Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072089

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2000
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/96. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN QUE LOS CREÓ, NO VIOLA LA LIBERTAD HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE GESTIONAN RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL.CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y LOS MUNICIPIOS.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/96. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: R.J.O.P..

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Vistos para resolver los autos que integran el expediente se�alado al rubro, relativo a la controversia constitucional n�mero 5/96, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de T., Tamaulipas, en contra del gobernador constitucional y Congreso del mismo Estado; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito sin n�mero fechado el treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis y recibido en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia el d�a siguiente, el C.D.A.H.A., D.E.�n G�mez Fuentes, J.S.Z. de la Garza y J.M.H.Z., en su car�cter de presidente municipal, s�ndico primero, s�ndico segundo y secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de T., Tamaulipas, quienes acreditaron la personalidad con que se ostentaron con las copias certificadas del P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y nombramiento del secretario, se�alaron domicilio para o�r y recibir notificaciones y autorizaron para o�rlas al L.. L.C.S., promovieron demanda de controversia constitucional, en contra del H. Congreso del Estado de Tamaulipas y el Poder Ejecutivo del Estado a cargo del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por el acto consistente en la adici�n del art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, aprobada por el Congreso del Estado seg�n Decreto N�mero Diez de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, publicado el d�a veinte de abril de ese a�o en el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO

En la demanda se se�alaron como antecedentes del caso los siguientes:

A. El Gobierno F. cre� el Fondo de Desarrollo M., dentro del Ramo (XXVI) 00026 S.�n de la Pobreza, del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996, habi�ndosele asignado al Estado de Tamaulipas para ejercer durante el ejercicio fiscal de 1996, la cantidad de $148?874,673.00 (ciento cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100).-B. En el art�culo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio de 1996, se se�al�: a. Que se establecer�a un esquema para garantizar y agilizar la transferencia de los recursos a las entidades federativas, para inducir a la participaci�n de los Gobiernos M. en la promoci�n del bienestar social.-b. Que la distribuci�n que resultare entre los Municipios deber�a ser publicada en el correspondiente �rgano oficial de difusi�n del Gobierno Estatal.-c. Que los Municipios s�lo podr�an utilizar los recursos del Fondo de Desarrollo Social M. para determinadas inversiones que expresamente se mencionaron.-d. Que los Municipios ser�an responsables de la correcta orientaci�n, destino y aplicaci�n de los recursos del Ramo 00026 S.�n de la Pobreza que se les asignen, as� como de su manejo transparente y que los recursos asignados a los Ayuntamientos ser�an ejercidos por �stos con la participaci�n de sus comunidades y que los Municipios tendr�an la obligaci�n de publicar el monto que les fue otorgado y las obras que se realizar�an con dichos recursos (publicaci�n que ya se hizo el d�a 15 de marzo del a�o en curso, en el peri�dico ?El Sol de T.? y en el peri�dico ?El Diario?, ambos de esta ciudad).-C. En el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas, publicado el d�a 14 de febrero de 1996, se public� ?el acuerdo mediante el cual se determina la f�rmula y metodolog�a para la distribuci�n de las asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo Social M. del Ramo 00026? y se le asign� al Municipio de T., la cantidad de $4?004,492.26 (cuatro millones cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos 26/100).-D. El Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, mediante oficio de fecha 27 de febrero de 1996, le dirigi� al Honorable Congreso del Estado, iniciativa de decreto mediante el cual se propon�a se adicionara el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, para que quedara redactado en los t�rminos siguientes: ?Art�culo 51. El Ejecutivo ... Lo anterior se realizar� a trav�s de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social M. con M. que para el efecto se constituyan, cuyas funciones ser�n entre otras, las siguientes: I.P., programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, los recursos derivados del apoyo del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, Ramo XXVI conforme a lo establecido en el Manual �nico de Operaci�n del Convenio de Desarrollo Social. II. Participar en la formulaci�n de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades, que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el p�rrafo anterior. III. Impulsar la participaci�n amplia, plural y democr�tica de las comunidades para la orientaci�n y aplicaci�n de los recursos mencionados. IV. Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y bienestar social, entre los miembros de las comunidades y autoridades. V.S. el adecuado ejercicio de los recursos ejercidos.-La integraci�n y ejercicio del consejo se har� conforme a el (sic) reglamento correspondiente.?.-E.D.�s de ser discutida en el H. Congreso del Estado la anterior iniciativa de decreto, el Congreso la aprob� con algunas modificaciones intrascendentes, y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas realiz� la promulgaci�n, para quedar redactado dicho art�culo, en lo adicionado en los t�rminos siguientes: ?Art�culo 51. El Ejecutivo ... Lo anterior se realizar� a trav�s de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social que para el efecto se constituyan, cuyas funciones ser�n entre otras, las siguientes: I.P., programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, los recursos correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, Ramo 00026. II. Participar en la formulaci�n de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades, que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el p�rrafo anterior. III. Impulsar la participaci�n amplia, plural y democr�tica de las comunidades, para la orientaci�n y ampliaci�n de los recursos mencionados. IV. Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y bienestar social, entre los miembros de las comunidades y las autoridades. V.S. la adecuada aplicaci�n de los recursos.-La integraci�n y el funcionamiento de los consejos se sujetar� al reglamento correspondiente.?.-F. El R. Ayuntamiento de T., en sesi�n celebrada el d�a 15 de este mes, acord� que se interpusiera la controversia constitucional y en la sesi�n celebrada el d�a 29 del mes en curso se ratific� dicho acuerdo.

TERCERO

La demanda se funda en los art�culos 105, fracci�n I, inciso i) y II de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 3o., 14, 21, fracci�n II, 22, 32 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO

Los conceptos de invalidez expuestos en la demanda son los siguientes:

A. La ley impugnada es retroactiva.-El art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa a la presente controversia: ?A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.?.-El multicitado Ramo XXVI (00026) S.�n de la Pobreza, contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, a que hace menci�n la norma general impugnada, inici� su vigencia el 1o. de enero de 1996, por lo que oper� desde ese momento la obligaci�n de la Federaci�n y el derecho del Ayuntamiento de T., Tamaulipas, a recibir la participaci�n de ese ramo, seg�n las f�rmulas de asignaci�n de esos recursos, que aun cuando no estaban en ese momento cuantificadas, s� eran cuantificables, como lo fueron posteriormente. En otras palabras, desde el 1o. de enero de este a�o, naci� el derecho del Ayuntamiento de T., de recibir esos recursos, por lo que al expedirse meses despu�s la norma general impugnada, para regular derechos que ya hab�an nacido anteriormente, es crear una ley y darle efectos retroactivos, pues se pretende con ella afectar situaciones jur�dicas ya nacidas antes que la ley impugnada entrase en vigor.-Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la norma general impugnada tiene efectos retroactivos y por lo tanto es violatoria del art�culo 14 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-B. La ley impugnada impide al Ayuntamiento de T., Tamaulipas, que administre libremente su hacienda.-El art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracci�n IV, establece: ?Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados ...?.-Seg�n la transcripci�n inmediata anterior, la hacienda municipal se forma: a. De los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; b. De las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor; y, c. De las participaciones federales.-Los recursos del Ramo XXVI (00026) a que se refiere la norma general cuya invalidez se demanda, es un ingreso del Municipio establecido por la Legislatura F. y adem�s una participaci�n federal y por ello, la asignaci�n de la cantidad de $4?004,492.26 (cuatro millones cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos 26/100) antes mencionada, a que tiene derecho el Municipio de T., Tamaulipas, forma parte de su hacienda y por ello el Ayuntamiento tiene la completa libertad de administrarla, cumpliendo �nicamente con los lineamientos de aplicaci�n se�alados en la ley que estableci� esos recursos.-Al establecer la norma general impugnada, que los Consejos de Desarrollo M. tengan las funciones que les otorga (las cuales en otra parte de esta promoci�n ya se�alamos), se le impide al Ayuntamiento de T., Tamaulipas, administrar libremente su hacienda, pues les otorga a esos consejos funciones de administraci�n de los recursos del multicitado Ramo XXVI, lo que es violatorio del art�culo 115 fracci�n IV de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-C. La ley impugnada crea una autoridad intermedia entre el Ayuntamiento de T., Tamaulipas y el Estado.-El art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en su fracci�n I, establece: ?Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado ...?.-Como se vio en el punto inmediato anterior, los recursos derivados del Ramo XXVI (00026), asignados al Municipio de T., le corresponden al Municipio de T., forman parte de su hacienda y en relaci�n con dichos recursos, no debe haber autoridad intermedia entre dicho Ayuntamiento y el Estado. El Ayuntamiento deber� ejercer esos recursos y como toda actuaci�n de �ste, deber� ser revisada por el Legislativo del Estado y en caso de que se ajuste a la ley dicho ejercicio de recursos, deber� ser aprobada por este poder.-En el caso que nos ocupa, en la norma general cuya invalidez se demanda, al concederle a los consejos de desarrollo mencionados, facultades de planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos derivados del Ramo XXVI (00026), y participar en la formulaci�n de presupuestos de obras, proyectos y acciones que puedan ser financiados con dichos recursos, e impulsar la participaci�n de la comunidad para la aplicaci�n de esos recursos y supervisar el adecuado ejercicio de los recursos ejercidos, lo que se hace, es establecer pr�cticamente una autoridad intermediaria entre el Ayuntamiento y el Estado, lo cual es violatorio del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-Adem�s de todo lo argumentado en este punto, el hecho de que sean los Consejos de Desarrollo M. los que operen, controlen y den seguimiento a los multicitados recursos, y seg�n la Constituci�n, el Congreso sea el que revise la gesti�n del Ayuntamiento, genera una grave injusticia, que consiste en que uno es el que opera el recurso, el que act�a y a otro es al que revisan. Los consejos actuar�n el recurso econ�mico y al Ayuntamiento lo revisar�n.-D. La ley impugnada examin� y discuti� el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n del ejercicio de 1996.-El art�culo 74 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dice: ?Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados: ... IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n ...?.-La disposici�n anterior significa que el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n es competencia exclusiva de la C�mara de Diputados, ni siquiera la C�mara de Senadores, que tambi�n forma parte del Legislativo F., tiene facultades para intervenir en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, por lo que, en el caso que nos ocupa, la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, al se�alar que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social tienen entre sus funciones el planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, Ramo 00026, realmente lo que hizo la C�mara de Diputados del Estado de Tamaulipas, fue legislar en materia del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n 1996, y reglament� dicho presupuesto de egresos, sin tener facultades para ello dicho Legislativo Estatal, es m�s violando expresamente el art�culo 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n es facultad exclusiva de la C�mara de Diputados su elaboraci�n.-Es asombrosa la actitud de la C�mara de Diputados del Estado de Tamaulipas, quien al expedir la adici�n al art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado, legisl� y reglament� sobre el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, ya que el multicitado Ramo 00026 forma parte de dicho presupuesto y afect� situaciones jur�dicas emanadas de una ley federal, que ni siquiera la C�mara de Senadores que es parte integrante del Legislativo F. est� autorizada a realizar.

Asimismo, ofreci� con fundamento en lo establecido por el art�culo 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, previo a la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, las siguientes:

1. Documental consistente en el P.�dico Oficial del Estado de fecha 1o. de diciembre de 1995, en el que aparece publicado el resultado del c�mputo municipal del proceso electoral de T., Tamaulipas, en el que aparecen como presidente el L.. D.A.H.A. y como s�ndicos primero y segundo, respectivamente, los C.P. D.E.�n G�mez Fuentes y J.S.Z. de la Garza E.-2. Documental consistente en la copia certificada del nombramiento del L.. J.M.H.Z., como secretario del R. Ayuntamiento de T..-3. Documental consistente en la copia certificada del acta de la sesi�n de Cabildo celebrada el d�a 1o. de enero de 1996, en el punto relativo al nombramiento del L.. J.M.H.Z., como secretario del R. Ayuntamiento de T..-Con las pruebas documentales rendidas en los tres puntos inmediatamente anteriores, se demuestra la personalidad con la que comparecemos y que fue se�alada en el proemio de esta demanda.-4. Documental consistente en el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas, de fecha 14 de febrero de 1996, en el que se publica el acuerdo mediante el cual se determina la f�rmula y metodolog�a para la distribuci�n de las asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo Social M. del Ramo 00026.-Con esta documental se prueba que el monto total de la participaci�n del multicitado Ramo 00026, S.�n de la Pobreza, del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996 para el Estado de Tamaulipas fue de $148?874,673.99 (ciento cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100) y que la asignaci�n para el Municipio de T. fue de $4?004,492.26 (cuatro millones cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos 26/100).-5. Documental consistente en el peri�dico ?El Diario de T.? de fecha 15 de marzo de 1996, en el cual en la p�gina 5 de la secci�n A aparece publicado el programa de obras p�blicas 1996 del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, del R. Ayuntamiento de T. 96-98.-6. Documental consistente en el peri�dico ?El Sol de T.?, de fecha 15 de marzo de 1996, en el cual en la p�gina 6 de la segunda secci�n aparece publicado el programa de obras p�blicas 1996 del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza? del R. Ayuntamiento de T. 96-98.-Con las documentales mencionadas en los puntos n�meros 5 y 6 de este cap�tulo de pruebas, se demuestra que es cierto lo afirmado en el inciso d del punto A del cap�tulo de antecedentes de esta demanda.-7. Documentales consistentes en las copias certificadas de los puntos relativos a la presentaci�n de esta demanda, de las sesiones de Cabildo celebradas los d�as 15 y 29 de mayo del a�o en curso.-Con esta prueba se demuestra que es cierto lo afirmado en el inciso F del cap�tulo de antecedentes de esta demanda.-8. Documental consistente en la copia certificada notarialmente, del P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas, de fecha 20 de abril del a�o en curso, en el que aparece publicado el Decreto No. 10, mediante el cual se adiciona el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n.-Con esta prueba se demuestra que es cierto que la norma general cuya invalidez se demanda fue publicada en el P.�dico Oficial del Estado el d�a 20 de abril de este a�o.

QUINTO

Por acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se orden� formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, correspondi�ndole el n�mero 5/96, y se orden� turnar el asunto al M.J.V.C. y C..

Mediante prove�do de cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, se tuvo por reconocida la personalidad de los promoventes, se admiti� la demanda de controversia constitucional, se orden� emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestaci�n de demanda, se reconoci� el car�cter de autorizada a la persona nombrada por la parte actora, se tuvo como tercero interesado al Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social de T., Tamaulipas, a quien se orden� correr traslado, as� como al procurador general de la Rep�blica para que formulara su pedimento correspondiente, y se tuvieron por recibidas las pruebas documentales exhibidas.

SEXTO

Mediante escrito presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, el secretario general de Gobierno de la entidad y el presidente de la Diputaci�n Permanente de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, contestaron la demanda formulada en su contra, en la que manifestaron, en la parte que interesa, losiguiente:

