Ejecutoria num. P./J. 40/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26824022

Ejecutoria num. P./J. 40/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 40/2005
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Mayo de 2005
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2002. MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SU REGLAMENTO, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 1978 Y EL 7 DE JULIO DE 1982, RESPECTIVAMENTE, NO FUERON DEROGADOS EXPRESA NI TÁCITAMENTE POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL MISMO MEDIO EL 3 DE FEBRERO DE 1983.PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.PARTICIPACIONES FEDERALES. EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982, NO REBASA LOS LÍMITES DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA CONCEDIDA AL EJECUTIVO FEDERAL POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.PARTICIPACIONES FEDERALES. EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982, NO VULNERA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.PARTICIPACIONES FEDERALES. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE OCTUBRE DE 2001, NO AFECTAN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y, POR ENDE, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, INCISO B) Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.PARTICIPACIONES FEDERALES. LOS ARTÍCULOS DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO, PUNTO III, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995, Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DEL CITADO PRECEPTO, PUBLICADO EN EL MISMO ÓRGANO DE DIFUSIÓN EL 15 DE OCTUBRE DE 2001, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA SU AFECTACIÓN ES NECESARIO QUE PREVIAMENTE SE CONFIRME LA EXISTENCIA DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL EN MATERIA DE REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DE 1982.PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA SU AFECTACIÓN LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE VERIFICAR QUE LA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA POR EL BENEFICIARIO SE HAYA COMUNICADO AL MUNICIPIO OBLIGADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2002. MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al cuatro de abril de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el diecinueve de abril de dos mil dos en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, J.R.D.�az O. y R.�n E.A.Z., quienes se ostentaron como presidente municipal y s�ndico procurador del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, respectivamente, en su representaci�n, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez de las normas y actos que m�s adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:

II. Entidad, poder u �rgano demandado y su domicilio: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 2. S.io de G.�n, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 3. S.io de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 4. Director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 5. C. Subdirector de Registro y Control de la D.�n de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 6. C.J. de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la D.�n de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 7. C.J. del Departamento de Afectaci�n de Participaciones de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 8. C.D. general Adjunto de Estudios Estrat�gicos, P.�n y V.�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio conocido en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 9. Tesorero de la Federaci�n, con domicilio ubicado en Constituyentes n�mero 1001, edificio D, cuarto piso de la colonia B.�n de las F. en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. 10. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Ejecutivo, del Centro de Gobierno, Centro C�vico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. 11. S.io de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Ejecutivo del Centro de Gobierno, Centro C�vico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. 12. Directora de Ingresos de la S.�a de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Ejecutivo, del Centro de Gobierno, Centro C�vico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. 13. H. Congreso del Estado de Baja California con domicilio en Edificio Poder Legislativo, del Centro de Gobierno, Centro C�vico y Comercial de Mexicali, Estado de Baja California. ... IV. Norma cuya invalidez se demanda: Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 7 de julio de 1982. La reforma publicada en la tercera secci�n del Diario Oficial de viernes 15 de diciembre de 1995 en cuanto a la disposici�n transitoria de la Ley de Coordinaci�n F., art�culo d�cimo tercero, punto tercero, que en lo conducente estableci� ?la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., no ser� aplicable a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al 31 de diciembre de 1995.?. La reforma publicada en el Diario Oficial de lunes 15 de octubre de 2001 en cuanto a las disposiciones transitorias ?segundo y tercero?. IV. Bis. Acto cuya invalidez se demanda: A. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico en virtud del cual autoriz� al director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como al subdirector de Control y Registro de la D.�n de Participaciones y Convenios, al jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas y al jefe del Departamento de Afectaci�n de Participaciones de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como al C.D. general Adjunto de Estudios Estrat�gicos, P.�n y V.�n, y tesorero de la Federaci�n, todos �stos de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a dar tr�mite aparentemente el 18 de marzo del a�o 2002 y ordena la afectaci�n de las participaciones federales que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n en fecha 25 de marzo del a�o 2002. B. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparentemente por v�a fax el 18 de marzo del a�o 2002 y ordena la afectaci�n de las participaciones federales que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n en fecha 25 de marzo del a�o 2002. C. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el subdirector de Registro y Control de la D.�n de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparente a una solicitud de tr�mite emitida por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, cuya participaci�n en los actos fue del conocimiento el d�a 16 de abril del a�o 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n, licenciada E.E.R.O.. D. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, de fecha 20 de marzo del a�o 2002 al dar tr�mite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuya participaci�n en los actos fue del conocimiento el d�a 16 de abril del a�o 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n, licenciada E.E.R.O.. E. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo que emitida como consecuencia del oficio fechado el 20 de marzo del a�o 2002, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y que sea expedido por el director general Adjunto de Estudios Estrat�gicos P.�n y V.�n de la misma S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuya participaci�n en los actos fue del conocimiento el d�a 16 de abril del a�o 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n, L.. E.E.R.�guez O.. F. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo que emitida como consecuencia del oficio fechado el 20 de marzo del a�o 2002 suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y que sea expedido por la tesorera de la Federaci�n de la misma S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuya participaci�n en los actos fue del conocimiento el d�a 16 de abril del a�o 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n, L.. E.E.R.�guez O.. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, en virtud del cual permite que el secretario de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California, d� tr�mite a la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y ordena la afectaci�n de las participaciones federales que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n en fecha 25 de marzo del a�o 2002. El oficio en virtud del cual el secretario de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California d� tr�mite a la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y ordena la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n en fecha 25 de marzo del a�o 2002. (La comunicaci�n se encuentra fechada el 20 de marzo del a�o 2002). El oficio 201490, en virtud del cual la C.D.a de Ingresos del Estado de Baja California con base en la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ordena la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n en fecha 1o. de abril del a�o 2002. (La comunicaci�n se encuentra fechada el 27 de marzo del a�o 2002). Reclamamos las consecuencias de los actos anteriores tendientes a retener las participaciones federales que conforme al presupuesto de egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del a�o 2002 corresponden al Municipio de Mexicali. Reclamamos la omisi�n por parte del Congreso del Estado de Baja California de rechazar el tr�mite iniciado por las autoridades federales de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y continuado por las autoridades estatales, no obstante estar autorizado un presupuesto de ingresos estatal que genera un ingreso por participaciones federales y una Ley de Ingresos y Egresos para el Municipio de Mexicali, en el que el XVII Ayuntamiento no tiene autorizado por el Congreso del Estado de Baja California pago alguno a favor de los terceros interesados.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes los siguientes:

"1. Con fecha 25 de marzo del a�o 2002 el XVII Ayuntamiento de Mexicali recibi� un oficio del secretario de P.�n y Finanzas del Gobierno del Estado cuyo original se acompa�a, anexando copia de un fax fechado el 18 de marzo del a�o 2002. 2. Con fecha 1o. de abril del a�o 2002, el XVII Ayuntamiento de Mexicali recibi� un oficio de la directora de Ingresos del Gobierno del Estado cuyo original se acompa�a, anexando copia de un fax fechado en 18 de marzo del a�o 2002. 3. Del fax acompa�ado se deduce sin que est� firmado por persona alguna, que fue remitido por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con un aparente reclamo por personas que no justifican personalidad, legitimaci�n y derecho, dici�ndose representantes o apoderados de Banco Mercantil del Norte, S., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero B. y su Divisi�n Fiduciaria, quienes a su vez son fusionantes de B.�s, S. 4. Del fax acompa�ado se dice que B.�s, S., otorg� un cr�dito con fecha 11 de julio del a�o 1994, y que tal cr�dito fue inscrito con el n�mero 749/94 con fecha 15 de agosto del a�o 1994, cuyo prop�sito fue el pago de pasivos. 5. A nuestra representaci�n no se le corri� traslado con documento autentificado alguno, con ning�n poder, con ninguna acta de fusi�n, con ning�n contrato, con ninguna determinaci�n aut�ntica de la D.�n de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, dej�ndola en total estado de indefensi�n. 6. Con fecha 7 de julio de 1982 se publica en el Diario Oficial un reglamento expedido por parte del presidente de la Rep�blica, conocido como el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., estableci�ndose un procedimiento para cobro de participaciones garantizadas con motivo de pr�stamos que la ley que regula el acto no faculta para regular tal situaci�n. 7. El reglamento referido y conocido como Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos, no contempla la forma de otorgar la garant�a de audiencia en caso de un reclamo. 8. Se reforma el art�culo 115 constitucional, a partir del 3 de febrero de 1983, otorgando un marco legal distinto a la relaci�n entre M., Estado y Federaci�n. 9. El 31 de enero de 1984 se reforma el art�culo 82 de la Constituci�n Pol�tica de Baja California, recogiendo la reforma de la Constituci�n Federal. 10. La Legislatura del Estado de Baja California emite un decreto publicado en el Peri�dico Oficial de fecha 10 de febrero de 1988, en el que expide la Ley de Deuda P�blica del Estado de Baja California, acorde con la reforma constitucional del art�culo 115. 11. Se expide una reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y se publica en el Diario Oficial de la Federaci�n con fecha 15 de diciembre de 1995, con un transitorio visible en la p�gina 52 y que se se�ala como n�mero III, sosteniendo que la misma reforma no es aplicable para deudas contra�das al 31 de diciembre de 1995, y pretendi�ndole dar vida jur�dica al reglamento t�citamente derogado y adem�s inconstitucional. 12. Se expide una nueva reforma al Reglamento del Art�culo 9o. y se publica en el Diario Oficial de fecha lunes 15 de octubre del a�o 2001 con un art�culo segundo y tercero transitorios, preceptos �stos que se estiman inconstitucionales, en virtud de que el reglamento anterior se encontraba t�citamente derogado y los transitorios le otorgan nueva vida. 13. Con fecha 16 de abril del a�o 2002 se recibe una copia de oficio suscrito por el jefe de la unidad licenciado D.C.P.�ramo de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la D.�n de Participaciones y Convenios dirigido a la C.L.. E.E.R.�guez O., tesorera de la Federaci�n, que est� fechado en M�xico, Distrito Federal, a 20 de marzo del a�o 2002, por el que instruye a esa funcionaria por la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales corresponden a Baja California por un cr�dito otorgado al Municipio de Baja California; tal copia fue marcada al presidente municipal del H. Ayuntamiento de Mexicali, misma que se acompa�a."

TERCERO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en s�ntesis, son los siguientes:

  1. Que el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, es violatorio de los art�culos 115 y 124 de la Constituci�n Federal, porque dej� de tener vigencia, en virtud de la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que concedi� a los M. el derecho a recibir las participaciones federales que las Legislaturas de los Estados les otorgaran, sin facultar a las autoridades hacendarias federales a iniciar un procedimiento de afectaci�n de participaciones; es decir, la facultad de disposici�n de las participaciones federales a los M. en cuanto a las bases, montos y plazos en que habr�n de ser cubiertos, fue conferida de manera expresa a los Estados, y se le quit� a la Federaci�n, lo que trajo como consecuencia la derogaci�n t�cita del reglamento impugnado al existir un nuevo marco normativo previsto en el citado art�culo 115 constitucional, el cual no se aplica, sino por lo contrario, se aplica un texto legal rebasado por la Constituci�n Federal.

  2. Que el art�culo d�cimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, es inconstitucional, por lo siguiente:

    1. Que viola los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b) y 124 de la Constituci�n Federal, porque pretende darle vigencia al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, no obstante que dej� de tenerla al reformarse el art�culo 115 constitucional, en mil novecientos ochenta y tres, el cual concedi� a los Estados la facultad de determinar las bases, plazos y montos para distribuir participaciones y no a la Federaci�n, por lo que no faculta a la autoridad hacendaria federal a iniciar un procedimiento de afectaci�n de participaciones.

    2. Que viola el art�culo 115 constitucional, porque el transitorio en cuesti�n se�ala que no ser� aplicable la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en cuesti�n, a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que el legislador incurre en una contradicci�n inconstitucional, pues por una parte reforma el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. mencionado, para ajustarlo al art�culo 115 constitucional y, por otra, le restituye vida jur�dica al reglamento expedido en mil novecientos setenta y ocho, t�citamente derogado por no ajustarse desde mil novecientos ochenta y tres al marco jur�dico constitucional del art�culo 115.

      Que no obstante la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, de mil novecientos ochenta y tres, en el sentido de que sean los Estados por medio de sus leyes estatales, los que fijen las bases, montos y plazos en los que se habr� de disponer de las participaciones federales, no se aplica al Municipio actor este precepto, ni el texto vigente del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. que adapt� a la legislaci�n secundaria la disposici�n constitucional que desde mil novecientos ochenta y tres imped�a a la Federaci�n disponer y retener las participaciones que correspondan al Municipio, toda vez que se ordena por autoridad incompetente la retenci�n de participaciones, con lo que se viola el texto del precepto constitucional mencionado.

    3. Que viola los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b) y 124 constitucionales, al pretender prolongar la vigencia de una ley secundaria, que la perdi� desde el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, al reformarse el art�culo 115 constitucional, y en tal virtud, la Federaci�n dej� de tener las facultades que le conced�a el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y las que se derivaban de su reglamento, y s�lo contaba con la obligaci�n de participar a los Estados los ingresos obtenidos y no con la facultad para disponer de ellos, ni retenerlos.

    4. Que se pretende dar vigencia a una ley no vigente en el marco constitucional,lo que se desprende del art�culo segundo transitorio del art�culo 115 constitucional, contenido en el decreto publicado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que ordenaba que se reformaran las leyes correspondientes, lo que no sucedi� hasta mil novecientos noventa y cinco, de ah� que sea inconstitucional el transitorio impugnado, al no tener respaldo constitucional y permitir que la Federaci�n invada la esfera de facultades exclusivas de los Estados.

  3. Que los art�culos transitorios segundo y tercero del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, son inconstitucionales, por lo siguiente:

    1. Que reconoce con vida jur�dica a un reglamento t�citamente derogado, no obstante que �ste dej� de tener vigencia en atenci�n a la reforma del art�culo 115 constitucional citada, otorgando a los M. el derecho de recibir participaciones federales que las Legislaturas Estatales les otorgaran, sin que el precepto constitucional faculte a la autoridad hacendaria federal a tener participaci�n alguna en la vida de los M., por lo que se violan los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b) y 124 de la Constituci�n Federal, al pretender prolongar la vigencia de una ley secundaria, que la perdi� desde mil novecientos ochenta y tres.

    2. Que no obstante la reforma al art�culo 115 constitucional en comento, no se aplica este precepto ni el texto vigente del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., en el que adopt� la legislaci�n secundaria lo ordenado en la Constituci�n Federal, que imped�a a la Federaci�n disponer y retener las participaciones federales de los M., en virtud de que se ordena por una autoridad federal la retenci�n de las participaciones de los M., con lo que se vulnera el texto constitucional.

    3. Que impiden la aplicaci�n de la reforma constitucional en comento, en el sentido de que sean los Estados, por medio de leyes estatales de deuda, quienes fijen los montos, bases y plazos en los que se habr�a de disponer de las participaciones federales, no obstante el supuesto contrato celebrado en mil novecientos noventa y cuatro por el Municipio actor y la instituci�n bancaria que solicit� la afectaci�n de participaciones, ya que �ste se llev� a cabo despu�s de que la Federaci�n perdi� la facultad de retener las participaciones federales a los M..

    4. Que al reformarse el art�culo 115 constitucional, la Federaci�n dej� de tener las facultades legales que le conced�a el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y las que se derivan de su reglamento, torn�ndose ineficaces desde aquel momento, por lo que s�lo contaba con la obligaci�n de participar a los Estados de los ingresos obtenidos con base en los convenios de coordinaci�n fiscal, es decir, s�lo era un puente para su recepci�n y entrega, mas perdi� facultades para disponer de ellos y, por ende, para retenerlos y entregarlos en pago de supuestos adeudos, lo cual corresponde a los Estados.

    5. Que con motivo de la reforma al art�culo 115 constitucional de mil novecientos ochenta y tres, perdieron vigencia el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento, ya que de acuerdo con el principio de supremac�a constitucional previsto en el art�culo 133 constitucional, se derogan expresamente todas las disposiciones legales que se opongan a su texto.

    6. Que el texto de la norma que se aplica deriva de los art�culos segundo y tercero transitorios en comento, en donde se pretende dar vigencia a un reglamento que no la tiene en el marco constitucional vigente, lo que se desprende del segundo transitorio de la reforma al art�culo 115 constitucional, que ordenaba reformar las leyes correspondientes para la exacta aplicaci�n del texto de este precepto constitucional, por lo que los transitorios en cuesti�n no tienen respaldo constitucional y permiten que la Federaci�n afecte la esfera de facultades de los Estados.

    7. Que la inconstitucionalidad de los transitorios a estudio se desprende del nuevo Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., que en su parte considerativa se�ala que la inscripci�n en el registro de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, previsto en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., se realizar� para efectos informativos, en virtud de la existencia de sistemas de registro y pago estatales, y de que la secretar�a ya no tiene a su cargo la ejecuci�n de las participaciones afectadas, situaci�n que opera no s�lo desde mil novecientos noventa y cinco, sino desde mil novecientos ochenta y tres, en que la Federaci�n perdi� la facultad para disponer y retener participaciones, pues esta disposici�n se elev� a rango constitucional desde esta �ltima fecha, y en ella se confiri� a los Estados la potestad de decidir las bases, montos y plazos en los que se habr�a de disponer de las participaciones federales que le correspondan a los M..

  4. Que es inconstitucional el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, por lo siguiente:

    1. Que rebasa el texto de la ley que dice reglamentar, ya que el Poder Legislativo, en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., delimit� de manera expresa cu�les ser�an las disposiciones reguladas por el reglamento que de dicho dispositivo legal emitiera el Ejecutivo Federal, esto es, que contendr�a los requisitos para el registro de obligaciones de las entidades y M.; por tanto, el Ejecutivo Federal se excede en su facultad reglamentaria delimitada por el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, porque crea una figura completamente ajena a los requisitos para el registro de obligaciones y empr�stitos, que es el tr�mite de ejecuci�n sobre participaciones federales que la ley no contempla, cuando solamente puede proveer la exacta observancia de la ley, cuesti�n que al no darse en el caso, implica una invasi�n a la esfera competencial del Poder Legislativo.

    2. Que se viola el art�culo 14 constitucional, porque la ley que se pretende aplicar no establece procedimiento alguno para ejecutar el supuesto incumplimiento de obligaciones y empr�stitos, sino que �ste se prev� en un reglamento que no refleja el texto de la norma, puesto que si la ley no contiene procedimiento de ejecuci�n, el reglamento no lo puede crear, ya que esto implica afectaci�n a la esfera de competencia del Poder Legislativo, por lo que s�lo la ley pudo haber previsto dicho procedimiento para ejecutar el supuesto incumplimiento de obligaciones y empr�stitos, m�xime que la norma no previene cu�l ser�a la autoridad ejecutora, toda vez que a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la ley s�lo le concede facultades para registrar las referidas obligaciones y empr�stitos, mas no para ejecutarlos.

      Que el art�culo 14 constitucional prev� que para afectar los derechos posesiones o propiedades de una persona deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a la ley expedida con anterioridad al acto, por lo que s�lo en la ley puede establecerse un procedimiento que tenga tales formalidades, no as� en un reglamento; por tanto, si en la especie, el Ejecutivo Federal fue quien lo cre� por medio de un reglamento que ni siquiera tiene vigencia actualmente, es inconstitucional al haberse rebasado el texto expreso de la ley.

    3. Que se violan los art�culos 14 y 115, fracci�n IV, inciso b), constitucionales, toda vez que al reformarse el texto de este �ltimo precepto constitucional, el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. impugnado, es inconstitucional por falta de vigencia, y porque el tr�mite que contiene su art�culo 11, al no contemplar las formalidades esenciales del procedimiento previo a la afectaci�n de las participaciones federales, vulnera la garant�a de audiencia, ya que no establece la notificaci�n del procedimiento, ni la de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se fincar� la defensa y de alegar, ni el dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas.

  5. Que se violan los art�culos 14 y 115, fracci�n IV, inciso b), constitucionales, porque la Federaci�n no entreg� copia de la solicitud junto con la totalidad de los documentos que hubiere anexado a la misma, impidiendo al Municipio, poder manifestarse en torno a ellos, emiti�ndose una orden de afectaci�n de participaciones federales en la que no se permiti� la garant�a de audiencia, ya que nunca se le notific� la solicitud mencionada de manera simult�nea por parte del supuesto acreditante, lo que afecta al Municipio actor por el aparente tr�mite en el que no se cumpli� con todos y cada uno de los lineamientos que marca la norma, para poder comparecer a defenderse en su caso, del acto lesivo impugnado, por lo que no se le otorga la garant�a de audiencia.

  6. Que la Federaci�n invade las facultades del Estado por lo siguiente:

    1. Que pasa por alto que los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, vigente a partir del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y 82 de la Constituci�n Local facultan al Poder Legislativo del Estado a reconocer, en su caso, y mandar pagar la deuda p�blica del Estado y M.; es decir, el reconocimiento y orden de pago emitido por la Federaci�n, por conducto de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, transgrede la esfera de competencia exclusiva del Estado, pues al Congreso corresponde la facultad de aprobar los programas financieros estatal y municipal, as� como determinar los montos, plazos y formas de pago, es decir, todos los actos de disposici�n de las participaciones federales.

    2. Que para realizar pago alguno era necesaria la emisi�n del decreto por parte del Poder Legislativo del Estado en el sentido de reconocer y pagar la deuda p�blica, lo que no existe en el caso; no obstante que en respeto a los art�culos 115 y 124 constitucionales, la intervenci�n de la legislatura resultaba un elemento indispensable para que procediera la retenci�n y pago de la deuda, pues el presupuesto de egresos es el �nico documento jur�dico v�lido en donde podr�an establecerse los elementos que por concepto de amortizaci�n y pago se impusieran sobre las participaciones de los M., por lo que no puede derivarse de una solicitud; m�xime si para ello se funda en normas derogadas de manera t�cita por el texto de la Constituci�n Federal, como es el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento, vigentes previo al tres de febrero de dos mil tres.

    3. Que se vulneran los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), 117, fracci�n VIII, 124 y 128 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con los art�culos 27, 49 y 82 de la Constituci�n del Estado, y 1o., 5o., 6o., 8o., 11 y 18 de la Ley de Deuda P�blica, por afectarse la esfera de facultades exclusivas del Estado, debido a su falta de intervenci�n y el no ejercicio de las facultades que le confieren las Constituciones Federal y Local, abstenci�n que permite un pago no contemplado en el presupuesto, ni en ley posterior. Adem�s, el Poder Legislativo del Estado no ha emitido ning�n acuerdo o decreto en el que hubiere aprobado contrato de cr�dito alguno, o reconocido o autorizado el pago de la deuda que se dice existe a favor de B.�s, S., ni a Banco Mercantil del Norte, S., identificada con el n�mero 749-R/94, de quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la D.�n de Deuda P�blica.

    4. Que el Ejecutivo del Estado invade las facultades exclusivas de la Legislatura del Estado, en virtud de que al emitir la orden de retenci�n de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor llevar a cabo, su ejecuci�n y requerir la devoluci�n de cantidades ya entregadas sin que exista intervenci�n del Poder Legislativo del Estado, atenta contra el texto de la Constituci�n Federal, pues fueron emitidas sin facultades por parte del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de su secretario de P.�n y Finanzas. M�xime si se funda en normas derogadas de manera t�cita por el texto de la Constituci�n Federal, como es el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. vigente antes del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y el reglamento del mismo art�culo publicado previamente a esta �ltima fecha.

    5. Que se vulneran los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), 117, fracci�n VIII, 124 y 126 de la Constituci�n Federal, por parte del Poder Ejecutivo Federal, por conducto del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como por el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto del secretario de P.�n y Finanzas, al ordenarse una retenci�n, ejecuci�n y pago, afect�ndose las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, con base en un supuesto adeudo adquirido para el pago de pasivos, no de reestructura ni de reconocimiento de adeudo, por lo que no encuadra en ninguno de los supuestos considerados como inversiones p�blicas productivas y, por ende, se contraviene el art�culo 117, fracci�n VIII, constitucional, que proh�be la asunci�n de obligaciones o empr�stitos por parte de los M., cuando �stos tuvieren una finalidad directa e inmediata distinta de las inversiones p�blicas productivas. Adem�s, ni siquiera resultaba jur�dicamente procedente la inscripci�n del supuesto adeudo en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades y M. de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, toda vez que la obligaci�n deven�a de un contrato para el pago de pasivos y no para la realizaci�n de inversiones p�blicas productivas.

CUARTO

Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se consideran violados son el 14, 16, 89, fracci�n I, 115, fracci�n IV, inciso b), 117, fracci�n VIII, 124, 126, 128 y 133.

QUINTO

Por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, G.D.G.�ngora P., orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondi�ndole el n�mero 35/2002, as� como remitir el expediente al M.M.A.G.�itr�n, a quien, por raz�n de turno, le correspondi� actuar como instructor en el procedimiento.

Por auto de veinticinco de abril de dos mil dos, el Ministro instructor admiti� la demanda de controversia constitucional; reconoci� el car�cter de demandadas en el procedimiento al Poder Legislativo, a trav�s de las C�maras de Diputados y de Senadores, al Poder Ejecutivo y a los secretarios de G.�n y de Hacienda y Cr�dito P�blico, toda vez que estas autoridades expidieron, promulgaron y refrendaron, respectivamente, las normas generales impugnadas, as� como a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, a quienes se les imputan los actos de aplicaci�n de las normas generales impugnadas; por lo que respecta a las restantes autoridades dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, no se les reconoci� el car�cter de demandadas, pues si bien participaron o pudieron intervenir en la realizaci�n de los actos impugnados, ellas se encuentran jer�rquicamente subordinadas al secretario del ramo y �ste al Poder Ejecutivo Federal, y por lo que hace al secretario de P.�n y Finanzas y a la directora de Ingresos de esa dependencia, ambos del Gobierno Estatal, no se les tuvo como demandados por encontrarse jer�rquicamente subordinados al titular del Ejecutivo de la entidad; se orden� emplazar a las autoridades que se tuvieron como demandadas para que produjeran su respectiva contestaci�n y dar vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n corresponde.

En el mismo auto, en atenci�n a que del an�lisis integral de la demanda se apreciaba que los promoventes solicitaban la declaraci�n de invalidez de diversos actos atribuidos a las autoridades hacendarias, en los que se aplican disposiciones de la Ley de Coordinaci�n F. y del Reglamento del Art�culo 9o. de la citada Ley en Materia de Registro y Obligaciones de E.�stitos de Entidades Federativas y M., y que dichos actos podr�an constituir materia de un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal, los cuales tienen distinta naturaleza y procedimiento para su tramitaci�n y resoluci�n, se orden� remitir al presidente de este Alto Tribunal el oficio de demanda y sus anexos a efecto de que, de estimarlo pertinente, proveyera lo que en derecho procediera en relaci�n con la formaci�n del diverso expediente.

SEXTO

Por acuerdo de quince de agosto de dos mil dos, en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento de veinticinco de junio del mismo a�o, en el sentido de remitir las documentales con que acreditara su personalidad, se hizo efectivo el apercibimiento decretado al respecto, y se tuvo por no contestada la demanda respecto del Poder Ejecutivo del Estado, acuerdo contra el cual se interpuso recurso de reclamaci�n al que le correspondi� el n�mero 292/2002-PL.

Por prove�do de dos de enero de dos mil tres, en atenci�n a que en esa misma fecha se design� al M.M.A.G.�itr�n presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y que el veinticuatro de abril de dos mil dos le fue turnado este asunto para su instrucci�n y elaboraci�n del proyecto de resoluci�n al Ministro G.D.G.�ngora P., a quien le correspondi� continuar como instructor en el procedimiento.

Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil tres, el Ministro instructor, en cumplimiento a la resoluci�n dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en el recurso de reclamaci�n 292/2002-PL, tuvo por presentado al Poder Ejecutivo del Estado dando contestaci�n a la demanda de controversia constitucional en representaci�n del Poder Ejecutivo de la entidad.

S�PTIMO

Las autoridades demandadas produjeron sus respectivas contestaciones de demanda, en las que, en esencia, manifestaron:

  1. Poder Ejecutivo Federal.

    1. Que con fundamento en el art�culo 22, fracci�n I, en relaci�n con el 28 de la ley reglamentaria de la materia, es improcedente el juicio y se debe sobreseer en �l, en virtud de que los promoventes, presidente y s�ndico procurador del Municipio de Mexicali, no comparecen a la controversia con la debida representaci�n, ya que a su escrito de demanda no anexan ning�n documento en el que conste la legitimaci�n con la que act�an, ni la Constituci�n del Estado de Baja California prev� que los servidores p�blicos mencionados cuentan con la representaci�n del Municipio.

    2. Que las normas impugnadas se entienden consentidas, porque la inscripci�n del contrato de apertura de cr�dito celebrado entre el Municipio actor y Banco Mercantil del Norte, S., en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. que lleva la D.�n de Deuda P�blica de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, se hizo el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo efecto es permitir la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales corresponden al acreditado, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se�ala el ordenamiento correspondiente, lo que trae como consecuencia el consentimiento t�cito del marco jur�dico federal que regula la deuda p�blica, entre las que se encuentran las normas impugnadas en este juicio y, por ende, es indudable la extemporaneidad de esta controversia, ya que se promovi� hasta el mes abril de dos mil dos, actualiz�ndose la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VII delart�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia; consecuentemente, se debe sobreseer en el juicio, en t�rminos de la fracci�n II del art�culo 20 del mismo ordenamiento legal.

      Que al respecto resultan aplicables, por analog�a, las tesis con los rubros siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACI�N." y "ACTOS CONSENTIDOS T�CITAMENTE."

      "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACI�N.", "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACI�N DEL PRIMER ACTO DE APLICACI�N, SI AQU�LLA NO SE DESVIRT�A." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE."

      Que, asimismo, resultan consentidas las resoluciones, determinaciones o acuerdos emitidos por las autoridades hacendarias, por los cuales se autoriz� el tr�mite, se tramit� y se orden� la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, ya que en el caso existe el acto por el que se le da a conocer al Gobierno del Estado y al Municipio actor la procedencia del descuento de partidas presupuestales para el pago de las obligaciones contra�das por dicho Municipio, por lo que en contra de tales actos, el Municipio actor debi� haber promovido la demanda dentro del plazo de treinta d�as siguientes a aquel en que se inscribi� su adeudo en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, hip�tesis que no se da en el caso y, por ende, con fundamento en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, debe sobreseerse en esta controversia constitucional.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis bajo el rubro: "ACTOS CONSENTIDOS T�CITAMENTE, SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO QUE SE INTERPONGA CONTRA ELLOS."

    3. Que se debe sobreseer en esta controversia constitucional, de conformidad con los art�culos 19, fracci�n VIII y 10, fracci�n I, en relaci�n con el 20, fracci�n II, todos de la ley reglamentaria de la materia, porque el presidente y el s�ndico procurador del Municipio actor carecen de legitimaci�n activa para promover esta controversia, ya que en el supuesto de que alg�n �rgano o poder pudiese tener legitimaci�n activa en la misma, lo es el Congreso del Estado, toda vez que fue quien autoriz� la afectaci�n de las participaciones federales que le corresponden a dicho Municipio, de conformidad con el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., que se�ala a ese �rgano legislativo como el �nico poder p�blico que tiene la potestad financiera, es decir, el atributo para afectar las participaciones del Estado y de los M. que lo conforman.

      Que sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis de rubros: "LEGITIMACI�N ACTIVA. EN QU� CONSISTE.", "LEGITIMACI�N PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA."

    4. Que con fundamento en lo dispuesto por los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el 12 de la Ley de Coordinaci�n F., se debe sobreseer en esta controversia respecto de los ordenamientos que impugna el actor, puesto que alega la violaci�n de diversos preceptos constitucionales, y el art�culo 12 mencionado limita la procedencia de la controversia constitucional a la violaci�n de disposiciones legales y convenios relativos a la coordinaci�n fiscal.

    5. Que se debe sobreseer en esta controversia constitucional, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el actor formula conceptos de invalidez que carecen de claridad para poder dilucidar el fondo del asunto, es decir, formula argumentos encaminados a denotar la violaci�n que le causa agravio, en t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F., pero no demuestra lo argumentado con prueba fehaciente, ni determina con precisi�n la legislaci�n que se le aplic� en su perjuicio; adem�s, no delimita los actos que atribuye a las autoridades demandadas que, seg�n sus manifestaciones, carecen de sustento jur�dico, por lo que al no haberse se�alado una m�nima causa de pedir, no puede haber un pronunciamiento sobre las posibles violaciones a las disposiciones de la Ley de Coordinaci�n F. y del reglamento impugnado; aunado a que lo anterior trae aparejado la indefensi�n de las demandadas, ya que desconocen la base conceptual de los agravios que alega la parte actora le causan los actos impugnados.

      Que resultan aplicables, por analog�a, las siguientes tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANT�AS LA CAUSA DE PEDIR." y "CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE MATERIALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN UN PRECEPTO LEGAL QUE SE PRETENDE ATACAR DE INCONSTITUCIONAL."

    6. Que se debe sobreseer en esta controversia constitucional, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n III, en relaci�n con el diverso 19, fracci�n VIII, ambos de la ley reglamentaria de la materia, as� como con el art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., porque no se actualiza la hip�tesis para la procedencia de esta controversia prevista en el art�culo 12 mencionado, toda vez que el Municipio actor no hace valer en su demanda concepto de invalidez alguno en el que se�ale que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico infringi� disposiciones legales relativas a la coordinaci�n fiscal en perjuicio del Estado de Baja California.

    7. Que con la afectaci�n a las participaciones federales que correspond�an al Municipio actor en marzo de dos mil dos, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de la Unidad de Coordinaci�n con Entidades Federativas, aplic� lo previsto por el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., al cr�dito contra�do en mil novecientos noventa y cuatro, por lo que tal afectaci�n se realiz� conforme a las disposiciones legales aplicables al caso, las cuales fueron del conocimiento de dicho Municipio, quien debi� haberlas impugnado dentro de los treinta d�as siguientes a la fecha en que contrajo el adeudo con Banco Mercantil del Norte.

    8. Que el Municipio actor no precisa la disposici�n del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, que le causa perjuicio, e impugna de manera general dicho ordenamiento, lo cual no es posible, ya que es inadmisible que todos los preceptos que integran un ordenamiento legal puedan irrogarle perjuicio personal y directo, por lo que deviene la improcedencia de esta controversia, toda vez que no puede reclamarse la inconstitucionalidad de una norma general en su totalidad; consecuentemente, en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, se debe sobreseer en este juicio.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis bajo el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. BASTA RECLAMAR EL PRECEPTO QUE SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL SIN QUE SEA NECESARIO IMPUGNAR TODO EL CUERPO QUE LO CONTIENE."

    9. Que con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el 105, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, debe sobreseerse en esta controversia, toda vez que los argumentos que se plantean se reducen a cuestiones de constitucionalidad, y lo �nico que puede ser susceptible de planteamiento en este juicio son cuestiones de legalidad, por lo que no pueden ser materia de esta controversia constitucional los ordenamientos que se impugnan y, por ello, deviene la improcedencia del juicio.

    10. Que resulta improcedente esta controversia constitucional, de conformidad con lo previsto en el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con los art�culos 41, fracci�n IV y 45 de la misma ley, ya que se pretende que este Alto Tribunal emita una sentencia en la que se declare la invalidez de actos que tienen el car�cter de consumados, como son la inscripci�n del contrato de cr�dito n�mero 749-R-94, de quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la D.�n de Deuda P�blica de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como la orden de afectaci�n de las participaciones que por ingresos federales correspondan al Municipio actor, contenida en el oficio 351-A-a-1a-I-0077, dirigido a la tesorera de la Federaci�n, a fin de que se cubra a Banco Mercantil del Norte, S., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero B., el importe de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), los cuales ya se llevaron a cabo, por lo que se pretende que se dicte una sentencia en la que se retrotraigan los efectos de las determinaciones contenidas en dichos actos, lo que no es posible, de conformidad con los art�culos 45 de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracci�n III, segundo p�rrafo, de la Constituci�n Federal, que ordena que los efectos de las sentencias dictadas en estos juicios no pueden ser retroactivos.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DECLARATIVAS DE INVALIDEZ DE DISPOSICIONES GENERALES. S�LO PUEDEN TENER EFECTOS RETROACTIVOS EN MATERIA PENAL."

    11. Que es improcedente este juicio de conformidad con el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia y se debe sobreseer en �l, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, del ordenamiento legal citado, toda vez que los beneficios que otorgan las disposiciones que rigen al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. no pueden causar perjuicio al inter�s jur�dico de las entidades y M. que manifestaron su consentimiento en adherirse a �l, m�xime si este r�gimen de beneficio es opcional, por tanto, no pueden ser impugnados en esta v�a los beneficios que otorga dicho sistema al Municipio actor, porque ser�a como no aceptar las participaciones que en ingresos federales le destina la Federaci�n, por lo que al impugnar las normas en cuesti�n, dicho Municipio pretende sustraerse de las obligaciones que el referido Sistema Nacional de Coordinaci�n F. le impone, lo cual implica impugnar igualmente los beneficios se�alados mediante los convenios de coordinaci�n en materia fiscal federal y de colaboraci�n administrativa, suscritos con el Estado de Baja California.

      Que sirve de apoyo a lo anterior, aplicable por analog�a, la tesis bajo el rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN T�RMINOS DEL ART�CULO 73, F.X., EN RELACI�N CON EL 114, FRACCI�N I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."

    12. Que se debe sobreseer en esta controversia, atento a la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el art�culo 20, fracci�n II, de dicho ordenamiento legal, en virtud de que los actos reclamados no afectan el inter�s jur�dico del Municipio actor, sino �nicamente un inter�s econ�mico, ya que analizado el contenido y alcance de las manifestaciones vertidas por el actor, se advierte que est�n encaminadas a demostrar el perjuicio econ�mico que le causan en su patrimonio los actos impugnados, en raz�n de la afectaci�n econ�mica a sus participaciones por ingresos federales, y no un perjuicio jur�dico; por lo que se pretende acreditar un perjuicio jur�dico con base en una afectaci�n econ�mica, lo que resulta falaz, en tanto que uno no implica al otro, y el solo perjuicio econ�mico no es suficiente para acreditar el derecho para promover esta controversia constitucional.

      Que sirven de apoyo a lo anterior las tesis de rubros: "PERJUICIO ECON�MICO Y PERJUICIO JUR�DICO. EFECTOS EN AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.", "PERJUICIO ECON�MICO, NO DA DERECHO A LA INTERPOSICI�N DEL AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO Y PERJUICIO ECON�MICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO DEL QUEJOSO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE.", "INTER�S JUR�DICO, COMPROBACI�N DEL." e "INTER�S JUR�DICO, AFECTACI�N DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE."

    13. Que con fundamento en los art�culos 12 de la Ley de Coordinaci�n F., 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con los diversos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, se debe sobreseer en este juicio en relaci�n con la violaci�n que alega el actor respecto de los preceptos constitucionales mencionados que prev�n las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, puesto que resulta improcedente la controversia constitucional cuando se atacan de inconstitucionales diversas disposiciones por supuestas transgresiones a dichas garant�as, sin reclamarse la legalidad de los actos impugnados, ya que el Municipio actor no es sujeto de garant�as individuales y, por tanto, no puede alegar que se vulneran en su perjuicio los art�culos constitucionales en comento.

    14. Que resulta improcedente este juicio, con fundamento en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el 2o., fracci�n III, del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., en virtud de que la legislatura autoriz� al Municipio actor para contraer la deuda con Banco Mercantil del Norte, as� como para que en garant�a del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de cr�dito de apertura con dicha instituci�n bancaria, se afectaran sus participaciones por ingresos federales a favor de esa instituci�n; y al autorizar lo anterior, la legislatura se�al� que la garant�a mencionada ser�a inscrita en el Registro de Obligaciones y E.�stitos se�alado; por tanto, se debe declarar la improcedencia de esta v�a, puesto que existe consentimiento de la inscripci�n de la afectaci�n de las participaciones del Municipio.

    15. Que resulta improcedente esta controversia constitucional, con fundamento en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el acto que ahora se pretende impugnar deriva de otros ya consentidos, toda vez que el Municipio actor solicit� a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con autorizaci�n del Congreso de la entidad, la inscripci�n de la afectaci�n de sus participaciones por ingresos federales; por tanto, al realizarse diversos tr�mites que dieron como resultado la inscripci�n mencionada, se da el consentimiento por parte de las autoridades estatales y municipales de las disposiciones que se impugnan y, por ello, tanto el registro como el descuento realizado por la secretar�a mencionada en las participaciones que por ingresos federales le corresponden al Municipio actor, son actos derivados de otros ya consentidos, por lo que debe sobreseerse en este juicio, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia.

      Que sirven de apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA, IMPROCEDENTE, POR CONSENTIMIENTO PREVIO DE UNO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.", "ACTO CONSENTIDO Y DERIVADOS DE �STE.", "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS.", "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.", "LEYES, AMPARO CONTRA, IMPROCEDENTE, POR CONSENTIMIENTO PREVIO DE UNO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS." y "CONSENTIMIENTO T�CITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO."

    16. Que se debe sobreseer en este juicio, de conformidad con los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, en relaci�n con el 45 de la ley reglamentaria de la materia, dado que los actos que se impugnan tienen la naturaleza de positivos, pues las demandadas han realizado una serie de actos originados de la firma del contrato de apertura de cr�dito entre el Municipio actor y Banco Nacional del Norte, as� como del incumplimiento a las obligaciones que del mismo derivan, por lo que la intenci�n del actor es que se retrotraigan las cosas al estado en que se encontraban antes de la realizaci�n de los actos que impugna, y que as�, se dejen insubsistentes los actos de donde deriva la orden y ejecuci�n del descuento a sus participaciones por ingresos federales, cuando las sentencias que se dicten en estas controversias no pueden tener efectos retroactivos, de conformidad con el art�culo 45 de la ley reglamentaria de la materia y, por ello, los efectos de esta sentencia no pueden retrotraerse a la fecha de celebraci�n del contrato de apertura de cr�dito y de su inscripci�n, ya que estos actos produjeron sus efectos jur�dicos desde que se perfeccionaron y, por ende, deben estimarse consumados.

