Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26825425

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

Emisor:Primera Sala
Localizacion:OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Agosto de 2003
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2003. MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, CONTRA EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y OTRAS AUTORIDADES.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2003. MUNICIPIO DE E.Z., ESTADO DE MORELOS, CONTRA EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y OTRAS AUTORIDADES.

MINISTRA PONENTE: OLGA MAR�A DEL CARMEN S�NCHEZ CORDERO DE GARC�A VILLEGAS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAG�N.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al veinticinco de junio de dos mil tres.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Por oficio presentado el dieciocho de febrero de dos mil tres en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ... quien se ostent� como s�ndico del Municipio de E.Z., Estado de M., en representaci�n de �ste promovi� controversia constitucional en la que demand� la invalidez de los actos que m�s adelante se precisan emitidos por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:

II. Autoridades demandadas. A. Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien tiene su domicilio conocido en la Residencia Oficial de Los Pinos, Colonia San Miguel Chapultepec, D.�n M.H., de la Ciudad de M�xico, Distrito Federal. B.S. de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien tiene su domicilio en Palacio Nacional, P.M., 3er. Piso, Oficina 3045, colonia Centro, D.�n Chapultepec (sic), de la Ciudad de M�xico, D.C.J. y director de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas, dependientes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio en Avenida Hidalgo n�mero 77, mod. IV, (sic) segundo piso, colonia G., D.�n Cuauht�moc, M�xico, D.F. D. La Administraci�n General Jur�dica dependiente del Servicio de Administraci�n Tributaria de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio en Avenida Hidalgo n�mero 88, mod. VII (sic), planta baja, D.�n Cuauht�moc, M�xico, D.F. E. Servicio de Administraci�n Tributaria de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, con domicilio en Palacio Nacional, P.M., tercer piso, oficina 3045, colonia Centro, D.�n Chapultepec (sic), M�xico, D.F. ... VI. Acto cuya invalidez se demanda. A) La controversia entre el Municipio y la Federaci�n por el debi� (sic) de participaciones federales que le corresponden al Municipio de Jiutepec (sic), en el Estado de M., siendo la ilegalidad cometida por parte del Poder Ejecutivo Federal, debido a que se est�n afectando facultades constitucionales de este Municipio por determinaci�n (indebidamente fundada y motivada) que nunca fue plasmada en documento alguno y que implican violaciones diversas a los art�culos constitucionales que en apartado correspondiente se precisar�n, debido a que la autoridad federal, a trav�s del Poder Ejecutivo (y en especial la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico a trav�s de la Administraci�n General Jur�dica del Servicio de Administraci�n Tributaria y dem�s unidades administrativas), no tiene ninguna facultad para descontar y desviar partidas federales a cargo de los Municipios como lo es el de Jiutepec (sic), en el Estado de M., sin existir tampoco autorizaci�n expresa del superior jer�rquico para ello; lo anterior se desprende de los siguientes actos: B. El oficio 114-S-UCH-PCAJ-1-A-033 de fecha 25 de noviembre de 2002, expedido por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n con Entidades Federativas. C. El oficio 114-S-UCH-PCAJ-1-A-040 de fecha 25 de noviembre de 2002, expedido por el director de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas. D. El oficio 325-SAT-II-RA-56953 de fecha 28 de noviembre de 2002, emitido por el administrador central de lo Contencioso de la Administraci�n General Jur�dica del Servicio de Administraci�n Tributaria. E. La implementaci�n de los procedimientos de descuento de partidas federales al Municipio de E.Z. por parte de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de sus unidades administrativas y que se derivan de los criterios contenidos en los oficios enumerados anteriormente. F. Todas las consecuencias legales y materiales que deriven de los anteriores actos.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes los siguientes:

