Ejecutoria num. P./J. 34/2002 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26826299

Ejecutoria num. P./J. 34/2002 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 34/2002
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Junio de 2002
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, ESTADO DE VERACRUZ.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 10, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 53 QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS QUE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE COMO CUESTIONES MÍNIMAS QUE LAS CONSTITUCIONES LOCALES DEBERÁN PLASMAR EN SUS TEXTOS.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA HACIENDA MUNICIPAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AQUELLA ENTIDAD FEDERATIVA, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES AQUÉL SE LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERECHOS HUMANOS QUE ESTABLECE EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA AUTORIZAR A LOS MUNICIPIOS A ENAJENAR, GRAVAR Y TRANSMITIR LA POSESIÓN O DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, PARTICIPACIONES, IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES O CUALQUIER TIPO DE INGRESOS FISCALES QUE INTEGREN LA HACIENDA MUNICIPAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AQUELLA ENTIDAD FEDERATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2000. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE C�RDOBA, ESTADO DE VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIOS: E.F.M.G.P.Y.A.Z. CASTA�EDA.

M�xico, Distrito F., Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a nueve de mayo de dos mil dos.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante escrito presentado el quince de marzo del dos mil, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, A.C. de la Vequia y R. de G.�n G.�n, ostent�ndose como presidente municipal y s�ndico �nico del Ayuntamiento de C�rdoba, Veracruz, promovieron controversia constitucional demandando, de las autoridades mencionadas en el p�rrafo siguiente, la invalidez de la norma general que a continuaci�n se se�ala:

"... II. La entidad, poder u �rgano demandado y su domicilio. 1) El C. Gobernador C.onal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con domicilio bien conocido en el Palacio de Gobierno del Estado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. 2) El C.S. general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con domicilio bien conocido en el Palacio de Gobierno del Estado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. 3) El H. Congreso L. del Estado de Veracruz, con domicilio bien conocido en el Palacio Legislativo del Estado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. 4) Los Ayuntamientos miembros del Constituyente Permanente del H. Estado de Veracruz que aprobaron la precitada reforma constitucional, cuyos nombres y domicilios bien conocidos se refieren a continuaci�n: Acajete, Acatl�n, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, C.�n de T., A.�huac, A.L., Altotonga, A., Amatitl�n, Amatl�n de los R., �ngel R.C., Apazapan, A., Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Ayahualulco, B., B.J.�rez, Calcahualco, C.Z.M., C.P., Catemaco, Cazones de H., Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitl�n, Coatepec, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Cosamaloapan, Cosautl�n de Carvajal, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitl�huac, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chinameca, C. de G., Las Choapas, C.�n, Chontla, C.�n, E.Z., Espinal, F.M., Fort�n, G.Z., H.�n, Huatusco, Huayacocotla, H. de O., H. de Cuauht�moc, I. de la Llave, Ilamatl�n, Isla, Ixcatepec, I.�n de los R., I.�n del C.�, I.ancillo, I.�n del Sureste, I.�n de M., I.�n, J., Jalcomulco, Jaltipan, Jamapa, Jes�s C., X., J., J. de F., L. y C., L. de Tejada, M., M., M.F.A., M.E., M.�nez de la Torre, M.�n, Mecayapan, Medell�n, Miahuatl�n, Las Minas, M.�n, Misantla, Mixtla de A., M.�n, Naolinco, Naranjal, Nautla, N., Oluta, Omealca, Otatitl�n, Oteapan, Ozuluama, P., P�nuco, Papantla, Paso del Macho, Paso de Ovejas, La Perla, P., Plat�n S�nchez, Poza Rica de H., Vigas de R., Pueblo Viejo, Puente Nacional, R.D., R.L., Los R., R�o Blanco, Saltabarranca, San Andr�s Tenejapan, San Andr�s Tuxtla, S.J.E., Santiago Tuxtla, Sayula de A.�n, Soconusco, Sochiapa, S.A., S. de Doblado, Soteapan, Tamal�n, Tamiahua, T.A., Tancoco, Tantima, Tatatila, Castillo de Teayo, Tecolutla, Tehuipango, Temapache, Tempoal, Tenampa, Tenochtitl�n, Teocelo, Tepetl�n, Tepetzintla, Tequila, J.A., Texcatepec, Texhuac�n, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatl�n, Tlacojalpan, Tlacolul�n, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mej�a, Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tlalnehuacoyan, Tlapacoyan, Tlaquilpan, Tlilapan, Tonayan, Tuxpan, Tuxtilla, �rsulo G.�n, V. de Alatorre, Veracruz, V.A., Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Z.�n, Z. de H., Agua Dulce, El Higo, Nanchital de L�zaro C�rdenas del R�o, Tres Valles, C.A.C., Uxpanapa, Tatahuicapan. 5) La D.�n Permanente de la honorable Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con domicilio bien conocido en el Palacio Legislativo del Estado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Estados Unidos Mexicanos. ... IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que se public�. La expedici�n del decreto publicado el jueves 3 de febrero del 2000 en la G.O., �rgano del Gobierno del Estado de Veracruz, donde la D.�n Permanente de la honorable Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz, declar� aprobada la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz. G.O., �rgano del Gobierno del Estado de Veracruz, del jueves 3 de febrero del 2000."

SEGUNDO

Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados por la parte actora, son los art�culos 29, 39, 40, 103, 113, fracci�n I, 115, 116 y 128.

TERCERO

En la demanda se se�alaron, en s�ntesis, como antecedentes del caso los siguientes:

Que el tres de febrero del dos mil se public� el decreto mediante el cual la D.�n Permanente de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz, declar� aprobada la "Ley N�mero 53" que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz.

CUARTO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. Que la expedici�n del decreto publicado el jueves 3 de febrero del 2000 en la G.O., �rgano del Gobierno del Estado de Veracruz, donde la D.�n Permanente de la honorable Quincuag�sima Octava Legislatura del Estrado Libre y Soberano de Veracruz, declar� aprobada la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz; es en la gram�tica o en el concepto literal una 'reforma y derogaciones', pero en el fondo, en el contenido, en el cuerpo de la ley, se trata verdaderamente de una 'nueva C.�n de Veracruz', y no s�lo cuantitativamente, sino cualitativamente, si se trata de una nueva C.�n, lo que sin duda viol� flagrantemente lo dispuesto en los art�culos 39, 40 y 116 de nuestra C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el p�rrafo segundo del art�culo 116 de la C.�n General, establece que 'Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas.'. Por su parte, los art�culos 39 y 40 de la C.�n General, respectivamente, disponen que: 'La soberan�a nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.' y 'Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental.'. En este sentido, la denominada 'reforma integral' a la C.�n de Veracruz trastoca lo anteriormente dispuesto, porque del n�mero y an�lisis de los art�culos reformados y derogados se desprende un nuevo ordenamiento, que obviamente al revestir dicha caracter�stica lo hace inconstitucional e inv�lido, porque ha sustituido la piedra angular de la soberan�a popular del Estado de Veracruz, reconocida textualmente por la C.�n General en cuanto a su r�gimen interior. Efectivamente, s�lo un 'Poder Constituyente' (entendido como el medio por el cual el pueblo deposita el ejercicio de su soberan�a en un cuerpo, compuesto de representantes populares, denominado Congreso o Asamblea Constituyente, que tiene como objetivo o misi�n �nica la elaboraci�n de una C.�n en su nombre), es el facultado para confeccionar una nueva C.�n, ya que el Poder Constituyente Permanente que se alude para reformar y modificar la C.�n, no implica de ninguna manera dicha facultad, pues la potestad reconocida es s�lo para enmiendas, reformas o adiciones, pero nunca para su eliminaci�n integral o para cambiar su esencia o sustancia -principios fundamentales-; no implica la facultad para sustituir a la C.�n entera y dar vista (sic) a una nueva, por m�s que se quiera disfrazar mediante una literalidad en el decreto. En efecto, durante mucho tiempo la idea de la soberan�a ha sido motivo de grandes discusiones en la historia mundial; durante mucho tiempo se acept� o se hizo aceptar que la soberan�a resid�a en el pr�ncipe o en el rey. No obstante, en los comienzos del siglo XVII el alem�n Althusius, en su obra denominada 'Pol�tica Methodice Digesta' aparecida en 1603, atribuy� la titularidad de la soberan�a en el pueblo, como la comunidad pol�tica producto de la uni�n voluntaria de los hombres. Con estas ideas, se arrebata a los reyes la tesis de que la soberan�a absoluta les pertenec�a. Asimismo, otras tesis vinieron a reafirmar que la soberan�a reside en el pueblo. En el constitucionalismo mexicano vigente es reconocido dicho postulado. Partiendo de que el pueblo, como suma de personas humanas reales, agrupadas en comunidades naturales (como la familia, la tribu, el Municipio, las organizaciones, del trabajo o de profesi�n, de cultura, entre otras, hasta dar origen al Estado) para la realizaci�n de prop�sitos, de destinos, de necesidades humanas, decidi� y necesit� darse una organizaci�n jur�dica pol�tica, creando el derecho que a su vez da vida al Estado como persona moral, es que se otorga dicha estructura jur�dico-pol�tica mediante la expresi�n de un ordenamiento fundamental denominado C.�n, como el ordenamiento que estructura normativamente a ese pueblo. Es en la C.�n donde el pueblo apunta sus fines, sus derechos, etc.; aqu� se rige la actividad del Estado, es decir, el poder p�blico se subordina a la C.�n, misma que tiene su nacimiento 'originalmente del pueblo'. Es as�, que el Poder Constituyente est� inescindiblemente vinculado al de la soberan�a, como capacidad de la voluntad general o del pueblo de darse un ordenamiento constitucional. Insistimos, el Poder Constituyente es la soberan�a misma en cuanto tiende a estructurar primaria y fundamentalmente al pueblo mediante la creaci�n de una C.�n en su sentido jur�dico-positivo, que contiene las normas b�sicas y supremas. En tal virtud, correspond�a al pueblo de Veracruz haber decidido darse una nueva C.�n, ya que el Poder Constituyente, al detentarse en el pueblo como elemento inseparable e inescindible de la soberan�a, es decir, como la potestad de darse una C.�n, es que tambi�n a �l corresponde el sustituirla por otra, o de modificar los principios cardinales sobre los que descansa, por lo que nadie ni nada, fuera del pueblo, tiene dichas facultades. E.�ndase por esto que los �rganos constituidos, es decir, los que se hayan creado en la C.�n, no tienen semejantes facultades; suponer lo contrario ser�a una aberraci�n e incluso el aniquilamiento sobre el origen y esencia de la soberan�a del pueblo. No obstante lo anterior, en el caso de la C.�n de Veracruz recientemente aprobada, se vulner� la soberan�a popular de los veracruzanos y, obviamente, de los Municipios que tambi�n quedamos sujetos a ella, aun y a pesar que se estuvo en contra de su aprobaci�n. Consideramos que se confundieron y, por tanto, se rebasaron las facultades de un Poder Constituyente y el de los Poderes Constituidos, entre los que se incluye el llamado 'Constituyente Permanente' (en el caso federal: Congreso de la Uni�n y Legislaturas L.es; en el caso local: legislatura y Ayuntamientos), toda vez que hay diferencia sustancial entre uno y otro. Como ya se dijo, el Poder Constituyente, que es la soberan�a misma, tiene como objetivo el de construir una C.�n. Entre tanto, el Poder Constituido, y con mayor precisi�n el denominado 'Constituyente Permanente', tiene la facultad de adicionar o reformar la C.�n, facultad que consideramos consiste en modificar las normas constitucionales que reconocen los derechos fundamentales que estructuran las instituciones pol�ticas, sociales, econ�micas, etc., perfeccionando o aclarando sus postulados b�sicos, pero sin alterar su esencia o suprimiendo o tergiversando principios torales en que se sustenta dicho ordenamiento. El Poder Constituyente Permanente enmienda o modifica lo que no es esencial en ella, pero no puede establecer o crear una nueva C.�n, ya que la misma no lo autoriza; m�xime cuando se ha dicho que los gobernantes pueden hacer todo aquello que no les est� prohibido y el poder p�blico s�lo aquello que le est� permitido, ya que el Estado y, por ende, el poder p�blico, debe o est� forzosamente sometido al orden jur�dico fundamental que le da vida. No coincidimos con la tesis de que la actual redacci�n del art�culo 135 o 130 de la C.�n F. o de Veracruz, respectivamente, al disponer que 'la C.�n puede ser adicionada o reformada' implique que no existen l�mites, y que en tal sentido es posible que el Poder Revisor pueda promulgar una nueva C.�n bajo el previo y formal procedimiento. Esta interpretaci�n es totalmente aberrante, como ya se ha demostrado con antelaci�n, ya que efectivamente, insistimos, dicho Poder Revisor o 'Constituyente Permanente' no constituye, s�lo modifica o enmienda, no 'abroga'. De aceptarse la citada tesis, diremos que el pueblo ha dejado de tener la soberan�a, lo cual es il�gico, ya que no puede aceptarse que no pudo haberse despojado de su soberan�a para conferirla al Congreso de la Uni�n y a las Legislatura (F.) o Legislatura y Ayuntamientos (L.). Finalmente, cabe decir que respecto al caso de Veracruz, las consultas populares, foros, pl�ticas con expertos, acad�micos, etc., de ninguna manera presupone una manifestaci�n de la voluntad general veracruzana para pensarse que estamos en presencia de un Poder Constituyente. Pues �ste s�lo puede devenir, o bien de una ruptura social o revoluci�n, o cuando la propia C.�n as� lo prevea, que no es el caso. Nosotros estamos convencidos que la C.�n de Veracruz debe perfeccionarse, evolucionar, debe ser din�mica para responder a las necesidades sociales actuales, sin que ello implique desposeer, aniquilar o desplazar al verdadero titular de la soberan�a del Estado: el pueblo veracruzano, y con ello atentar contra uno de los principios fundamentales que sustenta nuestra C.�n General; aunado a las dem�s violaciones que m�s adelante se precisan y que violan principios de esta misma Ley Fundamental. Segundo. El art�culo 103 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que: 'Los tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garant�as individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados o la esfera de competencia del Distrito F., y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito F., que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.'. El control de la constitucionalidad que establece nuestra N.F. consiste en encomendar dicho control al Poder Judicial F., principal, pero no exclusivamente a trav�s del amparo. T.R.�rez sostiene que 'si en el aspecto te�rico el juicio de amparo no puede ser considerado como una aut�ntica defensa de la constitucionalidad, en la pr�ctica dicho juicio ha derivado, natural y l�gicamente, hacia una defensa de la simple legalidad ... Pero entre las garant�as individuales que en 57 quedaron protegidas por el amparo, hab�a una (la que, entre otras varias, consignaba el art�culo 14), seg�n la cual nadie podr� ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al hecho. Pronto se esgrimi� por los litigantes, y se hizo triunfar ante la Corte, la tesis de que la garant�a de que se habla, resultaba infringida cuando la ley no se aplicaba exactamente; desde entonces, el J. constitucional tuvo que examinar en el amparo si el J. com�n hab�a aplicado o no exactamente la ley ordinaria, lo que equival�a a conocer de la legalidad de la actuaci�n judicial, de las violaciones a las leyes ordinarias, tal como se hab�a propuesto por R.�n y por O.'. Es evidente que corresponde a los tribunales federales velar porque se respeten todas las garant�as individuales y, en general, el cumplimiento de la C.�n F., lo que abarca la protecci�n de todos los derechos que ampara tanto la C.�n F., las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales, as� como por la garant�a de legalidad, el respeto a la aplicaci�n exacta de cualquier ley, incluidas las C.ones L.es. Debido a la reforma constitucional, el art�culo 4o., p�rrafo tercero de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz, establece que: 'Las autoridades del Estado, en su correspondiente esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta C.�n; as� como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protecci�n de derechos humanos; la violaci�n de los mismos implicar� la sanci�n correspondiente y, en su caso, la reparaci�n del da�o, en t�rminos de ley.'. Tambi�n, debido a la precitada reforma el art�culo 64, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz, establece que: 'Para el cumplimiento de las atribuciones se�aladas en las fracciones I y II del art�culo 56 de esta C.�n, el Tribunal Superior de Justicia contar� con una Sala C.onal, integrada por tres Magistrados, que tendr� competencia para: I.C. y resolver, en los t�rminos de la ley respectiva, del juicio de protecci�n de derechos humanos, por actos o normas de car�cter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, provenientes de: a) El Congreso del Estado; b) El Gobernador del Estado; y c) Los titulares de las dependencias o entidades de la administraci�n p�blica estatal, municipal y de los organismos aut�nomos de Estado.'. Como es evidente, se crea una nueva figura denominada juicio de protecci�n de derechos humanos, cuyo objeto es proteger los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve. El juicio de protecci�n de derechos humanos que se pretende crear est� invadiendo la esfera de competencias federales. Es claro que corresponde a los tribunales federales velar porque se respeten todas las garant�as individuales y, en general, el cumplimiento de la C.�n F., lo que abarca la protecci�n de todos los derechos que ampara tanto la C.�n F., las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales, as� como siguiendo el principio de legalidad, todo el orden jur�dico mexicano en general. Por lo que cualquier 'derecho humano que se reserve el pueblo de Veracruz' ya est� incluido, y forma parte de la competencia federal. Es decir, es innecesario que exista tal juicio de protecci�n a los derechos humanos, toda vez que su objeto forma parte de la competencia de los tribunales federales. Los tribunales federales tienen dentro de su competencia las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen las garant�as individuales, las cuales abarcan todos los derechos queampara la C.�n F. (entre los que destaca la garant�a de legalidad, la cual implica el respeto a toda ley), las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales. El precitado juicio de protecci�n a los derechos humanos invade la competencia exclusiva de la Federaci�n. Abundando en el tema, en los casos en que el control de la constitucionalidad es compartido por la Federaci�n y por las entidades federativas se manifiesta expresamente en la misma N.F., como ocurre con la Comisi�n Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. La existencia del juicio de protecci�n de derechos humanos, que por actos o normas de car�cter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, causa agravio a los Municipios veracruzanos, toda vez que la poblaci�n de nuestros Municipios podr� combatir los actos de autoridad que expida el Ayuntamiento tanto por la v�a del amparo como por la del precitado juicio de protecci�n de derechos humanos, y las autoridades del Ayuntamiento deber�n contestar en estas dos v�as, creando una situaci�n de inseguridad jur�dica. Por lo que hace evidente, no s�lo la duplicidad y la invasi�n de competencias, sino la posibilidad real que las sentencias sean contradictorias, creando un verdadero estado de indefensi�n tanto a la autoridad municipal como al habitante del Municipio. Tambi�n causa agravio a las autoridades municipales la reforma en comento pues, de acuerdo con el art�culo 128 de la C.�n F., hemos protestado guardar la C.�n y las leyes que de ella emanen, toda vez que la existencia del juicio de protecci�n de derechos humanos representa una evidente violaci�n a la N.F.. Tercero. El p�rrafo segundo del art�culo 17 de la precitada reforma, establece que: 'No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona, asamblea o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del art�culo 33 y III del art�culo 65 de esta C.�n.'. El art�culo 65, fracci�n III, establece que: 'El Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer�, en los t�rminos que establezca la ley, de los asuntos siguientes: ... III. De las acciones por omisi�n legislativa, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisi�n afecte el debido cumplimiento de esta C.�n, que interponga: a) El gobernador del Estado; o b) Cuando menos la tercera parte de los Ayuntamientos. La omisi�n legislativa surtir� sus efectos a partir de su publicaci�n en la G.O. del Estado. En dicha resoluci�n se determinar� un plazo que comprenda dos periodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que �ste expida la ley o decreto de que se trate la omisi�n. Si transcurrido este plazo no se atendiere la resoluci�n, el Tribunal Superior de Justicia dictar� las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto.'. Este precepto rompe con el principio general de derecho que establece que nadie puede ser J. y parte, toda vez que en este supuesto el tribunal juzgar� sobre la base de una normatividad que �l mismo ha elaborado. Rompe, del mismo modo, con la divisi�n de poderes que tiene por objeto evitar el abuso en perjuicio del pueblo, que puede presentarse cuando se juntan en una misma corporaci�n el Poder Legislativo y el Judicial. El art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 'El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ...'. La C.�n F. no establece ninguna excepci�n al principio de que no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, por tanto, en la C.�n L. no puede existir este tipo de preceptos. Debemos recalcar que una norma jur�dica no puede contradecir a una de mayor jerarqu�a. Respetar el Estado de derecho implica el estricto cumplimiento de la N.F., base de nuestro sistema jur�dico. La existencia de las acciones por omisi�n legislativa causa agravio al Municipio Libre, toda vez que dejan tanto al Ayuntamiento como a los habitantes de los Municipios en un estado de indefensi�n, ya que se encuentran al arbitrio de las decisiones materialmente legislativas que toman un �rgano que no est� facultado para ello: el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los Municipios quedan a merced de una corporaci�n que inconstitucionalmente re�ne en s� misma dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Tambi�n causa agravio a las autoridades municipales la reforma en comento pues, de acuerdo con el art�culo 128 de la C.�n F., hemos protestado guardar la C.�n y las leyes que de ella emanen, toda vez que la existencia de la omisi�n legislativa representa una evidente violaci�n a la N.F.. Cuarto. De igual forma el p�rrafo segundo del art�culo 17 de la precitada reforma, establece que: 'No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona, asamblea o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo lo previsto en las fracciones XXXIII del art�culo 33 y III del art�culo 65 de esta C.�n.'. El art�culo 33, fracci�n XXXIII, establece que: 'Son atribuciones del Congreso: ... Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado y con aprobaci�n de las dos terceras partes de sus integrantes, las facultades extraordinarias que necesite para salvar la situaci�n en caso de alteraci�n del orden o peligro p�blico.'. Debemos reiterar que el art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 'El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. ...'. Y que la C.�n F. no establece ninguna excepci�n al principio de que no se depositar� el Legislativo en un solo individuo, por tanto, en la C.�n L. no puede existir este tipo de preceptos. Debemos reiterar que una norma jur�dica no puede contradecir a una de mayor jerarqu�a. Respetar el Estado de derecho implica el estricto cumplimiento de la N.F., base de nuestro sistema jur�dico. Adem�s, debemos citar el art�culo 29 de la C.�n F., que ordena: 'En los casos de invasi�n, perturbaci�n grave de la paz p�blica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretar�as de Estado, los departamentos administrativos y la Procuradur�a General de la R.�blica y con aprobaci�n del Congreso de la Uni�n, y, en los recesos de �ste, de la Comisi�n Permanente, podr� suspender en todo el pa�s o en lugar determinado las garant�as que fuesen obst�culo, para hacer frente, r�pida y f�cilmente a la situaci�n; pero deber� hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensi�n se contraiga a determinado individuo ...'. Del precepto transcrito, es claro que el orden federal es el �nico facultado para afrontar situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, y no los Gobiernos L.es (con la excepci�n que marca el art�culo 118, fracci�n III, de la C.�n F., que ordena que los Estados no pueden sin consentimiento del Congreso de la Uni�n: 'Hacer la guerra por s� a alguna potencia extranjera, exceptu�ndose los casos de invasi�n y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos dar�n cuenta inmediata al presidente de la R.�blica.'. Por lo que esta facultad representa una grave invasi�n de competencia. Adem�s, las 'facultades extraordinarias' de las que habla la C.�n L., pueden interpretarse en el sentido de poder suspender garant�as individuales, lo que representar�a otra grav�sima invasi�n de facultades. Para terminar, debemos agregar que el art�culo 119 de la C.�n F., establece que 'Los Poderes de la Uni�n tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasi�n o violencia externa. En cada caso de sublevaci�n o trastorno interior, les prestar�n igual protecci�n, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aqu�lla no estuviere reunida.'. La existencia de estas normas causa agravio a los Municipios, toda vez que los dejan en estado de indefensi�n frente al gobernador que asume facultades extraordinarias en forma inconstitucional. Los Municipios quedan al arbitrio de una persona que inconstitucionalmente adquiere facultades que atentan contra nuestra Ley Fundamental. Tambi�n causa agravio a las autoridades municipales la reforma en comento pues, de acuerdo con el art�culo 128 de la C.�n F., hemos protestado guardar la C.�n y las leyes que de ella emanen, toda vez que los precitados preceptos de la C.�n veracruzana representan una evidente violaci�n a la N.F.. Quinto. El �ltimo p�rrafo del art�culo 10 de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a trav�s del cual se dispone que los ingresos de la Universidad Veracruzana, los bienes de su propiedad, as� como los actos y contratos en que intervenga no ser�n sujetos de tributaci�n local o municipal, contraviniendo lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n General de la R.�blica, en la parte conducente, que establece lo que se transcribe en forma textual: '... Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios a favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones ...', haciendo referencia, desde luego, a las contribuciones existentes a favor de las haciendas municipales. Por lo anterior, es debido precisar que la contravenci�n a la C.�n F. deriva del hecho consistente en establecer la exenci�n sobre los bienes propiedad de la Universidad Veracruzana, dentro de los cuales se incluyen inmuebles, entre los que se cuentan propiedades que no est�n destinadas a la docencia, difusi�n y extensi�n de la cultura, por lo que debe contribuir en ese orden con el car�cter de sujeto pasivo de la relaci�n jur�dico-tributaria en lo referente a la tenencia y adquisici�n de tales bienes, as� como en lo que hace a obras de construcci�n o remodelaci�n de los mismos. As� las cosas, el dispositivo derivado del �ltimo p�rrafo de la ley combatida es opositora al art�culo 115 de la C.�n F., en la parte antes transcrita, en raz�n de que la Universidad Veracruzana no puede gozar de una exenci�n absoluta, sino s�lo respecto de los bienes destinados al servicio p�blico de educaci�n, ya que al establecer la exenci�n de impuestos sobre los bienes que forman su patrimonio destinados a usos de �ndole particular, constituye un perjuicio para la hacienda municipal, vulnerando la prohibici�n dispuesta por el mencionado art�culo 115 de la C.�n F.. El agravio directo sufrido por el Municipio de C�rdoba se deriva del perjuicio que sufrir� en su funci�n recaudatoria respecto de bienes presentes y futuros que formen parte del patrimonio de la Universidad Veracruzana, dentro del territorio municipal de C�rdoba. Sexto. El art�culo 33 de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, el cual establece las atribuciones otorgadas al Congreso L. o Legislatura del Estado, en su fracci�n IV, en su primera parte, otorga la facultad a dicho Congreso L. para 'legislar en materia de educaci�n', entre otras cosas. Es el caso que el art�culo 3o., fracci�n VIII, de la C.�n General de la R.�blica, dispone que en materia de educaci�n es facultad del Congreso de la Uni�n expedir las leyes necesarias, destinadas a distribuir la funci�n social educativa entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios, con el objetivo de unificar y coordinar la educaci�n en toda la R.�blica mexicana. De esta forma, al otorgarse la facultad de emitir leyes en materia de educaci�n, el Congreso del Estado invade la esfera de competencia del Congreso de la Uni�n, generando de ese modo inseguridad jur�dica para el Municipio de C�rdoba, derivado de los conflictos de aplicaci�n de las leyes sobre la materia, en su relaci�n con la esfera municipal, ya que es obligaci�n de los Municipios, a trav�s de sus Ayuntamientos, participar en el sistema educativo, seg�n lo establece el propio art�culo 3o. de la C.�n F. y el art�culo 10 de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Causa agravio a las autoridades municipales la reforma en comento pues, de acuerdo con el art�culo 128 de la C.�n F., hemos protestado guardar la C.�n y las leyes que de ella emanen, toda vez que la existencia del juicio de protecci�n de derechos humanos representa una evidente violaci�n a la N.F.. A mayor abundamiento, tambi�n causa agravio a las autoridades municipales la reforma en cuesti�n, como consecuencia de la inseguridad jur�dica que produce la invasi�n de la facultad reservada al Congreso de la Uni�n, por parte del Congreso L., sobre la potestad de legislar en materia educativa. S�ptimo. Existe contravenci�n a lo dispuesto por el art�culo 94, s�ptimo p�rrafo (sic), de la C.�n General de la R.�blica, el cual dispone textualmente: 'La ley fijar� los t�rminos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n sobre interpretaci�n de la C.�n, las leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, as� como los requisitos para su interrupci�n y modificaci�n.'. La contraposici�n se deriva de la facultad que la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave otorga al Congreso del Estado, por conducto del art�culo 33, fracci�n II, expresando a la letra: 'Dar la interpretaci�n aut�ntica de las leyes o decretos.'. Es indubitable que al conferir la facultad al Congreso del Estado la potestad de interpretar leyes y decretos, la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, est� contraviniendo la facultad otorgada de manera exclusiva al Poder Judicial de la Federaci�n por el art�culo 94, s�ptimo (sic) de la C.�n F.. Este �ltimo precepto confiere al Poder Judicial F. la facultad de interpretar las leyes federales y estatales, as� como los reglamentos correspondientes, para el efecto de sentar jurisprudencia. De conceder la validez a la reforma que confiere la facultad de interpretaci�n del sentido y esp�ritu de la ley al Congreso del Estado, se estar�a generando la posibilidad de crear una jurisprudencia de aplicaci�n estatal que contravenga los criterios fijados, incluso, por el M�ximo Tribunal de la Naci�n, posicionando a los Municipios en un estado de inseguridad jur�dica por la multiplicidad de criterios existentes sobre el sentido en que debe ser entendida una misma norma jur�dica. Existe agravio para las autoridades municipales, derivado de la inseguridad jur�dica a la que se alude en la parte final del p�rrafo precedente. Octavo. Existe contravenci�n a la C.�n F. proveniente del art�culo 33, fracci�n XIII, de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, misma que establece la facultad del Congreso del Estado para '... aprobar las leyes que contengan las bases normativas, conforme a las cuales los Ayuntamientos elaborar�n y aprobar�n su presupuesto de egresos ...'. Es evidente que la facultad conferida al Congreso del Estado de Veracruz, choca con lo dispuesto por el art�culo 115 de la C.�n General de la R.�blica, que en la parte conducente de la fracci�n IV, previene lo siguiente: '... Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles ...'. Existe controversia entre las C.ones, dado que la C.�n F. establece como �nica limitante para que los Ayuntamientos formulen sus presupuestos de egresos, la consideraci�n de los ingresos que tengan disponibles, los cuales s� pueden estar sujetos a las leyes otorgadas por parte del Legislativo Estatal. Sin embargo, la facultad dada por la fracci�n XIII del art�culo 33 de la referida Ley N�mero 53, permitir�a al Congreso L. dictar normas a partir de las que se establezcan criterios bajo los cuales los Ayuntamientos distribuyan sus ingresos en partidas presupuestales para ejercer el gasto p�blico municipal. Con ello se afecta gravemente el principio de libertad para la administraci�n de la hacienda municipal, pues dado el caso, ser�a el propio Congreso L. el que administrar�a la hacienda municipal a trav�s de dichas bases normativas. Existe agravio para el Municipio de C�rdoba, en raz�n de que la aplicaci�n de normas que regulen la programaci�n del gasto p�blico en la esfera municipal, dictada por el Poder Legislativo del Estado, constituyen un serio menoscabo a la libertad de ejercicio de la hacienda municipal, en contraposici�n a lo ordenado por el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n General de la R.�blica, debido a que este precepto constitucional no prev� la posibilidad de que los Congresos Estatales establezcan limitaciones a los Municipios para el ejercicio presupuestal, m�s all� de la consideraci�n de los ingresos que formen su hacienda municipal y se encuentren disponibles. Noveno. Una contravenci�n m�s al art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n General de la R.�blica, se deriva del art�culo 67, fracci�n III, apartado a), de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. El mencionado art�culo 67 de la Ley N�mero 53, dice textualmente: 'Art�culo 67. Conforme a esta C.�n y la ley, los organismos aut�nomos de Estado contar�n con personalidad jur�dica y patrimonio propios, tendr�n autonom�a t�cnica y presupuestal y s�lo podr�n ser fiscalizados por el Congreso del Estado. Estos organismos desarrollar�n las actividades estatales siguientes: ... III. La fiscalizaci�n en el Estado se realizar� por el �rgano de F.izaci�n Superior, de conformidad con las atribuciones siguientes y en los t�rminos que disponga la ley: a) F. en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos y recursos de los Poderes del Estado y de los Ayuntamientos. ...'. Tal disposici�n guarda (sic) se relaciona con el art�culo 33, fracci�n XXIX, de la referida Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, misma que refiri�ndose a las atribuciones del Congreso del Estado, dispone que �ste podr� 'XXIX. Revisar las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos con el apoyo del �rgano de F.izaci�n Superior del Estado.'. Antes de mencionar la contradicci�n existente entre los dos preceptos de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, antes transcritos, consideramos oportuno exponer la contravenci�n al art�culo 115, fracci�n (sic) de la C.�n General de la R.�blica, emanada de la fracci�n XXIX del propio art�culo 33 de la Ley N�mero 53 combatida. En efecto, el art�culo 115, fracci�n IV, en la parte conducente, dispone textualmente que:'...Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. ...'. Es debido hacer notar que la C.�n F. no confiere a las Legislaturas L.es, tal ser�a el caso del Congreso del Estado de Veracruz, la facultad para delegar esa atribuci�n en organismos ajenos a esa soberan�a estatal. Surge la contravenci�n a la C.�n General de la R.�blica cuando la Ley N�mero 53 permite al Congreso del Estado delegar sus facultades de revisi�n y fiscalizaci�n en el llamado �rgano de F.izaci�n Superior, produciendo como consecuencia el rebase de los l�mites establecidos por nuestra Carta Magna a las Legislaturas L.es. Como antes se dijo, ahora pasamos al an�lisis de la contradicci�n existente entre el articulado de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, antes citados, relativo a las facultades, revisora y de fiscalizaci�n, del Congreso del Estado. Es un hecho que existe inconsistencia entre lo dispuesto por el art�culo 33, fracci�n XXIX y el 67, fracci�n III, de la mencionada ley. Es v�lido recordar que el primero de los dispositivos expresa que ser� el Congreso del Estado el facultado para revisar las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, recibiendo el apoyo del �rgano de F.izaci�n Superior del Estado; por otra parte, el segundo de los preceptos en cita, dispone que la fiscalizaci�n del Estado se realizar� por el �rgano de F.izaci�n Superior. Se dice que existe contradicci�n entre ambos preceptos, por virtud de que el primero identifica a dicho �rgano de F.izaci�n Superior como un apoyo que debe entenderse como t�cnico-administrativo para que el Congreso del Estado despliegue de manera directa la facultad de revisi�n y fiscalizaci�n que le confiere la C.�n F.; y, por otro lado, la fracci�n III del art�culo 67 refiere al �rgano de F.izaci�n Superior como el organismo directamente responsable de ejecutar una atribuci�n que la C.�n F. encomienda a las Legislaturas L.es y ya no se refiere a dicho �rgano como un apoyo al Congreso L.. Surge el agravio en contra de la esfera municipal, porque la contravenci�n al art�culo 115, fracci�n IV, en materia de la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica municipal, produce inseguridad jur�dica a los Ayuntamientos, quienes no podr�an determinar con certeza qu� autoridad o dependencia del Estado ser�a la facultada para tales efectos. Aplica el mismo agravio, en el caso de ser el �rgano de F.izaci�n Superior del Estado la instancia facultada para revisar y fiscalizar la cuenta p�blica de los Ayuntamientos, por ser una instancia a la cual se le confiere una atribuci�n que debe corresponder de manera exclusiva al Congreso del Estado y que �ste no puede delegar, seg�n el texto del art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F.. D�cimo. La Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en su art�culo 41, fracci�n IX, relativo a las atribuciones de la D.�n Permanente, contiene una contravenci�n a lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, en la parte conducente que faculta a las Legislaturas de los Estados a revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas de los Municipios. Esto es, si la C.�n General de la R.�blica, en el precepto antes mencionado, se refiere de manera expresa a las Legislaturas de los Estados como las instancias facultadas para revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas municipales, no es de aceptarse como v�lido que la fracci�n IX del citado art�culo 41, disponga lo que a la letra se transcribe: 'Art�culo 41. Son atribuciones de la D.�n Permanente: ... IX. Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios y la pr�ctica de auditor�as, revisi�n y aprobaci�n de las cuentas respectivas.'. Se sustenta el criterio de la contravenci�n considerando que la parte conducente del art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., hace referencia expresa a la Legislatura del Estado como la instancia facultada para la pr�ctica de las acciones de revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica municipal, entendiendo a la Legislatura del Estado como el ente colegiado que funciona integrado con la totalidad de sus miembros; es decir, en Pleno. Por lo anterior, no es de admitirse que la D.�n Permanente pueda estar facultada para sustituir al Pleno del Congreso del Estado en el ejercicio de una atribuci�n conferida de manera expresa a este �ltimo por parte de la C.�n F.. Otro aspecto que no debe pasar por alto, consiste en que no se contempla la necesidad de que la D.�n Permanente requiera del apoyo t�cnico del �rgano de F.izaci�n Superior del Estado para la realizaci�n de las auditor�as o revisiones a las cuentas p�blicas de los Municipios, entendi�ndose que la D.�n Permanente estar�a facultada para actuar en forma directa y sin requerir la asistencia del mencionado �rgano. El agravio directo que resiente la autoridad municipal se refiere a la inseguridad jur�dica en la que le coloca la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en materia de revisi�n y fiscalizaci�n de su cuenta p�blica, ya que sumada a la incertidumbre expresada en el concepto de invalidez precedente, podr�an ser tres instancias las que revisar�n y fiscalizar�n la cuenta p�blica en comento, incluso de manera simult�nea y aut�noma. D�cimo primero. Surge nuevamente discordancia entre la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y la C.�n General de la R.�blica, derivada del art�culo 33, fracci�n XVI, de la referida Ley N�mero 53, que dice expresamente: 'Art�culo 33. Son atribuciones del Congreso: ... XVI. Autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos: ... d) La enajenaci�n, gravamen, transmisi�n de la posesi�n o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier otro tipo de ingreso fiscal que forme la hacienda municipal.'. Por su parte, el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., en relaci�n con el caso, dispone a la letra: 'Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ...'. Existe controversia, en raz�n de que la C.�n F. autoriza a los Municipios para administrar libremente su hacienda, misma que se conforma con los rendimientos de los bienes propiedad municipal y las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura L. establezca a su favor. Por tanto, adem�s de que las contribuciones fiscales existentes a favor de los Municipios puedan ser las establecidas por las leyes que dicte la Legislatura del Estado, tambi�n requerir�a el Municipio la autorizaci�n para ejercerlas proveniente de la soberan�a estatal, seg�n se desprende del apartado referido, limitando as� el libre ejercicio de la hacienda municipal. El agravio directo que sufre el Gobierno Municipal deriva de la limitaci�n al ejercicio libre de la hacienda municipal, tal como dispone y es el esp�ritu del art�culo 115 de la C.�n General de la R.�blica, producto de la regulaci�n proveniente del Congreso del Estado. D�cimo segundo. En concordancia con el concepto expuesto en el punto octavo anterior, surge adicionalmente una contravenci�n a lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., a partir de lo que estipula el art�culo 71, fracci�n IV, de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. En efecto, el art�culo 71, fracci�n IV, de la Ley N�mero 53 aludida, refiere de manera textual: 'Art�culo 71. Los Ayuntamientos estar�n facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado ... Las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior deber�n establecer que: ... IV. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos, seg�n los ingresos disponibles, y conforme a las leyes que para tal el efecto expida el Congreso del Estado.'. El precepto transcrito en el p�rrafo anterior contempla la contravenci�n a lo dispuesto por la C.�n General de la R.�blica dentro del art�culo 115, fracci�n IV, que dispone: 'IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda ... Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles ...'. Existe controversia constitucional, en raz�n de que la C.�n F. otorga a los Ayuntamientos la facultad para administrar su hacienda municipal de manera libre, sin limitaciones para la determinaci�n de un presupuesto de egresos por parte del Ayuntamiento que la concordancia con los ingresos disponibles. Cuando la C.�n L. nueva dispone que los Ayuntamientos aprobar�n sus presupuestos de egresos conforme a los ingresos disponibles y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso L., constituye una limitaci�n adicional a la libertad de administraci�n de la hacienda municipal por el Ayuntamiento, siendo que la C.�n F. no contempla tal limitaci�n, y en agravio del Municipio, el Congreso L. se otorga una facultad que no le concede la Carta Magna y, por tanto, contraviene esta �ltima. Existe agravio para el Municipio de C�rdoba, en raz�n de que la aplicaci�n de normas que regulen la programaci�n del gasto p�blico en la esfera municipal, dictada por el Poder Legislativo del Estado, constituye un serio menoscabo a la libertad de ejercicio de la hacienda municipal, en contraposici�n a lo ordenado por el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n General de la R.�blica, debido a que este precepto constitucional no prev� la posibilidad de que los Congresos Estatales establezcan limitaciones a los Municipios para el ejercicio presupuestal, m�s all� de la consideraci�n de los ingresos que formen su hacienda municipal y se encuentren disponibles. Declarar la validez de la norma plasmada en la Ley N�mero 53 que se combate, significar�a que el Congreso del Estado podr�a intervenir en la planeaci�n del ejercicio presupuestal del Municipio, mediante la regulaci�n de dicho proceso hacia el interior del Cabildo. D�cimo tercero. Se contraviene al art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., por parte de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a trav�s de su art�culo 71, fracci�n VI, que dispone textualmente: 'Art�culo 71. ... VI. Las leyes del Estado se�alar�n las contribuciones que los Ayuntamientos deber�n cobrar. Dichas leyes no establecer�n exenciones ni subsidios a favor de persona o instituci�n alguna. ...'. Por su parte, la C.�n F., en la parte conducente del art�culo 115, establece lo siguiente: '... Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios ...'. Existe controversia constitucional, atendiendo a que la C.�n F. estipula que las Legislaturas L.es expedir�n Leyes de Ingresos municipales, a partir de las cuales, evidentemente, provienen los ingresos que se integrar�n a la hacienda municipal. De hecho, la fracci�n V del art�culo 71 de la nueva C.�n L. habla de la existencia de una Ley de Ingresos municipal; sin embargo, la fracci�n VI se contrapone al propio texto de la fracci�n V de ese mismo art�culo de la nueva C.�n L. y al de la C.�n F., al establecer que las leyes del Estado se�alar�n las contribuciones que los Ayuntamientos deber�n cobrar, es decir, ingresar a las arcas municipales. Esto es, que las contribuciones a partir de las cuales surgir�n los ingresos que formar�n parte de la hacienda municipal provendr�n de una ley de orden estatal, en lugar de la Ley de Ingresos municipal o Ley de Hacienda municipal. Surge el agravio directo en contra del Gobierno Municipal, ante la posibilidad de que por estar previsto el cobro de contribuciones en una Ley de Ingresos o de Hacienda del Estado, en lugar de la Ley de Ingresos o Ley de Hacienda municipal, al momento de individualizar cr�ditos fiscales con cargo a los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias municipales, tales cr�ditos carezcan de sustento por estar previstos en una ley diversa a la Ley de Ingresos municipal o Ley de Hacienda municipal, generando inseguridad jur�dica que afecta directamente a los Municipios y su hacienda."