Comparecemos a dar contestaci�n a las argumentaciones vertidas en el escrito de supuesta controversia constitucional, generada con motivo de la demanda que plantean los se�ores D.A.H.A., D.E.�n G�mez Fuentes, J.S.Z. de la Garza Evi y J.M.H.Z., en sus caracteres de presidente municipal, s�ndicos primero y segundo y secretario del Ayuntamiento de T., Tamaulipas, respectivamente, en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el H. Congreso del Estado, la cual negamos en la medida de que a los reclamantes y a la persona moral que representan, generadas por una supuesta invasi�n de esferas competenciales que no se da en la especie, como lo acreditaremos al controvertir los hechos de la reclamaci�n y oponer las defensas que asisten a los demandados.- ... Para efectos de controvertir las argumentaciones expuestas en su escrito, oponemos y hacemos valer las siguientes excepciones y defensas: E.�n de falta de acci�n y derecho.-Esta defensa absoluta se hace valer en atenci�n a la inexactitud de los hechos narrados en la demanda y a la falta de derecho para apoyar a la misma, conforme se desprende de los t�rminos en que se le da contestaci�n y se controvierten los hechos que se invocan, toda vez que con la reforma al art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado, s�lo se pretendi� dar sustento jur�dico a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, �rgano que hab�a sido constituido por el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, en virtud de un acuerdo de Cabildo, y creado como apoyo a las acciones a cargo del propio Ayuntamiento y en beneficio de la comunidad, especialmente de los sectores m�s marginados del Municipio, propiciando con ello la permanencia de tales figuras jur�dicas de derecho social, a trav�s de las cuales la Federaci�n descentraliza recursos para que, con la aportaci�n del Estado, el Municipio y los propios beneficiarios, se logren mejores condiciones de vida, dando vigencia al Programa S.�n de la Pobreza, instituido dentro del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n bajo la partida 00026.-En tal virtud, con la adecuaci�n a la Ley de Planeaci�n autorizada por el H. Congreso del Estado y que los promoventes pretenden combatir, de ninguna manera se viola disposici�n constitucional alguna, sino por el contrario, se legaliza una instancia de apoyo al Municipio, atendiendo a la pol�tica del nuevo federalismo, dando sustento legal y permanencia a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, entidades a trav�s de las cuales y por disposici�n del Convenio de Desarrollo Social 1996, se canalizar�n los recursos del Ramo 00026, S.�n de la Pobreza, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n.-E.�n de falta de acci�n y de derecho.-La presente excepci�n se hace valer en el sentido de que el Ayuntamiento de T. comparece reclamando hechos que anteriormente de manera expresa hab�a consentido, circunstancia que se puede constatar con las documentales que se acompa�an a esta contestaci�n, consistentes en el comunicado de fecha 19 de febrero de 1996, que el coordinador general del Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas le dirigiera al presidente municipal de T. y del Consejo de Bienestar Social, D.A.H.A., haciendo de su conocimiento los lineamientos a trav�s de los cuales se aplicar�an los recursos provenientes del Ramo 00026, S.�n de la Pobreza, correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, documento que fue recibido personalmente por su destinatario con fecha 27 de febrero del mismo a�o, como se aprecia en el documento a que hacemos referencia, mismo que fue contestado con fecha 12 de marzo de 1996, desprendi�ndose de su texto la expresa conformidad con las indicaciones recibidas, as� como con la asignaci�n de los recursos derivados del Ramo 00026 aludido, presentando adem�s las actas mediante las cuales se ampli� el n�mero de integrantes del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social, y la propuesta de obras aprobadas por unanimidad por dicho �rgano.-Con todo lo anterior, queda claro que no le asiste acci�n ni derecho al Ayuntamiento de T., Tamaulipas, para intentar la reclamaci�n que pretende, por tratarse de hechos expresamente consentidos.-E.�n de falta de legitimaci�n activa del Ayuntamiento del Municipio de T., Tamaulipas.-El Ayuntamiento del Municipio de T., Tamaulipas, carece de legitimaci�n activa para interponer esta demanda por las razones siguientes: En relaci�n a esta excepci�n, debe subrayarse que el art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente en la fracci�n I, inciso i), otorga facultades a los Municipios para interponer controversia constitucional sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, pero la disposici�n aplicable al caso concreto lo constituye la fracci�n II del mismo art�culo, al establecerse que la Suprema Corte de Justicia conocer�, en los t�rminos de la ley reglamentaria ... de las acciones de inconstitucionalidad para resolver sobre la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n y tambi�n expresamente que las acciones de inconstitucionalidad solamente podr�n ejercitarse por los propios �rganos que las emitieron, siempre y cuando sea apoyada por el treinta y tres por ciento de sus integrantes, o por el procurador general de la Rep�blica, pero en ning�n momento le otorga facultades a los Ayuntamientos para que lo realicen, como es el caso del Ayuntamiento de T..-Estimar que en un juicio de esta naturaleza pueda intervenir como parte actora un Municipio, equivale a desvirtuar nuestro sistema federal y a integrar el art�culo 105 de la Constituci�n de una manera totalmente diferente al texto actual.-El Municipio, en la actualidad, puede ser parte actora en un juicio de controversia constitucional, en los t�rminos del art�culo 105, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica F.. Dar cabida a este juicio por acciones de inconstitucionalidad, como sucede en este caso, equivale a abrir una puerta que actualmente no existe y dentro de la cual tendr�an que dirimirse todas las controversias entre Ayuntamientos y Estados, independientemente de cu�l fuera la materia, ya que bastar�a plantear las diferencias para que tuvieran el car�cter de conflicto constitucional, bajo una interpretaci�n equivocada de este precepto, lo que nos coloca en una inc�gnita muy dif�cil de comprender y que debe motivar el buen juicio de nuestro M�ximo Tribunal para ponderar el criterio con el que debe resolver esta excepci�n y los dem�s puntos planteados en este procedimiento.-Por las anteriores consideraciones, debe concluirse que el H. Ayuntamiento del Municipio de T., Tamaulipas, carece de legitimaci�n activa para interponer un juicio al que pretende darle car�cter de controversia constitucional, pero que en realidad versa sobre cuestiones de legalidad.-E.�n de improcedencia por disposici�n expresa de la ley.-Se opone la excepci�n de improcedencia de la demanda, prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Ayuntamiento, por lo se�alado al interponer la excepci�n anterior, carece de legitimaci�n activa para interponer la presente demanda, adem�s de que, del contenido de su escrito se advierte que m�s que una controversia constitucional, lo que est� planteando es una cuesti�n de inconstitucionalidad, para cuyo tr�mite la propia ley reglamentaria establece un procedimiento espec�fico y faculta a �rganos tambi�n espec�ficos para promoverla, dentro de los que no se encuentran comprendidos los Ayuntamientos, por lo que al no surtirse los supuestos legales, se deduce que el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, carece de derecho para interponer una demanda reclamando la supuesta inconstitucionalidad de una ley estatal.-En obvio de repeticiones, se tienen aqu� por reproducidas las argumentaciones hechas valer para fundar las anteriores excepciones, que igualmente tienen aplicaci�n para la procedencia del presente medio de defensa.-E.�n de efectos no derogatorios de la ley.-La presente defensa se interpone y se hace valer en el sentido de que la pretensi�n planteada por integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto no consentido de que llegara a pronunciarse una resoluci�n favorable a los intereses del peticionario, por ning�n concepto podr�a tener, en esta supuesta controversia constitucional, efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales que se han dejado mencionados, porque conforme a un principio general de derecho que recoge el art�culo 9o. del C�digo Civil para el Distrito F., aplicable en materia federal y sus correlativos de la totalidad de los C�digos Civiles de las entidades federativas, la ley s�lo queda derogada o abrogada por otra posterior que as� lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Esta posibilidad �nicamente tiene como excepci�n, en cuanto a su generalidad, la declaraci�n de que una ley supone un acto reclamado que vulnere las garant�as individuales en el juicio de amparo.-Consecuentemente, resulta cuestionable que a trav�s de una controversia constitucional prevista por el art�culo 105 de la Ley Fundamental, las consecuencias del fallo que en la misma se pronuncien puedan tener los efectos que se pretenden en la demanda que se contesta, m�s si no cumple con el procedimiento que expresamente impone la ley reglamentaria de las fracciones I y II del art�culo anteriormente invocado.-Contestaci�n de la demanda.-Las versiones contenidas en el escrito de demanda, son ciertas o falsas en la medida en que resulten congruentes con la realidad que se desprende de las circunstancias que m�s adelante se relatan, por lo que toda falta de coincidencia entre aqu�llos y �stas, supone una negaci�n de los hechos en su parte conducente.-De la misma manera y como ya ha quedado precisado con anterioridad, se objeta que sea la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n F. el fundamento legal para interponer una controversia constitucional por parte del Ayuntamiento de T., Tamaulipas, trat�ndose entonces de una acci�n de inconstitucionalidad como claramente lo se�alan, situaci�n por la cual deber�a desecharse de plano el supuesto escrito de demanda.-Por otra parte, por lo que hace a los puntos del 1 al 8 del escrito de demanda, los promoventes s�lo dan cumplimiento a los requisitos que establece el art�culo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, por lo que no se hace manifestaci�n alguna en cuanto a su contenido, sin embargo reiteramos que no se ajusta a las disposiciones legales que sustentan las controversias constitucionales, sino que se refiere expresa y claramente a acciones de inconstitucionalidad, lo que no es materia del conocimiento de esa Suprema Corte, al menos cuando ella es promovida por alg�n Municipio, reiter�ndose, adem�s, que con la reforma al art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado que los promoventes pretenden impugnar, no se viola disposici�n alguna en perjuicio del Ayuntamiento de T., Tamaulipas.-Contestaci�n a los conceptos de invalidez: Contestando el punto A) del cap�tulo de conceptos de invalidez, es incorrecto que la ley que impugnan los promoventes sea retroactiva, pues para que una disposici�n revista tal car�cter es preciso que se cause un perjuicio, situaci�n que en el caso concreto no se da; en primer lugar, porque los recursos del Ramo 00026 que se asignaron con destino a los beneficiarios del Municipio de T., Tamaulipas, no variaron o disminuyeron, no existiendo entonces perjuicio alguno y, en segundo lugar, porque el alcalde es el presidente del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social del Municipio y funcionarios de primer nivel de dicho Ayuntamiento integran el consejo como asesores, por lo cual ser�a il�gico que en el seno del propio consejo se autorizaran acciones que acarrearan perjuicio a los intereses del Municipio, por lo que la norma que impugnan no tiene entonces el car�cter de retroactiva.-En cuanto al derecho del Ayuntamiento a recibir los recursos del Ramo 00026, que err�neamente llaman participaci�n y que dicen naci� a partir del 1o. de enero de 1996, si bien es cierto que el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n aprobado por la C�mara de Diputados tiene vigencia por el a�o fiscal que se inicia el 1o. de enero de cada a�o, tambi�n es cierto que la asignaci�n de recursos del Ramo 00026 deriva de la suscripci�n del Convenio de Desarrollo Social, circunstancia que se efectu� en el Estado de Tamaulipas el 17 de abril de 1996, fecha en la que se formaliz� la descentralizaci�n de recursos por parte de la Federaci�n y en favor del Estado, del Programa S.�n de la Pobreza, para que �ste, a su vez, lo transfiera a los Municipios, quienes se encargar�n de la planeaci�n, operaci�n y control de las obras y acciones, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social, transferencia de recursos que se encuentra sujeta al dictamen de congruencia y autorizaci�n que emita la S.�a de Desarrollo Social, en coordinaci�n con la de Hacienda y Cr�dito P�blico, supeditada adem�s a la disponibilidad de los mismos, seg�n se establece en la cl�usula cuarta del Convenio de Desarrollo Social 1996, suscrito con el Estado de Tamaulipas.-Por otro lado, la denominaci�n que los promoventes hacen de los recursos provenientes del Ramo 00026, clasific�ndolos como participaciones, no es cierto que tengan tal car�cter, como se ver� al dar respuesta al inciso B) del mismo cap�tulo de la demanda que se contesta.-En respuesta a lo aseverado por los promoventes en el inciso B) del cap�tulo que nos ocupa, referente a que la ley que impugnan impide al Ayuntamiento de T., Tamaulipas, administrar libremente su hacienda, es inexacto que con la reforma al art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas se haga nugatorio el derecho de administrar los recursos que le corresponden al Ayuntamiento, ya que por disposici�n de su ley de ingresos propuesta por el Ayuntamiento y aprobada por el Congreso del Estado, la hacienda p�blica municipal se encuentra autorizada a percibir recursos por los conceptos de impuestos, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos, accesorios y financiamientos, destacando que dentro del rubro de participaciones s�lo se comprende los que determinan las leyes de coordinaci�n fiscal, tanto del Estado como de la Federaci�n, sin que se consideren dentro de ellas los recursos provenientes del Ramo 00026, S.�n de la Pobreza, del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, disposici�n que espec�ficamente se�ala dentro del concepto de participaciones, las correspondientes a la partida 00028, por lo que si el legislador federal, al autorizar el referido presupuesto de egresos les hubiera querido dar ese car�cter a los recursos que el Ayuntamiento reclama como participaciones, los hubiera incluido en el mencionado Ramo 00028.-De lo anterior se deduce que los recursos del Ramo 00026 no forman parte de la hacienda municipal, lo cual es l�gico suponer, pues se integran de una mezcla de aportaciones que realizan la Federaci�n, el Estado, el Municipio y los beneficiarios, por lo cual el Manual �nico de Operaci�n 1996 del Ramo XXVI, S.�n de la Pobreza, expedido por la S.�a de Desarrollo Social, exige que los recursos se manejen en tres cuentas, correspondientes al Fondo de Bienestar Social, al de Cr�dito de la Palabra y el de Est�mulo a la Educaci�n B�sica, independientes a cualquier otro programa de fondo que administre el Ayuntamiento; asimismo, el registro contable de las tres cuentas mencionadas ser� por separado y deber� ser independiente a la contabilidad del Ayuntamiento y no se mezclar� con recursos de otros programas, lo que pone de manifiesto que los recursos provenientes del Ramo 00026 no forman parte de la hacienda del Municipio de T., Tamaulipas, por tratarse de recursos etiquetados, correspondientes a un programa con un fin espec�fico y del cual la Federaci�n requiere comprobar que la aplicaci�n se realice efectivamente hacia las zonas m�s desprotegidas, funci�n que encomienda al Estado por haber sido el intermediario para la transferencia de los recursos aludidos.-En suma, los recursos que el legislador federal estableci� en el Presupuesto de Egresos de 1996, referentes al Ramo 00026, dentro del Programa S.�n de la Pobreza, indic� claramente que el esquema de operaci�n ser�a instrumentado por la S.�a de Desarrollo Social para garantizar la congruencia y eficacia en la conducci�n de la pol�tica social del pa�s, es decir, en ning�n momento el legislador federal hizo destinatarios o responsables administrativos de dichos recursos a los Municipios, los hizo beneficiarios pero para cumplir con el objetivo presupuestal de dicho rubro, la S.�a de Desarrollo Social a trav�s de sus reglamentaciones y manuales operativos define el ejercicio de dichos recursos, poniendo al binomio Municipio-comunidad en el eje y base de la distribuci�n de los recursos citados por medio de la planeaci�n, programaci�n y operaci�n democr�tica de tales beneficios; en ese contexto, la reforma al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, s�lo adecua el esp�ritu de esta pol�tica social al Estado de Tamaulipas.-Por lo que hace a la manifestaci�n de los promoventes contenida en el inciso C) del cap�tulo de conceptos de invalidez de la demanda, no es cierto que con la reforma al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n se cree una autoridad intermedia, pues la modificaci�n en cuesti�n, lejos de crear un organismo de intermediaci�n entre el Estado y el Municipio, genera una verdadera instancia de apoyo en tanto que no es una entidad pol�tica centralizada, puesto que los recursos que administra no derivan de participaciones federales, como ya se dijo, sino de las aportaciones de un programa de car�cter federal, creado para atender el prop�sito de mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales m�s desprotegidos, situaci�n que se busca a trav�s de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, cuyo sustento se encuentra plasmado, en forma originaria, en el Convenio de Desarrollo Social y en los manuales de operaci�n que de �l se derivan, elaborado por la S.�a de Desarrollo Social y ahora reafirmados en la Ley Estatal de Planeaci�n, los cuales no constituyen entidades o autoridades intermedias; en principio, porque sus funciones se agotan y limitan a la terminaci�n de los recursos y las obras, sin que tengan injerencia en ninguna actividad administrativa del Municipio; los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social son figuras jur�dicas de derecho social, en donde participan Municipio y comunidad.-Con lo anterior, queda de manifiesto que lo que se hizo al reformar el art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado, fue dar sustento jur�dico a los consejos que ya hab�an sido creados por los Municipios, expidi�ndose con fecha posterior el reglamento para su integraci�n y funcionamiento, disposici�n normativa que reconoce al presidente municipal como presidente del consejo, a 5 asesores, entre los cuales se encuentran servidores p�blicos municipales, estatales y federales, as� como a los consejeros, representantes de la comunidad, de donde claramente se observa que no se trata de ning�n �rgano intermedio entre el Municipio y el Estado, pues para tener ese car�cter, los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social tendr�an que ser entidades independientes, integrados por personas ajenas a los tres niveles de gobierno.-Igualmente, es inexacto lo expresado por los promoventes en el sentido de que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social son quienesejercen los recursos y que al Ayuntamiento ser� a quien el Congreso del Estado revise sobre la aplicaci�n de los mismos, toda vez que el Ayuntamiento a lo que se encuentra obligado ante la Legislatura Estatal es a comprobar el ejercicio de su hacienda y, en particular, los recursos que haya aportado para la realizaci�n de las acciones dentro del consejo del cual forma parte, debiendo adem�s justificar ante las instancias estatales y federales la aplicaci�n de los recursos de esa �ndole.-En contestaci�n al punto D) del mismo cap�tulo que nos ocupa, no es cierto que con la reforma al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n se haya legislado en materia de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n de 1996, efectu�ndose una supuesta invasi�n de esferas competenciales, pues el acto legislativo efectuado por el H. Congreso del Estado se encuentra constitucionalmente justificado, ya que el art�culo 58, fracci�n I, de nuestra Constituci�n Pol�tica Local le otorga facultades al H. Congreso del Estado para crear, reformar o derogar las leyes y decretos en todos los �mbitos de la administraci�n p�blica, y este acto de autoridad constituye una adici�n a un ordenamiento local, el que, en principio, cumple con las formalidades del proceso legislativo y, por otra parte, no invade competencias del �mbito federal fundamentalmente por las siguientes razones: el art�culo 74 de la Constituci�n General de la Rep�blica, al otorgar en la fracci�n IV facultades a la C�mara de Diputados para examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, establece un acto legislativo que dicho cuerpo colegiado realiz� en su oportunidad y que en ning�n momento el Congreso Local ha interferido, puesto que el monto de los recursos del Ramo 00026 han quedado plenamente definidos en dicho presupuesto; la forma de asignaci�n del mismo igualmente qued� establecida al autorizar a la S.�a de Desarrollo Social para definir el esquema de operaci�n de los recursos del Ramo 00026, facult�ndose a la misma dependencia a convenir con los Estados, en el marco de los Convenios de Desarrollo Social la distribuci�n de los recursos, circunstancias que tampoco fueron tocadas por el legislador local, pues en el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, �nicamente se establece a qui�n compete en nuestro �mbito local, ser la instancia de participaci�n en la pol�tica social establecida por el Gobierno F..-En tal virtud, el Congreso del Estado de Tamaulipas en ning�n momento invadi� la esfera de competencia de la C�mara de Diputados del H. Congreso de la Uni�n, toda vez que �nicamente adecu� en la esfera local las disposiciones contenidas en el Convenio de Desarrollo Social 1996 y su Manual �nico de Operaci�n, en relaci�n con la aplicaci�n de los recursos provenientes del Ramo 00026, S.�n de la Pobreza.-Por lo que hace al cap�tulo de derecho del escrito de demanda, al controvertirse los hechos de la manera como ha quedado precisada y siendo notoriamente improcedentes las reclamaciones que los promoventes pretenden hacer valer, resulta igualmente improcedente la fundamentaci�n legal que esgrimen, toda vez que no existe controversia alguna que pueda merecer la atenci�n de ese H. Tribunal.-En relaci�n con las pruebas que los promoventes acompa�an a su escrito, si bien es cierto que su mayor n�mero constituyen documentos p�blicos irrefutables, tambi�n es cierto que son totalmente improcedentes para tratar de acreditar las reclamaciones que hemos contestado y a las cuales el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, no tiene derecho en el sentido que las plantea.-Documentos que se acompa�an a esta contestaci�n.-1. Copia certificada del P.�dico Oficial No. 97, de fecha 2 de diciembre de 1992, que incluye el Decreto N�mero 352 del H. Congreso del Estado, mediante el cual se declaran v�lidas las elecciones para gobernador constitucional del Estado, celebradas el d�a 8 de noviembre del mismo a�o.-2. Copia certificada del nombramiento de fecha 5 de febrero de 1993, expedida en favor del L.. J.R.�guez I., design�ndolo como secretario general de Gobierno, por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.-3. Copia certificada del P.�dico Oficial N�mero 11, correspondiente al 6 de febrero de 1993, en el que se incluy� la publicaci�n del nombramiento indicado en el punto inmediato anterior.-4. Copia certificada del Decreto No. 16, de fecha 27 de marzo de 1996, mediante el cual se designa la mesa directiva de la Diputaci�n Permanente que fungir� durante el receso constitucional de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado.-5. Copia certificada del documento que contiene el Convenio de Desarrollo Social 1996, suscrito con el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas.-6. Copia certificada del Manual �nico de Operaci�n 1996, R.X.S.�n de la Pobreza, elaborado por la S.�a de Desarrollo Social.-7. Ejemplar del P.�dico Oficial del Estado n�mero 44 de fecha 1o. de junio de 1996, que contiene el Reglamento para la Integraci�n y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social.-8. Copia certificada del escrito signado por el coordinador general del Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas, dirigido al presidente municipal y presidente del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social de T., Tamaulipas.-9. Copia certificada del oficio signado por el presidente municipal y presidente del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social de T., Tamaulipas, dirigido al secretario de Hacienda y coordinador general de Copladet.-10. Copia certificada del Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 22 de diciembre de 1995 que, en su parte conducente, contiene el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996.