Primero. En ejercicio de las facultades conferidas por el art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Uni�n decret� la Ley de Coordinaci�n F. a trav�s de la cual en colaboraci�n de la Federaci�n, los Municipios y los Estados pueden establecer contribuciones sobre energ�a el�ctrica. Segundo. Lo anterior se analiza con base en el siguiente procedimiento que se llev� a cabo: 1. Ahora bien, con fecha 3 de enero de 2003 nos enteramos por los medios de comunicaci�n que la Federaci�n y el Estado ten�an plena intenci�n de descontarnos partidas federales tanto para el Municipio de E.Z. como para el Municipio de Jiutepec, M.. 2. Con fecha 3 de enero de 2003 la autoridad notifica -entre otros- el oficio 114-S-UCH-PCAJ-1-A-033, a trav�s del cual el jefe de la Unidad de Coordinaci�n con Entidades Federativas de la D.�n General Adjunta de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos, D.�n de Participaciones y Convenios, S.�n de Administraci�n de Participaciones, informa a la Lic. ... lo siguiente: ?El representante legal de C.P.M., S.A. de C.V., interpuso recurso de inconformidad No. 564/97 en contra del Estado de M. y de los Municipios de E.Z. y Jiutepec, Mor., por haber cobrado indebidamente derechos de mantenimiento de alumbrado p�blico durante los a�os de 1986 a 1997, contraviniendo lo dispuesto en el art�culo 11-A, fracci�n IV, de la Ley de Coordinaci�n F.. Al citado recurso de inconformidad recay� la resoluci�n No. 325-SAT-289 de 2 de junio de 1999, emitida por la entonces Administraci�n General Jur�dica de Ingresos consistente en la improcedencia de la devoluci�n de cantidades reclamadas. Esta resoluci�n fue impugnada ante el entonces Tribunal F. de la Federaci�n. La Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal F. de la Federaci�n dict� sentencia el 30 de junio de 2000 en la que se declar� �la nulidad de la resoluci�n impugnada� para efectos de que la autoridad emita una nueva resoluci�n en la que siguiendo los lineamientos del presente fallo y en ejercicio de las facultades que le confiere la fracci�n IV del art�culo 11-A de la Ley de Coordinaci�n F. ordene a la Tesorer�a de la Federaci�n la devoluci�n de las cantidades indebidamente cobradas.?. Por oficio 325-SAT-A-48720 de 30 de noviembre de 2001 la Administraci�n General Jur�dica cumpliment� la sentencia mencionada, en el cual resolvi� que: ?Procede la devoluci�n de las cantidades indebidamente pagadas por C.P.M., S.A. de C.V., durante el periodo de 1986 a 1997, bajo el concepto de derechos de mantenimiento de alumbrado p�blico por parte del Estado de M. y de los Ayuntamientos de los Municipios de E.Z. y Jiutepec.?. Dicha cumplimentaci�n de sentencia fue informada a esta Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas con el oficio 325-SAT-II-RA4-(66)-65124 de 15 de diciembre de 2001. A fin de determinar el �rea competente para calcular la actualizaci�n e intereses de las cantidades a devolver, fueron llevadas a cabo diversas reuniones con la Administraci�n General Jur�dica de Recaudaci�n y de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administraci�n Tributaria, as� como con funcionarios de la Tesorer�a de la Federaci�n, en donde se lleg� a la conclusi�n de que deb�a ser la propia �rea que emite la resoluci�n del recurso de inconformidad, es decir, la Administraci�n General Jur�dica, quien debe calcular conforme al C�digo F. de la Federaci�n la citada actualizaci�n y, en su caso, intereses de cantidades a devolver. En alcance al oficio 325-SAT-A-56947 de 30 de octubre de 2002, girado por el administrador general jur�dico y dirigido a esa tesorer�a a su digno cargo, el administrador central de lo Contencioso de la propia Administraci�n General Jur�dica emiti� el oficio 325-SAT-A-56494 de 7 de noviembre de 2002, en el cual inform� que el monto del derecho de alumbrado p�blico actualizado y con intereses que deber� devolverse a la contribuyente asciende a la cantidad de $26'746,243.52 y se explican las razones de la variaci�n con respecto a la cantidad citada en el primer oficio. En este contexto, es procedente atender a la solicitud de la Administraci�n General Jur�dica contenida en los oficios 325-SAT-A-56947 y 325-SAT-A-58949 a que se hace referencia en el p�rrafo anterior, por lo que solicito a usted disponer lo necesario a fin de que se le devuelva a la empresa C.P.M., S.A. de C.V., la cantidad de $26'746,243.52 (veintis�is millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.) que corresponde a la cantidad indebidamente cobrada bajo el concepto de derecho de mantenimiento de alumbrado p�blico, debidamente actualizada y con intereses con cargo a participaciones del Estado de M., que a su vez repercutir� en las correspondientes a los Municipios de E.Z. y Jiutepec de la propia entidad. Se adjunta fotocopia de los oficios citados de la Administraci�n General Jur�dica, as� como del documento de cumplimentaci�n de sentencia dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal F. de la Federaci�n.?. 3. Lo anterior motiv� que solicitara copias simples a dichas autoridades del procedimiento tanto administrativo y del procedimiento jurisdiccional como de las sentencias del Tribunal F. de la Federaci�n (del cual s�lo se tienen algunas constancias y de dichos documentos se desprenden otros con los que no se cuentan), en donde de la simple lectura se podr� probar nuestro dicho del total estado de indefensi�n en el cual dejan al Municipio de E.Z., M.; documentos en los que sucedieron los siguientes hechos: a) C.P.M., S.A de C.V., a trav�s de su representante legal, interpuso recurso de inconformidad de fecha 27 de abril de 1997 ante la Administraci�n General Jur�dica de Ingresos en contra del incumplimiento a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinaci�n F. y las de coordinaci�n en materia de derechos, por parte de las autoridades del Estado de M. y de los Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de E.Z. y Jiutepec, as� como la devoluci�n de la cantidad supuestamente indebidamente cobrada de $2'856,190.70, por la participaci�n de autoridades coordinadas. b) Con motivo de la presentaci�n del recurso de inconformidad la Administraci�n General Jur�dica de Ingresos resolvi� en el oficio 325-SAT-213 de 13 de agosto de 1997, desechar por improcedente el recurso de inconformidad interpuesto el 10 de julio de 1997 (documento del cual no se tiene copia pero se desprende de las constancias). c) La D�cima Primera Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal F. de la Federaci�n en el juicio de nulidad 18308/97 (11-II), dict� sentencia el 20 de mayo de 1998 ordenando a la autoridad administrativa admitir a tr�mite el presente recurso de inconformidad (resoluci�n que no se tiene en copia pero se desprende de las constancias, ni tampoco de la demanda de nulidad presentada por C.P.M., S.A. de C.V.). d) En cumplimiento de la anterior resoluci�n la Administraci�n General Jur�dica de Ingresos del Servicio de Administraci�n Tributaria emiti� la resoluci�n del recurso de inconformidad n�mero 325-SAT-289 de fecha 2 de junio de 1999, en la cual resolvi�: ?Primero. No procede la devoluci�n de las cantidades que reclama C.P.M., S.A. de C.V., por los ejercicios de 1986 a 1989, inclusive, con cargo a las participaciones del Gobierno del Estado de M. y los Municipios de E.Z. y Jiutepec, M., por los motivos precisados en el cuerpo del presente oficio. Segundo. Se declara improcedente la devoluci�n de los importes que reclama C.P.M., S.A. de C.V., por los ejercicios de 1990 a 1997, inclusive, con cargo a las participaciones del Gobierno del Estado de M. de E.Z. y Jiutepec (sic) M., por los motivos precisados en el cuerpo de la presente resoluci�n.?. e) En consecuencia, de la anterior resoluci�n n�mero 289 de fecha 2 de junio de 1999, C.P.M., S.A. de C.V., acudi� a juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa (antes Tribunal F. de la Federaci�n), al cual se le dio el n�mero de expediente 10842/99-11-08-1, d�ndole entrada de admisi�n el d�a 18 de agosto de 1999 y resolviendo en sentencia de fecha 30 de junio de 2000 lo siguiente: ?Por lo expuesto y con fundamento en los art�culos 236, 237, 238, fracci�n IV y 239, fracci�n II, del C�digo F. de la Federaci�n, es de resolverse y se