QUINTO

Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, la cual por turno correspondi� conocer como instructor al M.S.S.A.A..

Mediante prove�do de cuatro de abril del a�o dos mil, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, s�lo respecto de quien se ostent� como s�ndico �nico del Ayuntamiento actor, orden� emplazar a las autoridades demandadas para la formulaci�n de su respectiva contestaci�n, dar vista al procurador general de la R.�blica y llamar a juicio con el car�cter de demandados a los Ayuntamientos de Boca del R�o, Citlalt�petl, Coatzacoalcos, Chiconquiaco, I.�n, J.R.C., La Antigua, Naranjos-Amatl�n, Orizaba, P.V., Tantoyuca, Tepetlaxco, T.�n, Totutla y Xalapa, todos del Estado de Veracruz.

SEXTO

Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, G.Z.F.�ndez y A.L.V., ostent�ndose como presidente y secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, y en representaci�n del citado �rgano, manifestaron en s�ntesis lo siguiente:

  1. Que el primer concepto de invalidez que reclaman los demandantes es infundado, ya que las reformas a diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, publicadas en la G.O. del Estado N�mero Veinticuatro, del jueves tres de febrero del a�o dos mil, cumpli� rigurosamente cada uno de los mandatos contenidos tanto en la N.F. L. que fue reformada, como en la Ley Org�nica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordenamientos que justifican y legalizan el proceder de ese Congreso del Estado.

    Que el art�culo 130 anterior a la �ltima reforma de la C.�n Pol�tica L., establec�a que la misma pod�a ser adicionada o reformada a iniciativa del gobernador del Estado, los diputados de la Legislatura Estatal, los diputados y senadores ante el Congreso de la Uni�n, electos en la entidad, as� como del Tribunal Superior de Justicia y de los Ayuntamientos, en lo tocante a sus respectivos ramos y que para que el proyecto de adiciones o reformas formara parte de la C.�n, se requer�a del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura y de la mayor�a de los Ayuntamientos de la entidad; que al haberse cumplido con lo anterior, el acto de reformas constitucionales emitido por esa Quincuag�sima Octava Legislatura est� apegado a los ordenamientos legales aplicables.

    Que dentro de la teor�a constitucional existe una clara diferencia entre la reforma de una C.�n y la creaci�n de �sta, porque en la primera se mantienen vigentes los principios jur�dicos fundamentales, tanto en la parte dogm�tica como en la org�nica, en tanto que en la segunda hay una modificaci�n absoluta de estos principios; que en consecuencia, la variaci�n de los numerales de su texto sin cambiar los principios jur�dicos fundamentales, ni su esp�ritu, no es un acto de creaci�n de una nueva C.�n.

    Que en el caso de la reforma de la C.�n veracruzana, fundada en el art�culo 130 de la Carta Magna L., reformada, se mantienen los principios jur�dicos fundamentales que sustentan la vida del Estado de Veracruz, destacando su gobierno republicano, representativo y popular, en donde impera la divisi�n de poderes y un respeto absoluto a la autonom�a de los doscientos diez Municipios que lo integran; luego entonces, de acuerdo con la t�cnica jur�dica, la aprobaci�n de la ley impugnada es una aut�ntica reforma constitucional, adem�s de que, como ya se dijo, se cumplieron con todas las formalidades para llevar a cabo esa reforma al efectuarse previamente el voto aprobatorio de m�s de las dos terceras partes de los integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado, hoy Congreso del Estado, y el voto mayoritario de ciento noventa y cuatro de los doscientos diez Municipios del Estado.

    Que el Poder Constituyente a quien atribuyen el derecho de crear una C.�n, s�lo es un concepto sociol�gico-hist�rico, por lo que los argumentos que esgrimen en su escrito los demandantes son puramente doctrinarios y no responden a la realidad jur�dica, adem�s de que son absolutamente irrelevantes por cuanto que no expresan en qu� consiste la inconstitucionalidad de cada art�culo, actualizando la causal de improcedencia prevista en el art�culo 22, fracci�n V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal; que esencialmente el contenido de cada uno de los art�culos s�lo se traslada a otro numeral diferente en la Carta Magna L. reformada y, desde el punto de vista jur�dico-positivo, el art�culo 130 de la C.�n reformada, que es el �nico instrumento eficazmente legal para normar la actividad reformadora porque es la voluntad de la Ley Suprema, establec�a que las adiciones y reformas s�lo pod�an realizarse por una entidad especial conformada por las dos terceras partes de los integrantes de la C�mara de Diputados y la mayor�a de los Ayuntamientos del Estado, con facultades plenas para reformar la C.�n y cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral citado, se procedi� a la reforma constitucional.

    Que tanto el art�culo 135 de la C.�n F., como el 130 reformado de la C.�n Pol�tica L., establecen la facultad de que mediante integraci�n de un �rgano especial pueden llevarse a cabo parcial o totalmente las reformas de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz; que contrariamente a lo que sostienen los demandantes, no es necesaria la presencia de un Congreso Constituyente que �nicamente aparece en los casos de la creaci�n de un nuevo Estado o de la ruptura completa del orden jur�dico-positivo que impera en una naci�n.

  2. Que es infundado el segundo concepto de invalidez en el sentido de que el art�culo 64 de la C.�n vigente en su fracci�n I, relativa a la facultad de la Sala C.onal del Tribunal Superior de Justicia para conocer y resolver el juicio y protecci�n de los derechos humanos, contravenga las normas de la C.�n F. que regula la defensa de las garant�as individuales por medio del juicio de amparo, porque el concepto de derechos humanos es muy amplio, y en �l se incluyen las garant�as individuales que son materia del amparo, pero debe advertirse que el texto de la reforma de la C.�n L. se refiere a los derechos humanos que por no ser comprendidos en la Carta Magna F., se entienden que no han sido delegados en la competencia federal, as� como tampoco es materia que no deben tocar los Estados y que, por tanto, son reservados a favor del Estado de Veracruz para que sean protegidos por el �rgano jurisdiccional, por lo que si el texto de la C.�n L. se refiere a los derechos humanos, que se ha reservado la competenciaoriginariadel Estado, en nada contradice el numeral 103 de la C.�n F., que se refiere a la facultad de las autoridades federales jurisdiccionales para conocer del juicio de amparo contra actos de las autoridades que vulneren las garant�as individuales.

  3. Que tambi�n es infundado el argumento del demandante en el sentido de que el art�culo 65, fracci�n III, de la C.�n L. vigente, contraviene el art�culo 116 de la C.�n F., porque en el texto de la mencionada fracci�n se lee que la omisi�n legislativa se produce cuando el Congreso no ha aprobado una ley o decreto que afecte el cumplimiento de una norma de la C.�n L., y cuya iniciativa hubiera correspondido al gobernador del Estado, o a m�s de la tercera parte de los Ayuntamientos; que la intervenci�n del Tribunal Superior de Justicia, seg�n el texto del p�rrafo final de la fracci�n indicada, que es la materia de la controversia, es la facultad para 'dictar las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto' (las que hubieran sido materia de la omisi�n legislativa); que la omisi�n legislativa consiste en que no se hubiera expedido una ley o decreto que afecte el cumplimiento de la C.�n L., es decir, que el Congreso del Estado no hubiera emitido prevenciones abstractas, o referidas a hechos espec�ficos, pero con efectos erga omnes, para dar cumplimiento a la C.�n; que tales prevenciones debieran ser obligatorias para todos los habitantes del Estado para que pudiera afectar la esfera jur�dica de los hoy demandantes y, sin embargo, la intervenci�n del Poder Judicial, en este supuesto de omisi�n legislativa, es mediante la fijaci�n de bases aplicables que exclusivamente ser�n necesarias para cubrir la laguna de la ley que ha dejado la omisi�n legislativa; y si agregamos que estos criterios son aplicables �nicamente a las autoridades, dejando fuera de su cumplimiento a los particulares, estar�amos en el caso de que las bases son una suma de principios jur�dicos propios de la interpretaci�n que hace el Poder Judicial con el prop�sito de que las autoridades normen su criterio respecto al cumplimiento de una Norma C.onal L., pero que no son exigibles ni obligatorios para los particulares; bajo tales condiciones, es indiscutible que la funci�n legislativa que corresponde al Congreso del Estado, en ning�n momento se ve sustituida por el Poder Judicial y, por ello, el caso de omisi�n legislativa prevista en la fracci�n III del art�culo 65 de la C.�n Pol�tica del Estado, de ninguna manera contraviene la C.�n F..

  4. Que es infundado el argumento de los demandantes que reclaman la inconstitucionalidad del art�culo 33, fracci�n XXXIII, que atribuye al Congreso del Estado la facultad de conceder al Ejecutivo por un tiempo limitado y con la aprobaci�n de las dos terceras partes de sus integrantes, las facultades extraordinarias que necesite para salvar la situaci�n en caso de alteraci�n del orden o peligro p�blico, porque si bien el art�culo 29 de la C.�n F. previene que en los casos de invasi�n, perturbaci�n grave de la paz p�blica o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el presidente de la R.�blica, de acuerdo con los titulares de las secretar�as de Estado, departamentos administrativos y la Procuradur�a General de la R.�blica, con la aprobaci�n del Congreso de la Uni�n o, en sus recesos, la D.�n Permanente, podr� suspender en todo el pa�s, o en determinado lugar, las garant�as que fuesen obst�culo para hacer frente r�pida y f�cilmente a la situaci�n; el art�culo motivo de la reclamaci�n s�lo faculta al Congreso Estatal para concederle al titular del Ejecutivo L., facultades extraordinarias necesarias para salvar la situaci�n en caso de alteraci�n del orden o peligro p�blico, o sea, los supuestos son absolutamente distantes, porque en el caso del Ejecutivo F., �ste es quien toma el acuerdo y el Congreso de la Uni�n interviene aprob�ndolo, y el contenido del acuerdo es la suspensi�n de las garant�as individuales y sociales que son obst�culo para hacerle frente a la situaci�n.

    Que las mencionadas facultades extraordinarias pueden ser tan amplias que, como hist�ricamente est� probado, el Ejecutivo puede asumir funciones del Poder Legislativo emitiendo leyes, y en el caso de las facultades extraordinarias que el Congreso del Estado puede conceder al Ejecutivo, las situaciones son distintas, pues el acuerdo para que se otorguen proviene del Congreso del Estado y no del Ejecutivo Estatal, el contenido del acuerdo no implica la suspensi�n de garant�as individuales ni sociales; y, adem�s, como se aprecia del texto de la citada fracci�n XXXIII del art�culo 33, no establece expresamente que esas facultades pudieran comprender actos del Poder Legislativo o Judicial, en nuestro sistema de facultades expresas.

    Que en el numeral citado no se menciona que al gobernador del Estado se le confieran atribuciones que correspondan a otros poderes y, por ello, esas facultades extraordinarias a las que refiere el art�culo mencionado, son eminentemente de car�cter administrativo y se constri�en a las que fueran obst�culo para hacer frente a una emergencia, como la que se dio con motivo de las graves inundaciones y deslaves que cubrieron pueblos enteros en el mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve en el centro y norte del Estado, situaci�n que hizo necesaria actuaciones urgentes del Ejecutivo.

  5. Que el quinto concepto de invalidez resulta tambi�n infundado, porque la reforma al art�culo 10, inciso c), fracci�n final, de la C.�n Pol�tica L., que contempla la exenci�n de la tributaci�n local o municipal a la Universidad Veracruzana, no vulnera el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Carta Magna, toda vez que el art�culo 2o. de la Ley General de Bienes Nacionales, en su fracci�n V, se�ala que son bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, los inmuebles destinados por la Federaci�n a un servicio p�blico, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a �stos; el art�culo 34, fracci�n VI, de la misma ley, menciona que est�n destinados a un servicio p�blico los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de car�cter federal; que en el caso, la Universidad Aut�noma de Veracruz es una instituci�n descentralizada del Estado, con bienes inmuebles destinados al servicio p�blico de la educaci�n, cuya autonom�a, de acuerdo con el inciso i) del citado art�culo 10 y 2o. de la ley org�nica de la universidad, es crear y transmitir la cultura y la ciencia a trav�s de las funciones de docencia, investigaci�n, difusi�n y extensi�n, y si bien administra libremente su patrimonio, por s� sola no obtiene el ingreso m�nimo indispensable para el ejercicio de sus funciones, porque sus recursos b�sicamente provienen de la partida presupuestal asignada en t�rminos del art�culo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, a la Secretar�a de Educaci�n y Cultura, y de los recursos federales; de modo entonces que por ella misma no cuenta con capacidad econ�mica para solventar los gastos en el ejercicio de sus funciones, y en ese sentido un tributo no es proporcional a su casi nula percepci�n de ingresos.

    Que en congruencia con el art�culo 10, p�rrafo primero y segundo de la C.�n L., la funci�n educativa descentralizada que realiza la universidad, participa de la naturaleza de una entidad como la que menciona el art�culo 34, fracci�n IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, con la particularidad de que la instituci�n local forma parte del Sistema Educativo del Estado de Veracruz; que tanto las instituciones descentralizadas de car�cter federal, como la Universidad Veracruzana, son organismos que desarrollan una funci�n p�blica, de modo que si a las instituciones federales se les exime de la tributaci�n, y a la local se le estima causante de ella, se est� contraviniendo el principio de proporcionalidad y equidad de tributaci�n que establece el art�culo 31 de la Carta Magna; por lo que la reforma contenida en el art�culo 10 de la C.�n L. de ninguna manera contraviene el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Norma F.. Se citan, en apoyo a lo aducido, las tesis de jurisprudencia de los rubros: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL.", "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. SON REQUISITOS DE NATURALEZA DISTINTA CON LOS CUALES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES FISCALES." e "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.".

  6. Que resulta infundado el razonamiento que los demandantes exponen en su sexto concepto de invalidez relativo a que el art�culo 33, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica del Estado contraviene el art�culo 3o, fracci�n VIII, de la C.�n F., porque invade competencia en materia de educaci�n que s�lo corresponde a la Federaci�n, pues de lo previsto por los art�culos 3o., fracci�n VIII y 73, fracci�n XXV, de la C.�n F., destaca que la legislaci�n federal persigue como prop�sito fundamental el de distribuir el ejercicio de la funci�n educativa, sin limitar a los Estados la facultad para dictar medidas que hagan eficiente su funci�n; en cumplimiento de esa funci�n educativa concurrente, en t�rminos del art�culo 15 de la Ley General de Educaci�n, el Estado mediante la norma local particulariza su aplicaci�n sin separarse de las normas fundamentales se�aladas en el art�culo 3o. de la aludida C.�n F., y si bien el art�culo 33, fracci�n IV, de la C.�n veracruzana establece para el Congreso del Estado la competencia para legislar en materia de Educaci�n, en su art�culo 10 fija expresamente los fundamentos para ello, por lo que los incisos a) y g) de ese numeral, relativos a la educaci�n laica y su impulso en todos los niveles, s�lo son la expresi�n del contenido de las fracciones I y VIII del citado art�culo 3o. de la C.�n F.; que los incisos c), d) y e), relativos los dos primeros al fomento y desarrollo de la cultura nacional, coinciden con las fracciones V y VII del numeral indicado.

    Que los incisos f), g) y h) del numeral 10 de la Ley Fundamental L., que se refieren al cuidado de la educaci�n de los pueblos ind�genas, de los valores familiares y sociales, y programas para integrar a todos los miembros de la sociedad, corresponden al contenido de la fracci�n II del referido art�culo 3o., y el inciso i), relativo a propiciar la participaci�n social en materia educativa, coincide con la fracci�n III. De ah� que el numeral 33, fracci�n IV, contra el que se inconforman los demandantes en nada contravenga la C.�n F..

    Que respecto a las facultades de aplicaci�n y vigilancia de la funci�n educativa por parte de esta entidad federativa y que justifica el numeral 33, fracci�n IV, de nuestra C.�n L., son aplicables los art�culos 3o., 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley General de Educaci�n.

  7. Que igualmente infundado es el argumento de que el art�culo 33, fracci�n II, de la ley impugnada contravenga el numeral 94, s�ptimo p�rrafo, de la C.�n F., ya que la interpretaci�n aut�ntica es la que realiza directamente el �rgano que emite la ley, bajo el principio de que el que puede lo m�s, puede lo menos; obviamente, si un �rgano establece un precepto y luego emite otro para aclarar el sentido del anterior en nada viola la ley, porque si tiene facultad para emitir el primero, no existe contradicci�n en que le fije su sentido.

    Que la interpretaci�n que hace el Congreso del Estado en nada contraviene la facultad de las autoridades jurisdiccionales federales, ni locales para interpretar la ley, porque la que hace la autoridad legislativa es mediante disposiciones generales y abstractas, y la que hace la autoridad jurisdiccional es concreta y referida a un caso particular; por lo cual no hay invasi�n de competencia ni se contraviene el art�culo 94, p�rrafo s�ptimo, de la C.�n F..

  8. Que deviene infundado el argumento de los demandantes en relaci�n con el art�culo 33, fracci�n XIII, de la ley reformada, relativo a la facultad del Congreso para aprobar leyes que contengan las bases normativas conforme a las cuales los Ayuntamientos elaborar�n y aprobar�n su presupuesto de egresos, por virtud de que aun cuando el p�rrafo final de la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F., previene que los Ayuntamientos aprobar�n su presupuesto de egresos conforme a sus ingresos disponibles, dicho art�culo 115, en su fracci�n II, establece que los Municipios manejar�n su patrimonio conforme a la ley, y los Ayuntamientos tienen facultades para expedir bandos de polic�a y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de acuerdo con las bases normativas que establezcan las Legislaturas de los Estados.

    Que el texto de la fracci�n XIII del art�culo 33 de la norma impugnada, establece la facultad de las Legislaturas de los Estados para formular bases normativas y coincide con la fracci�n II del citado art�culo 115, sin que haya contradicci�n; que adem�s, las bases son principios generales, lineamientos o formularios b�sicos para actualizar los supuestos de las normas; y en el caso de la elaboraci�n y aprobaci�n del presupuesto de egresos de los Municipios, son lineamientos generales que les dicen c�mo y en qu� forma pueden aprobar su presupuesto de egresos, pero no les dicen en qu� han de aplicarlo, porque eso queda a su libre administraci�n.

    Que en el caso particular del Estado, tal apoyo es importante en la vida contable de los Ayuntamientos, que en su gran mayor�a no pueden pagar a un profesional de la contabilidad que los asista y, debe advertirse, adem�s, que las bases generales que emite el Congreso del Estado nunca podr�an particularizar los rubros del presupuesto de egresos de los doscientos diez Municipios del Estado, sobre todo porque siendo tan complejas, especiales y diferentes las necesidades de cada uno de ellos, una norma general, como son las bases normativas, no podr�a ocuparse de cada rubro y su monto en particular.

  9. Que es infundado el noveno concepto de invalidez relativo a que el art�culo 67, fracci�n III, de la norma impugnada viole el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., toda vez que el diverso 33, fracci�n XXIX, de dicha norma, expresa que el Congreso del Estado tiene atribuciones para revisar las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, con el apoyo del �rgano de F.izaci�n Superior, implicando que quien debe realizar esa revisi�n es la Legislatura L.; acto que es congruente con el numeral de la C.�n F. citado.

    Que la Carta Magna confiere la facultad de revisar las cuentas de los Ayuntamientos a las Legislaturas L.es, y de ninguna manera significa que todo el proceso de revisi�n tenga que llevarse a cabo por el Pleno, sino que el sentido del texto es el de se�alar cu�l de los Poderes L.es debe ser el encargado de tal revisi�n; que las normas de la C.�n L. resultan muy claras en cuanto a su interpretaci�n, ya que en ellas el art�culo 26, fracci�n II, inciso b), expresa que el Congreso tendr� como asuntos de atenci�n preferente, examinar, fiscalizar y aprobar las cuentas de recaudaci�n y distribuci�n de ingresos del a�o pr�ximo anterior presentados por los Ayuntamientos en las fechas indicadas en las leyes respectivas, y que est� no se limita a determinar si las cantidades gastadas est�n de acuerdo o no con las partidas respectivas del presupuesto, sino que se extiende a la exactitud y justificaci�n de los gastos hechos.

    Que la voluntad de las normas locales implica necesariamente que tales revisiones, por su car�cter t�cnico, exacto, justificado, y por el valor de documentos de todo un a�o, no puedan hacerse en una sesi�n del Pleno, sino que el Congreso debe apoyarse, como lo expresa textualmente el numeral 33, fracci�n XXIX, en el �rgano de F.izaci�n Superior.

    Que si bien el art�culo 67, fracci�n III, de la C.�n L., en su inciso a) establece la atribuci�n del �rgano de F.izaci�n Superior para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y aplicaci�n de los fondos de los Ayuntamientos, el inciso b) del mismo numeral establece que el �rgano de F.izaci�n Superior entregar� al Congreso el informe del resultado de la revisi�n de la cuenta p�blica; que el citado precepto y fracci�n son correlativos de los numerales 33, fracci�n XXIX y 26, fracci�n II, inciso b), que son m�s espec�ficos, confirmando que el �rgano de F.izaci�n s�lo sirve de apoyo al Congreso y su actividad es un acto delegado por el Congreso del Estado. Citando en apoyo de tales argumentos las jurisprudencias de los rubros: "ADUANAS. DELEGACI�N DE FACULTADES EN FUNCIONARIOS SUBALTERNOS." y "AUTORIDADES. FACULTADES DELEGADAS.".

  10. Que es infundado el d�cimo concepto de invalidez, relativo a la inconstitucionalidad del art�culo 41, fracci�n IV, de la ley impugnada, por virtud de que las facultades de la D.�n Permanente ah� establecidas, s�lo son durante los recesos del Pleno del Congreso Estatal, es decir, ejerce la facultad de revisi�n de las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos en estricta congruencia con lo previsto en el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), p�rrafo final de la C.�n Pol�tica F., teniendo exclusivamente el Pleno del Congreso facultades para aprobarla o no, y la D.�n Permanente s�lo para conocer de las cuentas en t�rminos del art�culo 41, fracci�n IX, para que una vez concluida su actuaci�n la d� a conocer al Pleno como lo mandan los art�culos 64 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del citado Poder Legislativo.

  11. Que es infundado el razonamiento de los demandantes en relaci�n con la inconstitucionalidad del art�culo 33, fracci�n XVI, de la norma impugnada, pues considerando lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, de la N.F., se desprende que la administraci�n libre de la hacienda a la que se refiere, es en relaci�n con lo que hubiere ingresado, no de su activo fijo, del que forma parte la posesi�n o dominio de sus bienes, prohibiendo las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones se�aladas en los incisos a) y c), lo que significa que la N.F. proh�be la transmisi�n de esos ingresos, y el numeral 33, fracci�n XVI, de la C.�n L., al conferir al Congreso la facultad de autorizar la enajenaci�n, gravamen, transmisi�n de conceptos que representan ingresos, est� cumpliendo una labor de fiscalizaci�n y da cumplimiento al mismo art�culo 115, fracci�n IV, de la N.F..

