Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072003

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 1999
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.A) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ÓRGANOS DERIVADOS O LEGALES, EVENTUALMENTE, PUEDEN ESTAR LEGITIMADOS PASIVAMENTE PARA INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO.B) CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL. NO SE INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN MUNICIPIO SI SU SUPERVISIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SE DEPOSITA LEGALMENTE EN UN ORGANISMO DE CARÁCTER ESTATAL, AUN CUANDO SE ENCUENTREN EN EL TERRITORIO DE AQUÉL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE M�XICO.

MINISTRO PONENTE: S.S.A.A..

SECRETARIO: O.A.C.Q..

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el d�a seis de junio de mil novecientos noventa y siete, A.C.R., en su car�cter de s�ndico procurador del Ayuntamiento de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico, promovi� demanda de controversia constitucional, contra los actos y autoridades que enseguida se precisan:

La entidad, poder u �rgano demandado y su domicilio: Junta de Caminos del Estado de M�xico, con domicilio en calle Igualdad n�mero 101 esquina Fraternidad, S.T., Toluca, Estado de M�xico.-La norma general o el acto cuya invalidez se demanda, as� como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado.-El repintado de los puentes que se encuentran ubicados en el Perif�rico, que competen a la jurisdicci�n de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico, por parte de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, autoridad que se fundamenta para ello en su oficio n�mero 1.2/098/97 de fecha 15 de mayo de 1997, emitido por el director general de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, el cual se hizo llegar a este H. Ayuntamiento el d�a 22 de mayo del a�o en curso.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. Aproximadamente desde hace dos administraciones p�blicas municipales anteriores, el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico ha venido dando mantenimiento a los puentes que se encuentran ubicados dentro de su jurisdicci�n, comprendiendo dentro de dicho concepto el pintado de los mismos, igualmente, se han puesto carteles informativos en los mismos, que hacen referencia a la delimitaci�n del Municipio.-2. En ninguna de las administraciones municipales pasadas, de lo que se tiene conocimiento, la Junta de Caminos del Estado de M�xico ha dado mantenimiento a los puentes referidos.-3. Con el sentido de dar una presencia de pulcritud y acercamiento con la ciudadan�a, de tal manera que pueda identificar perfectamente la delimitaci�n territorial del Municipio de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico, es que a partir del mes de enero, fecha en la cual entr� en funciones la nueva administraci�n, es que se procedi� a dar mantenimiento a los puentes peatonales respectivos, tal y como se hab�a venido haciendo en administraciones pasadas.-4. Siendo a partir del mes de marzo del a�o en curso, cuando el residente regional en Cuautitl�n y el encargado del despacho de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, ambas autoridades del Gobierno del Estado de M�xico, se interesaron, no en dar mantenimiento a los puentes que como se manifest� desde hac�a dos administraciones pasadas nunca lo hab�an hecho, sino en el pintado que se hizo por parte de este H. Ayuntamiento, que al parecer no les agrad� que fuera de color azul.-5. Para efectos de tratar de justificar lo anterior, las autoridades se�aladas enviaron a este H. Ayuntamiento planos, copias fotost�ticas de un manual de dispositivos para el control del tr�nsito en calles y carreteras, del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, y posteriormente se entreg� una copia fotost�tica de un acta de entrega.-6. Se tuvo pl�ticas con el residente de Cuautitl�n I.. N.R.M., as� como de un abogado de dicha dependencia, con el cual se lleg� a la conclusi�n de que no existe una normatividad legal que establezca que los puentes no deban pintarse de azul, quedando de acuerdo en coordinarse para los trabajos de bacheo para lo cual se envi� un oficio a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del gobierno del Estado haciendo menci�n a que ya se hab�a quedado de acuerdo en que no exist�a ning�n inconveniente de las partes para lo anterior.-7. Mediante oficio n�mero 1.2/098/97, de fecha 15 de mayo del a�o en curso, el director general de la Junta de Caminos del Estado de M�xico hace diversas apreciaciones, respecto de los puentes referidos aplicando el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, se�ala que se le entreg� la supervisi�n, conservaci�n y mantenimiento de los puentes de acuerdo con el acta entrega-recepci�n de fecha 26 de marzo de 1983, concluyendo en que proceder� a regularizar el pintado de los puentes peatonales y dar� cuenta de las infracciones cometidas a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno F..-Por lo que con motivo de lo anterior, el d�a 5 de junio del a�o en curso, se presentaron diversas personas repintando los puentes referidos, situaci�n que se considera totalmente inconstitucional y que atenta en contra de la soberan�a municipal, ya que independientemente de que ya se hab�a tomado un acuerdo de colaboraci�n en el sentido referido, el cual no se respeta por la autoridad citada, adicionalmente al hecho de que la autoridad estatal se est� atribuyendo funciones que no le corresponden, o al menos no justifica en su escrito de resoluci�n, ya que en ninguna parte se establece que se le hayan delegado atribuciones por parte del Ejecutivo F. para poder aplicar el reglamento federal a que se hace menci�n; tampoco fundamenta su actuar en ninguna disposici�n legal que le permita llevar a cabo de manera expresa el repintado de puentes peatonales; hace una indebida interpretaci�n del reglamento federal citado en base a lo cual, est� ejecutando un acto que a todas luces es inconstitucional, por lo cual se acude ante esta instancia para efectos de invalidar el acto de la citada autoridad, ya que como es de conocimiento primario, la autoridad �nicamente puede hacer aquello que le es permitido conforme a las disposiciones legales de las cuales emana como tal, por lo que si no cumple con ello, sus actos no guardan la legalidad y en este caso la constitucionalidad debidos, pudiendo atentar en contra de la soberan�a de los dem�s entes p�blicos."

TERCERO

Por acuerdo de once de junio de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional del que por turno correspondi� para fungir como instructor al M.S.S.A.A..

Por auto de fecha doce del citado mes y a�o, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, orden� emplazar a la autoridad demandada, tuvo como terceros interesados en la presente controversia constitucional, a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes F., a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de M�xico; y a la Residencia Regional Cuautitl�n, dependiente de la autoridad demandada, respecto de los cuales orden� se les corriera traslado, asimismo, orden� dar vista al procurador general de la R.�blica y acord� que se formara por separado el cuaderno incidental respectivo.

CUARTO

El director general de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, al formular su contestaci�n de demanda, en s�ntesis manifest� lo siguiente:

  1. Que en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el art�culo 22, fracci�n II, ambos de la ley reglamentaria de las fracciones I y II, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y del art�culo 105, fracci�n I inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio es improcedente, pues conforme al art�culo 105, fracci�n I inciso i), de la Carta Magna, las controversias constitucionales se suscitar�n entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos; y conforme a la ley reglamentaria del propio dispositivo constitucional federal, en la demanda se deber� se�alar a la entidad, poder u �rgano demandado; y en el presente caso no se dan dichos supuestos, ya que la Junta de Caminos del Estado de M�xico, creada por Decreto N�mero 81, de la H. Legislatura Local, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, es un organismo p�blico descentralizado con personalidad y patrimonios propios y no tiene el car�cter de entidad, ni poder, ni �rgano que forma parte de la organizaci�n administrativa central del Gobierno del Estado de M�xico, con lo cual se actualiza la causal de improcedencia invocada.

  2. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos materia de la presente controversia constitucional pudieron haber tenido soluci�n en otra v�a legalmente prevista, por lo que el actor a fin de no contravenir el principio de definitividad, antes de intentar esta v�a constitucional en contra del oficio n�mero 1.2/098/97, de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, emitido por esa direcci�n general respecto del repintado de los puentes ubicados en el B.M. �vila C., en el tramo comprendido dentro del Municipio de Tlalnepantla de B. de la autopista M�xico-Quer�taro, que es una v�a general de comunicaci�n, de conformidad al art�culo 1o., fracci�n VI, de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, debi� de haber interpuesto el recurso de reconsideraci�n previsto en el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as; y al no haberlo hecho as�, hace operante la causal de improcedencia invocada.

  3. Que el juicio es improcedente en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el art�culo 21, fracci�n I, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de acuerdo con el art�culo 21, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para la interposici�n de la demanda de controversia constitucional en trat�ndose de actos, es de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n, entre otros casos; y en el presente supuesto a la Presidenta Municipal Constitucional de Tlalnepantla de B., por oficio n�mero 211A00000/039/97, de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete, el encargado del despacho de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Estado de M�xico, le hizo de su conocimiento en relaci�n al trabajo de pintura que se estaba realizando en los puentes vehiculares y peatonales de la autopista M�xico-Quer�taro, en el tramo que se encuentra dentro del Municipio de Tlalnepantla, que dicha vialidad era jurisdicci�n de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, invit�ndole a suspender dichos trabajos, oficio que es antecedente del que por medio de la presente controversia constitucional se impugna, y que tambi�n el director de Servicios P�blicos Municipales del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de B., hace menci�n de �l en su oficio n�mero DSP/1018/97, de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, fecha �sta de la cual se desprende que transcurri� con exceso el t�rmino de treinta d�as para que el actor presentara su demanda de controversia constitucional.

  4. Que conforme al art�culo 1o., fracci�n VI, de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, la autopista M�xico-Quer�taro es una v�a general de comunicaci�n, es una carretera federal, incluyendo el tramo comprendido entre el kil�metro 11+080 al kil�metro 33+000, dentro del cual se encuentra el B.M.�.C., tramo carretero que por acta entrega-recepci�n de fecha veintis�is de mayo de mil novecientos ochenta y tres, el organismo p�blico descentralizado Caminos y P. F.es de I.resos y Servicios Conexos, en representaci�n de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes lo entreg� en supervisi�n, conservaci�n y mantenimiento a la entonces Junta Local de Caminos del Estado de M�xico hoy ejerciendo dichas atribuciones la Junta de Caminos del Estado de M�xico, que fue creada por Decreto N�mero 81, de la legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno del once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, relativo a la Ley que crea la Junta de Caminos del Estado de M�xico, por lo que toda vez que el tramo carretero donde se encuentra el B.M.�.C., dentro del Municipio de Tlalnepantla de B. es de jurisdicci�n federal, se aplica el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as.

  5. Que respecto a la Junta de Caminos del Estado de M�xico, el decreto que la cre� fue derogado por el transitorio segundo del Decreto N�mero 81, de la legislatura, relativo a la Ley que crea la Junta de Caminos del Estado de M�xico, y en ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Junta de Caminos del Estado de M�xico, y al acta entrega-recepci�n del tramo carretero comprendido entre el kil�metro 11+080 al 33+000, de la autopista M�xico-Quer�taro, en que el organismo descentralizado Caminos y P. F.es de I.resos y Servicios Conexos entreg� a la entonces Junta Local de Caminos del Estado de M�xico su supervisi�n, conservaci�n y mantenimiento, ejerciendo actualmente dichas atribuciones la Junta de Caminos del Estado de M�xico, seg�n su decreto de creaci�n, vigilando que el derecho de v�a de la autopista en cita se respete y se observen las restricciones previstas en el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as; y toda vez que se detect� que el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico estaba pintando de color azul los puentes peatonales y vehiculares, color que seg�n manifest� el director de Servicios P�blicos Municipales del Ayuntamiento de Tlalnepantla de B. en las reuniones que se tuvieron con �l, es el color de su partido pol�tico, el Partido Acci�n Nacional, PAN; y esta Junta de Caminos del Estado de M�xico realiza los actos de conservaci�n y mantenimiento de los puentes de m�rito, en un tramo carretero que fue entregado por el Gobierno F., supervisando que no se infringiera el reglamento en cita, toda vez que est� prohibido usar el color azul en el pintado de los puentes vehiculares y peatonales, por ser considerados �stos como obras auxiliares de las carreteras, y por carecer dicho Ayuntamiento de atribuciones para efectuar el pintado de m�rito y no tener la autorizaci�n expedida al efecto por la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno F., ni la autorizaci�n de la Junta de Caminos del Estado de M�xico; fue por lo que se le gir� el oficio n�mero 1.2/098/97, de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, dirigido a la Presidenta Municipal Constitucional de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico y se procedi� a regularizar el pintado de los puentes peatonales con los colores originales de amarillo y gris, con que fueron entregados por el Gobierno F.; resaltando que en el oficio de m�rito se establecieron expresamente los fundamentos de derecho conducentes y los razonamientos por los cuales se aplicaron, asimismo se hizo del conocimiento de la presidenta municipal que no pod�a disponer de los puentes peatonales para la instalaci�n de anuncios o propaganda, ni usar colores que no sean los previstos en el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, y que toda acci�n de pintado de puentes o colocaci�n de anuncios en el tramo carretero federal materia de la presente controversia constitucional, deber�a coordinarse previamente con este organismo, a fin de solicitar el permiso correspondiente a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno F.; no obstante que personal de dicho Ayuntamiento ha persistido en dichas acciones irregulares y por lo tanto, se hab�a infringido el reglamento en cita y en consecuencia esta Junta de Caminos del Estado de M�xico iba a proceder a regularizar el pintado de los puentes peatonales de m�rito, con los colores de amarillo y gris, con los cuales se entreg� el multicitado tramo carretero; asimismo, de que se dar�a cuenta de dichas infracciones a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno F., para que proceda conforme a sus atribuciones.