resuelve: I. La parte actora acredit� los extremos de su acci�n; en consecuencia, II. Se declara la nulidad de la resoluci�n impugnada para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto del presente fallo.?. Siendo importante se�alar que tampoco la hoy quejosa fue se�alada como parte ni en la demanda presentada ni por oficio por parte de dicho tribunal, no obstante de tener dicha calidad seg�n se desprende de todo el procedimiento. f) Inconforme con la anterior resoluci�n el administrador de lo Contencioso en suplencia del administrador general de Grandes Contribuyentes de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico interpuso recurso de revisi�n. g) Con fecha 13 de marzo de 2001 el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvi� por unanimidad de votos confirmar la sentencia de 30 de junio de 2000. h) En oficio 48720 de fecha 30 de noviembre de 2001 la Administraci�n General Jur�dica de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico emite, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal F. Federal, la resoluci�n en la cual manifiesta: ?Primero. Procede la devoluci�n de las cantidades indebidamente pagadas por C.P.M., S.A. de C.V., durante el periodo 1986 a 1997, bajo el concepto de derecho de mantenimiento de alumbrado p�blico por parte del Estado de M. y de los Municipios de E.Z. y Jiutepec.?. i) Asimismo, las autoridades notifican de manera personal el 3 de enero de 2003 los siguientes documentos: a) Oficio 114-S-UCH-PAJ-1-A-033 de fecha 18 de noviembre de 2002. b) Oficio 114-S-UCH-PAJ-1-A-040 de fecha 25 de noviembre de 2002, y oficio 56953 de la Administraci�n General Jur�dica del Servicio de Administraci�n Tributaria, mediante el cual se da a conocer la afectaci�n a las participaciones federales a los Municipios de Jiutepec y de E.Z.. Tercero. Es importante se�alar que con motivo del anterior procedimiento, en el cual no fuimos llamados a juicio, se promovi� juicio de amparo, el cual, radica con el n�mero 36/2003 en el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de Cuernavaca, M.. Cuarto. Como se ve la autoridad jurisdiccional resuelve que se regresen ciertas y determinadas cantidades por concepto del pago de lo indebido por alumbrado p�blico, no obstante que seg�n se desprende de los oficios 33 y 40, emitidos por el director y jefe (sic) y el director de la Unidad de Coordinaci�n con Entidades Federativas de la D.�n General Adjunta de Participaciones, Convenios y Asuntos Jur�dicos, es la Administraci�n General Jur�dica la que tiene que decidir la cantidad y montos a regresar, sin que se encuentre facultada para ello y sin existir autorizaci�n previa del superior jer�rquico, que en todo caso ser�a la Administraci�n General de Recaudaci�n. En ese sentido, el art�culo 11-A de la Ley de Coordinaci�n F. establece: ?Art�culo 11-A. Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinaci�n F., de las de coordinaci�n en materia de derechos o de adquisici�n de inmuebles, podr�n presentar en cualquier tiempo recurso de inconformidad ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico (D.O.F. de 26-XII-90). El recurso de inconformidad, podr� presentarse por un conjunto de contribuyentes que tengan un representante com�n. Para estos efectos los sindicatos, las c�maras de comercio y de industria y sus confederaciones, podr�n fungir como presentantes (Adicionado, D.O.F. de 26-XII-90). El recurso de inconformidad se tramitar� conforme a las disposiciones que sobre el recurso de revocaci�n establece el C�digo F. de la Federaci�n, con las siguientes modalidades: I. La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico oir� a la entidad de que se trate. II. La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico solicitar� un dictamen t�cnico a la Junta de Coordinaci�n F.. III. El plazo para resolver el recurso ser� de un mes a partir de la fecha en que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico reciba el dictamen a que se refiere la fracci�n anterior. IV. La resoluci�n podr� ordenar a la Tesorer�a de la Federaci�n la devoluci�n de las cantidades indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. A estas devoluciones les ser� aplicable lo que al respecto establece el C�digo F. de la Federaci�n. La resoluci�n podr� ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia F. y Administrativa por los promoventes del recurso. Las entidades federativas podr�n ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los t�rminos del art�culo 12 de esta ley.? (art�culo adicionado D.O.F. del 28-XII-89). En ese sentido ser� la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico quien ordenar� a la Tesorer�a de la Federaci�n devolver las cantidades indebidamente cobradas con cargo a las participaciones de la entidad. Quinto. Lo anterior es as�, pues de los documentos y del an�lisis del art�culo citado ser� la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico la encargada de llevar a cabo dicho procedimiento siguiendo los lineamientos de dicho precepto (art�culo 11-A de la Ley de Coordinaci�n F.), as� como las reglas del recurso de revocaci�n. Sexto. Sin embargo, si bien la autoridad encargada de resolver dicho documento ser�a la Administraci�n General Jur�dica, dicha entidad jur�dica dependiente de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico no cuenta ni tiene ninguna facultad para poder realizar la cuantificaci�n de los montos y determinarlos, lo cual lo hizo sin existir resoluci�n alguna debidamente notificada, llev�ndolo a cabo, adem�s, por mayor�a de raz�n, pues del documento 33 se desprende claramente que se re�nen las diversas unidades administrativas, as� como la Tesorer�a de la Federaci�n y deciden de manera por dem�s arbitraria, ilegal e inconstitucional que ser� la Administraci�n General Jur�dica la encargada de hacerlo, sin que cuente con autorizaci�n del superior jer�rquico, pues de dichos documentos no se demuestra lo contrario. S�ptimo. En ese sentido la Federaci�n por conducto de las autoridades demandadas transgrede nuestras garant�as consagradas en la Constituci�n, pues no existe competencia legal y material que faculte a la Administraci�n General Jur�dica a realizar dichos descuentos.

TERCERO

Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:

