municipal;
"III. Participar en los �rganos de coordinaci�n de car�cter regional y metropolitano, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;
"IV. Promover, financiar, gestionar, concertar y ejecutar acciones y programas de suelo y vivienda, preferentemente para la poblaci�n de m�s bajos recursos econ�micos;
".P. en la creaci�n y administraci�n de las reservas territoriales de su circunscripci�n territorial;
"VI. Ejercer el derecho de preferencia indistintamente con el Estado, para adquirir predios e inmuebles en el territorio municipal;
"VII. Convocar a los ciudadanos, a las organizaciones sociales y a la sociedad en general, para recabar su opini�n en los procesos de formulaci�n de los planes de desarrollo urbano aplicables en su territorio;
"VIII. Difundir entre la poblaci�n los planes de desarrollo urbano, as� como informarle sobre los tr�mites para obtener las autorizaciones y licencias de su competencia;
"IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo y otorgar licencias de uso del suelo y de construcci�n;
"X. Autorizar cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad y altura de edificaciones;
"XI. Autorizar la explotaci�n de bancos de materiales para construcci�n, en t�rminos de las disposiciones legales respectivas;
"XII. Expedir c�dulas informativas de zonificaci�n;
"XIII. Intervenir con la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, en la suscripci�n de convenios urban�sticos;
"XIV. Vincular la construcci�n de la infraestructura y equipamientos urbanos, as� como la administraci�n y funcionamiento de los servicios p�blicos, con los planes de desarrollo urbano y sus programas;
"XV. Emitir dict�menes y autorizaciones de su competencia en el seno de los �rganos estatales de coordinaci�n interinstitucional, evaluaci�n y seguimiento, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, en relaci�n con asuntos de su circunscripci�n territorial;
"XVI. Emitir dict�menes de factibilidad para la dotaci�n de servicios p�blicos;
"XVII. Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos irregulares;
"XVIII. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra, para su incorporaci�n al desarrollo urbano;
"XIX. Participar en la supervisi�n de obras de urbanizaci�n, infraestructura y equipamiento de conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones para condominios, as� como recibirlas mediante actas de entrega-recepci�n;
"XX. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para ordenar el desarrollo urbano del Municipio, de conformidad con lo dispuesto por este libro y su reglamentaci�n;
"XXI. Las dem�s que le confieran las disposiciones legales."
"Art�culo 5.11. La C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es un �rgano t�cnico de coordinaci�n interinstitucional, que tiene por objeto promover el desarrollo urbano ordenado de los centros de poblaci�n y alentar la producci�n formal de vivienda en la entidad.
"La comisi�n es presidida por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, y se integra con las dependencias y organismos que concurren en las actividades relacionadas con su objeto y contar� con la intervenci�n de los Municipios respectivos, cuando se traten asuntos de su �mbito territorial de competencia."
"Art�culo 5.12. Corresponde a la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda:
"I.C. acciones con dependencias y organismos de la administraci�n p�blica federal, estatal y municipal en materia de desarrollo urbano y vivienda;
"II. Integrar los dict�menes de factibilidad y de impacto regional, que incluir�n los respectivos dict�menes, autorizaciones y licencias de los organismos auxiliares y autoridades participantes, en relaci�n con un predio o proyecto determinado;
"III. Proponer a las autoridades competentes la adopci�n de las medidas necesarias para la mejora regulatoria y la desgravaci�n de los procesos de administraci�n y operaci�n urbana y de producci�n de vivienda;
"IV. Promover medidas y mecanismos para simplificar y agilizar los procedimientos de autorizaci�n de tr�mites en la materia;
".P. programas, acciones y proyectos estrat�gicos en materia de desarrollo urbano y vivienda;
"VI.E. y promover ante las instancias correspondientes, proyectos de inversi�n y financiamiento para el desarrollo urbano y la vivienda;
"VII. Promover investigacionescient�ficas y tecnol�gicas sobre desarrollo urbano y vivienda, as� como formular recomendaciones sobre la normatividad respectiva;
"VIII. Proponer convenios relacionados con las materias de su competencia;
"IX. Expedir su reglamento interno para regular su integraci�n, organizaci�n y funcionamiento;
"X. Las dem�s que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto."
"Art�culo 5.13. El Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano es un �rgano de asesor�a, consulta y participaci�n social en asuntos materia de desarrollo urbano de inter�s estatal, que estar� presidido por el gobernador del Estado."
"Art�culo 5.14. Corresponde al Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano:
"I. Promover la participaci�n social en el proceso de elaboraci�n del plan estatal de desarrollo urbano, los planes regionales de desarrollo urbano y los parciales que deriven de �stos, recabando sus opiniones y propuestas;
"II. Formular propuestas en materia de planeaci�n, regulaci�n e inversi�n para el desarrollo urbano de la entidad;
"III. Proponer medidas para la ordenaci�n sustentable del territorio del Estado;
"IV. Plantear mecanismos e instrumentos para la ejecuci�n de los programas derivados de los planes estatales de desarrollo urbano;
".P. medidas legislativas y administrativas que tiendan a mejorar la planeaci�n, ordenaci�n, regulaci�n y promoci�n del desarrollo urbano en el Estado;
"VI. Sugerir las bases conforme a las cuales se celebren convenios de concertaci�n con instituciones p�blicas sociales o privadas, en esta materia;
"VII. Expedir su reglamento interno para regular su integraci�n, organizaci�n y funcionamiento;
"VIII. Las dem�s que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones."
"Art�culo 5.15. Cuando dos o m�s centros de poblaci�n ubicados en territorios de Municipios distintos formen o tiendan a formar una conurbaci�n o zona metropolitana por su continuidad f�sica y demogr�fica, el Estado y los Municipios correspondientes, en el �mbito de sus competencias, la planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada."
"Art�culo 5.16. El gobernador del Estado y los Municipios respectivos deber�n convenir la delimitaci�n de una zona conurbada o metropolitana cuando:
"I.S. procedente el estudio y resoluci�n conjunta del desarrollo urbano de dos o m�s centros de poblaci�n situados en el territorio de Municipios vecinos que por sus caracter�sticas geogr�ficas y su tendencia econ�mica y urbana deban considerarse como una zona conurbada o metropolitana;
"II. Se proyecte o funde un centro de poblaci�n y se prevea su expansi�n f�sica o influencia funcional en territorio de Municipios vecinos;
"III. Solamente uno de los centros de poblaci�n crezca sobre la zona conurbada o metropolitana."
"Art�culo 5.17. El convenio que se celebre con base en lo previsto en el art�culo anterior se publicar� en la Gaceta del Gobierno y las gacetas municipales respectivas.
"El convenio a que se refiere el p�rrafo anterior deber� contener:
"I. La localizaci�n, extensi�n y delimitaci�n de la zona conurbada o metropolitana;
"II. Los compromisos del Estado y los Municipios respectivos para planear y regular conjunta y coordinadamente los centros de poblaci�n conurbados o metropolitanos, con base en un plan regional de desarrollo urbano;
"III. La integraci�n, organizaci�n y funcionamiento del �rgano respectivo de coordinaci�n metropolitana;
"IV. Las dem�s acciones que convengan el Estado y los Municipios correspondientes."
"Art�culo 5.18. El �rgano de coordinaci�n metropolitana previsto en el convenio a que se refiere el art�culo anterior, tendr� car�cter permanente y en �l participar�n el Estado y los Municipios respectivos. Ser� presidido por el titular de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas y funcionar� como mecanismo de coordinaci�n interinstitucional y de concertaci�n de acciones e inversiones con los sectores social y privado."
"Art�culo 5.19. Para la ordenaci�n y regulaci�n de las zonas conurbadas o metropolitanas interestatales, el Estado y los Municipios respectivos participar�n con la Federaci�n y las entidades federativas lim�trofes en la elaboraci�n, aprobaci�n y ejecuci�n de planes y programas, as� como en la suscripci�n de convenios en materia de desarrollo urbano, conforme a la legislaci�n federal aplicable."
"Art�culo 5.20. En los planes y programas que ordenen y regulen las zonas conurbadas y metropolitanas interestatales, podr�n incluirse todos aquellos elementos de car�cter t�cnico que se requieran, siempre que no conlleven a la renuncia o alteraci�n de las atribuciones constitucionales del Estado y de los Municipios sobre su territorio."
"Art�culo 5.21. El sistema estatal de planes de desarrollo urbano, es el conjunto de instrumentos t�cnicos y normativos que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participaci�n de la sociedad."
"Art�culo 5.22. Los ciudadanos del Estado, en los t�rminos de este libro y su reglamentaci�n, tienen derecho de participar en la formulaci�n de propuestas en los procesos de elaboraci�n de los planes de desarrollo urbano, as� como coadyuvar con las autoridades estatales y municipales en la vigilancia de la normatividad prevista en ellos."
"Art�culo 5.23. El sistema estatal de planes de desarrollo urbano, est� integrado por:
"I. El plan estatal de desarrollo urbano;
"II. Los planes regionales de desarrollo urbano;
"III. Los planes municipales de desarrollo urbano;
"IV. Los planes de centros de poblaci�n;
"V. Los planes parciales."
"Art�culo 5.24. Los planes de desarrollo urbano son el conjunto de disposiciones para alcanzar los objetivos previstos de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en el Estado y de crecimiento, conservaci�n y mejoramiento de los centros de poblaci�n de la entidad, a fin de lograr una distribuci�n equilibrada y sustentable de la poblaci�n y de las actividades econ�micas.
"Los planes de desarrollo urbano se sujetar�n a las normas generales siguientes:
"I. Se integrar�n con la identificaci�n o diagn�stico de la situaci�n urbana, su problem�tica y sus tendencias; la evaluaci�n del plan que se revisa, en su caso; la determinaci�n de los objetivos por alcanzar; las estrategias y pol�ticas; la zonificaci�n del territorio; la programaci�n de acciones y obras, as� como los dem�s aspectos que orienten, regulen y promuevan el desarrollo urbano sustentable de la entidad;
"II. Incorporar�n a su contenido, de manera obligatoria, pol�ticas y normas t�cnicas en materias de poblaci�n, suelo, protecci�n al ambiente, vialidad, agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposici�n de aguas residuales, protecci�n civil, vivienda, desarrollo agropecuario, salud, desarrollo econ�mico y conservaci�n del patrimonio hist�rico, art�stico y cultural, as� como las dem�s materias que resulten necesarias, con el fin de imprimirles un car�cter integral para propiciar el desarrollo urbano sustentable del Estado;
"III. Estar�n vinculados entre s� y con otros instrumentos de planeaci�n, en las materias relacionadas con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, de manera que exista entre ellos la adecuada congruencia;
"IV. Adoptar�n la estructura, contenido, terminolog�a y dem�s elementos que establezca la reglamentaci�n de este libro."
"Art�culo 5.25. Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal y sus programas, deber�n sujetarse a las pol�ticas y estrategias del plan estatal de desarrollo urbano y cuando corresponda, a las del respectivo plan regional de desarrollo urbano. Los que se realicen en contravenci�n a esta disposici�n, ser�n nulos y no producir�n efecto jur�dico alguno."
"Art�culo 5.26. Las disposiciones normativas contenidas en los planes de desarrollo urbano ser�n obligatorias para las autoridades y los particulares.
"Las acciones e inversiones que se lleven a cabo en el territorio estatal, deber�n ser congruentes con los planes de desarrollo urbano a que se refiere este libro."
"Art�culo 5.27. En los planes municipales de desarrollo urbano y en los de centros de poblaci�n, se establecer� la zonificaci�n que deber�n administrar los Municipios, as� como las acciones para la conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n.
"El ejercicio del derecho de propiedad, posesi�n o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en los centros de poblaci�n, se sujetar� a lo dispuesto en los planes a que se refiere el p�rrafo anterior y en las autorizaciones y licencias de que trata este libro."