  6. Que en los conceptos de invalidez que vierte el actor, la cita de los preceptos legales que refiere no se concretizan a razonamientos jur�dicos que combatan el acto impugnado, por lo que hace ineficaces a los mismos; y que el actor aduce la inexacta aplicaci�n del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de V�a de Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, por parte de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, sin proporcionar para ello ning�n razonamiento jur�dico que permita evidenciar en qu� consiste la indebida aplicaci�n de este reglamento; sino que por el contrario �nica y exclusivamente se limita a realizar una interpretaci�n de car�cter subjetiva del mismo, sin que tenga aplicaci�n al caso concreto que nos ocupa y que los conceptos de invalidez que argumenta la parte actora, se limitan a invocar preceptos constitucionales que supuestamente fueron violados por parte de la Junta de Caminos del Estado de M�xico; por lo que de la estricta interpretaci�n de los mismos, no se advierte que guarden estrecha relaci�n al caso concreto que nos ocupa; es decir, estos no se encuentran vinculados con el acto reclamado; en otras palabras, no acredita el Ayuntamiento de Tlalnepantla que el acto reclamado sea inconstitucional.

  7. Que el oficio n�mero 1.2/098/97 de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, cuya invalidez indebidamente demanda la parte actora, se encuentra elaborado con estricto apego a derecho sin violentar la normatividad federal, como indebidamente lo pretende hacer valer el Ayuntamiento de Tlalnepantla, pues del oficio a que se hace referencia, en ninguna de sus partes se advierte que el organismo demandado pretenda aplicar el citado ordenamiento federal, sino que por el contrario �nica y exclusivamente se le solicita que toda acci�n que pretendiera llevar a cabo relativo al pintado de puentes y colocaci�n de anuncios, deber�a coordinarse previamente con este organismo, para solicitar en su caso el permiso correspondiente, motivo por lo cual al haber violentado los dispositivos legales que se consignan en el mismo, esta Junta de Caminos proceder� a realizar el pintado de los puentes peatonales con el color que originalmente le fueron entregados (amarillo y gris), y dar� cuenta de las infracciones cometidas a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno F., por lo que no se pretendi� o ejecut� sanci�n administrativa alguna, derivada de la actividad arbitraria de ese Ayuntamiento por utilizar el color azul en los puentes vehiculares y peatonales.

  8. Que la Junta de Caminos tiene jurisdicci�n sobre el B.M. �vila C., donde se encuentran las obras auxiliares, (puentes vehiculares y peatonales), el que se encuentra registrado en la red carretera estatal a cargo de la Junta de Caminos.

  9. Que el pintado de los puentes peatonales �nica y exclusivamente se podr� delegar a los Ayuntamientos, siempre y cuando se realice un convenio de colaboraci�n y desde luego bajo un marco de coordinaci�n, en el cual no se transgreda la normatividad aplicable en la materia, as� como las cuestiones t�cnicas; sin embargo, se puede observar que en la presente hip�tesis en ning�n momento se da este acuerdo de colaboraci�n entre el organismodemandado y el Ayuntamiento de Tlalnepantla; no obstante lo anterior, contraviene los lineamientos t�cnicos se�alados por esta Junta de Caminos, ya que debido a razonamientos t�cnicos y cient�ficos, incluso a nivel internacional se han codificado los colores de cada uno de los elementos que forman parte de las vialidades y sus obras auxiliares, para llamar la atenci�n del usuario a situaciones espec�ficas o bien para no llamarlo y no distraerlo. Este es el caso del color gris, el cual por tener menor longitud de onda en su reflexi�n no llama la atenci�n del usuario dentro del cono de visibilidad, pasando desapercibido para �l sin distraerlo.

  10. Que pintar con colores llamativos una estructura de un puente peatonal dentro del derecho de v�a, como es el caso que nos ocupa; es decir, los que en su reflexi�n tienen mayor longitud de onda, como es el caso de colores violeta, azul, verde, naranja, rojo, que precisamente son los que restringe el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as; lo que se trata es de prevenir o de otorgar medidas de prevenci�n de accidentes, dado al alto aforo vehicular, que sobrepasa los 70,000 veh�culos diarios y que a ciertas horas del d�a, llegan a desarrollar velocidades mayores a los 70 kms. por hora, es por ello que al situar elementos que distraen la atenci�n de los miles de conductores que diariamente transitan por esa v�a (B.M. �vila C.); como es el caso de objetos llamativos, anuncios o letreros, colocados precisamente al centro del cono de visibilidad, incrementa el riesgo de ocasionar accidentes. Sin embargo, la parte actora pasa por alto estas cuestiones t�cnicas, anteponiendo cuestiones de proselitismo pol�tico a costa de la seguridad de los miles de usuarios que transitan por esa v�a.

  11. Que el color amarillo con el que se pintan los barandales y parapetos en la parte superior, es un color que indica medida de prevenci�n y seguridad para el peat�n que transita sobre el puente, precisamente por ser un color que llama la atenci�n y el peat�n conoce de esa manera el l�mite de seguridad, que de llegar a rebasarlo lo pondr�a en riesgo en cuanto a su integridad f�sica.

  12. Que tanto a nivel nacional como internacional, existe un c�digo de colores que permiten al usuario identificar apropiadamente aquellas medidas del control de tr�nsito con seguridad y eficacia, en el que se establece que el color azul con el que fueron pintados los puentes vehiculares y peatonales, se utilice �nica y exclusivamente para informaci�n relativa a servicios tur�sticos, precisamente para llamar la atenci�n del usuario.

QUINTO

El director general de Asuntos Jur�dicos de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes en su calidad de tercero interesado en la presente controversia, en s�ntesis manifest� lo siguiente:

  1. Que de la lectura integral del escrito de demanda, no se desprende que se reclame actuaci�n alguna de esa dependencia del Ejecutivo F., ya que los actos cuya invalidez se demanda, �nicamente inciden en la esfera competencial de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de M�xico.

  2. Que si bien es cierto que corresponde a esta Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, la aplicaci�n del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, hasta la fecha, la Junta de Caminos del Estado de M�xico no ha hecho del conocimiento de esa dependencia del Ejecutivo F. acto alguno que pudiera constituir infracci�n al mencionado reglamento pero que, no obstante, si existiere (y fuere hecho del conocimiento de la SCT) alg�n acto que pudiera constituir violaci�n a las disposiciones contenidas en el reglamento en cuesti�n, se proceder� conforme a derecho corresponda. Lo anterior, independientemente de las facultades que esa Junta de Caminos tuviere con motivo del acta de entrega-recepci�n de fecha veintis�is de mayo de mil novecientos ochenta y tres, celebrada por el organismo p�blico descentralizado Caminos y P. F.es de I.resos y Servicios Conexos y por la Junta Local de Caminos del Gobierno del Estado de M�xico, en cuanto a la supervisi�n, mantenimiento y conservaci�n de dicho tramo carretero, tal como fuera previsto en el entonces vigente art�culo 149 de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n.

  3. Que el ramal Ceyl�n-Vallejo, correspondiente al tramo de la carretera de cuota M�xico-Quer�taro, denominado Toreo (l�mite Distrito F.-Estado de M�xico) Planta Ford, comprendido entre los kil�metros 11+080 al 33+000, estaba a cargo del organismo p�blico descentralizado Caminos y P. F.es de I.resos y Servicios Conexos y, posteriormente, el veintis�is de mayo de mil novecientos ochenta y tres, ese organismo hizo entrega de dicho tramo a la Junta Local de Caminos del Estado de M�xico, seg�n consta en el acta correspondiente de esa misma fecha, por tal raz�n, la Junta de Caminos del Estado de M�xico es la autoridad que tiene a su cargo la supervisi�n, mantenimiento y conservaci�n de ese tramo de v�a general de comunicaci�n. En consecuencia, se insiste, esta secretar�a no tiene injerencia alguna en la conservaci�n y mantenimiento de ese tramo de la carretera federal de cuota M�xico-Quer�taro.

SEXTO

El Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de M�xico, en su car�cter de tercero interesado en la presente controversia constitucional, realiz� los mismos planteamientos que la autoridad demandada al contestar la demanda.

S�PTIMO

El residente regional de Cuautitl�n de la Junta de Caminos del Estado de M�xico en su car�cter de tercero interesado en el presente juicio, adujo que hac�a suyas las causales de improcedencia y los argumentos, consideraciones y fundamentos jur�dicos expuestos por el director general de la Junta de Caminos del Estado de M�xico al contestar la demanda.

OCTAVO

Por oficio n�mero 508/97, presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el d�a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el procurador general de la R.�blica en s�ntesis manifest� lo siguiente:

  1. Que la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para conocer la litis generada entre la Junta de Caminos del Estado y el Municipio de Tlalnepantla, Estado de M�xico, est� debidamente sustentada.

  2. Que la presente demanda se encuentra presentada dentro del plazo de los treinta d�as que prev� la fracci�n I del art�culo 21, de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional, lo anterior en virtud de que el t�rmino a que alude la ley corri� del veintitr�s de mayo al tres de julio del presente a�o.

  3. Que de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 11 de la ley reglamentaria del art�culo 105, el funcionario que comparece en la presente controversia constitucional en representaci�n del Municipio, se encuentra debidamente facultado para ello.

  4. Que v�lidamente se puede concluir de la simple lectura del oficio impugnado, que su contenido se ajusta al orden legal federal que rige estos bienes de naturaleza federal, representado en este caso por la Ley de Caminos, P. y Autotransporte F. y por el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as.

  5. Que no puede tenerse por acreditada una concreta violaci�n al art�culo 22 de la Constituci�n F. por la sencilla raz�n de que ni se desprende del oficio impugnado la imposici�n de sanci�n alguna de confiscaci�n con respecto a los bienes del Municipio, y mucho menos, la actora ofrece elemento alguno para acreditar la misma.

  6. Que aparte de que el �nico argumento de la parte actora tendiente a acreditar la violaci�n al marco constitucional en este caso, se concreta en manifestar que la autoridad administrativa estatal llev� a cabo diversos actos que, en su concepto, se encuentran afectados en su legalidad, pues no son imparciales y que existen diversas deficiencias en el desempe�o de sus atribuciones, lo que no puede entenderse como un argumento claro y contundente por el cual se pretenda acreditar que se viola el art�culo 109 constitucional, de la estructura de este art�culo que nos ocupa, se desprende desde su primer p�rrafo que se refiere al contenido, que por mandato constitucional deben contener las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos, mandato dirigido a los Poderes Legislativos F. y Locales, de donde se desprende que solamente estas autoridades legislativas podr�n infringir este precepto y nunca diversa autoridad como lo es la demandada.

  7. Que debe declararse procedente la presente controversia constitucional e infundados los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora por no acreditarse violaci�n alguna a los art�culos 16, 21, 89, fracci�n I, 109 y 116, fracci�n VII constitucionales.

NOVENO

El d�a quince de octubre de mil novecientos noventa y siete tuvo verificativo la audiencia a que se refieren los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F., y se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n en virtud de que en la demanda se plantea un conflicto entre un Estado y un Municipio por contravenci�n a la Constituci�n F..