"Primero. I.�n de competencias sin fundamentaci�n y motivaci�n del acto. Es de explorado derecho y criterio firme e invariable de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que las autoridades, todas y sin excepci�n, s�lo pueden actuar en el marco de las competencias y facultades expresas que les se�alan las normas constitucionales y las legales que son conformes con las primeras. Pero tambi�n las autoridades deben motivar debidamente sus actos. No basta que se cite el precepto legal, resulta indispensable que el mismo sea aplicable al caso concreto. El Poder Ejecutivo y sus �rganos internos (la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y sus unidades administrativas) no est�n exceptuados de tales obligaciones. En un r�gimen federal, adicionalmente, las autoridadesfederales �nicamente pueden tomar resoluciones para actuar v�lidamente en el territorio de un Estado y/o Municipio y respecto de sus autoridades cuando el Pacto Federal y las leyes que de �l derivan as� lo autorizan expresamente. Si no se dan esos supuestos, las actuaciones de la instancia federal se constituyen en una invasi�n de competencias por territorio y materia, dado que si bien dichas autoridades federales tienen facultades que, en principio, se ejercen en todo el territorio nacional, ello no puede justificar que puedan ejercer otras que no derivan de las que expresamente les otorga la Constituci�n en un Estado en particular. Precisamente �sta es la materia de las controversias constitucionales. En la exposici�n de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Constituyente, en el apartado denominado ?Las controversias constitucionales?, para justificar esa nueva figura de control expres�: ?... Con la modificaci�n propuesta, cuando alguno de los �rganos mencionados en el p�rrafo anterior (todos los hoy mencionados en el texto de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional) estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos �rganos, podr� ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema Corte la anulaci�n del acto o disposici�n general. ...?. Y para cerrar ese apartado de las controversias constitucionales agrega el Ejecutivo Federal: ?... El otorgamiento de esas nuevas atribuciones reconoce el verdadero car�cter que la Suprema Corte de Justicia tiene en nuestro orden jur�dico el de ser un �rgano de car�cter constitucional. Es decir, un �rgano que vigila que la Federaci�n, los Estados y los Municipios act�en de conformidad con lo previsto por nuestra Constituci�n.?. Esa misma idea fue ratificada por el Senado de la Rep�blica y la C�mara de Diputados al dictaminar la iniciativa de reformas constitucionales. Por lo que cabe estimar que se viola la competencia constitucional de un Estado cuando un �rgano del poder p�blico federal se arroga y ejerce competencias que constitucionalmente est�n conferidas a una entidad federativa u �rganos federales pretenden actuar en una entidad (sic), sin tener facultades expresas para ello. Es el caso que el acuerdo que se impugna por esta acci�n de controversia constitucional se pretende fundamentar en los siguientes preceptos constitucionales y legales: 73, fracci�n XXIX, 5o., inciso a), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; en los art�culos 42, 43, y 34 (sic) apartado 1, incisos a), b) y c), de la Ley Org�nica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; as� como en los razonamientos que se contienen en el acuerdo combatido al tenor literal siguiente: ?... considerando que las disposiciones constitucionales y legales invocadas, as� como las consideraciones expresadas por los proponentes, son motivaciones y fundamentos pertinentes, toda vez que se trata de vigilar que no exista una doble tributaci�n para los gobernados, con base en las atribuciones constitucionales y legales otorgadas a esta soberan�a en materia de coordinaci�n fiscal. Estas facultades han sido revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n con motivo del cobro indebido de alumbrado p�blico, en cuya resoluci�n se establece expl�citamente que la devoluci�n por el cobro indebido de alumbrado p�blico deber� ser pagada por el Municipio al cual se le pagaron dichas cantidades por ese concepto, bajo la consideraci�n de que la legalidad de quien debe pagarlo no puede ser analizado en una controversia constitucional por no significar una invasi�n de competencias.?. Ahora bien, la fundamentaci�n y motivaci�n aducidos son incorrectos por las siguientes razones: En primer t�rmino, respecto a los fundamentos constitucionales debe decirse que los art�culos 73, fracci�n XXIX y 5o., inciso a) de la Constituci�n Federal, no otorgan facultades discrecionales al Ejecutivo, a trav�s de sus �rganos secundarios, a desviar partidas federales ordenadas a los Municipios para la devoluci�n a los particulares, pues si bien es la �nica encargada de establecer contribuciones de ese tipo, el Ejecutivo pretende ampliar su competencia y facultades en materia de coordinaci�n fiscal. Dicho precepto establece la competencia de ese �rgano legislativo para establecer contribuciones; asimismo, la Ley de Coordinaci�n F. establece en su art�culo 11-A iniciar el procedimiento a trav�s del recurso de inconformidad que marca ante la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico. Por supuesto cualquier gobernado puede hacer un recurso y, en consecuencia, iniciar el procedimiento. Lo que es absolutamente incorrecto es pretender que de ello se desprenda una facultad por la cual el Congreso haya facultado al Ejecutivo para hacerlo y en un momento dado desviar partidas por dicha causa, cuyo desarrollo y vigilancia �nicamente compete a las autoridades locales, pues en materia de alumbrado p�blico fue realizada en la Ley Estatal como lo es el art�culo 145 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de M., en el que se estableci� dicho ?derecho? a partir del 25 de agosto de 1986. Por su parte, el art�culo 89 de la propia Constituci�n General de la Rep�blica, en ninguna parte establece una facultad del Ejecutivo a realizar desv�os o descuentos sobre participaciones federales debidamente ordenadas por el Congreso sin que exista alg�n precepto legal para ello, por el cual pretende ampliar su competencia y facultades en esa materia. Dicho precepto establece �nicamente la competencia de ese �rgano legislativo para conocer de las participaciones que le corresponder�n al Municipio, las cuales podr�n ser otorgadas de manera mensual que en materia de coordinaci�n fiscal establece a ese �rgano. No obstante no tiene ninguna competencia para descontarlas cuyo desarrollo compete a las autoridades locales. Siendo evidente que ning�n precepto constitucional citado en ninguna forma autoriza o faculta al Ejecutivo para crear una comisi�n a trav�s de sus unidades administrativas para que por mayor�a de raz�n realicen descuentos de partidas federales a los Municipios. Segundo. Los actos que se reclaman son violatorios del principio de competencia constitucional establecido por el art�culo 14 y 16 constitucional (sic). En efecto, en nuestro pa�s y atendiendo a la disposici�n contemplada por el art�culo 124 de la Ley Fundamental, se establece un sistema de divisi�n de competencias entre la Federaci�n y los Estados miembros. Dicho sistema divisorio se establece con base en el principio general de que aquellas facultades que no est�n concedidas expresamente a los funcionarios federales por la propia Carta Magna se entender�n que forman parte de las atribuciones de los Estados. Ello significa que nuestra Ley Fundamental establece un sistema de facultades expresas para la Federaci�n y un sistema de facultades por excepci�n para los Estados miembros. Nuestra Constituci�n se coloc� en el supuesto de que la Federaci�n mexicana naci� un pacto entre los Estados preexistentes (sic), que delegaban ciertas facultades en el poder central y se reservaban los restantes, por ello, en este sistema el Poder Federal est� ingregrado (sic) por facultades expresas que se les restaron a los Estados, y cualquier duda que surja acerca de la competencia que pertenece a cada �mbito debe resolverse a favor de los Estados miembros, no s�lo porque �stos conservan la zona no definida, sino tambi�n porque la limitaci�n de las facultades de la Federaci�n, dentro de lo que expresamente le est� conferido, es principio b�sico de este sistema. Facultades expresamente conferidas a los poderes y facultades limitadas de los mismos poderes son expresiones equivalentes. En efecto, los Poderes Federales no son sino representantes con facultades de que enumeradamente est�n dotados, cualquier ejercicio de facultades no conferidas es un exceso en la comisi�n que implica un acto nulo; por tanto, el l�mite de las facultades est� donde termina su expresa enumeraci�n. S�gase de lo dicho que las facultades federales no pueden entenderse por analog�a, por igualdad, ni por mayor�a de raz�n a otros casos distintos de los expresamente previstos. La ampliaci�n de facultades as� ejercidas significar�a en realidad o un contenido diverso en la facultad ya existente o la creaci�n de una nueva facultad; en ambos casos el int�rprete sustituir�a indebidamente al legislador constituyente, que es el �nico que puede investir de facultades a los Poderes Federales. Tenemos en nuestro pa�s un sistema estricto que recluye a los Poderes Federales dentro de una zona perfectamente ce�ida. Ahora bien, no hay que desconocer que de conformidad con nuestro sistema de competencias constitucionales existe otra entidad que es necesario considerar para definir la competencia entre Federaci�n y Estados, nos referimos al �mbito de atribuciones del Municipio (en especial al Municipio de E.Z. en el Estado de M.). Entonces, tenemos que el sistema de distribuci�n de competencias que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se integra b�sicamente por las facultades conferidas expresamente a la Federaci�n (adem�s de los Estados) a los Municipios, ya que las potestades en el art�culo 115 de la misma Constituci�n se refieren a los Municipios, y por los restantes, de acuerdo con su art�culo 124 corresponden a las entidades federativas. As�, el �mbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federaci�n o a los Municipios. ?Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VIII, diciembre de 1998. Tesis: P./J.81/98. P�gina: 788. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCI�N DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACI�N, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. El sistema de distribuci�n de competencias que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se integra b�sicamente y en lo que ata�e a las hip�tesis examinadas por las facultades conferidas expresamente a la Federaci�n, las potestades asignadas en el art�culo 115 de la misma a los Municipios y, por las restantes que, de acuerdo con su art�culo 124, corresponden a las entidades federativas. As�, el �mbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federaci�n o a los Municipios.?. Hasta aqu� comentaremos las disposiciones que establecen la regla general para hacer la distribuci�n de competencias entre la Federaci�n y las entidades federativas que forman parte de la Uni�n. Por otro lado, el art�culo 115 de la Carta Magna establece el principio fundamental de Lex rei sitae. Dicho numeral literalmente dispone: ?Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un presidente municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al Gobierno Municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designar�n de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluir�n los periodos respectivos; estos concejos estar�n integrados por el n�mero de miembros que determine la ley, quienes deber�n cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer: a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales; b) Alumbrado p�blico; c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley; IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico. Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generalesde la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los Municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aquellos afecten su �mbito territorial; e i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales. En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios; VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia; VII. La polic�a preventiva municipal estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico. El Ejecutivo Federal tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente; VIII. Las leyes de los Estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias.?. Como se ve el Municipio es una organizaci�n pol�tico-administrativa que sirve de base a la divisi�n territorial y organizaci�n pol�tica de los Estados miembros de la Federaci�n, la cual integra la organizaci�n pol�tica tripartita del Estado mexicano, Estados y Federaci�n. Responde el Municipio a la idea de una organizaci�n comunitaria con gobierno aut�nomo que nace por mandato expresado en el art�culo 115, conforme a esta base jur�dica suprema, el sistema jur�dico municipal se crea por el cuerpo legislativo de los Estados sin que los Municipios puedan dictar sus propias leyes. Es la Ley Org�nica Municipal, comunmente as� denominada, expedida por la Legislatura de cada Estado, la que regula las otras dos potestades pol�ticas propias de todo gobierno, la administrativa y la judicial. Debido, seguramente, a que el Municipio tiene suprimida su potestad legislativa, disminuida y subordinada la judicial y s�lo se presenta a los ojos de la comunidad con su potestad administrativa, responsable fundamentalmente de la administraci�n y gesti�n de los servicios p�blicos, es que la doctrina mexicana ve en �l una forma de organizaci�n administrativa descentralizada por regi�n o territorial; G.F. dice: ?El Municipio es una forma en el que el Estado descentraliza los servicios p�blicos correspondientes a una circunscripci�n territorial determinada?; A.�s S.R. afirma: ?La forma m�s caracter�stica de la descentralizaci�n regional es el derecho constitucional y administrativo mexicanos, en el Municipio.?. Lo anterior significa que si bien la regulaci�n jur�dica que tenga relaci�n con dicho derecho de pago de alumbrado p�blico pertenece a las leyes federales, la regulaci�n de su cobro o pago por concepto de retenciones de dichas partidas debe recaer en los Estados a quienes corresponde emitir la cuantificaci�n matem�tica en una resoluci�n debidamente fundada y motivada sobre el derecho u obligaci�n que tenga el Municipio con el particular. Hay que puntualizar que, en el caso, la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico tiene unidades administrativas encargadas de resolver. No obstante, deben necesariamente tener la competencia y autorizaci�n correspondiente del titular o superior jer�rquico para hacerlo, situaci�n que no sucedi� en la especie, pues seg�n se desprende del documento 33 del 25 de noviembre de 2003, es por mayor�a de raz�n que resuelven qui�n ser� la encargada de cuantificarlos (Administraci�n General Jur�dica); es necesario aclarar que, en su caso, dicha funci�n debe recaer en la Administraci�n General de Recaudaci�n, no obstante, la Administraci�n General Jur�dica de dicha dependencia, sin emitir alg�n documento debidamente notificado a las partes, ordena a trav�s de sus funcionarios realizar los descuentos a la Tesorer�a de la Federaci�n. Esto es, si bien es cierto que la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico pudiera ser la encargada de resolver una cierta y determinada situaci�n jur�dica, como en el caso fue, tambi�n es cierto que sus unidades administrativas deben tener las facultades pertinentes para hacerlo. Adem�s, si bien es un derecho concedido a los Municipios, los cuales se rigen por las Legislaturas de los Estados, deben ser �stos los que en todo caso determinen en un momento dado si se cometi� alguna irregularidad por parte de los Municipios, siendo las Legislaturas de los Estados las que determinan a trav�s de sus leyes y c�digos el monto a pagar por parte de los consumidores, en ese sentido deben ser �stos quienes resuelvan una vez determinado qu� se debe, el monto y la cuantificaci�n de las sumas a devolver, y determinar y descontar por mutuo proprio dichas participaciones federales. En otro sentido, no existe dispositivo alguno en el Reglamento Interior del Servicio de Administraci�n Tributaria que faculte a la Administraci�n General Jur�dica y le d� competencia para tener facultades de cuantificar matem�ticamente, y llevar a cabo y determinar respecto a los Municipios que son organismos descentralizados y que forman parte de la organizaci�n tripartita del Estado, en la cual dicho reglamento marca en espec�fico que �nicamente respecto de dichas entidades ser� la Administraci�n General de Recaudaci�n la facultada para llevarlo a cabo, d�ndole �nicamente facultades a dicha autoridad, exclusivamente para resolver, m�s no para cuantificar. Sirve de apoyo a este razonamiento la siguiente tesis: ?Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XIV, octubre de 2001. Tesis: 2a. CXCVI/2001. P�gina: 429. AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garant�a que establece el art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus caracter�sticas destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el �rgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jur�dicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un n�mero indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hip�tesis. Ahora bien, estas caracter�sticas encuentran su fundamento en el principio de legalidad, seg�n el cual, las autoridades del Estado s�lo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y t�rminos que la misma determina, de tal manera que esta garant�a concierne a la competencia del �rgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra �ntimamente adminiculado a la garant�a de fundamentaci�n y motivaci�n, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocaci�n de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hip�tesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jur�dica del acto, si �ste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hip�tesis previstas en las normas que fundaron su decisi�n, es claro que no puede producir ning�n efecto jur�dico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situaci�n como si el acto nunca hubiera existido.?. Por lo anterior, debe declararse la invalidez de los actos que por esta controversia solicitamos. Tercero. Los actos que ahora se combaten violan el principio de legalidad establecido en el art�culo 16 constitucional, debido a que los mismos no se encuentran fundados y motivados. Para que un acto de autoridad se considere adecuado y suficientemente fundado y motivado ha de expresarse con precisi�n el precepto legal aplicable al caso y, tambi�n deben se�alarse con precisi�n las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n del acto, siendo necesario, adem�s, que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hip�tesis normativas. Esto se traduce simplemente en que el principio de legalidad consagrado en el art�culo 16 de nuestra Carta Magna establece que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendi�ndose por lo primero la obligaci�n de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinaci�n adoptada y, por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos l�gico-jur�dicos sobre el por qu� consider� que el caso concreto se ajusta a la hip�tesis normativa. En ese sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federaci�n en las siguientes tesis: ?Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: XI, abril de 2000. Tesis: P./J. 50/2000. P�gina: 813. FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JUR�DICA DE LOS PARTICULARES. Trat�ndose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jur�dica de los particulares, sino que se verifican s�lo en los �mbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garant�a de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jur�dico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garant�a de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentaci�n y motivaci�n, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera n�tida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuaci�n de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajust�ndose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes f�cticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que s� proced�a aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A trav�s de la primera premisa, se dar� cumplimiento a la garant�a de debida fundamentaci�n y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivaci�n.?. ?Novena �poca. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IX, enero de 1999. Tesis: VI.2o. J/123. P�gina: 660. FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas que tom� en cuenta el juzgador para dictar un prove�do, no se adecuan a la hip�tesis de la norma en que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentaci�n y motivaci�n que exige el art�culo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de garant�as.?. ?Novena �poca. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: III, marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43. P�gina: 769. FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. La debida fundamentaci�n y motivaci�n legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.?. ?Octava �poca. Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: XV-2, febrero de 1995. Tesis: VI.1o.232 K. P�gina: 189. ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentaci�n y motivaci�n previstos en el art�culo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisi�n el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para emitirlo; siendo necesario, adem�s que exista adecuaci�n entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hip�tesis normativas, para que los obligados est�n en aptitud de defenderse en debida forma.?. ?Octava �poca. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. Tomo: XV-2, febrero de 1995. Tesis: VI.2o.718 K. P�gina: 344. FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N. La debida fundamentaci�n y motivaci�n legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.?. En el particular, el Poder Ejecutivo Federal al emitir los actos cuya invalidez se reclama, no lo hicieron (sic) una determinaci�n previa debidamente fundada y motivada y debidamente notificada a las partes en las cuales se pudiera ver precisamente los fundamentos y motivos que tomaron en cuenta para cuantificar un adeudo en la cantidad de $26'746,243.52 (veintis�is millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.). Lo anterior se desprende de las constancias que se anexan a la presente, en donde se puede ver t�citamente el cobro que intenta realizar, pues al ser un acto de autoridad lo debieron haber realizado conforme a derecho, violando consigo a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de los actos que por esta v�a se reclaman tampoco se desprende fundamento legal alguno en el cual justifiquen su actuar, es decir, no citan los preceptos legales aplicables al caso concreto, ni tampoco justifican su competencia material y territorial para llevarlo a cabo. No es �bice que pudieran considerarse documentos internos entre las autoridades, no obstante dejan de serlo en el momento en que tambi�n se ordena girar copias de los mismos, tal como se ve en los oficios 33 y 40. Asimismo, en los actos cuya invalidez se demanda tampoco la autoridad federal emite los razonamientos l�gico-jur�dicos en virtud de los cuales considera que las normas generales son aplicables al caso particular, limit�ndose a imponer en perjuicio del Municipio de E.Z. y sin fundamento ni razonamiento alguno, la cuantificaci�n de la devoluci�n y a implantar el procedimiento de devoluci�n solicitado a la Tesorer�a de la Federaci�n. Mucho menos las autoridades demandadas se�alan con precisi�n las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci�n para la emisi�n de los actos cuya invalidez se demanda, ni tampoco demuestran que exista adecuaci�n entre los motivos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hip�tesis normativas. Finalmente y en relaci�n con el agravio constitucional esgrimido, resulta procedente el estudio de dicho concepto de invalidez invocado en esta controversia constitucional, no obstante se refiera a contravenciones al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, pues se hace en relaci�n con otras disposiciones federales y locales que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto. Es decir, si bien el art�culo citado se encuentra dentro del t�tulo primero, cap�tulo primero, denominado ?De las garant�as individuales? lo cierto es que esta parte es reconocida como axiol�gica o valorativa, por lo que aun trat�ndose de un sistema procesal, como la presente controversia constitucional que tiende a evitar la invasi�n en los tres niveles de gobierno, deben aplicarse, por analog�a, esos principios, siendo lo anterior acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen de validez de los actos impugnados. Sobre el particular v�ase: ?Novena �poca Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: V, abril de 1997. Tesis: P./J. 23/97. P�gina: 134. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE EST�N VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en �l se alega contravenci�n al art�culo 16 de la Constituci�n Federal, en relaci�n con otras disposiciones, sean de la Constituci�n Local o de leyes secundarias, siempre que est�n vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constituci�n Local dentro del proceso legislativo que culmin� con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidar�an. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el art�culo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisi�n judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.?. ?Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: P./J. 65/96. P�gina: 327. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA GARANT�A DE DEBIDO PROCESO LEGAL PREVISTA EN EL ART�CULO 14 DE LA CONSTITUCI�N, DEBE RESPETARSE A LAS PARTES PARA INTERPRETAR SI LA DEMANDA FUE PROMOVIDA OPORTUNAMENTE. Para determinar si una demanda de controversia constitucional fue presentada en tiempo, atendiendo a la fecha a partir de la cual se debe hacer el c�mputo relativo, ante diversas posibilidades de interpretaci�n de los preceptos que lo rigen, al pretender, las autoridades demandadas, que se tome en cuenta la fecha del acto de aplicaci�n de la ley que, se estima, invadi� la esfera de un Municipio, debe preferirse la que respete el art�culo 14 de la Constituci�n, en cuanto que no se vulneren las formalidades esenciales del procedimiento, que son las necesarias para una adecuada defensa del promovente, evit�ndose que se genere su indefensi�n, pues si bien el art�culo citado se encuentra dentro del t�tulo primero, cap�tulo primero, denominado �De las garant�as individuales�, lo cierto es que esta parte es reconocida como axiol�gica o valorativa, por lo que aun trat�ndose de un sistema procesal que tiende a evitar la invasi�n de esferas entre los tres niveles de gobierno, deben aplicarse, por analog�a, esos principios.?... IX. Procedencia de la controversia constitucional. En t�rminos de lo dispuesto porel art�culo 105, fracci�n I, inciso b), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, procede el presente juicio debido a que se trata de una controversia entre un Municipio y la Federaci�n que se refiere a un acto concreto que invade la esfera de la competencia constitucional, sin que hubiese sido llevado a cabo por autoridad competente para ello caus�ndole un agravio material y constitucional. En ese sentido el Municipio de E.Z. est� ejerciendo una acci�n cuyo objetivo esencial es la impugnaci�n de los actos del Poder Ejecutivo Federal que est�n afectando sus facultades constitucionales, traduci�ndose en una invasi�n a su �mbito competencial provocada por el nivel del Gobierno Federal; todo esto con el fin de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno le corresponden, de tal manera que cada nivel de gobierno est� en aptitud de llevar a cabo y agotar en sus t�rminos todas aquellas que el propio sistema federal le otorga a trav�s de la Carta Magna.-?Novena �poca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: VII, febrero de 1998. Tesis: 2a. XIII/98. P�gina: 337.-CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL AN�LISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACI�N Y CAUSA GENERADORA QUE LLEV� AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL.-Acorde con su propia y especial naturaleza, las controversias constitucionales constituyen una acci�n cuyo objetivo esencial es permitir la impugnaci�n de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasi�n a su �mbito competencial provocada por otro nivel de gobierno; todo esto con el fin de que se respeten las facultades y atribuciones que a cada uno corresponde, de tal manera que cada nivel de gobierno est� en aptitud de llevar a cabo y agotar en sus t�rminos, todas aquellas que el propio sistema federal le otorga a trav�s de la Carta Magna. Con este prop�sito, al resolver el fondo, se tendr�n que analizar los principios rectores elevados a rango constitucional, que determinan los respectivos �mbitos de competencia de cada nivel de gobierno y en los que se precisan las facultades y atribuciones de cada uno de �stos, lo cual debe hacerse tambi�n considerando la propia motivaci�n y causa generadora que llev� al legislador a la inclusi�n de dichos principios e instituciones fundamentales como lineamientos de nuestro sistema federal, de tal manera que se aprecie en forma cierta el sentido y teleolog�a de �stos para una correcta interpretaci�n y aplicaci�n de los mismos en beneficio de la sociedad.?.-Ahora bien, para la admisi�n a tr�mite de la presente controversia constitucional hay que considerar el hecho de que aunque el art�culo 105 constitucional y su ley reglamentaria s�lo se refieren a entidades, poderes y �rganos, sin mencionar expresamente a las S.�as de Estado, no constituye un motivo de improcedencia la circunstancia de que se�ale como autoridad demandada a una S.�a de Estado y a sus �rganos que jer�rquicamente se encuentran subordinados al titular del Ejecutivo Federal cuando �ste tambi�n figura como demandado, ya que es uno de los poderes a que se refiere el art�culo 105 constitucional.-?Novena �poca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta. Tomo: IV, agosto de 1996. Tesis: P./J. 47/96. P�gina: 295.-CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EL QUE SE SE�ALE, ENTRE OTRAS AUTORIDADES, A UNA SECRETAR�A DE ESTADO.-En t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 1o. del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria en relaci�n con lo dispuesto por el art�culo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, s�lo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en �l, quien tenga inter�s en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el inter�s contrario. En este orden de ideas, no es en el auto admisorio donde se puede calificar la existencia de ese inter�s contrario al del actor y la consecuente legitimaci�n procesal pasiva del demandado, sino que es en la sentencia donde el Juez puede valorar los elementos existentes en autos, y resolver sobre la procedibilidad de la acci�n respecto de uno o varios de los demandados. Pues la legitimaci�n pasiva ad rocessum deviene del simple hecho de que la parte demandada haya sido se�alada como tal; en tanto que la legitimaci�n ad causam constituye un aspecto que s�lo puede examinarse en la sentencia. De ah� que, el hecho de que el art�culo 105 constitucional y su ley reglamentaria s�lo se refieran a entidades, poderes u �rganos, sin mencionar expresamente a la S.�a de Estado, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia si se considera que dichas dependencias se encuentran subordinadas al titular del Ejecutivo Federal, cuando �ste tambi�n figura como demandado, ya que es uno de los poderes a que se refiere el art�culo 105 constitucional.?."

