Ejecutoria num. P. XX/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823780

Ejecutoria num. P. XX/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. XX/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2005
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2003. ESTADO DE CHIHUAHUA.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA RECONVENCIÓN.VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LOS CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES QUE COMUNICAN A DOS O MÁS ESTADOS, O ENTRONCAN CON ALGÚN CAMINO DE PAÍS EXTRANJERO, SON BIENES DE USO COMÚN DE PROPIEDAD ORIGINARIA DE LA NACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, ESTÁN SUJETOS A LA JURISDICCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2003. ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRA PONENTE: O.S.C.D.G.V..

SECRETARIOS: P.A.N.M.Y.V.M.B.M..

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al quince de marzo de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el trece de marzo de dos mil tres, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, P.M.G.�a, S.A.M.G., Jes�s M.S.P., A.F.M. y Jes�s Jos� Sol�s S., quienes se ostentaron, respectivamente, como gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Administraci�n y Finanzas, secretario de Obras P�blicas y procurador general de Justicia, todos del Estado de C., promovieron en representaci�n de la entidad, controversia constitucional en la que demandaron la invalidez del acto que m�s adelante se menciona, emitido por las autoridades que a continuaci�n se se�alan.

Entidad demandada: Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la S.�a de Comunicaciones y Transportes, representada por su titular. El acto administrativo cuya invalidez se reclama se sustenta en la fracci�n I del art�culo 36 del Reglamento Interior de la S.�a de Comunicaciones y Transportes, que otorga a los Centros SCT por conducto de su director general la representaci�n y el ejercicio de las atribuciones que corresponden a dicha S.�a de Comunicaciones y Transportes, con base en esta atribuci�n el director general en el citado oficio de fecha 7 de marzo del a�o en curso, invade la jurisdicci�n y soberan�a del Estado de C., al reclamar la jurisdicci�n y competencia federales sobre el camino J. del Parral, as� como su conservaci�n, explotaci�n y administraci�n de esa secretar�a.

SEGUNDO

Los antecedentes del caso narrados, son los siguientes:

1. El original tramo carretero que une a los Municipios de J.�nez y de H. del Parral, que forman parte del Estado de C., es un bien de uso com�n del Estado de C. y, por tanto, un bien del dominio p�blico, por lo que es un camino sobre el cual tiene facultades y le corresponde su jurisdicci�n y de ninguna manera es un bien propiedad de la Federaci�n y ni tiene jurisdicci�n sobre el mismo, como indebidamente la secretar�a del ramo por conducto de su Centro SCT C. pretende atribu�rsele, reclamando su potestad para construir, conservar, operar y en su caso explotarlo como un camino federal. 2. Esta carretera se construy� en el a�o de 1944 bajo los esquemas de cooperaci�n contemplados en la Ley para la Construcci�n de Caminos en Cooperaci�n Federaci�n-Estados que entr� en vigor en 1934, con aportaciones iguales de la Federaci�n y del Estado. a) De conformidad con esta ley, en los Estados de la Rep�blica se integraron las Juntas Locales de Caminos, en las que participaban representantes de la Federaci�n, del Estado, las C�maras de Comercio, de Industria, Agricultura y las empresas de autotransportes. Esta junta era presidida por el Gobernador C.onal del Estado, de acuerdo con esta ley una vez proyectada y aprobada la construcci�n, en este caso de la carretera J.. del Parral, C.., en el presupuesto de egresos de cada a�o de los Estados se asignaba la cantidad correspondiente para la construcci�n de la red de caminos hasta su terminaci�n, es decir, la aportaci�n que le correspond�a al Estado de C.. b) Como consta en las memorias de la Junta Local de Caminos del Estado de C., esta carretera inici� su construcci�n en el gobierno presidido por el gobernador constitucional se�or A.C.�vez, quien en aquella �poca presid�a la Junta Local de Caminos, que su prop�sito y objetivo en aquella �poca fue unir por una carretera pavimentada a los Municipios de J.�nez y H. del Parral, C.. Luego, en los t�rminos del art�culo 8o. de la Ley sobre Construcci�n de Caminos en cooperaci�n con los Estados, al tratarse de una carretera pavimentada que un�a dos Municipios, de una t�pica carretera local, su conservaci�n y mantenimiento le correspond�a al Gobierno del Estado de C., en las memorias de la Junta Local de Caminos en la que participaban el Estado y la Federaci�n con toda claridad se ilustra que esta carretera pavimentada de ninguna manera un�a al Estado de C. con otro Estado, su fin, objeto, fue eminentemente local, resolver un problema de comunicaci�n entre dos Municipios de nuestro Estado. 3. Posteriormente, derivado del crecimiento poblacional y atendiendo al reclamo de la comunidad, para solucionar el incremento del tr�fico vehicular, al ser insuficiente para ello el original tramo de un solo cuerpo, para proporcionar mayor seguridad, agilidad en el tr�fico de personas y mercanc�as, se decidi� por parte del Gobierno del Estado construir otro tramo carretero paralelo, modificar, acondicionar, realizar nuevos trazos del viejo camino y construir nuevos puentes dentro del mismo, con las caracter�sticas y especificaciones de una autopista y para ello se realizaron los siguientes actos. a) El Estado de C. adquiri� los inmuebles sobre los cuales se encuentran construidos los dos cuerpos de la carretera para construir el doble carril. b) Se licit�, asign� y el Gobierno del Estado de C., con fecha 28 de junio de 2000, celebr� contrato de obra p�blica n�mero 80/00 a precios unitarios y tiempo determinado con la empresa Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V., representada por el ingeniero J.L.U.E., cuyo costo se liquid� con los fondos p�blicos del Estado, obra que qued� totalmente concluida a finales del a�o 2002. c) Posteriormente, en cumplimiento del decreto del Congreso del Estado n�mero 337-02-II-P.O., publicado el 13 de julio de 2002 en el Peri�dico Oficial del Estado, en el cual se autoriz� al Ejecutivo del Estado para establecer una caseta de peaje y cobrar cuotas a los usuarios del tramo carretero Parral-J.�nez. Mediante oficio de fecha 3 de marzo de este a�o, el director de Finanzas y Administraci�n comunic� al Congreso del Estado de la apertura e instalaci�n de la caseta de peaje y se procedi� de inmediato a su operaci�n y explotaci�n por parte del Estado de C. en los t�rminos antes indicados. 4. Sin embargo, sin ninguna justificaci�n y sustento legal, de manera arbitraria el representante de la S.�a de Comunicaciones y Transportes en el Estado, una vez concluida la autopista y sin haber participado en su construcci�n, de no haber realizado acto legal alguno durante el a�o 2002 que impidiera las adecuaciones del tramo original y la construcci�n del tramo paralelo, en el acuerdo administrativo cuya invalidez se reclama se arroga la atribuci�n de conservar y operar este tramo carretero, lo que es injustificado e injusto, pues dichos funcionarios p�blicos s�lo esperaron que el Estado invirtiera su patrimonio y realizara tales obras en beneficio de la comunidad para reclamar una supuesta jurisdicci�n federal.

TERCERO

Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:

1. El acuerdo administrativo expedido el 7 de marzo del a�o en curso por parte del director general del Centro SCT C. y dirigido al secretario de Comunicaciones y Obras P�blicas del Gobierno del Estado de C., en el que se reclama y pretende atribuir a esa secretar�a la jurisdicci�n federal del tramo carretero J.C., cuya invalidez se reclama, es violatorio de los art�culos 40, 42, 121, 124 y 132 de la C.�n General de la Rep�blica y del art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ya que invade la esfera competencial y las facultades que le corresponden al Estado de C., como lo es la relativa a la administraci�n, conservaci�n, explotaci�n y operaci�n de las carreteras estatales, las cuales son bienes de su patrimonio y de dominio p�blico. En el citado oficio ilegalmente el representante de la S.�a de Comunicaciones y Transportes reclama esa carretera como de jurisdicci�n federal, y que, por tanto, le compete su conservaci�n, operaci�n y explotaci�n, bas�ndose para ello en una aplicaci�n inexacta de los art�culos 2o., fracci�n I, inciso b) y 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal. 2. En efecto, como se relata en el cap�tulo de antecedentes el tramo original fue construido en el a�o de 1944 y, por tanto, al encontrarse dentro del territorio del Estado de C. la jurisdicci�n y las facultades que se derivan de su administraci�n, conservaci�n y operaci�n le corresponden al Estado de C., primero por ser un bien de su dominio p�blico que en los t�rminos del art�culo 3o. de la C.�n Pol�tica del Estado, al encontrarse dentro del territorio, por este solo hecho le corresponde. En segundo lugar, en los t�rminos del art�culo 132 de la C.�n General de la Rep�blica, para que la Federaci�n pueda tener jurisdicci�n y el dominio p�blico del mismo, es necesario el consentimiento de la Legislatura Local para que le sea transferida. El art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales en congruencia con el mandato de la Ley Suprema establece claramente que los bienes del dominio p�blico estar�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes Federales, pero si estuvieran ubicados dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se trate de bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n y adquiridos por la Federaci�n con anterioridad al 1o. de mayo de 1917. Pretender sustentar la jurisdicci�n federal en los mencionados art�culos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal sobre el argumento de que esa carretera estatal, se conecte o entronque con una carretera de jurisdicci�n federal, y que por este supuesto, de manera autom�tica y sin cubrir ning�n requisito legal, pase al patrimonio y a la jurisdicci�n de la Federaci�n, significar�a arrebatarle arbitrariamente a los Estados sus bienes de dominio p�blico y atentar en contra de su soberan�a, lo cual es inconcebible de conformidad con el art�culo 132 de nuestra Carta Magna, ya que �ste establece la propiedad y jurisdicci�n de los Estados sobre los bienes inmuebles que se encuentren dentro del territorio del Estado; adem�s de que no es el caso, ya que el camino en cuesti�n no une al Estado de C. con alg�n otro Estado, sino �nicamente conecta los Municipios de H. del Parral y J.�nez. Siendo que en todo caso, debe prevalecer esta disposici�n constitucional sobre cualquier ley secundaria, adecu�ndose �stas a la Ley Suprema de la naci�n, aplic�ndose arm�nica y l�gicamente sus diversos preceptos, por lo que debe entenderse que para que una carretera sea del dominio p�blico de la Federaci�n y, por tanto, de jurisdicci�n federal, �sta debe adquirirla ya sea de los particulares o del Estado y que se autorice su desincorporaci�n como bien de dominio p�blico del Estado de C., ya que en todo caso los art�culos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal �nicamente se refieren a bienes inmuebles sobre los que la Federaci�n haya adquirido la propiedad y jurisdicci�n siguiendo los requisitos legales correspondientes, sin que pueda considerarse que tal disposici�n pueda aplicarse a bienes inmuebles propiedad y de jurisdicci�n de una de las entidades federativas que no haya transmitido dicha propiedad y jurisdicci�n. En este caso como ya se dijo en el cap�tulo de antecedentes, esta carretera, en su tramo original se construy� como un bien de uso com�n con posterioridad al a�o de 1917 y el inmueble en el que se ubica la carretera se adquiri� con el patrimonio del Estado de C., al igual que su construcci�n se efectu� con los recursos de dicha entidad federativa, por lo que es absolutamente absurdo que una vez concluidos los trabajos de construcci�n de la S.�a de Comunicaciones y Transportes lo reclame como de jurisdicci�n federal, pues para ello tiene primero que adquirirlo como un bien de su dominio p�blico y realizar los tr�mites de derecho p�blico antes indicados para su desafectaci�n. Si bien es cierto que el art�culo 1o. de la Ley General de Bienes Nacionales, relacionada con los art�culos 2o. y 29 del mismo ordenamiento, se�alan cu�les son los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n entre los que se encuentran los de uso com�n y que son los caminos carreteros y puentes que constituyen v�as generales de comunicaci�n, con sus servicios auxiliares y dem�s partes integrantes establecidos en la ley federal de la materia, tambi�n es cierto que dichos preceptos de la Ley General de Bienes Nacionales son aplicables exclusivamente a los bienes del dominio p�blico que adquiri� la Federaci�n con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, fecha en que entr� en vigor la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige, la que se promulg� el 5 de febrero de 1917, mas no resultan aplicables a los bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n cuya jurisdicci�n no haya adquirido la Federaci�n en los t�rminos del art�culo 132 de nuestra Carta Magna y el art�culo 5o. de la propia Ley General de Bienes Nacionales, es decir, que para tener jurisdicci�n de bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n despu�s del 1o. de mayo de 1917, se requer�a o se requiere necesariamente el consentimiento expreso de la legislatura respectiva, en este caso, el consentimiento de la Legislatura del Estado de C., el cual nunca ha sido otorgado por �sta para que el tramo carretero J. del Parral hubiere pasado a ser un bien del dominio p�blico o de uso com�n de la Federaci�n, lo que nos lleva a la conclusi�n indiscutible de que dicho tramo de carretera es propiedad del Estado de C. y se encuentra sujeto a su jurisdicci�n en cuanto a la construcci�n, mantenimiento, conservaci�n, explotaci�n y vigilancia. Sirviendo de apoyo la jurisprudencia que a continuaci�n se transcribe: ?DERECHO DE V�A. PARA QUE EXISTA, LA FEDERACI�N DEBE ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS QUE LO CONSTITUYEN. Si bien el art�culo 2o. de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n se�ala que el derecho de v�a es parte integrante de �stas, y los art�culos 2o., 5o. y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales previenen que dichas v�as son bienes de uso com�n y, por ende, del dominio p�blico, a la vez que reservan su jurisdicci�n a la Federaci�n, ello no significa que, por el solo mandato de tales normas, la Federaci�n pueda disponer como propietaria de los terrenos que forman el derecho de v�a. Por tanto, la Federaci�n s�lo podr� disponer leg�timamente de ellos, una vez que, a trav�s de alguno de los procedimientos establecidos por la ley, haya adquirido la propiedad de los mismos.?. ?Art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales. Los bienes de dominio p�blico estar�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes Federales, en los t�rminos prescritos por esta ley; pero si estuvieren ubicados dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se trate de bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n y adquiridos por la Federaci�n con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, o de los se�alados en los art�culos 2o., fracciones II y V, y 29, fracciones I al XI y XIV, de esta ley. Una vez otorgado el consentimiento ser� irrevocable ...?. Es importante destacar lo que se�ala el art�culo 132 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos: ?Art�culo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de dep�sito y dem�s bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Uni�n al servicio p�blico o al uso com�n, estar�n sujetos a la jurisdicci�n de los Poderes Federales en los t�rminos que establezca la ley que expedir� el Congreso de la Uni�n; mas para que lo est�n igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.?. El texto vigente de este dispositivo en la C.�n de 1917, es de id�ntica redacci�n al entonces art�culo 125 de la C.�n de 1857, reformado el 31 de octubre de 1901, norma constitucional que no ha sido motivo de reformas. Esta norma constitucional, necesariamente hay que vincularla con otra norma de la misma jerarqu�a, el art�culo 121 de nuestra C.�n Federal, el que en su fracci�n II establece: ?II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n.?. Adem�s, los dos preceptos constitucionales se�alados con antelaci�n, se deben vincular tambi�n con el art�culo 42 del Pacto Federal, el que expresamente se�ala: ?Art�culo 42. El territorio nacional comprende: I. El de las partes integrantes de la Federaci�n. ...?; a su vez, la C.�n Pol�tica del Estado de C. en su t�tulo I, art�culo 3o., establece que: ?El territorio del Estado es el que de hecho ha pose�do y posee, y el que de derecho le corresponda.?. La vinculaci�n de los preceptos constitucionales se�alados con antelaci�n, nos llevan necesariamente a la conclusi�n de que el multirreferido tramo carretero J. del Parral, pertenece y es propiedad del dominio p�blico del Estado de C., am�n de que, por otra parte constituye un servicio p�blico de uso com�n cuya jurisdicci�n en todos sus �mbitos le corresponde al Estado de C., todo ello, de acuerdo con el Pacto Federal contenido en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, tan es as�, que los Constituyentes de 1856 y 1857, entre el se�or Cendejas y el se�or M., en los debates que culminaron con la C.�n de 1857, al debatir sobre el art�culo 125, se�alaron, el primero de ellos, que ?el punto de jurisdicci�n ha quedado ya bien determinado en el art�culo relativo a comandancias y la vaguedad de la redacci�n puede hacer creer que, cuando el gobierno necesite oficinas para los juzgados federales o casas de correos, puede ocupar la propiedad sin previa indemnizaci�n. As� pues, quiere que cuidadosamente se evite todo despojo a los Estados y todo ataque a la propiedad particular?. Por su parte el segundo de los Constituyentes mencionados se�ala: ?que el art�culo de ninguna manera autoriza la ocupaci�n violenta de la propiedad de los Estados ni de los particulares, y que es necesaria y no redundante la declaraci�n que contiene, porque ninguna otra disposici�n constitucional ha determinado a qui�n corresponda legislar sobre cuarteles, dep�sitos, etc.?. Todo lo vertido con anterioridad y vinculando los art�culos constitucionales del Pacto Federal y de la C.�n del Estado de C., nos llevan a concluir que, desde el Pacto Federal de 1857 con sus reformas hasta el Pacto Federal de 1917, los Constituyentes determinaron que la Federaci�n tiene que, necesariamente, respetar los territorios de los Estados que componen la Federaci�n, ya que, de no ser as�, la Federaci�n podr�a tener facultades omnipotentes que en cualesquier momento podr�an crear un caos jur�dico, pol�tico y econ�mico entre la propia Federaci�n y los Estados que la componen, lo que no fue la idea de los Constituyentes de 1857 y 1917 quienes crearon ambos Pactos Federales en los que, valga la redundancia, establecieron las normas superiores sobre las que debe descansar el Estado mexicano y el federalismo contenido en ambos pactos. Por su parte, la Ley General de Bienes Nacionales, y que se transcribe en la demanda de la controversia constitucional, se�ala: ?Art�culo 5o. Los bienes de dominio p�blico estar�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes Federales; en los t�rminos prescritos por esta ley; pero si estuvieren ubicados dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se trate de bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n y adquiridos porla Federaci�n con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, o de los se�alados en los art�culos 2o., fracciones II y IV y 29, fracciones I al XI y XIV de esta ley.?. Una vez otorgado el consentimiento ser� irrevocable. Sin embargo, este art�culo, el art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales en su parte final viola tambi�n el art�culo 132 de la C.�n General de la Rep�blica en su �ltima parte, cuando remite a la fracci�n IX del mismo cuerpo legal, al establecer como casos de excepci�n a la Norma Suprema, el considerar que son bienes del dominio p�blico sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes Federales los bienes de uso com�n entre los que se encuentran, los caminos, carreteras que constituyen v�as generales de comunicaci�n, con sus servicios auxiliares y dem�s partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia, de donde surge una pregunta �cu�l es la ley federal de la materia?, sin que en ning�n caso esa ley federal de la materia pueda contravenir una norma jer�rquicamente superior como lo es el art�culo 132 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que entr� en vigor el 1o. de mayo de 1917. Por otro lado, si bien es cierto que el art�culo 1o. de la misma Ley General de Bienes Nacionales relacionada con los art�culos 2o. y 29, se�alan cu�les son los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, entre los que se encuentran los de uso com�n y que son los caminos carreteros y puentes que constituyen v�as generales de comunicaci�n, con sus servicios auxiliares y dem�s partes integrantes establecidos en la ley federal de la materia, tambi�n es cierto que dichos preceptos de la Ley General de Bienes Nacionales son aplicables exclusivamente a los bienes del dominio p�blico que adquiri� la Federaci�n con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, fecha en que entr� en vigor la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige, la que se promulg� el 5 de febrero de 1917, mas no resultan aplicables a los bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n que no haya adquirido la Federaci�n en los t�rminos del art�culo 132 de nuestra Carta Magna y el art�culo 5o. de la propia Ley General de Bienes Nacionales, es decir, que para ello, la adquisici�n de bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n despu�s del 1o. de mayo de 1917, se requer�a o se requiere necesariamente al consentimiento de la legislatura respectiva, en este caso, el consentimiento de la Legislatura del Estado de C., consentimiento que nunca ha sido expresado por �sta para que el tramo carretero J. del Parral hubiese pasado a formar parte de un bien de dominio p�blico o de uso com�n de la Federaci�n, lo que nos lleva a la conclusi�n indiscutible de que dicho tramo de carretera es propiedad del Estado de C. y se encuentra sujeto a su jurisdicci�n en cuanto a la construcci�n, mantenimiento, conservaci�n y vigilancia. De igual forma, el original tramo carretero que une los Municipios de J.�nez e H. del Parral, C., y el nuevo cuerpo paralelo carretero, adquirido y construido con el patrimonio del Estado de C., es una carretera estatal que as� la definen y la regulan los art�culos 1268 y 1269 del C�digo Administrativo del Estado vigente desde el a�o de 1974, en relaci�n con el art�culo 125 de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de C., al determinar que: ?Art�culo 1268. Se declarar�n de utilidad p�blica la reparaci�n y conservaci�n de caminos carreteros existentes en el Estado, as� como la construcci�n de aquellos que sean necesarios para el tr�nsito p�blico.?. ?Art�culo 1269. Son caminos del Estado los que comunican dos o m�s Municipios, siempre que no hayan sido declarados de jurisdicci�n federal.?. En el acto cuya invalidez se reclama, se violan estas disposiciones y se invade la soberan�a del Estado en raz�n de que, este inmueble es un bien que se encuentra dentro de su territorio y, por tanto, se encuentra sujeto a la jurisdicci�n del Estado, toda vez que nunca ha salido de su patrimonio ni jurisdicci�n, evidentemente, se invade la esfera de competencias que preserva y regula nuestra Carta Magna, debiendo este Alto Tribunal a trav�s de esta controversia salvaguardar el sistema de competencias establecido en nuestra Carta Magna, por lo que se deber� reconocer la violaci�n efectuada de manera directa a los art�culos 40, 42, 124 y 132 de la C.�n General de la Rep�blica, en relaci�n con el art�culo 5o. de la Ley de Bienes Nacionales y los art�culos 2o., 3o. y 125 de la C.�n Pol�tica del Estado de C., sin que sea suficiente, que en determinado momento un camino construido dentro del territorio de los Estados comunique a dos o m�s entidades federativas, para que por esta sola circunstancia se considere como tal, sin que la Federaci�n tenga que justificar y acreditar que la adquiri� del Estado mediante la aprobaci�n del Congreso, para que se desafecte como un bien de dominio p�blico y pase a considerarse como un bien de la Federaci�n y, en consecuencia, ejerza potestad y jurisdicci�n sobre el mismo, las cuales menos a�n podr�an ejercerse en la carretera en cuesti�n, toda vez que la misma no une a dos o m�s entidades federativas. D.�ndose concluir que la carretera en cuesti�n es de propiedad y jurisdicci�n estatal en raz�n de que nunca se ha transmitido su propiedad, jurisdicci�n o dominio por parte del Estado con la autorizaci�n de la Legislatura Local en los t�rminos del art�culo 132 de nuestra Carta Magna, y no se dan los supuestos establecidos en la legislaci�n secundaria para que la carretera sea considerada una v�a general de comunicaci�n de jurisdicci�n federal, ya que no une dos o m�s Estados, toda vez que �nicamente une a los Municipios de H. del Parral y J.�nez, los cuales forman parte del territorio del Estado de C. como se desprende del art�culo 125 de la C.�n de dicha entidad federativa; ni tampoco fue construida en su totalidad ni en mayor parte por la Federaci�n, ya que como se dijo el tramo original fue construido bajo el esquema de la Ley de Construcci�n de Caminos en Cooperaci�n con los Estados, en el que las aportaciones siempre se otorgaban en cantidades iguales (al 50%) entre los Estados y la Federaci�n. M�s a�n, al tratarse de una carretera que une dos Municipios del Estado, en los t�rminos del art�culo 8o. de la Ley sobre Construcci�n de Caminos en Cooperaci�n con los Estados, su conservaci�n, administraci�n y operaci�n le compete al Estado de C.. 3. Independientemente de lo anterior, en el evento de que esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estime que ese tramo carretero es de car�cter federal, lo que de ninguna manera se acepta por las razones antes mencionadas, de cualquier manera el acto impugnado y cuya invalidez se reclama, es violatorio del art�culo 73, fracci�n XVII, de nuestra Carta Magna en relaci�n con los art�culos 38 y 9o. transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 2003, en la que se otorga a las entidades federativas y a los Municipios, facultades para conservar, administrar y operar las carreteras de jurisdicci�n federal, siempre y cuando se den o se cumplan los siguientes supuestos: que construya v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las v�as de comunicaci�n vehicular de jurisdicci�n federal, con el prop�sito de que junto con las v�as de jurisdicci�n federal, cuenten con cuatro carriles de circulaci�n, facult�ndolas, para que en su caso, puedan establecer casetas de cobro por el servicio que se preste en ambas v�as en el territorio de la entidad o Municipio, en t�rminos de las disposiciones legales aplicables, asumiendo el costo de mantenimiento y conservaci�n de las mismas. Por su parte, el art�culo 9o. transitorio dispone: ?... a las entidades federativas y los Municipios que hayan construido las v�as a que se refiere el art�culo 38 de esta ley, tambi�n le ser� aplicable lo establecido en el citado art�culo.?. Como ya se relat� en el cap�tulo de los antecedentes, el Estado de C. con recursos propios construy� en el a�o de 2001 un tramo carretero paralelo al ya existente, acondicion�, adecu� su tramo original para darle el perfil y especificaciones t�cnicas de una autopista. En observancia a estas nuevas disposiciones creadas por el Congreso de la Uni�n, que en los t�rminos del art�culo 73 constitucional, fracci�n XVII, est� facultado para legislar en materia de v�as generales de comunicaci�n, el Estado de C. con fecha 6 de marzo de 2003 y una vez que el Congreso del Estado lo autoriz� para el cobro de cuotas de peaje, en los t�rminos de estas disposiciones procedi� a la apertura de las casetas dentro de ese tramo carretero J.. del Parral. Luego entonces, al darse estos supuestos de la nueva ley, no se aplican los art�culos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, porque los citados art�culos 38 y 9o. transitorio, dan esta facultad, potestad o competencia al Estado de C. para conservar, administrar, explotar y operar esa autopista. Esta nueva ley especial, posterior a los citados art�culos es la que prevalece y debe observarse por la autoridad federal y estatal, ya que regula una nueva forma de operar las carreteras del pa�s, nace del �rgano competente y le da una adecuaci�n a la ley anterior, actualiza la ley de la materia. En estos art�culos que entraron en vigor en el a�o de 2003, el legislador crea una nueva hip�tesis, ya que la ley anterior se refiere a la concesi�n de carreteras ya existentes y en la nueva norma se prev�, que si los Estados y Municipios construyen con recursos propios una carretera paralela a la ya existente podr�n asumir su mantenimiento y operaci�n, con esto se pretende suprimir una carga a la Federaci�n.

