Ejecutoria num. P./J. 51/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26827756

Ejecutoria num. P./J. 51/2000 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Número de Resolución:P./J. 51/2000
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Abril de 2000
RESUMEN

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACI�N PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS �RGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL S�NDICO �NICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACI�N PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACI�N, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO.

TR�NSITO. LA PRESTACI�N DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA P�BLICA.

TR�NSITO. ES UN SERVICIO P�BLICO QUE EL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE �STE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCI�N.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/98. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a veintitr�s de marzo del a�o dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, R.H.�ndez V. y F.G.�a B.G.�lez, en sus respectivos caracteres de presidente municipal y s�ndico �nico, del Municipio de Xalapa, Veracruz, ocurrieron en la v�a de controversia constitucional, demandando lo siguiente:

  1. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver., haciendo nugatorio el derecho que para todos los Municipios del pa�s establece el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Carta Magna, para prestar el mencionado servicio p�blico. 2. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver. 3. La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento promulgados, respectivamente y por su orden, el 12 de enero y el 24 de noviembre de 1988. En virtud de que ambos ordenamientos jur�dicos impiden la aplicaci�n del art�culo 115 constitucional, en materia de municipalizaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. Requisitos de la demanda. Para cumplir con lo que establece el art�culo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, a continuaci�n manifestamos bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: I.P. actora en el juicio. El H. Ayuntamiento constitucional de Xalapa, Ver., representado en t�rminos de lo que disponen los art�culos 36 fracci�n V, 38 y dem�s relativos de la Ley Org�nica del Municipio Libre, por el presidente municipal L.. R.H.�ndez V. y por el s�ndico �nico L.. F.G.�a B.G.�lez, ambos con domicilio oficial en el Palacio Municipal de la ciudad capital del Estado de Veracruz. II. Parte demandada en el juicio. El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, representado por su depositario el Gobernador Constitucional Lic. P.C.C., y por el secretario general de Gobierno Lic. S.M.R.; el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, representado por el presidente de la Comisi�n Permanente de la H. Legislatura del Estado. III. Entidades, poderes u �rganos terceros interesados. No existen. IV. Procurador general de la Rep�blica, en los t�rminos que se�ala el numeral 102 de la Carta Magna. V.N. general o acto cuya invalidez se demanda. 1o. La respuesta negativa para municipalizar el tr�nsito y vialidad, contenida en oficio n�mero SG-J2666/98, de fecha 21 de agosto del a�o en curso, suscrito por el jefe del Jur�dico de Gobierno, quien atendiendo a las instrucciones del licenciado S.M.R., secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, afirma que la petici�n formulada al gobernador del Estado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Ver., mediante oficio No. 075/98 de fecha 5 de agosto anterior, resulta jur�dicamente improcedente y por ende se niega la transferencia y entrega material de los bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se presta el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver. 2o. La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, No. 8 de 19 de enero de 1988, y la No. 141 de 24 de noviembre de 1998, respectivamente. VI. Preceptos constitucionales violados. El art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece para todos los Municipios del pa�s la facultad de prestar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. VII. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda, se concretan en los siguientes: Antecedentes: a) El H. Ayuntamiento Constitucional que fungi� en el periodo 1995-1997 de Xalapa, Veracruz, suscribi� con fecha 5 de junio de 1996, un convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz, para coordinar de manera conjunta el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad a trav�s de la Delegaci�n de Tr�nsito dependiente de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte del Gobierno del Estado de Veracruz. b) Por su parte, el H. Ayuntamiento Constitucional 1998-2000 de Xalapa, Veracruz, actualmente en funciones, mediante acuerdo de Cabildo del d�a 16 de abril del a�o en curso, determin� anular y dejar sin efecto el convenio a que se refiere el p�rrafo que antecede, por considerar que en estricto cumplimiento de los principios municipalistas de autonom�a e independencia pol�tica, no deb�a existir subordinaci�n y dependencia del Municipio al Gobierno del Estado. En cuanto a la prestaci�n del multicitado servicio p�blico, toda vez que la autoridad municipal est� capacitada y dispuesta a prestar dicho servicio en beneficio de los habitantes de la capital veracruzana. c) Con posterioridad y para estar en condiciones jur�dicas adecuadas para la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Ver., aprob� en sesi�n de Cabildo celebrada el 23 de julio del a�o en curso, el Reglamento de Tr�nsito y Vialidad del Municipio de Xalapa, en cuyos art�culos 3o. y 4o. transitorios, se acuerda solicitar al Gobierno del Estado de Veracruz, la transferencia y entrega material de los bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que se viene prestando el tantas veces referido servicio p�blico. d) Mediante oficio No. 075/98 de fecha 5 de agosto anterior, se hizo el requerimiento antes mencionado al gobernador del Estado, obteni�ndose como respuesta la negativa contenida en el oficio SG-J2666/98 de fecha 21 de agosto anterior, que suscribe el jefe del Jur�dico de Gobierno y quien afirma actuar por instrucciones del secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz. VIII. Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez. El fortalecimiento municipal que fue el principal motivo de la reforma constitucional al art�culo 115, introducida en el a�o de 1983, tiene como prop�sito delimitar de manera clara y precisa los renglones, materias y atribuciones de los Ayuntamientos que gobiernan en los Municipios del pa�s. A ello obedece la relaci�n de servicios p�blicos que de acuerdo con las condiciones territoriales y socioecon�micas de cada municipalidad, los Ayuntamientos deben prestar por s� mismos o con el concurso del Gobierno Estatal �cuando as� fuere necesario�. En la especie, el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad concedido en favor de los Municipios, lleva el prop�sito de garantizar la libertad municipal para ordenar el tr�nsito vehicular dentro de su territorio y la vialidad peatonal, sin injerencia o subordinaci�n a las decisiones del Gobierno del Estado. En el caso particular de Veracruz, el contacto con las autoridades estatales es inaccesible para los gobernados seg�n lo prueba su incapacidad de atender las demandas ciudadanas en los 210 Municipios en que se divide la entidad. La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, constituyen un candado aparentemente legal para impedir que los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, presten el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, en franca contravenci�n del art�culo 115 constitucional, propiciando as� los fuertes intereses econ�micos y de control pol�tico que el Gobierno del Estado mantiene con algunas agrupaciones de transportistas de pasajeros y de carga, que ven en ese rengl�n una fuente de ingresos que beneficia a las partes involucradas, sin consideraci�n alguna para usuarios y poblaci�n en general. Por ello, la negativa a municipalizar el tr�nsito y la vialidad por parte del Gobierno de Veracruz, atenta contra y vulnera el esp�ritu justiciero del art�culo 115 constitucional en su fracci�n III, inciso h), puesto que no deben prevalecer intereses meramente econ�micos y de control pol�tico para mantener en estado de subordinaci�n y dependencia econ�mica al Ayuntamiento de Xalapa, respecto del Gobierno del Estado que no escucha las demandas de la poblaci�n para terminar con el caos vial y los fuertes intereses de quienes lucran con el transporte p�blico en agravio de la poblaci�n avecindada en la capital veracruzana. Beneficios que conlleva la municipalizaci�n del tr�nsito. La Ley de Tr�nsito y Transporte vigente en el Estado de Veracruz, tal parece que fue elaborada con fines meramente econ�micos y de control pol�tico y contubernio para la protecci�n de intereses de los caciques del transporte p�blico, olvid�ndose de los derechos del peat�n, del usuario del transporte de pasajeros, de los ni�os, minusv�lidos y del entorno ecol�gico, puesto que la revisi�n de su contenido as� lo demuestra. En cambio, la legislaci�n municipal que se aplicar� con la municipalizaci�n del servicio, cubre plenamente las lagunas jur�dicas anotadas y muestra el inter�s de las autoridades municipales en favorecer y proteger a la ciudadan�a en general. El Reglamento de Tr�nsito y Vialidad para el Municipio de Xalapa, aprobado en sesi�n de Cabildo el 23 de julio pasado, contiene cap�tulos cuya importancia nadie puede negar, como aquellos en que se tutelan los derechos de los peatones, escolares, ciclistas, ni�os, ancianos y discapacitados, cuya protecci�n est� por encima del tr�nsito vehicular, imponiendo una ordenaci�n en la conducci�n de autom�viles y transportes a los que se obliga a contar con equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad tanto para sus ocupantes como para los transe�ntes. De igual forma, el reglamento en comento, dispone medidas tendientes a la protecci�n del medio ambiente para preservar el entorno ecol�gico de la localidad, cuya justa demanda social no ha sido escuchada hasta la fecha por las autoridades de tr�nsito del Gobierno Estatal. En materia de se�alizaci�n, carga y descarga en la v�a p�blica, ascenso y descenso de pasajeros, educaci�n vial y control de estacionamientos p�blicos y privados, el ordenamiento emitido por el Ayuntamiento de Xalapa, contiene disposiciones de alto contenido social cuyos destinatarios, los habitantes de la capital de Veracruz, han venido demandando desde hace varios a�os. Por las consideraciones anteriores, la negativa a la municipalizaci�n del tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, resulta un acto de Gobierno del Estado, contrario a la Constituci�n Pol�tica Federal que rebasa y aniquila la esfera de acci�n en materia de servicios p�blicos consagrada en favor de todos los Municipios del pa�s y particularmente agravia al Ayuntamiento que venimos representando por tratarse de una materia reservada en principio en favor del nivel de gobierno municipal, que caprichosamente y sin fundamento legal alguno mantiene bajo control econ�mico y pol�tico el Gobierno que encabeza el Lic. P.C.C.. Dos tesis emitidas por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, sirven de precedente para fundar la controversia constitucional que venimos planteando, a saber: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 70/96, p�gina 329. �SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EL NOMBRAMIENTO Y REMOCI�N DE LOS JEFES DE POLIC�A QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE LAS FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS. (la transcribe con precedentes). En los t�rminos de los art�culos 177 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean �stos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el once de noviembre en curso, aprob�, con el n�mero 70/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. M�xico, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis. �SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. (la transcribe con precedentes). El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el once de noviembre en curso, aprob�, con el n�mero 69/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. M�xico, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.�. Segundo concepto de invalidez. Pretexta el Gobierno del Estado de Veracruz, para fundar su negativa a la municipalizaci�n del tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, que por tratarse de la capital del Estado y por ser sede permanente de los poderes, corresponde al gobernador la facultad de tener bajo su inmediata dependencia el mando de la polic�a, puesto que as� lo prev� la Constituci�n F. en el art�culo 115, fracci�n VII y la Constituci�n Pol�tica del Estado, en el art�culo 87, fracci�n XXVI, y que como la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz en su art�culo 61 indica que: �Todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte, as� como el de los Ayuntamientos que desempe�en trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica y ser� de confianza; sus relaciones laborales se regir�n por lo se�alado en las disposiciones siguientes: ...�. Tal respuesta ma�osa, que constituye un sofisma y que carece de �tica pol�tica y de respeto al orden jur�dico constitucional federal, es nula de pleno derecho, por tratarse de un acto autoritario que sustentado en leyes locales inconstitucionales, conculca en agravio del Ayuntamiento de Xalapa, su derecho constitucional a prestar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, establecido en el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Ley Fundamental. El art�culo 105 constitucional y su ley reglamentaria, en materia de controversias constitucionales, tienen el prop�sito de confiar a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n la defensa de la Constituci�n, anulando los actos de autoridad que la conculcan, cuando est�n de por medio cuestiones de constitucionalidad, como en el caso que nos ocupa en que el Ayuntamiento de Xalapa, Ver., para prestar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, ha emitido el reglamento correspondiente y ha requerido formalmente al Gobierno Estatal, la transferencia y entrega material de los bienes, recurso presupuestal y personal con que se presta el aludido servicio, recibiendo una respuesta negativa, infundada y violatoria de la Carta Magna. No se acepta por el Ayuntamiento de Xalapa, el d�bil argumento en que se apoya la negativa del Gobierno del Estado, porque no se est� demandando la municipalizaci�n del servicio de seguridad p�blica, que en todo caso podr�a reclamarse tambi�n sin contravenir lo establecido en la Constituci�n Federal, que �nicamente confiere a los gobernadores de los Estados �el mando de la fuerza p�blica�, pero no les otorga derechos exclusivos para la prestaci�n del servicio de seguridad p�blica. Lo anterior encuentra f�cil ejemplificaci�n en el Gobierno del Distrito Federal, que siendo la capital del pa�s y residencia habitual del Ejecutivo Federal, la seguridad p�blica, el tr�nsito y la vialidad, son servicios que est�n a cargo del Gobierno Local y sin embargo, el presidente de la Rep�blica conserva el mando de la fuerza p�blica."

SEGUNDO

Por auto de diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� pasar el expediente al Ministro M.A.G.�itr�n para que actuara como instructor.

Mediante prove�do de veintiuno de septiembre de ese mismo a�o, el Ministro instructor orden� tener por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan; admitir la demanda que se presenta en v�a de controversia constitucional y emplazar mediante oficio a las demandadas para el efecto de que produjeran contestaci�n dentro del plazo de treinta d�as, contados a partir de la legal notificaci�n de este prove�do. Asimismo se tuvo por se�alado el domicilio para o�r y recibir notificaciones y por designados como sus delegados a los profesionistas que en el propio escrito de demanda se indican. Adicionalmente, se tuvieron como pruebas de la parte actora las documentales que se anexaron al mismo escrito, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia de ley. Finalmente, se orden� correr traslado con copia autorizada de este auto, del acuerdo de radicaci�n y turno, adem�s de un ejemplar del escrito de demanda al procurador general de la Rep�blica.

TERCERO

Mediante oficio presentado el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, P.N.U. y C.R.M., en sus respectivos caracteres de presidente y secretario de la Diputaci�n Permanente de la LVII Legislatura del Estado de Veracruz, comparecieron a dar contestaci�n a la demanda de controversia constitucional en los siguientes t�rminos:

Que en cumplimiento al auto de radicaci�n y turno de la H. Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de fecha 10 de septiembre del a�o en curso, venimos por medio del presente ocurso a dar contestaci�n al escrito de demanda de controversia constitucional planteado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, por lo que en t�rminos del art�culo 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, procedemos de la siguiente forma: I. El H Ayuntamiento de Xalapa, Ver., plantea la invalidez por su car�cter inconstitucional de: 1. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad para el Municipio de Xalapa, Ver., haciendo nugatorio el derecho que para todos los Municipios del pa�s establece el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Carta Magna, para prestar el mencionado servicio p�blico. 2. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver. 3. La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento promulgados, respectivamente y por su orden, el 12 de enero y el 24 de noviembre de 1988. En virtud de que ambos ordenamientos jur�dicos impiden la aplicaci�n del art�culo 115 constitucional, en materia de municipalizaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. El objeto de esta demanda de controversia es de que se ordene al Gobierno del Estado de Veracruz la transferencia material al Ayuntamiento de Xalapa de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y el personal con que actualmente se viene prestando el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad de Xalapa, Veracruz. II. Se�ala a este Poder Legislativo del Estado de Veracruz, que representamos como parte demandada en el juicio, y en su fracci�n V del cap�tulo de requisitos de la demanda, en el punto 2o., la invalidez por su car�cter inconstitucional de la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento. Nos abocamos entonces a dar respuesta a este planteamiento, en relaci�n con el apartado VI de dicho cap�tulo, porque menciona que existe la violaci�n del art�culo 115, fracci�n III, inciso h), y considerando el primer concepto de invalidez, manifestamos: A) Los actores en su planteamiento de controversia constitucional, se�alan en el primer concepto de invalidez: �La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, constituyen un candado aparentemente legal para impedir que los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, presten el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, en franca contravenci�n del art�culo 115 constitucional, propiciando as� los fuertes intereses econ�micos y de control pol�tico que el Gobierno del Estado mantiene con algunas agrupaciones de transportistas de pasajeros y de carga, que ven en ese rengl�n una fuente de ingresos que beneficia a las partes involucradas, sin consideraci�n alguna para usuarios y poblaci�n en general.�. �Por ello, la negativa a municipalizar el tr�nsito y la vialidad por parte del Gobierno de Veracruz, atenta contra y vulnera el esp�ritu justiciero del art�culo 115 constitucional, en su fracci�n III, inciso h), puesto que no deben prevalecer intereses meramente econ�micos y de control pol�tico para mantener en estado de subordinaci�n y dependencia econ�mica al Ayuntamiento de Xalapa, respecto del Gobierno del Estado que no escucha las demandas de la poblaci�n para terminar con el caos vial y los fuertes intereses de quienes lucran con el transporte p�blico en agravio de la poblaci�n avecindada en la capital veracruzana.�. Como se puede notar de la transcripci�n el planteamiento de la controversia por lo que se refiere a este Poder Legislativo, �nicamente estriba en la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento; por lo que, sostenemos la constitucionalidad de la citada ley, en virtud de que fue el resultado de un proceso legislativo en t�rminos de las facultades que se conceden a este poder por la fracci�n I del art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica Local; y por lo que respecta al Reglamento de Tr�nsito, no es un acto imputable a esta entidad legislativa, toda vez que �ste fue dado por el gobernador del Estado en t�rminos del art�culo 87, fracci�n I, de la Constituci�n Local mencionada. Por otra parte, al hacer una interpretaci�n correcta de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica, en su primera parte claramente menciona que los Municipios, con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a cargo los siguientes servicios p�blicos, entre ellos, el de seguridad p�blica y tr�nsito; n�tese que la fracci�n h) del citado art�culo conjuntamente se refiere al servicio p�blico de seguridad p�blica y tr�nsito, consider�ndolo como uno solo; luego entonces, cuando se expide la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz, se est� considerando a tr�nsito, como parte de seguridad p�blica, y as� lo establece el art�culo 61 de la citada ley, que a la letra dice: �Todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte as� como de los Ayuntamientos que desempe�en trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica ...�. Es entonces claro que no existe inconstitucionalidad de la ley que emiti� este cuerpo legislativo, sino una mala interpretaci�n por parte de quien plantea la controversia constitucional. Aunque no es el planteamiento imputado a este Poder Legislativo la negativa del Gobierno del Estado de hacer entrega de lo que solicita el Ayuntamiento de Xalapa, el criterio anterior que exponemos, se fortalece al referirnos a lo que se establece en la fracci�n VII del art�culo 115 constitucional, y en el caso que nos ocupa, el mando de la fuerza p�blica corresponde en donde reside habitual o transitoriamente el gobernador del Estado. Es decir, �sta es una de las excepciones a que se refiere la fracci�n III del art�culo 115 constitucional, porque as� lo determinan las leyes. Tal es el criterio que ya ha dejado establecido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, al resolver la controversia constitucional 19/95, planteada por el Ayuntamiento de R�o Bravo, Tamaulipas, y a la que hacen alusi�n los actores, pero que desde luego no es en su beneficio como se desprende de �sta, que dice: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, P./J. 69/96, p�gina 330: �SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. (se transcribe). En los t�rminos de los art�culos 177 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean �stos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el once de noviembre en curso, aprob�, con el n�mero 69/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. M�xico, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.�. III. El segundo concepto de invalidez en que fundan la controversia constitucional los actores se�ala que: �... su negativa a la municipalizaci�n del tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, que por tratarse de la capital del Estado y por ser sede permanente de los poderes, corresponde al gobernador la facultad de tener bajo su inmediata dependencia el mando de la polic�a, puesto que as� lo prev� la Constituci�n F. en el art�culo 115, fracci�n VII y la Constituci�n Pol�tica del Estado, en el art�culo 87, fracci�n XXVI y que como la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz en su art�culo 61 indica que ...�. Menciona que tal respuesta es ma�osa, que constituye un sofisma y que carece de �tica pol�tica y de respeto al orden jur�dico constitucional federal; sin embargo, �stas son apreciaciones que carecen de congruencia, pues la decisi�n del Ejecutivo del Estado tiene su fundamento en la Constituci�n Federal, en la Local y en la Ley de Tr�nsito en el Estado y la respuesta negativa se realiz� en t�rminos de la fracci�n XV del art�culo 27 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado. Es en tal virtud que el acto reviste constitucionalidad, y as� lo deber� de resolver este Tribunal M�ximo de la naci�n. IV. En otro orden de ideas por lo que se refiere a este Poder Legislativo, consideramos que la controversia constitucional fue planteada fuera del t�rmino legal a que se refiere el art�culo 21 fracci�n II de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 de las Fracciones I y II de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, suscribi� el d�a 5 de junio de 1996, un convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz, para coordinar en manera conjunta el servicio p�blico de tr�nsito a trav�s de la Delegaci�n de Tr�nsito dependiente de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte del Gobierno del Estado de Veracruz; es decir, el hecho de que el Ayuntamiento que es representado por los ahora quejosos, haya dejado sin efecto mediante sesi�n de Cabildo el mismo, se infiere en primer lugar que la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz, ya hab�a sido aplicada anteriormente; incluso el Ayuntamiento actual conoc�a perfectamente la aplicaci�n del mismo, toda vez que como lo acepta, expidi� un nuevo Reglamento de Tr�nsito y Vialidad el 23 de julio del a�o en curso; luego entonces, el t�rmino para impugnar la norma general, ya hab�a excedido con demas�a al plantear la controversia constitucional; por lo que, tomando en cuenta que la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz fue publicada el 8 de enero de 1988, es de aplicarse el criterio que esta Suprema Corte ha sostenido: Novena �poca, Pleno, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 64/96, p�gina 324: �CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL C�MPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACI�N, SE INICIA AL D�A SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO.� (la transcribe)."

CUARTO

Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, P.C.C. y S.M.R., en sus respectivos caracteres de gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, comparecieron para rendir su contestaci�n a la demanda interpuesta en los t�rminos siguientes:

Improcedencia de la controversia. Reiteramos que el objeto de la demanda que se contesta resulta jur�dicamente inalcanzable por ser �sta notoriamente infundada como lo precisaremos al hacer referencia espec�fica a los antecedentes de la misma y a los conceptos de invalidez que dicha demanda contiene. La controversia constitucional planteada por el presidente municipal y el s�ndico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, es improcedente por falta de pruebas de su personalidad, ya que s�lo podr� formularse controversia constitucional mediante acuerdo de Cabildo, situaci�n que en este caso no se dio para acreditar la personalidad de los promoventes. Tiene aplicaci�n en este aspecto la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que se transcribe: �CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL. (la transcribe). El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el diecis�is de junio del a�o en curso, aprob�, con el n�mero 54/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de junio de mil novecientos noventa y siete.�. Estimamos pertinente invocar adem�s la causal de improcedencia que para el caso de las controversias constitucionales prev� la fracci�n VII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que en nuestro concepto concurre en la especie. El presidente municipal y el s�ndico �nico del Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, reclaman la invalidez (por supuesta inconstitucionalidad) de dos actos espec�ficos del Poder Ejecutivo del Estado y de la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, la primera atribuible al Poder Legislativo Estatal y el segundo al Poder Ejecutivo del Estado. Los actos legislativos impugnados se promulgaron respectivamente los d�as 12 de enero y 24 de noviembre de 1988 y entraron en vigor, la ley, al d�a siguiente de su publicaci�n en la Gaceta Oficial, �rgano del Gobierno del Estado; y el reglamento 30 d�as despu�s de su publicaci�n en el propio medio. Uno y otro ordenamiento se publicaron en el mismo a�o de 1988 los d�as 19 de enero y 24 de noviembre respectivamente. En t�rminos de la fracci�n VII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, las controversias constitucionales son improcedentes cuando la demanda se presente fuera de los plazos previstos en el art�culo 21 del mismo ordenamiento, el que a su vez establece en su fracci�n II que el plazo para la interposici�n de la demanda, trat�ndose de normas generales, ser� de 30 d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia. Si se toma en consideraci�n que el Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, celebr� con el Gobierno del Estado el 5 de junio de 1996, un convenio para coordinar de manera conjunta el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, a trav�s de la Delegaci�n de Tr�nsito dependiente de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz, seg�n se admite expresamente en el inciso a) del cap�tulo de antecedentes de la demanda, y que dicho convenio se concert� en t�rminos del art�culo 6o. transitorio de la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz, para la fecha de presentaci�n de la demanda que se contesta hab�a transcurrido con exceso el t�rmino de treinta d�as a que se refiere la fracci�n II del art�culo 21 de la ley reglamentaria en consulta para plantear la demanda constitucional, por tratarse de la impugnaci�n de normas generales, argumento este que resulta v�lido en cualquiera de las siguientes dos hip�tesis: a) Que el t�rmino para impugnar tales ordenamientos en la presente v�a fuera computable a partir del d�a siguiente al de sus respectivas publicaciones; y b) Que dicho t�rmino contar� a partir del d�a siguiente a aquel en que se hubiera producido el primer acto de aplicaci�n, por lo que en este �ltimo supuesto, aun en el caso de que el referido convenio de 5 de junio de 1996, se considerara como el primer acto de aplicaci�n de la norma que dio lugar a la controversia, a la fecha de la presentaci�n de la demanda ante esa H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el t�rmino para hacerlo habr�a rebasado considerablemente el previsto en la fracci�n II del art�culo 21 de la citada ley reglamentaria y, en consecuencia, la controversia constitucional ser�a improcedente. Como complemento aclaratorio de lo hasta aqu� expuesto sobre la causa de improcedencia que se invoca, debe destacarse que la acci�n constitucional que en v�a de controversia se hace valer, est� referida al Municipio como ente pol�tico y no a los funcionarios que en determinado momento ostenten la representaci�n del mismo, de lo que se colige que bajo ning�n concepto podr�a computarse el tiempo para la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional a partir de que los actos legislativos impugnados hubieran sido del conocimiento de los funcionarios que la suscriben. Ahora bien, si los actos materia de la controversia, a trav�s de la cual se impugnan, descritos en los apartados 1o. y 2o. del proemio de la demanda, est�n sustentados en la ley y en el reglamento que tambi�n se impugnan a los que se ha hecho referencia en p�rrafos precedentes, respecto de los cuales se ha planteado la improcedencia de esta controversia, el sobreseimiento que debe decretarse con tales normas generales, tambi�n afectar�a a los actos descritos en los mencionados apartados del proemio de la demanda, precisamente por estar sustentados �stos en dichas normas generales. Lo anterior es as� porque, en ejercicio de su soberan�a-autonom�a, el Estado de Veracruz-Llave, a trav�s de los �rganos con competencia para ello que en el caso son respectivamente los Poderes Legislativo y Ejecutivo, emiti� la Ley de Tr�nsito y Transporte y su reglamento los cuales tienen plena vigencia desde el a�o de 1988 y, consecuentemente a sus t�rminos se ha ajustado el ejercicio de las atribuciones que en las materias que regulan corresponden respectivamente al Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales. En este orden de ideas tales ordenamientos tienen plena vigencia y aplicaci�n que no pueden ser destruidas por una demanda planteada en la v�a de controversia constitucional con notoria extemporaneidad y falta de personalidad, por lo que reitero mi petici�n que se decrete el sobreseimiento procedente. Contestaci�n de fondo. En t�rminos del art�culo 23 de la ley reglamentaria aplicable al caso, a continuaci�n hacemos referencia al fondo de la demanda. Negamos que proceda declarar la invalidez de los actos impugnados en la controversia, por no existir la supuesta inconstitucionalidad que la parte actora reclama, porque los extremos de la acci�n que pretende no se dan en especie. La parte actora precisa que la norma general o acto cuya invalidez se demanda est� integrada como a continuaci�n se transcribe: �1o. La respuesta negativa para municipalizar el tr�nsito y vialidad, contenida en oficio n�mero SG-J2666/98, de fecha 21 de agosto del a�o en curso, suscrito por el jefe del Jur�dico de Gobierno, quien atendiendo a las instrucciones del licenciado S.M.R., secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, afirma que la petici�n formulada al gobernador del Estado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Ver., mediante oficio No. 075/98 de fecha 5 de agosto anterior, resulta jur�dicamente improcedente y por ende se niega la transferencia y entrega material de los bienes muebles, inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se presta el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver. 2o. La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz No. 8 de 19 de enero de 1988 y la No. 141 de 24 de noviembre de 1998 (sic), respectivamente.�. Antecedentes. Con relaci�n a los antecedentes que bajo el apartado VII de los que comprende el cap�tulo �Requisitos de la demanda�, se incluyen en la que se contesta, manifestamos lo siguiente: a) Es cierto que el Ayuntamiento de Xalapa, Ver., que ejerci� en el periodo 1995-1997, suscribi� el 5 de junio de 1996 un convenio con el Gobierno de Veracruz-Llave, para coordinar de manera conjunta el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, a trav�s de la Delegaci�n de Tr�nsito dependiente de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte del Estado. Este convenio tuvo lugar como consecuencia de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz, vigente en t�rminos de su art�culo 6o. transitorio. b) De ser cierto el acuerdo de Cabildo referido en el inciso b), dicho acto carece de efectos jur�dicos en relaci�n al convenio mencionado en el p�rrafo que antecede por ser contrario a lo estipulado en la cl�usula d�cima de dicho acuerdo de voluntades. c) El Gobierno del Estado tiene conocimiento de lo afirmado bajo el inciso correlativo del cap�tulo de antecedentes de la demanda, salvo las apreciaciones subjetivas contenidas en su parte inicial. d) Tambi�n es cierto el contenido del antecedente expuesto bajo el inciso d) de la demanda que se contesta. Conceptos de invalidez. Primero. El primer concepto de invalidez puede resumirse de la siguiente manera: En opini�n de la parte actora, el fortalecimiento municipal fue el principal motivo de la reforma al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, cuyo prop�sito es delimitar de manera clara y precisa los renglones, materias y atribuciones de los Ayuntamientos que gobiernan en los Municipios del pa�s, y a ello obedece la relaci�n de servicios p�blicos que los Ayuntamientos deben prestar por s� mismos o con el concurso del Gobierno Estatal cuando as� fuere necesario. El servicio p�blico de tr�nsito y vialidad que se concede a los Municipios, tiene el prop�sito de garantizar la libertad municipal para ordenar el tr�nsito vehicular y la vialidad peatonal dentro de su territorio, sin injerencia o subordinaci�n a las decisiones del Gobierno del Estado. La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, constituyen un �candado aparentemente legal� para impedir que los Ayuntamientos del Estado presten dicho servicio, en franca contravenci�n con el art�culo 115 de la Ley Fundamental, lo que propicia intereses econ�micos y control pol�tico por parte del Gobierno del Estado. Por ello, la negativa cuya invalidez se pretende atenta contra el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n General de la Rep�blica. En concepto de la parte actora, la municipalizaci�n del tr�nsito supone beneficios no previstos en la legislaci�n vigente, salvo en el reglamento expedido por el propio Municipio el 23 de julio del a�o en curso, cuya importancia no puede negarse en el sentido de que se tutelan derechos de peatones, escolares, ciclistas, ni�os, ancianos y discapacitados, imponiendo una ordenaci�n que obliga a contar con elementos de seguridad para ocupantes de veh�culos y para transe�ntes. De igual manera, y siempre en opini�n del Municipio enjuiciante, el indicado reglamento municipal contiene medidas tendientes a la protecci�n del medio ambiente y, en materias de se�alizaci�n, carga y descarga en la v�a p�blica, ascenso y descenso de pasajeros, educaci�n vial y control de estacionamientos, cuenta con disposiciones de alto contenido social. En tal medida -dicen los demandantes- la negativa a la municipalizaci�n del tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, como acto del Gobierno del Estado, es contraria a la Constituci�n General de la Rep�blica, rebasa y aniquila la esfera de acci�n en materia de servicios p�blicos consagrada a favor de los Municipios del pa�s, y agravia al Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, por tratarse de una materia reservada en principio a favor del gobierno municipal. En apoyo de sus anteriores conceptos, los representantes del Municipio actor invocan dos tesis, ambas emanadas de la controversia constitucional 19/95, promovida por el Ayuntamiento de R�o Bravo, Tamps., sobre que el nombramiento y remoci�n de los jefes de polic�a quedan comprendidos dentro de las facultades de los Ayuntamientos (la voz de esta tesis es: �SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS.�); y bajo la misma voz, sobre que tales rubros -esto es, seguridad p�blica y tr�nsito en los Municipios- son en principio materias reservadas constitucionalmente a ellos. De la exposici�n sint�tica del primer concepto de invalidez de la demanda que se contesta, se desprende incuestionablemente que, en opini�n de la parte enjuiciante, son su atribuci�n exclusiva y dentro de los l�mites del propio Municipio, los servicios p�blicos de seguridad p�blica y tr�nsito, en t�rminos del inciso h) de la fracci�n III del art�culo 115 constitucional. Con el prop�sito de precisar los alcances de esta pretensi�n, se estima necesario hacer una referencia a las disposiciones legales que rigen la materia, en los diversos niveles de jerarqu�a. El art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos previene que los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: �... III. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos: ... h) Seguridad p�blica y tr�nsito ...�. La propia Constituci�n General de la Rep�blica, en su art�culo 73 y a trav�s de la fracci�n XVII, concede facultad al Congreso de la Uni�n para dictar leyes sobre v�as generales de comunicaci�n, que son precisamente las que la ley respectiva clasifica en su art�culo 1o., entre las que se consideran, bajo la fracci�n VI, los caminos seg�n entronquen con alguna v�a de pa�s extranjero; comuniquen a dos o m�s entidades federativas, entre s�; y cuando en su totalidad o en su mayor parte, sean construidos por la Federaci�n. Conforme al art�culo 124 de la propia Ley Fundamental del pa�s, las facultades que no est�n expresamente concedidas por la Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Interpretados en su contexto los art�culos 73 y 124 constitucionales que se han invocado, y considerando lo previsto en el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la propia Carta Magna tambi�n mencionado, es dable concluir que en materia de tr�nsito y vialidad, y sin que implique una jurisdicci�n concurrente, intervienen los tres niveles de gobierno: la autoridad federal, si se trata de todo lo relacionado con las v�as generales de comunicaci�n; los Gobiernos de los Estados, en concurso con los Municipios, cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes; y los Municipios, dentro de sus respectivas jurisdicciones, cuando no se estime necesario ni las leyes prevengan que con ellos colaboren las autoridades estatales. Dejando a un lado el caso de la intervenci�n de las autoridades federales en materia de tr�nsito y vialidad, que se limita al ejercicio de las funciones que a las mismas conceden la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n y la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, as� como los reglamentos de la Polic�a Federal de Caminos y de Tr�nsito en carreteras federales, debemos enfocar nuestro an�lisis a la actuaci�n de los Estados y de los Municipios, en forma independiente o en colaboraci�n, en la misma materia. La H. Quincuag�sima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a trav�s del proceso legislativo previsto en la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave expidi� con fecha 12 de enero de 1988, la Ley N�mero 100, de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave, que contiene las bases normativas en materia de tr�nsito municipal que habr�an de regir la expedici�n, por parte de los Ayuntamientos, de los reglamentos respectivos, con objeto de regular el tr�nsito de personas, veh�culos, semovientes y bienes muebles por las v�as p�blicas comprendidas dentro de la jurisdicci�n estatal, que no fueran de competencia federal, y en el �mbito de la competencia del Estado, regula el transporte p�blico en todas sus modalidades (art�culo 1o.). La expedici�n de esta ley se sustent� en la facultad que al Poder Legislativo Estatal otorga el art�culo 68, fracci�n I de la Constituci�n Pol�tica Local, que le concede atribuciones para dar, interpretar y derogar las leyes, y si por virtud de la misma se entienden por v�as p�blicas las carreteras, brechas y caminos vecinales, las avenidas, callejones, calzadas y banquetas, plazas, paseos, zonas peatonales, pasos a desnivel, andadores y calles comprendidas dentro de los l�mites del Estado (art�culo 2o.); y reconoce como autoridades de tr�nsito y transporte encargadas de vigilar su cumplimiento y aplicaci�n al gobernador del Estado, al secretario general de Gobierno, al director general de Tr�nsito y Transporte, a los presidentes municipales en sus respectivas jurisdicciones, y a los servidores p�blicos dependientes de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte y de los Ayuntamientos a quienes la propia ley y sus reglamentos les asignen (art�culo 3o.). A trav�s de la ley en comento, se confiere una serie de atribuciones a los �rganos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, as� como a los presidentes municipales, lo que refleja que la ley ha determinado que la materia de tr�nsito, vialidad y transporte, si bien en principio corresponde a los Municipios, la prestaci�n de los servicios p�blicos relativos requiere del concurso del Estado, con lo que se satisface la exigencia a que se refiere el primer p�rrafo de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica, espec�ficamente en lo que toca a seguridad p�blica y tr�nsito, como servicio p�blico clasificado en el inciso h) de dicha fracci�n, lo que tambi�n explica que, conforme al art�culo sexto transitorio de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave, est� previsto que el Gobierno del Estado, por conducto de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte, celebre con los Ayuntamientos que se hagan cargo del servicio p�blico de tr�nsito, los convenios que provean los recursos econ�micos necesarios para hacer efectivos los derechos a que se refiere el art�culo anterior, y adem�s las modalidades para que opere la descentralizaci�n del servicio. El Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de las facultades que consigna el art�culo 87, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica del Estado, expidi� el 24 de noviembre de 1988 el Reglamento de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz, instrumento este del que es importante destacar las consideraciones previas de su autor sobre que, conforme a las bases normativas de la misma ley, rectoras de la expedici�n por parte de los Municipios de los reglamentos de tr�nsito municipal, y que tienen por objeto regular el tr�nsito de personas, veh�culos, semovientes y bienes muebles por las v�as p�blicas; y en el �mbito de la competencia del Estado, regula el transporte p�blico en todas sus modalidades, estima necesario actualizar el reglamento de tr�nsito adecu�ndolo a las disposiciones de la ley de la materia, tomando en consideraci�n los �mbitos de competencia estatal y municipal. Si a lo anterior se agregan las materias que regula dicho reglamento conforme a su art�culo 1o., el reconocimiento de que, entre las autoridades de tr�nsito y transporte, se consideran al gobernador del Estado, el secretario de Gobierno, el director general de Tr�nsito y Transporte y los presidentes municipales en sus respectivas jurisdicciones y a quienes la ley y sus reglamentos les asignen (art�culo 2o.); y la previsi�n del art�culo 3o., en el sentido de considerar al gobernador del Estado como la m�xima autoridad en materia de tr�nsito y transporte, se tiene la clara noci�n de que en tal materia, que no sea propia de la autoridad federal, existe una colaboraci�n o concurso entre las autoridades del Estado y las municipales. El marco jur�dico invocado resulta obvio, si se atiende a que el Estado de Veracruz-Llave cuenta con doscientos diez Municipios con una muy abundante conexi�n entre s�, por virtud de v�as de comunicaci�n. Si el concepto e interpretaci�n que los demandantes en la presente controversia tienen y hacen del inciso h) de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Federal fueran correctos, la prestaci�n de los servicios p�blicos referentes al tr�nsito, vialidad y transporte resultar�a un verdadero caos, si cada Municipio pretendiera que dentro de sus respectivas delimitaciones territoriales los tuvieran a cargo en forma exclusiva. La coexistencia de Municipios, la abundancia de v�as de comunicaci�n no federales y la necesidad de coordinar y armonizar los servicios inherentes a la materia, hacen necesaria la concurrencia del Estado y de los Municipios para prestarlos, ya que de lo contrario cada Municipio establecer�a sus normas, que con frecuencia entrar�an en colisi�n y, en lugar de allanar y de propiciar que el tr�nsito, la vialidad y los transportes se desarrollen de manera �gil y eficiente, en particular por su importancia y trascendencia para el crecimiento econ�mico de la entidad, simplemente se entorpecer�an, con las graves consecuencias que ello supone. En esta virtud, tanto la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave como su reglamento, son acordes al fijar legalmente el concurso del Estado en la prestaci�n de los servicios p�blicos que en materia de seguridad p�blica y tr�nsito (incluyendo en esta �ltima la vialidad y el transporte) se atribuyen en principio a los Municipios, en favor de quienes es indiscutible que est� referida la facultad de expedir reglamentos en materias tales como la circulaci�n, vialidades peatonales, seguridad, estacionamientos y otras afines, en la medida en que no trasciendan el �mbito de sus respectivas jurisdicciones y eviten la eventual colisi�n con otras disposiciones municipales. Dentro de estas facultades que incuestionablemente tienen los Municipios en la materia, est� la de designar y remover, en su caso, al personal que intervenga en los servicios p�blicos correspondientes, en particular a los que est�n destinados a la preservaci�n de las normas municipales relativas, como son los agentes de tr�nsito y sus jefes, con la �nica salvedad referida precisamente al Municipio de Xalapa, por las razones que se expresar�n al hacer referencia al segundo concepto de invalidez. Es precisamente acorde con lo dicho en el p�rrafo inmediato anterior, sobre la necesidad de que en materia de tr�nsito, vialidad y transporte en el Estado de Veracruz-Llave, participe el Gobierno del Estado con los Municipios, el sentido de la tesis que, bajo la voz: �SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS.�; se invoca en la parte final del primer concepto de invalidez al que ahora se hace referencia, en la primera de sus hip�tesis. Debe hacerse la salvedad de que los servicios p�blicos a que se refiere la fracci�n III inciso h) del art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica, est�n referidos a seguridad p�blica y tr�nsito, lo que aparentemente supone dos �mbitos de actuaci�n administrativa distinta; bajo este supuesto interpretativo, la seguridad p�blica es un concepto distinto al de tr�nsito. Sin embargo, existen elementos que permiten establecer que encierran un servicio de la misma naturaleza. En efecto, si se tratara de servicios p�blicos diferentes, el Constituyente los habr�a clasificado por separado en la relaci�n que se hace en la citada fracci�n III del art�culo 115 constitucional, lo que no ocurri� y permite inferir que, o bien, existe una similitud conceptual en las materias de seguridad p�blica y tr�nsito, o bien, una �ntima relaci�n entre uno y otro, que pr�ctica y jur�dicamente hacen innecesario distinguirlos. Es comunmente aceptado que el tr�nsito -bien se trate del que est� bajo la jurisdicci�n de las autoridades federales, de las estatales o de las municipales- se controla a trav�s de agentes cuyas funciones se identifican con las de las polic�as preventivas, por disponer de facultades para imponer sus decisiones, al momento en que en su concepto sobrevienen violaciones a los reglamentos correspondientes, a fin de preservar el orden reglamentario y el orden p�blico, en previsi�n de consecuencias posteriores de mayor gravedad. En este sentido se pronuncia tambi�n el art�culo 13 de la Ley de Seguridad P�blica para el Estado de Veracruz-Llave. La misma Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz, equipara al tr�nsito como un concepto del m�s amplio de seguridad p�blica al establecer, en su art�culo 61, que todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte, as� como el de los Ayuntamientos, que desempe�e trabajo, funciones o actividades de la materia que regula la propia ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica. En esta virtud, todas las consideraciones que se han dejado vertidas con respecto a la materia de tr�nsito, vialidad y transporte, relativa al Municipio de Xalapa, Ver., deben entenderse referidas a los servicios p�blicos se�alados en el inciso h) de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Federal. Por todo lo anterior, resulta indudable que la supuesta inconstitucionalidad a que se refiere el primer concepto de invalidez expresado en la demanda que se contesta, no opera en la especie y, por lo mismo, debe desestimarse la controversia constitucional en lo que a tal concepto se refiere. Segundo. El segundo concepto de invalidez alegado en la demanda que se contesta, se motiva sint�ticamente en lo siguiente: Se dice que el Gobierno del Estado pretexta su negativa a la municipalizaci�n del tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, por tratarse de la capital del Estado y por ser sede permanente de los poderes estatales, por lo que corresponde al gobernador la facultad de tener bajo su inmediata dependencia el mando de la polic�a, lo que est� previsto en el art�culo 115, fracci�n VII de la Constituci�n Federal, en el art�culo 87, fracci�n XXVI de la Constituci�n del Estado y en el art�culo 61 de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave. Tal respuesta se califica de �ma�osa� (t�rmino impropio en una relaci�n que debe ser de mutuo respeto). Pues en opini�n de los actores enjuiciantes, constituye un sofisma, carece de �tica pol�tica y de respeto al orden constitucional federal, nula de pleno derecho en cuanto a acto autoritario sustentado en leyes locales inconstitucionales y violatoria del derecho del Ayuntamiento a prestar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. La Constituci�n conf�a su defensa a la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, anulando los actos de autoridad que la conculcan, como en opini�n del enjuiciante es el caso materia de la presente controversia, en que el Ayuntamiento de Xalapa, Ver., para prestar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, ha emitido un reglamento y requerido al Gobierno del Estado la transferencia y entrega de los recursos para prestar tal servicio, recibiendo una respuesta negativa infundada y violatoria de la Carta Magna. No se acepta el argumento en que se apoya la negativa del Gobierno del Estado -siguen diciendo los demandantes-, porque no se est� reclamando la municipalizaci�n del servicio de seguridad p�blica, que podr� reclamarse porque la Constituci�n Federal s�lo confiere a los gobernadores el mando de la fuerza p�blica, pero no les otorga derechos exclusivos para la prestaci�n del servicio de seguridad p�blica. Como ejemplo, se invoca el caso del Distrito Federal, capital del pa�s y residencia habitual del Ejecutivo Federal, donde la seguridad p�blica, el tr�nsito y la vialidad, son servicios que est�n a cargo del Gobierno Local y el presidente de la Rep�blica conserva el mando de la fuerza p�blica. Al dar respuesta al primer concepto de invalidez, se dej� precisado que los t�rminos seguridad p�blica y tr�nsito que conjunta la Constituci�n General de la Rep�blica en su art�culo 115, fracci�n III, inciso h), atribuidos como servicios p�blicos a ser prestados por los Municipios -con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes-, constituyen un concepto a tal grado relacionado que resulta pr�cticamente inseparable. Nos remitimos a lo antes dicho sobre este particular, en obvio de reiteraciones innecesarias. Ahora bien, en la comunicaci�n dirigida al Lic. R.H.�ndez V., presidente municipal de Xalapa, Ver., suscrita por el jefe del Jur�dico de Gobierno, L.. J.L.Z.S., y constante en oficio n�mero SG-J2666/98 de 21 de agosto del presente a�o, por el que se dio respuesta al oficio 075/98 de 5 del mismo mes, se se�ala sustancialmente que la fracci�n VII del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, determina que el Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente, que la Constituci�n Pol�tica Local, en su art�culo 114, fracci�n X, se�ala que los Municipios, con el concurso del Estado cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo, entre otros servicios p�blicos, el de tr�nsito municipal; la fracci�n XI del precepto citado en �ltimo t�rmino determina que, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeci�n a la ley, los Municipios podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos que les correspondan, raz�n esta por la cual tambi�n se indica que el Ejecutivo Estatal tiene celebrados convenios con distintos Municipios de la entidad; que la Constituci�n Pol�tica del Estado, a trav�s de la fracci�n XXVI de su art�culo 87, confiere al gobernador la facultad de tener bajo su inmediata dependencia a la polic�a, donde residan los Poderes del Estado; y que, finalmente, la misma facultad se contiene en el texto del art�culo 14 de la Ley de Seguridad P�blica para el Estado de Veracruz-Llave. En la propia respuesta se afirma que, por disposici�n del art�culo 57 de la Constituci�n Pol�tica Local, la ciudad de Xalapa es la capital del Estado y sede permanente de los poderes, y se�ala tambi�n que, conforme al art�culo 61 de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave, todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte y el de los Ayuntamientos que desempe�en trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esa ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica. La comunicaci�n en comento concluye con una referencia a la tesis de jurisprudencia que los mismos demandantes invocan en la parte final de su primer concepto de invalidez, visible a fojas 9 de la demanda, bajo la voz: �SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS.�, a la que ya se hizo referencia con antelaci�n, y que sustenta la posici�n del Poder Ejecutivo del Estado en el sentido de que estando la ciudad de Xalapa ubicada en el Municipio del mismo nombre, por disposici�n de la Constituci�n Pol�tica Local, y por as� disponerlo tambi�n la fracci�n VI del art�culo 115 de la Constituci�n Federal y las dem�s disposiciones legales que se han dejado invocadas, corresponde al gobernador del Estado el mando de la fuerza p�blica y de la polic�a, no s�lo porque dicha poblaci�n sea el lugar donde el Poder Ejecutivo del Estado reside habitualmente sino, adem�s, porque en ese mismo lugar residen todos los Poderes del Estado. El aspecto ejemplificativo al que recurren los suscriptores de la demanda en este segundo concepto de invalidez, al traer a colaci�n el caso del Gobierno del Distrito Federal, no �nicamente lo estimamos infortunado sino que lo hacemos nuestro. Sin perjuicio de que la fracci�n VII del art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica es imperativa al se�alar que: �El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente.�; el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es terminante tambi�n al se�alar en su art�culo 34 que: �corresponde al presidente de la Rep�blica el mando de la fuerza p�blica en el Distrito Federal y la designaci�n del servidor p�blico que la tenga a su cargo, pudiendo disponer que el mismo quede bajo las �rdenes del jefe del Distrito Federal. Asimismo, podr� delegar en este �ltimo las funciones de direcci�n en materia de seguridad p�blica.�. Esta situaci�n jur�dica se complementa con el art�culo 35 del mismo ordenamiento, conforme al cual �el presidente de la Rep�blica ser� informado permanentemente por el jefe del Distrito Federal respecto de la situaci�n que guarda la fuerza p�blica en la ciudad, sin perjuicio de que disponga que tambi�n lo haga directamente el servidor p�blico que la tenga a su cargo.�. De los textos transcritos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que en el caso a estudio est� referido a los servicios de seguridad p�blica, el tr�nsito y la vialidad, y que los demandantes exponen como caso ejemplificativo, se robustece la justificaci�n para desestimar el segundo concepto de invalidez que se contesta, por cuanto a que es claro que, al igual que sucede en el Distrito Federal respecto del presidente de la Rep�blica, la ciudad de Xalapa y el Municipio del mismo nombre del Estado de Veracruz-Llave es la residencia del gobernador y el asiento de los poderes estatales, por lo que si tal ejemplo es v�lido, no �nicamente se limita a acreditar la raz�n por la cual, tanto el presidente de la Rep�blica como el gobernador del Estado de Veracruz-Llave son depositarios del mando de la fuerza p�blica en las respectivas delimitaciones territoriales sino, adem�s, deben tener la facultad de designaci�n de quien tenga a su cargo el mando de la fuerza p�blica y, en su caso, disponer que �ste quede bajo las �rdenes de otro funcionario o delegar en este �ltimo las funciones de direcci�n en la materia, as� como la posibilidad de ser informado permanentemente respecto de la situaci�n que guarda la fuerza p�blica en dicha poblaci�n, a trav�s del funcionario en quien delegue tales facultades o de aqu�l de quien �ste dependa. A lo anterior debe agregarse la nutrida normatividad que incide en esta cuesti�n, acorde con lo hasta aqu� dicho, como se desprende de los art�culos 9o., 11, fracci�n I y 27, fracciones XI y XXXIX de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de Veracruz-Llave. En esta virtud, el segundo concepto de invalidez debe desestimarse porque, siendo la seguridad p�blica y el tr�nsito servicios p�blicos que, unidos bajo un mismo concepto, se prestan a trav�s de personal al que le es atribuible la naturaleza de fuerza p�blica, el Municipio de Xalapa, Ver., no est� legitimado para prestar los servicios p�blicos inherentes, por la raz�n prevista constitucional y legalmente de ser en dicha entidad municipal en donde reside habitualmente el gobernador y se encuentran asentados los Poderes del Estado de Veracruz-Llave. A modo de resumen sobre todo lo antes dicho con relaci�n a los conceptos de invalidez que hacen valer los enjuiciantes, as� como con la legalidad con la que se ha conducido el Gobierno del Estado, nos permitimos exponer el siguiente. Planteamiento del problema constitucional materia de esta controversia. 1. Los demandantes sostienen que la Constituci�n Federal, en su art�culo 115, fracci�n III, inciso h), le otorga a los Municipios la competencia para prestar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. 2. Que, en el caso concreto, hasta la fecha el Gobierno del Estado ha sido quien ha ofrecido dicho servicio p�blico, de acuerdo con la ley que en la materia expidi� la legislatura de dicha entidad. 3. Que tanto la Ley de Tr�nsito y Transporte local, como el Poder Ejecutivo y el �rgano dependiente de �l, encargado de la prestaci�n del referido servicio p�blico, invaden la esfera competencial que la Constituci�n General de la Rep�blica otorga a los Municipios. 4. Que ante esta invasi�n del Estado en la competencia del Municipio, debe resolverse que la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito por parte del Estado -por lo que se refiere al Municipio de Xalapa-, deben invalidarse para que dicho servicio sea prestado en lo sucesivo por el Ayuntamiento, a quien deben entreg�rsele los recursos humanos y materiales para el cumplimiento de tal funci�n p�blica. Aspectos constitucionales relacionados con el tr�nsito. Para resolver esta controversia constitucional debe atenderse, en primer lugar, el tema inherente al tr�nsito, de acuerdo con la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley Suprema del pa�s, a fin de desentra�ar qui�nes y por qu� deben intervenir en esta materia. En materia de tr�nsito, existe competencia en favor de la Federaci�n, de los Estados y de los Municipios, sin que esto signifique que esa competencia se d� indistintamente en favor de estas tres instancias de gobierno, sino que cada una de ellas tiene su propio y limitado �mbito. En efecto, existe competencia que en materia de tr�nsito se otorga, expresa y �nicamente a la Federaci�n; la que tienen los Estados de la Rep�blica dentro de sus respectivas entidades; as� como la que se ha otorgado a los Municipios para que �stos, dentro de su jurisdicci�n territorial, lleven a cabo la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito en lo que toca al �mbito municipal, sin que dicho �mbito pueda invadir esferas competenciales que son de los Estados o de la Federaci�n. A) Competencia federal. La Constituci�n otorga a la naci�n mexicana el dominio de las v�as generales de comunicaci�n, y al Congreso la facultad para legislar en esta materia. En ejercicio y cumplimiento de su competencia constitucional, el H. Congreso de la Uni�n expidi� la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n y la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, en tanto que el presidente de la Rep�blica, en ejercicio de su facultad reglamentaria consagrada en el art�culo 89 de la Ley Fundamental, expidi� el Reglamento de la Polic�a Federal de Caminos, as� como el Reglamento de Tr�nsito de Carreteras Federales. De estas disposiciones legales se desprende claramente la existencia de carreteras que constituyen v�as generales de comunicaci�n, sobre las cuales los Poderes Federales ejercen su competencia. En ejercicio de la misma, las carreteras federales se construyen y el tr�nsito de personas y de veh�culos que sobre ellas fluye, es regulado tambi�n por las autoridades federales, incluy�ndose el otorgamiento de permisos de licencias, de estacionamientos, de clasificaci�n de los veh�culos, de se�alamientos, de calidad del transporte, de sanciones y, sobre todo, de los cuerpos de seguridad p�blica que est�n encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos dentro de las carreteras federales. De lo anterior es clara la facultad que tiene la Federaci�n, a trav�s del Gobierno Federal, en materia del tr�nsito de veh�culos y de personas sobre caminos y puentes federales, sin que por ejercer esta competencia se pueda pensar que la Federaci�n est� invadiendo la que en materia de tr�nsito se otorga a los Municipios, ya que debe entenderse claramente que esta materia -como se ha dicho con anterioridad- encuentra tres aspectos, de los cuales uno corresponde a los Municipios, otro a los Estados de la Rep�blica y otro al Gobierno Federal, sin que deba existir invasi�n de esferas competenciales entre ellos. B) Competencia estatal. En los t�rminos del art�culo 124 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes Federales se les ha otorgado un �mbito de competencia espec�fico, por lo que las tareas que se les han encomendado deben estar clara y expresamente demarcadas en la Carta Magna, como sucede con la competencia en materia de v�as generales de comunicaci�n, entre las que se encuentran los caminos o carreteras federales. Todos aquellos actos de gobierno que no se otorgaron expresamente a los Poderes Federales, se entienden reservados en favor de los Estados de la Rep�blica, de lo que se infiere que si un acto de gobierno no aparece en la Constituci�n conferido a dichos poderes, significa que qued� reservado para los Estados que forman nuestra Federaci�n. Trat�ndose de caminos o carreteras, existen las de car�cter federal, seg�n lo se�alan los art�culos 1o. y 2o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte Federal, indic�ndose en estos preceptos, en forma clara y directa, qu� carretera tiene el car�cter y naturaleza federal y, por ende, la competencia para su construcci�n, funcionamiento y regulaci�n del tr�nsito corresponde a los Poderes Federales. Aparte de los caminos o carreteras federales, existen los de car�cter estatal, sobre los cuales de ninguna manera tienen jurisdicci�n o competencia los Poderes Federales, sino que sobre esos caminos o carreteras la competencia la tienen los Gobiernos de los Estados. En efecto, dentro del territorio de los Estados, como en el caso de Veracruz-Llave, existen carreteras y caminos estatales, cuya construcci�n, conservaci�n, operaci�n y regulaci�n del tr�nsito de personas y de veh�culos corresponde y debe corresponder a los Poderes del Estado, toda vez que en dichos actos est�n de por medio los intereses de toda la poblaci�n de la entidad, es decir, son disposiciones aplicables a la generalidad de los habitantes y dentro de todos los Municipios, por lo que la competencia para atender y resolver esos aspectos de car�cter general debe corresponder a los Poderes del Estado dentro de sus respectivos �mbitos, como son las tareas relativas a la construcci�n de caminos o carreteras que comunican dos o m�s Municipios, el otorgamiento de concesiones o permisos en materia de tr�nsito para circular dentro del territorio del Estado en rutas que abarquen varios Municipios, el otorgamiento de licencias para automovilistas que les permitan circular en todo el Estado y que tengan validez en la Rep�blica, en los t�rminos del art�culo 121 de nuestra Ley Fundamental; o bien, la expedici�n de placas de circulaci�n que permitan a los veh�culos cumplir con este requisito, inherente a tal entidad federativa y, sobre todo, la existencia y control de un cuerpo de seguridad que, en materia de tr�nsito, opere y tenga jurisdicci�n en todo el territorio del Estado. Estos aspectos son de la competencia del Gobierno Local, sin que con el ejercicio de dichas atribuciones se invadan las esferas de la Federaci�n o de los Municipios, debiendo destacarse que en torno al tr�nsito de competencia estatal, deben existir leyes que rijan en la materia, tal como acontece en el Estado de Veracruz-Llave, en donde el Congreso Estatal expidi� la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave. C) Competencia municipal. El art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica, establece expresamente que los Estados contar�n con un gobierno con las mismas caracter�sticas del federal y que existir� en dichas entidades una divisi�n territorial y una organizaci�n pol�tica y administrativa, cuya base ser� el Municipio Libre, indicando los aspectos fundamentales conforme a los cuales existir�n tales Municipios y ser�n gobernados por sus Ayuntamientos, as� como los �mbitos de competencia que se les confieren. Debe destacarse que el Municipio conforma el tercer nivel de gobierno, es decir, en �ste deben realizarse las tareas b�sicas inherentes a la administraci�n p�blica, para que sean las propias ciudades las que cumplan con sus tareas de autogobierno de acuerdo con los reglamentos gubernativos que al respecto expidan sus autoridades competentes. Las disposiciones legales que expiden los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus tareas administrativas, son los reglamentos de polic�a y buen gobierno, en los t�rminos de los art�culos 21 y 115 de la Constituci�n Federal. Las autoridades municipales, como son los Ayuntamientos, tienen competencia o jurisdicci�n solamente dentro del espacio territorial que pertenezca a ese Municipio. En cada Estado de la Rep�blica existe una pluralidad de Municipios, como acontece en el Estado de Veracruz-Llave, en donde existen doscientos diez, contando cada uno de ellos con su propio Ayuntamiento y, en consecuencia, con sus bandos municipales o reglamentos de polic�a y buen gobierno, que tienen aplicaci�n �nica y exclusivamente en el Municipio respectivo, con lo que tambi�n se cuenta con todas esas disposiciones legales que rigen en la entidad con las limitaciones mencionadas. En la Constituci�n General de la Rep�blica se han plasmado principios fundamentales con relaci�n a los Municipios, para que exista homogeneidad en todos ellos y se conviertan en lugares en donde realmente se cumplan las tareas de la autoadministraci�n por parte de las poblaciones que los componen y, de esta manera, no est�n a expensas de situaciones de car�cter pol�tico que puedan favorecerlos o marginarlos, a capricho de las autoridades estatales o federales existentes en un determinado momento. La Carta Magna, para dar congruencia a las tareas de administraci�n que se encomiendan a los Municipios, ha se�alado un n�mero claro y espec�fico de funciones que deben cumplir los Ayuntamientos, es decir, que son competencia del Municipio, como son, entre otras, las de seguridad p�blica y tr�nsito; sin embargo, esta competencia que se otorga a los Municipios debe entenderse en congruencia con la que en la misma materia tienen tanto la Federaci�n como los Estados, lo que debe llevarnos a concluir que en seguridad p�blica y en tr�nsito hay competencia federal, competencia estatal y competencia municipal. Las dos primeras han quedado referidas en los apartados anteriores, en tanto que la otorgada a los Municipios debe entenderse como aquellas tareas que van a tener aplicaci�n solamente dentro del �mbito territorial que le corresponde al Municipio respectivo. En otras palabras, existen disposiciones que en materia de tr�nsito deben regir para toda la entidad federativa o Estado, lo que significa que la competencia estatal debe estar contenida en una ley, como sucede en el Estado de Veracruz-Llave, en los t�rminos que han quedado mencionados con anterioridad. Las tareas inherentes al tr�nsito municipal deben estar contenidas en los reglamentos de polic�a y buen gobierno que al respecto expidan los Municipios, en el entendido de que esos reglamentos no pueden invadir esferas competenciales ni del Estado ni de la Federaci�n. En el presente caso, el Congreso Estatal expidi� la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave, que contiene los principios generales que van a regir en la materia en todo el Estado, as� como los principios generales de acuerdo con los que los Ayuntamientos tendr�n que expedir los reglamentos gubernativos en la misma materia. Con apego absoluto a la Constituci�n, a los Municipios se les deja la tarea de la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito dentro de su jurisdicci�n territorial, teniendo dichos Municipios toda la competencia en cuanto a la operatividad y regulaci�n del tr�nsito de veh�culos y de personas y dem�s tareas que deben ser aplicadas por las autoridades municipales, como son la circulaci�n, la se�alizaci�n, el estacionamiento, la seguridad local, la imposici�n de infracciones y sanciones, etc. Estos aspectos competenciales se derivan de los diversos preceptos de las leyes que han quedado mencionadas, as� como del texto mismo del art�culo 115, fracci�n III, constitucional, que expresamente indica que las tareas que en dicho texto se encomiendan a los Municipios, podr�n ser realizados por �stos �... con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes ...�. Resulta innegable que en este caso, los servicios en materias de seguridad p�blica y de tr�nsito deben ser llevadas a cabo tanto por los Estados como por los Municipios, porque es necesario que las dos instancias de gobierno intervengan en ellas, sin que por esta raz�n pueda considerarse que existe invasi�n de competencia por parte del Estado dentro de los Municipios, ya que por la pluralidad de Municipios que existen en la entidad, los servicios p�blicos que presten cada uno de ellos deben ser realizados en forma arm�nica y con principios generales fundamentales dentro de los que deben ejercer esa competencia y expedir sus reglamentos, tal como est� previsto dentro del Estado de Veracruz-Llave, en donde se ejerce la soberan�a estatal en materias de su competencia, y se respeta al Municipio en las tareas que a �ste le han sido encomendadas. D) Exclusi�n del Ayuntamiento del Municipio de Xalapa de los servicios de seguridad p�blica y tr�nsito. Independientemente de todo lo expuesto en este cap�tulo, debe destacarse lo establecido en el art�culo 115, fracci�n VII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, que a la letra dice: �Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: ... VII. El Ejecutivo Federal y los gobernados (sic) de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente, ...�. Por su parte, el art�culo 87 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en su parte conducente dice: �Son facultades y obligaciones del gobernador: ... XXII. Disponer de las fuerzas de seguridad p�blica y movilizar a la Guardia Nacional, dentro de los l�mites del Estado, seg�n lo exijan las necesidades p�blicas, y ordenar que pase la guardia a otros Estados, en los t�rminos que disponga la Constituci�n General; ... XXVI. Tener bajo su inmediata dependencia la polic�a, donde residan los Poderes del Estado; ...�. Estas disposiciones emanan de la Ley Suprema de la Federaci�n y de la Ley Suprema del Estado de Veracruz-Llave, por lo que nada ni nadie puede estar por encima o en contra de ellas. Asimismo, tales disposiciones no se contradicen ni se oponen al art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Federal, sino que se complementan y deben interpretarse en forma arm�nica y hermen�utica. Abunda el anterior criterio, en un nivel de legalidad inmediato inferior, el art�culo 14 de la Ley de Seguridad P�blica para el Estado de Veracruz-Llave, que establece en su primer p�rrafo lo siguiente: �El gobernador podr� disponer de las fuerzas de seguridad p�blica dentro de los l�mites del Estado, tendr� bajo su inmediata dependencia a la polic�a en el lugar donde residan los Poderes del Estado y ejercer�, como suprema instancia, las funciones conducentes a organizar y disciplinar las fuerzas de la entidad. ...�. De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que en materia de seguridad p�blica, que comprende polic�a y tr�nsito, existe una competencia en la que concurren los tres niveles de gobierno, como se ha dicho anteriormente, es decir, el federal, el estatal y el municipal; sin embargo, a esta regla general recae una excepci�n que consiste en que la materia de seguridad p�blica, trat�ndose del lugar en donde residan los poderes estatales, ya no es del �mbito de los Municipios, sino solamente competencia del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente. En el caso concreto, la capital del Estado de Veracruz-Llave es la ciudad de Xalapa, que es la residencia de los poderes estatales y, consecuentemente, el lugar en donde las fuerzas de seguridad p�blica no corresponden al Ayuntamiento, sino solamente al gobernador, raz�n por la cual al Municipio de Xalapa, demandante o parte actora en este juicio, no le asiste la raz�n ni en el aspecto general inherente a la materia de tr�nsito, porque los poderes estatales no est�n invadiendo ninguna competencia municipal; porque el Ayuntamiento de Xalapa debe estar al margen de las tareas relativas a la seguridad p�blica, por ser �stas de competencia eminentemente estatal, a cargo del Ejecutivo de la entidad. Las consideraciones anteriores quedan claramente corroboradas con las disposiciones constitucionales transcritas, as� como con el art�culo 61 de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave, que en su parte conducente a la letra dice: �Todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte, as� como el de los Ayuntamientos que desempe�en trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica y ser� de confianza; ...�. Defensas y excepciones. Oponemos desde luego la excepci�n procesal de falta de legitimaci�n activa para promover la presente controversia constitucional, por parte del presidente municipal y s�ndico �nico del H. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Ver., excepci�n que sustentamos en las siguientes consideraciones: En el escrito de demanda, y precisamente en el cap�tulo denominado �Requisitos de la demanda�, se se�ala bajo el apartado I que la parte actora en el juicio es el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Ver., representado en t�rminos de los art�culos 36 fracci�n V, 38 y dem�s relativos de la Ley Org�nica del Municipio Libre, por el presidente municipal y por el s�ndico �nico. Ahora bien, los promoventes de la controversia la suscriben en representaci�n del Ayuntamiento, que en t�rminos del art�culo 105, fracci�n I, inciso i), carece de legitimaci�n para someter al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n una controversia constitucional, porque �sta se da precisamente entre un Estado y uno de sus Municipios, sin que de las restantes hip�tesis del mismo precepto aparezca prevista la posibilidad de una controversia de la misma especie en la que pueda ser parte alg�n Ayuntamiento. En efecto, en t�rminos del precepto aludido, pueden suscitarse controversias constitucionales entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y si bien los Municipios act�an a trav�s de sus Ayuntamientos, que son los �rganos que los representan, no es dable confundir al ente representado con el �rgano representante, ya que son instituciones totalmente distintas. En esa virtud, si la presente controversia la plantea el Ayuntamiento de Xalapa, Ver., y as� se dice espec�ficamente en la demanda, hay una notoria falta de legitimaci�n activa, porque dicho Ayuntamiento no tiene opci�n legal de plantearla. Debe destacarse que en materia de controversias constitucionales existe la figura de la suplencia de la queja, misma que debe entenderse, para el caso que nos ocupa, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n puede suplir en ellas deficiencias de naturaleza estrictamente jur�dica, pero no sustituir a una parte por otra, ni considerar al representado por el representante, porque esto equivaldr�a no a suplir la queja, sino a sustituir a las partes. En otras palabras, no es lo mismo Municipio de Xalapa que Ayuntamiento de Xalapa, diferencia esencial para el planteamiento de esta controversia, en la medida en que el art�culo 105 de la Constituci�n considera como titular de esta acci�n a los Municipios, que son representados por sus Ayuntamientos, pero de ninguna manera a los Ayuntamientos por s� mismos. Declarar procedente esta controversia significar�a modificar el alcance de la Constituci�n para considerar como entes titulares de la acci�n ya no solamente a los Municipios, sino a los Ayuntamientos, lo que resulta contrario a la letra y al esp�ritu del art�culo 105 de nuestra Ley Fundamental. Lo procedente de esta excepci�n resulta claro si tomamos en consideraci�n que en el supuesto no concedido de que se dictara sentencia d�ndole la raz�n al Ayuntamiento, el efecto de la misma no puede beneficiar al actor, sino que tendr�a que beneficiar al Municipio, no obstante que no fue parte en el juicio. Hacemos valer igualmente, y en nombre del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, la falta de acci�n constitucional en los actores, para exigir las declaraciones de invalidez que promueve en la presente v�a constitucional, por no estar tales exigencias apoyadas en derecho y por la notoria falta de legitimidad para pretender facultades que en forma n�tida est�n constitucional y legalmente referidas al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, conforme se desprende de los t�rminos en que se ha producido esta contestaci�n. Negamos que sean aplicables al caso las diversas disposiciones legales, tanto de orden constitucional como legal y, en su caso, reglamentario, que se invocan en la demanda para sustentarla. Por el contrario, resultan de aplicaci�n los diversos preceptos de los �rdenes se�alados en que se fundan las excepciones y la contradicci�n de los conceptos de invalidez. Derecho. Son aplicables al presente asunto los art�culos 115, fracciones III y VII de la Constituci�n General de la Rep�blica; art�culos 57, 87, fracciones I, XXII y XXVI, 93, 114, fracciones X y XI de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz-Llave; art�culo 11, primer p�rrafo y 19, fracci�n VII de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; art�culo 10, fracci�n I de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; art�culo 14 de la Ley de Seguridad P�blica para el Estado de Veracruz-Llave; art�culos 36 y 38 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave; art�culo 61 de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave y, en t�rminos generales, todas las disposiciones legales que se han invocado en esta contestaci�n para sustentar las defensas opuestas. Tienen aplicaci�n tambi�n para este caso en particular las siguientes tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que se transcriben: �SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. (la transcribe). Controversia constitucional 19/95. Ayuntamiento de R�o Bravo, Tamaulipas. 1o. de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: A.A.R.C.. En los t�rminos de los art�culos 177 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean �stos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el once de noviembre en curso, aprob�, con el n�mero 69/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. M�xico, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.�; �CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. MOMENTO EN QUE INICIA EL PLAZO PARA HACERLAS VALER, CON MOTIVO DE LA PUBLICACI�N DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, ANTERIOR A LA FECHA EN QUE ENTR� EN VIGOR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (la transcribe con precedente). El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el veintid�s de abril en curso, aprob�, con el n�mero 28/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a veintid�s de abril de mil novecientos noventa y siete.�; �CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. (la transcribe con precedente). El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el dieciocho de marzo en curso, aprob�, con el n�mero XLIV/1996, la tesis que antecede; y determin� que la votaci�n es id�nea para integrar tesis de jurisprudencia. M�xico, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis.� y �CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL. (la transcribe con precedente). El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el diecis�is de junio del a�o en curso, aprob�, con el n�mero 54/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de junio de mil novecientos noventa y siete.�."

