Ejecutoria num. P. LXII/2004 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26824487

Ejecutoria num. P. LXII/2004 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P. LXII/2004
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2004
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2002. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN QUE SE IMPUGNAN DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGEN EN UN ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ MAYOR DEL QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD ACTORA. SI NO SE ALCANZA LA VOTACIÓN DE OCHO VOTOS, CUANDO MENOS, A FAVOR DE LA INVALIDEZ, PROCEDE SU DESESTIMACIÓN.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2002. MUNICIPIO DE JU�REZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, correspondiente al d�a diecisiete de agosto de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio recibido en la Oficina de Certificaci�n J.dicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n el veintiuno de noviembre de dos mil dos, Jes�s A.D.M.�oz, quien se ostent� como presidente constitucional y representante del M. de J.�rez, Estado de C., promovi� controversia constitucional en la que demand� la invalidez del acto que m�s adelante se menciona, emitido por la autoridad que a continuaci�n se se�ala:

II. Entidad, poder y �rgano demandado y su domicilio. Lo es el H. Congreso del Estado de C., a trav�s de su Sexag�sima Legislatura, en su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro del primer a�o de ejercicio constitucional, con domicilio en la calle A.N.9., colonia Centro, en el edificio denominado Palacio de Gobierno en la ciudad de C., C.. ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, as� como en su caso, medio oficial en que se hubieran publicado. El Decreto N�mero 375/02 III P.E. de fecha 26 de julio del a�o en curso, de la Sexag�sima Legislatura del honorable Congreso del Estado de C., por medio del cual en su art�culo �nico modifica las fracciones I y III del art�culo 1563, as� como el 1569, ambos del C�digo Administrativo del Estado de C., y el cual fue publicado por mando del Gobernador Constitucional del Estado de C. en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de C. n�mero 77, del 25 de septiembre de 2002; se�alando como su primer acto de aplicaci�n de esta norma general, la sesi�n extraordinaria celebrada el 15 de octubre del a�o en curso, por los miembros del Consejo Directivo de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez contenida en el acta n�mero 439, por medio del cual presentan como nuevo tesorero al C.A.R.A.A.; teniendo conocimiento de tal evento a trav�s del secretario de dicha J.nta al expedir la certificaci�n de la sesi�n antes citada.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes del caso los siguientes:

1. En el Diario Oficial de la Federaci�n del 23 de diciembre de 1999 se public� el decreto de reformas y adiciones del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual regula la organizaci�n y funcionamiento de los M.s como base de la organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados. Que la fracci�n III del art�culo 115 antes mencionado se reform� para quedar como sigue: ?Los M.s tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales.?. 2. Que de conformidad con el art�culo primero transitorio del decreto mencionado, las reformas y adiciones al art�culo 115 constitucional entraron en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, es decir, a partir del d�a 22 de marzo del a�o 2000. 3. En el art�culo segundo transitorio del decreto antes mencionado se estableci� que los Estados deber�n adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. 4. En el art�culo tercero transitorio del decreto multicitado se estableci� que trat�ndose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los M.s y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el art�culo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, de manera coordinada con los M.s, �stos podr�n asumirlos, previa aprobaci�n del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondr�n de lo necesario para que la funci�n o servicio p�blico de que se trate se transfiera al M. de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo m�ximo de noventa d�as contados a partir de la recepci�n de la correspondiente solicitud. En el p�rrafo final del transitorio tercero se estableci� que ?En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer p�rrafo, las funciones y servicios p�blicos seguir�n ejerci�ndose o prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes.?. 5. Con fecha 20 de marzo del a�o 2001 bajo Decreto No. 850/01 II P.O. la Quincuag�sima Novena H. Legislatura Constitucional del Estado de C. reunida en su segundo periodo ordinario de sesiones dentro del tercer a�o de ejercicio constitucional llev� a cabo la reforma al art�culo 138 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de C. y al 180 del C�digo Municipal para el Estado de C., el cual, primero mencionado, entre otras consideraciones, establece que: ?La ley en materia municipal determinar� los ramos que sean de la competencia del Gobierno Municipal, la que ser� ejercida por los Ayuntamientos en forma exclusiva. Los ramos a que se refiere el p�rrafo anterior, en forma enunciativa y no limitativa, ser�n los siguientes: I. En materia de funciones y servicios p�blicos: ... b) Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales. ... Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los M.s del Estado observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los M.s, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de M.s de otro Estado, se deber� contar con la aprobaci�n del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio M..?. Por su parte el art�culo 180 del C�digo Municipal para el Estado de C., en virtud de la reforma, qued� de la forma siguiente: ?Las funciones y servicios p�blicos municipales, son los siguientes: ... II. Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales ... Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los M., del Estado observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los M.s, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de M.s de otro Estado, se deber� contar con la aprobaci�n del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio M..?. En el art�culo transitorio tercero del decreto, en este punto citado, se transcriben �ntegros los p�rrafos primero y �ltimo del art�culo tercero transitorio del decreto publicado el 23 de diciembre de 1999, que reforma y adiciona al art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El Decreto No. 850/01 II P.O. fue publicado en el Peri�dico Oficial del Estado de C., con el n�mero 38, en fecha 12 de mayo de 2001. 6. Los art�culos 1563 y 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C., antes de las modificaciones que se dieron en virtud del Decreto N�mero 375/02 III P.E. del Congreso del Estado de C., establec�an lo siguiente: ?(1563). Las J.ntas Municipales tienen un consejo directivo integrado por presidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales, que ser�n designados: I. El presidente por el gobernador del Estado, en un plazo no mayor de quince d�as naturales a partir de la recepci�n de la terna propuesta por el Ayuntamiento, y de no recibirse respuesta en tiempo, el Ayuntamiento queda facultado para hacer la designaci�n; II. El secretario por el Ayuntamiento; III. El tesorero por el Ayuntamiento en un plazo no mayor de quince d�as a partir de la terna propuesta por la J.nta Central, y de no recibirse una propuesta en tiempo, la J.nta Central queda facultada para hacer la designaci�n; IV. Un vocal por cada una de las siguientes entidades: a) Programa de Desarrollo Urbano del Estado; b) Servicios Coordinados de Salud P�blica; c) C�mara de Propietarios de Bienes Ra�ces; d) C�mara de Comercio; y e) C�mara de la Industria de Transformaci�n. f) Un representante de los trabajadores al servicio de las J.ntas Municipales. Los cargos ser�n honorarios con excepci�n del presidente y el tesorero, quienes ser�n funcionarios de tiempo completo. En aquellos M.s en donde no se cuente con alguna de las C�maras mencionadas en incisos anteriores, se considerar�n en su lugar representantes de las organizaciones de productores, profesionistas o de servicio social con mayor membres�a en M..?. ?(1569). Los miembros de los consejos directivos de las J.ntas Municipales ser�n designados cada tres a�os y podr�n ser removidos en cualquier tiempo.?. 7. Con fecha 26 de noviembre del a�o en curso se present� ante el Congreso del Estado de C. iniciativa con car�cter de decreto por parte del Gobernador Constitucional del Estado de C., P.M.G.�a, para reformar el art�culo 1563, en sus fracciones I y II, as� como el art�culo 1569 del C�digo Administrativo del Estado, a efecto de que el gobernador del Estado tenga la facultad de nombrar y remover directamente a los presidentes de las J.ntas Municipales de Agua y Saneamiento, de igual forma que los tesoreros de las mismas sean designados por conducto del titular de la J.nta Central de Agua y Saneamiento, cuyos cargos tendr�n una duraci�n de seis a�os. El iniciador fundamenta su propuesta en que las J.ntas Municipales de Agua y Saneamiento se ven perjudicadas cada tres a�os, en la agilidad y eficacia en su funcionamiento, en virtud de que el servidor p�blico entrante desconoce las pol�ticas de abasto, rezago, control, etc., del vital servicio. Por otra parte, se ha visto en la pr�ctica que los criterios tomados por los otros presidentes de dichos organismos son �nicamente con miras a obtener logros que sean acordes a la pol�tica que impera dentro de la presidencia municipal en turno, lo que provoca que el Gobierno del Estado no avance en sus programas de desarrollo, y que dicha situaci�n repercuta en los usuarios del servicio. Contin�a exponiendo el iniciador que es importante resaltar que las J.ntas Municipales de Agua y Saneamiento tienen la facultad de contratar cr�ditos, enajenar bienes inmuebles y celebrar contratos de obra, servicios profesionales y saneamiento con la autorizaci�n expresa de la J.nta Central de Agua y Saneamiento del Estado en tanto los M.s no se hagan cargo directamente del servicio; sin embargo, tambi�n es com�n en la pr�ctica que los presidentes nombrados por los Gobiernos Municipales pasan por alto lo preceptuado en el art�culo 1562, fracciones I, II y III, del C�digo Administrativo del Estado, violentando la obligaci�n que tiene para con la J.nta Central, provocando retrasos e impactos sociales negativos en un manejo irresponsable de los servicios de agua potable y alcantarillado. Igualmente, se�ala el iniciador que por lo que respecta a la figura del tesorero de las J.ntas Municipales tenemos que, al igual que la designaci�n del presidente de estos organismos, la designaci�n de tesorero por el honorable Ayuntamiento en turno provoca un serio conflicto al organismo central, dado que dicho funcionario es un elemento clave en la administraci�n y aplicaci�n de los recursos econ�micos del organismo municipal, ya que es quien al final es el encargado de responder sobre las cuentas al detalle ante la J.nta Central de Agua y Saneamiento; por ello, se estima imperiosa la necesidad de nombrar personal capacitado directamente por la J.nta Central de Agua y Saneamiento que pueda hacer cumplir con todas y cada una de las exigencias que sean demandadas de la poblaci�n del lugar en la cual se preste el servicio en cita. Igualmente, se�ala el iniciador que el art�culo 1569 establece que: ?Los miembros de los consejos directivos de las J.ntas Municipales ser�n designados cada tres a�os y podr�n ser removidos en cualquier tiempo.?. El art�culo que antecede no cuenta con justificaci�n alguna para que cada tres a�os sean designados nuevos miembros de los Congresos directivos de las J.ntas Municipales, ya que lo �nico que se provoca con tal determinaci�n es que los proyectos y planes de desarrollo en materia de agua potable y alcantarillado sanitario tengan un retraso temporal, y eso si no corren con la suerte de encontrar cancelaciones definitivas, dado como ... dando como resultado que los pobladores del M. que corresponda sean los m�s perjudicados con cambios de funcionarios claves de estos organismos. Ante tal situaci�n, el iniciador considera necesario modificar dichos art�culos para el efecto de que sea el gobernador del Estado quien designe al presidente de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento por un periodo de seis a�os, y que el tesorero de la J.nta Municipal lo designe la J.nta Central de Agua y Saneamiento. 8. La iniciativa del titular del Ejecutivo del Estado fue sometida a la consideraci�n del Pleno del Congreso del Estado de C., bajo dictamen de la Comisi�n de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del F.ismo en base a las siguientes consideraciones: ?La Comisi�n de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del F.ismo estima que es atendible la iniciativa presentada por el gobernador del Estado, en el sentido de que sea �ste el que haga la designaci�n directa de los presidentes de las J.ntas Municipales de Agua y Saneamiento, y que el titular de la J.nta Central de Agua y Saneamiento efect�e el nombramiento de los tesoreros de las referidas J.ntas Municipales cuyos cargos tendr�n una duraci�n de seis a�os, en virtud de que el ejercicio de la facultad de nombrar a los responsables de las diferentes unidades y dependencias constituyen la m�s distintiva de las caracter�sticas de la estructura administrativa, espec�ficamente la que corresponde al Poder Ejecutivo Estatal. Las J.ntas Municipales de Agua y Saneamiento son organismos descentralizados de la J.nta Central de Agua y Saneamiento, lo que implica que exista entre dichos entes una permanente coordinaci�n para la aplicaci�n de los planes y programas administrativos y de servicio p�blico que est�n llamados a desarrollar. Asimismo, cabe destacar que el sentido de la f�rmula que actualmente establece ... se establece para el nombramiento de dichos funcionarios, esto es, el presidente de la J.nta Municipal por el Ejecutivo Estatal, mediante terna propuesta para los Ayuntamientos, y los tesoreros, por los Ayuntamientos, mediante terna propuesta por la J.nta Central de Agua y Saneamiento contenida en el numeral 1563 del C�digo Administrativo del Estado, representa una modalidad del ejercicio de la facultad de nombramiento contenida en el art�culo 93, fracci�n XXII, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de C., el cual establece que el nombramiento y remoci�n de los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo es facultad del gobernador del Estado, si no se encuentran determinados de otro modo en la Constituci�n o en las leyes. Adem�s, lo anterior tiene relaci�n con los art�culos 3o. y 7o. de la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo del Estado de C., conforme a los cuales el Ejecutivo del Estado se auxilia de los organismos descentralizados, como entidades de la administraci�n p�blica paraestatal, seg�n lo dispone el primero de los preceptos, habida cuenta que las dependencias de la administraci�n p�blica centralizada y paraestatal conducir�n sus actividades en forma programada con base en las pol�ticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeaci�n estatal del desarrollo establezca el Ejecutivo, seg�n lo dispuesto por el segundo precepto. Como hemos dicho, la J.nta Central de Agua y Saneamiento es un organismo p�blico descentralizado del Poder Ejecutivo, que fue creado por disposici�n de ley, como es el C�digo Administrativo del Estado. La designaci�n de los funcionarios de los organismos descentralizados municipales corresponde a los presidentes de los Ayuntamientos por disposici�n del art�culo 29, fracci�n VI, del C�digo Municipal, precepto que confirma la existencia del derecho de nombramiento del presidente de la administraci�n municipal. De igual manera, en materia de nombramientos de los titulares de los organismos descentralizados estatales, la facultad respectiva corresponde al Ejecutivo Estatal, como ha quedado establecida en el p�rrafo anterior. Sin embargo, conforme a la disposici�n legal actual no sucede as� y es por ello que se estima procedente la iniciativa en estudio, con el fin de que el gobernador pueda ejercer la facultad de nombramiento en los organismos descentralizados de la administraci�n estatal, en congruencia con las disposiciones legales igualmente mencionadas en el p�rrafo precedente. Es importante citar la norma b�sica que determina el alcance y valor jur�dico de la facultad que en materia de creaci�n de los organismos descentralizados corresponde al gobernador del Estado, la cual se publica en el art�culo 64, fracci�n XLI, de la Constituci�n del Estado, conforme a la cual los organismos descentralizados son creados por el Congreso del Estado a propuesta o iniciativa del gobernador del Estado. En el caso que nos ocupa el gobernador del Estado hace uso de su derecho de iniciar leyes proponiendo la modificaci�n de las disposiciones del C�digo Administrativo del Estado, por lo cual consideramos que, tanto por lo que toca a la facultad general de iniciar leyes, como por lo que respecta a la facultad de proponer la creaci�n y, por ende, la modificaci�n de la estructura de los organismos descentralizados, asiste al iniciador este derecho, lo cual se ve robustecido por la naturaleza misma de la organizaci�n administrativa del organismo descentralizado, toda vez que no siendo �ste parte de la estructura municipal y por corresponder su organizaci�n a la estructura administrativa estatal, resulta conveniente que la facultad de designaci�n del presidente del organismo corresponda precisamente al gobernador del Estado y no al Ayuntamiento, como el texto vigente lo contempla, pues no se trata de una dependencia municipal ni de un organismo descentralizado del M., como pudiera sugerir su designaci�n, sino de un organismo descentralizado de otro organismo descentralizado de la administraci�n p�blica estatal, en ese sentido, es procedente la reforma del precepto respectivo. Iguales principios son aplicados a la designaci�n del tesorero del organismo, toda vez que es el gobernador, el que propone la forma de designarlo, que ser� por parte del presidente de la J.nta Central de Agua y Saneamiento, lo que consecuentemente hace procedente la reforma que sobre el particular se propone. Es importante dejar claro que las facultades contenidas en los preceptos legales, cuya modificaci�n se solicita, ninguna relaci�n o vinculaci�n guardan con las facultades de prestaci�n del servicio de agua potable que por disposici�n del art�culo 115 constitucional corresponden al M., toda vez que aqu�llos aluden a una relaci�n administrativa que se da entre �rganos descentralizados de la administraci�n estatal, sin distinguir quien presta el servicio indicado y sin aludir a laprestaci�n de este servicio, el cual en todo caso deber� regularse por las disposiciones federales y del Estado, as� como el C�digo Municipal del Estado, en cuya hip�tesis ser�n aplicables los procedimientos que los mismos establecen para la prestaci�n del servicio por parte de los M.s o en su caso el Estado. Es decir, la adecuaci�n legal que se propone no prejuzga ni se refiere a la facultad del M. para la prestaci�n del servicio de agua, ni afecta en forma alguna a tal servicio, sino �nicamente pretende establecer las normas aplicables a la designaci�n de funcionarios del organismo descentralizado citado que, como se ha dicho, ninguna estructura tiene en la administraci�n municipal. Ciertamente, conforme al art�culo 115 constitucional, al M. le corresponde la prestaci�n del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales. La facultad que se pretende ejercer y que es materia de la iniciativa en estudio no se refiere a la prestaci�n del servicio citado, ni implica de ninguna manera la identidad del caso con la estructura administrativa municipal y mucho menos con la funci�n o servicio de agua. La adecuaci�n legal que ahora se propone aprobar sencillamente posibilita y simplifica el ejercicio de la facultad de nombramiento en los organismos que integran el sector paraestatal, a la vez que reivindica para el titular del Ejecutivo del Estado la facultad de nombramiento que en todo tiempo debe ser propia de la administraci�n centralizada. La f�rmula actual de designaci�n y su procedimiento se desestiman por reflejar una composici�n indebida y poco pr�ctica en raz�n de que propicia la confusi�n de facultades y de la naturaleza de los organismos, como si se tratara de la estructura municipal, siendo que por su naturaleza jur�dica los organismos pertenecen a la estructura de la administraci�n estatal descentralizada los cuales, de municipal, s�lo conservan su nombre, circunstancia esta que como antes qued� establecido nos obliga a recordar que la adecuaci�n legal no implica de ninguna manera legislar sobre el servicio p�blico de agua y saneamiento, el cual por disposici�n del art�culo 115 constitucional debe ser prestado por el M., quedando en todo caso a salvo ese derecho, as� como el de solicitar al Estado su colaboraci�n para la prestaci�n del mismo servicio. Conforme a la f�rmula actual de designaci�n, las J.ntas Municipales tienen un consejo directivo integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y seis vocales. El primero de ellos es designado por el gobernador del Estado de una terna propuesta por el Ayuntamiento, por su parte, el cargo de tesorero de la J.nta Municipal es designado por el Ayuntamiento a partir de la terna propuesta por la J.nta Central; esta f�rmula se considera inapropiada porque representa el ejercicio de facultades, que en orden administrativo, deben corresponder al Ejecutivo Estatal y no al M., toda vez que no se trata de una dependencia de la organizaci�n Municipal y, por tanto, no existe raz�n para que la terna surja de un ente distinto a la organizaci�n estatal siendo lo sano que el nombramiento se haga por el titular del Ejecutivo, en la observancia de la facultad de nombramiento propia de la administraci�n p�blica centralizada. Por todo esto, estimamos conveniente que el gobernador retome su facultad constitucional de nombrar y remover directamente a los presidentes de las J.ntas Municipales de Agua y Saneamiento y, de igual forma, que los tesoreros de las mismas sean designados por conducto del titular de la J.nta Central de Agua y Saneamiento, permitiendo as� que exista una verdadera coordinaci�n entre dichos entes descentralizados para la prestaci�n de un mejor servicio que redunde en un mayor beneficio para la sociedad.?. En virtud de lo anterior se aprob� el dictamen antes transcrito con car�cter de decreto, el cual en su art�culo primero establece: ?Se modifican las fracciones I y II del art�culo 1563, as� como el art�culo 1569, ambos del C�digo Administrativo del Estado, para quedar en los siguientes t�rminos: �Art�culo 1563. ... I. El presidente, por el gobernador del Estado; ... III. El tesorero, por el presidente del Consejo Directivo de la J.nta Central de Agua y Saneamiento.�. �Art�culo 1569. Los miembros de los consejos directivos de las J.ntas Municipales ser�n designados cada seis a�os y podr�n ser removidos en cualquier tiempo.�. Transitorios. Art�culo primero. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial del Estado. Art�culo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.?. El anterior decreto fue publicado en el Peri�dico Oficial del Estado No. 77 en la fecha del 25 de septiembre de 2002. 9. Con fecha 15 de octubre del a�o 2002 se llev� a cabo la celebraci�n de la sesi�n extraordinaria del Consejo Directivo de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez que qued� asentada en el acta n�mero 439 y en la cual se hace la presentaci�n del C.A.R.A.A., como tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento. 10. Que con fecha 14 de noviembre del a�o en curso se celebr� la sesi�n de Cabildo No. Once, por la cual se aprob� el punto de acuerdo por el que se autoriz� a esta H. Autoridad para presentar demanda de controversia constitucional en contra de los actos de aplicaci�n y de las reformas a los art�culos 1563 y 1569 del C�digo Administrativo del Estado que se llevaron a cabo a trav�s del Decreto No. 375/02 III P.E.