SEGUNDO

El director de la Junta de Caminos, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el residente regional de Cuautitl�n de la Junta de Caminos, todos ellos del Estado de M�xico, son coincidentes en se�alar que el presente juicio es improcedente porque la presidenta del Municipio actor, por oficio n�mero 211A00000/0/39/97 de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete signado por el encargado del despacho de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Estado de M�xico, tuvo conocimiento en relaci�n al trabajo de pintura que se estaba realizando en los puentes vehiculares y peatonales de la autopista M�xico-Quer�taro, en el tramo que se encuentra dentro del Municipio de Tlalnepantla, que dicha vialidad era jurisdicci�n de la Junta de Caminos del Estado de M�xico y por tanto se le invit� a suspender dichos trabajos, por lo que toda vez que el citado oficio es antecedente del que se impugna en la presente controversia constitucional, el juicio resulta improcedente en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 21, fracci�n I, ambos de la ley reglamentaria de la materia.

De lo expuesto con anterioridad, se advierte que la autoridad demandada considera que por medio del oficio n�mero 211A00000/0/39/97 de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete, la parte actora tuvo conocimiento de los actos impugnados y que por tanto desde esa fecha debi� haber promovido la presente controversia constitucional.

Es infundada la causal de improcedencia invocada por las siguientes razones:

  1. En t�rminos del art�culo 39 de la ley reglamentaria de la materia, este Tribunal Pleno advierte de un an�lisis preliminar de los conceptos de invalidez planteados, que el acto impugnado en la presente controversia constitucional, es el oficio n�mero 1.2/098/97 de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, que suscribi� el director general de la Junta de Caminos del Estado de M�xico.

  2. D. mismo an�lisis preliminar, se hace patente que los conceptos de invalidez buscan acreditar que el contenido del oficio impugnado y sus consecuencias son violatorias de diversos art�culos de la Constituci�n F. por invadir el �mbito competencial del Municipio actor.

  3. No obra en autos el oficio n�mero 211A00000/0/39/97 de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete que refiere la autoridad demandada, por lo que no se encuentra acreditado fehacientemente que la parte actora tuviera conocimiento desde esa fecha de los acuerdos que obran en el diverso oficio impugnado por esta v�a y que por tanto desde ese momento estuviera en aptitud de plantear la controversia constitucional.

Atento a lo anterior, cabe concluir que la presente controversia constitucional debe considerarse promovida en tiempo, en virtud de que en copia fotost�tica simple del oficio impugnado que obra a fojas veintitr�s del presente expediente aparece un sello de recibido que se�ala: "Ayuntamiento de Tlalnepantla de B. 97, may. 22, 13:53 (palabra ilegible), m�dulo 1, recibido", lo que se corrobora con la circunstancia de que el actor en su escrito de demanda se manifest� sabedor del citado oficio en la fecha se�alada sin que la parte demandada probara lo contrario, esto es, que fue otra la fecha en que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado.

Sirven de apoyo a lo anterior la tesis n�mero VI/96 y la jurisprudencia n�mero 64/96, visibles respectivamente a fojas 265, Tomo III, febrero de 1996, Segunda Sala, Novena �poca y fojas 324, Tomo IV, noviembre de 1996, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que se�alan:

"COPIAS FOTOST�TICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.-La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1988, Segunda Parte, V.I., p�gina 916, n�mero 533, con el rubro: ?COPIAS FOTOST�TICAS. SU VALOR PROBATORIO.?, establece que conforme a lo previsto por el art�culo 217 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, el valor de las fotograf�as de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificaci�n, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretaci�n y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotost�ticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotost�ticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificaci�n, sino que, consider�ndolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los dem�s elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuaci�n integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorg�rseles."

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL C�MPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACI�N, SE INICIA AL D�A SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO.-La interpretaci�n sistem�tica del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos permite concluir que el plazo de treinta d�as para la presentaci�n de la demanda de una controversia constitucional en contra de normas generales, con motivo de su primer acto de aplicaci�n, debe computarse a partir del d�a siguiente al en que tenga conocimiento el actor o se haga sabedor del mismo. Por consiguiente, no basta que el acto de aplicaci�n de la norma general, cuya invalidez se impugna, se genere, sino que es preciso, para efecto de dicho c�mputo, que se haga del conocimiento del actor o que �ste se haga sabedor de �l. Pretender que el c�mputo se realice a partir de la fecha en que se produjo el acto de aplicaci�n, lo que derivar�a de la lectura aislada y literal de la fracci�n II del art�culo 21 de la ley se�alada, generar�a la indefensi�n del actor, violando en su perjuicio una formalidad esencial del procedimiento. La aplicaci�n supletoria del art�culo 321 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, prevista en el art�culo 1o. de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional, establece como regla general que toda notificaci�n surtir� sus efectos al d�a siguiente al en que se practique, lo que responde a la l�gica, pues no puede producir afectaci�n un acto cuya existencia se desconoce. Conforme a este principio si el actor se ostenta sabedor del acto de aplicaci�n o se llega a demostrar que tuvo conocimiento del mismo deber� atenderse a ello al hacer el c�mputo sobre la presentaci�n de la demanda.

Ahora bien, el art�culo 21, fracci�n I de la ley reglamentaria de la materia se�ala:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; ...

Conforme al dispositivo legal transcrito, cuando en la controversia constitucional se impugnen actos, el actor cuenta con un plazo de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso particular, como ya se ha precisado el Municipio actor se ostent� sabedor de los actos impugnados el veintid�s de mayo de mil novecientos noventa y siete, por lo que el plazo para la presentaci�n de la demanda corri� del viernes veintitr�s del mismo mes y a�o al jueves tres de julio del citado a�o, debi�ndose descontar del c�mputo respectivo los d�as s�bado veinticuatro, domingo veinticinco y s�bado treinta y uno de mayo, as� como el domingo primero, s�bado siete, domingo ocho, s�bado catorce, domingo quince, s�bado veintiuno, domingo veintid�s, s�bado veintiocho y domingo veintinueve de junio por ser inh�biles de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 2o. y 3o., fracciones I y II, y 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F..

En consecuencia, al haberse presentado la demanda el seis de junio de mil novecientos noventa y siete, su presentaci�n se realiz� dentro del plazo que para tal efecto prev� el art�culo 21, fracci�n I de la ley reglamentaria de la materia.

TERCERO

Quien suscribe la demanda se ostenta como s�ndico procurador del Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico, quien cuenta con facultades para representar al Municipio de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 52 y 53, fracci�n I, de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M�xico, que al efecto disponen:

"Art�culo 52. Los s�ndicos municipales tendr�n a su cargo la procuraci�n y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de car�cter patrimonial y la funci�n de contralor�a interna, la que, en su caso, ejercer�n conjuntamente con el �rgano de control y evaluaci�n que al efecto establezcan los Ayuntamientos."

"Art�culo 53. Los s�ndicos tendr�n las siguientes atribuciones:

I.P., defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jur�dicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal ...

Ahora bien, el promovente acredita su car�cter de primer s�ndico procurador del Ayuntamiento actor mediante el oficio n�mero COAT-CERT-0101/97, signado por el secretario del citado Ayuntamiento que obra a foja octava del presente expediente en el que se hace constar que cuenta con dicho car�cter.

En consecuencia, si el promovente comparece a nombre y representaci�n del Municipio actor en su car�cter de s�ndico del Ayuntamiento, debe concluirse entonces que tiene la legitimaci�n necesaria para ejercerla presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora en su demanda, son los siguientes:

Se considera que son inv�lidos los actos que la autoridad demandada a trav�s de sus subordinados ya ha empezado a efectuar en los puentes jurisdicci�n del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico, los cuales se fundamentan, para su actuar en el oficio n�mero 1.2/098/97, de fecha 15 de mayo del a�o en curso, documento que se considera no cumple con los requisitos constitucionales y legales con que debe de contar cualquier acto de autoridad.-La autoridad demandada se�ala en su documento referido, en el punto n�mero 1, que el Boulevard Manuel �vila C. es un bien del dominio p�blico federal de uso com�n, que se encuentra sujeto a las disposiciones legales y administrativas de car�cter federal. Espec�ficamente el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as.-En su punto n�mero 2, se�ala que el mencionado boulevard se encuentra bajo la supervisi�n, conservaci�n y mantenimiento de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, como se acredita con el acta entrega-recepci�n de fecha 26 de marzo de 1983.-En los puntos 3, 4 y 5, hace diversas consideraciones interpretando y aplicando el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras y Zonas Aleda�as y de acuerdo con el articulado que enuncia, 5o. y 32 fracci�n V, VII y VIII, estos corresponden a anuncios y se�ales informativas, asimismo aplica los numerales 42, fracci�n I y II, y 43 para se�alar que este H. Ayuntamiento ha cometido diversas infracciones.-Con motivo de todo lo anterior, se�ala que proceder� a regularizar el pintado de los puentes peatonales y dar� cuenta de las infracciones cometidas a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno F..-De las anteriores manifestaciones podemos apreciar lo siguiente: Como lo especifica en el punto 1, el inmueble referido se encuentra sujeto a disposiciones legales y administrativas de car�cter federal, siendo que de acuerdo con el punto n�mero 2, a la Junta de Caminos del Estado de M�xico, seg�n la autoridad, se le entreg� la supervisi�n, conservaci�n y mantenimiento del mismo, sin embargo, esa autoridad no puede aplicar el reglamento federal que cita, ya que en ninguna parte de su escrito especifica que se le hubieren delegado atribuciones, por parte del Ejecutivo F., en tal sentido, siendo que en el acta entrega-recepci�n que se�ala, �nicamente se hace constar la entrega que realiza el organismo Caminos y P. F.es de I.resos y Servicios Conexos a la Junta Local de Caminos del Estado de M�xico, adicionalmente, hace una indebida interpretaci�n del reglamento que cita.-De acuerdo con el art�culo 21 de la Constituci�n F., compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos, sin embargo para que pueda actualizarse la hip�tesis prevista, es necesario que la autoridad sea competente, exista un reglamento que determine la aplicaci�n de una sanci�n y de manera espec�fica la conducta de determinado ente se ubique en el supuesto a sancionar, situaci�n que en el caso concreto no acontece, ya que la autoridad es incompetente, no tiene atribuciones, el supuesto a sancionar no se encuentra establecido en el ordenamiento que se aplica y se hace una indebida interpretaci�n de dichas disposiciones, lo que determina un actuar arbitrario y en contra de la ley por parte de la autoridad demandada.-El art�culo 22 constitucional, establece que queda prohibida la confiscaci�n de bienes, situaci�n que pretende llevar a cabo la autoridad administrativa demandada, al considerar que se violan las disposiciones que indebidamente aplica como se ha hecho de conocimiento por empleados de la misma quienes han manifestado que retirar�n los anuncios que este H. Ayuntamiento ha puesto en los puentes y que se los quedar�n, pretendiendo darles otro uso, seg�n manifestaciones de ellos mismos.-En t�rminos de lo que establece el art�culo 89, fracci�n I, de la Carta Magna ?Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I.P. y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.?.-La disposici�n constitucional transcrita da al Ejecutivo F. atribuciones de manera expresa para poder emitir los reglamentos que le permitan en la esfera administrativa, aplicar debidamente las disposiciones provenientes de las leyes.-En t�rminos del art�culo 16 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F. ?Corresponde originalmente a los titulares de las secretar�as de Estado y departamentos administrativos el tr�mite y resoluci�n de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organizaci�n del trabajo podr�n delegar en los funcionarios a que se refieren los art�culos 14 y 15, cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposici�n de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares ... Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades ... se publicar�n en el Diario Oficial de la Federaci�n.?.-En el art�culo 36 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F. se establece que a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ?... XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales ... XXII. Construir y conservar caminos y puentes en cooperaci�n con los gobiernos de las entidades federativas, con los Municipios y con los particulares ...?.-De acuerdo con la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de M�xico, en su art�culo 78 ?Para el despacho de los asuntos que la presente Constituci�n le encomienda, el Ejecutivo contar� con las dependencias y los organismos auxiliares que las disposiciones legales establezcan.?.-En el art�culo 15 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de M�xico, se se�ala que ?Al frente de la Secretar�a General de Gobierno y de cada secretar�a, habr� un titular a quien se le denomina secretario general y secretario respectivamente, quienes se auxiliar�n de los subsecretarios, directores, subdirectores, jefes de Unidad, jefes de Departamento y dem�s servidores p�blicos que establezcan los reglamentos y otras disposiciones legales. Tendr�n las atribuciones que se se�alen en esos ordenamientos y las que les asigne el gobernador y el titular del que dependan, las que en ning�n caso podr�n ser aquellas que la Constituci�n, las leyes y los reglamentos dispongan que deban ser ejercidas directamente por los titulares.?.-Bajo ese esquema las autoridades estatales �nicamente pueden hacer aquello que las disposiciones legales les establezca que pueden llevar a cabo, debiendo siempre en cualquier acto que emitan fundar y motivar adecuadamente el mismo, debiendo ser competente para ello, por lo que si no fundan y motivan adecuadamente su acto; lo emite una autoridad que no es competente; y adicionalmente hace una interpretaci�n indebida de la disposici�n legal que aplica; todo ello lleva a la convicci�n de que dicho acto es totalmente improcedente y traer� como consecuencia un abuso de poder ya que �ste se encuentra al margen del derecho.-Todo lo anterior se puede constatar en el oficio que emite la demandada, el cual da pauta a la misma para que empiece a ejecutar el acto que se impugna, reiterando que no cuenta con atribuciones para aplicar el reglamento federal que cita; no fundamenta su actuar en una disposici�n legal que de manera espec�fica le permita en el caso particular llevar a cabo el repintado de puentes; adicionalmente hace una indebida interpretaci�n de la disposici�n reglamentaria que aplica considerando que los puentes no deben pintarse de azul, rojo, �mbar o violeta, cuando la disposici�n legal se�ala en su art�culo 32, fracciones V y VII, perteneciente al cap�tulo V denominado instalaci�n de anuncios y se�ales informativas, que tal referencia corresponde a los anuncios y se�ales informativas, no a los puentes, y en el caso de los anuncios �stos no est�n pintados de azul, sino de blanco con letras azules, como se constata en las fotograf�as que se anexan o en su caso la inspecci�n judicial que se lleve a cabo en los citados puentes; por otra parte, en cuanto a la fracci�n VIII, respecto a la instalaci�n de anuncios en lugares que afecten la seguridad del usuario y la perspectiva panor�mica del paisaje, esto en ning�n momento se lleva a cabo, como se puede demostrar con las fotograf�as que al efecto se anexan al presente, haciendo hincapi� en el hecho de que los anuncios que est�n en los puentes han estado ah� desde hace varios a�os, no se acaban de poner por la presente administraci�n, por lo que si no se cuenta con el permiso respectivo, se pregunta por qu� hasta ahora se le requiere, por una autoridad competente, al H. Ayuntamiento el mismo.-Por otra parte es aplicable al respecto, la siguiente tesis de jurisprudencia: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS.-De acuerdo con lo establecido por los art�culos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, trat�ndose de controversias constitucionales la Suprema Corte corregir� los errores en la cita de los preceptos invocados, examinar� en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuesti�n efectivamente planteada y deber� suplir la deficiencia de la demanda, contestaci�n, alegatos y agravios. De ello se sigue, necesariamente, que no es posible jur�dicamente que se establezca que los argumentos hechos valer por el promovente de la controversia o conceptos de invalidez puedan considerarse deficientes, pues ello en nada afectar� el estudio que deba realizarse conforme a las reglas establecidas en los preceptos mencionados.?.-P./J. 68/96. Controversia constitucional 19/95.-Ayuntamiento de R�o Bravo, Tamaulipas. Publicada en la p�gina 325 del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo IV, noviembre 1996.-El art�culo 109 de la Carta Magna establece que ?El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de los Estados, dentro de los �mbitos de sus respectivas competencias, expedir�n las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos y las dem�s normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este car�cter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: ... III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones ...?.-En el presente caso, como se podr� observar, la autoridad administrativa estatal lleva a cabo diversos actos que se encuentran afectados en su legalidad, no siendo imparciales y d�ndose variadas deficiencias en el desempe�o de sus atribuciones por lo que transgrede el ordenamiento constitucional referido, el cual igualmente es aplicable en la esfera estatal.-El art�culo 116 fracci�n VII de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: ?VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos cuando el desarrollo econ�mico y social lo hagan necesario.-Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.?.-De acuerdo con la disposici�n constitucional referida, existe la posibilidad dentro de un marco de colaboraci�n, que las entidades federativas puedan llevar a cabo convenios con sus Municipios a efecto de que se cumpla de manera efectiva la prestaci�n de los servicios p�blicos en beneficio de la comunidad, situaci�n �sta que es precisamente la que este H. Ayuntamiento desea ponderar ya que a fin de cuentas es esta autoridad la que tiene el contacto directo con la poblaci�n, resultando incongruente el que se pretenda a nivel estatal crear un conflicto que debilite las instituciones del pa�s, cuando existen los mecanismos que deben permitir una armon�a en el ejercicio de las atribuciones tanto estatales como municipales, en sus respectivos �mbitos, buscando siempre el bienestar com�n, por lo que se considera que la autoridad demandada, aun y cuando cuenta con los mecanismos a que se ha hecho referencia, en lugar de convenir adecuadamente en su soluci�n, pretende llevar a cabo acciones cuyo fin es el de provocar enfrentamientos e inestabilidad, arrog�ndose atribuciones que no le competen, estimando que esto se encuentra en evidente contradicci�n con las normas constitucionales que se han venido refiriendo.-En virtud de todas las argumentaciones que se hacen valer se considera que es procedente declarar la invalidez del acto de la autoridad demandada, debiendo abstenerse de la ejecuci�n del mismo, ya que no es autoridad competente; no tiene atribuciones; no funda ni motiva adecuadamente su acto, y hace una interpretaci�n err�nea del reglamento que indebidamente aplica.

QUINTO

Previo al estudio del fondo del asunto, se pasa al an�lisis de las causales de improcedencia invocadas por las partes.

El director de la Junta de Caminos, el secretario de Comunicaciones y Transportes y el residente regional de Cuautitl�n de la Junta de Caminos, todos ellos del Estado de M�xico, son coincidentes en se�alar que el presente juicio es improcedente por las siguientes razones:

  1. Porque los actos materia de la presente controversia constitucional pudieron haberse solucionado en otra v�a legalmente prevista como lo es el recurso de reconsideraci�n previsto en el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, en virtud de que la carretera en cuesti�n relacionada con los actos impugnados es una v�a general de comunicaci�n de conformidad con en el art�culo 1o., fracci�n VI, de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, por lo que el juicio resulta improcedente en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia.

    Debe desestimarse la causal de improcedencia alegada atendiendo a los siguientes razonamientos:

    El art�culo 48 del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, dispone:

    Art. 48. Las resoluciones de la autoridad que intervenga podr�n ser recurridas por el interesado o por su apoderado o representante legal debidamente acreditado, ante la Direcci�n General de Asuntos Jur�dicos de la secretar�a dentro de un plazo de quince d�as h�biles a partir del siguiente al en que le fue notificada dicha resoluci�n.

    El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F., establece que la controversia constitucional ser� improcedente cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto, en virtud de lo cual la parte actora est� obligada a agotar previamente a la controversia los medios de defensa procedentes para la soluci�n de dicho conflicto.

    En primer lugar debe destacarse que la presente controversia la plante� el Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico, en contra de la Junta de Caminos del Estado de M�xico; luego entonces se trata de una controversia entre una autoridad municipal y una estatal, sin que hayan participado autoridades federales.

    De lo anterior puede advertirse que en el caso no puede alegarse, como lo sostiene la parte demandada, que la actora estaba obligada a agotar el recurso de reconsideraci�n previsto en el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, ya que tal normatividad es de naturaleza federal y en el caso no se impugnan actos de autoridades federales sino propios de las autoridades estatales demandadas.

    En segundo lugar y sin perjuicio de lo anterior, de los conceptos de invalidez que se aducen en la presente controversia constitucional, se advierte que la parte actora plantea que la autoridad demandada indebidamente aplic� en su perjuicio el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, sin tener facultades para ello, con lo que afect� su �rbita de competencia, ya que se trata de una facultad de la autoridad federal.

    De lo anterior se sigue que, si la materia del fondo del asunto la constituye, entre otras cuestiones, la indebida aplicaci�n que llev� a cabo la parte demandada del referido reglamento, es incuestionable que no puede sustentarse que la parte actora debi� agotar el recurso que tal normatividad prev�, cuando no se ha determinado si sus disposiciones resultan o no aplicables al caso concreto, pues tal cuesti�n forma parte de los conceptos de invalidez que, en su caso, deber�n ser materia de estudio del fondo del asunto.

    Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis n�mero XXVII/98 aprobada en sesi�n celebrada el veintitr�s de marzo de mil novecientos noventa y ocho que a la letra se�ala:

    IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE.-En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia del juicio deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una causal donde se involucre una argumentaci�n en �ntima relaci�n con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, si no se surte otra causal, y hacer el estudio de los conceptos de violaci�n relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.

  2. Porque la Junta de Caminos del Estado de M�xico creada por Decreto N�mero 81 de la Legislatura Local, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, es un organismo p�blico descentralizado con personalidad y patrimonio propio que no forma parte de la organizaci�n administrativa central del Gobierno del Estado de M�xico, y por lo tanto no puede ser parte demandada en la presente controversia constitucional, debi�ndose sobreseer en el juicio por esta causa en t�rminos del art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el 22, fracci�n II, ambos de la ley reglamentaria de la materia.

    Es infundada la causal de improcedencia que se analiza, por lo siguiente:

    La Junta de Caminos del Estado de M�xico, como organismo p�blico descentralizado del Estado, s� es susceptible de ser se�alado con el car�cter de demandada en la presente controversia constitucional, a efecto de asegurar la vigencia del orden legal establecido en nuestra Ley Fundamental, si se toma en consideraci�n la finalidad perseguida con dicho medio de control constitucional, a trav�s de su evoluci�n legislativa, la tutela jur�dica de la figura y su armonizaci�n con otras normas constitucionales.

    Por lo anterior y, a efecto de dar significado al art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n F., en primer t�rmino, se analizar� la evoluci�n legislativa de la figura de la controversia constitucional.

    La figura de la controversia constitucional nace con el M�xico independiente y, se prev� en su primera Ley Suprema del cuatro de octubre de mil ochocientos veinticuatro, que en su art�culo 137, fracci�n I, dispuso:

    "Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes:

    I. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otroEstado de la Federaci�n, siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia, y de las que se susciten entre un Estado y uno o m�s vecinos de otro, o entre particulares, sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos Estados, sin perjuicio de que las partes usen su derecho, reclamando la concesi�n a la autoridad que la otorg�.

    Las Bases Org�nicas de la R.�blica Mexicana publicadas el doce de junio del a�o de mil ochocientos cuarenta y cinco, establecieron en su art�culo 118, fracci�n V, lo siguiente:

    "Son facultades de la Corte Suprema de Justicia:

    "...

    V. Conocer de la misma manera de las demandas judiciales que un departamento intentare contra otro, o los particulares contra un departamento, cuando se reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso.

    La Constituci�n de mil ochocientos cincuenta y siete, en sus art�culos 97 y 98, dispuso:

    "Art�culo 97. Corresponde a los tribunales de la Federaci�n conocer:

    "I. De las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicaci�n de las leyes federales.

    "II. De las que versen sobre derecho mar�timo.

    "III. De aquellas en que la Federaci�n fuere parte.

    "IV. De las que se susciten entre dos o m�s Estados.

    "V. De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.

    "VI. De las concernientes a los agentes diplom�ticos o c�nsules."

    Art�culo 98. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro, y de aquellas en que la Uni�n fuere parte.

    El Constituyente de mil novecientos diecisiete, estableci� en los art�culos 104 y 105, de la Constituci�n F. del mismo a�o, lo siguiente:

    "Art�culo 104. Corresponde a los tribunales de la Federaci�n conocer:

    "I. De las controversias ...

    "II. De todas las controversias ...

    "III. De aquellas en que la Federaci�n fuese parte.

    "IV. De las que se susciten entre dos o m�s Estados, o un Estado y la Federaci�n, as� como de los que surgieren entre los tribunales del Distrito F. y los de la Federaci�n o un Estado ..."

    Art�culo 105. Corresponde s�lo a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conocer de las controversias que se susciten entre dos o m�s Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federaci�n y uno o m�s Estados, as� como de aquellas en que la Federaci�n fuese parte.