CUARTO

Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son 40, 42, 73, 121, 124 y 132.

QUINTO

Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondi�ndole el n�mero 23/2003, y por raz�n de turno se design� como instructor al M.H.R.P..

Por auto de dieciocho de marzo de dos mil tres, el Ministro instructor admiti� la demanda de controversia constitucional, teniendo �nicamente como promovente al gobernador del Estado de C. y no as� al secretario general de Gobierno, al secretario de Administraci�n y Finanzas, al secretario de Obras P�blicas y al procurador general de Justicia, todos de la misma entidad; orden� emplazar a las autoridades demandadas y dar vista al procurador general de la Rep�blica.

SEXTO

El Poder Ejecutivo Federal, al formular contestaci�n de demanda, manifest� en s�ntesis:

  1. Que debe sobreseerse en la controversia constitucional, en virtud de que lo que en ella se impugna no constituye un acto, dado que no tiene ning�n efecto jur�dico, sino que se trata de una simple comunicaci�n en la que se inform� al Gobierno del Estado de C. el r�gimen jur�dico de las v�as generales de comunicaci�n y que, con base en �ste, el tramo carretero Parral-J.�nez es de car�cter federal, lo que implica que el Gobierno Local no pueda cobrar peaje por su uso.

  2. Que atento a lo dispuesto en el art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n Federal, compete al Congreso de la Uni�n legislar sobre v�as generales de comunicaci�n; en consecuencia, conforme al art�culo 3o. de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, estas v�as y los modos de transporte que operan en ellas, quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales, y de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 1o. y 2o., fracci�n II, inciso b), de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, la construcci�n, operaci�n, explotaci�n, conservaci�n y mantenimiento de las carreteras que comuniquen a dos o m�s Estados de la Federaci�n, corresponde a la Federaci�n.

    Que de esta forma si el tramo carretero Parral-J.�nez es una v�a general de comunicaci�n, ya que forma parte de la Carretera Panamericana M�xico-C.J. (Ruta 45) que comunica a distintos Estados de la Rep�blica, luego, corresponde al Poder Ejecutivo Federal realizar todos los actos que est�n relacionados con ese tramo carretero, incluyendo, de estimarlo pertinente, el cobro de peaje por su uso; por lo que se concluye que el acto impugnado no es conculcatorio de la C.�n Federal.

  3. Que de acuerdo con el art�culo 27 de la C.�n Federal, el terreno sobre el que se encuentra el tramo carretero en disputa es propiedad federal, y en t�rminos de los art�culos 1o. y 2o., fracci�n IX, inciso b), de la Ley General de Bienes Nacionales, las carreteras son bienes de uso com�n y de dominio p�blico de la Federaci�n, por lo que pasan a ser patrimonio de la naci�n.

  4. Que el tramo carretero Parral-J.�nez es de jurisdicci�n federal, ya que todas las v�as generales de comunicaci�n ubicadas en territorio nacional son bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, sin que para ello se requiera acto posterior alguno en virtud del cual se deba adquirir la propiedad de sus bienes.

    Que si bien es cierto que el art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales prev�, como regla general, que todos los bienes de dominio p�blico est�n sujetos a la jurisdicci�n exclusiva de los Poderes Federales y, excepcionalmente, trat�ndose de bienes ubicados dentro del territorio de alguna entidad federativa es necesario el consentimiento de la legislatura respectiva; sin embargo, no se requiere este consentimiento si, como en la especie, los bienes son destinados al servicio p�blico o al uso com�n.

  5. Que el acto controvertido tampoco violenta el art�culo 132 de la C.�n Federal, en virtud de que la Legislatura del Estado de C. s� otorg� t�citamente su consentimiento para que la Federaci�n ejerciera jurisdicci�n sobre el tramo carretero Parral-J.�nez, toda vez que en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, se public� el acuerdo por el cual el Gobierno Federal expropi� parte de un terreno en la ciudad de Parral, Estado de C., para destinarlo a la construcci�n de la carretera M�xico-C.J.; publicaci�n �sta que surte efectos de notificaci�n y, por tanto, si la legislatura respectiva no hizo pronunciamiento alguno, debe ten�rsele por otorgado el consentimiento, en t�rminos del art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales.

    Que de igual forma, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el decreto de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, la desincorporaci�n del dominio p�blico de la Federaci�n parte de dicha carretera en el tramo en disputa, como consecuencia de la modificaci�n del trazo correspondiente, originando permuta de predios; asimismo, en el a�o de mil novecientos noventa y tres, se public� en el mismo medio de difusi�n oficial el decreto expropiatorio de terrenos ejidales para destinarlos a la construcci�n del campamento para la conservaci�n del tramo carretero Parral-J.�nez. Decreto �ste que implica la exclusiva jurisdicci�n federal de la citada v�a general de comunicaci�n y respecto de lo cual la Legislatura Local no realiz� objeci�n alguna, por lo que autoriz� t�citamente el ejercicio de la jurisdicci�n federal.

  6. Que el reconocimiento por parte del Estado de C. de que el tramo carretero controvertido es de jurisdicci�n federal, se ha realizado a trav�s de diversas peticiones al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la S.�a de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se le otorgue concesi�n para la rehabilitaci�n, operaci�n, explotaci�n, conservaci�n y mantenimiento de ese tramo de carretera, como ocurri� en diciembre de dos mil.

S�PTIMO

El procurador general de la Rep�blica extern�, en s�ntesis:

  1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional.

  2. Que la demanda fue presentada oportunamente.

  3. Que el gobernador del Estado de C. cuenta con legitimaci�n para promover la controversia constitucional en representaci�n de la entidad.

  4. Que de acuerdo con los art�culos 5o. y 29, fracci�n IX, de la Ley General de Bienes Nacionales, 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte, y 3o. de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, los bienes de dominio p�blico destinados al uso com�n, dentro de los cuales se encuentran comprendidas las carreteras, est�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes Federales; por tanto, por cuanto hace a su construcci�n, mejoramiento, conservaci�n y explotaci�n, compete al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la S.�a de Comunicaciones y Transportes, atento a lo dispuesto en los art�culos 36 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, 3o. de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n y 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte.

    Que de igual manera, los art�culos 2o., fracci�n I, incisos a) y b), y 3o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte, prev�n que son v�as generales de comunicaci�n las carreteras que entronquen con alg�n camino de pa�s extranjero y/o comuniquen a dos o m�s Estados de la Federaci�n, siendo que en el caso concreto, el tramo carretero en conflicto es parte integrante de la v�a carretera n�mero 45, que comunica hacia el norte del Estado de C. con la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de Am�rica, y al sur con los Estados de Durango, Guanajuato, Q.�taro, H., Estado de M�xico y Distrito Federal, de donde resulta evidente que es a la Federaci�n a quien compete la jurisdicci�n de ese tramo carretero, por lo que el acto impugnado en esta controversia constitucional, no es conculcatorio de los art�culos 40, 42, 73, fracci�n XVII, 121, 124 y 132 de la C.�n Federal.

  5. Que de las constancias de autos no se desprende que se haya llevado a cabo convenio previo en el que el Gobierno Federal delegare la asunci�n de sus funciones en el Gobierno Local para la construcci�n, ampliaci�n y explotaci�n del tramo carretero en cuesti�n; y s� en cambio, como lo manifest� la demandada al formular su contestaci�n, que de los acuerdos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n de veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, y veintiuno de abril de mil novecientos noventa y tres, se advierte que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha venido realizando acciones para la construcci�n, administraci�n, conservaci�n, explotaci�n y operaci�n de la carretera M�xico-C.J., a su paso por la ciudad de Parral, Estado de C., desde mil novecientos cuarenta y cinco, por ser de jurisdicci�n federal.

  6. Que si bien la parte actora ha efectuado acciones tendentes a realizar mejoras dentro del tramo carretero en conflicto, consistentes en la celebraci�n del contrato de obra p�blica, el veintiocho de junio de dos mil, que tuvo por objeto trabajos de construcci�n de terracer�as, estructuras y obras de drenaje, pavimentaci�n y se�alamientos de ese tramo carretero, as� como el Decreto N�mero 337-02-II-P.O., publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad el trece de julio de dos mil dos, por el que el Congreso del Estado autoriz� al Poder Ejecutivo Local a establecer una caseta para cobro de peaje, y el acuerdo n�mero veinticuatro publicado el cinco de marzo de dos mil tres, por el que el gobernador de la entidad fija las cuotas de peaje; sin embargo, no se desprende que el Gobierno del Estado de C. haya realizado convenio con el Gobierno Federal que lo faculte para realizar actos inherentes a la construcci�n, ampliaci�n y explotaci�n de la v�a carretera.