TERCERO

La parte actora manifest�, en s�ntesis, en sus conceptos de invalidez los siguientes argumentos:

1) Que la modificaci�n al art�culo 1563 en sus fracciones I y III, y el art�culo 1569, ambos del C�digo Administrativo de C., incumple con lo dispuesto por los art�culos segundo y tercero transitorios del decreto publicado el veintitr�s de diciembre de 1999, por el que se reforma y adiciona el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque impide el ejercicio pleno de la reforma constitucional al 115, que ordena que la funci�n y el servicio p�blico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales, quede a cargo de los M.s.

Lo anterior es as� porque si la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez es el organismo p�blico descentralizado del Estado de C. que brinda al M. de J.�rez el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales, es claro que dicha funci�n debe estar a cargo del M. de J.�rez y, en esa tesitura, las normas o disposiciones que regulen el funcionamiento y prestaci�n de dicho servicio deben adecuarse para que quede a cargo del ahora M. actor todo lo que corresponda al respecto, y no modificar esas normas para que quede a cargo del gobernador del Estado el control administrativo de la descentralizada mencionada.

2) Que con las modificaciones a las normas del c�digo administrativo en cita, tanto el organismo descentralizado de la J.nta de Aguas y Saneamiento como sus funcionarios, quedan ileg�timamente vinculados a las pol�ticas del gobernador del Estado, y que esta situaci�n es una transgresi�n a la orden del transitorio segundo del decreto del 23 de diciembre de 1999, en el sentido de que los Estados deben adecuar sus leyes a lo ordenado en la reforma, pues no se conjuga con el objetivo principal de ampliar las facultades que ten�an los M.s hasta antes de esas reformas.

3) Que si en virtud de las reformas queda a cargo de los M.s el servicio p�blico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales, lo verdaderamente sano es que el Estado lleve a cabo la adecuaci�n de sus leyes para que el servicio p�blico encomendado a los M.s quede a cargo de �stos, el hecho de que el Congreso del Estado a trav�s de la modificaci�n de los art�culos 1563 y 1569 del C�digo Administrativo del Estado, el Gobierno del Estado tome absoluto control de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez implica que el Estado de C. no est� dando cumplimiento a la adecuaci�n de sus normas o leyes para que el servicio p�blico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales, quede a cargo del M. de J.�rez, C..