S�PTIMO

Mediante oficio n�mero PGR431/96, presentado el cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica formul� su pedimento en la presente controversia constitucional, haciendo las manifestaciones que estim� convenientes al tenor siguiente:

Que el d�a 4 de junio de 1996 fui notificado por la Subsecretar�a General de Acuerdos del prove�do dictado en la misma fecha, mediante el cual se admiti� y dio tr�mite a la demanda por la que se plantea la presente controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, en contra del gobernador constitucional y la Legislatura Local de la misma entidad federativa; en el mismo prove�do se da vista al suscrito para que en el t�rmino de treinta d�as produzca el pedimento correspondiente, por lo que con fundamento en los art�culos 4o., fracci�n II, de la Ley Org�nica de la Procuradur�a General de la Rep�blica, y 26 de la ley reglamentaria del art�culo 105, me permito manifestarme desde este momento en el sentido de que deben considerarse infundados los conceptos de invalidez de la demandante y, por ende, constitucionalmente v�lida la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas, por las consideraciones que en el cuerpo del presente memorial se desarrollan.-Con el fin de llevar a cabo el an�lisis constitucional de los planteamientos hechos por el Municipio actor, el cuerpo de este oficio se divide en tres grandes apartados.-En el primero de ellos se realiza un breve esquema del escrito de demanda y de algunos otros aspectos de inter�s en el planteamiento de la litis; la segunda parte se aboca al estudio constitucional de la hacienda municipal en M�xico y de la naturaleza jur�dica que revisten los fondos correspondientes al Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n; y finalmente, la tercera parte se ocupa de los argumentos sustentados en cada uno de los conceptos de invalidez que el Municipio actor esgrime, consistentes en una supuesta aplicaci�n retroactiva de la ley en su perjuicio; en la presunta transgresi�n a la libertad de administraci�n de la hacienda municipal; en la instauraci�n de una supuesta autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio; y, en una presunta invasi�n de competencias por parte de la Legislatura Local en perjuicio de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n.-Primera parte: Antecedentes.-Primero. De las constancias que obran en el expediente formado por esa Suprema Corte de Justicia con motivo de la presente controversia constitucional, se desprende que durante la sesi�n celebrada el d�a 15 de mayo de 1996, el Ayuntamiento del Municipio de T., Tamaulipas, acord� se promoviera demanda en v�a de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, impugnando la norma general consistente en la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, y se�alando como autoridades demandadas al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y al Congreso de la propia entidad, por considerar que con sus actos se vulneran diversos preceptos constitucionales.-Posteriormente, en la sesi�n celebrada el d�a 29 del mismo mes y a�o, el Ayuntamiento actor ratific� el acuerdo antes descrito y se procedi� a la elaboraci�n de dicha demanda de controversia constitucional.-Por escrito de fecha 30 de mayo de 1996, el Municipio de T., Tamaulipas, por conducto de los se�ores D.A.H.A., D.E.�n G�mez Fuentes, J.S.Z. de la Garza y J.M.H.Z., en su car�cter de presidente municipal, s�ndicos primero y segundo, y secretario de ese Ayuntamiento, promovi� demanda en v�a de controversia constitucional ante este Alto Tribunal; se�alando como tercero interesado al Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social del Municipio de T., Tamaulipas.-Segundo. Como ya se ha mencionado, la norma general cuya invalidez se demanda consiste en la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, llevada a cabo por iniciativa presentada por el Ejecutivo Local en fecha 27 de febrero de 1996, aprobada por el Congreso del Estado seg�n Decreto N�mero 10, de fecha 20 de marzo de 1996 y publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas el d�a 20 de abril pasado.-El art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, antes de que fuera adicionado por el Congreso del Estado, establec�a lo siguiente: ?Art�culo 51. El Ejecutivo del Estado, por s� o a trav�s de sus dependencias y entidades podr�n (sic) concertar la realizaci�n de las acciones previstas en el plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados ...?.-Despu�s de ser discutida en el Congreso del Estado la iniciativa anteriormente mencionada, el mismo Congreso la aprob� con algunas modificaciones intrascendentes y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas realiz� la promulgaci�n correspondiente.-La adici�n a este numeral fue publicada en el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas el d�a 20 de abril de 1996 en los t�rminos siguientes: ?Art�culo 51. El Ejecutivo ... Lo anterior se realizar� a trav�s de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social que para el efecto se constituyan, cuyas funciones ser�n entre otras, las siguientes: I.P., programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, los recursos correspondientes de (sic) Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, Ramo 00026. II. Participar en la formulaci�n de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades, que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el p�rrafo anterior. III. Impulsar la participaci�n amplia, plural y democr�tica de las comunidades, para la orientaci�n y aplicaci�n de los recursos mencionados. IV. Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y bienestar social, entre los miembros de las comunidades y las autoridades. V.S. la adecuada aplicaci�n de los recursos.-La integraci�n y el funcionamiento de los consejos se sujetar� al reglamento correspondiente.?.-Tercero. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996, aprobado por la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de diciembre de 1995 y que entr� en vigor el d�a primero de enero de 1996, estableci� en su art�culo 16 que el Ramo 00026 denominado ?S.�n de la Pobreza? importar�a la cantidad de $11?000,000,000.00 (once mil millones de pesos 00/100 M.N.).-Seg�n el decreto, dentro del mencionado Ramo 00026 se comprenden los Fondos de Desarrollo Social M., de Prioridades Estatales y para la Promoci�n del Empleo y la Educaci�n, y para el fondo en litigio se asign� la cantidad de $7?150,000,000.00 (siete mil ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).-De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, corresponde a la S.�a de Desarrollo Social definir el esquema de operaci�n de los recursos del Ramo 00026 S.�n de la Pobreza, a efecto de garantizar congruencia y eficacia en la conducci�n de la pol�tica social a nivel nacional, y agilizar la transferencia de recursos a las entidades federativas para inducir la participaci�n de los Gobiernos Estatales y M. en la promoci�n del bienestar social.-Se consigna que el control presupuestal se ejercer�a por la dependencia del Ejecutivo F. denominada S.�a de Desarrollo Social.-El Fondo de Desarrollo Social M. se distribuir�a entre las entidades federativas de acuerdo a una f�rmula basada en indicadores de pobreza entre Estados y Municipios. Antes del 31 de enero de 1996, la S.�a de Desarrollo Social habr�a dado cuenta a las Comisiones de Programaci�n, Presupuesto y Cuenta P�blica y de Desarrollo Social, de la f�rmula y metodolog�a utilizada. Asimismo, antes de dicha fecha la S.�a de Desarrollo Social habr�a publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n, la f�rmula y metodolog�a correspondiente, as� como la asignaci�n presupuestal para los Estados.-La S.�a de Desarrollo Social convendr�a con los Estados en el marco de los Convenios de Desarrollo Social, la distribuci�n de los recursos del Fondo de Desarrollo Social M. con base en indicadores similares. La distribuci�n que resultare entre los Municipios debi� ser publicada en el correspondiente �rgano oficial de difusi�n del Gobierno Estatal a m�s tardar el 15 de febrero de 1996.-En ese tenor, los Municipios s�lo pueden utilizar los recursos del Fondo de Desarrollo Social M. para inversiones en los siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinizaci�n; electrificaci�n; urbanizaci�n; apoyos, construcci�n y conservaci�n de infraestructura de salud; cr�dito a la palabra y construcci�n de caminos e infraestructura rural.-Seg�n el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, conforme al Convenio de Desarrollo Social, los Gobiernos de los Estados y de los Municipios son los responsables de la correcta orientaci�n, destino y aplicaci�n de los recursos del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza? que se les asigne, as� como de su manejo transparente. Los recursos asignados a los Ayuntamientos deben ser ejercidos por �stos con la participaci�n de sus comunidades, teniendo la libertad de decidir su aplicaci�n entre los rubros que se indican en el p�rrafo anterior, dando prioridad a las obras en proceso y al mantenimiento de las ya terminadas.-Para el control de los recursos del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza? asignados a las entidades federativas, el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n otorga a la S.�a de Contralor�a y Desarrollo Administrativo la facultad de convenir con los Gobiernos Estatales o sus dependencias facultadas en la materia, las actividades o programas que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, as� como el programa acordado en el marco del Convenio de Desarrollo Social. As�, la S.�a de Desarrollo Social, la S.�a de la Contralor�a y Desarrollo Administrativo y los Gobiernos Estatales y M., est�n encargados de promover la participaci�n ciudadana en el destino, aplicaci�n y vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en materia de desarrollo social.-Cuarto. Los preceptos constitucionales que se estiman violados son los art�culos 14, 115, primer p�rrafo, as� como las fracciones I y IV y el 74, fracci�n IV. El Municipio actor sostiene que con la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n se producen violaciones a la Carta Magna en su perjuicio, consistentes en: 1. La aplicaci�n con efecto retroactivo de la norma general impugnada en perjuicio del Municipio actor, ya que la misma se pretende aplicar para regular derechos que hab�an nacido en favor del Municipio de T., Tamaulipas, desde el 1o. de enero del a�o en curso, como consecuencia de la expedici�n del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, dentro del cual se gener� el derecho de este Municipio para recibir la participaci�n del Ramo 00026, ?S.�n de la Pobreza?, seg�n las f�rmulas de asignaci�n de esos recursos, que aun cuando no estaban en ese momento cuantificadas, s� eran cuantificables, como lo fueron posteriormente. Con todo lo cual, al crear una nueva ley y darle efectos retroactivos, y en consecuencia afectar situaciones jur�dicas ya nacidas antes que la ley impugnada, se transgrede el art�culo 14 constitucional.-2. Con la creaci�n de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, se impide que el Ayuntamiento de T. administre libremente su hacienda municipal, pues se otorga a esos consejos funciones de administraci�n de los recursos del multicitado Ramo 00026, mismos que el Municipio actor considera forman parte de su hacienda, pues son un ingreso del Municipio establecido por la Legislatura F. y adem�s una participaci�n federal de las referidas en la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, por lo que, seg�n el Municipio actor, se contraviene tal disposici�n.-3. Al concederle a los consejos de desarrollo facultades de planeaci�n, programaci�n, operaci�n, control, seguimiento y evaluaci�n de los recursos correspondientes al Ramo 00026; as� como de participar en la formulaci�n de presupuesto de obras, proyectos y acciones que pueden ser financiados con dichos recursos, e impulsar la participaci�n de la comunidad para la aplicaci�n de los mismos y supervisar su adecuado ejercicio, se crea, en opini�n del Municipio actor, una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, con lo cual se viola lo dispuesto en el art�culo 115, fracci�n I, de la Ley Fundamental.-Adem�s de ello, el Municipio actor argumenta en este concepto de invalidez que el hecho de que sean los consejos de desarrollo municipal los que operen, controlen, y den seguimiento a los recursos en litigio, y seg�n la Constituci�n sea el Congreso del Estado el que revise la gesti�n del Ayuntamiento, genera una grave injusticia, que consiste en que uno es el que opera los recursos, el que act�a, y a otro es al que revisan, ello en raz�n de que ser�n los consejos quienes actuar�n respecto del destino de los recursos y ser� el Ayuntamiento a quien revisar� la Legislatura Local respecto de su aplicaci�n.-4. La invasi�n de esferas por parte de la Legislatura del Estado se da al haber legislado y reglamentado en materia de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996, cuando �sta es una facultad exclusiva de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, transgredi�ndose as� lo dispuesto por el art�culo 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el multicitado Ramo 00026 forma parte de dicho presupuesto federal y la actuaci�n del Congreso Local se tradujo en una afectaci�n a situaciones jur�dicas emanadas de una ley federal, que ni siquiera la C�mara de Senadores, que es parte del Legislativo F., est� autorizada a realizar.-Quinto. El Municipio actor ofrece como pruebas, confundamento en el art�culo 32 de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional, las siguientes: 1. P.�dico Oficial del Estado, de fecha 1o. de diciembre de 1995, en el que se publicaron los resultados del c�mputo municipal del proceso electoral de T., Tamaulipas, por el que eligen como presidente al C.D.A.H.A. y como s�ndicos primero y segundo, respectivamente, a los se�ores D.E.�n G�mez Fuentes y J.S.Z. de la Garza.-2. Copia certificada del nombramiento del C.J.M.H.Z., como secretario del Ayuntamiento.-3. Copia certificada del acta de sesi�n de Cabildo celebrada el d�a 1o. de enero de 1996, en el punto relativo al nombramiento del secretario del Ayuntamiento.-4. P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas, de fecha 14 de febrero de 1996, en el que se publica el acuerdo mediante el cual se determina la f�rmula y metodolog�a para la distribuci�n de la asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo Social M. del Ramo 00026 entre los Municipios del Estado.-5. Inserciones period�sticas de los peri�dicos ?El Diario? y ?El Sol de T.?, ambos de fecha 15 de marzo de 1996, en que aparece el Programa de Obras P�blicas 1996 del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza? del Ayuntamiento de T. para el periodo 1996-1998.-6. Copias certificadas de las sesiones de Cabildo celebradas los d�as 15 y 29 de mayo de 1996, relativas a la presentaci�n de esta demanda.-7. P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 20 de abril de 1996, en el que publica el Decreto No. 10, mediante el cual se adiciona el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n.-Segunda parte: La integraci�n de la hacienda municipal y la naturaleza jur�dica de los fondos correspondientes al Ramo 00026.-Por razones de m�todo y para el debido planteamiento del pedimento a cargo del suscrito, he considerado pertinente abordar en este apartado, el estudio constitucional de dos aspectos b�sicos en torno a los cuales gira la materia de la presente controversia, a saber, la integraci�n de los elementos que conforman la hacienda municipal y la determinaci�n de la naturaleza de los fondos a que se refiere el Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n. El an�lisis previo de estos aspectos permitir� estar en posibilidad de abocarse al posterior an�lisis de cada uno de los conceptos de invalidez esgrimidos por la parte actora.-La hacienda municipal.-Definici�n.-La hacienda p�blica es el conjunto de bienes de una entidad pol�tica (Federaci�n, Estados o Municipios), que posee en un momento dado para la realizaci�n de sus atribuciones.-Existen numerosas definiciones de lo que es la hacienda p�blica municipal, dentro de las cuales es factible retomar la siguiente para poder conceptualizar con mayor claridad los elementos que caracterizan a dicha hacienda.-El Diccionario Jur�dico Mexicano la define como la coordinaci�n econ�mica activa creada por los habitantes de un determinado lugar, con el objeto de satisfacer necesidades comunes a las que aqu�llos no pod�an proveer individualmente, fin que se logra con la aplicaci�n de medios tomados, en su mayor parte, de la riqueza privada, en forma de contribuciones obligatorias.-Las finanzas p�blicas incluyen la recaudaci�n y gasto de todos los fondos p�blicos, por lo que en tal sentido podemos decir que constituyen la hacienda p�blica todas la contribuciones, impuestos, rentas, propiedades, valores y derechos que pertenezcan al propio Municipio.-El Estado fundamenta y justifica la integraci�n de su hacienda con la imposici�n de cargas tributarias a efecto de que cumpla cabalmente con ciertas atribuciones, por lo que ha de contar con medios o recursos propios para la realizaci�n de las mismas.-Resulta de importancia resaltar que el Municipio, como corporaci�n de derecho p�blico, tiene que cumplir con determinadas atribuciones, claro est� que limitadas �stas a su �mbito territorial y a las disposiciones legales conducentes, por lo que, en consecuencia, debe contar con los medios suficientes para lograr el cumplimiento de dicho objetivo, pues posee facultades tales como la de adquirir bienes materiales y la de exigir coactivamente a sus vecinos la prestaci�n correspondiente por la realizaci�n de servicios p�blicos, de entre otras m�s que tambi�n le conciernen.-El Municipio forma una circunscripci�n administrativa, constituye una persona moral, con patrimonio propio y esfera jur�dica independiente; pues bien, este patrimonio propio, sus modos de alimentarlo, las formas de administrarlo, su inversi�n en los servicios locales, integran la materia propia de la hacienda municipal.-Regulaci�n jur�dica.-En el derecho positivo mexicano, la hacienda p�blica municipal encuentra su base fundamental inicialmente en la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n F., en la que se dispone: ?Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.-Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.-b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.-c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. ...?.-En congruencia con el texto de la Constituci�n General de la Rep�blica, la Constituci�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas, en el art�culo 132, fracci�n III, incisos a), b) y c), reproduce la forma de integraci�n y conformaci�n de la hacienda municipal; asimismo, el C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, en su t�tulo segundo denominado ?De la hacienda municipal?, cap�tulo primero, en sus art�culos 93 al 149 regula todo lo concerniente a la forma en que se integra la hacienda municipal, ajust�ndose, tanto al texto de la Constituci�n F., como al de la correspondiente norma de la Constituci�n Local reci�n aludida.-Ante el hecho de que la hacienda municipal debe estudiarse desde los puntos de vista de su creaci�n, desenvolvimiento, administraci�n y aplicaci�n, su an�lisis deber� realizarse en cuatro apartados que son: el patrimonio, el presupuesto, los gastos o egresos y los ingresos.