      Que sirven de apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS).", "SENTENCIAS DE AMPARO, EFECTOS DE LAS (ACTOS POSITIVOS).", "EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. SU ALCANCE." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSI�N EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS."

    17. Que se debe sobreseer en este juicio, con fundamento en el art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., en relaci�n con los art�culos 20, fracci�n II y 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que en caso de que se dicte sentencia favorable al Municipio actor, se fomentar�a la ilegalidad en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinaci�n F. y en el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., porque estos ordenamientos legales en sus art�culos 9o. y 11, respectivamente, confieren a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico diversas facultades para afectar participaciones por ingresos federales a las entidades y M. que se encuentran adheridos al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., por lo que si el Municipio actor alega la inconstitucionalidad de tales facultades, es evidente que desea sustraerse de las obligaciones que �stos imponen, no obstante que se someti� a lo previsto en dichos ordenamientos cuando manifest� su voluntad de adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. mencionado, por lo que no puede alegar ahora que el ejercicio de las facultades anotadas vulnera su esfera jur�dica.

      Que si se considerara por este Alto Tribunal que el ejercicio de las facultades en comento constituye una violaci�n a diversas disposiciones de la Constituci�n Federal, ser�a tanto como afirmar que todas las entidades federativas y M. pueden sustraerse del cumplimiento de dichas obligaciones legales, y que el ejercicio de las facultades citadas no tiene sustento jur�dico, lo cual dar�a pauta para que se causara un da�o tanto al erario p�blico federal, como al Sistema Nacional de Coordinaci�n F.; adem�s de que no tendr�a v�a de reparaci�n y propiciar�a regresar al esquema de concurrencia impositiva, lo que perjudicar�a a los contribuyentes.

    18. Que en virtud de que la obligaci�n de cr�dito que origin� la afectaci�n de las participaciones del Municipio actor en garant�a de pago fue contra�da el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. el quince deagosto de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el n�mero de inscripci�n 749-R/94, el marco jur�dico aplicable es el vigente en la fecha en que se realizaron tales actos, esto es, el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. vigente en mil novecientos noventa y cuatro, as� como el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos y modificado por decreto publicado en el mismo �rgano de difusi�n oficial el veintiocho de enero de dos mil, por lo que las resoluciones emitidas por diversos funcionarios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico se encuentran emitidas dentro del marco legal aplicable y, por ello, es infundado el argumento vertido por el Municipio actor en contra de �stas.

      Que del art�culo 115 constitucional no se desprende que los Estados tengan la facultad de afectar las participaciones en garant�a de pago de obligaciones y, en su caso, hacerlas efectivas, pues la �nica facultad que se deriva de la disposici�n constitucional transcrita, es la de fijar las bases, montos y plazos para la entrega de las participaciones a los M. por conducto de las entidades, cuesti�n totalmente diferente que no tiene relaci�n con la afectaci�n de participaciones en garant�a para el cumplimiento de obligaciones as� como para hacerlas efectivas, ya que dicha atribuci�n corresponde a la Federaci�n a trav�s de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

      Que los ordenamientos ordinarios impugnados no s�lo no violan el art�culo 115 de la Constituci�n Federal, sino que se encuentran en armon�a con el precepto constitucional indicado, en raz�n que contemplan como requisito previo para la afectaci�n de las participaciones federales en garant�a de pago de obligaciones, as� como para su inscripci�n en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., la autorizaci�n de la Legislatura Local para que el Municipio pueda celebrar la contrataci�n de deuda, con lo que se demuestra la congruencia y compatibilidad que existe entre los ordenamientos legales ordinarios y constitucional mencionados, de lo que se colige la legal aplicaci�n de los preceptos impugnados, la constitucionalidad del reglamento impugnado y del art�culo segundo transitorio del reglamento citado, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de octubre de dos mil uno.

      Que las disposiciones legales combatidas por el Municipio actor no transgreden el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, en virtud de que las participaciones son recursos econ�micos que la Federaci�n entrega a los Estados y a los M., por conducto de los primeros, de una parte del total de los impuestos federales y de otros ingresos federales, seg�n se desprende de los art�culos 1o. al 8o. de la Ley de Coordinaci�n F.; por tanto, si las participaciones son sustancial y t�cnicamente recursos federales, la regulaci�n y dem�s facultades relativas a �stas son competencia exclusiva de la Federaci�n, salvo el caso de la fijaci�n de las bases, montos y plazos de entrega de las participaciones por ingresos federales que le corresponden a los M., cuya facultad se encuentra reservada a las Legislaturas de los Estados, con lo que se demuestra lo err�neo e impreciso de la afirmaci�n del �rgano actor en el sentido que la afectaci�n de las participaciones por ingresos federales es una facultad de la Federaci�n que invade la esfera de competencia de los Estados, en t�rminos del art�culo 124 de la Constituci�n Federal, por tanto, se deber� desestimar por infundado dicho concepto de invalidez.

    19. Que del segundo concepto de invalidez que hace valer el Municipio actor se desprende que reclama diversas resoluciones, as� como la aplicaci�n del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, por considerar que dicho reglamento result� t�citamente derogado con la reforma del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres y que, por tanto, resulta violatorio del art�culo constitucional de referencia, as� como del 124 tambi�n de la Constituci�n Federal; sin embargo, no endereza agravio espec�fico alguno en contra de las resoluciones que precisa en el concepto de invalidez en comento, por lo que al respecto se deber� desestimar dicho concepto por insuficiente.

      Que la reforma al art�culo 115 constitucional, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, �nicamente elev� a rango constitucional el derecho de los M. a recibir las participaciones federales que en su caso se le asignen, con las bases, montos y plazos que establezcan las Legislaturas de los Estados, tal como se se�ala en el dictamen a la primera lectura de la reforma mencionada de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno que elabor� la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n; por tanto, fuera de estas cuestiones, todo lo relacionado con las participaciones federales, entre ellas, las reglas para afectar las participaciones en garant�a de pago de obligaciones y para hacerlas efectivas, en su caso, son de competencia exclusiva de la Federaci�n, en atenci�n a la naturaleza jur�dica de las participaciones federales.

      Que el reglamento impugnado no fue derogado t�citamente, ni rebasado por la reforma del art�culo 115 constitucional de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, como aduce el Municipio actor y, por lo mismo, el reglamento de referencia y el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, no son violatorios del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, sino que se encuentran en armon�a con este precepto constitucional, pues dichos ordenamientos legales contemplan como requisito previo para la afectaci�n de las participaciones federales en garant�a de pago de obligaciones, as� como para su inscripci�n en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., la autorizaci�n de la Legislatura Local para que, en este caso, el Municipio pueda celebrar la contrataci�n de deuda. En raz�n de lo anterior, el reglamento de referencia tampoco vulnera el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, pues la Federaci�n no invade la esfera de competencia reservada a las entidades federativas.

    20. Que del tercer concepto de invalidez que hace valer el Municipio actor se desprende que impugna diversas resoluciones que ah� precisa y la inconstitucionalidad del art�culo transitorio de la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; sin embargo, respecto de las resoluciones reclamadas, no endereza razonamiento l�gico-jur�dico alguno tendiente a demostrar su ilegalidad o inconstitucionalidad; en tal virtud, deber�n quedar firmes para todos los efectos legales.

      Que es infundada la inconstitucionalidad que se atribuye a la fracci�n III del art�culo d�cimo tercero del Decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el cual tambi�n reform� el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., en virtud de que el reglamento impugnado estuvo vigente hasta el quince de octubre de dos mil uno, con lo que se demuestra que el reglamento de referencia no fue derogado t�citamente por la reforma al art�culo 115 constitucional de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, ni al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, ni sus transitorios originaron la vigencia de nueva cuenta del primero de los reglamentos citados.

      Que la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, espec�ficamente el p�rrafo tercero, no es aplicable para las deudas contra�das por las entidades federativas y M. al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, seg�n establece la fracci�n III del art�culo d�cimo tercero del decreto respectivo, materia de impugnaci�n, y en la especie, la deuda contratada por el Municipio actor objeto de afectaci�n de participaciones federales en garant�a de pago de la obligaci�n cuya ejecuci�n impugna, fue contratada el tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, con lo que dicha reforma no aplica por la disposici�n transitoria de referencia, por lo que el marco legal aplicable para llevar a cabo el pago de la obligaci�n de la deuda contra�da por el Municipio actor, garantizada con la afectaci�n de sus participaciones federales, es el reglamento impugnado.

      Que lo expuesto pone en evidencia que el art�culo transitorio de la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., no otorga nueva vigencia al reglamento impugnado, ni este reglamento result� derogado con la reforma al art�culo 115 constitucional de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, sino que s�lo elev� a rango constitucional el derecho de los M. a recibir las participaciones federales con las bases, montos y plazos que fijen las legislaturas de las entidades federativas, sin que ello signifique que todo lo relacionado con las participaciones federales, entre ellas, la afectaci�n y, en su caso, la ejecuci�n de las mismas, se hubieran otorgado a las entidades federativas y M., pues la naturaleza de tales participaciones son de car�cter federal y, por tanto, competencia de la Federaci�n. Consecuentemente, el punto III del art�culo d�cimo tercero impugnado, no es violatorio del art�culo 124 de la Constituci�n Federal.

      Que los art�culos primero y segundo transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, no otorgan nueva vigencia jur�dica al reglamento impugnado, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, ya que este reglamento no fue derogado t�citamente por la reforma de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres al art�culo 115 constitucional. De la misma manera los art�culos transitorios en comento no son violatorios del art�culo 124 de la Constituci�n Federal, en virtud de que la reforma al art�culo 115 constitucional, no retir� del �mbito de la competencia de la Federaci�n lo relativo a las participaciones federales, ni las traslad� a la esfera de la competencia exclusiva de las entidades federativas; por lo que tales transitorios no invaden la esfera de competencia de las entidades federativas.

    21. Que el reglamento impugnado no es violatorio de los art�culos 89, fracci�n I y 14 de la Constituci�n Federal, porque fue expedido por el titular del Ejecutivo Federal, con apoyo en la facultad reglamentaria que le concede el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, as� como en lo dispuesto en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., y a trav�s de esta norma ordinaria el legislador concedi� al titular del Ejecutivo Federal la facultad de emitir tal reglamento a fin de establecer no s�lo las reglas del registro de obligaciones mediante las cuales se garantiza el pago de las mismas a trav�s de la afectaci�n de las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas o M., sino tambi�n la atribuci�n de la Federaci�n para afectar, retener y ejecutar las participaciones en caso de incumplimiento de pago de las obligaciones garantizadas con la afectaci�n de tales participaciones, en los t�rminos del reglamento en cuesti�n.

      Que con la expedici�n del reglamento de referencia el titular del Ejecutivo Federal se apega al texto de la norma legal que reglamenta, que es su justificaci�n y medida, limit�ndose a desarrollar y complementar en la esfera administrativa la aplicaci�n de aqu�lla, esto es, no llena lagunas, no se reforma, ni modifica la disposici�n reglamentada, de la misma forma no se incorporan instituciones legales ni se va m�s all� de lo que establece la propia norma, por lo que es legal y constitucional que el reglamento en estudio establezca el procedimiento para la afectaci�n y ejecuci�n de las participaciones otorgadas en garant�a de pago del cumplimiento de obligaciones de que se duele el Municipio actor.

      Que, asimismo, el reglamento impugnado no es violatorio del art�culo 14 constitucional, porque por la naturaleza jur�dica de las participaciones federales, as� como para su afectaci�n en garant�a de pago y ejecuci�n, no es dable jur�dicamente que un ente p�blico, Federaci�n, requiera entablar un juicio en contra de otro ente p�blico, ante un tribunal; por tanto, el propio legislador concedi� la facultad al Ejecutivo Federal, a trav�s del texto del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. vigente hasta treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, para que determinara el procedimiento para llevar a cabo la afectaci�n y, en su caso, para la ejecuci�n de las participaciones afectadas en garant�a de pago de obligaciones, en los t�rminos que se establece en el reglamento de referencia, y con esa facultad concedida a trav�s de la norma ordinaria, se cumplen las formalidades esenciales para llevar a cabo la ejecuci�n de las participaciones federales afectadas en garant�a de pago de obligaciones.

    22. Que el reglamento impugnado puede llevar a una conclusi�n imprecisa, en el sentido de que no establece un procedimiento previo al acto privativo de las participaciones federales afectadas en garant�a de pago de obligaciones, ni permite conocer la determinaci�n de la autoridad para hacerlas efectivas, ni presentar pruebas y alegatos; sin embargo, considerando la naturaleza jur�dica de las participaciones federales, la vinculaci�n y situaci�n sui g�neris que se genera entre los entes p�blicos cuando uno de ellos realiza la ejecuci�n de �stas, la garant�a de audiencia s� es respetada por dicho reglamento, ya que si el Municipio actor consider� que la actuaci�n de la autoridad ejecutora fue incorrecta en raz�n de que la obligaci�n fue ya satisfecha, debi� haber impugnado precisamente en este medio de defensa esta circunstancia, aportando las pruebas id�neas que acreditaran el pago de la deuda garantizada con la afectaci�n de las participaciones ejecutadas, pero no puede alegar que dicho procedimiento de ejecuci�n no cumple con la garant�a de audiencia, ya que en este caso, dicha garant�a es posterior, teniendo la oportunidad de defenderse, aportar pruebas y alegar.

      Que adicionalmente, si el Municipio actor solicit� la autorizaci�n a la Legislatura Local para la contrataci�n de la deuda, que a la postre tambi�n a instancia y petici�n de este ente p�blico actor, fueron afectadas las participaciones federales en garant�a de pago de dicha deuda, as� como inscritas en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., ello significa que el ente actor ten�a conocimiento de las reglas a las que quedaba sujeta la afectaci�n de las participaciones federales, as� como la ejecuci�n de las mismas para el caso de incumplimiento en la obligaci�n; es decir, conoc�a las consecuencias y atribuciones de las autoridades hacendarias en caso de incumplimiento de pago de la obligaci�n garantizada, por lo que resulta inconcuso que el reglamento en cuesti�n no es violatorio del art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

    23. Que el s�ptimo concepto de invalidez que hace valer la actora resulta infundado, en virtud de que el Municipio actor se�ala que se transgreden en su perjuicio los art�culos 14 y 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al aplicarse el reglamento impugnado jam�s le fue comunicado el procedimiento de afectaci�n de participaciones iniciado en su contra; sin embargo, de la lectura al art�culo 11 de ese reglamento, se observa que s�lo constri�e a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico a informar a las entidades, o bien, a los M., de la afectaci�n del pago que va a realizarse con el cargo a las participaciones por ingresos federales, por lo que la obligaci�n que contiene tal precepto es disyuntiva "entidad o Municipio" y, por ello, dicha dependencia no deb�a informar a ambos entes de gobierno la afectaci�n de las participaciones por ingresos federales que dio lugar a este juicio. Consecuentemente, la Federaci�n cumpli� con el requisito de audiencia que prev� el numeral 11 del reglamento mencionado, toda vez que comunic� al gobierno de la entidad la afectaci�n de las participaciones, quien hasta la fecha no hizo manifestaci�n alguna al respecto.

      Que el reglamento impugnado no viola los art�culos 14 y 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, ya que en su �ltima parte se�ala que de manera previa a la afectaci�n de las participaciones que lleve a cabo la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, �sta debe notificar a la entidad o Municipio dicha situaci�n, lo que en la especie sucedi� de acuerdo con la copia de la comunicaci�n v�a fax remitida a la S.�a de P.�n y Finanzas del Gobierno del Estado, con lo que la Federaci�n cumpli� con los requisitos que prev� el art�culo 11 del reglamento mencionado, del que no se desprende que la comunicaci�n mencionada deb�a hacerse del conocimiento del Congreso del Estado o de autoridad diversas a �sta.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis aplicable, por analog�a, bajo el rubro: "JUICIO AGRARIO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEY DE LA MATERIA NO PREVEA LA POSIBILIDAD DE OBJETAR PRUEBAS EN AQU�L, NO ES VIOLATORIA DE LA GARANT�A DE AUDIENCIA."

      Que el reglamento impugnado tampoco establece en sus disposiciones que tanto los Estados como los M. puedan alegar violada su garant�a de audiencia, esto es, no establece la posibilidad de objetar la afectaci�n de las participaciones a realizar, cuando se haya acreditado por parte de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la mora en el cumplimiento de las obligaciones financieras contra�das y la instituci�n acreditante no haya presentado solicitud para que no se proceda a su afectaci�n, por lo que no se viola en perjuicio del Municipio la garant�a de audiencia prevista en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, m�xime que �ste en su escrito de demanda reproduce el contenido de los documentos que dice desconocer, por lo que es evidente que s� tuvo conocimiento del procedimiento de afectaci�n de sus participaciones por ingresos federales.

    24. Que resulta infundado el argumento del Municipio actor, en el sentido de que se vulnera por la Federaci�n la Ley de Deuda P�blica del Estado, en relaci�n con los art�culos 115 y 124 de la Constituci�n Federal, porque invade la esfera de competencia del Congreso Local al afectar las participaciones que a dicho Municipio le correspond�an, ya que los argumentos anteriores no toman en consideraci�n que aun cuando la Ley de Deuda P�blica del Estado de Baja California prev� en su art�culo 6o., fracci�n IV, que corresponde al Congreso del Estado reconocer y autorizar el pago de la deuda p�blica, al haber sido expedido en mil novecientos ochenta y dos el reglamento impugnado, aplicable a la deuda contra�da por el Municipio actor en mil novecientos noventa y cuatro, la facultad que el art�culo 11 de dicho reglamento confer�a a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico se entiende consentida, toda vez que no fue impugnada dentro del plazo que para tal efecto se�alael art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

      Que la Federaci�n en ning�n momento invadi� las facultades exclusivas del Estado, puesto que el art�culo 11 del reglamento impugnado, aplicable a la deuda en cuesti�n, en ninguna parte se�ala que la Federaci�n proceder� a afectar las participaciones s�lo cuando cuente con el reconocimiento y autorizaci�n del Congreso del Estado para el pago de la deuda pendiente de cumplir, sino que la �nica obligaci�n que impone a la Federaci�n para tal evento es confirmar la mora existente, por lo que no era necesario que por parte del Congreso Estatal, de la entidad o Municipio acreditado, existiera un reconocimiento o autorizaci�n para proceder al pago de la deuda, es decir, la Federaci�n no ten�a por qu� tener a la vista el reconocimiento o autorizaci�n del Congreso Estatal para llevar a cabo la afectaci�n de las participaciones del Municipio actor, porque en el reglamento citado no se establec�a dicho requisito para la afectaci�n de participaciones.

      Que en relaci�n con el criterio que pretende aplicar el Municipio actor a la situaci�n en comento, es decir, la tesis P./J. 86/2000, p�gina novecientos sesenta y seis, Tomo XII, agosto de dos mil, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEUDA P�BLICA, EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL POSEE LA ATRIBUCI�N CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER Y MANDARLA A PAGAR.", resulta inaplicable, ya que se refiere a la esfera de competencia federal que tiene tanto el presidente de la Rep�blica como el Congreso de la Uni�n respecto a la deuda p�blica constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las entidades que establece la Ley General de Deuda P�blica en su art�culo 1o.; situaci�n similar sucede con el art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta infundada la aplicaci�n al caso que de este precepto se pretende.

    25. Que la afectaci�n que llev� a cabo el Gobierno Federal, por conducto de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, se apeg� a las normas que le confer�an dicha atribuci�n, como es el art�culo 11 del reglamento impugnado, el cual confiere expresamente a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la atribuci�n de afectar las participaciones por ingresos federales de las entidades o M. que hayan incumplido el pago de los cr�ditos contratados con la garant�a de sus participaciones presentes o futuras, por lo que se realiza una interpretaci�n err�nea del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, ya que se aduce que de conformidad con este numeral constitucional, al Gobierno del Estado, concretamente a la Legislatura Local, le correspond�a la afectaci�n de sus participaciones, y que por ello se vulneran por parte de la Federaci�n los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), 124 y 128 de la Constituci�n Federal,

      Que el art�culo 11 del reglamento impugnado no s�lo no viola el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se encuentra en armon�a con el precepto constitucional indicado, en raz�n de que contempla como requisito previo para la afectaci�n de las participaciones federales en garant�a de pago de obligaciones, as� como para su inscripci�n en el registro mencionado, la autorizaci�n de la Legislatura Local para que, en este caso, el Municipio pueda celebrar la contrataci�n de deuda, con lo que se reitera la congruencia y compatibilidad que existe entre el ordenamiento legal ordinario reclamado y el art�culo 115 de la Constituci�n Federal.

      Que del art�culo 115 constitucional se desprende que el legislador federal s�lo otorg� a los Congresos Estatales facultades para fijar las bases, montos y plazos en que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los M. las participaciones federales, lo que no entra�a la relativa a la afectaci�n de dichos ingresos, ya que de conformidad con el art�culo 124 de la Constituci�n Federal, por exclusi�n, los Estados tienen conferidas todas las facultades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federaci�n, situaci�n que no sucede en la especie, pues el art�culo 11 del reglamento impugnado, y el 13, 13-A y 13-D del Reglamento Interior de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico facultan a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico para afectar las participaciones federales, para el caso de incumplimiento de los cr�ditos que como garant�a se hayan otorgado las participaciones federales de las entidades y M..

      Que resulta equivocado el argumento de que las participaciones no tienen la naturaleza de federales, pues aun cuando ingresan a la hacienda p�blica municipal y forman parte de �sta, a la Federaci�n corresponde tutelar su entrega, redistribuci�n, afectaci�n y dem�s facultades que los ordenamientos fiscales federales le confieren al respecto, a excepci�n de la atribuci�n que tienen las Legislaturas Estatales para determinar las bases, montos y plazos de su entrega, facultades indiscutiblemente competencia del �mbito estatal que no entra�an la relativa a la afectaci�n, pues la misma se confiere de manera expresa a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico del Gobierno Federal.

      Que no puede considerarse que el decreto por el que se reforma y adiciona el art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, deroga autom�ticamente las disposiciones que se opongan a lo preceptuado en dicho decreto, pues de la lectura de las disposiciones transitorias de dicho instrumento, se advierte que no establece la derogaci�n de disposiciones, sino que se�alan un plazo tanto a la Federaci�n, como a las entidades para adecuar sus ordenamientos a la reforma realizada a dicho precepto constitucional; y en el caso no opera la derogaci�n t�cita al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., pues para que �sta exista, es necesario que se haya expedido una disposici�n de una ley de similar jerarqu�a, es decir, un precepto reglamentario y que, adem�s, se haya expedido por la misma autoridad legislativa.

      Lo anterior de conformidad con las tesis siguientes: "CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACI�N T�CITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR.", "ABROGACI�N Y DEROGACI�N, DISTINCI�N ENTRE. SUS ALCANCES." y "LEYES ESPECIALES Y LEYES GENERALES. REGLAS PARA SU DEROGACI�N."

      Que resulta infundado lo que se�ala el Municipio actor, en el sentido de que el art�culo 27 de la Constituci�n Estatal confiere al Congreso del Estado la facultad de intervenir en el procedimiento de afectaci�n de participaciones, porque del citado art�culo constitucional no se desprende que el Congreso Estatal debiera haber intervenido en la autorizaci�n del pago de la deuda contra�da por el Municipio actor, ya que no existe disposici�n legal que le obligue a tales extremos, adem�s de que los promoventes no determinan la disposici�n que en todo caso constre�ir�a a dicho �rgano legislativo a emitir un decreto, acuerdo o alg�n documento de naturaleza an�loga, en el que debieran haber reconocido y autorizado el pago de las deudas de los M., puesto que el citado art�culo constitucional establece dicha atribuci�n solamente para las obligaciones financieras que contraiga el Estado; por tanto, no se viola lo previsto en los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), 124 y 128 de la Constituci�n Federal, as� como tampoco las facultades exclusivas del Congreso del Estado, consagradas en los diversos 27 y 82 de la Constituci�n de Baja California.

    26. Que resulta inoperante la supuesta violaci�n del art�culo 126 de la Constituci�n Federal, en virtud de que el ahora actor pretende que el adeudo que contrajo, inscrito en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se encuentre previsto en el presupuesto de egresos de la Federaci�n para el presente ejercicio fiscal; adem�s de que, por un lado, desconocen la existencia del citado cr�dito y, por el otro, reconocen su deuda, alegando tambi�n que dicho monto no fue previsto en el presupuesto de egresos del Estado y mucho menos en ordenamiento diverso; sin embargo, pasan por alto que las disposiciones contenidas en el presupuesto de egresos federal se concentran en las actividades que llevan a cabo las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y no prev�n disposiciones relativas a los gastos p�blicos de los Estados y/o M., ya que �stos cuentan con su propio ordenamiento en esa materia.

      Que el presupuesto de egresos de la Federaci�n es un ordenamiento que contiene el cat�logo de conceptos por los cuales el Gobierno Federal a trav�s de sus dependencias y entidades habr�n de erogar durante un ejercicio fiscal, por lo que no hay raz�n por la que deba existir en �l alguna disposici�n o rubro de gasto que encuadre las cantidades que los Estados y/o M. van a erogar por concepto de los empr�stitos contra�dos por ellos, estimar lo anterior ser�a tanto como aceptar que ni siquiera se denominara presupuesto de egresos de la Federaci�n, sino presupuesto de egresos nacional, en cuyo caso tal documento comprender�a las erogaciones que se van a realizar en los �mbitos de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

      Que el monto del cr�dito que se pretende cubrir mediante la afectaci�n de las participaciones por ingresos federales del Municipio actor no debe establecerse en alg�n otro ordenamiento federal posterior a la fecha en que se contrat� el adeudo, puesto que en t�rminos de lo dispuesto por el propio art�culo 115 de la Constituci�n Federal, una vez que la Federaci�n entrega a los Estados y a los M., por conducto de estos segundos, las participaciones que le corresponden a cada uno, se entiende que las mismas ya forman parte de su hacienda p�blica, por lo que corresponde a las leyes estatales y/o municipales regular las bases, montos y plazos en que habr�n de cubrirse, lo que se confirma si se toma en consideraci�n lo previsto en el p�rrafo cuarto del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, el cual confiere a los M. la facultad de aprobar sus presupuestos de egresos, por lo que la Federaci�n no tiene injerencia ni siquiera en la elaboraci�n de los mismos.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis bajo el rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQU�LLA, PERO S�LO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA."

      Que el Gobierno Federal no tiene por qu� supervisar que las entidades y/o M. que existen en todo el territorio nacional, prevean en sus respectivos presupuestos de egresos las amortizaciones que deben realizar en relaci�n con las obligaciones de car�cter financiero contra�das por dichos entes, ya que esa actuaci�n vulnerar�a no s�lo el texto constitucional, sino la soberan�a y el pacto federal que existe entre los propios Estados y la Federaci�n, por lo que de conformidad con lo previsto por el art�culo 115 constitucional, la afectaci�n de las participaciones por ingresos federales que llev� a cabo la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, no transgrede lo dispuesto por el art�culo 126 de la Constituci�n Federal.

      Que resulta inoperante lo vertido por el actor, ya que pretende demostrar que se viola la fracci�n IV, inciso c), del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, as� como el art�culo segundo transitorio; toda vez que ha quedado plenamente demostrado que la afectaci�n de las participaciones por ingresos federales solamente corresponde al Gobierno Federal, salvo la facultad que la propia Constituci�n Federal confiere a las entidades, para fijar en sus leyes las bases, montos y plazos en que tales participaciones deber�n ser entregadas a los M., de lo que se colige que no existe violaci�n del art�culo constitucional aludido, ya que las atribuciones conferidas a los Estados en ning�n momento entra�an la relativa a la afectaci�n de participaciones.

      Que del an�lisis a las disposiciones aplicables al sistema de coordinaci�n fiscal en el �mbito estatal y municipal, no se desprende que el Congreso del Estado tenga que emitir alg�n decreto o acuerdo para autorizar el pago del adeudo contra�do por uno de los M. que conforman el Estado de Baja California; sin que el actor fundamente su dicho en alguna disposici�n del orden estatal o municipal, sino que se limita a se�alar que tal omisi�n le causa perjuicios, y que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los art�culos 27, 49 y 82 de la Constituci�n del Estado; sin embargo, de tales preceptos no se advierte la supuesta obligaci�n que pretende el Municipio; por tanto, la Federaci�n de ninguna manera invade la esfera de facultades de los �rganos del Gobierno del Estado, ya que en la legislaci�n estatal no existe precepto que obligue al Congreso del Estado, al gobernador del mismo o al propio Cabildo a emitir un acto mediante el cual manifiesten su consentimiento respecto de la afectaci�n de participaciones por ingresos federales, debido al incumplimiento de un contrato de cr�dito celebrado por alguno de los M. que integran dicha entidad, excepto cuando la Legislatura Estatal interviene en la autorizaci�n al Municipio para celebrar un empr�stito y en la inscripci�n del mismo en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M..

    27. Que las resoluciones que se reclaman al secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, director general Adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos, director general Adjunto de Estudios Estrat�gicos, P.�n y V.�n, director de Participaciones y Convenios, subdirector de Registro y Control y jefe del Departamento de Afectaci�n de Participaciones son inexistentes, ya que con su solo dicho el actor no logra acreditar su existencia y mucho menos el perjuicio que dice le producen a su esfera jur�dica, debi�ndose precisar que la afectaci�n a las participaciones por ingresos federales del Municipio promovente se realiz� por parte de las autoridades demandadas adscritas a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, dentro del marco jur�dico aplicable al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., por lo que el concepto de invalidez que se hace valer al respecto resulta infundado.

      Que en relaci�n con el argumento del Municipio actor, en el sentido de que se vulneran en su perjuicio los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), 117, fracci�n VIII, 124 y 126 de la Constituci�n Federal, al ordenarse la retenci�n, ejecuci�n y pago de un adeudo mediante la afectaci�n de sus participaciones por ingresos federales, sin que para ello hubiere intervenido en forma alguna el Congreso del Estado y sin que se haya integrado al respecto dicho pago en el presupuesto de egresos, se estima que no obstante que en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 10, fracci�n II y 23 de la ley reglamentaria de la materia, corresponde a dicho �rgano legislativo la argumentaci�n jur�dica que desvirt�e la inconstitucionalidad planteada, de lo dispuesto en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y en su reglamento no se desprende que el Congreso del Estado tenga que intervenir en la fase de ejecuci�n de la afectaci�n de las participaciones del Municipio actor, por lo que la omisi�n que al respecto se le atribuye a dicho �rgano no tiene sustento legal y, por ello, resulta infundada.

      Que toda vez que el Municipio actor objeta la personer�a con la que se ostentan los apoderados de Banco Mercantil del Norte, cabe se�alar que su argumento resulta infundado, ya que del instrumento p�blico que dichas personas acompa�an a su solicitud se desprende la personer�a con la que se ostentan, por lo que no puede alegar el actor que haya celebrado con instituci�n bancaria diversa el adeudo del que deriva la afectaci�n a sus participaciones, ya que la fusi�n se encuentra realizada en t�rminos de ley y consta ante la fe de notario p�blico, aunado a que se encuentra debidamente inscrita en el Registro P�blico de la Propiedad y del Comercio, por lo que a trav�s de la prueba documental mencionada se desvirt�an los argumentos anotados.

      Que los contratos de apertura de cr�dito y constituci�n de garant�a celebrados entre el Municipio de Mexicali y B.�s, S., hoy B., S., tuvieron por objeto el destinar los recursos obtenidos a inversiones p�blicas productivas, tan es as� que el propio Cabildo del XIV Ayuntamiento del Municipio de Mexicali y el Congreso del Estado de Baja California otorgaron su autorizaci�n al respecto, mediante los Decretos N�meros 52 y 61, publicados en el Peri�dico Oficial del Estado el diecisiete de septiembre y doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres; por tanto, la inscripci�n de quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., del cr�dito de reestructura de aquellos que fueron contra�dos para la realizaci�n de inversiones p�blicas productivas, no infringe lo dispuesto en el art�culo 117 de la Constituci�n Federal, ya que la inscripci�n encuadra en el supuesto previsto en el segundo p�rrafo de la fracci�n VIII de ese precepto constitucional.

      Que a excepci�n de las bases, montos y plazos de las participaciones que corresponder�n a los M., que en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal es competencia de las Legislaturas de los Estados determinar en sus leyes, la atribuci�n expresa de afectar tales participaciones corresponde a la Federaci�n, porque en t�rminos del art�culo 124 constitucional, el art�culo 11 del reglamento impugnado se�ala que corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cubrir con cargo a las participaciones por ingresos federales del Municipio acreditado, el importe que se adeude al acreditante, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio y confirmando la mora existente, por lo que si la facultad de afectar est� reservada de manera expresa a la Federaci�n, por exclusi�n, no es competencia de los gobiernos de las entidades y mucho menos de los M.; por tanto, las autoridades se�aladas como demandadas, adscritas a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ejercieron las atribuciones que los propios ordenamientos legales les confer�an, sin violar la esfera de competencia de los diversos �mbitos de gobierno.

      Que sirven de apoyo a lo anterior las tesis siguientes: "PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS." y "APORTACIONES FEDERALES. CARACTER�STICAS."

      Que el Municipio no es sujeto de garant�as ni derechos, ya que representa un �mbito de gobierno y se constituye como una unidad pol�tica y administrativa, base de la organizaci�n territorial de nuestro sistema republicano, representativo y federal, por lo que no puede manifestar que en su perjuicio se vulneran garant�as o derechos, ya que s�lo tiene facultades y obligaciones, y las garant�as que otorga la Constituci�n Federal son para los individuos, como lo prev� su art�culo 1o., por tanto, no se vulnera la prohibici�n que establece el art�culo 15 mencionado, ni el primer p�rrafo del art�culo 115 de la Constituci�n Federal; consecuentemente, tampoco se viola el art�culo 133 que se�ala el Municipio actor, toda vez que no puede relacionarse con el diverso 15, que consagra la garant�a individual a favor de los ciudadanos, porque el 133 no establece garant�a alguna, sino un principio de supremac�a constitucional y jerarqu�a normativa, que evidentemente no tiene relaci�n con las garant�asque prev� dicho ordenamiento en los primeros 29 art�culos.

      Que resulta aplicable al caso la tesis bajo el rubro: "SUPREMAC�A CONSTITUCIONAL Y ORDEN JER�RQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE."

      Que lo manifestado por el Municipio actor en el sentido de que la contrataci�n de empr�stitos, base de la afectaci�n de participaciones por ingresos federales que se impugna, fueron adquiridos por diverso Ayuntamiento y no por el XVII Ayuntamiento, que asumi� el Gobierno del Municipio actor desde el primero de diciembre de dos mil uno, resulta infundado, porque la sucesi�n que existe entre cada periodo constitucional de un Municipio a otro, comprende todas las obligaciones y facultades que el r�gimen anterior ten�a, por lo que la celebraci�n del contrato de apertura de cr�dito por un Municipio diverso al que actualmente se encuentra en funciones, confiere a los funcionarios p�blicos municipales activos la obligaci�n de pagar el cr�dito contratado, pues la afectaci�n de las participaciones por ingresos federales de dicho Municipio, tiene por objeto sanear los pasivos del Municipio de Mexicali y cumplir con las obligaciones que fueron contra�das con la instituci�n bancaria, lo que permite no s�lo la conclusi�n de la realizaci�n de las inversiones p�blicas productivas que el Municipio est� llevando a cabo, sino que tambi�n redundar� en beneficio de la colectividad.

      Que en el caso existe por parte del Municipio actor, un adeudo pendiente por pagar, cuya garant�a se constituy� precisamente con las participaciones por ingresos federales presentes y futuros a que �ste tuviera derecho, reconoci�ndose dicho adeudo a trav�s del convenio de reconocimiento y reestructuraci�n del saldo derivado del cr�dito contra�do en mil novecientos ochenta y tres, por lo que la actuaci�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al afectar las participaciones en ingresos federales, no puede contravenir lo dispuesto en los art�culos 15, 124 y 133 de la Constituci�n Federal.

  2. C�mara de Diputados.

    1. Que es infundada la pretensi�n del actor de que se declare la invalidez constitucional de la norma general publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en cuanto a la disposici�n transitoria de la Ley de Coordinaci�n F., art�culo d�cimo tercero, punto tercero que, en lo conducente, estableci�: "La reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., no ser� aplicable a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al 31 de diciembre de 1995.", ya que dicha norma general fue aprobada y expedida por ese �rgano legislativo con las facultades que le otorga la Constituci�n Federal, en sus art�culos 72 y 73, fracciones VII, XXIX y XXX, por lo que al realizar dichos actos no se invadi� la esfera de competencia constitucional de la parte actora, ni se lesion� de forma alguna al sistema federal mexicano.

    2. Que de conformidad con los art�culos 19 y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, este juicio es improcedente y se debe sobreseer en �l, porque el Municipio actor pretende atacar una norma general a partir del supuesto primer acto de aplicaci�n, que identifica como los oficios se�alados en los numerales uno a cuatro del cap�tulo de hechos de la demanda; sin embargo, dichos actos no constituyen el primer acto de aplicaci�n por el que el actor se hizo sabedor de las normas generales impugnadas, pues desde el momento en que el Estado de Baja California celebr� el convenio de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., el actor ha recibido los beneficios de este convenio y se ha hecho de los t�rminos y condiciones que se requieren para disfrutar de los mismos; por tanto, desde ese momento se hizo sabedor de la norma general que impugna, m�xime que para que operara la autorizaci�n de retenci�n de las participaciones federales se requer�a la autorizaci�n del Congreso Local, por lo que se trata de actos plenamente conocidos y consentidos por el actor.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis bajo el rubro: "COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. EFECTOS DE LA CELEBRACI�N DE LOS CONVENIOS DE ADHESI�N AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL."

    3. Que el actor no acredita de manera alguna que el art�culo transitorio que reclama a ese �rgano legislativo haya sido aplicado en su perjuicio con la expedici�n de los oficios de las autoridades federales y locales que dice le agravian; en tal virtud, se debe sobreseer en la controversia constitucional respecto de dicha impugnaci�n.

    4. Que no se hace manifestaci�n alguna respecto de los conceptos de invalidez primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, s�ptimo, octavo, noveno, d�cimo y d�cimo primero, toda vez que de su lectura no se desprende impugnaci�n alguna de actos o normas generales expedidas por la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n.

    5. Que ese �rgano legislativo se ajust� a lo dispuesto en los art�culos 71, 72 y 73, fracciones VII, XXIX y XXX, de la Constituci�n Federal, y las disposiciones de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al aprobar y expedir el art�culo d�cimo tercero transitorio, fracci�n III, de la reforma de la Ley de Coordinaci�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, sin menoscabo o afectaci�n alguna a la esfera de competencia del Municipio actor.

    6. Que la parte actora incurre en contradicciones, lo que invalida los razonamientos con los que pretende demostrar la invalidez de la norma general impugnada, ya que, por una parte, reconoce expresamente la validez constitucional de la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., y por otra, reclama la invalidez del art�culo transitorio que regula el �mbito de aplicaci�n de dicha norma, cuya funci�n consiste �nicamente en facilitar su aplicaci�n para compaginarla o armonizarla con el resto del sistema normativo de la materia. Adem�s, en ninguna parte del art�culo transitorio impugnado en comento, se hace alusi�n al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. impugnado, el cual est� en concordancia con la reforma del art�culo 115 constitucional, de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

    7. Que el Estado de Baja California, al adherirse al sistema de coordinaci�n fiscal, renunci� a sus facultades en la materia a favor de las autoridades federales, como se advierte de las siguientes tesis: "COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. EFECTOS DE LA CELEBRACI�N DE LOS CONVENIOS DE ADHESI�N AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.", "COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. EVOLUCI�N DE LA REGULACI�N DE LOS CONVENIOS QUE PARA TAL FIN SE HAN CELEBRADO A PARTIR DEL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE.", "COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. EVOLUCI�N DE SU REGULACI�N AL TENOR DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 5 DE FEBRERO DE 1917 Y SUS REFORMAS.", "COORDINACI�N FISCAL ENTRE LA FEDERACI�N Y LOS ESTADOS. LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR �STOS CON AQU�LLA PARA ADHERIRSE AL SISTEMA NACIONAL RELATIVO, TIENEN EFECTOS AN�LOGOS A LOS DE UN TRATADO INTERNACIONAL." e "INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISI�N EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES O MUNICIPALES ACT�AN EN APOYO DE LAS FEDERALES, EN EL COBRO DE IMPUESTOS FEDERALES."

    8. Que el Estado de Baja California ha obligado a sus M. en t�rminos de lo establecido en el convenio de coordinaci�n fiscal suscrito entre las autoridades locales y la Federaci�n, por conducto de la autoridad competente, lo que hace inoperantes los argumentos expresados en el sentido de que dichas autoridades federales son incompetentes para aplicar el art�culo d�cimo tercero transitorio, fracci�n III, del decreto que reform� la Ley de Coordinaci�n F., materia de esta controversia, ya que las autoridades locales y municipales se asimilan a las federales al ser parte de todo un sistema normativo en materia fiscal.

    9. Que el legislador, al emitir la Ley de Coordinaci�n F., tuvo como fin crear las condiciones y t�rminos a partir de los cuales pudiesen coordinar sus facultades concurrentes la Federaci�n y los Estados en materia tributaria para, a su vez, garantizar la justa distribuci�n de los recursos federales entre la Federaci�n, Estados y M., a fin de satisfacer sus propias facultades, para lo cual cre� el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., el cual tiene como fin que los M., en ejercicio de su autonom�a hacendaria y con la autorizaci�n de las Legislaturas Locales, puedan autorizar la retenci�n de participaciones federales, con el fin de garantizar adeudos con la Federaci�n, instituciones de cr�dito o algunas personas f�sicas o morales, por lo que no se vulnera la libertad y autonom�a hacendaria del Municipio actor.

      Que m�s a�n, el actor ni siquiera identifica plenamente la norma general impugnada, ni hace congruente la misma con los conceptos de invalidez que expone, dado que s�lo se inconforma contra el art�culo d�cimo tercero transitorio del decreto que reform�, entre otros preceptos, el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., mismo que estableci� que las reformas a los p�rrafos tercero, cuarto y quinto, no ser�an aplicables para deudas contra�das hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, mas nunca se queja de la posible inconstitucionalidad del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., que es la disposici�n que propiamente establece el mecanismo jur�dico a seguir en el supuesto de las retenciones a participaciones federales de que se duele el actor.