  12. Que es infundado el concepto de invalidez en que se manifiesta que el art�culo 71, fracci�n IV, de la C.�n L. es inconstitucional al establecer que el presupuesto de egresos del Ayuntamiento ser� aprobado por �ste, seg�n los ingresos disponibles y conforme a las leyes que emita el Congreso del Estado, ya que s�lo establece bases normativas para elaborar y aprobar su presupuesto de egresos, y de ninguna manera se le se�ala al Ayuntamiento en qu� ha de aplicar esos recursos, los cuales puede manejar con absoluta libertad, sino que s�lo es para establecer principios o lineamientos sobre c�mo ha de proceder para elaborar y aprobar su presupuesto de egresos, lo que evidentemente no contraviene la Norma F. que invocan los demandantes.

  13. Finalmente, que tambi�n es infundado que el art�culo 71, fracci�n V (sic) de la ley cuya invalidez se demanda, sea inconstitucional al establecer que el Congreso del Estado aprobar� la Ley de Ingresos de los Ayuntamientos y revisar� sus cuentas p�blicas cuando menos una vez al a�o, por virtud de que de conformidad con la fracci�n IV, p�rrafo primero, del art�culo 115 de la C.�n F., los ingresos delosMunicipios se formar�n de los rendimientos de sus bienes, contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas L.es establezcan a su favor, y evidentemente la norma local cumple el mandato constitucional, porque es la legislatura la que fija esos ingresos.

    Que en nada se contradice la Norma F., porque est� determin�ndose con claridad lo que los Ayuntamientos deben percibir; por lo cual en todo caso se trata de una deficiencia en la t�cnica jur�dica, pero nunca una contravenci�n a la C.�n F..

    El veinticuatro de mayo del a�o dos mil, el licenciado M.A.�n V., en representaci�n del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, en su contestaci�n de demanda se�al�, en s�ntesis, lo siguiente:

  14. Que en el punto IV de la demanda se indica que el decreto que contiene la reforma constitucional se public� en la G.O. del jueves tres de febrero del a�o dos mil, y lo cierto es que la reforma constitucional se public� en el alcance a dicha gaceta.

  15. Que en la controversia se actualiza la hip�tesis de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, ya que el art�culo 105 de la N.F. no previene la posibilidad de que un Ayuntamiento presente una controversia constitucional contra otro u otros Municipios de la propia entidad, y la ley impugnada contiene la reforma a la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, que es producto tanto de la actividad de la Legislatura del Estado como de los Ayuntamientos de los Municipios de la propia entidad, �rganos que intervinieron de manera sucesiva en el procedimiento de dichas reformas.

    Que las disposiciones generales a que se refiere el inciso i) de la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, son leyes producto de los Congresos o Legislaturas de los Estados, reglamentos estatales o municipales, acuerdos o decretos generales provenientes del Estado o de los Municipios, y por ello la controversia se plantea entre el Estado y uno o m�s de sus Municipios, pero de ninguna forma la hip�tesis se�alada comprende disposiciones generales que sean producto de la actividad conjunta o sucesiva de un �rgano legislativo (Congreso o legislatura) y Ayuntamientos, puesto que de ser as�, la hip�tesis de que un Ayuntamiento de un Estado pueda plantear una controversia contra otro u otros Ayuntamientos de los Municipios del mismo Estado, estar�a expresamente se�alada en la C.�n.

  16. Que la demanda resulta deficiente por "ignorancia o por mala fe", al no cumplir con el requisito se�alado en la fracci�n III del art�culo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, pues no se se�al� como tercero interesado a la Universidad Veracruzana, y es indudable que la misma tiene tal car�cter, puesto que el �ltimo p�rrafo del art�culo 10 de la reforma constitucional que se impugna le beneficia, protegiendo su patrimonio, y en el caso de que se declarara la invalidez de dicha disposici�n, la Universidad Veracruzana se ver�a afectada sin haber tenido la oportunidad de defensa, contravini�ndose el segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional.

  17. Que en cumplimiento de los art�culos 71, fracci�n IV, 75, 87, fracci�n I, 88, fracci�n I y 131 de la C.�n Pol�tica del Estado, antes vigente, el gobernador del Estado promulg� y orden� la publicaci�n y debida observancia de la ley cuya invalidez se demanda, por lo que la impugnaci�n de inconstitucionalidad del acto de autoridad consistente en "la promulgaci�n y publicaci�n de la ley" es improcedente, ya que como se dej� asentado y se puede constatar y comprobar con la simple lectura de los art�culos citados, el titular del Poder Ejecutivo procedi� con estricto apego a las normas constitucionales y legales que precisan sus atribuciones y que en nada contravienen lo dispuesto por la C.�n F. en general, ni tampoco el art�culo 135 de la N.F..

    Que la reforma a la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz se apeg� al procedimiento establecido en los art�culos 130 y 131 de la propia C.�n L. reformada, por tanto, la ley impugnada no infringe lo establecido en dichos numerales, los cuales no tienen mayor relaci�n con el diverso 135 de la Carta Magna, al que en nada infringe.

  18. Que el primer concepto de invalidez que hace valer la parte actora en su demanda de controversia constitucional es improcedente, ya que las reformas realizadas a la C.�n L. no contravienen lo establecido en los art�culos 39, 40 y 116, p�rrafo segundo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, la ley impugnada no es inconstitucional, ya que aun cuando derog� los art�culos 85 al 141, ello atendi� a la necesidad de simplificarla y hacerla m�s asequible, as� como para adecuarla a la sociedad actual sin que se afectaran los principios fundamentales que rigen a la entidad federativa, como son la forma de gobierno, el principio de divisi�n de poderes y, sobre todo, el respeto al Pacto F..

    Que las reformas realizadas a la C.�n L. no contravienen lo dispuesto por el art�culo 135 de la C.�n F., pues el mismo se refiere al proceso de reformas y adiciones a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la ley impugnada no es ni inconstitucional y mucho menos inv�lida como pretende la actora, al cumplirse con el procedimiento establecido en los art�culos 130 y 131 de la reformada C.�n Pol�tica del Estado.

    Que la ley cuya invalidez se demanda, la cual reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz-Llave, es en esencia una reforma integral al propio Texto C.onal, mas no una nueva C.�n como lo pretende hacer creer la aparte actora; debi�ndose entender por integral, que se puede modificar totalmente el texto de la misma, siempre y cuando no se alteren los principios rectores de la vida de un pueblo, que son en nuestro pa�s la forma de gobierno, la divisi�n de poderes y el Pacto F..

    Que no es �bice a lo expuesto la interpretaci�n que hizo la actora de los art�culos 39 y 40 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que es al pueblo de Veracruz a quien directamente correspond�a haberse dado una nueva C.�n como expresi�n de su soberan�a, ya que solamente �l puede sustituirla por otra o modificar los principios cardinales sobre los que descansa y, por tanto, los �rganos constituidos creados en la C.�n no tienen dichas facultades, ya que no se trata de un nuevo Ordenamiento Fundamental, al respetarse los principios rectores mencionados y, adem�s, de que son los Poderes Constituidos los �nicos facultados para reformar la C.�n, seg�n se desprende de lo dispuesto en el p�rrafo primero del art�culo 41 de la propia Carta Magna; que contrario a lo que manifiesta la actora, la soberan�a del pueblo se ejerce a trav�s de los Poderes Constituidos que, en el �mbito federal, son los Poderes de la Uni�n y, en el caso de Veracruz, los Poderes L.es.

    Que por cuanto se refiere a lo se�alado por la actora de que a pesar de haber votado en contra de la aprobaci�n de la referida ley se encontrar� sujeta a ella, ello atiende al car�cter general y obligatorio de las propias leyes, ya que como Municipios integrantes del Estado de Veracruz quedan sujetos a las leyes que emanen del �rgano legislativo estatal, tanto m�s en las reformas constitucionales, pues �stas no se dan �nicamente para quienes las aprueben, sino tambi�n para quienes emitan su voto en contra, siempre y cuando se cumpla con el requisito de la mayor�a calificada para tal fin.

  19. Que no asiste raz�n a la actora en su segundo concepto de invalidez, debido a que el p�rrafo tercero del art�culo 4o. reformado se refiere �nicamente a los derechos que el pueblo de Veracruz se reserve, diferentes de las garant�as consagradas en la Carta Magna, lo que no implica de ninguna manera una invasi�n a la esfera de competencias de la Federaci�n.

    Que aun cuando el concepto de derechos humanos es muy amplio, y en �l se incluyen las garant�as individuales que son materia del amparo, debe advertirse que del texto de la reforma se aprecia que la misma se refiere a los derechos humanos, que por no ser comprendidos en la Carta Magna F. se entienden que no han sido delegados en la competencia federal, as� como tampoco es materia que no deben tocar los Estados y que, por tanto, son reservados a favor de nuestro Estado de Veracruz para que sean protegidos por el �rgano jurisdiccional de la Sala C.onal de �ste, por lo que si el texto de la C.�n L. se refiere a los derechos humanos que se ha reservado la competencia originaria del Estado, en nada contradice el numeral 103 de la C.�n F., que se refiere a la facultad de las autoridades federales jurisdiccionales para conocer del juicio de amparo contra actos de las autoridades que vulneran las garant�as individuales, porque evidentemente �stas son de materia exclusiva de la competencia de la autoridad judicial federal.

    Que el juicio de protecci�n de los derechos humanos se refiere a aquellos nuevos derechos que contempla la C.�n L. en su cap�tulo II, del t�tulo primero, tales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, que no est�n previstos en la Carta Magna y, por tanto, el juicio de protecci�n de derechos humanos no invade la competencia federal, ni tampoco causar� confusi�n al momento en que llegue a ejercitarse, pues ante la violaci�n de uno de los derechos que consagra la C.�n de nuestro Estado, el quejoso deber� acudir a la Sala C.onal a pedir su protecci�n en contra del acto de la autoridad estatal que le haya violado el derecho de que se trate.

  20. Que el tercer concepto de invalidez que plantea la parte actora es improcedente, en raz�n de que si bien en el art�culo 17, p�rrafo segundo, de la ley impugnada, se consagra el principio de la divisi�n de poderes y dos casos de excepci�n previstos en los art�culos 33, fracci�n XXXIII y 65, fracci�n III, ello no trastoca lo dispuesto por el primer p�rrafo del art�culo 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues en las acciones por omisi�n legislativa previstas en la fracci�n III del aludido art�culo 65 reformado no interviene el Poder Judicial con el car�cter de J. y parte, sino que �nicamente actuar� como juzgador, y como partes intervendr�n el Congreso y gobernador, ambos del Estado, o un m�nimo de Ayuntamientos requerido.

    Que la hip�tesis que contempla el precepto cuya invalidez se reclama no quebranta la divisi�n de poderes, ya que se trata de una excepci�n que se presentar� en situaciones extraordinarias y por tiempo ilimitado, es decir, s�lo en los casos en que, trat�ndose de leyes que tengan como objetivo primordial el cumplimiento de la C.�n L., el Poder Legislativo no realice su funci�n dictaminadora, y tal omisi�n la reclamen las partes legitimadas, y las bases que establecer� el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a diferencia de las disposiciones del Poder Legislativo, no constituir�n normas de car�cter general, ya que ser�n v�lidas temporal y �nicamente para las autoridades, es decir, hasta en tanto no se expida la legislaci�n.

    Que la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos adopt� un sistema de car�cter flexible respecto al principio de divisi�n de poderes que permite casos de excepci�n, cuya aplicaci�n es estricta y, por tanto, no originan la desaparici�n de ning�n poder, ni tampoco se puede considerar una invasi�n de esferas. Cit�ndose en apoyo de lo anterior, la tesis del rubro: "DIVISI�N DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CAR�CTER FLEXIBLE.".

  21. Que el cuarto concepto de invalidez tambi�n es improcedente, ya que en el caso de excepci�n previsto en la fracci�n XXXIII del art�culo 33 reformado de la C.�n del Estado, no violenta lo establecido en el p�rrafo primero del art�culo 116 de la Carta Magna, pues no se trata de una concesi�n graciosa al Ejecutivo del Estado, sino que, precisamente por tratarse de una situaci�n de emergencia se le otorgan facultades necesarias para hacer frente a dicha situaci�n pero, adem�s, el otorgamiento de las facultades extraordinarias est� condicionado a la aprobaci�n de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, por lo que si no se cumple con ese supuesto es evidente que el Ejecutivo no tendr� esas facultades, por tanto, no se puede decir que se est� en presencia de una violaci�n al principio de divisi�n de poderes, citando en apoyo a su argumento la jurisprudencia de rubro: DIVISI�N DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CAR�CTER FLEXIBLE.".

    Que lo previsto en el numeral impugnado es una hip�tesis distinta a la argumentada por la actora en el sentido de que el precepto en comento se contrapone al art�culo 29 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que prev� la suspensi�n de las garant�as individuales en casos graves y la delegaci�n de facultades extraordinarias legislativas en el Ejecutivo F., porque al Ejecutivo Estatal no se le otorgan dichas facultades.

    Que lo establecido en el art�culo 33, fracci�n XXXIII, de la C.�n veracruzana, es acorde con lo dispuesto en el art�culo 118, fracci�n III, de la C.�n F., respecto a la facultad otorgada a los Estados en los casos de invasi�n y de peligro tan inminentes, que no admita demora para contrarrestar la situaci�n; que el indicado precepto 33, fracci�n XXXIII, se complementa con lo estipulado en los art�culos 118, fracci�n III, 119 y 124 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos sin contraponerse a �stos.

    Que como lo establece el art�culo 119 de la C.�n F., la intervenci�n que pudieran tener los Poderes de la Uni�n en casos de alteraci�n del orden o peligro p�blicos en el Estado de Veracruz, ser� a trav�s de una excitativa que se le formule localmente, es decir, que no se trata de una facultad exclusiva de la Federaci�n para hacer frente a las situaciones de emergencia, sino que los Estados, en este caso Veracruz, cuentan tambi�n con esa atribuci�n, y no debe considerarse que el Ejecutivo estatal deba permanecer impasible ante un acontecimiento que altere el orden o ponga en peligro p�blico al Estado, mientras espera que la Federaci�n adopte las medidas conducentes para hacer frente a dicha situaci�n.

  22. Que el quinto concepto de invalidez es infundado, toda vez que el art�culo 10, �ltimo p�rrafo, de la ley impugnada, no contraviene lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el servicio p�blico educativo que brinda la Universidad Veracruzana no se encuentra entre los que tienen a su cargo los Municipios, por lo que su situaci�n jur�dica particular no coincide con la hip�tesis general y abstracta contenida en el precepto constitucional y, por tanto, tampoco surge entre la Universidad Veracruzana y los Municipios la relaci�n de �ndole tributaria que se contempla, y al no existir dicha relaci�n no es posible pensar que disfrute del beneficio de la exenci�n que consagra la C.�n F. en su art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), sino m�s bien que la instituci�n educativa a que se hace referencia se encuentra dentro del r�gimen de "no sujeci�n tributaria", r�gimen que no debe confundirse con la exenci�n, ya que en el primero no existe la obligaci�n de pagar impuesto alguno, y en la segunda entra�a la liberaci�n de no cubrir cargas impositivas, como un privilegio a quien es sujeto pasivo de la relaci�n tributaria.

    Que la figura de la no sujeci�n a la relaci�n tributaria, supone que por virtud de una determinaci�n expresa del legislador se sustrae de la relaci�n jur�dica tributaria alguno de los elementos que la componen, y difiere de la exenci�n porque mientras aquella figura hace desaparecer a la relaci�n jur�dico-tributaria al privarla de uno de sus elementos esenciales, �sta crea un r�gimen de excepci�n con independencia de la relaci�n tributaria de la cual ha emanado, es decir, la relaci�n entre el sujeto activo y el pasivo que surge al momento de verificarse f�cticamente el supuesto hipot�tico general de la ley en un caso concreto, sigue existiendo, pero por disposici�n expresa del legislador el entero no se verifica, pues se est� exento de pago, no habr� cr�dito fiscal qu� exigir del causante, pues a pesar de que se han dado los supuestos legales de generaci�n, otra figura jur�dica exime de su pago.

    Que no puede decirse que a la Universidad Veracruzana se le est� exentando en el pago de contribuciones municipales, ya que, como anteriormente se expuso, la situaci�n tributaria de esta instituci�n educativa no encuadra en la hip�tesis legal contenida en la fracci�n IV, inciso c), del art�culo 115 constitucional y, por tanto, la obligaci�n tributaria para con los Municipios del Estado no nace a la vida jur�dica. Cit�ndose en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia y tesis aislada de rubros: "IMPUESTOS, CAUSANTES DE, Y CAUSANTES EXENTOS, CONCEPTO." y "EXENCI�N DE IMPUESTOS O DERECHOS, ES UNA SITUACI�N JUR�DICAMENTE DIFERENTE AL R�GIMEN FISCAL DE NO SUJECI�N.".

  23. Que el sexto concepto de invalidez, que se refiere a la atribuci�n conferida al Congreso del Estado para legislar en materia de educaci�n, debe desestimarse, ya que el art�culo 3o. constitucional, en su primer p�rrafo, ordena que la educaci�n la imparta la Federaci�n, Estados y Municipios, reconociendo un �mbito material a los Estados para legislar sobre la materia, como hasta la fecha todos los Estados lo han hecho, y no se contrapone con lo dispuesto en la fracci�n VIII del art�culo 3o. de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque la facultad que tiene el Congreso de la Uni�n es la de expedir leyes que tengan como fin unificar y coordinar la educaci�n en toda la R.�blica, as� como distribuir la funci�n social educativa entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios, y ello no significa que la Federaci�n tenga el monopolio legislativo de la educaci�n, sino que es la rectora de las pol�ticas en la materia; que los Estados tambi�n pueden legislar en materia educativa siempre y cuando no se contrapongan al Pacto F. y a lo que el citado Congreso legisle al respecto; tan es as�, que a la ley expedida por el �rgano legislativo no se le denomin� "federal", sino "general".

    Que de lo previsto por el art�culo 73 de la C.�n F., se puede advertir que la facultad de legislar en materia de educaci�n conferida al Congreso del Estado no vulnera el Pacto F. ni la soberan�a, y mucho menos lo establecido en los art�culos 39, 40 y 116, segundo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, porque se trata de facultades concurrentes.

  24. Que el s�ptimo concepto de invalidez es infundado, ya que la interpretaci�n aut�ntica de las leyes que contempla el art�culo 33, fracci�n II, de la norma cuya invalidez se demanda, no viola el diverso 94, p�rrafo s�ptimo, de la C.�n General de la R.�blica, pues dicha interpretaci�n s�lo ata�e a los creadores de la norma, y la jurisprudencia obliga a todas las autoridades judiciales del pa�s y a las partes de una contienda judicial; que la interpretaci�n que hagan los legisladores de las leyes o decretos no constituir� jurisprudencia, ni los criterios que llegare a emitir contravendr�n la misma.

  25. Que el octavo concepto de invalidez resulta improcedente, ya que el art�culo 33, fracci�n XIII, de la ley impugnada, no transgrede lo se�alado por el diverso 115, fracci�n IV, inciso c), �ltimo p�rrafo, de la C.�n F., ya que la facultad de aprobar las leyesquecontienen las bases normativas conforme a las cuales los Ayuntamientos elaborar�n y aprobar�n su presupuesto de egresos, no tiene otra finalidad que la de orientar a los propios Ayuntamientos sobre c�mo elaborar dicho presupuesto de conformidad con los ingresos que se establezcan a su favor, m�xime que en el citado cuarto p�rrafo adicionado (antes �ltimo p�rrafo), del inciso c), fracci�n IV, del art�culo 115 constitucional, ahora se faculta a las Legislaturas de los Estados para, adem�s de revisar las cuentas p�blicas de los Municipios, fiscalizarlos; que por lo anterior, las leyes que contendr�an las bases normativas a que se hace menci�n, en ning�n momento violar�an el principio de la libre administraci�n de la hacienda municipal y esa libertad no significa que los Municipios puedan actuar fuera de la legalidad para elaborar su presupuesto de egresos.

  26. Que el noveno concepto de invalidez es infundado, toda vez que el �rgano de F.izaci�n Superior del Estado act�a �nicamente como un �rgano que apoya al Congreso del Estado en el ejercicio de su facultad revisora, y su participaci�n s�lo consiste en apoyar t�cnica y administrativamente al Congreso L., encargado de aprobar o no el trabajo realizado, por lo que no se trata de dos instancias distintas que puedan revisar, simult�nea o alternativamente, las cuentas p�blicas.

    Que la reforma no delega facultades al �rgano de F.izaci�n Superior, sino que atendiendo a que el Congreso no es t�cnico en materia de revisi�n y fiscalizaci�n, requiere del auxilio de otros �rganos; que del texto del p�rrafo primero y de la fracci�n III, inciso b), del art�culo 67 de la C.�n L., se puede advertir que los Ayuntamientos son fiscalizados por el Congreso del Estado, as� como que el �rgano de F.izaci�n Superior se limita �nicamente a informar sus resultados a dicho Congreso, y su autonom�a s�lo garantiza la imparcialidad con que se conduce; que por tanto no se vulnera el principio establecido en la fracci�n IV, inciso c), del art�culo 115 constitucional, ni existe contradicci�n entre los art�culos 33, fracci�n XXIX y el 67, fracci�n III, apartado a), de la C.�n del Estado.

  27. Que el d�cimo concepto de invalidez tambi�n es infundado, pues aun cuando el art�culo 41, fracci�n IX, de la ley cuya invalidez se demanda establece como atribuci�n de la Comisi�n Permanente conocer sobre los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios y la pr�ctica de auditor�as, revisi�n y aprobaci�n de las cuentas respectivas, ello no es violatorio de la fracci�n IV, inciso c), �ltimo p�rrafo, del art�culo 115 constitucional, por virtud de que la D.�n Permanente s�lo funciona cuando el Congreso L. est� en receso, de lo que se advierte que se trata del mismo �rgano, el cual, por cuanto hace a esta facultad, se limita �nicamente a conocer de los asuntos y no a emitir dictamen alguno, es decir, que no revisa ni aprueba las cuentas de los Ayuntamientos, sino que s�lo rinde el informe respectivo al Congreso del Estado cuando �ste se reinstale.

  28. Que el d�cimo primer concepto de invalidez es improcedente, pues la facultad conferida al Congreso del Estado para autorizar a los Ayuntamientos la enajenaci�n, gravamen, transmisi�n de la posesi�n o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier otro tipo de ingreso fiscal que conforme la hacienda municipal, no contraviene el principio de la libre administraci�n de la hacienda municipal, pues tal se refiere a la disposici�n de sus bienes, ingresos y participaciones; que la disposici�n constitucional de que se trata no es nueva y ya exist�a, encontr�ndose precisada en el inciso ch) de la fracci�n LII del art�culo 68 de la C.�n L. anterior; que el inciso d) de la fracci�n XVI del art�culo 33 de la C.�n L., cuya invalidez se demanda, no se contrapone al diverso 115 constitucional, en su fracci�n IV.

  29. Que el duod�cimo concepto de invalidez tambi�n es improcedente, porque lo establecido en la fracci�n IV del art�culo 71 de la ley impugnada no implica que el Congreso del Estado pueda intervenir arbitrariamente en la administraci�n de la hacienda municipal, por virtud de que la facultad de expedir las bases normativas que deben guiar la elaboraci�n del presupuesto de egresos de los Ayuntamientos es acorde con lo dispuesto en el multicitado art�culo 115 constitucional, fracci�n IV, pues en el referido precepto, en la fracci�n indicada, s�lo se se�ala que la actuaci�n municipal debe ser acorde con las leyes estatales, y no que el Congreso vaya a determinar su presupuesto de egresos, y no es �bice que en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no se establezca una limitaci�n a las Legislaturas de los Estados para legislar en esa materia.

  30. Que el d�cimo tercer y �ltimo concepto de invalidez tambi�n es improcedente, toda vez que las fracciones V y VI del art�culo 71 de la C.�n L. no se contraponen con el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien en una de �stas se establece que la hacienda municipal se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan a los Municipios, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, de ello se advierte la facultad que se le otorga al legislativo local para establecer, mediante una ley que expida al efecto, los ingresos de los Ayuntamientos; ley que ser� exclusiva de la hacienda municipal, y no como se aduce, establezca una ley de hacienda estatal.

    Que se trata de dos leyes diferentes, como son la de hacienda del Estado y la de hacienda municipal, las cuales regulan aspectos relativos a los ingresos de ambas esferas de poder, sin que ello implique que los ingresos municipales provengan de la ley estatal.

    Por su parte, N.Q.H.�ndez, el doce de junio del a�o en curso, en representaci�n de la Secretar�a de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, formul� contestaci�n de la demanda, la cual se estima innecesario sintetizar o transcribir, por virtud de que como quedar� evidenciado con posterioridad, la citada carece de legitimaci�n para intervenir en la presente controversia constitucional.

    C.G.M.�nez, F.S.�n Mar, A.R.C., R.L.S., J.L.M.F.�ndez, L.M.L., L.D.L., M.M.S., E.R.C., E.A.V.�z, A.A.J., T.P.H., A.H.M., G.T.C., S.�n B.R., L.J.C. del �ngel, M.A.M.R., J. de D.V., G.M.G.�n, P.C.P., M.C.G.�lez, F.H.�ndez Casas, F.R.R.�n, C.D.H.�ndez, M�ximo G.G.�lez, A.M.�ndez y O., D.B.H.�ndez, J.D.C., E.C.H.�ndez, Jes�s A.E.R.�guez, J.R.A., M.V.C., J.C.�n Dolores Evangelista, C.J.R., P.A. de Jes�s, H.R.B., J.S.U.H.�ndez, H.A.T., T.M.B., M.T.C., J.A.G., G.�n P.F.�ndez, H.B.G.�a, E.G.�a G.�lez, S.P.V., R.G. �valos C., �lvaro S.R., Tob�as Carbajal Dom�nguez, G.P.C., Di�sgoro P.E., Jos� Ad�n L�pez M., C.H.�ndez H.�ndez, J.G.P.O., J.C.C., N.H.�ndez H.�ndez, Jos� Guadalupe Colohua Xilohua, I.G.E., Mar�a C.V.�squez J�come, M.M.M.�ndez, M.G.V., I. de Jes�s P.C., S.U.G.�n, C.D.F., R.E.�n C.C., L.M.R., R.G.�a G.�lez, A.�n C.M., A.L.�n Santiago, No� G�mez H.�ndez, D.D.S., E.G.O., Inocencia G�mez Galicia, H.C.C., N.D.M., R.�n B.B., B.L.J., R.X.Z., T.J.D.�nguez, A.�n H.�ndez Z., R.A.�n F., V.G.�a L. y M.�n M.R.�rez, ostent�ndose como s�ndicos �nicos de los Ayuntamientos de Cosoleacaque, Cerro Azul, Atzacan, I.�n del Sureste, I.�n de M., Coatepec, Veracruz, Cazones de H., Tamal�n, Tantima, L. de Tejada, Chinameca, P., Oteapan, Tuxpan, Isla, Jaltipan, V. de Yanga, Cosamaloapan, Zaragoza, L. y C., J.A., C. de G., Meyacapan, Misantla, Soteapan, M.�n, Coahuitl�n, Coyutla, Mixtla de A., H. de Cuauht�moc, M., C.Z.M., M.E., Tatatila, Jamapa, Texhuac�n, Tatahuicapan, H.�n, Tenochtitl�n, Tuxtilla, Tlapacoyan, T.A., Pueblo Viejo, Nanchital de L�zaro C�rdenas del R�o, Tezonapa, Tlacotalpan, Medell�n de Bravo, Oluta, A.L., Nautla, R.D., Xoxocotla, Chontla, Los R., Tenampa, V. de Alatorre, Uxpanapa, Acula, H. de O., �ngel R.C., Tamiahua, Huatusco, Puente Nacional, A.�huac, Tlaquilpa, F.M., Yecuatla, I. de la Llave, Cosautl�n de Carvajal, J., Tehuipango, S.J.E., Ozuluama, Coetzala, Tequila, Naolinco, Acatl�n, A., B. y Catemaco, todos del Estado de Veracruz, formularon igualmente contestaci�n de la demanda, sin que sea necesario resumir el contenido de �stas, pues como en el caso de la Secretar�a de Gobierno, se estima que carecen de legitimaci�n para intervenir en la presente controversia.

S�PTIMO

Por oficio n�mero PGR 693/2000, presentado el diez de octubre del a�o dos mil en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la R.�blica manifest�, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. Que considerando que en el presente juicio el Municipio de C�rdoba, Veracruz, plantea la invalidez de una norma general, as� como de los actos emitidos por el Congreso y el gobernador, ambos de la misma entidad, que presuntamente le causan perjuicio, se actualiza la competencia de esa Suprema Corte para sustanciar y resolver la controversia constitucional en que se act�a.

  2. Que debe modificarse el car�cter de demandados de los Ayuntamientos que votaron en contra de la reforma constitucional, por el de terceros interesados, en raz�n de que la autoridad demandada es quien directamente emite y promulga los actos jur�dicos cuya invalidez se demanda, y la ley que reform� y derog� diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave fue emitida bajo un procedimiento especial en el que participaron los Ayuntamientos de la entidad, pero que a final de cuentas el responsable de la emisi�n es el Congreso de la entidad, ya que una vez aprobada por parte de este �rgano colegiado, s�lo requer�a de la aprobaci�n de la mayor�a de los Municipios para la continuaci�n del procedimiento que culminar�a con su publicaci�n.

    Que la participaci�n de cada Municipio para configurar el acto jur�dico consistente en una reforma constitucional, se traduce en una manifestaci�n que concurre con la voluntad de la Legislatura Estatal, ya que el sentido de la reforma fue aprobado por las tres cuartas partes de los diputados integrantes del Congreso, por lo que s�lo estamos en presencia de un proceso legislativo distinto al ordinario, dicho acto de reforma, al requerir una votaci�n mayoritaria de la totalidad de los Municipios que conforman el Estado de Veracruz, se ve materializado s�lo con la colaboraci�n de la mitad m�s uno de los Municipios, aun y cuando los Ayuntamientos que votaron en contra participaron dentro del procedimiento, su voluntad no concurri� con el acto que mediante esta v�a se impugna.

    Que no obstante que los referidos Ayuntamientos que desaprobaron el proyecto de reforma no deben tener el car�cter de demandados, s� pueden verse afectados con la sentencia que llegare a dictarse en la presente controversia, en virtud de que se trata de una norma de car�cter general aplicable dentro de su �mbito jurisdiccional, por lo que de conformidad con el numeral 10, fracci�n III, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del art�culo 105, deber� ten�rseles con el car�cter de terceros interesados.

  3. Que el Municipio actor controvierte la validez de la ley y actos consistentes en la expedici�n, promulgaci�n y publicaci�n de la misma con motivo de su publicaci�n, ostent�ndose sabedora de los mismos desde la citada publicaci�n, por lo que considerando que la norma que se impugna fue publicada en la G.O. del Estado de Veracruz-Llave del tres de febrero de dos mil, el plazo para promover la presente controversia constitucional feneci� el diecis�is de marzo de dos mil, por lo que si el escrito de demanda se interpuso el quince de marzo del mismo a�o, resulta evidente que el mismo fue presentado en tiempo.

  4. Que la causa de improcedencia interpuesta por el gobernador del Estado de Veracruz, apoyada en que el art�culo 105 constitucional no contempla que un Ayuntamiento presente una controversia constitucional en contra de otro de la misma entidad, ni su procedencia respecto de normas producto del �rgano legislativo y Ayuntamientos, es infundada, pues la participaci�n de ambos �rganos no es el objeto del conflicto, sino la norma de car�cter general emitida bajo el proceso respectivo.

  5. Que la causa de improcedencia interpuesta apoy�ndose en que el escrito de demanda presenta deficiencias y los argumentos planteados no expresan en qu� consiste la inconstitucionalidad de cada art�culo, es infundada, por virtud de que, de conformidad con los criterios jurisprudenciales de los rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE.", este M�ximo Tribunal deber� suplir los errores o deficiencias presentados en la demanda al realizarse el estudio del fondo del asunto, de acuerdo a las reglas establecidas por los numerales 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia.

  6. Que resulta inexacto lo aducido por el Ayuntamiento de T.A., en cuanto a que no se le se�al� como demandado y, por ello, resulta extempor�nea la controversia constitucional respecto del mismo, pues del escrito inicial de demanda (foja cuatro) y del auto de admisi�n de la demanda (foja dos), se observa que s� fue se�alado como tal reconoci�ndole esta Suprema Corte de Justicia dicho car�cter, por lo que resulta inatendible el indicado argumento.

  7. Que el argumento en el sentido de que los actos impugnados no afectan el inter�s jur�dico del Municipio actor y se trata de una ley que por su sola vigencia no le causa perjuicio, es infundado porque el fundamento legal que se utiliza, o sea, los art�culos 73 y 74 de la Ley de Amparo, no es aplicable a las controversias constitucionales, adem�s de que al ser la norma general impugnada la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz, indudablemente afectar�a, en el caso de contener una norma general contraria a la C.�n F., el inter�s jur�dico no s�lo del Municipio promovente, sino de todos y cada uno de los que integran la entidad, por lo que s� existe en el caso que nos ocupa un inter�s jur�dico que es susceptible de ser protegido o tutelado por la presente v�a.