"Art�culo 5.28. Los planes de desarrollo urbano, para su elaboraci�n, aprobaci�n, publicaci�n e inscripci�n, se sujetar�n a las reglas siguientes:
"I. La autoridad administrativa estatal o municipal competente formular� el proyecto de plan, o de sus modificaciones en su caso, y dar� aviso p�blico del inicio del proceso de consulta;
"II. En el aviso a que se refiere la fracci�n anterior, se deber� establecer el plazo y el calendario de audiencias p�blicas para que los particulares presenten por escrito los planteamientos que consideren respecto del proyecto de plan, o de sus modificaciones. Dicho plazo no podr� ser inferior a un mes, debi�ndose celebrar al menos dos audiencias;
"III. Se analizar�n las opiniones recibidas y con ellas se integrar� el proyecto definitivo del plan correspondiente, o de su modificaci�n. En el caso de los de competencia municipal, se recabar� previamente, de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, el dictamen de congruencia del proyecto de plan con las pol�ticas y estrategias del plan estatal de desarrollo urbano y las del plan regional de desarrollo urbano aplicable, en su caso. Ser� requisito obligatorio para la validez jur�dica del plan, integrar al mismo el dictamen de congruencia mencionado;
"IV. Cumplidas las formalidades anteriores, el plan o su modificaci�n, se aprobar� y expedir�, seg�n sea el caso, por el gobernador del Estado, el titular de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas o el Ayuntamiento correspondiente;
"V. Los planes, una vez aprobados, deber�n publicarse conjuntamente con el acuerdo de aprobaci�n respectivo, en la Gaceta del Gobierno a trav�s de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas y entrar�n en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n;
"VI. Los planes ser�n inscritos, con todos sus documentos integrantes, en el Registro P�blico de la Propiedad y en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano, dentro de los quince d�as siguientes al de su publicaci�n."
"Art�culo 5.29. Los planes de desarrollo urbano podr�n ser modificados conforme al mismo procedimiento establecido para su elaboraci�n, aprobaci�n, publicaci�n e inscripci�n.
"No constituir� modificaci�n al respectivo plan municipal de desarrollo urbano, de centro de poblaci�n o los parciales que deriven de ellos, la autorizaci�n sobre el cambio de uso del suelo a otro que se determine sea compatible, el cambio de la densidad e intensidad de su aprovechamiento o el cambio de la altura m�xima de edificaci�n prevista, siempre y cuando el predio se encuentre ubicado en �reas urbanas o urbanizables del centro de poblaci�n y el cambio no altere las caracter�sticas de la estructura urbana prevista, vial, hidr�ulica y sanitaria, ambiental y las de su imagen.
"La autorizaci�n correspondiente ser� expedida, mediante acuerdo motivado y fundado, por el Ayuntamiento respectivo a trav�s de la dependencia administrativa competente, quien oir� previamente a la C.�n de Planeaci�n para el Desarrollo Municipal.
"Trat�ndose de usos del suelo de impacto regional, para la autorizaci�n se deber� obtener previamente y en sentido favorable, el dictamen respectivo emitido por la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas.
"Bajo ninguna circunstancia se podr� cambiar el uso del suelo de terrenos de dominio p�blico destinados a v�as p�blicas y equipamiento."
"Art�culo 5.30. El Estado y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, fomentar�n, promover�n y buscar�n desgravar la producci�n de vivienda, orientando prioritariamente sus acciones y programas a la vivienda de los tipos social progresiva, de inter�s social y popular, para beneficiar a la poblaci�n de menores recursos econ�micos."
"Art�culo 5.31. Para la ordenaci�n y regulaci�n de los asentamientos humanos en el territorio estatal, el suelo se clasifica en:
"I. �reas urbanas: son las constituidas por zonas edificadas parcial o totalmente, en donde existen al menos servicios de agua potable, drenaje y energ�a el�ctrica, sin perjuicio de que coexistan con predios bald�os o carentes de servicios;
"II. �reas urbanizables: son las previstas para el crecimiento de los centros de poblaci�n por reunir condiciones para ser dotadas de infraestructura, equipamiento urbano y servicios p�blicos, sea que est�n o no programadas para ello;
"III. �reas no urbanizables: son las �reas naturales protegidas; distritos de riego; zonas de recarga de mantos acu�feros; tierras de alto rendimiento agr�cola, pecuario o forestal; derechos de v�a; zonas arqueol�gicas y dem�s bienes del patrimonio hist�rico, art�stico y cultural; los terrenos inundables y los que tengan riesgos previsibles de desastre; los que acusen fallas o fracturas en su estratificaci�n geol�gica o que contengan galer�as o t�neles provenientes de laboreos mineros agotados o abandonados que no puedan rehabilitarse las zonas de restricci�n que establezcan las autoridades competentes alrededor de los cr�teres de volcanes y barrancas, as� como los terrenos ubicados por encima de la cota que establezcan los organismos competentes para la dotaci�n del servicio de agua potable; y, las dem�s que como no urbanizables defina el plan de desarrollo urbano respectivo, en atenci�n a pol�ticas y estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano."
"Art�culo 5.32. Las �reas de ordenamiento y regulaci�n del territorio estatal, son aquellas en que se aplicar�n, seg�n corresponda, las pol�ticas que a continuaci�n se definen:
"I. De impulso, aplicables a los centros de poblaci�n seleccionados por presentar condiciones favorables para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, as� como de r�pido crecimiento demogr�fico y que presuponen una importante concentraci�n de recursos;
"II. De consolidaci�n, aplicables a centros de poblaci�n que s�lo requieren de un ordenamiento de su estructura b�sica y que, sin afectar su din�mica actual, procuran evitar los efectos negativos de la desordenada concentraci�n urbana;
"III. De control, que buscan disminuir o desalentar el ritmo de crecimiento de centros de poblaci�n en los que la concentraci�n provoca problemas crecientemente agudos de congesti�n e ineficiencia econ�mica y social, o bien, cuando tales centros de poblaci�n muestran s�ntomas de saturaci�n por carecer de suelo apto para su expansi�n y tener, entre otras, limitaciones en las disponibilidades de agua e infraestructura vial, lo que obliga a restringir su desarrollo preferentemente al interior de la estructura urbana existente, rehabilitando y reconstruyendo sus �reas deterioradas, insalubres o deficientemente aprovechadas."
"Art�culo 5.33. La zonificaci�n que contengan los planes de desarrollo urbano respectivos, determinar�:
"I. Las �reas que integran y delimitan los centros de poblaci�n;
"II. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de poblaci�n;
"III. Los usos y destinos del suelo permitidos o prohibidos;
"IV. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;
"V. Las densidades e intensidades de aprovechamiento y ocupaci�n del suelo;
"VI. Las medidas para la protecci�n de los derechos de v�a y zonas de restricci�n de inmuebles de propiedad p�blica;
"VII. Las zonas de conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n;
"VIII. Las reservas para la expansi�n de los centros de poblaci�n;
"IX. Las dem�s disposiciones que de acuerdo con la legislaci�n aplicable sean procedentes."
"Art�culo 5.34. Para la ejecuci�n de las acciones de conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n, se estar� a las bases siguientes:
"I. Deber�n considerarse los criterios de regulaci�n que establezcan los programas de ordenamiento ecol�gico del Estado, as� como los criterios en materia de regulaci�n ambiental de los asentamientos humanos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente;
"II. En cuanto a las �reas susceptibles de desarrollo:
"a) Se orientar� la expansi�n hacia los terrenos que comparativamente requieran una menor inversi�n por concepto de infraestructura y equipamiento urbanos, siempre que no se afecte el equilibrio de los ecosistemas;
"b) Se evitar� el crecimiento habitacional hacia las �reas que deben ser preservadas y protegidas, por ser de alto o mediano aprovechamiento sus recursos agr�colas, forestales o pecuarios, tratarse de zonas industriales u otras, as� como por contener bellezas naturales o elementos que conforman el equilibrio ecol�gico del ambiente.
"III. Se propiciar� que el aprovechamiento del suelo en colonias y predios se haga de modo combinado o mixto para facilitar a la poblaci�n el acceso a los servicios, obtener un mayor aprovechamiento del suelo, mantener en forma constante la actividad urbana y lograr una mayor seguridad para los habitantes;
"IV. En relaci�n con la infraestructura y equipamiento urbano:
"a) Las plazas c�vicas, jardines y espacios semejantes, se ubicar�n de preferencia en sitios centrales de cada uno de los distintos barrios o colonias del centro de poblaci�n y a su alrededor se situar�n edificios destinados a fines que, guardando concordancia con el car�cter de tales espacios, contribuyan a elevar la imagen del entorno;
"b) Los edificios de establecimientos dedicados a la atenci�n de la salud y a la educaci�n se ubicar�n de preferencia en las inmediaciones de las �reas verdes, procurando que queden alejados del ruido y dem�s elementos contaminantes y, en caso de los establecimientos de educaci�n, evitar que tengan acceso directo a v�as p�blicas primarias;
"c) Para las colonias o barrios y los nuevos desarrollos urbanos de los centros de poblaci�n, se deber�n contemplar los servicios de comercio, educaci�n, salud y otros que fueren necesarios para la atenci�n de las necesidades b�sicas de sus habitantes;
"d) Se deber�n observar las disposiciones que en materia de prestaci�n de servicios a personas con capacidades distintas prev� este c�digo.
"V. En cuanto a la localizaci�n de industrias:
"a) Los parques o zonas industriales deben ubicarse separadamente de las �reas de vivienda;
"b) Las de alto riesgo deber�n situarse fuera de las �reas urbanas de los centros de poblaci�n o a la distancia que determine el estudio de riesgo correspondiente, as� como rodearse de un �rea de amortiguamiento, en los t�rminos que precise la reglamentaci�n de este libro;
"c) Las que se permitan establecer dentro o pr�ximas a zonas habitacionales, ser�n se�aladas en la reglamentaci�n de este libro, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y normas t�cnicas estatales ambientales aplicables y considerando la opini�n de la Secretar�a de Desarrollo Econ�mico en cuanto a giros industriales y dimensi�n de las mismas.
"VI. Por lo que se refiere a la protecci�n del entorno ambiental:
"a) Se proteger�n y en su caso aprovechar�n los recursos con que cuentan los cerros, bosques, cuerpos de agua superficiales, mantos de aguas subterr�neas y zonas de recarga acu�fera, que sirvan para mantener o mejorar la calidad del ambiente;
"b) En el aprovechamiento de los predios se respetar� la conformaci�n natural del terreno, los cauces de escurrimientos superficiales, la vegetaci�n y del mismo modo el arbolado existente;
"c) La forestaci�n de losespacios abiertos p�blicos o privados, se llevar� a cabo o se complementar� con especies propias de la localidad o nuevas de f�cil adaptaci�n, para as� mejorar el ambiente y el aspecto de calles, plazas y zonas de edificios;
"d) Se contemplar�n las �reas aptas para el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, tratamiento y disposici�n final de residuos s�lidos, al igual que las que fueren necesarias para los materiales y residuos peligrosos.
"VII. En relaci�n a la conservaci�n del patrimonio hist�rico, art�stico y cultural:
"a) Se identificar�n los sitios y los edificios que signifiquen para la comunidad un testimonio valioso de su historia y su cultura;
"b) Las edificaciones que se localicen en su entorno deber�n ser arm�nicas y compatibles con aqu�llas en lo que al estilo, materiales y forma se refiere;
"c) Los propietarios de las edificaciones tendr�n obligaci�n de conservarlas en buen estado de estabilidad, servicios, aspecto e higiene, y evitar�n su utilizaci�n en actividades incompatibles con su valor hist�rico, art�stico, cultural o arquitect�nico;
"d) En las zonas y construcciones declaradas del patrimonio hist�rico, art�stico y cultural, no se permitir� colocar anuncios.
"El patrimonio hist�rico, art�stico y cultural estar� constituido por los inmuebles vinculados a la historia local o nacional o que tengan valor arquitect�nico, las plazas, parques y calles que contengan expresiones de arte o que constituyan apariencia tradicional, y las zonas arqueol�gicas y poblados t�picos."
"Art�culo 5.35. La existencia de asentamientos humanos irregulares o la gestaci�n de �stos, podr� ser denunciada por cualquier persona ante la autoridad estatal o municipal competente, a efecto de que se suspenda cualquier obra, divisi�n de predios o venta de lotes, sin perjuicio de que se presenten las denuncias penales correspondientes.
"En casos de flagrancia en la gestaci�n y radicaci�n de asentamientos humanos irregulares, las autoridades estatales o municipales de desarrollo urbano podr�n instrumentar y ejecutar operativos de desalojo inmediato, como medida de seguridad para evitar su consolidaci�n.