  7. Que el acto impugnado no es violatorio del art�culo 132 de la C.�n Federal, que prev� que los bienes inmuebles cuya jurisdicci�n se encuentra sujeta a los PoderesFederales, son aquellos que se destinen al uso com�n o a un servicio p�blico, a excepci�n de los inmuebles susceptibles de adquisici�n ubicados en los territorios de los Estados y que se pretenda formen parte del dominio privado de la Federaci�n, condicionando la adquisici�n de dichos bienes por parte del Gobierno Federal al consentimiento de la Legislatura Local; lo anterior, toda vez que, en principio, por su propia naturaleza las carreteras no son bienes que se encuentren en el supuesto de ser adquiridos, por ser de uso com�n, de tal suerte que si �stos, conforme al precepto constitucional en comento y bajo el imperativo de que los bienes inmuebles destinados a ese fin estar�n sujetos a la ley que expida el Congreso de la Uni�n, que en la especie es la Ley General de Bienes Nacionales, la cual en sus art�culos 5o. y 29, fracci�n IX, establecen que cuando se trate de bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n o se trate de caminos, carreteras o puentes que constituyan v�as generales de comunicaci�n, ser�n de jurisdicci�n federal y, por ello, estar�n exentos del requisito del consentimiento de la Legislatura Local.

  8. Que el acto controvertido no invade, como lo estima la actora, la facultad del Congreso de la Uni�n de expedir leyes sobre v�as generales de comunicaci�n, prevista en la fracci�n XVII del art�culo 73 de la C.�n Federal, en relaci�n con los art�culos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil tres, en los que se otorga a los Estados y a los Municipios, facultades para conservar, administrar y operar las carreteras de jurisdicci�n federal; lo anterior, toda vez que el Congreso de la Uni�n, en ejercicio de la facultad constitucional, expidi� la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n y la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, por tanto, el acto cuya invalidez se demanda no priva o lesiona la citada facultad, porque no reviste las caracter�sticas de generalidad y abstracci�n que son propias de las leyes.

    Que, por otra parte, los citados preceptos de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil tres, son inconstitucionales conforme al principio de supremac�a constitucional, ya que cuando se est� en presencia de facultades o deberes de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, aquellas deben estar expresamente se�aladas en la propia C.�n y si bien el Congreso de la Uni�n tiene facultades para dictar leyes, �sta no puede exceder a lo establecido en el art�culo 49 de la C.�n Federal, ni a lo expresamente se�alado en las disposiciones espec�ficas relativas a facultades y deberes de cada poder; pues en el caso, ninguna fracci�n del art�culo 73 constitucional, ni en ning�n otro precepto, se otorga al Congreso de la Uni�n facultad alguna para autorizar a las entidades federativas y a los Municipios para la construcci�n de v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las de jurisdicci�n federal, ya que para que estos entes p�blicos puedan ejercer esas atribuciones, se requiere de concesi�n para su explotaci�n, misma que corresponde otorgar al Poder Ejecutivo Federal, en t�rminos de lo dispuesto en el antepen�ltimo p�rrafo del art�culo 28 de la C.�n Federal.

OCTAVO

El Poder Ejecutivo Federal, al dar contestaci�n a la demanda, promovi� reconvenci�n, de la que se desprende lo siguiente:

  1. Autoridad reconvenida y actos cuya invalidez demanda:

    Entidad demandada. El Estado de C., en espec�fico, el gobernador de dicho Estado, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de C., C.. Actos cuya invalidez se demanda. 1. La instalaci�n de caseta de cobro de peaje en la carretera M�xico-C.J. (Ruta 45), tramo H. del Parral-J.�nez. 2. El ?Acuerdo No. 24 del C. Gobernador C.onal del Estado por medio del cual se fijan las casetas de cobro a los usuarios del tramo carretero de doble cuerpo y cuatro carriles comprendidos entre las ciudades de H. del Parral y J., C..?. Dicho acuerdo fue publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de C. el 5 de marzo de 2003 (prueba n�mero 4 del escrito de demanda del actor).

  2. Antecedentes de los actos impugnados, narrados en la demanda reconvencional:

    Hechos y antecedentes del acto cuya invalidez se demanda. 1. El tramo carretero H. del Parral-J.�nez forma parte de la Carretera Panamericana, M�xico-C.J. (Ruta 45). 2. La S.�a de Comunicaciones y Obras P�blicas del Ejecutivo Federal inici� la construcci�n del citado tramo carretero en 1945 y concluy� en 1948. 3. En 1948 estaba a cargo de la Divisi�n de Carreteras Federales n�mero 3, C., la cual cre� la Superintendencia de Conservaci�n de Carreteras Federales en H. del Parral (3-3) para efectuar el mantenimiento y la conservaci�n de la carretera M�xico-Cd. Ju�rez desde La Zarca, Dgo. Los Charcos (l�mite Durango/C.)-H. del Parral-J.�nez y Los Ramales a El Palmito, Dgo., Valle de A., pueblito de A. y Salaices. 4. Entre el 10 de agosto de 1955 y el 3 de octubre de 1956, el Gobierno Federal, a trav�s de la Direcci�n Nacional de Caminos y la Divisi�n de Conservaci�n de Carreteras Federales, construy� el vado en el R�o F. que comunica Cd. J.�nez con la Carretera Panamericana y se repararon los caminos ya existentes. 5. El Gobierno del Estado de C. edit� en 1991 un mapa de carreteras en el que claramente se aprecia (de acuerdo con la simbolog�a utilizada) que es federal la carretera que va de H. del Parral a J.. 6. En 1993 se expropiaron terrenos ejidales del poblado F.I.M., Municipio de L�pez, C., a favor de la S.�a de Comunicaciones y Transportes, con el fin de destinarlos a la construcci�n del campamento de la divisi�n n�mero 3, para la conservaci�n del tramo Parral-J.�nez de la carretera M�xico-C.J. (Diario Oficial de la Federaci�n, 21 de abril de 1993). 7. Desde marzo de 2000, el propio Gobierno del Estado de C. dirigi� diversas peticiones a la S.�a de Comunicaciones y Transportes, a afecto de que se le entregaran diversos tramos carreteros para su vigilancia, operaci�n y mantenimiento, entre los cuales, se encuentra precisamente la carretera H. del Parral-J.�nez (ver cap�tulo III, numeral 5, inciso h), fracci�n III). 8. Desde 1948, la S.�a de Comunicaciones y Transportes ha dado mantenimiento al tramo carretero citado. 9. La S.�a de Comunicaciones y Transportes ha otorgado permisos para la construcci�n de instalaciones marginales subterr�neas dentro del derecho de v�a de conformidad (ver cap�tulo III, numeral 5, inciso f). 10. La P.�a Federal de Caminos, actualmente P.�a Federal Preventiva, siempre ha realizado la inspecci�n y vigilancia de dicho tramo carretero (ver cap�tulo III, numeral 5, inciso g). 11. El 7 de marzo de 2003, el director general del Centro SCT C., envi� el oficio n�mero SCT.637.100.0334/03, en el que manifest� al secretario de Comunicaciones y Obras P�blicas del Gobierno del Estado de C. que la carretera Parral-J.�nez -objeto de la presente controversia- es de car�cter federal, raz�n por la cual le solicit� abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de peaje en la v�a general de comunicaci�n precisada.

  3. Conceptos de invalidez hechos valer:

    Conceptos de invalidez. Primero. Los actos impugnados transgreden lo dispuesto en los art�culos 73, fracci�n XVII y 124 de la C.�n. Como se demostr� en el apartado A del presente escrito y de conformidad con los art�culos 1o., 2o., fracci�n I, inciso b), de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal (antes transcritos), el tramo carretero Parral-J.�nez es una v�a general de comunicaci�n debido a que, al formar parte de la Carretera Panamericana M�xico-Cd. Ju�rez (Ruta 45), es una carretera que comunica a varios Estados de la Rep�blica. Toda vez que el art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n establece que es facultad del Congreso de la Uni�n legislar en materia de v�as generales de comunicaci�n, todas las facultades en esta materia deben entenderse reservadas a los funcionarios federales. En consecuencia, al haber establecido el Gobierno Estatal casetas de cobro en una v�a general de comunicaci�n para darle mantenimiento, viola lo dispuesto en el art�culo constitucional antes mencionado. Tambi�n infringe lo establecido en el art�culo 124 constitucional, ya que al atribuirse a la Federaci�n las facultades relacionadas con las v�as generales de comunicaci�n no puede entenderse como reservadas a las autoridades estatales y, por tanto, �stas no pueden realizar ninguna actividad que est� relacionada con las v�as generales de comunicaci�n. Segundo. Los actos impugnados transgreden lo dispuesto por el art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n, en relaci�n con lo dispuesto por el 1o., 2o., fracci�n I, inciso b) y 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal y 36, fracci�n XXI, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal. En efecto, la instalaci�n de la caseta de cobro de peaje en el tramo carretero Parral-J.�nez de la Carretera Panamericana M�xico-C.J. (Ruta 45), el ?Acuerdo N�mero 24? impugnado, as� como el cobro de dichas cuotas, contravienen los mencionados art�culos pues invaden las facultades encomendadas al Poder Ejecutivo Federal, en virtud de que el Gobierno del Estado de C. carece de atribuciones para cobrar peaje en el citado tramo carretero porque �ste -al ser una v�a general de comunicaci�n- es de jurisdicci�n federal. En efecto, de conformidad con la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal (expedida por el Congreso de la Uni�n con fundamento en el art�culo 73, fracci�n XVII, constitucional), corresponde al Gobierno Federal, a trav�s de la S.�a de Comunicaciones y Transportes, la construcci�n y conservaci�n de las v�as generales de comunicaci�n, as� como el otorgamiento de concesiones y permisos. ?Art�culo 5o. ... Corresponden a la secretar�a, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administraci�n p�blica federal las siguientes atribuciones: ... II. Construir y conservar directamente caminos y puentes; III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocaci�n o terminaci�n en su caso; ...?. A su vez, la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, le confiere atribuciones a la mencionada secretar�a para construir y conservar los caminos y puentes federales, al disponer: ?Art�culo 36. A la S.�a de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; as� como las estaciones y centrales de autotransportes federal; ...?. R. lo anterior, lo dispuesto por la Ley General de Bienes Nacionales (art�culos 1o., fracci�n I, 2o., fracci�n I, 5o., 16 y 29, fracci�n IX) al determinar que los caminos, carreteras y puentes que constituyen v�as generales de comunicaci�n, con sus servicios auxiliares y dem�s partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia, son bienes de uso com�n y, por consiguiente, bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, los cuales estar�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes Federales. Del an�lisis de los dispositivos jur�dicos invocados, queda claro que es facultad expresamente concedida por la C.�n a los funcionarios federales todo lo relacionado con la construcci�n y conservaci�n de caminos federales, por tanto, se entiende que, en esta materia, se encuentra excluida la competencia de las entidades federativas y los Municipios. Tercero. El Gobierno Estatal al realizar los actos impugnados viola lo dispuesto en los art�culos 73, fracci�n XVII y 116, fracci�n VII, de la C.�n. Por lo anteriormente expuesto, no existe lugar a dudas de que la Federaci�n tiene la facultad exclusiva, otorgada por la C.�n, para construir y conservar caminos federales. No obstante, en t�rminos de la legislaci�n aplicable, la S.�a de Comunicaciones y Transportes podr� otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos federales a los particulares, Estados o Municipios. En efecto, la posibilidad de construir o explotar una v�a general de comunicaci�n por un particular, una entidad federativa o un Municipio, implica el otorgamiento previo de una concesi�n por parte de la autoridad competente para ello, como lo es en la especie la S.�a de Comunicaciones y Transportes. Lo anterior, se desprende del art�culo 28 constitucional; 1o., 2o. y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales; 36, fracciones XXI y XXIV, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal; y 5o., 6o., 7o., 15 y 30 de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal. De una interpretaci�n integral de tales disposiciones se tiene que: ? A la S.�a de Comunicaciones y Transportes compete de manera exclusiva la construcci�n y conservaci�n de los caminos y puentes federales; ? El Estado puede concesionar la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes del dominio de la Federaci�n, tales como los caminos y carreteras que constituyen v�as generales de comunicaci�n; ? La concesi�n deber� otorgarse invariablemente mediante concurso p�blico, a menos que sea una entidad federativa o un Municipio quien la solicite, ya que en este supuesto el Gobierno Federal, de manera excepcional, podr� otorgarla sin sujetarse al procedimiento de concurso; ? En todo caso, la construcci�n y mantenimiento, conservaci�n y explotaci�n de las carreteras federales deber� sujetarse a los lineamientos establecidos en las leyes de la materia y a las condiciones impuestas en la concesi�n respectiva. Criterio similar lo sostuvo esa Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 14/97, promovida por el Municipio de Tlalnepantla, Estado de M�xico, en contra de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, al determinar que el tramo carretero donde se encuentra el Boulevard �vila C. dentro del citado Municipio constituye una v�a general de comunicaci�n y, por tanto, es de jurisdicci�n federal, conforme a lo dispuesto por el art�culo 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal. En la ejecutoria en menci�n, despu�s de analizarse el contenido de los art�culos 1o., 2o., 5o. y 30 de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, se concluy� que: ?Del texto de los citados preceptos, se advierte que las carreteras y puentes que precisa la ley son de jurisdicci�n federal y no municipal y que su construcci�n, mantenimiento, conservaci�n y explotaci�n estar� sujeto a lo dispuesto en la ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesi�n respectiva.? (p�gina 92). Lo anterior es relevante, pues, como ah� se reconoce, la posibilidad de construir o explotar una v�a general de comunicaci�n por parte de una entidad federativa implica el otorgamiento previo de una concesi�n. A falta de concesi�n, las entidades federativas y los Municipios s�lo pueden realizar actividades de construcci�n, mantenimiento y explotaci�n de v�as generales de comunicaci�n si celebran con la Federaci�n un convenio que les permita asumir el ejercicio de alguna de las funciones de esta �ltima (como lo es la ejecuci�n y operaci�n de obras en materia de v�as generales de comunicaci�n). Lo anterior, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 116, fracci�n VII, constitucional, que dispone: ?Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: ... VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de la ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.?. En el caso concreto, el Estado de C. carece de facultades para construir, mantener o explotar el tramo carretero Parral-J.�nez, ello en virtud de que: I) actualmente no cuenta con t�tulo de concesi�n vigente otorgado por el Gobierno Federal que le permita rehabilitar, operar, explotar, conservar y mantener la carretera de dos carriles Parral-J.�nez, ubicada en el kil�metro 1+600 al kil�metro 76+500 de la Ruta M�xico 45; y II) tampoco ha celebrado convenio alguno con la Federaci�n que le permita ejercer facultades de esta �ltima en materia de v�as generales de comunicaci�n, que son exclusivas de la Federaci�n. Por todo lo anterior cualquier acto, en virtud del cual el Estado de C. haya modificado o ampliado el trazo original del tramo carretero Parral-J.�nez, y todos aquellos tendientes a instalar y operar casetas de cobro en el mismo, son inconstitucionales. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial que a continuaci�n se transcribe: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCI�N DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACI�N, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. El sistema de distribuci�n de competencias que establece la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se integra b�sicamente y en lo que ata�e a las hip�tesis examinadas por las facultades conferidas expresamente a la Federaci�n, las potestades asignadas en el art�culo 115 de la misma a los Municipios y, por las restantes que, de acuerdo con su art�culo 124, corresponden a las entidades federativas. As�, el �mbito competencial de los Estados se integre, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federaci�n o a los Municipios.?. Por �ltimo, es importante se�alar que para el otorgamiento de concesiones para explotar caminos federales, se debe garantizar la operaci�n de una v�a alterna libre de peaje. En el caso concreto, la v�a alterna tiene una longitud de 125 kil�metros (es decir, 49 kil�metros m�s que la actual) adem�s de estar en malas condiciones de operaci�n (lo que implica que el recorrido en lugar de hacerse de 40 minutos, toma una hora 27 minutos), lo cual afecta gravemente a la econom�a de los usuarios, ya que el tiempo de recorrido obviamente es mayor.

  4. Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora en la reconvenci�n considera violados son 73, fracci�n XVII, 116, fracci�n VII y 124.

NOVENO

Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil tres, el Ministro instructor admiti� la reconvenci�n hecha valer por el titular del Poder Ejecutivo Federal; tuvo como autoridades demandadas al Estado de C. por conducto del gobernador de la entidad, a quien orden� emplazar para que dieran contestaci�n a la reconvenci�n; y dio vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n corresponda.

En cumplimiento a la sentencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesi�n celebrada el catorce de mayo de dos mil cuatro, al resolver el recurso de reclamaci�n 60/2004, el Ministro instructor, mediante acuerdo de siete de junio del mismo a�o, llam� a juicio al Congreso del Estado de C., con el car�cter de tercero interesado, quien formul� las manifestaciones que estim� pertinentes.

D�CIMO

Resulta innecesario aludir a la opini�n del procurador general de la Rep�blica, de acuerdo con las consideraciones que m�s adelante se precisan.

D�CIMO PRIMERO

Mediante acuerdo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de diez de mayo de dos mil cuatro, qued� designada la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., para conocer del asunto en suplencia del se�or Ministro Humberto Rom�n P..

D�CIMO SEGUNDO

Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, secelebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso a), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre la Federaci�n por conducto del Poder Ejecutivo Federal y el Estado de C. por conducto del Poder Ejecutivo de la entidad.

SEGUNDO

Por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Conviene destacar que en la presente v�a el acto impugnado se hizo consistir en el oficio n�mero SCT.637.100.034/03, que contiene el acuerdo administrativo de siete de marzo de dos mil tres, por medio del cual el director general del Centro de la S.�a de Comunicaciones y Transportes en C., comunic� al secretario de Comunicaciones y Obras P�blicas del Gobierno del Estado de C., que la autopista Parral-J.�nez de ese Estado, es de jurisdicci�n federal y, en consecuencia, que esa entidad federativa se encuentra impedida para realizar cobros por concepto de peaje, por lo que debe abstenerse de hacerlo.

La autoridad demandada, al formular su contestaci�n de demanda, manifest� que debe sobreseerse en la controversia constitucional, en virtud de que lo que en ella se impugna no constituye un acto, dado que no tiene ning�n efecto jur�dico, sino que se trata de una simple comunicaci�n en la que se inform� al Gobierno del Estado de C., el r�gimen jur�dico de las v�as generales de comunicaci�n y que, con base en �ste, el tramo carretero Parral-J.�nez es de car�cter federal, lo que implica que el Gobierno Local no pueda cobrar peaje por su uso.