    Las reformas que posteriormente sufrieron los textos mencionados, son las siguientes:

    (Texto reformado del art�culo 105 publicado en el D.O.F. el 25 de octubre de 1967).

    Art�culo 105. Corresponde s�lo a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer de las controversias que se susciten entre dos o m�s Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federaci�n y uno o m�s Estados, as� como de aquellas en que la Federaci�n sea parte en los casos que establezca la ley.

    (Texto publicado en el D.O.F. el 25 de octubre de 1993).

    Art�culo 105. Corresponde s�lo a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer de las controversias que se susciten entre dos o m�s Estados; entre uno o m�s Estados y el Distrito F.; entre los poderes de un mismo Estado y entre �rganos de gobierno del Distrito F., sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federaci�n y uno o m�s Estados, as� como de aquellas en que la Federaci�n sea parte en los casos que establezca la ley.

    (Texto actual del art�culo 104, fracci�n IV, publicado en el D.O.F. el 31 de diciembre de 1994).

    "Art�culo 104. Corresponde a los tribunales de la Federaci�n conocer:

    "...

    IV. De las controversias y de las acciones a que se refiere el art�culo 105, mismas que ser�n del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; ...

    El texto actual del art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n F., establece:

    "Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los siguientes asuntos:

    "I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

    "a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito F.;

    "b) La Federaci�n y un Municipio;

    "c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito F.;

    "d) Un Estado y otro;

    "e) Un Estado y el Distrito F.;

    "f) El Distrito F. y un Municipio;

    "g) Dos Municipios de diversos Estados;

    "h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

    "i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

    "j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

    "k) Dos �rganos de gobierno del Distrito F., sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

    "Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

    En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia.

    De la evoluci�n legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado controversia constitucional, se pueden apreciar las siguientes etapas:

  3. En una primera etapa, se concibi� la controversia constitucional, s�lo para resolver las que se presentaren entre un Estado y otro.

  4. En una segunda etapa, se contemplan adem�s de las antes mencionadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo Estado y las que se suscitaren entre la Federaci�n y uno o m�s Estados.

  5. En un tercer periodo, a las anteriores, se suman los supuestos relativos a aquellas que se pudieren suscitar entre dos o m�s Estados y el Distrito F. y, las que se susciten entre �rganos de gobierno del Distrito F..

  6. En la actualidad, el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n F. ampl�a los supuestos mencionados en el numeral anterior, para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Uni�n, a cualquiera de sus C�maras y, en su caso, a la Comisi�n Permanente.

    Tambi�n se desprende de la rese�a legislativa, que la finalidad perseguida por el legislador no s�lo ha sido la de dar una respuesta a los diversos conflictos que en el devenir hist�rico se plantearon, primero, entre los �rganos locales, despu�s, entre �stos y los federales, posteriormente, entre aqu�llos y los Municipios y, finalmente, los que pudiesen presentarse entre los propios �rganos del Gobierno del Distrito F. o entre �stos y los antes mencionados; sino tambi�n el de establecer un instrumento procesal de car�cter constitucional que pudiere ser accionable por alguno de los �rganos antes mencionados por virtud de un acto que estimen vulnere su esfera competencial; de tal manera que la figura de la controversia busca dar respuesta y una soluci�n jur�dica a todas las controversias que puedan surgir entre los diversos entes p�blicos y, claro est�, dicha soluci�n ser� la de subordinar la totalidad de los actos del poder p�blico a la Constituci�n.

    Esto es, en el devenir hist�rico el legislador ha buscado transformar la figura de la controversia constitucional, a efecto de adaptarla a la evoluci�n que va teniendo el pa�s, de tal suerte que con el texto actual del art�culo 105, fracci�n I, constitucional, no se soslaya la complejidad que en la realidad actual se puede presentar en la integraci�n de los distintos �rganos que integran los niveles de gobierno que establece la propia Ley Suprema y, por ello, al ampliar los supuestos se persigue la finalidad de albergar en ellos a todos los �rganos originarios del Estado, quienes, en todo caso, son los que pueden ejercer el medio de control constitucional, contra actos invasores de la esfera de atribuciones que la Ley Fundamental estableci� en su favor.

    Lo anterior se corrobora si se tiene en consideraci�n la exposici�n de motivos que dio origen al texto actual del art�culo 105, fracci�n I, constitucional, que en sus partes relativas, dice:

    "... La rica tradici�n constitucional de M�xico nos ha ense�ado que la convivencia arm�nica s�lo est� garantizada en el marco del derecho; que el progreso nacional s�lo es posible a partir del cumplimiento de la ley y de la constante adecuaci�n de nuestro marco jur�dico a las nuevas realidades del pa�s. Hoy, los mexicanos nos encontramos frente a la apremiante necesidad de adecuar las instituciones responsables de la seguridad p�blica y la justicia para que el derecho siga siendo garant�a de convivencia pac�fica e instrumento efectivo de cambio ... La reforma se inscribe en la larga tradici�n nacional que ha buscado subordinar la totalidad de los actos del poder p�blico a la Constituci�n y a las leyes ... La iniciativa plantea la reforma del art�culo 105 constitucional a fin de ampliar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para conocer de las controversias que se susciten entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios; entre el Ejecutivo F. y el Congreso de la Uni�n; entre los poderes de las entidades federativas, o entre los �rganos de gobierno del Distrito F., al ampliarse la legitimaci�n para promover las controversias constitucionales, se reconoce la complejidad que en nuestros d�as tiene la integraci�n de los distintos �rganos federales, locales y municipales ... Adicionalmente a las reformas constitucionales de car�cter org�nico y estructural descritas en el apartado anterior, la iniciativa propone llevar a cabo una profunda modificaci�n al sistema de competencias de la Suprema Corte de Justicia para otorgarle de manera amplia y definitiva, el car�cter de tribunal constitucional ... Por las dificultades t�cnicas que implicar� el art�culo 105 constitucional de aprobarse la presente iniciativa, ser� necesaria la promulgaci�n de la correspondiente ley reglamentaria. Los complejos problemas t�cnicos que habr�n de ser materia de los procesos previstos en dicha norma constitucional no pueden seguirse tramitando conforme a las disposiciones del C�digo F. de Procedimientos Civiles, ordenamiento formulado para resolver, en principio, litigios entre particulares; de ah� que la reforma prevea la conveniencia de que sea una ley reglamentaria de esta disposici�n constitucional la que precept�e su cabal aplicaci�n.-Las controversias constitucionales.-El art�culo 105 del texto original de la Constituci�n le otorga competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias que se susciten entre dos o m�s Estados, entre uno o m�s Estados y el Distrito F., entre los poderes de un mismo Estado y entre �rganos de gobierno del Distrito F. sobre la constitucionalidad de sus actos. Los mencionados supuestos del art�culo 105 no prev�n muchos de los conflictos entre los �rganos federales, estatales y municipales que la realidad cotidiana est� planteando.-Una de las demandas de nuestros d�as es la de arribar a un renovado federalismo. Ello hace indispensable encontrar v�as adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio pueda suscitar. Por este motivo, se propone la modificaci�n del art�culo 105 a fin de prever en su fracci�n primera las bases generales de un nuevo modelo para la soluci�n de las controversias sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la Federaci�n y un Estado o el Distrito F., la Federaci�n y un Municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n, aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste, en su caso la Comisi�n Permanente, sea como �rganos federales o del Distrito F., dos Estados, un Estado y el Distrito F., el Distrito F. y un Municipio, dos Municipios de diversos Estados, dos poderes de un mismo Estado, un Estado y uno de sus Municipios y dos �rganos del Distrito F. o dos Municipios de un mismo Estado.-Con la modificaci�n propuesta, cuando alguno de los �rganos mencionados en el p�rrafo anterior estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos �rganos podr� ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema Corte la anulaci�n del acto o disposici�n general.-El gran n�mero de �rganos legitimados por la reforma para plantear las controversias constitucionales es un reconocimiento a la complejidad y pluralidad de nuestro sistema federal. Todos los niveles de gobierno ser�n beneficiados con estas reformas ..."

    Como corolario a la finalidad que la evoluci�n legislativa ha dado a la figura de la controversia constitucional, cabe citar la definici�n que el tratadista J.V.C. y C., en su obra denominada "El Art�culo 105 Constitucional", despu�s de realizar un an�lisis hist�rico de este medio de control constitucional, la define de la siguiente manera:

    ... son procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, accionables por la Federaci�n, los Estados, el Distrito F. o cuerpos de car�cter municipal, y que tienen por objeto solicitar la invalidaci�n de normas generales o de actos no legislativos de otros entes oficiales similares, aleg�ndose que tales normas o actos no se ajustan a lo constitucionalmente ordenado ... todo ello para preservar el sistema y la estructura de la Constituci�n Pol�tica.

    Como se colige de la muy acertada definici�n transcrita y, como ya antes se mencion�, la finalidad de la figura de la controversia constitucional, no s�lo se encuentra encaminada a buscar una soluci�n jur�dica a los diversos conflictos que puedan suscitarse entre los �rganos de gobierno establecidos en la Constituci�n, sino tambi�n que �stos tengan a su alcance un instrumento procesal de car�cter constitucional a efecto de invalidar normas generales o actos no legislativos.

    Lo anterior se corrobora con el espectro de la tutela jur�dica del medio de control constitucional que se analiza, como enseguida se ver�.

    Por cuanto se refiere a la tutela del medio de control constitucional, debe decirse que la Constituci�n es la Ley Suprema del Estado de acuerdo a lo que dispone en su art�culo 133, ya que es la expresi�n normativa de las decisiones fundamentales de car�cter pol�tico, social, econ�mico, cultural y religioso, as� como la base misma de la estructura jur�dica del Estado que sobre �stas se organiza, de tal manera que debe autopreservarse frente a la actuaci�n de todos los �rganos estatales que ella misma crea -�rganos primarios- o de los �rganos derivados, ya que como lo se�ala don F.T.R., en su obra de Derecho Constitucional Mexicano, si la Constituci�n pudiera ser violada impunemente, los preceptos constitucionales no pasar�an de ser principios te�ricos o mandamientos �ticos y, por ello, entiende que todo r�gimen constitucional debe establecer un medio para protegerlo contra las transgresiones ya sean por error o con prop�sito deliberado.

    Nuestra Constituci�n F. establece diversos instrumentos procesales, con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un �rgano de autoridad, entre ellos, el que se analiza en el presente caso.

    Por lo anterior, bien puede sostenerse que la tutela jur�dica de esos instrumentos procesales o tambi�n llamados medios de control constitucional, se da en dos vertientes o tienen una doble finalidad, por un lado, en todos los casos se persigue la de preservar a la Ley Suprema del pa�s y, por otra parte, seg�n el caso espec�fico del medio de que se trate, se perseguir�, ya preservar la esfera espec�fica de los gobernados y la esfera competencial de las autoridades federales o locales.

    En cuanto a la tutela jur�dica, en lo espec�fico, de las controversias constitucionales, del an�lisis de su evoluci�n legislativa, se colige, que es la de proteger el �mbito de atribuciones que prev� para los �rganos del Estado que expresamente se mencionan en el art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n F., como lo son, de manera gen�rica: la Federaci�n, una entidad federada, un Municipio, el Distrito F., el Poder Ejecutivo F., el Congreso de la Uni�n, cualesquiera de sus C�maras o, en su caso, la Comisi�n Permanente, los poderes de una misma entidad federada y, por �ltimo, los �rganos de gobierno del Distrito F..

    La tutela jur�dica de este medio de control constitucional, pues, es la protecci�n del �mbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prev� para los �rganos originarios del Estado, lo cual se corrobora si se tiene en consideraci�n que el legislador al establecer, en las diversas etapas a que antes se hizo menci�n, los supuestos que pueden dar origen al ejercicio de la acci�n constitucional, s�lo hace referencia a los �rganos constitucionales u originarios del Estado y, no as�, a los �rganos derivados o legales, pues, estos �ltimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental, sin embargo, no por ello, puede estimarse que no est�n sujetos al medio de control que se analiza, ya que el espectro de la tutela jur�dica se da, en lo particular, para preservar la esfera competencial de aqu�llos y no de �stos y, en lo general, se da para preservar el orden establecido en la Constituci�n F., a que tambi�n se encuentran sujetos los entes p�blicos creados por leyes secundarias u ordinarias.