4) Que adem�s se viola lo establecido en el �ltimo p�rrafo del transitorio segundo del decreto antes mencionado, en el que se establece que en tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer p�rrafo, las funciones y servicios p�blicos seguir�n ejerci�ndose o prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes, ya que con esa reforma es claro que la funci�n y servicio p�blico de agua potable no se siguen ejerciendo o prest�ndose en los mismos t�rminos y condiciones vigentes a la reforma de 23 de diciembre de 1999, toda vez que la situaci�n vigente, previa a la reforma de la norma del c�digo administrativo, consist�a en que regulaba que el tesorero era designado por el Ayuntamiento en un plazo no mayor de quince d�as a partir de la terna propuesta por la J.nta Central, y de no recibirse una propuesta en tiempo, la J.nta Central quedaba facultada para hacer la designaci�n.

5) Que es claro el prop�sito de la modificaci�n de los preceptos del c�digo administrativo decretado por el Congreso del Estado de C. a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Estatal de desvincular al M. de J.�rez, C., con el organismo descentralizado J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez, el cual es el �nico que brinda el servicio p�blico de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposici�n de sus aguas residuales en este M., y con ello es evidente la violaci�n al sentido del imperativo 115 constitucional y sus transitorios segundo y tercero, de que dicha funci�n o servicio p�blico est� a cargo de los M.s.

CUARTO

El precepto de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violado es el 115, fracci�n III, inciso a), y los art�culos transitorios segundo y tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por medio del cual se reform� el citado art�culo.

QUINTO

El Gobernador Constitucional del Estado de C., al contestar la demanda, manifest� lo siguiente:

  1. En lo que respecta a las causales de improcedencia argument�:

    1. Que opone como excepci�n la presentaci�n extempor�nea de la demanda del actor con fundamento en el art�culo 21, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el decreto que reforma las fracciones I y III del art�culo 1563, as� como el 1569, ambos del C�digo Administrativo del Estado de C., fue promulgado el d�a veinticinco de septiembre de dos mil dos, y la actora present� su demanda hasta el d�a veintiuno de noviembre de dos mil dos, transcurriendo treinta y nueve d�as despu�s, siendo que ten�a un plazo de treinta d�as.

      Que el Ministro instructor no funda ni motiva la admisi�n de la demanda, lo cual debi� haber hecho no s�lo con fundamento en los art�culos 11, primer y segundo p�rrafos, y 31 de la ley reglamentaria correspondiente, como lo hizo en el prove�do que se impugna, sino tambi�n, debi� fundar y motivar el hecho del por qu� la presentaci�n de la demanda de garant�as cumpl�a o no con los t�rminos previstos para tal efecto.

    2. Que se debi� haber estimado y ordenado la improcedencia del procedimiento con fundamento en el art�culo 19, fracci�n VII, de la ley reglamentaria correspondiente, tomando en consideraci�n lo siguiente: que con base en el art�culo 21 de la ley reglamentaria correspondiente, el promovente ten�a treinta d�as para interponer su demanda a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n; que en el art�culo 74 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de C. se establece que los decretos y otras disposiciones obligan a partir del d�a en que las mismas se fijen o, en su defecto, al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial del Estado, y que el decreto impugnado en su art�culo primero transitorio ordena que su vigencia inicie al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial del Estado.

    3. Que a la actora no le asiste la raz�n para pretender fundar la presentaci�n de su demanda en el plazo previsto para el primer acto de aplicaci�n de la norma que da lugar a la controversia, es decir, la sesi�n extraordinaria celebrada el d�a quince de octubre de dos mil dos por los miembros del Consejo Directivo de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez, por medio de la cual presentan al nuevo tesorero de dicho consejo.

      Que la actora con el prop�sito de justificar la extemporaneidad de la presentaci�n de su demanda pretende desvirtuar el alcance de un acto administrativo cuyo perjuicio no nace del propio acto material de aplicaci�n de la norma general, dado que, desde la entrada en vigor del decreto que contiene las reformas que se impugnan por la v�a de la controversia constitucional, el M. de J.�rez, Estado de C., sab�a el alcance y la consecuencia de dicha reforma, por ser disposiciones de car�cter general, abstractas e impersonales y que no requieren de un acto posterior de aplicaci�n.

  2. En lo referente a los conceptos de invalidez menciona:

    1. Que la parte actora, por lo que respecta al art�culo segundo transitorio del decreto que reforma al art�culo 115 de la Constituci�n F., est� de acuerdo en que s� se llevaron a cabo las reformas a la Constituci�n Local con el prop�sito de adecuarlas a las reformas del art�culo 115 constitucional, y que la actora ignora que es este mismo transitorio el que previene el procedimiento mediante el cual se realizar� la transferencia de las funciones o servicios que el Estado preste y que correspondan a los M.s, y que en tanto se realiza dicha transferencia, las funciones y servicios p�blicos seguir�n ejerci�ndose o prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes.

      Que las reformas a los art�culos 1563, fracciones I y III, y 1569 del C�digo Administrativo del Estado se ajustan a las disposiciones de orden constitucional, tanto federal como local, ya que hasta el momento no se ha realizado la solicitud de transferencia del servicio de agua potable y alcantarillado por parte del M. de J.�rez, C., y que dicho servicio sigue prest�ndolo el Ejecutivo del Estado por conducto del organismo p�blico descentralizado denominado J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez.

    2. Que no existe la posibilidad jur�dica de que un organismo descentralizado desvanezca o extinga, de facto, sus estatutos constitutivos, con motivo de una transferencia de una funci�n o servicio, sin antes seguir las formalidades que se requirieron para su creaci�n. Y, por tanto, las reformas a los art�culos 1563, fracciones I y III, y 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C. no pugnan con la facultad de los M.s para que �stos se hagan cargo de los servicios y funciones a que se refiere el art�culo 115 constitucional, y que hasta en tanto no se d� el procedimiento de transferencia, el Ejecutivo del Estado, a trav�s de un organismo descentralizado, puede seguir prestando el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de aguas residuales.

    3. Que contrario a lo que aduce la actora el decreto que reforma el art�culo 115 constitucional no establece la transmisi�n de facto de los servicios y funciones a que se refiere dicho numeral, sino que establece las formalidades generales que deben seguirse para dicha transmisi�n, y en tanto �stas no se cumplan, las funciones y servicios p�blicos seguir�n ejerci�ndose o prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes, y que la parte actora no present� solicitud alguna para que se iniciara el procedimiento de transferencia.

    4. Que el c�digo administrativo en su art�culo 1561 establece que las J.ntas Municipales de Agua y Saneamiento son organismos descentralizados de la J.nta Central, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, y competentes para la prestaci�n de los servicios de agua y saneamiento de las poblaciones localizadas en un M. y, por tanto, la reforma contenida en el decreto impugnado no conlleva a la invasi�n de competencias, por el contrario, previene la hip�tesis en los casos en que un M. no solicite la transferencia para la prestaci�n de los servicios se�alados, cuando el Congreso resuelva la no viabilidad en la transferencia del servicio, o bien, cuando los M.s, que as� lo decidan, soliciten que sea el propio Estado el que los siga prestando.

    5. Que si la prestaci�n de la funci�n y servicio mencionada corresponde prestarla a los M.s a partir de la reforma del art�culo 115 constitucional, esto no implica que por ministerio de ley desaparezcan los organismos operadores del servicio a cargo de autoridad distinta a la municipal, es decir, del Ejecutivo del Estado.

    6. Que es infortunado lo que sostiene la actora en el sentido de que los t�rminos y condiciones vigentes a que se refiere el transitorio tercero impliquen la inmovilidad de las normas legales, dado que la vigencia de las normas no implica la prohibici�n de emitir un acto legislativo apegado a derecho, por tanto, el nombramiento del tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento se llev� a cabo con fundamento en una norma vigente de car�cter estatal, respetando en todo momento la facultad constitucional concedida al M. para solicitar la transmisi�n de los servicios ya mencionados.

SEXTO

El Congreso del Estado de C., por conducto de su oficial mayor, al contestar la demanda, manifest� en s�ntesis lo siguiente:

En lo que respecta a las causales de improcedencia aduce:

  1. Que procede decretar el sobreseimiento de la presente demanda de conformidad con la fracci�n II del art�culo 20, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VII del art�culo 19, en relaci�n con la fracci�n II del art�culo 21, todos de la ley reglamentaria de la materia.