Por auto de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho del Ministro instructor se tuvo a las referidas autoridades contestando la demanda promovida en su contra. Asimismo, se reconoci� el car�cter de delegado de cada una de las autoridades demandadas, y del procurador general de la Rep�blica a los profesionistas que se mencionan en sus respectivos oficios y, adem�s, por presentadas las pruebas documentales que se acompa�an, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia de ley. Por otra parte, con copia del oficio de contestaci�n a la demanda y testimonio de este mismo auto se orden� correr traslado a la actora y al procurador general de la Rep�blica para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

QUINTO

Mediante oficio presentado el diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, R.H.�ndez V. y F.G.�a B., en sus respectivos caracteres de presidente municipal y s�ndico �nico, respectivamente, del Municipio de Xalapa, Veracruz, comparecieron para manifestar lo siguiente:

Que en tiempo y forma venimos a manifestar respecto de los escritos de contestaci�n a la demanda del Gobierno del Estado de Veracruz y de la H. Legislatura Local de esa entidad federativa, que los argumentos en que se apoya la reiterada negativa a la municipalizaci�n del tr�nsito y la vialidad en la ciudad de Xalapa, Ver., resulta infundada y carece de razonamiento jur�dico que la sustente. El extitular del Ejecutivo Local y el exsecretario general de Gobierno, argumentan que nuestra personalidad no est� probada y que la controversia constitucional s�lo puede formularse mediante acuerdo de Cabildo que seg�n su personal opini�n no se dio; sin embargo, ambas autoridades demandadas muestran total ignorancia del art�culo cuarto transitorio del Reglamento de Tr�nsito y Vialidad del Municipio de Xalapa, Ver., que al ser aprobado en sesi�n de Cabildo celebrada el 23 de julio del a�o en curso, autoriz� a los suscritos a instaurar demanda de controversia constitucional ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para reclamar el cumplimiento de la disposici�n contenida en el art�culo 115, fracci�n III, inciso h) de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y su correlativo art�culo 114, fracci�n X, inciso h), de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz. Lo anterior se encuentra debidamente acreditado con las documentales p�blicas enunciadas en los apartados 1o. a 6o. del cap�tulo de ofrecimiento de pruebas del escrito de demanda que dio inicio a esta controversia, por lo que el argumento de las demandadas carece de asidero jur�dico y de justificaci�n. Por otro lado, la oportunidad para plantear la controversia constitucional que nos ocupa, se apega al t�rmino establecido por el art�culo 21, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, ya que la negativa del gobernador del Estado para municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad se dio con fecha 21 de agosto del presente a�o y dentro de los treinta d�as siguientes, es decir, el d�a 9 de septiembre anterior qued� presentada ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de nuestro m�s Alto Tribunal, el escrito de demanda correspondiente; de ah�, que se haya radicado el presente juicio con las consecuencias legales que las partes conocemos. Los conceptos de invalidez de los actos jur�dicos y normatividad que se oponen a la municipalizaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Ver., est�n debidamente sustentados en el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y en las tesis jurisprudenciales P./J. 69/96 y P./J. 70/96 del Tomo IV, del mes de noviembre de 1996, p�ginas 329 y 330, Novena �poca, emitidas por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Finalmente, la instancia del Gobierno del Estado de Veracruz, para mantener bajo su control la operaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, por encima del mandato constitucional antes invocado, bajo el infundado pretexto de que se trata de la capital del Estado, sede de los poderes estatales y residencia del titular del Ejecutivo, no debe prosperar debido a que no se reclama en la controversia constitucional en comento, la municipalizaci�n del servicio de seguridad p�blica, sino �nicamente el control de la circulaci�n vial y peatonal dentro del territorio del Municipio de Xalapa, sin disputar en modo alguno �el mando� sobre la fuerza p�blica que queda reservado al depositario del Poder Ejecutivo Local. Las consideraciones vertidas, son aplicables tambi�n para desahogar la vista del escrito de contestaci�n a la demanda suscrito por los exdiputados P.N.U. y C.R.M., respecto de la invalidez de la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, por las trabas y candados legales que contienen, obstaculizando el cumplimiento del art�culo 115 constitucional en los t�rminos precisados en el escrito de demanda."