"Para los efectos de este libro, se considera asentamiento humano irregular al conjunto de personas que se encuentra radicado en �reas o predios, cualquiera que sea su r�gimen jur�dico de tenencia de la tierra, en contravenci�n a las disposiciones de este libro, su reglamentaci�n o los planes de desarrollo urbano."
"Art�culo 5.36. Las autorizaciones y licencias que emitan las autoridades de desarrollo urbano, se ajustar�n a lo establecido por este libro, su reglamentaci�n y los planes de desarrollo urbano. Las que se expidan en contravenci�n a esta disposici�n ser�n nulas y no producir�n efecto jur�dico alguno.
"Art�culo 5.37. Los notarios al protocolizar escrituras p�blicas relativas a actos, convenios y contratos sobre propiedad, posesi�n o cualquier otro derecho, vigilar�n que se cumpla con las disposiciones aplicables de los planes de desarrollo urbano y las autorizaciones correspondientes. En su caso, har�n menci�n de las autorizaciones y licencias relativas."
"Art�culo 5.38. Los registradores de la propiedad s�lo inscribir�n las escrituras p�blicas a que se refiere el art�culo anterior, cuando contengan la menci�n de las autorizaciones y licencias correspondientes de desarrollo urbano."
"Art�culo 5.39. Las resoluciones de los tribunales judiciales y administrativos y del Registro P�blico de la Propiedad, relativas a la transmisi�n o adquisici�n de la propiedad o posesi�n, que se dicten en contravenci�n a las disposiciones del presente libro, ser�n nulas y no producir�n efecto jur�dico alguno."
"Art�culo 5.40. El conjunto urbano es una modalidad en la ejecuci�n del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar, ordenar o reordenar, como una unidad espacial integral, el trazo de la infraestructura vial, la divisi�n del suelo, la zonificaci�n y normas de usos y destinos del suelo, la ubicaci�n de edificios y la imagen urbana de un sector territorial de un centro de poblaci�n o de una regi�n."
"Art�culo 5.41. Los conjuntos urbanos podr�n ser de los tipos siguientes:
"I.H., que podr� ser: social progresivo, de inter�s social, popular, medio, residencial, residencial alto y campestre;
"II. Industrial o agroindustrial;
"III. Abasto, comercio y servicios;
"IV. Mixto."
"Art�culo 5.42. El conjunto urbano se sujetar� a las normas generales siguientes:
"I. Deber� encuadrarse dentro de los lineamientos de regulaci�n urbana establecidos en los planes de desarrollo urbano aplicables;
"II. Podr� comprender inmuebles de propiedad p�blica o privada, as� como la mezcla de usos del suelo;
"III. La autorizaci�n correspondiente comprender�, seg�n el caso, las relativas a fusiones, subdivisiones, lotificaciones para condominios, apertura, ampliaci�n o modificaci�n de v�as p�blicas y las dem�s de competencia estatal o municipal que sean necesarias para su total ejecuci�n.
"En conjuntos urbanos habitacionales y en mixtos que incluyan vivienda, una vez emitida la autorizaci�n de enajenaci�n o venta de lotes, no se podr� incrementar la superficie enajenable o vendible ni excederse el n�mero de viviendas aprobadas."
"Art�culo 5.43. La autorizaci�n de los conjuntos urbanos se integrar� con las autorizaciones, licencias y dict�menes que emitan las dependencias y organismos auxiliares de la administraci�n p�blica federal, estatal y municipal que concurran a la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ejercicio de sus respectivas atribuciones y competencias.
"Los Municipios, a trav�s de sus autoridades administrativas correspondientes, expedir�n en el seno de la comisi�n, la licencia del uso del suelo, los cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad de aprovechamiento o de la altura m�xima permitida, la factibilidad de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales, y la certificaci�n de clave catastral."
"Art�culo 5.44. El titular de la autorizaci�n de un conjunto urbano tendr� las obligaciones siguientes:
"I. Ceder a t�tulo gratuito al Estado y al Municipio, superficies de terreno para v�as p�blicas y �reas de donaci�n destinadas a equipamiento urbano;
"II. Construir obras de infraestructura, urbanizaci�n y equipamiento urbano, conforme a los proyectos, especificaciones y plazos autorizados por la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas y dem�s autoridades competentes;
"III. Dedicar definitivamente al uso para el que fueron hechas, las instalaciones del conjunto urbano, tales como clubes, construcciones para actividades deportivas, culturales o recreativas y otras que se utilicen como promoci�n para la venta de lotes;
"IV. Garantizar la construcci�n de las obras de infraestructura, urbanizaci�n y equipamiento urbano;
".G. que las obras de infraestructura, urbanizaci�n y equipamiento urbano, se hayan ejecutado sin defectos ni vicios ocultos;
"VI. Participar con las autoridades estatales y municipales, en la supervisi�n de las obras de infraestructura, urbanizaci�n y equipamiento;
"VII. Inscribir en el Registro P�blico de la Propiedad el acuerdo de autorizaci�n respectivo y sus planos correspondientes;
"VIII. Abstenerse de enajenar lotes, otorgados en garant�a a favor del Estado o del respectivo Municipio;
"IX. Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes, los grav�menes o garant�as constituidas sobre �stos;
".C. el pago de los impuestos y derechos correspondientes;
"XI. Dar aviso de la terminaci�n de las obras de infraestructura, urbanizaci�n y equipamiento y hacer su entrega-recepci�n al Municipio respectivo, con la intervenci�n de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas;
"XII. Las dem�s inherentes que establezca la reglamentaci�n de este libro.
"Las organizaciones sociales que sean titulares de autorizaciones de conjuntos urbanos habitacionales sociales progresivos, no estar�n sujetas a las obligaciones establecidas en las fracciones IV y V de este art�culo.
"Las obligaciones anteriores se sujetar�n a los t�rminos que indique la reglamentaci�n de este libro."
"Art�culo 5.45. Los Municipios, una vez terminadas, recibir�n las obras de infraestructura, urbanizaci�n y equipamiento, as� como las respectivas �reas de donaci�n.
"Las �reas destinadas a v�as p�blicas y equipamiento urbano pasar�n a ser del dominio p�blico de los Municipios donde se ubiquen, desde el momento de su entrega definitiva. Los Ayuntamientos deber�n inscribir los inmuebles respectivos en el Registro P�blico de la Propiedad.
"No proceder� la desafectaci�n de las �reas de donaci�n destinadas a infraestructura, equipamiento urbano y v�as p�blicas."
"Art�culo 5.46. La promoci�n y publicidad sobre lotes de un conjunto urbano deber� apegarse a la autorizaci�n respectiva y ser� de tal naturaleza, que permita una adecuada orientaci�n al posible adquirente.
"En consecuencia, queda prohibida la propaganda enga�osa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no est�n apegados a la realidad."
"Art�culo 5.47. Cuando no se re�nan en una sola persona las condiciones de titular de la autorizaci�n de conjunto urbano y propietario del suelo, ambos ser�n solidariamente responsables de las obligaciones impuestas. Cuando se lleve a cabo un conjunto urbano con el prop�sito de cumplir un fideicomiso, el fideicomitente, la fiduciaria en lo que corresponda y el fideicomisario, ser�n solidariamente responsables de todas y cada una de las obligaciones se�aladas en este libro.
"El comprador de lotes en bloque ser� solidariamente responsable con el titular de la autorizaci�n del conjunto urbano, respecto de las obligaciones establecidas en la autorizaci�n correspondiente."
"Art�culo 5.48. La subdivisi�n de predios proceder� en los casos siguientes:
"I. En �reas urbanas y urbanizables, cuando los lotes resultantes queden con frente a v�as p�blicas existentes que cuenten, al menos, con los servicios p�blicos de agua potable y drenaje, o que el interesado convenga con el Municipio la realizaci�n de los mismos;
"II. Por la apertura o prolongaci�n de v�as p�blicas o introducci�n de redes de infraestructura urbana;
"III. Por la disoluci�n de la copropiedad o la partici�n hereditaria;
"IV. Las provenientes de inmatriculaciones administrativas, informaciones de dominio, usucapiones u otras figuras jur�dicas que den como resultado la divisi�n de predios.
"La autoridad estatal o municipal que ejecute la apertura, prolongaci�n, ampliaci�n o modificaci�n de una v�a p�blica, gestionar� a favor de los afectados la regularizaci�n de la subdivisi�n de los predios resultantes.
"Ser� aplicable para las subdivisiones, como corresponda, la tipolog�a prevista en este libro para los conjuntos urbanos."
"Art�culo 5.49. La dimensi�n m�nima de los lotes resultantes de una subdivisi�n, ser� la que determine el respectivo plan municipal de desarrollo urbano, el plan del centro de poblaci�n correspondiente o, en su caso, la reglamentaci�n de este libro."
"Art�culo 5.50. La subdivisi�n de un predio situado en �reas no urbanizables, se autorizar� siempre que los lotes resultantes queden con frente o acceso a v�as p�blicas existentes y no se dediquen a fines urbanos."
"Art�culo 5.51. Los titulares de las subdivisiones de predios de m�s de seis mil metros cuadrados de superficie, situados en �reas urbanas y urbanizables, estar�n obligados a ceder �reas de donaci�n destinadas a equipamiento urbano y a ejecutar obras de infraestructura, urbanizaci�n y equipamiento urbano, en forma proporcional a los usos que se autoricen.
"La reglamentaci�n de este libro se�alar� los casos de exenci�n de las obligaciones establecidas en este art�culo."
"Art�culo 5.52. La fusi�n de predios es el acto mediante el cual dos o m�s predios que est�n contiguos se convierten en uno solo.
"No proceder� autorizar la fusi�n de predios, cuando:
"I. Tenga por objeto convertir en urbanizables, �reas o predios que no lo sean;
"II. Se busque incorporar predios colindantes a lotes de conjuntos urbanos, subdivisiones o �reas privativas de condominios autorizados, con objeto de incrementarles la densidad e intensidad de su ocupaci�n, cambiarles su uso o dotarlos de servicios p�blicos;
"III. Se pretenda dar al predio por fusionar, el uso, densidad o intensidad de ocupaci�n del suelo que tiene aquel al que se fusiona, siendo incompatible;
"IV. Se trate de constituir servidumbre de paso o transformar en v�a p�blica el lote resultante de la fusi�n, para dar paso a los predios colindantes."
"Art�culo 5.53. La relotificaci�n de predios es el acto por el cual a dos o m�s lotes resultantes de una fusi�n o divisi�n del suelo, se le modifican sus dimensiones y superficies o su localizaci�n originalmente establecidas en la autorizaci�n respectiva."
"Art�culo 5.54. En las autorizaciones de fusi�n, subdivisi�n y sus relotificaciones, se dejar� constancia del uso del suelo de los lotes resultantes y de su densidad e intensidad de aprovechamiento."
"Art�culo 5.55. Los condominios podr�n ser de tipo vertical, horizontal y mixto.
"Para los efectos de este libro se entender� por:
"I.C. vertical: la modalidad en la cual cada cond�mino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y adem�s copropietario de sus elementos o partes comunes, as� como del terreno e instalaciones de uso general;
"II. C. horizontal: la modalidad en la cual cada cond�mino es propietario exclusivo de un �rea privativa del terreno y en su caso, de la edificaci�n que se construya en ella, a la vez que copropietario de las �reas, edificios e instalaciones de uso com�n;
"III. C. mixto: la combinaci�n en un mismo predio de las modalidades se�aladas en las fracciones precedentes.
"Los condominios adoptar�n la tipolog�a establecida en este libro para los conjuntos urbanos.
"En condominios habitacionales de cualquier modalidad, el n�mero m�ximo de viviendas ser� de 60 por cada predio o cada lote resultante de la subdivisi�n o conjunto urbano que al efecto se lleve a cabo."
"Art�culo 5.56. Se requerir� la autorizaci�n de la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas para llevar a cabo la lotificaci�n de un predio en �reas privativas y comunes que d� origen a los condominios horizontales o mixtos a que se refiere el art�culo anterior.
"En la escritura p�blica de constituci�n del respectivo condominio, se insertar� copia �ntegra de la autorizaci�n de referencia."
"Art�culo 5.57. Los desarrolladores de los condominios habitacionales que alojen m�s de sesenta viviendas, as� como los de otros tipos que involucren m�s de cinco mil metros cuadrados de construcci�n, quedan afectos a la obligaci�n de ceder �reas destinadas a equipamiento y de ejecutar obras de equipamiento semejantes a las que para an�logos tipos de conjunto urbano se establecen en este libro y su reglamentaci�n.