      Que el precepto transitorio en comento no invade la esfera constitucional de competencia del actor, en virtud de que no comprende instituci�n jur�dica alguna que le perjudique, pues s�lo define el esquema de aplicaci�n del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en el tiempo, mas no modifica sustancialmente el esquema de retenciones autorizadas en el propio precepto, por lo que resultan infundadas las argumentaciones del actor de que con dicho precepto transitorio se pretende dar nueva vigencia a un reglamento que supuestamente ha sido previamente derogado o que con ese transitorio se contradice el sentido del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en virtud de que es el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., el que establece el esquema de retenciones de que se queja el actor, y no el art�culo d�cimo tercero transitorio citado.

  3. C�mara de Senadores.

    1. Que este juicio es improcedente de conformidad con el art�culo 19, fracci�n VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, por extemporaneidad en la presentaci�n de la demanda, derivada de la existencia y vigencia de la norma general impugnada (art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., la cual fue publicada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, para entrar en vigor el d�a siguiente, y estableci� derechos y obligaciones entre los sujetos de la norma desde que �sta entr� en vigor, es decir, es una norma general autoaplicativa, dado que por su contenido perjudica al actor desde la entrada en vigor, sin estar condicionado su alcance a la existencia de alg�n acto de aplicaci�n, adem�s de que en el caso no existi� ning�n acto de aplicaci�n; por tanto, con fundamento en los art�culos 20, fracci�n II y 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, deber� sobreseerse en esta controversia constitucional, por haberse presentado la demanda en forma extempor�nea.

      Que lo anterior encuentra apoyo en las tesis de rubros: "LEYES AUTOAPLICATIVAS.", "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCI�N BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACI�N INCONDICIONADA." y "LEY AUTOAPLICATIVA."

    2. Que la norma general impugnada (art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., atribuida al Congreso de la Uni�n, no es contraria a lo dispuesto en los art�culos 14, 16, 89, fracci�n I, 115, 124, 126, 128 y 133 de la Constituci�n Federal, ni invaden la esfera constitucional de competencia del Municipio actor, por el contrario, ese �rgano legislativo actu� en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y en franco respeto a la esfera constitucional de competencia de la parte actora, por lo que es v�lido, ya que se emiti� mediante el proceso legislativo que se�alan los art�culos 72 de la Constituci�n Federal y 55 a 170 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, la sola discusi�n, votaci�n y aprobaci�n de la ley en comento, no causa afectaci�n alguna en los intereses jur�dicos del actor, toda vez que el da�o que reclama se atribuye a un acto de ejecuci�n posterior ajeno al Congreso de la Uni�n. Adem�s de que en todas las actuaciones que dieron pie a la ley en cuesti�n, siempre se ajustaron a derecho, tanto en procedimientos como en forma legislativa.

  4. S.io de G.�n.

    Que de acuerdo con el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, y 105, fracci�n I, inciso c), de la Constituci�n Federal, esta controversia constitucional es improcedente respecto del secretario de G.�n, porque como se advierte del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dos, dictado por el Ministro instructor en este asunto, el secretario referido no debi� ser llamado a juicio, pues respecto de diversas autoridades dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, consider�, que si bien participaron o pudieran haber intervenido en la realizaci�n de los actos impugnados, se encuentran jer�rquicamente subordinadas al secretario del ramo y �ste al presidente de la Rep�blica, por lo que no hab�a lugar a reconocerles el car�cter de demandadas, de conformidad con la tesis jurisprudencial de rubro: "LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS.". Entonces, a pesar de que en este asunto no se reclama un acto espec�fico al titular del ramo, el secretario de G.�n no es un �rgano aut�nomo, pues depende del Ejecutivo Federal, por lo que carece de legitimaci�n pasiva en esta controversia constitucional, al haber sido se�alado como "poderes u �rganos demandados".

  5. Poder Legislativo del Estado de Baja California.

    1. Que son infundados los argumentos del actor, consistentes en que los actos impugnados fueron asumidos por un Ayuntamiento diverso y que, por ello, el actual no tiene obligaci�n alguna, porque interpreta los alcances que el art�culo 115 de la Constituci�n Federal reconoce al Municipio como �rgano de gobierno, como son el reconocimiento de la autonom�a e independencia que le constituye como persona jur�dica de derecho p�blico, ejerce funciones administrativas, sociales, ejecutivas, legislativas, judiciales y hacendarias, por lo que los derechos y obligaciones que en cualquier momento sean adquiridos por el orden municipal, indistintamente del Ayuntamiento que en su momento asuma legalmente el ejercicio constitucional de su gobernabilidad, son motivo de responsabilidad y cumplimiento por parte de la instituci�n municipal, toda vez que su funcionalidad se reviste de permanencia, ya que es un ente firme.

    2. Que resulta procedente el pago de las obligaciones contra�das por el Municipio actor, en raz�n de que ese �rgano legislativo mediante Decreto No. 160, publicado el veintid�s de mayo de mil novecientos noventa y ocho en el Peri�dico Oficial del Estado de Baja California, dio autorizaci�n al Ayuntamiento de Mexicali para que realizara las gestiones administrativas y financieras para la reestructuraci�n de la deuda derivada de tres cr�ditos contratados con la banca p�blica y privada, por un importe de hasta $41'756,112.77 Udis (cuarenta y un millones setecientos cincuenta y seis mil ciento doce 77/100 Udis), al treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete. Adem�s, autoriz� al Ayuntamiento de Mexicali para que ratificara la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales correspondieron a dicho Municipio, para garantizar las obligaciones que se derivaran de los contratos que se suscribieran para la reestructuraci�n de la deuda p�blica y hasta por el importe que se derivara de la misma; reconoci� y aprob� el registro y pago de la deuda p�blica reestructurada, as� como la inscripci�n de las garant�as en los registros federal, estatal y municipal en que deb�a constar esa afectaci�n, en los t�rminos previstos en la Ley de Coordinaci�n F. y en la Ley de Deuda P�blica del Estado de Baja California, por lo que ese �rgano legislativo no incurri� en omisi�n alguna como lo se�ala la actora, toda vez que oportunamente se desahog� el tr�mite correspondiente para autorizar los empr�stitos garantizados debidamente con las participaciones federales.

    3. Que ese Congreso no puede pronunciarse en ning�n sentido respecto del resto de los argumentos vertidos por el Municipio actor en su demanda de controversia constitucional, por no ser propios.

  6. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

    1. Que esta controversia constitucional deber� sobreseerse, seg�n lo previsto por las fracciones VI y VIII del art�culo 19, y fracciones II y III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el Municipio demandante no respet� el principio de definitividad que impera en este procedimiento, si se toma en consideraci�n que en contra de los actos controvertidos procede el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal, previsto en el art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F..

      Que sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABI�NDOLO HECHO, EST� PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCI�N RESPECTIVA."

    2. Que esta controversia constitucional deviene improcedente, en virtud de que no existen actos de autoridad concretos que posibiliten su procedencia en contra de autoridades que conforman la administraci�n p�blica del Estado de Baja California.

    3. Que los oficios a que hace referencia el Municipio actor en su demanda, no constituyen actos que le ocasionen perjuicio o infrinjan de forma alguna las obligaciones del Estado de Baja California respecto al convenio de colaboraci�n fiscal federal que tiene celebrado con la Federaci�n, sino que se trata de simples avisos hechos al Municipio de Mexicali respecto de acciones emprendidas por diversas autoridades de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, tendientes a afectar sus participaciones federales que le correspond�an en los meses de marzo y abril de dos mil dos, que podr�an implicar, ahora s�, la transgresi�n a lo dispuesto por el citado convenio de coordinaci�n fiscal, pero sin emprender acci�n alguna tendiente a originar, apoyar, motivar, ejercer o cumplimentar la determinaci�n de las autoridades dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en virtud de los cuales se pudiera justificar la procedencia de esta controversia en contra del Gobierno del Estado.

    4. Que de las constancias de compensaci�n de participaciones expedidas por el secretario de P.�n y Finanzas del Estado, identificadas con los n�meros 10162 y 10194, de marzo y abril de dos mil dos, respectivamente, se advierte que las participaciones federales correspondientes al Municipio actor, por los mencionados meses, fueron afectadas por las autoridades fiscales de la Federaci�n sin que hubiera intervenci�n de alguna de las autoridades de la entidad federativa, en la inteligencia de que ent�rminos del art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F.: "... La Federaci�n entregar� las participaciones a los M. por conducto de los Estados ...", lo cual se traduce en que si las participaciones entregadas a esa entidad federativa por la Federaci�n, hab�an sido ya afectadas en los montos correspondientes a las participaciones del Municipio actor, resulta obvio que el Estado de Baja California no intervino en dicha afectaci�n, lo que trae como consecuencia la ausencia de acto alguno qu� reclamar de esa entidad federativa y, por ende, la improcedencia de la v�a, por la inexistencia de actos que lesionen derecho alguno del Municipio actor.

    5. Que los conceptos de invalidez expuestos por el Municipio actor identificados con los apartados primero, segundo, tercero y cuarto devienen inoperantes respecto de las actuaciones imputadas a las autoridades del Estado de Baja California, toda vez que se dirigen a controvertir la ilegalidad e inconstitucionalidad de actos emitidos y ejecutados por autoridades dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y no a las circunstancias f�cticas o jur�dicas que motivaron la emisi�n de los oficios atribuidos a la S.�a de P.�n y Finanzas y D.�n de Ingresos, ambas del Estado de Baja California; es decir, de ninguna forma est�n orientados a controvertir los razonamientos esenciales que dan motivaci�n y fundamentaci�n a tales actuaciones atribuidas a las autoridades del Estado de Baja California.

      Que sirven de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales de rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES. TIENEN ESTA NATURALEZA LOS EXPRESADOS POR LA ACTORA SI NO SE REFIEREN A LOS RAZONAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA RESOLUCI�N IMPUGNADA.", "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISI�N." y "AGRAVIOS INOPERANTES."

    6. Que los conceptos de invalidez marcados como quinto y d�cimo primero de la demanda revisten el car�cter de inoperantes, ya que respecto de los actos administrativos e informativos imputados a esa autoridad, el actor se limita a invocar la inconstitucionalidad del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. y del contrato crediticio que origin� este asunto, sin referirse a las actuaciones atribuidas a esa autoridad.

    7. Que a trav�s de los argumentos expuestos por el actor, en el sexto y s�ptimo conceptos de invalidez de la demanda, se invoca la transgresi�n a la garant�a de audiencia consagrada en el art�culo 14 constitucional, al aplicarse en su perjuicio el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., y que esa autoridad se adhiere en su totalidad a los argumentos expuestos por el Municipio actor, toda vez que al afectarse sus participaciones federales por concepto de supuestos adeudos a una instituci�n bancaria, ni el mencionado dispositivo reglamentario, ni ning�n otro contemplan intervenci�n alguna por parte del Municipio afectado, que le permita ser o�do y vencido en defensa de sus intereses, dentro del mencionado procedimiento de afectaci�n de participaciones.

    8. Que esa autoridad tambi�n se adhiere a los argumentos del actor, en cuanto alega la transgresi�n del art�culo 14 constitucional, debido a que de las constancias que obran en poder del Estado de Baja California, no se advierte que la instituci�n bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S., hubiera dado el aviso voluntario establecido por el art�culo 11 del reglamento citado, m�xime que este numeral no establece la obligaci�n para los acreditantes que solicitan la afectaci�n de participaciones federales a cuenta de los M., de efectuar dicho aviso, y mucho menos establece un procedimiento a trav�s del cual se les d� oportunidad de ser o�dos en su defensa, situaci�n que hace evidente la transgresi�n a dicha garant�a constitucional.

    9. Que los argumentos vertidos por el actor en el octavo y noveno conceptos de nulidad de la demanda resultan inoperantes, ya que no se invocan argumentaciones en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sino que se refiere exclusivamente a omisiones en que incurri� el Congreso de dicha entidad federativa.

    10. Que lo manifestado por el actor en el concepto de invalidez d�cimo resulta infundado, porque le otorga un alcance jur�dico distinto a los oficios que menciona en ese concepto de invalidez, ya que no constituyen actos que le ocasionen perjuicio o infrinjan de forma alguna las obligaciones del Estado de Baja California respecto al convenio de colaboraci�n fiscal federal que tiene celebrado con la Federaci�n, sino que se trata de simples avisos hechos al Municipio actor respecto de acciones emprendidas por diversas autoridades de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, tendientes a la afectaci�n de sus participaciones federales, y no de acciones de cobro, retenci�n o ejecuci�n a cuenta de sus participaciones federales, derivadas de las determinaciones adoptadas por la D.�n de Participaciones y Convenios de la secretar�a de Estado citada.

    11. Que de las constancias de compensaci�n de participaciones n�meros 10162 y 10194, de veinticinco de marzo y veinticinco de abril de dos mil dos, respectivamente, expedidos por el subtesorero de O.�n de la Tesorer�a de la Federaci�n se advierte que las participaciones federales correspondientes al Municipio actor, por los mencionados meses, fueron afectadas por las autoridades fiscales de la Federaci�n, sin que en ello hubiera intervenci�n de alguna de las autoridades del Estado, en la inteligencia de que en t�rminos del art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F., "... La Federaci�n entregar� las participaciones a los M. por conducto de los Estados ...", lo que se traduce en que las participaciones entregadas a la entidad federativa por la Federaci�n ya hab�an sido afectadas en los montos correspondientes a las participaciones del Municipio actor o que el Estado no intervino en esa afectaci�n, lo que trae como consecuencia la ausencia de acto alguno reclamable al Estado y, por ende, la improcedencia de la v�a, por inexistencia del acto que lesione los derechos del Municipio actor.

OCTAVO

Por oficio de nueve de julio de dos mil dos, J.R.D.O. y R.�n E.A.Z., con el car�cter de presidente municipal y s�ndico procurador, respectivamente, del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, promovieron ampliaci�n de la demanda de controversia constitucional, en virtud de que de la contestaci�n del director general Adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, que compareci� espont�neamente en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002, de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y de las copias fotost�ticas simples que anex� aparentemente se desprend�an hechos nuevos que deb�an ser materia de la controversia constitucional; ampliaci�n que por auto de once de julio de dos mil dos se tuvo por no acordada de conformidad por no resultar procedente.

En contra del prove�do anterior se interpuso recurso de reclamaci�n al que le correspondi� el n�mero 235/2002-PL, y fue resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal en sesi�n de nueve de agosto de dos mil tres, determin�ndose, entre otras cuestiones, que se admitiera la ampliaci�n de la demanda de controversia constitucional, �nicamente respecto del oficio de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por D.C.P.�ramo, en su car�cter de jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, dirigido a la tesorera de la Federaci�n, por el que se ordena la afectaci�n de las participaciones federales de ese Municipio, por un monto de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.); y que respecto de la falsedad de firma invocada en la ampliaci�n de demanda, no pod�a ser materia de �sta, ya que no constitu�a un acto o norma de car�cter general emitida por alguno de los sujetos a que se refiere el art�culo 105 constitucional, por lo que deven�a improcedente la ampliaci�n al respecto; sin embargo, en atenci�n a que los oficios que se tacharon de falsos formaban parte de la materia de impugnaci�n en la controversia y que para acreditar diversas violaciones que se les atribuyen, la parte actora ofreci� las pruebas periciales en documentoscop�a, grafolog�a y grafoscop�a, el Ministro instructor deb�a proveer lo conducente respecto de la admisi�n de tales probanzas.

En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria mencionada, por prove�do de diecisiete de septiembre de dos mil tres, el Ministro instructor admiti� la ampliaci�n de demanda de controversia constitucional �nicamente respecto del oficio 351-A-a-1a-I-0077 de diecinueve de abril de dos mil dos, precisado en el p�rrafo anterior, y determin� que no era procedente llamar a juicio a la citada unidad, toda vez que depende jer�rquicamente del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico y �ste del presidente de la Rep�blica, al que ya se le hab�a reconocido el car�cter de demandado en este asunto, y se orden� emplazar a las autoridades que ya se ten�an como demandadas en el juicio, para que produjeran su contestaci�n a la ampliaci�n de la demanda.

Asimismo, en el prove�do citado, en virtud de las manifestaciones del Municipio actor en el sentido de objetar los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077, de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, suscritos por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, toda vez que como lo indic� este Tribunal Pleno, tales argumentos no conforman la materia de ampliaci�n de la demanda, orden� formar el cuaderno incidental de falsedad de documentos.

El incidente de falsedad mencionado fue resuelto por el Ministro instructor, por acuerdo de treinta de enero de dos mil cuatro, en el sentido de que las firmas que calzan los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077, de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, no fueron estampados de pu�o y letra de D.C.P.�ramo a quien se le se�ala como jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas y, por tanto, dichos documentos son falsos.

NOVENO

En atenci�n a los t�rminos en que fue admitida la ampliaci�n de la demanda, �nicamente se atender�n los "hechos nuevos" que en v�a de conceptos de invalidez se hacen valer en dicha ampliaci�n respecto del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos que, en esencia, son del tenor siguiente:

  1. Que las �rdenes de afectaci�n de las participaciones federales que le corresponden al Ayuntamiento del Municipio actor de veinte de marzo y diecinueve de abril del a�o dos mil dos, no contienen la firma de pu�o y letra del jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, licenciado D.C.P.�ramo, sino que fueron emitidos por diversas personas cuyo nombre y cargo se desconocen, por lo que al ser falsa la firma que calzan los oficios, dichos documentos carecen de firma y ning�n efecto legal pod�an producir, lo que significa que su supuesto autor no lo autoriz�; por tanto, no existe la orden de autoridad competente ni se funda ni motiva la causa legal del procedimiento y, consecuentemente, se violan las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica que consagran los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal.

  2. Que al no haberse expresado el fundamento que sirvi� de base para emitir la orden impugnada, tampoco existe motivaci�n, puesto que si no se expres� el fundamento, las razones o motivos del acto, no pueden estar sustentadas en un precepto no se�alado.

D�CIMO

Las autoridades demandadas produjeron su contestaci�n a la ampliaci�n de la demanda y, en esencia, manifestaron:

  1. S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico.

    1. Que no es cierto que el presidente de la Rep�blica emiti� el oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, a trav�s del cual D.C. P�ramo, entonces jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, instruye a la tesorera de la Federaci�n a afectar las participaciones federales del Municipio actor en cantidad de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.); por lo que respecto de este acto se debe sobreseer en este juicio, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia, ya que la parte actora carece de medios de prueba para desvirtuar esa negativa.

      Que sirven de apoyo a lo anterior, por analog�a, las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO, NEGACI�N DEL." e "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."

    2. Que este juicio es improcedente, de conformidad con los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, relacionados con el 105, fracciones I y II, de la Constituci�n Federal, ya que en la ampliaci�n de demanda se pretenden hacer valer cuestiones de legalidad que no resultan ser materia de una controversia constitucional, pues en los numerales IV, V y VI de tal ampliaci�n, se aduce la falta de cumplimiento por parte de la instituci�n bancaria acreedora, as� como la violaci�n a diversas disposiciones de car�cter financiero y mercantil, tales como la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de Cr�dito, ordenamientos contra los cuales no es procedente una controversia constitucional. Aunado a que se limitan a combatir la ilegalidad de ordenamientos estatales, tales como la Ley del Notariado para el Estado de Nuevo Le�n.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis bajo el rubro: "COORDINACI�N FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREV�N LOS ART�CULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCI�N X, DE LA LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N TIENEN CARACTER�STICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

    3. Que es improcedente la ampliaci�n de la demanda, de conformidad con el numeral 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el 41, fracci�n IV y 45 del mismo ordenamiento legal, ya que el actor solicita la declaraci�n de invalidez de actos que tienen el car�cter de consumados, como la orden de afectaci�n de participaciones que por ingresos federales corresponden al Municipio actor, contenida en el oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, por lo que pretende se pronuncie una sentencia en la que se retrotraigan los efectos de las determinaciones contenidas en el documento en cita, no obstante que las mismas ya se realizaron, y que los art�culos 41, fracci�n IV, de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracci�n III, segundo p�rrafo, constitucional, ordena que la declaraci�n de invalidez de las resoluciones dictadas en estos procedimientos no tendr�n efectos retroactivos, salvo en materia penal.

      Que sirven de apoyo a lo anterior las tesis de jurisprudencia y aislada siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DECLARATIVAS DE INVALIDEZ DE DISPOSICIONES GENERALES. S�LO PUEDEN TENER EFECTOS RETROACTIVOS EN MATERIA PENAL." y "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS)."

      Que los actos que impugna el actor tienen la naturaleza de positivos y, por tanto, es improcedente retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de la realizaci�n del acto que impugnan, y que as�, se dejen insubsistentes los actos que derivan de la orden y ejecuci�n del descuento a sus participaciones en ingresos federales, pues contrar�a lo dispuesto por el numeral 45 de la ley reglamentaria de la materia, ya que este dispositivo se�ala que los efectos de las sentencias no ser�n retroactivos, aun cuando se declare la invalidez de los actos impugnados.

      Que sirven de apoyo a lo anterior, por analog�a, las siguientes tesis aisladas: "SENTENCIAS DE AMPARO, EFECTOS DE LAS (ACTOS POSITIVOS).", "EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. SU ALCANCE." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSI�N EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS."

    4. Que se debe sobreseer esta controversia, atento a lo dispuesto en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el diverso 20, fracci�n II, de dicho ordenamiento legal, ya que resulta evidente que la impugnaci�n del oficio n�mero 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por el entonces jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, dirigido a la tesorera de la Federaci�n, en el cual se ordena afectar las participaciones que en ingresos federales corresponden al Estado de Baja California, con el fin de hacer entrega del remanente del adeudo contra�do por el Municipio de Mexicali, no afecta el inter�s jur�dico de este �ltimo, sino �nicamente un inter�s econ�mico, es decir, constituye un detrimento econ�mico que se deriva de un descuento en sus incentivos o participaciones federales, por lo que el actor pretende establecer una relaci�n causal entre el perjuicio econ�mico y el jur�dico, lo cual resulta falaz, en tanto que uno no implica al otro. Consecuentemente, el actor no acredita el inter�s jur�dico que le permita acudir a esta controversia y, por ello, resulta improcedente.

      Que sirven de apoyo a lo anterior, por analog�a, las tesis bajo los siguientes rubros: "PERJUICIO ECON�MICO Y PERJUICIO JUR�DICO. EFECTOS EN AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.", "PERJUICIO ECON�MICO, NO DA DERECHO A LA INTERPOSICI�N DEL AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO Y PERJUICIO ECON�MICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", "INTER�S JUR�DICO DEL QUEJOSO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE." e "INTER�S JUR�DICO, AFECTACI�N DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE."

    5. Que se debe sobreseer en esta controversia constitucional, en t�rminos de los numerales 20, fracci�n II y 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, relacionados con el diverso 12 de la Ley de Coordinaci�n F., porque en caso de que se dicte sentencia favorable al Municipio actor, se fomentar�a el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento, pues se estar�an afectando considerablemente las atribuciones que dichos ordenamientos confieren a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico respecto de las participaciones en ingresos federales, as� como los compromisos contra�dos en los convenios de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. celebrados por los Gobiernos Federal y Estatales, lo que dar�a pauta para que se causara un grave da�o al erario p�blico federal y no tendr�a v�a de reparaci�n, propiciando regresar al esquema de la concurrencia impositiva con perjuicio de los contribuyentes; es decir, ese fallo convertir�a a los convenios de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. y de colaboraci�n administrativa en materia fiscal federal en instrumentos imperfectos, y hasta cierto punto in�tiles, puesto que el ejercicio de las facultades impositivas por parte de la Federaci�n, de las entidades y de los M. se volver�a un caos.

      Que adem�s, no habr�a instancia gubernamental que pusiera orden en materia tributaria, lo que redundar�a en perjuicio delas haciendas p�blicas federal, estatales y municipales, y de la capacidad contributiva de los gobernados; consecuentemente, se debe sobreseer en esta v�a, dado que en caso de que se dicte sentencia desfavorable a los intereses del Gobierno Federal, se fomentar�a el incumplimiento de las disposiciones relativas al Sistema Nacional de Coordinaci�n F..

    6. Que se debe sobreseer en esta controversia, de conformidad con los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en relaci�n con el diverso 26 del mismo ordenamiento, respecto a las manifestaciones que el Municipio actor realiza en los puntos de ampliaci�n n�meros X y XI, en virtud de que en ellos se argumenta que existe ilegalidad del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, porque las autoridades demandadas acompa�aron a su contestaci�n de demanda una copia de un documento que no ostenta la firma aut�grafa del entonces titular de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, pero las manifestaciones que realiza al respecto son ajenas a la litis sobre la que versa esta controversia constitucional, pues no obstante que es cierto lo se�alado, tal argumento es materia del incidente de falsedad de documentos, cuya tramitaci�n obedece a verificar la autenticidad de la firma aut�grafa, por lo que se debe sobreseer en este asunto.

      Que sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN UNA CUESTI�N AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL."

    7. Que a pesar de que el argumento contenido en el punto de ampliaci�n identificado bajo el n�mero 1, no se refiere a actos de esa autoridad, resulta inoperante tal argumento, porque no es dable considerar que la copia simple de la escritura p�blica que se anex� al escrito de contestaci�n de demanda del director general de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos, no goza de la veracidad y validez que tienen los documentos que fueron presentados en copia certificada por el titular de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y mucho menos que infringe la esfera jur�dica del Municipio actor pues, en todo caso, del cotejo que se realice de los documentos que en copia certificada se anexaron al escrito de contestaci�n del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, entre los que se encuentra el documento p�blico en comento, se podr� advertir que los mismos tienen id�ntico tenor y, por tanto, gozan de la veracidad y valor probatorio que tienen los que se acompa�aron en copia certificada.

      Que sirven de apoyo a lo anterior, aplicables por analog�a, las siguientes tesis: "COPIAS FOTOST�TICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL �NDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDEN� LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACI�N, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO." y "PERITOS. ES INEXACTO QUE CAREZCA DE VALOR PROBATORIO EL PERITAJE CONTABLE QUE SE APOY� EN INFORMACIONES DADAS POR UNA INSTITUCI�N OFICIAL EN COPIA FOTOST�TICA SIMPLE SIN CERTIFICAR."

    8. Que el concepto de ampliaci�n que hace valer la parte actora en el numeral II, resulta ineficaz y, por tanto, infundado, pues el Municipio actor se�ala sin fundamento legal alguno que el oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, en el que el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas orden� a la Tesorer�a de la Federaci�n la afectaci�n que en ingresos federales corresponden al Municipio, viola su garant�a de audiencia, pues desconoc�a el contenido de los planteamientos que se hicieron en dicho documento. Es decir, el actor no vierte los conceptos l�gico-jur�dicos por los cuales estima que se infringi� tal garant�a.

      Que no obstante lo anterior, cabe comentar que no constituye un hecho nuevo el haber acompa�ado al escrito de contestaci�n de demanda copia del oficio citado, pues de la demanda se advierte que la parte actora tuvo conocimiento de que se hab�a ordenado la afectaci�n a sus participaciones en ingresos federales, en virtud de su adeudo con la instituci�n bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S., por lo que si bien no conoc�a f�sicamente el documento en el que se ordena tal afectaci�n, no puede alegar que no ten�a conocimiento de ello, porque la misma constituy� el motivo por el cual promovi� esta controversia constitucional.

      Que el Gobierno Federal, por conducto de las autoridades demandadas adscritas a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cumpli� con el requisito de audiencia que establece, en concreto, el numeral 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., pues se comunic� al gobierno de la entidad la afectaci�n de las participaciones del Municipio promovente, por lo que el acto impugnado no viola la garant�a de audiencia que la Constituci�n Federal consagra a favor de los gobernados, pues si se toma en consideraci�n que el reglamento mencionado s�lo se�ala en su �ltima parte que de manera previa a la afectaci�n de las participaciones que lleve a cabo la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, se debe notificar a la entidad o Municipio dicha situaci�n, en la especie se actualiz� tal supuesto, como se advierte de la copia de la comunicaci�n v�a fax remitida a la S.�a de P.�n y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, que obra en los autos del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002, y que se solicita tener a la vista al momento de resolver este asunto.

      Que sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la tesis de rubro: "JUICIO AGRARIO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEY DE LA MATERIA NO PREVEA LA POSIBILIDAD DE OBJETAR PRUEBAS EN AQU�L. NO ES VIOLATORIA DE LA GARANT�A DE AUDIENCIA."

      Que es importante tener en consideraci�n que el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., no establece que los Estados o los M. puedan alegar violada su garant�a de audiencia, es decir, ese ordenamiento no establece la posibilidad de objetar la afectaci�n de las participaciones a realizar, siempre y cuando se haya acreditado por parte de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la mora en el cumplimiento de las obligaciones financieras contra�das y la instituci�n acreditante no haya presentado solicitud para que no se proceda a su afectaci�n; por tanto, no se viola en perjuicio del Municipio actor la garant�a de audiencia, m�xime que �ste no vierte en el concepto de ampliaci�n que se contesta, argumentos que permitan dilucidar en qu� consiste la supuesta violaci�n.

      Que del reglamento impugnado, en el que se apoy� la afectaci�n de participaciones federales en cuesti�n, se puede llegar a una conclusi�n imprecisa en el sentido de que si bien no prev� procedimiento previo al acto privativo de afectaci�n, ni permite conocer la determinaci�n de la autoridad para hacer efectivo el descuento, ni presentar pruebas, ni alegatos; atento a la naturaleza jur�dica de las participaciones en ingresos federales, la vinculaci�n y situaci�n sui g�neris que se genera entre los entes p�blicos cuando uno de ellos realiza la ejecuci�n de �stas, Federaci�n, en el caso que otro ente p�blico, Municipio o entidad federativa incumple con una obligaci�n, la garant�a de audiencia s� es respetada por el citado ordenamiento reglamentario.

      Que si el Municipio actor consider� que la actuaci�n de la autoridad ejecutora fue incorrecta en raz�n de que la obligaci�n fue ya satisfecha, por la cual se procedi� a la ejecuci�n de aqu�llas, debi� haber impugnado precisamente esta circunstancia en el presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el �ltimo p�rrafo del art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., y aportar las pruebas id�neas que acreditaran el pago de la deuda garantizada con la afectaci�n de las participaciones ejecutadas, pero no puede alegar que dicho procedimiento de ejecuci�n no cumple con la garant�a de audiencia, ya que en este caso, dicha garant�a s� se cumple en raz�n de que el Municipio actor est� en condiciones de defenderse en los t�rminos de la disposici�n legal en cita, con lo que puede aportar pruebas y alegar y con ello ser o�do en juicio.

      Que si la parte actora solicit� la autorizaci�n a la Legislatura del Estado de Baja California para la contrataci�n de la deuda, que a la postre tambi�n a instancia y petici�n de este ente p�blico actor fueron afectadas las participaciones en ingresos federales en garant�a del pago de dicha deuda, as� como inscritas en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., ello significa que el ente actor ten�a conocimiento de las reglas a las que quedaba sujeta la afectaci�n de las participaciones federales, as� como, en su caso, la ejecuci�n de las mismas cuando ocurriera el supuesto de incumplimiento de la obligaci�n, es decir, conoc�a las consecuencias y atribuciones de las autoridades hacendarias en caso de incumplimiento de pago de la obligaci�n garantizada, por tanto, no existe violaci�n al art�culo 16 de la Constituci�n Federal.

    9. Que esa autoridad se abstiene de refutar lo que el Municipio actor vierte en los puntos de ampliaci�n identificados bajo los n�meros III, IV, V y VI, toda vez que los mismos no versan sobre hechos que se imputen, por lo que ni se afirman ni se niegan. No obstante lo anterior, toda vez que las argumentaciones tendientes a demostrar la supuesta ilegalidad del instrumento p�blico en el que consta la fusi�n de Banco Mercantil del Norte, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple y B.�s, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, la falta de personer�a de los representantes legales de la instituci�n bancaria acreditante, constituyen antecedentes del acto reclamado, no debe pasarse por alto que dichos actos no forman parte de la presente litis.

      Que resulta aplicable, anal�gicamente, la tesis de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN UNA CUESTI�N AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL."

    10. Que no obstante que el acto que se reclama en los puntos de ampliaci�n VII, VIII y VIII-Bis, no es imputable a esa autoridad, se debe se�alar que del art�culo 13-A del Reglamento Interior de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y si se tiene en cuenta el principio de legalidad que establece que las autoridades s�lo pueden hacer todo aquello que la propia ley les se�ale en t�rminos del art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el titular de la D.�n General Adjunta de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos no tiene entre sus atribuciones verificar la personer�a de los representantes de las instituciones acreedoras que solicitan a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico el pago del adeudo que fue garantizado con las participaciones que en ingresos federales corresponden al hoy deudor Municipio de Mexicali.

      Que aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que el Ministro instructor provey� en el acuerdo que admiti� la ampliaci�n de demanda, concretamente en el numeral segundo, que s�lo se admit�a por lo que hace al oficio 351-A-a-1a-I-0077 de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, en el que se solicita a la tesorera de la Federaci�n afectar las participaciones que en ingresos federales corresponden al Estado de Baja California, con el fin de hacer entrega a los terceros interesados del remanente del adeudo contra�do por el Municipio demandante, por lo que el argumento que la parte actora vierte en los conceptos de invalidez en comento no tienen relaci�n con el acto impugnado; consecuentemente, debe desestimarse lo aducido al respecto.

    11. Que esa autoridad se abstiene de refutar lo que el Municipio actor vierte en el punto de ampliaci�n IX, toda vez que el mismo no versa sobre hechos que se le imputen, por lo que ni se afirman ni se niegan. No obstante ello, hace notar que el citado punto de ampliaci�n versa sobre la legalidad del acta de asamblea de accionistas, en la que se acord� la fusi�n de Banco Mercantil del Norte, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple y B.�s, Sociedad An�nima, Instituci�n de Banca M�ltiple, y al relacionarse ello con la supuesta falta de personer�a de los representantes legales del banco acreditante, este hecho es antecedente del acto impugnado, por lo que no forma parte de la presente litis y, por ello, el argumento en cuesti�n deviene inoperante.

      Que sobre el particular se estima aplicable, anal�gicamente, la tesis bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN UNA CUESTI�N AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL."

      Que esa autoridad tambi�n se abstiene de refutar lo que el Municipio actor se�ala en el punto de ampliaci�n X, toda vez que el mismo no versa sobre hechos que se le imputen, por lo que ni los afirma ni los niega; sin embargo, destaca que el punto de ampliaci�n de referencia versa sobre la veracidad y autenticidad de la firma aut�grafa del oficio 351-A-a-1a-I-0077 de diecinueve de abril de dos mil dos, t�pico que el Municipio pretendi� incluir a la litis con el objeto de demostrar la falsedad de la firma y, en dicho supuesto, alegar que si las �rdenes no fueron emitidas por autoridad competente, todo lo actuado es nulo y, en consecuencia, no existe la afectaci�n a sus participaciones en ingresos federales, tal como se argumenta en la ampliaci�n de demanda. No obstante que es materia del incidente de falsedad de documentos determinar si la firma del funcionario emisor de los oficios 351-A-1a-I-0077 y 351-A-a-1a-I-0067 de diecinueve de abril y veinte de marzo de dos mil dos, respectivamente, corresponde a D.C. P�ramo; no es posible en esta litis fijar si el citado funcionario los suscribi� o no, puesto que ello constituye un hecho ajeno a �sta.

      Que resulta aplicable la tesis bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN UNA CUESTI�N AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL."

    12. Que es infundado el punto de ampliaci�n XI, en el que la parte actora argumenta que se infringen en su perjuicio las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica consagradas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, ya que los oficios en el que se orden� la afectaci�n de participaciones que en ingresos federales le correspond�an al Municipio actor, de ninguna manera son contrarios a los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n que debe tener todo acto de autoridad, toda vez que atento a la solicitud de quince de marzo de dos mil uno, que presentaron los apoderados de instituci�n bancaria, la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas adscrita a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico orden� la afectaci�n de tales participaciones a fin de cubrir el adeudo a la instituci�n acreditante, lo que se corrobora del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos.

      Que si bien en el oficio mencionado no se citaron los dispositivos legales que facultan a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, por conducto de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, a afectar las participaciones que en ingresos federales corresponden al Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, el requisito de fundamentaci�n se encuentra presente en el acto impugnado, pues el alcance de dicha garant�a a favor del gobernado no siempre se traduce a la menci�n de los preceptos jur�dicos que lo facultan a llevar a cabo su actividad.

      Que sirven de apoyo las tesis bajo los rubros: "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, CONCEPTO DE." y "GARANT�AS DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DEL ACTO DE AUTORIDAD, ALCANCE DE LAS."

      Que el acto que se impugna no adolece del requisito de fundamentaci�n, pues es de explorado derecho que el Reglamento Interior de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, concretamente el art�culo 13; el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F.; y el numeral 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado este �ltimo en el Diario Oficial de la Federaci�n de siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y modificado por decreto publicado en el �rgano de difusi�n oficial referido el veintiocho de enero de dos mil, son los ordenamientos aplicables al asunto, tomando en cuenta la fecha en que se contrajo por parte del Municipio actor el adeudo materia de este juicio.

      Que toda vez que la parte actora arguye que existe ausencia de fundamentaci�n y motivaci�n, pero permite especificar en qu� consiste �sta, se revierte la carga de la prueba al Municipio promovente en t�rminos de la tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO. CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA RESPONSABLE SI SE ALEGA AUSENCIA DE FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N EN EL."

    13. Que resulta inoperante lo que el Municipio actor arguye en el punto de ampliaci�n XII, en el sentido de que constituye un hecho nuevo el que el procedimiento de afectaci�n de participaciones, contenido en el manual de procedimientos de la D.�n General Adjunta de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, no prevenga la audiencia de la parte afectada, ni la forma de verificar la supuesta mora en el pago del cr�dito contra�do, porque no obstante que los manuales de procedimientos no tienen la categor�a de normas o reglamentos, tienen car�cter vinculatorio s�lo para aquellas autoridades administrativas cuya actividad se rige por aqu�llos; por tanto, de ninguna manera pueden afectar la esfera jur�dica de terceros, como en el caso pretende el Municipio actor, pues �nicamente tienen por objeto regir las actividades de car�cter administrativo, t�cnico y operativo que llevan a cabo los funcionarios de las dependencias y entidades.

      Que sirve de apoyo a lo anterior la tesis bajo el rubro: "MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. SU ACATAMIENTO ES OBLIGATORIO PARA LOS SERVIDORES P�BLICOS A QUIENES VAN DIRIGIDOS."

      Que los funcionarios a quienes se encuentran dirigidos los manuales de procedimientos y que determinan de manera concreta todas y cada una de las actividades que �stos deben llevar en su quehacer cotidiano, obligan a acatar en forma id�ntica el procedimiento expresado en ellos, siendo de explorado derecho que aquello que no est� consignado en el manual, no debe realizarse por el funcionario p�blico. As�, en el caso, al no haber obligaci�n de hacer de conocimiento del Municipio acreditado la orden de afectaci�n de participaciones en ingresos federales en t�rminos del manual de procedimientos interno, las autoridades que intervinieron en dicho procedimiento no se encontraban constre�idas a hacer del conocimiento de aqu�l, la afectaci�n de participaciones en ingresos federales. No obstante lo anterior, en la especie s� se notific� al Municipio actor la orden de afectaci�n de participaciones que el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas gir� a la tesorera de la Federaci�n, lo que se demuestra con el oficio 351-A-a-1a-I-0067, de veinte de marzo de dos mil dos, en el que se destina copia de conocimiento al presidente municipal de Mexicali, Baja California, documento que obra en el incidente de falsedad de documentos tramitado en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002.

      Que adem�s, la situaci�n anotada fue notificada por parte del Gobierno del Estado de Baja California al Municipio de Mexicali, a trav�s del fax que envi� el director de Participaciones y Convenios de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a deHacienda y Cr�dito P�blico, de dieciocho de marzo de dos mil dos al secretario de P.�n y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, para su conocimiento y efectos legales respecto al Municipio de Mexicali. Dicho documento tambi�n obra en los autos del juicio citado.

    14. Que toda vez que el Municipio actor se�ala en los "puntos de ampliaci�n" que identifica bajo los numerales XIII, XIV, XVI y XVII, cuestiones que no resultan imputables a esa autoridad, sino a los funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California, los hechos planteados no se afirman ni se niegan, toda vez que no son propios. No obstante lo anterior, resalta que el dicho de la parte actora en los puntos de ampliaci�n mencionados no forman parte de la litis, por lo que son inoperantes en t�rminos de la tesis cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACI�N INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN UNA CUESTI�N AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL."

    15. Que toda vez que el Municipio actor en el "punto de aplicaci�n" n�mero XX, no se�ala de manera concreta el acto que atribuye al director general Adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; el solo se�alamiento de que �ste intervino en la afectaci�n de participaciones materia de esta v�a, no es suficiente para reconocer la validez del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos; si se tiene en cuenta que lo �nico en que particip� el director general adjunto citado, fue en la revisi�n del oficio de m�rito. En esta tesitura, se debe declarar la validez del acto materia de esta controversia, toda vez que la revisi�n que corresponde a la citada autoridad no infringe la esfera de derechos del hoy actor.

  2. S.�a de G.�n.

    Que en la ampliaci�n de demanda la parte actora solicita la invalidez de actos y no as� de normas en cuyo proceso de creaci�n pudiera haber intervenido el titular de la S.�a de G.�n. La ampliaci�n de demanda se admiti� �nicamente respecto del acto consistente en el oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por D.C.P.�ramo, en su car�cter de jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, pero en la emisi�n de ese oficio no particip� en modo alguno esa autoridad; por tanto, en v�a de contestaci�n al escrito de ampliaci�n de demanda, reitera en todas y cada una de sus partes el oficio a trav�s del cual se dio contestaci�n a la demanda, pues en dicho oficio est�n contenidos los argumentos en que se apoya la validez constitucional de las normas impugnadas.

  3. C�mara de Senadores.

    Que del escrito de ampliaci�n de demanda presentado por la parte actora se desprende que no se atribuyen ni se�alan hechos nuevos propios de ese �rgano legislativo, por lo que estar� atenta a lo que este Alto Tribunal resuelva. Asimismo, ratifica todos y cada uno de los se�alamientos contenidos en su escrito de contestaci�n de demanda.