    Es precisamente por el espectro de la tutela jur�dica del instrumento procesal constitucional previsto en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, por lo cual no podr�a sostenerse que en el proceso legislativo haya pasado desapercibida la posibilidad de que en la realidad se pudieran presentar casos en que �rganos derivados o legales, eventualmente, en su actuar, pudiesen invadir la esfera de atribuciones que la misma Ley Suprema reserv� para los �rganos constitucionales u originarios del Estado, pues el instrumento procesal de car�cter constitucional se concibe para que �stos est�n en aptitud de ejercer la acci�n constitucional en contra de cualquier ente p�blico invasor de su esfera competencial, ya originario o derivado.

    Esto es, dada la tutela jur�dica del medio de control, resultaba, por una parte, innecesario que el legislador estableciera la posibilidad de que un �rgano originario del Estado pudiese ejercer la acci�n constitucional en contra de un �rgano derivado, en el caso de que estime vulnerada su esfera constitucional de atribuciones y, por otra parte, que realizara un listado exhaustivo que incluyera a todos aquellos �rganos derivados que auxilian a los �rganos originarios en el ejercicio de las tareas de gobierno que la Ley Suprema les encomend�.

    Por cuanto se refiere a los �rganos originarios, es que no pueden soslayarse en la interpretaci�n del art�culo 105, fracci�n I constitucional, aquellos diversos preceptos, tambi�n de la Ley Fundamental, que prev�n el sistema federal y el principio de divisi�n de poderes, como lo son los art�culos 40, 41 y 49, en relaci�n con el 115, 116 y 122, de los que derivan los �rganos constitucionales u originarios a que se refiere el mencionado en primer t�rmino.

    "Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R.�blica representativa, democr�tica, federal, compuesta deEstados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior; pero unidos en una Federaci�n establecida seg�n los principios de esta Ley Fundamental."

    "Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n F. y las particulares de los Estados, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto F. ..."

    "Art�culo 49. El Supremo Poder de la Federaci�n se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial ..."

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el Municipio Libre ..."

    "Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial ..."

    Art�culo 122. Definida por el art�culo 44 de este ordenamiento la naturaleza jur�dica del Distrito F., su gobierno est� a cargo de los Poderes F.es y de los �rganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de car�cter local, en los t�rminos de este art�culo.-Son autoridades locales del Distrito F., la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito F. y el Tribunal Superior de Justicia ...

    De la armonizaci�n de los preceptos transcritos con el 105, fracci�n I, incisos a) a k), de la Constituci�n F., se colige que los �rganos originarios del Estado, a que antes se hace referencia y que, por tanto, pueden ejercer e intervenir en una controversia constitucional, lo son: la Federaci�n, una entidad federada, un Municipio y el Distrito F. (que ser�an los niveles de gobierno establecidos en nuestra Ley Fundamental); el Poder Ejecutivo F., el Congreso de la Uni�n, cualesquiera de sus C�maras o, en su caso, la Comisi�n Permanente (Poderes F.es), los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales), y, por �ltimo, los �rganos de gobierno del Distrito F. (Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia).

    Por lo anterior, es de estimarse que el art�culo 105, fracci�n I, constitucional, no puede interpretarse literalmente ni puede considerarse que establezca un listado taxativo de supuestos que pueden dar lugar a plantear una controversia constitucional, pues de ser as�, se perder�a de vista su finalidad, su tutela jur�dica y, su armonizaci�n con aquellas normas que establecen los niveles de gobierno en nuestro pa�s y el principio de divisi�n de poderes, quedando, en consecuencia, inauditos algunos supuestos que podr�an dar lugar a plantear una controversia constitucional.

    En tal sentido, debe entenderse que el precepto analizado, si bien s� refiere a todos los �rganos originarios del Estado, s�lo contiene una relaci�n enunciativa de casos que pueden motivar el planteamiento de una controversia constitucional y, por ello, no se requiere necesariamente que se actualice alguno de los supuestos establecidos en los incisos a) a k), para que un ente originario del Estado pueda plantear una controversia constitucional, pues, por una parte, �ste no contempla todas aquellas posibles combinaciones que se pueden realizar, de entre los �rganos originarios del Estado.

    Pues bien, establecida la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, su tutela jur�dica y su armonizaci�n con las dem�s normas constitucionales analizadas, debe se�alarse que podr�n tener legitimaci�n activa para ejercer la acci�n de controversia constitucional, de manera gen�rica; la Federaci�n, una entidad federada, un Municipio y Distrito F. (que ser�an los niveles de gobierno establecidos en nuestra Ley Fundamental); el Poder Ejecutivo F., el Congreso de la Uni�n, cualesquiera de las C�maras de �ste o la Comisi�n Permanente (Poderes F.es); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales) y, por �ltimo, los �rganos de gobierno del Distrito F. (�rganos); porque precisamente estos �rganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del �mbito competencial que para ellos prev� la Ley Fundamental.

    En consecuencia, los �rganos derivados, en ning�n caso, podr�n tener legitimaci�n activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional.

    Sin embargo, en cuanto a la legitimaci�n pasiva, no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, pues, ello implicar�a desconocer el principio de supremac�a constitucional y, con ello, la doble finalidad del medio de control, en consecuencia, debe estimarse que los �rganos derivados eventualmente s� pueden estar legitimados pasivamente para intervenir en el procedimiento constitucional, esto es, para ser se�alados con el car�cter de demandados.

    En consecuencia, la legitimaci�n activa o pasiva para intervenir en el procedimiento relativo, debe analizarse atendiendo a la finalidad y tutela jur�dica del medio de control constitucional y, no de que se actualice, textualmente, alguno de los supuestos expresamente establecidos en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional.

    En virtud de lo antes expuesto, el sentido y alcance que debe darse a las fracciones I y II del art�culo 10 de la Ley Reglamentaria del Art�culo 105 de la Constituci�n F., en cuanto establece los sujetos que tendr�n legitimaci�n activa y pasiva, debe entenderse en los t�rminos antes se�alados.

    Por �ltimo, debe mencionarse, que respecto al anterior criterio no pasa desapercibido el diverso sustentado por este Alto Tribunal al resolver por unanimidad de diez votos de los se�ores M.A.A., C. y C., D�az R., G�ngora P., G.�o P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente A.A.�n, ausente el Ministro A.G.�itr�n; en sesi�n del veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, el recurso de reclamaci�n en la controversia constitucional n�mero 5/97, en la que se sostuvo:

    ... porque de conformidad con el art�culo 10 de la ley reglamentaria de la materia, para tener la calidad de parte dentro de una controversia constitucional, en los tres casos, actora, demandada o tercero interesada, se requiere poseer id�nticas caracter�sticas, es decir, que se trate de una entidad, poder u �rganos a los que se refiere el art�culo 105, fracci�n I, de la Ley Fundamental al que remite expresamente el citado art�culo 10 de la ley reglamentaria del mencionado precepto constitucional ...

    Criterio que da sustento a la tesis jurisprudencial n�mero 54/97, publicada en la p�gina 397, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1997, que dice:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL.-De lo dispuesto en los art�culos 105, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional, se advierte que para tener la calidad de parte (actora, demandada o tercera interesada) dentro de una controversia constitucional, es requisito indispensable que se trate de una entidad, poder u �rgano. En el caso del Municipio, �ste es el titular exclusivo de la acci�n de controversia constitucional, quien puede hacerla valer -u oponerse a ella-, por medio del Ayuntamiento, o bien del concejo municipal, por ser las instituciones en las que recae tal representaci�n, de conformidad con lo se�alado en el art�culo 115 constitucional. Por ende, es inconcuso que cualquier miembro aislado, por s� mismo (presidente municipal, regidores o s�ndicos), del Ayuntamiento o del concejo municipal de un Municipio, carece de legitimaci�n para intervenir, por derecho propio, dentro de una controversia constitucional; y si la pretensi�n fuera deducida en defensa de los intereses del Municipio, resultar�a ineficaz, pues la representaci�n de ese ente corresponde s�lo al Ayuntamiento y, de modo extraordinario, al concejo municipal.

    Sin embargo, por virtud de las consideraciones anteriores con las cuales se da sentido y alcance al art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n F. y, en consecuencia, al art�culo 10, fracciones I y II, de su ley reglamentaria, este Tribunal Pleno estima que procede apartarse de manera parcial del criterio antes transcrito, en lo relativo a su primera parte y, de manera particular, en cuanto se considera que para tener legitimaci�n pasiva dentro de una controversia constitucional es requisito indispensable que se trate de alguno de los entes p�blicos se�alados en el precepto constitucional mencionado.

    Por las anteriores razones, es de estimarse que contrariamente a lo aducido por las autoridades demandadas, si en la especie, el Municipio actor se queja de la invasi�n del �mbito de atribuciones que la Constituci�n le reserva, por cuanto a la actuaci�n de la Junta de Caminos del Estado de M�xico en su car�cter de organismo p�blico descentralizado del Estado, resulta procedente analizar tal planteamiento en la v�a de controversia constitucional.

    Similar criterio fue sustentado por este Tribunal Pleno al resolver la solicitud de revocaci�n por hecho superveniente de la resoluci�n del Tribunal Pleno reca�da en el recurso de reclamaci�n interpuesto en el incidente de suspensi�n relativo a la controversia constitucional 51/96, promovido por el Municipio de P., P. y cuyo ponente fue el M.S.S.A.A., ejecutoria que fue resuelta por unanimidad de diez votos.

    Cabe aclarar que, en la presente controversia constitucional, eventualmente debi� llamarse como tercero interesado al Poder Ejecutivo F., ya que, como se expondr� con posterioridad, los actos que se combaten ata�en a una v�a general de comunicaci�n que es de jurisdicci�n federal, de conformidad con el art�culo 5o. de la Ley de Caminos, P. y A.F.; sin embargo, tal circunstancia no obliga a reponer el procedimiento a efecto de llamar a juicio a la autoridad antes mencionada, en virtud de que el sentido de la sentencia no afecta sus intereses en t�rminos de los considerandos y puntos resolutivos con los que se resuelve el presente asunto y que se desarrollan a continuaci�n.

    Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia n�mero 46/97, del Tribunal Pleno, que dice:

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICI�N DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SER� CONTRARIA A SUS INTERESES.-Encontr�ndose una controversia constitucional en estado de resoluci�n y advirti�ndose de su estudio que no se llam� a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su an�lisis se desprende que el sentido de la resoluci�n que se dicte no ser� contrario a sus intereses y, por ende, no les causar� agravio alguno; adem�s, a nada pr�ctico conducir�a y �nicamente retardar�a el procedimiento y la resoluci�n del asunto.

SEXTO

En los conceptos de invalidez, se aduce sustancialmente lo siguiente:

  1. Que la Junta de Caminos del Estado de M�xico no puede aplicar el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as respecto al repintado de los puentes por no tener atribuciones otorgadas por el Ejecutivo F. para ello.

  2. Que conforme al art�culo 21 de la Constituci�n F. compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones a reglamentos, pero para que pueda actualizarse dicha hip�tesis, es necesario que la autoridad sea competente, exista un reglamento que determine la aplicaci�n de la sanci�n y que la conducta de determinado ente se ubique en el supuesto a sancionar lo que en el caso no acontece.

  3. Que el art�culo 22 constitucional establece que queda prohibida la confiscaci�n de bienes, lo que pretende realizar la demandada al retirar los anuncios que la parte actora ha puesto en los puentes al proceder a su repintado manifestando que se los quedar�n.

  4. Que la autoridad demandada no funda ni motiva el acto consistente en el repintado de los puentes, ni tiene competencia para emitirlo y adem�s realiza una interpretaci�n indebida de la disposici�n legal que aplica.

  5. Que contrariamente a lo se�alado por la demandada, el art�culo 32, fracciones V y VII del cap�tulo V denominado I.�n de anuncios y se�ales informativas del reglamento en cita, se refiere a se�ales informativas y no a los puentes, y en el caso de los anuncios �stos no est�n pintados de azul sino de blanco con letras azules y por lo que hace a la fracci�n VIII, respecto a la instalaci�n de anuncios en lugares que afecten la seguridad del usuario y la perspectiva panor�mica del paisaje, esto en ning�n momento se lleva a cabo, haciendo hincapi� en que los anuncios que est�n puestos en los puentes han estado ah� desde hace varios a�os.