"No estar�n afectos a la obligaci�n precedente los condominios que se proyecte realizar en los lotes provenientes de conjuntos urbanos o subdivisiones autorizadas, en las que se hayan ya establecido tales obligaciones."
"Art�culo 5.58. Los condominios contar�n con conexiones �nicas a las redes de infraestructura. La operaci�n y mantenimiento de vialidades, obras de infraestructura y equipamiento, as� como de los servicios urbanos al interior de los condominios, correr� a cargo de los propios cond�minos."
"Art�culo 5.59. El aprovechamiento con fines urbanos o la edificaci�n en cualquier predio ubicado en la entidad, requerir� de licencia de uso del suelo, la cual se sujetar� a los lineamientos siguientes:
"I. Estar� vigente hasta en tanto no se modifique el plan municipal de desarrollo urbano o el plan de centro de poblaci�n que la sustente;
"II. Tendr� por objeto autorizar:
"a) El uso del suelo;
"b) La densidad de construcci�n;
"c) La intensidad de ocupaci�n del suelo;
"d) La altura m�xima de edificaci�n;
"e) El n�mero de cajones de estacionamiento;
"f) El alineamiento y n�mero oficial.
"III. En su caso, incluir� el se�alamiento de las restricciones federales, estatales y municipales y dejar� constancia de los dict�menes en materia de protecci�n civil, conservaci�n del patrimonio hist�rico, art�stico y cultural, entre otros;
"IV. Incluir�, en su caso, el dictamen de impacto regional, que emita la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas.
"No se requerir� de licencia de uso del suelo para cada uno de los lotes resultantes de subdivisiones, conjuntos urbanos o lotificaciones para condominio que hayan sido previamente autorizados, siempre y cuando para su aprovechamiento se sujeten al uso del suelo y el alineamiento previsto en la autorizaci�n correspondiente."
"Art�culo 5.60. A la solicitud de la licencia de uso del suelo, se deber� acompa�ar:
"I.C. de localizaci�n del predio;
"II. Documento que acredite la propiedad o posesi�n del predio;
"III.D. favorable de impacto regional, expedido por la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, trat�ndose de usos del suelo que generen impacto regional.
"La licencia de uso del suelo que se obtenga no faculta a su titular para iniciar la ejecuci�n de construcciones, obras o actividades industriales o comerciales."
"Art�culo 5.61. Los usos del suelo que requieren del dictamen de impacto regional son:
"I. Los desarrollos habitacionales de m�s de sesenta viviendas;
"II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras;
"III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribuci�n de combustibles;
"IV. La explotaci�n de bancos de materiales para la construcci�n;
".C. uso que implique la construcci�n de m�s de cinco mil metros cuadrados u ocupen predios de m�s de seis mil metros cuadrados de terreno;
"VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios p�blicos previstos para una regi�n o para un centro de poblaci�n en relaci�n con su entorno regional, que ser� establecido en el plan municipal de desarrollo urbano o el plan de centro de poblaci�n respectivo;
"VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones en los casos a que se refieren las fracciones anteriores."
"Art�culo 5.62. Las c�dulas informativas de zonificaci�n ser�n expedidas por los respectivos Municipios y tendr�n por objeto precisar usos del suelo, densidades e intensidades de su aprovechamiento u ocupaci�n, as� como restricciones aplicables a un determinado predio.
"Para su obtenci�n, los interesados deber�n incluir en la solicitud respectiva, el croquis de localizaci�n del predio de que se trate.
"La c�dula informativa de zonificaci�n no constituir� autorizaci�n para ejecuci�n de obra alguna ni requisito para la obtenci�n de autorizaciones o licencias."
"Art�culo 5.63. Las construcciones se sujetar�n a lo siguiente:
"I.R.�n de la correspondiente licencia de construcci�n, salvo los casos de excepci�n que se establezcan en la reglamentaci�n;
"II. Se sujetar�n a la normatividad contenida en los planes de desarrollo urbano correspondientes y, en su caso, a los dem�s ordenamientos legales aplicables;
"III. Dispondr�n de lugares de estacionamiento para veh�culos;
"IV. Garantizar�n la iluminaci�n, ventilaci�n y asoleamiento, as� como la mitigaci�n de efectos negativos hacia las construcciones vecinas;
"V. Cumplir�n los requisitos de seguridad estructural que les permitan satisfacer los fines para los cuales fueron proyectadas;
"VI. Estar�n provistas de los servicios b�sicos de agua potable, desalojo de aguas residuales y energ�a el�ctrica;
"VII. Dispondr�n de espacios y muebles sanitarios de bajo consumo de agua, en n�merosuficiente para su utilizaci�n por los usuarios;
"VIII. Cumplir�n con las previsiones correspondientes de protecci�n civil, ingenier�a sanitaria y para personas con capacidades diferentes;
"IX. Las que se ubiquen en zonas de valor arqueol�gico, hist�rico, art�stico y cultural, deber�n cumplir las normas que se�alen los ordenamientos legales aplicables, debiendo las del entorno, ser arm�nicas y compatibles con aqu�llas;
"X. Las construcciones de equipamiento tur�stico y gasolineras, ser�n las �nicas que se permitir�n en una franja de cien metros medida, a partir del derecho de v�a de carreteras federales, estatales o municipales, y a cada lado de �ste;
"XI. Las dedicadas a servicios de radiotelecomunicaci�n o similares y anuncios publicitarios que requieran elementos estructurales, se ajustar�n a las disposiciones reglamentarias."
"Art�culo 5.64. Las previsiones correspondientes a las personas con capacidades diferentes son:
"I. Los edificios p�blicos y comerciales deber�n contar con rampas para dar servicio a personas en silla de ruedas, con muletas y aparatos ortop�dicos y/o con padecimientos que impidan su desplazamiento. De ninguna forma puede ser considerada como rampa la de servicio de carga y descarga de los diferentes edificios;
"II. Los proyectos de construcci�n de conjuntos urbanos deber�n prever estas directrices, a fin de que los inmuebles resulten accesibles a las personas con capacidades diferentes;
"III. Las construcciones o modificaciones que se hagan en edificios p�blicos y comerciales deben incluir facilidades urban�sticas y arquitect�nicas adecuadas a las necesidades de las personas con capacidades diferentes, de conformidad con las disposiciones aplicables;
"IV. Los servicios sanitarios de los edificios deber�n tener al menos un cub�culo destinado a dar servicio a las personas con capacidades diferentes, debiendo preferentemente localizarse cerca del vest�bulo de entrada;
"V. Las cabinas sanitarias para personas con capacidades diferentes deben ser cuando menos de noventa cent�metros de ancho por ciento sesenta y cinco cent�metros de fondo, las puertas deben tener ochenta cent�metros de ancho completamente libres y deben abrir hacia afuera. El asiento de la tasa debe encontrarse a cuarenta y siete cent�metros de altura a nivel del piso terminado. Los lavamanos deben permitir el acceso f�cil a una silla de ruedas y tener aislados los tubos inferiores de agua caliente para evitar quemaduras;
"VI. Los comedores de autoservicio, restaurantes y cafeter�as, sin la necesidad de instalaciones especiales o servicios segregados que impliquen cualquier necesidad de instalaci�n o discriminaci�n, deben contar cuando menos con una mesa rectangular que tenga un m�nimo de setenta y cinco cent�metros libres del piso hasta la parte inferior de la mesa;
"VII. Las bibliotecas de instituciones p�blicas y privadas deber�n contar con espacios reservados para las personas con capacidades diferentes;
"VIII. Cuando menos uno de cada cinco tel�fonos de servicio p�blico que se instalen deben contar con el disco y el auricular a no menos de ciento veinte cent�metros de altura sobre el nivel del piso, para facilitar su uso a las personas en silla de ruedas;
"IX. En salas de conferencias, auditorios, teatros y cines los empresarios y administradores deben destinar y respetar los espacios designados a las personas en silla de ruedas, as� como habilitar espacios para personas con capacidades diferentes cuyas limitaciones les impidan utilizar los asientos o butacas;
"X. La se�alizaci�n para la identificaci�n de espacios en edificios, dependencias p�blicas, centros comerciales y centros de espect�culos debe hacerse mediante el empleo de placas con n�mero, leyendas o s�mbolos estampados y con colores contrastantes que faciliten su identificaci�n a d�biles visuales;
"XI. Los diferentes tipos de se�ales deben ser fijados en muros o lugares no abatibles y a una altura no mayor de ciento ochenta cent�metros;
"XII. Las v�as p�blicas contar�n con placas en las que se consigne el nombre y la orientaci�n de la misma, as� como con gu�as en las banquetas para identificar el l�mite de la guarnici�n."
"Art�culo 5.65. La licencia de construcci�n tendr� por objeto autorizar:
"I. La obra nueva;
"II. La construcci�n de edificaciones en r�gimen de condominio;
"III. La ampliaci�n o modificaci�n de la obra existente;
"IV. La reparaci�n de una obra existente;
"V. La demolici�n parcial o total;
"VI. La excavaci�n y relleno;
"VII. La construcci�n de bardas;
"VIII. Las obras de conexi�n de agua potable y drenaje, realizadas por particulares;
"IX. El cambio de la construcci�n existente a r�gimen de condominio;
"X. La ocupaci�n de la v�a p�blica;
"XI. La modificaci�n del proyecto de una obra autorizada;
"XII. La construcci�n e instalaci�n de antenas para radiotelecomunicaciones y de anuncios publicitarios que requieran de elementos estructurales.
"La licencia de construcci�n podr� autorizar uno o m�s de los rubros se�alados, conforme a las necesidades del solicitante y en el caso de las fracciones I, II, III y IX, podr� autorizarse simult�neamente con la licencia de uso del suelo."
"Art�culo 5.66. A la solicitud de licencia municipal para construcci�n se acompa�ar� el documento que acredite la propiedad o posesi�n del predio, y de acuerdo al tipo de autorizaci�n que se solicite, se anexar� lo siguiente:
"I.P. obra nueva, as� como para la ampliaci�n, modificaci�n o reparaci�n que afecte elementos estructurales de una obra existente:
"a) Licencia de uso del suelo vigente;
"b) Planos arquitect�nicos del proyecto, y en el caso de construcciones menores de sesenta metros cuadrados, croquis arquitect�nico de la obra. Trat�ndose de ampliaci�n, modificaci�n o reparaci�n de la construcci�n existente, se se�alar�n las superficies, ubicaci�n y uso de �sta;
"c) Planos estructurales. Trat�ndose de usos de impacto regional, adem�s, la memoria de c�lculo correspondiente;
"d) Planos y memoria de c�lculo de instalaciones hidr�ulica, sanitaria, el�ctrica y especiales, trat�ndose de usos de impacto regional;
"f) Los dict�menes t�cnicos que, en su caso, se se�alen en la respectiva licencia de uso del suelo.
"II.P. construcciones en r�gimen de condominio, adem�s de lo se�alado en la fracci�n anterior, se acompa�ar� el reglamento interior del condominio;
"III.P. reparaci�n que no afecte elementos estructurales de una obra existente: croquis arquitect�nico de la construcci�n, se�alando el �rea donde se va a realizar la reparaci�n;
"IV. Para demolici�n parcial o total:
"a) Croquis arquitect�nico de la construcci�n existente, indicando el �rea a demoler;
"b) Memoria y programa del proceso de demolici�n.
"No se requerir� licencia para demolici�n cuando �sta sea ordenada por autoridad administrativa o judicial competente, como resultado de la aplicaci�n de una medida de seguridad o sanci�n.
"V. Para excavaci�n o relleno:
"a) Croquis de localizaci�n del �rea donde se va a realizar;
"b) Memoria y programa del procedimiento respectivo.
"VI.P. construcci�n de barda: croquis arquitect�nico, indicando las dimensiones de la misma;
"VII.P. conexi�n de agua potable y drenaje y sus obras:
"a) Autorizaci�n de la conexi�n correspondiente;
"b) Croquis de la obra a realizar.