  8. Que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracci�n VIII del art�culo 19, en relaci�n con la fracci�n II del numeral 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, al haberse se�alado como demandados a los Ayuntamientos, ya que el precepto 10 antes referido se�ala expresamente como partes a la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido o promulgado la norma y, en la especie, s�lo tienen ese car�cter el gobernador y la D.�n Permanente del Estado, ya que la participaci�n de cada Municipio para configurar el acto jur�dico consistente en una reforma constitucional, se traduce en una manifestaci�n que concurre con la voluntad de la Legislatura Estatal, por lo que al haber formado parte del proceso de reformas a la C.�n L., no existe raz�n para excluirlo de esa calidad procesal.

  9. Que se se�ala que se configura en el caso, la causal de improcedencia prevista por los art�culos 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, al no probar el Ayuntamiento actor que la C.�n reformada sea una nueva C.�n, y tal argumento involucra el estudio de fondo, por lo cual debe desestimarse. Citando el procurador en apoyo a su estimaci�n la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE.".

  10. Que del texto del art�culo 130 de la C.�n L. anterior a la reforma, se desprende que �nicamente la C.�n puede ser adicionada o reformada, es decir, la redacci�n del referido numeral s�lo despeja duda en el sentido de que no puede darse una reforma total de la Ley Primaria de Veracruz, ya que la propia disposici�n se�ala: "La presente C.�n puede ser adicionada o reformada ..." y "... para que el proyecto de adiciones o reformas llegue a formar parte de la C.�n ...", es decir, presupone necesariamente que esa N.S.L. sigue existiendo como tal y que no ha sido abrogada por otra.

    Que a lo anterior debe sumarse la interpretaci�n que sobre las expresiones "reformas" y "adiciones" ha hecho F.T.R., advirtiendo que "adicionar" significa agregar algo nuevo a lo ya existente y, por su parte "reformas" significa suprimir la totalidad de la ley o sustituir un texto por otro dentro de la ley existente, es decir, ambas actividades se ejercitan siempre sobre una ley que prevalece y sigue vigente. Dentro de este contexto, es de concluirse que el Poder Reformador de la C.�n debe detenerse ante a lo que el propio maestro De la Cueva llam� "... los principios que contribuyen a la integraci�n del estilo de vida pol�tica del pueblo ...", expresi�n que pudiera ser equivalente a la de los valores ideol�gicos fundamentales acu�ada por K.L., este modo de pensar parece tener correspondencia con la declaraci�n sobre la inviolabilidad de la C.�n encerrada en el �ltimo de los art�culos de nuestra C.�n F., por lo que no se trata de una nueva C.�n, sino de la misma, s�lo que reformada.

    Que es de tomar en cuenta lo que se menciona en la exposici�n de motivos de la ley impugnada al se�alar que: "... la presente iniciativa de reforma integral a la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave sustenta un proyecto que significa, por la compactaci�n, supresi�n, modificaci�n, adici�n y reordenamiento de los t�tulos, cap�tulos, secciones y art�culos de las partes dogm�tica y org�nica de nuestra Ley Suprema ... Como resultado de lo anterior, se propone un dispositivo constitucional compuesto por ochenta y cinco art�culos, estructurados en seis t�tulos, quince cap�tulos y ocho secciones. ...".

  11. Que en relaci�n con la consideraci�n del Municipio actor de que el "Poder Constituyente Permanente de Veracruz-Llave" no es competente para emitir la norma que se impugna, toda vez que se trata de una abrogaci�n, facultad que s�lo tiene el Poder Constituyente Originario, cuyo poder es ilimitado, toda vez que al emitir una nueva C.�n puede escoger el r�gimen pol�tico y gubernativo que estime m�s adecuado, as� como regular y organizar el funcionamiento del poder p�blico y sus�rganosconforme lo considere necesario; la Ley Primaria L. ciertamente sufri� una serie de reformas, pero que de ninguna manera es posible considerarla como una nueva norma que abroga a la misma C.�n, en virtud de que esta figura jur�dica implica la supresi�n total de la vigencia de un todo normativo.

    Que del estudio de la ley impugnada no se observa la abrogaci�n expresa de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en virtud de que en su primer dispositivo se limita a derogar los art�culos 85 al 141, en tanto que los numerales 1o. a 84 fueron reformados por mandato del segundo precepto que lo integra; por tanto, no se suprime totalmente la vigencia u obligatoriedad jur�dica de la Ley Cimera L., toda vez que la reforma constitucional tuvo s�lo como consecuencias la privaci�n parcial de la ley y sus efectos jur�dicos, en raz�n de que mantiene sus principios, valores e instituciones pol�ticas, sociales, econ�micas y culturales fundamentales; que en los siete art�culos transitorios de la misma Ley 53 no se establece en forma expresa que las disposiciones de la C.�n queden abrogadas, por lo que la misma norma que reg�a sobre la materia sigue vigente, sufriendo s�lo una reforma integral, pero sin que se est� en presencia de un nuevo cuerpo legislativo.

    Que el �rgano que reform� la C.�n del Estado de Veracruz-Llave no abrog� a la Ley Fundamental L., toda vez que las reformas legislativas que contiene la norma impugnada, en realidad modificaron el texto constitucional, suprimiendo los ordenamientos que establec�an algunos preceptos, agregando otras normas, pero siempre respetando el r�gimen de gobierno republicano, representativo y popular, manteniendo y protegiendo las decisiones jur�dicas y pol�ticas fundamentales que deben observar los Estados en el sistema federal mexicano, como la divisi�n de los poderes p�blicos estatales, teniendo como base de su divisi�n territorial al Municipio Libre y el sufragio universal.

  12. Que los argumentos de los terceros interesados son infundados, puesto que el �rgano reformador de la C.�n de la entidad actu� en estricto apego a las facultades otorgadas por la misma Ley Primaria L. para emitir las reformas constitucionales, por lo que no se conculcan los numerales 39, 40 y 116 de la Ley Fundamental, respet�ndose, por ende, la soberan�a popular del Estado de Veracruz.

  13. Que el concepto de invalidez en que se argumenta que los art�culos 4o., p�rrafo tercero y 64, fracci�n I, de la ley impugnada, invaden la esfera de competencia de la Federaci�n es infundado, pues si bien los numerales citados en relaci�n con el diverso 56, fracci�n II, conceden facultades al Poder Judicial del Estado de Veracruz para que a trav�s de una Sala C.onal dependiente del Tribunal Superior de Justicia estatal conozcan y resuelvan, en t�rminos de ley, del juicio de protecci�n de derechos humanos, por actos o normas de car�cter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, no son en s� mismos inconstitucionales, dado el car�cter de los derechos humanos, en el que no s�lo participan los consagrados en la C.�n F., las leyes federales y los tratados internacionales, que son competencia federal, sino tambi�n los que contemplan las C.onales L.es y las leyes que de �stas emanan, as� como tambi�n los que en un futuro se reconozcan, como lo establece la C.�n L. reformada, y que pueden ser protegidos por diversos mecanismos, independientemente del juicio de amparo.

  14. Que el numeral 17, segundo p�rrafo, de la ley impugnada es inconstitucional pues, contrariamente al postulado establecido en los art�culos 41 y 116, primer p�rrafo, en relaci�n con lo que dispone el 49, segundo p�rrafo, de la C.�n F. establece dos excepciones al principio de divisi�n de poderes, las cuales no est�n previstas en el citado precepto 116, mismas que conceden tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial del Estado de Veracruz facultades extraordinarias, con las cuales, se reitera, se rompe con el principio de divisi�n de poderes, pues el primero de los numerales antes precisados no lo dispone expresamente, como s� lo hace el art�culo 49 respecto de los Poderes F.es.

  15. Que se estima que los numerales 33, fracci�n XXXIII y 65, fracci�n III, de la ley impugnada son de igual forma contrarios a la C.�n F. por establecerse en el art�culo 17 de la C.�n L. reformada, las excepciones contempladas en los mismos.

    Que conforme al art�culo 65, fracci�n IV, de la ley impugnada, el Poder Judicial del Estado puede ejercer actos jurisdiccionales y de naturaleza legislativa, contraviniendo con ello el esp�ritu y esencia de la Carta Fundamental, dado que las bases a que alude el citado numeral tienen por objeto regular situaciones jur�dicas que corresponde normar al Congreso L., a trav�s de la ley o decreto omitidos, por lo que puede afirmarse, v�lidamente, que el Poder Judicial al emitir las bases de que se trata, se constituye para esos efectos en Legislativo, pues en virtud de la disposici�n impugnada deviene en depositario de un poder que le es ajeno, al que compete emitir normas de car�cter general y, por ende, las bases mencionadas, las cuales, si bien van dirigidas a las autoridades estatales y municipales, tendr�n efectos generales aunque tengan por objetivo el que �stas normen su criterio respecto al cumplimiento de una norma constitucional local y es de entenderse que adem�s pueden repercutir indirectamente en los particulares; que lo anterior genera no s�lo la aludida invasi�n de facultades al Congreso L., sino m�s a�n, constituye precisamente la uni�n de dos poderes (el Judicial y el Legislativo) en una sola corporaci�n (el Poder Judicial), rompi�ndose as� un principio de divisi�n de poderes que a nivel local, como ya se dijo, no admite excepci�n.

    Que del contenido de los art�culos 41, primer p�rrafo y 116, primer p�rrafo, ambos de la C.�n F., se desprende que los poderes de las entidades federativas tienen que estar organizados a su nivel y competencia, igual que los de la Federaci�n, es decir, deben contar con un Poder Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial, con la salvedad de que no podr�n establecer las excepciones que se precisan en el numeral 49, segundo p�rrafo, de la C.�n General de la R.�blica, pues del t�tulo quinto de esta �ltima norma, denominado: "De los Estados de la Federaci�n y del Distrito F.", que abarca de los preceptos 115 a 122 inclusive, no se desprende que la C.�n F. haya establecido para las entidades federativas, como expresamente lo hace para los Poderes F.es, las excepciones al principio de divisi�n de poderes.

    Que a nivel federal, seg�n disponen los art�culos 29 y 131, segundo p�rrafo, en relaci�n con el 49, tambi�n segundo p�rrafo, todos de la C.�n F., el Ejecutivo de la Uni�n goza de facultades extraordinarias para suspender las garant�as individuales en un lugar determinado o en todo el territorio nacional con el objeto de hacer frente a situaciones de rebeli�n, invasi�n o guerra, y legislar en materia de impuestos, referida al comercio exterior, con el prop�sito de regular la econom�a nacional, previa autorizaci�n del Congreso de la Uni�n; que tomando en cuenta lo anterior, las C.ones de las entidades federativas no pueden establecer estas excepciones, pues del texto del precepto 116 no se desprende que la Ley Fundamental les conceda tal atribuci�n.

    Que si se hubiera querido otorgar esas facultades extraordinarias a los Ejecutivos L.es, se hubiera dispuesto de forma expresa en el aludido numeral 116, que contiene las bases constitucionales que dichas entidades federativas deber�n de observar en su r�gimen interno; que, por tanto, si el art�culo 17, segundo p�rrafo, en relaci�n con el 33, fracci�n XXXIII y 65, fracci�n III, de la C.�n de Veracruz reformada, les concede tanto al Ejecutivo L. como al Poder Judicial del Estado facultades extraordinarias que implican la uni�n de dos poderes en uno solo, y la Ley Fundamental no lo permite, resulta inconcuso que dichos numerales de la C.�n del Estado violan los preceptos 41, primer p�rrafo y 116, primer p�rrafo, de la C.�n F..

    Que por lo anterior resultan irrelevantes los argumentos esgrimidos por la actora en el sentido de que la facultad extraordinaria concedida al gobernador del Estado por el art�culo 33, fracci�n XXXIII, de la C.�n de Veracruz, puede interpretarse en el sentido de facultarlo para suspender garant�as individuales y que el art�culo 65, fracci�n III, de la C.�n L. reformada vulnera el principio general de derecho que establece que nadie puede ser J. y parte.

  16. Que el acto de refrendo llevado a cabo por la Secretar�a General de Gobierno del Estado de Veracruz del decreto promulgatorio es infundado, ya que del precepto 93 de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz anterior, se desprende la obligaci�n de dicho funcionario para ello, por lo que el refrendo resulta v�lido, evidenciando que las autoridades demandadas no incurrieron en ning�n tipo de transgresi�n a la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los actos imputados a cada una de ellas fueron emitidos en pleno apego a las facultades que le otorgan las disposiciones legales aplicables, adem�s de que se sujetaron al proceso de formaci�n de la norma impugnada.

  17. Que si bien el precepto 10, �ltimo p�rrafo, de la ley impugnada determina un beneficio a favor de la Universidad Veracruzana respecto del pago de la tributaci�n local y municipal, tal disposici�n no conculca el art�culo 115, fracci�n IV, incisos a) y c), segundo p�rrafo, de la C.�n F., pues la figura fiscal de la exenci�n para el pago de las contribuciones previstas en los incisos a) y c) indicados, s�lo es aplicable para los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios y en el caso de los bienes propiedad de entidades paraestatales, �stos no est�n sujetos a dicho beneficio fiscal, quedando prohibido que a trav�s de una norma general se establezca una exenci�n a su favor; que seg�n criterio de este Alto Tribunal la figura jur�dica de no sujeci�n a la relaci�n tributaria surge cuando el legislador determina en forma expresa que cierto supuesto no resulta contemplado por el hecho imponible, dejando de existir el deber de realizar la prestaci�n tributaria correspondiente y obedece a que el hecho imponible, consistente en la conducta o situaci�n que produce el cr�dito fiscal prevista en una norma general impositiva, no se produce porque ha sido retirado alguno de los elementos de la relaci�n tributaria, es decir, no se dan los supuestos legales para que se genere el pago del tributo respectivo.

    Que en tal sentido, al establecerse en la C.�n L. que los ingresos bienes propiedad de la Universidad Veracruzana, as� como los actos y contratos en que intervenga, no ser�n sujetos de tributaci�n local o municipal, se est� retirando a dicha instituci�n de la situaci�n jur�dica imponible, ya que se elimina un elemento que compone a la relaci�n tributaria, como es el no gravar al objeto generador de la obligaci�n; que lo anterior se debe a que dentro del orden jur�dico local, las Leyes de Hacienda del Estado de Veracruz y la de Hacienda Municipal de la misma entidad, son las que establecen obligaciones fiscales determinadas que deben ser pagadas por los sujetos a la relaci�n tributaria, independientemente de que exista alguna disposici�n que establezca otro tipo de contribuci�n.

    Sin embargo, al disponer la norma impugnada que el objeto gravable queda ausente, desaparece el supuesto generador de la obligaci�n tributaria, ya que dichas leyes secundarias establecen el tributo con base en el objeto que genera el gravamen; que bajo dicho esquema, al confrontar la norma local impugnada con el precepto constitucional federal, se advierte que el privilegio otorgado a favor de la Universidad Veracruzana no est� prohibido constitucionalmente, ya que el legislador local coloca a la Universidad Veracruzana bajo la figura de no sujeci�n a la relaci�n tributaria y no en la de exenci�n, a la cual se refiere el art�culo 115 de la Carta Magna.

    Que la figura de la exenci�n ocurre cuando la persona f�sica o moral, cuya situaci�n legal normalmente tiene la calidad de causante, pero que no est� obligado a enterar el cr�dito tributario por encontrarse en condiciones de privilegio o franquicia, caso contrario a lo que ocurre con la Universidad Veracruzana, puesto que su situaci�n ya no coincide con la que la ley se�ala como fuente de un cr�dito o prestaci�n fiscal, siendo por ello un no causante; por tanto, al no estar dentro del supuesto de la exenci�n de contribuciones municipales, el art�culo 10, �ltimo p�rrafo, de la C.�n L. no viola el Supremo Ordenamiento Jur�dico invocado, siendo infundado el razonamiento esgrimido por la actora.

  18. Que del an�lisis de los art�culos 3o. y 73 de la C.�n General de la R.�blica y 12, 13, 14 y 15 de la Ley General de Educaci�n, puede concluirse que la facultad que el art�culo 33, fracci�n IV, de la ley impugnada concede al Congreso L. para legislar en materia educativa no invade de manera alguna la esfera competencial del Congreso de la Uni�n ni transgrede la C.�n F., pues el art�culo 3o. constitucional precisa que bajo el t�rmino Estado se comprenden la Federaci�n, los Estados y los Municipios y, por tanto, corresponde a tales niveles de gobierno, de manera concurrente y en su respectiva jurisdicci�n, ejercer conforme a la ley las diversas atribuciones concedidas al Estado en el citado precepto constitucional, tales como impartir la educaci�n preescolar, primaria y secundaria; promover y atender todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la naci�n, u otorgar y retirar el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.

    Que lo que corresponde al Congreso de la Uni�n es expedir las leyes necesarias para distribuir la funci�n social educativa entre los tres niveles, as� como legislar en todo lo que se refiere a las escuelas que establezca, organice y sostenga la Federaci�n, enumeradas en el primer p�rrafo del art�culo 73, fracci�n XXV, de la C.�n F..

    Que por raz�n de la materia existen rubros reservados o asignados por la ley a la jurisdicci�n de las entidades federativas y Municipios, cuya regulaci�n naturalmente no corresponde a la autoridad federal, sino a la local, a quien corresponde ejercitarlas; que la funci�n social educativa ha sido ya distribuida por el Congreso de la Uni�n, a trav�s de la Ley General de Educaci�n, en los tres niveles de gobierno y dicha funci�n se define al detallarse el conjunto de atribuciones que la integran y que se asignan tanto a la Federaci�n, a los Estados y a los Municipios. Citando, en lo conducente, la tesis de rubro: "EDUCACI�N P�BLICA, NO ES PRIVATIVA DE LA FEDERACI�N.".

  19. Que es infundado que el art�culo 33, fracci�n II, de la ley cuya invalidez se demanda contravega lo dispuesto por el art�culo 94, p�rrafo segundo, de la C.�n F., ya que la facultad de interpretaci�n a que alude es de car�cter legislativo, a fin de que quien hizo la ley, sea quien desentra�e su sentido, y la interpretaci�n judicial en M�xico se da a trav�s de la jurisprudencia; que tomando en cuenta lo anterior, es incorrecto el argumento en que se afirma que con la facultad que se le concede al Congreso L. para dar la interpretaci�n aut�ntica de las leyes o decretos le permita a ese �rgano colegiado la posibilidad de crear jurisprudencia de aplicaci�n estatal, pues como qued� establecido, la interpretaci�n judicial y la aut�ntica son de naturaleza diversa, y la C.�n impugnada �nicamente atribuye al Congreso una facultad que por su naturaleza jur�dica le compete, en atenci�n a que es autor de la norma que se interpreta, con el fin de establecer el sentido y alcance que �sta deba tener, sin que con ello se entienda impl�citamente la facultad de emitir propiamente jurisprudencia a nivel local, y mucho menos implique una invasi�n de competencias al orden federal.

  20. Que son infundados los conceptos de invalidez en que se afirma que los art�culos 33, fracci�n XIII y 71, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de Veracruz reformada, violan lo establecido en el numeral 115, fracci�n IV, de la Ley Fundamental, ya que aludiendo a lo considerado por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en relaci�n al concepto de libre administraci�n hacendaria y, a lo previsto en los numerales citados de la ley impugnada, se desprende que exclusivamente se contempla que el Congreso L. emitir� las bases generales para que los Ayuntamientos elaboren y aprueben sus presupuestos de egresos sin condicionante adicional alguna para que los Municipios aprueben sus presupuestos de egresos, sin violarse el contenido del precepto 115 de la C.�n F..

    Que en todo caso, lo que constituir�a una violaci�n a dicho precepto ser�a que el Congreso L. al expedir las bases a que se refieren los numerales de la ley impugnada establezca, de manera expresa, requisitos adicionales que afecten la libre disposici�n de los recursos presupuestales; que la actora impl�citamente reconoce la situaci�n precisada, pues al expresar su concepto de invalidez, a fojas quince y diecis�is de su escrito de demanda, manifest� que: "... sin embargo, la facultad dada por la fracci�n XIII del art�culo 33 de la referida Ley N�mero 53, permitir�a al Congreso L. dictar normas a partir de las que establezcan criterios bajo los cuales los Ayuntamientos distribuyan sus ingresos en partidas presupuestales para ejercer el gasto p�blico municipal. ..."; de donde se colige que la actora reconoce t�citamente que lo que ser�a inconstitucional es un hecho futuro, es decir, que el Congreso L. al expedir las bases a que se refiere el numeral impugnado de inconstitucional, fije bases adicionales a la se�alada en la C.�n F. para la aprobaci�n de los presupuestos de egresos municipales.

  21. Que son infundados los argumentos del Ayuntamiento actor relativos a que el art�culo 67, fracci�n III, apartado a), de la ley impugnada viola lo dispuesto por el numeral 115, fracci�n IV, pen�ltimo p�rrafo, de la N.F., al permitir al Congreso del Estado delegar sus facultades de revisi�n y fiscalizaci�n en un �rgano aut�nomo de fiscalizaci�n superior, pues a dicho �rgano por mucho que se le designe como aut�nomo, no deja de ser, como lo establece el art�culo 33, fracci�n XXIX, de la C.�n L. reformada, un simple �rgano de apoyo y es una interpretaci�n letr�stica de los numerales que se impugnan de inconstitucionales, as� como del art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., que se afirma que hay contradicci�n entre los preceptos 67, fracci�n III y 33, fracci�n XXIX, ambos de la C.�n L..

    Que si bien del enunciado inicial del numeral 67 de la C.�n impugnada, aparentemente se le da al �rgano fiscalizador una autonom�a plena de la redacci�n de la fracci�n VII del art�culo 33 del mismo ordenamiento, se desprende que dicha autonom�a �nicamente es t�cnica y de gesti�n, lo que se corrobora al consider�rsele un organismo de apoyo del Congreso en la revisi�n de la cuenta p�blica de los Ayuntamientos, seg�n se infiere de lo previsto en la fracci�n XXIX del propio precepto 33.

    Que del an�lisis completo del art�culo 67 se desprende que de los tres organismos aut�nomos a que se refiere el cap�tulo IV, el de fiscalizaci�n superior no comprende la totalidad de las notas distintivas de los organismos aut�nomos, puesto que independientemente de que puede ser fiscalizado en su desempe�o por el Congreso del Estado, su autonom�apr�cticamentese reduce al aspecto t�cnico y de gesti�n en la medida en que el desempe�o de sus funciones est� coordinado y debe ser evaluado por el Congreso del Estado, seg�n el precepto 33, fracci�n VII, de la ley impugnada, y tal coordinaci�n y evaluaci�n lo hace dependiente del mismo, convirti�ndose en un organismo de apoyo, en cuanto lo sujeta a una voluntad externa, lo cual no es aceptable para aquellos �rganos que tienen la calidad de autonom�a.

  22. Que resulta infundado el argumento de que el art�culo 41, fracci�n IX, de la ley impugnada, contraviene lo dispuesto por el numeral 115, fracci�n IV, al facultar a la D.�n Permanente de la Legislatura del Estado para llevar a cabo la revisi�n y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica municipal, toda vez que la norma impugnada tiene como antecedente el art�culo 82, fracci�n XII, de la C.�n L. anterior a la reforma y de la lectura de ambos preceptos se desprende que su esp�ritu fue el acotar las atribuciones que la D.�n Permanente ten�a antes de la entrada en vigor de la ley impugnada, respecto a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, y con la facultad otorgada a la indicada D.�n Permanente no se rebasan las atribuciones que la Ley Fundamental dispone en forma exclusiva para las Legislaturas Estatales, puesto que simplemente conocer� de los asuntos relacionados con las pr�cticas de auditor�as, revisiones o aprobaciones de las cuentas p�blicas, sin que lleve a cabo ninguna funci�n de revisi�n o fiscalizaci�n, sin afectar el marco normativo de los Municipios, impedir su desarrollo institucional ni obstaculizar la funci�n constitucional que tienen encomendados.

  23. Que es tambi�n infundado lo manifestado en el sentido de que el numeral 33, fracci�n XVI, de la ley impugnada es violatorio del art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., al conceder al Congreso L. la facultad para autorizar a los Ayuntamientos la enajenaci�n, gravamen, transmisi�n de la posesi�n o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier otro tipo de ingreso fiscal que forma la hacienda municipal, toda vez que la libre administraci�n hacendaria que la Ley Fundamental le concede a los Municipios, consiste, en esencia, en la facultad de �stos para determinar, de forma libre y sin intervenci�n de ning�n otro poder, �rgano o entidad, ya sea federal o local, c�mo y en qu� se van a aplicar los recursos econ�micos que forman su hacienda, lo cual constituye �nicamente actos de administraci�n, y del texto del numeral impugnado se desprende que no se viola tal prerrogativa, pues lo que establece es una facultad de autorizaci�n que se refiere, no a actos de administraci�n, sino a actos de disposici�n, motivo por el cual no se afecta la libre administraci�n de la hacienda municipal.

  24. Que igualmente infundado es el concepto de invalidez en que se aduce que el art�culo 71, fracci�n VI, de la ley impugnada contraviene el diverso 115, fracci�n IV, de la C.�n F., y la fracci�n VI se contrapone al propio texto de la fracci�n V del citado art�culo 71, en virtud de que en el supuesto de que las contribuciones a que alude el numeral impugnado se refieran a ingresos municipales, en nada contraviene el mandato constitucional contenido en el numeral 115, fracci�n IV, pues precisamente ser� una ley del Estado, esto es, una ley emitida por la Legislatura L., la que establecer� una contribuci�n a favor de los Municipios.

    Que la posibilidad de que al momento de individualizar cr�ditos fiscales con cargo a los sujetos pasivos de obligaciones municipales, tales cr�ditos carezcan de sustento, generando inseguridad jur�dica, afectando al Municipio y a su hacienda, no puede ocurrir, pues los cr�ditos fiscales derivados de obligaciones tributarias establecidas por la legislatura a favor de los Municipios en una ley del orden estatal, tendr�n el sustento debido en la medida de que se contienen en un ordenamiento legal expedido por el Congreso del Estado, como lo ordenan las C.ones F. y L..

    Que adem�s, el actor no aporta en su demanda ning�n razonamiento l�gico-jur�dico que demuestre su aseveraci�n en el sentido de que se afectar� al Municipio y a su hacienda si se establece una contribuci�n en su favor en una ley distinta a la de ingresos municipales.

OCTAVO

El ocho de diciembre del a�o dos mil tuvo verificativo la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 C.onal, en la cual se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el tr�mite respectivo, se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz y uno de sus Municipios.

SEGUNDO

En principio debe analizarse si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser lo anterior una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente.

Como norma general o acto cuya invalidez se demanda, la parte actora se�al� en esencia:

La expedici�n del decreto publicado el tres de febrero del a�o dos mil, mediante el cual se declar� aprobada la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz.

Al respecto de la oportunidad, este Alto Tribunal Pleno emiti� la jurisprudencia n�mero 29/97, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, publicada en la p�gina cuatrocientos setenta y cuatro del Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES. De conformidad con lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnaci�n de normas generales en la v�a de controversia constitucional, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos: 1) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente de su publicaci�n; y, 2) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida. Con base en la citada disposici�n legal, los �rganos de poder legitimados para intentar una controversia constitucional, gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de car�cter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicaci�n, o del primer acto de aplicaci�n en perjuicio del �rgano demandante; de esto se sigue que, en el primer caso, si esta Suprema Corte de Justicia decretara el sobreseimiento por la improcedencia de la controversia constitucional, fundada en que se promovi� fuera del plazo de treinta d�as posteriores a la publicaci�n de la norma general respectiva, aquel mismo �rgano de poder estar�a en aptitud jur�dica de ejercer v�lidamente, con posterioridad, la acci�n de controversia constitucional para impugnar la referida norma, si lo hiciera con motivo del primer acto de aplicaci�n.

As�, atendiendo lo se�alado por la accionante, es claro que la materia de la impugnaci�n lo constituye una norma general y que el c�mputo respectivo debe realizarse considerando su publicaci�n.

Del escrito de demanda, as� como de la copia certificada que obra en el expediente de la G.O. N�mero Veinticuatro del Estado de Veracruz-Llave, se evidencia que la publicaci�n de la norma general impugnada se verific� el jueves tres de febrero del a�o dos mil, por lo que atendiendo al contenido de la fracci�n II del art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo relativo debe computarse a partir del d�a siguiente al de la citada publicaci�n, es decir, del viernes cuatro de febrero al jueves diecis�is de marzo de dicho a�o, descontando del plazo indicado, los s�bados cinco, doce, diecinueve y veintis�is de febrero, cuatro y once de marzo, as� como los domingos seis, trece, veinte y veintisiete de febrero, cinco y doce de marzo, todos del referido a�o dos mil, por haber sido inh�biles en este Alto Tribunal, conforme al art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Por tanto, considerando que del sello estampado a fojas veintiuno vuelta del expediente, aparece que la demanda se present� ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el mi�rcoles quince de marzo de dos mil, esto es, al vig�simo noveno d�a h�bil del plazo correspondiente, es inconcuso que la misma fue promovida con oportunidad.

TERCERO

Por ser de orden p�blico y de estudio preferente, se proceder� al an�lisis de la legitimaci�n de la parte promovente de la controversia constitucional.

El servidor p�blico respecto del cual se admiti� a tr�mite la controversia, se ostenta con el car�cter de s�ndico �nico del Ayuntamiento de C�rdoba, Veracruz, y acredita su personalidad con la copia certificada por el secretario del Consejo General de la Comisi�n Estatal Electoral, de la constancia de mayor�a y validez de la elecci�n de Ayuntamientos, expedida por el presidente y el secretario de la Comisi�n Municipal Electoral de C�rdoba, Veracruz, el veintid�s de octubre de mil novecientos noventa y siete, a favor del promovente R. de G.�n G.�n, como s�ndico �nico propietario del citado Municipio, documento que obra a foja veintitr�s del expediente.

Ahora, el art�culo 38 de la Ley Org�nica Municipal del Estado de Veracruz dispone:

Art�culo 38. Los s�ndicos son los encargados de la procuraci�n, defensa y promoci�n de los intereses municipales y la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, as� como en la gesti�n de los negocios de hacienda.

Del precepto transcrito puede advertirse que la representaci�n jur�dica del Municipio corresponde a los s�ndicos del Ayuntamiento en todas las controversias o litigios en que este �ltimo sea parte, por lo que deviene indiscutible que debe declararse la legitimaci�n de quien acredita ser s�ndico �nico del Ayuntamiento de C�rdoba, Veracruz, el cual suscribe la presente acci�n de controversia constitucional en representaci�n del citado Municipio.

CUARTO

Acto continuo, se proceder� al an�lisis de la legitimaci�n de la parte demandada, atendiendo a que �sta es una condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

Conviene recordar que las autoridades se�aladas como demandadas lo son:

  1. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

  2. El Poder Ejecutivo de la citada entidad.

  3. La D.�n Permanente de la aludida legislatura.

  4. El secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz.

  5. Los Ayuntamientos de Acajete, Acatl�n, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, A.�huac, A.L., Altotonga, A., Amatitl�n, Amatl�n de los R., �ngel R.C., Apazapan, A., Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, B., B.J.�rez, Calcahualco, C.�n de T., C.Z.M., C.A.C., C.P., Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de H., Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitl�n, Coatepec, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Cosamaloapan, Cosautl�n de Carvajal, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitl�huac, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chinameca, C. de G., Las Choapas, C.�n, Chontla, C.�n, E.Z., Espinal, F.M., Fort�n, G.Z., H.titl�n, El Higo, Huatusco, Huayacocotla, H. de O., H. de Cuauht�moc, I. de la Llave, Ilamatl�n, Isla, Ixcatepec, I.�n de los R., I.�n de M., I.�n del C.�, I.�n del Sureste, I.ancillo, I.�n, J., Jalcomulco, J�ltipan, Jamapa, Jes�s C., J., J.A., J. de F., L. y C., L. de Tejada, M., M., M.F.A., M.E., M.�nez de la Torre, M.�n, Mecayapan, Medell�n, Miahuatl�n, Las Minas, M.�n, Misantla, Mixtla de A., M.�n, Nanchital de L�zaro C�rdenas del R�o, Naolinco, Naranjal, Nautla, N., Oluta, Omealca, Otatitl�n, Oteapan, Ozuluama, P., P�nuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, La Perla, P., Plat�n S�nchez, Poza Rica de H., Pueblo Viejo, Puente Nacional, R.D., R.L., Los R., R�o Blanco, Saltabarranca, San Andr�s Tenejapan, San Andr�s Tuxtla, S.J.E., Santiago Tuxtla, Sayula de A.�n, Soconusco, Sochiapa, S.A., S. de Doblado, Soteapan, Tamal�n, Tamiahua, T.A., Tancoco, Tantima, Tatahuicapan de J., Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Temapache, Tempoal, Tenampa, Tenochtitl�n, Teocelo, Tepetl�n, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuac�n, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatl�n, Tlacojalpan, Tlacolul�n, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mej�a, Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tlaltetela, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tonayan, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, �rsulo G.�n, Uxpanapa, V. de Alatorre, Veracruz, Las Vigas de R., V.A., X., Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Z.�n y Z. de H..