  6. Que conforme al art�culo 109 de la Constituci�n F., corresponde al Congreso de la Uni�n y a las Legislaturas de los Estados expedir las leyes de responsabilidades de los servidores p�blicos, y en su fracci�n III precisa que se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones, y en el caso la autoridad demandada realiza actos que se encuentran afectados en su legalidad, y no son imparciales por lo que se transgrede el citado precepto.

  7. Que conforme al art�culo 116, fracci�n VII de la Constituci�n F., existe la posibilidad que dentro de un marco de colaboraci�n las entidades federativas puedan llevar a cabo convenios con sus Municipios a efecto de que se cumpla de manera efectiva la prestaci�n de los servicios p�blicos en beneficio de la comunidad, situaci�n �sta que es precisamente la que el Ayuntamiento actor desea ponderar ya que a fin de cuentas es esta autoridad la que tiene el contacto directo con la poblaci�n, resultando incongruente el que se pretenda a nivel estatal crear un conflicto que debilite las instituciones del pa�s, cuando existen los mecanismos que deben permitir una armon�a en el ejercicio de las atribuciones tanto estatales como municipales, en sus respectivos �mbitos, buscando siempre el bienestar com�n, por lo que se considera que la autoridad demandada, aun y cuando cuenta con los mecanismos a que se ha hecho referencia, en lugar de convenir adecuadamente en su soluci�n, pretende llevar a cabo acciones cuyo fin es el de provocar enfrentamientos e inestabilidad, arrog�ndose atribuciones que no le competen, estimando que esto se encuentra en evidente contradicci�n con las normas constitucionales que se han venido refiriendo.

S�PTIMO

Los conceptos de invalidez dada su estrecha vinculaci�n, se analizar�n de manera conjunta con apoyo en lo que dispone el art�culo 39 de la ley reglamentaria de la materia.

En primer t�rmino se reitera que la controversia constitucional es procedente, con motivo de conflictos, que se susciten, entre otros casos, entre un �rgano derivado de un Estado y uno de los Municipios del mismo Estado, como �rgano originario con motivo de actos o disposiciones generales que vulneren la competencia o facultades que la Constituci�n F. le otorga a este �ltimo.

En estos t�rminos, debe precisarse que no todo acto podr� ser materia de impugnaci�n en este proceso, ya que la especialidad del mismo tiende a preservar, esencialmente la distribuci�n de competencias entre los diferentes niveles de gobierno con estricto apego a las disposiciones de la Carta Fundamental, con el fin de garantizar y fortalecer el sistema federal, por lo que, acorde con la propia naturaleza de esta acci�n y de los fines que persigue, s�lo cuando exista afectaci�n de este �mbito es que podr� plantearse la acci�n de m�rito.

Por lo tanto, la controversia constitucional deviene improcedente cuando una autoridad emite un acto respecto del cual no se cuestiona indebida atribuci�n de facultades o afectaci�n en la esfera competencial de otro nivel de gobierno distinto del que lo emite.

En el caso, el Ayuntamiento actor se�al� como acto impugnado el repintado de los puentes que se encuentran ubicados en el Perif�rico que competen a la jurisdicci�n de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico, por parte de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, autoridad que se fundamenta para ello en el diverso acto consistente en oficio n�mero 1.2/098/97 de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, emitido por el director general de la Junta de Caminos del Estado de M�xico.

El oficio de referencia se�ala:

Gobierno del Estado de M�xico.-Secretar�a de Comunicaciones y Transportes.-Junta de Caminos del Estado de M�xico.-Asesor�a Jur�dica.-Oficio No. 1.2/098/97.-Toluca, M�x., 15 de mayo de 1997.-C. R.O.N. Municipal Constitucional de Tlalnepantla, M�xico.-Presente: Me refiero al oficio n�mero DSP/1018/97 de fecha 27 de abril del a�o en curso, enviado por el director de Servicios P�blicos de ese Ayuntamiento, al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de M�xico y turnado para su atenci�n a este organismo; sobre el particular hago de su conocimiento que no obstante que en las reuniones de trabajo a que se hace referencia en el oficio de m�rito, les fue entregada a las autoridades municipales la documentaci�n normativa aplicable a obras auxiliares, puentes, as� como el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, un plano con las v�as de jurisdicci�n de la Junta de Caminos dentro de ese Municipio y el acta de entrega-recepci�n que realiz� el organismo Caminos y P. F.es de I.resos y Servicios Conexos, del tramo carretero de la autopista M�xico-Quer�taro, comprendido entre el km. 11+080 al km. 33+000; para acreditar que el Boulevard Manuel �vila C. se encuentra bajo el cuidado, conservaci�n y mantenimiento de esta Junta de Caminos, manteni�ndose la normatividad federal y por tal motivo en t�rminos del art�culo 32, fracciones V, VII y VIII del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, se les explic� a los servidores p�blicos de la Direcci�n de Servicios P�blicos de ese Municipio, que no pod�an disponer de los puentes peatonales para la instalaci�n de anuncios o cualquier clase de propaganda ni usar colores que no sean los fijados por la autoridad federal y, que por tanto en lo sucesivo ser�a necesario que toda acci�n que se pretendiera llevar a cabo, relativa a pintura en puentes o colocaci�n de anuncios en los mismos, deber�a coordinarse, previamente con este organismo, para solicitar en su caso el permiso correspondiente. No obstante lo anterior, se ha observado que personal de ese Ayuntamiento ha persistido con las acciones irregulares arriba indicadas, por lo que me permito manifestar a usted que se ha infringido la normatividad relativa al Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as.-Por lo anteriormente expuesto, se hace de su conocimiento las siguientes consideraciones jur�dicas: 1. El Boulevard Manuel �vila C. es un bien del dominio P�blico F. de uso com�n, que se encuentra sujeto a las disposiciones legales y administrativas de car�cter federal, espec�ficamente el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as.-2. Asimismo el mencionado boulevard se encuentra bajo la supervisi�n,conservaci�n y mantenimiento de la Junta de Caminos del Estado de M�xico, como se acredita con el acta entrega-recepci�n de fecha 26 de mayo de 1983.-3. En t�rminos del art�culo 5o. del citado reglamento para la ocupaci�n, uso o aprovechamiento del derecho de v�a de las carreteras federales y zonas aleda�as, se requiere permiso de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes y de acuerdo con el art�culo 32, fracciones V, VII y VIII, del mismo reglamento, los permisionarios no deber�n usar como colores predominantes rojo, �mbar, violeta o azul, as� como hacer uso de las obras auxiliares construidas en las carreteras, para fijar o pintar anuncios o cualquier clase de propaganda e instalar o pintar anuncios en lugares que afecten la seguridad del usuario y la perspectiva panor�mica del paisaje.-4. Por otra parte, el art�culo 42 en sus fracciones I y II del mencionado reglamento, establece que constituye una infracci�n a sus disposiciones realizar cualquier tipo de obra o instalaci�n en el derecho de v�a de las carreteras federales o en lugares que afecten su seguridad, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente de la secretar�a y ocupar o aprovechar el derecho de v�a de las carreteras federales, sin contar con el permiso de la secretar�a; el art�culo 43 determina que las infracciones a que se refiere este reglamento, ser�n sancionadas por la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias que hubieren en cada caso concreto.-5. En el caso particular, el Ayuntamiento de Tlalnepantla ha cometido las infracciones a que se refiere el mencionado art�culo 42 en sus fracciones I y II, tomando en consideraci�n de que sin contar con permiso de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, ha procedido a autorizar la instalaci�n de anuncios y a pintar los puentes peatonales que se encuentran dentro del derecho de v�a de un bien del dominio p�blico de la Federaci�n, como lo es el B.M.�.C., con colores distintos a los se�alados por la autoridad federal competente.-En tal virtud, la Junta de Caminos del Estado de M�xico proceder� a regularizar el pintado de los puentes peatonales con los colores que originalmente le fueron entregados por la dependencia federal (amarillo y gris) y dar� cuenta de las infracciones cometidas a la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes del Gobierno F., para que �sta en ejercicio de sus atribuciones proceda en t�rminos de ley.-Atentamente. I.. M. �ngel G.�a Cisneros.-Director general.

Ahora bien, en los conceptos de invalidez se aduce violaci�n a los siguientes preceptos de la Constituci�n F.:

Art�culo 21, primer p�rrafo que dispone:

Art�culo 21. La imposici�n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigaci�n y persecuci�n de los delitos incumbe al Ministerio P�blico, el cual se auxiliar� con una polic�a que estar� bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas.

En este aspecto se aduce que la autoridad administrativa demandada no tiene facultades para aplicar las sanciones conducentes, ni existe el reglamento que contenga las mismas.

Art�culo 22, el cual a la letra se�ala:

"Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

"No se considerar� confiscaci�n de bienes la aplicaci�n total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisi�n de un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerar� confiscaci�n el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento il�cito, en los t�rminos del art�culo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aquellos respecto de los cuales �ste se conduzca como due�o, si no acredita la leg�tima procedencia de dichos bienes.

Queda tambi�n prohibida la pena de muerte por delitos pol�ticos, y en cuanto a los dem�s, s�lo podr� imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevos�a, premeditaci�n o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

Respecto de dicho precepto aduce la parte actora que en el caso se pretenden confiscar los anuncios que se hab�an colocado en los puentes que se encuentran ubicados en la carretera que pasa por la jurisdicci�n del Municipio actor.

Art�culo 89, fracci�n I, que dispone:

"Art�culo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I.P. y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia ...

En este argumento se plantea que la autoridad administrativa demandada no actu� con legalidad e imparcialidad por lo que se transgrede el citado precepto.

Art�culo 116, fracci�n VII que dispone:

"Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

"Los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

"...

"VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.

En este sentido arguye la actora que el Estado de M�xico, debi� haber convenido con el Municipio actor, la prestaci�n de los servicios p�blicos que al primero corresponden.

Ahora bien, como puede advertirse de los conceptos de invalidez se�alados, en estos, se aduce violaci�n a los art�culos 22, 89, fracci�n I, 109, fracci�n III, y 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pero en modo alguno se debate la invasi�n de facultades o competencias de un nivel de gobierno respecto de otro, y en otro aspecto se aducen violaciones a leyes secundarias cuyo estudio no es propio de estos procesos.

En efecto, la parte actora sustancialmente aduce una indebida aplicaci�n del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as, pero no plantea la existencia de un conflicto referente a distribuci�n o invasi�n de competencias, por lo que este Tribunal Pleno carece de competencia para entrar al estudio de dichas cuestiones.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis n�mero XLIV/96, sustentada por este Tribunal Pleno, visible a fojas 320, Tomo III, marzo de 1996, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta que a la letra se�ala:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE S�LO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.-Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acci�n de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideraci�n que los art�culos 105, fracci�n I, inciso i) de la Constituci�n General de la R.�blica y 10, fracci�n I de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendi�ndose de ah� que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la Constituci�n del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados.

No obstante lo anterior, en t�rminos de los art�culos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en suplencia de la deficiencia de la queja procede a estudiar si los actos impugnados vulneran el �mbito competencial que el art�culo 115 de la Constituci�n F. otorga al Municipio actor.

El art�culo 115 de la Constituci�n F. que regula el �mbito competencial de los Municipios, a la letra se�ala:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el gobierno del Estado.

"Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designar�n entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluir�n los periodos respectivos.

"Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.

"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"Los Ayuntamientos poseer�n facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

"III. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos:

"a) Agua potable y alcantarillado.

"b) Alumbrado p�blico.

"c) Limpia.

"d) Mercados y centrales de abasto.

"e) P..

"f) Rastro.

"g) Calles, parques y jardines.

"h) Seguridad p�blica y tr�nsito, e

"i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

"Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeci�n a la ley, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos que les corresponda.

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes locales no establecer�n exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas f�sicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. S�lo los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios estar�n exentos de dichas contribuciones.

"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

"VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

"VII. El Ejecutivo F. y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente.

"VIII. La leyes de los Estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios.

"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias.

"IX. (Derogada).