El oficio n�mero SCT.637.100.034/03, de siete de marzo de dos mil tres (foja veintis�is del expediente), impugnado en esta v�a, en la parte que al caso interesa dice:

"En el caso particular, la autopista en menci�n es de car�cter federal, por lo que el Gobierno Estatal estar�a impedido para hacer el cobro que se menciona en la nota period�stica que nos ocupa.

Por las consideraciones expuestas anteriormente y con fundamento adem�s en el art�culo 36, fracci�n I, del Reglamento Interior de la S.�a de Comunicaciones y Transportes, se le formula una atenta petici�n para que se sirva informar cu�l es la situaci�n que priva en el caso que se se�ala, solicit�ndole adem�s abstenerse de realizar cobro alguno en la v�a de comunicaci�n federal.

Del texto reproducido, se desprende que la autoridad oficiante hace patente que el tramo carretero a que en �l se refiere es de jurisdicci�n federal y no estatal que, por tanto, el Gobierno Local debe abstenerse de realizar cobros en la v�a de comunicaci�n; de donde se infiere que dicho oficio s� constituye un acto susceptible de impugnarse en controversia constitucional, en virtud de que en �l se pretende delimitar el �mbito competencial de los Gobiernos Federal y Local.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial plenaria n�mero P./J. 97/99, consultable en la p�gina setecientos nueve, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JUR�DICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACI�N DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEM�S �RDENES JUR�DICOS. El orden jur�dico constitucional establece, en su aspecto org�nico, el sistema de competencias al que deber�n ce�irse la Federaci�n, Estados y Municipios, y Distrito Federal y, en su parte dogm�tica, previene las garant�as individuales en favor de los gobernados que deben ser respetadas, sin distinci�n, por las autoridades de los �rdenes anteriores, seg�n puede desprenderse del enunciado del art�culo 1o. constitucional. Adem�s de las funciones anteriores, el orden constitucional tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deber�n rebasar los principios rectores previstos en la C.�n Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violaci�n de garant�as individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jur�dico.

Atento a lo anterior, debe desestimarse la causa de improcedencia analizada, toda vez que, como se advierte del contenido del oficio impugnado, �ste s� constituye un acto susceptible de ser controvertido en esta v�a.

Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, la fracci�n I del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, prev�:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

De la disposici�n legal transcrita, se advierte que el plazo para la presentaci�n de la demanda es de treinta d�as contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificaci�n conforme a la ley del acto; al en que se haya tenido conocimiento de �stos por el actor; y, al en que este �ltimo se ostente sabedor.

La parte actora acompa�� a la demanda, copia certificada del acto impugnado, el cual se identifica con el oficio n�mero SCT.637.100.034/03 (foja veintis�is del expediente), en el que aparece un sello de recibido de la S.�a de Comunicaciones y Obras P�blicas del Estado de C., de fecha siete de marzo de dos mil tres, por lo que fue en esta fecha en que la parte actora tuvo conocimiento del oficio de m�rito.

De acuerdo con lo anterior, debe estimarse, en atenci�n a lo dispuesto por el art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, que el plazo de treinta d�as h�biles para promover la demanda transcurri� del lunes diez de marzo al jueves veinticuatro de abril de dos mil tres, por lo que es inconcuso que si la demanda se present� el trece de marzo del mismo a�o, o sea, a los tres d�as de iniciado el plazo legal para promover la controversia constitucional, �sta fue promovida oportunamente.

Por otra parte, cabe se�alar que de la lectura integral de la demanda, en especial de los conceptos de invalidez, se desprende que la parte actora formula manifestaciones en el sentido de que el art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales es inconstitucional, ya que va m�s all� de la salvedad del requisito del consentimiento de la Legislatura Local que contempla el art�culo 132 de la C.�n Federal.

A este respecto, cuando la controversia constitucional se promueve en contra de normas generales, la demanda deber� ser presentada dentro del plazo previsto en la fracci�n II del art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia, que establece:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

"...

II.T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

De acuerdo con la disposici�n legal transcrita, el plazo para promover la demanda es de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n.

Atento a lo anterior, en el presente caso, para el efecto de la oportunidad de la demanda debe estarse �nicamente a la fecha de su publicaci�n, toda vez que, como se advierte de las constancias de autos, en especial del oficio n�mero SCT.637.100.034/03 (foja veintis�is del expediente), cuya invalidez se demanda, no se advierte que se haya aplicado el citado art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales y que como consecuencia de ello la parte actora pretendiera controvertirlo.

Ahora bien, por cuanto hace a la publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n del citado precepto legal, cabe se�alar que su �ltima reforma se public� el veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, por lo que al haberse presentado la demanda de controversia constitucional el trece de marzo de dos mil tres, esto es, mucho despu�s de fenecido el plazo legal, debe concluirse que fue promovida extempor�neamente; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracci�n VII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que prev�:

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el art�culo 21.

Al actualizarse la causa de improcedencia apuntada, se impone sobreseer en la controversia constitucional respecto a la impugnaci�n del art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, el cual establece:

"Art�culo 20. El sobreseimiento proceder� en los casos siguientes:

"...

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el art�culo anterior.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que en la presente controversia constitucional no fue emplazado el Congreso de la Uni�n, a efecto de que formulara contestaci�n de demanda en relaci�n con el precepto legal en cita; sin embargo, resultar�a ociosa la regularizaci�n del procedimiento, dada la conclusi�n alcanzada.

TERCERO

Se procede a analizar a continuaci�n, si la demanda reconvencional de esta controversia constitucional fue promovida oportunamente.

El Ejecutivo Federal al reconvenir al Estado de C. demand� la invalidez de: a) la instalaci�n de la caseta de cobro de peaje en la carretera M�xico-C.J. (Ruta 45), tramo J. del Parral; y, b) el Acuerdo N�mero 24, emitido por el gobernador del Estado de C., publicado en el Peri�dico Oficial de la entidad el cinco de marzo de dos mil tres. De donde puede inferirse que lo que solamente se demand� son actos.

El segundo p�rrafo del art�culo 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n, establece que al contestar la demanda, la parte demandada podr�, en su caso, reconvenir a la actora, aplic�ndose al efecto lo dispuesto en esta ley para la demanda y contestaci�n originales. Por tanto, para determinar la oportunidad de la reconvenci�n debe atenderse a lo dispuesto en el art�culo 21, fracci�n I, del mismo ordenamiento legal transcrito en el considerando que antecede y conforme al cual el plazo para impugnar actos ser� de treinta d�as siguientes al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En la demanda reconvencional, la promovente no hace se�alamiento expreso de la fecha en que tuvo conocimiento de los actos impugnados; sin embargo, de las constancias relativas que obran en el expediente se aprecia que la presentaci�n de la demanda fue el trece de marzo de dos mil tres, misma que fue admitida mediante prove�do de dieciocho del mismo mes y a�o y notificada al d�a siguiente.

La contestaci�n a la misma, as� como la reconvenci�n, se hicieron el treinta de abril siguiente como se aprecia del sello de la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n (visible a fojas 207 vuelta del expediente).

De acuerdo con lo anterior y en atenci�n a lo dispuesto por el art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta d�as h�biles para promover la demanda reconvencional transcurri� del veinticuatro de marzo al nueve de mayo dos mil tres, descont�ndose el mi�rcoles diecinueve de marzo del mismo a�o en que se notific� la demanda y el veinte siguiente por ser el d�a en que surti� efectos la notificaci�n respectiva; el veintinueve de marzo, cinco, doce, diecinueve y veintis�is de abril, y tres de mayo por corresponder a s�bados; treinta de marzo, seis, trece, veinte y veintisiete de abril y el cuatro de mayo de dos mil tres, por tratarse de domingos; adem�s el viernes veintiuno de marzo y el jueves primero de mayo por ser inh�biles, conforme lo establece el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. Asimismo, los d�as mi�rcoles diecis�is, jueves diecisiete y viernes dieciocho de abril, por acuerdo de tres de marzo de dos mil tres, que determin� se suspender�an las labores de este Alto Tribunal, as� como el lunes primero de mayo de dos mil tres que por acuerdo de 21 de abril del mismo a�o determin� la suspensi�n de labores.

Por lo anterior, al haberse presentado la demanda reconvencional el treinta de abril de dos mil tres, esto es, dentro del plazo legal, debe concluirse que fue promovida oportunamente; as� como el ejercicio de la acci�n constitucional ejercida en contra de los actos impugnados, con fundamento en los art�culos 21, fracci�n I y 26 de la ley reglamentaria mencionada.

No es obst�culo a lo anterior, lo manifestado por la parte actora en el sentido de que el cinco de marzo de dos mil tres fue publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de C., el acuerdo impugnado y acompa�a un ejemplar de su publicaci�n, en tanto dicha circunstancia no implica que haya tenido conocimiento del mismo en la fecha en que fue publicado, ya que el mismo no es obligatorio por s� mismo conforme a la fracci�n I del art�culo 121 constitucional que precept�a que las leyes de un Estado s�lo tendr�n efecto sobre su propio territorio incluyendo, como consecuencia, a los acuerdos emitidos por el Ejecutivo Local, por tanto, debi� haber sido, en su caso, notificado del mismo conforme al art�culo 40 de la ley reglamentaria, por tratarse en el caso de la Federaci�n y no de una autoridad local.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 64/96, consultable en la p�gina trescientos veinticuatro, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que enseguida se transcribe:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL C�MPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACI�N, SE INICIA AL D�A SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO. La interpretaci�n sistem�tica del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos permite concluir que el plazo de treinta d�as para la presentaci�n de la demanda de una controversia constitucional en contra de normas generales, con motivo de su primer acto de aplicaci�n, debe computarse a partir del d�a siguiente al en que tenga conocimiento el actor o se haga sabedor del mismo. Por consiguiente, no basta que el acto de aplicaci�n de la norma general, cuya invalidez se impugna, se genere, sino que es preciso, para efecto de dicho c�mputo, que se haga del conocimiento del actor o que �ste se haga sabedor de �l. Pretender que el c�mputo se realice a partir de la fecha en que se produjo el acto de aplicaci�n, lo que derivar�a de la lectura aislada y literal de la fracci�n II del art�culo 21 de la ley se�alada, generar�a la indefensi�n del actor, violando en su perjuicio una formalidad esencial del procedimiento. La aplicaci�n supletoria del art�culo 321 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, prevista en el art�culo 1o. de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 C.onal, establece como regla general que toda notificaci�n surtir� sus efectos al d�a siguiente al en que se practique, lo que responde a la l�gica, pues no puede producir afectaci�n un acto cuya existencia se desconoce. Conforme a este principio si el actor se ostenta sabedor del acto de aplicaci�n o se llega a demostrar que tuvo conocimiento del mismo deber� atenderse a ello al hacer el c�mputo sobre la presentaci�n de la demanda.

La parte actora en su escrito de reconvenci�n, en s�ntesis hace valer lo siguiente:

Que reconviene al Estado de C., por lo que le demanda:

  1. Haber establecido el Gobierno Estatal casetas de cobro en una v�a general de comunicaci�n para darle mantenimiento, transgrede lo dispuesto en los art�culos 17, fracci�n XVIII y 124 constitucionales.

  2. El cobro de cuotas de peaje debido a la instalaci�n de casetas de cobro en el tramo carretero Parral-Ju�rez de la Carretera Panamericana, M�xico-C.J. transgrede los art�culos constitucionales mencionados.

    Lo anterior se robustece con el contenido del art�culo 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, 36 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal y 1o., 2o., 5o., 16 y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales.

  3. La Federaci�n tiene la facultad exclusiva otorgada por la C.�n para construir y conservar caminos federales. No obstante, en t�rminos de la legislaci�n aplicable, la S.�a de Comunicaciones y Transportes podr�a otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos federales a los particulares, Estados o Municipios.

    Por tales motivos, el Estado de C. carece de facultades para construir, mantener, conservar o explotar el tramo carretero Parral-J.�nez, en virtud de que no cuenta con t�tulo de concesi�n vigente otorgado por el Gobierno Federal, ni para instalar ni operar casetas de cobro en el mismo.

    De lo anterior se colige que lo que contrademand� el Ejecutivo Federal son exclusivamente los actos del Gobernador C.onal del Estado de C., consistentes en el Acuerdo N�mero 24, que establece la instalaci�n de caseta de cobro de cuotas de peaje, y no el Decreto N�mero 337-02-II-P.O., emitido por el Congreso del Estado el trece de julio de dos mil dos, que autorizaba al Ejecutivo Local a establecer una caseta de peaje y cobrar cuotas del tramo carretero mencionado.

CUARTO

A continuaci�n se proceder� al an�lisis de la legitimaci�n del promovente de la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci�n.

El art�culo 105, fracci�n I, inciso a), de la C.�n Federal, prev�:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal.

Por su parte, los art�culos 10, fracci�n I y 11 de la ley reglamentaria de la materia, establecen:

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia."

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca ajuicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitir� ninguna forma diversa de representaci�n a la prevista en el p�rrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podr�n acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jur�dico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

De las disposiciones transcritas, se desprende que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, entre otros asuntos, de las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; que tendr� el car�cter de actor la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia constitucional; y que el actor deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que lo rigen, est�n facultados para representarlo. Adem�s de que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el consejero jur�dico del Gobierno, entre otros, conforme lo determine el propio presidente y considerando para tales efectos las disposiciones establecidas en la ley.

Suscribe la demanda de controversia constitucional P.M.G.�a, con el car�cter de gobernador del Estado de C., lo que acredita con copia certificada del Decreto N�mero 1092/98-IX-P.E., por medio del cual el Congreso del Estado lo declar� electo para ese cargo, por el periodo comprendido del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y ocho al tres de octubre de dos mil cuatro.

El art�culo 93, fracci�n XXVIII, de la C.�n Pol�tica del Estado de C., prev�:

"Art�culo 93. Son facultades y obligaciones del gobernador:

"...

XXVIII. Representar al Estado en todo juicio o controversia que pueda afectar los intereses de �ste, pudiendo nombrar uno o varios apoderados o delegados para tal efecto.

Atento a todo lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de C. s� cuenta con legitimaci�n para promover la presente controversia constitucional y que el gobernador de la entidad cuenta con la debida legitimaci�n procesal para representar al Estado, de conformidad con los art�culos 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 93, fracci�n XXVIII, de la C.�n Pol�tica del Estado de C..

QUINTO

A continuaci�n, se estudiar� la legitimaci�n pasiva, condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, consistente en que la parte demandada debe ser la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que �sta resultare fundada.

La autoridad demandada en este procedimiento constitucional es el Poder Ejecutivo Federal.

Los art�culos 10, fracci�n II y 11, primer p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, prev�n:

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

Conforme a los citados preceptos, tendr� el car�cter de demandado la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional; asimismo, que la demandada deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en t�rminos de las normas que lo rigen est�n facultados para representarlo.

Suscribe la contestaci�n de demanda Mar�a T.H.T., con el car�cter de consejera jur�dica del Ejecutivo Federal, en representaci�n del titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que acredita con la copia fotost�tica certificada de su nombramiento, expedido el primero de diciembre de dos mil dos (foja doscientos once del expediente), en el que se advierte que fue designada consejero jur�dico del Ejecutivo Federal.

La fracci�n X del art�culo 43 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, prev�:

"Art�culo 43. A la Consejer�a Jur�dica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

"...

"X.R. al presidente de la Rep�blica, cuando �ste as� lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como en los dem�s juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier car�cter. La representaci�n a que se refiere esta fracci�n comprende el desahogo de todo tipo de pruebas."

Conforme al precepto transcrito, el consejero jur�dico del Ejecutivo Federal tiene la representaci�n del presidente de la Rep�blica en las controversias constitucionales, cuando as� lo determine dicho presidente.

En el Diario Oficial de la Federaci�n de nueve de enero de dos mil uno, se public� el acuerdo del presidente de la Rep�blica por el que determina que el consejero jur�dico del Ejecutivo Federal tendr� la representaci�n de aqu�l ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representaci�n a alg�n otro servidor p�blico.

Atento a lo anterior, se concluye que el Poder Ejecutivo Federal s� cuenta con legitimaci�n para comparecer a la presente controversia constitucional, por ser quien emiti� el acto impugnado y que la consejera jur�dica del Ejecutivo Federal cuenta con la debida legitimaci�n procesal para representar al citado poder p�blico de conformidad con el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO

Al no existir causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento invocado por las partes o que este Alto Tribunal advierta, diverso a los ya analizados, se pasa al estudio de la cuesti�n fundamental controvertida.

S�PTIMO

Con fecha veintitr�s de abril de dos mil cuatro, el delegado del Estado interpuso recurso de reclamaci�n en contra del prove�do de trece de febrero del mismo a�o, porque consider� que no se le llam� a juicio como tercero interesado al Congreso del Estado de C..

Del asunto correspondi� conocer a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la cual en el recurso de reclamaci�n 60/2004-PL, derivado de la presente controversia constitucional el catorce de mayo siguiente, resolvi� fundado el presente recurso, revocando el auto del Ministro instructor para que se llame a juicio al Congreso del Estado de C., con el car�cter de tercero interesado.

En cumplimiento a lo anterior, mediante prove�do de siete de junio de dos mil cuatro, la Ministra instructora en el presente juicio reconoci� con el car�cter de tercero interesado al Poder Legislativo del Estado de C., otorg�ndole el plazo de treinta d�as h�biles a partir de que surta efectos la notificaci�n del auto para que expusiera lo que a su derecho conviniera y se�alara domicilio en esta ciudad para o�r y recibir notificaciones (fojas 648 y 649 del expediente).

El referido prove�do fue notificado al Poder Legislativo del Estado de C. mediante oficio n�mero 3199 de siete de junio de dos mil cuatro (foja 652 del expediente).

Por oficio n�mero 558/04, de tres de agosto de dos mil cuatro, el oficial mayor del Congreso del Estado de C., en su car�cter de tercero interesado, dio contestaci�n al acuerdo de siete de junio del mismo a�o, en el que manifest�, en esencia, que le asiste la raz�n a la actora en cuanto que el tramo carretero que une a los Municipios de J.�nez y de H. del Parral que forman parte del Estado de C., es un bien de uso com�n de este Estado y de ninguna manera es un bien propiedad de la naci�n, informando sobre los antecedentes del caso.