  4. C�mara de Diputados.

    Que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia, se deber� sobreseer en el presente asunto, porque de los argumentos que el actor plantea en su ampliaci�n de demanda se advierte que no existe acto que pueda reclamarse a esa autoridad, pues el acto impugnado consiste en el oficio de diecinueve de abril de dos mil dos, en el que se ordena la afectaci�n de participaciones federales por un monto de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), el cual no fue expedido por esa autoridad. Asimismo, ratifica en todas sus partes la contestaci�n de demanda rendida por ese �rgano legislativo.

  5. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

    Que los actos cuya invalidez demanda el Municipio actor provienen de las actuaciones realizadas por diversas autoridades dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, respecto a la afectaci�n de las participaciones federales correspondientes a dicho Municipio, lo cual motiv� que las participaciones del Estado de Baja California, por los meses de marzo y abril del a�o inmediato anterior, fueran remitidas con los descuentos respectivos a tal afectaci�n y, por consecuencia, origin� que los mismos no fueran cubiertos a referido Municipio por parte de las autoridades federales demandadas, sin que ello implicara determinaci�n directa por parte del gobernador del Estado o del personal jer�rquicamente subordinado que tuviera por objeto afectar al Municipio actor, por lo que �ste no puede reclamar dentro del presente juicio actuaci�n alguna por parte de esa autoridad que implique incumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio de colaboraci�n administrativa en materia fiscal que tiene el Ejecutivo Local con la Federaci�n.

D�CIMO PRIMERO

El procurador general de la Rep�blica en relaci�n con la demanda y su ampliaci�n, en esencia, manifest� lo siguiente:

  1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional y su ampliaci�n, y que quienes las promueven cuentan con legitimaci�n para ello.

  2. Que respecto de los actos impugnados en este juicio la interposici�n de la demanda resulta oportuna.

  3. Que en cuanto al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, el primer acto de aplicaci�n ocurri� el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en que se inscribi� en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la D.�n General de Cr�dito P�blico, D.�n de Deuda P�blica de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el contrato de apertura de cr�dito simple, celebrado el once de julio de mil novecientos noventa y cuatro entre B.�s, S., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Mexival-B.�s y el Municipio actor, por tanto, el plazo que prev� la fracci�n II del numeral 21 de la ley reglamentaria de la materia para la presentaci�n de la demanda ha transcurrido en exceso, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VII del numeral 19 de dicha ley, y con fundamento en la fracci�n II del art�culo 20 del citado ordenamiento, deber� decretarse el sobreseimiento respecto del reglamento mencionado.

  4. Que en relaci�n con la fracci�n III del art�culo d�cimo tercero transitorio del decreto por el que se reform� la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, as� como con los numerales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se expidi� el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el citado �rgano de divulgaci�n oficial de quince de octubre de dos mil uno, de las constancias que obran en autos no se desprende dato alguno que indique con certeza la fecha en que tales disposiciones le fueron aplicadas por primera ocasi�n al promovente; sin embargo, toda vez que el Municipio actor combate las citadas normas a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la afectaci�n de sus participaciones federales, se estima que la demanda de controversia constitucional resulta oportuna, salvo prueba en contrario.

  5. Que la ampliaci�n de la demanda resulta oportuna.

  6. Que no se actualiza la causal de improcedencia que hace valer el secretario de G.�n, en el sentido de que no es un �rgano aut�nomo al depender del Ejecutivo Federal y, por ende, carece de legitimaci�n pasiva en la controversia constitucional. Lo anterior es as�, porque a dicho secretario se le atribuye el refrendo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en virtud del cual se reform� la Ley de Coordinaci�n F., por lo que contrario a lo manifestado por la demandada, el secretario de G.�n s� cuenta con la legitimaci�n pasiva en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 10, fracci�n II y 11, segundo p�rrafo, de la reglamentaria de la materia, y con la tesis jurisprudencial bajo el rubro: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACI�N PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."

  7. Que no se actualiza la causal de improcedencia que hace valer el gobernador de Baja California, consistente en que el Municipio actor no agot� el principio de definitividad, ya que en contra de los actos impugnados procede el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal, previsto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., porque contrariamente a lo manifestado, dicho Municipio no estaba obligado a promover tal juicio, toda vez que a trav�s de las controversias constitucionales se analizan cuestiones de constitucionalidad, mientras que en el citado juicio �nicamente de legalidad; por lo que los actos y normas generales impugnadas en el caso, pueden ser materia de una controversia constitucional sin necesidad de agotar la v�a legal mencionada.

    Que sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: "COORDINACI�N FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREV�N LOS ART�CULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCI�N X, DE LA LEY ORG�NICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N TIENEN CARACTER�STICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCI�N I DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL."

  8. Que resulta infundado el argumento en el que se aduce que los conceptos de invalidez carecen de se�alamientos claros que permitan dilucidar el fondo del asunto, ya que de conformidad con los numerales 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe examinar en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuesti�n efectivamente planteada, supliendo la deficiencia de la demanda; por tanto, si en el caso, el Ministro instructor, al admitir la demanda no advirti� irregularidad alguna, es obvio que, contrario a lo manifestado, los argumentos vertidos por el promovente permiten conocer expl�citamente el problema planteado.

    Que sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS."

  9. Que son infundados los argumentos en que se alega que el Municipio actor no precisa a qu� autoridades les imputa los actos y normas combatidos, as� como qu� numeral del Reglamento de Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. le causa perjuicio, ya que de la lectura integral del escrito inicial de demanda se desprenden los actos y normas que el actor impugna a trav�s de esta controversia constitucional, as� como las autoridades federales y locales a quienes se les imputa.

  10. Que son infundados los argumentos del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico en que aduce que la Constituci�n de Baja California no faculta a los M. de la entidad a promover este tipo de medios de control constitucional, ya que derivado de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, tales entes s� se encuentran facultados para instaurar dichos procedimientos, lo cual no tiene por qu� estar reconocido en la referida norma local, puesto que se trata de una potestad que deriva directamente de la Constituci�n Federal, que puede o no ejercer el Municipio de que se trate.

  11. Que es infundada la causal de improcedencia que invoca el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, consistente en que el actor pretende obtener de la sentencia que se dicte, efectos retroactivos de los actos que reclama, porque contrariamente a lo que se aduce, los efectos que produzca la respectiva resoluci�n, surtir�n plena vigencia a partir de la fecha en que este M�ximo Tribunal as� lo determine, independientemente de lo que pretenda el Municipio actor en su escrito de demanda y ampliaci�n.

  12. Que la causal de improcedencia que invoca el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, consistente en que el actor acude a juicio alegando un perjuicio econ�mico y no jur�dico, pues se duele de la retenci�n de sus participaciones federales, lo que s�lo entra�a un detrimento econ�mico y no jur�dico, debe desestimarse con apoyo en la tesis jurisprudencial bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE.", toda vez que los argumentos vertidos involucran cuestiones del fondo del asunto.

  13. Que es infundado lo que aduce el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico en el sentido de que la aplicaci�n de las normas y actos impugnados derivan de otros consentidos, como lo es la autorizaci�n que el Congreso de Baja California dio al Municipio actor para que contratara la deuda materia del juicio y afectara sus participaciones federales en garant�a, as� como la inscripci�n que el promovente hizo de la citada deuda en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, porque de las constancias que obran en autos se desprende la existencia de una relaci�n de continuidad entre los actos que el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico se�ala como precedentes a la aplicaci�n de las normas y de los actos impugnados, pero de ello no se deduce que �stos sean derivados de otros consentidos, pues para que opere dicha causal de improcedencia se requiere no s�lo la existencia de una vinculaci�n entre el acto consentido y el reclamado que de �l deriva, sino que, adem�s, el acto llamado derivado sea consecuencia legal, directa y necesaria del primero, as� como que el primero cause, por s� solo, perjuicio jur�dico al actor, mismo que s�lo se reproduce en el acto derivado, y en el caso, no obstante que entre las normas y actos impugnados existe una vinculaci�n, y son la consecuencia legal, directa y necesaria de los primeros por el incumplimiento del contrato referido en los antecedentes del caso narrados, sin embargo, tal autorizaci�n e inscripci�n, por s� solos, no causaron perjuicio al actor, sino un beneficio econ�mico que se vio reflejado en sus arcas, m�xime que las normas y actos materia de esta controversia constitucional, que se dicen derivados, son combatidos por vicios propios.

  14. Que es infundada la causal de improcedencia que hacen valer las C�maras de Diputados y Senadores del Congreso de la Uni�n, en el sentido de que la fracci�n III del art�culo d�cimo tercero transitorio del decreto por el que se reform� la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, es autoaplicativa, y por ello, le caus� perjuicio al promovente desde su entrada en vigor; porque en el caso, tal situaci�n resulta irrelevante para efectos de la oportunidad en la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, ya que derivado de la fracci�n II del numeral 21 de la ley reglamentaria de la materia, una norma de car�cter general puede ser impugnada dentro del plazo de treinta d�as, contados a partir del d�a siguiente al de su publicaci�n, o bien, al en que se produzca su primer acto de aplicaci�n.

  15. Que la ampliaci�n de la demanda debe sobreseerse respecto de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n y del Poder Ejecutivo Federal, ya que no participaron en la emisi�n del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, por tanto, la causal de sobreseimiento que hacen valer la C�mara de Diputados y el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico resulta fundada.

  16. Que el reglamento impugnado no fue t�citamente abrogado por la reforma y adici�n al art�culo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, ya que no existe incompatibilidad total o parcial entre ambos ordenamientos, puesto que regulan situaciones diversas; el reglamento, lo relativo a la inscripci�n de las obligaciones contra�das para inversiones p�blicas productivas por los Estados, el Distrito Federal o los M., su otorgamiento en garant�a e inscripci�n de la misma y su pago a terceros en caso de incumplimiento de aqu�llos; y el numeral constitucional mencionado, la obligaci�n de las Legislaturas Locales de determinar las bases, montos y plazos mediante los cuales deben ser pagadas las participaciones federales a los M.. En tal virtud, tambi�n deviene infundado el razonamiento expuesto por el Municipio actor en el que se�ala que con la emisi�n de los actos impugnados se transgreden los art�culos 14, 89, fracci�n I, 115, fracci�n IV, inciso b), 124 y 126 de la Constituci�n Federal, porque la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico aplic� el texto de un reglamento t�citamente derogado.

  17. Que es infundado el argumento del actor en el sentido de que el numeral 11 del reglamento impugnado transgrede el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, porque establece un procedimiento de ejecuci�n sobre participaciones federales que la Ley de Coordinaci�n F. no prev�, porque si bien es cierto que en esa ley no se prev� el procedimiento para la ejecuci�n de las participaciones federales que se hubieren afectado en garant�a para el cumplimiento de las obligaciones contra�das por los Estados o M.; sin embargo, dicha regulaci�n la reserv� para ser desarrollada en el reglamento que expidiera el presidente de la Rep�blica, es decir, en el reglamento impugnado.

  18. Que deviene inoperante el argumento en el que se se�ala que jam�s le fue comunicada al actor, de manera simult�nea, la solicitud de pago presentada a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico por parte del supuesto acreditante, ya que del p�rrafo segundo del art�culo 11 del reglamento impugnado, se desprende que el acreditante, al presentar su solicitud de pago a la secretar�a, la debi� comunicar simult�neamente al Municipio actor y no hacerlo por conducto de la mencionada secretar�a, lo cual es un acto imputable al acreditante y no a esa secretar�a, quien �nicamente ten�a la obligaci�n de confirmar la mora existente y, en su caso, realizar el pago respectivo con cargo a las participaciones federales afectadas en garant�a, inform�ndolo al Municipio actor.

  19. Que se�ala el promovente que la fracci�n III del numeral d�cimo tercero transitorio del decreto en virtud del cual se reform� la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, transgrede los preceptos 115, fracci�n IV, inciso b), 124 y 133 de la Carta Magna, porque le otorg� vigencia al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., de siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, no obstante que fue t�citamente derogado por la reforma constitucional publicada en el citado �rgano de difusi�n de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

    Que contrario a lo manifestado por el actor, el reglamento impugnado no fue t�citamente derogado por la reforma al numeral 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres; por lo que las deudas contra�das por las entidades federativas y M. al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se regulan por ese reglamento, de conformidad conel tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F.; adem�s de que en la fecha en que se emiti� la fracci�n III del art�culo d�cimo tercero transitorio del decreto por el que se reform� la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se encontraba vigente el reglamento impugnado, por tanto, los agravios que se hacen valer al respecto resultan infundados.

  20. Que son infundados los argumentos tendentes a acreditar la inconstitucionalidad del art�culo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de octubre de dos mil uno por el que se expidi� el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., ya que el reglamento impugnado no hab�a sido abrogado por la reforma al art�culo 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, sino hasta el diecis�is de octubre de dos mil uno, en que entr� en vigor el nuevo reglamento, el cual, en el citado numeral segundo transitorio, expresamente previ� la abrogaci�n de aqu�l, as� como de sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintiocho de enero de dos mil.

  21. Que son infundados los argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del art�culo tercero transitorio del decreto que contiene el reglamento mencionado, porque en este art�culo se considera v�lido al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, as� como sus modificaciones publicadas en el mismo �rgano de difusi�n oficial el veintiocho de enero de dos mil, respecto de las obligaciones inscritas en el mencionado registro con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento actual; sin embargo, esto tiene como objeto salvaguardar el principio de irretroactividad de las leyes, que tutela el numeral 14 de la Constituci�n Federal, por lo que el transitorio de referencia lejos de violentar los postulados contemplados en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, los respeta.

  22. Que devienen infundados los argumentos del Municipio actor, toda vez que del numeral 11 del reglamento impugnado, no se advierte que el Congreso de la entidad de que se trate, tenga que intervenir en el procedimiento que se instaure para el pago de las obligaciones contra�das por los M. e inscritas en el mencionado registro a petici�n de los mismos, sino que por el contrario, los �nicos legitimados para concurrir en dicho proceso, son la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la entidad federativa o Municipio que corresponda y el acreditante.

    Que de conformidad con lo dispuesto en la fracci�n III del art�culo 2o. del reglamento de referencia, la participaci�n de la Legislatura Local de que se trate, se lleva a cabo �nicamente antes de la inscripci�n de las deudas contra�das por los Estados y M. en el registro mencionado, ya que dicho �rgano colegiado debe autorizar que se contraiga la obligaci�n cuya garant�a de pago sean las participaciones federales que correspondan a la propia entidad o Municipio, lo cual sucedi� en el caso, pues mediante Decretos N�meros 52 y 61, publicados en el Peri�dico Oficial de Baja California el diecisiete de septiembre y doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres, respectivamente, el Congreso de la entidad autoriz� al Municipio actor a contratar la deuda, materia de esta controversia constitucional, que se contrajo con B.�s, S., Instituci�n de Banca M�ltiple, Grupo Financiero Mexival-B.�s, y que se inscribi� en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. bajo el n�mero 749/94.

  23. Que son infundados los argumentos consistentes en que no resultaba jur�dicamente procedente la inscripci�n del supuesto adeudo en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, porque el mismo deviene de la ejecuci�n de un contrato para el pago de pasivos y no para la realizaci�n de inversiones p�blicas productivas, porque el cr�dito respectivo, si bien no se destin� directamente a inversi�n p�blica productiva, sin embargo, indirectamente, s� se utiliz� en dicha inversi�n, toda vez que su fin fue la consolidaci�n de pasivos que ten�a el Municipio de Mexicali con la instituci�n financiera, documentados en dos contratos de apertura de cr�dito y constituci�n de garant�a, celebrados el dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, cuyo destino fue la compra de equipo municipal para la prestaci�n de servicios p�blicos, lo cual evidentemente es una inversi�n p�blica productiva, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1o. del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., por tanto, el cr�dito mencionado debi� inscribirse en el citado registro.

  24. Que son infundados los argumentos en el sentido de que las supuestas obligaciones o contrataci�n de empr�stitos cuya ejecuci�n se pretende, as� como cualquier acto que le hubiere precedido o motivado, fueron adquiridos por diverso Ayuntamiento y no por el XVII que asumi� el Gobierno del Municipio actor, desde el primero de diciembre de dos mil uno; porque resulta intrascendente que los miembros del Municipio actor formen parte de un Ayuntamiento distinto al que celebr� el contrato de cr�dito, ya que dicho acto es imputable al �rgano de gobierno y no a quienes lo integran, por lo que el cambio de personas no implica que el Municipio actor sea distinto al que celebr� el referido contrato, por lo que ello no trasciende al cumplimiento de los actos realizados por el primero al amparo de la normatividad correspondiente.

  25. Que es infundado el argumento consistente en que el Congreso Estatal no ha emitido acuerdo o decreto en el que hubiere aprobado contrato de cr�dito alguno, ya que, contrariamente a lo anotado, mediante el Decreto N�mero 61, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado, el doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres, el Congreso del Estado autoriz� al Municipio actor a gestionar y contratar cr�ditos por la cantidad de: $11'673,697.00 (once millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), con cualquier instituci�n de cr�dito privada, y el once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el Municipio actor y B.�s, S., celebraron contrato de apertura de cr�dito simple por la cantidad de: $11'671,000.00 (once millones, seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) mismo que se inscribi� en el registro respectivo de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico el quince de agosto del mismo a�o, bajo el n�mero 749/94, por lo que el Poder Legislativo del Estado s� emiti� el decreto por el que autoriz� la celebraci�n del contrato se�alado, por cuyo incumplimiento se afectaron las participaciones federales materia de esta controversia constitucional.

  26. Que son infundados los argumentos en que se aduce que el Poder Legislativo del Estado no emiti� un decreto en el que reconociera y mandara pagar la deuda p�blica, lo cual es necesario para proceder y, en su caso, realizar pago alguno por concepto de deuda p�blica, porque mediante el Decreto 52, el �rgano legislativo estatal, entre otras cuestiones, reconoci� y aprob� el registro y pago de la deuda p�blica del Municipio actor, derivada del cr�dito materia de esta controversia constitucional.

    Que en el caso no s�lo fue aprobado el registro y pago del adeudo materia de la presente controversia constitucional, sino tambi�n su reestructuraci�n, como se desprende del Decreto 187, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por tanto, contrario a lo manifestado por el promovente, es incuestionable que el Congreso de Baja California s� reconoci� y aprob� el pago de la deuda p�blica materia de este juicio.

  27. Que son infundados los argumentos en que se se�ala que el Congreso de la entidad permiti� el pago de una deuda, sin que est� contemplado en el presupuesto de egresos o en ley posterior; porque en primer lugar, de conformidad con el art�culo 85 de la Constituci�n de Baja California, los presupuestos de egresos son aprobados por los Ayuntamientos de la entidad, por lo que el Congreso Local de ninguna manera deb�a autorizar el pago de la deuda materia de esta controversia, ya que dicho �rgano legislativo no interviene en el destino de los ingresos de los M. del Estado; y en segundo lugar, el Poder Legislativo del Estado reconoci� y aprob� el registro y pago de la deuda p�blica materia de la presente controversia constitucional mediante el Decreto N�mero 52.

  28. Que son infundados los argumentos en que el promovente aduce que en la emisi�n de los oficios impugnados la S.�a de P.�n y Finanzas de Baja California se apoy� en normas derogadas t�citamente por la Constituci�n Federal, como lo es el reglamento impugnado, porque �ste no fue derogado t�citamente por la reforma al numeral 115 de la Constituci�n Federal publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

  29. Que son infundados los argumentos esgrimidos por el actor en el sentido de que con la emisi�n de los oficios impugnados el Poder Ejecutivo de la entidad transgrede en su perjuicio los numerales 115 y 124 constitucionales, ya que realiza una ejecuci�n sobre las participaciones federales que le corresponden, sin tener facultades para ello; porque de la lectura integral de los oficios en cuesti�n se advierte que el Gobierno Federal, por conducto de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, es quien llevar� a cabo la afectaci�n de las participaciones que le corresponden al Municipio y no el Ejecutivo Local, a trav�s de la S.�a de P.�n y Finanzas de la entidad.

  30. Que es infundado el argumento de la actora, en el sentido de que la S.�a de P.�n y Finanzas de Baja California, con la emisi�n del oficio de veintisiete de marzo de dos mil dos suscrito por la directora de Ingresos de la entidad, vulnera la esfera de competencias de la Legislatura del Estado, porque requiere la devoluci�n de cantidades ya entregadas, en una forma, monto y plazo no establecidos en presupuesto ni en ley alguna; porque derivado del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), constitucional, los Congresos Locales �nicamente tienen la obligaci�n de establecer los criterios, las cantidades y los tiempos conforme a los cuales deben ser pagadas las participaciones federales a los M. por la Federaci�n, y derivado de los p�rrafos primero y segundo del numeral 6o. de la Ley de Coordinaci�n F., el Gobierno del Estado es quien cubre o paga dichas participaciones a los M. mediante la distribuci�n que establezca el �rgano legislativo de que se trate, en disposiciones de car�cter general.

D�CIMO SEGUNDO

Sustanciado el procedimiento en este asunto, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 105, fracci�n I, incisos b) e i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, y la Federaci�n y el Estado mencionado, estos �ltimos a trav�s de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

SEGUNDO

Por raz�n de orden, en primer lugar se analizar� la certeza de actos que cuestionan las demandadas, ya que de resultar inexistentes los actos impugnados, se perder�a la materia sobre la cual debe resolverse en este juicio.

El presidente de la Rep�blica, el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico y la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, al contestar la ampliaci�n de demanda, manifestaron que no era cierto que hubiesen emitido el oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, a trav�s del cual el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, instruy� a la tesorera de la Federaci�n para afectar las participaciones federales del Municipio actor, en cantidad de: $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), por lo que argumentaron que se debe sobreseer al respecto en este juicio, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia, al no desvirtuar la parte actora tal negativa.

De los autos de este expediente (fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y tres) se advierte que por prove�do de veinticinco de abril de dos mil dos, dictado en esta controversia constitucional, se acord� lo siguiente:

  1. Se reconoci� el car�cter de demandadas al Poder Legislativo, a trav�s de las C�maras de Diputados y de Senadores, al Poder Ejecutivo Federal y a los secretarios de G.�n y de Hacienda y Cr�dito P�blico, toda vez que las aludidas autoridades, respectivamente, expidieron, promulgaron y refrendaron las normas generales impugnadas.

  2. En virtud de que las autoridades dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico se encuentran jer�rquicamente subordinadas al secretario del ramo y �ste al presidente de la Rep�blica, no se les reconoci� el car�cter de demandadas.

  3. Se reconoci� el car�cter de demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, a quienes se les imputaron los actos de aplicaci�n de las normas generales, sin que se tuviera como demandados en esta controversia a las dem�s autoridades del Estado, por encontrarse jer�rquicamente subordinados al titular del Ejecutivo de la entidad.

    De esta manera, a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n no se le imput� la emisi�n del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, por lo que la negativa expuesta respecto de la realizaci�n de dicho acto, no puede dar lugar a que se actualice la causa de sobreseimiento invocada por la referida autoridad, prevista en la fracci�n III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia.

    En cuanto al presidente de la Rep�blica, en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dos mencionado dictado en esta controversia constitucional, se le tuvo como superior jer�rquico de las autoridades hacendarias federales, a quienes se les imput� la emisi�n del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, y del propio oficio (foja ochocientos sesenta y cuatro de este expediente) se advierte que a quien se se�ala como su signante es al jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en el caso, dicho acto debe atribuirse al presidente de la Rep�blica, por ser el superior jer�rquico de la autoridad hacendaria mencionada. En tal virtud, la negativa de actos expuesta por el Ejecutivo Federal respecto del oficio en comento deviene infundada y, por ello, no se actualiza la causal de sobreseimiento que invoca.

    Asimismo, al secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico se le imputa la resoluci�n, determinaci�n o acuerdo por la que autoriz� al director de Participaciones y Convenios, al subdirector de Control y Registro de la D.�n de Participaciones y Convenios, al jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, al jefe del Departamento de Afectaci�n de Participaciones de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, al director general Adjunto de Estudios Estrat�gicos, P.�n y V.�n y al tesorero de la Federaci�n, todos de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a dar tr�mite a la orden de afectaci�n de participaciones federales que le correspondan al Municipio actor, aparentemente el dieciocho de marzo de dos mil dos, y por la que orden� tal afectaci�n.

    En los autos de esta controversia y del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002, promovido por el Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, el cual se tiene a la vista al dictar esta resoluci�n, por la �ntima relaci�n que guarda con este asunto, no se advierte prueba alguna de la que se desprenda que el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico haya emitido en forma expresa o verbal alguna resoluci�n, determinaci�n o acuerdo en los t�rminos descritos en el p�rrafo anterior, por lo que ante la negativa expuesta al respecto por la autoridad mencionada, y al no existir prueba alguna que la desvirt�e, de conformidad con la fracci�n III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, se debe sobreseer en relaci�n con dicho acto, el cual debe tenerse como imputado al presidente de la Rep�blica, como superior jer�rquico del secretario mencionado.

    Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al contestar la demanda, manifiesta que la presente controversia constitucional deviene improcedente, en virtud de que no existen actos de autoridad concretos que posibiliten su procedencia en contra de las autoridades que conforman la administraci�n p�blica del Estado de Baja California, ya que de las constancias de compensaci�n de participaciones n�meros 10162 y 10194, de veinticinco de marzo y veinticinco de abril de dos mil dos, respectivamente, expedidos por el subtesorero de O.�n de la Tesorer�a de la Federaci�n, se advierte que las participaciones federales correspondientes al Municipio actor, por los meses mencionados, fueron afectadas por las autoridades fiscales de la Federaci�n, sin que en ello hubiera intervenido alguna autoridad del Estado.

    Que adem�s, en t�rminos del art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F. "... La Federaci�n entregar� las participaciones a los M. por conducto de los Estados ...", lo que se traduce en que las participaciones entregadas a la entidad federativa por la Federaci�n ya hab�an sido afectadas en los montos correspondientes a las participaciones del Municipio actor o que el Estado no intervino en esa afectaci�n, y esto a su vez, en la ausencia de alg�n acto impugnable al Estado que lesione los derechos del actor, por lo que esta v�a resulta improcedente.

    Al respecto, debe se�alarse que al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dos, dictado en esta controversia constitucional, se le tuvo como superior jer�rquico de las dem�s autoridades del Estado se�aladas como demandadas, a quienes no se les reconoci� tal car�cter. Asimismo, que los actos impugnados se hicieron consistir en la resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo citado, por el que permite que el secretario de P.�n y Finanzas del Estado d� tr�mite a la solicitud recibida por fax, del director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, y ordena la afectaci�n de participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, as� como los oficios del secretario de P.�n y Finanzas y de la directora de Ingresos, ambos del Estado de Baja California, por los que se da tr�mitey se ordena la afectaci�n de participaciones mencionada.

    Ahora bien, de los autos de esta controversia y del juicio 2/2002, promovido por el Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, el cual se tiene a la vista al dictarse la presente resoluci�n, por la �ntima relaci�n que guarda con esta controversia, no se advierte constancia alguna de la que se desprenda que el Poder Ejecutivo de la entidad emiti� resoluci�n, determinaci�n o acuerdo alguno por el que permitiera al secretario de P.�n y Finanzas del Estado dar tr�mite a la solicitud de afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, o por la que ordenara tal afectaci�n; por lo que al no existir en autos prueba alguna que desvirt�e la negativa que en cuanto a la realizaci�n de tales actos expone el Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la fracci�n III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, se debe sobreseer al respecto en este juicio.

    Por otra parte, en los autos del juicio 2/2002 mencionado, tomo IV, fojas ochocientos trece a ochocientos quince, existen las documentales consistentes en los oficios de veinte y veintisiete de marzo de dos mil dos, de los cuales, respectivamente, se advierte:

  4. Que el secretario de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California comunic� al tesorero del Municipio de Mexicali, del mismo Estado, que el dieciocho de marzo de dos mil dos el director de Participaciones y Convenios de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, le comunic� v�a fax que se afectar�an las participaciones federales correspondientes a ese Municipio por la cantidad de: $30'840,826.14 (treinta millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintis�is pesos 14/100 M.N.) como consecuencia del adeudo de ese Municipio con B.�s, S., ahora Banco Mercantil del Norte, S., derivado de un cr�dito que se le otorg� el once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que debido a esa afectaci�n que realizar�a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el Estado no contar�a con los recursos necesarios para entregarle las cantidades relativas al Fondo General de Participaciones, hasta en tanto se cubriera la cantidad adeudada con las participaciones que, por ese concepto, le correspondieran al referido Municipio.

  5. Que la directora de Ingresos de la S.�a de P.�n y Finanzas del Estado comunic� al tesorero del Municipio actor, que de conformidad con los art�culos 2o. A y 6o. de la Ley de Coordinaci�n F., en relaci�n con el 3o. y 4o. de la Ley de Coordinaci�n F. del Estado, el monto que le correspond�a por los Fondos General de Participaciones y Reserva de Contingencia y Fomento Municipal y del impuesto especial sobre producci�n y servicios, relativos al mes de marzo de dos mil dos, era por la cantidad de: $2'274,346.00 (dos millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que en virtud del oficio enviado a esa entidad el dieciocho de marzo del referido a�o, el Gobierno Federal deb�a afectar las participaciones de ese Municipio hasta cubrir el adeudo que tiene con B., S. y toda vez que el doce de marzo de dos mil dos se le entreg� la cantidad de: $16'868,593.00 (diecis�is millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), como anticipo del total de: $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), que le correspond�an por el Fondo General de Participaciones del mes de marzo de ese ejercicio fiscal, le solicitaba comunicar a esa dependencia del Estado si el Municipio ahora actor iba a reembolsar el importe total de dicho anticipo, para el efecto de entregarle el monto de: $2'274,346.00 (dos millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), correspondiente a marzo de dos mil dos, o bien, que le compensaran esta �ltima cantidad para que s�lo les entregara $14'594,247.00 (catorce millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), por la diferencia entre el anticipo entregado y la cantidad que, en su caso, se compense.

    De lo anterior se desprende que las autoridades hacendarias de la entidad s� han tenido participaci�n en los actos tendentes a cumplimentar la orden de afectaci�n de las participaciones federales que le correspondan al Municipio actor, emitida por la autoridad hacendaria federal; esto es, en el descuento o entrega material de dichas participaciones, m�xime que el art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F. citado, ordena que las participaciones que les correspondan a los M. les ser�n entregadas por conducto de los Estados.

    En tales circunstancias, la negativa de actos expuesta al respecto por el Poder Ejecutivo del Estado se encuentra desvirtuada con las documentales referidas y, por ello, no se actualiza la causal de sobreseimiento invocada.

    Por �ltimo, en el oficio de demanda, la parte actora impugna la omisi�n del Poder Legislativo del Estado de rechazar el tr�mite iniciado por las autoridades federales de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y continuado por las autoridades estatales, con el fin de realizar el pago de las obligaciones contra�das por el Municipio actor, mediante la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales le correspondan, lo que indudablemente constituye un acto de naturaleza omisiva y, por tanto, para estar en aptitud de precisar su certeza o falsedad, debe acudirse en principio a las normas legales que prev�n la competencia de la autoridad para verificar si en realidad est� obligada a realizar esa conducta; es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisi�n, es necesario identificar si existe obligaci�n jur�dica de actuar en la forma que indica la actora, porque de no ser as�, se llegar�a a la conclusi�n err�nea de que cualquier omisi�n reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido.

    En virtud de lo anterior, en el caso, para precisar la certeza o falsedad del acto omisivo impugnado, se debe acudir a las normas legales que prev�n las facultades de la Legislatura del Estado, para verificar si jur�dicamente est� obligada a actuar en la forma que indica el actor; es decir, a intervenir en el tr�mite o procedimiento de pago de las obligaciones contra�das por los M. del Estado, con cargo a las participaciones que en ingresos federales les correspondan, afectadas en garant�a de dicho pago.

    Para dilucidar lo anterior, en primer lugar, debe citarse el precepto de la Constituci�n Local que prev� las facultades de la Legislatura del Estado.

    Constituci�n del Estado de Baja California

    "Art�culo 27. Son facultades del Congreso:

    "I. Legislar sobre todos los ramos de la administraci�n que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, as� como participar en las reformas a esta Constituci�n, observando para el caso los requisitos establecidos;

    "II. Iniciar ante el Congreso de la Uni�n las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federaci�n, as� como proponer la reforma o derogaci�n de unas y de otras;

    "III. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias, para que por s� o por apoderado especial, represente al Estado en los casos que corresponda;

    "IV. Fijar la divisi�n territorial, pol�tica, administrativa y judicial del Estado;

    ".C. y suprimir los empleos p�blicos, seg�n lo exijan las necesidades de la administraci�n, as� como aumentar o disminuir los emolumentos de que �stos gocen, teniendo en cuenta las condiciones de la Hacienda P�blica y lo que disponga la Ley del Servicio Civil del Estado;

    "VI. Dar las bases para que el Ejecutivo celebre empr�stitos, con las limitaciones que establece la fracci�n VIII del art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar los contratos respectivos y reconocer y autorizar el pago de las deudas que contraiga el Estado;

    "VII. Hacer el c�mputo total de votos en la elecci�n de gobernador, calificar dicha elecci�n y declarar electo a quien haya obtenido mayor�a;

    "VIII. Calificar la validez de las elecciones de los Ayuntamientos y declarar electa a la planilla que haya obtenido la mayor�a;

    "IX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga;

    "X. Cumplir con las obligaciones que marca el art�culo 5o. de esta Constituci�n;

    "XI. Aprobar, para cada ejercicio fiscal, las Leyes de Ingresos del Estado y de los M., as� como el presupuesto de egresos del Estado;

    "XII. Revisar anualmente las cuentas del Estado y de los M. y examinarlas cuando se estime conveniente;

    "XIII. Vigilar por medio de una comisi�n de su seno el funcionamiento de la Contadur�a M. de Hacienda;

    "XIV. Nombrar y remover al contador mayor de Hacienda y a los empleados de esa dependencia;

    "XV. Nombrar a tres consejeros integrantes al Consejo de la Judicatura del Estado;

    "XVI. Designar, en los t�rminos que previene esta Constituci�n, al ciudadano que deba sustituir al gobernador en sus faltas temporales o absolutas;

    "XVII. Convocar a elecciones, cuando fuere necesario conforme a lo establecido en la ley;

    "XVIII. Resolver acerca de las renuncias de los diputados, del gobernador y de los representantes al Consejo de la Judicatura designados por el Congreso del Estado;

    "XIX. Otorgar licencias a los diputados y al gobernador para separarse de sus cargos; y a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia cuando esto sea por m�s de dos meses;

    "XX. Aprobar o reprobar los convenios que el gobernador (sic) celebre con las vecinas entidades de la Federaci�n respecto a la cuesti�n de l�mites, y someter tales convenios a la ratificaci�n del Congreso de la Uni�n;

    "XXI. Cambiar provisionalmente, y por causa justificada, la residencia de los Poderes del Estado;

    "XXII. Resolver las competencias y dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior salvo lo prevenido en los art�culos 76 fracci�n VI y 105 de la Constituci�n General de la Rep�blica;

    "XXIII. Dirimir los conflictos que surjan entre el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos;

    "XXIV. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores p�blicos que hubieren incurrido en delito, en los t�rminos del art�culo 94 de esta Constituci�n.

    "Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores p�blicos a que se refiere el art�culo 93 de esta Constituci�n y fungir, a trav�s de una comisi�n de su seno, como �rgano de acusaci�n en los juicios pol�ticos que contra �stos se instauren;

    "XXV. E. en jurado de sentencia para conocer en juicio pol�tico de las faltas u omisiones que cometan los servidores p�blicos y que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales y de su buen despacho, en los t�rminos del art�culo 93 de esta Constituci�n;

    "XXVI. Fijar y modificar la extensi�n del territorio que corresponda a los M., por voto de las dos tercias partes de los diputados presentes, suprimir alguno o crear otro nuevo;

    "XXVII. Conceder amnist�a por delitos de car�cter pol�tico de la competencia de los tribunales del Estado, cuando la pena no exceda de tres a�os de prisi�n, no se trate de reincidentes y siempre que sea acordada por dos tercias partes de los diputados presentes;

    "XXVIII. Otorgar premios o recompensas a las personas que hayan prestado servicios de importancia a la naci�n o al Estado, y declarar benem�ritos a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado;

    "XXIX. Conceder pensiones a los familiares de quienes hayan prestado servicios eminentes al Estado, siempre que su situaci�n econ�mica lo justifique;

    "XXX. Designar entre los vecinos, a propuesta del gobernador del Estado, los Concejos Municipales en los t�rminos de esta Constituci�n y las leyes respectivas;

    "XXXI. Legislar respecto a las relaciones de trabajo entre el Estado, los M., las dependencias paraestatales y paramunicipales y sus trabajadores, con base en lo dispuesto en el apartado B del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

    XXXII. Formar su reglamento interior y expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constituci�n y la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos a los Poderes del Estado.

    De lo transcrito se advierte que la Legislatura del Estado de Baja California no tiene facultades para intervenir en el tr�mite o procedimiento de pago de las obligaciones contra�das por los M. del Estado, mediante la afectaci�n de las participaciones federales que les corresponden, otorgadas en garant�a de dicho pago.

    Por otra parte, para dilucidar el punto en cuesti�n, conviene citar lo que prev�n las siguientes disposiciones respecto de las participaciones que en ingresos federales corresponden a los M., as� como del pago de las obligaciones contra�das por los M., mediante la afectaci�n de tales participaciones otorgadas en garant�a del pago referido.

    Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "...

    "IV. Los M. administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    "...

    b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los M. con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. ...

    Ley de Coordinaci�n F.

    "Art�culo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y M. son inembargables; no pueden afectarse a fines espec�ficos, ni estar sujetas a retenci�n, salvo para el pago de obligaciones contra�das por las entidades o M., con autorizaci�n de las Legislaturas Locales e inscritas a petici�n de dichas entidades ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades y M., a favor de la Federaci�n, de las instituciones de cr�dito que operen en territorio nacional, as� como de las personas f�sicas o morales de nacionalidad mexicana.

    "Las obligaciones de los M. se registrar�n cuando cuenten con la garant�a solidaria del Estado, salvo cundo (sic) a juicio de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

    La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico efectuar� pagos de las obligaciones garantizadas con afectaci�n de participaciones siguiendo el orden cronol�gico de su inscripci�n. ...

    Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M.

    "Art�culo 11. La inscripci�n de las obligaciones directas o contingentes a cargo de las entidades federativas o municipales confiere a los acreditantes el derecho a que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduciendo su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales.

    En este caso, el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio. La secretar�a deber� confirmar la mora existente y, en su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a dichas entidades o M..

    De todos los preceptos transcritos se advierte que derivado del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, los Congresos Locales est�n facultados para establecer los criterios, las cantidades y los tiempos conforme a los cuales deber�n ser cubiertas por la Federaci�n las participaciones federales que les correspondan a las entidades federativas y M., y que el pago de las obligaciones contra�das por �stos con la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales les correspondan, se encuentra regulado por los art�culos 9o., tercer p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., y 11 de su reglamento, de los cuales se advierte que trat�ndose de las obligaciones contra�das por las entidades y M., en que se comprometan en garant�a de pago las participaciones que en ingresos federales les correspondan a estos niveles de gobierno, a las Legislaturas Estatales les corresponde autorizar que se contraigan tales obligaciones y que �stas se inscriban en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., y en cuanto al procedimiento para el pago de las obligaciones referidas, tanto de las disposiciones mencionadas como de la norma que regula las facultades del Poder Legislativo Local, se advierte que �ste no tiene intervenci�n alguna al respecto.

    En virtud de lo anterior, en el caso, la Legislatura Estatal no estaba facultada para paralizar el tr�mite iniciado por las autoridades hacendarias federales para el pago de las obligaciones contra�das por el Municipio actor, independientemente de que al �rgano legislativo local le corresponde aprobar las Leyes de Ingresos de los M., autorizar el presupuesto de egresos y el pago de la deuda p�blica, pues de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones en cuesti�n, en que se comprometen como garant�a las participaciones federales que les correspondan a los M., el pago de tales obligaciones a trav�s de la afectaci�n de participaciones, se rige por el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., por ser la norma que regula la distribuci�n de esos recursos, y por el reglamento de ese precepto secundario que prev� los lineamientos para llevar a cabo dicho pago, y de acuerdo con tales disposiciones a la Legislatura Local no le corresponde intervenir en el tr�mite o procedimiento de pago de las obligaciones en cuesti�n.

    En las circunstancias anotadas, el �rgano legislativo local no estaba obligado legalmente a actuar en la forma que pretende la parte actora, por tanto, el acto omisivo que se le imputa resulta inexistente, lo que actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracci�n II del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia y, por ello, se debe sobreseer en este juicio respecto de la omisi�n en comento.

TERCERO

A continuaci�n, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue interpuesta oportunamente.

En el oficio de demanda, por una parte, el actor impugna:

  1. El Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, en sus art�culos 1o., 9o. y 11.

  2. El art�culo d�cimo tercero transitorio, punto tercero, de la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en cuanto estableci� que la reforma al tercer p�rrafo de dicho precepto no ser�aplicable a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

  3. Los art�culos segundo y tercero transitorios del decreto de reforma al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n de quince de octubre de dos mil uno.

    De lo anterior se advierte que el actor impugna disposiciones que regulan situaciones generales, abstractas e impersonales, por lo que indudablemente se trata de normas.

    Por otra parte, en el oficio de demanda el actor tambi�n impugna:

  4. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparentemente por v�a fax de dieciocho de marzo de dos mil dos y ordenar la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, el cual fue de su conocimiento al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n respectiva el veinticinco de marzo de dos mil dos.

  5. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el subdirector de Registro y Control de la D.�n de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparente a una solicitud de tr�mite emitida por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, cuya participaci�n en los actos fue de su conocimiento el diecis�is de abril de dos mil dos, al recibirse una copia del documento suscrito por D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n.

  6. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, de veinte de marzo de dos mil dos, al dar tr�mite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuya participaci�n en los actos fue de su conocimiento el diecis�is de abril de dos mil dos al recibirse una copia del documento suscrito por D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n.

  7. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido como consecuencia del oficio de veinte de marzo de dos mil dos, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la propia secretar�a, y que sea expedido por el director general Adjunto de Estudios Estrat�gicos con P.�n y V.�n de la misma secretar�a, cuya participaci�n en los actos fue de su conocimiento el diecis�is de abril de dos mil dos, al recibirse una copia del documento suscrito por D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n.