X. (Derogada).

  1. texto del precepto transcrito, en lo que interesa para el caso concreto, se advierte lo siguiente:

    Los Municipios:

    1. Tendr�n a su cargo el servicio p�blico de calles (fracci�n III).

    2. Controlar�n y vigilar�n la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales (fracci�n V).

    3. Otorgar�n licencias y permisos para construcciones (fracci�n V).

    Ahora bien, las facultades que poseen los Municipios referidas anteriormente seg�n el texto constitucional las podr�n ejercer en el territorio sobre el cual ejercen jurisdicci�n, por lo que debe determinarse si los actos impugnados se realizaron en la jurisdicci�n del Municipio actor y si por ende en consecuencia afectan la esfera competencial del mismo.

    Los art�culos 1o., 2o., fracciones I, incisos b) y c) y V, 5o. y 30 �ltimo p�rrafo de la Ley de Caminos, Puertos y Autotransporte F. se�alan:

    "Art�culo 1o. La presente ley tiene por objeto regular la construcci�n, operaci�n, explotaci�n, conservaci�n y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del art�culo siguiente, los cuales constituyen v�as generales de comunicaci�n, as� como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares."

    "Art�culo 2o. Para los efectos de esta ley, se entender� por:

    "I. Caminos o carreteras:

    "...

    "b) Los que comuniquen a dos o m�s Estados de la Federaci�n; y

    "c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federaci�n; con fondos federales o mediante concesi�n federal por particulares, Estados o Municipios.

    "...

    "V.P.:

    "a) Nacionales: Los construidos por la Federaci�n; con fondos federales o mediante concesi�n o permisos federales por particulares, Estados o Municipios en los caminos federales, o v�as generales de comunicaci�n; o para salvar obst�culos topogr�ficos sin conectar con caminos de un pa�s vecino, y

    "b) Internacionales: Los construidos por la Federaci�n; con fondos federales o mediante concesi�n federal por particulares, Estados o Municipios sobre las corrientes o v�as generales de comunicaci�n que formen parte de las l�neas divisorias internacionales."

    "Art�culo 5o. Es de jurisdicci�n federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

    "Corresponden a la secretar�a, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administraci�n p�blica federal las siguientes atribuciones:

    "I.P., formular y conducir las pol�ticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares;

    "II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;

    "III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocaci�n y terminaci�n en su caso;

    "IV. Vigilar, verificar e inspeccionar los caminos y puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares;

    "V. Determinar las caracter�sticas y especificaciones t�cnicas de los caminos y puentes;

    "VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes as� como de veh�culos de autotransporte y sus servicios auxiliares;

    "VII. Establecer y organizar un cuerpo de vigilancia, de seguridad y auxilio para los usuarios de los caminos y puentes, de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares;

    "VIII. Establecer las bases generales de regulaci�n tarifaria; y

    "IX. Las dem�s que se�alen otras disposiciones legales aplicables."

    Art�culo 30. ... La construcci�n, mantenimiento, conservaci�n y explotaci�n de los caminos y puentes estar�n sujetos a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesi�n respectiva.

  2. texto de los citados preceptos, se advierte que las carreteras y puentes que precisa la ley son de jurisdicci�n federal y no municipal y que su construcci�n, mantenimiento, conservaci�n y explotaci�n estar� sujeto a lo dispuesto en la ley y susreglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesi�n respectiva.

    De la copia certificada del acta de entrega-recepci�n de fecha veintis�is de mayo de mil novecientos ochenta y tres, visible a fojas sesenta de este expediente, se advierte que el organismo p�blico descentralizado Caminos y P. F.es de I.resos y Servicios Conexos en representaci�n de la Secretar�a de Comunicaciones y Transportes, entreg� en supervisi�n, conservaci�n y mantenimiento a la entonces Junta Local de Caminos del Estado de M�xico, el tramo de la autopista M�xico-Quer�taro entre el kil�metro 11+080 al kil�metro 33+000, dentro del cual se encuentra el Boulevard Manuel �vila C. con base en el derogado art�culo 149 de la Ley de V�as Generales de Comunicaci�n que se�alaba:

    "Art�culo 149. Cuando los caminos deban atravesar las poblaciones, la Secretar�a de Comunicaciones, oyendo a la autoridad que corresponda, determinar� las calles y calzadas por donde hayan de pasar, las cuales se considerar� que forman parte de aqu�llos por lo que respecta al servicio de tr�nsito.

    El Gobierno F. por conducto de la Secretar�a de Comunicaciones, se har� cargo de la construcci�n, reparaci�n, conservaci�n, ampliaci�n y mejoramiento de los caminos comprendidos dentro de per�metros urbanizados, as� como de la reglamentaci�n del tr�nsito y de la polic�a de los mismos; pero el propio gobierno deber� celebrar convenios con las autoridades locales para la realizaci�n de dichas obras y para el ejercicio de las funciones de polic�a mencionadas.

    Por Decreto N�mero 81 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico el once de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la Legislatura de dicho Estado, cre� la Junta de Caminos del Estado de M�xico.

    Ahora bien, el art�culo segundo transitorio del citado decreto abrog� el diverso Decreto n�mero 60 que se public� en la Gaceta del Gobierno del Estado de M�xico el once de marzo de mil novecientos treinta y tres en el cual se hab�a creado la Junta Local de Caminos del Estado de M�xico, es decir, con la creaci�n de la Junta Local de Caminos del Estado de M�xico, desapareci� la Junta de Caminos del Estado de M�xico.

  3. mismo modo, la citada ley en sus art�culos 3o. y 4o. fracciones III, VI, VII, X y XI se�ala lo siguiente:

    "Art�culo 3o. La Junta tendr� por objeto llevar a cabo acciones relativas a la planeaci�n, programaci�n, presupuestaci�n, ejecuci�n, conservaci�n y mantenimiento de la infraestructura carretera del Estado."

    "Art�culo 4o. La Junta tendr� las siguientes atribuciones:

    "...

    "III. Ejecutar las acciones tendientes a la construcci�n, reconstrucci�n, ampliaci�n, modernizaci�n y conservaci�n de la red carretera y de los servicios conexos o auxiliares del transporte, que se deriven de los programas estatales y de los convenios con el Gobierno F.;

    "...

    "VI. Administrar y vigilar los caminos y carreteras de cuota de jurisdicci�n estatal que se le encomienden;

    "VII. Administrar, instalar y mantener en operaci�n el se�alamiento y los dispositivos de seguridad en la red carretera a su cargo;

    "...

    "X. Promover la interrelaci�n sistem�tica de acciones que en la materia lleven a cabo la Federaci�n y el Estado;

    XI. Convenir con las dependencias y entidades de los Gobiernos F., Estatal y Municipales e instituciones y organismos de los sectores social y privado, la construcci�n, ampliaci�n, conservaci�n y mantenimiento de obras y v�as de comunicaci�n; ...

    En consecuencia, toda vez que el tramo carretero donde se encuentra el B.M.�.C., dentro del Municipio de Tlalnepantla de B., constituye una v�a general de comunicaci�n y por tanto es de jurisdicci�n federal al igual que los puentes ubicados en ella, seg�n se desprende del art�culo 5o. de la Ley de Caminos, P. y Autotransporte F., resulta claro que el repintado que se haga de los citados puentes y en general cualquier obra de conservaci�n, construcci�n o cualquier otra que se realice en ellos no atenta en contra del �mbito competencial del Municipio actor, pues las facultades que el Municipio por mandato constitucional posee para prestar el servicio p�blico de calles; control y verificaci�n de la utilizaci�n del suelo y el otorgamiento de licencias y permisos para construcci�n, se refiere exclusivamente al territorio que se encuentra bajo su jurisdicci�n.

    A mayor abundamiento, toda vez que el tramo carretero de referencia es una v�a general de comunicaci�n, a �ste le resulta aplicable el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de V�a de las Carreteras F.es y Zonas Aleda�as que en lo conducente se�ala:

    "Art�culo 3o. La secretar�a fijar� las normas t�cnicas que deber�n observarse para el aprovechamiento del derecho de v�a de las carreteras federales y zonas aleda�as y realizar� la inspecci�n y vigilancia de las obras e instalaciones autorizadas."

    "Art�culo 4o. Dentro del derecho de v�a queda prohibida la instalaci�n de anuncios y el establecimiento de paradores."

    "Art�culo 5o. Se requiere permiso previo otorgado por la secretar�a para:

    "...

    "III. Para la instalaci�n de anuncios y la construcci�n de obras con fines de publicidad, informaci�n o comunicaci�n, en los siguientes lugares:

    "a) Terrenos adyacentes a las carreteras federales, hasta una distancia de 100 metros contados a partir del l�mite del derecho de v�a;

    "b) Zonas en las que por su ubicaci�n especial se afecte la operaci�n, visibilidad o perspectiva panor�mica de las carreteras federales, en perjuicio de la seguridad de los usuarios; y

    "c) En aquellas carreteras federales que crucen zonas consideradas suburbanas;

    "IV. La instalaci�n de se�ales informativas; ..."

    "Art�culo 32. Los permisionarios no podr�n:

    "...

    "V. Usar como colores predominantes rojo, �mbar, violeta o azul;

    "...

    "VII. Hacer uso de las obras auxiliares construidas en las carreteras, para fijar o pintar anuncios o cualquier clase de propaganda; y

    "VIII. Instalar o pintar anuncios en lugares que afecten la seguridad del usuario y la perspectiva panor�mica del paisaje."

    "Art�culo 42. Son infracciones para los efectos de este reglamento, las siguientes:

    "I. Realizar cualquier tipo de obra o instalaci�n en el derecho de v�a de las carreteras federales o en lugares que afecten su seguridad, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente de la secretar�a;

    "II. Ocupar o aprovechar el derecho de v�a de las carreteras federales sin contar con el permiso de la secretar�a;

    "III. Efectuar obras o cualquier acto que modifique o altere las condiciones del permiso, sin la previa autorizaci�n de la secretar�a;

    "IV. No cumplir con las obligaciones de conservaci�n de las obras e instalaciones;

    ".C. da�os o bienes de propiedad federal o a terceros con motivo de la construcci�n de cualquier tipo de obras en el derecho de v�a de las carreteras federales o en zonas aleda�as que afecten su seguridad;

    "VI. No suspender o retirar la obra o anuncio cuando la secretar�a lo hubiere ordenado;

    "VII.T.�ndose de anuncios o se�ales informativas, continuar ejerciendo los derechos derivados del permiso sin cubrir la cuota anual correspondiente; y

    "VIII. Las dem�s previstas en la ley o en otros ordenamientos legales y administrativos aplicables."

    "Art�culo 43. Las infracciones a que se refiere este reglamento ser�n sancionadas por la secretar�a, de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias que hubieran en cada caso concreto con multas de 200 a 500 veces el salario m�nimo general diario vigente para el Distrito F., en el momento en que se aplica; en caso de reincidencia, las sanciones se duplicar�n."

    En consecuencia, si el tramo carretero en donde se encuentran los puentes donde se realizaron los actos impugnados son de jurisdicci�n federal, y la autoridad demandada Junta de Caminos del Estado de M�xico conforme al acta de entrega-recepci�n de fecha veintis�is de mayo de mil novecientos ochenta y tres y en t�rminos de los art�culos 3o. y 4o. de la ley que la crea tiene a su cargo la conservaci�n, y mantenimiento del tramo carretero de jurisdicci�n federal precisado anteriormente, debe concluirse que el acto consistente en el repintado de los puentes ubicados en esta v�a se realiz� conforme a las facultades legales que posee dicha autoridad, y sin que como se vio tales actos vulneren en forma alguna la competencia que la Constituci�n F. otorga a los Municipios.

    Por lo expuesto y fundado, se

    resuelve:

PRIMERO

Es procedente pero infundada la controversia constitucional planteada por el Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de B., Estado de M�xico.

SEGUNDO

Se reconoce la validez del oficio n�mero 1.2/098/97 de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y siete emitido por el director general de la Junta de Caminos del Estado de M�xico y del diverso acto precisado en el resultando primero de este fallo.

TERCERO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente como asunto concluido.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los se�ores Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente G�ngora P.. Ausentes previo aviso a la presidencia, los se�ores Ministros A.A.�n y G.�o P.. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro S.S.A.A..

Nota: Las tesis de rubros: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBER� DESESTIMARSE." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICI�N DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SER� CONTRARIA A SUS INTERESES.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con los n�meros P. XXVII/98 y P./J. 46/97, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, T.V., abril de 1998, p�gina 23 y Tomo V, junio de 1997, p�gina 396, respectivamente.