SEXTO

Mediante oficio presentado el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el procurador general de la Rep�blica present� su pedimento solicitando lo siguiente:

Primero

Tenerme por presentado en tiempo y forma, con la personalidad que tengo acreditada y reconocida en autos, haciendo las manifestaciones que formulo en los t�rminos del presente ocurso. Segundo. Declarar que la controversia constitucional es procedente y promovida en tiempo, por lo que hace a los actos impugnados, no as� en relaci�n con las normas, respecto de las cuales se debe decretar su sobreseimiento. Tercero. Declarar en relaci�n con la actora, que el s�ndico cuenta con facultades para representar al Municipio y, sobreseer la controversia por lo que respecta al presidente municipal, toda vez que no cuenta con la legitimaci�n procesal activa para comparecer en el presente juicio. Cuarto. En su oportunidad declarar el sobreseimiento de la controversia constitucional, en los t�rminos del art�culo 19, fracci�n VI, en relaci�n con el 20, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105. Quinto. Ad cautelam, declarar infundados los conceptos de invalidez esgrimidos por la actora."

S�PTIMO

Por auto de seis de enero de mil novecientos noventa y nueve se orden� agregar a los autos el oficio presentado por el presidente municipal y s�ndico �nico del Ayuntamiento actor y el oficio del procurador general de la Rep�blica. As� mismo, se cit� a las partes para que asistieran a la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, que tendr�a verificativo a las diez horas del d�a tres de febrero de ese mismo a�o.

A fojas trescientos veintitr�s del expediente formado con motivo de la presente controversia constitucional obra el acta levantada con motivo de la audiencia celebrada el tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que es del tenor literal siguiente:

En la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, siendo las diez horas del d�a tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve, hora y d�a se�alados por acuerdo de fecha seis de enero del a�o en curso, para que tenga verificativo la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los autos del expediente n�mero 25/98, relativo a la controversia constitucional promovida por los licenciados R.H.�ndez V. y F.G.�a B.G.�lez, en su car�cter de presidente y s�ndico del Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, respectivamente; el Ministro M.A.G.�itr�n, instructor designado para conocer del presente asunto, quien act�a en uni�n del secretario auxiliar de acuerdos de la Presidencia, titular de la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de este Alto Tribunal, licenciado O.A.C.Q., que autoriza y da fe, procedi� a declarar abierta esta audiencia. Acto seguido, se da cuenta al Ministro instructor con las siguientes constancias: oficio n�mero 169, de fecha veintis�is de enero, y anexo que se acompa�a; y oficio sin n�mero, de dos de febrero del a�o en curso, de los diputados C.B.G.�mez y Flavino R�os A., en su car�cter de presidente y secretario de la Diputaci�n Permanente de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal los d�as primero y tres del mes en curso, registrados con los n�meros 500490 y 500541, en el primero mediante el cual designan como delegada a la licenciada E.M.G.�a, adem�s de remitir copia de la documental por la que acreditan su personalidad los promoventes, y en el segundo oficio, ofrecen como pruebas de su parte copia certificada de diversas fojas de la Gaceta Oficial N�mero 8, del Gobierno del Estado de Veracruz; escrito de fecha dos de febrero del a�o en curso, de los licenciados R.H.�ndez V. y F.G.�a B.G.�lez, en su car�cter de presidente municipal y s�ndico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, recibido el d�a tres del indicado mes y registrado con el n�mero 500537, mediante el cual ofrecen como pruebas de su parte las documentales que obran en autos y formulan alegatos; escrito de fecha tres de febrero del presente a�o, del licenciado A.C.S., en su car�cter de delegado del gobernador constitucional y del secretario de Gobierno de la referida entidad, recibido el mismo d�a y registrado con el n�mero 500536, por el cual ofrece como pruebas de su parte las documentales que acompa�aron a su escrito de contestaci�n y formula los correspondientes alegatos; y el oficio n�mero PGR 45/99, de fecha dos de febrero del presente a�o, del subprocurador Jur�dico y de Asuntos Internacionales de la Procuradur�a General de la Rep�blica, en ausencia del titular de la dependencia, recibido este d�a y registrado con el n�mero 500538, por el que formula alegatos y solicita se le expida copia de la presente acta. Al efecto se provee: agr�guense al presente expediente los oficios y escritos antes relacionados y con fundamento en los art�culos 11, segundo p�rrafo, 31 y 34 de la ley reglamentaria de la materia, se tienen por presentadas a las autoridades mencionadas con antelaci�n, ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que corren agregadas en autos y formulando sus respectivos alegatos; asimismo, se tienen por presentados al presidente y al secretario del Congreso de la referida entidad, con la personalidad que ostentan, la cual se les reconoce en t�rminos de la documental exhibida y por acreditada como delegada de dicha autoridad, a la licenciada E.M.G.�a y por ofrecidas las pruebas que se acompa�aron a sus oficios. Finalmente, como lo solicita el subprocurador Jur�dico y de Asuntos Internacionales de la Procuradur�a General de la Rep�blica, en ausencia del titular de la dependencia, se le tiene presentando en v�a de alegatos, las manifestaciones contenidas en el oficio n�mero PGR 727/98, de fecha ocho de diciembre del a�o pr�ximo pasado y, por cuanto hace a la petici�n de la copia de la presente acta, con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 278 del C�digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci�n supletoria, en t�rminos del art�culo 1o. de la citada ley reglamentaria, exp�dasele y entr�guese a las personas designadas como delegados, previa constancia de recibo que se agregue en autos. A continuaci�n se hace constar la asistencia de las siguientes personas: el se�or F.G.�a B.G.�lez, en su car�cter de s�ndico del Ayuntamiento del Municipio actor, el que se identifica con la credencial para votar con n�mero de folio 49748875, expedida en el a�o de mil novecientos noventa y uno, por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral; el licenciado A.A.C., delegado del gobernador y del secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, el que se identifica con la c�dula profesional n�mero 169294, expedida el treinta de enero de mil novecientos noventa y seis, por la Direcci�n General de Profesiones de la Secretar�a de Educaci�n P�blica; la licenciada E.M.G.�a, delegada del Congreso de la entidad, misma que se identifica con la c�dula profesional n�mero 1813712, expedida el d�a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, por la Direcci�n General de Profesiones de la Secretar�a de Educaci�n P�blica; as� como la asistencia del licenciado Jes�s A.G.G.�lum y la pasante �ngela C.D.�n, en su car�cter de delegados del procurador general de la Rep�blica, quienes se identifican con las credenciales n�mero 051568 y 051529, expedidas por el oficial mayor de la dependencia; documentos que se tienen a la vista, haciendo constar que las fotograf�as que en los mismos aparecen coinciden con los rasgos fison�micos de sus poseedores a quienes se les devuelven; asimismo, se informa que el expediente principal de la presente controversia constitucional consta de doscientas noventa y cuatro fojas �tiles, debidamente foliadas y selladas, en el que corren agregadas las constancias relacionadas con la tramitaci�n de este asunto. Tambi�n se da cuenta con los cuadernos correspondientes a las pruebas presentadas por el Congreso y el gobernador constitucional, ambos del Estado de Veracruz, en sus escritos de fechas veintiocho de septiembre y quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, expedientes que constan, respectivamente, en ciento veinticinco y doscientas cincuenta y dos fojas �tiles, debidamente foliadas y selladas. Acto seguido el M.M.A.G.�itr�n, instructor designado para conocer del presente asunto, acuerda: con fundamento en los art�culos 31, 32, primer p�rrafo, y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece este �ltimo: �... Abierta la audiencia se proceder� a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes�, se admiten las pruebas documentales presentadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, de fecha nueve de septiembre del a�o pr�ximo pasado, registrado con el n�mero 11811; la documental presentada por el subprocurador Jur�dico y de Asuntos Internacionales de la Procuradur�a General de la Rep�blica, en ausencia del titular de la dependencia, en su oficio n�mero PGR 533/98, de fecha veinticuatro del indicado mes, registrado con el n�mero 11989; las pruebas exhibidas por los diputados presidente y secretario de la Diputaci�n Permanente de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, en su escrito de fecha veintiocho de septiembre del a�o pr�ximo pasado, registrado con el n�mero 12216, respecto del cual se form� el correspondiente cuaderno de pruebas; las pruebas presentadas en sus oficios de fechas veintis�is de enero y dos de febrero del a�o en curso, registrados con los n�mero 500490 y 500541; y las documentales presentadas por el gobernador constitucional de la entidad, en su escrito de fecha quince de octubre del pasado a�o, registrado con el n�mero 12684, con relaci�n al cual tambi�n se form� un expediente con las documentales exhibidas; pruebas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, sin pruebas pendientes de agregar, se reciben los alegatos de la parte actora, los que constan en el escrito de fecha dos de febrero del a�o en curso, recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia el d�a tres siguiente, registrado con el n�mero 500537; por lo que hace al gobernador y al secretario general de Gobierno de la entidad, los que se contienen en el escrito de su delegado, de esta fecha y registrado con el n�mero 500536; los alegatos de los diputados presidente y secretario de la Diputaci�n Permanente de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, en su oficio de fecha dos de febrero del presente a�o, registrado con el n�mero 500542; y los alegatos del subprocurador Jur�dico y de Asuntos Internacionales de la Procuradur�a General de la Rep�blica, en ausencia del titular de la dependencia, que constan en los oficios n�mero PGR 727/98 y PGR 45/99, de fechas ocho de diciembre del a�o pr�ximo pasado y dos del mes en curso, registrados con los n�meros 149 y 500538. Consecuentemente, se acuerda: agr�guense al expediente los escritos y oficios antes relacionados y de conformidad con el art�culo 34 de la ley que rige este procedimiento, se tiene a las partes formulando sus respectivos alegatos. Finalmente, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, se da por concluida la presente audiencia, firmando quienes en ella intervinieron y proceder� el Ministro instructor M.A.G.�itr�n, a elaborar el proyecto de resoluci�n con el que se dar� cuenta al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Doy fe."

OCTAVO

El presente asunto se vio en la sesi�n p�blica del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n correspondiente al veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve y, en virtud de que el Ministro ponente se encontraba desempe�ando una comisi�n oficial, se acord� su aplazamiento.

Asimismo, el asunto se list� para las sesiones del Tribunal Pleno de nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve y tres de febrero del a�o dos mil, habi�ndose acordado su retiro.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente controversia constitucional en atenci�n a lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 antes se�alado, dado que por esta v�a el presidente municipal y el s�ndico �nico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, demandan del gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y legislatura, todos del Estado de Veracruz, la invalidez constitucional de diversos actos entre los que se encuentran la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, promulgados, respectivamente, el doce de enero y el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho; la negativa del Gobierno del Estado de Veracruz para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Veracruz, y la negativa del gobierno citado para municipalizar el servicio p�blico referido, contenidas en el oficio SG-J2666/98 de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, suscrito por el jur�dico (sic) de Gobierno del Estado de Veracruz.

SEGUNDO

En primer lugar es menester analizar la oportunidad en la presentaci�n de la demanda.

El escrito de demanda de la presente controversia constitucional fue presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Los ordenamientos generales cuya invalidez se demanda son la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento, promulgados, respectivamente, el doce de enero y el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Adicionalmente por esta v�a se combate la negativa del Gobierno del Estado de Veracruz para municipalizar el servicio de tr�nsito y vialidad en la ciudad de Xalapa y, por consiguiente, la negativa a entregar materialmente los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el referido servicio p�blico, contenida en el oficio SG-J2666/98 de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, suscrito por el jur�dico (sic) de Gobierno del Estado de Veracruz.

Para determinar si la presente demanda fue presentada en tiempo es necesario transcribir enseguida los siguientes preceptos de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional y de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n:

Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional:

Art�culo 3o. Los plazos se computar�n de conformidad con las reglas siguientes: ... II. Se contar�n s�lo los d�as h�biles, y III. No correr�n durante los periodos de receso, ni en los d�as en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."

Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�: I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; II. Trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia, y III. ..."

L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n:

Art�culo 3o. La Suprema Corte de Justicia tendr� cada a�o dos periodos de sesiones; el primero comenzar� el primer d�a h�bil del mes de enero y terminar� el �ltimo d�a h�bil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzar� el primer d�a h�bil del mes de agosto y terminar� el �ltimo d�a h�bil de la primera quincena del mes de diciembre."

Art�culo 159. Los servidores p�blicos y empleados de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, disfrutar�n de dos periodos de vacaciones al a�o entre los periodos de sesiones a que se refieren los art�culos 3o. y 70 de esta ley. Los funcionarios designados para cubrir los recesos disfrutar�n de las correspondientes vacaciones dentro de los dos primeros meses siguientes al del periodo inmediato de sesiones."

De los preceptos anteriormente reproducidos se desprende que el plazo para interponer la demanda de controversia constitucional, deducida contra normas generales, es de treinta d�as y deber� computarse a partir del d�a siguiente al en que se publicaron las normas generales cuya invalidez se reclama, o bien, del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de su aplicaci�n. Adem�s, los numerales transcritos establecen que los plazos no corren durante los periodos de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y en las controversias constitucionales s�lo se cuentan los d�as h�biles.

Ahora bien, la Ley de Tr�nsito y Transporte impugnada fue publicada el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho y su reglamento el veinticuatro de noviembre de ese mismo a�o, fechas anteriores a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que inici� su vigencia treinta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, seg�n el primer art�culo transitorio de su decreto promulgatorio, por lo que se deber� estar a lo dispuesto por la tesis P./J. 28/97, publicada en la Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, p�gina 416, que dice:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. MOMENTO EN QUE INICIA EL PLAZO PARA HACERLAS VALER, CON MOTIVO DE LA PUBLICACI�N DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, ANTERIOR A LA FECHA EN QUE ENTR� EN VIGOR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El ejercicio de la acci�n de controversia constitucional, deducida contra normas generales, con apoyo en la nueva legislaci�n que regula y desenvuelve ese medio de defensa de la Constituci�n, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos: 1) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente de su publicaci�n; y 2) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma cuestionada. El primer supuesto, relativo a las normas generales ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, es sumamente peculiar, pues podr�a parecer que en este caso s�lo cabr�a impugnarlas cuando se realice su primer acto de aplicaci�n, en tanto que la publicaci�n de una norma general, en esas circunstancias, se efectu� antes de la vigencia de la ley de la materia. Con el fin de evitar lo anterior, y garantizar el ejercicio pleno de la acci�n de controversia constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n considera que trat�ndose de normas generales publicadas con anterioridad al inicio de vigencia de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, su impugnaci�n mediante la controversia constitucional, puede realizarse dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que entr� en vigor aqu�lla; o bien, dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida, pues con este criterio se respeta en toda su extensi�n la doble oportunidad que el legislador confiri� a los �rganos de poder para cuestionar la constitucionalidad de normas generales."

Del criterio que informa la tesis reproducida precedentemente, se desprende que trat�ndose de normas generales publicadas con anterioridad al inicio de vigencia de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, su impugnaci�n mediante la controversia constitucional puede realizarse dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que entr� en vigor aqu�lla; o bien, dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida. La aplicaci�n de la tesis reproducida permite establecer que en el caso, dado que la Ley de Tr�nsito y Transporte impugnada fue publicada el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho y su reglamento el veinticuatro de noviembre de ese mismo a�o, fechas anteriores a la entrada en vigor de la ley reglamentaria, deber� atenderse al acto de aplicaci�n de las mismas, ya que dichos ordenamientos no se impugnaron dentro del plazo de treinta d�as contado a partir del d�a siguiente al en que entr� en vigor la citada ley reglamentaria.

Seg�n la contestaci�n rendida por el gobernador y el secretario general de Gobierno, en relaci�n a la parte actora, el primer acto de aplicaci�n de las normas cuya invalidez se reclama por esta v�a, sucedi� el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis, fecha en la que se celebr� un convenio para coordinar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, mismo que obra en copia certificada a fojas cuarenta y seis y siguientes del expediente de pruebas del gobernador y del secretario general de Gobierno y que es del tenor literal siguiente:

Convenio de coordinaci�n que celebran, por una parte, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a quien en lo sucesivo se le denominar� �El Estado�, representado por el Gobernador Constitucional, P.C.C., asistido por su secretario general de Gobierno, M. �ngel Y.L., y por la otra el Ayuntamiento de Xalapa, a quien en lo sucesivo se denominar� �El Ayuntamiento�, representado por su presidente municipal, C.R.V., con el objeto de sentar las bases sobre las cuales prestar�n el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cl�usulas. Antecedentes: I. La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios, con el concurso de los Estados, cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo, entre otros servicios p�blicos, la seguridad p�blica y el tr�nsito. II. La Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave dispone que las leyes reglamentarias municipales se sujeten a bases que respeten la personalidad jur�dica y libre administraci�n del patrimonio de los Municipios. Se�ala tambi�n que �stos, con el concurso del Estado, cuando sea el caso y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito municipal. III. La Ley Org�nica del Municipio Libre establece que los Ayuntamientos deben nombrar comisiones para la atenci�n de los servicios p�blicos que les corresponda. Dentro de aqu�llas se encuentra la Comisi�n de Tr�nsito y Vialidad con las siguientes atribuciones: intervenir en la planeaci�n de los servicios de vigilancia y control del tr�nsito de veh�culos; promover acciones de vialidad para la protecci�n de los peatones y gestionar la instalaci�n de se�alamientos, nomenclatura vial y �reas de estacionamiento de veh�culos. Declaraciones del �Estado�: a) De conformidad con su Constituci�n Pol�tica, el Estado de Veracruz-Llave es integrante de la Federaci�n mexicana; libre, independiente y soberano en todo lo concerniente a administraci�n y gobierno interiores; que dentro de sus funciones destacan las de realizar las acciones que tiendan al desarrollo econ�mico, pol�tico, social y cultural de sus habitantes. b) Es facultad exclusiva del gobernador celebrar convenios y acuerdos con la Federaci�n, entidades federativas, Municipios e instituciones p�blicas y privadas. c) Cuenta, dentro de su administraci�n p�blica central, con la Secretar�a General de Gobierno, �rgano encargado de conducir, por delegaci�n del Ejecutivo, la pol�tica interna del Estado, al cual corresponde atender los asuntos de tr�nsito y transporte. De �El Ayuntamiento�: a) El Municipio Libre es la base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado. Cada Municipio es administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, y los Municipios est�n investidos de personalidad jur�dica para manejar su patrimonio conforme a la ley. b) Para la celebraci�n de convenios y acuerdos con la Federaci�n, los Estados, Municipios, e instituciones p�blicas y privadas requieren de la aprobaci�n de su Cabildo y de la autorizaci�n de la Legislatura del Estado. De �Las Partes�: a) �Las Partes� se reconocen la personalidad con la que se ostentan y manifiestan su voluntad de dar relevancia al hecho de que �El Ayuntamiento� promueva, gestione y supervise coordinadamente con �El Estado� el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. b) Con el objeto de avanzar en la descentralizaci�n y fortalecimiento municipal, en los t�rminos del presente documento se corresponsabilizan de la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad y se comprometen a estudiar y promover las reformas necesarias para consolidar este proceso de descentralizaci�n. c) �Las Partes� expresamente reconocen que las cuestiones relacionadas con el transporte p�blico en todas sus modalidades, no est�n consideradas en el presente convenio, y que siguen siendo responsabilidad exclusiva de �El Estado�, a trav�s de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte. Cl�usulas: Primera. El presente convenio establece las bases sobre las cuales �El Estado� y �El Ayuntamiento� se corresponsabilizan de la promoci�n y vigilancia del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. Segunda. �El Ayuntamiento� intervendr� ante �El Estado� para promover la planeaci�n de los servicios de vigilancia y control de tr�nsito de veh�culos; acciones de vialidad tendientes a la protecci�n de los peatones; instalaci�n de se�alamientos; nomenclatura vial y �reas de estacionamiento de veh�culos. Tercera. �El Ayuntamiento� supervisar� las labores que desempe�en los funcionarios de la Delegaci�n de Tr�nsito y Transporte, y reportar� a �El Estado� las anomal�as y deficiencias en la prestaci�n del servicio. Cuarta. �El Estado� se reserva el derecho de autorizar y regular el transporte p�blico en la entidad en todas sus modalidades. Quinta. Atendiendo a la propuesta que reciba de �El Ayuntamiento�, �El Estado� expedir� el nombramiento del titular de esta delegaci�n. La propuesta deber� ser acordada por el Cabildo y formalizada por el presidente municipal. Sexta. �El Ayuntamiento� formalizar� su propuesta de titular de la delegaci�n ante la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte en un plazo que no exceda del d�a doce de junio del presente a�o. S�ptima. En caso de que �El Ayuntamiento�, no realice su propuesta en el t�rmino se�alado en la cl�usula anterior, �El Estado�, designar� libremente al delegado de tr�nsito. Octava. �El Estado� se reserva la facultad de remover al delegado, previo acuerdo con �El Ayuntamiento� en caso de que contravenga las leyes y reglamentos de la materia. Novena. La duraci�n y vigencia del presente convenio es por tiempo indefinido. D�cima. �Las Partes� resolver�n de com�n acuerdo las controversias que surjan con motivo de la interpretaci�n del presente convenio de coordinaci�n respecto a su instrumentaci�n, formalizaci�n y cumplimiento. Le�do que fue, y enteradas del alcance y contenido legal de sus cl�usulas, las partes firman el presente convenio de coordinaci�n en la ciudad de Xalapa-Enr�quez, Veracruz, a los cinco d�as del mes de junio de mil novecientos noventa y seis. Por �El Estado� ... P.C.C. Gobernador Constitucional. R�brica ilegible. Por �El Ayuntamiento�. C.R.�guez V. presidente municipal. R�brica ilegible. M. �ngel Y.L. secretario general de Gobierno."

De la lectura del convenio reproducido no se desprende que en este acto se hayan aplicado las normas generales combatidas, dado que ninguna referencia se hace de ellas, y al no existir ning�n argumento o prueba de las partes que acredite la aplicaci�n anterior de las referidas normas, debe estimarse que el acto de aplicaci�n de las mismas lo constituye el oficio SG-J2666/98 de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, suscrito por el Jur�dico (sic) de Gobierno del Estado de Veracruz y que obra a fojas diecisiete y siguientes del expediente principal formado con motivo del presente asunto y que es del tenor siguiente:

Al margen superior derecho, Escudo Nacional con la leyenda Secretar�a General de Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. N�mero folio 14109. No. foja 00017. Oficio No. SG-J2666/98. C.L.. R.H.�ndez V.. Presidente Municipal Constitucional. Xalapa-Enr�quez, Veracruz. Presente. Por instrucciones del licenciado S.M.R., secretario general de Gobierno, con fundamento en la fracci�n XV del art�culo 27 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado, en respuesta a su atento oficio 075/98 de fecha 5 de agosto del a�o en curso, manifiesto a usted las siguientes consideraciones. Si bien es cierto que la Constituci�n General de la Rep�blica dispone en su art�culo 115 fracci�n III �Los Municipios con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos: ...�, inciso h) �Seguridad p�blica y tr�nsito ...�, tambi�n es cierto que el mismo art�culo constitucional en cita, se�ala en la fracci�n VII �El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente.�. Por su parte, la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave se�ala en el art�culo 114 fracci�n X �Los Municipios, con el concurso del Estado, cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos: ...�, inciso h) �Tr�nsito municipal ...�. El mismo art�culo citado de la Constituci�n de nuestro Estado dice en la fracci�n XI �Previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeci�n a la ley, los Municipios podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos que les correspondan.�; por esta raz�n el Ejecutivo Estatal tiene celebrados convenios con distintos Municipios de la entidad. La Constituci�n Pol�tica del Estado establece tambi�n, como facultad del gobernador, en su art�culo 87 fracci�n XXVI �Tener bajo su inmediata dependencia la polic�a, donde residan los Poderes del Estado.�. De igual manera la Ley de Seguridad P�blica para el Estado de Veracruz-Llave lo establece en su art�culo 14 �El gobernador ... tendr� bajo su inmediata dependencia a la polic�a en el lugar donde residan los Poderes del Estado ...�. En el caso que nos ocupa la ciudad de Xalapa es la capital de nuestro Estado y sede permanente de los poderes, seg�n lo determina la Constituci�n Pol�tica del Estado en su art�culo 57 �El lugar de sesiones de la H. Legislatura ser� la ciudad de Xalapa, en donde residir�n los Poderes del Estado, los que s�lo podr�n trasladarse a otro lugar, provisionalmente, por decreto del Pleno o de la Diputaci�n Permanente.�. As� mismo la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz-Llave, establece en el art�culo 61. �Todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte as� como el de los Ayuntamientos que desempe�en trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica ...�. Por tal motivo la petici�n por ustedes formulada resulta jur�dicamente improcedente y as� lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en tesis de jurisprudencia como la que me permito transcribirles para su mayor ilustraci�n y efectos legales procedentes: �... Las interpretaciones hist�rica, causal, teleol�gica y gramatical de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos llevan a concluir que las materias de seguridad p�blica y tr�nsito est�n reservadas por el inciso h) de dicho precepto al �mbito municipal con las excepciones, en primer lugar, de los casos en que �fuere necesario y lo determinen las leyes� en que podr� tener intervenci�n el Gobierno Estatal, lo que se deriva del p�rrafo primero de la fracci�n citada; y, en segundo, cuando trat�ndose de la residencia habitual o transitoria del Ejecutivo Federal o de los gobernadores de los Estados a ellos corresponda el mando de la fuerza p�blica, lo que deriva de la reserva que en este aspecto se establece expresamente, en la fracci�n VII del dispositivo constitucional de que se trata. Controversia constitucional 19/95. Ayuntamiento de R�o Bravo, Tamaulipas. 1o. de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: A.A.R.C.. En los t�rminos de los art�culos 177 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden com�n de los Estados y del Distrito Federal, administrativos y del trabajo, sean �stos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el once de noviembre en curso, aprob�, con el n�mero 69/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. M�xico, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.�. Aprovecho la oportunidad para patentizar a usted y a todos los miembros de ese H. Ayuntamiento la seguridad de mi consideraci�n distinguida y atenta. Sufragio efectivo. No reelecci�n. Xalapa-Enr�quez, Ver., agosto 21 de 1998. Jur�dico de Gobierno. L.. J.L.Z.S.. R�brica ilegible. C.c.p. L.. S.M.R., secretario general de Gobierno. En cumplimiento de sus instrucciones."