"VIII.P. cambio de la construcci�n existente a r�gimen de condominio:
"a) Licencia de uso del suelo vigente;
"b) Planos arquitect�nicos, en los que se indiquen los pisos, departamentos, viviendas o locales que ser�n �reas privativas o del dominio exclusivo de los cond�minos, los elementos comunes de la construcci�n y las �reas de uso com�n del predio, as� como tabla de indivisos y memoria descriptiva de las instalaciones;
"c) Reglamento interior del condominio.
"IX. Para ocupaci�n temporal de la v�a p�blica:
"a) Croquis, se�alando ubicaci�n, superficie y tipo de material;
"b) Licencia de construcci�n vigente, en su caso.
"X. Para modificaci�n del proyecto de una obra autorizada:
"a) Licencia de construcci�n vigente o, en su caso, constancia de suspensi�n voluntaria de obra;
"b) Planos de las modificaciones arquitect�nicas y estructurales; trat�ndose de usos de impacto regional, la correspondiente memoria de c�lculo.
"XI.P. la construcci�n e instalaci�n de antenas para radiotelecomunicaciones y de anuncios publicitarios que requieran elementos estructurales: planos y memoria de c�lculo de la estructura sustentante.
"Cuando as� proceda, las licencias de uso del suelo y de construcci�n se podr�n acreditar con la exhibici�n en copia simple de la que hubiese emitido la autoridad municipal respecto de la obra en cuesti�n, o en su defecto, proporcionar los datos necesarios para su identificaci�n en los archivos de la propia autoridad."
"Art�culo 5.67. Trat�ndose de construcciones mayores de sesenta metros cuadrados o con claros mayores de cuatro metros, la solicitud de la licencia de construcci�n y sus planos respectivos llevar�n la firma del perito responsable de la obra, acompa��ndose asimismo la constancia de su inscripci�n en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano."
"Art�culo 5.68. Una vez concluida parcial o totalmente la obra o demolici�n, o en los casos de suspensi�n voluntaria a petici�n del interesado, se deber� recabar la respectiva constancia de terminaci�n o suspensi�n expedida por la autoridad municipal correspondiente, para lo cual proporcionar� la licencia de construcci�n vigente o su pr�rroga."
"Art�culo 5.69. La explotaci�n de bancos de materiales para la construcci�n se sujetar� a las normas b�sicas siguientes:
"I. La explotaci�n s�lo podr� efectuarse en �reas urbanizables no programadas y en �reas no urbanizables;
"II. No deber� alterar o da�ar los elementos naturales del �rea de influencia, ni tampoco la infraestructura existente en su entorno;
"III. Contar� con acceso a carreteras federales, estatales o municipales;
"IV. Se ejecutar� a cielo abierto en ladera, prohibi�ndose efectuarla en forma de t�neles o galer�as. La inclinaci�n de los taludes deber� corresponder al �ngulo de reposo natural del material que se explote y sus condiciones de saturaci�n de humedad;
"V. Se dejar� libre de explotaci�n una franja no menor de veinte metros de ancho en todo el per�metro de las colindancias del predio o mayor seg�n fueren las caracter�sticas del materia. Cuando en el predio o en alguno de sus linderos se encontrara una zona de restricci�n federal o estatal, la franja se contar� a partir del l�mite de dicha zona o del correspondiente derecho de v�a;
"VI. Se rehabilitar� el terreno laboreado para su aprovechamiento posterior sin riesgo de derrumbes o da�os a terceros."
"Art�culo 5.70. A la solicitud de autorizaci�n de explotaci�n de bancos de materiales para la construcci�n, se acompa�ar�:
"I.D. favorable de impacto regional, que emita la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas;
"II. T�tulo que acredite la propiedad, inscrito en el Registro P�blico de la Propiedad o carta de aceptaci�n del comisariado ejidal o de bienes comunales, trat�ndose de predios sujetos a r�gimen ejidal o comunal, respectivamente;
"III. En su caso, el t�tulo de la concesi�n p�blica o el contrato privado que permitan al solicitante llevar a cabo la explotaci�n;
"IV. Proyecto de explotaci�n, procedimiento para la ejecuci�n de las faenas mismas y, en su caso, programa de obras de rehabilitaci�n del suelo, los cuales requerir�n de la responsiva de perito inscrito en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano."
"Art�culo 5.71. La Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas establecer� y operar� el Registro Estatal de Desarrollo Urbano, que incluir� al menos las secciones relativas a:
"I.P. de desarrollo urbano y sus programas;
"II. P.tos;
"III. Explotaci�n de bancos de materiales para la construcci�n;
"IV. Conjuntos urbanos, fusiones y subdivisiones de predios, lotificaciones para condominios y las relotificaciones correspondientes;
"V. Apertura, prolongaci�n o ampliaci�n de v�as p�blicas.
"La reglamentaci�n de este libro regular� la integraci�n, organizaci�n y funcionamiento del registro."
"Art�culo 5.72. La calidad de perito se adquiere por la correspondiente inscripci�n en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano y su oportuno refrendo, habiendo cumplido previamente con los requisitos que fije la reglamentaci�n de este libro. El perito asumir� la responsabilidad de constatar que los actos en que intervenga, respecto de una obra o peritaje determinado, se ajusten a lo dispuesto por este libro, su reglamentaci�n y los planes de desarrollo urbano aplicables, debiendo vigilar que se cumpla con los t�rminos de la autorizaci�n correspondiente.
"La secci�n de peritos del Registro Estatal de Desarrollo Urbano, tendr� por objeto inscribir en sus correspondientes categor�as, las personas f�sicas habilitadas para el desempe�o de las funciones propias de su especializaci�n pericial en cualquier parte de la entidad, vigilar su correcto desempe�o y dar fe de su idoneidad mientras est� vigente su inscripci�n."
"Art�culo 5.73. Las medidas de seguridad son determinaciones preventivas ordenadas por las autoridades de desarrollo urbano, que ser�n de ejecuci�n inmediata y durar�n todo el tiempo en que persistan las causas que los motivaron.
"Las medidas de seguridad tendr�n por objeto evitar la consolidaci�n de acciones o hechos contrarios a las disposiciones contenidas en este libro, su reglamentaci�n y los planes de desarrollo urbano, as� como los da�os a personas o bienes que puedan causar las construcciones, instalaciones, explotaciones y obras de cualquier �ndole, en raz�n de existir deficiencias en su edificaci�n, ser de mala calidad los materiales empleados, estar en estado ruinoso o presentar otra circunstancia an�loga."
"Art�culo 5.74. Las medidas de seguridad que podr�n adoptar las autoridades de desarrollo urbano son:
"I.S.�n temporal, parcial o total, de la construcci�n, instalaci�n, explotaci�n, obras o servicios;
"II. Desocupaci�n o desalojo parcial o total de predios o inmuebles;
"III. Prohibici�n de actos de utilizaci�n de inmuebles;
"IV. Demolici�n parcial o total;
"V. Retiro de materiales e instalaciones;
"VI. E.�n de personas y bienes;
"VII. Cualquiera otra acci�n o medida que tienda a garantizar el orden legal y el Estado de derecho, as� como evitar da�os a personas o bienes."
"Art�culo 5.75. Las infracciones a las disposiciones de este libro, de su reglamentaci�n y de los planes de desarrollo urbano, se sancionar�n por la Secretar�a de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas o por el Municipio respectivo, con:
"I. Clausura provisional o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, construcciones, obras y explotaciones de bancos de materiales;
"II. S.�n provisional o definitiva, parcial o total, de servicios p�blicos;
"III. Demolici�n parcial o total de construcciones;
"IV. Retiro de materiales o instalaciones;
".R.�n de las autorizaciones o licencias otorgadas y, en su caso, la intervenci�n del desarrollo respectivo;
"VI. Multa, atendiendo a la gravedad de la infracci�n:
"a) De mil a quinientas mil veces el salario m�nimo general vigente del �rea geogr�fica que corresponda al momento de cometer la infracci�n, trat�ndose de usos que generen impacto regional y de actos de divisi�n del suelo;
"b) De mil a cinco mil veces el salario m�nimo general vigente del �rea geogr�fica que corresponda, al momento de cometer la infracci�n, en los dem�s casos.
"VII. S.�n o cancelaci�n de la inscripci�n del perito en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.
"Las multas se duplicar�n en caso de reincidencia y se podr�n aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones contempladas en las fracciones I a V de este art�culo."
"Art�culo 5.76. Las sanciones se impondr�n sin perjuicio de las medidas de seguridad que en su caso se hubiesen adoptado y ser�n independientes de la responsabilidad civil o penal que se finque por los hechos o actos constitutivos de la infracci�n administrativa.
"La demolici�n parcial o total que orden la autoridad competente, como medida de seguridad o sanci�n, ser� ejecutada por el afectado o infractor a su costa y dentro del plazo que fije la resoluci�n respectiva. En caso contrario, la autoridad la mandar� ejecutar por cuenta y cargo del afectado o infractor y su monto constituir� un cr�dito fiscal."
De los preceptos legales transcritos, en la parte que interesa, se desprende que en ellos se prev� lo siguiente:
a) Se fijan las bases para planear, ordenar, regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n en la ciudad, con el fin de mejorar el nivel y calidad de vida de la poblaci�n urbana y rural de la entidad.
b) Que las acciones de planeaci�n, programaci�n, ejecuci�n, supervisi�n, administraci�n, control, seguimiento y evaluaci�n relativas al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de poblaci�n en el Estado, deber�n realizarse por las autoridades de los distintos �rdenes de gobierno de manera coordinada y concurrente.
c) Que los Municipios tendr�n como atribuciones en la materia, las de elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los planes municipales de desarrollo urbano, los planes de centros de poblaci�n y los parciales que deriven de ellos; participar en la elaboraci�n o modificaci�n del respectivo plan regional de desarrollo urbano, cuando incluya parte o la totalidad de su territorio; participar en la creaci�n y administraci�n de las reservas territoriales de su circunscripci�n territorial; autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo y otorgar licencias de uso del suelo y de construcci�n; autorizar cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad y altura de edificaciones; emitir dict�menes y autorizaciones de su competencia en el seno de los �rganos estatales de coordinaci�n interinstitucional, evaluaci�n y seguimiento, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; emitir dict�menes de factibilidad para la dotaci�n de servicios p�blicos; expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para ordenar el desarrollo urbano del Municipio.
d) Que la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es un �rgano t�cnico de coordinaci�n interinstitucional, que tiene por objeto promover el desarrollo urbano ordenado de los centros de poblaci�n y alentar la producci�n formal de vivienda en la entidad; que esta comisi�n ser� presidida por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras P�blicas, y se integra con las dependencias y organismos que concurren en las actividades relacionadas con su objeto y contar� con la intervenci�n de los Municipios respectivos cuando se trate de asuntos de su �mbito territorial de competencia.
e) Que a la citada comisi�n corresponde coordinar acciones con dependencias y organismos de la administraci�n p�blica estatal y municipal en materia de desarrollo urbano y vivienda; integrar los dict�menes de factibilidad y de impacto regional; proponer a las autoridades competentes la adopci�n de las medidas necesarias para la mejora regulatoria y la desgravaci�n de los procesos de administraci�n y operaci�n urbana y de producci�n de vivienda; promover medidas y mecanismos para simplificar y agilizar los procedimientos de autorizaci�n de tr�mites; proponer programas, acciones y proyectos estrat�gicos en materia de desarrollo urbano y vivienda; y proponer convenios relacionados con las materias de su competencia.
f) Que el Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano es un �rgano de asesor�a, consulta y participaci�n social en asuntos materia dedesarrollo urbano de inter�s estatal y que estar� presidido por el gobernador del Estado.
g) Que el gobernador de la entidad y los Municipios respectivos deber�n convenir la delimitaci�n de una zona conurbada o metropolitana, cuando sea procedente el estudio y resoluci�n conjunta del desarrollo urbano de dos o m�s centros de poblaci�n situados en el territorio de Municipios vecinos, que por sus caracter�sticas geogr�ficas y su tendencia econ�mica y urbana deban considerarse como una zona conurbada o metropolitana.
h) Que los planes de desarrollo urbano de competencia municipal y sus programas, deber�n sujetarse a las pol�ticas y estrategias del plan estatal de desarrollo urbano y cuando corresponda a los del respectivo plan regional, y que los que se realicen en contravenci�n a esa disposici�n, ser�n nulos y no producir�n efecto jur�dico alguno.
i) Que en los planes municipales de desarrollo urbano y en los centros de poblaci�n, se establecer� la zonificaci�n que deber�n administrar los Municipios, as� como las acciones para la conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; asimismo, se establecen las reglas a las que han de sujetarse los planes de desarrollo urbano, para su elaboraci�n, aprobaci�n, publicaci�n e inscripci�n.
j) Se contemplan los lineamientos a los que debe sujetarse la licencia de uso de suelo requerido para el aprovechamiento con fines urbanos a la edificaci�n en cualquier predio urbano en la entidad; asimismo, se prev� la documentaci�n que debe acompa�arse a la solicitud de licencia de uso del suelo; y que ser�n los Municipios los que expidan las c�dulas informativas de zonificaci�n que tendr�n por objeto precisar usos del suelo, densidad e intensidad de su aprovechamiento u ocupaci�n, as� como restricciones aplicables a un determinado predio.