Asimismo, que mediante prove�do de cuatro de abril de dos mil, se determin� llamar tambi�n con el car�cter de demandados a los Ayuntamientos de Boca del R�o, Citlalt�petl, Coatzacoalcos, Chiconquiaco, lxmatlahuac�n, J.R.C., La Antigua, Naranjos-Amatl�n, Orizaba, P.V., Tantoyuca, Tepatlaxco, T.�n, Totutla y Xalapa, todos del Estado de Veracruz.

Los art�culos 105, fracci�n I, constitucional; 10, fracci�n II y 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia, prev�n:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito F.;

"b) La Federaci�n y un Municipio;

"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito F.;

"d) Un Estado y otro;

"e) Un Estado y el Distrito F.;

"f) El Distrito F. y un Municipio;

"g) Dos Municipios de diversos Estados;

"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

"k) Dos �rganos de gobierno del Distrito F., sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. ..."

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

Quienes signan la contestaci�n de la demanda en representaci�n del Poder Legislativo y la D.�n Permanente del Congreso del Estado de Veracruz, se ostentan como diputados, presidente y secretaria de la mesa directiva de dicho �rgano, acreditando lo anterior con la copia certificada del acta de sesi�n del Pleno de veintiocho de abril de dos mil, en el que consta que los citados fueron designados en los cargos referidos.

Del an�lisis exhaustivo y pormenorizado de la C.�n Pol�tica vigente y anterior, as� como de la Ley Org�nica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Veracruz, en cuanto regulan la actividad y facultades del Poder Legislativo de la citada entidad y de sus integrantes, se advierte que no contemplan qui�n tiene la representaci�n de dicho poder; por tanto, en t�rminos de lo dispuesto por el primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley reglamentaria de la materia, antes transcrito, debe presumirse que quienes suscriben la aludida contestaci�n gozan de la representaci�n legal del �rgano legislativo.

Asimismo, debe considerarse que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, cuenta con legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que �ste es quien aprob� en definitiva la ley que contiene los preceptos cuya invalidez se demanda por la parte actora.

Por su parte, quien signa la contestaci�n de la demanda en representaci�n del Poder Ejecutivo de la multicitada entidad, ostent�ndose como gobernador constitucional del Estado, acredita su personalidad con el original de la G.O. de la entidad del tres de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que contiene el decreto que declara a M.A.�n V. como gobernador constitucional electo, para el periodo comprendido del primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al treinta de noviembre del a�o dos mil cuatro.

Del precitado an�lisis de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz vigente y anterior, as� como de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica de la entidad, se advierte que tal ordenamiento no contempla qui�n tiene la representaci�n del Poder Ejecutivo en la entidad; por tanto, de conformidad tambi�n con lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley reglamentaria de la materia, debe presumirse que el citado goza de la representaci�n legal de dicho poder y cuenta con la capacidad para ello, al no existir en el expediente constancia alguna que impida dicha presunci�n.

En consecuencia, aun cuando no se demanda por la parte actora ning�n acto concreto de dicho poder, debe considerarse al Poder Ejecutivo del multicitado Estado con legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio de controversia constitucional, al tratarse de un �rgano originario y ser �l mismo quien orden� la publicaci�n del decreto que contiene la ley cuyos preceptos son impugnados por el Ayuntamiento actor.

Previamente al an�lisis de la legitimaci�n pasiva de las restantes autoridades se�aladas como demandadas, debe precisarse que este Tribunal Pleno ha sustentado el criterio de que los "�rganos de gobierno derivados", es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la C.�n F., sino en una ley, no pueden tener legitimaci�n activa en las controversias constitucionales, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional.

Asimismo, que s�lo puede aceptarse con legitimaci�n pasiva un �rgano derivado si es aut�nomo de quienes siendo demandados, se enumeran en la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n F., siempre y cuando no se encuentre de ninguna forma subordinado jer�rquicamente a otro poder o ente de los que se�ala el mencionado art�culo 105, fracci�n I, constitucional.

Sobre el particular,el Pleno de estaSuprema Corte de Justicia de la Naci�n emiti� la jurisprudencia 84/2000, consultable en la p�gina novecientos sesenta y siete del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

"LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS. Tomando en consideraci�n que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la C.�n F., para determinar lo referente a la legitimaci�n pasiva, adem�s de la clasificaci�n de �rganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, T.V., diciembre de 1998, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo el rubro: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA.', para deducir esa legitimaci�n, debe atenderse, adem�s, a la subordinaci�n jer�rquica. En este orden de ideas, s�lo puede aceptarse que tiene legitimaci�n pasiva un �rgano derivado, si es aut�nomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional. Sin embargo, cuando ese �rgano derivado est� subordinado jer�rquicamente a otro ente o poder de los que se�ala el mencionado art�culo 105, fracci�n I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jer�rquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligaci�n de girar, a todos sus subordinados, las �rdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento; y estos �ltimos, la obligaci�n de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el car�cter de demandados."

En tal virtud, es claro que la D.�n Permanente que fuera se�alada como autoridad demandada en el escrito de demanda, carece de legitimaci�n pasiva para comparecer a la presente controversia constitucional en tanto que se trata de un �rgano subordinado y transitorio, integrado �nicamente durante los recesos del Congreso L., en los t�rminos que se�ala la propia C.�n Estatal, para los fines en ella misma establecidos y que una vez concluido el periodo de receso cesa en sus funciones. En el entendido de que es el Congreso L. el que reasume todas y cada una de las funciones que dicha D.�n Permanente hubiera desempe�ado y, al haber sido demandado y emplazado dicho cuerpo legislativo, debe entenderse que est� en condiciones de defender los actos que se le imputan.

Igualmente, debe estimarse que carece de legitimaci�n pasiva para comparecer a esta controversia la Secretar�a de Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, pues con independencia de si se trata o no de una autoridad subordinada jer�rquicamente al gobernador constitucional de dicha entidad, lo cierto es que aun cuando se le cita como autoridad demandada, no existe un acto concreto que se le atribuya como tal, en tanto que en el ordenamiento constitucional veracruzano no se encuentra previsto que los decretos del Poder Ejecutivo L. deban ser refrendados o sancionados por el funcionario en cuesti�n.

En lo que respecta a los Ayuntamientos se�alados como autoridades demandadas por la parte actora, as� como aquellos que mediante prove�do de cuatro de abril de dos mil, el Ministro instructor acord� llamar a la presente controversia constitucional con dicho car�cter, debe indicarse que carecen igualmente de legitimaci�n pasiva en la presente controversia.

Es decir, la participaci�n de los Ayuntamientos en el acto de aprobaci�n de reformas constitucionales que expida el Congreso L. en los t�rminos previstos por la propia C.�n Estatal, no puede dar lugar a que se les considere parte integrante del "�rgano legislativo" que emitiera la ley impugnada, pues es evidente que no act�an como diputados, ni forman un �rgano deliberante, sino que, en su car�cter de entidades pol�ticas, componentes del Estado, tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no las nuevas disposiciones que pretendan incorporarse a la C.�n Estatal, es decir, son entes p�blicos que intervienen en el proceso de formaci�n de las normas locales supremas para validar o invalidar, en su caso, con su voto, las modificaciones a la C.�n discutidas y aprobadas previamente por el Congreso L. como �rgano legislativo que permanentemente efect�a esa funci�n. En consecuencia, aun cuando en el proceso extraordinario de reformas a la Ley Suprema de una entidad hay concurrencia del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos, esta circunstancia no altera la naturaleza y esencia del Poder Legislativo, esto es, en nada modifica su integraci�n formal ni material.

Resulta aplicable al caso, por analog�a, la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno, visible en la p�gina 469 del Tomo XIII, marzo de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:

ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACI�N PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO O LEGISLATURA CORRESPONDIENTE SIN TOMARSE EN CONSIDERACI�N A LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO LOS MISMOS DEBAN INTERVENIR. De lo previsto en los art�culos 105, fracci�n II, inciso d), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, se desprende que en los casos en que la acci�n de inconstitucionalidad se ejercite por integrantes de alg�n �rgano legislativo estatal en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, la demanda correspondiente deber� estar firmada cuando menos por el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes integran el mismo. En este sentido, por '�rgano legislativo estatal' debe entenderse aquel en el que se deposita el Poder Legislativo de un Estado conforme a su propia C.�n, pues �ste y no otro es el depositario de dicha funci�n legislativa. Por tanto, cuando en la mencionada v�a se plantea la invalidez de una reforma o adici�n a una C.�n L. para lo cual la misma norma requiera la intervenci�n de los Ayuntamientos del propio Estado, como lo establece la C.�n de Tabasco, tal circunstancia no modifica la naturaleza del Congreso Estatal como depositario del Poder Legislativo y �rgano emisor de la ley, por lo que el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de dicho cuerpo legislativo s� est� legitimado para impugnar dicha reforma o adici�n. Ello es as�, porque del mismo modo en que la aprobaci�n, promulgaci�n y publicaci�n de las leyes que realiza el titular del Poder Ejecutivo no hace que �ste forme parte integrante del Congreso, ni que deba tom�rsele en cuenta para calcular el treinta y tres por ciento de sus miembros, la participaci�n de los Ayuntamientos en el acto de aprobaci�n de las reformas constitucionales que expida el Congreso, no da lugar a que se les considere parte integrante del '�rgano legislativo' pues no act�an como diputados, ni forman un �rgano deliberante, sino que, en su car�cter de entidades pol�ticas, componentes del Estado, tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no las nuevas disposiciones que pretendan incorporarse a la C.�n Estatal; esto es, son entes p�blicos que intervienen en el proceso de formaci�n de las normas locales supremas para validar con su voto las modificaciones a la C.�n, discutidas y aprobadas previamente por el Congreso L. como �rgano legislativo que permanentemente ejercita esa funci�n.

Tampoco es el caso de considerar a los citados Ayuntamientos como terceros interesados, en tanto que no se satisfacen los requisitos que para tenerlos como tales establece la fracci�n III del art�culo 10 de la ley de la materia, pues la sentencia que llegare a dictarse no les podr�a deparar perjuicio alguno, al no tener efectos generales y, por tanto, circunscribirse los mismos �nica y exclusivamente a las partes involucradas en la controversia.

Esta conclusi�n encuentra apoyo, por identidad de raz�n, en la jurisprudencia que aparece publicada en la p�gina 282 del Tomo IX, abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE LLAMAR A JUICIO CON EL CAR�CTER DE TERCEROS INTERESADOS A LOS MUNICIPIOS DE UN ESTADO DISTINTOS DE LOS ACTORES, CUANDO SE IMPUGNAN DISPOSICIONES GENERALES ESTATALES, PUES AUNQUE SE DECLARE SU INVALIDEZ, LOS EFECTOS GENERALES S�LO SE LIMITAR�N A LOS MUNICIPIOS ACTORES. De conformidad con los art�culos 105, fracci�n I, pen�ltimo y �ltimo p�rrafos, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de su ley reglamentaria, si la controversia constitucional se funda en la fracci�n I, inciso i), del art�culo 105 de la propia C.�n, y se trata de un conflicto sobre una disposici�n general, entre un Estado, como demandado, y uno o varios de sus Municipios como actores, la resoluci�n que declare su invalidez, si bien tiene efectos generales, �stos se circunscribir�n s�lo a los Municipios actores que obtuvieron sentencia favorable, sin afectar los derechos de los dem�s Municipios que no fueron parte de la controversia constitucional, respecto de los cuales la disposici�n seguir� siendo de observancia obligatoria y, por ende, es innecesario llamarlos a juicio como terceros interesados."

No es obst�culo para lo anterior, que mediante prove�do el Ministro instructor otorgara a los referidos Ayuntamientos municipales el car�cter de demandados, ya que los autos de tr�mite dictados durante el proceso no constituyen resoluciones que decidan sobre las caracter�sticas de las partes o su calidad como tales, por lo cual, no hay impedimento para que sea �ste el momento procesal en el cual se analice a fondo el car�cter con el que comparecen a esta controversia los distintos entes involucrados y se resuelva sobre el tema.

QUINTO

Previamente al estudio de los conceptos de invalidez, por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente, procede efectuar el an�lisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes, o bien, que de oficio advierta este M�ximo Tribunal de Justicia, en el entendido de que las causales de improcedencia invocadas por los Municipios no ser�n objeto de estudio, dado que no forman parte de esta controversia constitucional.

El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el art�culo 19, fracci�n VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el numeral 105 de la C.�n F. no previene hip�tesis alguna que haga procedente una controversia constitucional entre dos Municipios de un mismo Estado, lo cual acontece en el caso.

La causal de improcedencia propuesta resulta infundada.

Si bien es cierto que el art�culo 105 de la C.�n F. no prev� el supuesto de una controversia constitucional entre dos Municipios de un mismo Estado, no menos exacto es que as� como para la aprobaci�n, promulgaci�n y publicaci�n de las leyes que realiza el titular del Poder Ejecutivo no hace que �ste forme parte integrante del Congreso; del mismo modo la participaci�n de los Ayuntamientos en el acto de aprobaci�n de reformas constitucionales que expida el Congreso, no puede dar lugar a que se les considere parte integrante del "�rgano legislativo" pues, como ya se dijo, es evidente que no act�an como diputados, ni forman un �rgano deliberante, sino que, en su car�cter de entidades pol�ticas, componentes del Estado, tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no las nuevas disposiciones que pretendan incorporarse a la C.�n Estatal, es decir, son entes p�blicos que intervienen en el proceso de formaci�n de las normas locales supremas para validar o invalidar, en su caso, con su voto las modificaciones a la C.�n, discutidas y aprobadas previamente por el Congreso L. como �rgano legislativo que permanentemente efect�a esa funci�n.

Por tanto, al promoverse una controversia por un Municipio contra las reformas efectuadas a la N.F., en la cual fueron concurrentes los Ayuntamientos de la entidad a la cual pertenece, no debe estimarse que se plantee una controversia por un Municipio contra otro del mismo Estado, ya que es evidente que lo que se plantea es una controversia constitucional de un Municipio contra el Estado a trav�s de su Poder Legislativo, configur�ndose as� la hip�tesis a que se refiere el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n General de la R.�blica.

El mismo Poder Ejecutivo contin�a argumentando que el presente juicio es extempor�neo respecto de todos los Ayuntamientos, en virtud de que al plantearse la demanda por la actora ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, no se�al� como demandados a �stos, no obstante formar parte del �rgano especial de reformas constitucionales y, que si bien mediante prove�do de ocho de mayo de dos mil, el Ministro instructor en suplencia llam� como tales a los citados, lo realiz� una vez transcurrido el plazo previsto por el art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia para impugnar el acto cuya invalidez es demandada.

Dicho planteamiento resulta inatendible, en la medida en que en el considerando tercero de esta resoluci�n ha quedado determinado que los Ayuntamientos se�alados como autoridades demandadas, as� como los llamados a esta controversia por el Ministro instructor, no son partes en �sta; de donde resultar�a in�til que este Tribunal Pleno se pronunciara respecto a la temporalidad de la demanda sobre sujetos que no son parte en el asunto que nos ocupa y en relaci�n con los cuales pudiera predicarse la procedencia o improcedencia del mismo.

Sin que sea obst�culo alguno a esta conclusi�n lo manifestado por el representante del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, en cuanto a la omisi�n de la actora de se�alar como tercero interesado a la Universidad Aut�noma Veracruzana, pues es indiscutible que tal circunstancia aun de resultar cierta, no puede traer consigo, de ninguna forma, la improcedencia de la presente controversia constitucional.

Al no existir m�s causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o que de oficio advierta este �rgano jurisdiccional, se procede al estudio de los conceptos de invalidez.

SEXTO

Los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor se estudiar�n, en un primer momento, en un orden diverso al propuesto en el escrito de demanda, con el prop�sito de facilitar el an�lisis de todas las cuestiones planteadas.

As�, en primer lugar debe se�alarse que los conceptos de invalidez tercero, cuarto y s�ptimo resultan inoperantes en tanto no se refieren a la afectaci�n del inter�s jur�dico del Municipio actor, sino que plantean la existencia de posibles interferencias en las atribuciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Veracruz.

Esto es, en el tercer concepto de invalidez, la parte actora argumenta, en esencia, que el art�culo 65, fracci�n III, de la C.�n L., misma que establece la "acci�n por omisi�n legislativa", es violatorio de los art�culos 116 y 128 de la C.�n F., pues transgrede el principio general de derecho seg�n el cual nadie puede ser J. y parte, y rompe con la divisi�n de poderes, al permitir que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado dicte bases con un contenido normativo y sea �l mismo quien las aplique.

En el cuarto concepto de invalidez se impugna el art�culo 33, fracci�n XXXIII, de la misma C.�n L., por estimarse que resulta violatorio de los art�culos 26, 116, 119 y 128 de la F., en tanto establece la posibilidad de que el Congreso del Estado conceda al Poder Ejecutivo, tambi�n local, facultades extraordinarias para salvar la situaci�n en caso de alteraci�n del orden o peligro p�blico, circunstancia que puede entenderse equivalente a la suspensi�n de garant�as establecida a favor del Ejecutivo F. cuando, adem�s, corresponde a la Federaci�n la protecci�n de las entidades federativas.

Y, por �ltimo, en el s�ptimo concepto de invalidez la parte actora estima que la fracci�n II del art�culo 33 de la C.�n L., transgrede el art�culo 94 de la C.�n F., al otorgar facultades al Congreso del Estado para interpretar las leyes y decretos, interpretaci�n que est� reservada al Poder Judicial de la Federaci�n.

En este contexto, del contenido de los conceptos de invalidez que han quedado resumidos en los p�rrafos que anteceden, debe concluirse que la parte actora no hace valer agravios espec�ficos en su perjuicio, que pudieran ser analizados por este �rgano colegiado, motivo por el cual, tal y como se anunci� al inicio del presente considerando, deben desestimarse.

Finalmente, debe indicarse que este Tribunal Pleno tampoco advierte que existan motivos diversos que hicieran procedente la suplencia de la queja prevista por la ley de la materia, en el entendido, por lo dem�s, de que conforme al criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en m�ltiples ocasiones, la aplicaci�n de esta figura no puede llevarse al extremo de cambiar o desnaturalizar la v�a intentada por la parte actora.

Ahora bien, los restantes conceptos de invalidez se estudian en el orden en que fueran formulados en el escrito de demanda, en el entendido de que los dos primeros, as� como el sexto de ellos, se analizar�n atendiendo a la existencia de un principio de afectaci�n al inter�s jur�dico del Municipio actor.

En efecto, en el primer concepto de invalidez, al impugnarse la reforma integral de la C.�n del Estado de Veracruz, debe aceptarse la existencia de un inter�s leg�timo del Municipio actor para hacerlo, toda vez que el procedimiento de reforma constitucional, en s� mismo, es susceptible de impugnaci�n, al derivar de �ste las normas que, espec�ficamente, considera restringen o limitan sus atribuciones.

Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, los preceptos impugnados tambi�n generan un principio de afectaci�n al Municipio actor, en tanto que sus actos pueden ser objeto de impugnaci�n a trav�s del juicio de protecci�n de derechos humanos, cuya competencia se atribuye a la Sala C.onal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, tal y como se desprende de los art�culos 4o., tercer p�rrafo, 56, fracciones I y II, y 64, fracci�n I, de la C.�n L. reformada, que establecen:

"Art�culo 4o. ...

"Las autoridades del Estado, en su correspondiente esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta C.�n; as� como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protecci�n de derechos humanos; la violaci�n de los mismos implicar� la sanci�n correspondiente y, en su caso, la reparaci�n del da�o, en t�rminos de ley."

"Art�culo 56. El Poder Judicial del Estado tendr� las siguientes atribuciones:

"I.G. la supremac�a y control de esta C.�n mediante su interpretaci�n y anular las leyes o decretos contrarios a ella;

"II. Proteger y salvaguardar los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, mediante el juicio de protecci�n correspondiente."

"Art�culo 64. Para el cumplimiento de las atribuciones se�aladas en las fracciones I y II del art�culo 56 de esta C.�n, el Tribunal Superior de Justicia contar� con una Sala C.onal, integrada por tres Magistrados, que tendr� competencia para:

"I.C. y resolver, en los t�rminos de la ley respectiva, del juicio de protecci�n de derechos humanos, por actos o normas de car�cter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, provenientes de:

"a) El Congreso del Estado;

"b) Elgobernador del Estado;y

c) Los titulares de las dependencias o entidades de la administraci�n p�blica estatal, municipal, y de los organismos aut�nomos del Estado.

Igual consideraci�n cabe realizar respecto a lo alegado en el sexto concepto de invalidez en tanto, si bien el Municipio actor se limita a considerar violentados los art�culos 3o., fracci�n VIII y 128 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el art�culo 33, fracci�n IV, primera parte, de la norma impugnada, otorga atribuciones al Congreso L. para legislar en materia de educaci�n, materia que es una facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en suplencia de la queja, en t�rminos de lo previsto por el art�culo 40 de la ley de la materia, advierte que la fracci�n IV del art�culo 33 de la C.�n L., otorga facultades al Congreso Estatal para legislar, entre otras cuestiones, en materia de Municipio Libre y relaciones de trabajo de los Ayuntamientos, circunstancia que evidentemente importa un principio de afectaci�n a la esfera del actor y lo legitima para impugnarla.

El texto del citado art�culo de la C.�n L. es el siguiente:

"Art�culo 33. Son atribuciones del Congreso:

"...

IV. Legislar en materia de educaci�n; de cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y v�as de comunicaci�n de jurisdicci�n local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo y drogadicci�n; de prostituci�n; de desarrollo social y comunitario; de protecci�n al ambiente y de restauraci�n del equilibrio ecol�gico; de turismo; de desarrollo regional y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicaci�n social; de Municipio Libre; de relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los Ayuntamientos y sus trabajadores; de responsabilidades de los servidores p�blicos; de planeaci�n para reglamentar la formulaci�n, instrumentaci�n, control, evaluaci�n y actualizaci�n del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeaci�n del desarrollo econ�mico y social sea democr�tica y obligatoria para el poder p�blico; as� como expedir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al r�gimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar en los dem�s asuntos de su competencia.

En este contexto, debe estimarse que en los tres casos existe un principio de afectaci�n a su inter�s jur�dico.

Sirve de apoyo a estas consideraciones, la tesis de jurisprudencia 83/2001, sustentada por este Tribunal Pleno, que aparece publicada en la p�gina 875 del Tomo XIV, julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, cuyos rubro y texto son:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTER�S LEG�TIMO PARA PROMOVERLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido, en la tesis n�mero P./J. 71/2000, visible en la p�gina novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo rubro es 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.', que en la promoci�n de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un inter�s leg�timo para acudir a esta v�a el cual, a su vez, se traduce en una afectaci�n que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en raz�n de su especial situaci�n frente al acto que consideren lesivo; dicho inter�s se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en raz�n de la situaci�n de hecho en la que �sta se encuentre, la cual necesariamente deber� estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.

Una vez establecida la procedencia de esta v�a, resulta conveniente retomar el orden de estudio anunciado y analizar el primer concepto de invalidez, en el cual la parte actora reclama, en s�ntesis, el hecho de que la Ley N�mero 53, publicada en la G.O. del �rgano de Gobierno del Estado de Veracruz, el 3 de febrero del a�o 2000, bajo el t�tulo de reforma a la C.�n L., en realidad establece una nueva C.�n para el Estado de Veracruz, lo que resulta violatorio de los art�culos 39, 40 y 116 de la C.�n F., en tanto que s�lo un Poder Constituyente, depositario de la soberan�a popular, puede elaborar una nueva C.�n, no as� los Poderes Constituidos que s�lo pueden modificar, perfeccionar o aclarar las normas constitucionales, sin alterar su esencia y respetando siempre los principios fundamentales que sustenten el texto constitucional.

El argumento as� resumido resulta infundado, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Los art�culos constitucionales que el Municipio actor estima violentados por la reforma de la C.�n veracruzana son el 39, 40 y 116 de la C.�n F.; ahora bien, para una mayor claridad en el an�lisis de por qu� no existen las violaciones alegadas, es pertinente transcribir el texto de los mismos:

"Art�culo 39. La soberan�a nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."

"Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."

"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"I. Los gobernadores de los Estados no podr�n durar en su encargo m�s de seis a�os.

"La elecci�n de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas L.es ser� directa y en los t�rminos que dispongan las leyes electorales respectivas.

"Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elecci�n popular, ordinaria o extraordinaria, en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n volver a ocupar ese cargo, ni aun con el car�cter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

"Nunca podr�n ser electos para el periodo inmediato:

"a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominaci�n;

"b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denominaci�n, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempe�e el cargo los dos �ltimos a�os del periodo.

"S�lo podr� ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de �l, o con residencia efectiva no menor de cinco a�os inmediatamente anteriores al d�a de la elecci�n;

"II. El n�mero de representantes en las Legislaturas de los Estados ser� proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podr� ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci�n no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya poblaci�n exceda de este n�mero y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya poblaci�n sea superior a esta �ltima cifra.

"Los diputados a las Legislaturas de los Estados no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes.

"Las Legislaturas de los Estados se integrar�n con diputados elegidos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alen sus leyes;

"III. El Poder Judicial de los Estados de ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas.

"La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

"Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales L.es, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta C.�n. No podr�n ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n.

"Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica.

"Los Magistrados durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.

"Los Magistrados y los Jueces percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo.

"IV. Las C.ones y leyes de los Estados en materia electoral garantizar�n que:

"a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas L.es y de los integrantes de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

"b) En el ejercicio de la funci�n electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

"d) Se establezca un sistema de medios de impugnaci�n para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

"e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales;

"f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos pol�ticos reciban, en forma equitativa, financiamiento p�blico para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtenci�n del sufragio universal;

"g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos pol�ticos a los medios de comunicaci�n social;

"h) Se fijen los criterios para determinar los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus campa�as electorales, as� como los montos m�ximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos pol�ticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e

"i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, as� como las sanciones que por ellos deban imponerse;

"V. Las C.ones y leyes de los Estados podr�n instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonom�a para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administraci�n p�blica estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organizaci�n, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

"VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el art�culo 123 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

"VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.

Pues bien, del texto de los art�culos transcritos, que el Municipio actor considera vulnerados, se desprende que en los dos primeros se establecen algunos de los principios que rigen la forma de ser de la naci�n, referidos a la soberan�a popular y al r�gimen republicano, representativo, democr�tico y federal conforme al cual se articula el Estado mexicano, mientras que en el art�culo 116 se delinean los principios que deber�n respetar las C.ones L.es, con el prop�sito de lograr la armon�a con los postulados federales e impedir cualquier contradicci�n con el Pacto F..

Ahora bien, la parte actora argumenta que la reforma a la C.�n L. resulta inconstitucional, en tanto que el Poder Legislativo Constituido no tiene facultades para emitir una nueva C.�n, sino �nicamente para reformar, modificar y adicionar el texto normativo. Sin embargo, contrariamente a lo que se�ala el actor, la C.�n F. no establece en ninguno de sus art�culos, l�mites expresos a la posibilidad de reformas constitucionales locales, esto es, no proh�be, ni siquiera restringe la facultad de los Congresos Estatales para modificar los textos de sus C.ones, sino que se limita a establecer con precisi�n, en el art�culo 116 ya transcrito, las cuestiones m�nimas que las C.ones L.es deber�n plasmar en sus textos.

Por otra parte, una vez concluida la labor del Poder Constituyente L., en este caso, del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, el Poder Legislativo Estatal emanado de la C.�n no es otra cosa que un Poder Constituido, facultado para reformar y adicionar el texto de dicho ordenamiento. Los l�mites de esas facultades, que hay que recordar, fueron otorgadas por el propio Constituyente a la Legislatura L., no pueden ser concebidos como candados al desarrollo de las instituciones jur�dicas y pol�ticas susceptibles de plasmarse en el documento constitucional estatal.

En otras palabras, la soberan�a del pueblo ejercida en un momento hist�rico determinado por un Poder Constituyente, no tendr�a por qu� limitar, a priori, la voluntad de generaciones futuras que podr�n o no transformar su N.S. atendiendo al desenvolvimiento de la sociedad de que se trate, y a las necesidades de la vida contempor�nea que dif�cilmente pueden ser previstas en su totalidad y para siempre por dicho Poder Constituyente.

En este contexto, la reforma impugnada por esta v�a no puede estimarse violatoria de la C.�n F., en tanto que no se modificaron los principios establecidos por los art�culos 39, 40 y 116 de �sta, respecto a la soberan�a popular, al r�gimen republicano, representativo, federal y democr�tico, la divisi�n de poderes y los lineamientos establecidos en el art�culo 116, se encuentran igualmente respetados.

Lo anterior queda claro si atendemos al texto de los art�culos 1o. y 17 de la C.�n del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave que textualmente disponen:

"Art�culo 1o. El Estado de Veracruz-Llave es parte integrante de la Federaci�n mexicana, libre y aut�nomo en su administraci�n y gobierno interiores."

Art�culo 17. El poder p�blico del Estado es popular, representativo y democr�tico, y para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La capital y sede oficial de los Poderes del Estado es el Municipio de Xalapa-Enr�quez. ...

Asimismo, en el texto constitucional local, atendiendo a los se�alamientos contenidos en el art�culo 116 de la C.�n F., se prev� la forma en que deber�n elegirse tanto el gobernador como los diputados y ediles; se regula el Poder Judicial Estatal y se establecen medios de control de la legalidad en materia electoral, circunstancias que denotan el debido acatamiento a los �nicos l�mites que la C.�n F. establece para la emisi�n de las Leyes Supremas de los Estados miembros de la Federaci�n y, por consiguiente, para sus posteriores reformas y modificaciones.

En este sentido, la reforma a la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz-Llave, aun cuando implica una reforma integral al texto anterior de la misma, en la medida en que no modifica, suprime o altera los principios que la C.�n F. establece como lineamientos para que las Legislaturas L.es emitan sus textos constitucionales, no puede considerarse violatoria de la misma, motivo por el cual debe considerarse que el concepto de invalidez propuesto resulta infundado.

Aunado a lo anterior, por lo que hace al aspecto meramente formal del proceso de reforma constitucional, resulta igualmente conveniente mencionar que la teor�a constitucional reconoce, entre muy diversas clasificaciones, la existencia de las llamadas C.ones r�gidas y las flexibles, seg�n se trate, respectivamente, de �rdenes normativos que tengan un procedimiento dificultado para su reforma o bien uno ordinario.

Dentro de esta clasificaci�n, la C.�n del Estado de Veracruz, as� como la F., pertenecen al tipo de C.ones r�gidas, puesto que para la aprobaci�n de cualquier reforma o adici�n a su texto se establece un procedimiento dificultado, que se traduce en una votaci�n calificada de los miembros del Congreso L., as� como la mayor�a de los Ayuntamientos de la entidad, tal y como se desprend�a del art�culo 130 de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (antes de la reforma), y que es el siguiente:

C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (reforma de 9 de noviembre de 1996).

"Art�culo 130. La presente C.�n puede ser adicionada o reformada a iniciativa del gobernador del Estado, de los diputados de la Legislatura Estatal, de los diputados y senadores ante el Congreso de la Uni�n electos en la entidad; as� como del Tribunal Superior de Justicia y de los Ayuntamientos, en lo tocante a sus respectivos ramos.

"Para que el proyecto de adiciones o reformas llegue a formar parte de la C.�n se requiere el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura y de la mayor�a de los Ayuntamientos de la entidad. ..."

Ahora bien, en el caso concreto debe se�alarse que el procedimiento especial de reforma se encuentra debidamente cumplido, tal y como se desprende del decreto de �sta, al haber sido aprobada por treinta y cuatro votos a favor, de los cuarenta y dos diputados presentes, as� como por el voto favorable de ciento noventa y cuatro Ayuntamientos de los doscientos diez Municipios que integran la entidad y, en tales condiciones, desde un aspecto formal, la reforma constitucional tambi�n resulta v�lida.

Ahora bien, en el segundo concepto de invalidez, esencialmente se plantea que en el art�culo 4o., p�rrafotercero, de laC.�n reformada, se crea un juicio denominado "de protecci�n de derechos humanos", el cual invade la esfera de competencia de los tribunales de la Federaci�n, ya que en el numeral 64, fracci�n I, de dicha norma, se establece que para el cumplimiento de las obligaciones se�aladas en las fracciones I y II del art�culo 56 del mismo ordenamiento legal, el Tribunal Superior del Estado contar� con una Sala C.onal, integrada por tres Magistrados, con competencia para conocer y resolver del citado juicio contra actos o normas de car�cter general provenientes de autoridades de la entidad; y que, por tanto, causa agravio al Municipio actor, al permitir que los gobernados combatan tales actos, tanto a trav�s del juicio de amparo, como del citado instrumento de protecci�n, obligando al actor a contestar ambas v�as, causando una situaci�n de inseguridad jur�dica y la posibilidad de sentencias contradictorias.