CUARTO

Los preceptos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 14, 16, 49, 50, 73, fracci�n XXIX, punto 5o., inciso a), 121 y 124.

QUINTO

Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al cual le correspondi� el n�mero 18/2003, y por raz�n de turno design� como instructora a la M.O.M.�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V..

Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil tres se requiri� al promovente de la controversia constitucional para que aclarara su demanda, en el sentido de que precisara las consecuencias legales y materiales que impugna, quien por oficio de tres de marzo de dos mil tres manifest�: "... son los diversos actos de ejecuci�n relativos a los descuentos que las autoridades demandadas est�n haciendo y pretenden hacer para quitarnos las partidas federales ... as� como sus consecuencias que son los dem�s actos de ejecuci�n que pueden ser diversos, para descontarnos de forma mensual de las partidas federales seg�n se desprende de los actos materia de la presente controversia, hasta cubrir el monto del supuesto adeudo.".

Por prove�do de once de marzo de dos mil tres, la Ministra instructora orden� agregar el oficio aclaratorio, admiti� la demanda de controversia constitucional, orden� emplazar a la autoridad demandada para que dentro del plazo legal formulara su contestaci�n, y dar vista al procurador general de la Rep�blica para que manifestara lo que a su representaci�n correspondiera.

SEXTO

En el caso resulta innecesario atender a las manifestaciones expuestas por la autoridad demandada y por el procurador general de la Rep�blica al contestar la demanda y emitir su opini�n, respectivamente, en atenci�n al resultado de la presente resoluci�n.