  8. La resoluci�n, determinaci�n o acuerdo emitido como consecuencia del oficio de veinte de marzo de dos mil dos suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al dar tr�mite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la propia secretar�a y que sea expedido por la tesorera de la Federaci�n de la misma S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuya participaci�n en los actos fue de su conocimiento el diecis�is de abril de dos mil dos al recibirse una copia del documento suscrito por D.C. P�ramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federaci�n.

  9. El oficio por el que el secretario de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California da tr�mite a la solicitud, recibida v�a fax, del director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y ordena la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, el cual fue de su conocimiento al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n respectiva el veinticinco de marzo de dos mil dos.

  10. El oficio por el que la directora de Ingresos del Estado de Baja California con base en la solicitud, recibida v�a fax, del director de Participaciones y Convenios de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, ordena la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, el cual fue de su conocimiento al recibir el tesorero municipal la comunicaci�n respectiva el primero de abril de dos mil dos.

  11. Las consecuencias de los actos anteriores tendentes a retener las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio actor.

    De lo anotado se advierte que en la demanda se impugnan las resoluciones, determinaciones o acuerdos en las que se autoriz� a dar tr�mite, se tramit� y se orden� la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, y las consecuencias de estos actos que se traducen en la ejecuci�n de dicha orden, los cuales constituyen determinaciones particulares, concretas e individuales, por lo que es indudable que se trata de actos.

    Ahora bien, toda vez que el actor en su demanda impugna tanto normas como actos, debe atenderse a lo que al respecto se�alan las fracciones I y II del art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

    El art�culo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, se�ala:

    "Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

    "I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

    II.T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

    De conformidad con las fracciones I y II del precepto legal transcrito, el plazo para la interposici�n de la demanda de controversia constitucional ser�:

    1) Trat�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; y, c) o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

    2) Trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente: a) a la fecha de su publicaci�n; y, b) o al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

    Del oficio de demanda se advierte que las normas se impugnan en virtud de su primer acto de aplicaci�n, el cual se hace consistir en las resoluciones, determinaciones o acuerdos por los que se autoriz� el tr�mite, se tramit� y se orden� la afectaci�n de participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, as� como la ejecuci�n de dicha orden.

    En virtud de lo anterior, en primer lugar, debe analizarse si los actos impugnados en comento son o no un acto de aplicaci�n de las normas impugnadas, y despu�s si, cronol�gicamente, tales actos constituyen el primer acto de aplicaci�n de esas normas.

    En los autos de este expediente existen documentales de las que se desprende lo siguiente:

  12. Que el dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el Municipio ahora actor celebr� con Banco de Obras y Servicios P�blicos, Sociedad Nacional de Cr�dito, contratos de apertura de cr�dito y de constituci�n de garant�a, por los montos de: N$5'130,482.17 (cinco millones ciento treinta mil cuatrocientos ochenta y dos nuevos pesos 17/100 M.N.) y N$6'540,032.52 (seis millones quinientos cuarenta mil treinta y dos nuevos pesos 52/100 M.N.), a un plazo de sesenta meses, cr�ditos que se destinar�an a cubrir el costo de adquisici�n de equipo necesario para la prestaci�n de servicios p�blicos municipales, para gastos imprevistos, impuesto al valor agregado, comisi�n por apertura y el impuesto al valor agregado de la comisi�n, y cuyo pago puntual y oportuno de las obligaciones derivadas fue garantizado con la afectaci�n a favor del banco mencionado, de las participaciones presentes y futuras de ingresos federales que le correspondieran a dicho Municipio, garant�a que se inscribi� en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la D.�n General de Cr�dito P�blico, D.�n de Deuda P�blica, de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con los n�meros 1492/93 y 1493/93, respectivamente, de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres (fojas ochocientos siete a ochocientos catorce de este expediente).

  13. Que mediante convenios modificatorios de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se redujo el plazo de amortizaci�n del cr�dito a cuarenta y ocho meses, y fue cancelado el t�rmino de gracia otorgado en los contratos mencionados, con lo que el Municipio ahora actor se vio afectado en el cumplimiento de las obligaciones contra�das en los mismos, por lo que se vio obligado a conseguir financiamiento con alguna otra instituci�n con plazo y t�rmino de gracia que requer�a para el pago de los cr�ditos, lo cual le fue autorizado por el Poder Legislativo Local mediante Decreto N�mero 61, de tres de noviembre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado el doce de noviembre siguiente (fojas ochocientos siete a ochocientos catorce de este expediente).

  14. Que el once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, B.�s, S., Instituci�n de Banca M�ltiple., Grupo Financiero Mexival-B.�s y el Municipio ahora actor, celebraron contrato de apertura de cr�dito simple a un plazo de ochenta y cuatro meses a partir de la fecha mencionada, por un monto de: $11'671,000.00 (once millones seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.), para la consolidaci�n de los pasivos que ten�a la acreditada con Banco Nacional de Obras y Servicios P�blicos, S.N.C. Instituci�n de Banca de Desarrollo, por las cantidades de: N$5'130,482.17 (cinco millones ciento treinta mil cuatrocientos ochenta y dos nuevos pesos 17/100 M.N.) y N$6'540,032.52 (seis millones quinientos cuarenta mil treinta y dos nuevos pesos 52/100 M.N.) (fojas ochocientos siete a ochocientos catorce de este expediente).

    Que el contrato mencionado se celebr� con afectaci�n de las participaciones de ingresos federales que le corresponden al Municipio actor, como garant�a del cr�dito, el cual qued� inscrito en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la D.�n General de Cr�dito P�blico, D.�n de Deuda P�blica, de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, con el n�mero de inscripci�n 749/94 (foja ochocientos veintiuno de este expediente).

  15. Que el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, el Municipio ahora actor present� a la D.�n General de Cr�dito P�blico, D.�n de Deuda P�blica, Departamento de Relaciones Financieras con Estados y M., la solicitud de cancelaci�n del registro ante esa dependencia de los contratos celebrados con Banobras, S.N.C., por los montos de: N$6'540,032.52 (seis millones quinientos cuarenta mil treinta y dos nuevos pesos 52/100 M.N.) y N$5'130,482.17 (cinco millones ciento treinta mil cuatrocientos ochenta y dos nuevos pesos 17/100 M.N.), al haberse liquidado, y que se procediera al registro de contrato de apertura de cr�dito simple de B.�s, S., por la cantidad de: N$11'671,000.00 (once millones, seiscientos setenta y un mil nuevos pesos 00/100 M.N.), el cual fue inscrito en el registro correspondiente de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y cancelados los n�meros de inscripci�n 1492/93 y 1493/93 (fojas ochocientos dieciocho a ochocientos veintiuno de este expediente).

  16. Que la Legislatura del Estado, mediante Decreto N�mero ciento ochenta y siete publicado el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco en el Peri�dico Oficial de la entidad, autoriz� al Ayuntamiento de Mexicali para que realizara las gestiones administrativas y financieras para la reestructuraci�n de la deuda p�blica del Ayuntamiento de Mexicali, con saldo al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco de: N$39'937,996.00 (treinta y nueve millones, novecientos treinta y siete mil novecientos noventa y seis nuevos pesos 00/100 M.N.), m�s los intereses devengados no pagados a la fecha de la reestructuraci�n, as� como para que afectara las participaciones que en ingresos federales le correspondieran, suficientes para garantizar las obligaciones que se deriven de los contratos, hasta por un importe que no exceda del monto total autorizado de endeudamiento (foja ochocientos cincuenta y cuatro de este expediente).

  17. Que el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, B.�s, S. y el Municipio actor, celebraron convenio de reconocimiento y reestructuraci�n de saldo, con su denominaci�n en unidades de inversi�n, as� como para la ampliaci�n de garant�a con saldo del cr�dito reconocido de: N$16'855,298.13 (diecis�is millones ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y ocho nuevos pesos 13/100 M.N.), con un monto total de la reestructura de 11'703,181 Udis (once millones, setecientas tres mil ciento ochenta y un unidades de inversi�n), acordando las partes que del adeudo total que el deudor reconoci� a la instituci�n crediticia, s�lo se reestructurara hasta la cantidad de: N$15'169,768.32 (quince millones ciento sesenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho nuevos pesos 32/100 M.N.), y que fuera denominado a 11'703,181 Udis (once millones, setecientas tres mil ciento ochenta y un unidades de inversi�n), convenio que fue inscrito con el n�mero 749-R/94, en el registro correspondiente de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (fojas ochocientos veintinueve a ochocientos cuarenta y seis, ochocientos cincuenta y dos y ochocientos cincuenta y tres de este expediente).

  18. Que por escrito presentado el quince de marzo de dos mil dos en la D.�n General de Coordinaci�n con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, Banco Mercantil del Norte, S., solicit� se realizaran las retenciones de participaciones federales al Municipio actor, para que se aplicaran al pago de su deuda incumplida por la cantidad de: $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintis�is pesos 14/100 M.N.), derivado de los convenios de reconocimiento y reestructuraci�n de saldo, que a su vez derivaron del cr�dito otorgado al Municipio ahora actor, por la instituci�n bancaria mencionada, hasta por la cantidad de: $11'671,000.00 (once millones seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.), a plazo de siete a�os, cuyo destino fue el pago de pasivos que la ahora actora ten�a con Banco Nacional de Obras y Servicios P�blicos, S.N.C. (fojas setecientos setenta y tres a setecientos setenta y seis de este expediente).

  19. Que mediante telefax de dieciocho de marzo de dos mil dos, el director de Participaciones y Convenios de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, hizo del conocimiento del secretario de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California, la solicitud de afectaci�n de las participaciones de dicho Estado, por parte de B.�s, S., hoy Banco Mercantil del Norte, S., por la cantidad de: $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintis�is pesos 14/100 M.N.), proveniente del adeudo del Municipio ahora actor, seg�n escrito recibido el quince del mes y a�o mencionados (foja ochocientos cincuenta y siete de este expediente).

  20. Que por oficio n�mero 351-A-a-1a-I-0067, de veinte de marzo de dos mil dos, el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en atenci�n al escrito de quince de marzo del citado a�o, del Banco Mercantil del Norte, S., solicit� a la tesorera de la Federaci�n disponer lo necesario a fin de que se cubriera a dicha instituci�n la cantidad de: $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), con cargo a las participaciones del Estado de Baja California (foja ochocientos sesenta y dos de este expediente).

  21. Que por oficio de veinte de marzo de dos mil dos recibido por el Municipio actor el veinticinco de marzo siguiente, el secretario de P.�n y Finanzas del Estado, se dirigi� al tesorero municipal para comunicarle que en virtud de la solicitud de afectaci�n de participaciones, el Estado no contar�a con recursos para entregarle al Municipio actor las cantidades relativas al Fondo General de Participaciones a que se refieren los art�culos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinaci�n F., hasta en tanto se cubriera la cantidad adeudada con las participaciones que por este concepto le correspondan al referido Municipio (foja treinta y ocho, segunda parte, tomo IV, del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002).

  22. Que el veinticinco de marzo de dos mil dos, se expidi� a favor del Gobierno de Baja California la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10162, correspondiente al mes de marzo del citado a�o, firmada por el subtesorero de O.�n de la Tesorer�a de la Federaci�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en cuya liquidaci�n de participaciones se hace un descuento por la cantidad de: $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) (foja ochocientos sesenta y tres de este expediente).

  23. Que por oficio de veintisiete de marzo de dos mil dos, del director de Ingresos del Estado, dirigido al tesorero del Municipio actor, se le requiere para que comunique si va a reembolsar mediante cheque el importe total del anticipo que se le entreg� de los recursos correspondientes al Fondo General de Participaciones del mes de marzo de dos mil dos, o bien, si se le compensa la cantidad correspondiente para que s�lo entregue la diferencia entre el anticipo entregado y la cantidad que, en su caso, se compense (foja treinta y nueve de la segunda parte del tomo IV del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002).

  24. Que por oficio n�mero 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en atenci�n al escrito de quince de marzo del citado a�o, del Banco Mercantil del Norte, S., solicit� a la tesorera de la Federaci�n disponer lo necesario a fin de que se cubriera a dicha instituci�n la cantidad de: $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), con cargo a las participaciones del Estado de Baja California (foja ochocientos sesenta y cuatro de este expediente).

  25. Que el veinticinco de abril de dos mil dos, se expidi� el informe de concentraci�n de recaudaci�n a trav�s de Banco Internacional, S., n�mero 010369, por la cantidad de: $19'955,075.14 (diecinueve millones, novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), por concepto de descuento de cr�dito vencido con B., S., 749-R/94 y que se concentrar�a el veinticinco deabril de dos mil dos en la cuenta 400001807-7 de la Tesorer�a de la Federaci�n (foja ochocientos sesenta y nueve de este expediente).

  26. Que el veinticinco de abril de dos mil dos la Tesorer�a de la Federaci�n recibi� del Gobierno del Estado de Baja California la cantidad de: $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), a fin de constituir dep�sito a favor de Banco Mercantil del Norte, S., deducible de la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194 de abril de dos mil dos, de conformidad a las instrucciones contenidas en el oficio n�mero 351-A-a-1a-I-0077, emitido por la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, a lo que expidi� el recibo oficial G5427494 (foja ochocientos setenta y tres de este expediente).

  27. Que el veinticinco de abril de dos mil dos, se expidi� a favor del Gobierno del Estado la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194 del mes de abril de dos mil dos, en la que la Tesorer�a de la Federaci�n realiza la liquidaci�n de participaciones estimadas, y hace un descuento para cr�dito de Banco Mercantil del Norte, S., por la cantidad de: $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.) (foja cuarenta y dos de la segunda parte del tomo IV del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002).

    Por su parte, los art�culos tachados de inconstitucionales, d�cimo tercero transitorio, numeral III, del decreto de reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; 1o., 9o. y 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos; y segundo y tercero transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, se�alan:

    Art�culo d�cimo tercero transitorio, numeral III, del decreto de reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

    "Art�culo d�cimo tercero. En relaci�n con las modificaciones a que se refiere el art�culo d�cimo segundo que antecede, se estar� a lo siguiente:

    "...

    III. La reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., no ser� aplicable a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al 31 de diciembre de 1995.

    Art�culos 1o., 9o. y 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos.

    "Art�culo 1o. En el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. se inscribir�n las obligaciones directas o contingentes contra�das para inversiones p�blicas productivas por los Estados, el Distrito Federal o los M. en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F. y de este reglamento, cuando �stos soliciten que las participaciones que a cada uno correspondan en ingresos federales queden afectas en garant�a del pago de dichas obligaciones. ..."

    "Art�culo 9o. Una vez efectuado el registro de las obligaciones a que este reglamento se refiere, s�lo podr� modificarse con las mismas formalidades de su inscripci�n y con la aceptaci�n expresada de las partes interesadas."

    "Art�culo 11. La inscripci�n de las obligaciones directas o contingentes a cargo de las entidades federativas o municipales confiere a los acreditantes el derecho a que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduciendo su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales.

    En este caso, el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio. La secretar�a deber� confirmar la mora existente y, en su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a dichas entidades o M..

    Art�culos segundo y tercero transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno.

    "Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente reglamento, queda abrogado el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de julio de 1982 y sus modificaciones publicadas en el mismo �rgano de difusi�n oficial el 28 de enero del 2000."

    Tercero. Las obligaciones inscritas en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, continuar�n regul�ndose por las disposiciones del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de julio de 1982 y modificado por decreto publicado en el mismo �rgano de difusi�n oficial el 28 de enero del 2000.

    De lo transcrito se advierte, en primer lugar, que a trav�s de las disposiciones transitorias impugnadas se ordena la aplicaci�n del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., expedido el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y modificado por decreto publicado en el mismo �rgano de difusi�n oficial el veintiocho de enero de dos mil, para todas aquellas obligaciones inscritas en el registro mencionado con anterioridad a la entrada en vigor del citado reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno.

    Asimismo, de los transitorios transcritos se advierte la no aplicaci�n de la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

    Por otra parte, de la transcripci�n de los preceptos del reglamento impugnado se advierte lo siguiente:

  28. Que en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. se inscribir�n las obligaciones directas o contingentes contra�das para inversiones p�blicas productivas por los Estados, el Distrito Federal o los M. en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F. y del reglamento en materia de ese registro cuando �stos soliciten que las participaciones que les correspondan en ingresos federales queden afectas en garant�a del pago de tales obligaciones.

  29. Que la inscripci�n de las obligaciones directas o contingentes a cargo de las entidades federativas o M., confiere a los acreditantes el derecho que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduci�ndose su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales, para lo cual el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y comunicarlo simult�neamente a la entidad federativa y Municipio; dicha secretar�a deber� confirmar la mora existente y, en su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas e informarlo a dichas entidades o M..

    Conviene agregar que el art�culo 9o., tercer p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., a que se refiere el art�culo d�cimo tercero transitorio transcrito prev�:

    "Art�culo 9o. ...

    Las entidades y M. efectuar�n los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectaci�n de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deber�n contar con un registro �nico de obligaciones y empr�stitos, as� como publicar en forma peri�dica su informaci�n con respecto a los registros de su deuda.

    Asimismo, el p�rrafo tercero del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., vigente antes de su reforma de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se�alaba:

    "Art�culo 9o. ...

    "La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico efectuar� pagos de las obligaciones garantizadas con afectaci�n de participaciones siguiendo el orden cronol�gico de su inscripci�n."

    De los preceptos transcritos se advierte que con la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico dej� de tener facultades para efectuar pagos de las obligaciones garantizadas con afectaci�n de participaciones que les correspondan los Estados y M..

    De acuerdo con todo lo anotado se concluye que en el caso existen probanzas de las que se desprende la inscripci�n en el registro respectivo de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico de obligaciones de cr�dito contingentes contra�das originalmente para inversiones p�blicas productivas del Municipio actor, en las que se solicit� que las participaciones que en ingresos federales le correspondieran quedaran afectadas en garant�a de su cumplimiento, as� como la modificaci�n de tales inscripciones en cuanto a los montos de las obligaciones, con lo que se actualizan las hip�tesis de los art�culos 1o. y 9o. del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos.

    Asimismo, se advierte la comunicaci�n v�a fax llevada a cabo por la autoridad hacendaria federal al Estado de Baja California, de la solicitud presentada por la instituci�n bancaria acreditada, para que la S.�a de Hacienda le pagara los cr�ditos adeudados por el Municipio actor, con la afectaci�n de las participaciones que le correspondieran, as� como las �rdenes de la autoridad hacendaria federal para la afectaci�n de esas participaciones federales comprometidas en garant�a, y actos tendentes a su ejecuci�n por parte de las autoridades hacendarias federal y local, por lo que se actualizan las hip�tesis previstas en los art�culos 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., vigente antes de la reforma a ese precepto, publicada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos.

    De acuerdo con todo lo anterior, en el caso se demuestra que con las actuaciones tanto del actor como de los demandados se actualizaron las hip�tesis de los art�culos 1o., 9o. y 11 del Reglamento de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Obligaciones y E.�stitos de las Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y como consecuencia de ello su aplicaci�n, as� como la de los art�culos d�cimo tercero transitorio, punto III, de la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y de los art�culos segundo y tercero transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, que ordenan la aplicaci�n de las disposiciones del reglamento y de la Ley de Coordinaci�n F. reformados.

    Precisado lo anterior, se debe determinar si los actos impugnados en el juicio son verdaderamente el primer acto de aplicaci�n de las normas impugnadas.

    Respecto de los art�culos 1o. y 9o. del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., que prev�n los requisitos para la inscripci�n de las obligaciones contra�das por los Estados, el Distrito Federal o los M. y para su modificaci�n, se debe se�alar que de las documentales que obran en este expediente se advierte que existen tres inscripciones en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., y dos modificaciones a esas inscripciones, las cuales se dieron el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (fojas ochocientos nueve, ochocientos diez, ochocientos veinte y ochocientos cincuenta y dos de este expediente), por lo que aun si se toma esta �ltima fecha como la del primer acto de aplicaci�n de los preceptos mencionados, de esta fecha a la de interposici�n de la demanda a estudio (diecinueve de abril de dos mil dos), transcurri� con exceso el t�rmino de treinta d�as previsto por el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia y, por ende, con fundamento en la fracci�n II del art�culo 20, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio respecto de los art�culos 1o. y 9o. del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M..

    Cabe aclarar que el actor conoc�a lo relacionado con estas inscripciones, toda vez que en los contratos de deuda y sus modificaciones correspondientes (fojas ochocientos trece y ochocientos cuarenta y tres de este expediente), se oblig� a realizar dichas inscripciones y al mismo tiempo otorg� poder a la instituci�n bancaria para que las realizara.

    Al respecto, debe se�alarse que no pasa inadvertido lo que aduce el Municipio actor en el sentido de que las supuestas obligaciones o contrataciones de empr�stitos cuya ejecuci�n se pretende y que afectan a ese Municipio, as� como cualquier acto que le hubiere precedido o motivado, fueron adquiridos en apariencia por diverso Ayuntamiento y no por el XVII, que asumi� el Gobierno del Municipio actor a partir del primero de diciembre de dos mil uno, de ah� que para todos ellos, los actos y normas en esta controversia constitucional se impugnan, constituyen el primer acto de aplicaci�n en perjuicio de ese Municipio; sin embargo, tales argumentos son infundados, porque en el caso, resulta intrascendente que los miembros del Municipio actor formen parte de un Ayuntamiento distinto al que celebr� el contrato de cr�dito, ya que dicho acto es imputable al �rgano de gobierno y no a quienes lo integran, por lo que el cambio de personas no implica que el Municipio actor sea distinto al que celebr� el referido contrato; consecuentemente, no puede estimarse que el primer acto de aplicaci�n de las normas impugnadas s�lo puede darse a partir del momento en que asumi� el gobierno el Municipio actor.

    En atenci�n a la conclusi�n alcanzada, resultan fundados los argumentos que hacen valer el Poder Ejecutivo Federal y el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, al contestar la demanda, as� como el procurador general de la Rep�blica al formular opini�n, en el sentido de que se debe sobreseer respecto de las disposiciones del reglamento impugnado precisadas en p�rrafos precedentes.

    En virtud del sobreseimiento decretado, no se estudiar�n las cuestiones que se hacen valer en este juicio, en relaci�n con los numerales mencionados que regulan lo relativo a la inscripci�n de las obligaciones contra�das por los M. en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, as� como la modificaci�n de tal registro.

    Por otra parte, respecto de los actos de aplicaci�n del art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., de la demanda de controversia constitucional, en el cap�tulo de "Actos cuya invalidez se demanda" (fojas cuatro a siete de este expediente), se advierte que respecto de la solicitud de pago con afectaci�n de las participaciones federales que le correspondan al Municipio actor, del fax por el que se transmiti� la solicitud mencionada, de las �rdenes para hacer efectiva la afectaci�n de participaciones mencionadas y de las consecuencias de �stas, que se traducen en la ejecuci�n de dicha orden, los cuales constituyen el primer acto de aplicaci�n de la norma impugnada, la actora se ostenta sabedora de los mismos a partir del veinticinco de marzo, primero y diecis�is de abril, todos del a�o dos mil dos, sin que en los autos de este juicio se advierta prueba alguna que demuestre que con anterioridad a las fechas mencionadas se aplicaron al Municipio actor los numerales de referencia.

    En tal virtud, en el caso se actualizan las hip�tesis contenidas en los art�culos segundo y tercero transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, que prev�n la aplicaci�n del citado reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, a las obligaciones inscritas en el registro correspondiente antes de la entrada en vigor de la reforma a esa norma legal de quince de octubre de dos mil uno; as� como del art�culo d�cimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que ordena la aplicaci�n de una disposici�n que obliga a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico a efectuar el pago de las obligaciones contra�das por los M. antes de la vigencia de esa reforma y, por ende, el primer acto de aplicaci�n de esas disposiciones legales, pues con apoyo en �stas, las autoridades hacendarias federal y locales dieron tr�mite y llevaron a cabo actos tendentes a la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Municipio actor, sin que en autos de este expediente se advierta prueba alguna de la que se desprenda que con anterioridad a las fechas mencionadas se hayan aplicado los preceptos en cuesti�n.

    De esta manera, dado que en la presente controversia constitucional se reclaman normas generales por su primer acto de aplicaci�n, respecto del cual la parte actora se ostenta sabedora a partir del veinticinco de marzo, y primero y diecis�is de abril, todos de dos mil dos, y al no advertirse en el juicio prueba alguna que desvirt�e lo manifestado, de conformidad con el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, aun tomando en cuenta la primera fecha, el plazo de treinta d�as para promover dicha demanda, transcurri� del martes veintis�is de marzo al jueves diez de mayo de dos mil dos, descont�ndose del c�mputo de referencia loss�bados treinta de marzo, seis, trece, veinte y veintisiete de abril, y cuatro de mayo, as� como los domingos, treinta y uno de marzo, siete, catorce, veintiuno y veintiocho de abril, y cinco de mayo, asimismo, el mi�rcoles primero de mayo, todos del indicado a�o, por ser inh�biles, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 2o. y 3o., fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia y 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. De igual forma deben descontarse del c�mputo mencionado, del mi�rcoles veintisiete al viernes veintinueve de marzo de dos mil dos, de conformidad con el acuerdo del Tribunal Pleno de cinco de marzo anterior, en el que se determin� suspender labores en esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los d�as indicados.

    En virtud de lo anterior, si la demanda se present� el diecinueve de abril de dos mil dos, es indudable que respecto de los preceptos impugnados en comento y de los actos que constituyen su primer acto de aplicaci�n, resulta oportuna.

    El Poder Ejecutivo Federal y el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, al formular su contestaci�n de demanda respecto de la oportunidad en comento, por una parte, manifestaron que con la afectaci�n de las participaciones federales que correspond�an al Municipio actor en marzo de dos mil dos, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, aplic� al cr�dito contra�do por tal Municipio en mil novecientos noventa y cuatro, lo previsto por el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., por lo que tal afectaci�n se realiz� conforme a las disposiciones legales aplicables al caso, las cuales fueron del conocimiento de tal Municipio, quien debi� haberlas impugnado dentro de los treinta d�as siguientes a la fecha en que contrajo el adeudo con Banco Mercantil del Norte.

    En cuanto a la causal de improcedencia mencionada, debe decirse que en el momento en que el Municipio actor contrajo el adeudo con la instituci�n bancaria correspondiente, no estaba en aptitud de combatir la inconstitucionalidad del reglamento en cuesti�n, en relaci�n con el procedimiento para hacer efectivos el cobro de las obligaciones contra�das por dicho Municipio, ya que si bien el art�culo 11 de tal reglamento prev� las hip�tesis para el caso de incumplimiento de las obligaciones inscritas en el registro respectivo; sin embargo, �stos se surten en el momento en que se da dicho incumplimiento, por lo que s�lo hasta ese momento podr�a impugnarse la inconstitucionalidad de tal precepto, en virtud de su aplicaci�n. Consecuentemente, los argumentos a estudio resultan infundados y, por ello, no se actualiza la causal de improcedencia invocada.

    Por otra parte, el Ejecutivo Federal y el secretario de Hacienda mencionados, en su contestaci�n de demanda, manifestaron que resultan consentidas las resoluciones, determinaciones o acuerdos emitidos por las autoridades hacendarias, por las cuales se autoriz� el tr�mite, se tramit� y se orden� la afectaci�n de las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio actor, ya que en el caso existe el acto por el que se le da a conocer al Gobierno del Estado de Baja California y al Municipio actor la procedencia del descuento de partidas presupuestales para el pago de las obligaciones contra�das por dicho Municipio, por lo que en contra de tales actos, el Municipio actor debi� haber promovido la demanda dentro del plazo de treinta d�as siguientes al en que se inscribi� su adeudo en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, hip�tesis que no se dan en el caso y, por ende, con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, debe sobreseerse en esta controversia constitucional.

    Al respecto, es de se�alarse que contrariamente a lo que aducen las demandadas, el momento de la inscripci�n del adeudo del Municipio actor en el registro respectivo, no era el indicado para promover la demanda, pues tal inscripci�n, por s� sola no le irrogaba afectaci�n alguna, sino que es hasta que se haga del conocimiento del Municipio actor el incumplimiento del adeudo inscrito y la procedencia del descuento de partidas presupuestales para el pago de tal adeudo cuando se causa la afectaci�n y, por ende, el momento para promover la demanda, por tanto, los argumentos a estudio devienen infundados y, consecuentemente, no se actualiza la causal de improcedencia invocada.

    Asimismo, el Ejecutivo Federal y el secretario de Hacienda, al contestar la demanda, manifestaron que resulta improcedente esta controversia constitucional, con fundamento en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el Municipio actor solicit� a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con autorizaci�n del Poder Legislativo de la entidad, la inscripci�n de la afectaci�n de sus participaciones por ingresos federales, por lo que al realizarse diversos tr�mites que dieron como resultado la inscripci�n mencionada, se da el consentimiento por parte de las autoridades estatales y municipales de las disposiciones que se impugnan y, por ello, tanto el registro como el descuento realizado por la secretar�a mencionada, de las participaciones que por ingresos federales le corresponden al Municipio actor, son actos derivados de otros consentidos; por lo que debe declararse la improcedencia de esta controversia y sobreseerse en ella, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia.

    Al respecto es de se�alarse, por una parte, que en relaci�n con la inscripci�n de la obligaci�n contra�da por el Municipio actor, se deben desestimar los argumentos que se hacen valer toda vez que al respecto ya se sobresey� en este juicio y, por otra parte, contrariamente a lo que aducen las demandadas, no obstante que de las constancias que obran en autos se desprende la existencia de una relaci�n de continuidad entre los actos que el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico se�ala como precedentes a la aplicaci�n de las normas y actos impugnados, como son la inscripci�n de la obligaci�n contra�da y los descuentos ordenados por dicha secretar�a; sin embargo, de ello no se deduce que estos �ltimos sean derivados de otros consentidos, pues para que se d� esta hip�tesis, de acuerdo con el criterio reiterado por este Tribunal Pleno, se requiere no s�lo la existencia de una vinculaci�n entre el acto consentido y el impugnado que de �l deriva, sino que sea consecuencia legal, directa y necesaria del primero; as� como que �ste, por s� solo, cause perjuicio jur�dico al actor, hip�tesis que no se dan en el caso, puesto que la inscripci�n mencionada no se llev� a cabo con el fin de incumplir con las obligaciones inscritas, por lo que la aplicaci�n de normas y actos realizados para el descuento de las participaciones a que tiene derecho el Municipio actor, que devienen del supuesto incumplimiento de las obligaciones contra�das, no pueden considerarse actos derivados de otros consentidos. Adem�s, la autorizaci�n e inscripci�n de obligaciones mencionadas, por s� solas no causaban perjuicio al actor, sino que �ste se dio hasta el momento del incumplimiento anotado, por lo que no se surte la causal de improcedencia a estudio.

    Por su parte, la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n al contestar la demanda, respecto de su oportunidad, manifestaron que de conformidad con los art�culos 19 y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, este juicio es improcedente y se debe sobreseer en �l, porque el Municipio actor pretende atacar una norma general a partir del supuesto primer acto de aplicaci�n; sin embargo, los actos que se�ala no constituyen el primer acto de aplicaci�n de la norma general impugnada, pues desde el momento en que el Estado de Baja California celebr� el convenio de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., el ahora Municipio actor haya recibido los beneficios de ese convenio y se ha hecho de los t�rminos y condiciones que se requieren para disfrutar de los mismos; por tanto, desde ese momento se hizo sabedor de la norma general que impugna, m�xime que para que operara la autorizaci�n de retenci�n de las participaciones federales se requer�a la autorizaci�n del Poder Legislativo Local, por lo que se trata de actos plenamente conocidos y consentidos por el actor.

    Al respecto, se debe se�alar que la parte actora en ning�n momento consinti� el primer acto de aplicaci�n del reglamento impugnado, consistentes en la solicitud para que se afecten las participaciones del Municipio actor, las �rdenes para que se hagan efectivas y su ejecuci�n, pues como ya se vio, promovi� la demanda dentro del t�rmino que se�ala el art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia, sin que sea �bice a lo anterior que desde el momento de la celebraci�n del convenio de adhesi�n al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. el actor haya recibido los beneficios de ese convenio y se haya hecho de los t�rminos y condiciones que se requieren para disfrutar de los mismos, porque el precepto que prev� el procedimiento para hacer efectivo el cobro de los adeudos inscritos en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de las Entidades Federativas y M., se encuentra contenido en el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en materia de dicho registro, respecto del cual en autos de este expediente no existe constancia alguna que demuestre que con anterioridad a la fecha en que la parte actora manifiesta se llev� a cabo el primer acto de aplicaci�n de esa norma (veinticinco de marzo, primero y diecis�is de abril de dos mil dos), se le hubiese aplicado tal precepto.

    En raz�n de lo anterior, no se actualiza la causal de improcedencia que al respecto se hace valer.

    El �rgano legislativo mencionado, en su contestaci�n de demanda, tambi�n manifest� que el actor no acredita de manera alguna que el art�culo transitorio que reclama a ese �rgano legislativo haya sido aplicado en su perjuicio con la expedici�n de los oficios de las autoridades federales y locales que dice le agravian, por lo que en tal virtud, se debe sobreseer en esta controversia constitucional respecto de dicha impugnaci�n.

    Los argumentos anteriores son infundados, toda vez que en el art�culo transitorio d�cimo tercero, punto tercero, del decreto de reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se se�ala que tales reformas no ser�an aplicables a las obligaciones contra�das con anterioridad al quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y de los actos impugnados en este asunto se advierte que quien lleva a cabo el descuento de las participaciones que le corresponden al Municipio actor es la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, por lo que se aplica el contenido del tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. vigente antes de la mencionada reforma, el cual se�alaba que la secretar�a har�a los descuentos de participaci�n en el orden en que se hubiesen registrado los adeudos, por ende, en el caso s� se demuestra la aplicaci�n del transitorio en comento, que impide la aplicaci�n de la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F..

    Por �ltimo, respecto de la oportunidad de la demanda en cuesti�n, la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, al contestar la demanda, manifest� que este juicio es improcedente de conformidad con el art�culo 19, fracci�n VII, de la ley reglamentaria de la materia, por extemporaneidad en la presentaci�n de la demanda, derivada de la existencia y vigencia de la norma general impugnada, la cual fue publicada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, para entrar en vigor el d�a siguiente, y estableci� derechos y obligaciones entre los sujetos de la norma desde que �sta entr� en vigor, es decir, es una norma general autoaplicativa, dado que por su contenido perjudica al actor desde su entrada en vigor, sin estar condicionado su alcance a la existencia de alg�n acto de aplicaci�n, adem�s de que en el caso no existi� ninguno; por tanto, con fundamento en los art�culos 20, fracci�n II y 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, deber� sobreseerse en esta controversia constitucional.

    Los argumentos anteriores son infundados, porque el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, se�ala que el plazo para promover la demanda de controversia constitucional, trat�ndose de normas, ser� de treinta d�as siguientes, contados a partir del d�a siguiente: a) a la publicaci�n de la norma general impugnada; o, b) al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma impugnada, por lo que de conformidad con este numeral, en el caso resulta irrelevante atender a la naturaleza de la norma (autoaplicativa o heteroaplicativa), para efectos de la oportunidad en la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, sino que �nicamente debe atenderse al segundo supuesto, pues las normas se impugnan por su primer acto de aplicaci�n, el cual, como ya se dijo en p�rrafos precedentes, se dio a trav�s de los actos impugnados en este juicio respecto de los cuales la demanda en cuesti�n resulta oportuna.

    Concluido el estudio de las causales de improcedencia hechas valer respecto de la oportunidad de la demanda, se procede ahora a analizar la oportunidad de su ampliaci�n, y al respecto se debe se�alar lo siguiente:

    En la resoluci�n reca�da al recurso de reclamaci�n 235/2002-PL, derivado de esta controversia constitucional, dictada el diecinueve de agosto de dos mil tres, la cual obra a fojas ciento diez a ciento sesenta del tomo II de este expediente, se determin� la procedencia de la ampliaci�n de la demanda promovida por el Municipio actor, �nicamente respecto del oficio de diecinueve de abril de dos mil dos por el que se ordena la afectaci�n de las participaciones federales de ese Municipio, por un monto de $19'995,075.14 (diecinueve millones novecientos noventa y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N), ya que se le tuvo como un hecho superveniente para efectos de la ampliaci�n, toda vez que como tal debe entenderse aquel que acontece o se genera entre el lapso comprendido entre la presentaci�n de la demanda y el cierre de instrucci�n del procedimiento, y el oficio referido fue emitido el mismo d�a en que se promovi� la demanda (diecinueve de abril de dos mil dos), por tanto, respecto de dicho acto resultaba procedente la ampliaci�n de demanda promovida.

    En raz�n de lo anterior, de conformidad con la resoluci�n reca�da al recurso de reclamaci�n en comento, la ampliaci�n de demanda en comento resulta oportuna.

CUARTO

Enseguida se analizar� la legitimaci�n de quienes promueven la presente controversia constitucional.

La presente controversia constitucional la promueven J.R.D.�az O. y R.�n E.A.Z., con el car�cter de presidente municipal y s�ndico procurador del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, respectivamente, lo cual acreditan con la copia fotost�tica certificada del Peri�dico Oficial del Estado No. 53, tomo CVIII, de treinta de noviembre de dos mil uno, en el que se public� el bando solemne dictado por la XVII Legislatura del Estado de Baja California, por el que se hace saber a los habitantes del Municipio de Mexicali, los nombres de los mun�cipes que resultaron electos para integrar el XVII Ayuntamiento de ese Municipio para el periodo del primero de diciembre de dos mil uno al treinta de noviembre de dos mil cuatro, y en el que se se�ala como presidente municipal propietario a J.R.D.�az O. y como s�ndico procurador propietario a R.�n E.A.Z. (fojas tres a ocho del cuaderno de pruebas presentadas por la actora), quienes est�n facultados para acudir en representaci�n del Municipio, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 7o., fracci�n IV y 8o., fracci�n I, de la Ley del R�gimen Municipal para el Estado de Baja California; y 7o., fracci�n IV y 8o., fracci�n I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, que prev�n:

Ley del R�gimen Municipal para el Estado de Baja California

"Art�culo 7o. Del �rgano ejecutivo del Ayuntamiento. El presidente municipal, en su calidad de alcalde de la comunal, es el �rgano ejecutivo del Ayuntamiento y ostenta, en todo caso, las siguiente atribuciones:

"...

"IV. Ejercer la representaci�n legal del Municipio conforme lo disponga el reglamento respectivo, pudiendo delegarla mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento."

"Art�culo 8o. Del s�ndico procurador. El s�ndico procurador tendr� a su cargo la funci�n de contralor�a interna y la procuraci�n de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:

"I. Ejercer la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales y en las negociaciones relativas a la hacienda municipal pudiendo nombrar apoderado legal, con arreglo a las facultades espec�ficas que el Ayuntamiento le delegue.

En caso de que el s�ndico procurador, por cualquier causa, se encuentre imposibilitado para ejercer la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento, �ste resolver� lo conducente.

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali

"Art�culo 7o. ... Son atribuciones del presidente municipal:

"...

"IV. Ejercer la representaci�n legal del Municipio conforme lo disponga el reglamento respectivo, pudiendo delegarla mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento."

"Art�culo 8o. Atribuciones del s�ndico procurador. El s�ndico procurador tendr� a su cargo la procuraci�n de la defensa de los intereses del Ayuntamiento y Municipio as� como la funci�n de contralor�a interna y, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones:

I. Ejercer la representaci�n jur�dica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales y en las negociaciones relativas a la hacienda municipal, asimismo para asistir al Congreso del Estado en todos aquellos asuntos concernientes al r�gimen municipal, pudiendo nombrar apoderado legal, con arreglo a las facultades espec�ficas que el Ayuntamiento le delegue. ...

Asimismo, el citado Municipio cuenta con legitimaci�n para promover el presente medio de control constitucional, de conformidad con los incisos b) e i) de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal.

Respecto de la legitimaci�n en comento, el Poder Ejecutivo Federal y el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, al contestar la demanda, manifiestan:

Que con fundamento en los art�culos 22, fracci�n I, en relaci�n con el 28 de la ley reglamentaria de la materia, es improcedente el juicio y se debe sobreseer, de conformidad con los art�culos 19, fracci�n VIII y 10, fracci�n I, en relaci�n con el 20, fracci�n II, todos de la ley reglamentaria de la materia, porque el presidente y el s�ndico procurador del Municipio actor carecen de legitimaci�n activa para promover la controversia, ya que, por una parte, no comparecen a �sta con la debida representaci�n, pues no anexan a su escrito de demanda documento alguno en el que conste la legitimaci�n activa con la que act�an; por otra parte, la Constituci�n del Estado de Baja California no prev� que los servidores p�blicos mencionados cuentan con la representaci�n del Municipio y, por �ltimo, en el supuesto que alg�n �rgano o poder pudiese tener legitimaci�n activa en la controversia, ser�a el Poder Legislativo del Estado, toda vez que fue quien autoriz� la afectaci�n de las participaciones federales que le corresponden a dicho Municipio, de conformidad con el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., que se�ala a ese �rgano legislativo como el �nico poderp�blico que tiene la potestad financiera, es decir, el atributo para afectar las participaciones del Estado y de los M. que lo conforman.

Respecto de los argumentos anotados, se debe se�alar que en p�rrafos precedentes se determin� que los promoventes de la demanda, presidente y s�ndico procurador del Municipio actor, acreditaron debidamente el car�cter con el que comparecieron a esta v�a, con las documentales respectivas. Asimismo, se determin� que los servidores p�blicos mencionados cuentan con la representaci�n legal del Municipio, de conformidad con la Ley de R�gimen Municipal del Estado de Baja California y del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, lo que es suficiente para tener por acreditada la representaci�n que ostentan, pues el art�culo 11 de la ley reglamentaria de la materia se�ala que las partes deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos; por tanto, si las disposiciones mencionadas son las que rigen a los servidores p�blicos referidos, eso es suficiente para estimar que dichos servidores p�blicos est�n facultados para representar al Municipio actor, independientemente de que en la Constituci�n del Estado no exista dispositivo alguno que les otorgue tales facultades.