Por otra parte, manifest� que el Congreso del Estado, en sesi�n de veintis�is de junio de dos mil dos, aprob� el decreto 337-02-II-P.O., mediante el cual se autoriz� al Ejecutivo del Estado para establecer una caseta de peaje y cobrar cuotas a los usuarios de dicho tramo carretero, haciendo valer los argumentos jur�dicos que consider� pertinentes y acompa�� a su oficio diversas pruebas documentales (fojas 677 a 722 del expediente).

OCTAVO

Atento a todo lo anterior, conviene precisar que en principio se estudiar� la constitucionalidad del acto impugnado, consistente en el oficio n�mero SCT.637.100.034/03, que contiene el acuerdo administrativo de siete de marzo de dos mil tres, por medio del cual el director general del Centro de la S.�a de Comunicaciones y Transportes en C., dependiente del Poder Ejecutivo Federal, comunic� al secretario de Comunicaciones y Obras P�blicas del Gobierno del Estado de C., que la autopista Parral-J.�nez ubicada dentro del territorio de ese Estado, es de jurisdicci�n federal y, en consecuencia, que esa entidad federativa se encuentra impedida para realizar cobros por concepto de peaje, por lo que debe abstenerse de hacerlo.

No es obst�culo a lo anterior, que el oficio precisado en el p�rrafo anterior se encuentre firmado "PA (r�brica) Ing. L.H.G.�lez" y que en un principio se tratara de una autoridad incompetente, sin embargo, en materia de controversias constitucionales, cuando no se controvierte la legalidad de la forma del acto que se impugna en este caso el acto impugnado y s� su contenido, siendo que adem�s fue reconocido de manera t�cita por el Ejecutivo Federal representado por su consejera jur�dica en el escrito de contestaci�n de la demanda, es obvio que dicho oficio se debe tener como legal para la procedencia de la acci�n constitucional.

Lo anterior es as�, ya que la teleolog�a de las controversias constitucionales constituye la preservaci�n del sistema federal mexicano, lo que trae como consecuencia la estabilidad social y pol�tica de la naci�n.

De no tenerse como cierto el acto que se combate en la presente controversia constitucional, quedar�a subsistente un grave conflicto entre dos poderes y como consecuencia la afectaci�n del inter�s social.

Lo anterior, no implica desconocer el principio de legalidad de los actos de las autoridades, sin embargo, cuando este tipo de actos trasciendan a un conflicto entre poderes y se promueva la acci�n de controversia constitucional, en estos casos deber� tenerse como cierto el acto impugnado para que pueda ser objeto del correspondiente estudio por parte de este Alto Tribunal.

En los conceptos de invalidez planteados, se aduce, en s�ntesis:

  1. Que el acto cuya invalidez se demanda es violatorio de los art�culos 40, 42, 121, 124 y 132 de la C.�n Federal, por lo siguiente:

    1. Que invade la esfera competencial y las facultades que le corresponden al Estado de C., como las relativas a la administraci�n, conservaci�n, explotaci�n y operaci�n de las carreteras estatales, las cuales son bienes de su patrimonio y dominio p�blico, en t�rminos del art�culo 3o. de la C.�n Pol�tica del Estado de C..

    2. Que de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 132 de la C.�n Federal, para que la Federaci�n pueda tener la jurisdicci�n y el dominio p�blico sobre el tramo carretero en conflicto, es necesario el consentimiento de la Legislatura Local, puesto que, conforme con el art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales en congruencia con el citado art�culo constitucional, los bienes de dominio p�blico estar�n sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n de los Poderes Federales, pero si estuvieran ubicados dentro del territorio de alg�n Estado ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se trate de bienes destinados al servicio p�blico o al uso com�n y adquiridos por la Federaci�n con anterioridad al primero de mayo de mil novecientos diecisiete; supuestos que no se satisfacen en el presente caso.

    3. Que el pretender sustentar la jurisdicci�n federal en los art�culos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, sobre el argumento de que ese tramo carretero conecta o entronca con una carretera de jurisdicci�n federal y que autom�ticamente pase al patrimonio y jurisdicci�n de la Federaci�n, implicar�a sustraerle al Estado sus bienes de dominio p�blico y atentar en contra de su soberan�a; adem�s de que el tramo carretero en cuesti�n no une al Estado de C. con alg�n otro Estado o con pa�s extranjero, sino �nicamente conecta a los Municipios de H. del Parral y J., ni tampoco fue construida en su totalidad ni en mayor parte por la Federaci�n, ya que las erogaciones para su construcci�n se hizo en partes iguales entre la Federaci�n y el Estado.

    4. Que si bien es cierto que los art�culos 1o., 2o. y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales, se�alan cu�les son los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, entre los que se encuentran los de uso com�n y que son los caminos carreteros y puentes que constituyen v�as generales de comunicaci�n con sus servicios auxiliares y dem�s partes integrantes, tambi�n es cierto que dichas disposiciones legales son aplicables exclusivamente a los bienes de dominio p�blico que la Federaci�n adquiri� con anterioridad al primero de mayo de mil novecientos diecisiete, mas no a los bienes respecto de los cuales la Federaci�n no haya obtenido el consentimiento de la Legislatura Local, lo cual no ha ocurrido en relaci�n con el tramo carretero en conflicto.

  2. Que el acto cuya invalidez se demanda, en cuanto pretende impedir que el Estado de C. ejerza jurisdicci�n sobre el tramo carretero en conflicto, violenta el art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n Federal, en relaci�n con los art�culos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de dos mil tres, en que se otorga a las entidades federativas y a los Municipios facultades para conservar, administrar y operar las carreteras de jurisdicci�n federal, siempre y cuando se construyan v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las v�as de comunicaci�n vehicular de jurisdicci�n federal, cuenten con cuatro carriles de circulaci�n, facult�ndolas para que, en su caso, puedan establecer casetas de cobro para el servicio que se preste en ambas v�as en el territorio de la entidad o Municipio, en t�rminos de las disposiciones legales aplicables, asumiendo el costo de mantenimiento y conservaci�n.

    Que en observancia a esas disposiciones creadas por el Congreso de la Uni�n en t�rminos del art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n Federal, que lo faculta para legislar en materia de v�as generales de comunicaci�n, el Estado de C. una vez que el Congreso Local autoriz� el cobro de peaje, procedi� a la apertura de casetas dentro del tramo carretero Parral-J.�nez.

    Que en apoyo a lo anterior, el Estado actor, con recursos propios construy� en el a�o dos mil uno, un tramo carretero paralelo al ya existente; acondicion� y adecu� su tramo original para darle el perfil y especificaciones t�cnicas de una autopista.

    Ahora bien, por cuesti�n de orden y en virtud de que en la demanda se controvierte un oficio de la S.�a de Comunicaciones y Transportes en el que se disputa la jurisdicci�n sobre un tramo de carretera, se considera pertinente analizar en primer t�rmino los conceptos de invalidez en los que esencialmente se plantea que el tramo carretero en cuesti�n no entronca con un pa�s extranjero, ni comunica a dos a m�s Estados de la Rep�blica y, adem�s, que el Estado actor, con recursos propios construy� en el a�o dos mil uno, un tramo carretero paralelo al ya existente, acondicion� y adecu� su tramo original para darle el perfil y especificaciones t�cnicas de una autopista, por lo que el Estado de C. es quien debe ejercer jurisdicci�n sobre ese tramo carretero y no la Federaci�n.

    A efecto de ubicar el tramo carretero H. del Parral-J.�nez, cuyo ejercicio jurisdiccional es materia de la presente controversia constitucional, el Poder Ejecutivo Federal ofreci� como prueba diversos mapas de carreteras, entre los que se encuentran, uno que fue editado por el Gobierno del Estado de C. en el a�o dos mil (foja ciento setenta y siete del cuaderno de pruebas presentadas por la parte demandada), otro por la S.�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal en el a�o de mil novecientos noventa y nueve (foja ciento ochenta del mismo cuaderno de pruebas), y otro m�s editado por esta misma dependencia en el a�o dos mil, denominado Mapa de Comunicaciones y Transportes (foja ciento setenta y tres del citado cuaderno de pruebas), de los que, analizados en su conjunto, se desprende:

  3. Que dentro de la red carretera nacional se encuentra la denominada Ruta 45, que comunica a la Ciudad de M�xico con C.J., C., entroncando con los Estados Unidos de Am�rica a trav�s de la ciudad de El Paso, Estado de Texas.

  4. Que esta carretera Ruta 45, comunica a los Estados de C., Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Q.�taro y Estado de M�xico, para concluir en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal.

  5. Que la ruta carretera en comento, dentro del Estado de C., se encuentra el tramo en conflicto, H. del Parral-J.�nez, el cual se ubica del kil�metro 0+000 al 76+500.

  6. Que en la actualidad se encuentra operando una carretera de jurisdicci�n federal denominada v�a corta hacia la ciudad de C., la cual inicia en la poblaci�n de H. del Parral, se�alada como Ruta 24, y que conecta al sur con la Ruta 45.

  7. Que igualmente opera en la actualidad una nueva carretera de jurisdicci�n federal denominada v�a corta, Ruta 49, hacia la ciudad de G�mez Palacio, Estado de Durango, la cual se conecta en el poblado de J.�nez, Estado de C., con la Ruta 45 que llega a C.J. y entronca con pa�s extranjero.

    Los referidos mapas, que por sus caracter�sticas propias no pueden considerarse documentales p�blicas sino privadas, no fueron objetadas por la parte actora y, por tanto, los hechos que con ellas se pretende demostrar hacen prueba a favor de la parte oferente, en t�rminos del art�culo 203 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria a la ley reglamentaria de la materia.

    Por otra parte, la actora ofreci� como prueba copia certificada de las memorias de la Junta Local de Caminos del Estado de C., editado en el a�o de mil novecientos ochenta y cuatro por el propio organismo, en conmemoraci�n de los cincuenta a�os de su existencia; documento �ste que si bien constituye un relato de hechos o de sucesos hist�ricos presenciados por el citado organismo, y que por su formaci�n y expedici�n no reviste las caracter�sticas de un documento p�blico, s� en cambio puede considerarse documento privado, de conformidad con lo dispuesto en losart�culos 129 y 133 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria en esta v�a, por tanto, su valoraci�n se hace en t�rminos del art�culo 203 del mismo ordenamiento legal, esto es, que los hechos que en �l se mencionan hacen prueba s�lo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor.

    Del mencionado documento, el cual obra agregado a fojas de la doscientos cincuenta y siete a la trescientos noventa y cuatro del expediente, se desprende, en lo que al caso interesa, que en el a�o de mil novecientos treinta y tres, la Junta Local de Caminos del Estado de C. inici� la construcci�n de la carretera C.-C.J.; asimismo, que el cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, se inici� la construcci�n de una nueva etapa de la carretera con el objeto de comunicar C. con Torre�n, Coahuila; y tambi�n se se�ala que este camino se prolong� fuera del Estado hasta C., Dgo., para ligar con el camino en construcci�n de G�mez Palacio a C.. Posteriormente vino a construir parte de la ruta corta con la carretera a M�xico, D.F., por lo que pas� a formar parte de la red federal de caminos, por entrega que se hizo al Departamento de Conservaci�n de la Direcci�n Nacional de Caminos.

    De las probanzas de m�rito, se llega a la convicci�n de que el tramo carretero en conflicto, H. del Parral-J.�nez, ubicado en el Estado de C., forma parte de la carretera identificada como Ruta 45, la cual comunica a la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, con C.J., C., entroncando con los Estados Unidos de Am�rica, y que por su recorrido comunica, igualmente, a los Estados de C., Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Q.�taro y Estado de M�xico.

    De acuerdo con lo hasta aqu� expuesto, se colige que el tramo carretero controvertido es una v�a general de comunicaci�n y, en principio, es de jurisdicci�n federal por colocarse dentro de los supuestos previstos en los art�culos 27, 28 y 73, fracci�n XVII, constitucionales, as� como en los incisos a) y b) del art�culo 2o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, en virtud de que el tramo carretero forma parte de un camino que entronca con un camino de pa�s extranjero y, adem�s, comunica a varios Estados de la Federaci�n.

    Por otra parte y a efecto de poder determinar a qu� nivel de gobierno compete ejercer jurisdicci�n sobre el tramo carretero Parral-J.�nez, resulta conveniente precisar la naturaleza jur�dica de los bienes inmuebles considerados como v�as generales de comunicaci�n, como es el caso del tramo carretero que nos ocupa.

    El art�culo 27 constitucional precept�a:

    "Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

    "Las expropiaciones s�lo podr�n hacerse por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n.

    "La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana. En consecuencia, se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras p�blicas y de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; para preservar y restaurar el equilibrio ecol�gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los t�rminos de la ley reglamentaria, la organizaci�n y explotaci�n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque�a propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganader�a, de la silvicultura y de las dem�s actividades econ�micas en el medio rural, y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

    "Corresponde a la naci�n el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los z�calos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan dep�sitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposici�n de las rocas, cuando su explotaci�n necesite trabajos subterr�neos; los yacimientos minerales u org�nicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales s�lidos; el petr�leo y todos los carburos de hidr�geno s�lidos, l�quidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensi�n y t�rminos que fije el derecho internacional.

    "Son propiedad de la naci�n las aguas de los mares territoriales en la extensi�n y t�rminos que fije (sic) derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formaci�n natural que est�n ligados directamente a corrientes constantes; las de los r�os y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aqu�llas en toda su extensi�n o en parte de ellas, sirva de l�mite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la l�nea divisoria de la Rep�blica; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, est�n cruzadas por l�neas divisorias de dos o m�s entidades o entre la Rep�blica y un pa�s vecino, o cuando el l�mite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la Rep�blica con un pa�s vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas mar�timas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensi�n que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el due�o del terreno, pero cuando lo exija el inter�s p�blico o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podr� reglamentar su extracci�n y utilizaci�n y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las dem�s aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeraci�n anterior, se considerar�n como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus dep�sitos, pero si se localizaren en dos o m�s predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerar� de utilidad p�blica, y quedar� sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

    "En los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, el dominio de la naci�n es inalienable e imprescriptible y la explotaci�n, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podr� realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotaci�n de los minerales y sustancias a que se refiere el p�rrafo cuarto, regular�n la ejecuci�n y comprobaci�n de los que se efect�en o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dar� lugar a la cancelaci�n de �stas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se har�n por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Trat�ndose del petr�leo y de los carburos de hidr�geno s�lidos, l�quidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgar�n concesiones ni contratos, ni subsistir�n los que en su caso se hayan otorgado y la naci�n llevar� a cabo la explotaci�n de esos productos, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la naci�n generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energ�a el�ctrica que tenga por objeto la prestaci�n de servicio p�blico. En esta materia no se otorgar�n concesiones a los particulares y la naci�n aprovechar� los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

    "Corresponde tambi�n a la naci�n el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generaci�n de energ�a nuclear y la regulaci�n de sus aplicaciones en otros prop�sitos. El uso de la energ�a nuclear s�lo podr� tener fines pac�ficos.

    La naci�n ejerce en una zona econ�mica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a �ste, los derechos de soberan�a y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona econ�mica exclusiva se extender� a doscientas millas n�uticas, medidas a partir de la l�nea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensi�n produzca superposici�n con las zonas econ�micas exclusivas de otros Estados, la delimitaci�n de las respectivas zonas se har� en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. ...

    Por su parte, el art�culo 28 constitucional precept�a:

    "Art�culo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las pr�cticas monop�licas, los estancos y las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dar� a las prohibiciones a t�tulo de protecci�n a la industria.

    "En consecuencia, la ley castigar� severamente, y las autoridades perseguir�n con eficacia, toda concentraci�n o acaparamiento en una o pocas manos de art�culos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinaci�n de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre s� y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del p�blico en general o de alguna clase social.

    "Las leyes fijar�n bases para que se se�alen precios m�ximos a los art�culos, materias o productos que se consideren necesarios para la econom�a nacional o el consumo popular, as� como para imponer modalidades a la organizaci�n de la distribuci�n de esos art�culos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, as� como el alza de precios. La ley proteger� a los consumidores y propiciar� su organizaci�n para el mejor cuidado de sus intereses.

    "No constituir�n monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes �reas estrat�gicas: correos, tel�grafos y radiotelegraf�a; petr�leo y los dem�s hidrocarburos; petroqu�mica b�sica; minerales radioactivos y generaci�n de energ�a nuclear; electricidad y las actividades que expresamente se�alen las leyes que expida el Congreso de la Uni�n. La comunicaci�n v�a sat�lite y los ferrocarriles son �reas prioritarias para el desarrollo nacional en los t�rminos del art�culo 25 de esta C.�n; el Estado al ejercer en ellas su rector�a, proteger� la seguridad y la soberan�a de la naci�n, y al otorgar concesiones o permisos mantendr� o establecer� el dominio de las respectivas v�as de comunicaci�n de acuerdo con las leyes de la materia.

    "El Estado contar� con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las �reas estrat�gicas a su cargo y en las actividades de car�cter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por s� o con los sectores social y privado.

    "El Estado tendr� un banco central que ser� aut�nomo en el ejercicio de sus funciones y en su administraci�n. Su objetivo prioritario ser� procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rector�a del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podr� ordenar al banco conceder financiamiento.

    "No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a trav�s del banco central en las �reas estrat�gicas de acu�aci�n de moneda y emisi�n de billetes. El banco central, en los t�rminos que establezcan las leyes y con la intervenci�n que corresponda a las autoridades competentes, regular� los cambios, as� como la intermediaci�n y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulaci�n y proveer a su observancia. La conducci�n del banco estar� a cargo de personas cuya designaci�n ser� hecha por el presidente de la Rep�blica con la aprobaci�n de la C�mara de Senadores o de la Comisi�n Permanente, en su caso; desempe�ar�n su encargo por periodos cuya duraci�n y escalonamiento provean al ejercicio aut�nomo de sus funciones; s�lo podr�n ser removidas por causa grave y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducci�n del banco central, podr�n ser sujetos de juicio pol�tico conforme a lo dispuesto por el art�culo 110 de esta C.�n.