-El patrimonio municipal.-El patrimonio municipal es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de car�cter pecuniario propios de un Municipio. Puede estar constituido por sus propios bienes en calidad de productivos e improductivos y por las gestiones o industrializaciones municipales, los fondos o bienes muebles que como persona moral posee, destinando sus rentas al sostenimiento de sus gastos.-Los bienes municipales se dividen en dos clases, los de dominio p�blico y los de dominio privado. Los de dominio p�blico, como su nombre lo indica, son inalienables e imprescriptibles, est�n fuera del comercio, por lo que no pueden ser enajenados ni gravados.-Los de dominio privado son los que forman parte de su patrimonio y por su naturaleza son susceptibles de ser destinados a la soluci�n de los problemas del Municipio; a diferencia de los p�blicos, este tipo de bienes municipales se pueden enajenar, donar, rentar y permutar, y a trav�s de los mismos el Municipio puede lograr obtener un ingreso extra.-Esta facultad de poseer bienes por parte del Municipio se encuentra contemplada en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en el primer p�rrafo del art�culo 27, fracci�n VI, que dispone: ?Los Estados y el Distrito F., lo mismo que los Municipios de toda la Rep�blica, tendr�n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para los servicios p�blicos. ...?.-La explotaci�n de los bienes municipales constituye as� una fuente de ingresos e integra, al lado de los impuestos, participaciones y contribuciones especiales, la hacienda municipal.-El presupuesto municipal.-El presupuesto es el documento jur�dico y contable en que se indican los recursos y los gastos del Estado en los montos correspondientes a un periodo de doce meses. Constituye el principal plan financiero, comprende la estimaci�n de los ingresos previstos y la de los gastos que se propone hacer, as� como la lista de actividades que se desarrollar�n y los medios para llevar �stas a cabo. Es, en realidad, un plan de gobierno expresado en forma de plan financiero. Teniendo la caracter�stica de que su contenido es de car�cter general, en el caso espec�fico del Municipio es la autorizaci�n dada a la autoridad municipal, para exigir los ingresos y para realizar los gastos seg�n las normas y prescripciones contenidas en el mismo presupuesto y por el periodo a que el mismo se refiere.-La anterior definici�n del t�rmino presupuesto est� elaborada desde un punto de vista amplio; sin embargo, el presupuesto en un sentido estricto debe tener presente los egresos del Municipio, siendo �stos aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos o ingresos est�n regulados por la ley de ingresos de los Ayuntamientos y los gastos o egresos est�n contemplados en el presupuesto de egresos de cada Ayuntamiento; en este tenor, la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en su art�culo 115, fracci�n IV, �ltimo p�rrafo de la Constituci�n F., establece lo siguiente: ?... Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.?.-El presupuesto deber� regularse y elaborarse con apego a ciertos principios que son b�sicos; primordialmente debe abarcar cuatro aspectos que son: los sueldos y salarios que paga el Municipio, los gastos generales, el servicio de la deuda y las obras p�blicas, entre otros que de igual forma se pueden incorporar.-Ingresos municipales.-El ingreso comprende todas las percepciones del Estado, tanto en efectivo como en especie o en servicios. Se trata de las cantidades que el poder p�blico percibe para cubrir sus gastos que implica el cumplimiento de sus funciones legales.-De acuerdo con lo anterior, el ingreso municipal es todo lo que implica la obtenci�n de recursos o medios necesarios para cumplir con los servicios p�blicos que le son propios, seg�n su radio de acci�n.-Los ingresos se clasifican en ordinarios y extraordinarios, atendiendo al punto de vista de su periodicidad y regularidad. Los ingresos ordinarios son aquellos que se destinan a cubrir los gastos normales, cotidianos del Estado y se perciben regularmente en cada ejercicio, mientras que los ingresos extraordinarios son por su propia naturaleza imprevisibles y son aplicados para cubrir todos los gastos eventuales.-Otra forma de ingreso municipal se presenta a trav�s de las rentas privadas o de econom�as privadas que provienen de los bienes que el Municipio posee por su car�cter de persona jur�dica y que utiliza como tal, d�ndolos en arrendamiento, vendi�ndolos o explotando sus empresas industriales. Pueden ser ordinarias cuando son ingresos que no est�n calculados de antemano y responden a necesidades de emergencia.-Dentro de los principales y m�s importantes ingresos podemos destacar los impuestos y las tasas. El C�digo F. de la Federaci�n define al impuesto, en su art�culo 2o., fracci�n I, como las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas f�sicas y morales que se encuentren en la situaci�n jur�dica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas de las se�aladas en las fracciones II, III y IV de este art�culo; es decir, de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, y los derechos.-Es importante se�alar que la clasificaci�n de los impuestos municipales distingue entre impuestos municipales propios y recargos sobre los impuestos del Estado.-Los impuestos municipales propios son independientes del sistema impositivo del Estado y su caracter�stica es que fluyen de fuentes especialmente reservadas a los Municipios y se liquidan y perciben seg�n m�todos propios.-Los impuestos de recargo son aquellos que el Municipio impone sobre los que ya cobra el Estado, estableciendo las llamadas cuotas adjuntas; es un porcentaje que percibe el Municipio de los impuestos que cobra el Estado.-El sistema de fondos comunes, pretende tener las ventajas del sistema de recargos, es decir, recibir un porcentaje del impuesto cobrado, pero sin sus inconvenientes, tales como el desgaste que tienen las autoridades del Ayuntamiento por efectuar el cobro de este tipo de impuestos; consiste en que el Estado sea quien cobre el impuesto directamente y lo reparta despu�s entre los Municipios, a los cuales entrega una cuota proporcional establecida en la ley.-Como complemento, encontramos la figura de las tasas que tambi�n podr�amos considerar como uno de los m�s importantes ingresos de la hacienda municipal. La tasa o derecho es la contraprestaci�n requerida por el poder p�blico en pago de servicios de car�cter administrativo prestados por �l mismo.-El hecho de que ciertos servicios p�blicos municipales, no obstante su car�cter p�blico y general, sean utilizados solamente por determinadas personas, estableciendo relaciones entre las prestaciones de la administraci�n y los beneficios e intereses del particular en el campo de la actuaci�n municipal, justifica la aplicaci�n de diversas tasas o derechos, que evidentemente forman parte de la hacienda municipal.-Otra forma o fuente de ingresos para el Municipio es lo que se denomina contribuci�n de mejora, conocida tambi�n bajo el nombre de contribuci�n especial o impuesto de plusval�a, que es la contribuci�n obligatoria, percibida en proporci�n a los beneficios especialmente obtenidos, para cubrir los gastos de una mejora espec�fica de la propiedad.-La importancia de esta contribuci�n en beneficio del inter�s p�blico es tal, que con ella se realizan numerosas obras p�blicas, como pavimentaci�n de v�as de comunicaci�n, la desecaci�n de pantanos, la construcci�n de diques, la irrigaci�n de tierras, la apertura o ensanche de calles y caminos, la creaci�n de parques y paseos, entre otras.-Como fuentes especiales de ingresos encontramos las dotaciones y subvenciones o subsidios, que es la correspondencia que hace el Estado a las tareas delegadas que por su cuenta realiza el Municipio.-Las subvenciones o subsidios son todas las prestaciones pecuniarias que hace el Estado a los Municipios como consecuencia y contraprestaci�n a las tareas concretamente se�aladas que por delegaci�n del Estado realiza el Municipio, tienen fines determinados y son concedidas tomando en cuenta relaciones concretas, los montos pueden ser fijos o variables, ya sea que ciertos gastos tengan que ser cubiertos por el Estado y el resto por el Municipio o que el Estado cubra los gastos que excedan de un determinado l�mite previamente establecido.-Las dotaciones son prestaciones concedidas por el Estado sin condici�n alguna, es decir, sin ninguna de esas motivaciones determinadas y sin que corresponda a tareas concretas a realizarse por los Municipios. Existe dotaci�n cuando el Estado cede al Municipio objetos patrimoniales, como edificios, oficinas, bienes muebles, etc., o incluso las cesiones de algunos impuestos o tasas.-Otra fuente extraordinaria de ingresos es la enajenaci�n de fracciones del patrimonio de los Municipios y, en particular, del patrimonio inmueble en que se aplican las mismas reglas que para la enajenaci�n de los bienes pertenecientes al Estado.-Atendiendo al texto del art�culo 115 constitucional, en que se prev� expresamente cada uno de los elementos integrantes de la hacienda municipal en M�xico, y despu�s de retomar la explicaci�n in genere aqu� contenida, es posible comprender la justificaci�n de la integraci�n de la misma hacienda.-Esto es, cuando la fracci�n IV del numeral 115 de nuestra Ley Fundamental eleva al m�s alto nivel jur�dico la integraci�n de la hacienda del Municipio mexicano, retoma los principios explicados y prev� dicha integraci�n por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como por las contribuciones y los ingresos que las respectivas legislaturas establezcan a su favor, de acuerdo a su especial situaci�n e infraestructura.-Entre las principales contribuciones que se establecen en favor del Municipio, est�n las relativas a la propiedad inmobiliaria, cuya administraci�n puede ser convenida entre Municipio y Estado.-Asimismo, se prev� como otros de sus principales ingresos los derivados de la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales.-Sin embargo, el rubro que cobra gran importancia para nuestro estudio es el de las participaciones federales que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; fuente de ingresos para el Municipio que sin duda alguna es de las m�s significativas y que anualmente est� al alcance, administraci�n y dominio de la municipalidad. Estas participaciones en ingresos, en principio propio de la Federaci�n, por mandato constitucional se constituyen en municipales cuando la legislatura correspondiente realiza su asignaci�n, siguiendo los lineamientos que la Ley de Coordinaci�n F. establece.-El egreso o gasto municipal.-Los gastos p�blicos son las erogaciones y el empleo de riqueza destinados a la prestaci�n de los servicios p�blicos que son requeridos por el inter�s p�blico, el cual comprende al inter�s de la colectividad y de los particulares.-De acuerdo con lo anterior, se puede definir al gasto p�blico municipal como toda erogaci�n hecha por el Municipio, a trav�s de su administraci�n activa, destinada a satisfacer las funciones en los t�rminos previstos por el presupuesto.-A trav�s del gasto p�blico, el Estado devuelve a la colectividad el dinero que recauda y que componen los recursos financieros que comprenden sus ingresos, en forma de bienes y servicios, tales como salubridad, alumbrado y energ�a el�ctrica, comunicaciones, obras de riego, educaci�n, sueldos y salarios, etc.-Una clasificaci�n id�nea del gasto p�blico municipal es la siguiente: a) Gastos obligatorios y voluntarios. Los obligatorios son aquellos que incumben por lo general al Estado, su car�cter es imprescindible e inaplazable y se ordena al Municipio su ejercicio, en virtud de que �ste conoce de manera m�s cercana las particularidades del lugar y est� en posibilidades de resolver los problemas suscitados de cualquier �ndole de un modo m�s adecuado al fin que se persigue. La forma de obligar al ejercicio de estas funciones consiste en determinar a los Municipios a incluir en sus presupuestos los gastos necesarios; por ejemplo, el abastecimiento de agua, alumbrado p�blico, vigilancia p�blica, limpieza de la v�a p�blica y servicio de limpia en general o recolecci�n de basura, registro civil, censo, mercados y mataderos, etc.-Los gastos voluntarios son aquellos que exceden de las prestaciones m�nimas exigidas por el Estado. Es en este �mbito en donde el Municipio puede tener una actuaci�n amplia en todo lo que se refiere a bienestar com�n. Se puede decir que los Municipios est�n autorizados, cuando dispongan de los medios necesarios, para crear toda clase de instituciones destinadas al desarrollo material y cultural del ciudadano; por lo tanto, su actuaci�n se restringe al cumplimiento previo de las necesidades m�s apremiantes y a no gravar excesivamente al ciudadano para satisfacer tales gastos, como la ense�anza superior,parques y jardines, museos, auditorios, estadios, etc.-b) Gastos ordinarios y extraordinarios. Los gastos ordinarios son los que se repiten peri�dicamente en cada ejercicio y que en lo general son constantes, adem�s su cuant�a se puede precisar de antemano y sus caracter�sticas son la normalidad y la regularidad.-Los gastos extraordinarios son las erogaciones originadas por situaciones eventuales, como pueden ser calamidades, epidemias, inundaciones, etc. Se presentan en periodos irregulares y se satisfacen por los ingresos extraordinarios, tales como la enajenaci�n del patrimonio, empr�stitos, etc.-La importancia de esta clasificaci�n es precisamente que nos permite establecer el principio de que los gastos ordinarios se deben cubrir exclusivamente con los ingresos ordinarios, y los gastos extraordinarios se cubren con los ingresos extraordinarios.-c) Gastos personales y reales. Los gastos personales son la suma total de prestaciones de trabajo personal que el Municipio tiene necesidad de recibir para la realizaci�n de sus funciones.-d) Gastos de explotaci�n y gastos de gobierno.-Los gastos de explotaci�n son los que necesariamente se ocasionan en la percepci�n y recaudaci�n de los ingresos. Este tipo de erogaciones est�n regidas por el principio de que no se debe establecer una carga fiscal que sea de dif�cil recaudaci�n y que como consecuencia origine cuantiosos gastos.-Los gastos de gobierno son aquellos que directamente se emplean en la satisfacci�n de las necesidades de los �rganos de gobierno. Los gastos de explotaci�n son un medio para un fin, mientras que los gastos de gobierno son un fin para s� mismos.-Naturaleza jur�dica de los fondos del Ramo 00026.-Los fondos del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, son recursos que la Federaci�n destina para ser aplicados a objetivos y programas prioritarios, cuya ejecuci�n se descentraliza en los niveles de Gobierno Estatales y M., pero que son controlados, dada su naturaleza federal, por la propia Federaci�n. Los fondos o recursos del Ramo 00026 en ning�n momento ingresan como parte integrante de su hacienda a las arcas municipales y, en consecuencia, jam�s pierden su car�cter originario. Se trata de recursos federales que se asignan al cumplimiento de ciertos objetivos y programas considerados como prioritarios desde el punto de vista nacional por el art�culo 25 constitucional. Son fondos que se transfieren a las entidades federativas, en atenci�n a que esas instancias son las id�neas para coordinarse con la Federaci�n en la promoci�n del desarrollo nacional y, consecuentemente, para efectuar la asignaci�n de recursos federales a dicha promoci�n.-Como ya ha quedado explicado en el cap�tulo de antecedentes, la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n dispuso en el art�culo 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996, que la S.�a de Desarrollo Social ser�a la dependencia del Ejecutivo F. que estructure y defina el esquema de operaci�n de los recursos de Ramo 00026; se�al� que el Fondo de Desarrollo Social M. ser�a ministrado entre las entidades federativas de acuerdo a la f�rmula basada en indicadores de pobreza entre Estados y Municipios.-El Estado, en el marco de los Convenios de Desarrollo Social, har�a la distribuci�n y ministraci�n de los fondos con base en indicadores similares (condiciones de rezago social y magnitud de la pobreza).-Los fondos del multicitado Ramo 00026 no se pueden considerar como parte integrante de la hacienda municipal, ya que como ha quedado explicado, uno de los factores que la integran son las participaciones federales cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinan por las Legislaturas de los Estados; recursos que guardan diferencia clara con los recursos federales a que se refiere el art�culo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, es decir, con los recursos que integran el Ramo 00026.-Precisamente, el esquema previsto en el art�culo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el gasto de los recursos del Ramo 00026 y especialmente para la asignaci�n de los Fondos de Desarrollo Social M., se inserta dentro de lo dispuesto en la fracci�n VI del art�culo 116 constitucional, que se refiere a la implementaci�n de apoyos del Gobierno F. hacia los Estados, en los �mbitos de desarrollo econ�mico y social. En consecuencia, los recursos del mencionado ramo son de aquellos que la Federaci�n destina para cumplir con los objetivos propios de los convenios, que con fundamento en este �ltimo precepto constitucional, se suscriban.-En cambio, los fondos que seg�n la fracci�n IV, inciso b), del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos s� integran la hacienda municipal son los que se prev�n en el propio Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996, que en su art�culo 15 establece la integraci�n del Ramo 00028 sobre participaciones a entidades federativas y Municipios, que se ejercer�n de acuerdo con los porcentajes de participaciones federales, en los t�rminos de la Ley de Coordinaci�n F..-El esp�ritu del legislador al establecer los fondos previstos en el Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza? es eminentemente de inter�s social y tiene como objetivo principal apoyar a los sectores populares. Es por ello que se pueden diferenciar de las participaciones federales que prev� el art�culo 115 constitucional como parte integrante de la hacienda municipal, ya que �stas tienen el prop�sito de que el Municipio pueda cumplir cabalmente con sus funciones y as� proporcionar los servicios que por mandato de la propia Carta Magna le est�n conferidos, as� como por aquellos que las propias Legislaturas Locales establezcan en favor del mismo.-Esto es, mientras un fondo de los previstos en el Ramo 00026 est� compuesto por recursos adicionales que la Federaci�n destina a los Gobiernos de los Estados, para que �stos a su vez los canalicen a los Municipios, el otro fondo correspondiente al Ramo 00028 est� destinado a que la municipalidad pueda prestar los servicios p�blicos que tiene encomendados por la ley de manera ordinaria. El Ramo 00026 tiene fines determinados, que no podr�n ser modificados al ejercerlos, aunque alguno de los destinos del Ramo 00026 coincidan con los servicios que deba prestar la municipalidad por mandato de la propia Constituci�n General de la Rep�blica.