Se estima que el referido oficio es el primer acto de aplicaci�n de las normas generales cuya invalidez se reclama, en funci�n de que de su lectura integral se desprende que se niega la solicitud del Ayuntamiento actor de cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho para hacer la transferencia y entrega material de los bienes muebles e inmuebles, del parque vehicular, del recurso presupuestal y del personal con que actualmente el Gobierno del Estado viene prestando el servicio p�blico de tr�nsito en la Ciudad de Xalapa, am�n de que en el citado oficio se se�ala expresamente como su fundamento el art�culo 61 de la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz.

Debe se�alarse que la aplicaci�n de las normas generales impugnadas s�lo debe referirse a la parte en que �stas impiden al Ayuntamiento el prestar por s� mismo el servicio p�blico de tr�nsito. As�, habi�ndose presentado la demanda el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho debe estimarse en tiempo, toda vez que, como se se�al�, el acto de aplicaci�n de las normas generales impugnadas, es de veintiuno de agosto de ese mismo a�o.

TERCERO

A continuaci�n es menester analizar la legitimaci�n procesal de las partes; para ello es necesario transcribir a continuaci�n los art�culos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 de la Constituci�n que, en lo conducente, se�alan:

Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales: I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia; II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia ..."

Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."

De conformidad con el escrito de demanda, el presidente municipal y el s�ndico �nico del Municipio de Xalapa, Veracruz, estimaron que son partes en el presente juicio constitucional:

  1. Como actor, el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, representado por los referidos funcionarios p�blicos.

  2. Como demandados, el Poder Ejecutivo del Estado representado por el gobernador y demandan tambi�n al secretario general de Gobierno y a la Legislatura Estatal.

  3. No se�alan terceros interesados.

A continuaci�n es necesario analizar si quienes fueron se�alados como partes tienen o no ese car�cter, haci�ndose cargo de las excepciones y defensas enarboladas en sus contestaciones. El estudio respectivo deber� tomar en cuenta el contenido de la tesis 1a. XV/97, de la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., agosto de 1997, p�gina 468, que dice:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACI�N EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO. La legitimaci�n en la causa, entendida como el derecho sustantivo para poder ejercer la acci�n, y la legitimaci�n en el proceso, entendida como la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, son aspectos de car�cter procesal que, para el caso de las controversias constitucionales, se cumplen de la siguiente manera: 1. Conforme a lo dispuesto por el art�culo 10, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, solamente tienen derecho para acudir a la v�a de controversia constitucional las entidades, poderes u �rganos a que se refiere el citado precepto fundamental; de esto se sigue que son estos entes p�blicos a los que, con tal car�cter, les asiste el derecho para ejercer la acci�n de referencia; y 2. De conformidad con lo dispuesto por el primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley reglamentaria, atento el texto de la norma y el orden de los supuestos que prev�, el �rgano jurisdiccional, primero debe analizar si la representaci�n de quien promueve a nombre de la entidad, poder u �rgano, se encuentra consignada en ley y, en todo caso, podr� entonces presumirse dicha representaci�n y capacidad, salvo prueba en contrario."

La aplicaci�n del criterio que informa la tesis anteriormente reproducida permite distinguir la legitimaci�n en el proceso y en la causa, como criterios que orientan y facilitan el an�lisis de esta cuesti�n.

La fracci�n I del art�culo 105 de la Ley Fundamental establece limitativamente los entes p�blicos con la legitimaci�n en la causa necesaria para accionar o tener el car�cter de parte en este mecanismo de control constitucional. La fracci�n de referencia establece:

Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal; b) La Federaci�n y un Municipio; c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito Federal; d) Un Estado y otro; e) Un Estado y el Distrito Federal; f) El Distrito Federal y un Municipio; g) Dos Municipios de diversos Estados; h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y k) Dos �rganos de Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos. En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

De la lectura del precepto anteriormente reproducido se sigue que la controversia constitucional es un mecanismo de control de la Ley Fundamental que se tramitar� ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en la que se establecen limitativamente los entes, poderes u �rganos dotados tanto de la legitimaci�n activa como la pasiva en la causa; esto es, la propia C.�n reserva esta garant�a constitucional para que a trav�s de ella se ventilen cuestiones constitucionales entre los �rganos del Estado en sus tres niveles. De la propia lectura de la fracci�n I del art�culo 105 se desprende que, por medio de la controversia constitucional se controlan el desarrollo de las relaciones que en la doctrina se conocen como de supraordinaci�n, entre los �rganos del poder p�blico en sus tres niveles de gobierno.

En estos t�rminos, debe considerarse que no todo �rgano p�blico podr� acudir a este mecanismo de control constitucional, ni todo acto podr� ser materia de impugnaci�n, ni toda autoridad que lo emita, sea ente, poder u �rgano, podr� ser demandada en esta v�a, ya que lo que se busca a trav�s de estos procedimientos constitucionales es el estricto apego a las disposiciones de la Carta Fundamental del actuar de los entes, poderes u �rganos limitativamente se�alados en el art�culo 105 transcrito, y entre ese actuar el respeto a la distribuci�n de competencias entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar y fortalecer el sistema federal, tal como se desprende de la iniciativa correspondiente a la reforma del art�culo 105 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que al respecto cita:

... Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones; exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del �federalismo� ... (foja III). ... Las controversias �constitucionales� y las acciones de �inconstitucionalidad�. Aspectos generales y �efectos de sus resoluciones ...�. Hoy se propone que, adicionalmente, los �rganos federales, estatales y municipales, o algunos de ellos, puedan promover las acciones necesarias para que la Suprema Corte de Justicia resuelva, con efectos generales, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas ...�. Las controversias constitucionales. El art�culo 105 del texto original de la Constituci�n le otorga competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las �controversias que se susciten entre dos o m�s Estados, entre uno o m�s Estados y el Distrito Federal; entre los poderes de un mismo Estado y entre �rganos de gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos.�. Los mencionados supuestos del art�culo 105 no prev�n muchos de los conflictos entre los �rganos federales, estatales y municipales que la realidad cotidiana est� planteando. Una de las demandas de nuestros d�as es la de arribar a un renovado federalismo. Ello hace indispensable encontrar las v�as adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio pueda suscitar. Por este motivo, se propone la modificaci�n del art�culo 105, a fin de prever en su fracci�n primera las bases generales de un nuevo modelo para la soluci�n de las controversias sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal, la Federaci�n y un Municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n, aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sea como �rganos federales o del Distrito Federal, dos Estados, un Estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un Municipio; dos Municipios de diversos Estados; dos poderes de un mismo Estado; un Estado y uno de sus Municipios; y dos �rganos del Distrito Federal o dos Municipios de un mismo Estado. Con la modificaci�n propuesta, cuando alguno de los �rganos mencionados en el p�rrafo anterior estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos �rganos, podr� ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema Corte la anulaci�n del acto o disposici�n general. El gran n�mero de �rganos legitimados por la reforma para plantear las controversias constitucionales es un reconocimiento a la complejidad y pluralidad de nuestro sistema federal. Todos los niveles de gobierno ser�n beneficiados con estas reformas."

Asimismo, la iniciativa correspondiente a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, informa lo siguiente:

... Mediante los procedimientos de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad ser� posible garantizar plenamente la supremac�a de la Constituci�n de una manera general, y no como hasta ahora hab�a acontecido en nuestro orden jur�dico, s�lo por la v�a del juicio de amparo en el caso de la violaci�n de garant�as individuales. La diferencia fundamental entre los procedimientos de amparo y del art�culo 105 constitucional es muy clara: en el juicio de amparo se tutelan intereses directos de los gobernados y s�lo de manera indirecta se protege a la Constituci�n, mientras que los procedimientos instituidos en las fracciones I y II del art�culo 105 constitucional se conciben como instrumentos de protecci�n directa de nuestra Carta Magna ... Igualmente, las nuevas atribuciones implican que la Suprema Corte de Justicia pueda llegar a determinar las competencias que correspondan a los tres niveles de gobierno que caracterizan a nuestro sistema federal, en tanto existe la posibilidad de que �aquellos poderes u �rganos que estimen que una de sus atribuciones fue indebidamente invadida o restringida por la actuaci�n de otros, puedan plantear la respectiva controversia ante la Suprema Corte a fin de que la misma determine a cu�l de ellos debe corresponder.�."

En este orden de ideas, se llega a la conclusi�n de que este tipo de acciones s�lo proceder�n con motivo de controversias suscitadas entre dos o m�s niveles de gobierno (Federaci�n, Estado o Municipio), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por alguna entidad, poder u �rgano, de los se�alados en el art�culo 105 de la Constituci�n.

Es cierto que el inciso i) de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional se refiere a la competencia de este Tribunal Constitucional para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y no entre un Ayuntamiento y el Estado, pero resulta l�gico que el Municipio como nivel de gobierno act�e en el mundo real y jur�dico a trav�s de su �rgano de gobierno y de representaci�n pol�tica, que lo es el Ayuntamiento. En efecto, como se precis� precedentemente, la teleolog�a de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro al art�culo 105 y la de su ley reglamentaria es la de convertir a la Suprema Corte en garante de la Constituci�n General de la Rep�blica, lo que se ver�a insatisfecho si no se diera legitimaci�n a los Ayuntamientos, ya que a ellos corresponde la administraci�n y direcci�n de los Municipios, por mandato mismo de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, que establece:

I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes, s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designar�n entre los vecinos a los concejos municipales que concluir�n los periodos respectivos. Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley."

De esta forma, resulta que el Ayuntamiento al ser el �rgano de direcci�n y administraci�n pol�tica del Municipio actor y tener su representaci�n, s� tiene legitimaci�n para entablar la presente controversia constitucional. La anterior conclusi�n se ve respaldada por el criterio que informa la jurisprudencia 54/97 de este Tribunal Pleno, publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, p�gina 397, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL. De lo dispuesto en los art�culos 105, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional, se advierte que para tener la calidad de parte (actora, demandada o tercera interesada) dentro de una controversia constitucional, es requisito indispensable que se trate de una entidad, poder u �rgano. En el caso del Municipio, �ste es el titular exclusivo de la acci�n de controversia constitucional, quien puede hacerla valer -u oponerse a ella-, por medio del Ayuntamiento, o bien del concejo municipal, por ser las instituciones en las que recae tal representaci�n, de conformidad con lo se�alado en el art�culo 115 constitucional. Por ende, es inconcuso que cualquier miembro aislado, por s� mismo (presidente municipal, regidores o s�ndicos), del Ayuntamiento o concejo municipal de un Municipio, carece de legitimaci�n para intervenir, por derecho propio, dentro de una controversia constitucional; y si la pretensi�n fuera deducida en defensa de los intereses del Municipio, resultar�a ineficaz, pues la representaci�n de ese ente corresponde s�lo al Ayuntamiento y, de modo extraordinario, al concejo municipal.

Enseguida debe analizarse la legitimaci�n de los funcionarios que comparecen en representaci�n del Municipio actor. En la contestaci�n rendida por el gobernador y secretario general de Gobierno se sostiene la causal de improcedencia por falta de legitimaci�n en el proceso de dichos funcionarios. Para ello, es preciso destacar que el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, transcrito al inicio del presente considerando, establece que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deber�n comparecer al juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos.

Ahora bien, los art�culos 36 y 38 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado de Veracruz establecen:

Art�culo 36. Son facultades y obligaciones del presidente municipal:

I.C. y presidir las sesiones del Ayuntamiento y dirigir los debates;

II. Vigilar las labores de la secretar�a;

III. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos municipales y aplicar a los infractores las sanciones correspondientes;

IV. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los reglamentos, imponiendo en ese acto a los infractores la sanci�n que les corresponda;

V.C. y ejecutar las disposiciones del Ayuntamiento;

VI. Suspender la ejecuci�n de los acuerdos que estime contrarios a la ley, informando al Ayuntamiento, a m�s tardar en ocho d�as, para que �ste los reconsidere o ratifique;

VII. Dictar los acuerdos de tr�mite;

VIII. Citar al Ayuntamiento a sesi�n extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los miembros lo solicite;

IX. Vigilar que la recaudaci�n de todos los ramos de la hacienda municipal se haga con exactitud, cuidando de que su inversi�n se efect�e con estricto apego al presupuesto de egresos;

X.I. los trabajos y dependencias del Ayuntamiento, proponiendo las medidas que tiendan a regularizar el r�gimen municipal y mejorar los servicios p�blicos;

XI. Librar las �rdenes de pago a la tesorer�a municipal, conforme al presupuesto, firm�ndolas en uni�n de los ediles del ramo respectivo y del secretario;

XII. Informar a los poderes del Estado, de todos los asuntos que tengan relaci�n con ellos;

XIII. Efectuar reuniones de trabajo y hacer visitas a las congregaciones de su Municipio y dar cuenta al Ayuntamiento del resultado de ellas;

XIV. Coordinarse con las autoridades para tratar asuntos administrativos;

XV. Nombrar, promover y remover libremente a los empleados de confianza, excepto el secretario y el tesorero;

XVI. En la esfera de su competencia aplicar las normas para el equilibrio ecol�gico y la protecci�n al ambiente; y

XVII. Las dem�s que le resulten de esta ley y sus reglamentos."

Art�culo 38. El s�ndico �nico es el encargado de la procuraci�n, defensa y promoci�n de los intereses municipales y de la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, as� como en la gesti�n de los negocios de hacienda."

De los preceptos reproducidos se desprende que el s�ndico �nico tiene la facultad de representar jur�dicamente al Ayuntamiento en los litigios donde �ste fuere parte, sin que requiera de ninguna formalidad o acuerdo especial del Cabildo para realizar las gestiones de defensa del Municipio.

Ahora bien, a fojas veintid�s y siguientes de autos obra un ejemplar de la Gaceta Oficial, Tomo CLVII, N�mero 147, de seis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, donde consta que el Consejo General de la Comisi�n Estatal Electoral del Estado de Veracruz se�ala la integraci�n de Ayuntamientos para el trienio mil novecientos noventa y ocho dos mil, en la que aparece F.G.�a B.G.�lez como s�ndico �nico del Municipio de Xalapa, por lo que se considera que el promovente de la presente controversia constitucional cuenta con la capacidad legal para comparecer a nombre y representaci�n del Municipio de Xalapa, Veracruz. Resulta aplicable por analog�a la tesis P./J. 22/97, publicada en la Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, abril de 1997, p�gina 134, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS S�NDICOS TIENEN LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORG�NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA). De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 22, fracci�n II y 40, fracci�n I, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de Oaxaca, los s�ndicos son los representantes jur�dicos del Municipio y, para la procuraci�n de la defensa de los intereses municipales tienen, entre otras, las siguientes atribuciones: procurar, defender y promover los intereses municipales; representar jur�dicamente al Municipio en los litigios en que �ste fuere parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal. Por otra parte, de los preceptos de referencia, en relaci�n con los art�culos 17, 34, 44 y 46 de la ley en cita, se infiere que para que los s�ndicos puedan actuar en uso de las atribuciones antes se�aladas, no requieren acuerdo previo del Ayuntamiento, ya que la materia propia de las sesiones que �ste lleva a cabo se refiere espec�ficamente a los asuntos sustantivos propios de la administraci�n del Municipio, entre otros, ordenanzas, acuerdos administrativos, prestaci�n y vigilancia de servicios p�blicos. Por tanto, los s�ndicos, en uso de las atribuciones que la ley les otorga, pueden promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la acci�n de controversia constitucional, sin que se establezca condici�n o requisito formal previo para ello."

La tesis reproducida resulta aplicable por analog�a, en virtud de que tanto en la legislaci�n municipal de Oaxaca como en la de Veracruz, se establece la potestad del s�ndico para representar jur�dicamente al Municipio sin necesidad de acuerdo del Cabildo, por lo que la soluci�n alcanzada en la tesis resulta aplicable al presente caso, estim�ndose legitimado el servidor p�blico se�alado para promover la presente controversia constitucional.

Por lo que toca al presidente municipal, se advierte del art�culo 36 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, transcrito con anterioridad, que carece de facultades para representar al Municipio en los litigios en que �ste sea parte y, por tanto, no puede promover en su nombre en la presente controversia constitucional, por lo que carece de legitimaci�n procesal para este efecto.

Es aplicable anal�gicamente la jurisprudencia 45/97 de este �rgano colegiado, visible en la Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, p�gina 417, que establece:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA. CARECE DE �STA EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LE�N. De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 76 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Municipal del Estado de Nuevo Le�n, el secretario del Ayuntamiento carece de facultades para representar al Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo Le�n, pues no contiene se�alamiento alguno en este sentido, por lo que no tiene legitimaci�n procesal para promover en su nombre demanda de controversia constitucional."

Respecto a la legitimaci�n en el proceso de los demandados debe se�alarse por lo que toca al gobernador y al secretario general de Gobierno, que dichas autoridades tienen legitimaci�n pasiva, de conformidad con lo previsto en los art�culos 35 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz y 26 y 27, fracciones X, XI, XV y XXXIX de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado, que establecen:

Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz.

Art�culo 35. El Poder Ejecutivo, es ejercido por una sola persona, bajo la denominaci�n de: �gobernador del Estado�."

L.O.�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de Veracruz.

Art�culo 26. La Secretar�a General de Gobierno es el �rgano responsable de coordinar, por acuerdo del Ejecutivo, la pol�tica interna del Estado. ..."

Art�culo 27. A la Secretar�a General de Gobierno corresponde, adem�s de las atribuciones que le confiere la Constituci�n Pol�tica del Estado, el despacho de los siguientes asuntos:

...

X. Atender todo lo relativo a la seguridad p�blica.

XI. Organizar y vigilar el tr�nsito en las carreteras y caminos de jurisdicci�n estatal, en los t�rminos que se�alen las leyes y reglamentos respectivos.

...

XV. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con la Federaci�n, las entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, as� como con los Municipios.

...

XXXIX. Atender los asuntos de tr�nsito y transportes."

Adem�s a fojas cuarenta y tres y siguientes del expediente de pruebas del gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, obra copia certificada del N�mero 126 del Tomo CXLVII de la Gaceta Oficial del referido Estado donde consta la publicaci�n del Decreto 26 de la Legislatura del Estado donde se declar� gobernador electo al ciudadano P.C.C. y a fojas cuarenta y cinco del nombramiento de S.M.R. como secretario general de Gobierno, por lo que debe estimarse que los servidores p�blicos referidos cuentan con legitimaci�n pasiva en la causa y en el proceso.

Por lo que toca a los diputados P.N.U. y C.R.�guez M. quienes se ostentan como presidente y secretario de la Diputaci�n Permanente de la LVII Legislatura del Estado, los art�culos 80 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz y 57 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo de la referida entidad federativa establecen:

Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz.

Art�culo 80. Durante los recesos de la legislatura habr� una Diputaci�n Permanente compuesta por 22 diputados, de los cuales 11 funcionar�n como propietarios y 11 quedar�n como suplentes. Esta diputaci�n ser� nombrada mediante votaci�n secreta la v�spera del d�a en que deban terminar las sesiones ordinarias, en la inteligencia de que en ella concurrir�n diputados de todos los grupos legislativos existentes en la legislatura."

L.O.�nica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

Art�culo 57. La v�spera del d�a en que deben terminar las sesiones ordinarias, la legislatura mediante votaci�n secreta nombrar� para el tiempo de su receso una Diputaci�n Permanente, compuesta de dieciocho diputados en ejercicio, de los cuales nueve funcionar�n como propietarios y nueve quedar�n como suplentes.

La Diputaci�n Permanente durar� hasta la siguiente reuni�n ordinaria de la legislatura."

De los preceptos reproducidos no se desprende ninguna facultad de representaci�n de la Diputaci�n Permanente, ni tampoco de su presidente o secretario, por lo que resulta aplicable lo establecido en la tesis 1a. XVI/97, de la Primera Sala de este Tribunal, publicada en la Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., agosto de 1997, p�gina 466, que dice:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA REPRESENTACI�N DEBE PREVERSE EN LA LEGISLACI�N QUE LA RIGE Y EN CASOS EXCEPCIONALES PRESUMIRSE. De conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11, primer p�rrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Federal, existen dos formas para tener por acreditada la representaci�n de las partes: a) Porque derive de la legislaci�n que las rige; y b) Porque en todo caso se presuma dicha representaci�n y capacidad, salvo prueba en contrario. Atento los dos supuestos que prev� la norma y conforme al orden l�gico y jur�dico en que los propone, para acreditar la representaci�n de quien act�a en nombre del ente p�blico, debe estarse primero a lo dispuesto por la legislaci�n ordinaria que prev� las facultades y s�lo en caso de duda, en virtud de la deficiente regulaci�n o laguna legislativa, o por alguna situaci�n an�loga, y siempre que existan elementos que lo permitan, deber� presumirse dicha representaci�n. Esto lleva a considerar que la presunci�n aludida no puede darse de primer momento, pues ser�a err�neo considerar que opera en cualquier circunstancia y con independencia de las normas que reglamentan la legitimaci�n del funcionario representante, pues esto llevar�a al extremo de hacer nula la regla establecida en la primera parte del primer p�rrafo del citado art�culo 11, ya que de nada servir�a atender a la regulaci�n normativa ordinaria, si de cualquier manera se presumir�a v�lida la representaci�n, en t�rminos de la segunda parte de dicho dispositivo, por el simple hecho de acudir a la v�a y ostentarse con esas facultades."

Del criterio que informa la tesis precedentemente reproducida se desprende que si la representaci�n legal no se encuentra regulada legalmente debe presumirse, por lo que en este caso se est� en el supuesto de presumirla, dado que existen elementos objetivos que permiten establecer que los comparecientes lo hacen en representaci�n de dicho �rgano colegiado, al contestar la demanda de controversia constitucional en papel membretado de la legislatura, cuenta habida de que al desahogar la vista que se le dio al Ayuntamiento actor con la contestaci�n rendida no la objet� por este hecho. As�, ante la falta de un dispositivo legal que otorgue la representaci�n del Congreso en el presidente y en el secretario de la Diputaci�n Permanente de la Legislatura del Estado, �sta debe presumirse en funci�n de que es l�gico y jur�dico que dichos servidores p�blicos puedan comparecer a esta instancia constitucional al presidir los trabajos de la Comisi�n Permanente, ante la falta de la designaci�n expresa a trav�s de un precepto legal o reglamentario, am�n de que lo anterior se ve corroborado por el hecho de que dicha representaci�n no fue impugnada por la parte actora.

CUARTO

En el presente considerando se analizar�n las causas de improcedencia hechas valer por las partes.

Las partes demandadas no hicieron valer ninguna otra causal de improcedencia distinta a las ya analizadas; sin embargo, el procurador general de la Rep�blica en su pedimento hace valer la causal derivada de la aplicaci�n de la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria, en los siguientes t�rminos:

Causal de sobreseimiento opuesta por el procurador. Antes de entrar al estudio de fondo es importante se�alar que procede el sobreseimiento previsto en la fracci�n II, del art�culo 20, en relaci�n con el 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105, mismo que se desprende de la cl�usula d�cima del convenio entre el Estado de Veracruz y el Ayuntamiento de Xalapa, celebrado el 5 de junio de 1996, en el que se sientan las bases para la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. Procede el sobreseimiento, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VI, del art�culo 19 de la ley de la materia, que menciona que se debe agotar la v�a prescrita legalmente para la soluci�n de la controversia; al respecto se establece: �Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: I a V. ... VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto; ...�. Lo anterior, en virtud de que el convenio de coordinaci�n celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento de Xalapa, establece, en su cl�usula d�cima, el procedimiento a seguir en caso de que existan diferencias en la interpretaci�n y aplicaci�n del mismo, se�alando que las mismas se deber�n de resolver de com�n acuerdo entre las partes. La cl�usula de referencia establece: �D�cima. Las partes resolver�n de com�n acuerdo las controversias que surjan con motivo de la interpretaci�n del presente convenio de coordinaci�n respecto a su instrumentaci�n, formalizaci�n y cumplimiento.�. En mi opini�n opera el sobreseimiento, toda vez que las controversias que surjan con motivo del convenio, se deber�n de resolver primeramente entre las partes, es decir, no se ha agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto."

Dicha causal es infundada. El art�culo 19, fracci�n VI de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ...

VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto."