As� las cosas, al establecerse la competencia de la Sala C.onal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para conocer del juicio de protecci�n de derechos humanos, por actos o normas de car�cter general que violen los derechos humanos previstos por la propia C.�n de la entidad, provenientes, entre otros, de los titulares de las dependencias u �rganos municipales y que la violaci�n de dichos derechos humanos producir� la sanci�n y, en su caso, la reparaci�n del da�o conforme a la ley respectiva, podemos concluir, como ya qued� de manifiesto en p�ginas precedentes con la transcripci�n de los art�culos respectivos, que existe un principio de agravio en perjuicio del Municipio actor, en tanto que su actuaci�n resulta susceptible de afectarse por la resoluci�n que dicte la Sala C.onal al conocer del citado medio de impugnaci�n, incluso anulando los actos o decretos contrarios a la normativa constitucional local.

Precisado lo anterior, el concepto de invalidez que hace valer la parte actora resulta infundado, en atenci�n a los siguientes razonamientos.

La C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos medios jurisdiccionales de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad, otorgando competencia a los �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n para conocer de los mismos y, espec�ficamente, por lo que respecta al juicio de amparo, la propia normativa constitucional otorga facultades exclusivas a distintos �rganos jurisdiccionales de dicho poder, conforme a las bases establecidas en los art�culos 103 y 107 de dicho ordenamiento.

Los preceptos constitucionales mencionados establecen las bases competenciales de los diversos �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n para conocer del juicio de amparo, y de manera excepcional a �rganos judiciales estatales, en el caso de la jurisdicci�n auxiliar o concurrente, delimit�ndose sus respectivas competencias en la Ley de Amparo, reglamentaria de dichos preceptos constitucionales, as� como en la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n.

Estos �rganos jurisdiccionales competentes para conocer y resolver los juicios de amparo, tienen por objeto fijar el alcance de las normas supremas que expresan la soberan�a popular; por lo que debe considerarse que la supremac�a de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que s�lo en �stas, mediante la voluntad soberana expresada por el Constituyente o por el �rgano revisor de la C.�n, pueda establecerse la existencia de los medios de control de constitucionalidad competencia de los �rganos jurisdiccionales que integran dicho poder, sin menoscabo de que el legislador ordinario federal desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciaci�n y resoluci�n, conforme lo ha establecido este Tribunal Pleno, en la jurisprudencia 155/2000, publicada en la p�gina 843 del Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, cuyos rubro y texto son:

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI�N. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMAC�A CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCI�N FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR. En virtud de que el ejercicio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, trat�ndose de los medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que ese �rgano fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberan�a popular, debe considerarse que la jerarqu�a de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que s�lo en ellas, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la C.�n, pueda establecerse la existencia de los referidos medios; ello sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciaci�n y resoluci�n. La anterior conclusi�n se corrobora por lo dispuesto en los diversos preceptos constitucionales que, en t�rminos de lo previsto en el art�culo 94 de la propia C.�n General de la R.�blica, determinan las bases que rigen la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en los que al precisarse los asuntos de su conocimiento, en ning�n momento se delega al legislador ordinario la posibilidad de crear diversos medios de control de la constitucionalidad a cargo de aqu�lla.

Asimismo, este Alto Tribunal al interpretar el art�culo 133 de la C.�n F., ha sostenido que s�lo el Poder Judicial F. puede calificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad a trav�s del juicio de amparo, entre otros instrumentos.

En efecto, el art�culo 133 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos se�ala textualmente:

Esta C.�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la R.�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha C.�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las C.ones o leyes de los Estados.

En t�rminos generales este numeral establece expresamente la supremac�a constitucional y un orden jer�rquico de los ordenamientos legales en nuestro sistema legal. Adem�s, en su parte final consigna la obligaci�n para los Jueces de los Estados, de respetar la C.�n F., leyes federales y tratados, con preferencia a las disposiciones en contrario que pueda haber en las C.ones y leyes locales.

Este precepto ha llevado a distintos problemas, espec�ficamente respecto de dos cuestiones b�sicas: una, el conflicto de leyes en el espacio, por cuanto a la validez del derecho federal y del derecho local cuando rigen de manera diversa una misma materia; y otra, el ejercicio del llamado control difuso de la C.�n por parte de las autoridades fuera del procedimiento constitucional previsto por los art�culos 103 y 107 constitucionales.

Si bien desde la C.�n de 1857 se reprodujo en esencia el art�culo 6o. de la C.�n de los Estados Unidos de Am�rica en el contenido del actual art�culo 133 de la C.�n de 1917; sin embargo, su aplicaci�n es diversa en ambas latitudes, pues mientras que en aquel pa�s esta disposici�n tiene una vigencia plena en la medida en que el control constitucional se despliega por la v�a de excepci�n o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local y pasa despu�s a la jurisdicci�n federal a trav�s de recursos procesales, que vinculan dentro de un solo proceso las dos instancias desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdicciones; en cambio, en nuestro sistema jur�dico el control constitucional se prev� �nicamente en v�a de acci�n y se encomienda exclusivamente al Poder Judicial de la Federaci�n.

Esta Suprema Corte de Justicia as� lo ha sostenido, al estimar que s�lo al Poder Judicial de la Federaci�n compete establecer la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, conforme nos informan las siguientes tesis, cuyos rubros, textos y datos de identificaci�n son los siguientes:

"INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. Esta Suprema Corte tiene facultad de resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, siempre que exista petici�n o instancia de parte, que se siga el procedimiento establecido por la ley, o sea, el juicio de amparo, y se oiga la defensa de la autoridad responsable, y que, actuando en ese procedimiento y no en otro diverso, se pronuncie sentencia que se ocupe tan s�lo del caso concreto y singular al cual se refiere la queja, limit�ndose a proteger y amparar al agraviado, pero sin hacer declaraci�n general respecto de la ley o acto que motivare aqu�lla. Incumbe tambi�n a la Suprema Corte de Justicia, la defensa de la C.�n en otro caso previsto por el art�culo 105 de la propia Carta Magna. Conforme a esa norma 'corresponde s�lo a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer de las controversias que se susciten ... entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos ...'. Tal controversia tampoco se abre de oficio; precisa para su planteamiento la demanda del poder que se sienta ofendido o atacado, para que se justifique la intervenci�n de la Suprema Corte de Justicia, por medio de un procedimiento que, entretanto no se lo fije la ley, es el de un juicio ordinario, donde se oye a la parte demandada. Por tanto, en este caso, la facultad de conocimiento est� subordinada tambi�n a la existencia de una instancia de parte interesada, y el fallo debe producirse dentro del procedimiento antes citado y no fuera de �l. El art�culo 133 de la C.�n, es conformativo del r�gimen federal y evita el predominio de las leyes locales sobre la C.�n, estableciendo con firmeza, la supremac�a de la misma Carta Fundamental; pero no es fuente de competencia de la cual resulte la facultad de los tribunales federales, y, por tanto, de la Suprema Corte, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Obliga a los Jueces de los Estados a proceder siempre conforme a la C.�n, obligaci�n que, por lo dem�s, no es tan s�lo de estos funcionarios, sino de todas las autoridades, cuyos actos tienen la presunci�n de constitucionalidad, que cede �nicamente ante la eficacia decisiva de un fallo judicial federal que la excluye. Este fallo no puede producirse sino mediante la controversia que prev� el art�culo 103 constitucional, esto es, mediante el juicio de amparo, satisfaci�ndose las condiciones antes mencionadas. Existe tambi�n la fracci�n XII del art�culo 107 constitucional, que obliga a los alcaides y carceleros a obrar conforme a la C.�n, poniendo en libertad a los reos, si no reciben oportunamente el auto de prisi�n preventiva; pero este caso se estima como de excepci�n, aun dentro del mismo art�culo 107, que establece las bases del juicio constitucional de garant�as o de amparo." (Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo LXXXIX, p�gina 775, Quinta �poca).

"CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COM�N. No existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que imponga a la autoridad judicial com�n, por aplicaci�n literal del art�culo 133 constitucional, la obligaci�n de calificar la constitucionalidad de las leyes que norman el contenido de sus resoluciones; si bien es cierto que ocasionalmente ha llegado a sustentarse tal tesis, la mayor�a de los precedentes se orientan en el sentido de considerar que s�lo el Poder Judicial de la Federaci�n puede calificar la constitucionalidad de las leyes a trav�s del juicio constitucional de amparo." (Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen CXXXV, Cuarta Parte, Sexta �poca, p�gina 37).

"CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COM�N. Conforme a la C.�n F., no todo �rgano judicial es competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino solamente el Poder Judicial F., a trav�s del juicio de amparo, donde la definici�n de inconstitucionalidad emitido por la autoridad federal se rodea de una serie de requisitos que tratan de impedir una desorbitada actividad del �rgano judicial en relaci�n con los dem�s poderes; aun en el caso del art�culo 133 constitucional en relaci�n con el 128, que impone a los Jueces de los Estados la obligaci�n de preferir a la Ley Suprema cuando la ley de su Estado la contrar�a, el precepto se ha entendido en relaci�n con el sistema seg�n el cual es �nicamente el Poder F. el que puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad. Esto es as�, porque nuestro derecho p�blico admite impl�citamente que, conforme al principio de la divisi�n de poderes, el �rgano judicial est� impedido de intervenir en la calificaci�n de inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, a menos que a ese �rgano se le otorgue una competencia expresa para ese efecto, como ocurre en la C.�n F. cuando dota al Poder Judicial de la Federaci�n de la facultad de examinar la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad." (Semanario Judicial de la Federaci�n, Volumen 42, Cuarta Parte, S�ptima �poca, p�gina 17).

Asimismo, la actual integraci�n del Tribunal Pleno ha reiterado dicho criterio en las tesis de jurisprudencia 73/99 y 74/99, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, Novena �poca, p�ginas 18 y 5, cuyos rubros y texto son, respectivamente:

"CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCI�N. ES ATRIBUCI�N EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI�N. La supremac�a constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jur�dico-pol�tico mexicano, que descansa en la expresi�n primaria de la soberan�a en la expedici�n de la C.�n, y que por ello coloca a �sta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ah� que las actuaciones de �stas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aqu�lla. En este sentido, m�s que una facultad, la supremac�a constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Uni�n deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta raz�n, las autoridades puedan, por s� y ante s�, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia C.�n consagra, en sus art�culos 103 y 107, un medio de defensa ex profeso, por v�a de acci�n, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n, sentando las bases de su procedencia y tramitaci�n."

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ART�CULO 133 DE LA CONSTITUCI�N. El texto expreso del art�culo 133 de la C.�n F. previene que 'Los Jueces de cada Estado se arreglar�n a dicha C.�n, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las C.ones o leyes de los Estados.'. En dicho sentido literal lleg� a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretaci�n sistem�tica del precepto y los principios que conforman nuestra C.�n. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que el art�culo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del r�gimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

As�, de la interpretaci�n que este Alto Tribunal ha realizado al art�culo 133 constitucional, se concluye que tal dispositivo no es fuente de facultades de control constitucional para los juzgadores del orden com�n, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del r�gimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto, que se traduce en un juicio espec�fico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarqu�a en la organizaci�n y distribuci�n de competencias de las autoridades estatales; de donde deriva que tampoco la C.�n L. puede preverlos.

Ahora bien, una vez sentado lo anterior, se procede al an�lisis de la invasi�n de atribuciones a que se refiere el Municipio actor, al estimar que los art�culos 4o., p�rrafo tercero, 56, fracciones I y II, y 64, fracci�n I, invaden la esfera de las facultades de los tribunales de la Federaci�n, al establecer el juicio de protecci�n de derechos humanos para combatir actos y normas de car�cter general provenientes de autoridades del Estado y otorgar la competencia para resolverlo a la Sala C.onal del Tribunal Supremo de Justicia de la entidad en cuesti�n.

De los se�alados preceptos impugnados que han quedado transcritos en este mismo considerando, deriva que el juicio de protecci�n de derechos humanos tiene por objeto la protecci�n y salvaguarda de los derechos humanos a que se refiere el cap�tulo II de la propia C.�n del Estado de Veracruz, que comprende los art�culos 4o. al 9o., y que a la letra dicen:

"Cap�tulo II

"De los derechos humanos

"Art�culo 4o. La libertad del hombre no tiene m�s l�mite que la prohibici�n de la ley; por tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por autoridad competente. Las autoridades s�lo tienen las atribuciones concedidas expresamente por la ley.

"Toda persona gozar� de los derechos que establecen la C.�n y las leyes federales, los tratados internacionales, esta C.�n y las leyes que de ella emanen; as� como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado.

"Las autoridades del Estado, en su correspondiente esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta C.�n; as� como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protecci�n de derechos humanos; la violaci�n de los mismos implicar� la sanci�n correspondiente y, en su caso, la reparaci�n del da�o, en t�rminos de ley.

"Est� prohibida la pena de muerte."

"Art�culo 5o. El Estado tiene una composici�n pluricultural y multi�tnica sustentada originalmente en sus pueblos ind�genas. La ley promover� y proteger� el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas espec�ficas de organizaci�n social; y garantizar� a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicci�n del Estado. En los juicios y procedimientos en que aqu�llos sean parte, se tomar�n en cuenta sus pr�cticas y costumbres en los t�rminos que establezca la ley.

"Los pueblos ind�genas tienen derecho a la libre determinaci�n dentro del marco constitucional. La expresi�n concreta de �sta es la autonom�a de las comunidades ind�genas en los t�rminos establecidos por la ley.

"El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades ind�genas se realizar� de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas por la C.�n F..

"El Estado y los Municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, reconocer�n el derecho de las comunidades ind�genas a promover su desarrollo equitativo y sustentable; y a una educaci�n laica, obligatoria, biling�e y pluricultural. Asimismo, en los t�rminos previstos por la ley, impulsar�n el respeto y conocimiento de lasdiversasculturas existentes en la entidad y combatir�n toda forma de discriminaci�n."

"Art�culo 6o. Las autoridades del Estado promover�n las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminaci�n de las personas; asimismo, garantizar�n el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad."

"Art�culo 7o. Toda persona podr� ejercer el derecho de petici�n ante las autoridades del Estado, de los Municipios, as� como de los organismos aut�nomos, los cuales estar�n obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco d�as h�biles.

"La ley regular� los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petici�n se considere en sentido afirmativo."

"Art�culo 8o. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollar�n planes y programas destinados a la preservaci�n, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, as� como para la prevenci�n y combate a la contaminaci�n ambiental.

"Las personas ser�n igualmente responsables en la preservaci�n, restauraci�n, y equilibrio del ambiente, disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acci�n popular ante la autoridad competente, para que atienda la problem�tica relativa a esta materia."

"Art�culo 9o. La propiedad y la posesi�n tendr�n las modalidades y limitaciones se�aladas por la C.�n F. y la ley."

Estos derechos humanos son el objeto de protecci�n del medio de impugnaci�n introducido en la reforma impugnada, puesto que en el cap�tulo IV, relativo al Poder Judicial, secci�n primera, denominada "Del control constitucional", espec�ficamente el art�culo 64, fracci�n I, establece que la Sala C.onal del Tribunal Supremo de Justicia tendr� como competencia, entre otras, conocer y resolver el juicio de protecci�n de derechos humanos, por actos o normas de car�cter general "que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve", provenientes del Congreso o del gobernador del Estado, as� como de los titulares de las dependencias o entidades de la administraci�n p�blica estatal, municipal y de los organismos aut�nomos del propio Estado.

En otros t�rminos, dicho instrumento de impugnaci�n se dirige exclusivamente a proteger los derechos humanos que la propia C.�n L. se�ala, como se advierte, incluso, de la exposici�n de motivos de la iniciativa de reformas que el gobernador constitucional del Estado de Veracruz enviara al Congreso de la misma entidad, el trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve que, en la parte relativa, se�ala:

"Art�culo 55. El cap�tulo IV del t�tulo segundo, denominado 'Del Poder Judicial', empieza con este nuevo numeral, que contiene la referencia gen�rica de que dicho poder se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Tribunal de Conciliaci�n y Arbitraje, y en los juzgados que se�ale su ley org�nica, para equipararlo con la f�rmula seguida para los otros poderes al inicio de sus respectivos cap�tulos, simplificando notoriamente la detallada y exhaustiva menci�n de tribunales y atribuciones que se hace hoy en d�a en los art�culos 36 y 95 de la C.�n en vigor, respectivamente."

"Art�culo 56. Correlativo del anterior, el art�culo 56 del proyecto desarrolla, en quince fracciones sustantivas, las atribuciones del Poder Judicial, entre las que destacan, por su importancia y novedad en el �mbito local, las que se refieren a garantizar la supremac�a constitucional local, materia de poco o nulo desarrollo tanto te�rico como pr�ctico en nuestra historia jur�dica nacional, para el efecto de las important�simas tareas de protecci�n y salvaguarda de los derechos humanos locales. ..."

"Art�culo 64. Con este precepto inicia la secci�n primera relativa al 'control constitucional' en la entidad, como uno de los pilares fundamentales de este proyecto con el de otorgar por primera vez en la historia constitucional de Estado alguno, el debido y necesario reconocimiento a la supremac�a que nuestra C.�n tiene dentro del territorio de Veracruz, con lo cual se dar�a el primer gran paso para dignificar la vida inconstitucional de Veracruz, mediante la promoci�n y adquisici�n de un status de orgullo y respeto por nuestro orden legal y constitucional, como parte fundamental del triple orden de gobierno en que se divide nuestro pa�s.

"Esta propuesta, atiende a las serias reflexiones presentadas por destacados abogados en varios de los foros de consulta realizados por la H. Legislatura del Estado, y de partidos pol�ticos, y busca dotar de nuevas atribuciones al Poder Judicial, para garantizar la supremac�a de nuestra C.�n, a trav�s de una Sala C.onal integrada por tres Magistrados y adscrita al Tribunal Superior de Justicia.

"De esta manera, conforme a su primera fracci�n, dicha Sala tendr� competencia para, a trav�s del juicio de protecci�n, interpretar la C.�n, a fin de proteger y salvaguardar los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, en contra de actos o normas de car�cter general que conculquen dichos derechos, provenientes del Congreso del Estado, del gobernador, o de los titulares de las dependencias o entidades de la administraci�n p�blica estatal o municipal, as� como de los organismos aut�nomos del Estado, con lo cual este juicio, en una primer vertiente, tal y como sucede con el juicio de amparo, a nivel federal, ser� un instrumento de protecci�n de los veracruzanos, por violaciones provenientes de los titulares de los diversos �rganos del Estado, salvo el judicial."

Por tanto, de una interpretaci�n arm�nica y sistem�tica de los distintos preceptos transcritos de la norma impugnada, as� como de su propia exposici�n de motivos, se desprende que la competencia que la C.�n L. le otorga a la Sala C.onal del Tribunal Supremo de Justicia, se circunscribe a conocer y resolver el juicio de protecci�n de derechos humanos, pero �nicamente por cuanto hace a la salvaguarda de la C.�n L., es decir, en la protecci�n de los derechos humanos previstos en la misma, sin contar, l�gicamente, con facultades para pronunciarse sobre violaciones a las garant�as individuales previstas en la C.�n F..

De esta forma se advierte que contrariamente a lo sostenido por el Municipio actor, los preceptos reclamados no invaden las atribuciones de los tribunales de la Federaci�n, en tanto que el instrumento para salvaguardar los derechos humanos que prev� la reforma impugnada se limita exclusivamente a proteger los derechos humanos que la propia C.�n L. reserve al pueblo veracruzano; en tanto que el juicio de amparo consagrado en los art�culos 103 y 107 constitucionales, comprende la protecci�n de las garant�as individuales establecidas en la parte dogm�tica del Pacto F.; de donde se sigue que el Tribunal Supremo, a trav�s de su Sala C.onal, carece de competencia y resulta constitucionalmente incompetente para resolver sobre la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad, es decir, sobre el apego o no de los mismos a la C.�n F.; lo cual se corrobora si se tiene en cuenta que el instrumento jur�dico local difiere del juicio de amparo federal en cuanto a su finalidad, en tanto que aqu�l prev� que la violaci�n de los derechos humanos que expresamente se reserven implicar� la sanci�n correspondiente y, en su caso, la reparaci�n del da�o conforme lo dispone el art�culo 4o. de la C.�n veracruzana, caracter�sticas estas que difieren con el mecanismo federal.

Adem�s, tal y como ya se mencion� al analizar el primer concepto de invalidez, los art�culos 39, 40 y 41, p�rrafo primero, constitucionales, establecen las bases de la autonom�a local, en tanto de ellos deriva el r�gimen de gobierno republicano federal, integrado por Estados libres y soberanos en todo lo relativo al r�gimen interno, aunque unidos en un Pacto F.; y que el pueblo ejerce su soberan�a por lo que hace a dichos reg�menes interiores, en los t�rminos que dispongan las C.ones L.es, con la �nica limitante de que no contravengan la C.�n F..

Esta autonom�a local se desprende directamente del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la posibilidad de que los Poderes de los Estados se organicen conforme a la C.�n de cada uno de ellos; y espec�ficamente el Poder Judicial se ejercer� por los tribunales y mediante las reglas que se�alen dichos ordenamientos locales, por lo que se estima indispensable referirse al origen de dicho dispositivo constitucional.

El texto actual del art�culo 116, fracci�n III, de la C.�n F. es principalmente producto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, pues con anterioridad a esta reforma constitucional no se encontraba regulada constitucionalmente la administraci�n de justicia de los Estados. Resulta en este sentido ilustrativo citar al respecto lo se�alado por el tratadista L.E.G. en su art�culo "Independencia del Poder Judicial y Democracia", publicado en el libro "Las Nuevas Bases C.onales y Legales del Sistema Judicial Mexicano. La Reforma Judicial 1986-1987" en los siguientes t�rminos: "... El Poder de la Federaci�n hab�a evolucionado notablemente desde 1824. Pero el federalismo ten�a un adeudo con la provincia que le dio vida: faltaba regular constitucionalmente la administraci�n de justicia de los Estados. �stos, desde luego, no carec�an de tribunales, cuya organizaci�n se hab�a realizado conforme a las facultades derivadas del art�culo 124 de la C.�n. Pero al existir un vac�o en la norma superior, era en dem�rito del federalismo, ya que se dispersaban los esfuerzos que debieran ser comunes, para mejorar la justicia. La anarqu�a de sistemas propiciaba su estancamiento y ello lesionaba, mutilaba, el principio de descentralizaci�n democr�tica de los servicios de justicia, impl�cito en el federalismo. De tal suerte que durante 163 a�os -desde 1824 hasta la fecha-, hemos tenido en el pa�s justicia de dos calidades: la federal y la de los Estados. La primera, con un gran desarrollo constitucional, legal y doctrinal. La segunda, en la orfandad. Con la consecuencia de que el ciudadano siempre se ha sentido m�s seguro en manos de un J. F. que en las de un J. de los Estados. Posiblemente esta situaci�n inveterada haya propiciado tambi�n el incremento notable habido en el uso del juicio de amparo, como remedio contra una justicia local que siempre ha dejado mucho que desear. En estas circunstancias, el presidente de la R.�blica, M. de la Madrid Hurtado promovi�, y el Constituyente Permanente decret� este a�o, la reforma constitucional que viene a subsanar el citado vac�o ...".

As�, a partir del dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete, es decir, al d�a siguiente de la publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n de la reforma constitucional se�alada, entr� en vigor el texto reformado del art�culo 116 constitucional, que era el siguiente:

"El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"...

"III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas.

"La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

"Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales L.es deber�n reunir los requisitos se�alados por el art�culo 95 de esta C.�n.

"Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica.

"Los Jueces de primera instancia y los que con cualquiera otra denominaci�n se creen en los Estados, ser�n nombrados por el Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada Estado.

"Los Magistrados durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.

Los Magistrados y los Jueces percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo. ...

En la exposici�n de motivos de la iniciativa del Ejecutivo F. de la reforma constitucional aludida, y que llev� al decreto de reformas de la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n de veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo del mismo a�o, en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n, en t�rminos de su art�culo primero transitorio, se manifest�, en la parte relativa, lo siguiente:

El perfeccionamiento de la impartici�n de justicia en M�xico ha sido una preocupaci�n constante de la presente administraci�n, para satisfacer la necesidad permanente del pueblo de disfrutar de legalidad, equidad, orden y seguridad que permitan el pleno desarrollo del individuo en su convivencia social. La sociedad mexicana en su conjunto nos ha acompa�ado en el prop�sito de alcanzar una nueva concepci�n social del Estado y del derecho, y de establecer los instrumentos institucionales para la consulta popular en las tareas del desarrollo y la renovaci�n de nuestro modelo de vida nacional. El derecho se concibe, entre nosotros, como un instrumento de transformaci�n social, por lo que la reforma jur�dica, tan profunda como sea necesario, figura entre las grandes prioridades del presente. M�xico vive y se desarrolla con nuevas normas jur�dicas que permiten una vida individual m�s justa y segura y que han mejorado la calidad de nuestra vida social, normas jur�dicas en cuya elaboraci�n ha participado el pueblo, no solamente por su aprobaci�n formal por el H. Congreso de la Uni�n, porque son el resultado de un permanente proceso de consulta popular que responde a la vocaci�n democr�tica de los mexicanos. El perfeccionamiento del orden jur�dico y de los instrumentos de procuraci�n e impartici�n de justicia es un proceso permanente y din�mico, en el que cada avance mejora la realidad social, provoca propuestas de mayor calidad y profundidad y alienta las aspiraciones de todos los mexicanos para proseguir en esta tarea, con tenacidad. El bienestar del individuo inserto en su vida social, es el prop�sito central de nuestro proyecto nacional, plasmado en la C.�n, la organizaci�n y correcto funcionamiento del Estado y del poder p�blico, deben contribuir al logro de este prop�sito, con estricto sometimiento a las normas constitucionales y leyes que de ellas emanan, pues ha sido y es decisi�n mexicana vivir en el sano ambiente de un Estado de derecho. La C.�n contiene el proyecto nacional del pueblo de M�xico, en ella, la naci�n expresa sus decisiones fundamentales y afirma su voluntad de conservar su identidad como comunidad, como cultura y como historia; conjuga los principios pol�ticos de la independencia, la reforma y la revoluci�n, que recoge lo mejor de nuestra historia y los anhelos de la mayor�a; establece las bases que sustentan la historia de un gobierno nacional viable y propone las reformas de relaci�n entre gobierno y sociedad, constitutivas de la democracia. El respeto a los derechos del hombre y el principio de la divisi�n de poderes son piezas estructurales en la concepci�n del Estado mexicano, pues lo primero constituye el prop�sito de las instituciones sociales y el l�mite extr�nseco de la actividad del Estado, garant�a de la libertad de los hombres y el segundo contiene la base org�nica de la estructuraci�n del poder estatal y es el l�mite intr�nseco de su propia actividad, pues el ejercicio de la potestad p�blica debe estar �ntegramente supeditado al orden jur�dico y su divisi�n forma parte del sistema general de protecci�n a la libertad. La necesidad de dividir el ejercicio de las potestades del Estado fue reconocido en la elaboraci�n de las C.ones que surgieron de las revoluciones democr�ticas y liberales en Am�rica y Europa, por lo que el principio de la divisi�n de poderes ha sido una de las bases fundamentales de la doctrina constitucional moderna. En M�xico, ya la C.�n de Apatzing�n, primer ensayo constitucional mexicano, contiene la concepci�n tripartita de la divisi�n de poderes, al establecer que la atribuci�n de la soberan�a consist�a en la facultad de dictar leyes, en la facultad de hacerlas ejecutar y en la facultad de aplicarlas a los casos particulares, estableciendo en consecuencia tres �rganos de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. El constitucionalismo mexicano a trav�s de toda su historia, salvo la C.�n de 1836, ha mantenido inc�lume el esquema cl�sico de la divisi�n de poderes, con la particularidad de que, debido a nuestra organizaci�n de car�cter federal, siempre ha existido similitud fundamental de este principio estructural entre la Federaci�n y las entidades federativas. La C.�n F. mexicana, en su doble aspecto de Ley Fundamental del Estado F. y de Estatuto Nacional com�n a los Estados que lo integran, contiene preceptos que afirman la identidad de nuestros principios pol�ticos fundamentales. Esta caracter�stica de nuestra forma de ser federal, es la base en donde se sostiene toda la organizaci�n pol�tica y social de M�xico, principio rector que condiciona la estructura pol�tica de los Estados. Dentro del marco de estos principios y para el perfeccionamiento de nuestro orden jur�dico nacional, presentamos al �rgano constituyente permanente, por conducto del H. Congreso de la Uni�n, la iniciativa de reforma de los art�culos 17, 46, 115 y 116 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. El fundamento filos�fico-jur�dico de la funci�n jurisdiccional a cargo del Estado, se encuentra en la garant�a individual contenida en el art�culo 17 constitucional, precepto que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por mano propia y a ejercer violencia para reclamar su derecho, pero en reciprocidad establece la garant�a individual de acceso a la jurisdicci�n. Y para ello dispone que los tribunales de justicia la impartir�n en forma expedita y gratuita. La garant�a a la acci�n jurisdiccional est�, pues, establecida en nuestra C.�n en beneficio y protecci�n del individuo, por lo que proponemos enriquecerla y adaptarla al presente, conservando los valores establecidos desde el art�culo 18 del Acta Constitutiva de la Federaci�n de 1824, y recogiendo los principios contenidos en los documentos actuales que atienden a los derechos humanos y a sus libertades fundamentales. La impartici�n de justicia que merece el pueblo de M�xico debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tard�as no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial,paralograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se conf�a el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de divisi�n de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garant�a de la jurisdicci�n, establecida no precisamente en inter�s del �rgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues s�lo cabe esperar justicia completa y estricta del J. jer�rquicamente libre dependiente s�lo de la ley. La independencia judicial requiere que los Jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisi�n del J. a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando �sta propende a la arbitrariedad. A la independencia objetiva se une el consentimiento de lo que se hace, pues siempre hemos considerado que una verdadera y aut�ntica independencia judicial, se nutre en una real toma de conciencia del papel que el J. desempe�a en la aplicaci�n del derecho. Estas calidades son el esp�ritu de la autoridad moral del J., pues la autoridad formal le es conferida por la ley. El J. es s�mbolo de la justicia y guardi�n del derecho, por ello los �rganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selecci�n del derecho, la vocaci�n, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen J. no se improvisa, requiere del transcurso de a�os de estudio y pr�ctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicaci�n del la ley. Selecci�n, formaci�n, eficiencia y preparaci�n adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempe�o de la funci�n jurisdiccional independiente. En cuanto a la estabilidad en el cargo, �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozar� de permanencia en su puesto. Sin Jueces estables en el desempe�o de su cargo, la independencia en el ejercicio de la funci�n, se ve considerablemente disminuida. Finalmente, al J. debe garantizarse una posici�n social digna, proporcion�ndole bienestar econ�mico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra �ndole. Los �rganos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relaci�n con la importancia del servicio p�blico que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administraci�n de justicia. El nuevo texto del art�culo 17, que se propone, perfecciona y robustece la garant�a individual de acceso a la jurisdicci�n, al se�alar sus calidades: independencia en sus �rganos, prontitud en sus procesos y resoluciones, que agote las cuestiones planteadas y sea completa, imparcial para que asegure el imperio del derecho y gratuita para afirmar nuestra vocaci�n democr�tica. Para ello es necesario, adem�s, establecer las bases constitucionales en relaci�n con los Poderes Judiciales L.es y proponer reformas a los preceptos constitucionales que regulan el Poder Judicial de la Federaci�n. La inclusi�n en nuestro Texto C.onal de las bases para la organizaci�n y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados es una aspiraci�n, que esta iniciativa hace suya y revitaliza, expresada desde el voto particular de la minor�a de la Comisi�n Constituyente de 1842, recogida por don V.C. en las ideas contenidas en su Declaraci�n de Veracruz de 1914, y reiteradas en su discurso inaugural del Congreso Constituyente de 1o. de diciembre de 1916, para consolidar un Poder Judicial respetable, digno, vigoroso e independiente, tanto en el �mbito federal como en el local. Dado que nuestra C.�n cumple el cometido de ser el Estatuto Nacional de los Estados que integran la Federaci�n, es necesario que nuestra N.F. se�ale las bases conforme a las cuales los Poderes Judiciales de los Estados, deban cumplir con la relevante tarea de impartir justicia, en condiciones de calidad similar en todo el territorio nacional. Las bases que se plantean en esta iniciativa armonizan la necesidad de que los tribunales de justicia cumplan plenamente con los principios que se contienen en el art�culo 17 constitucional que se propone, con respeto al principio fundamental de la autonom�a constitucional de los Estados. Para ello, las bases contienen la afirmaci�n y los medios para lograr la independencia del Poder Judicial, calidad de la cual deben surgir los restantes atributos de la impartici�n de justicia; y deja a las C.ones y leyes locales, la regulaci�n del Poder Judicial L., para que ellas establezcan las especiales caracter�sticas y modalidades que m�s se adecuen a las particularidades geogr�ficas, etnogr�ficas, demogr�ficas y econ�micas de cada entidad federativa. La inclusi�n en nuestro Texto C.onal de las bases para la organizaci�n y funcionamiento de los Poderes Judiciales, es una petici�n expresa del XIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la R.�blica Mexicana que se celebr� en Tuxtla Guti�rrez, Chiapas, el d�a 16 de mayo de 1986. Se propone la reforma del art�culo 46 constitucional para eliminar su texto presente, que respond�a a la realidad presente; se propone que el contenido vigente del art�culo 116 de nuestra C.�n se ubique en el art�culo 46, que es su mejor ubicaci�n sistem�tica; esta reforma permite dejar sin contenido el numeral 116, para dedicarlo a las normas relativas a los Poderes de los Estados. Se propone derogar las fracciones VIII, IX y X del art�culo 115 constitucional, para reubicarlas en el art�culo 116 y consagrar, en exclusiva, el art�culo 115 a las normas que rigen a los Municipios mexicanos. El nuevo texto del art�culo 116 que se propone se dedica a las normas relativas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados, y sus fracciones I y II repiten el contenido actual de la fracci�n VIII del art�culo 115 constitucional, dedicando la fracci�n I a las normas relativas al Poder Ejecutivo y la fracci�n II a las normas relativas al Poder Legislativo; la fracci�n III contiene las bases a que debe sujetarse la organizaci�n y funcionamiento del Poder Judicial; la fracci�n IV se dedica a se�alar la posibilidad constitucional de la justicia administrativa en el �mbito local; y las fracciones V y VI repiten el contenido de las fracciones IX y X del texto vigente del art�culo 115 constitucional, relativas a las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores y a la posibilidad de celebrar convenios entre la Federaci�n, los Estados y sus Municipios. Por lo que se refiere al perfeccionamiento de las normas que rigen a los tribunales de justicia del fuero com�n del Distrito F., se formular�n las adecuaciones necesarias para que tales normas conserven congruencia con las contenidas en el art�culo 116 constitucional que propone, adaptadas a las circunstancias del Distrito F.. ...

El decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, que dio lugar a la regulaci�n constitucional de la administraci�n de justicia estatal, sentando en la fracci�n III del art�culo 116 de la Carta Magna las bases a las que deb�an sujetarse los Poderes Judiciales de los Estados, tambi�n incluy� la reforma al art�culo 17 de la Carta Magna, para quedar con el texto actualmente en vigor, que dispone:

"Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil.

El art�culo segundo transitorio del decreto de reformas constitucionales aludido, dispuso:

Las Legislaturas de los Estados, en el plazo de un a�o, computado a partir de la vigencia de este decreto, proceder�n a reformar y adicionar las C.ones y leyes locales, para proveer el debido cumplimiento de las disposiciones de este decreto.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se reform� el p�rrafo tercero de la fracci�n III del art�culo 116 constitucional y se derog� su p�rrafo quinto, para quedar en los t�rminos en que actualmente se encuentra en vigor. La reforma del p�rrafo tercero tuvo como raz�n de ser, el adecuar los requisitos exigidos para ocupar el cargo de Magistrado a los consignados en el art�culo 95 de la propia Carta Magna, que tambi�n fue reformado mediante el decreto en comento, y adicionar como impedimentos para ocupar dicho cargo el haber desempe�ado, durante el a�o previo a la designaci�n, los cargos de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local en los respectivos Estados; y, la derogaci�n del p�rrafo quinto, tuvo como finalidad el eliminar el esquema de nombramiento r�gido para los Jueces de los Estados a fin de que cada entidad federativa adoptara el esquema de organizaci�n judicial que estimara m�s conveniente, cumpliendo los principios de la carrera judicial, dada la gran semejanza que con el �mbito federal guardaba el gobierno y la administraci�n del Poder Judicial de los Estados, que podr�a llevar a que la separaci�n funcional y org�nica de las atribuciones jurisdiccionales y administrativas, realizada mediante la creaci�n del Consejo de la Judicatura F., con la consecuente reforma del art�culo 100 de la Carta Magna realizada en el decreto en comento, tambi�n pudiera ser adoptada por los Estados.

El texto actualmente en vigor del art�culo 116, fracci�n III, es el siguiente:

"El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

"Los Poderes de los Estados se organizar�n conforme a la C.�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"...

"III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las C.ones respectivas.

"La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las C.ones y las leyes org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

"Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales L.es, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta C.�n. No podr�n ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n.

"Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales L.es ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica.

"Los Magistrados durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que se�alen las C.ones L.es, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las C.ones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados.

"Los Magistrados y los Jueces percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo."

Los antecedentes legislativos del art�culo 116, fracci�n III, de la Carta Magna, actualmente en vigor, permiten advertir que su g�nesis tuvo lugar en virtud de la preocupaci�n latente en el pueblo mexicano del perfeccionamiento de la impartici�n de justicia, que plasm� su voluntad en la consulta popular sobre administraci�n de justicia emprendida en el a�o de mil novecientos ochenta y tres, y que dio lugar a la aprobaci�n formal por el Congreso de la Uni�n de las reformas constitucionales en la materia que, en forma integral, sentaron los principios b�sicos de la administraci�n de justicia en los Estados, en las reformas de mil novecientos ochenta y siete, con un esp�ritu de respeto pleno a la autonom�a y soberan�a local.

Incluso, esta autonom�a local se ve reflejada en la fracci�n V del propio art�culo 116 constitucional, que establece la posibilidad de que las C.ones y leyes de los Estados puedan instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonom�a para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administraci�n p�blica estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organizaci�n, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

En estas condiciones, la reforma que se impugna, mediante la cual se introduce el juicio de protecci�n de derechos humanos, en tanto su �mbito de tutela s�lo se limita a salvaguardar la normativa local a trav�s de un �rgano instituido por la propia C.�n del Estado de Veracruz, como lo es la Sala C.onal del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, no implica invasi�n de las atribuciones que expresamente se reservan a los tribunales de la Federaci�n, al representar una manifestaci�n de la autonom�a y soberan�a estatal, de conformidad con los art�culos 39, 40, 41, p�rrafo primero y 116, fracci�n III, de la C.�n F.. Instrumento local que incluso difiere con el juicio de amparo a nivel federal, toda vez que la finalidad de aqu�l consiste, como ya se indic�, en que la violaci�n a los derechos humanos que expresamente se reserva el pueblo veracruzano, implicar� la sanci�n correspondiente y, en su caso, la reparaci�n del da�o conforme lo dispone el art�culo 4o. de la C.�n que se impugna, caracter�sticas estas que no comparte el mecanismo federal.

No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que el art�culo quinto transitorio de la reforma a la C.�n del Estado de Veracruz, establece que: "La ley que regular� la iniciativa popular, el plebiscito y el referendo, as� como la reglamentaria del juicio de protecci�n a los derechos humanos, deber�n expedirse en un plazo no mayor a 180 d�as naturales a partir del d�a siguiente al que entre en vigencia la presente ley."; de donde se sigue que al estar condicionados los preceptos impugnados a la expedici�n de una ley reglamentaria -que a la fecha del dictado de la presente resoluci�n a�n no se ha emitido- y que le dar�n contenido a este instrumento jur�dico de protecci�n a los derechos humanos, pudiera entra�ar cuestiones de conflicto con la C.�n F. que por el momento no es factible examinar por este Alto Tribunal.

En el quinto de los conceptos de invalidez la parte actora combate la exenci�n prevista por el art�culo 10, �ltimo p�rrafo, de la C.�n L., a favor de la Universidad Veracruzana, por estimar que dicho precepto causa perjuicio a la hacienda municipal y contraviene lo establecido por el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., que proh�be dichas exenciones.

El indicado art�culo 10, �ltimo p�rrafo, de la norma impugnada, establece:

Art�culo 10. ... Los ingresos de la universidad, los bienes de su propiedad, as� como los actos y contratos en que intervenga, no ser�n sujetos de tributaci�n local o municipal.

Por su parte, el numeral 115, fracci�n IV, de la C.�n General de la R.�blica, vigente, prev�:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.

"Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

Ahora bien, antes de continuar el an�lisis de este quinto concepto de invalidez, es menester realizar una precisi�n que ser� v�lida para todos aquellos conceptos de invalidez en los cuales se confronten las normas impugnadas con el art�culo 115 de la C.�n F., y dicha precisi�n se refiere a que el an�lisis constitucional respectivo se har� con base en el texto de la C.�n F. vigente, mismo que fuera reformado el 23 de diciembre de 1999 y entrara en vigor 90 d�as desp�es (fecha posterior a la entrada en vigor de la C.�n de Veracruz impugnada), en tanto ser�a ocioso estudiar la constitucionalidad o no de las normas impugnadas, confront�ndolas con normas que no tienen ya vigencia.

Sirve de apoyo a este razonamiento, por analog�a, la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2002, que aparece publicada en la p�gina 418 del Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, cuyos texto y rubro son los siguientes:

"ACCI�N DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE SE HAGAN VALER DEBE EFECTUARSE A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL VIGENTES AL MOMENTO DE RESOLVER. Al ser laacci�n de inconstitucionalidad un medio de control de la constitucionalidad de normas generales, emitidas por alguno de los �rganos que enuncia el art�culo 105, fracci�n II, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el estudio de los conceptos de invalidez que se hagan valer debe efectuarse a la luz de las disposiciones constitucionales vigentes en el momento de resolver, aun cuando la presentaci�n de la demanda sea anterior a la publicaci�n de reformas o modificaciones a la N.F., ya que a nada pr�ctico conducir�a examinar la constitucionalidad de la ley impugnada frente a disposiciones que ya dejaron de tener vigencia."

Precisado lo anterior, se debe hacer notar que del precepto constitucional transcrito se desprende, en la parte que ata�e al concepto de invalidez que se analiza, que las leyes de los Estados no pueden establecer exenciones o subsidios a favor de persona o instituci�n alguna, respecto de las contribuciones que corresponde recaudar a los Municipios sobre la propiedad inmobiliaria, o bien, respecto de los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a cargo de los mismos, y s�lo estar�n exentos del pago de dichas contribuciones los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, los Estados o los Municipios, siempre que estos �ltimos no sean utilizados por entidades parestatales o particulares, para fines administrativos o distintos a los de su objeto p�blico.

Ahora bien, el art�culo 115 constitucional fue reformado en el a�o de mil novecientos ochenta y tres, con el prop�sito expreso de fortalecer econ�mica y pol�ticamente al Municipio Libre, entendido �ste como una "instituci�n profundamente arraigada en la idiosincrasia del pueblo, en su cotidiano vivir y quehacer pol�tico".

En la exposici�n de motivos de dicha reforma constitucional se manifest�, adem�s:

El Municipio es la comunidad social que posee territorio y capacidad pol�tico-jur�dica y administrativa para cumplir esta gran tarea nacional: nadie m�s que la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la conducci�n de un cambio cualitativo en el desarrollo econ�mico, pol�tico y social, capaz de permitir un desarrollo integral (nacional). La centralizaci�n ha arrebatado al Municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su �mbito territorial y poblacional ... Por todo ello, el fortalecimiento municipal no s�lo es de considerarse como camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios poco desarrollados, sino tambi�n para resolver simult�neamente los cada vez m�s graves problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales. El fortalecimiento municipal no es una cuesti�n meramente municipal, sino nacional, en toda la extensi�n del vocablo. A este respecto, ha sido una verdad reiteradamente sustentada en todos los rincones de nuestro territorio, que el Municipio, aun cuando te�ricamente constituye una f�rmula de descentralizaci�n, en nuestra realidad lo es m�s en el sentido administrativo que en el pol�tico, por lo que como meta inmediata de la vigorizaci�n de nuestro federalismo, nos planteamos la revisi�n de las estructuras dise�adas al amparo de la C.�n vigente, a fin de instrumentar un proceso de cambio que haga efectiva en el federalismo la c�lula municipal tanto en autonom�a econ�mica como pol�tica. ... Por su amplia reiteraci�n y sustentaci�n en toda la consulta popular, se concluy� en la necesaria reestructuraci�n de la econom�a municipal, entendiendo, como as� tambi�n lo proclamaron los Constituyentes de Quer�taro, que no podr� haber cabal libertad pol�tica en los Municipios mientras �stos no cuenten con autosuficiencia econ�mica. Por ende, en este rengl�n, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracci�n IV de la iniciativa, en primer t�rmino, como concepto originario del art�culo 115 la libre administraci�n de su hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una f�rmula de descentralizaci�n, de correcta redistribuci�n de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria as� como de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles ... Como una disposici�n importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligaci�n del pago de sus contribuciones para toda persona f�sica o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las pr�cticas de exentar a diversas personas o empresas del sector p�blico, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. ...

Posteriormente, tal y como ha quedado mencionado en p�rrafos anteriores, el art�culo en cita fue reformado el 23 de diciembre de 1999 y en esa ocasi�n, en la exposici�n de motivos, se reiter�:

... Por tanto, se requiere realizar una amplia reforma legislativa con el prop�sito de incrementar las fuentes de ingresos municipales, que permitan que los Municipios dependan m�s de sus propios recursos y que las participaciones federales sean s�lo complementarias ... De igual manera el pen�ltimo p�rrafo, de la fracci�n cuarta que se reforma y adiciona, establece el imperativo de que no ser�n considerados como bienes del dominio p�blico de la Federaci�n o los Estados, aquellos bienes que se hayan aportado a entidades paraestatales con personalidad jur�dica y patrimonio propios, para los efectos de la exenci�n que el propio p�rrafo indica, ni los que a�n no habiendo salido del dominio del gobierno central se encuentren bajo la explotaci�n de aqu�llas, o de particulares bajo cualquier forma o concepto. ...

En estas condiciones, si tomamos en cuenta el prop�sito expreso del fortalecimiento del Municipio, espec�ficamente en lo que respecta a sus fuentes de ingresos, es claro que la prohibici�n de exentar o subsidiar el pago de impuestos o contribuciones establecidos constitucionalmente a favor de los Municipios por el ya citado art�culo 115, fracci�n IV, no puede entenderse en un sentido literal y restringido, que posibilitara su distinci�n con una situaci�n de no sujeci�n al tributo, ya que la intenci�n del Poder Revisor de la C.�n, al establecer contribuciones a favor de los Municipios y prohibir la exenci�n o subsidios en el pago de �stas obedece, sin duda, al deseo expreso de fortalecer la hacienda municipal, esto es, de dar bases m�s s�lidas a la estructura econ�mica de esta entidad pol�tica.

En este contexto, la exenci�n de impuestos o de contribuciones, prohibida en el Texto C.onal, no puede concebirse sino como la posibilidad de que determinados sujetos queden liberados del pago de dichos impuestos o contribuciones, en otras palabras, lo que se proh�be constitucionalmente es la situaci�n de excepci�n en que se pudiera colocar a determinados individuos, esto es, la concesi�n de un beneficio tributario que permita que no contribuyan al gasto p�blico, en evidente detrimento de la hacienda municipal.

En tal sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al emitir la jurisprudencia 112/2000, consultable en la p�gina cuatrocientos dieciocho del Tomo XII, diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente a la Novena �poca, que dice:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUT�NOMA DE M�XICO. EL BENEFICIO TRIBUTARIO QUE ESTABLECE EN SU FAVOR EL ART�CULO 17 DE SU LEY ORG�NICA FUE DEROGADO MEDIANTE EL ART�CULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACI�N PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1985, POR LO QUE TAL INSTITUCI�N CARECE DE INTER�S JUR�DICO PARA IMPUGNAR EN EL JUICIO DE AMPARO LOS NUMERALES DE LAS POSTERIORES LEYES DE INGRESOS, QUE EN T�RMINOS GENERALES DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLAN BENEFICIOS DE LA NATURALEZA MENCIONADA. Si bien es cierto que el art�culo 17 de la Ley Org�nica de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico en su texto original dispone que los ingresos de la universidad y los bienes de su propiedad no estar�n sujetos a impuestos o derechos federales, tambi�n lo es que tal dispositivo fue derogado por el art�culo 14 de la Ley de Ingresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y cinco, al establecer en su primer p�rrafo que: 'Se derogan las disposiciones que concedan exenciones de impuestos o derechos federales, excepto las exenciones se�aladas en las leyes que establecen dichos impuestos y derechos y las previstas en el C�digo F. de la Federaci�n.', ya que, con independencia de las distinciones meramente doctrinales entre exenci�n y no sujeci�n, debe estimarse que la voluntad del legislador plasmada en este �ltimo numeral fue la de dejar sin efectos todo beneficio tributario contenido en normas diversas al C�digo F. de la Federaci�n y a las leyes que regulan en forma espec�fica los impuestos federales, sin que obste a ello el hecho de que las leyes de ingresos de la Federaci�n o la citada ley org�nica puedan considerarse como leyes generales o especiales aplicables al caso concreto, pues al no existir disposici�n constitucional alguna que delimite el �mbito de regulaci�n que corresponde a una u otra ley federal, o que establezca jerarqu�a entre ellas, queda a juicio del legislador federal establecer, modificar o derogar las diversas hip�tesis jur�dicas del ordenamiento legal federal. En tal virtud, resulta inconcuso que el referido beneficio tributario fue desincorporado en forma definitiva de la esfera jur�dica de la mencionada universidad desde el a�o de mil novecientos ochenta y cinco en que entr� en vigor la ley de ingresos en cita, por lo que aqu�lla carece de un derecho subjetivo que pueda verse afectado por los preceptos de las posteriores leyes de ingresos que en t�rminos similares derogan las disposiciones que contienen beneficios de esa �ndole, lo que lleva a concluir que dicha universidad no tiene inter�s jur�dico para controvertir a trav�s del juicio de amparo la constitucionalidad de estos �ltimos dispositivos, los que ya no le generan menoscabo alguno.

En este orden de ideas, es claro que en el caso concreto, la exenci�n general prevista en el art�culo 10, �ltimo p�rrafo, de la ley impugnada, permite que la Universidad Aut�noma Veracruzana omita el pago de las contribuciones municipales, en detrimento de la hacienda del Municipio actor, m�xime que, como lo se�ala la parte actora, en t�rminos del propio art�culo 115, fracci�n IV, constitucional, los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, Estados o Municipios, destinados a los servicios p�blicos est�n exentos del pago de estos impuestos, en cuyo caso, los bienes inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana, destinados a la prestaci�n del servicio p�blico educativo, gozan ya de una exenci�n constitucional respecto al pago de contribuciones municipales, circunstancia que convierte en excesiva e inconstitucional la exenci�n absoluta otorgada a favor de dicha instituci�n educativa en el precepto que se impugna, aun cuando se le haya dado el tratamiento formal de una no sujeci�n al tributo.

Por tales motivos, al resultar fundado el razonamiento hecho valer por el Municipio actor, procede decretar la invalidez del art�culo 10, �ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz-Llave.

En el sexto concepto de invalidez, la parte actora aduce que la fracci�n IV del art�culo 33 de la C.�n veracruzana, es violatoria de los art�culos 3o. y 128 de la C.�n F., en tanto otorga atribuciones al Congreso L. para legislar en materia de educaci�n, materia que es una facultad exclusiva del Congreso de la Uni�n.

El razonamiento propuesto que, debemos recordar, se analiza por existir un principio de afectaci�n al Municipio, aun suplido en su deficiencia, resulta infundado.

En efecto, el argumento toral de la parte actora se refiere a la invasi�n que se hace a la esfera de competencia de la Federaci�n para legislar en materia de educaci�n, al otorgarse esta misma facultad al Congreso L.. Dicho planteamiento resulta infundado, en tanto el Congreso L. s� est� facultado para legislar en materia de educaci�n.

El texto de la fracci�n IV del art�culo 33 de la C.�n impugnada, es el siguiente:

"Art�culo 33. Son atribuciones del Congreso:

"...

"IV. Legislar en materia de educaci�n; de cultura y deporte; profesiones, bienes, aguas y v�as de comunicaci�n de jurisdicci�n local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo y drogadicci�n; de prostituci�n; de desarrollo social y comunitario; de protecci�n al ambiente y de restauraci�n del equilibrio ecol�gico, de turismo, de desarrollo regional y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicaci�n social; de Municipio Libre; de relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los Ayuntamientos y sus trabajadores; de responsabilidades de los servidores p�blicos; de planeaci�n para reglamentar la formulaci�n, instrumentaci�n, control, evaluaci�n y actualizaci�n del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeaci�n del desarrollo econ�mico y social sea democr�tica y obligatoria para el poder p�blico; as� como expedir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al r�gimen interior y al bienestar el Estado; sin perjuicio de legislar en los dem�s asuntos de su competencia."

Mientras que el art�culo 3o. constitucional, dispone, en la parte que interesa a nuestro estudio, que: "Todo individuo tiene derecho a recibir educaci�n. El Estado -Federaci�n, Estados y Municipios- impartir� educaci�n preescolar, primaria y secundaria. La educaci�n primaria y la secundaria son obligatorias. ..."

Igualmente, la fracci�n VIII del mismo, establece claramente que:

VIII. El Congreso de la Uni�n, con el fin de unificar y coordinar la educaci�n en toda la R.�blica, expedir� las leyes necesarias, destinadas a distribuir la funci�n social educativa entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones econ�micas correspondientes a ese servicio p�blico y a se�alar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

As�, del texto constitucional transcrito se desprende que, trat�ndose de la materia educativa, se prev� expresamente que corresponde al Congreso F. legislar sobre la distribuci�n de la funci�n social educativa, en virtud de que la prestaci�n de este servicio p�blico es una facultad concurrente de la Federaci�n, entidades federativas, Municipios y el Distrito F., facultad que se ve materializada en la Ley General de Educaci�n, que establece y precisa el marco legal dentro del cual concurren la Federaci�n, Estados, Distrito F. y Municipios, en la prestaci�n de dicho servicio p�blico.

Sobre el particular, conviene transcribir el art�culo 3o. de la Ley General de Educaci�n, que establece los lineamientos a que deber�n sujetarse las normas locales sobre la materia, y reitera la concurrencia existente en �sta; el texto del precepto en cuesti�n es el siguiente:

Art�culo 3o. El Estado est� obligado a prestar servicios educativos para que toda la poblaci�n pueda cursar la educaci�n preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestar�n en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribuci�n de la funci�n social educativa establecida en la presente ley.

De lo anterior podemos concluir que la ley general que regula la materia, establece la obligaci�n del Estado de prestar servicios educativos para que toda la poblaci�n pueda recibir educaci�n, desde el nivel preescolar hasta el de secundaria, siempre dentro del marco de la concurrencia previsto en la C.�n y conforme a la distribuci�n de la funci�n social educativa que establece la propia ley, de donde, la C.�n L. impugnada, al se�alar como facultad del Congreso Estatal la de legislar en materia de educaci�n, no hace sino desarrollar las facultades concurrentes que la propia C.�n F. establece.

En este sentido, es el art�culo 14 de la ley general en cita, el que establece las facultades concurrentes de las autoridades educativas federales y locales, de acuerdo con las necesidades y requerimientos regionales, en beneficio de la colectividad.

El texto de dicho precepto dispone:

"Art�culo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los art�culos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

"I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del art�culo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

"II. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracci�n I del art�culo 12;

"III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracci�n V del art�culo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la secretar�a expida;

"IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y dem�s para la formaci�n de maestros de educaci�n b�sica que impartan los particulares;

".E. libros y producir otros materiales did�cticos, distintos de los se�alados en la fracci�n III del art�culo 12;

"VI. Prestar servicios bibliotecarios a trav�s de bibliotecas p�blicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovaci�n educativa y a la investigaci�n cient�fica, tecnol�gica y human�stica;

"VII. Promover permanentemente la investigaci�n que sirva como base a la innovaci�n educativa;

"VIII. Impulsar el desarrollo de la ense�anza tecnol�gica y de la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica;

"IX. Fomentar y difundir las actividades art�sticas, culturales y f�sico-deportivas en todas sus manifestaciones;

".V. el cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias, y

"XI. Las dem�s que con tal car�cter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo F. y el gobierno de cada entidad federativa podr�n celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, con excepci�n de aquellas que, con car�cter exclusivo, les confieren los art�culos 12 y 13.

Por su parte, el art�culo 13 de la propia ley general, precisa las facultades exclusivas de las autoridades locales, en cuanto a materia educativa se refiere, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

"I. Prestar los servicios de educaci�n inicial, b�sica -incluyendo la ind�gena-, especial, as� como la normal y dem�s para la formaci�n de maestros;

"II. Proponer a la secretar�a los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educaci�n primaria, la secundaria, la normal y dem�s para la formaci�n de maestros de educaci�n b�sica;

"III. Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educaci�n primaria, la secundaria, la normal y dem�s para la formaci�n de maestros de educaci�n b�sica, con respeto al calendario fijado por la secretar�a;

"IV. Prestar los servicios de formaci�n, actualizaci�n, capacitaci�n y superaci�n profesional para los maestros de educaci�n b�sica, de conformidad con las disposiciones generales que la secretar�a determine;

".R. y otorgar equivalencias de estudios de la educaci�n primaria, la secundaria, la normal y dem�s para la formaci�n de maestros de educaci�n b�sica, deacuerdo conlos lineamientos generales que la secretar�a expida;

"VI. Otorgar, negar y revocar autorizaci�n a los particulares para impartir la educaci�n primaria, la secundaria, la normal y dem�s para la formaci�n de maestros de educaci�n b�sica, y

VII. Las dem�s que con tal car�cter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

En las condiciones narradas, es claro que la instrumentaci�n y ejecuci�n de las tareas educativas a cargo del Estado mexicano, corresponden por disposici�n expresa de la C.�n F., desarrollada en la Ley General de Educaci�n, de manera concurrente a la Federaci�n, Estados y Municipios, circunstancia que permite afirmar que la fracci�n IV del art�culo 33 de la C.�n del Estado de Veracruz-Llave, al conferir facultades a la Legislatura L. para dictar leyes en materia de educaci�n, no hace sino reproducir y materializar las disposiciones federales existentes sin que ello pueda implicar interferencia de esferas o atribuciones, dado que, como ha quedado de manifiesto, se trata de facultades concurrentes.

M�xime que, en t�rminos de la propia Ley General de Educaci�n, el Municipio tambi�n es un sujeto activo que participa en la prestaci�n del servicio p�blico educativo, concurriendo a �ste con la Federaci�n y los Estados; lo anterior se advierte del art�culo 15 del cuerpo normativo citado, que dice:

"Art�culo 15. El Ayuntamiento de cada Municipio podr�, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. Tambi�n podr� realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del art�culo 14.

"El gobierno de cada entidad federativa promover� la participaci�n directa del Ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo b�sico a las escuelas p�blicas estatales y municipales.

El gobierno de cada entidad federativa y los Ayuntamientos podr�n celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

Igualmente, de la lectura cuidadosa de la fracci�n impugnada, se advierte que tambi�n se faculta al Congreso Estatal para legislar en materia de Municipio Libre y respecto a las relaciones laborales de �ste con sus trabajadores, circunstancia que pudiera afectar a la parte actora y que justifica el estudio de esta parte de la norma impugnada.

Del texto de la C.�n L. que ha quedado reproducido en p�rrafos anteriores, se desprende que es atribuci�n del Congreso del Estado de Veracruz legislar, entre otras materias, sobre el Municipio Libre y respecto a las relaciones de trabajo entre los Ayuntamientos y sus trabajadores.

Ahora bien, de un an�lisis detallado del texto �ntegro del art�culo 115 de la C.�n F., podemos concluir que la norma local impugnada, que faculta al Poder Legislativo Estatal para dictar leyes en materia de Municipio Libre y las relaciones laborales entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, no es sino la reiteraci�n pr�cticamente literal de lo que establece el citado precepto de la C.�n General de la R.�blica.

En efecto, el multicitado art�culo 115 constitucional, si bien se refiere a la instituci�n del Municipio Libre y establece los lineamientos, derechos y prerrogativas de �ste, es una norma que corresponde reglamentar a los Estados que integran la Federaci�n, en la medida en que claramente son �stos los sujetos de la misma, tal y como se desprende del primer p�rrafo del mismo, que establece:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes."

En este contexto, el hecho de que el Municipio Libre sea la base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa de las entidades federativas, implica necesariamente que las Legislaturas L.es deber�n dictar las leyes que desarrollen y regulen las funciones, tareas, derechos y obligaciones de esta instituci�n, tal y como de desprende del art�culo de la C.�n F. citado, que a lo largo de su texto expresamente se�ala como obligaci�n de las Legislaturas Estatales la emisi�n de leyes que posibiliten el adecuado funcionamiento de los Ayuntamientos, la libre administraci�n de la hacienda municipal, el dictado de bandos de polic�a y buen gobierno, la prestaci�n de los servicios p�blicos, la planeaci�n del desarrollo urbano municipal, el adecuado uso del suelo, etc�tera.

As� las cosas, es evidente que la facultad concedida constitucionalmente al Congreso L. para legislar en materia de Municipio Libre no resulta contraria a la C.�n F., en tanto constituye esencialmente una reiteraci�n de lo que esta �ltima dispone. Circunstancia que es particularmente clara en el caso de la facultad para legislar sobre las relaciones laborales entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, pues �sta no es sino la reproducci�n de lo establecido por la fracci�n VIII del art�culo 115 multicitado, que prev�:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta C.�n, y sus disposiciones reglamentarias."

En las condiciones relatadas, en tanto la facultad concedida a la legislatura veracruzana para expedir leyes en materia educativa y municipal no es sino el reflejo fiel de lo dispuesto por la C.�n F. en sus art�culos 3o. y 115, debe concluirse que no existe afectaci�n alguna a la esfera de atribuciones y derechos del Municipio actor, reiter�ndose, como ha quedado dicho, lo infundado del concepto de invalidez hecho valer.

El octavo y d�cimo segundo conceptos de invalidez se analizan en conjunto, en tanto los temas planteados en los mismos tienen una estrecha vinculaci�n. En dichos conceptos de invalidez, el Municipio actor argumenta, esencialmente, que el art�culo 33, fracci�n XIII y 71, fracci�n IV, de la C.�n veracruzana, contravienen lo dispuesto por el numeral 115, fracci�n IV, de la C.�n General de la R.�blica, toda vez que el art�culo citado en primer t�rmino faculta al Congreso L. para "aprobar las leyes que contengan las bases normativas, conforme a las cuales los Ayuntamientos elaborar�n y aprobar�n su presupuesto de egresos", lo cual permite que dicha legislatura dicte normas que afecten el principio de libre administraci�n de la hacienda municipal, mientras que el segundo de los preceptos impugnados faculta a los Ayuntamientos para aprobar sus ingresos disponibles conforme a las leyes que expida el Congreso L., estableci�ndose, con ello, nuevamente l�mites a la libre administraci�n de la hacienda municipal prevista por la C.�n F..

Los argumentos as� resumidos resultan infundados.

Los art�culos 33, fracci�n XIII y 71, fracci�n IV, de la norma impugnada, disponen:

"Art�culo 33. Son atribuciones del Congreso:

"...

"XIII. Aprobar las leyes que contengan las bases normativas, conforme a las cuales los Ayuntamientos elaborar�n y aprobar�n su presupuesto de egresos, los bandos de polic�a y gobierno, as� como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivos Municipios."

"Art�culo 71. ...

IV. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos, seg�n los ingresos disponibles, y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado.

Ahora bien, del art�culo 115, fracci�n IV, constitucional, que ha quedado transcrito en p�rrafos precedentes, en relaci�n espec�ficamente con la regulaci�n de los ingresos que deben percibir y ejercer los Ayuntamientos, es decir, respecto de la libre administraci�n de la hacienda municipal, se desprende que son �stos quienes deben aprobar sus presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles.

As� las cosas, si bien es cierto que el art�culo 33, fracci�n XIII, de la norma impugnada establece como una atribuci�n del Congreso L. la de aprobar las leyes que contengan las bases normativas conforme a las cuales los Ayuntamientos elaborar�n y aprobar�n su presupuesto de egresos, tal circunstancia no puede ser interpretada en el sentido de que corresponda a la Legislatura del Estado elaborar o aprobar dicho presupuesto.

Esto es, la atribuci�n conferida al Congreso L. para emitir las leyes que contengan las bases normativas, bases que normalmente tienen un contenido eminentemente contable y financiero, naturaleza que evidentemente tiene que ver con el hecho de que el ejercicio presupuestal de los Municipios est� sujeto a revisi�n y fiscalizaci�n posterior, y que buscan facilitar a los Ayuntamientos la aprobaci�n de sus presupuestos de egresos, no puede estimarse que cause perjuicio a la parte actora en su esfera de atribuciones o facultades y menos a�n contravenga lo dispuesto en el diverso 115, fracci�n IV, de la C.�n F., en la medida en que no impide que sea el propio Ayuntamiento el que determine el destino que deba darse a los ingresos percibidos.

No es �bice a lo anterior, que se argumente por la parte actora que lo dispuesto por el precepto impugnado permitir� dictar normas que afecten el principio de libertad de administraci�n de la hacienda municipal caus�ndole afectaci�n, pues dicho razonamiento supone la existencia de actos futuros de realizaci�n incierta, en el entendido de que solamente una vez expedidas las leyes sobre la materia, que restrinjan la esfera competencial del Municipio, podr�n �stas ser impugnadas, combati�ndose la afectaci�n concreta que causen al promovente, de otra suerte ser�a imposible prever qu� o cu�les afectaciones a su esfera de competencia le ocasionan las leyes expedidas por el Congreso L..