    Lo anterior, en virtud de que, seg�n lo argumenta la parte actora, el t�rmino para la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional es de treinta d�as contados a partir de que la norma impugnada haya sido publicada o al d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

  2. Que el decreto impugnado se modific� en aspectos importantes, relacionados con la procedencia de la demanda de controversia y �stos son:

    El primero, consistente en que antes el presidente del organismo lo nombraba el gobernador del Estado con intervenci�n del Ayuntamiento, o bien, en su caso, lo hac�a directamente el Ayuntamiento; sin embargo, manifiesta que no puede tomarse como acto impugnado porque no ha sido aplicado, es decir, el presidente no ha sido nombrado por el gobernador, por lo que no existe acto materia en ese aspecto.

    El segundo, que el tesorero ser�a nombrado por el Ayuntamiento con intervenci�n de la J.nta Central o, en su caso, directamente por dicha junta, y con el decreto impugnado el nombramiento lo designa el presidente del consejo directivo sin la J.nta Central, pero �ste tampoco puede tomarse en cuenta para computar el t�rmino para la impugnaci�n, debido a que se reclama la constitucionalidad de actos efectuados por un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, los cuales no son susceptibles de ser reclamados en la presente instancia.

  3. Que la parte actora reconoce como acto legislativo impugnado una norma general cuyos efectos iniciaron a partir del veinticinco de septiembre de dos mil dos, y lo que evidentemente se est� reclamando es suinconstitucionalidad, su aplicaci�n inminente y que los actos derivados son �nicamente en su cumplimiento; sin embargo, que aqu�lla esper� a que se hiciera el nombramiento respectivo, para que en el caso de no encontrarlo af�n a sus intereses, impugnar por esta v�a.

  4. Que la sesi�n extraordinaria celebrada el quince de octubre del a�o pr�ximo pasado, la cual se se�ala como primer acto de aplicaci�n, adem�s de que no la impugna por vicios propios, es tambi�n un acto consumado de imposible reparaci�n.

  5. La actora con el prop�sito de justificar la extemporaneidad de la presentaci�n de su demanda pretende desvirtuar el alcance de un acto administrativo cuyo perjuicio no nace del propio acto material de aplicaci�n de la norma general, dado que, desde la entrada en vigor del decreto que contiene las reformas que se impugnan por esta v�a, el M. de J.�rez, Estado de C., sab�a el alcance y consecuencia de dicha reforma, por ser disposiciones de car�cter general, abstractas e impersonales y que no requieren de un acto posterior de aplicaci�n.

    Por otra parte, en relaci�n con la defensa del acto reclamado en cuanto a los conceptos de invalidez el Congreso del Estado expres�:

    1. En relaci�n con el concepto de invalidez en el que se sostiene que el Decreto 375/02 III P.E. que reforma los diversos art�culos del C�digo Administrativo del Estado violenta el art�culo segundo transitorio del decreto de reformas a la Constituci�n F. en su art�culo 115 publicado el 23 de diciembre de 1999, el Congreso del Estado en su contestaci�n de demanda hace un an�lisis de algunas normas constitucionales que considera importantes para su defensa, se�alando al efecto que:

      1) El art�culo 124 de la Constituci�n F. habla de que las facultades que no est�n expresamente concedidas por la Constituci�n a los funcionarios federales est�n reservadas a los Estados.

      2) Asimismo, agrega que el diverso 115 establece que el r�gimen interior para los Estados es el gobierno republicano, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el M. Libre, y que la fracci�n III del referido precepto enumera los servicios p�blicos que �ste tendr� a su cargo.

      3) Por otra parte, cita el art�culo que se refiere a las facultades del gobernador del Estado de C., as� como a la estructura de su administraci�n p�blica y a las entidades de las que se auxiliar� el Poder Ejecutivo Local, e indica el precepto que define los organismos descentralizados de esa entidad.

      4) De igual forma, se�ala la intervenci�n del gobernador en el nombramiento del coordinador general del organismo descentralizado que se encargar� de la administraci�n de los organismos descentralizados.

      5) M�s adelante va encaminando su an�lisis en lo que es el consumo de agua potable, y concluye que con base en el contenido de los preceptos que analiz� no le asiste la raz�n a la parte actora al reclamar el decreto por el que se expiden las reformas al C�digo Administrativo del Estado de C., en virtud de que el mismo se encuentra acorde con los principios que marca la Constituci�n F. y que no se vulnera en lo absoluto la competencia de los M.s para ejercer las funciones y prestar los servicios de agua potable.

      6) Sin embargo, el hecho de que los M.s cuenten con potestades exclusivas no los obliga a que presten esta clase de servicios, es decir, no es una obligaci�n tanto para los Ayuntamientos como para el Estado el transmit�rselo en caso de que este �ltimo los preste; las disposiciones transitorias que as� lo establecen fueron previstas por el Constituyente Permanente al considerar que un gran porcentaje de los M.s del pa�s no cuentan con los recursos ni con la infraestructura humana y t�cnica necesaria para ofrecer a la ciudadan�a estos servicios o por lo menos algunos de ellos. Es decir, ser� hasta que la autoridad municipal efect�e la solicitud y, posteriormente, asuma la funci�n correspondiente, sin conflicto alguno, cuando el M. pueda definir la estructura y forma en que habr� de prestar el servicio, dejando de ser aplicable en el propio Ayuntamiento solicitante lo previsto en el c�digo administrativo para este caso. En conclusi�n, el ejercicio de las atribuciones que el art�culo 115 otorga a los M.s est� condicionado a la voluntad de estos �ltimos y, mientras no se manifieste, los Estados continuar�n prestando el servicio a la ciudadan�a, que incluye el nombramiento de los funcionarios, tal como es potestad de las legislaturas el establecerlos.

      En torno a la potestad del gobernador de nombrar a los titulares de los organismos descentralizados de la administraci�n p�blica paraestatal, faculta a que no se debe soslayar que, fuera de la posibilidad de los M.s de ejercer sus atribuciones en materia de servicios, los citados organismos descentralizados contin�an dentro de la esfera del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que la designaci�n que �ste haga de sus consejos directivos, en los t�rminos de la ley, es perfectamente leg�tima, legal y, m�s a�n, constitucional.

    2. Por lo que hace al segundo concepto de violaci�n que hace valer la parte actora en relaci�n con que el primer acto de aplicaci�n es el nombramiento del tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento, y que por ello se incumple con el �ltimo p�rrafo del art�culo tercero transitorio que reforma el art�culo 115 de la Constituci�n F. de fecha 23 de diciembre de 1999.

      Al respecto, dice que este concepto de violaci�n es improcedente, ya que el servicio de agua potable se ha seguido prestando en las condiciones legales vigentes, no obstante que se den modificaciones estructurales, pues al hablar el art�culo transitorio citado de t�rminos y condiciones vigentes no se refiere a la inamovilidad de las normas.

      Por lo que concluye que el nombramiento de tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento se llev� a cabo con fundamento en una norma vigente de car�cter estatal, respetando la facultad constitucional para que el M. de J.�rez solicite la transmisi�n de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales.

S�PTIMO

Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil dos, el presidente en funciones de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que le correspondi� el n�mero 66/2002 y, por raz�n de turno, se design� al Ministro M.A.G.�itr�n como instructor del procedimiento.

OCTAVO

Por auto de dos de diciembre de dos mil dos el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, orden� emplazar a las autoridades demandadas para la formulaci�n de su respectiva contestaci�n y dar vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n correspondiera.

NOVENO

Toda vez que el Ministro instructor fue nombrado presidente de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de dos de enero de dos mil tres, se design� instructor de la presente controversia al Ministro G.D.G.�ngora P..

D�CIMO

Concluida la instrucci�n, el veintis�is de marzo de dos mil tres se celebr� la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en la cual se hizo relaci�n de las constancias que integran los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, por relacionada la comparecencia de quien intervino en �sta y, agotado el tr�mite respectivo, se pas� el asunto al Ministro ponente para la elaboraci�n del proyecto de resoluci�n respectivo.