Adem�s, el hecho de que la Constituci�n del Estado de Baja California no faculte a los M. de la entidad para promover controversias constitucionales no resulta suficiente para estimar que el Municipio actor no se encuentra facultado para instaurar dichos procedimientos, puesto que tales facultades se derivan de la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, es decir, se trata de una potestad que deriva directamente de dicha Constituci�n y, por ende, no resulta necesario que se encuentre reconocida en la Constituci�n Local.

Asimismo, el Poder Legislativo del Estado de ninguna forma contar�a con legitimaci�n para promover esta controversia, pues no obstante que pudiera o no autorizar la afectaci�n de las participaciones federales que le corresponden a dicho Municipio, tal autorizaci�n afectar�a directamente al Municipio y no al Poder Legislativo del Estado, adem�s de que en caso de autorizar tal afectaci�n esto lo convertir�a en autoridad demandada y, por ende, no podr�a promover esta controversia en defensa del citado Municipio; m�xime que de los ordenamientos legales que rigen las atribuciones de dicho Congreso no se advierte alguna disposici�n que lo faculte para representar a los M. de la entidad, por lo que resultan infundados los argumentos a estudio y, por ello, no se actualiza la causal de improcedencia invocada.

QUINTO

Por lo que respecta a la legitimaci�n pasiva, se debe se�alar lo siguiente:

Las autoridades demandadas en la presente controversia constitucional, son:

  1. Poder Legislativo Federal.

  2. Poder Ejecutivo Federal.

  3. S.io de G.�n.

  4. S.io de Hacienda y Cr�dito P�blico.

  5. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

  6. Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Por lo que hace a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, comparece a dar contestaci�n a la demanda B.E.P.R., en su car�cter de diputada presidenta de la mesa directiva de ese �rgano legislativo, personalidad que acredita con la copia fotost�tica certificada de la versi�n estenogr�fica de la sesi�n del Pleno de esa C�mara, de quince de marzo de dos mil dos, de la que se advierte la existencia del nombramiento mencionado (fojas quinientos treinta y cuatro a quinientos treinta y cinco de este expediente), quien cuenta con la representaci�n necesaria, de conformidad con el art�culo 23, numeral 1, inciso I), de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Art�culo 23.

"1. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva las siguientes:

"...

l) Tener la representaci�n legal de la C�mara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario.

Dicho poder cuenta con la legitimaci�n para intervenir en esta controversia, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, por ser el �rgano colegislador de la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. impugnada.

En relaci�n con la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, comparece D.F.�ndez de C.R. y S.I.C.C.�s, en su car�cter de presidente y secretaria de la mesa directiva de ese �rgano legislativo, lo cual acreditan con el original del Diario de los Debates de la junta previa de la C�mara de Senadores, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil uno, del que se advierten dichos nombramientos (fojas quinientos cuarenta y cinco a quinientos cuarenta y ocho de este expediente).

El presidente de la mesa directiva mencionado, cuenta con la representaci�n de la C�mara de Senadores, de conformidad con el art�culo 67 de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Art�culo 67.

1. El presidente de la mesa directiva es el presidente de la C�mara y su representante jur�dico; en �l se expresa la unidad de la C�mara de Senadores. En su desempe�o, deber� hacer prevalecer el inter�s general de la C�mara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, adem�s de las facultades espec�ficas que se le atribuyen en el art�culo anterior ...

Adem�s, la C�mara de Senadores particip� como colegisladora en el decreto por el que se expidi� la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; por tanto, en el caso se re�nen los extremos del art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, para que el �rgano legislativo mencionado pueda ser considerado como autoridad demandada en la presente controversia constitucional y, por ello, con legitimaci�n pasiva.

Por lo que respecta al secretario de la Mesa Directiva de la C�mara de Senadores, el art�culo 70 de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que regula sus atribuciones, en lo que interesa se�ala:

"Art�culo 70.

"1. Los secretarios de la C�mara, con el apoyo de la S.�a General de Servicios Parlamentarios, asisten al presidente de la C�mara en los actos relacionados con la conducci�n de las sesiones ordinarias del Pleno y tendr� las siguientes atribuciones:

"a) Pasar lista de asistencia de los senadores al inicio de las sesiones para verificar que existe qu�rum constitucional;

"b) Desahogar los tr�mites legislativos que les correspondan;

"c) Firmar junto con el presidente, las leyes y decretos expedidos por la C�mara, y en su caso por el Congreso, as� como los dem�s acuerdos de la propia C�mara;

"d) Expedir las certificaciones que disponga el presidente de la mesa directiva;

"e) Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando as� lo disponga el presidente de la mesa directiva;

"f) Presentar al Pleno en la primera sesi�n de cada mes, una relaci�n de los asuntos turnados a las comisiones, dando cuenta de los casos que hayan sido o no despachados;

"g) Extender las actas de las sesiones, firmarlas despu�s de ser aprobadas por el Pleno, y asentarlas bajo su firma en el libro respectivo;

"h) Cuidar que las actas de las sesiones queden escritas y firmadas en el libro correspondiente. Las actas de cada sesi�n contendr�n el nombre del senador que la presida, la hora de apertura y clausura, las observaciones, correcciones y aprobaci�n del acta anterior y una relaci�n nominal de los senadores presentes y los ausentes, con permiso o sin �l, as� como una relaci�n sucinta, ordenada y clara de cuanto se tratare y resolviere en las sesiones, expresando nominalmente las personas que hayan hablado en pro y en contra, evitando toda calificaci�n de los discursos o exposiciones y proyectos de ley. Al margen de las actas se anotar�n los asuntos de que se trate;

"i) Leer los documentos listados en el orden del d�a;

"j) Distribuir las iniciativas y dict�menes que vayan a ser objeto de discusi�n o votaci�n, con la oportunidad debida;

"k) Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos y asentar los tr�mites y resoluciones;

"l) Vigilar la impresi�n del Diario de Debates, y

m) Las dem�s que les atribuyan esta ley, los ordenamientos relativos a la actividad legislativa o que les confiera el presidente de la C�mara. ...

De lo transcrito se advierte que el secretario de la Mesa Directiva de la C�mara de Senadores no acredita tener la representaci�n legal de ese �rgano legislativo y, por ello, no puede acudir con ese car�cter a la presente controversia.

No pasa inadvertido que entre las facultades del secretario mencionado se encuentra la de firmar, junto con el presidente, los acuerdos de la C�mara de Senadores, y que el oficio de contestaci�n de demanda lo firma en esa forma; sin embargo, al tener el presidente de la mesa directiva la representaci�n jur�dica de la C�mara, no es necesaria la firma conjunta de alg�n otro servidor p�blico de ese �rgano legislativo, por no exigirlo as� el art�culo 11 de la ley reglamentaria de la materia, que entre otros supuestos, regula lo relativo a la representaci�n del demandado en la controversia constitucional.

En lo relativo al Poder Ejecutivo Federal, comparece a dar contestaci�n en su representaci�n, el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien acredita dicho car�cter con la copia fotost�tica certificada de su nombramiento, as� como con el acuerdo presidencial de veinte de mayo de dos mil dos, en el cual se le concede la representaci�n del titular del Poder Ejecutivo Federal en esta controversia constitucional (fojas setecientos setenta a setecientos setenta y dos de este expediente).

Por su parte, el art�culo 11, �ltimo p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia, dispone:

"Art�culo 11. ...

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe del Departamento Administrativo o por el consejero jur�dico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo Federal se encuentra legalmente representado en esta controversia por el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, y cuenta con legitimaci�n para actuar en este asunto, de conformidad con los art�culos 10, fracci�n II y 11 de la ley reglamentaria de la materia, al ser �ste quien particip� en la emisi�n del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, as� como en su posterior reforma publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, y en la promulgaci�n de la reforma a la Ley de Coordinaci�n F., materia de esta controversia, ya que act�a como superior jer�rquico de las autoridades hacendarias originalmente demandadas, por lo que deben imput�rsele los actos consistentes en el tr�mite o procedimiento de afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio actor.

Por lo que hace al secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico, signa como tal la contestaci�n de la demanda y su ampliaci�n, J.F.G. D�az, car�cter que se tuvo por acreditado debidamente en p�rrafos precedentes.

El secretario mencionado, refrend� el reglamento impugnado, expedido el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y el decreto por el que se reform� dicho reglamento, publicado el quince de octubre de dos mil uno, que contiene los art�culos primero y segundo transitorios impugnados, as� como el decreto por el que se reform� el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que contiene el art�culo d�cimo tercero, punto III, impugnado, por lo que cuenta con legitimaci�n en este asunto, de conformidad con los numerales 10, fracci�n II y 11, segundo p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia y con la tesis jurisprudencial n�mero ciento veintinueve, publicada en la p�gina ciento cuarenta y uno, Tomo I, Pleno, Novena �poca, Ap�ndice de dos mil uno, que se�ala:

SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACI�N PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO. Este Alto Tribunal ha sustentando el criterio de que los ?�rganos de gobierno derivados?, es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constituci�n Federal, sino en una ley, no pueden tener legitimaci�n activa en las controversias constitucionales ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimaci�n pasiva, no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimaci�n atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jur�dica. Por tanto, si conforme a los art�culos 92 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, el refrendo de los decretos y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado reviste autonom�a, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan con legitimaci�n pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 10, fracci�n II y 11, segundo p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia.

Respecto del secretario de G.�n, comparece como tal a dar contestaci�n a la demanda, S.C.M., car�cter que acredita en t�rminos de la copia fotost�tica certificada de su nombramiento (foja quinientos cincuenta y siete de este expediente), y toda vez que dicho secretario intervino en el refrendo del decreto de reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que contiene el art�culo transitorio d�cimo tercero, punto III, impugnado, cuenta con legitimaci�n en este juicio, de conformidad con las consideraciones y tesis jurisprudencial se�aladas en el p�rrafo precedente, al resolver lo relativo a la legitimaci�n del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico.

El secretario de G.�n, al contestar la demanda, manifiesta que respecto de �l, esta controversia resulta improcedente, de acuerdo con los art�culos 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracci�n I, inciso c), de la Constituci�n Federal, porque adem�s de que en este asunto no se le imputa un acto espec�fico, de los art�culos 90 de la Constituci�n Federal y 1o., 2o., 11 y 26 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, se advierte que no es un �rgano aut�nomo al depender jer�rquicamente del Poder Ejecutivo Federal, m�xime que en el caso, si bien pudiera inferirse que se le reclama la publicaci�n de las normas impugnadas, el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional n�mero 22/2001, determin� que tal publicaci�n no es un acto propio, ya que se trata de una atribuci�n que en principio corresponde a su superior jer�rquico, presidente de la Rep�blica, al que auxilia llev�ndola a cabo, por lo que el secretario de G.�n carece de legitimaci�n pasiva y, por ende, respecto de �ste debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el art�culo 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia.

Al respecto, debe se�alarse que del prove�do de veinticinco de abril de dos mil dos dictado en esta controversia constitucional (foja doscientos veintinueve), se advierte que al secretario de G.�n se le tuvo como demandado no porque public� las normas generales impugnadas, sino porque refrend� el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por el que se reform� el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., en su tercer p�rrafo; por tanto, el secretario mencionado cuenta con legitimaci�n en el presente asunto, de conformidad con la tesis jurisprudencial citada al respecto en p�rrafos precedentes, por lo que devienen infundados los argumentos a estudio.

En cuanto al Poder Legislativo del Estado de Baja California, comparecen a contestar la demanda Jes�s A.R.U. y L.S.M., con el car�cter de presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Baja California, lo cual acreditan con la copia fotost�tica certificada del acta de sesi�n previa del tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer a�o de ejercicio de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil dos, en la que constan los nombramientos mencionados, para el periodo del primero de junio al treinta de septiembre de dos mil dos, debi�ndose aclarar que la contestaci�n de demanda en comento, se present� ante este Alto Tribunal el trece de junio del citado a�o.

Asimismo, el presidente y secretario del Poder Legislativo del Estado tienen la representaci�n legal de este �rgano legislativo, de conformidad con el art�culo 38 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, que prev�:

Art�culo 38. Al �rgano de direcci�n, denominado mesa directiva, le corresponde la conducci�n del Congreso, que es ejercida por su presidente y secretario quienes tendr�n la representaci�n legal del Congreso ante todo g�nero de autoridades.

En virtud de lo anterior, el �rgano legislativo mencionado cuenta con legitimaci�n para contestar la demanda de controversia constitucional, de conformidad con el art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, por ser a quien se imputa la comisi�n de los actos omisivos impugnados en este juicio.

Por �ltimo, respecto del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, acude a contestar la demanda E.E.W., con el car�cter de titular del Poder Ejecutivo de ese Estado, el que se tiene por acreditado al ser un hecho p�blico y notorio que la persona citada result� electa para ocupar el cargo mencionado, de conformidad con la resoluci�n emitida el treinta de abril de dos mil tres, por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver el recurso de reclamaci�n 292/2002-PL, derivado de esta controversia constitucional, promovido por el referido Poder Ejecutivo del Estado (fojas cincuenta y cuatro a setenta y cinco del tomo II de este expediente).

Asimismo, acredita ser el depositario del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con los art�culos 40 de la Constituci�n Local y 2o. de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica de esa entidad que, respectivamente, se�alan:

Constituci�n del Estado de Baja California

"Art�culo 40. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina gobernador del Estado.

El gobernador del Estado conducir� la administraci�n p�blica estatal, que ser� centralizada y paraestatal, conforme a la ley org�nica que expida el Congreso, que distribuir� los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estar�n a cargo de la S.�a General de Gobierno, la Oficial�a M. de Gobierno, la Procuradur�aGeneral de Justicia, las secretar�as y las direcciones del ramo, y definir� las bases de creaci�n de las entidades paraestatales, la intervenci�n del gobernador en su operaci�n y las relaciones entre �stas y la S.�a General de Gobierno, la Oficial�a M. de Gobierno, la Procuradur�a General de Justicia, las secretar�as y las direcciones del ramo.

Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de Baja California

Art�culo 2o. El Ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al gobernador del Estado, quien tendr� las atribuciones, funciones y obligaciones que le se�alan la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado de Baja California y dem�s disposiciones legales aplicables.

En virtud de lo anterior, quien contesta la demanda con ese car�cter cuenta con legitimaci�n para ello. Adem�s de que es el superior jer�rquico de las autoridades fiscales estatales que han llevado a cabo actos tendentes a la ejecuci�n de las �rdenes de afectaci�n impugnadas, por lo que en t�rminos del art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, cuenta con legitimaci�n para intervenir en este asunto.

SEXTO

A continuaci�n se analizar�n las restantes causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer las partes o que advierta este Alto Tribunal.

La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, al contestar la demanda, hace valer las siguientes causales de improcedencia:

  1. Que con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracciones II y III, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el 12 de la Ley de Coordinaci�n F. y 105, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, se debe sobreseer en esta controversia respecto de los ordenamientos que impugna el actor, ya que alega la violaci�n de diversos preceptos constitucionales, y el art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F. limita la procedencia de la controversia constitucional a la violaci�n de disposiciones legales y convenios relativos a la coordinaci�n fiscal, por lo que no se actualiza la hip�tesis de procedencia prevista en este numeral, pues el Municipio actor no hace valer en su demanda concepto de invalidez alguno en el que se�ale que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico infringi� disposiciones legales relativas a la coordinaci�n fiscal en perjuicio del Estado de Baja California, sino que los argumentos que plantea se reducen a cuestiones de constitucionalidad, y lo �nico que puede ser susceptible de planteamiento en este juicio son cuestiones de legalidad, por lo que no pueden ser materia de esta controversia constitucional los ordenamientos que se impugnan y, por ello, deviene la improcedencia del juicio.

    Los argumentos en cuesti�n resultan infundados, porque, en el caso, se trata de una controversia constitucional cuya procedencia se encuentra prevista en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, y no en lo dispuesto por el art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., sin que este precepto contenga disposici�n alguna relacionada con la procedencia de este medio de control constitucional, pues a lo que se refiere es a la procedencia de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal; por tanto, las limitaciones que este precepto de la Ley de Coordinaci�n F. contiene, en nada trascienden a la procedencia de esta controversia constitucional, en la que pueden impugnarse tanto normas como actos.

  2. Que se debe sobreseer en esta controversia constitucional, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el actor formula conceptos de invalidez que carecen de claridad para poder dilucidar el fondo del asunto, es decir, formula argumentos encaminados a denotar la violaci�n que le causa agravio, en t�rminos de lo previsto en la Ley de Coordinaci�n F., pero no determina con precisi�n la legislaci�n que se le aplic� en su perjuicio, adem�s, no delimita los actos que atribuye a las autoridades demandadas que, seg�n sus manifestaciones, carecen de sustento jur�dico, por lo que al no haberse se�alado una m�nima causa de pedir, no puede haber un pronunciamiento sobre las posibles violaciones a las disposiciones de la Ley de Coordinaci�n F. y del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., aunado a que lo anterior trae aparejada la indefensi�n de las demandadas, ya que desconocen la base conceptual de los agravios que le causan a la parte actora los actos impugnados.

    Que el Municipio actor no precisa la disposici�n del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, que le causa perjuicio, e impugna de manera general dicho ordenamiento, lo cual no es posible, ya que es inadmisible que todos los preceptos que integran un ordenamiento legal puedan irrogarle perjuicio personal y directo, por lo que no puede reclamarse la inconstitucionalidad de una norma general en su totalidad; consecuentemente, deviene la improcedencia de esta controversia, en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, y con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, de la propia ley, se debe sobreseer en este juicio.

    Que con fundamento en los art�culos 12 de la Ley de Coordinaci�n F., y 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con los diversos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, se debe sobreseer en este juicio en cuanto a la violaci�n que alega el actor respecto de esos preceptos constitucionales, que prev�n las garant�as de legalidad y seguridad jur�dica, puesto que resulta improcedente la controversia constitucional cuando se atacan de inconstitucionales diversas disposiciones por supuestas transgresiones a dichas garant�as sin reclamarse la legalidad de los actos impugnados, ya que el Municipio actor no es sujeto de garant�as individuales y, por tanto, no puede alegar que se vulneran en su perjuicio los art�culos constitucionales en comento.

    Que este juicio es improcedente, de conformidad con los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, relacionados con el 105, fracciones I y II, de la Constituci�n Federal, ya que en la ampliaci�n de demanda se pretenden hacer valer cuestiones de legalidad que no resultan ser materia de una controversia constitucional, pues se aduce la falta de cumplimiento de obligaciones por parte de la instituci�n bancaria acreedora, as� como la violaci�n a diversas disposiciones de car�cter financiero y mercantil, tales como la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de Cr�dito, ordenamientos contra los cuales no es procedente una controversia constitucional. Aunado a que se limitan a combatir la ilegalidad de ordenamientos estatales, como la Ley del Notariado para el Estado de Nuevo Le�n.

    Respecto de las causales de improcedencia anotadas se debe se�alar, por una parte, que se deben desestimar los argumentos en los que se aduce que los conceptos de invalidez que hace valer el actor carecen de se�alamientos claros que permitan dilucidar el fondo del asunto, ya que de acuerdo con los numerales 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe examinar en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuesti�n efectivamente planteada y suplir, en su caso, la deficiencia de la demanda. Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial n�mero cuarenta y ocho, publicada en la p�gina cuarenta y cinco, Tomo I, Pleno, Novena �poca, Ap�ndice de dos mil, que se�ala:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS. De acuerdo con lo establecido por los art�culos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, trat�ndose de controversias constitucionales la Suprema Corte corregir� los errores en la cita de los preceptos invocados, examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuesti�n efectivamente planteada y deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos y agravios. De ello se sigue, necesariamente, que no es posible jur�dicamente que se establezca que los argumentos hechos valer por el promovente de la controversia o conceptos de invalidez puedan considerarse deficientes, pues ello en nada afectar� el estudio que deba realizarse conforme a las reglas establecidas en los preceptos mencionados.

    Por otra parte, de la lectura integral del oficio de demanda y de su ampliaci�n, se desprende que el actor impugna los art�culos 1o., 9o. y 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y del d�cimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y segundo y tercero transitorios del reglamento mencionado, publicado en el Diario Oficial la Federaci�n, el quince de octubre de dos mil uno; y el tr�mite o procedimiento de pago de obligaciones contra�das por el Municipio actor con cargo a las participaciones federales que le correspondan, y se�ala como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal; secretario de G.�n; secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico; Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California, por lo que resultan infundados los argumentos en que se alega que el Municipio actor no precisa los actos y normas impugnados, ni las autoridades a quienes se les imputan.

    Por �ltimo, no obstante que las autoridades no son sujetos de las garant�as individuales contenidas en los art�culos 14 y 16 de la Constituci�n Federal, sin embargo, esto no significa que en este medio de control constitucional no se pueda alegar la violaci�n a estos preceptos y, por ende, cuestiones de legalidad, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F. producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.

    Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial publicada con el n�mero P./J. 98/99, p�gina setecientos tres, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Pleno, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCI�N FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los �rdenes jur�dicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el art�culo 105, fracci�n I, de la Carta Magna, cuya resoluci�n se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en su car�cter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremac�a de la Constituci�n, consistente en que la actuaci�n de las autoridades se ajuste a lo establecido en aqu�lla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el an�lisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relaci�n directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constituci�n Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesi�n a los �rdenes jur�dicos descritos, en las relaciones de las entidades u �rganos de poder que las conforman, tal situaci�n justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones s�lo por sus caracter�sticas formales o su relaci�n mediata o inmediata con la N.F., producir�a, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armon�a y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultar�a contrario al prop�sito se�alado, as� como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones t�cnicas, lo que impl�citamente podr�a autorizar arbitrariedades, m�xime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser tambi�n integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte org�nica o la dogm�tica de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.

  3. Que resulta improcedente la demanda de controversia constitucional y su ampliaci�n, de conformidad con lo previsto en el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con los art�culos 41, fracci�n IV y 45 de la misma ley, ya que se pretende que este Alto Tribunal emita una sentencia en la que se declare la invalidez de los actos que tienen el car�cter de consumados, como son la celebraci�n del contrato de apertura de cr�dito y su inscripci�n en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., as� como la orden de afectaci�n de las participaciones que por ingresos federales correspondan al Municipio actor y su ejecuci�n, los cuales son de naturaleza positiva, ya que los demandados han realizado una serie de actos originados de la firma del contrato de apertura de cr�dito entre el actor y la instituci�n bancaria mencionada, as� como del incumplimiento de las obligaciones que del mismo derivan, es decir, se trata de actos que ya se llevaron a cabo, por lo que se pretende que se dicte una sentencia en la que se retrotraigan las cosas al estado en que se encontraban antes de la realizaci�n de los actos que impugna, lo que no es posible, ya que los efectos de las sentencias dictadas en estos juicios no pueden ser retroactivos, salvo en materia penal.

    Respecto de la causal de improcedencia en comento, debe se�alarse, por una parte, que no obstante que la celebraci�n del contrato de apertura de cr�dito y su inscripci�n, as� como las �rdenes de afectaci�n de participaciones que por ingresos federales corresponden al Municipio actor y diversos actos tendentes a su ejecuci�n, son actos positivos que, dada su naturaleza, se agotaron en el momento de su emisi�n y, por ende, deben considerarse como consumados; sin embargo, no puede considerarse que los efectos y consecuencias de tales �rdenes, como es su ejecuci�n tambi�n sean consumados, en virtud de que en los autos de este juicio no existe constancia alguna que demuestre que las autoridades hacendarias federales o locales ya ejecutaron dichas �rdenes, sin que pase inadvertido que respecto de la orden de descuento de participaciones de diecis�is de abril de dos mil dos, las autoridades hacendarias mencionadas realizaron diversos actos que culminaron con su ejecuci�n; sin embargo, en los autos del incidente de suspensi�n del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002, fojas mil ciento sesenta y nueve a mil doscientos veintiocho, obra la resoluci�n dictada por este Tribunal Pleno en sesi�n de veinticinco de marzo de dos mil tres, al resolver el recurso de queja derivado del incidente de suspensi�n del juicio mencionado, asunto que se tiene a la vista al resolver esta controversia, por la �ntima relaci�n que guarda con �sta, resoluci�n de la que se advierte que este Alto Tribunal determin� dejar sin efectos la ejecuci�n de la citada orden y devolver al Municipio actor las participaciones afectadas.

    Adem�s, los efectos que pretenda lograr el actor al momento en que se dicte sentencia, son cuestiones que de ninguna forma pueden considerarse como un motivo de improcedencia de la controversia, sino como de fondo, independientemente de que a este Alto Tribunal le corresponde determinar el momento a partir del cual producir�n sus efectos las sentencias dictadas en estos juicios, con la salvedad de que no tendr�n efectos retroactivos, de conformidad con el art�culo 45 de la ley reglamentaria de la materia.

  4. Que es improcedente este juicio de conformidad con el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia y se debe sobreseer, con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, del ordenamiento legal citado, por lo siguiente:

    1) Que los beneficios que otorgan las disposiciones que rigen al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., no pueden causar perjuicio al inter�s jur�dico de las entidades y M. que manifestaron su consentimiento en adherirse a �l, m�xime que este r�gimen de beneficio es opcional; por tanto, no pueden ser impugnados en esta v�a los beneficios que otorga dicho sistema al Municipio actor, porque ser�a como no aceptar las participaciones que en ingresos federales le destina la Federaci�n, por lo que al impugnar las normas en cuesti�n, dicho Municipio pretende sustraerse de las obligaciones que el referido Sistema Nacional de Coordinaci�n F. le impone, lo cual implica impugnar igualmente los beneficios se�alados mediante los convenios de coordinaci�n en materia fiscal federal y de colaboraci�n administrativa, suscritos con el Estado de Baja California.

    2) Que los actos impugnados no afectan el inter�s jur�dico del Municipio actor, sino �nicamente un inter�s econ�mico, ya que analizado el contenido y alcance de sus manifestaciones, se advierte que est�n encaminadas a demostrar el perjuicio econ�mico que le causan en su patrimonio los actos impugnados, en virtud de la afectaci�n econ�mica a sus participaciones por ingresos federales, por lo que se pretende acreditar un perjuicio jur�dico con base en una afectaci�n econ�mica, lo que resulta falaz, en tanto que uno no implica al otro, y el solo perjuicio econ�mico no es suficiente para acreditar el derecho para promover esta controversia constitucional.

    Al respecto, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al contestar la demanda, tambi�n aduce:

    Que los oficios a que hace referencia el Municipio actor en su demanda, no constituyen actos que le ocasionen perjuicio o infrinjan de forma alguna las obligaciones del Estado de Baja California respecto del convenio de colaboraci�n fiscalfederal que tiene celebrado con la Federaci�n, sino que se trata de simples avisos hechos al Municipio de Mexicali, en relaci�n con acciones emprendidas por diversas autoridades de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, tendentes a afectar sus participaciones federales que le correspond�an en los meses de marzo y abril de dos mil dos, pero sin emprender acci�n alguna tendiente a originar, apoyar, motivar, ejercer o cumplimentar la determinaci�n de las autoridades dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en virtud de las cuales se pudiera justificar la procedencia de esta controversia en contra del Gobierno del Estado.

    Los argumentos en cuesti�n resultan infundados, porque las �rdenes de descuento de las participaciones del Municipio actor y su ejecuci�n impugnadas, no s�lo se traducen en un perjuicio econ�mico para el Municipio actor, sino tambi�n jur�dico, pues en el caso se alega la violaci�n de diversos preceptos constitucionales, tanto federal como local, as� como de otras disposiciones secundarias, encaminadas a demostrar la afectaci�n de facultades de las autoridades estatales por parte de la autoridad emisora y ejecutora de las �rdenes impugnadas. Asimismo, no obstante que el Sistema Nacional de Coordinaci�n F. es un sistema de beneficio para los M., esto no implica que siempre sea as�, pues cuando se aplican las disposiciones que regulan dicho sistema por parte de los niveles de Gobierno Federal y Estatales, podr�a incurrirse en su infracci�n, lo que desde luego irrogar�a perjuicio a los M. y, por ende, esto es impugnable a trav�s de este medio de control constitucional, sin que lo anterior signifique pretender sustraerse de las obligaciones que el referido sistema le impone a los M., sino �nicamente evitar que se transgredan en su perjuicio las disposiciones legales correspondientes.

    Por �ltimo, los actos emitidos por las autoridades hacendarias, federal y local, no s�lo son simples avisos enviados al Municipio actor, sino determinaciones en el sentido de que existe una obligaci�n de pago incumplida, la cual se encuentra calculada en cantidad l�quida, y de que se haga el pago correspondiente mediante el descuento de las participaciones que en ingresos federales le correspondan a dicho Municipio.

  5. Que se debe sobreseer en este juicio, con fundamento en los art�culos 19, fracci�n VIII y 20, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, por lo siguiente:

    1) Que en caso que se dicte sentencia favorable al Municipio actor, se fomentar�a la ilegalidad en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinaci�n F. y en el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., porque estos ordenamientos legales, en sus art�culos 9o. y 11, respectivamente, confieren a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico diversas facultades para afectar participaciones por ingresos federales a las entidades y M. que se encuentran adheridos al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., por lo que si el Municipio actor alega la inconstitucionalidad de tales facultades, es evidente que desea sustraerse de las obligaciones que �stos imponen, no obstante que se someti� a lo previsto en dichos ordenamientos cuando manifest� su voluntad de adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. mencionado, por lo que no puede alegar ahora que el ejercicio de las facultades anotadas vulnera su esfera jur�dica.

    2) Que respecto de las manifestaciones del Municipio actor en el sentido de que existe ilegalidad del oficio 351-A-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, porque las autoridades demandadas acompa�aron a su contestaci�n de demanda una copia de un documento que no ostenta la firma aut�grafa del entonces titular de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, pero las manifestaciones que realiza al respecto son ajenas a la litis sobre la que versa esta controversia constitucional, pues no obstante que es cierto lo se�alado, tal argumento es materia del incidente de falsedad de documentos cuya tramitaci�n obedece a verificar la autenticidad de la firma aut�grafa, por lo que se debe sobreseer en este asunto.

    Por su parte, la C�mara de Senadores del Congreso de la Uni�n, al contestar la demanda, manifiesta que la Ley de Coordinaci�n F. y su art�culo espec�fico que se combate de inconstitucional, se emitieron mediante el proceso legislativo que se�alan los art�culos 72 de la Constituci�n Federal y 55 a 170 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, la sola discusi�n, votaci�n y aprobaci�n de la ley en comento, es decir, el procedimiento legislativo, no causa afectaci�n alguna a los intereses jur�dicos del actor.

    Las causales de improcedencia en comento deben desestimarse, toda vez que los argumentos vertidos involucran el estudio de fondo del asunto, lo que no es posible analizar como causal de improcedencia, de conformidad con la tesis jurisprudencial n�mero ochenta y dos, publicada en la p�gina sesenta y nueve, Tomo I, Pleno, Novena �poca, Ap�ndice de dos mil, que se�ala:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.

  6. Por �ltimo, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al contestar la demanda, aduce lo siguiente:

    Que esta controversia constitucional debe sobreseerse, con fundamento en las fracciones VI y VIII del art�culo 19, y fracciones II y III del art�culo 20 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el Municipio actor no respet� el principio de definitividad que impera en este procedimiento, si se toma en consideraci�n que en contra de los actos controvertidos procede el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal, previsto en el art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., m�xime que de los autos de esta controversia se advierte la inexistencia de actos que motivaron su promoci�n en contra de autoridades del Gobierno del Estado de Baja California.

    No se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque contrario a lo que manifiesta la demandada, el Municipio actor no estaba obligado a promover el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal, previsto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., ya que a trav�s de ese juicio no se podr�an analizar cuestiones de constitucionalidad como en esta controversia constitucional, sino �nicamente de legalidad, por lo que los actos y normas generales impugnadas en el caso, s�lo pueden ser materia de una controversia constitucional sin necesidad de agotar el medio de defensa ordinario mencionado, pues en �ste, por su naturaleza, no ser�a posible analizar las cuestiones de constitucionalidad planteadas en esta controversia constitucional.

    Adem�s, el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal a que se refiere el art�culo 12 de la Ley de Coordinaci�n F., s�lo pueden promoverlo los Estados y no los M., por lo que el actor no estaba en posibilidad legal de intentar esa v�a. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis publicada con el n�mero P. XVI/2003, p�gina diez del Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Pleno, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

    COORDINACI�N FISCAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE LEGITIMACI�N PARA PROMOVER JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS RELATIVOS. Los art�culos 1o., segundo p�rrafo, y 12 de la Ley de Coordinaci�n F. establecen, respectivamente, que cuando en dicha ley se utiliza la expresi�n ?entidades?, se refiere a los Estados y al Distrito Federal y que las entidades inconformes con la declaratoria que las excluye del Sistema Nacional de Coordinaci�n F. podr�n ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conforme al art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Org�nica del Poder Judicial Federal, demandando su anulaci�n. Asimismo, dichos art�culos disponen que en el supuesto de que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico infrinja disposiciones legales y convenios relativos a la coordinaci�n fiscal en perjuicio de una entidad federativa, �sta podr� reclamar su cumplimiento apeg�ndose al procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que los M. carecen de legitimaci�n para promover dichos juicios, ya que s�lo la tienen los Estados y el Distrito Federal, lo cual se corrobora con lo dispuesto en el art�culo 10, fracci�n X, de la ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que dispone que la Suprema Corte, funcionando en Pleno, conocer� de los juicios de anulaci�n de la declaratoria de exclusi�n de los Estados del Sistema Nacional de Coordinaci�n F., as� como los relativos al cumplimiento de convenios de coordinaci�n celebrados entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados o del Distrito Federal.

    Toda vez que las partes no hacen valer ninguna otra causal de improcedencia diversa a las analizadas, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguna otra, se procede al estudio del fondo del asunto.

S�PTIMO

Previamente al an�lisis de los conceptos de invalidez que se hacen valer, se debe precisar que �nicamente ser�n objeto de estudio los relacionados con lo siguiente:

  1. Art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos.

  2. Art�culo d�cimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

  3. Art�culos segundo y tercero transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno.

  4. El tr�mite o procedimiento de pago de las obligaciones contra�das por el Municipio actor con afectaci�n de participaciones federales que le correspondan, consistente en la solicitud de pago correspondiente, de quince de marzo de dos mil dos; la comunicaci�n v�a fax de dieciocho de marzo de dos mil dos, por la que se hace saber al gobierno del Estado la solicitud mencionada; las �rdenes de afectaci�n de tales participaciones, contenidas en los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077, de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, y los efectos y consecuencias de tales �rdenes, que se traducen en los oficios de veinte y veintisiete de marzo de dos mil dos, emitidos por el secretario de P.�n y Finanzas y por el director de Ingresos del Estado, respectivamente; constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10162, de veinticinco de marzo de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n, recibo oficial G5427494 de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n, constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194, de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n.

    Por raz�n de orden, en primer lugar se analizar�n los conceptos de invalidez en que se alega la inconstitucionalidad de las normas impugnadas referidas, que en s�ntesis se hacen consistir en lo siguiente:

    1. Que el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, es violatorio de los art�culos 115 y 124 de la Constituci�n Federal, porque dej� de tener vigencia en virtud de la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que concedi� a los M. el derecho a recibir las participaciones federales que las Legislaturas de los Estados les otorgaran sin facultar a las autoridades hacendarias federales a iniciar un procedimiento de afectaci�n de participaciones, es decir, la facultad de disposici�n de las participaciones federales a los M., en cuanto a las bases, montos y plazos en que habr�n de ser cubiertos, fue conferida de manera expresa a los Estados y se le quit� a la Federaci�n, lo que trajo como consecuencia la derogaci�n t�cita del reglamento impugnado al existir un nuevo marco normativo previsto en el citado art�culo 115 constitucional, por lo que se aplica un texto legal rebasado por la Constituci�n Federal.

    2. Que el art�culo d�cimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, es inconstitucional por lo siguiente:

  5. Que viola los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b) y 124 de la Constituci�n Federal, porque pretende darle vigencia al Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, no obstante que dej� de tenerla al reformarse el art�culo 115 constitucional en mil novecientos ochenta y tres, el cual concedi� a los Estados la facultad de determinar las bases, plazos y montos para distribuir participaciones y no a la Federaci�n, por lo que no faculta a la autoridad hacendaria federal a iniciar un procedimiento de afectaci�n de participaciones.

  6. Que viola el art�culo 115 constitucional, porque el transitorio en cuesti�n se�ala que no ser� aplicable la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en cuesti�n, a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que el legislador incurre en una contradicci�n inconstitucional, pues por una parte reforma el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. mencionado para ajustarlo al art�culo 115 constitucional y, por otra, le restituye vida jur�dica al reglamento expedido en mil novecientos setenta y ocho, t�citamente derogado por no ajustarse, desde mil novecientos ochenta y tres, al marco jur�dico constitucional del art�culo 115.

    Que no obstante la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal de mil novecientos ochenta y tres, en el sentido de que sean los Estados, por medio de sus leyes estatales, los que fijen las bases, montos y plazos en los que se habr� de disponer de las participaciones federales, no se aplica al Municipio actor este precepto, ni el texto vigente del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. que adapt� a la legislaci�n secundaria la disposici�n constitucional que desde mil novecientos ochenta y tres imped�a a la Federaci�n disponer y retener las participaciones que correspondan al Municipio, toda vez que se ordena por autoridad incompetente la retenci�n de participaciones, con lo que se viola el texto del precepto constitucional mencionado.

  7. Que viola los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b) y 124 constitucionales, al pretender prolongar la vigencia de una ley secundaria, que la perdi� desde el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, al reformarse el art�culo 115 constitucional, y en tal virtud, la Federaci�n dej� de tener las facultades que le conced�a el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y las que se derivaban de su reglamento, y s�lo contaba con la obligaci�n de participar a los Estados los ingresos obtenidos y no con la facultad para disponer de ellos, ni retenerlos.

  8. Que se pretende dar vigencia a una ley no vigente en el marco constitucional, lo que se desprende del art�culo segundo transitorio del art�culo 115 constitucional, contenido en el decreto publicado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que ordenaba que se reformaran las leyes correspondientes, lo que no sucedi� hasta mil novecientos noventa y cinco, de ah� que sea inconstitucional el transitorio impugnado al no tener respaldo constitucional y permitir que la Federaci�n invada la esfera de facultades exclusivas de los Estados.

    1. Que los art�culos transitorios segundo y tercero del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, son inconstitucionales por lo siguiente:

  9. Que reconoce con vida jur�dica a un reglamento t�citamente derogado, no obstante que �ste dej� de tener vigencia en atenci�n a la reforma del art�culo 115 constitucional citada, otorgando a los M. el derecho de recibir participaciones federales que las Legislaturas Estatales les otorgaran, sin que el precepto constitucional faculte a la autoridad hacendaria federal a tener participaci�n alguna en la vida de los M., por lo que se violan los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b) y 124 de la Constituci�n Federal, al pretender prolongar la vigencia de una ley secundaria que la perdi� desde mil novecientos ochenta y tres.

  10. Que no obstante la reforma al art�culo 115 constitucional en comento, no se aplica este precepto ni el texto vigente del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., en el que adopt� la legislaci�n secundaria lo ordenado en la Constituci�n Federal, que imped�a a la Federaci�n disponer y retener las participaciones federales de los M., en virtud de que se ordena por una autoridad federal la retenci�n de las participaciones de los M., con lo que se vulnera el texto constitucional.

  11. Que impiden la aplicaci�n de la reforma constitucional en comento, en el sentido de que sean los Estados, por medio de leyes estatales de deuda, quienes fijen los montos, bases y plazos en los que se habr�a de disponer de las participaciones federales, no obstante el supuesto contrato celebrado en mil novecientos noventa y cuatro por el Municipio actor y la instituci�n bancaria que solicit� la afectaci�n de participaciones, ya que �ste se llev� a cabo despu�s de que la Federaci�n perdi� la facultad de retener las participaciones federales a los M..

  12. Que al reformarse el art�culo 115 constitucional, la Federaci�n dej� de tener las facultades legales que le conced�a el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y las que se derivan de su reglamento, torn�ndose ineficaces desde aquel momento, por lo que s�lo contaba con la obligaci�n de participar a los Estados de los ingresos obtenidos con base en los convenios de coordinaci�n fiscal, es decir, s�lo era un puente para su recepci�n y entrega, mas perdi� facultades para disponer de ellos y, por ende, para retenerlos y entregarlos en pago de supuestos adeudos, lo cual corresponde a los Estados.

  13. Que con motivo de la reforma al art�culo 115 de mil novecientos ochenta y tres, perdieron vigencia elart�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento, ya que de acuerdo con el principio de supremac�a constitucional previsto en el art�culo 133 constitucional, se derogan expresamente todas las disposiciones legales que se opongan a su texto.

  14. Que el texto de la norma que se aplica deriva de los art�culos segundo y tercero transitorios en comento, en donde se pretende dar vigencia a un reglamento que no la tiene en el marco constitucional vigente, lo que se desprende del segundo transitorio de la reforma al art�culo 115 constitucional, que ordenaba reformar las leyes correspondientes para la exacta aplicaci�n del texto de este precepto constitucional, por lo que los transitorios en cuesti�n no tienen respaldo constitucional y permiten que la Federaci�n afecte la esfera de facultades de los Estados.

  15. Que la inconstitucionalidad de los transitorios a estudio, se desprende del nuevo Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., que en su parte considerativa se�ala que la inscripci�n en el Registro de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico previsto en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., se realizar� para efectos informativos, en virtud de la existencia de sistemas de registro y pago estatales, y de que la secretar�a ya no tiene a su cargo la ejecuci�n de las participaciones afectadas, situaci�n que opera no s�lo desde mil novecientos noventa y cinco, sino desde mil novecientos ochenta y tres, en que la Federaci�n perdi� la facultad para disponer y retener participaciones, pues esta disposici�n se elev� a rango constitucional desde esta �ltima fecha, y en ella se confiri� a los Estados la potestad de decidir las bases, montos y plazos en los que se habr�a de disponer de las participaciones federales que le correspondan a los M..