Por otra parte, del texto del art�culo 71, fracci�n IV, de la C.�n L. impugnada, se advierte que el mismo es acorde con lo dispuesto en el pen�ltimo p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F., pues se�ala que los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos, seg�n los ingresos disponibles, precis�ndose que esto se har� de conformidad con las leyes expedidas para tal efecto.

As� las cosas, contrariamente a lo que sostiene la parte actora, la circunstancia de que el art�culo impugnado establezca que el presupuesto de egresos deber� emitirse conforme a las leyes locales respectivas, no implica una afectaci�n a la libre administraci�n de su hacienda, pues esta parte de la disposici�n �nicamente est� reproduciendo lo que se estableci� en la fracci�n XIII del art�culo 33, ya analizada. Es decir, refleja la atribuci�n del Congreso L. para dictar leyes que establezcan las bases normativas, bases que suelen ser de naturaleza meramente contable y financiera, a las que deber� sujetarse la elaboraci�n de los presupuestos de egresos.

En estas condiciones, la reiteraci�n de la facultad del Congreso para dictar las bases para la formulaci�n de los presupuestos de egresos no puede considerarse una limitante a la libre administraci�n de la hacienda municipal, puesto que, como ya se dijo, son los Ayuntamientos los que deciden el destino de los ingresos que perciben, sin que los instrumentos de naturaleza t�cnica que la Legislatura Estatal pueda dictar, afecten esta libertad para determinar el destino de los recursos obtenidos por el Municipio.

Como noveno concepto de invalidez, el Municipio actor aduce medularmente, que el art�culo 67, fracci�n III, en relaci�n con el 33, fracci�n XXIX, de la C.�n L. impugnada, son violatorios del diverso 115, fracci�n IV, de la C.�n General de la R.�blica, al facultar al �rgano de F.izaci�n Superior para fiscalizar ingresos y egresos, manejo y custodia, aplicaci�n de fondos y recursos de los Ayuntamientos, as� como revisar sus cuentas p�blicas, sin que del precepto de la C.�n F. citado se desprenda la posibilidad de que el Legislativo Estatal delegue su facultad para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas.

Los art�culos 33, fracci�n XXIX y 67, fracci�n III, de la norma impugnada, establecen:

"Art�culo 33. Son atribuciones del Congreso:

"...

"XXIX. Revisar las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos con el apoyo del �rgano de F.izaci�n Superior del Estado."

"Art�culo 67. Conforme a esta C.�n y la ley, los organismos aut�nomos de Estado contar�n con personalidad jur�dica y patrimonio propios, tendr�n autonom�a t�cnica y presupuestal, y s�lo podr�n ser fiscalizados por el Congreso del Estado.

"...

"III. La fiscalizaci�n en el Estado se realizar� por el �rgano de F.izaci�n Superior, de conformidad con las atribuciones siguientes y en los t�rminos que disponga la ley:

"a) F.izar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos y recursos de los Poderes del Estado y de los Ayuntamientos, as� como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos, en los t�rminos de la ley;

"b) Entregar al Congreso el informe del resultado de la revisi�n de la cuenta p�blica a m�s tardar durante la segunda quincena del mes de abril del a�o siguiente al de su ejercicio;

"c) Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta il�cita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci�n de fondos y recursos federales, de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y de los dem�s organismos aut�nomos de Estado, y efectuar visitas domiciliarias �nicamente para exigir la exhibici�n de libros, papeles o archivos indispensables para la realizaci�n de sus investigaciones, sujet�ndose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y

d) Determinar los da�os y perjuicios que afecten a las haciendas p�blicas estatal y municipales, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos aut�nomos de Estado, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, as� como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el t�tulo quinto de esta C.�n, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendr� la intervenci�n que se�ale la ley.

Por su parte, el p�rrafo octavo de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, que vale la pena transcribir nuevamente, en la parte conducente, establece:

"Art�culo 115. ...

Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Del texto constitucional reproducido, se desprende que es obligaci�n de las Legislaturas de los Estados aprobar las leyes de ingresos, revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas de los Municipios; ahora bien, del art�culo 33, fracci�n XXIX, de la norma cuya invalidez se demanda, se advierte que en el propio texto normativo se est� indicando que el �rgano de F.izaci�n Superior es un �rgano de apoyo de la Legislatura L.; asimismo, del aludido art�culo 67, fracci�n III, tambi�n impugnado, se desprende que el �rgano de F.izaci�n Superior citado tiene como atribuciones en la materia, las de fiscalizar los ingresos y egresos, manejo, custodia y aplicaci�n de recursos de los Ayuntamientos, entregando al Congreso el informe del resultado de la revisi�n de la cuenta p�blica.

De lo anterior resulta evidente que en ning�n momento la Legislatura Estatal est� delegando la facultad que le confiere la C.�n F. para revisar las cuentas p�blicas de los Municipios en el �rgano de F.izaci�n Superior, al ser �ste, conforme a lo dispuesto en el �ltimo precepto citado, un mero �rgano de apoyo del Congreso Estatal, es decir, un ente que le auxilia en el cumplimiento de las funciones que le son encomendadas constitucionalmente, m�xime que del art�culo 67, fracci�n III, transcrito, se desprende que el referido �rgano de F.izaci�n Superior, debe entregar al Congreso el informe del resultado de la revisi�n, esto es, no es dicho �rgano el encargado de aprobar la cuenta p�blica.

Por lo dem�s, debe decirse que la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el multicitado art�culo 115 establece la facultad gen�rica para los Congresos L.es de revisar la cuenta p�blica de los Ayuntamientos, por lo que nada impide, sino antes bien, es necesario que dicha facultad se reglamente en las C.ones y leyes locales.

Esta consideraci�n puede confirmase a partir de lo que se dijo en la exposici�n de motivos de la reforma constitucional al art�culo 115, efectuada en febrero de mil novecientos ochenta y tres, ya mencionada, la cual se�ala:

... En el precepto se consignan aquellos principios que deban ser comunes como reglas b�sicas a todos los Municipios del pa�s. En congruencia con el principio constitucional de los reg�menes interiores de los Estados, se deja la regulaci�n de las comunidades municipales a las C.ones y leyes locales, para que en �stas se contengan las normas que correspondan a las particularidades geogr�ficas, etnogr�ficas, demogr�ficas y econ�micas que sean propias de cada una de las entidades federativas. ...

Sin que de la exposici�n de motivos de la reforma citada, pueda desprenderse elemento alguno que permita dar otra interpretaci�n al art�culo 115 constitucional y a la facultad de las Legislaturas L.es de revisar la cuenta p�blica de los Ayuntamientos.

Ahora bien, respecto de la facultad que constitucionalmente poseen las Legislaturas L.es para revisar las cuentas p�blicas municipales, la doctrina nacional ha considerado, en primer lugar, que la cuenta p�blica es un instrumento legal cuyo prop�sito es el de comprobar una o varias operaciones pasadas y que en un sistema democr�tico y representativo, la revisi�n de �sta implica un juicio cr�tico, imparcial y objetivo de la actividad desempe�ada por el �rgano o ente encargado de ejercer el presupuesto.

En el mismo sentido, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha considerado que la citada facultad, junto con la de aprobaci�n de leyes de ingresos y determinaci�n del presupuesto de egresos municipales, tienen entre otras finalidades la de revelar el estado de las finanzas p�blicas, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes de desarrollo y sus programas, lo cual se logra mediante la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades.

El anterior criterio puede consultarse en la tesis XLI/96, visible en la p�gina 462, Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, el cual se�ala:

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LE�N. EL ART�CULO 129 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA, DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQU�LLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS MIEMBROS SIN APROBACI�N DEL CONGRESO, NO INFRINGE EL �LTIMO P�RRAFO DE LA FRACCI�N IV, DEL ART�CULO 115, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL. La citada disposici�n de la C.�n F., establece que 'Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n las cuentas p�blicas', agregando que 'los presupuestos de egresos ser�naprobados porlos Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles'. Este �ltimo p�rrafo no hace inconstitucional el art�culo 129 de la C.�n Estatal en cuanto prescribe 'Los Ayuntamientos no podr�n acordar remuneraci�n alguna para sus miembros sin aprobaci�n del Congreso', como pudiera inferirse de una interpretaci�n gramatical y aislada; por lo contrario, la apreciaci�n conjunta de aquella disposici�n permite ver que los tres elementos a que se refiere y que se traducen en la facultad de expedir la Ley de Ingresos, determinar el presupuesto de egresos y revisar la cuenta p�blica, est�n �ntimamente ligados entre s� y tienen entre otras finalidades, la de revelar el estado de las finanzas p�blicas, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes municipales de desarrollo y sus programas. Dichas finalidades se logran mediante la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de las responsabilidades resultantes, seg�n se deduce de lo dispuesto en los art�culos 108 y 114 de la C.�n F., y 130 a 137 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Municipal del Estado; lo anterior se confirma porque la C.�n Estatal establece la idea rectora de que la revisi�n de la cuenta p�blica municipal compete al Congreso L., con el asesoramiento t�cnico y jur�dico del jefe de la hacienda p�blica del Estado, como se desprende de lo dispuesto en sus art�culos 63, fracciones X y XII, 135, 136, 137, 138 y 140; y porque la citada Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Municipal, establece las obligaciones de los servidores p�blicos y las responsabilidades consecuentes. Por tanto, si de las C.ones F. y L. y de las leyes invocadas se advierte, que en �ntima conexi�n con la atribuci�n de los Ayuntamientos de aprobar sus presupuestos, se encuentran las atribuciones de las Legislaturas L.es para aprobar las Leyes de Ingresos municipales, revisar las cuentas anuales, suspender Ayuntamientos, declarar su desaparici�n y suspender o revocar mandatos por las causas graves especificadas en la Ley de Atribuciones de Control y Vigilancia que garantizan el manejo transparente de los recursos p�blicos, ha de concluirse que el art�culo 129 de la C.�n del Estado establece una medida, compatible con la C.�n F., tendente a evitar el abuso del poder y procurar la conservaci�n del equilibrio y equidad presupuestal de los Municipios de la entidad, tomando en consideraci�n que los Municipios son aut�nomos dentro de la C.�n F., pero no soberanos, m�xime que dicha medida no vulnera su econom�a ni invade la esfera que les corresponde; tampoco restringe la libre administraci�n de la hacienda p�blica municipal, ni limita u obstaculiza su actividad financiera.

En efecto, si bien es cierto que el art�culo 115 de la C.�n F. establece la existencia del Municipio Libre y como consecuencia la libertad de administrar su hacienda, tambi�n lo es que conforme a los art�culos 40 y 41 de la N.F., estamos inmersos en una forma de gobierno federal compuesta por Estados libres y soberanos (aut�nomos) en todo lo concerniente a su r�gimen interior, pero unidos seg�n los principios de la C.�n F., raz�n por la cual las C.ones L.es nunca podr�n contravenir las disposiciones del Pacto F..

En tal orden de ideas, mismas que han quedado plasmadas a lo largo de la presente ejecutoria, la libertad municipal no es una facultad absoluta sino que, precisamente, est� acotada por las disposiciones del texto constitucional el que, como se ha se�alado, al facultar a las Legislaturas L.es para intervenir en la determinaci�n de los ingresos de los Municipios, y en la revisi�n de su cuenta p�blica, busca garantizar la transparencia en la utilizaci�n de los recursos p�blicos municipales en los planes y programas aprobados mediante el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades.

As� las cosas, si los art�culos de la C.�n L. impugnados, establecen las atribuciones del Congreso Estatal para fiscalizar la cuenta p�blica y para ello, crean un organismo aut�nomo del Estado, con autonom�a t�cnica, que realiza material y t�cnicamente la revisi�n de los resultados de la gesti�n financiera anual, sometiendo al propio Congreso los resultados de la misma, es claro que no se contraviene lo dispuesto por el art�culo 115 de la C.�n F., pues �nicamente se est� reglamentando la facultad ah� mismo establecida para la revisi�n de la cuenta p�blica municipal.

Por lo que hace a la contradicci�n, que de acuerdo con la parte actora, existe entre los preceptos 67, fracci�n III y 33, fracci�n XXIX, de la norma impugnada, debe se�alarse que no puede ser materia de an�lisis en esta v�a, puesto que evidentemente el argumento no plantea una invasi�n de las esferas competenciales establecidas en la C.�n F. a favor de los Municipios.

En el d�cimo de los conceptos de invalidez planteados, se hace valer la inconstitucionalidad del art�culo 41, fracci�n IX, de la C.�n L., por contravenir lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., pues faculta a la D.�n Permanente para conocer de los asuntos relacionados con la hacienda municipal, no obstante que tal facultad es exclusiva del Pleno de la Legislatura Estatal. Tal argumento es infundado.

El art�culo 41, fracci�n IX, de la norma impugnada, prev�:

"Art�culo 41. Son atribuciones de la D.�n Permanente:

"...

IX. Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios y la pr�ctica de auditor�as, revisi�n y aprobaci�n de las cuentas respectivas.

Ahora bien, para centrar el estudio de este concepto de invalidez, debemos recordar que, efectivamente, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n F., es facultad de las Legislaturas de los Estados revisar y fiscalizar las cuentas p�blicas de los Municipios.

Asimismo, es menester tener presente que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver diversos recursos de reclamaci�n y recientemente, al resolver la controversia constitucional 22/2001, al estudiar la naturaleza de la Comisi�n Permanente del Congreso F., ha considerado que �sta es un �rgano del mismo, cuyo prop�sito es el de cumplir las funciones que le corresponden a dicho cuerpo colegiado durante el tiempo que no est� sesionando ordinariamente.

Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso concreto, en tanto la D.�n Permanente prevista por la C.�n del Estado de Veracruz es un �rgano que s�lo funciona durante los recesos del Congreso y, en los a�os en que dicho cuerpo legislativo se renueve, hasta la instalaci�n del sucesivo, por lo que es evidente que esta D.�n Permanente exclusivamente sustituye en sus funciones al Congreso durante los periodos en que est� inactivo, y con el fin de desempe�ar las funciones que la C.�n L. expresamente le establece.

Lo anterior se desprende del texto del art�culo 40 de la C.�n L. impugnada, que establece:

"Art�culo 40. La v�spera del d�a en que concluyan los periodos de sesiones ordinarias, el Congreso del Estado, mediante votaci�n secreta y por mayor�a de los diputados presentes, elegir� una D.�n Permanente compuesta por el cuarenta por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuar�n como propietarios y los dem�s como sustitutos.

La D.�n Permanente funcionar� durante los recesos del Congreso y, en el a�o de su renovaci�n, hasta la instalaci�n del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente seg�n el n�mero de diputados pertenecientes a los diversos grupos legislativos.

Tenemos entonces, que la D.�n Permanente es un �rgano transitorio que realiza las funciones que deban desahogarse de manera pronta y continua, es decir, sin tener que esperar a la sesi�n ordinaria del Congreso L. y que, por tanto, est� facultada para conocer y decidir respecto de muy diversos asuntos, que de otra manera se ver�an retrasados y obstaculizar�an el desempe�o eficiente del �rgano legislativo, en tanto el Congreso mismo �nicamente est� reunido en dos periodos de sesiones ordinarias anuales, mismos que tienen una duraci�n de tres meses cada uno, lo cual indica que es la D.�n Permanente el �rgano del Congreso encargado de desahogar y realizar pr�cticamente todas las tareas que corresponden a este �ltimo, los restantes seis meses del a�o, con excepci�n de legislar.

Lo anterior queda claro si atendemos a lo que disponen los art�culos 25 y el propio art�culo 41, impugnado, de la C.�n veracruzana que, respectivamente, establecen los periodos de sesiones ordinarias del Congreso L. y las atribuciones de la D.�n Permanente durante los recesos, en los siguientes t�rminos:

"Art�culo 25. El Congreso, se reunir� a partir del 5 de noviembre de cada a�o para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, el cual concluir� el d�a �ltimo del mes de enero del a�o siguiente; y a partir del 2 de mayo de cada a�o, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias que terminar�, el d�a �ltimo del mes de julio. ..."

"Art�culo 41. Son atribuciones de la D.�n Permanente:

"I. Acordar por s� misma o a solicitud del gobernador del Estado, la convocatoria al Congreso para llevar a cabo periodos de sesiones extraordinarias;

"II. Llamar a los diputados sustitutos de la propia D.�n, por ausencia, muerte, renuncia, inhabilitaci�n o licencia por m�s de un mes de los propietarios;

"III. Recibir las iniciativas que le sean presentadas y turnarlas a las comisiones que correspondan;

"IV. Presidir la sesi�n p�blica y solemne convocada para el solo efecto de declarar formalmente instalado el nuevo Congreso;

"V. Nombrar provisionalmente a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y tomarles la protesta de guardar y hacer guardar la C.�n F., la del Estado y las leyes que de ambas emanen, as� como conceder o negar las solicitudes de licencia o renuncia que le sometan dichos servidores p�blicos;

"VI. Autorizar, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, al Ejecutivo del Estado o a los Ayuntamientos, a enajenar a t�tulo oneroso o gratuito, o conceder el uso y disfrute, de bienes propiedad del Estado o de los Municipios, dando cuenta al Congreso en la primera sesi�n de �ste, concluido el receso. Las enajenaciones o concesiones s�lo podr�n hacerse cuando medie inter�s social;

"VII. Convocar a elecciones extraordinarias, si faltaren a la vez un diputado propietario y su suplente en el distrito electoral que corresponda, cuando dicha falta ocurra antes de un a�o para que las elecciones ordinarias se efect�en;

"VIII. Designar provisionalmente a quien sustituya al consejero de la Judicatura que hubiere designado el Congreso, y resolver, en su caso, sobre la renuncia que presente dicho servidor p�blico, informando al Congreso en la primera sesi�n que lleve al cabo tras concluir el receso;

"IX. Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios y la pr�ctica de auditor�as, revisi�n y aprobaci�n de las cuentas respectivas; y

X. Las dem�s que le confiera expresamente esta C.�n.

En este contexto, debe considerarse que la facultad otorgada por la C.�n L. a la D.�n Permanente, para conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios, no supone la transgresi�n de la facultad que la C.�n F. otorga a las Legislaturas Estatales para conocer de las cuentas p�blicas municipales, en la medida en que la D.�n Permanente es un �rgano del propio Congreso Estatal, integrado con el cuarenta por ciento de sus miembros y que funciona durante los recesos de �ste, lo que pr�cticamente lo convierte en el �rgano del Poder Legislativo que est� en activo durante un periodo equivalente a aquel en el cual el Congreso est� en funciones.

As�, el hecho de que este �rgano tenga facultades para conocer de la revisi�n y fiscalizaci�n de las cuentas p�blicas municipales no supone usurpaci�n alguna de las facultades del Congreso L. y, por el contrario, permite que la administraci�n p�blica estatal, en su conjunto, se desarrolle de una manera eficiente y eficaz, al desahogarse r�pida y de manera continua los asuntos que son competencia del Poder Legislativo impidi�ndose que por cuestiones de tiempo, dado que el Congreso L. �nicamente sesiona dos veces al a�o, durante tres meses cada vez, las cuestiones hacendarias y de fiscalizaci�n, esto es, el ejercicio del gasto p�blico municipal, se vea obstaculizado.

En este contexto, tampoco es correcta la afirmaci�n del Municipio actor respecto a que el art�culo 41, fracci�n IX, de la norma impugnada provoque una situaci�n de inseguridad jur�dica, pues de �ste �nicamente se desprende la posibilidad de que sea la D.�n Permanente del Congreso L. el organismo revisor de su hacienda, sin que esta circunstancia pueda generar inseguridad jur�dica, en tanto, como ha quedado indicado, el hecho de que tambi�n lo puedan ser tanto el Pleno de dicho cuerpo legislativo y el �rgano de F.izaci�n Superior (�rgano con autonom�a t�cnica, que auxilia al Congreso del Estado), no genera condiciones de inseguridad jur�dica, puesto que el Municipio actor est� enterado perfectamente de cu�les son los �rganos facultados para conocer y revisar su cuenta p�blica, sin que la existencia de dos o m�s organismos facultados para tal efecto suponga incertidumbre alguna.

En el d�cimo primero de los conceptos de invalidez, se aduce que el art�culo 33, fracci�n XVI, de la norma impugnada, contraviene igualmente el numeral 115, fracci�n IV, de la C.�n F., pues establece como una atribuci�n del Congreso del Estado, el otorgar autorizaci�n a los Ayuntamientos para la enajenaci�n, gravamen, transmisi�n de posesi�n o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos o cualquier otro tipo de ingreso fiscal, limitando con ello la libre administraci�n de la hacienda municipal.

El art�culo 33, fracci�n XVI, de la norma impugnada, establece:

"Art�culo 33. Son atribuciones del Congreso:

"...

"XVI. Autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos:

"a) La contrataci�n de obras y servicios p�blicos, cuando produzcan obligaciones que excedan al periodo constitucional del Ayuntamiento contratante;

"b) La celebraci�n de contratos y de obras p�blicas, cuando su valor exceda del veinte por ciento de la partida presupuestal respectiva;

"c) La contrataci�n de empr�stitos;

"d) La enajenaci�n, gravamen, transmisi�n de la posesi�n o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que forme la hacienda municipal;

"e) La transmisi�n en forma gratuita o donaci�n de la propiedad, as� como el uso o disfrute de los bienes del Municipio;

"f) Las concesiones de prestaci�n de servicios p�blicos que les corresponda a los Municipios, sus pr�rrogas y cancelaciones;

"g) La celebraci�n de convenios con: la Federaci�n, el Estado, otros Estados, personas f�sicas o morales, y de coordinaci�n con Municipios de otras entidades federativas; y

h) La creaci�n de entidades paramunicipales.

Por su parte, el art�culo 115 de la C.�n F., en la parte que interesa, establece lo siguiente:

"Art�culo 115. ...

"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.

"El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer:

"...

"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.

"...

IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso ...

Ahora bien, a partir de una interpretaci�n arm�nica de las fracciones transcritas del art�culo 115 constitucional, tenemos, por un lado, que la libre administraci�n de la hacienda municipal corresponde al r�gimen que estableci� el Poder Revisor de la C.�n con el prop�sito expreso de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, de tal manera que estas entidades pol�ticas tengan libertad en la aplicaci�n de los recursos que les son propios, para la satisfacci�n de sus necesidades.

Este criterio ha sido sostenido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la jurisprudencia n�mero 5/2000, que aparece publicada en la p�gina 515 del Tomo XI, febrero de dos mil, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que dice:

HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). En t�rminos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administraci�n hacendaria debe entenderse como el r�gimen que estableci� el Poder Reformador de la C.�n a efecto de fortalecer la autonom�a y autosuficiencia econ�mica de los Municipios, con el fin de que �stos puedan tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los t�rminos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines p�blicos.

Igualmente, en la exposici�n de motivos de la ya mencionada reforma constitucional efectuada al art�culo 115, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se asent�:

"... Dentro de estos grandes lineamientos, como consecuencia de los estudios realizados y como corolario de la intensa consulta popular efectuada, consideramos como medida fundamental para robustecer al Municipio, piedra angular de nuestra vida republicana y federal, hacer algunos cambios al art�culo 115 de la C.�n, tendientes a vigorizar su hacienda, su autonom�a pol�tica ...

"Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, as� como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y fundamentalmente tambi�n los ingresos provenientes de la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo. ..."

Por otro lado, el concepto de hacienda, en un sentido amplio, puede entenderse como el conjunto de bienes organizados para el ejercicio de la actividad econ�mica de un ente, que bien puede ser de naturaleza privada o, como en el caso, p�blica. Lo que permite calificar a un conjunto de bienes como hacienda es, justamente, el destino o fin al que se encuentran afectos, es el elemento que le da cohesi�n y permite identificarla como una unidad econ�mica.

Algunos autores distinguen entre el patrimonio y la hacienda municipal. Esto es, el patrimonio de un Municipio se refiere a todos los bienes, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, etc�tera, que le pertenecen y sobre los cuales ejerce dominio. Bajo esta noci�n, el patrimonio municipal es m�s amplio que su hacienda.

La hacienda municipal se conforma con los recursos econ�micos con los quecuenta el Municipiopara cumplir con sus funciones y proporcionar los servicios p�blicos que tiene a su cargo. Esta concepci�n de la hacienda municipal no hace sino retomar la que la propia C.�n F. propone, en tanto si analizamos detenidamente el art�culo 115 constitucional se establece que dicha hacienda "... se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ...", es decir, no incluye los bienes sobre los cuales ejerce dominio el Municipio, sino �nicamente sus rendimientos y las contribuciones que le corresponda cobrar.

En este contexto, la libre administraci�n de la hacienda municipal debe entenderse exclusivamente como la facultad de organizar, esto es, ordenar econ�micamente los recursos del Municipio disponibles y utilizarlos para proveer a la satisfacci�n de los intereses y necesidades sociales, as� como a prestar los servicios p�blicos que tenga a su cargo, sin que ello pueda extenderse a la realizaci�n de actos de dominio sobre ellos.

As� las cosas, la facultad del Congreso del Estado de Veracruz para autorizar los actos de los Ayuntamientos que tienen por efecto enajenar, gravar y transmitir la posesi�n o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que conformen la hacienda municipal, no constituye una limitaci�n a la libre administraci�n de la misma, sino que evidentemente se trata de preservar el patrimonio y hacienda municipales, sometiendo a la aprobaci�n del Congreso L., cualquier acto que desincorpore de estos bienes o recursos que el Municipio debe emplear en la satisfacci�n de las necesidades p�blicas.

En otras palabras, la libre administraci�n de la hacienda municipal supone que es el Ayuntamiento el que determina c�mo y para qu� se destinan los recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y de las contribuciones percibidas, y en este sentido, el Congreso L. no tiene atribuciones para modificar el destino o manejo de los recursos municipales. Sin embargo, cuando los actos del Municipio tienen por objeto que un determinado bien salga de su hacienda o patrimonio, es conveniente que tal acci�n sea autorizada por la Legislatura L. a fin de evitar desv�os en la disposici�n de los bienes que, justamente, afectar�an la viabilidad econ�mica del Municipio en cuesti�n.

Aunado a lo cual debe hacerse notar que si bien, en ocasiones la libre administraci�n de la hacienda municipal se utiliza como sin�nimo de libre disposici�n, lo cierto es que, gramaticalmente, disponer de algo significa "colocar, poner las cosas en orden y situaci�n convenientes; preparar, prevenir; valerse de una persona o cosa, tenerla o utilizarla por suya", por lo que a partir del propio significado gramatical del t�rmino, se advierte que disponer libremente de la hacienda municipal no implica la realizaci�n de actos de dominio sobre los bienes que la integran, sino m�s bien supone su administraci�n, utilizaci�n y, en t�rminos generales, conservaci�n.

Tampoco obsta a la conclusi�n alcanzada el hecho de que conforme a la fracci�n II del art�culo 115 de la C.�n F., ya transcrita, se prevea que las Legislaturas Estatales deber�n emitir leyes en materia municipal que tendr�n, entre otros prop�sitos, el de regular aquellos casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, o bien, para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo de sus autoridades, toda vez que los casos a que la C.�n F. se refiere no comprenden de manera expresa la enajenaci�n de los bienes que integran el patrimonio municipal.

Es decir, las leyes estatales �nicamente regular�n y permitir�n, en su caso, que sea el propio Ayuntamiento el que determine el destino, o lo cambie, al cual est�n afectos los bienes del patrimonio municipal, en el entendido de que los bienes que integran el patrimonio p�blico se consideran permanentemente afectados a una finalidad p�blica, inter�s general o utilidad p�blica; as� como autorizar�n la celebraci�n de aquellos actos que comprometan al Municipio m�s all� del periodo en el cual sus Ayuntamientos permanezcan en el cargo, esto es, se trata de la posibilidad de asumir obligaciones que vincular�n, para su cumplimiento, a las autoridades municipales subsecuentes.

En estas condiciones, al quedar de manifiesto que la atribuci�n del Congreso L. para autorizar los actos de dominio sobre los bienes que conforman la hacienda municipal no contraviene en forma alguna la libre administraci�n de �sta, sino que, antes bien, constituye un mecanismo de control tendiente a proteger la hacienda de los Municipios, procede tener como infundado el correspondiente concepto de invalidez.

Finalmente, en el d�cimo tercer y �ltimo concepto de invalidez, se sostiene sustancialmente que el art�culo 71, fracci�n VI, del cuerpo normativo impugnado, contraviene el diverso 115, fracci�n IV, de la C.�n F., ya que determina que las leyes del Estado se�alaran las contribuciones que los Ayuntamientos deber�n cobrar, propiciando que los cargos fiscales del Municipio carezcan de sustento al estar previstos en una ley diversa a la de ingresos municipal.

El argumento propuesto resulta infundado.

El art�culo 71, fracci�n VI, de la C.�n de Veracruz-Llave, dispone:

"Art�culo 71. ...

"VI. Las leyes del Estado se�alar�n las contribuciones que los Ayuntamientos deber�n cobrar. Dichas leyes no establecer�n exenciones ni subsidios a favor de persona o instituci�n alguna.

"S�lo estar�n exentos del pago de contribuciones a que se refiere el p�rrafo anterior los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, del Estado y de los Municipios."

Como ha quedado precisado, de conformidad con lo dispuesto en el primer p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n F., la hacienda de los Municipios se integra con "? los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ?".

Del precepto transcrito se desprende que las Legislaturas de los Estados, por disposici�n expresa de la C.�n F., deben establecer a favor de los Municipios contribuciones y otros ingresos, esto es, los Estados est�n obligados a establecer en las leyes locales correspondientes los tributos y cualquier otro tipo de ingresos que corresponda cobrar o percibir a los Municipios, con el prop�sito espec�fico de que integren su hacienda.

En este contexto, es claro que el Municipio actor confunde el t�rmino "leyes del Estado", empleado por el legislador, presuponiendo que se est� excluyendo la posibilidad de que se expidan leyes espec�ficas para la hacienda municipal, cuando es el caso que los Municipios carecen de facultades legislativas formales y, por ende, est�n imposibilitados para establecer ellos mismos tributos o definir contribuciones, quedando supeditados a la soberan�a local para tales efectos.

As�, es correcta la disposici�n constitucional impugnada al prever que es el Congreso L. el que establece las contribuciones que los Ayuntamientos deber�n cobrar. M�xime que el hecho de que una ley se denomine ley de hacienda municipal en nada puede variar su esencia, es decir, en nada modifica la competencia para expedirla, ni afecta la esfera de atribuciones del Municipio, pues constitucionalmente no es �ste quien tiene facultades legislativas para establecer impuestos y contribuciones a los gobernados, sino las Legislaturas Estatales.

En el entendido, por lo dem�s, de que la mayor o menor dificultad para cobrar las contribuciones establecidas en las leyes respectivas, no es una cuesti�n de constitucionalidad que pueda ser analizada en esta v�a.

En las condiciones narradas, toda vez que los conceptos de invalidez propuestos, a excepci�n del quinto, resultaron bien inoperantes, bien infundados, lo que procede es declarar la invalidez del �ltimo p�rrafo del art�culo 10 de la C.�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano Veracruz-Llave y la validez del resto de los preceptos impugnados, debiendo precisarse que los efectos de la presente ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 42 de la ley de la materia, s�lo vinculan a las partes de esta controversia, y consisten en declarar inaplicable al Municipio actor el �ltimo p�rrafo del art�culo 10 de la C.�n citada, a partir del momento de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.

Por lo fundado y expuesto, se resuelve:

PRIMERO

Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento del Municipio de C�rdoba, Estado de Veracruz.

SEGUNDO

Se declara la invalidez, por cuanto hace al Municipio actor, del art�culo 10, �ltimo p�rrafo, de la Ley N�mero 53 que reforma y deroga diversas disposiciones de la C.�n Pol�tica del Estado de Veracruz-Llave, publicado el tres de febrero del a�o dos mil, en la G.O. de la citada entidad, en t�rminos del considerando que antecede.

TERCERO

Se reconoce la validez de los art�culos 4o., p�rrafo tercero, 33, fracciones IV, XIII, XVI y XXIX, 41, fracci�n IX, 67, fracci�n III y 71, fracciones IV y VI, de la Ley N�mero 53 mencionada en el anterior punto resolutivo.

CUARTO

Publ�quese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, as� como en el Diario Oficial de la Federaci�n y en la G.O. del Estado de Veracruz-Llave.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de nueve votos de los se�ores Ministros: A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., A.A.�n, G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente en funciones C. y C., excepto por lo que se refiere al reconocimiento de validez del art�culo 4o., p�rrafo tercero, impugnado, contenido en el segundo punto resolutivo, que se aprob� por mayor�a de cinco votos de los se�ores Ministros A.G.�itr�n, G.�o P., O.M., S�nchez C. y presidente en funciones C. y C.; los se�ores Ministros D�az R., A.A.�n, R.P. y S.M. votaron en contra, y por la declaraci�n de invalidez de dicho precepto, y manifestaron que formular�n voto de minor�a.