S�PTIMO

Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

OCTAVO

Atendiendo a la solicitud formulada por la Ministra instructora al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se acord� remitir el expediente a la Primera Sala de este M�ximo Tribunal de Justicia para su radicaci�n y resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso b), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, y el punto cuarto del acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno; dado el sentido de la presente resoluci�n se hace innecesaria la intervenci�n del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO

Por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Conviene destacar que en la presente v�a los actos impugnados se hicieron consistir en los siguientes:

A. ... El debi� (sic) de participaciones federales que le corresponden al Municipio de Jiutepec (sic), en el Estado de M., siendo la ilegalidad cometida por parte del Poder Ejecutivo Federal, debido a que se est�n afectando facultades constitucionales de este Municipio por determinaci�n (indebidamente fundada y motivada) que nunca fue plasmada en documento alguno y que implican violaciones diversas a los art�culos constitucionales que en apartado correspondiente se precisar�n, debido a que la autoridad federal, a trav�s del Poder Ejecutivo (y en especial la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico a trav�s de la Administraci�n General Jur�dica del Servicio de Administraci�n Tributaria y dem�s unidades administrativas) no tiene ninguna facultad para descontar y desviar partidas federales a cargo de los Municipios como lo es el de Jiutepec (sic), en el Estado de M., sin existir tampoco autorizaci�n expresa del superior jer�rquico para ello; lo anterior se desprende de los siguientes actos: B. El oficio 114-S-UCH-PCAJ-1-A-033 de fecha 25 de noviembre de 2002, expedido por el jefe de la Unidad de Coordinaci�n con Entidades Federativas.-C. El oficio 114-S-UCH-PCAJ-1-A-040 de fecha 25 de noviembre de 2002, expedido por el director de la Unidad de Coordinaci�n Hacendaria con Entidades Federativas.-D. El oficio 325-SAT-II-RA-56953 de fecha 28 de noviembre de 2002, emitido por el administrador central de lo Contencioso de la Administraci�n General Jur�dica del Servicio de Administraci�n Tributaria.-E. La implementaci�n de los procedimientos de descuento de partidas federales al Municipio de E.Z. por parte de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de sus unidades administrativas y que se derivan de los criterios contenidos en los oficios enumerados anteriormente.-F. Todas las consecuencias legales y materiales que deriven de los anteriores actos.

De lo anterior se sigue que los actos reclamados esencialmente se hicieron consistir en el desv�o de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, as� como la implementaci�n de los procedimientos de descuento de partidas federales por parte de la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, los cuales se desprenden de los oficios 114-S-UCH-PCAJ-1-A-033, 114-S-UCH-PCAJ-1-A-040 y 325-SAT-II-RA-56953; cabe aclarar que en la transcripci�n anterior se se�ala que los dos primeros oficios son de veinticinco de noviembre de dos mil dos, sin embargo, de las constancias de autos se desprende que son de dieciocho y veinticinco de noviembre de dos mil dos, respectivamente.

Lo anterior pone de manifiesto que la naturaleza de lo impugnado son actos, dado que �stos se refieren a situaciones particulares y concretas.

El art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se�ala:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

"I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos. ..."

Del precepto legal transcrito se desprende que trat�ndose de actos, el plazo para la interposici�n de la demanda de controversia constitucional ser� de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente:

1) Al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame.

2) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o

3) Al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso, del oficio de demanda se desprende la manifestaci�n de la actora, en el sentido de que los oficios 114-S-UCH-PCAJ-1-A-033, 114-S-UCH-PCAJ-1-A-040 y 325-SAT-II-RA-56953 le fueron notificados el tres de enero de dos mil tres (foja 8 del expediente).

No obstante lo anterior, obra en autos el acuse de recibo de veinticuatro de diciembre de dos mil dos del oficio n�mero SH/01349C/2002, suscrito por la S.�a de Hacienda del Gobierno del Estado de M. (fojas 458 del expediente) dirigido al presidente del Municipio actor en el que le envi� copia de los oficios impugnados en esta controversia constitucional en los que se da a conocer la afectaci�n de participaciones a los Municipios de Jiutepec y E.Z., Estado de M..

De lo anterior, se sigue que el Municipio actor tuvo conocimiento de la afectaci�n de sus participaciones desde el d�a veinticuatro de diciembre de dos mil dos y no a partir del tres de enero de dos mil tres; por consiguiente, el plazo para la promoci�n de la demanda transcurri� del jueves dos de enero al trece de febrero de dos mil tres, descont�ndose el cuatro, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintis�is de enero, uno, dos, ocho y nueve de febrero, por corresponder a s�bados y domingos, as� como el mi�rcoles cinco de febrero de este a�o, por ser inh�biles de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci�n con el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Es pertinente aclarar que el plazo inici� hasta el dos de enero de dos mil tres, en virtud de que el Municipio tuvo conocimiento de los actos impugnados durante el transcurso del receso del primer periodo de sesiones de este Alto Tribunal.

Por tanto, si la demanda se present� en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho de febrero de dos mil tres, seg�n se advierte del sello que obra al reverso de la foja veinticinco de autos, es decir, el tercer d�a del vencimiento del plazo, es inconcuso que la misma es extempor�nea.

No es �bice a lo anterior el hecho de que la actora haya exhibido copia de los oficios UCH-PCAJ-1-A-033 y 114-S-UCH-PCAJ-1-A-040, en los que obra estampado un sello que dice "H. Ayuntamiento de E.Z., recibido enero 3 2002. S.�a particular", en virtud de que la citada copia no puede ser considerada como acuse de recibo de la notificaci�n respectiva, ya que en todo caso lo que acredita es la posible fecha en que tuvo conocimiento el Municipio actor.

Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracci�n VII del art�culo 19 de la ley reglamentaria de la materia y lo procedente es sobreseer en la presente controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 20 del mismo ordenamiento legal.

Los citados numerales a la letra indican:

"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el art�culo 21."

"Art�culo 20. El sobreseimiento proceder� en los casos siguientes:

"...

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el art�culo anterior; ...

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

�NICO.-Se sobresee en la presente controversia constitucional promovida por el Municipio de E.Z. del Estado de M..

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de cinco votos de los se�ores M.J.V.C. y C., H.R.P., Jos� de Jes�s G.�o P., O.S.C. de G.�a V. (ponente) y presidente J.N.S.M..

Nota: En el mismo sentido se resolvi� la controversia constitucional 19/2003, promovida por el Municipio de Jiutepec, Estado de M., en sesi�n de veinticinco de junio de 2003, bajo la ponencia de la M.O.M.�a del Carmen S�nchez C. de G.�a V..