D�CIMO PRIMERO

Por auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, el Ministro instructor requiri� pruebas para mejor proveer al presidente del Consejo de Administraci�n de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento del M. de J.�rez, en el Estado de C., y en auto de cinco de septiembre de dos mil tres se tuvo por desahogado dicho requerimiento.

D�CIMO SEGUNDO

En sesi�n de fecha diecisiete de agosto de dos mil cuatro se nombr� como encargado del engrose al se�or Ministro J.an D�az R..

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los art�culos 104, fracci�n IV, y 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n General de la Rep�blica; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional, y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n, toda vez que se trata de una controversia suscitada entre un Estado y uno de sus M.s, sobre la constitucionalidad de una disposici�n general, a saber, el M. de J.�rez en el Estado de C. y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo Estado, de los que se reclama la emisi�n del decreto 375/02 III P.E. por el que se modificaron las fracciones I y III del art�culo 1563, as� como el 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C..

SEGUNDO

El proyecto presentado originalmente por el Ministro G.D.G.�ngora P. a la consideraci�n del Tribunal Pleno propon�a el sobreseimiento en la controversia constitucional respecto de los art�culos 1563, fracciones I y III, y 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C., reformados mediante Decreto N�mero 375/02 III P.E., publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de C. el veinticinco de septiembre de dos mil dos, al estimar que en virtud de su estrecha relaci�n con la acci�n de inconstitucionalidad 30/2002 de la ponencia de la Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., en la que se propon�a declarar fundada la acci�n y la invalidez del decreto impugnado, esto producir�a la cesaci�n de los efectos de la norma impugnada en la controversia constitucional y, respecto del acto de aplicaci�n del decreto, se propon�a la declaraci�n de invalidez del nombramiento expedido el d�a catorce de octubre de dos mil dos por el presidente de la J.nta Central de Agua, a favor del C.A.A.A., como tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez.

El se�or Ministro presidente M.A.G.�itr�n, en virtud de que la acci�n de inconstitucionalidad 30/2002 que se resolvi� inmediatamente antes fue desestimada por no alcanzar la votaci�n calificada necesaria para la declaraci�n de invalidez y que dichos preceptos conservan su validez, propuso que el Tribunal Pleno se pronunciara sobre la validez o invalidez de ellas en la controversia constitucional.

Aprobada la propuesta, los se�ores Ministros A.A., G�ngora P., G.�o P., S�nchez C. y presidente A.G.�itr�n votaron por que se declarara la invalidez de las normas impugnadas; y los se�ores Ministros C.�o D�az, L.R., D�az R., O.M. y S.M. votaron por la validez de dichas normas, esto es, se verific� un empate a cinco votos.

TERCERO

En atenci�n a la votaci�n relatada en el considerando anterior, se plante� la posibilidad de que el presidente de la Suprema Corte hiciera uso del voto de calidad que le confiere el art�culo 7o. de la Ley Org�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n para decidir el conflicto.

Las objeciones formuladas a dicha proposici�n radicaron en que conforme a la tesis jurisprudencial 10/99, para declarar la invalidez de normas generales en una controversia constitucional, se requiere una mayor�a calificada de cuando menos ocho Ministros, de manera que con base en este criterio el voto de calidad del presidente no podr�a decidir, en su caso, la invalidez de los preceptos impugnados, siendo operante, en consecuencia, la desestimaci�n de la controversia en los t�rminos del art�culo 42, segundo p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

La tesis jurisprudencial 10/99 del Tribunal Pleno fue publicada en el Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo IX, abril de 1999, p�gina 284, y a la letra indica:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O M�S DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. De conformidad con el art�culo 105, fracci�n I, pen�ltimo y �ltimo p�rrafos, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de su ley reglamentaria, la Suprema Corte de J.sticia de la Naci�n, actuando en Pleno, tiene atribuciones para declarar la invalidez de disposiciones generales, siempre que se alcance, por lo menos, una mayor�a de ocho votos; de no alcanzarse esa mayor�a calificada, se declarar� desestimada la controversia.

Como varios Ministros externaron opiniones que implicaban el cambio de este criterio jurisprudencial, se someti� a discusi�n el punto, despu�s de la cual se reiter� el criterio por mayor�a de votos de los Ministros Jos� Ram�n C.�o D�az, M.B.L.R., J.D.R., G.I.O.M., J.N.S.M. y presidente M.A.G.�itr�n.

Ahora bien, la decisi�n mayoritaria anterior se sustenta en los argumentos siguientes:

Los dos �ltimos p�rrafos de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional establecen:

"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los M.s impugnadas por la Federaci�n, de los M.s impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de J.sticia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de J.sticia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia.

El examen anal�tico del pen�ltimo p�rrafo permite ver que establece dos supuestos jur�dicos: a) Por una parte, las controversias que versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los M.s impugnadas por la Federaci�n, o de los M.s impugnados por los Estados; y b) en los supuestos a que se refieren los incisos c), h) y k) de dicha fracci�n I.

Para el caso que se estudia tiene relevancia la hip�tesis del inciso a), esto es, aquellas controversias promovidas en contra de disposiciones generales de los Estados o de los M.s impugnadas por la Federaci�n, o de los M.s impugnadas por los Estados; en este supuesto, la disposici�n constitucional establece que para que la Suprema Corte pueda declarar inv�lidas con efectos generales las normas impugnadas, la sentencia debe ser aprobada por mayor�a de ocho votos por lo menos.

Esta parte de la disposici�n constitucional, como se ve, involucra dos aspectos, que son, en primer lugar, los efectos de la sentencia y, en segundo, la votaci�n calificada de ocho votos, pero es importante se�alar que el �ltimo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, que viene a complementar el pen�ltimo p�rrafo, s�lo establece la consecuencia relativa a los efectos, pero nada dice en relaci�n con la secuela de que no se alcance la votaci�n calificada, ni si basta la votaci�n simple para invalidar parcialmente las normas generales de la Federaci�n impugnadas por los Estados o M.s, o las normas de los Estados combatidas por los M.s.

Al efecto, conviene transcribir de nueva cuenta el �ltimo p�rrafo a que se alude:

"En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de J.sticia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

Como se ve, este �ltimo p�rrafo establece que trat�ndose de "los dem�s casos", o sea las normas generales de la Federaci�n impugnadas por los Estados o los M.s, o normas generales estatales impugnadas por los M.s, las resoluciones de la Suprema Corte s�lo tendr�n efectos entre las partes de la controversia, pero nada instituye sobre c�mo debe ser la votaci�n en estos "dem�s casos"; y aqu� es donde ante tal omisi�n del Poder Reformador una interpretaci�n puede llevar a considerar que basta una minor�a simple para que la norma general impugnada sea invalidada parcialmente, esto es, s�lo para el actor, sea Estado o M., mientras otra interpretaci�n, que es la mayoritaria, estima que toda resoluci�n de la Suprema Corte que invalide normas generales, sea de manera absoluta o parcial, debe ser emitida por mayor�a calificada de cuando menos ocho votos.

Los Ministros que integran la mayor�a consideraron que este �ltimo criterio es el que debe prevalecer, conforme a las siguientes consideraciones:

  1. La interpretaci�n de las disposiciones sobre el control de constitucionalidad que establecen las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n permite ver que la impugnaci�n e invalidez de normas generales se salvaguarda con la exigencia de una votaci�n calificada de ocho votos, seguramente para garantizar la solidez de un criterio que habr� de producir efectos sobre la generalidad de la poblaci�n, a diferencia de actos en sentido estricto, respecto de los cuales basta una votaci�n mayoritaria simple para decidir su invalidez, por no tener una repercusi�n tan amplia.

    El �ltimo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 105 constitucional, referido a acciones de inconstitucionalidad, establece que la Suprema Corte s�lo podr� declarar la invalidez de las normas impugnadas cuando sus resoluciones sean aprobadas por una mayor�a de cuando menos ocho votos; la misma votaci�n calificada de ocho votos es exigida por el pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n I del referido precepto constitucional, que estatuye las bases de las controversias constitucionales cuando las resoluciones de la Suprema Corte declaren la invalidez de disposiciones generales de los Estados o M.s impugnados por la Federaci�n, o de los M.s impugnados por los Estados.