    1. Que es inconstitucional el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, por lo siguiente:

  16. Que rebasa el texto de la ley que dice reglamentar, ya que el Poder Legislativo en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., delimit� de manera expresa cu�les ser�an las disposiciones reguladas por el reglamento que de dicho dispositivo legal emitiera el Ejecutivo Federal, esto es, que contendr�a los requisitos para el registro de obligaciones de las entidades y M.; por tanto, el Ejecutivo Federal se excede en su facultad reglamentaria delimitada por el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, porque crea una figura completamente ajena a los requisitos para el registro de obligaciones y empr�stitos, que es el tr�mite de ejecuci�n sobre participaciones federales que la ley no contempla cuando solamente puede proveer la exacta observancia de la ley, cuesti�n que al no darse en el caso implica una invasi�n a la esfera competencial del Poder Legislativo.

  17. Que se viola el art�culo 14 constitucional porque la ley que se pretende aplicar no establece procedimiento alguno para ejecutar el supuesto incumplimiento de obligaciones y empr�stitos, sino que �ste se prev� en un reglamento que no refleja el texto de la norma, puesto que si la ley no contiene procedimiento de ejecuci�n el reglamento no lo puede crear, ya que esto implica afectaci�n a la esfera de competencia del Poder Legislativo, por lo que s�lo la ley pudo haber previsto dicho procedimiento para ejecutar el supuesto incumplimiento de obligaciones y empr�stitos, m�xime que la norma no previene cu�l ser�a la autoridad ejecutora, toda vez que a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la ley s�lo le concede facultades para registrar las referidas obligaciones y empr�stitos, mas no para ejecutarlos.

    Que el art�culo 14 constitucional prev� que para afectar los derechos, posesiones o propiedades de una persona, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a la ley expedida con anterioridad al acto, por lo que s�lo en la ley puede establecerse un procedimiento que tenga tales formalidades, no as� en un reglamento; por tanto, si en la especie el Ejecutivo Federal fue quien lo cre� por medio de un reglamento que ni siquiera tiene vigencia actualmente, es inconstitucional al haberse rebasado el texto expreso de la ley.

  18. Que se violan los art�culos 14 y 115, fracci�n IV, inciso b), constitucionales, toda vez que al reformarse el texto de este �ltimo precepto constitucional, el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., es inconstitucional por falta de vigencia y porque el tr�mite que contiene su art�culo 11, al no contemplar las formalidades esenciales del procedimiento, previo a la afectaci�n de las participaciones federales, vulnera la garant�a de audiencia, ya que no establece la notificaci�n del procedimiento, ni la de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se fincar� la defensa y de alegar, ni el dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas.

    A efecto de resolver los conceptos de invalidez propuestos, en primer lugar, se debe atender al contenido de los preceptos constitucionales cuya violaci�n se alega, que son del tenor siguiente:

    "Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

    "Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."

    "Art�culo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

    "I.P. y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. ..."

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "...

    "IV. Los M. administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    "...

    "b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los M. con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados."

    "Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

    "Art�culo 126. No podr� hacerse pago alguno que no est� comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior."

    Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

    De lo transcrito se advierte, en lo que al caso interesa, que los preceptos constitucionales a estudio prev�n las garant�as de irretroactividad de la ley y de audiencia (art�culo 14 constitucional); la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal (art�culo 89, fracci�n I); la libre administraci�n hacendaria del Municipio sobre las participaciones federales que le correspondan (art�culo 115, fracci�n IV, inciso b); la distribuci�n de competencias entre Federaci�n y Estados (art�culo 124); la administraci�n del gasto p�blico (art�culo 126); y la supremac�a constitucional (art�culo 133).

    En cuanto a las cuestiones anotadas, se debe precisar lo siguiente:

    El art�culo 14 constitucional se�ala que a ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce tambi�n como conflicto de leyes en el tiempo.

    Respecto a la retroactividad en comento, este Tribunal Pleno ha sustentado la tesis jurisprudencial publicada con el n�mero P./J. 123/2001, p�gina diecis�is, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

    RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACI�N CONFORME A LA TEOR�A DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teor�a, para determinar si una ley cumple con la garant�a de irretroactividad prevista en el primer p�rrafo del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jur�dica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aqu�l se realiza, �sta debe producirse, gener�ndose, as�, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma est�n en posibilidad de ejercitar aqu�llos y cumplir con �stas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realizaci�n ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposici�n jur�dica, es fundamental determinar las hip�tesis que pueden presentarse en relaci�n con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jur�dica. Al respecto cabe se�alar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hip�tesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jur�dica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposici�n legal posterior podr� variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garant�a de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jur�dica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podr� variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Tambi�n puede suceder que la realizaci�n de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realizaci�n de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos despu�s de que la nueva disposici�n entr� en vigor, sino que tal realizaci�n estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o t�rmino espec�fico, o simplemente porque la realizaci�n de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposici�n tampoco deber� suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la raz�n sencilla de que �stas no est�n supeditadas a las modalidades se�aladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jur�dica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podr� modificar los actos de supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previ�, sin violar la garant�a de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previ�, si son modificados por una norma posterior, �sta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habr�n de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de �sta las que deben regir su relaci�n, as� como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

    Por otra parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis publicada con el n�mero 2a. LXXXVIII/2001, p�gina trescientos seis, T.X., junio de dos mil uno, Segunda Sala, Novena �poca, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, se pronunci� en los t�rminos siguientes:

    IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANT�A CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACI�N S�LO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretaci�n que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha hecho del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se proh�be, se desprende que �sta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedici�n de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o a afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produci�ndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jur�dico, o bien, es aquel que implica la introducci�n de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jur�dico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensi�n o esperanza de que se realice una situaci�n determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o acto concreto de aplicaci�n no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garant�a de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.

    Este Tribunal Pleno comparte el criterio jur�dico sustentado en la tesis transcrita, toda vez que la irretroactividad debe entenderse referida tanto al legislador, por cuanto a la expedici�n de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad al modificar o afectar derechos adquiridos y la segunda al aplicarlo, produci�ndose en ambos casos el efecto prohibido por el �rgano reformador de la Constituci�n.

    En cuanto al derecho adquirido debe entenderse que es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jur�dico, o bien, es aquel que implica la introducci�n de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jur�dico; en cambio, la expectativa de derechos es una pretensi�n o esperanza de que se realice una situaci�n determinada que va a generar con posterioridad un derecho, es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro, por lo que cuando una ley o un acto concreto de aplicaci�n no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, no violan la garant�a de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.

    Por otra parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis publicada con el n�mero 2a. LVII/2002, p�gina trescientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, se pronunci� en el siguiente sentido:

    "IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. EL ART�CULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORM�, ADICION� Y DEROG� DISPOSICIONES DE DIVERSAS LEYES RELACIONADAS CON EL TRATADO DEL LIBRE COMERCIO DE AM�RICA DEL NORTE, ENTRE ELLAS, LA LEY DE EXPROPIACI�N, NO VIOLA ESA GARANT�A INDIVIDUAL, YA QUE �NICAMENTE PRECISA EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE APLICAR�. El art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se�ala como garant�a individual que a ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce tambi�n como conflicto de leyes en el tiempo; asimismo, en relaci�n con la figura de la retroactividad, existe otra denominada ?ultra actividad? de la ley, que consiste en que la norma, a pesar de haber sido derogada o abrogada, se sigue aplicando a hechos o actos que se producen con posterioridad a la iniciaci�n de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia. En ese tenor, el art�culo tercero transitorio del decreto que reform�, adicion� y derog� disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado del Libre Comercio de Am�rica del Norte, entre ellas, la Ley de Expropiaci�n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintid�s de diciembre de mil novecientos noventa y tres, no viola la garant�a individual referida, pues en aquel numeral se dispone que la reforma al art�culo 10 de la Ley de Expropiaci�n se aplicar� a las expropiaciones que se realicen a partir de la entrada en vigor del propio decreto, esto es, dicha disposici�n no vuelve al pasado modificando una situaci�n favorable a un gobernado creada por la ley anterior, sino que s�lo precisa el momento a partir del cual se aplicar� la norma, de manera que la ultra actividad del referido art�culo 10 es consecuencia l�gica del mencionado numeral tercero transitorio, puesto que las expropiaciones ordenadas con anterioridad les tendr� que seguir siendo aplicable ese dispositivo, que si bien para las expropiaciones decretadas con posterioridad a la entrada en vigor del decreto ya no estar� vigente, continuar� est�ndolo para las dispuestas con anterioridad."

    Este Tribunal Pleno comparte el criterio jur�dico sustentado en la tesis transcrita, en cuanto que respecto de la figura de la retroactividad existe la denominada "ultra actividad" de la ley, que consiste en que la norma, a pesar de haber sido derogada o abrogada, se sigue aplicando a hechos o actos que se producen con posterioridad a la iniciaci�n de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia.

    El art�culo 14 de la Constituci�n Federal tambi�n consagra la garant�a de audiencia, que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo de libertad y, en su debido respeto, se impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", que son las que resultan necesarias para garantizar el derecho de defensa antes de ese acto de privaci�n, traduci�ndose, entre otras, en que se debe dar la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, entendiendo por tal concepto la oportunidad que se otorgue a las partes para hacer valer sus razones, ya sea verbalmente o por escrito, la manifestaci�n de hechos o argumentos de derecho que una parte hace en el proceso, como raz�n o fundamento de su pretensi�n.

    El art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal, faculta al Poder Ejecutivo Federal para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Poder Legislativo, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aqu�llas se distinguen de �stas b�sicamente en que provienen de un �rgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que est� instituido para acatarla en cuanto dimana delLegislativo, de donde, por definici�n, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinaci�n jer�rquica a la misma.

    El principio de reserva de ley, que desde su aparici�n como reacci�n al poder ilimitado del monarca hasta su formulaci�n en las Constituciones modernas ha encontrado su justificaci�n en la necesidad de preservar los bienes jur�dicos de mayor val�a de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), proh�be al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definici�n de los tipos penales, las causas de expropiaci�n y la determinaci�n de los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinaci�n jer�rquica exige que el reglamento est� precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificaci�n y medida.

    Adem�s, la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al Poder Ejecutivo Federal y a los gobernadores de los Estados, en sus respectivos �mbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la divisi�n de poderes imperante, en la expedici�n de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecuci�n de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, a t�tulo de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificaci�n.

    El art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, prev� que los M. administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso, de las participaciones federales que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los M. con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. Es decir, precisa en lo particular uno de los conceptos de la hacienda municipal que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, lo que debe entenderse como el r�gimen que estableci� el �rgano reformador de la Constituci�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los M., con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos.

    El art�culo 124 de la Constituci�n Federal prev� la distribuci�n de competencias Federaci�n y Estados, respecto de lo cual este Alto Tribunal ha considerado que del contenido de los art�culos 1o., 40, 41, primer p�rrafo, 43, 44, 49, 105, fracci�n I, 115, fracci�n I, 116, primero y segundo p�rrafos, 122, primero y segundo p�rrafos, 124 y 133 de la Constituci�n Federal, puede distinguirse la existencia de cuatro �rdenes jur�dicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre s�, contando con autonom�a para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes.

    De esta manera, el sistema de distribuci�n de competencias que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se integra b�sicamente por las facultades conferidas expresamente a la Federaci�n, las potestades asignadas en el art�culo 115 de la misma a los M., y por las restantes que de acuerdo con su art�culo 124, corresponden a las entidades federativas. As�, el �mbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federaci�n o a los M..

    Al efecto, en las tesis jurisprudenciales publicadas con los n�meros P./J. 95/99, p�gina setecientos nueve, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta y P./J. 81/98, p�gina setecientos ochenta y ocho, T.V., diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta que, respectivamente, se�alan:

    "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS �RDENES JUR�DICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCI�N FEDERAL TIENEN AUTONOM�A FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS. Del contenido de los art�culos 1o., 40, 41, primer p�rrafo, 43, 44, 49, 105, fracci�n I, 115, fracci�n I, 116, primero y segundo p�rrafos, 122, primero y segundo p�rrafos, 124 y 133, de la Constituci�n Federal, puede distinguirse la existencia de cuatro �rdenes jur�dicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre s�, contando con autonom�a para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes."

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCI�N DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACI�N, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. El sistema de distribuci�n de competencias que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se integra b�sicamente y en lo que ata�e a las hip�tesis examinadas por las facultades conferidas expresamente a la Federaci�n, las potestades asignadas en el art�culo 115 de la misma a los M. y, por las restantes que, de acuerdo con su art�culo 124, corresponden a las entidades federativas. As�, el �mbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federaci�n o a los M..

    El art�culo 126 de la Constituci�n Federal prev� lo relativo a la administraci�n del gasto p�blico, el cual doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social y un alcance de inter�s colectivo, y es y ser� siempre gasto p�blico, que el importe de lo recaudado por la Federaci�n a trav�s de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se destine a la satisfacci�n de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas y sociales o los servicios p�blicos. El concepto material de gasto p�blico ser� comprendido en su cabal integridad si se le aprecia tambi�n a trav�s de su concepto formal, como es, entre otros, el art�culo 126 de la Constituci�n Federal, que dispone que no podr� hacerse pago alguno que no est� comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, por lo que el gasto p�blico debe estar determinado en el presupuesto de egresos de la Federaci�n, en observancia de lo ordenado por el precepto constitucional en comento. El concepto material de gasto p�blico estriba en el destino de un impuesto para la realizaci�n de una funci�n p�blica espec�fica o general, a trav�s de la erogaci�n que realice la Federaci�n directamente o por conducto del organismo descentralizado encargado al respecto, formalmente, este concepto se da cuando en el presupuesto de egresos de la Federaci�n est� prescrita la partida correspondiente.

    Por �ltimo, el art�culo 133 de la Constituci�n Federal prev� el principio de supremac�a constitucional, de acuerdo con el cual la Constituci�n Federal y las leyes que de ella emanen, as� como los tratados celebrados con potencias extranjeras por el Poder Ejecutivo Federal con aprobaci�n del Senado, constituyen la Ley Suprema de la Uni�n, por lo que los Jueces de cada Estado deber�n arreglarse a dichos ordenamientos a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, los Estados que constituyen la Rep�blica deben permanecer en uni�n con la Federaci�n, seg�n los principios de la Ley Fundamental, por lo que deber�n sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Constituci�n Federal, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar estas �ltimas disposiciones y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constituci�n Local correspondiente.

    Por su parte, los art�culos tachados de inconstitucionales que ser�n materia de an�lisis en esta controversia, d�cimo tercero, numeral III, del decreto de reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos; y segundo y tercero transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, respectivamente, se�alan:

    "Art�culo d�cimo tercero. En relaci�n con las modificaciones a que se refiere el art�culo d�cimo segundo que antecede, se estar� a lo siguiente:

    "...

    "III. La reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., no ser� aplicable a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al 31 de diciembre de 1995."

    "Art�culo 11. La inscripci�n de las obligaciones directas o contingentes a cargo de las entidades federativas o municipales confiere a los acreditantes el derecho a que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduciendo su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales.

    "En este caso, el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio. La secretar�a deber� confirmar la mora existente y, en su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a dichas entidades o M.."

    "Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente reglamento, queda abrogado el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de julio de 1982 y sus modificaciones publicadas en el mismo �rgano de difusi�n oficial el 28 de enero del 2000."

    Tercero. Las obligaciones inscritas en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, continuar�n regul�ndose por las disposiciones del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de julio de 1982 y modificado por decreto publicado en el mismo �rgano de difusi�n oficial el 28 de enero del 2000.

    De los preceptos transcritos se advierte, respectivamente, lo siguiente:

    1. Que a la deuda contra�da por las entidades federativas y M. al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, no le ser�a aplicable el contenido de la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre del citado a�o.

    2. Que la inscripci�n de las obligaciones directas o contingentes a cargo de las entidades federativas o M., confiere a los acreditantes el derecho que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduci�ndose su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales, para lo cual el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y comunicarlo simult�neamente a la entidad federativa y Municipio; dicha secretar�a deber� confirmar la mora existente y, en su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, e informarlo a dichas entidades o M..

    3. Que se abroga el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y sus modificaciones publicadas en el mismo �rgano de difusi�n oficial el veintiocho de enero de dos mil, y que las obligaciones inscritas en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento referido (quince de octubre de dos mil uno), continuar�an regul�ndose por las disposiciones del reglamento multicitado, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos.

      Conviene agregar que el art�culo 9o., tercer p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., a que se refiere el art�culo d�cimo tercero transitorio, prev�:

      "Art�culo 9o. ...

      Las entidades y M. efectuar�n los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectaci�n de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deber�n contar con un registro �nico de obligaciones y empr�stitos, as� como publicar en forma peri�dica su informaci�n con respecto a los registros de su deuda.

      Asimismo, debe agregarse que el p�rrafo tercero del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., vigente antes de su reforma de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se�alaba:

      "Art�culo 9o. ...

      La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico efectuar� pagos de las obligaciones garantizadas con afectaci�n de participaciones siguiendo el orden cronol�gico de su inscripci�n.

      De los preceptos transcritos se advierte que con la reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico dej� de tener facultades para efectuar pagos de las obligaciones garantizadas con afectaci�n de participaciones que les correspondan a las entidades y M..

      Ahora bien, de acuerdo con los conceptos de invalidez planteados, en primer lugar se debe determinar si las disposiciones aplicadas para la afectaci�n de las participaciones del Municipio actor, fueron o no derogadas por la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

      En el decreto de reforma al precepto constitucional mencionado, en su art�culo segundo transitorio se se�al�:

      Art�culo segundo. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, en el plazo de un a�o computado a partir de la vigencia de este decreto, proceder�n a reformar y adicionar las leyes federales, as� como las Constituciones y leyes locales, respectivamente, para proveer al debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo. Las contribuciones locales y las participaciones a que se refieren los incisos a) al c) de la fracci�n IV, se percibir�n por los M. a partir del 1o. de enero de 1984.

      El transitorio transcrito contiene la obligaci�n para las Legislaturas Federal y de los Estados, de que en el plazo de un a�o computado a partir de la vigencia del decreto que lo contiene, procedieran a reformar y adicionar las leyes federales, as� como las Constituciones y leyes locales, para proveer al debido cumplimiento de las bases que se contienen en el referido decreto.

      De conformidad con el art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), constitucional reformado, y cuya violaci�n se alega, la Federaci�n deber� cubrir a los M. las participaciones federales con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las Legislaturas de los Estados.

      En cuanto a las participaciones mencionadas, resulta necesario precisar lo siguiente:

      La caracter�stica particular de las participaciones consiste en que tanto la Federaci�n como los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, el legislador estableci� la celebraci�n de convenios de coordinaci�n fiscal, en virtud de los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer grav�menes sobre las materias que tambi�n prev�n las leyes federales, podr�n beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de Participaciones formado con la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan con la Federaci�n, en t�rminos de lo dispuesto por la Ley de Coordinaci�n F. y del presupuesto de egresos de la Federaci�n. A las Legislaturas Locales corresponde establecer su distribuci�n entre los M. mediante disposiciones de car�cter general.

      El art�culo 1o. de la Ley de Coordinaci�n F., en la parte que a este asunto interesa, prev�:

      Art�culo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federaci�n con los de los Estados, M. y Distrito Federal, establecer la participaci�n que corresponda a sus haciendas p�blicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci�n administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinaci�n fiscal y dar las bases de su organizaci�n y funcionamiento. ...

      De lo transcrito se advierte que el objeto de la Ley de Coordinaci�n F. es coordinar el sistema fiscal de la Federaci�n con los Estados, M. y el Distrito Federal, as� como establecer las participaciones que correspondan, entre otras, a las haciendas p�blicas de los M., as� como su distribuci�n entre ellos.

      Por disposici�n del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal, las participaciones federales forman parte de los conceptos que integran la hacienda p�blica municipal, respecto de los cuales los M. gozan de libre administraci�n, lo que debe entenderse como el r�gimen que estableci� el �rgano reformador de la Constituci�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los M., con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos.

      En este tenor, toda vez que los M. gozan de libertad para administrar las participaciones federales que les correspondan, en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. anterior al reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el cual no es materia de impugnaci�n en este asunto, se autoriza a dichos M. a afectar las participaciones que les correspondan, como garant�a de las obligaciones que contraigan, siempre y cuando esto se encuentre autorizado por la Legislatura del Estado e inscrita en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de las Entidades Federativas y M. que lleva la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y los Estados.

      Derivado de lo anterior, en el p�rrafo tercero del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. mencionado en el p�rrafo anterior, se se�alaba que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico realizar�a el pago de las obligaciones garantizadas con afectaci�n de las participaciones siguiendo el orden cronol�gico de su inscripci�n.

      Asimismo, en el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas yM., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, se faculta a la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico para hacer los descuentos a las participaciones que le correspondan a las entidades o M., por el incumplimiento de las obligaciones contra�das por �stos e inscritas en el registro mencionado.

      De todo lo anotado se concluye que la norma constitucional y las ordinarias en cuesti�n no contienen disposiciones que se opongan una con otra, ni que se nieguen entre s�, ya que tanto el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento impugnados no dicen lo contrario de lo que el precepto constitucional afirma, ni niega lo que �ste da por cierto en cuanto a la obligaci�n de la Federaci�n de cubrir las participaciones que en ingresos federales les correspondan a las entidades y M., de acuerdo con las bases, montos y plazos que anualmente determinen las Legislaturas de los Estados, sino que regula lo relativo al pago que la Federaci�n deber� realizar de las obligaciones incumplidas contra�das por las entidades federativas y M. que se hubieren garantizado con la afectaci�n de las participaciones que por ingresos federales correspondan a esos niveles de gobierno, descontando de tales participaciones los montos correspondientes a las cantidades adeudadas.

      De esta manera, el reglamento impugnado no se contrapone a lo previsto por el art�culo segundo transitorio del decreto de reformas al art�culo 115 constitucional de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, ya que no limita ni impide el ejercicio de las facultades de las Legislaturas de los Estados, porque los pagos de las obligaciones incumplidas en comento los realizar� la secretar�a una vez que, anualmente, las legislaturas mencionadas determinen las participaciones federales que les correspondan a los M..

      No es �bice a lo anterior, que en ambas normas se trate de participaciones que por ingresos federales correspondan a las entidades o M., pues una nace de un derecho de estos niveles de gobierno a recibir participaciones por parte de la Federaci�n y el segundo de una obligaci�n contra�da e incumplida por esos niveles de gobierno. Adem�s, los referidos descuentos los realiza la secretar�a una vez que las Legislaturas de los Estados determinan las participaciones federales que les corresponder�n a los M. y se logra la recaudaci�n, pues no se podr�a hacer descuento alguno sobre un concepto cuyo monto de percepci�n no se encuentra previamente determinado ni recaudado.

      En efecto, los descuentos se realizan sobre cantidades determinadas de participaciones que les correspondan a los M., las cuales se dan en el momento en que la Federaci�n, por conducto de los Estados, entrega materialmente a los M. los montos correspondientes, y no cuando la Legislatura Local realiza el c�lculo o determinaci�n relativa, ya que �sta podr�a variar de acuerdo con la recaudaci�n lograda. Lo considerado se desprende de lo previsto por el art�culo 7o. de la Ley de Coordinaci�n F., que se�ala:

      "Art�culo 7o. El Fondo General de Participaciones se determinar� por cada ejercicio fiscal de la Federaci�n, la cual en forma provisional har� un c�lculo mensual considerando la recaudaci�n federal participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se proceder� con las participaciones a que se refieren las fracciones I y III, incisos a) y b), del art�culo 2o. A de esta ley.

      "Las entidades dentro del mismo mes en que se realice el c�lculo mencionado en el p�rrafo que antecede, recibir�n las cantidades que les correspondan conforme a esta ley, en concepto de anticipos a cuenta de participaciones.

      "Cada cuatro meses la Federaci�n realizar� un ajuste de las participaciones, efectuando el c�lculo sobre la recaudaci�n obtenida en ese periodo. Las diferencias resultantes ser�n liquidadas dentro de los dos meses siguientes.

      "A m�s tardar dentro de los cinco meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, �sta determinar� las participaciones que correspondan a la recaudaci�n obtenida en el ejercicio, aplicar� las cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los fondos y formular� de inmediato las liquidaciones que procedan.

      "Durante los primeros meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de Participaciones a que se refiere la fracci�n II del art�culo 2o., as� como las que se establecen en las fracciones I y III, incisos a) y b), del art�culo 2o. A de esta ley, se calcular�n provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la informaci�n necesaria para calcular los nuevos coeficientes."

      En estas circunstancias, las disposiciones tachadas de inconstitucionales en comento regulan cuestiones diferentes a las previstas en el art�culo 115 constitucional y, por ello, no son incompatibles entre s�, ni se aplica un texto rebasado por la Constituci�n Federal.

      Precisado lo anterior debe se�alarse que es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que de conformidad con el art�culo 9o. del C�digo Civil Federal, la ley s�lo queda abrogada o derogada por otra posterior que as� lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior, de lo que se deducen dos clases de derogaci�n, expresa y t�cita; una, cuando expresamente en una ley se declara la supresi�n total o parcial de otra anterior que reg�a sobre la misma materia, y otra, cuando queda abolida una norma jur�dica al emitirse una nueva ley que la sustituya o que contenga preceptos contradictorios, lo que tiene su justificaci�n en el hecho de que si el legislador ha emitido una nueva disposici�n que var�e un sistema legal, su intenci�n ha sido que �ste quede suprimido o reformado, esto es, m�s l�gico aun trat�ndose de dos disposiciones contradictorias dictadas en distintas �pocas, ya que la �ltima no podr�a observarse sin contrariar la anterior, por lo que �sta debe quedar abolida, pues ser�a imposible conservar a las dos su fuerza para que fueran observadas conjuntamente.

      De esta manera, si por una parte en el art�culo segundo transitorio del decreto de reformas al art�culo 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, no se se�ala que a su entrada en vigor se derogaban o abrogaban todas las normas respectivas vigentes en ese momento, como son el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento publicados en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, respectivamente, o todas aquellas que contravinieran esa reforma constitucional, en el caso no puede existir la derogaci�n textual ni t�cita de las disposiciones secundarias mencionadas y, por ende, �stas no dejaron de tener vigencia, en raz�n de la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal mencionada.

      Como consecuencia de lo anterior, al no existir la contradicci�n alegada entre la norma constitucional, por una parte, y el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., por otra, esta disposici�n, as� como los art�culos d�cimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y segundo y tercero transitorios del reglamento de ese art�culo 9o., publicado el quince de octubre de dos mil uno, que prev�n la no aplicaci�n de las reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y de su reglamento, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, no resultan inconstitucionales.

      Por otra parte, en virtud de la conclusi�n alcanzada, tampoco se afecta el �mbito competencial que el numeral 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n Federal reformado, confiere a las Legislaturas de los Estados para determinar anualmente las bases, montos y plazos en que la Federaci�n cubrir� a los M. las participaciones que en ingresos federales les corresponden, y como consecuencia el art�culo 124 constitucional, toda vez que la norma reglamentaria impugnada no concede competencia a la Federaci�n para determinar lo anterior, sino �nicamente la obligaci�n de efectuar el pago de las obligaciones contra�das e incumplidas por las entidades y M., garantizadas por los propios M. con la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales les correspondan. Adem�s, tales descuentos se realizan previa la determinaci�n que de las participaciones correspondientes a los M. realizan las Legislaturas de los Estados, por lo que esos descuentos se llevan a cabo sobre lo que materialmente recibe el Municipio y no de lo que se planea pueda recibir.

      En las circunstancias anotadas, el reglamento impugnado no viola los art�culos 115 y 124 de la Constituci�n Federal como alega el actor.

      En otro aspecto, en relaci�n con la inconstitucionalidad del art�culo d�cimo tercero transitorio, punto III, del decreto de reforma al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y del segundo y tercero transitorios del reglamento del art�culo citado, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, se debe se�alar que en esos transitorios se estableci� que la reforma al tercer p�rrafo del art�culo 9o. y al reglamento citados, no ser�a aplicable a las deudas contra�das con anterioridad al treinta y uno de diciembre del referido a�o, ni a las obligaciones inscritas al quince de octubre de dos mil uno, disposiciones que indudablemente impiden la aplicaci�n de tales reformas; sin embargo, lo anterior obedece a la necesidad de impedir que la ley nueva afecte derechos adquiridos y que con ello, precisamente se transgreda el principio de irretroactividad de la ley, previsto en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

      Efectivamente, si bien en cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo segundo transitorio del decreto de reformas al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se adecu� el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y el reglamento impugnados, a las bases establecidas en la fracci�n IV de ese precepto constitucional, y en raz�n de esto se reform� el reglamento de ese numeral de la Ley de Coordinaci�n F. y se dispuso que tales reformas no fueran aplicables a la deuda contra�da y a las obligaciones inscritas en el registro correspondiente antes de que entraran en vigor esas reformas, treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y quince de diciembre de dos mil uno, ello fue en respeto al principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el art�culo 14 constitucional, conforme al cual las disposiciones contenidas en las leyes no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos realizados o consumados antes de que aqu�llas entren en vigor.

      En el caso, la inscripci�n de los contratos de deuda cuyo incumplimiento dio lugar a la afectaci�n de las participaciones federales que les corresponden a los M., son acontecimientos que se llevaron a cabo con anterioridad a la vigencia de la reforma impugnada, lo que dio lugar a que en el momento de la inscripci�n naciera para el acreditante el derecho a que la Federaci�n, en caso de incumplimiento del obligado, le hiciera el pago de los cr�ditos respectivos a trav�s de la afectaci�n de las participaciones federales, por lo que de aplicarse una nueva disposici�n jur�dica se afectar�a el derecho adquirido por el acreditante, consistente en que la Federaci�n, en forma directa, le haga el pago de las obligaciones incumplidas por las entidades o M..

      De esta manera, las reformas impugnadas en cuesti�n no pueden aplicarse a acontecimientos que se dieron con anterioridad a su vigencia sin afectar derechos adquiridos y sin violentar el principio de irretroactividad de la ley previsto en el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

      No pasa inadvertido que las reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento fueron publicadas el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y que entr� en vigor el primero de enero del a�o siguiente, con lo que lo dispuesto en el art�culo segundo transitorio de la reforma al art�culo 115 constitucional, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se llev� a cabo en fecha posterior a lo ordenado por ese precepto constitucional; sin embargo, como ya se se�al� en p�rrafos precedentes, el reglamento impugnado no fue derogado t�citamente con la reforma al art�culo 115 mencionado, por lo que no puede estimarse que con lo dispuesto en el transitorio en comento se derogue y se da vigencia a la vez a una disposici�n derogada y que, por ende, se incurra en una contradicci�n.

      Adem�s, no obstante la extemporaneidad en la adecuaci�n de la norma ordinaria, en el caso se logr� el cometido de la reforma constitucional que era adecuar las leyes federales y locales a las bases que se se�alan en la reforma constitucional anotada, por tanto, el transitorio en cuesti�n no resulta inconstitucional; adem�s que en el transitorio del decreto de reforma al art�culo 115 constitucional en comento, no se estableci� sanci�n alguna para el caso de que la adecuaci�n de la norma respectiva al texto constitucional resultara extempor�nea.

      En atenci�n a la conclusi�n alcanzada, tambi�n resultan infundados los conceptos de invalidez en que se aduce que los art�culos segundo y tercero transitorios del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, al disponer que las obligaciones inscritas en el Registro de Obligaciones y E.�stitos mencionado con anterioridad a la entrada en vigor de ese reglamento (quince de octubre de dos mil uno), continuar�an regul�ndose por las disposiciones de ese ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y modificado por decreto publicado en ese mismo �rgano de difusi�n el veintiocho de enero de dos mil, puesto que con la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, no se abrog� t�citamente el multicitado reglamento y, por tanto, la Federaci�n no afecta la esfera competencial de las Legislaturas de los Estados para determinar las participaciones que la Federaci�n cubrir� a los M., de acuerdo con las bases, montos y plazos que este �rgano legislativo determine, pues como ya se dijo, el reglamento impugnado y el art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Federal, no prev�n cuestiones incompatibles, por tanto, no se violan los art�culos 115 y 124 de la Constituci�n Federal.

      Por otra parte, no obstante que por principio de supremac�a constitucional al reformarse un precepto de la Constituci�n Federal respecto de todos aquellos ordenamientos secundarios que se contrapongan sustancialmente a tal reforma, sobrevendr�a una ilegitimidad constitucional; sin embargo, en el caso no existe tal contravenci�n y, por ende, no puede estimarse que el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en cuesti�n viola el principio de supremac�a constitucional, previsto en el art�culo 133 de la Constituci�n Federal.

      En otro aspecto, si bien es cierto que en la parte considerativa del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de octubre de dos mil uno, se se�ala que la inscripci�n de las obligaciones y empr�stitos de los M. prevista en el art�culo 9o. mencionado, s�lo se har�a para efectos informativos y que la Federaci�n ya no tendr�a a su cargo la ejecuci�n de las participaciones afectadas; sin embargo, tales reformas no pueden aplicarse al caso, porque, como ya se dijo, se afectar�an derechos adquiridos por una de las partes que intervinieron en los contratos de deuda que dieron origen a la afectaci�n de participaciones en cuesti�n, las cuales se llevaron a cabo con anterioridad a la vigencia de la reforma del reglamento en cuesti�n, sin que el hecho de que tal reforma haya sido posterior a la del art�culo 115 constitucional de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, implique su derogaci�n o vigencia, pues ya se dijo que �stos no son los alcances de esa reforma constitucional.

      Por �ltimo, los recursos que reciben las entidades federativas y los M. por concepto de participaciones en ingresos federales, se encuentran contenidos en el presupuesto que anualmente autorizan las Legislaturas de los Estados; pero como de conformidad con el art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), constitucional, los M. pueden disponer libremente de sus participaciones, la ley que regula su distribuci�n autoriza a �stos para que las afecten en garant�a del cumplimiento de las obligaciones que contraigan, siempre que tal afectaci�n se encuentre autorizada por las Legislaturas de los Estados e inscritas en el registro correspondiente, como lo se�ala el p�rrafo primero del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F..

      Como consecuencia de lo anotado, en caso de incumplimiento de la obligaci�n contra�da, de conformidad con el reglamento de ese precepto legal, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico est� obligada a hacer efectiva la afectaci�n de participaciones y efectuar el pago de la obligaci�n incumplida, previa la solicitud de pago por parte del acreditado y de la declaratoria de mora correspondiente.

      De lo anterior, se sigue que el pago de las obligaciones en cuesti�n se encuentra autorizado por los �rganos legislativos estatales al autorizar la afectaci�n de las participaciones que les correspondan a las entidades federativas y M., y se deben encontrar contenidos en los presupuestos de egresos correspondientes, ya que los descuentos de las participaciones federales se logran una vez que las Legislaturas Estatales determinaron las que la Federaci�n deber� cubrir a los M. y en el momento en que el Gobierno del Estado realiza la distribuci�n de esos recursos, es decir, los descuentos de participaciones federales en comento, por disposici�n de la ley que regula su distribuci�n, no se logran v�a c�lculo y autorizaci�n en el presupuesto de egresos, sino a trav�s del pago directo, por medio de los descuentos respectivos que realizan los M., haciendo uso de las participaciones que les correspondan y de las cuales pueden disponer libremente de conformidad con lo se�alado por el art�culo 115 de la Constituci�n Federal, una vez que materialmente reciben los recursos mencionados.

      En otro t�pico, no obstante que en el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, no se prev�n expresamente los lineamientos para que la Federaci�n proceda al pago de las participaciones federales que se hubieren afectado en garant�a para el cumplimiento de las obligaciones contra�das por los Estados o M., y que en dicho numeral, el legislador federal se�al�: "En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se se�alar�n los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y M.", esto no implica que el reglamento correspondiente �nicamente deba contener tales requisitos, toda vez que lo relativo a los descuentos de las participacionesfederales como pago de las obligaciones incumplidas por parte de los M., es una cuesti�n que se encuentra contenida en el tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., adem�s de que el pago referido es un efecto de la inscripci�n, como se se�ala en el art�culo 11 del reglamento impugnado; por tanto, lo relacionado con ese pago puede detallarse en las disposiciones reglamentarias, sin que con ello se rebasen los l�mites de las facultades reglamentarias del presidente de la Rep�blica previstas en el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal.

      Por otra parte, cabe recordar que en el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, en su art�culo 11, se se�ala:

      "Art�culo 11. La inscripci�n de las obligaciones directas o contingentes a cargo de las entidades federativas o municipales confiere a los acreditantes el derecho a que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduciendo su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales.

      "En este caso, el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio. La secretar�a deber� confirmar la mora existente y, en su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a dichas entidades o M.."

      De lo transcrito se advierte:

    4. Que la inscripci�n de las obligaciones a cargo de las entidades federativas o M. confiere a los acreditantes el derecho a que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduciendo su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales.

    5. Que el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio.

    6. La secretar�a deber� confirmar la mora existente.

    7. En su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a la entidad o Municipio correspondiente.

      Lo anterior revela que en el art�culo 11 en comento, existen lineamientos para que la Federaci�n afecte las participaciones correspondientes a las entidades o M. en caso de incumplimiento de las obligaciones contra�das por �stos, exigiendo previamente la presentaci�n de la solicitud de pago correspondiente por parte del acreditante ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico; la comunicaci�n simult�nea de �sta a la entidad federativa o Municipio; la confirmaci�n de la mora existente por parte de la secretar�a; y, en su caso, la realizaci�n del pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a la entidad o Municipio correspondiente, es decir, en el numeral transcrito se prev� la oportunidad de que el afectado conozca la causa legal del procedimiento de que es objeto, no obstante que en el reglamento en cuesti�n no se prevean las formalidades que la autoridad debe seguir para realizar la notificaci�n de la solicitud de afectaci�n presentada, pues en dado caso, dicha autoridad deber� ajustarse a las disposiciones que resulten aplicables, al caso, para no dejar en estado de indefensi�n al notificado, al momento de llevar a cabo la notificaci�n correspondiente, por lo que el precepto en cuesti�n no contraviene al art�culo 14 constitucional.

      Asimismo, el precepto a estudio no establece un plazo para ofrecer y desahogar pruebas, ni para alegar; sin embargo, tal circunstancia no implica que no puedan ofrecerse las pruebas y alegatos en el procedimiento de pago correspondiente, ya que el dispositivo tachado de inconstitucional en ning�n momento proh�be o limita tal posibilidad, y si bien no se�ala un periodo para ello, tampoco proh�be expresamente que se puedan ofrecer pruebas, desahogarlas y alegar.

      Por �ltimo, el precepto en cuesti�n prev� el dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas, al se�alar que la autoridad hacendaria federal efectuar� la declaratoria de mora y, en su caso, efectuar� el pago respectivo, inform�ndolo a la entidad o Municipio correspondiente.

      En virtud de lo anterior, el precepto en cuesti�n contempla la garant�a de audiencia para aquella entidad federativa o Municipio que resulte afectado en sus participaciones, en raz�n de haber comprometido sus participaciones como garant�a del cumplimiento de las obligaciones contra�das, por lo que el precepto en cuesti�n no viola el art�culo 14 de la Constituci�n Federal.

      Por otro lado, el reglamento impugnado no rebasa los l�mites de la facultad reglamentaria concedida al Ejecutivo Federal por el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n, puesto que en la norma impugnada s�lo se precisa a detalle la forma en que la Federaci�n realizar� el descuento de las participaciones federales afectadas en garant�a para el cumplimiento de las obligaciones y empr�stitos contra�dos por los M., previsto en el tercer p�rrafo del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., es decir, la norma reglamentaria en comento no rebasa los l�mites que se�ala la ley para detallar y pormenorizar en el reglamento impugnado, toda vez que en �ste no s�lo precisan los requisitos para la inscripci�n de obligaciones en el registro respectivo de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, como lo se�ala el art�culo 9o., �ltimo p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n F., sino tambi�n detalla lo que prev� en forma general ese precepto, en relaci�n con el pago que debe realizar la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en caso de incumplimiento de los niveles de gobierno obligados con la afectaci�n de sus participaciones federales, que se prev� en el p�rrafo tercero del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. vigente antes de la reforma, materia de esta controversia, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

      Adem�s, si en el p�rrafo tercero del art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. aplicable al caso, se se�ala: "La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico efectuar� pagos de las obligaciones garantizadas con afectaci�n de participaciones siguiendo el orden cronol�gico de su inscripci�n.", sin establecer el procedimiento de pago correspondiente, esto no significa que no pueda contenerse en el reglamento respectivo, pues al preverse en la ley la disposici�n de pago mencionada en forma general, el reglamento, dada su naturaleza, puede contener el procedimiento correspondiente, ya que as� detalla en forma precisa lo que en forma gen�rica estableci� la ley, por lo que de ninguna forma puede estimarse que el Ejecutivo Federal no haya prove�do a trav�s del reglamento impugnado, en su art�culo 11, a la exacta observancia de la ley; adem�s que el pago de las participaciones en cuesti�n, es un efecto de la inscripci�n de las obligaciones contra�das por los M., por lo que s� puede regularse en la disposici�n correspondiente al normarse lo relativo a los requisitos de la inscripci�n de las multicitadas obligaciones, consecuentemente, a trav�s del reglamento impugnado, el Ejecutivo Federal provey� a la exacta observancia de la ley y, por ende, no invade la esfera competencial del Poder Legislativo.

      Cabe aclarar que en atenci�n a que en p�rrafos precedentes se lleg� a la consideraci�n de que el reglamento a estudio no dej� de tener vigencia para las deudas contra�das hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, como sucede en el caso, no puede estimarse que se haya rebasado el texto expreso de la ley.

      En las circunstancias anotadas, el reglamento impugnado a estudio no resulta violatorio del art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n Federal.

      En m�rito de lo expuesto, los conceptos de invalidez relacionados con la inconstitucionalidad de las normas impugnadas resultan infundados y, por ello, debe reconocerse su validez �nicamente respecto de los art�culos 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y del d�cimo tercero transitorio, punto III, del Decreto de reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y segundo y tercero transitorios del reglamento mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el once de octubre de dos mil uno.

OCTAVO

A continuaci�n deben analizarse los conceptos de invalidez expuestos en relaci�n con los actos de aplicaci�n de las normas impugnadas, consistentes en el procedimiento de pago con afectaci�n de las participaciones federales que le correspondan al Municipio actor, que se traducen en lo siguiente:

  1. La solicitud de pago correspondiente, de quince de marzo de dos mil dos, presentada por Banco Mercantil del Norte, S.

  2. El fax de dieciocho de marzo de dos mil dos, por el que se transmiti� la solicitud de pago mencionada.

  3. Las �rdenes para que se realizara la afectaci�n de participaciones federales mencionada, contenidas en los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077, de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente.