La fracci�n precedentemente reproducida establece la causal de improcedencia del juicio de controversia constitucional consistente en no haber agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto. El procurador estima que se surte en la especie la causal se�alada, en virtud de que dentro de la cl�usula d�cima del convenio celebrado entre el Municipio actor y el Gobierno del Estado de Veracruz el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis, antes reproducido, se estipul� que en caso de controversia las partes las resolver�an de mutuo acuerdo. Con independencia de que, como ha quedado precisado anteriormente, del convenio referido no se desprende la aplicaci�n de las normas generales cuya invalidez constitucional se reclama por esta v�a, debe estimarse que la causal que se hace valer es infundada, en virtud de que de la propia lectura de la cl�usula se�alada no se advierte la existencia de una v�a legal para ventilar la controversia. En efecto, la interpretaci�n gramatical de la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley reglamentaria, antes reproducida, sugiere que se integra la causal de improcedencia cuando en alguna norma legal est� establecida una v�a para la soluci�n del propio conflicto, lo que no se satisface en la especie, ya que, en primer lugar, se trata de un acto contractual de las partes y no de una disposici�n jur�dica y en segundo lugar, porque realmente no se prev� alguna v�a para la soluci�n del conflicto, pues en el convenio de referencia s�lo se habla de pl�ticas conciliatorias, lo que de ninguna manera puede considerarse que sea un procedimiento donde pueda resolverse el conflicto entre las partes, por lo que debe desestimarse la causal de improcedencia.

QUINTO

Los art�culos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establecen:

Art�culo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n corregir� los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuesti�n efectivamente planteada."

Art�culo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos o agravios."

Los preceptos transcritos imponen a este Supremo Tribunal el deber jur�dico de suplir la deficiencia de los diferentes planteamientos de las partes, as� como de examinar en su conjunto sus razonamientos para resolver la cuesti�n efectivamente planteada. Por otro lado, debe considerarse que en la soluci�n de las controversias constitucionales no puede perderse de vista que la Constituci�n, tanto en la parte dogm�tica como en la org�nica, establece disposiciones que tienen como objetivo el funcionamiento ordenado y pac�fico de la sociedad a fin de que sus miembros puedan gozar de sus derechos. Esto significa que cuando otorga a los �rganos de gobierno determinadas atribuciones o prerrogativas lo hace con ese mismo prop�sito, de lo que se infiere que al examinar en una controversia constitucional problemas sobre esos temas no se puede prescindir de los anteriores criterios, lo que significa que siempre deber� priorizarse el bien de la comunidad en las soluciones que se den a aqu�llos. Con fundamento en estos preceptos, se procede a exponer la materia del presente litigio, supliendo la deficiencia de los razonamientos de las partes:

De las afirmaciones del representante del Municipio actor y de la contestaci�n vertida por las partes demandadas, as� como de las distintas pruebas documentales que obran en el expediente, se constata que en la presente controversia constitucional no existe ning�n punto de hecho que sea controvertido, ya que actor y demandados coinciden en la existencia de los actos cuya invalidez se reclama, existiendo exclusivamente conflicto respecto al derecho, esto es, si la expedici�n y puesta en vigor de las normas generales reclamadas y su aplicaci�n a trav�s de la negativa del Gobierno del Estado a municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad y a entregar los recursos necesarios para ello, contenida en el oficio impugnado, invade o no la esfera competencial del Municipio actor.

En los conceptos de invalidez sustancialmente se sostiene lo siguiente:

  1. Que los actos cuya invalidez se reclama violan el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el servicio p�blico de tr�nsito le corresponde al Municipio.

  2. Que dicho servicio debe ser proporcionado por el Municipio, en virtud de que traer�a beneficios a la ciudadan�a, toda vez que a trav�s del Reglamento de Tr�nsito y Vialidad, expedido por el Cabildo el veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y ocho, se colman las lagunas legales existentes al tutelar los derechos de peatones, escolares, ciclistas, ni�os, ancianos y discapacitados; regulando la conducci�n de autom�viles y transportes, am�n de proteger al medio ambiente y que contiene disposiciones de alto contenido social en materia de se�alizaci�n, carga y descarga, ascenso y descenso de pasajeros.

  3. En respaldo de su argumentaci�n el promovente invoca diversas tesis de jurisprudencia sostenidas por este Tribunal Constitucional al fallar la controversia constitucional 19/95, promovida por el Ayuntamiento de R�o Bravo, Tamaulipas.

  4. El representante del Municipio actor afirma que la negativa a municipalizar el servicio de tr�nsito fund�ndose en los art�culos 115, fracci�n VII, de la Constituci�n General de la Rep�blica, 87, fracci�n XXVI, de la Constituci�n del Estado de Veracruz y el 61 de la Ley de Tr�nsito y Transporte impugnada, no es v�lida dado que las leyes locales referidas resultan inconstitucionales.

    Por su parte, el gobernador constitucional y el secretario general de Gobierno contestan que el servicio de tr�nsito se encuentra dentro del mismo inciso h) de la fracci�n III del art�culo 115, porque es un servicio p�blico que se presta conjuntamente a trav�s de la fuerza p�blica, cuyo mando corresponde al gobernador del Estado por mandato de la fracci�n VII del propio art�culo 115 constitucional, lo anterior con independencia de que as� se ha estimado conveniente y a que el Gobierno del Estado y el Municipio actor suscribieron con anterioridad un convenio donde se pact� que el primero prestar�a ese servicio p�blico, coordinadamente con el actor.

    Este Tribunal Constitucional estima que los conceptos de invalidez cuya s�ntesis se realiz� precedentemente, debidamente suplidos en su deficiencia, conforme lo autoriza el art�culo 39 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 Constitucional, son fundados y procede reconocer la invalidez constitucional de los actos reclamados en esta v�a.

    Tal como se se�al�, la litis en la controversia radica, sustancialmente, en determinar si la facultad en materia de tr�nsito dentro de los Municipios debe corresponder a la esfera municipal o a la estatal. Ello exige analizar el contenido de las fracciones III y VII del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor literal siguiente:

    Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

    ...

    III. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos:

  5. Agua potable y alcantarillado;

  6. Alumbrado p�blico;

  7. Limpia;

  8. Mercados y centrales de abasto;

  9. Panteones;

  10. Rastro;

  11. Calles, parques y jardines;

  12. Seguridad p�blica y tr�nsito, e

  13. Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera. ...

    VII. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente."

    Asimismo, es importante tener presente lo determinado por este �rgano colegiado en su jurisprudencia 69/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo IV, noviembre de 1996, p�gina 330, que establece:

    SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS. Las interpretaciones hist�rica, causal-teleol�gica y gramatical de la fracci�n III del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos llevan a concluir que las materias de seguridad p�blica y tr�nsito est�n reservadas por el inciso h) de dicho precepto al �mbito municipal con las excepciones, en primer lugar, de los casos en que �fuere necesario y lo determinen las leyes� en que podr� tener intervenci�n el Gobierno Estatal, lo que se deriva del p�rrafo primero de la fracci�n citada; y, en segundo, cuando trat�ndose de la residencia habitual o transitoria del Ejecutivo Federal o de los gobernadores de los Estados a ellos corresponda el mando de la fuerza p�blica, lo que deriva de la reserva que en este aspecto se establece expresamente en la fracci�n VII del dispositivo constitucional de que se trata."

    A fin de determinar el alcance de la norma constitucional y de la jurisprudencia transcritas, resulta pertinente precisar si los servicios de seguridad p�blica y de tr�nsito constituyen uno s�lo o se trata de dos servicios diferentes, as� como, en este �ltimo caso, si por su naturaleza y caracter�sticas debe prestarse el segundo de ellos por alguna corporaci�n que constituya parte de la fuerza p�blica.

    La fracci�n VII del art�culo 115 constitucional, anteriormente reproducida, proviene del proyecto de Constituci�n presentado al Congreso Constituyente de Q.�taro de mil novecientos diecis�is-mil novecientos diecisiete por V.C., de fecha primero de diciembre de mil novecientos diecis�is, en cuyo art�culo 115 se establec�a:

    Art�culo 115 del proyecto. Los Estados adoptar�n para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular; teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica, el Municipio Libre, administrado cada uno por Ayuntamientos de elecci�n directa y sin que haya autoridades intermediarias entre �ste y el Gobierno del Estado. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica de los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los gobernadores constitucionales no podr�n ser reelegidos ni durar en su encargo m�s de cuatro a�os. Son aplicables a los gobernadores sustitutos o interinos, las prohibiciones del art�culo 83. El n�mero de representantes en las Legislaturas de los Estados ser� proporcional al de habitantes de cada una; pero, en todo caso, el n�mero de representantes de una Legislatura Local, no podr� ser menor de siete diputados propietarios. En los Estados, cada distrito electoral nombrar� un diputado propietario y un suplente. S�lo podr� ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento."

    Cabe precisar que en el mensaje dirigido por el jefe del Ej�rcito Constitucionalista no se hizo alusi�n alguna al alcance de la disposici�n que se comenta, ni tampoco fue motivo de debate en el propio Constituyente. El texto aprobado por el Congreso Constituyente qued� redactado en la parte que interesa, en los t�rminos siguientes:

    Art�culo 115. ... III. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica para todos los efectos legales. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Son aplicables a los gobernadores sustitutos o interinos las prohibiciones del art�culo 83."

    Fue hasta la reforma del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos promovida por el presidente M. de la Madrid, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que la fracci�n VII se estableci� como tal, sin que tampoco se hiciera comentario al respecto.

    Ante la falta de elementos dentro del proceso legislativo que permitan fijar el concepto de �fuerza p�blica�, resulta ilustrativo acudir a la doctrina.

    El autor argentino, A.M.�nez de N., define fuerza p�blica en su Diccionario Jur�dico B�sico (Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, 1991, p�gina 210), de la siguiente manera: "Conjunto de agentes de la autoridad, armados, y generalmente uniformados, que bajo la dependencia del poder p�blico tienen por objeto mantener el orden interno.".

    En la misma l�nea de pensamiento, R.G. y J.V. hacen referencia al t�rmino como el "conjunto de las fuerzas (polic�a, ej�rcito) que est�n a disposici�n del gobierno para mantener el orden y a disposici�n de los funcionarios p�blicos para obtener el respecto de la ley y la ejecuci�n de las decisiones judiciales." (Diccionario Jur�dico, Bogot�, Colombia, Editorial Themis, 1990, p�gina 192).

    E.F.�ndez V�zquez en su obra Diccionario de Derecho P�blico (Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 1981, p. 589), define fuerzas p�blicas como el tercer sentido de la palabra "polic�a", en tanto que son aquellas "encargadas de ejecutar las leyes y los reglamentos, esto es, los agentes p�blicos, los distintos cuerpos de agentes de polic�a (en el sentido jur�dico amplio del t�rmino agente), el personal de cuya actividad resulta el orden p�blico.".

    Las anteriores definiciones doctrinarias evidencian que la fuerza p�blica se vincula a los cuerpos de seguridad p�blica y a la polic�a y tiene por objeto mantener el orden interno y hacer cumplir la ley.

    Lo anterior es acorde con lo que la Ley de Seguridad P�blica del Estado de Veracruz establece en su art�culo 3o., al disponer: "La seguridad p�blica tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, as� como preservar las libertades, el orden y la paz p�blicos, lo cual se alcanzar� mediante la prevenci�n, persecuci�n y sanci�n de las infracciones y delitos, as� como la readaptaci�n social del delincuente y del menor infractor.".

    En cambio, el servicio de tr�nsito y vialidad se constituye por una serie de acciones para regular el tr�nsito de personas, veh�culos y bienes a trav�s de las v�as p�blicas. Resulta conveniente acudir al estudio realizado por el investigador J.F.�ndez R. sobre el servicio p�blico de tr�nsito en la obra "Derecho Administrativo (servicios p�blicos)", publicada en M�xico por la Editorial Porr�a en mil novecientos noventa y cinco, en la que se sostiene a fojas trescientos cincuenta y siete y siguientes:

    El servicio p�blico de tr�nsito. Uno de los servicios p�blicos m�s complejos es sin duda el de tr�nsito, dadas sus implicaciones con otros servicios, programas o actividades, tales como el transporte, la seguridad p�blica, la vialidad p�blica, la protecci�n del medio ambiente, y el ahorro de energ�ticos, entre otros, que viene a complicar m�s a�n el ya de por s� complejo servicio de tr�nsito, permanentemente amenazado, especialmente en las grandes urbes, por el congestionamiento vehicular cuyo aspecto medular lo expone H.B. en los siguientes t�rminos: �Los problemas del movimiento en las ciudades nos resultan tan familiares que no es necesario insistir en las frustraciones e irritaciones que provocan los embotellamientos, en el derroche de carburante y en los enormes y b�sicamente in�tiles esfuerzos de la polic�a, de los agentes de tr�fico y de todos los miembros de los numerosos cuerpos que se encargan de regular el tr�fico. Un veh�culo de motor, incluso el m�s pesado e imperfecto, es capaz de desplazarse a 1.5 kil�metros por minuto, mientras que la velocidad media del tr�fico en las grandes ciudades es aproximadamente de 18 kil�metros por hora (B., H., El Tr�fico en las Ciudades, Madrid, Tecnos, 1978, p.9).�. A. Concepto de tr�nsito. Tr�nsito es la acci�n y efecto de transitar que, a su vez, seg�n la Real Academia Espa�ola, significa �ir o pasar de un punto a otro por v�as o parajes p�blicos� (Real Academia Espa�ola, op. cit.). Tr�nsito es, pues, el desplazamiento, el ir y venir, el movimiento de personas y veh�culos en la v�a p�blica. El tr�nsito es un derecho humano reconocido como tal en las declaraciones internacionales de derechos humanos y en los textos constitucionales de la mayor�a de los pa�ses del mundo contempor�neo y, como observan J.M.I. y H.D.R.: �En el derecho a transitar interesa el trayecto propiamente dicho y la posibilidad de cubrirlo con la menor cantidad de interferencias jur�dicas, t�cnicas y f�cticas posibles dentro de un marco de razonabilidad (M.I., J. y H.D.R., Regulaci�n del Tr�nsito y del Transporte Automotor, Santa Fe, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 1992, p. 85).�. B.D.�n. No hemos encontrado en la legislaci�n nacional y extranjera, tampoco en la jurisprudencia y en la doctrina jur�dica, una noci�n aproximada del servicio de tr�nsito, lo cual llama la atenci�n, en el caso de M�xico, porque la Constituci�n General de la Rep�blica, en el inciso h) de su art�culo 115, lo cataloga como servicio p�blico. Por nuestra parte, entendemos por servicio p�blico de tr�nsito, la actividad t�cnica, realizada directamente por la administraci�n p�blica, encaminada a satisfacer la necesidad de car�cter general de disfrutar de seguridad vial en la v�a p�blica y circular por ella con fluidez -bien como peat�n, ya como conductor o pasajero de un veh�culo, mediante la adecuada regulaci�n de la circulaci�n de peatones, animales y veh�culos, as� como del estacionamiento de estos �ltimos en la v�a p�blica; cuyo cumplimiento uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, con sujeci�n o un mutable r�gimen jur�dico de derecho p�blico, para el cabal ejercicio del derecho de libertad de tr�nsito de toda persona. C. El de tr�nsito, en la divisi�n del servicio p�blico. En la gran divisi�n hecha del servicio p�blico en propio e impropio, el de tr�nsito se sit�a como un servicio p�blico propio o propiamente dicho, por establecerlo la ley y atribuirlo expresamente al Estado quien, en este caso espec�fico, lo presta directamente por medio de un �rgano de la administraci�n p�blica. D. El de tr�nsito en la clasificaci�n del servicio p�blico. En cuanto a la ubicaci�n del servicio de tr�nsito en las diversas clasificaciones del servicio p�blico, se da de la siguiente forma: a) U. universi. Se considera al servicio p�blico de tr�nsito, como de uti universi porque se presta gen�ricamente a toda la poblaci�n sin que de ordinario se determine individualmente a los usuarios, quienes disfrutan del mismo por medio de la semaforizaci�n y dem�s normas de se�alamiento, de la determinaci�n del sentido de circulaci�n vehicular en la v�a p�blica, y de la vigilancia del cumplimiento de las normas que en ella regulan el desplazamiento de peatones, animales y veh�culos, para agilizar el tr�nsito vehicular y lograr la seguridad vial. Decimos que de ordinario no se identifica al usuario del servicio p�blico de tr�nsito, porque en caso de infracci�n a las disposiciones que lo regulan, el responsable puede ser identificado para su debida sanci�n. La identificaci�n tambi�n se puede dar cuando el usuario se ve involucrado en un percance automovil�stico, por ejemplo. b) De gesti�n p�blica. La prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito implica ejercicio de autoridad y, en opini�n de algunos autores, de soberan�a, por lo cual est� a cargo directamente de la administraci�n p�blica centralizada, tanto en el �mbito federal, como en el estatal y el municipal. c) Obligatorio para el usuario. Quien accede a la v�a p�blica autom�ticamente se convierte en usuario del servicio p�blico de tr�nsito y por ende, sea peat�n o sea conductor o pasajero de un veh�culo, queda sometido a una situaci�n reglamentaria de la que se desprenden obligaciones a su cargo y derechos a su favor. Acerca de las obligaciones, el art�culo 53 de la Ley de Tr�nsito y Transportes del Estado de M�xico, dispone: �Las personas que transiten por la v�a p�blica est�n obligadas a respetar los reglamentos de tr�nsito.�. Su principal derecho consiste en el ejercicio de la libertad de tr�nsito, propiciado mediante la prestaci�n de dicho servicio. d) Obligatorio para el prestador del servicio. Como todo servicio p�blico propiamente dicho, el de tr�nsito -por lo menos en la v�a p�blica de jurisdicci�n estatal-, es obligatorio para los Gobiernos de los Estados, por estar establecido por el poder p�blico en una ley formal, como es la de tr�nsito, y atribuido al Poder Ejecutivo del Estado. Por ejemplo, el art�culo 5o. de la ley de la materia en el Estado de M�xico, establece: �Son atribuciones del Ejecutivo del Estado: I.R. y planear el tr�nsito de peatones y veh�culos en la v�a p�blica, en coordinaci�n con los Ayuntamientos.�. Por otra parte, el art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de M�xico, entre las obligaciones impuestas al gobernador, se�ala en la fracci�n II la de: �Cuidar del puntual cumplimiento de la presente Constituci�n y de las leyes, reglamentos, acuerdos y dem�s disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto las �rdenes correspondientes.�. Adem�s, el gobernador y las dem�s autoridades de tr�nsito, al tomar posesi�n de sus cargos rinden la protesta de rigor, por la que se comprometen a cumplir la Constituci�n General de la Rep�blica, la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen. En consecuencia, la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito, a partir de la vigencia de la ley que lo establece, es obligatorio para la administraci�n p�blica, por cuya raz�n lo debe prestar continua y permanentemente. e) Indispensable. En la vida moderna el servicio p�blico de tr�nsito se clasifica como indispensable, porque a nadie escapa imaginar el caos vial que se formar�a en cualquier ciudad si se suprimiese toda normatividad del tr�nsito de peatones, animales y veh�culos, sin normas, sin se�alamientos, sin sem�foros, sin determinaci�n del sentido de circulaci�n de las calles, y sin agentes para regular y dirigir el tr�nsito, en cualquier momento la actividad socioecon�mica podr�a sufrir un colapso. f) Constante. Se clasifica como un servicio constante, porque aun en las horas de menor circulaci�n vehicular, diariamente se presta el servicio de tr�nsito aunque, desde luego, con menor intensidad que en las horas �pico�, porque cuando menos est� en operaci�n el se�alamiento fijo y la semaforizaci�n de los cruceros m�s importantes, as� como una guardia m�nima de agentes para el servicio de las primeras horas del d�a. g) Gratuito. Como todo servicio uti universi, para el usuario, el servicio p�blico de tr�nsito es formalmente gratuito, pese a las extorsiones que en la pr�ctica cometen algunos malos agentes del mismo en contra de los usuarios. h) R�gimen jur�dico de derecho p�blico. Por cuanto ve a su r�gimen jur�dico, se puede clasificar al de tr�nsito, como un servicio de r�gimen jur�dico de derecho p�blico, porque tanto su establecimiento, como su organizaci�n y su funcionamiento, est�n regulados por normas de derecho p�blico, por tratarse de un servicio p�blico de gesti�n directa. i) R�gimen de monopolio. La prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito se reserva estrictamente a la administraci�n p�blica, por cuya raz�n s�lo ella lo puede prestar, sin que pueda proporcionarse a trav�s de particulares bajo el r�gimen de concesi�n, locaci�n, gesti�n interesada o cualquier otro. Lo anterior no impide, por ejemplo, que para el desempe�o de ciertas actividades complementarias del referido servicio se recurra a empresas particulares, como se advierte en la instalaci�n y el mantenimiento de los equipos de semaforizaci�n, por ejemplo. j) Por el �mbito de su jurisdicci�n. En el cap�tulo d�cimo nos ocupamos ya de la clasificaci�n de los servicios p�blicos, agrupados por la doctrina en generales o nacionales, regionales o provinciales, y municipales; o, bajo la �ptica del federalismo, en federales, de las entidades federativas, y municipales. Como el servicio p�blico de tr�nsito se presta en las tres esferas de competencia, lo podemos clasificar tambi�n como federal, estatal y municipal. E. Elementos del servicio regional de tr�nsito. En M�xico, concurren a la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los Municipios; el servicio p�blico federal de tr�nsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicci�n federal; el servicio p�blico estatal de tr�nsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicci�n estatal, as� como en las zonas urbanas no atendidas por los Municipios; y el servicio p�blico municipal de tr�nsito se presta en las zonas urbanas, habida cuenta que, en t�rminos generales, los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase son de jurisdicci�n federal o estatal. De acuerdo a nuestra legislaci�n, se puede afirmar que los servicios estatales o de las entidades federativas son residuales, porque se integran por los que no son competencia del Gobierno Federal, ni est�n comprendidos entre los se�alados por la fracci�n III del art�culo 115 constitucional para desempe�o municipal, aun cuando estos �ltimos pasan a engrosar los de las entidades federativas cuando los Municipios carecen de capacidad para su prestaci�n, como ocurre con frecuencia con el servicio de tr�nsito. Como en todo servicio p�blico, en M�xico, en el servicio regional de tr�nsito, adem�s de los caracteres jur�dicos esenciales de que se inviste, se detectan sus elementos indispensables, a saber, la necesidad de car�cter general a satisfacer, la actividad mediante la cual se satisface dicha necesidad, el universo de usuarios potenciales del servicio p�blico, la intervenci�n estatal, el sujeto que desarrolla la actividad satisfactoria, los recursos empleados en la prestaci�n del servicio, y su r�gimen jur�dico exorbitante del derecho privado. a) La necesidad de car�cter general a satisfacer. Se trata de la necesidad de car�cter general de disfrutar de seguridad vial en la v�a p�blica y circular por ella con fluidez, bien como peat�n, ya como conductor o pasajero de un veh�culo, para el cabal ejercicio del derecho de libertad de tr�nsito de toda persona. b) La actividad satisfactoria de dicha necesidad. La satisfacci�n de la referida necesidad de car�cter general requiere de realizar la actividad t�cnica consistente en ordenar y agilizar el tr�fico vehicular, mediante la adecuada regulaci�n de la circulaci�n de peatones, animales y veh�culos, as� como del estacionamiento de estos �ltimos en la v�a p�blica. c) El universo de usuarios potenciales del servicio. Tres diferentes clases de usuarios se distinguen en el universo de usuarios potenciales del servicio p�blico de tr�nsito: el peat�n, el pasajero de veh�culos y el conductor de tales medios de transporte; estos �ltimos se diferencian tambi�n en diversas categor�as. El peat�n. Sin duda el usuario m�s desprotegido del servicio p�blico de tr�nsito es el peat�n, quien se ve involucrado en la mayor�a de los accidentes viales ocurridos en los pa�ses que cuentan con una cantidad importante de veh�culos, raz�n por la cual el n�mero de peatones muertos en percances de tr�nsito es muy elevado. A este respecto M. y R., comentan: �El peat�n (�que camina�, �que anda a pie�) es uno de los protagonistas centrales del tr�nsito moderno. Es quien padece con mayor grado de indefensi�n un desorden del que tambi�n es causante (I., p. 283).�. El cap�tulo XII del Reglamento de la Ley del Servicio de Tr�nsito del Estado de Jalisco, regula el tr�nsito de peatones, quienes, conforme al mismo, deber�n transitar sobre las banquetas, tomando su derecha y sin formar grupos que ocupen m�s de la mitad del ancho de las mismas, o integrar corrillos que obstruyan el paso de los dem�s peatones; para rebasar a otra persona se har� por el lado izquierdo de ella. Para cruzar las arterias, los peatones deben hacerlo en las esquinas, de manera perpendicular al eje de circulaci�n por las zonas de seguridad destinadas para ello, cuando lo permita la se�al de tr�nsito. Los discapacitados f�sica o mentalmente y los ni�os, deber�n transitar acompa�ados por personas aptas para cuidarlos. Los invidentes podr�n usar un silbato para pedir la ayuda de los agentes de tr�nsito. Los f�sicamente discapacitados tendr�n derecho preferente de paso al cruzar los arroyos de las calles. En los caminos, al contrario que en las calles, los peatones transitar�n por el acotamiento de su izquierda. En el siglo pasado la reglamentaci�n del tr�nsito de peatones era mucho m�s prolija, seg�n observa A.G.: En el Digesto de Ordenanzas, Reglamentos y Acuerdos de la Municipalidad de Buenos Aires, publicado en 1873, se encuentra una disposici�n que hoy puede parecernos curiosa, pero que estaba a tono de las costumbres de la �poca. Ella es la siguiente: �La derecha en el tr�nsito de las veredas es del que la lleva, y toda persona que trayendo la pared a su izquierda, la disputase al que la trae a su derecha, se considerar� agresor en la contienda: el bello sexo es en todo caso preferido en la vereda, as� como los ministros del culto y autoridades. Si se encontrasen dos se�oras acompa�adas de caballeros, los se�ores bajar�n y las se�oras seguir�n por la calzada, guardando el orden que les quepa de derecha a izquierda (Greca, A., Derecho y Ciencia de la Administraci�n Municipal, 2a. ed., Santa Fe, Argentina, t. II, p. 229).�. El pasajero. En lo relativo a los pasajeros, se analiza su situaci�n con detenimiento al ocuparnos, en este mismo cap�tulo, del servicio p�blico de transporte. El conductor. Los conductores de veh�culos se clasifican en diversas categor�as. En Jalisco, por ejemplo, la ley de la materia, los distingue en motociclistas, automovilistas, choferes, y conductores de servicio. La anterior clasificaci�n, aun cuando con algunas modificaciones y otras denominaciones, se utiliza en muchos pa�ses; en Espa�a, por ejemplo, conforme al art�culo 262 del C�digo de Circulaci�n aprobado por decreto de 25 de septiembre de 1934, a�n en vigor de acuerdo a la disposici�n transitoria del texto articulado de la Ley sobre Tr�fico, Circulaci�n de Veh�culos a Motor y Seguridad Vial: �I. Los permisos de conducci�n expedidos por las Jefaturas Provinciales y Locales de Tr�nsito ser�n de algunas de las siguientes clases: A-1. Para motocicletas cuya cilindrada no exceda de 75 cent�metros c�bicos y coches de inv�lidos. A-2. Para motocicletas de cualquier cilindrada, con o sin sidecar, y dem�s veh�culos de tres ruedas cuyo peso en vac�o no exceda de 400 kilogramos. B-1. Para autom�viles de tres ruedas y de turismo, incluidos los destinados a alquiler sin conductor, y para camiones, todos con peso m�ximo autorizado que no exceda de 3,500 kilogramos. B-2. Para turismos de servicio p�blico y de los servicios de polic�a, extinci�n de incendios y asistencia sanitaria, con peso m�ximo autorizado que no exceda de 3,500 kilogramos. C-1. Para camiones y turismos con peso m�ximo autorizado superior a 3,500 kilogramos y que no exceda de 16,000. C-2. Para camiones con cualquier peso m�ximo autorizado y veh�culos articulados destinados al transporte de cosas. D. Para autobuses, trolebuses y veh�culos articulados destinados al transporte de personas. E. Que autoriza a los titulares de los permisos de las clases B-1, B-2, C-1, C-2, y D para que puedan conducir los veh�culos a que se refieren arrastrando un remolque no ligero.�. d) La intervenci�n estatal. En el servicio p�blico de tr�nsito la intervenci�n del Estado se realiza en diversos aspectos que abarcan desde su misma creaci�n; en M�xico, por ejemplo, la intervenci�n del Estado en la determinaci�n del car�cter p�blico de este servicio se advierte en el inciso h) del art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica y se reitera en las Constituciones de las entidades federativas. En el servicio p�blico de tr�nsito, la intervenci�n estatal se realiza tambi�n por medio del r�gimen jur�dico de derecho p�blico al que se sujeta, cuya elaboraci�n e interpretaci�n, as� como el control y vigilancia de su aplicaci�n y observancia, competen a los �rganos estatales de gobierno. Igualmente, se manifiesta la intervenci�n estatal en la prestaci�n misma del servicio p�blico regional de tr�nsito, por estar a cargo de la administraci�n p�blica, concretamente de la centralizada. Obviamente, sin la intervenci�n estatal, el servicio de tr�nsito dejar�a de ser p�blico, porque ya no estar�a atribuido al Estado o al Municipio y perder�a su r�gimen jur�dico exorbitante del derecho privado que asegura su prestaci�n con sus caracteres esenciales de generalidad, regularidad, uniformidad, continuidad, obligatoriedad, adaptabilidad y permanencia, por cuya raz�n, la intervenci�n estatal es indispensable para la configuraci�n y prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito."