Los art�culos 5.1 al 5.4 encuentran su fundamento en el art�culo 115, fracci�n V, de la C.�n F., en relaci�n con el art�culo 27, tercer p�rrafo y 73, fracci�n XXIX-C, de la misma C.�n F., que prev�n un sistema de concurrencia entre la Federaci�n, Estados y Municipios, en materia de asentamientos humanos.
Respecto del tema de asentamientos humanos cabe hacer las siguientes precisiones:
Si bien en el art�culo 124 de nuestra Carta Magna se ha establecido que las facultades que no est�n expresamente concedidas por �sta a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, tambi�n lo es que el �rgano Reformador de la C.�n determin�, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Uni�n fijara un reparto de competencias denominado facultades concurrentes, entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, e inclusive, el Distrito F.; es decir, en nuestro sistema jur�dico las facultades concurrentes implican que los tres niveles de gobierno puedan actuar respecto de una misma materia, pero ser� el Congreso de la Uni�n el que determine la forma y los t�rminos de la participaci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios a trav�s de una ley.
Tiene sustento lo anterior en la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 142/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XV, enero de 2002, visible en la p�gina 1042, la cual es del tenor literal siguiente:
"FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JUR�DICO MEXICANO. SUS CARACTER�STICAS GENERALES. Si bien es cierto que el art�culo 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ?Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.?, tambi�n lo es que el �rgano Reformador de la C.�n determin�, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Uni�n fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito F., en ciertas materias, como son: la educativa (art�culos 3o., fracci�n VIII y 73, fracci�n XXV), la de salubridad (art�culos 4o., p�rrafo tercero y 73, fracci�n XVI), la de asentamientos humanos (art�culos 27, p�rrafo tercero y 73, fracci�n XXIX-C), la de seguridad p�blica (art�culo 73, fracci�n XXIII), la ambiental (art�culo 73, fracci�n XXIX-G), la de protecci�n civil (art�culo 73, fracci�n XXIX-I) y la deportiva (art�culo 73, fracci�n XXIX-J). Esto es, en el sistema jur�dico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito F., los Municipios y la Federaci�n, puedan actuar respecto de una misma materia, pero ser� el Congreso de la Uni�n el que determine la forma y los t�rminos de la participaci�n de dichos entes a trav�s de una ley general."
Al efecto, los art�culos constitucionales que dan la pauta para la regulaci�n de la materia de asentamientos humanos son del contenido literal siguiente:
"Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno F., de los Estados y de los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n; ... "
"Art�culo 27.
"...
"La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana. En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras p�blicas y de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; para preservar y restaurar el equilibrio ecol�gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los t�rminos de la ley reglamentaria, la organizaci�n y explotaci�n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque�a propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganader�a, de la silvicultura y de las dem�s actividades econ�micas en el medio rural, y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. ..."
La fracci�n XXIX-C del art�culo 73 constitucional que regula la concurrencia entre la Federaci�n, entidades federativas y Municipios en la materia de asentamientos humanos, fue incorporada a la C.�n F. por reforma publicada el seis de febrero de mil novecientos setenta y seis. La exposici�n de motivos de dicha reforma se�ala:
"Los elementos y acciones que inciden en los centros urbanos de poblaci�n por parte del sector p�blico corresponden a los tres niveles de gobierno previstos en el sistema constitucional mexicano, lo que implica que para la ordenaci�n de los centros urbanos, las acciones de los Ayuntamientos, Gobiernos Estatales y del propio Gobierno F. deber�n darse de acuerdo con las competencias que la C.�n General de la R.�blica les ha conferido, respondiendo a objetivos comunes en el marco de una visi�n de conjunto de la problem�tica urbana, debiendo por tanto fijarse dichas bases en la Carta Fundamental y en la ley reglamentaria correspondiente.
"...
"La C.�n de 1917 no contiene ninguna norma que establezca regulaciones en materia urbana, por tanto en los t�rminos del art�culo 124 se entiende en principio como una materia reservada a los Estados; sin embargo, es de se�alarse que adem�s de las razones hist�ricas que explican la ausencia correspondiente, la problem�tica urbana se encuadra dentro de un conjunto de acciones que dif�cilmente podr�an establecer una facultad exclusiva a cualquiera de los niveles de gobierno por los m�ltiples elementos, materias y atribuciones, que concurren a la misma.
"...
"La multiplicidad de elementos y de competencias que inciden en el fen�meno urbano nos lleva al principio de que la estructura jur�dica que d� regulaci�n al mismo, deber� establecer la concurrencia de los tres niveles de gobierno a trav�s de nuevas formas de colaboraci�n de las entidades federativas entre s�, y de �stas con la Federaci�n, como �nica forma de ser congruente al federalismo, dentro de un cauce de responsabilidad institucional compartida. F. estas acciones p�blicas, ser�a una posici�n conservadora, antihist�rica, que escindir�a responsabilidades y afectar�a profundamente nuestro sistema federal; s�lo la acci�n compartida entre la Federaci�n y los Estados, permitir� una acci�n intergubernamental de amplia comunicaci�n que d� atenci�n al problema de manera integral."
Con el fin de desarrollar el contenido del art�culo constitucional de m�rito, se promulg� el veintis�is de mayo de mil novecientos setenta y seis, la primera Ley General de Asentamientos Humanos, con la cual se pretendi� dar respuesta a la problem�tica de los asentamientos humanos y de los procesos de urbanizaci�n, y mediante la misma se establecieron las bases jur�dicas que dieron sustento a la intervenci�n del Estado en el control de los centros de poblaci�n del pa�s.
La Ley General de Asentamientos Humanos tiene por finalidad coordinar las atribuciones que la Federaci�n, Estados y Municipios tienen en materia de ordenamiento territorial y de regulaci�n de los asentamientos humanos, esto es, del desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, fijando las normas b�sicas de planeaci�n y regulaci�n y definiendo los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de �reas y predios a los que se sujetar� el ejercicio del derecho de propiedad, de posesi�n o de cualquier otro derivado de la tenencia de inmuebles en los centros de poblaci�n, mismos que ser�n determinados por las autoridades competentes en los planes o programas de desarrollo urbano.
Por ello conviene transcribir el art�culo 8o. del referido ordenamiento federal:
"Art�culo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
"I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de poblaci�n, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;
"II. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, as� como evaluar y vigilar su cumplimiento;
"III. Promover la participaci�n social conforme a lo dispuesto en esta ley;
"IV. Autorizar la fundaci�n de centros de poblaci�n;
".P. en la planeaci�n y regulaci�n de las conurbaciones, en los t�rminos de esta ley y de la legislaci�n estatal de desarrollo urbano;
"VI.C.se con la Federaci�n, con otras entidades federativas y con sus Municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n;
"VII. Convenir con los sectores social y privado la realizaci�n de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional y urbano;
"VIII. Participar, conforme a la legislaci�n federal y local, en la constituci�n y administraci�n de reservas territoriales, la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana, la dotaci�n de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, as� como en la protecci�n del patrimonio cultural y del equilibrio ecol�gico de los centros de poblaci�n;
"IX. Convenir con los respectivos Municipios la administraci�n conjunta de servicios p�blicos municipales, en los t�rminos de las leyes locales;
"X. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administraci�n de la planeaci�n del desarrollo urbano;
"XI. Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jur�dicas y de los programas estatales de desarrollo urbano, conforme lo prevea la legislaci�n local;
"XII. Coadyuvar con la Federaci�n en el cumplimiento del programa nacional de desarrollo urbano, y
"XIII. Las dem�s que les se�alen esta ley y otras disposiciones jur�dicas federales y locales."
Ahora bien, inserto en la reforma de mil novecientos ochenta y tres al art�culo 115 de la C.�n F., que tuvo como finalidad dar un impulso al Municipio, se incorporaron en su fracci�n V importantes facultades a los Ayuntamientos en materia de desarrollo urbano. Se�ala la exposici�n de motivos:
"Otro importante aspecto en el que la reforma municipal y el Municipio Libre hab�an venido quedando postergados, es el desarrollo urbano, tan necesario para su planeaci�n y crecimiento racional, por lo que en la fracci�n V se faculta a los Municipios para intervenir en la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipales, en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales, en el control y vigilancia del uso del suelo, en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra, y en su necesaria intervenci�n como nivel de gobierno estrechamente vinculado con la evoluci�n urbana en el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones y para la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas, todo ello de conformidad con los fines y lineamientos generales se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la propia C.�n."
Del documento anterior se desprende que la reforma constitucional tuvo como fin otorgarle al Municipio una esfera m�nima de derechos constitucionalmente garantizada en esta materia, en virtud de la cual, aun dentro del sistema de concurrencia establecido por el art�culo 73, fracci�n XXIX-C, el Municipio tiene un marco de actuaci�n garantizado por la N.F..
El art�culo 115 reformado dispuso lo siguiente:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta C.�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. ..."
En mil novecientos noventa y nueve, dentro de la importante reforma municipal a la N.F., se modific� la fracci�n V del art�culo 115, adicionando la facultad de los Ayuntamientos de autorizar el uso del suelo, junto con su control y vigilancia. Dicha reforma tiene como objeto, en palabras del dictamen de la C�mara de Diputados, el siguiente:
"... Dar mayor claridad a cada una de las materias concurrentes del Municipio. En consecuencia, para atender al esp�ritu de las iniciativas, se faculta al Municipio para no s�lo controlar y vigilar el uso de suelo sino para autorizarlo; a la par que se le faculta constitucionalmente para intervenir en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de transporte urbano, y participar en lo relativo a la materia ecol�gica y de protecci�n ambiental, as� como en aquello que se vincule a la planeaci�n regional."
Producto de la reforma se�alada, la fracci�n V del art�culo 115 constitucional vigente dispone lo siguiente:
"Art�culo 115. Los Estados adoptaran, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para:
"a) formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal;
"b) participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales;
"...
"d) autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
"e) intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana;
"f) otorgar licencias y permisos para construcciones; ..."
De lo anterior tenemos que la reforma constitucional reitera la facultad del Municipio de formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal y, adem�s, adiciona a la esfera m�nima de derechos del Municipio garantizada constitucionalmente en materia de asentamientos humanos, la autorizaci�n de la utilizaci�n del suelo, as� como su control y vigilancia.
El ejercicio de estas facultades municipales, sin embargo, est� condicionado a lo dispuesto por las leyes federales y estatales relativas, en t�rminos del primer p�rrafo del art�culo 115, fracci�n V, de la C.�n F., las cuales se emiten, como ya se inform�, con base en un sistema de facultades concurrentes; de tal modo que si bajo ese tenor la Legislatura Estatal ha establecido los lineamientos generales en materia de asentamientos humanos, a trav�s de los preceptos que ahora se impugnan, entonces debe concluirse que los mismos son respetuosos del marco constitucional existente en la materia.
Con independencia de lo anterior, los preceptos legales analizados, tampoco son violatorios del art�culo 115, fracci�n V, de la C.�n F., toda vez que no restringen el �mbito competencial del Municipio actor, puesto que las materias que como lo prev� la propia disposici�n constitucional, corresponden a los Municipios, su ejercicio se encuentra sujeto a los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas; adem�s, el C�digo Administrativo impugnado, s� confiere expresamente a los Municipios las facultades a que se refiere el citado precepto constitucional.