    "No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del inter�s general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la regi�n en que se produzcan o que no sean art�culos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones est�n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorizaci�n que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por s� o a propuesta del Ejecutivo podr�n derogar, cuando as� lo exijan las necesidades p�blicas, las autorizaciones concedidas para la formaci�n de las asociaciones de que se trata.

    "Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producci�n de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

    "El Estado, sujet�ndose a las leyes, podr� en casos de inter�s general, concesionar la prestaci�n de servicios p�blicos o la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federaci�n, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijar�n las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestaci�n de los servicios y la utilizaci�n social de los bienes, y evitar�n fen�menos de concentraci�n que contrar�en el inter�s p�blico.

    "La sujeci�n a reg�menes de servicio p�blico se apegar� a lo dispuesto por la C.�n y s�lo podr� llevarse a cabo mediante ley.

    "Se podr�n otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de car�cter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la naci�n. El Estado vigilar� su aplicaci�n y evaluar� los resultados de �sta."

    Respecto de las v�as generales de comunicaci�n, interpretando de manera sistem�tica estos dos preceptos, se trata de bienes propiedad originaria de la naci�n, o sea, bienes de dominio de la Federaci�n que prestan un servicio p�blico.

    De acuerdo con la doctrina mexicana, el Congreso Constituyente en el art�culo 27 de la C.�n, recogi� el principio de la propiedad originaria de la naci�n sobre las tierras y aguas. Se entiende, en consecuencia, que el Constituyente se afili� a la tendencia que considera el derecho de Estado sobre el territorio nacional como un derecho real de naturaleza p�blica. El principio no qued� en mera declaraci�n sino que se aplic� posteriormente al sustraer de la propiedad privada, para incorporarlos al dominio directo de la naci�n, ciertos bienes, especialmente sustancias del subsuelo y autorizar la imposici�n de modalidades a la propiedad. As� pues, la C.�n recoge un dominio real y concreto que puede desplazar a la propiedad privada, convirtiendo en domaniales los bienes de los particulares, regresando al propietario originario, que es la naci�n.

    A primera vista, seg�n lo dispuesto por el art�culo 27 constitucional, el titular del dominio originario o dominio directo es la "naci�n", sin embargo, en otras ocasiones esta acepci�n se sustituye por la "Federaci�n" o por el "Gobierno Federal". La jurisdicci�n federal cubre, geogr�ficamente considerada, toda la extensi�n del territorio nacional, pero no excluye en el espacio sino s�lo por raz�n de competencia, a las jurisdicciones locales. �stas a su vez se excluyen entre s� espacialmente (Estados miembros y Gobierno Federal en sus funciones locales).

    Por su parte, el art�culo 132 constitucional establece la jurisdicci�n de los bienes inmuebles sobre su territorio y de algunos que est�n sujetos a la jurisdicci�n de los Poderes Federales y el consentimiento que se requiere de la Legislatura Local para los bienes que adquiera la Federaci�n dentro de su territorio.

    Dicho precepto establece:

    Art�culo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de dep�sito y dem�s bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Uni�n al servicio p�blico o al uso com�n, estar�n sujetos a la jurisdicci�n de los Poderes Federales en los t�rminos que establezca la ley que expedir� el Congreso de la Uni�n; mas para que lo est�n igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.

    A primera vista, pudiera parecer que los bienes estipulados en el art�culo 132 constitucional se segregan del territorio de la entidad federativa para incorporarse al de la Federaci�n, motivo por el cual se requiere del consentimiento del Estado afectado. Sin embargo, si se examina atentamente el art�culo se advierte que dicho precepto erige la jurisdicci�n federal en sitios enclavados en el territorio que cae bajo la jurisdicci�n de los Estados. �stos tienen jurisdicci�n dentro de las zonas territoriales que a cada uno corresponden, pero como una excepci�n se excluyen de dicha jurisdicci�n ciertos lugares que, seg�n el art�culo 132 constitucional, ingresan en la jurisdicci�n federal, as� como los que son propiedad originaria de la naci�n. Es pues, un caso de ampliaci�n de jurisdicci�n, no de desplazamiento en la propiedad federal, como se ver� m�s adelante al realizar el preciso an�lisis de este art�culo.

    La jurisdicci�n consiste en la facultad de dictar leyes y de aplicarlas dentro de determinado territorio. La relaci�n entre aquella facultad y el territorio, o sea, el espectro territorial de la jurisdicci�n, est� consignada en las fracciones I y II del art�culo 121 constitucional, que consagran la territorialidad de las leyes en un Estado y el r�gimen de los muebles e inmuebles, seg�n la ley del lugar donde est�nubicados.

    De conformidad con el art�culo 28 constitucional aunque se refiere a la comunicaci�n v�a sat�lite y los ferrocarriles que son v�as generales de comunicaci�n, el Estado reconoce su rector�a sobre estas comunicaciones para proteger la soberan�a y seguridad de la naci�n.

    Caso similar es el que establece el art�culo 48 constitucional cuando en trat�ndose de islas, cayos y arrecifes que son propiedad originaria de la naci�n y dependen directamente del Gobierno Federal.

    Misma consideraci�n debe hacerse sobre las carreteras como v�as generales de comunicaci�n, que como las aguas pasen entre dos o m�s territorios, son propiedad originaria de la naci�n.

    Por tales motivos, el Congreso de la Uni�n tiene el deber constitucional de legislar sobre las v�as generales de comunicaci�n, como propiedad originaria por tratarse de tramos carreteros que afectan a dos o m�s Estados.

    Por �ltimo, el Poder Judicial de la Federaci�n tambi�n tiene jurisdicci�n federal para conocer y resolver los conflictos que se susciten con motivo de las v�as generales de comunicaci�n, en virtud de que se trata de bienes de uso com�n del dominio p�blico de la Federaci�n que forman parte integrante de las v�as generales de comunicaci�n y, por ende, cuando la Federaci�n es parte de un conflicto de esta naturaleza, los tribunales de la Federaci�n son competentes para conocer de la misma.

    Lo anterior tiene su apoyo en el art�culo 104, fracci�n III, constitucional, que precept�a:

    "Art�culo 104. Corresponde a los tribunales de la Federaci�n conocer:

    "...

    III. De aquellas en que la Federaci�n fuese parte.

    Apoyan a la anterior consideraci�n los criterios n�meros P. XXXII/94, consultable en la p�gina treinta y tres, N�mero 81, septiembre de 1994, Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n; consultable en la p�gina diez, Volumen LXXI, Primera Parte, Sexta �poca, Pleno del Semanario Judicial de la Federaci�n; y consultable en la p�gina once, Volumen LXXI, Primera Parte, Sexta �poca, Pleno del Semanario Judicial de la Federaci�n, respectivamente.

    "DERECHO DE V�A. LAS LATERALES DE LAS CARRETERAS FEDERALES FORMAN PARTE DE �L Y, POR TANTO, DE LAS V�AS GENERALES DE COMUNICACI�N RESERVADAS A LA JURISDICCI�N DE LOS PODERES FEDERALES. El art�culo 1o., fracci�n VI, inciso b), de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n establece que son v�as generales de comunicaci�n los caminos cuando comuniquen dos o m�s entidades federativas entre s�; asimismo, el art�culo 2o., fracci�n II, de dicha ley consigna como partes integrantes de las v�as generales de comunicaci�n a los terrenos y aguas que sean necesarios para el derecho de v�a y para el establecimiento de los servicios auxiliares, obras, construcciones y dem�s dependencias y accesorios de las mismas en la extensi�n y volumen que fije la S.�a de Comunicaciones y Transportes. De lo anterior deriva que las carreteras federales que comunican dos o m�s entidades federativas entre s� y la franja correspondiente al derecho de v�a forman parte integrante de las v�as generales de comunicaci�n y, en t�rminos del art�culo 3o. de la ley relativa y 29, fracci�n IX y 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales, que clasifican a tales v�as como bienes de uso com�n del dominio p�blico de la Federaci�n, su jurisdicci�n se encuentra reservada a los Poderes Federales. Ahora bien, el art�culo 2o., fracci�n IV, del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras Federales y Zonas Aleda�as, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, define al derecho de v�a como el bien del dominio p�blico de la Federaci�n constituido por la franja de terreno que se requiere para la ?construcci�n, conservaci�n, ampliaci�n, protecci�n y en general para el uso adecuado de una v�a de comunicaci�n carretera y sus servicios auxiliares?, de lo que cabe se desprende que si las laterales de las carreteras federales son construcciones realizadas para el uso adecuado de esas v�as de comunicaci�n, quedan encuadradas dentro de la definici�n anterior del derecho de v�a y, por consiguiente, est�n sujetas a la jurisdicci�n de los Poderes Federales."

    "V�AS GENERALES DE COMUNICACI�N, LEY DE. COMPETENCIA EN CONTROVERSIAS CIVILES. El art�culo 5o. de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, forma parte del sistema legislativo que regula el funcionamiento y aprovechamiento de las v�as generales de comunicaci�n, es decir, todo lo que se refiere a la prestaci�n del servicio p�blico de transporte que est� encomendado a las empresas, como son el otorgamiento, caducidad o rescisi�n de las concesiones para la construcci�n de las v�as; expedici�n y revocaci�n de permisos de explotaci�n de los servicios de comunicaci�n; personalidad y bienes afectos al servicio, que son actos del orden federal, y por esto da competencia federal para las controversias o conflictos que con esos motivos pudieran suscitarse; pero debe interpretarse l�gicamente ese art�culo en el sentido de que las controversias civiles que cita dicho art�culo son aquellas que se refieren al funcionamiento de las empresas de transportes, como tales, y no a las que se entablen contra ellas por asuntos de orden privado, pues respecto de estas, no habr�a raz�n alguna para conceder jurisdicci�n federal. As�, como el mencionado art�culo 5o. somete a los tribunales federales el conocimiento de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o contra la explotaci�n de las v�as y las que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de esos servicios o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas o que est�n bajo su responsabilidad, es decir, son de competencia federal los delitos contra las empresas de v�as generales de comunicaci�n s�lo cuando se afecten sus servicios o bienes, debe entenderse lo mismo respecto a las controversias civiles, que sean de la competencia federal, cuando se refieran al funcionamiento mismo de la empresa, y no cuando �nicamente se reclamen intereses particulares de las mismas. Ahora bien, si tanto la actora como la demandada son empresas de v�as generales de comunicaci�n, pero la acci�n que se entabla por una de ellas contra la otra nada tiene que ver con el funcionamiento de las mismas, como empresas de transportes, sino es �nicamente una acci�n por da�os y perjuicios que la actora reclama de la demandada, no provenientes de su funcionamiento sino ocasionados por la revocaci�n de un acuerdo de la S.�a de Comunicaciones y Obras P�blicas, siendo por lo mismo una controversia que s�lo se refiere a los intereses particulares de las partes y de orden privado, debe entenderse que la competencia para conocer de esa controversia corresponde a las autoridades del orden com�n, por no quedar comprendida en ninguna de las fracciones del art�culo 43 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, pues no se trata de la aplicaci�n de leyes federales, y aunque as� fuere, el actor eligi� la jurisdicci�n com�n, y s�lo se afectan intereses particulares."

    V�AS GENERALES DE COMUNICACI�N, LEY DE. COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. El art�culo 5o. de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n dice: ?corresponde a los tribunales federales conocer de todas las controversias del orden civil en que fuere parte actora, demandada o tercera opositora una empresa de v�as generales de comunicaci�n, as� como los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o contra la explotaci�n de las v�as, y los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus servicios, o en menoscabo de los derechos, bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas o que est�n bajo su responsabilidad?. Ahora bien, si se ejercit� la acci�n penal contra quien o quienes resultaren responsables del delito de da�o en propiedad ajena ocasionado por la colisi�n de veh�culos, de los cuales uno lo fue un cami�n de pasajeros propiedad de una l�nea de autotransportes y los hechos acaecieron al estar prestando el cami�n el servicio p�blico federal de transporte de pasajeros de un Estado a otro de la Federaci�n, o sea, por una empresa de v�a general de comunicaci�n que es de jurisdicci�n federal de acuerdo con el art�culo 1o. de la ley referida, que en su fracci�n VI as� considera los caminos, cuando comuniquen a dos o m�s entidades federativas entre s�, en consecuencia, tanto porque el delito se cometi� en menoscabo de los bienes de una empresa de v�a general de comunicaci�n de jurisdicci�n federal, cuanto con motivo del funcionamiento del servicio que aquella se encontraba prestando, es aplicable el precepto citado y, por tanto, debe reputarse del orden federal, de acuerdo con el art�culo 41 fracci�n I, inciso a), de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

    Precisada la ubicaci�n del tramo carretero impugnado, as� como su naturaleza, antes de entrar al estudio del concepto de invalidez en el que se sostiene que el acto que se reclama transgrede el contenido del art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n Federal, en relaci�n con los art�culos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 2003, en principio deben establecerse las facultades del Congreso de la Uni�n para legislar en esta materia.

    El art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, precept�a:

    "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    "...

    "XVII. Para dictar leyes sobre v�as generales de comunicaci�n y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci�n federal;

    "...

    XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta C.�n a los Poderes de la Uni�n.

    Conforme a las facultades que las disposiciones constitucionales reproducidas le confieren al Congreso de la Uni�n, �ste expidi�, de acuerdo con la fracci�n XVII, la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, as� como la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal; y conforme a la fracci�n XXX, en concordancia con los art�culos 27 y 132 de la propia C.�n, expidi� la Ley General de Bienes Nacionales.

    En cuanto a su regulaci�n, en lo que al caso interesa, el Congreso de la Uni�n, en ejercicio de las facultades constitucionales que le confiere la fracci�n XVII del art�culo 73 ya transcrito (competencia legislativa), expidi� la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n y la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, para determinar, entre otras cuestiones, qu� caminos forman parte de la red de comunicaci�n federal y regular su construcci�n, mantenimiento, explotaci�n y vigilancia. Por otra parte, en ejercicio de la facultad que le otorgan los art�culos 27 y 132 de la propia C.�n, expidi� la Ley General de Bienes Nacionales, con el objeto de precisar qu� bienes forman parte del dominio p�blico de la naci�n y que, por ende, sujetos a la jurisdicci�n de los Poderes Federales.

    Conforme a lo anterior y de acuerdo con el sistema federal mexicano, corresponde a las entidades federativas, por su parte, el legislar respecto de las v�as de comunicaci�n local, as� como determinar cu�les bienes forman parte del dominio p�blico del Estado.

    Este criterio, sobre el �mbito competencial entre la Federaci�n y las entidades federativas, trat�ndose de carreteras y de bienes del dominio p�blico, ha sido sustentado, anal�gicamente, por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su anterior integraci�n, en la tesis aislada consultable en la p�gina cuarenta y cuatro, Volumen 69, Primera Parte, S�ptima �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo tenor es el siguiente:

    V�AS GENERALES DE COMUNICACI�N, LEY DE. CONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 1o., F.V., INCISOS A), B) Y C) NO VIOLA LOS ART�CULOS 40, 41 Y 121 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. El art�culo 1o., fracci�n VI, de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, en tanto estatuye que son v�as generales de comunicaci�n los caminos: a) Cuando entronquen con algunas v�as de pa�s extranjero; b) Cuando comuniquen a dos o m�s entidades federativas entre s�; c) Cuando en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federaci�n, no vulnera la forma democr�tica, representativa y federal. El Congreso de la Uni�n tiene facultad de determinar cu�les son caminos generales de comunicaci�n, de acuerdo con el art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n Federal. Por otra parte, conforme al art�culo 124 de la misma C.�n, los Estados federados tienen facultad de reglamentar las v�as locales de comunicaci�n. El art�culo 40 de la C.�n establece la forma de gobierno del Estado mexicano, al indicar que la Rep�blica mexicana se compone de Estados libres y soberanos en lo que concierne a su r�gimen interior y que dichos Estados estar�n unidos en una Federaci�n de acuerdo con los principios de la misma Ley Fundamental; tambi�n previene que los Estados son libres en su r�gimen interno, y que est�n unidos en una Federaci�n de acuerdo con los lineamientos de la misma C.�n. Por otra parte, el art�culo 41 de la Ley Fundamental estatuye que la soberan�a se ejerce a trav�s de los Poderes de la Uni�n en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados en lo que corresponde a sus reg�menes internos. Se establece, pues, la competencia de los Poderes Federales en la misma C.�n y as� indica, en forma expresa, las atribuciones de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y por exclusi�n determina los asuntos de la competencia de los Estados Federales, de acuerdo con su art�culo 124. La C.�n establece como forma de gobierno de la Rep�blica mexicana la Federaci�n, lo que de acuerdo con los lineamientos de la misma se traduce en la separaci�n de facultades de la Federaci�n como orden jur�dico total del Estado mexicano y las distintas entidades federativas como �rdenes jur�dicos parciales que dictan disposiciones en lo que corresponde exclusivamente a sus reg�menes internos. El legislador federal, al determinar en el art�culo 1o., fracci�n VI, incisos a), b) y c), de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, cu�les caminos tienen car�cter de v�as generales de comunicaci�n, se fund� en la C.�n Federal y tal decisi�n no afecta la soberan�a de las entidades federativas, porque las razones para considerarlos as� son evidentes, pues si un camino nacional entronca con uno extranjero, los posibles conflictos o relaciones entre ellos se relacionar�an a un problema en que deber�a intervenir un Estado con otro en el plano internacional, y el �nico autorizado es la Federaci�n mexicana que es la entidad del orden jur�dico internacional; si un camino atraviesa dos o m�s entidades federativas, existe la idea de que ninguna de ellas querr�a hacerse cargo de la v�a general, y si la Federaci�n construy� el camino, tal circunstancia le dar� car�cter federal por v�a de pertenencia. No existe ataque a la esfera de las entidades federativas con el establecimiento de las v�as generales de comunicaci�n, pues en los tres incisos indicados hay razones para estimar esos caminos como generales y no como locales.