-En ese sentido, ese Alto Tribunal ha sostenido un criterio �til para la adecuada interpretaci�n del art�culo 115 constitucional, espec�ficamente en su fracci�n IV, en raz�n de que s�lo las Legislaturas Estatales deber�n concentrarse a establecer legalmente los ingresos que habr� de percibir un determinado Municipio, por lo que es incorrecto que se interprete que dentro del t�rmino ?las legislaturas? a que se refiere el texto constitucional, se comprende tambi�n a la Legislatura F., es decir, al Congreso de la Uni�n o alguna de sus C�maras, para concluir que los recursos que nos ocupan son de car�cter municipal. Es decir, el empleo del t�rmino ?legislaturas? en el numeral 115 de la Ley Suprema, de ninguna manera puede interpretarse como que se refiere indistintamente al Poder Legislativo F. o al de los Estados y que con base en ello pueda otorgarse el car�cter de ingresos propios de los Municipios a los recursos federales que la C�mara de Diputados dispuso para el desarrollo nacional. El texto se refiere �nicamente a aquellos recursos que las Legislaturas Locales establezcan en las leyes de ingresos municipales que al efecto expidan.-Deslindada la naturaleza de los recursos en litigio, y visto el sistema de operaci�n de los mismos, �nicamente nos resta hacer una serie de consideraciones en cuanto a los dispositivos constitucionales que en materia de desarrollo nacional habr�n de insertarse en el Sistema Nacional de Planeaci�n Democr�tica.-Del art�culo 25 de la Constituci�n F. se desprende que la obligaci�n a cargo del Estado de asumir la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �sta sea integral, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que mediante el fomento del crecimiento econ�mico, el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, comprende a los tres niveles de gobierno previstos en la Constituci�n, refiri�ndose a la Federaci�n, Estados y Municipios, por lo que no se trata de una obligaci�n exclusiva de la Federaci�n, sino del Estado mexicano en su conjunto.-Es decir, la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, al aprobar el Ramo 00026, y el Ejecutivo F., al suscribir los Convenios de Desarrollo Social con las entidades federativas de todo el pa�s, da cumplimiento a lo establecido en la fracci�n VI del art�culo 116 constitucional y, por lo tanto, cumplen tambi�n con lo dispuesto en el art�culo 25 de la Ley Fundamental. Este cumplimiento por dichas autoridades federales se complementa con las directrices que al efecto se�ala la Ley Estatal de Planeaci�n. Con esto, las entidades federativas, como partes integrantes del Estado mexicano, concurren con responsabilidad al desarrollo econ�mico y social de M�xico, siempre dentro del esp�ritu, y aun de la letra, del art�culo 25 constitucional.-Esto es, para la consecuci�n de las metas del proyecto nacional plasmado en la Constituci�n General de la Rep�blica, en forma tal que se d� coherencia y armon�a al desarrollo nacional, los Estados concurren con el Gobierno F. dentro del Sistema de Planeaci�n Democr�tica del pa�s, v�a los instrumentos de concertaci�n previstos para ello en el art�culo 26 constitucional y desarrollando en forma paralela, dentro de su �mbito de competencia, los instrumentos jur�dicos y program�ticos necesarios. A tal esquema responde la existencia de un sistema particular de planeaci�n para alcanzar el desarrollo a nivel local.-Como comentario final, cabe afirmar que no obstante que el Gobierno del Estado y los Municipios participen en la aplicaci�n de los recursos del Ramo 00026, ello de ninguna manera implica la modificaci�n de la naturaleza jur�dica de �ndole federal de tales fondos, sino que obedece al desarrollo de todo un proyecto nacional dentro del Sistema de Planeaci�n Democr�tica del pa�s.-Tercera parte: An�lisis de los conceptos de invalidez planteados en la demanda.-Para el efecto de presentar la opini�n del suscrito en la presente controversia constitucional en el sentido que se expres� en el proemio de este escrito, en esta tercera parte se pormenoriza un an�lisis constitucional de cada uno de los conceptos de invalidez planteados por el Municipio de T., Tamaulipas.-Consideraciones sobre el primer concepto de invalidez.-Para el estudio de este primer concepto de invalidez es necesario retomar los planteamientos espec�ficos del Municipio actor, ya descritos en el cap�tulo de antecedentes. El Municipio de T., Tamaulipas, argumenta una serie de presupuestos por los cuales presume existe violaci�n al art�culo 14 de la Constituci�n F.. Tal violaci�n se plantea como consecuencia de la adici�n antes mencionada al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n.-El Ayuntamiento actor manifiesta que el Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, a que se refiere la norma general impugnada, inici� su vigencia el d�a 1o. de enero de 1996, por lo que se considera que desde ese momento oper� la obligaci�n de la Federaci�n de entregar los fondos correspondientes al Ramo 00026 al Municipio de T. y, consecuentemente, su derecho para recibir la parte proporcional que le corresponde de dicho ramo, de conformidad con las f�rmulas de asignaci�n de los recursos.-Es decir, asegura el Municipio actor que el 1o. de enero de 1996, nace el derecho del Ayuntamiento de T., Tamaulipas, de percibir todos los recursos que le corresponden, por lo que al expedirse meses despu�s la norma general impugnada, para regular el derecho que ya hab�a nacido anteriormente, se crea una ley con efectos retroactivos afectando situaciones jur�dicas ya nacidas antes que la ley impugnada entrase en vigor.-El Municipio actor concluye entonces que la norma general impugnada es violatoria del art�culo 14 constitucional.-Para poder entrar al estudio de este concepto de invalidez que plantea el Municipio actor, considero oportuno reflexionar sobre la figura de la retroactividad prevista en el art�culo 14 constitucional en su primer p�rrafo, para con esto estar en posibilidad de determinar con mayor claridad si con la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n se est� violando lo establecido por la Constituci�n F., y si en realidad, como lo plantea el Municipio actor, se le est� aplicando retroactivamente y en su perjuicio la norma general impugnada.-El art�culo 14 de nuestra Carta Fundamental es un precepto complejo y tiene una gran importancia dentro de nuestro orden constitucional, ya que bajo el amparo de lo establecido por este numeral, el gobernado encuentra una amplia protecci�n a su esfera de derecho.-Este numeral contempla cuatro garant�as individuales, mismas que se clasifican dentro de las conocidas como garant�as de seguridad jur�dica, y que son: la irretroactividad legal, contenida en su primer p�rrafo; la de audiencia, contenida en su segundo p�rrafo; la de legalidad, contenida en su p�rrafo tercero y, la de legalidad en materia judicial civil y administrativa, en su cuarto p�rrafo.-La garant�a de la irretroactividad de las leyes est� contenida, como ya qued� apuntado, en el p�rrafo primero del art�culo 14 de nuestra Carta Magna, en los siguientes t�rminos: ?A ninguna ley se le dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.?.-En el caso de la irretroactividad de las leyes, tambi�n conocida como conflicto de leyes en el tiempo, el problema es determinar, en presencia de dos leyes, una antigua, que se supone derogada o abrogada y otra nueva o vigente, actual, cu�l de las dos debe regir a un hecho, acto, fen�meno, estado o situaci�n. La referencia hacia el pasado de una ley actual no en todo caso se ostenta como aplicaci�n legal retroactiva, sino s�lo cuando se elimina la supervivencia de la norma jur�dica que debe seguir conservando su validez reguladora en determinadas hip�tesis concretas, no obstante su derogaci�n o abrogaci�n; o en ausencia de una norma anterior, cuando se altera un estado jur�dico preexistente. Es decir, la retroactividad consiste en dar efectos reguladores a una norma jur�dica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelaci�n al momento en que entra en vigor, bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior o bien, a falta de �ste, alterando o afectando un estado jur�dico preexistente. Por el contrario, el principio de irretroactividad estriba en que una ley no debe normar los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes de que adquiera fuerza de regulaci�n; en este sentido, la mayor�a de los autores que analizan esta figura jur�dica, coinciden en el criterio de que toda ley rige para el futuro y no hacia el pasado.-Por lo anterior, se puede concluir que una norma jur�dica es evidentemente retroactiva cuando se aplica a un hecho ya consumado con anterioridad a su vigencia; es decir, a un acontecimiento que no genera consecuencias jur�dicas que tengan verificativo dentro del periodo de normaci�n de la ley y que se ha realizado plenamente con antelaci�n a �ste (facta praeterita).-Existen m�ltiples y diversas tesis en la literatura jur�dica tendientes a proporcionar un criterio de soluci�n al arduo problema de la retroactividad de las leyes, entre ellas tenemos las sostenidas por S., A. y R., Bonnecasse, Capitant, L., B., Merl�n, quienes de una u otra forma dieron origen a la teor�a cl�sica, misma que en lo particular considero es la que establece las reglas m�s claras y sistem�ticas para poder comprender la figura jur�dica de la retroactividad de las leyes.-Para poder establecer un criterio m�s amplio y con el �nico fin de determinar cu�ndo una ley es retroactiva en las hip�tesis en que no se trate de actos simples, sin consecuencias jur�dicas, de realizaci�n constante y reiterada y, adem�s, ya consumados, debo citar la interpretaci�n que para el caso elabora la teor�a cl�sica, cuyo principal exponente es B..-Esta teor�a parte de la distinci�n entre los derechos adquiridos y las meras expectativas de derechos. Para dicho autor ?los derechos adquiridos son los que han entrado en nuestro dominio formando parte de �l, y que no nos puede arrebatar aqu�l del que los tenemos?.-De conformidad con este criterio ?el hombre que goza de un derecho subjetivo reconocido por la ley, no puede ser privado de �l por una ley nueva; pues de lo contrario la confianza en la protecci�n social se desvanecer�a, el orden p�blico se ver�a amenazado. El legislador debe, pues, respetar los derechos adquiridos a los particulares, y en caso de duda, cuando no lo diga expresamente, hay que admitir que lo ha querido. Por el contrario, las simples esperanzas o expectativas no transformadas a�n en derechos, no merecen la misma protecci�n y deben incidir en el caso de modificaci�n de la ley anterior.?.-Por otra parte, esta teor�a sostiene que un derecho condicional, como lo expresa el tratadista P.R., siempre ser�a afectado por una normatividad nueva, que no se encuentra vigente en el momento en que el acto causal se hubiese celebrado, y no se considera retroactiva, ya que los derechos condicionales en ning�n momento se entienden como derechos adquiridos, precisamente porque su existencia y, en consecuencia, su validez dependen de un acontecimiento futuro y adem�s incierto, es decir, una condici�n; por lo que no puede entrar al patrimonio de una persona mientras tal condici�n no se realice, permaneciendo en la esfera de las meras expectativas o pretensiones.-Bajo este orden de ideas ?una ley ser� retroactiva cuando se aplique a un hecho realizado durante su vigencia, para cuyo examen de justificaci�n o injustificaci�n tenga que recurrirse al acto que le dio origen, el cual se supone tuvo verificativo bajo el imperio de la ley anterior. Por el contrario, una ley no ser� retroactiva cuando se aplique a un hecho realizado durante su vigencia, para cuya justificaci�n o no justificaci�n no se tenga que acudir al acto generador celebrado bajo el imperio de la norma abolida, sino que pueda ser analizado independientemente de su causa jur�dica.?.-De esta forma, y como lo sostiene R., los hechos plenamente consumados antes de la vigencia de una norma jur�dica no pueden ni deben ser regidos por �sta, sino por la ley que hubiere estado en vigor en la �poca en que haya acontecido, seg�n el principio tempus regit actum. La hip�tesis de los facta praeterita, as� como la de los facta futura no pueden contener, dada su propia naturaleza, ning�n problema de retroactividad, puesto que en ellos no se suscita ning�n conflicto de leyes, porque, sin lugar a dudas, o es la norma antigua o es la actual la que deber� aplicarse, respectivamente, en cada caso.-La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en materia de retroactividad ha adoptado este criterio de la doctrina cl�sica de los derechos adquiridos, como puede observarse en la siguiente tesis: ?Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: 7a. Volumen: 59. Parte: Primera. P�gina: 58. Rubro: RADIO Y TELEVISI�N, LEY FEDERAL DE. NO ES RETROACTIVA, PORQUE DESCONOZCA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO.? (se transcribe).-Es importante se�alar que el principio de la no retroactividad que contiene nuestro art�culo 14 constitucional, se ha consignado como contenido de un derecho p�blico subjetivo derivado de la garant�a correspondiente. Ese derecho tiene como obligaci�n estatal la consistente en que toda autoridad del Estado est�impedida para aplicar una ley retroactiva en perjuicio de alguna persona. De la manera como est� concebida constitucionalmente la garant�a de la no retroactividad de las leyes, se establece contra la aplicaci�n de las normas por las autoridades del Estado y no contra su expedici�n. Sin embargo, si bien el Poder Legislativo F. o Local pareciera no estar impedido para expedir leyes con car�cter retroactivo, ninguna autoridad estatal tiene facultad para aplicar ninguna ley retroactivamente en perjuicio de persona alguna.-En lo particular, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sostenido el criterio que me permito transcribir: ?Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: 5a. Tomo: LXXXVI. P�gina: 17. Rubro: RETROACTIVIDAD, QU� COMPRENDE LA PROHIBICI�N CONSTITUCIONAL RELATIVA.? (se transcribe).-Por otro lado, para que la aplicaci�n retroactiva de una ley implique la contravenci�n a la garant�a individual contemplada en el art�culo 14 constitucional, es imprescindible que los efectos de la retroacci�n originen un perjuicio personal. Por ende, interpretando en sentido contrario el primer p�rrafo del numeral en estudio, la prohibici�n en �l contenida no comprende los casos en que la aplicaci�n retroactiva de una ley no produzca agravio alguno o perjuicio a persona alguna. �ste es el criterio que ha sostenido la Suprema Corte en la tesis siguiente: ?Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci�n. �poca: 5a. Tomo: CXIII. P�gina: 473. Rubro: RETROACTIVIDAD DE LA LEY.? (se transcribe).-En este orden de ideas, es importante destacar que en efecto, el multicitado Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, inici� su vigencia el d�a 1o. de enero de 1996, pero en ning�n momento se puede afirmar que desde ese momento naci� el derecho del Municipio para adquirir esos recursos, integrarlos a su hacienda y, en consecuencia, poder administrarlos libremente, como pretende hacerlo valer el Municipio actor, ya que como lo he dejado aclarado en el apartado anterior, los recursos de dicho ramo no pertenecen a la hacienda del Municipio, sino que se trata de recursos de naturaleza federal que en atenci�n a programas prioritarios se canalizan a los Estados. Por lo tanto, al ser �stos distintos a los que por disposici�n constitucional integran la hacienda municipal, no se est� causando ning�n perjuicio al Municipio actor.-Adem�s, ante el planteamiento literal del Municipio actor en el sentido de que desde la expedici�n del decreto de presupuesto de egresos naci� su derecho de recibir las participaciones del Ramo 00026, por ser cuantificables aun cuando no estuvieran cuantificadas, no es correcta tal afirmaci�n porque sencillamente esos fondos no pertenec�an ni pertenecen al Municipio por no formar parte de su hacienda, pues la naturaleza propia de los mismos en ning�n momento hace factible su incorporaci�n al patrimonio del Ayuntamiento.-Ahora bien, con la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, lo que se hace, no es sino adecuar dentro del Sistema Estatal de Planeaci�n el marco normativo interno, para implementar la debida canalizaci�n de los recursos en litigio, ello concretizado mediante la creaci�n de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, situaci�n que adem�s responde a lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en cuanto a que la S.�a de Desarrollo Social, la Contralor�a y los Gobiernos Estatales y M. promover�n la participaci�n ciudadana en el destino, aplicaci�n y vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en materia de desarrollo social.-Lo anterior, desde luego tambi�n se ajusta a lo estipulado en el Convenio de Desarrollo Social que suscribieron el Ejecutivo F. y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, que en su d�cimo segunda cl�usula establece que ?los Ejecutivos F. y Estatal se comprometen a promover un mayor equilibrio en el desarrollo regional ...?, que genere una m�s amplia participaci�n de los tres niveles de gobierno en la atenci�n de las necesidades de la poblaci�n, ya que con dicho prop�sito distribuir�n en forma equitativa, racional y transparente los recursos del Fondo de Desarrollo Social M., y los recursos que aporte el Estado entre los Municipios, conforme a la f�rmula de distribuci�n correspondiente, asignando a cada Municipio una cantidad establecida conforme a la distribuci�n acordada, y al propio tiempo pretende plasmarse como objeto principal el de impulsar la participaci�n corresponsable de la sociedad en la asunci�n de la ejecuci�n concentrada, as� como el control y evaluaci�n de programas de inversi�n en vivienda, educaci�n primaria y secundaria, agua potable, drenaje y letrinas, salud, electrificaci�n, caminos, apoyos alimentarios y nutricionales, fomento a la producci�n, preservaci�n de los recursos naturales, abasto, empleo emergente, apoyos a la superficie agr�cola de alta siniestralidad, entre otros. En suma, se establece un procedimiento para la administraci�n de los recursos del Ramo 00026 pertenecientes a la Federaci�n, lo cual es en beneficio y hace m�s favorable y clara la administraci�n y supervisi�n de dichos recursos.-Como en el caso en concreto los bienes sobre los que se faculta a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social para planear, programar, operar, controlar, y dar seguimiento, como ya lo dijimos, son de car�cter federal y no forman parte de las participaciones federales que llegan a integrar la hacienda municipal, existe plena justificaci�n constitucional para que dichos consejos, en su car�cter de �rganos de participaci�n ciudadana integrados de manera colegiada, dentro del marco constitucional y legal, operen y ejecuten la aplicaci�n de fondos federales.-Por otra parte, el texto anterior del art�culo adicionado, ya establec�a que el ?Ejecutivo a trav�s de sus dependencias y entidades podr�a concertar la realizaci�n de las acciones previstas en el plan y los programas?. Lo que significa que la creaci�n de dichos consejos no es como pretende hacerlo valer el Municipio demandante, un acto que cause perjuicio, y sin este elemento (el perjuicio personal), de ninguna manera se puede encuadrar en el supuesto jur�dico de la aplicaci�n de la ley con efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, contenido en el p�rrafo primero del art�culo 14 constitucional.