    As� tambi�n, en el art�culo 1o. del Reglamento de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz, se dispone:

    Art�culo 1o. El presente ordenamiento, tiene por objeto reglamentar la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y establecer las normas que regulan: I. El tr�nsito de personas, veh�culos y semovientes y bienes muebles en las v�as p�blicas de la entidad; II. Los requisitos para la expedici�n de licencias y permisos de conducir veh�culos de motor; III. Los derechos y obligaciones de los conductores; IV. Las caracter�sticas de los veh�culos y requisitos necesarios para su circulaci�n; V. La instalaci�n de se�ales, dispositivos y marcas para el control de tr�nsito; VI. El otorgamiento de las concesiones y permisos para la prestaci�n del servicio p�blico en todas sus modalidades; VII. Los derechos y obligaciones de las personas autorizadas para la explotaci�n de servicios p�blicos de transporte; VIII. El funcionamiento de sitios; estacionamientos p�blicos y privados, terminales y lugares an�logos; IX. Los procedimientos administrativos de tr�nsito y transporte; X. La fijaci�n de tarifas; XI. La integraci�n y funcionamiento de patronatos, consejos o comisiones de asesor�a y consulta; XII. La formulaci�n y aplicaci�n de los programas de educaci�n vial; XIII. El establecimiento de escuelas de manejo; y XIV. La aplicaci�n de sanciones y los medios de impugnaci�n de las mismas."

    Como puede advertirse, el servicio p�blico de tr�nsito se constituye por una serie de acciones que se distinguen de la seguridad p�blica, de suerte tal que para su prestaci�n no es necesaria la disposici�n de la fuerza p�blica. As�, dentro del concepto de fuerza p�blica no cabe incorporar al servicio p�blico de tr�nsito ni resulta necesario que este servicio sea prestado por corporaciones encargadas del orden y seguridad p�blicas.

    Por ello, la jurisprudencia de este Tribunal Pleno n�mero 69/96, intitulada: "SEGURIDAD P�BLICA Y TR�NSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS.", al establecer que la fracci�n III, inciso h), del art�culo 115 constitucional reserva las materias de seguridad p�blica y tr�nsito al �mbito competencial de los Municipios, con dos excepciones: una, en los casos en que fuere necesario y lo determinen las leyes, en que podr� tener intervenci�n el Gobierno del Estado; y otra, derivada de la fracci�n VII del art�culo citado, cuando se trata de la residencia habitual o transitoria del Ejecutivo Federal o de los gobernadores, a los que corresponder� el mando de la fuerza p�blica, se entiende que la primera acepci�n se refiere a ambos servicios mientras que la segunda opera s�lo respecto del servicio de seguridad p�blica ya que la fracci�n VII aludida que contiene esta acepci�n, s�lo menciona que el mando de la fuerza p�blica corresponder� al Ejecutivo Federal o a los gobernadores en los Municipios donde residan habitual o transitoriamente y, adem�s, porque como se ha determinado, se trata de dos servicios p�blicos diferentes y el de tr�nsito no requiere ser prestado por corporaciones de seguridad p�blica.

    No pasa inadvertido a este Tribunal Constitucional, como un hecho notorio, que tradicionalmente el servicio p�blico de tr�nsito ha sido prestado por cuerpos policiacos; sin embargo, constitucionalmente esta forma de prestaci�n no debe ser necesariamente as�, existiendo la posibilidad de que se organice de manera diversa.

    La defensa opuesta por las partes demandadas se estima infundada, en funci�n de que, l�gicamente, no puede establecerse la potestad de prestar un servicio p�blico a partir de identificar el nivel de gobierno que cuenta con uno de los posibles medios para prestarlo, como en este caso, podr�a ser la fuerza p�blica. De esta forma, debe identificarse el servicio p�blico de tr�nsito con independencia de la potestad de mando que el gobernador del Estado tiene sobre la fuerza p�blica de la capital en el lugar donde reside.

    La Constituci�n del Estado de Veracruz en sus art�culos 57 y 87, fracci�n XXVI, en su texto aplicable al caso, y la Ley de Seguridad P�blica de ese Estado, en su art�culo 14, disponen:

    Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz:

    Art�culo 57. El lugar de sesiones de la H. Legislatura ser� la ciudad de Xalapa, en donde residir�n los poderes del Estado, los que s�lo podr�n trasladarse a otro lugar, provisionalmente, por decreto del Pleno o de la Diputaci�n Permanente."

    Art�culo 87. Son facultades y obligaciones del gobernador:

    ...

    XXVI. Tener bajo su inmediata dependencia la polic�a, donde residan los poderes del Estado."

    Ley de Seguridad P�blica del Estado de Veracruz:

    Art�culo 14. El gobernador podr� disponer de las fuerzas de seguridad p�blica, dentro de los l�mites del Estado, tendr� bajo su inmediata dependencia a la polic�a en el lugar donde residan los poderes del Estado, y ejercer�, como suprema instancia, las funciones conducentes a organizar y disciplinar las fuerzas de la entidad.

    El mando directo de los cuerpos de seguridad p�blica recaer� en los funcionarios que se�alen las normas aplicables en cada caso. Dichos funcionarios ser�n responsables de la observancia de la presente ley y de las disposiciones que deriven de ella."

    Las anteriores disposiciones son acordes con el mandato de la fracci�n VII del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, en cuanto establecen que el gobernador del Estado de Veracruz tiene bajo su inmediata dependencia a la polic�a donde resida como titular del Poder Ejecutivo Local; sin embargo, dichas disposiciones legales no pueden ser fundamento, como lo pretenden las partes demandadas, para negar la municipalizaci�n del servicio p�blico de tr�nsito, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, pues como se determin� con anterioridad, este servicio se distingue del de seguridad p�blica y no tiene necesariamente que ser prestado por corporaciones de la fuerza p�blica, de manera tal que aunque en la ciudad mencionada resida habitualmente el gobernador del Estado de Veracruz, el servicio p�blico de tr�nsito puede prestarlo el Municipio de Xalapa, aun cuando el gobernador tenga el mando de la fuerza p�blica en dicho Municipio.

    Por otro lado, en t�rminos de la fracci�n III, inciso h), del art�culo 115 de la Constituci�n Federal, el servicio p�blico de tr�nsito compete al Municipio con el concurso del Estado cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes.

    La redacci�n vigente del art�culo 115, en la parte referida, proviene de la reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres y publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a siguiente. Ahora bien, de la exposici�n de motivos de la iniciativa presidencial que se envi� al Poder Revisor de la Constituci�n destacan las siguientes ideas para desentra�ar el sentido de la norma motivo del presente estudio:

    CC. Secretarios de la C�mara de Senadores del H. Congreso de la Uni�n.

    Presente.

    El Municipio, sociedad natural domiciliada, ha constituido y sigue siendo en la realidad nacional mexicana una instituci�n profundamente arraigada en la idiosincrasia del pueblo, en su cotidiano vivir y quehacer pol�tico.

    Nuestra historia es rica en sus manifestaciones, pues lo encontramos ya delineado en los calpullis de los aztecas, en las organizaciones tribales de las culturas mixteco-zapotecas y en los clanes de la adelantada civilizaci�n maya.

    Fue base pol�tica de la conquista desde la fundaci�n del Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz en el a�o de 1519. El Municipio ind�gena comparti� con el espa�ol, de profundas ra�ces romanas y visig�tica, la prolongada �poca colonial; existi� en las etapas de la Independencia y de la Reforma; perdur�, aunque desvirtuado por las negativas actuaciones del prefecto o jefe pol�tico, durante el r�gimen porfiriano; y devino como decisi�n fundamental del pueblo mexicano en el Municipio Libre en la Constituci�n de 1917.

    Su naturaleza de �ndole social y natural encontr� regulaci�n como unidad pol�tica, administrativa y territorial de nuestra vida nacional como una de las grandes conquistas de la Revoluci�n Mexicana.

    En el Constituyente de Q.�taro motiv� apasionados debates cuando se pretendi� establecer desde el punto de vista constitucional su autonom�a econ�mica y pol�tica, traducidas a la postre en el texto del art�culo 115.

    El Municipio Libre es una instituci�n que los mexicanos consideran indispensable para su vida pol�tica; pero debemos reconocer que no se ha hecho efectiva en su cabal racionalidad, por el centralismo que, m�s que como doctrina como forma espec�fica de actuaciones gubernamentales, de cierta manera se fuera manifestando en nuestra realidad pol�tica para consolidar los intereses de la naci�n.

    Es evidente que nuestra pr�ctica pol�tica dio al federalismo una din�mica centralizadora que permiti� durante una larga fase hist�rica multiplicar la riqueza, acelerar el crecimiento econ�mico y el desarrollo social y crear centros productivos modernos. Pero hoy sabemos bien que esta tendencia ha superado ya sus posibilidades de tal manera que la centralizaci�n se ha convertido en una grave limitante para la realizaci�n de nuestro proyecto nacional.

    La descentralizaci�n exige un proceso decidido y profundo, aunque gradual, ordenado y eficaz de la revisi�n de competencias constitucionales entre Federaci�n, Estados y Municipios: proceso que deber� analizar las facultades y atribuciones actuales de las autoridades federales, y de las autoridades locales y municipales, para un mejor equilibrio entre las instancias del gobierno constitucional.

    Estamos convencidos que la redistribuci�n de competencias que habremos de emprender comenzar� por entregar o devolver al Municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la funci�n primordial de esta instituci�n: el gobierno directo de la comunidad b�sica.

    El Municipio es la comunidad social que posee territorio y capacidad pol�tica, jur�dica y administrativa para cumplir esta gran tarea nacional: nadie m�s que la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la conducci�n de un cambio cualitativo en el desarrollo econ�mico, pol�tico y social, capaz de permitir un desarrollo integral.

    La centralizaci�n ha arrebatado al Municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su �mbito territorial y poblacional: indudablemente, ha llegado el momento de revertir la tendencia centralizada, cuando para el fortalecimiento de nuestro sistema federal. No requerimos una nueva instituci�n: tenemos la del Municipio ...

    Por todo ello, el fortalecimiento municipal no s�lo es de considerarse como el camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios poco desarrollados, sino tambi�n para resolver simult�neamente los cada vez m�s grandes problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales. El fortalecimiento municipal no es una cuesti�n meramente municipal sino nacional, en toda la extensi�n del vocablo. A este respecto, ha sido una verdad reiteradamente sustentada en todos los rincones de nuestro territorio, que el Municipio, aun cuando te�ricamente constituye una f�rmula de descentralizaci�n en nuestra realidad lo es m�s en el sentido administrativo que en el pol�tico, por lo que por meta inmediata de la vigorizaci�n de nuestro federalismo, nos planteamos la revisi�n de las estructuras dise�adas al amparo de la Constituci�n vigente a fin de instrumentar un proceso de cambio que haga efectiva en el federalismo, la c�lula municipal tanto en autonom�a econ�mica como pol�tica ...

    Dentro de estos grandes lineamientos, como consecuencia de los estudios realizados y como corolario de la intensa consulta popular efectuada, consideramos como medida fundamental para robustecer al Municipio, piedra angular de nuestra vida republicana y federal, hacer algunos cambios al art�culo 115 de la Constituci�n, tendientes a vigorizar su hacienda, su autonom�a pol�tica y en lo general aquellas facultades que de una u otra manera, paulatina pero constantemente hab�an venido siendo absorbidas por los Estados de la Federaci�n.

    En s�, esta tarea exigi� un punto de equilibrio pol�tico y constitucional, al cual llegamos despu�s de numerosos an�lisis y estudios, pues siendo nuestra estructura pol�tica de naturaleza federal, debemos respetar la esencia de nuestras instituciones plasmadas en los principios de libertad y autodeterminaci�n de las entidades federativas, sin invadir o lesionar aquellas facultades que por virtud del Pacto Federal y de acuerdo con nuestra forma republicana se encuentran conferidas a los Estados en los art�culos 40, 41 y 124 de nuestra Carta Magna.

    Recogimos en este sentido las inquietudes vertidas por los Constituyentes de 1917 y de alg�n modo pretendemos revitalizar las ideas que afloraron en ese hist�rico foro nacional a la luz de las vigorosas intervenciones de H.J. e H.M., para robustecer y lograr, en la realidad pol�tica mexicana, el Municipio Libre.

    Se tomaron en cuenta las realidades sociol�gicas y econ�micas de los Municipios del pa�s, sus grados de desarrollo, y los contrastes entre aquellos Municipios urbanos e industrializados que cuentan con determinados recursos econ�micos y capacidad administrativa para la consecuci�n de sus fines colectivos, y aquellas comunidades municipales marginadas de todo apoyo econ�mico, del libre ejercicio de su autogobierno y carentes de toda capacidad para la gesti�n administrativa.

    Nuestro objetivo es vigorizar la decisi�n fundamental del pueblo sobre el Municipio Libre, estableciendo dentro del marco fundamental de la Constituci�n General de la Rep�blica, aquellas normas b�sicas que puedan servir de cimientos a las unidades sociopol�ticas municipales para que al fortalecer su desarrollo, se subraye el desenvolvimiento regional, se arraigue a los ciudadanos en sus territorios naturales y se evite la constante emigraci�n del campo hacia las grandes ciudades y a la capital de la Rep�blica, no s�lo con el prop�sito de redistribuir la riqueza nacional en las m�ltiples y variadas regiones del pa�s, sino para ubicar las decisiones de gobierno en las c�lulas pol�ticas a las que l�gicamente deben corresponder, es decir, a los Ayuntamientos como �rganos representativos de los Municipios Libres ...

    As�, en la fracci�n III se definen como servicios p�blicos municipales: los de agua potable y alcantarillado, alumbrado p�blico, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad p�blica y tr�nsito, estableciendo que podr�n proporcionarse con el curso (sic) de los Estados cuando as� fuere necesario y los determinen las leyes, teniendo adem�s dicha caracter�stica de servicios p�blicos aquellos otros que se fijen por las Legislaturas Locales en atenci�n a las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios as� como a su capacidad administrativa y financiera.

    En el entendido de que esta problem�tica no ha sido privativa de nuestra naci�n, acudimos a las experiencias de otras latitudes, recogiendo por sus reconocidos resultados positivos el derecho de los Municipios de una misma entidad de coordinarse y asociarse para la eficaz prestaci�n de sus servicios p�blicos con la sola sujeci�n a las leyes de la materia."

    Como se advierte, el �rgano Revisor de la Constituci�n pretendi�, a trav�s de la enmienda en comento, fortalecer el �mbito competencial del Municipio, recogiendo un viejo anhelo del constitucionalismo mexicano; de ah� que las facultades establecidas en la fracci�n III del art�culo 115 constitucional, entre ellas las de seguridad p�blica y tr�nsito, corresponden en primera instancia al Municipio, as� como que s�lo a trav�s de las leyes estatales, cuando as� fuere necesario, se podr� establecer el concurso de los Estados en esta materia. Esta interpretaci�n se ve fortalecida por la gramatical. En efecto, el precepto en an�lisis se�ala que los servicios p�blicos que enumera ser�n prestados por el Municipio y s�lo en los casos que fuera necesario, las leyes establecer�n la participaci�n del Gobierno Estatal. De esta forma, las materias de seguridad p�blica y tr�nsito se encuentran reservadas en principio por la Constituci�n a los Municipios y s�lo en los casos en que sea necesario, la Legislatura Local est� facultada para establecer el concurso del Gobierno del Estado. Lo anterior significa que las materias que la Constituci�n Federal reserva a los Municipios pueden encomendarse a los Estados, pero ello tiene dos condiciones: que se establezca en la ley y que ello sea necesario. De esta forma, se establece una regla general consistente en que el servicio p�blico de tr�nsito corresponde a los Municipios y, s�lo en los casos en que sea necesario y lo establezcan las leyes, se puede establecer el concurso de las autoridades de la entidad federativa. La regla expuesta permite a este Tribunal Constitucional no s�lo atender al aspecto formal, sino incluso afirmar que la necesidad a la que alude nuestra Constituci�n Pol�tica debe apoyarse en cuestiones de �ndole f�ctico que en todo caso deben fundamentar que se haya establecido el concurso estatal en la prestaci�n del servicio p�blico de que se trata. As�, no es suficiente que las leyes estatales establezcan esa participaci�n, sino que por la �ndole de ese servicio sea necesario el concurso estatal. Tal como se desprende de la exposici�n de motivos reproducida precedentemente, la reforma constitucional que estableci� la fracci�n III del art�culo 115 vigente, favorece una lectura que finque la potestad de los servicios enumerados en el Municipio.

    De lo expuesto hasta aqu�, se sigue que no basta que una ley estatal establezca el concurso del Gobierno Local para que una facultad encomendada originalmente al Municipio sea prestada por aquel nivel de gobierno, sino que debe apoyarse en los hechos, la necesidad del referido concurso.

    Ahora bien, tal como lo manifiesta el representante del Ayuntamiento actor, este Tribunal Constitucional no advierte, en principio, que para la prestaci�n del servicio de tr�nsito municipal, atendiendo a su naturaleza y caracter�sticas, requiera necesariamente del concurso del Gobierno Estatal, ya que se circunscribe a una serie de acciones que se prestan dentro del �mbito territorial del Municipio y cuya complicaci�n no tiene por qu� rebasar su propia capacidad administrativa, financiera y de movilizaci�n.

    Adem�s, en el caso espec�fico del Municipio de Xalapa, Veracruz, debe considerarse que se trata de la capital del Estado, lo que permite presumir, dada su infraestructura y el n�mero de sus habitantes, que es el Municipio que dentro de la entidad federativa cuenta con la mayor capacidad administrativa y financiera para estar en condiciones de prestar eficientemente un servicio p�blico con las caracter�sticas y requerimientos del de tr�nsito, sin el concurso del Gobierno del Estado.

    Asimismo, debe tenerse presente, que el propio Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, en sesi�n que celebr� el veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y ocho, aprob� el Reglamento de Tr�nsito y Vialidad de ese Municipio, el que establece en su art�culo 3o. transitorio que: "El H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, debe solicitar a la brevedad posible al Gobierno del Estado de Veracruz, la transferencia y entrega de los bienes muebles e inmuebles, del parque vehicular, del recurso presupuestal y del personal con el que viene prestando el servicio de tr�nsito y vialidad en este Municipio." y en su art�culo 4o. transitorio que: "Si en el plazo de diez d�as h�biles posteriores a la solicitud a que se refiere el art�culo tercero transitorio de este ordenamiento, el Gobierno del Estado no diera respuesta o ella fuere en sentido negativo, el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, acudir� con apoyo en el art�culo 105, fracci�n I, inciso i) de la Ley Fundamental, a demandar ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el cumplimiento a la disposici�n contenida en el art�culo 115, fracci�n III, inciso h) de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y su correlativo art�culo 114, fracci�n X, inciso h) de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz.".

    En cumplimiento a las referidas disposiciones transitorias, el presidente municipal y el s�ndico �nico, por oficio 075/98 de cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, hicieron la solicitud correspondiente. As�, si el propio Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, acord� solicitar la municipalizaci�n del servicio p�blico de tr�nsito, l�gicamente es porque estim� que cuenta con la capacidad administrativa y financiera para la eficaz prestaci�n de dicho servicio, sin que las partes demandadas lo discutan; es m�s, en el oficio impugnado, que neg� la solicitud formulada por el Ayuntamiento actor, en ning�n momento se razon� que ello obedeciera a la incapacidad de �ste para hacerlo y, por ende, a que resultara necesario que el servicio fuera prestado por el Estado o con su concurso.

    No es obst�culo a lo anterior, que el Municipio actor solicite la transferencia y entrega de los bienes muebles e inmuebles, del parque vehicular, del recurso presupuestal y del personal con que se viene prestando el servicio de tr�nsito, ya que ello no implica que carezca de la capacidad administrativa y financiera requeridas para la prestaci�n del servicio y, en cambio, resulta l�gico que contando con tal capacidad solicite los elementos con que se preste el aludido servicio en el Municipio a fin de que contin�e prest�ndose con los mismos elementos con que ya se presta, pero por el Ayuntamiento y no por el Estado.

    Por lo razonado, este Tribunal Pleno considera que conforme a lo previsto por el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n, corresponde al Municipio de Xalapa, Veracruz, prestar el servicio p�blico de tr�nsito dentro de su territorio, sin que para ello sea obst�culo la existencia del convenio celebrado el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis entre el presidente de ese Ayuntamiento y el gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz, ni lo dispuesto en la Ley de Tr�nsito y Transporte de ese Estado y su reglamento, como se arguye en el oficio impugnado.

    Efectivamente, del an�lisis del convenio aludido, transcrito en el considerando segundo de la presente resoluci�n, se advierte que fue celebrado por el Gobierno del Estado de Veracruz, representado por el gobernador, con la asistencia del secretario general de Gobierno, y por el Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, representado por el presidente municipal, a fin de coordinar la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad, as� como que en ninguna parte de dicho convenio se expresan las razones por las que se estima necesario el concurso del Gobierno del Estado para la prestaci�n del servicio aludido, a pesar de que la regla general prevista por el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Federal, es la de que compete al Municipio la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito, respecto del que puede haber concurso del Estado cuando ello sea necesario y as� lo prevengan las leyes.

    Asimismo, tampoco aparece que el convenio de referencia se ajuste a lo previsto en las leyes del Estado de Veracruz. Los art�culos 87, fracci�n XXX, y 114, fracciones IV, VI y X, inciso h), de la Constituci�n de dicho Estado, aplicable al caso, disponen:

    Art�culo 87. Son facultades y obligaciones del gobernador:

    ...

    XXX. Convenir, con los Municipios para que el Estado se haga cargo de alguna o algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n y recaudaci�n de los impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de ingresos fiscales que deban recibir los Municipios o para la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos que deban suministrar los Ayuntamientos y convenir para que �stos se hagan cargo de alguna o algunas de las funciones o de la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos que correspondan al Estado."