Lo anterior es as�, toda vez que en el C�digo Administrativo del Estado de M�xico, se faculta a los Municipios para: a) aplicar las disposiciones relativas al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n (art�culos 5.5 y 5.6); b) elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los planes municipales de desarrollo urbano, los planes de centros de poblaci�n y los parciales que deriven de ellos, as� como para participar en la elaboraci�n o modificaci�n del respectivo plan regional de desarrollo urbano, tambi�n en la creaci�n y administraci�n de las reservas territoriales de su circunscripci�n, autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo y otorgar licencias de uso de suelo y de construcci�n, entre otras atribuciones (art�culo 5.10); convenir con el Gobierno del Estado la delimitaci�n de zonas conurbadas o metropolitanas (art�culos 5.15, 5.16, 5.17 y 5.19); establecer, en el plan municipal de desarrollo urbano, la zonificaci�n que deber� administrar el Municipio, as� como las acciones para la conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n (art�culo 5.27).
Por lo expuesto, es claro que en los citados preceptos del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, se respetan y reiteran, adem�s, las facultades que la fracci�n V del art�culo 115 constitucional confiere a los Municipios.
Por cuanto hace al argumentode la actora en el sentido de que los art�culos 5.11, 5.12 y 5.43 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, cuya invalidez se demanda en esta v�a, son conculcatorios de la fracci�n I del art�culo 115 de la C.�n F., porque crean una C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual considera que constituye una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, cabe se�alar lo siguiente:
De tales preceptos se advierte, en lo que interesa, que se crea la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, como un �rgano de coordinaci�n interinstitucional, que tiene por objeto promover el desarrollo urbano de los centros de poblaci�n y de vivienda en el Estado; que los Municipios participar�n con dicha comisi�n cuando se trate de asuntos relacionados con su �mbito territorial de competencia; y que el otorgamiento de autorizaciones y expedici�n de licencias y dict�menes, corresponde a las autoridades municipales en sus respectivas jurisdicciones territoriales.
As�, como puede advertirse de los preceptos legales impugnados, la C.�n Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de M�xico, no tiene una posici�n de supremac�a frente a los Municipios, puesto que s�lo constituye un �rgano de coordinaci�n y apoyo en las acciones entre dependencias y organismos de la administraci�n p�blica federal, estatal y municipal en materia de desarrollo urbano y vivienda, por lo que �nicamente act�a a instancias de �stos, sin facultades de decisi�n y ejecutividad, sin interrumpir la comunicaci�n directa que debe haber entre los diferentes niveles de gobierno.
No obsta a lo anterior, el hecho de que en el art�culo 5.43 ya reproducido, se prevea que las autorizaciones, licencias y dict�menes para el uso del suelo, los cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad de aprovechamiento o de la altura m�xima permitida, la factibilidad de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales y la certificaci�n de clave catastral, se expedir�n por los Municipios en el seno de la citada comisi�n, ya que tal determinaci�n no tiene como consecuencia que sea �sta la que otorgue el permiso o autorice a su vez al Municipio para que lo otorgue, sino que es s�lo para integrar los dict�menes de factibilidad y de impacto regional.
Atento a lo anterior, es claro que los preceptos legales analizados no son violatorios de la fracci�n I del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, se reconoce su validez.
Lo mismo ocurre respecto de los art�culos 8.1 a 8.5 y 8.8 a 8.22 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, cuestionados en esta v�a y que la actora considera violentan la facultad consagrada a los Municipios por el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya transcrito.
Los art�culos 8.1 a 8.5 y 8.8 a 8.22 del C�digo Administrativo impugnado prev�n:
"Art�culo 8.1. Este libro tiene por objeto regular el tr�nsito de veh�culos, personas y objetos que se realiza en la infraestructura vial primaria y local, as� como el establecimiento de estacionamientos de servicio al p�blico."
"Art�culo 8.2. Las disposiciones de este libro tienen como finalidad garantizar la seguridad de los peatones, conductores y pasajeros que utilizan la infraestructura vial."
"Art�culo 8.3. Son autoridades para la aplicaci�n de este libro la Secretar�a General de Gobierno y los Municipios.
"Corresponde a la Secretar�a General de Gobierno ejercer las atribuciones relativas al tr�nsito en la infraestructura vial primaria, y a los Municipios en la infraestructura vial local. Asimismo, compete a los Municipios el ejercicio de las atribuciones en materia de estacionamientos de servicio al p�blico."
"Art�culo 8.4. Cualquier persona tiene derecho a transitar en la infraestructura vial con las limitaciones establecidas en este libro y su reglamentaci�n."
"Art�culo 8.5. La reglamentaci�n de este libro deber� prever:
"I. Las reglas de circulaci�n que deber�n observar los conductores, peatones y, en su caso, pasajeros del servicio de transporte al utilizar la infraestructura vial. Estas reglas incluir�n las indicaciones de los dispositivos para el control del tr�nsito;
"II. Las limitaciones y restricciones que se establezcan para el tr�nsito de veh�culos en la infraestructura vial, con objeto de mejorar la vialidad, preservar el ambiente y salvaguardar la seguridad de personas y el orden p�blico."
"Art�culo 8.8. Los usuarios de la infraestructura vial deber�n abstenerse de realizar acto alguno que pueda constituir un obst�culo para el tr�nsito de peatones y veh�culos, poner en peligro a las personas o causar da�o a la propiedad p�blica o privada."
"Art�culo 8.9. Los lugares para el estacionamiento de veh�culos en las v�as locales ser�n fijados por las autoridades de tr�nsito municipal, cuidando en todo momento que no se interrumpa el flujo vehicular."
"Art�culo 8.10. Son facultades de la Secretar�a General de Gobierno y los Municipios:
"I. Promover la aplicaci�n de programas de educaci�n vial para peatones, conductores y pasajeros;
"II.C. y ejecutar las acciones y medidas de auxilio que se adopten en relaci�n con el tr�nsito de peatones y de veh�culos en caso de terremoto, explosi�n, inundaci�n o cualquier otro siniestro, asalto, actos de vandalismo, manifestaciones y marchas, accidentes graves o cualquier alteraci�n del orden p�blico;
"III. Ordenar medidas de seguridad para prevenir da�os con motivo de la circulaci�n de veh�culos."
"Art�culo 8.11. El tr�nsito de veh�culos se condiciona al cumplimiento de los requisitos siguientes:
"I. Que est�n matriculados o registrados en la R.�blica mexicana o el extranjero;
"II. Que re�nan las especificaciones de seguridad y salubridad exigidas por las leyes y reglamentos;
"III. Que tengan el equipo y accesorios necesarios que se�alen las normas correspondientes, de acuerdo con el tipo de veh�culo de que se trate y el destino de su operaci�n o fin;
"IV. Que est�n provistos de placas de matriculaci�n o permisos vigentes."
"Art�culo 8.12. Para los efectos de este libro los veh�culos se clasifican en:
"I.V.�culos movidos por motores de combusti�n interna;
"II.V.�culos movidos por motores el�ctricos;
"III.V.�culos de propulsi�n no mec�nica;
"IV. Remolques."
"Art�culo 8.13. Las placas de matriculaci�n se instalar�n en el lugar del veh�culo destinado para ello por los fabricantes en la parte media, de manera tal que vaya una en la parte delantera y otra en la parte posterior, excepto en los veh�culos que requieran de una sola placa, en cuyo caso �sta se colocar� en la parte posterior. La calcoman�a correspondiente deber� ser adherida en lugar visible."
"Art�culo 8.14. Queda prohibido:
"I. Que los veh�culos porten en parabrisas y ventanillas r�tulos, carteles y objetos opacos que obstaculicen la visibilidad del conductor. Los cristales no deber�n ser oscurecidos o pintados para impedir la visibilidad interior;
"II. Que en los veh�culos se instalen y usen torretas, faros rojos en la parte delantera o blancos en trasera, sirena y accesorios de uso exclusivo para veh�culos destinados a los cuerpos de seguridad p�blica, de tr�nsito y de emergencia; as� como cualquier tipo de luz de alta intensidad que afecte la visibilidad de los conductores;
"III. La circulaci�n de veh�culos de carga cuando �sta rebase las dimensiones laterales del mismo, sobresalga de la parte posterior en m�s de un metro, dificulte la estabilidad o conducci�n del veh�culo, estorbe la visibilidad lateral del conductor, se derrame o esparza la carga en la v�a p�blica, oculte las luces y placas de matriculaci�n del veh�culo, no se encuentre debidamente cubierta trat�ndose de materiales a granel o no est� debidamente sujeta con los amarres necesarios."
"Art�culo 8.15. Las autoridades de tr�nsito podr�n establecer restricciones para el tr�nsito de veh�culos con el prop�sito de mejorar la circulaci�n, preservar el ambiente y salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y el orden p�blico."
"Art�culo 8.16. Son obligaciones de los conductores de veh�culos automotores:
"I.M. siempre con precauci�n, en uso de sus facultades f�sicas y mentales, sujetando con ambas manos el volante, sin llevar en los brazos a personas u objeto alguno;
"II. Revisar las condiciones mec�nicas de la unidad que manejen, comprobar el buen funcionamiento de las llantas, limpiadores, luces y frenos, as� como verificar que se cuenta con llanta de refacci�n y extinguidor;
"III. Traer consigo la licencia o el permiso vigente para conducir, as� como la documentaci�n que autorice la circulaci�n del veh�culo;
"IV. Usar cintur�n de seguridad y, en su caso, obligar a usarlo a quien lo acompa�e en el asiento delantero;
"V. Cumplir con las disposiciones relativas a las se�ales preventivas y restrictivas, de estacionamiento, sobre contaminaci�n ambiental y l�mites de velocidad;
"VI. Respetar el carril derecho de circulaci�n, as� como el carril de contra flujo exclusivo para veh�culos de transporte p�blico;
"VII. Ceder el paso a todo veh�culo que se encuentre ostensiblemente dentro de una intersecci�n, incluyendo las glorietas;
"VIII. Extremar las precauciones respecto a las preferencias de paso, al incorporarse a cualquier v�a, al pasar cualquier crucero, al rebasar, al cambiar de carril, al dar vuelta a la izquierda, derecha o en ?u?, al circular en reversa, cuando est� lloviendo y en los casos de accidente o emergencia;
"IX. Hacer alto total a una distancia m�nima de cinco metros del riel m�s cercano del cruce del ferrocarril o de cualquier tipo de transporte de alta capacidad o masivo;
"X. Abstenerse de:
"a) Molestar a los peatones y dem�s conductores con el uso irracional de bocinas y escapes;
"b) Formarse en segunda fila;
"c) Rebasar el cupo de pasajeros autorizados;
"d) Conducir un veh�culo que no haya cumplido con los requisitos sobre contaminaci�n ambiental o con limitaci�n de circulaci�n;
"e) Conducir bajo el efecto de drogas o psicotr�picos, o en estado de ebriedad;
"f) Retroceder en v�as de circulaci�n continua o intersecciones, excepto por una obstrucci�n en la v�a que le impida continuar la marcha;
"g) Encender f�sforos o encendedores, o fumar en el �rea de carga de combustible;
"h) Cargar combustible con el veh�culo en marcha;
"i) Obstaculizar los pasos destinados para peatones;
"j) P. las se�ales rojas o �mbar de los sem�foros;
"k) Efectuar carreras o arrancones en la v�a p�blica;
"l) Obstruir los accesos y espacios destinados a las personas con capacidades diferentes."
"Art�culo 8.17. Los Municipios podr�n otorgar permisos para el establecimiento de estacionamientos de servicio al p�blico, los cuales tendr�n las instalaciones necesarias para la seguridad de las personas y de los veh�culos, respondiendo por los da�os que a los mismos se ocasionen.
"Para efectos del p�rrafo anterior, se consideran estacionamientos de servicio al p�blico, los locales destinados a la prestaci�n al p�blico del servicio de recepci�n, guarda y protecci�n de veh�culos a cambio del pago de una tarifa autorizada."
"Art�culo 8.18. Las infracciones a las disposiciones de este libro y las que de �l emanen se sancionar�n conforme a lo siguiente:
"I. En materia de tr�nsito, con multa de:
"a) Tres veces el salario m�nimo general vigente en el �rea geogr�fica de que se trate al momento de la infracci�n, cuando se cometa por primera ocasi�n;
"b) Veinte veces el salario m�nimo general vigente en el �rea geogr�fica de que se trate al momento de cometer la infracci�n, en caso de reincidencia.