-Por lo tanto, considero infundados los argumentos del Municipio actor, en el sentido de que se est� violentando el art�culo 14 constitucional en su perjuicio, en virtud de que, como ya se se�al� con anterioridad, en ning�n momento se puede comprobar la aplicaci�n retroactiva, y mucho menos a�n, la existencia de un perjuicio directo causado por la aplicaci�n retroactiva de la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, a la esfera jur�dica del Municipio de T., Tamaulipas.-Consideraciones sobre el segundo concepto de invalidez.-Una vez determinado que en el marco del sistema de distribuci�n de competencias en materia de ingresos y egresos que consagra nuestra Ley Fundamental, los recursos del ramo que nos ocupa son federales y no municipales, por tener naturaleza jur�dica distinta, no integran la hacienda municipal en lo general, mucho menos la del Municipio de T., Tamaulipas, en lo particular, es factible afirmar que en sentido contrario a la opini�n del Municipio actor, los fondos del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, pueden no ser administrados libremente por el Municipio, por lo que, con la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n no se viola la libertad de administraci�n establecida en el primer p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional.-En el caso del art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, se ha llevado a cabo una adecuaci�n legal a fin de otorgar a los Consejos de Desarrollo Social facultades para controlar los recursos correspondientes al Ramo 00026 previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, as� como la facultad de aplicar los mismos recursos e impulsar la participaci�n plural de las comunidades para dicha aplicaci�n.-Se trata, como ya ha quedado mencionado, de �rganos de participaci�n ciudadana responsables del diagn�stico, programaci�n, presupuestaci�n y ejecuci�n de las acciones de desarrollo social en sus comunidades, as� como de la verificaci�n, seguimiento y control de la aplicaci�n de los recursos derivados de los Programas del Fondo de Desarrollo Social M., cuyos recursos provienen del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n.-La instalaci�n de estos consejos est� inserta, en primer lugar, en el esquema de planeaci�n del desarrollo a nivel estatal, el cual tiene que llevarse a cabo a trav�s de las dependencias estatales y municipales, y en segundo t�rmino, est� circunscrita en el Convenio de Desarrollo Social, suscrito entre la Federaci�n y el Estado, mismo que responde a su vez a lo preceptuado en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n.-El presupuesto de egresos, como ya ha quedado aclarado, estatuye en el art�culo 16 que la S.�a de Desarrollo Social, la S.�a de la Contralor�a y Desarrollo Administrativo y los Gobiernos Estatales y M. promover�n la participaci�n ciudadana en el destino, aplicaci�n, vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en materia de desarrollo social.-Sobre el particular, la cl�usula d�cimo primera del Convenio de Desarrollo Social establece que los Ejecutivos F. y Estatal se comprometen a promover que la planeaci�n, operaci�n y control de las obras y/o acciones del Fondo de Desarrollo Social M. se lleven a cabo por los Ayuntamientos con la intervenci�n de los Consejos de Desarrollo M.. Para estos efectos, el Ejecutivo Estatal se compromete a transferir a los Municipios los recursos de dicho fondo provenientes del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, y a brindarles el apoyo y asesor�a t�cnica que requieran para la operaci�n de dichas obras y acciones.-La cl�usula d�cimo tercera del convenio en comento establece que los Ejecutivos F. y Estatal convienen en que las propuestas de las obras y acciones del Fondo de Desarrollo Social M. ser�n formuladas por los Consejos de Desarrollo M. y los Municipios, con la participaci�n del Estado y de la S.�a de Desarrollo Social.-La cl�usula vig�simo octava reafirma el sustento de estos consejos, al establecer que las S.�as de Desarrollo Social y de Contralor�a y Desarrollo Administrativo, as� como el Ejecutivo Estatal promover�n la consolidaci�n del funcionamiento de los Consejos de Desarrollo M. para que sean la instancia de programaci�n, operaci�n, control, seguimiento y evaluaci�n del ejercicio del Fondo de Desarrollo Social M.. Finalmente, el Ejecutivo Estatal asume el compromiso de proponer las reformas que se requieran, a efecto de que se incorpore a los ordenamientos jur�dicos, la figura de los Consejos de Desarrollo M., esto �ltimo en el texto de la cl�usula trig�simo primera.-Los consejos est�n integrados por representantes municipales, estatales y federales, as� como por un n�mero determinado de consejeros electos democr�ticamente que sean representantes de las comunidades en que se aplique el fondo correspondiente al Ramo 00026.-No puede considerarse entonces que el manejo y control de la aplicaci�n del fondo correspondiente al Ramo 00026 que se distribuye en cada comunidad del Estado de Tamaulipas, como de cualquier otro Estado de la Federaci�n, por parte de un �rgano designado por las autoridades estatales, constituya una violaci�n a la autonom�a municipal de car�cter administrativo o financiero, pues como ha quedado claro, al establecerse la naturaleza que revisten los fondos en comento, los mismos son de car�cter esencialmente federal y no pasan a formar parte de la hacienda municipal; mientras que en concordancia con su naturaleza, su control se prev� en el propio Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en el Manual �nico de Operaci�n del Ramo 00026 y en el Convenio de Desarrollo Social respectivo, en el cual se establece la participaci�n de los Estados y de los Municipios para ejercer tales recursos, sin que de ninguna manera se asuma que los mismos son aquellos que llegan a formar parte de la hacienda municipal, seg�n los preceptos del art�culo 115 constitucional.-Consideraciones sobre el tercer concepto de invalidez.-En este concepto de invalidez, el Municipio actor considera que con la reforma al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas, se viola lo establecido por la fracci�n I del art�culo 115 constitucional que establece la prohibici�n de la existencia de autoridades intermediarias entre el Municipio y el Gobierno del Estado, al concederle a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, facultades de planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos derivados del multicitado Ramo 00026, as� como para participar en la formulaci�n de presupuestos de obras, proyectos y acciones que puedan ser financiados con dichos recursos, e impulsar la participaci�n de la comunidad para la aplicaci�n de los mismos, y supervisar el adecuado ejercicio de los recursos ejercidos; con ello, sostiene la parte actora, se est� creando una autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado.-Para sostener esta afirmaci�n, el Ayuntamiento actor argumenta que con la figura de autoridad intermedia, se genera una grave injusticia, consistente en que uno es el �rgano que opera el recurso, el que act�a y a otro es a quien se supervisa. Esto es, que mientras los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social son los �rganos que se encargan de aplicar los recursos del Ramo 00026, que seg�n el Municipio forman parte de su hacienda, es a �l mismo a quien la Legislatura del Estado revisa tal aplicaci�n.-Esta afirmaci�n queda desvirtuada partiendo de la premisa ya explicada de que los fondos en litigio no son de naturaleza municipal, sino de orden federal y, por ende, su regulaci�n y aplicaci�n es distinta, pues los recursos del Fondo de Desarrollo Social no son controlados por la Legislatura Local, como s� es el caso de las participaciones federales a que se refiere el inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional.-Es necesario contar con una definici�n del concepto de autoridad intermedia dentro de un marco jur�dico constitucional, para poder discernir si en efecto, conforme al planteamiento que hace el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, se est� creando una figura de tal �ndole y como consecuencia se contraviene lo establecido por el art�culo 115, fracci�n I, de nuestra Constituci�n F..-El Diccionario Jur�dico Mexicano, define a la autoridad de la siguiente manera: ?Autoridad es la posesi�n de quien se encuentra investido de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) �fuerza, ascendencia u obligatoriedad�. Por extensi�n la expresi�n se aplica para designar a los individuos u �rganos que participan del poder p�blico, nombrando as� a los detentadores (leg�timos) del poder. De lo anterior se desprende que el significado persistente de auctoritas expresa, primeramente, �ascendencia, fuerza, v�nculo�; en segundo lugar, manifiesta capacidad, atributo, potestad, funci�n; por �ltimo, se refiere a los individuos o entidades investidos de estas facultades o funciones. Estos tres significados descriptivos (estrechamente relacionados entre s�) reciben la carga ritual, m�gica o ideol�gica que rodea los usos de �autoridad�.?.-Es importante se�alar que la preocupaci�n del legislador al establecer la fracci�n primera del art�culo 115 constitucional, fue primordialmente la de dejar claro que no puede existir autoridad alguna que interrumpa o entorpezca la comunicaci�n fluida que entre Municipio y Estado debe imperar. Es decir, entre el Municipio y el Estado no puede mediar una autoridad que invada la competencia ni la autonom�a de ninguno de los dos, no puede haber autoridad que se encuentre en una situaci�n intermedia respecto de las atribuciones tanto del Estado como del Municipio, con facultades que impongan a este �ltimo determinaciones que son propias y originarias de su esfera y que en un extremo no deseado lleguen a obligar al Municipio a subsumirse a su proceder.-Esta caracter�stica de autoridad intermedia no la poseen los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social a que se refiere el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, pues los mismos son �rganos de participaci�n ciudadana que el Gobierno del Estado ha previsto, para canalizar dentro de su �mbito local y bajo el esquema local de planeaci�n, los recursos del Fondo de Desarrollo Social M..-En lo particular, la actuaci�n de estos �rganos obedece al pleno conocimiento de las disposiciones espec�ficas que respecto a la canalizaci�n de estos recursos fija el decreto de presupuesto de egresos federal, de fungir como autoridad ejecutora, junto con las autoridades municipales, respecto de los fondos federales que han sido encaminados a cumplir con un fin social espec�fico, labor que se traduce en una suma de esfuerzos entre los distintos �rdenes de gobierno para la programaci�n y presupuestaci�n de las acciones concertadas con las comunidades, a partir de las prioridades por ellas definidas.-Esto es, la planeaci�n participativa de los distintos �rdenes de gobierno como medio para canalizar los recursos del Ramo 00026 se orienta, como ya lo dije, a la realizaci�n de obras en materia de infraestructura social, productiva y de servicios prioritarios.-En tal sentido, no puede admitirse el argumento de que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, creados con el fin de ser �rganos integrados de manera colegiada por los distintos �rdenes de gobierno y que ejercen facultades de aplicaci�n de los fondos federales deducidos del Ramo 00026, constituyan una autoridad intermedia, a�n m�s, considerando que los fondos a que est�n dedicados guardan un car�cter federal que en ning�n momento pasan a formar parte integrante de la hacienda municipal.-Bajo este orden de ideas, los argumentos de la actora resultan infundados, en virtud de que, con el hecho de concederle a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social las facultades de administraci�n de los recursos del Ramo 00026 no se crea una autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado, pues dichos consejos cumplen con obligaciones que les son conferidas por el propio Presupuesto de Egresos de la Federaci�n al establecer que ?... Los recursos asignados a los Ayuntamientos ser�n ejercidos por �stos con la participaci�n de sus comunidades, teniendo la libertad de decidir su aplicaci�n ... dando prioridad a las obras en proceso y al mantenimiento de las ya terminadas. ...?.-Por lo anterior, es de resaltar que dichos consejos, al tener atribuciones como las de administraci�n de los fondos del multicitado Ramo 00026, posibilitan que sea m�s clara y transparente la entrega de dichos recursos, que adem�s tienen el car�cter de federales, mismos que, como ya se ha insistido, no pertenecen a la hacienda municipal. En consecuencia, la prohibici�n de la fracci�n primera del art�culo 115 constitucional de que no habr� ninguna autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado, no se aplica ni de manera distante al caso concreto.-Por otra parte, el propio Reglamento para la Integraci�n y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social d� competencia por parte de la Legislatura del Estado y en perjuicio de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, por haber legislado en materia del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n; esto como consecuencia de la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, en la cual se otorga a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Socialfunciones para planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes al Ramo 00026, transgrediendo, seg�n argumentos del Municipio actor, lo dispuesto por el numeral 74, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.-A efecto de dar respuesta al planteamiento que hace en este cuarto concepto de invalidez el Municipio de T., debemos remitirnos a se�alar que su err�nea concepci�n deja de tomar en cuenta cuestiones b�sicas como lo son el sistema de distribuci�n de competencias que consagra nuestra Carta Magna, principalmente en lo referido a la determinaci�n de las facultades de los tres niveles de gobierno.-Igualmente, dej� de considerar en sus aseveraciones las disposiciones constitucionales que respecto al �rgano legislativo federal se estatuyen, mismas que giran en torno a determinar la competencia exclusiva para las C�maras que conforman el Congreso de la Uni�n, como competencia expresa respecto del �rgano en que reside el Poder Legislativo F..-En efecto, el mencionado art�culo 74 constitucional estipula como facultad exclusiva de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, la de ?Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, as� como revisar la cuenta p�blica del a�o anterior. ...?.-Esta norma hace referencia en el �mbito federal a una facultad que compete solamente a la C�mara de Diputados, la cual en el �mbito de su competencia dictar� las normas necesarias para destinar el presupuesto federal, es decir, para el ejercicio de �ste.-Lo mismo ocurre en el �mbito local, y de conformidad con su esquema local de distribuci�n de competencias, puesto que el Congreso del Estado implementa no s�lo los rubros de captaci�n, a trav�s de la Ley de Ingresos, sino tambi�n el destino de los mismos, mediante su correspondiente presupuesto de egresos. En la esfera municipal corresponde al Congreso Local fijar, con sujeci�n al art�culo 115 de nuestra Ley Fundamental, lo propio en el rubro de ingresos para el Municipio.-La facultad de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n establecida en el art�culo 74, fracci�n IV, de la Constituci�n F., se ejerci� debidamente al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de 1996, publicado el 22 de diciembre de 1995, en el que se establecieron las asignaciones previstas para cada uno de sus objetivos, se�alando tambi�n sus esquemas de operaci�n y de aplicaci�n.-Por otra parte, la facultad que por su lado ejerciera la Legislatura Local para reformar el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, se enmarca en las disposiciones del propio Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y persigue la adecuaci�n de la normatividad interna para hacer posible la aplicaci�n de los recursos del Ramo 00026, cuya naturaleza es federal, y cuya aplicaci�n corresponde a todos los �rdenes de gobierno.-Adem�s de que de todo lo expuesto se desprende la clara naturaleza federal de los recursos del Ramo 00026, la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n no es una reforma en materia de presupuesto federal efectuada a nivel local, pues dicha adici�n se constri�e a reglamentar las acciones de desarrollo social dentro de las comunidades, as� como de establecer funciones de administraci�n de dichos recursos, como consecuencia del compromiso adquirido por el Estado mediante la celebraci�n del Convenio de Desarrollo Social, suscrito por el Ejecutivo F. y el Ejecutivo Estatal.-En este sentido, la Legislatura Local no intervino en materia del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n ni se est� extralimitando en el ejercicio de sus funciones, sino simplemente est� reglamentando y creando un �rgano para la debida y transparente ejecuci�n de los recursos del multicitado Ramo 00026.-Consideraci�n final.-Finalmente, es necesario se�alar que no obstante los argumentos anteriores en los que ha quedado claramente expresado que la actuaci�n de las autoridades demandadas se encuentra apegada al orden constitucional y legal, la discusi�n sobre la autonom�a municipal, que de nueva cuenta es materia de an�lisis por esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n con motivo del planteamiento de una controversia constitucional, amerita diversas reflexiones.-Del an�lisis global de la problem�tica que encierra la presente controversia, si bien es cierto que la materia de la misma resulta plenamente ajustada a los preceptos constitucionales, la asignaci�n y control de los recursos previstos en el Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, respecto de los Ayuntamientos afecta, directa e indirectamente, diversos aspectos relativos a la administraci�n del Municipio y a su autonom�a financiera, objeto de estudio de este mismo planteamiento.-En tal virtud, y no obstante el contenido del art�culo 115 constitucional, la relaci�n federal, Estado y Municipio que se instrumenta en el marco de nuestra forma de gobierno, resulta rebasada por la realidad que se vive en los Municipios, pues la canalizaci�n de los recursos motivo de la presente controversia, que si bien obedece a programas especiales y prioritarios que tienden al logro del desarrollo nacional del pa�s, y en lo espec�fico, al desarrollo social, por el esquema de operaci�n con que se aplican, podr�a desvirtuarse su esencia originaria, e inclusive, con mayor gravedad, acaso se atente contra el principio de equidad y el esp�ritu que el Constituyente de 1917 y el Poder Revisor de la Constituci�n han intentado plasmar en nuestra N. Fundamental.-Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esa Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, por el estimable conducto de usted se�or Ministro instructor: Primero. Tenerme por presentado con la personalidad que ostento, desahogando en tiempo y forma la vista otorgada mediante auto de fecha 4 de junio de 1996, misma que se me concedi� con el escrito de demanda de controversia constitucional planteada por el Municipio de T., Tamaulipas.-Segundo. Tener por designados a los delegados que en el proemio de este escrito se mencionan, en los t�rminos del art�culo 11 de la ley reglamentaria del art�culo 105 constitucional.-Tercero. Previos los tr�mites de ley, declarar infundados los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio de T., Tamaulipas, con base en los argumentos contenidos en el presente oficio.