    Art�culo 114. Las leyes reglamentarias municipales se sujetar�n a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios percibir�n todos aquellos ingresos provenientes de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo; ... VI. Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones previstas en las fracciones III y IV de este art�culo, cuando su desarrollo econ�mico y social lo haga necesario; ... X. Los Municipios, con el concurso del Estado, cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos: ... h) Tr�nsito municipal."

    Los art�culos 5o., fracci�n VIII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de Veracruz; 92, fracci�n IX, 93 y 105, punto A, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Municipio Libre del mismo Estado, establecen:

    Art�culo 5o. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, que se denominar� gobernador del Estado, quien tendr� las facultades y obligaciones que le se�ale la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado, la presente ley y las dem�s disposiciones legales relativas vigentes en la entidad, y podr� adem�s:

    ...

    VIII. Celebrar y firmar a nombre del Gobierno del Estado, contratos y convenios; ejercer y autorizar cr�ditos, empr�stitos u otras formas del ejercicio del cr�dito, previa autorizaci�n de la Legislatura del Estado. Asimismo, concertar convenios de coordinaci�n fiscal o de desarrollo con la Federaci�n."

    Art�culo 92. Los Municipios, con el concurso del Estado cuando as� fuere necesario, si sus condiciones territoriales y socioecon�micas, y su capacidad administrativa y financiera lo permiten, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos:

    ...

    IX. Tr�nsito municipal."

    Art�culo 93. La concurrencia del Estado que establece el art�culo anterior se determinar� mediante los siguientes procedimientos: I. A petici�n del Ayuntamiento se celebrar� un convenio en el cual se establecer�n los derechos y obligaciones del Estado y del Municipio para la prestaci�n de servicios p�blicos; y II. Cuando a petici�n de los vecinos y ante la deficiente o nula prestaci�n de los servicios p�blicos, se haga necesaria la concurrencia del Estado, la legislatura o la Diputaci�n Permanente, establecer�n las bases, reglas y condiciones bajo las cuales el Estado intervendr� en la prestaci�n de dichos servicios."

    Art�culo 105. Los Municipios, previa autorizaci�n de la legislatura o de la Diputaci�n Permanente, podr�n:

    1. Celebrar convenios en los casos siguientes:

    ...

    III. Con el Estado y la Federaci�n, para que �stos asuman la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos que corresponda a aqu�llos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo hagan necesario."

    Deriva de los preceptos legales transcritos, que los Municipios del Estado de Veracruz pueden celebrar convenios con el Estado mencionado, para que �ste preste alg�n servicio p�blico que corresponda a aqu�llos, entre ellos, el de tr�nsito municipal, cuando el desarrollo econ�mico y social lo hagan necesario, pero para ello se requiere de la previa autorizaci�n de la legislatura o de la Diputaci�n Permanente del Estado, as� como que puede darse la concurrencia en la prestaci�n de los aludidos servicios, celebr�ndose un convenio a petici�n del Ayuntamiento en el que se establezcan los derechos y obligaciones del Estado y del Municipio, o bien, cuando resulte necesaria la coordinaci�n por la deficiente o nula prestaci�n del servicio, a petici�n de los vecinos, supuesto en el que la legislatura o la Diputaci�n Permanente, establecer�n las bases, reglas y condiciones bajo las cuales el Estado intervendr� en la prestaci�n del servicio.

    No obstante lo anterior, en el convenio de cinco de junio de mil novecientos noventa y seis no aparece que el presidente municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, lo hubiera firmado por acuerdo previo de este Ayuntamiento respecto a solicitar que el Estado mencionado prestara el servicio de tr�nsito municipal o respecto a la necesidad del concurso del Gobierno Local para la prestaci�n de dicho servicio y a pesar de que el art�culo 36 de la Ley Org�nica del Municipio Libre del Estado, transcrito en el considerando tercero de la presente resoluci�n, no otorga al presidente municipal funciones de representaci�n del Ayuntamiento ni lo faculta para celebrar los convenios de referencia. Asimismo, tampoco se advierte del convenio aludido que se hubiera celebrado previa autorizaci�n de la legislatura o de la Diputaci�n Permanente Locales o que �stas hayan sentado las bases bajo las cuales convenirse lo relativo a la prestaci�n coordinada del servicio de tr�nsito municipal.

    En consecuencia, con independencia de si el referido convenio de cinco de junio de mil novecientos noventa y seis tiene o no existencia o validez jur�dica, y a si puede o no surtir efectos legales respecto del mismo, la nulidad que de �l declar� el Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, en la sesi�n de Cabildo de diecis�is de abril de mil novecientos noventa y ocho, lo cierto es que la solicitud formulada por el presidente municipal y el s�ndico �nico, mediante oficio 075/98 de cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en representaci�n del Ayuntamiento y en cumplimiento a lo dispuesto en los art�culos 3o. y 4o. transitorios del Reglamento de Tr�nsito y Vialidad del propio Municipio, aprobado por el Ayuntamiento en su sesi�n de veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y ocho, debe entenderse como la expresi�n y aviso de la decisi�n del Ayuntamiento de dar por terminado el convenio a fin de que se municipalice la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad. Al respecto debe destacarse que resulta inadmisible que una prerrogativa que otorga la Constituci�n Federal al Municipio pueda transferirse en forma indefinida a otro nivel de gobierno, sigui�ndose de ello que si en un convenio se ha dado esa cesi�n, en cualquier momento puede recuperarse puesto que no puede darse primac�a al convenio frente a lo establecido en la Constituci�n, m�xime cuando no est� demostrado que hayan existido o subsistan las condiciones que justificaran la transferencia de las atribuciones respectivas.

    Se sigue de lo anterior, que el oficio SG-J2666/98 de veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, suscrito por el Jur�dico (sic) de Gobierno, por instrucciones del secretario general de Gobierno, resulta contrario al art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Federal, pues �ste dispone que compete al Municipio la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y prev� el concurso del Estado s�lo cuando resulte necesario y lo dispongan las leyes y, a pesar de ello, en el mencionado oficio no se niega la municipalizaci�n de la prestaci�n del servicio porque resulte necesario el concurso del Gobierno Local, sino �nicamente porque existe el convenio de colaboraci�n en la prestaci�n del servicio de cinco de junio de mil novecientos noventa y seis y porque la fracci�n VII del art�culo 115 de la Constituci�n Federal y las leyes locales prev�n que en el Municipio donde resida el gobernador, como en el caso lo es el de Xalapa, Veracruz, la fuerza p�blica estar� a mando del mismo y que el personal a trav�s del que se presta el servicio de tr�nsito forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica.

    El convenio de cinco de junio de mil novecientos noventa y seis no justifica la negativa a municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito pues no hay impedimento constitucional o legal alguno para darlo por terminado y devolver al Municipio su competencia original al respecto, en la medida que no est� probado que se requiere el concurso del Gobierno del Estado para la prestaci�n del servicio.

    Tampoco lo dispuesto en la fracci�n VII del art�culo 115 de la Carta Magna y en las leyes del Estado de Veracruz, respecto a que la fuerza p�blica y la polic�a estar� bajo el mando del gobernador en el Municipio donde resida habitual o transitoriamente, justifica la negativa impugnada para municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito en Xalapa, Veracruz, pues como se determin� con anterioridad, dicho servicio y el de seguridad p�blica son diferentes y el de tr�nsito no requiere ser prestado por cuerpo de seguridad y fuerza p�blica.

    Por �ltimo, el art�culo 61 de la Ley de Tr�nsito y Transporte para el Estado de Veracruz y 8o. de su reglamento, disponen:

    Art�culo 61. Todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte as� como el de los Ayuntamientos que desempe�en trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica y ser� de confianza; sus relaciones laborales se regir�n por lo se�alado en las disposiciones siguientes:

    I. El personal tendr� atribuciones operativas y administrativas.

    Se entiende por personal operativo el nombrado para prestar sus servicios en las v�as p�blicas. El personal administrativo ser� el nombrado para realizar trabajos propios del manejo interno de las oficinas.

    II. Las plazas vacantes del personal ser�n cubiertas, previa selecci�n y capacitaci�n de aspirantes.

    Los ascensos jer�rquicos del personal operativo y escalafonarios del personal administrativo, ser�n otorgados a quienes aprueben los cursos de actualizaci�n que para el efecto se impartan y podr�n tener el car�cter de provisional o definitivo, de acuerdo con la necesidad a satisfacer. No podr� concederse un ascenso a quien no ostente el nivel inmediato anterior.

    III. El salario del personal ser� el se�alado en el presupuesto de egresos que corresponda y se pagar� en la localidad donde se preste el servicio; debiendo incrementarse a quien ascienda de grado o jerarqu�a.

    La jornada de trabajo del personal operativo ser� fijada en atenci�n a las necesidades del servicio y la del personal administrativo de acuerdo con los horarios de oficina, y

    IV. Las normas de conducta del personal, ser�n las que se�alen los reglamentos internos, en los que se deber�n incluir disposiciones relativas a: clasificaci�n de los grados jer�rquicos, reconocimientos, faltas, sanciones y evaluaci�n."

    Art�culo 8o. Todo el personal de la Direcci�n General de Tr�nsito y Transporte as� como el de los Ayuntamientos que desempe�en trabajo, funciones o actividades de la materia que regula esta ley, forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica y ser� de confianza; sus relaciones laborales se regir�n por lo se�alado en las disposiciones siguientes:

    I. El personal tendr� atribuciones operativas y administrativas.

    Se entiende por personal operativo el nombrado para prestar sus servicios en las v�as p�blicas. El personal administrativo ser� nombrado para realizar trabajos propios del manejo interno de las oficinas;

    II. Las plazas vacantes del personal ser�n cubiertas, previa selecci�n y capacitaci�n de aspirantes.

    Los ascensos jer�rquicos del personal operativo y escalafonarios del personal administrativo, ser�n otorgados a quienes aprueben los cursos de actualizaci�n que para el efecto se impartan y podr�n tener el car�cter de provisional o definitivo, de acuerdo con la necesidad a satisfacer. No podr� concederse un ascenso a quien no ostente el nivel inmediato anterior.

    III. El salario del personal ser� el se�alado en el presupuesto de egresos que corresponda y se pagar� en la localidad donde se preste el servicio; debiendo incrementarse a quien ascienda de grado o jerarqu�a.

    La jornada de trabajo del personal operativo ser� fijada en atenci�n a las necesidades del servicio y la del personal administrativo de acuerdo con los horarios de oficina, y

    IV. Las normas de conducta del personal, ser�n las que se�alen los reglamentos internos, en los que se deber�n incluir disposiciones relativas a: clasificaci�n de los grados jer�rquicos, reconocimientos, faltas, sanciones y evaluaci�n.

    En todo caso, el personal tendr� las siguientes prohibiciones:

  14. Detener la circulaci�n de cualquier veh�culo o solicitar documentos para revisi�n a los conductores, cuando no haya causa aparente de infracci�n.

  15. Comentar con el presunto infractor sobre el monto o consecuencias de la falta cometida. Se except�an los casos en que lo anterior resulte del ejercicio de las atribuciones que les correspondan.

  16. Comprometerse con el infractor a ser el conducto para pagar el importe de una multa.

  17. Solicitar a cualquier conductor que lo transporte en forma gratuita.

  18. Las que le resulten de este reglamento y dem�s ordenamientos aplicables."

    Lo establecido en las normas transcritas respecto a que el personal a trav�s del que se presta el servicio p�blico de tr�nsito forma parte de los cuerpos de seguridad p�blica no justifica constitucionalmente la negativa a municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito en Xalapa, Veracruz, ya que tales normas y cualquier otra de los ordenamientos impugnados que constituya un obst�culo para municipalizar el servicio aludido en la ciudad mencionada, por disponer que dicho servicio se preste a trav�s de personal que pertenezca a los cuerpos de seguridad p�blica que deben estar al mando del gobernador por residir en la capital del Estado, resultan contrarios al art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Federal, que otorga a los Municipios la competencia para prestar el servicio y permite el concurso del Estado s�lo cuando ello resulte necesario y lo dispongan las leyes, y dado que este servicio no tiene que prestarse necesariamente por cuerpos de seguridad y fuerza p�blicas.

    Conforme a lo razonado, resultan esencialmente fundados los conceptos de invalidez, toda vez que es exacto que los actos impugnados violan el art�culo 115, fracci�n III, inciso h), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en funci�n de que el servicio p�blico de tr�nsito en la capital del Estado de Veracruz corresponde al Ayuntamiento.

    A mayor abundamiento, resultan convincentes a este tribunal, los razonamientos expuestos por el Municipio actor que plantean la conveniencia de que el servicio p�blico de tr�nsito sea proporcionado por el Municipio, ya que en la opini�n del promovente esto traer�a beneficios a la ciudadan�a, toda vez que a trav�s del Reglamento de Tr�nsito y Vialidad, expedido por el Cabildo el veintitr�s de julio de mil novecientos noventa y ocho se colman las lagunas legales existentes al tutelar los derechos de peatones, escolares, ciclistas, ni�os, ancianos y discapacitados; reordenando la conducci�n de autom�viles y transportes, am�n de proteger al medio ambiente y contener disposiciones de alto contenido social en materia de se�alizaci�n, carga y descarga, ascenso y descenso de pasajeros.

    Ante lo fundado de los conceptos de invalidez esgrimidos, lo procedente es decretar la invalidez constitucional de los actos que por esta v�a se reclaman.

SEXTO

Debe determinarse el alcance de esta resoluci�n. La fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n en la parte que interesa, dispone:

... Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

Por otra parte, los art�culos 41, fracciones IV, V y VI, y 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n, disponen:

Art�culo 41. Las sentencias deber�n contener:

...

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisi�n, en su caso, los �rganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el �mbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deber�n extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absoluci�n o condena respectivas, fijando el t�rmino para el cumplimiento de las actuaciones que se se�alen;

VI. En su caso, el t�rmino en el que la parte condenada deba realizar una actuaci�n."

Art�culo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votaci�n mencionada en el p�rrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarar� desestimadas dichas controversias. En estos casos no ser� aplicable lo dispuesto en el art�culo siguiente.

En todos los dem�s casos las resoluciones tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia."

Del an�lisis de los preceptos transcritos se llega a la conclusi�n de que se est� en la hip�tesis de declarar la invalidez constitucional de los siguientes actos:

  1. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz para municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Veracruz.

  2. La negativa del Gobierno del Estado de Veracruz para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en el Municipio de Xalapa, Veracruz.

  3. La Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento promulgados, respectivamente y por su orden, el doce de enero y el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que toca a las disposiciones relativas que impiden la municipalizaci�n en la prestaci�n del servicio p�blico de tr�nsito en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con efectos exclusivamente entre las partes, toda vez que se trata de disposiciones estatales impugnadas por un Municipio, como lo establece la jurisprudencia 72/96, de este Tribunal Pleno, publicada en la Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, p�gina 249, que reza:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, S�LO TENDR� EFECTOS PARA LAS PARTES.-

De conformidad con lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 42 de su ley reglamentaria, la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declare inv�lidas disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n; de los Municipios impugnadas por los Estados o en los casos comprendidos en los incisos c), h) y k) de la fracci�n I del propio art�culo 105 del C�digo Supremo que se refieren a las controversias suscitadas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito Federal; dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; dos �rganos de Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, tendr� efectos de generalidad si adem�s la resoluci�n es aprobada por ocho votos, cuando menos. De esta forma, al no estar contemplado el supuesto en el que el Municipio controvierta disposiciones generales de los Estados, es inconcuso que la resoluci�n del tribunal constitucional, en este caso, s�lo puede tener efectos relativos a las partes en el litigio. No es �bice a lo anterior, que la Suprema Corte haya considerado al resolver el amparo en revisi�n 4521/90, promovido por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y, posteriormente, al fallar las controversias constitucionales 1/93 y 1/95, promovidas respectivamente, por los Ayuntamientos de Delicias, C., y Monterrey, Nuevo Le�n, que el Municipio es un poder del Estado, ya que dicha determinaci�n fue asumida para hacer procedente la v�a de la controversia constitucional en el marco jur�dico vigente con anterioridad a la reforma al art�culo 105 constitucional, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federaci�n, dado que el precepto referido en su redacci�n anterior se�alaba que la Suprema Corte conocer�a de los conflictos entre poderes de un mismo Estado, sin referirse expresamente al Municipio con lo que, de no aceptar ese criterio, quedar�an indefensos en relaci�n con actos de la Federaci�n o de los Estados que vulneraran las prerrogativas que les concede el art�culo 115 de la Constituci�n. En el art�culo 105 constitucional vigente, se ha previsto el supuesto en el inciso i) de la fracci�n I, de tal suerte que, al estar contemplada expresamente la procedencia de la v�a de la controversia constitucional en los conflictos suscitados entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, no cabe hacer la interpretaci�n rese�ada anteriormente, para contemplar que el Municipio es un poder y la hip�tesis sea la contemplada en el inciso h) de la fracci�n I del mismo art�culo 105 de la Constituci�n Federal, para concluir que la resoluci�n debe tener efectos generales, puesto que de haber sido �sta la intenci�n del Poder Reformador de la Constituci�n, al establecer la hip�tesis de efectos generales de las declaraciones de invalidez de normas generales habr�a incluido el inciso i) entre ellos, lo que no hizo."

Ahora bien, con fundamento en los numerales se�alados, esta Suprema Corte procede a determinar los alcances y efectos de la presente resoluci�n.

Al declararse la invalidez constitucional de los actos impugnados en cuanto impiden y niegan la municipalizaci�n del servicio p�blico de tr�nsito y vialidad en la ciudad de Xalapa, Veracruz, resulta procedente otorgar el plazo m�ximo de noventa d�as contados a partir de la legal notificaci�n de la presente resoluci�n a las autoridades demandadas para que emitan un acuerdo en el que tomando en cuenta las consideraciones vertidas en la presente ejecutoria, accedan a municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito en el Municipio de Xalapa, Veracruz, transfiriendo al Municipio de manera ordenada, conforme a un programa de transferencia que elabore el Gobierno del Estado el referido servicio p�blico, cuid�ndose, por una parte, que mientras no se realice de manera integral la transferencia, la funci�n y servicio p�blico seguir�n ejerci�ndose y prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes y, por otra, que en todo el proceso se tenga especial cuidado de no afectar a la poblaci�n del Municipio de Xalapa en cuanto a la prestaci�n del servicio de tr�nsito.

Por �ltimo, debe precisarse que no pasa inadvertido a este �rgano colegiado, que en el Diario Oficial de la Federaci�n de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicaron las reformas y adiciones al art�culo 115 de la Constituci�n Federal, estableci�ndose en el art�culo primero transitorio del decreto relativo que el mismo "entrar� en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n". Sin embargo, las reformas y adiciones aludidas, en nada afectan ni obstaculizan lo determinado en la presente resoluci�n, porque el examen de fondo de la problem�tica constitucional del asunto realizado obviamente a la luz de la normatividad vigente cuando se produjeran los actos impugnados y los alcances de esta sentencia, resultan acordes con el contenido de dichas reformas y adiciones. Adem�s, conviene destacar que si bien conforme al art�culo primero transitorio el decreto entrar� en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial, seg�n se ha precisado, se establecen diversas salvedades, puesto que deben realizarse las adecuaciones previstas en el segundo transitorio, tanto a las leyes federales como a las Constituciones y leyes locales, lo que deber� hacerse: "por los Estados dentro de un a�o a partir de la iniciaci�n de la vigencia del decreto y en el Congreso de la Uni�n a m�s tardar el treinta de abril del a�o dos mil uno, precis�ndose que mientras no se hagan las adecuaciones se continuar�n aplicando las disposiciones vigentes".

Efectivamente, el art�culo 115, fracciones II, III y VII, ya con las reformas y adiciones referidas, y los art�culos tercero y cuarto transitorios del decreto relativo, disponen:

Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.-

Los Ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal.-

El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer: a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.-

Las Legislaturas Estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales; b) Alumbrado p�blico; c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.-

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los Municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales.-

Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de Municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las Legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; ... VII. La polic�a preventiva municipal estar� al mando del presidente municipal, en los t�rminos del reglamento correspondiente. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico.-

El Ejecutivo Federal tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente; ... Art�culo tercero. Trat�ndose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el art�culo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, o de manera coordinada con los Municipios, �stos podr�n asumirlos, previa aprobaci�n del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondr�n de lo necesario para que la funci�n o servicio p�blico de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo m�ximo de 90 d�as contados a partir de la recepci�n de la correspondiente solicitud.-

En el caso del inciso a) de la fracci�n III del art�culo 115, dentro del plazo se�alado en el p�rrafo anterior, los Gobiernos Estatales podr�n solicitar a la Legislatura correspondiente, conservar en su �mbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la poblaci�n, su prestaci�n. La Legislatura Estatal resolver� lo conducente.-

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer p�rrafo, las funciones y servicios p�blicos seguir�n ejerci�ndose o prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes.-

Art�culo cuarto. Los Estados y Municipios realizar�n los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto y a las Constituciones y leyes estatales."

Como se advierte, la norma constitucional reformada y adicionada establece que el servicio p�blico de tr�nsito compete al Municipio y contempla la posibilidad de que el Gobierno del Estado asuma alg�n servicio municipal cuando la Legislatura Local considere que el Municipio est� imposibilitado para prestarlo, pero para ello es necesaria la solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes. Asimismo, determina que el Municipio podr� celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo de alg�n servicio municipal, o bien, se preste coordinadamente, pero ello s�lo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo resulte necesario. Por �ltimo, se prev� que trat�ndose de servicios que sean competencia de los Municipios y que al entrar en vigor las reformas y adiciones, se presten por el Estado o de manera coordinada, aqu�llos podr�n asumirlas previa aprobaci�n del Ayuntamiento, supuesto en el cual el Gobierno del Estado dispondr� lo necesario para que el servicio se transfiera de manera ordenada y conforme a un plan que presente, en un plazo m�ximo de noventa d�as contados a partir de la recepci�n de la correspondiente solicitud, cuidando que no se afecte a la poblaci�n del Municipio de Xalapa en la prestaci�n ininterrumpida del servicio, as� como que el plazo en el que se ejecute el programa deber� atender a la complejidad del mismo y a la razonabilidad y buena fe que debe caracterizar a la actuaci�n de los �rganos de gobierno.

As�, el que en la presente resoluci�n se determine, con motivo de la declaraci�n de invalidez de los actos impugnados, la procedencia de otorgar un plazo m�ximo de noventa d�as al Gobierno del Estado de Veracruz, contado a partir de la notificaci�n de la propia resoluci�n, para que acuerden favorablemente la solicitud formulada por el Municipio de Xalapa para municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito en los t�rminos precisados, aun cuando no se encuentren vigentes las disposiciones constitucionales, en nada contradicen el sistema previsto en las mismas sino, por el contrario, son plenamente coherentes con ellas, a grado tal que si ya hubieran iniciado su vigencia o �sta se produjera, dentro del plazo concedido de noventa d�as, la soluci�n habr�a tenido que ser la misma, aunque con la diferencia de que, en esa hip�tesis, se ajustar�a a lo dispuesto por el texto constitucional, lo que ahora s�lo se basa en su l�gica interpretaci�n.

Por lo expuesto y con fundamento, adem�s, en el art�culo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelve:

PRIMERO

Es improcedente la acci�n de controversia constitucional que hace valer el presidente del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en t�rminos del considerando tercero de esta resoluci�n.

SEGUNDO

Es procedente la controversia constitucional planteada por el s�ndico �nico del Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz.

TERCERO

El Municipio actor prob� su acci�n.

CUARTO

Las autoridades demandadas no probaron sus excepciones y defensas.

QUINTO

Se declara la invalidez constitucional de la negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para municipalizar el servicio p�blico de tr�nsito en el Municipio de Xalapa, Veracruz; de la negativa del Gobierno del Estado de Veracruz, para transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio p�blico de tr�nsito en el Municipio de Xalapa, Veracruz, y de la Ley de Tr�nsito y Transporte del Estado de Veracruz y su reglamento promulgados, respectivamente y por su orden, el doce de enero y el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que toca a las disposiciones relativas que impidan la municipalizaci�n de la prestaci�n de este servicio p�blico en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con efectos exclusivamente entre las partes y para los efectos que se precisan en el considerando sexto de la presente resoluci�n.

SEXTO

Publ�quese �ntegramente esta resoluci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, en el Peri�dico Oficial del Estado de Veracruz y en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; c�mplase y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por unanimidad de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., A.A.�n, G.�o P., O.M., S.M. y G�ngora P.. Fue ponente el segundo de los se�ores Ministros antes mencionados y fungi� como presidente el �ltimo de los nombrados. Ausentes la se�ora Ministra S�nchez C. por estar disfrutando de licencia y el se�or Ministro Rom�n P., previo aviso a la presidencia.

Tesis:

N�mero tesis: 191989

R.: TR�NSITO. ES UN SERVICIO P�BLICO QUE EL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE �STE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCI�N.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XI, Abril de 2000; P�g. 822; [J];

N�mero tesis: 192098

R.: CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACI�N PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS �RGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XI, Abril de 2000; P�g. 813; [J];

N�mero tesis: 192099

R.: TR�NSITO. LA PRESTACI�N DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA P�BLICA.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XI, Abril de 2000; P�g. 822; [J];

N�mero tesis: 192100

R.: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL S�NDICO �NICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACI�N PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACI�N, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO.

Localizacion: 9a. �poca; P.; S.J.F. y su Gaceta; XI, Abril de 2000; P�g. 720; [J];