    Conviene aclarar que si bien en la tesis transcrita se alude al art�culo 1o., fracci�n VI, incisos a), b) y c), de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, el cual fue derogado por el art�culo tercero transitorio de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de diciembre de mil novecientos noventa y tres; sin embargo, su contenido fue retomado por el art�culo 2o., fracci�n I, incisos a), b) y c), del ordenamiento legal citado en segundo t�rmino y que m�s adelante se reproduce; por tanto, el criterio jur�dico sustentado en la tesis transcrita, subsiste en su esencia.

    Ahora bien, los art�culos 1o., 2o., fracci�n I y 29, fracci�n IX, de la Ley General de Bienes Nacionales, establecen:

    "Art�culo 1o. La presente ley es de orden p�blico e inter�s general y tiene por objeto establecer:

    "I. Los bienes que constituyen el patrimonio de la naci�n;

    "II. El r�gimen de dominio p�blico de los bienes de la Federaci�n y de los inmuebles de los organismos descentralizados de car�cter federal;

    "III. La distribuci�n de competencias entre las dependencias administradoras de inmuebles;

    "IV. Las bases para la integraci�n y operaci�n del Sistema de Administraci�n Inmobiliaria Federal y Paraestatal y del Sistema de Informaci�n Inmobiliaria Federal y Paraestatal, incluyendo la operaci�n del Registro P�blico de la Propiedad Federal;

    "V. Las normas para la adquisici�n, titulaci�n, administraci�n, control, vigilancia y enajenaci�n de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con excepci�n de aquellos regulados por leyes especiales;

    "VI. Las bases para la regulaci�n de los bienes muebles propiedad de las entidades, y

    "VII. La normatividad para regular la realizaci�n de aval�os sobre bienes nacionales."

    "Art�culo 2o. Son bienes de dominio p�blico:

    "I. Los de uso com�n."

    "Art�culo 29. Son bienes de uso com�n:

    "...

    IX. Los caminos, carreteras y puentes que constituyen v�as generales de comunicaci�n, con sus servicios auxiliares y dem�s partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia.

    De acuerdo con los preceptos legales reproducidos y conforme a las facultades constitucionales concedidas al Congreso de la Uni�n, los caminos, carreteras y puentes que constituyen v�as generales de comunicaci�n, como es el caso de un tramo carretero dentro de un Estado pero que comunica a dos o m�s, son bienes propiedad originaria de la naci�n, por tanto, de dominio p�blico y est�n considerados como bienes de uso com�n y, por disposici�n constitucional, se encuentran sujetos exclusivamente a la jurisdicci�n federal.

    La competencia jurisdiccional federal administrativa corresponde al Poder Ejecutivo Federal trat�ndose de v�as generales de comunicaci�n, se reitera en el art�culo 3o., p�rrafo primero, de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, que prev� lo siguiente:

    Art�culo 3o. Las v�a generales de comunicaci�n y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitar� sus facultades por conducto de la S.�a de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

    Por su parte, los art�culos 1o., 2o., fracci�n I, 3o., 5o., p�rrafo primero y 22 de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, establecen:

    "Art�culo 1o. La presente ley tiene por objeto regular la construcci�n, operaci�n, explotaci�n, conservaci�n y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del art�culo siguiente, los cuales constituyen v�as generales de comunicaci�n, as� como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares."

    "Art�culo 2o. Para los efectos de esta ley, se entender� por:

    "I. Caminos o carreteras:

    "a) Los que entronquen con alg�n camino de pa�s extranjero;

    "b) Los que comuniquen a dos o m�s Estados de la Federaci�n; y,

    "c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federaci�n; con fondos federales o mediante concesi�n federal por particulares, Estados o Municipios."

    "Art�culo 3o. Son parte de las v�as generales de comunicaci�n los terrenos necesarios para el derecho de v�a, las obras, construcciones y dem�s bienes y accesorios que integran las mismas."

    "Art�culo 5o. Es de jurisdicci�n federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares."

    "Art�culo 22. Es de utilidad p�blica la construcci�n, conservaci�n y mantenimiento de los caminos y puentes. Lasecretar�a por s�, o a petici�n de los interesados, efectuar� la compraventa o promover� la expropiaci�n de los terrenos, construcciones y bancos de material necesarios para tal fin. La compraventa o expropiaci�n se llevar� a cabo conforme a la legislaci�n aplicable.

    "En el caso de compraventa, �sta podr� llevarse a cabo a trav�s de los interesados, por cuenta de la secretar�a.

    Los terrenos y aguas nacionales as� como los materiales existentes en ellos, podr�n ser utilizados para la construcci�n, conservaci�n y mantenimiento de los caminos y puentes conforme a las disposiciones legales.

    De los preceptos legales transcritos se desprende, en lo que al caso interesa, que el referido ordenamiento legal tiene por objeto regular la construcci�n, operaci�n, explotaci�n, conservaci�n y mantenimiento de los caminos que constituyan v�as generales de comunicaci�n, y que son: a) los que entronquen con alg�n camino de pa�s extranjero; b) los que comuniquen a dos o m�s Estados de la Federaci�n; y, c) los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federaci�n, ya sea con fondos federales o mediante concesi�n federal por particulares, Estados o Municipios. Que tambi�n forman parte de las v�as generales de comunicaci�n los terrenos necesarios para el derecho de v�a; asimismo, se reitera el que todo lo relacionado con estos caminos es de jurisdicci�n federal; y que la construcci�n, conservaci�n y mantenimiento de los caminos es de utilidad p�blica.

    De acuerdo con lo anterior, para que una carretera sea considerada v�a general de comunicaci�n y, por ende, de jurisdicci�n federal, por ser propiedad originaria de la naci�n, es menester que se coloque en alguno de los supuestos previstos en la fracci�n I del art�culo 2o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, esto es, que entronquen con alg�n camino de pa�s extranjero, o que comuniquen a dos o m�s Estados de la Federaci�n, o bien, que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federaci�n.

    En el caso que nos ocupa y con las probanzas aportadas, se concluye que el tramo carretero es de naturaleza federal.

    Por los anteriores motivos, no le asiste la raz�n a la parte demandada en cuanto que conforme al art�culo 132 constitucional, que la Federaci�n necesita permiso de la Legislatura Local para que pueda tener jurisdicci�n y dominio sobre el tramo carretero en conflicto, en virtud de que �sta no se ubica en las hip�tesis establecidas en el referido precepto constitucional.

    El art�culo 132 constitucional se transcribe nuevamente para su mejor comprensi�n:

    Art�culo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de dep�sito y dem�s bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Uni�n al servicio p�blico o al uso com�n, estar�n sujetos a la jurisdicci�n de los Poderes Federales en los t�rminos que establezca la ley que expedir� el Congreso de la Uni�n; mas para que lo est�n igualmente los que en lo sucesivo adquieran dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.

    El precepto constitucional reproducido, en lo que al caso interesa, condiciona el ejercicio de la jurisdicci�n de los Poderes Federales respecto de los bienes inmuebles que se destinen al servicio p�blico o al uso com�n adquiridos dentro del territorio de alg�n Estado, despu�s del primero de mayo de mil novecientos diecisiete en que entr� en vigor la C.�n Federal, al consentimiento que otorguen las Legislaturas Locales, y obtenido �ste, el ejercicio de esa jurisdicci�n se har� en los t�rminos que establezca la ley que al efecto expida el Congreso de la Uni�n.

    El requisito de que exista consentimiento de las Legislaturas Locales para que los Poderes Federales puedan ejercer jurisdicci�n sobre los bienes a que se refiere el precepto constitucional en comento, obedece al respeto que debe imperar entre los diferentes �mbitos competenciales, de tal manera que no basta con que en la ley relativa el Congreso de la Uni�n establezca en qu� supuestos o respecto de qu� bienes puedan ejercer jurisdicci�n los Poderes Federales y en cu�les las entidades federativas, sino que es menester que las Legislaturas Estatales den su consentimiento cuando los bienes se encuentren en su territorio, a excepci�n de los que la propia C.�n establece.

    Lo anterior se desprende del dictamen presentado por la Segunda Comisi�n del �rgano Constituyente, en la sesi�n ordinaria celebrada el veintiuno de enero de mil novecientos diecisiete, en el que para justificar su inclusi�n a la C.�n Federal, por no encontrarse originalmente en la iniciativa correspondiente que present� don V.C., se dijo:

    El proyecto de reformas suprime los art�culos 12 y 126 de la C.�n de 1857. La primera disposici�n establece la jurisdicci�n federal sobre los fuertes, cuarteles, etc., previniendo que para poder tener dicha jurisdicci�n sobre los inmuebles o edificios que en lo sucesivo adquiera la Federaci�n, se requerir� el consentimiento de la legislatura respectiva. Este art�culo consagra el respeto a la soberan�a local sobre el establecimiento de jurisdicciones federales, y ya que se ha notado el prop�sito de enaltecer el papel de los Estados en nuestro sistema pol�tico, la comisi�n ha cre�do bueno conservar tal disposici�n y la inserta en el t�tulo 6o., en el art�culo 131.

    Ahora bien, el consentimiento a que se refiere el precepto constitucional que se analiza, se traduce en la voluntad de la Legislatura Local de permitir o autorizar a los Poderes Federales para que ejerzan jurisdicci�n respecto de los bienes inmuebles que menciona el propio precepto, sin embargo, no se requiere el consentimiento de las Legislaturas Locales cuando se trata de carreteras federales que, como qued� precisado, adem�s de ser bienes inmuebles de uso com�n destinados a un servicio p�blico, son bienes propiedad originaria de la naci�n y, por tanto, no se encuentran contemplados dentro del supuesto normativo establecido en el art�culo 132 constitucional transcrito, por lo que por esta circunstancia no se transgrede el Pacto Federal.

    En efecto, basta con que se encuentren acreditados los extremos antes mencionados, para que los Poderes Federales ejerzan jurisdicci�n sobre el tramo carretero en cuesti�n, sin que sea necesario que se cuente con el consentimiento del Congreso del Estado de C. en t�rminos del art�culo 132 de la C.�n Federal.

    Conforme a la conclusi�n alcanzada de que por las caracter�sticas de la carretera en que se ubica el tramo en conflicto es de jurisdicci�n federal, resulta innecesario valorar las pruebas ofrecidas por las partes tendentes a demostrar qui�n ha ejercido jurisdicci�n sobre ese tramo carretero, toda vez que la jurisdicci�n no se adquiere por el solo ejercicio, sino que debe contemplarse expresamente en disposiciones constitucionales o legales.

    De igual forma, resulta innecesario la valoraci�n de pruebas tendentes a acreditar si la construcci�n de la carretera fue realizada en su totalidad o en su mayor parte por la Federaci�n, o bien, por el Gobierno del Estado de C., dado que esto s�lo constituye otro de los supuestos que conforme al art�culo 2o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, otorgan jurisdicci�n, ya sea federal o local, seg�n el caso, de tal suerte que de probarse que el Gobierno Local hubiese realizado la construcci�n, no por esa circunstancia el tramo carretero pasa a ser jurisdicci�n del Estado, por encontrarse acreditadas las hip�tesis previstas en los incisos a) y b) del citado numeral.

    No es obst�culo para arribar a la conclusi�n alcanzada el argumento de la parte actora en el sentido de que el Gobierno del Estado de C., con recursos propios, construy� en el a�o dos mil uno un tramo carretero paralelo al ya existente, acondicion� y adecu� su tramo original para darle el perfil y especificaciones t�cnicas de una autopista y que, por tanto, dej� de ser parte de la carretera federal M�xico-C.J., ya que se trata de una distinta que s�lo une a los Municipios de H. del Parral y J.�nez. Argumento que resulta infundado por lo siguiente.

    La parte actora acompa�� a la demanda de controversia constitucional copia certificada del contrato de obra p�blica No. 80/00 a precios unitarios y tiempo determinado que el Gobierno del Estado de C. celebr� con la empresa Pavimentos de la Laguna, Sociedad An�nima de Capital Variable, el veintiocho de junio de dos mil (fojas de la veintisiete a la cuarenta y tres del expediente), en cuya cl�usula primera se estipul� lo siguiente:

    Cl�usulas: Primera. Objeto del contrato. ?El gobierno? encomienda a ?el contratista? los trabajos consistentes en construcci�n de terracer�as, estructuras y obras de drenaje, pavimentaci�n y se�alamiento del segundo cuerpo y rehabilitaci�n del cuerpo actual de la Carretera Parral-J.�nez, en el Estado de C.. ?El contratista? se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminaci�n, acatando para ello lo establecido en su propuesta, en las bases del concurso de licitaci�n p�blica de la cual deriv� el presente contrato, en el programa de obra aprobado, en los presupuestos, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, as� como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcci�n vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

    Conforme a la cl�usula transcrita, el tramo carretero que construy� el Gobierno del Estado de C. con recursos propios, el cual comunica a los Municipios de H. del Parral y de J., se realiz� como un segundo cuerpo paralelamente al tramo carretero de jurisdicci�n federal con el fin de darle las caracter�sticas propias de una autopista, esto es, que funcione con cuatro carriles, seg�n lo manifiesta, adem�s, en la misma demanda; circunstancias estas por las cuales la actora estima que debe ser de jurisdicci�n estatal; sin embargo, al realizarse la construcci�n en forma paralela y adyacente al camino ya existente, debe estimarse que forma parte de este �ltimo y, por tanto, tambi�n es de jurisdicci�n federal.

    Lo anterior es as�, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 3o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, son parte de las v�as generales de comunicaci�n los terrenos necesarios para el derecho de v�a, las obras, construcciones y dem�s bienes y accesorios que integran las mismas.

    El derecho de v�a a que se refiere el precepto legal citado, se encuentra definido en la fracci�n III del art�culo 2o. del mismo ordenamiento legal, al establecer:

    "Art�culo 2o. Para los efectos de esta ley, se entender� por:

    "...

    III. Derecho de v�a: Franja de terreno que se requiere para la construcci�n, conservaci�n, ampliaci�n, protecci�n y en general para el uso adecuado de una v�a general de comunicaci�n, cuya anchura y dimensiones fija la secretar�a, la cual no podr� ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Trat�ndose de carreteras de dos cuerpos, se medir� a partir del eje de cada uno de ellos.

    Es aplicable al criterio anterior la tesis jurisprudencial sustentada por este Tribunal Pleno, n�mero P./J. 79/2003, consultable en la p�gina quinientos treinta y seis, T.X., diciembre de dos mil tres, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

    V�AS GENERALES DE COMUNICACI�N. LOS ART�CULOS 38 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACI�N PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, VIOLAN EL ART�CULO 116, F.V., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, AL FACULTAR A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA AMPLIAR Y EXPLOTAR TRAMOS CARRETEROS DE JURISDICCI�N FEDERAL. Los preceptos legal y transitorio citados, que establecen que las entidades federativas y los Municipios podr�n construir v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las de jurisdicci�n federal con el prop�sito de que existan cuatro carriles de circulaci�n y de instalar casetas de cobro por el servicio que se preste en dichas v�as, sin que se haya celebrado un convenio con el Ejecutivo Federal, violan el art�culo 116, fracci�n VII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es as�, ya que con independencia de que se utilice o no el derecho de v�a de las carreteras existentes (franja de terreno adyacente), la intenci�n de crear cuatro carriles para que funcionen en forma de autopista y de instalar casetas de cobro por el servicio que se preste en ambas v�as de comunicaci�n, evidencia que se trata de la ampliaci�n y explotaci�n de tramos carreteros de jurisdicci�n federal y, por ende, de la ejecuci�n de una obra p�blica federal, por lo que la realizaci�n de esas actividades por parte de los Estados y Municipios requiere de la celebraci�n de un convenio con el Ejecutivo Federal, en virtud de que la potestad del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de v�as generales de comunicaci�n no conlleva la posibilidad de transferirle a aqu�llos, mediante ley, facultades que corresponden a las dependencias del Ejecutivo Federal, como son la construcci�n o ampliaci�n y la explotaci�n de las carreteras federales, as� como su conservaci�n y mantenimiento. Esto es, si la delegaci�n de esas facultades conlleva la coexistencia de derechos y obligaciones para las partes involucradas, resulta indispensable la celebraci�n de convenios que satisfagan los requisitos, t�rminos y condiciones que la ley de la materia establece, a fin de delimitar el campo de acci�n de cada una, fijando la normatividad o el r�gimen jur�dico al que deber�n sujetarse para garantizar a los usuarios las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia en la prestaci�n del servicio p�blico de carreteras. Adem�s, los caminos o carreteras catalogados como v�as generales de comunicaci�n en el art�culo 2o., fracci�n I, de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, son bienes de uso com�n y del dominio p�blico de la Federaci�n y su construcci�n, conservaci�n o mantenimiento, ampliaci�n y explotaci�n corresponden al Gobierno Federal, por conducto del Ejecutivo; por tanto, mientras pertenezcan a ese r�gimen jur�dico, su ampliaci�n y explotaci�n s�lo puede transferirse a los particulares, Estados o Municipios, mediante concesi�n o convenio, conforme a las reglas que prev� la citada ley.

    De lo antes expuesto se colige que el tramo carretero Parral-J.�nez, forma parte de una carretera que comunica a varios Estados de la Federaci�n y, adem�s, entronca con un pa�s extranjero, por lo que se trata de una v�a general de comunicaci�n.

    No pasa inadvertida la tesis que la parte actora invoca en su demanda, la cual no le beneficia, en tanto que una cuesti�n es que adquiera la propiedad leg�tima de los terrenos que constituyen los derechos de v�a, y otra cosa muy distinta, es que la Federaci�n tenga que pedir la autorizaci�n a que se refiere el art�culo 132, ya que como la propia tesis se�ala las v�as generales de comunicaci�n son bienes de uso com�n y, por ende, del dominio p�blico de jurisdicci�n federal.