  4. Los efectos y consecuencias de tales �rdenes, que se traducen en los oficios de veinte y veintisiete de marzo de dos mil dos, emitidos por el secretario de P.�n y Finanzas y por el director de Ingresos del Estado, respectivamente.

  5. La constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10162, de veinticinco de marzo de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n.

  6. El recibo oficial G5427494 de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n.

  7. La constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194, de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n.

    Los conceptos de invalidez en comento se hacen consistir en lo siguiente:

    1. Que se violan los art�culos 14 y 115, fracci�n IV, inciso b), constitucionales, porque la Federaci�n no entreg� copia de la solicitud junto con la totalidad de los documentos que hubiere anexado a la misma, impidiendo al Municipio poder manifestarse en torno a ellos, emiti�ndose una orden de afectaci�n de participaciones federales en la que no se permiti� la garant�a de audiencia, ya que nunca se le notific� la solicitud mencionada, de manera simult�nea, por parte del supuesto acreditante, lo que afecta al Municipio actor por el aparente tr�mite en el que no se cumpli� con todos y cada uno de los pasos que marca la norma para poder comparecer a defenderse, en su caso del acto lesivo impugnado, por lo que no se le otorga la garant�a de audiencia.

    2. Que la Federaci�n invade las facultades del Estado, pues pasa por alto que conforme a la fracci�n IV, inciso b), del art�culo 115 constitucional, vigente a partir del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y 82 de la Constituci�n Local, se da la facultad al Poder Legislativo del Estado de reconocer, en su caso, y mandar pagar la deuda p�blica del Estado y Municipio, es decir, el reconocimiento y orden de pago emitido por la Federaci�n, por conducto de un funcionario sin facultades, transgrede la esfera de competencia exclusiva del Estado, pues al Congreso corresponde la facultad de aprobar los programas financieros estatal y municipal.

    3. Que para realizar pago alguno era necesaria la emisi�n del decreto por parte del Poder Legislativo del Estado en el sentido de reconocer y pagar la deuda p�blica, lo que no existe en el caso, no obstante que en respeto a los art�culos 115 y 124 constitucionales, la intervenci�n de la legislatura resultaba un elemento indispensable para que procediera la retenci�n y pago de la deuda, pues el presupuesto de egresos es el �nico documento jur�dico v�lido en donde podr�an establecerse los elementos que por concepto de amortizaci�n y pago se impusieran sobre las participaciones de los M., no as� en documento diverso alguno.

    4. Que s�lo al Poder Legislativo del Estado compete reconocer y mandar pagar la deuda p�blica, sin embargo, deben establecerse en el presupuesto de egresos del Estado los montos, amortizaciones y pago, por lo que no puede derivarse de una solicitud, y menos que �sta motive la retenci�n de las participaciones federales, como lo realiza la Federaci�n.

    5. Que la Federaci�n retiene y amortiza el pago del adeudo en cuesti�n, en una forma, monto y plazo no establecido en ley alguna, mucho menos en el presupuesto, vulner�ndose la esfera competencial del Estado, prevista en la fracci�n IV, inciso b), del art�culo 115 constitucional, m�xime si para ello se funda en normas derogadas de manera t�cita por el texto de la Ley Suprema como es el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. y su reglamento, vigentes previo al tres de febrero de dos mil cuatro.

    6. Que se vulneran los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), 117, fracci�n VIII, 124 y 128 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con los art�culos 27, 49 y 82 de la Constituci�n del Estado y 1o., 5o., 6o., 8o., 11 y 18 de la Ley de Deuda P�blica, por afectarse la esfera de facultades exclusivas del Estado, debido a su falta de intervenci�n y el no ejercicio de las facultades que le confieren las Constituciones Federal y Local, permitiendo, por su abstenci�n, la realizaci�n de un pago no contemplado en el presupuesto ni en ley posterior.

    7. Que la Federaci�n autoriza la retenci�n y ejecuci�n de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Mexicali, Baja California, sin que para ello se haya dado intervenci�n al Poder Legislativo del Estado de Baja California, ya que dicha intervenci�n constitucionalmente tutelada, no se desprende de los documentos de los cuales se ha tenido conocimiento a este momento, siendo un hecho que corresponde a dicha soberan�a estatal la facultad de determinar los montos, plazos y formas de pago, es decir, todos los actos de disposici�n de las participaciones federales.

    8. Que nunca, hasta el momento de la presentaci�n de la demanda, el Poder Legislativo del Estado de Baja California ha emitido acuerdo o decreto en el cual hubiere aprobado contrato de cr�dito alguno, reconocido o autorizado el pago de deuda que se dice existiere a favor de B.�s, S. ni a Banco Mercantil del Norte, S., no habi�ndose reconocido ni ordenado pagar deuda p�blica que se encontrare identificada con el n�mero 749-R/94, de quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la D.�n de Deuda P�blica.

    9. Que se agravia por parte del Poder Ejecutivo del mismo Estado, debido a la ejecuci�n que sin facultades realiza sobre las participaciones federales que corresponden a esta colectividad, no obstante ser esta facultad exclusiva de la Legislatura del Estado por as� establecerlo de manera precisa la Constituci�n Federal y la Constituci�n Pol�tica del Estado, ejecutando la realizaci�n de un pago no contemplado en el presupuesto ni en ley posterior.

    10. Que en los t�rminos del contenido del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n General de la Rep�blica vigente a partir del d�a tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, corresponde a los Estados, por conducto de sus legislaturas, la facultad exclusiva de disposici�n sobre las participaciones federales, para en esa forma poder determinar los montos, plazos y formas de pago de �stas a favor de los M., esto por conducto de las disposiciones generales o leyes que para el efecto emitieran en el marco legal que correspondiera.

    11. Que el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California por conducto del secretario de P.�n y Finanzas invade las facultades exclusivas de la Legislatura del Estado, en virtud de que pasa por alto que corresponde de manera expresa al Poder Legislativo del Estado como legislatura, la potestad �nica de determinar los montos, plazos y forma en que habr�n de ser pagadas y entregadas por la Federaci�n las participaciones federales que corresponden a los M., ya que el texto reformado en tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres del art�culo 115 constitucional, vigente a partir del tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y el art�culo 82 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Baja California, reformado en decreto publicado el treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, as� lo determinan sin necesidad de interpretaci�n alguna.

    12. Que en virtud de que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de su secretario de P.�n y Finanzas ordena y cumple la retenci�n y ejecuci�n de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, sin que exista intervenci�n del Poder Legislativo del Estado, siendo que corresponde a dicha Legislatura Estatal la facultad �nica y exclusiva de determinar los montos, plazos y formas de pago, es decir, todos los actos de disposici�n de las participaciones federales hasta su entrega a los M..

    13. Que se atenta contra el texto de la Constituci�n Federal, en virtud de que dicha orden de ejecuci�n fue emitida sin facultades por parte del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de su secretario de P.�n y Finanzas, al invadirse la esfera de competencia constitucional de la Legislatura del Estado, a la cual no se ha dado intervenci�n en el asunto.

    14. Que para proceder a realizar retenci�n o pago alguno con cargo a las participaciones federales, resultaba necesaria la emisi�n del decreto correspondiente por parte del Poder Legislativo del Estado, en respeto a los art�culos 115 y 124 constitucionales, ya que es precisamente en el presupuesto de egresos el �nico documento jur�dico v�lido en donde podr�an establecerse los montos que por concepto de amortizaci�n o pago se impusieren sobre las participaciones del Municipio, y no en documento diverso.

    15. Que la ejecuci�n sobre las participaciones federales que corresponden al Municipio actor se realiz� sin facultad alguna por parte del Poder Ejecutivo del Estado, transgredi�ndose el orden constitucional federal y estatal, puesto que no compete a �ste sino al Poder Legislativo del Estado el determinar los montos, formas y plazos en que las mismas ser�an cubiertas a este Municipio, mediante disposiciones de car�cter general, no como se hace en el caso, mediante oficio y por autoridad sin competencia constitucional para ello, de ah� que la retenci�n y requerimiento ordenado en v�a de ejecuci�n resulten inconstitucionales.

    16. Que el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la S.�a de P.�n y Finanzas, ejecutan la retenci�n y requieren por la devoluci�n de cantidades ya entregadas en una forma, monto y plazo no establecido en presupuesto ni en ley alguna, vulner�ndose con ello la esfera de competencia exclusiva de la Legislatura del Estado que no ha intervenido, prevista en la fracci�n IV, inciso b), del art�culo 115 constitucional, sobre todo si aparentemente para ello se funda en normas derogadas de manera t�cita por el texto de la Ley Suprema, como lo es el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., vigente con anterioridad al tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y el reglamento del mismo art�culo, que fue publicado previamente a esta �ltima fecha.

    A efecto de resolver las cuestiones debatidas, debe se�alarse que los art�culos 117, fracci�n VIII y 128 de la Constituci�n Federal, prev�n:

    "Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso:

    "...

    "VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones,con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

    "Los Estados y los M. no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas p�blicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica."

    Art�culo 128. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen.

    De lo transcrito se advierte, respectivamente, los supuestos en los que los Estados no pueden contraer obligaciones y empr�stitos, as� como la salvedad de que tanto �stos como los M. pueden contraerlos, siempre y cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos de hasta por los montos que �stas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Asimismo, se advierte el imperativo de que todo servidor p�blico antes de tomar posesi�n de su cargo, ha de manifestar su voluntad de obedecer la Constituci�n y las leyes que de ella emanen, que integran el orden jur�dico que encausa su actuaci�n, someti�ndose a lo que ellas dispongan.

    Precisado lo anterior, debe recordarse que en el estudio relacionado con la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en este asunto, se lleg� a la conclusi�n de que conforme a la reforma del art�culo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en relaci�n con el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y su reglamento, publicado en el mismo �rgano de difusi�n oficial el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, la Federaci�n, a trav�s de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, no afecta el �mbito competencial de las Legislaturas de los Estados para determinar las bases, montos y plazos en que este nivel de gobierno cubrir� a los M. las participaciones federales que les correspondan, en virtud de que en el art�culo 9o. mencionado, y en su reglamento, se faculta a la Federaci�n para afectar tales participaciones, y que estos dispositivos secundarios no contravienen lo previsto por el precepto constitucional citado en cuanto a la determinaci�n de esas participaciones, es decir, la Federaci�n est� facultada para realizar el pago de las obligaciones contra�das por los M., a trav�s de la afectaci�n de participaciones federales que les correspondan en caso de incumplimiento de tales obligaciones.

    En tal virtud, si de conformidad con los preceptos secundarios mencionados, la Federaci�n, a trav�s de la autoridad hacendaria federal, est� facultada para hacer efectiva la afectaci�n de las participaciones comprometidas en garant�a del cumplimiento de las obligaciones contra�das por los M., todos los conceptos de invalidez que se hacen valer en la demanda respecto de dichas facultades resultan infundados.

    A lo anterior debe agregarse, que las autoridades hacendarias del Estado, dependientes del Ejecutivo Estatal, est�n facultadas para llevar a cabo los tr�mites necesarios para la ejecuci�n de las �rdenes de descuento de las participaciones federales en cuesti�n, por lo siguiente:

    Los art�culos 6o. de la Ley de Coordinaci�n F. y 5o. de la Ley de Coordinaci�n F. del Estado de Baja California, en la parte que interesa, respectivamente se�alan:

    "Art�culo 6o. ...

    "La Federaci�n entregar� las participaciones a los M. por conducto de los Estados, dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dar� lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Uni�n para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federaci�n har� la entrega directa a los M. descontando la participaci�n del monto que corresponda al Estado, previa opini�n de la Comisi�n Permanente de Funcionarios F.es.

    "... Los Gobiernos de los Estados publicar�n, cuando menos una vez al a�o, en el Diario Oficial de la entidad, y en uno de los peri�dicos de mayor circulaci�n de la misma, las participaciones que correspondan, durante un a�o, a cada uno de sus M.."

    Art�culo 5o. Las participaciones ser�n cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podr�n ser objeto de reducciones salvo lo dispuesto, por el art�culo 9o. de la Ley Federal de Coordinaci�n F.. Se calcular�n para cada ejercicio fiscal y ser�n entregadas por conducto de la S.�a de P.�n y Finanzas, a m�s tardar dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que el Estado las reciba como pagos provisionales o derivadas de los ajustes cuatrimestrales y del ajuste definitivo anual. ...

    De lo transcrito se advierte que la S.�a de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California est� facultada para entregar las participaciones que les corresponden a los M., por lo que el Poder Ejecutivo del Estado, a trav�s de la secretar�a mencionada, al retener y requerir la devoluci�n de participaciones provisionales entregadas al Municipio actor, no afecta la esfera de atribuciones del Poder Legislativo.

    Adem�s, del art�culo 27 de la Constituci�n del Estado no se advierte que el �rgano legislativo local cuente con las facultades anotadas. El precepto citado se�ala:

    "Art�culo 27. Son facultades del Congreso:

    "I. Legislar sobre todos los ramos de la administraci�n que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, as� como participar en las reformas a esta Constituci�n, observando para el caso los requisitos establecidos;

    "II. Iniciar ante el Congreso de la Uni�n las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federaci�n, as� como proponer la reforma o derogaci�n de unas y de otras;

    "III. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias, para que por s� o por apoderado especial, represente al Estado en los casos que corresponda;

    "IV. Fijar la divisi�n territorial, pol�tica, administrativa y judicial del Estado;

    ".C. y suprimir los empleos p�blicos, seg�n lo exijan las necesidades de la administraci�n, as� como aumentar o disminuir los emolumentos de que �stos gocen, teniendo en cuenta las condiciones de la hacienda p�blica y lo que disponga la Ley del Servicio Civil del Estado;

    "VI. Dar las bases para que el Ejecutivo celebre empr�stitos, con las limitaciones que establece la fracci�n VIII del art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; aprobar los contratos respectivos y reconocer y autorizar el pago de las deudas que contraiga el Estado;

    "VII. Hacer el c�mputo total de votos en la elecci�n de gobernador, calificar dicha elecci�n y declarar electo a quien haya obtenido mayor�a;

    "VIII. Calificar la validez de las elecciones de los Ayuntamientos y declarar electa a la planilla que haya obtenido la mayor�a;

    "IX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga;

    "X. Cumplir con las obligaciones que marca el art�culo 5o. de esta Constituci�n;

    "XI. Aprobar, para cada ejercicio fiscal, las Leyes de Ingresos del Estado y de los M., as� como el presupuesto de egresos del Estado;

    "XII. Revisar anualmente las cuentas del Estado y de los M. y examinarlas cuando se estime conveniente;

    "XIII. Vigilar por medio de una comisi�n de su seno el funcionamiento de la Contadur�a M. de Hacienda;

    "XIV. Nombrar y remover al contador mayor de Hacienda y a los empleados de esa dependencia;

    "XV. Nombrar a tres consejeros integrantes al Consejo de la Judicatura del Estado;

    "XVI. Designar, en los t�rminos que previene esta Constituci�n, al ciudadano que deba sustituir al gobernador en sus faltas temporales o absolutas;

    "XVII. Convocar a elecciones, cuando fuere necesario conforme a lo establecido en la ley;

    "XVIII. Resolver acerca de las renuncias de los diputados, del gobernador y de los representantes al Consejo de la Judicatura designados por el Congreso del Estado;

    "XIX. Otorgar licencias a los diputados y al gobernador para separarse de sus cargos; y a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia cuando esto sea por m�s de dos meses;

    "XX. Aprobar o reprobar los convenios que el gobernador (sic) celebre con las vecinas entidades de la Federaci�n respecto a la cuesti�n de l�mites, y someter tales convenios a la ratificaci�n del Congreso de la Uni�n;

    "XXI. Cambiar provisionalmente, y por causa justificada, la residencia de los Poderes del Estado;

    "XXII. Resolver las competencias y dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior salvo lo prevenido en los art�culos 76 fracci�n VI y 105 de la Constituci�n General de la Rep�blica;

    "XXIII. Dirimir los conflictos que surjan entre el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos;

    "XXIV. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores p�blicos que hubieren incurrido en delito, en los t�rminos del art�culo 94 de esta Constituci�n.

    "Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores p�blicos a que se refiere el art�culo 93 de esta Constituci�n y fungir, a trav�s de una comisi�n de su seno, como �rgano de acusaci�n en los juicios pol�ticos que contra �stos se instauren;

    "XXV. E. en jurado de sentencia para conocer en juicio pol�tico de las faltas u omisiones que cometan los servidores p�blicos y que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales y de su buen despacho, en los t�rminos del art�culo 93 de esta Constituci�n;

    "XXVI. Fijar y Modificar la extensi�n del territorio que corresponda a los M., por voto de las dos tercias partes de los diputados presentes, suprimir alguno o crear otro nuevo;

    "XXVII. Conceder amnist�a por delitos de car�cter pol�tico de la competencia de los tribunales del Estado, cuando la pena no exceda de tres a�os de prisi�n, no se trate de reincidentes y siempre que sea acordada por dos tercias partes de los diputados presentes;

    "XXVIII. Otorgar premios o recompensas a las personas que hayan prestado servicios de importancia a la naci�n o al Estado, y declarar benem�ritos a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado;

    "XXIX. Conceder pensiones a los familiares de quienes hayan prestado servicios eminentes al Estado, siempre que su situaci�n econ�mica lo justifique;

    "XXX. Designar entre los vecinos, a propuesta del gobernador del Estado, los Concejos Municipales en los t�rminos de esta Constituci�n y las leyes respectivas;

    "XXXI. Legislar respecto a las relaciones de trabajo entre el Estado, los M., las dependencias paraestatales y paramunicipales y sus trabajadores, con base en lo dispuesto en el apartado B del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos;

    XXXII. Formar su reglamento interior y expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constituci�n y la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos a los Poderes del Estado.

    De esta manera, corresponde al Ejecutivo del Estado, a trav�s de la S.�a de P.�n y Finanzas, la entrega de las participaciones asignadas a los M. por parte de la Federaci�n; por tanto, si el Ejecutivo mencionado, a trav�s de la autoridad hacendaria local realiz� actos tendentes a hacer efectivos los descuentos controvertidos, actu� de conformidad con las facultades que le confieren los numerales citados.

    Asimismo, las actuaciones de las autoridades hacendarias federal y local, de ninguna forma se apoyaron en normas derogadas t�citamente por la Constituci�n Federal, pues como ya se se�al� al estudiarse la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, el Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., aplicado en el caso, no fue derogado t�citamente por la reforma al numeral 115 de la Constituci�n Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

    De lo expuesto se concluye que las autoridades hacendarias, tanto federal como locales, est�n facultadas para llevar a cabo la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales les correspondan a las entidades y M., otorgadas como garant�a del cumplimiento de obligaciones contra�das por esos niveles de gobierno, sin que en el caso exista la contravenci�n a los art�culos 115, fracci�n IV, inciso b), 117, fracci�n VIII, 124 y 128 de la Constituci�n Federal, ni a la Constituci�n del Estado o a la Ley de Deuda P�blica local.

    Por otra parte, en los conceptos de invalidez a estudio la parte actora tambi�n aduce que no se respetaron los lineamientos que prev� el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., para el pago de obligaciones contra�das por los M. con cargo a las participaciones federales que les correspondan, inscritas como garant�a de dicho pago en el registro correspondiente.

    Atento a lo anterior, debe recordarse que el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, aplicable al caso, dispone:

    "Art�culo 11. La inscripci�n de las obligaciones directas o contingentes a cargo de las entidades federativas o municipales confiere a los acreditantes el derecho a que sus cr�ditos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las participaciones afectadas, deduciendo su importe de las que correspondan a aqu�llos en los ingresos federales.

    En este caso, el acreditante deber� presentar su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio. La secretar�a deber� confirmar la mora existente y, en su caso, efectuar el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a dichas entidades o M..

    De acuerdo con lo precisado, el procedimiento para que la autoridad hacendaria federal pueda retener las participaciones afectadas de las entidades federativas y M. para cubrir los cr�ditos reclamados por los acreditantes, consiste en lo siguiente:

  8. Que el acreditante presente su solicitud de pago ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, comunic�ndolo simult�neamente a la entidad federativa o Municipio.

  9. Que la secretar�a mencionada confirme la mora existente.

  10. Que en dado caso, dicha secretar�a efect�e el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, inform�ndolo a las entidades o M. respectivos.

    Debe recordarse que en los autos de este expediente existen constancias de las que se advierte lo siguiente:

  11. Que el dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el Municipio, ahora actor, celebr� con Banco de Obras y Servicios P�blicos, Sociedad Nacional de Cr�dito, contratos de apertura de cr�dito y de constituci�n de garant�a, por los montos de: N$5'130,482.17 (cinco millones ciento treinta mil cuatrocientos ochenta y dos nuevos pesos 17/100 M.N.) y N$6'540,032.52 (seis millones quinientos cuarenta mil treinta y dos nuevos pesos 52/100 M.N.), a un plazo de sesenta meses, cr�ditos que se destinar�an a cubrir el costo de adquisici�n de equipo necesario para la prestaci�n de servicios p�blicos municipales, para gastos imprevistos, impuesto al valor agregado, comisi�n por apertura y el impuesto al valor agregado de la comisi�n, y cuyo pago puntual y oportuno de las obligaciones derivadas fue garantizado con la afectaci�n a favor del banco mencionado, de las participaciones presentes y futuras de ingresos federales que le correspondieran a dicho Municipio, garant�a que se inscribi� en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la D.�n General de Cr�dito P�blico, D.�n de Deuda P�blica, de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con los n�meros 1492/93 y 1493/93, respectivamente, de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres (fojas ochocientos siete a ochocientos catorce de este expediente).

  12. Que mediante convenios modificatorios de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, se redujo el plazo de amortizaci�n del cr�dito a cuarenta y ocho meses, y fue cancelado el t�rmino de gracia otorgado en los contratos mencionados, con lo que el Municipio, ahora actor, se vio afectado en el cumplimiento de las obligaciones contra�das en los mismos, por lo que se vio obligada a conseguir financiamiento con alguna otra instituci�n con plazo y t�rmino de gracia que requer�a para el pago de los cr�ditos, lo cual le fue autorizado por el Poder Legislativo Local mediante Decreto N�mero 61, de tres de noviembre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Peri�dico Oficial del Estado el doce de noviembre siguiente (fojas ochocientos siete a ochocientos catorce de este expediente).

  13. Que el once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, B.�s, S., Instituci�n de Banca M�ltiple., Grupo Financiero Mexival-B.�s y el Municipio, ahora actor, celebraron contrato de apertura de cr�dito simple a un plazo de ochenta y cuatro meses a partir de la fecha mencionada, por un monto de: $11'671,000.00 (once millones seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.), para la consolidaci�n de los pasivos que ten�a la acreditada con Banco Nacional de Obras y Servicios P�blicos, S.N.C., Instituci�n de Banca de Desarrollo, por las cantidades de: N$5'130,482.17 (cinco millones ciento treinta mil cuatrocientos ochenta y dos nuevos pesos 17/100 M.N.) y N$6'540,032.52 (seis millones quinientos cuarenta mil treinta y dos nuevos pesos 52/100 M.N.) (fojas ochocientos siete a ochocientos catorce de este expediente).

    Que el contrato mencionado se celebr� con afectaci�n de las participaciones de ingresos federales que le corresponden al Municipio actor, como garant�a del cr�dito, el cual qued� inscrito en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M. de la D.�n General de Cr�dito P�blico, D.�n de Deuda P�blica de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, con el n�mero de inscripci�n 749/94 (foja ochocientos veintiuno de este expediente).

  14. Que el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, el Municipio, ahora actor, present� a la D.�n General de Cr�dito P�blico, D.�n de Deuda P�blica, Departamento de Relaciones Financieras con Estados y M., la solicitud de cancelaci�n del registro ante esa dependencia de los contratos celebrados con Banobras, S.N.C., por los montos de: N$6'540,032.52 (seis millones quinientos cuarenta mil treinta y dos nuevos pesos 52/100 M.N.) y N$5'130,482.17 (cinco millones ciento treinta mil cuatrocientos ochenta y dos nuevos pesos 17/100 M.N.), al haberse liquidado, y quese procediera al registro del contrato de apertura de cr�dito simple de B.�s, S., por la cantidad de: N$11'671,000.00 (once millones seiscientos setenta y un mil nuevos pesos 00/100 M.N.), el cual fue inscrito en el registro correspondiente de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y cancelados los n�meros de inscripci�n 1492/93 y 1493/93 (fojas ochocientos dieciocho a ochocientos veintiuno de este expediente).

  15. Que la Legislatura del Estado, mediante Decreto N�mero ciento ochenta y siete, publicado el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco en el Peri�dico Oficial de la entidad, autoriz� al Ayuntamiento de Mexicali para que realizara las gestiones administrativas y financieras para la reestructuraci�n de la deuda p�blica del Ayuntamiento de Mexicali, con saldo al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, de: N$39'937,996.00 (treinta y nueve millones novecientos treinta y siete mil novecientos noventa y seis nuevos pesos 00/100 M.N.), m�s los intereses devengados no pagados a la fecha de la reestructuraci�n, as� como para que afectara las participaciones que en ingresos federales le correspondieran, suficientes para garantizar las obligaciones que se deriven de los contratos, hasta por un importe que no exceda del monto total autorizado de endeudamiento (fojas ochocientos cincuenta y cuatro de este expediente).

  16. Que el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, B.�s, S. y el Municipio actor, celebraron convenio de reconocimiento y reestructuraci�n de saldo, con su denominaci�n en unidades de inversi�n, as� como para la ampliaci�n de garant�a con saldo del cr�dito reconocido de: N$16'855,298.13 (diecis�is millones ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y ocho nuevos pesos 13/100 M.N.), con un monto total de la reestructura de 11'703,181 Udis (once millones setecientas tres mil ciento ochenta y un unidades de inversi�n), acordando las partes que del adeudo total que el deudor reconoci� a la instituci�n crediticia, s�lo se reestructurara hasta la cantidad de: N$15'169,768.32 (quince millones ciento sesenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho nuevos pesos 32/100 M.N.), y que fuera denominado a 11'703,181 Udis (once millones setecientas tres mil ciento ochenta y un unidades de inversi�n), convenio que fue inscrito con el n�mero 749-R/94, en el registro correspondiente de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (fojas ochocientos veintinueve a ochocientos cuarenta y seis, ochocientos cincuenta y dos y ochocientos cincuenta y tres de este expediente).

  17. Que por escrito presentado el quince de marzo de dos mil dos en la D.�n General de Coordinaci�n con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, Banco Mercantil del Norte, S., solicit� se realizaran las retenciones de participaciones federales al Municipio actor, para que se aplicaran al pago de su deuda incumplida por la cantidad de: $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintis�is pesos 14/100 M.N.), derivado de los convenios de reconocimiento y reestructuraci�n de saldo, que a su vez derivaron del cr�dito otorgado al Municipio ahora actor, por la instituci�n bancaria mencionada, hasta por la cantidad de: $11'671,000.00 (once millones seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.), a plazo de siete a�os, cuyo destino fue el pago de pasivos que la ahora actora ten�a con Banco Nacional de Obras y Servicios P�blicos, S.N.C. (fojas setecientos setenta y tres a setecientos setenta y seis de este expediente).

  18. Que mediante telefax de dieciocho de marzo de dos mil dos, el director de Participaciones y Convenios de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con entidades federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, hizo del conocimiento del secretario de P.�n y Finanzas del Estado de Baja California, la solicitud de afectaci�n de las participaciones de dicho Estado, por parte de B.�s, S., hoy Banco Mercantil del Norte, S., por la cantidad de: $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintis�is pesos 14/100 M.N.), proveniente del adeudo del Municipio ahora actor, seg�n escrito recibido el quince del mes y a�o mencionados (foja ochocientos cincuenta y siete de este expediente).

  19. Que por oficio n�mero 351-A-a-1a-I-0067, de veinte de marzo de dos mil dos, el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en atenci�n al escrito de quince de marzo del citado a�o, del Banco Mercantil del Norte, S., solicit� a la tesorera de la Federaci�n disponer lo necesario a fin de que se cubriera a dicha instituci�n la cantidad de: $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), con cargo a las participaciones del Estado de Baja California (foja ochocientos sesenta y dos de este expediente).

  20. Que por oficio de veinte de marzo de dos mil dos, recibido por el Municipio actor el veinticinco de marzo siguiente, el secretario de P.�n y Finanzas del Estado, se dirigi� al tesorero municipal para comunicarle que en virtud de la solicitud de afectaci�n de participaciones, el Estado no contar�a con recursos para entregarle al Municipio actor las cantidades relativas al Fondo General de Participaciones a que se refieren los art�culos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinaci�n F., hasta en tanto se cubriera la cantidad adeudada con las participaciones que por este concepto le correspondan al referido Municipio (foja treinta y ocho, segunda parte, tomo IV, del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002).

  21. Que el veinticinco de marzo de dos mil dos, se expidi� a favor del Gobierno de Baja California la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10162, correspondiente al mes de marzo del citado a�o, firmada por el subtesorero de O.�n de la Tesorer�a de la Federaci�n de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en cuya liquidaci�n de participaciones se hace un descuento por la cantidad de: $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) (foja ochocientos sesenta y tres de este expediente).

  22. Que por oficio de veintisiete de marzo de dos mil dos, del director de Ingresos del Estado, dirigido al tesorero del Municipio actor, se le requiere para que comunique si va a reembolsar mediante cheque el importe total del anticipo que se le entreg� de los recursos correspondientes al Fondo General de Participaciones del mes de marzo de dos mil dos, o bien, si se le compensa la cantidad correspondiente para que s�lo entregue la diferencia entre el anticipo entregado y la cantidad que, en su caso, se compense (foja treinta y nueve de la segunda parte del tomo IV del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002).

  23. Que por oficio n�mero 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, el jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en atenci�n al escrito de quince de marzo del citado a�o, del Banco Mercantil del Norte, S., solicit� a la tesorera de la Federaci�n disponer lo necesario a fin de que se cubriera a dicha instituci�n la cantidad de: $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), con cargo a las participaciones del Estado de Baja California (foja ochocientos sesenta y cuatro de este expediente).

  24. Que el veinticinco de abril de dos mil dos, se expidi� el informe de concentraci�n de recaudaci�n a trav�s de Banco Internacional, S., n�mero 010369, por la cantidad de: $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), por concepto de descuento de cr�dito vencido con B., S., 749-R/94 y que se concentrar�a el veinticinco de abril de dos mil dos en la cuenta 400001807-7 de la Tesorer�a de la Federaci�n (foja ochocientos sesenta y nueve de este expediente).

  25. Que el veinticinco de abril de dos mil dos, la Tesorer�a de la Federaci�n recibi� del Gobierno del Estado de Baja California la cantidad de: $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), a fin de constituir dep�sito a favor de Banco Mercantil del Norte, S., deducible de la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194 de abril de dos mil dos, de conformidad a las instrucciones contenidas en el oficio n�mero 351-A-a-1a-I-0077, emitido por la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, a lo que expidi� el recibo oficial G5427494 (foja ochocientos setenta y tres de este expediente).

  26. Que el veinticinco de abril de dos mil dos, se expidi� a favor del Gobierno del Estado la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194 del mes de abril de dos mil dos, en la que la Tesorer�a de la Federaci�n realiza la liquidaci�n de participaciones estimadas, y hace un descuento para cr�dito de Banco Mercantil del Norte, S., por la cantidad de: $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.) (foja cuarenta y dos de la segunda parte del tomo IV del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002).

    De todo lo destacado se concluye que el quince de marzo de dos mil dos, el ahora tercero interesado present� ante la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la solicitud de pago de obligaciones contra�das por el Municipio actor, con afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales le correspondan, otorgadas en garant�a de dicho pago, lo cual fue comunicado por la autoridad hacendaria federal al Gobierno del Estado, a trav�s de telefax de dieciocho de marzo de dos mil dos, y no al Municipio actor, por lo que la autoridad hacendaria federal al dictar las �rdenes de afectaci�n de participaciones impugnadas en este juicio, no observ� que se hubiera cumplido con dicho requisito, previsto en el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de las Entidades Federativas y M., sin que sea �bice a lo anterior que la norma encomiende al solicitante del pago y no a la autoridad la obligaci�n de comunicar al obligado la solicitud respectiva, pues si tal comunicaci�n se encuentra prevista en la norma como parte del procedimiento a cumplir para afectar las participaciones federales que le correspondan a las entidades federativas o M., la autoridad debe vigilar su cumplimiento.

    Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que con la emisi�n de las �rdenes de descuento de participaciones que en ingresos federales correspondan al Municipio actor, contenidas en los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077 de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, as� como con su ejecuci�n, que se traduce en los actos tendientes a realizar el descuento de las participaciones federales respectivas, la autoridad hacendaria federal no cumpli� con lo que se�ala el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., para el descuento de dichas participaciones, porque de los antecedentes que obran en autos, se advierte que la autoridad fiscal federal orden� tal descuento apoyada �nicamente en la solicitud respectiva presentada por el ahora tercero interesado, sin que previamente a la realizaci�n de tales actos hubiera confirmado la mora existente en el cumplimiento de las obligaciones garantizadas por el referido Municipio, como lo ordena el art�culo 11 mencionado.

    Cabe precisar que la confirmaci�n de la mora existente es un requisito indispensable para la procedencia de la afectaci�n de participaciones en cuesti�n, si se toma en consideraci�n que surge cuando el contratante deudor ha incumplido con la obligaci�n de pagar oportunamente; la exigencia de la confirmaci�n de la mora resulta de la necesidad de otorgar al Municipio actor certeza y seguridad jur�dica respecto de los actos realizados en su contra por la autoridad fiscal federal, es decir, de asegurarle la prerrogativa de defensa ante cualquier acto de dicha autoridad que incumpla con los requisitos exigidos para tal efecto por las normas aplicables, tendiente a hacer efectiva la obligaci�n garantizada.

    Por �ltimo, tampoco se respet� lo dispuesto por el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en comento para el pago de obligaciones contra�das por los M., en caso de su incumplimiento, toda vez que en los autos de este expediente (fojas doscientos setenta y siete a doscientos setenta y ocho), existe la resoluci�n dictada por el Ministro instructor en esta controversia constitucional, el treinta de enero de dos mil cuatro, en el incidente de falsedad de documentos, en la que se determin� que las �rdenes de descuento impugnadas contenidas en los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077 de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, resultaron falsas en cuanto a la firma que las calza; por tanto, en el caso, dichas �rdenes no pueden tener efecto legal alguno en contra del Municipio actor, pues la falsedad de la firma anotada implica la inexistencia de las �rdenes en cuesti�n, por lo que los actos tendentes a ejecutar el descuento de participaciones citado resultan viciados de ilegalidad.

    No pasa inadvertido para este Alto Tribunal que el art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. prev� como salvedad para la afectaci�n de las participaciones que le correspondan a los Estados o M., que �sta tenga como finalidad el pago de obligaciones contra�das por �stos, con autorizaci�n de las Legislaturas Locales e inscritas a petici�n de dichas entidades ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico en el Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades y M., a favor de la Federaci�n, de las instituciones de cr�dito que operen en territorio nacional, as� como de las personas f�sicas o morales de nacionalidad mexicana; porque si en la especie, el Municipio actor contrajo alguna obligaci�n que se ubique en las hip�tesis mencionadas, debe responder por ello, sin que tal situaci�n implique que la autoridad correspondiente, al hacer efectivo el cumplimiento de esa obligaci�n, pueda pasar por alto los procedimientos establecidos para tal efecto por las normas aplicables, ya que eso har�a nugatoria su aplicaci�n, pues dicho procedimiento constituye un requisito para la procedencia de la afectaci�n de participaciones, de conformidad con el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M..

    Que de conformidad con las consideraciones anotadas, se concluye que el procedimiento de pago con afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio actor, que se traduce en la comunicaci�n v�a fax de dieciocho de marzo de dos mil dos, de la solicitud de pago y las �rdenes de descuento correspondientes, as� como su ejecuci�n, resultan violatorios del procedimiento previsto en el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., y por ello, de lo dispuesto por el art�culo 14 de la Constituci�n Federal, por lo que se debe declarar su invalidez.

    En este orden de ideas, al haber resultado fundado el argumento hecho valer por la parte actora, relativo a la violaci�n del procedimiento de descuento de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio actor, resulta innecesario el estudio de los restantes planteamientos de invalidez, de conformidad con la tesis de este Tribunal Pleno n�mero P./J. 100/99, visible en la p�gina setecientos cinco, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, con el rubro:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situaci�n que cumple el prop�sito de este juicio de nulidad de car�cter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto.

NOVENO

En atenci�n a la invalidez decretada y previamente a establecer los efectos de la presente ejecutoria, es pertinente destacar lo siguiente:

Conforme al procedimiento previsto por el art�culo 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., la Unidad de Coordinaci�n con Entidades Federativas, por oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077 de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, orden� el descuento de las participaciones que por ingresos federales le corresponden al Municipio actor, en cantidades de: $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.) y $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), respectivamente, para cubrirse en los meses de marzo y abril de dos mil dos, �rdenes que hasta el momento se encuentran sin cumplimentarse y, por ello, subsisten para que se hagan efectivos los descuentos correspondientes.

Cabe aclarar que no pasa inadvertido que en los autos del incidente de suspensi�n del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaci�n fiscal 2/2002, fojas mil ciento sesenta y nueve a mil doscientos veintiocho, asunto que se tiene a la vista al resolver esta controversia, por la �ntima relaci�n que guarda con �sta, obra la resoluci�n dictada por este Tribunal Pleno en sesi�n de veinticinco de marzo de dos mil tres, al resolver el recurso de queja, derivado del incidente de suspensi�n del juicio mencionado, de la que se advierte que la orden de descuento de diecis�is de abril de dos mil dos, se ejecut� por parte de las autoridades hacendarias federal y local; sin embargo, a trav�s del recurso de queja derivado del juicio mencionado, en el que se denunci� la violaci�n a la suspensi�n decretada en contra de tales �rdenes, por resoluci�n de veinticinco de marzo de dos mil tres, se orden� dejar sin efecto los actos de ejecuci�n de la citada orden y devolver al Municipio actor las participaciones afectadas.

En atenci�n a lo expuesto, de conformidad con el art�culo 45 de la ley reglamentaria de la materia, los efectos de la presente ejecutoria son que las autoridades hacendarias federal y local, en el �mbito de su competencia, deber�n dejar sin efectos la comunicaci�n v�a fax de dieciocho de marzo de dos mil dos, dirigida al Gobierno del Estado de Baja California, relativa a la solicitud de pago de las obligaciones contra�das por el Municipio actor con afectaci�n de las participaciones que le correspondan, presentada por el ahora tercero interesado y los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077 de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, del jefe de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, en los que se ordena la afectaci�n de participaciones mencionada, as� como los actos tendentes a la ejecuci�n de las �rdenes referidascontenidas en los oficios de veinte y veintisiete de marzo de dos mil dos, emitidos por el secretario de P.�n y Finanzas y por el director de Ingresos del Estado, respectivamente; la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10162, de veinticinco de marzo de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n, el recibo oficial G5427494, de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n, y la constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194, de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n.

Que esta resoluci�n no limita las facultades que las autoridades correspondientes puedan tener para llevar a cabo el pago a la instituci�n acreditante de las obligaciones incumplidas por el Municipio actor, con cargo a las participaciones federales que a �ste le correspondan, en raz�n de la solicitud presentada al respecto por el tercero interesado en este juicio, siempre y cuando se realicen con respeto a los lineamientos que para ello se�alan las normas aplicables al caso.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO

Se sobresee en este juicio respecto de los art�culos 1o. y 9o. del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos.

TERCERO

Se sobresee en este juicio respecto de la resoluci�n, determinaci�n o acuerdo por la que se autoriz� dar tr�mite a la orden de afectaci�n de participaciones federales que le correspondan al Municipio actor, y por la que se orden� tal afectaci�n, imputados al Poder Ejecutivo Federal como superior jer�rquico del secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico; de la resoluci�n, determinaci�n o acuerdo por la que se permitiera dar tr�mite a la solicitud de afectaci�n de las participaciones federales mencionadas, o por la que se ordenara tal afectaci�n, imputados al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, como superior jer�rquico de las autoridades demandadas dependientes del Ejecutivo Estatal; y de la omisi�n del Poder Legislativo del Estado de rechazar el tr�mite iniciado por las autoridades federales de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y continuado por las autoridades estatales, para la afectaci�n de las participaciones que en ingresos federales correspondan al Municipio actor.

CUARTO

Se reconoce la validez de los art�culos 11 del Reglamento del Art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F. en Materia de Registro de Obligaciones y E.�stitos de Entidades Federativas y M., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el siete de julio de mil novecientos ochenta y dos, y de los transitorios d�cimo tercero, punto III, del decreto de reformas al art�culo 9o. de la Ley de Coordinaci�n F., publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, as� como del segundo y tercero del decreto de reformas del reglamento mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, el quince de octubre de dos mil uno.

QUINTO

Se declara la invalidez del procedimiento de pago de obligaciones contra�das por el Municipio actor con afectaci�n de las participaciones federales que le correspondan, consistente en la comunicaci�n v�a fax de dieciocho de marzo de dos mil dos, por la que se hace saber al Gobierno del Estado de Baja California la solicitud de afectaci�n de tales participaciones, las �rdenes de afectaci�n de participaciones contenidas en los oficios 351-A-a-1a-I-0067 y 351-A-a-1a-I-0077, de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, respectivamente, y los efectos y consecuencias de tales �rdenes, que se traducen en los oficios de veinte y veintisiete de marzo de dos mil dos emitidos por el secretario de P.�n y Finanzas y por el director de Ingresos del Estado, respectivamente; constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10162, de veinticinco de marzo de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n, recibo oficial G5427494 de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n, constancia de compensaci�n de participaciones n�mero 10194, de veinticinco de abril de dos mil dos, de la Tesorer�a de la Federaci�n.

Notif�quese; por medio de oficio a las partes, publ�quese la presente resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n su Gaceta y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros A.A., C.�o D�az, L.R., D�az R., G.�o P., O.M., V.H.�ndez, S.C., S.M. y presidente A.G.�itr�n.

El se�or Ministro G�ngora P. no asisti� por estar cumpliendo con una comisi�n de car�cter oficial y dada su ausencia, la se�ora Ministra S�nchez C. hizo suyo el proyecto.