"II. En materia de estacionamientos, la multa se calcular� multiplicando el n�mero de rango de cajones por la tarifa al usuario.
"La autoridad de tr�nsito calificar� la infracci�n e impondr� la sanci�n que corresponda. Para estos efectos, se estar� a lo que disponga la reglamentaci�n correspondiente."
"Art�culo 8.19. Las autoridades de tr�nsito est�n facultadas para:
"I. Ordenar el retiro de la v�a p�blica de veh�culos, objetos, personas o animales que obstaculicen o pongan en peligro el tr�nsito, remiti�ndolos a los dep�sitos correspondientes y presentando a las personas ante las autoridades competentes en caso de delito o falta grave;
"II. Obtener la tarjeta de circulaci�n del veh�culo con el que se cometa una infracci�n para garantizar el pago de la sanci�n. A falta de este documento, se podr� retener la licencia del conductor y, a falta de ambos, la placa de matriculaci�n del veh�culo;
"III. Detener la marcha de cualquier veh�culo cuando el conductor est� cometiendo alguna infracci�n a las disposiciones en materia de tr�nsito, procediendo a levantar la boleta de infracci�n.
"Los agentes de tr�nsito del Estado y los Municipios est�n facultados para ejercer las atribuciones a que se refiere este art�culo."
"Art�culo 8.20. S�lo proceder� la retenci�n de veh�culos y su remisi�n inmediata al dep�sito m�s cercano, en los casos siguientes:
"I. Cuando al cometer una infracci�n, su conductor carezca de licencia o permiso para manejar, y el veh�culo no tenga tarjeta de circulaci�n o el documento que justifique la falta de los documentos;
"II. Cuando al veh�culo le falten ambas placas de matriculaci�n o el documento que justifique la falta de placas;
"III. Cuando las placas de matriculaci�n del veh�culo no coincidan en n�meros y letras con la calcoman�a o la tarjeta de circulaci�n;
"IV. Cuando estando obligado a ello, el veh�culo carezca de la constancia que acredite emisi�n de contaminantes dentro de los l�mites permitidos o cuando circule en d�as no permitidos;
"V. Por encontrarse el conductor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes o psicotr�picos;
"VI. Por participar en un accidente de tr�nsito en el que se produzcan hechos que pudiesen configurar delito;
"VII. Por interferir, obstaculizar o impedir deliberadamente la circulaci�n de veh�culos en la infraestructura vial;
"VIII. Cuando lo establezcan otras disposiciones legales.
"En los casos a que se refiere este art�culo, salvo trat�ndose de la fracci�n VI, el conductor tiene el derecho de conducir su veh�culo hasta el dep�sito m�s cercano que la autoridad le indique y s�lo en caso de negativa o de abandono de la unidad, el traslado podr� efectuarse por medio del servicio autorizado de arrastre."
"Art�culo 8.21. En el caso de veh�culos estacionados en lugar prohibido o en doble fila se deber� atender a las disposiciones siguientes:
"I. La autoridad competente s�lo podr� retirar el veh�culo de que se trate para remitirlo al dep�sito correspondiente, cuando no est� presente el conductor, o bien �ste no quiera o no pueda mover el veh�culo;
"II. En caso de que est� presente el conductor y mueva su veh�culo del lugar prohibido, se levantar� la infracci�n que proceda;
"III. Una vez remitido el veh�culo al dep�sito correspondiente, los agentes deber�n informar de inmediato a las autoridades, procediendo a sellar el veh�culo para garantizar su conservaci�n y la guarda de los objetos que en �l se encuentren."
"Art�culo 8.22. S�lo despu�s de haberse cubierto el importe de las multas, traslado y dep�sito, si los hubiere, se proceder� a la entrega de los veh�culos."
De los preceptos reproducidos se desprende lo siguiente:
a) Que tienen por objeto regular el tr�nsito de veh�culos, personas y objetos que se realiza en la infraestructura vial primaria y local, as� como el establecimiento de estacionamientos de servicio p�blico, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, conductores y pasajeros que utilizan la infraestructura vial.
b) Que las autoridades encargadas de aplicar estas disposiciones legales son la Secretar�a General de Gobierno y los Municipios, estos �ltimos en la infraestructura vial local, y les compete el ejercicio de atribuciones en materia de estacionamientos de servicio al p�blico.
c) Se se�alan las reglas que deber�n prever la reglamentaci�n correspondiente, y se fijan los requisitos para el tr�nsito de veh�culos, as� como sus prohibiciones.
d) Se faculta a los Municipios para otorgar permisos para el establecimiento de estacionamientos de servicio p�blico.
e) Se determinan las sanciones por infringir las disposiciones legales conducentes, facultando a las autoridades de tr�nsito para imponerlas, entre otras atribuciones.
De lo anterior se advierte que en los preceptos que se analizan, tampoco se impide al Municipio actor prestar el servicio de tr�nsito previsto en el inciso h) de la fracci�n III del art�culo 115 de la C.�n F., sino que �nicamente se contienen medidas en relaci�n con el tr�nsito de veh�culos, personas y objetos que se realiza en la infraestructura vial primaria y local, as� como el establecimiento de estacionamientos de servicio al p�blico, tendentes a garantizar la seguridad de los peatones, conductores y pasajeros que utilizan la infraestructura vial.
En este aspecto, es conveniente recordar que el antepen�ltimo p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 115 constitucional dispone expresamente que los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos en ella expresados, sin perjuicio de que en el desempe�o de las funciones o prestaci�n de los servicios a su cargo, observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Lo anterior se traduce en que la facultad que otorga la C.�n a los Municipios en materia de tr�nsito no es irrestricta, sino que su reglamentaci�n debe sujetarse a lo que prevea la legislaci�n federal y estatal en esa materia, a fin de obtener reglas homog�neas que permitan la convivencia en el Estado.
D�CIMO. Por �ltimo, respecto del argumento esgrimido por la actora, en el sentido de que el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, conculca el principio de libre administraci�n hacendaria consagrado en la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F., cabe se�alar lo siguiente:
El art�culo 4.41 del C�digo Administrativo cuestionado prev�:
"Art�culo 4.41. Los ingresos que el Estado y los Municipios recauden por concepto de otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y en general cualquier autorizaci�n en materia de �reas naturales protegidas, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se destinar�n a la realizaci�n de acciones de conservaci�n de la biodiversidad, dentro de las �reas en las que se generen dichos ingresos."
En la disposici�n legal transcrita se determina, en lo que interesa, que los ingresos que recaude el Municipio por el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y cualquier autorizaci�n en materia de �reas naturales protegidas, se destinar�n a la realizaci�n de acciones de conservaci�n de la biodiversidad, dentro de las �reas en las que se generen dichos ingresos.
Ahora bien, la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F. establece c�mo se integra la hacienda municipal y al efecto precisa que �sta se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.
El principio de la libre administraci�n hacendaria municipal, debe entenderse como un r�gimen que estableci� el �rganoReformador de la C.�n y que ha sido motivo de m�ltiples reformas constitucionales a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos, de tal manera que atendiendo a sus necesidades propias y siendo �stos los que de mejor manera y en forma m�s cercana los conocen, puedan priorizar la aplicaci�n de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra raz�n, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.
De lo anterior se sigue que de la totalidad de los conceptos que pueden integrar la hacienda municipal, s�lo a los que se refiere la disposici�n constitucional son los que estar�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria.
En estas condiciones, los conceptos que prev� la disposici�n constitucional como aquellos que conforman la hacienda municipal est�n se�alados de manera limitativa, en cuanto que no considera otros elementos que, por su naturaleza, constituyen tambi�n parte de la hacienda municipal, tal es el caso de las deudas de los Municipios y los ingresos que por diferentes conceptos tambi�n pueden llegar a las arcas municipales como pueden ser, por ejemplo, las donaciones, las aportaciones federales u otros; sin embargo, esto es para delimitar los rubros respecto de los cuales el Municipio tiene libertad de administraci�n, excluyendo aquellos que, por diversas razones, no pueden ser ejercidos libremente.
Los conceptos que la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional considera sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria municipal han sido interpretados por este Tribunal Pleno en la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 6/2000, visible en la p�gina quinientos catorce, Tomo XI, correspondiente a febrero de dos mil, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:
"HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, F.I., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL).-El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."
Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones jur�dicas que en relaci�n con el principio de libre administraci�n hacendaria municipal, se llega a la conclusi�n de que si los ingresos a que se refiere el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, recaudados por el Municipio actor, pertenecen a su libre hacienda, luego, su administraci�n s�lo corresponde a �ste, por tanto, el hecho de que el precepto legal en cita determine el destino de esos ingresos, s� afecta los recursos p�blicos que le pertenecen al Municipio, ya que predetermina y compromete parte de su presupuesto de egresos.
No es �bice a lo anterior, el argumento del Congreso del Estado de M�xico, en el sentido de que los ingresos provenientes de las licencias, autorizaciones y permisos otorgados en �reas naturales protegidas corresponden al Estado y no a los Municipios; toda vez que de conformidad con el art�culo 115, fracci�n V, inciso g), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios est�n facultados para participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reserva ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esa materia; de tal suerte que los ingresos a que se refiere el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo controvertido, s� son propios de los Municipios y forman parte de la libre administraci�n hacendaria, ya que, como se se�al� en p�rrafos precedentes, s�lo las participaciones y aportaciones tanto federales como estatales constituyen ingresos municipales que no pertenecen a la libre administraci�n hacendaria, y en el caso, los referidos ingresos provienen de la administraci�n de las �reas protegidas.
Atento a lo anterior, y toda vez que el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, es violatorio del art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., resulta procedente declarar su invalidez.
D�CIMO PRIMERO.-Ahora bien, dado que el art�culo 41, fracci�n IV, de la ley reglamentaria de la materia, obliga a este Tribunal Pleno a determinar los alcances y efectos de la declaratoria de invalidez, fijando con precisi�n los �rganos obligados a cumplirla.
Al efecto, los dos �ltimos p�rrafos de la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos prev�n:
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.
"En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."
Atento a lo anterior y toda vez que la presente controversia versa sobre una disposici�n general del Estado de M�xico, impugnado por el Municipio de Huixquilucan de Degollado de esa entidad, en t�rminos del inciso i) de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, los efectos de la ejecutoria s�lo vinculan a las partes de esta controversia y consiste en declarar inaplicable al Municipio actor el art�culo 4.41 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, contenido en el Decreto N�mero 41, publicado en el P.�dico Oficial del Estado, el trece de diciembre de dos mil uno, en cuanto se aparta de la regla referida en contravenci�n al principio de libre administraci�n hacendaria municipal.
Por �ltimo, la declaratoria de invalidez surtir� efectos a partir de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, por lo que las disposiciones generales declaradas inv�lidas ya no podr�n aplicarse a partir de entonces a los Municipios actores, en la inteligencia de que si dichas normas generales ya produjeron efectos no operar� la invalidez decretada respecto de �stos, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 45, p�rrafo segundo, de la citada ley reglamentaria, que dispone que la declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal.
Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO.-Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de M�xico.
SEGUNDO.-Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de los art�culos 8.6 y 8.7 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, contenido en el Decreto 41, publicado en el P.�dico Oficial de la entidad el trece de diciembre de dos mil uno.
TERCERO.-Se declara la invalidez del art�culo 4.41 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico, contenido en el aludido Decreto 41, para los efectos precisados en el �ltimo considerando de este fallo.
CUARTO.-Con la salvedad anterior, se reconoce la validez de los art�culos 1.4, 1.5, 1.6, 1.17 a 1.28, 1.31 a 1.36, 2.35, 4.41, 4.50, 4.65 a 4.73, 4.94, 5.1 a 5.76, 8.1 a 8.5 y 8.8 a 8.22 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico.
QUINTO.-Esta ejecutoria surtir� plenos efectos a partir de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, en los t�rminos precisados en el �ltimo considerando de esta sentencia.
SEXTO.-P.�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y en su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el P.�dico Oficial del Estado de M�xico.
N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.
As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de ocho votos de los se�ores Ministros: A.A., C.�o D�az, L.R., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente en funciones G�ngora P..
No asistieron los se�ores Ministros presidente M.A.G.�itr�n, por licencia concedida, J.D.R., por estar cumpliendo con una comisi�n de car�cter oficial y Jos� de Jes�s G.�o P., por estar disfrutando de vacaciones.