    Apoya a la anterior consideraci�n la tesis del Tribunal Pleno P. XLV/93, consultable en la p�gina veintitr�s, N�mero 68, agosto de 1993, Octava �poca de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci�n, cuyo contenido el siguiente:

    DERECHO DE V�A. PARA QUE �STE EXISTA, LA FEDERACI�N DEBE ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS QUE LO CONSTITUYEN. Si bien el art�culo 2o. de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n se�ala que el derecho de v�a es parte integrante de �stas, y los art�culos 2o., 5o. y 29 de la Ley General de Bienes Nacionales previenen que dichas v�as son bienes de uso com�n y, por ende, del dominio p�blico, a la vez que reservan su jurisdicci�n a la Federaci�n, ello no significa que, por el solo mandato de tales normas, la Federaci�n pueda disponer como propietaria de los terrenos que forman el derecho de v�a. Por tanto, la Federaci�n s�lo podr� disponer leg�timamente de ellos, una vez que, a trav�s de alguno de los procedimientos establecidos por la ley, haya adquirido la propiedad de los mismos.

    De acuerdo con todo lo anterior, al quedar demostrado que el tramo carretero Parral-J.�nez, forma parte de una carretera que comunica a varios Estados de la Federaci�n y, adem�s, entronca con un camino de un pa�s extranjero, se colige que son los Poderes Federales quienes deben ejercer jurisdicci�n sobre �l, de tal suerte que para que el Gobierno del Estado de C. pueda ejercer jurisdicci�n, es menester que celebre con el Gobierno Federal convenio para construir, conservar, mantener, ampliar y explotar dicho tramo de camino, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 116, fracci�n VII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    La citada disposici�n constitucional establece:

    "Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

    "Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

    "...

    "VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

    Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.

    Ahora bien, de las constancias de autos no se advierte que se haya celebrado convenio entre la Federaci�n y el Estado de C. para que �ste pueda construir, conservar, mantener, ampliar y explotar el tramo de camino Parral-J.�nez, no obstante las diversas gestiones que la parte actora ha realizado al respecto, entre las que se encuentra el oficio n�mero 1019-11-00, de dos de diciembre de dos mil, a trav�s del cual el gobernador, el secretario general de Gobierno y el secretario de Comunicaciones y Obras P�blicas, todos del Gobierno del Estado de C., solicitaron al secretario de Comunicaciones y Transportes del Ejecutivo Federal, en t�rminos de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, el otorgamiento de concesi�n para la rehabilitaci�n, operaci�n, explotaci�n, conservaci�n y mantenimiento de la carretera de dos carriles Parral-J.�nez, ubicada del Km. 1+600 al Km. 76+500, de la Ruta M�xico 45, as� como El Ramal a Valle de A. del Km. 0+000 al Km. 5+600, anex�ndose al presente el croquis de ubicaci�n de dichos tramos (fojas de la treinta a la treinta y cinco del cuaderno de pruebas de la parte demandada).

    Al respecto, obra en autos copia certificada del oficio n�mero 107.305.076, de siete de junio de dos mil (foja veintisiete del cuaderno de pruebas ofrecidas por la demandada), por medio del cual el director general de Conservaci�n de Carreteras de la S.�a de Comunicaciones y Transportes inform� al director general del centro de la propia secretar�a en C., que por acuerdo n�mero 107(300)15, de treinta de mayo del mismo a�o, el subsecretario de infraestructura de dicha secretar�a emiti� su conformidad para que se entreguen al Gobierno del Estado de C. diversos tramos carreteros, entre los que se encuentra el de H. del Parral-J.�nez, por lo que se pidi� la realizaci�n de los tr�mites necesarios para la celebraci�n de los convenios respectivos; sin embargo, dicho convenio a�n no ha sido signado por las autoridades correspondientes, como se desprende de la copia certificada que de �l obra a fojas de la doscientos cincuenta y cuatro a la doscientos cincuenta y seis vuelta del citado cuaderno de pruebas.

    Deacuerdo con lo anterior y toda vez que el Gobierno Federal a�n no ha celebrado convenio con el Gobierno del Estado de C. para que �ste pueda construir, conservar, mantener, ampliar y explotar el tramo de camino Parral-J.�nez, luego, en principio, s�lo los Poderes Federales tienen jurisdicci�n sobre dicho tramo carretero.

    Sostiene la demandante que la Federaci�n invade la esfera competencial y las facultades que le corresponden al Estado de C., como las relativas a la administraci�n, conservaci�n, explotaci�n y carreteras estatales, las cuales son bienes de su patrimonio y dominio p�blico, en t�rminos del art�culo 3o. de la C.�n Pol�tica del Estado de C..

    El anterior concepto de invalidez deviene infundado.

    Como qued� precisado, el tramo carretero sujeto a controversia comunica a diversos Estados de la Rep�blica, entroncando con los Estados Unidos de Am�rica.

    Se trata de una v�a general de comunicaci�n de jurisdicci�n federal propiedad originaria de la naci�n.

    Por tanto, este tramo carretero no se ubica en la hip�tesis establecida en el art�culo 132 constitucional, ya que no se segrega del territorio de la entidad federativa para incorporarse a la Federaci�n, por lo cual no se requiere el consentimiento del Estado de C..

    Por tales motivos, no se transgreden los art�culos 40, 41, 42, 121, fracci�n II y 124 de la C.�n Federal, respet�ndose el sistema federal mexicano, como se pasa a demostrar.

    "Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una rep�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."

    "Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente C.�n Federal y las Particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ..."

    "Art�culo 42. El territorio nacional comprende:

    "I. El de las partes integrantes de la Federaci�n;

    "II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

    "III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Oc�ano Pac�fico;

    "IV. La plataforma continental y los z�calos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

    "V. Las aguas de los mares territoriales en la extensi�n y t�rminos que fija el derecho internacional y las mar�timas interiores;

    "VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensi�n y modalidades que establezca el propio derecho internacional."

    "Art�culo 121. En cada Estado de la Federaci�n se dar� entera fe y cr�dito de los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes:

    "...

    "II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n."

    Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta C.�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

    De los preceptos constitucionales reproducidos se desprende que en ellos se prev�, respectivamente, la forma de gobierno del sistema pol�tico mexicano (Rep�blica representativa, democr�tica y federal), y la soberan�a estatal en todo lo concerniente a su r�gimen interior; asimismo, se establece el principio de divisi�n de poderes que debe regir en los Estados, el territorio nacional, los bienes inmuebles que se rigen por las correspondientes leyes locales y, por �ltimo, se contiene el principio general de competencia de las autoridades federales y locales, el cual descansa sobre la base de que las atribuciones que los Estados no confirieron expresamente a la Federaci�n a trav�s del Pacto Federal, se encuentran reservadas para ellos.

    As�, el sistema federal mexicano se basa en una C.�n Federal emanada de la voluntad del pueblo a trav�s de las partes que la integran, de tal suerte que cada una de ellas se encuentra sujeta a la C.�n Federal, la cual hace una distribuci�n de competencias en los diferentes niveles de Gobierno (Federal, Estatal, Municipal y Distrito Federal); en este sistema de distribuci�n se enumeran las materias que corresponden a cada uno de los �mbitos competenciales, sobre la base de que lo que no se encuentra conferido a la Federaci�n, est� reservado a los Estados.

    El art�culo 41 de la C.�n Pol�tica dispone expresamente que las C.ones Particulares de los Estados en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y en otros varios preceptos de la C.�n Federal impone ciertas obligaciones positivas y negativas de los Estados que sus C.ones deben respetar. Por tanto, la autonom�a constitucional se desenvuelve y expresa en las C.ones Locales.

    En este orden de ideas, los Estados de la Federaci�n son aut�nomos, ya que pueden gobernarse por s� mismos dentro de las limitaciones impuestas por la C.�n Federal; as�, por ejemplo, las garant�as individuales obligan a todas las autoridades, sean �stas federales o locales; asimismo, los Estados tienen el deber de adoptar para su r�gimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre conforme a las bases precisadas por el art�culo 115 constitucional.

    Conforme a la distribuci�n de competencias que regula la C.�n Federal, cada nivel de gobierno es aut�nomo en su ejercicio, de tal manera que la Federaci�n no debe inmiscuirse en el quehacer gubernamental de los Estados y viceversa, a no ser que la propia C.�n as� lo exprese, pues de lo contrario se estar�a en presencia de una invasi�n de competencias, lo que afectar�a el sistema federal mexicano.

    Tanto la Federaci�n como los Estados cuentan con sus propias competencias derivadas de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, C.ones Federales, leyes federales y locales y dem�s disposiciones normativas.

    De lo que se concluye, de las leyes analizadas que no se invade la esfera competencial y las facultades del Estado de C., ya que el tramo carretero que nos ocupa es de jurisdicci�n federal y, por tanto, en este espec�fico caso, no se requiere el consentimiento de la Legislatura Local para su administraci�n, conservaci�n, explotaci�n y operaci�n.

    Por �ltimo, respecto de este Tribunal Pleno se remite nuevamente al concepto de invalidez esgrimido por la actora, consistente en que el acto cuya invalidez se demanda, en cuanto pretende impedir que el Estado de C. ejerza jurisdicci�n sobre el tramo carretero en conflicto, violenta el art�culo 73, fracci�n XVII, de la C.�n Federal, en relaci�n con los art�culos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 2003, en el que se otorga a las entidades federativas y a los Municipios facultades para conservar, administrar y operar las carreteras de jurisdicci�n federal, siempre y cuando se construyan v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las v�as de comunicaci�n vehicular de jurisdicci�n federal; cuenten con cuatro carriles de circulaci�n; facult�ndolas para que, en su caso, puedan establecer casetas de cobro para el servicio que se preste en ambas v�as en el territorio de la entidad o Municipio, en t�rminos de las disposiciones legales aplicables, asumiendo el costo de mantenimiento y conservaci�n, cabe se�alar lo siguiente.

    Este Alto Tribunal estima ineficaz el anterior concepto en virtud de que los art�culos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 2003, con los que la parte actora basa su argumento de inconstitucionalidad del acto impugnado, fueron declarados inv�lidos por este Tribunal Pleno en sesi�n celebrada el catorce de octubre de dos mil tres, al resolver la acci�n de inconstitucionalidad n�mero 10/2003 y su acumulada 11/2003, promovida por el procurador general de la Rep�blica y diputados integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Congreso de la Uni�n, respectivamente, que dio origen a la tesis jurisprudencial n�mero P./J. 79/2003, consultable en la p�gina quinientos treinta y seis del T.X., diciembre de dos mil tres, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

    V�AS GENERALES DE COMUNICACI�N. LOS ART�CULOS 38 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACI�N PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, VIOLAN EL ART�CULO 116, F.V., DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL, AL FACULTAR A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA AMPLIAR Y EXPLOTAR TRAMOS CARRETEROS DE JURISDICCI�N FEDERAL.-Los preceptos legal y transitorio citados, que establecen que las entidades federativas y los Municipios podr�n construir v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las de jurisdicci�n federal con el prop�sito de que existan cuatro carriles de circulaci�n y de instalar casetas de cobro por el servicio que se preste en dichas v�as, sin que se haya celebrado un convenio con el Ejecutivo Federal, violan el art�culo 116, fracci�n VII, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es as�, ya que con independencia de que se utilice o no el derecho de v�a de las carreteras existentes (franja de terreno adyacente), la intenci�n de crear cuatro carriles para que funcionen en forma de autopista y de instalar casetas de cobro por el servicio que se preste en ambas v�as de comunicaci�n, evidencia que se trata de la ampliaci�n y explotaci�n de tramos carreteros de jurisdicci�n federal y, por ende, de la ejecuci�n de una obra p�blica federal, por lo que la realizaci�n de esas actividades por parte de los Estados y Municipios requiere de la celebraci�n de un convenio con el Ejecutivo Federal, en virtud de que la potestad del Congreso de la Uni�n para legislar en materia de v�as generales de comunicaci�n no conlleva la posibilidad de transferirle a aqu�llos, mediante ley, facultades que corresponden a las dependencias del Ejecutivo Federal, como son la construcci�n o ampliaci�n y la explotaci�n de las carreteras federales, as� como su conservaci�n y mantenimiento. Esto es, si la delegaci�n de esas facultades conlleva la coexistencia de derechos y obligaciones para las partes involucradas, resulta indispensable la celebraci�n de convenios que satisfagan los requisitos, t�rminos y condiciones que la ley de la materia establece, a fin de delimitar el campo de acci�n de cada una, fijando la normatividad o el r�gimen jur�dico al que deber�n sujetarse para garantizar a los usuarios las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia en la prestaci�n del servicio p�blico de carreteras. Adem�s, los caminos o carreteras catalogados como v�as generales de comunicaci�n en el art�culo 2o., fracci�n I, de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, son bienes de uso com�n y del dominio p�blico de la Federaci�n y su construcci�n, conservaci�n o mantenimiento, ampliaci�n y explotaci�n corresponden al Gobierno Federal, por conducto del Ejecutivo; por tanto, mientras pertenezcan a ese r�gimen jur�dico, su ampliaci�n y explotaci�n s�lo puede transferirse a los particulares, Estados o Municipios, mediante concesi�n o convenio, conforme a las reglas que prev� la citada ley.

    En tales circunstancias, los argumentos que hizo valer la representante del presidente de la Rep�blica en su escrito de reconvenci�n, son fundados, en el sentido de que el Gobierno del Estado de C. transgrede el contenido de los art�culos 27, 73, fracci�n XVII y 124 constitucionales, al haber establecido casetas de cobro en el tramo carretero Parral-J.�nez, que es una v�a general de comunicaci�n federal que forma parte de la Carretera Panor�mica, M�xico-C.J. (Ruta 45) la cual comunica a varios Estados de la Rep�blica mexicana.

    Por los motivos expuestos, y como lo sostiene el Poder Ejecutivo, las autoridades locales no pueden realizar ninguna actividad que est� relacionada con esta v�a general de comunicaci�n, o sea, el gobernador del Estado de C. carece de atribuciones para cobrar peaje en el citado tramo carretero por ser una v�a general de comunicaci�n de jurisdicci�n federal.

    Por lo expuesto con anterioridad, el Poder Ejecutivo del Estado de C. no deb�a cobrar cuotas a usuarios del tramo carretero comprendido entre los Municipios de J.�nez e H. del Parral, en el Estado de C., ya que si bien los art�culos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 2003, que invoc� para sostener la constitucionalidad de su acto, en principio tuvieron vigencia respecto de dicho tramo carretero, tambi�n lo es que, como se dijo, en p�rrafos anteriores, �stos fueron declarados inv�lidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la sentencia de catorce de octubre de dos mil tres, dictada en la acci�n de inconstitucionalidad 10/2003 y su acumulada 11/2003, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintinueve de octubre del mismo a�o, surtiendo efectos el d�a siguiente, es decir, el treinta del mismo mes y a�o citados, de donde emana la anterior tesis de jurisprudencia transcrita.

    Tal como se desprende de la referida publicaci�n, al ordenar lo siguiente:

    "En acatamiento a las normas transcritas y de conformidad con lo expuesto en los considerandos sexto y s�ptimo de esta resoluci�n, al ser inconstitucionales los art�culos 38 y noveno transitorio de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 2003, deben hacerse las precisiones siguientes.

    "En primer lugar, se establece que el presidente de este Alto Tribunal ordenar� la notificaci�n de esta sentencia a las partes, as� como su publicaci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y en el Diario Oficial de la Federaci�n que fue el �rgano en el que se publicaron las normas cuya invalidez se declara.

    "En segundo lugar, se determina que la fecha a partir de la cual surtir� efectos la declaraci�n de invalidez ser� el d�a siguiente a la publicaci�n de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federaci�n.

    En tercer lugar, se establece que la invalidez de los preceptos impugnados implica que a partir de la fecha en que surta efectos la declaraci�n, cesar� la facultad de los Estados y Municipios de construir v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las de jurisdicci�n federal, as� como de instalar casetas de cobro por el servicio que se preste en dichas v�as.

    Lo anterior es as�, ya que en un principio el Ejecutivo Local cobr� cuotas de peaje, con fundamento en el Decreto N�mero 337-02-II-P.O. emitido por la Legislatura del Estado y publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de C., el trece de julio de dos mil dos, que autorizaba al Ejecutivo del Estado a hacerlo, y mediante Acuerdo N�mero 24, de cinco de marzo de dos mil tres, el gobernador del Estado estableci� la caseta de cobro y las cuotas de peaje, sin embargo, a partir del d�a siguiente de la publicaci�n de la declaratoria de invalidez transcrita, cesaron dichas facultades de la actora tanto para construir v�as de comunicaci�n vehicular paralelas a las de jurisdicci�n federal, as� como para instalar casetas de cobro por el servicio que se preste en dichas v�as.

    Por todo lo referido y al ser infundados los conceptos de invalidez esgrimidos por la parte actora, resulta procedente reconocer la validez del oficio n�mero SCT.637.100.034/03, de siete de marzo de dos mil tres, en el que se contiene el acuerdo administrativo, por medio del cual el director general del Centro de la S.�a de Comunicaciones y Transportes en C., comunic� al secretario de Comunicaciones y Obras P�blicas del Gobierno del Estado de C., que la autopista Parral-J.�nez de ese Estado, es de jurisdicci�n federal y, en consecuencia, que esa entidad federativa carece de atribuciones para realizar cobros por concepto de peaje, por ser una v�a general de comunicaci�n de jurisdicci�n federal, propiedad originaria de la naci�n.

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO

Se sobresee en la controversia constitucional respecto del art�culo 5o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en t�rminos del considerando segundo de este fallo.

TERCERO

Se reconoce la validez del oficio n�mero SCT.637.100.034/03, de siete de marzo de dos mil tres, expedido por el director general del Centro de la S.�a de Comunicaciones y Transportes en C., del Poder Ejecutivo Federal, precisado en el resultando primero de este fallo, en t�rminos del considerando octavo.

CUARTO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por mayor�a de siete votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., V.H.�ndez, S�nchez C. y presidente Azuela G�itr�n; los se�ores Ministros G�ngora P., G.�o P., O.M. y S.M. votaron en contra, y reservaron su derecho de formular voto de minor�a.