NOVENO

Mediante prove�do de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Ministro instructor tuvo por presentados mediante escrito de diecis�is de julio de ese a�o y anexos al gobernador constitucional y al presidente de la Diputaci�n Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, contestando la demanda promovida en su contra y por exhibidas las documentales que acompa�an, sin perjuicio de hacer relaci�n de ellas en la audiencia respectiva; igualmente, se orden� agregar el oficio 431/96 y anexo de fecha dos de agosto de ese a�o, suscrito por el procurador general de la Rep�blica, por medio del cual desahog� la vista ordenada en auto de cuatro de junio anterior, se tuvo como delegados de las autoridades demandadas y de la Procuradur�a General de la Rep�blica a las personas que en los escritos se indicaron y el domicilio para o�r y recibir notificaciones el que se mencion� en cada uno de los oficios. Por �ltimo, se orden� dar vista a la parte actora con copia de la contestaci�n de las autoridades responsables.

D�CIMO

Mediante escrito presentado el seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, D.A.H.A., D.E.�n G�mez Fuentes, J.S.Z. de la Garza E. y J.M.H.Z., en sus caracteres de presidente municipal, s�ndico primero, s�ndico segundo y secretario del R. Ayuntamiento de T., Tamaulipas, comparecieron para desahogar la vista de la contestaci�n de la controversia constitucional, expresando al efecto, lo siguiente:

Desahogo de la vista de la contestaci�n.-Para empezar, manifestamos, que todas las excepciones opuestas por las autoridades responsables, no son procedentes, carecen de fundamentos legales, de argumentos, de razonamientos l�gico-jur�dicos, se basan en simples afirmaciones carentes de soporte jur�dico, est�n repletas de sofismas, por lo que en su oportunidad, as� lo deber� declarar esta H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y por lo mismo, se deber� declarar procedente la controversia constitucional.-1. Respecto a la excepci�n de falta de acci�n y derecho, que en forma absoluta se hizo valer, manifestamos que no tiene sustento legal, por lo siguiente: a. El hecho de que con la reforma al art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado, se haya pretendido dar ?sustento jur�dico? a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, no justifica la constitucionalidad de la reforma, aun cuando dicho consejo se haya constituido por el Ayuntamiento de T., pues cuando se cre�, no exist�a ley que lo regulara, era regulado simplemente por reglas administrativas poco claras de la Sedesol y hab�a que cumplirlas, para que se le entregara al Municipio el recurso econ�mico del ?famoso Ramo 00026?.-Adem�s, aun cuando hubiera normas claras y todo estuviera correcto, la reforma al art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado, adiciona situaciones nuevas, otorga en la ley, facultades al mencionado Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social, que no ten�a y que son contrarias a la Constituci�n F., por las razones expuestas en la demanda.-b. Por cuanto hace a la expresi�n en el �ltimo p�rrafo de esta excepci�n de que ?los promoventes pretenden combatir?, queremos manifestar ?que no pretendemos combatir?, sino que lo estamos haciendo.-2. Por cuanto hace a la excepci�n de falta de acci�n y derecho, opuesta por seg�n ellas, haber consentido expresamente los actos reclamados, manifestamos que carece de validez y de sustento legal, por lo siguiente: a. En dicha excepci�n, las autoridades responsables manifiestan falsamente ?que el Ayuntamiento de T. comparece reclamando hechos que anteriormente de manera expresa hab�a consentido?.-Si se analizan con detenimiento las fechas de los sucesos relativos a la presente controversia constitucional, se encuentra que todos los hechos y comunicados de las autoridades del Municipio de T., a que se refieren las autoridades responsables, fueron anteriores a la publicaci�n de las reformas, materia de la controversia constitucional, en el P.�dico Oficial del Estado.-Los comunicados que mencionan las autoridades responsables, fueron de fechas febrero y 12 de marzo de 1996 y la reforma al art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado, se public� en el P.�dico Oficial del Estado, el d�a 20 de marzo de 1996, o sea 8 d�as despu�s del �ltimo comunicado.-Como se puede observar claramente, no es posible que el hoy actor haya consentido algo que no conoc�a. Ser�a conveniente para las autoridades responsables, que conocieran, que el consentimiento, jur�dicamente hablando, s�lo es posible cuando las partes conocen aquello sobre lo que prestan el consentimiento, pensar que puede haber consentimiento sobre algo que todav�a no se conoce, es algo absurdo, il�gico y en contra de los principios b�sicos del derecho y que su sanci�n es la inexistencia.-Por lo mencionado en este punto, se demuestra claramente que la excepci�n a la que nos hemos referido tampoco es procedente.-3. En relaci�n con la excepci�n de falta de legitimaci�n activa del Ayuntamiento del Municipio de T., Tamps., opuesta por las autoridades responsables, por seg�n ellas, carecer el actor de legitimaci�n activa para interponer esta demanda de controversia constitucional, se�alamos lo siguiente: a. Primeramente, es conveniente dejar asentado, que las autoridades responsables confunden lo que es la controversia constitucional, con la acci�n de inconstitucionalidad, lo que trajo como consecuencia, que opusieran esta excepci�n.-b. Las autoridades responsables manifiestan respecto a esta excepci�n que nos estamos refiriendo: ?... el art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente en la fracci�n I, inciso i), otorga facultades a los Municipios para interponer juicio sobre controversia constitucional sobre constitucionalidad de los actos o disposiciones generales, pero la disposici�n aplicable al caso concreto lo constituye la fracci�n II del mismo art�culo ...?.-Hay que tomar en cuenta que las autoridades responsables, sin argumentaci�n alguna, hacen una afirmaci�n totalmente falsa, al mencionar, que la disposici�n aplicable al caso concreto, lo constituye la fracci�n II del mismo art�culo, haciendo esa afirmaci�n como un dogma de fe, sin argumentos, ni razonamientos y, olvidando, que como anteriormente lo hab�an ellas mismas aceptado, la Constituci�n F. le otorga a los Municipios la facultad de impugnar las leyes de las entidades federativas, a trav�s de las controversias constitucionales.-La presente controversia constitucional, es procedente. La parte actora s� tiene legitimaci�n activa para promover esta acci�n, la cual por ning�n motivo es una acci�n de inconstitucionalidad.-Es una lamentable o mal intencionada confusi�n de las autoridades responsables, el confundir estas dos acciones (controversia constitucional y acci�n de inconstitucionalidad), las cuales son completamente diferentes.-Las acciones de inconstitucionalidad son medios que les confiere la Constituci�n F., a las minor�as de los �rganos que expidieron las leyes o al procurador general de la Rep�blica, para solicitar la inconstitucionalidad de las leyes, las cuales jur�dicamente no les afecta, ni les impone derechos u obligaciones, en cambio, las controversias constitucionales son medios de defensa que la Constituci�n F. les otorga a las autoridades de diversos niveles, entre ellos los Municipios, para impugnar leyes o actos de otras autoridades, que consideren son violatorios de la Constituci�n F. y les afecta en su esfera jur�dica. En otras palabras, por cierto, no muy t�cnicas, la controversia constitucional equivale al juicio de amparo, pero con la gran diferencia de que el actor en la controversia es una autoridad y en el amparo es un particular.-4. Por lo que hace a la excepci�n de improcedencia por disposici�n expresa de la ley, opuesta por las autoridades responsables, exponemos lo siguiente: a. En esta excepci�n se vuelven a confundir las autoridades responsables, en lo que es una controversia constitucional y una acci�n de inconstitucionalidad.-b. Esta excepci�n opuesta por las autoridades responsables, tambi�n es improcedente, carente de sustento jur�dico, y por razones de simplificaci�n, solicitamos se tenga por repetido en este lugar, lo manifestado en el punto n�mero 3 de esta promoci�n.-c. Volvemos a repetir, que el asunto planteado por la parte actora y que se tramita en este expediente, es una verdadera controversia constitucional y de ninguna manera se le puede considerar una acci�n de inconstitucionalidad, como solicitan las autoridades responsables.-5. En referencia a la excepci�n de efectos no derogatorios de la ley, opuesta por las autoridades responsables, tambi�n es improcedente y exponemos lo siguiente: a. La Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el art�culo 41, fracciones IV y V, establece los alcances y efectos de las sentencias en las controversias constitucionales a las cuales se debe apegar la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y en esas disposiciones legales se se�ala que en caso de ser violatorio el acto reclamado, de la Constituci�n F., se deber� dictar la declaratoria de invalidez del acto reclamado.-En este punto hacemos menci�n de que durante la tramitaci�n de esta controversia constitucional, se expidi� el Reglamento para la Integraci�n y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social y se public� en el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas el d�a uno de junio del a�o en curso, reglamento que debido a que es accesorio de la ley impugnada, su validez depende de la validez de la mencionada ley, por lo que tambi�n deber� declararse dicho reglamento violatorio de la Constituci�n.-b. Los razonamientos expuestos por las autoridades responsables, en relaci�n con esta excepci�n, son absurdos, pues de considerarlos correctos, nos llevar�a a la conclusi�n tr�gica, de que ninguna ley podr�a ser atacada judicialmente, y entonces ello significar�a que las entidades federativas podr�an expedir leyes violatorias de la Constituci�n F. impunemente. Quiz� eso es lo que quisieran.-Es de espanto y alarmante este argumento vertido por las autoridades responsables, pues ellas consideran que los Municipios no pueden atacar las leyes y piensan que los Municipios deben aguantar callados y sumisos toda clase de leyes que expida el Congreso del Estado, aun cuando sean violatorias de la Constituci�n F., en otras palabras, esto es no tenerle respeto a la legalidad, es no querer tener un Estado de derecho en el cual toda la sociedad ha estado insistiendo y lo ha repetido en numerosas ocasiones el Ejecutivo F. y adem�s es el Estado de derecho el que seg�n nuestra Constituci�n F. nos rige.-Queremos repetir, que el Ejecutivo F., ha manifestado muchas veces, el clamor del pueblo, de ser un pa�s de leyes y agregamos entre ellas debemos cumplir primeramente con la Constituci�n F., ya no es posible vivir en la impunidad que pretenden las autoridades responsables, al considerar que no se puede tratar este asunto, porque ser�a darle efectos derogatorios a la ley.-Para terminar, y aun cuando no es materia de la controversia constitucional, pero nos llam� la atenci�n la nula preparaci�n jur�dica que tienen las autoridades responsables al afirmar ?... la ley s�lo queda derogada o abrogada por otra posterior que as� lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Esta posibilidad �nicamente tiene como excepci�n, en cuanto a su generalidad, la declaraci�n de que una ley supone un acto reclamado que vulnere las garant�as individuales en el juicio de amparo. ...?. Es alarmante el grado de desconocimiento de la ley que tienen las autoridades responsables, ya que deben conocer que por virtud del principio de la relatividad de las sentencias de amparo, o f�rmula O., no es posible la generalidad de las mismas y, por lo tanto, la sentencia de amparo no tiene efectos derogatorios, ni abrogatorios.-6. T. al cap�tulo de contestaci�n de la demanda, mencionamos que de ninguna manera es una acci�n de inconstitucionalidad, por las razones que anteriormente expusimos y la demanda inicial se fundament� en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n F..-No alcanzamos a comprender, el por qu� mencionan las autoridades responsables, que en este caso concreto se trata de una acci�n de inconstitucionalidad y no lo comprendemos, porque no se�alan raz�n alguna, simplemente lanzan esa afirmaci�n, sin exponer argumentos, ni razonamientos.-7. En relaci�n al cap�tulo de contestaci�n a los conceptos de invalidez, exponemos lo siguiente: a. Las autoridades responsables controvierten la afirmaci�n de la demanda, de que la ley reclamada es retroactiva con el argumento de que no hay perjuicio, ya que los recursos del Ramo 00026 no variaron, y se asignaron a los beneficiarios del Municipio de T. y porque el alcalde es presidente del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social y funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento son asesores.-Estos argumentos son sofismas, son falsos, ya que sostener que no hay perjuicio, porque los recursos se asignaron al mismo Municipio, no es v�lido, ya que el perjuicio fue de car�cter jur�dico, y eso no locontemplan las autoridades responsables, pues el suprimirle al Municipio de T., su derecho de operar los recursos del Ramo 00026, que es parte de su hacienda municipal y entregarle esa actividad de ?operar? a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, fue en perjuicio para el Municipio de T., fue una afectaci�n a su esfera jur�dica.-Por otra parte, es un error, es una equivocaci�n y es un absurdo, el sostener (como lo hacen las autoridades responsables), que debido a que el alcalde es integrante del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social y los funcionarios de primer nivel son asesores del mismo, no es posible que se autoricen acciones que acarrean perjuicios al Municipio, y que por ello al no haber perjuicio, no hay retroactividad de la ley impugnada.-Sostener el argumento de las autoridades responsables que mencionamos en el p�rrafo anterior, es tanto como afirmar que se le pueden otorgar las facultades del Municipio de T., a una sociedad an�nima, en la que tanto el alcalde de T., como los funcionarios de primer nivel, fueren accionistas de esa sociedad y por lo mismo son integrantes de la misma.-Las autoridades responsables parece que no conocen las caracter�sticas de las personas morales o jur�dicas y desconocen o no tomaron en cuenta que las mismas personas f�sicas pueden formar parte de varias personas morales o jur�dicas y que no obstante ser los mismos socios, tiene cada persona moral o jur�dica, distinta personalidad y por lo mismo, son centros de imputaci�n jur�dicos diferentes y no es v�lido, desde un punto de vista jur�dico, quitarle derechos a una, para d�rselos a otra y sostener, que como son los mismos socios en ambas personas morales o jur�dicas, no hay perjuicio.-Adem�s, quiz� se les olvida a las autoridades responsables que el multicitado ?consejo?, es integrado por m�s de 30 personas y que las decisiones son por votaci�n y que el alcalde es s�lo uno y los asesores no tienen voto, por lo que las decisiones del consejo tomadas por mayor�a de votos, en contra del voto del presidente municipal y del consejo de los asesores, s� podr�n ser contrarias al inter�s del Municipio. La facilidad de operar parte de la hacienda municipal (Ramo 00026) se le concedi� al ?consejo?, quit�ndole ese derecho al Municipio y caus�ndole por lo mismo ese perjuicio.-b. Las autoridades responsables manifiestan que los recursos del Ramo 00026 no son participaciones y por ello no forman parte de la hacienda municipal y en eso centran la impugnaci�n al concepto de invalidez marcado en la demanda inicial con la letra B.-En primer lugar, se debe considerar, que en la demanda inicial se�alamos claramente que el art�culo 115 de la Constituci�n F. en su fracci�n IV establec�a que ?Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ...?.-Adem�s, en todo el razonamiento del concepto de invalidez marcado en la demanda inicial con la letra ?B?, se mencion� que el recurso del Ramo 00026 es un ingreso del Municipio establecido por la Legislatura F. y por ello forma parte de la hacienda municipal y tambi�n es una participaci�n federal y por eso tambi�n forma parte de la hacienda municipal. Suponiendo sin conceder, que no fuera participaci�n, de todos modos ser�a parte de la hacienda municipal, porque es un ingreso. Creemos que, sobre el particular, las autoridades responsables no podr�n negar que es un ingreso y tan lo aceptan, que en toda su contestaci�n no refutaron esa situaci�n.-Recordemos que la Constituci�n F. no es muy precisa en sus t�rminos, por lo que en muchas ocasiones debemos acudir al esp�ritu de la Constituci�n para comprenderla. As�, por ejemplo, tenemos que se establece que todos los individuos gozar�n de las garant�as y ello no significa que s�lo las personas f�sicas sino que el esp�ritu de la Constituci�n es que tambi�n las personas morales.-En ese orden de ideas, trat�ndose de las participaciones, debemos acudir a la esencia de la voluntad de la Constituci�n y ella es, sin lugar a dudas, que cualquier recurso que se establezca en favor del Municipio, forma parte de su hacienda y por ello debemos concluir, sin lugar a dudas, que el recurso del Ramo 00026, es parte de la hacienda municipal. Adem�s, no porque no se mencione expresamente que no es una participaci�n el recurso del Ramo 00026, deja de tener ese car�cter, lo importante es la esencia de las cosas, no el nombre que se les d�.-Por si ello no fuera suficiente, tenemos que el art�culo 115 de la Constituci�n F. en su fracci�n IV, se�ala que la hacienda municipal ?se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor ...?.-Hay que observar que la Constituci�n menciona ingresos, sin hacer limitaciones, ni distinci�n alguna, por lo que aplicando el principio que dice: ?donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir?, podemos concluir, que lo anterior significa que cualquier otro ingreso que las Legislaturas F. o Estatales establezcan en favor del Municipio forman parte de su hacienda.-En otras palabras, el recurso del Ramo 00026, es un ingreso para el Municipio, as� lo establece el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n en el art�culo 16, en el cual se�ala: ?... Los Municipios s�lo podr�n utilizar los recursos del Fondo ...?. Estos programas quedar�n bajo la estricta responsabilidad de los Municipios ?... los Municipios ser�n los responsables de la correcta orientaci�n, destino y aplicaci�n de los recursos del Ramo 00026 ... Los recursos asignados a los Ayuntamientos ...?, y adem�s ese recurso del Ramo 00026, fue establecido por la Legislatura F. (que es una legislatura), a favor de los Municipios, como se puede apreciar claramente en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, para el actual ejercicio fiscal, y por ello ese recurso forma parte de la hacienda municipal. Darle vueltas al asunto, es complicarlo, es tratar de tapar el sol con un dedo, lo cierto es que el recurso del Ramo 00026, y asignado a T., seg�n el art�culo 115 constitucional, forma parte de la hacienda del Municipio de T..-Pretender con argumentos sostener que dicho ingreso no forma parte de la hacienda municipal, es querer negar algo muy claro y tratar de no cumplir con la Constituci�n F..-Mienten las autoridades responsables al afirmar (hoja 9 del escrito de contestaci�n) que ?el legislador federal estableci� en el presupuesto de egresos ... que el esquema de operaci�n ser�a instrumentado por la S.�a de Desarrollo Social del pa�s ...?. Para probar la falsedad, basta con leer el mencionado art�culo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, para darnos cuenta de la falsedad de esa afirmaci�n.-Las autoridades responsables manifiestan (hoja 9 de su contestaci�n) que ?... en ning�n momento el legislador federal hizo destinatarios, o responsables administrativos de dichos recursos a los Municipios, los hizo beneficiarios, pero para cumplir con el objetivo presupuestal de dicho rubro ...?. Esa afirmaci�n carece de valor, toda vez que carece de justificaci�n alguna y de raz�n y ni siquiera tiene una simple explicaci�n, simplemente quieren que se considere as�, porque ellos lo dijeron, pretenden hablar ex c�tedra (sic).-c. Las autoridades responsables, en su contestaci�n, manifiestan que no es cierto que se cree una autoridad intermedia y en eso centran la defensa al concepto de invalidez marcado con la letra C.-Manifiestan las autoridades responsables adem�s, que ?... se genera una verdadera instancia de apoyo en tanto que no es una entidad pol�tica centralizada, puesto que los recursos que administra no derivan de participaciones federales, como ya se dijo, sino de las aportaciones de un programa de car�cter federal ... los cuales (Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social) no constituyen entidades o autoridades intermedias; en principio, porque sus funciones se agotan y limitan a la terminaci�n de los recursos y las obras ...?.-Los argumentos vertidos por las autoridades responsables se�alados en el p�rrafo anterior carecen de validez, por lo siguiente: Primeramente, los recursos del Ramo 00026, s� forman parte de la hacienda municipal, pues ellos son ingresos establecidos por una legislaci�n en favor del Municipio, y por lo tanto, repetimos, forman parte de la hacienda municipal. Adem�s de ser un ingreso en t�rminos generales y con ello es suficiente para que sean considerados los recursos del Ramo 00026, formando parte de la hacienda municipal, dichos recursos son participaciones, pues el Gobierno F. le participa al Municipio una parte del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n.-En segundo lugar, el fundamentar que los consejos de desarrollo no son autoridades intermedias, por no formar parte de la administraci�n centralizada, tampoco es correcto, puesto que el esp�ritu de la Constituci�n es que nadie se encuentre entre el Municipio y el Estado, sea de la naturaleza que sea. Pensar que es v�lido crear un organismo privado y que est� entre el Municipio y el Estado y que sea constitucional, por el simple hecho de que no forma parte de la organizaci�n centralizada, es un absurdo y un enorme error.-En tercer lugar, la afirmaci�n de que no es anticonstitucional ?porque sus funciones se agotan y limitan a la terminaci�n de los recursos y las obras?, tambi�n es incorrecta, porque no por el simple hecho de que lo que hacen es poquito, deja de ser anticonstitucional; debemos recordar, que en este asunto, no podemos aceptar, a que porque es poquito lo que hacen los consejos de desarrollo, no es violatorio de la Constituci�n. No se trata de cantidades, no se trata de que si es poquito es v�lido y si es mucho no lo es, simplemente un hecho es o no violatorio de la Constituci�n, as� su actividad sea temporal o permanente.-Como se puede apreciar, tambi�n estos argumentos de las autoridades responsables carecen de sustento.-No es cierto, de que para que el consejo de desarrollo tenga el car�cter de intermedio, tenga que ser entidad integrada por personas ajenas a los tres niveles de gobierno.-A las autoridades responsables se les olvid�, que en derecho, es posible la existencia de diversas personas morales, integradas por las mismas personas f�sicas y que la identidad de los socios entre las diversas sociedades, no les quita las diferentes personalidades a cada una de las personas morales.-En relaci�n con el caso concreto que nos ocupa, el hecho de que el presidente municipal sea integrante del consejo de desarrollo y que algunos servidores municipales sean asesores, no significa que no tenga el consejo de desarrollo el car�cter de �rgano intermedio entre el Estado y el Municipio.-Las autoridades responsables manifiestan (hoja 11): ?... El Ayuntamiento a lo que se encuentra obligado ... es a comprobar el ejercicio de su hacienda y, en particular, los recursos que haya aportado para la realizaci�n de las acciones dentro del consejo del cual forma parte, debiendo adem�s justificar ante las instancias estatales y federales la aplicaci�n de los recursos de esa �ndole.?.-Sobre la afirmaci�n anterior, manifestamos que mienten las autoridades responsables, toda vez que el Ayuntamiento no forma parte del consejo, quien es integrante, es el presidente municipal, pero �ste es s�lo un miembro del Ayuntamiento, no es todo el Ayuntamiento. Si de hecho, as� ha funcionado en otras administraciones municipales, esa mala costumbre contraria a la ley, no es creadora de derecho. Adem�s, en la actual administraci�n municipal, al Cabildo se le considera como lo que es, un �rgano colegiado, y no un �rgano mangoneado por una persona.-Adem�s, siguiendo con la afirmaci�n de las autoridades responsables a que nos referimos anteriormente, es importante fijarnos que ellas mismas reconocen que el Ayuntamiento debe justificar la aplicaci�n de esos recursos, lo que significa que efectivamente forman parte de la hacienda municipal, si no formaran parte de su hacienda, no tendr�a el Ayuntamiento por qu� justificar dicha aplicaci�n. Ser�a absurdo que a un organismo, se le obligara a justificar la aplicaci�n de unos recursos que no forman parte de su hacienda. No creemos que al gobernador del Estado de Tamaulipas, se le obligue a justificar la aplicaci�n de los recursos del Ejecutivo del Estado de Nuevo Le�n, lo mismo sucede en este caso, si como las autoridades responsables aceptan, el Municipio debe justificar la aplicaci�n de los recursos del Ramo 00026, es porque forman parte de su hacienda. Ser�a injusto que al Ayuntamiento se le obligue a justificar la aplicaci�n de algo que no es de �l.-Con lo anterior, queda debidamente demostrado que los recursos del Ramo 00026, debido a que el Ayuntamiento debe de justificar su aplicaci�n, es porque simple y sencillamente son recursos que forman parte de su hacienda.-d. Es cierto que el Legislativo del Estado tiene facultades para legislar en todos los �mbitos de la administraci�n p�blica y que es el acto reclamado una adici�n a un ordenamiento estatal.-Sin embargo, algo que no mencionan las autoridades responsables, es: primero, que esa facultad legislativa, la tiene dicho poder, pero s�lo para el �mbito estatal y que por ning�n motivo, ni pretexto, puede legislar en materia del �mbito federal.-Segundo, que la adici�n al ordenamiento estatal, consisti� en regular un recurso econ�mico de car�cter federal, con lo que el acto legislativo estatal, fue claramente violatorio de la Constituci�n, al invadir la esfera de competencia de la autoridad legislativa federal.-Las autoridades responsables manifiestan (hoja 12): ?... pues en el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, �nicamente se establece a qui�n compete en nuestro �mbito local, ser la instancia de participaci�n en la pol�tica social establecida por el Gobierno F..?.-En relaci�n a la afirmaci�n anterior, hacemos los siguientes comentarios: En primer lugar, les falt� agregar, que establece a qui�n compete ser la instancia de participaci�n en la pol�tica social establecida por el Gobierno F. que opere esos recursos federales asignados al Municipio.-En segundo lugar, a las autoridades responsables se les olvid�, que adem�s del �mbito territorial, existe el �mbito material de validez en atenci�n a la esencia de los negocios y seg�n este �ltimo �mbito material, es a la Federaci�n a la �nica a la que le corresponde regular lo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y a todo lo referente a los recursos del Ramo 00026 y por lo tanto, la adici�n al art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, al referirse a la operaci�n de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, invadi� esferas de competencia de la autoridad federal, violando la Constituci�n F..-El decir de las autoridades responsables, de que la mencionada adici�n ?�nicamente adecu� en la esfera local las disposiciones ...? es una elegante manera de definir la violaci�n de la Constituci�n y la invasi�n de esferas de competencia. En el campo jur�dico constitucional, no hay adecuaciones, simplemente lo que se debe hacer es cumplir con las disposiciones constitucionales.-e. Adem�s de todo lo anterior, con fundamento en el art�culo 30 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las autoridades responsables presentaron su contestaci�n fuera del plazo de 30 d�as h�biles que se les concedi� en el auto de admisi�n de la controversia constitucional, solicitamos que se les tenga por no presentados, por contestada la demanda de controversia constitucional y que se presuman ciertos los actos reclamados.