    Pues bien, aunque la Constituci�n no lo establece de manera expresa, es l�gico que cuando la controversia constitucional sea promovida por un M. impugnando una norma general de la Federaci�n o del Estado, o bien, cuando es promovida por un Estado en contra de una ley de la Federaci�n, la resoluci�n de la Suprema Corte que declare la invalidez tambi�n requiere la votaci�n de cuando menos ocho votos, puesto que se trata de actos de la misma naturaleza, esto es, normas jur�dicas generales y, por tanto, debe regirse por la misma regla.

  2. Como consecuencia natural y leg�tima de la regla l�gica acabada de se�alar, el legislador ordinario ha establecido con toda propiedad la misma votaci�n calificada para resolver la invalidez de normas generales de la Federaci�n impugnadas por Estados o M.s, o de normas de los Estados impugnadas por M.s; y lo ha instituido en dos ordenamientos: la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Org�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n.

    En efecto, el art�culo 42 de la ley citada en primer lugar, despu�s de reproducir el pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, establece:

    En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votaci�n mencionada en el p�rrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de J.sticia declarar� desestimadas dichas controversias. En estos casos no ser� aplicable lo dispuesto en el art�culo siguiente.

    Por su parte, el art�culo 7o. de la citada ley org�nica dispone en su primer p�rrafo:

    Art�culo 7o. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de J.sticia se tomar�n por unanimidad o mayor�a de votos, salvo los casos previstos en el art�culo 105 de la Constituci�n, fracci�n I, pen�ltimo p�rrafo y fracci�n II, en los que se requerir� una mayor�a de ocho votos de losMinistros presentes. En los casos previstos en el pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, las decisiones podr�n ser tomadas por mayor�a simple de los miembros presentes, pero para que tenga efectos generales, deber�n ser aprobados por una mayor�a de cuando menos ocho votos.

    Como se ve, el legislador ordinario establece y reitera la regla impl�cita contenida en la multicitada disposici�n constitucional, acerca de la votaci�n calificada trat�ndose de invalidez de leyes.

    No cabe decir en contrario que en este tema la Constituci�n se interpreta mediante las disposiciones legales acabadas de transcribir, pues �stas simplemente desarrollan la regla del Magno Ordenamiento.

    En este aspecto, el estudio del proceso legislativo que dio lugar a las reformas que comprendieron el art�culo 105 constitucional y que entraron en vigor el 1o. de enero de 1995, revela que el Poder Reformador, en vista de las dificultades que conllevar�a su aplicaci�n, estim� pertinente que la ley diera las reglas espec�ficas que afinaran su alcance y comprensi�n.

    En efecto, la parte que se examina aparec�a de la siguiente manera en la iniciativa del Poder Ejecutivo y luego tuvo las modificaciones a que se hace referencia:

    "Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los M.s impugnadas, por la Federaci�n de los M.s impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de J.sticia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos nueve votos.

    En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de J.sticia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia.

    En la propia iniciativa se manifest� que:

    Por las dificultades t�cnicas que implicar� el art�culo 105 constitucional de aprobarse la presente iniciativa, ser� necesaria la promulgaci�n de la correspondiente ley reglamentaria. Los complejos problemas t�cnicos que habr�n de ser materia de los procesos previstos en dicha norma constitucional no pueden seguirse tramitando conforme a las disposiciones del C�digo F. de Procedimientos Civiles, ordenamiento formulado para resolver, en principio, litigios entre particulares; de ah� que la reforma prevea la conveniencia de que sea una ley reglamentaria de esta disposici�n constitucional la que precept�e su cabal aplicaci�n.

    En el dictamen a la aludida iniciativa formulado en la C�mara de Senadores, de fecha diecis�is de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se expuso, en lo conducente, que:

    ... se ha reflexionado tambi�n, al interior de estas comisiones conjuntas, reducir de 9 a 8 el qu�rum de votaci�n consagrado por la iniciativa, para que las resoluciones de la Suprema Corte de J.sticia, en materia de inconstitucionalidad tengan efectos generales.

    Se propuso entonces modificar el pen�ltimo p�rrafo del art�culo 105 constitucional para quedar como sigue:

    Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los M.s impugnadas por la Federaci�n, de los M.s impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de J.sticia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

    En el dictamen formulado por la C�mara de Diputados, de fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se expres� lo siguiente:

    "Parte fundamental de esta reforma propuesta por el Ejecutivo F., est� constituida por las modificaciones y adiciones al art�culo 105, en el que dentro de un primer apartado se abran las posibilidades para que la Suprema Corte de J.sticia conozca de controversias constitucionales, especificando los supuestos que pueden generarse entre los diferentes entes de poder p�blico constituidos; as�, la Suprema Corte como �rgano de control constitucional, conocer� no s�lo de conflictos generados por leyes o actos, sino tambi�n de cualquier disposici�n general, como lo ser�an los reglamentos; los que se den entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n, entre aqu�l y cualquiera de las C�maras o en su caso la Comisi�n Permanente, Estados y M.s y entre �rganos de gobierno del Distrito F.; con el fin de distinguir en sus efectos, se dispone que cuando se trate de disposiciones generales tales efectos ser�n tambi�n generales y en los dem�s casos solamente ser� respecto de las partes en la controversia planteada.

    "En cuanto a las controversias constitucionales y las resoluciones de car�cter general de su eventual inconstitucionalidad, el Senado estim� oportuno reducir a ocho el n�mero de votos que requerir� como mayor�a calificada la resoluci�n de la Suprema Corte de J.sticia, en lugar de los nueve que se contemplaban en la iniciativa, reducci�n que estas comisiones unidas consideran adecuada."

    Resulta claro, entonces, que la interpretaci�n acorde con la intenci�n del Poder Reformador, es la de que se requieren cuando menos ocho votos para declarar la invalidez de una disposici�n general, cualquiera que �sta sea, cuando se impugne en controversia constitucional.

  3. El hecho de que de la norma constitucional examinada se desprenda que la invalidez de la ley impugnada es total cuando la Federaci�n controvierte la de un Estado o un M., o cuando un Estado impugne una ley municipal; mientras que es parcial -"tendr� efectos �nicamente entre las partes"- cuando un M. impugne una ley federal o estatal, o un Estado controvierta una ley de la Federaci�n, no cambia la regla de la votaci�n calificada, porque de todas maneras la invalidez tendr� efectos generales, ya que dichas consecuencias s�lo se diferencian en su dimensi�n o alcance.

    En efecto, al establecerse en materia de controversia constitucional que la invalidez de una ley promovida por una entidad de orden jur�dico de menor �mbito espacial de poder en contra de un ente de �mbito mayor, producir� efectos s�lo entre las partes, no debe caerse en la confusi�n de que esos efectos son individuales, como sucede en el amparo, pues debe tenerse presente que en la controversia constitucional y trat�ndose de la materia que se analiza, las partes son entes p�blicos que tienen un per�metro de competencia mayor o menor seg�n se trate de la Federaci�n, de un Estado o de un M., esto es, a nivel nacional, a nivel estatal o municipal, pero en todo caso la invalidez ser� general dentro del contorno de la entidad que conforme a la regla constitucional corresponda. As�, la invalidez obtenida por la Federaci�n en contra de una disposici�n general de un M. tiene efectos generales totales, puesto que deroga la norma en toda la circunscripci�n municipal; pero la invalidez de una ley federal con motivo de una controversia constitucional promovida por un M. tambi�n tiene efectos generales desde dos puntos de vista: desde la �ptica del M., porque la ley deja de regir en todo su contorno territorial; y desde la perspectiva federal, porque la ley queda pr�cticamente derogada en la parte relativa. Por tanto, aunque en este �ltimo caso la invalidez de la ley opera parcialmente en cuanto al territorio del actor, los efectos no dejan de ser generales, y siendo esto as�, la resoluci�n de invalidez requiere de ocho votos por lo menos.

    La adopci�n del criterio acerca de que en el supuesto en que se discrepa s�lo se considerara suficiente para la invalidez la mayor�a simple, llevar�a al resultado inconstitucional de que si todos los M.s de un Estado impugnan una ley de �ste y obtienen sentencia favorable por esa mayor�a simple, la ley quedar�a derogada judicialmente en forma absoluta, pese a que para ello se requiere la mayor�a calificada.

    En atenci�n a las razones expuestas lo procedente es desestimar la controversia constitucional respecto de los art�culos 1563, fracciones I y III, y 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C., reformados mediante Decreto N�mero 375/02 III P.E., publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de C. el veinticinco de septiembre de dos mil dos.

CUARTO

Toda vez que ha procedido la desestimaci�n de la controversia constitucional por lo que se refiere a los art�culos 1563, fracciones I y III, y 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C., reformados mediante Decreto N�mero 375/02 III P.E., publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de C. el veinticinco de septiembre de dos mil dos, los supuestos jur�dicos regulados en dichas normas permanecen inc�lumes, raz�n por la cual procede abordar el estudio de la constitucionalidad del acto de aplicaci�n, esto es, del nombramiento expedido a favor del C.A.R.A.A., como tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad J.�rez, C., que en la parte conducente indica:

"...

"C., Chih., a 14 de octubre, 2002.

"C.P. A.R.A.A..

"Presente.

"En ejercicio de las facultades que me confiere el art�culo 1563 del

C�digo Administrativo para el Estado de C., he tenido a

bien nombrarlo tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento

de Ciudad J.�rez, Chih., a partir del 14 de octubre del 2002.

"El presidente del Consejo Directivo de

"la J.nta Central de Agua y Saneamiento

"del Estado de C..

"Sufragio efectivo. No reelecci�n.

"(Firmado)

Ing. H.A.�n G..

En el documento anterior, de fecha catorce de octubre de dos mil dos, se plasma el nombramiento realizado por el presidente de la J.nta Central de Agua y Saneamiento, a favor del C.A.A.A. como nuevo tesorero de la J.nta Municipal, realizado con efectos a partir de esa fecha.

Al respecto, es menester aclarar que en contra del acto de aplicaci�n de la norma impugnada, esto es, el nombramiento realizado el d�a catorce de octubre de dos mil dos por el presidente de la J.nta Central de Agua y Saneamiento a favor del C.A.A.A. como nuevo tesorero de la J.nta Municipal, con efectos a partir de esa fecha, no se hicieron valer conceptos de invalidez aut�nomos, sino que estos argumentos se hac�an valer a partir de la inconstitucionalidad de la norma, sin que se alegara su invalidez por vicios propios.

No obstante lo anterior, este Alto Tribunal considera necesario que exista un pronunciamiento respecto de dicho acto, por lo que es conveniente traer a colaci�n los preceptos impugnados respecto de cuyo contenido ha procedido la desestimaci�n de la controversia constitucional, que establecen lo siguiente:

"Art�culo 1563. Las J.ntas Municipales tienen un consejo directivo integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y seis vocales, que ser�n designados:

"I. El presidente, por el gobernador del Estado;

"...

"III. El tesorero, por el presidente del Consejo Directivo de la J.nta Central de Agua y Saneamiento."

"Art�culo 1569. Los miembros de los Consejos Directivos de las J.ntas Municipales ser�n designados cada seis a�os y podr�n ser removidos en cualquier tiempo."

Toda vez que el nombramiento en cuesti�n fue expedido por la autoridad competente, es decir, el presidente del Consejo Directivo de la J.nta Central de Agua y Saneamiento, este Alto Tribunal considera que debe declararse su validez, pues no se advierte otro motivo que en suplencia de la deficiencia de la demanda pudiera llevar a considerar su inconstitucionalidad

Por lo expuesto y fundado se

resuelve:

PRIMERO

Se desestima esta controversia constitucional en relaci�n con los art�culos 1563, fracciones I y III, y 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C., reformados mediante Decreto N�mero 375/02 III P.E., publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de C. el veinticinco de septiembre de dos mil dos.

SEGUNDO

Se reconoce la validez del nombramiento expedido el d�a catorce de octubre de dos mil dos por el presidente de la J.nta Central de Agua y Saneamiento a favor del C.A.A.A. como tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez.

TERCERO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario J.dicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

El martes diecisiete de agosto de dos mil cuatro el secretario general de Acuerdos dio cuenta de este asunto al Tribunal Pleno. En el proyecto formulado por el se�or Ministro G.D.G.�ngora P. se propon�a: "PRIMERO.-Se sobresee la presente controversia constitucional respecto de los art�culos 1563, fracciones I y III, y 1569 del C�digo Administrativo del Estado de C., reformados mediante Decreto N�mero 375/02 III P.E., publicado en el Peri�dico Oficial del Gobierno del Estado de C. el 25 de septiembre de 2002 en t�rminos de lo expuesto en el considerando segundo. SEGUNDO.-Se declara la invalidez del nombramiento expedido el d�a catorce de octubre de dos mil dos por el presidente de la J.nta Central de Agua y a favor del C.A.A.A. como tesorero de la J.nta Municipal de Agua y Saneamiento de J.�rez, para los efectos precisados en el �ltimo considerando de esta sentencia."

El se�or Ministro presidente M.A.G.�itr�n, en virtud de que en la acci�n de inconstitucionalidad 30/2002 se impugnaron los mismos preceptos legales que en la controversia constitucional de cuenta y aqu�lla, al resolverse inmediatamente antes, fue desestimada por no obtener la votaci�n calificada necesaria, dichos preceptos conservan su validez, y tomando en consideraci�n que el sobreseimiento propuesto se apoyaba en el supuesto de que ser�an declaradas inv�lidas dichas normas, propuso que el Tribunal Pleno se pronunciara sobre la validez o invalidez de ellas.

Aprobada la propuesta, los se�ores Ministros A.A., G�ngora P., G.�o P., S�nchez C. y presidente A.G.�itr�n votaron porque se declarara la invalidez de las normas impugnadas; y los se�ores Ministros C.�o D�az, L.R., D�az R., O.M. y S.M. votaron por la validez de dichas normas, esto es, empate a cinco votos.

El se�or Ministro presidente consult� al Tribunal Pleno si la declaraci�n de invalidez de las normas generales propuestas en una controversia constitucional requiere, para su aprobaci�n, en t�rminos del art�culo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, de la votaci�n calificada de cuando menos ocho votos, o bien, de mayor�a simple con efectos �nicamente entre las partes.

Los se�ores Ministros G.�o P. y A.A. expresaron las razones por las que estiman que no es necesaria la votaci�n calificada y los se�ores Ministros D�az R., O.M. y C.�o D�az expusieron las razones por las que estiman que s�.

Por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros C.�o D�az, L.R., D�az R., O.M., S.M. y presidente A.G.�itr�n se determin� que la declaraci�n de invalidez de normas generales propuesta en controversias constitucionales requieren para su aprobaci�n de una mayor�a de por lo menos ocho votos, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional; y los se�ores Ministros A.A., G�ngora P., G.�o P. y S�nchez C. votaron en contra.

Los se�ores M.A.A. y G.�o P. reservaron su derecho de formular voto de minor�a.

El se�or Ministro presidente A.G.�itr�n manifest� que dado el empate a cinco votos respecto de la declaraci�n de invalidez de los preceptos impugnados y en virtud de que aunque ejerciera el voto de calidad que le confiere la parte final del p�rrafo tercero del art�culo 7o. de la Ley Org�nica del Poder J.dicial de la Federaci�n, aqu�lla no obtendr�a el n�mero de cuando menos ocho votos a que se refiere el art�culo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, con apoyo en �l, el Tribunal Pleno desestim� la controversia constitucional respecto de los preceptos legales impugnados.

En virtud de que la invalidez del acto de aplicaci�n se propon�a como consecuencia de la invalidez de las normas generales impugnadas, respecto de las cuales se desestim� la controversia constitucional y, adem�s, no se hicieron valer motivos de invalidez propios de dicho acto, era necesario que el Tribunal Pleno se pronunciara al respecto.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno determin� que es v�lido el acto de aplicaci�n.

El Tribunal Pleno encarg� al se�or Ministro J.an D�az R. la elaboraci�n del engrose respectivo.