D�CIMO PRIMERO

Con fecha once de octubre de mil novecientos noventa y seis, tuvo verificativo la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relaci�n de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados sus alegatos, y agotado el tr�mite respectivo se pas� el asunto para elaborar el proyecto de resoluci�n respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la presente controversia constitucional en atenci�n a lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 antes se�alado, dado que por esta v�a el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, demanda la invalidez constitucional del art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del propio Estado.

SEGUNDO

Previamente a cualquier otra cuesti�n, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

El art�culo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, dispone:

Art. 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�: I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; II.T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

En el caso concreto se impugna, la adici�n del art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas, que se realizara a trav�s del decreto de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis.

La demanda de controversia constitucional fue presentada en tiempo, en virtud de que, conforme al art�culo primero transitorio del Decreto impugnado N�mero 10, que adiciona el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas, publicado en el P.�dico Oficial el veinte de abril de mil novecientos noventa y seis, su entrada en vigor correr�a a partir del d�a siguiente, esto es, el veintiuno del citado mes y a�o.

La presentaci�n de la demanda se realiz� mediante escrito recibido en fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de lo que se concluye que la demanda de controversia constitucional se present� dentro del plazo legal de treinta d�as h�biles que, para la impugnaci�n de normas generales, otorga el art�culo 21, fracci�n II, de la ley de la materia antes transcrito.

TERCERO

Previo a la cuesti�n de fondo planteada, debe analizarse la legitimaci�n de quien promueve, por ser de orden p�blico y de estudio preferente.

Sobre el particular, la ley reglamentaria del art�culo 105, dispone en sus art�culos 10 y 11, lo siguiente:

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales: I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia; II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el car�cter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y ..."

Art�culo 11. El actor, demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlo. En todo caso, sepresumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario ...

Para efectos de la presente controversia constitucional son partes las autoridades siguientes, todas ellas del Estado de Tamaulipas: actor, el Municipio de T.; demandado, el Congreso y gobernador; y tercero interesado, el Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social de T..

Respecto del Municipio de T., Tamaulipas, comparece a juicio por medio de los CC. D.A.H.A., D.E.�n G�mez Fuentes, J.S.Z. de la Garza y J.M.H.Z., en su car�cter de presidente municipal, s�ndico primero, s�ndico segundo y secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de T., Tamaulipas, quienes acreditaron la personalidad con que se ostentaron con las copias certificadas del P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y nombramiento del secretario.

Al respecto, el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ordena:

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitir� ninguna forma diversa de representaci�n a la prevista en el p�rrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podr�n acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe del Departamento Administrativo o por el consejero jur�dico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

De lo anterior se colige la existencia de una presunci�n iuris tantum de que la persona que comparece a la controversia es representante de la entidad p�blica, salvo prueba en contrario, lo que encuentra apoyo, en la parte relativa, en la tesis n�mero X/96 aprobada por el Tribunal Pleno el seis de febrero del a�o en curso con motivo de la reclamaci�n en la controversia constitucional 17/95, promovida por el Ayuntamiento de Tepoztl�n, Morelos, la cual establece:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCI�N LEGAL EN CUANTO A LA REPRESENTACI�N Y CAPACIDAD DE LOS PROMOVENTES NO OPERA CUANDO DE LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE CARECEN DE LEGITIMACI�N PARA EJERCER ESA ACCI�N.-El art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado estrechamente con el art�culo 10 del propio ordenamiento que se�ala como actor en las controversias constitucionales a la entidad, poder u �rgano que la promueva, establece la presunci�n de que quien comparezca a juicio en su representaci�n goza de tal representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Sin embargo, debe considerarse que tal presunci�n no opera cuando de la demanda derive que quienes pretenden actuar con tal car�cter carecen de legitimaci�n para ejercitar la acci�n de controversia constitucional al expresarse que el car�cter referido lo derivan de actuaciones realizadas al margen de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, pues en esa hip�tesis debe desecharse la demanda pues al carecer de legitimaci�n no pueden representar a la entidad, poder u �rgano que como parte actora puede promover la controversia constitucional.

El precepto anteriormente reproducido establece que el funcionario que comparece debe estar facultado para asumir la representaci�n en los t�rminos de la ley que lo rige que, en el caso concreto, es el C�digo M. para el Estado de Tamaulipas cuyos art�culos 53, 54, 57, 60, fracci�n II, 61 y 67, establecen:

"Art�culo 53. Los Ayuntamientos ser�n representados por el presidente municipal, quien adem�s es el �rgano ejecutor de los acuerdos y disposiciones que dicten aqu�llos en ejercicio de sus funciones."

"Art�culo 54. En los actos jur�dicos administrativos de su competencia, comparecer� el presidente municipal con el secretario del Ayuntamiento, quien refrendar� con su firma los acuerdos y comunicaciones que aqu�l expida."

"Art�culo 57. El presidente municipal, con la aprobaci�n del Ayuntamiento en cada caso, asumir� la representaci�n jur�dica del Municipio en los litigios en que �ste fuera parte, cuando el s�ndico o s�ndicos tengan impedimento legal."

"Art�culo 60. Los s�ndicos de los Ayuntamientos tendr�n las siguientes facultades y obligaciones:

"...

"II. Representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, como mandatario general para pleitos y cobranzas en los t�rminos del C�digo Civil del Estado, con la limitaci�n de que no podr�n desistirse, transigir, comprometer en �rbitros o hacer cesi�n de bienes, recibir pagos, salvo autorizaci�n por escrito que en cada caso les otorgue el Ayuntamiento. Asimismo, tendr�n a su cargo la atenci�n de los negocios de la hacienda municipal."

"Art�culo 61. En los Municipios donde existan dos s�ndicos, �stos podr�n intervenir conjunta o separadamente en los negocios judiciales y administrativos, con las facultades se�aladas en el art�culo anterior."

"Art�culo 67. Para ser secretario del Ayuntamiento se requiere:

"I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos pol�ticos y civiles y no ser miembro del Ayuntamiento.

"II. Tener suficiente instrucci�n, capacidad y honestidad, a juicio del Ayuntamiento. En todo caso, en los Municipios que tengan una poblaci�n que exceda de 50,000 habitantes se requiere poseer t�tulo de abogado.

III. No haber sido condenado por sentencia que haya causado ejecutoria, por delito intencional.

La lectura de los dispositivos transcritos, permite concluir que el Ayuntamiento es representado por el presidente municipal, quien en actos jur�dicos administrativos requiere de la comparecencia del secretario del Ayuntamiento, as� como que los s�ndicos son los representantes legales del Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte. Asimismo, se advierte que cuando el s�ndico o s�ndicos tengan impedimento legal corresponder� al presidente municipal asumir la representaci�n jur�dica del Municipio en los litigios en que �ste fuere parte, pero en ese supuesto deber� contar con la aprobaci�n del Ayuntamiento.

En consecuencia, por lo que toca al presidente municipal que promovi� la controversia constitucional, carece de legitimaci�n, ya que para asumir la representaci�n requiere del acuerdo del Cabildo para actuar en los casos de impedimento de los s�ndicos.

En cambio, la representaci�n del Municipio actor que asumen los s�ndicos primero y segundo, signatarios de la demanda, se encuentra acorde con el requisito establecido por la ley reglamentaria del art�culo 105, en su art�culo 11, pues de acuerdo con el art�culo 60, fracci�n II, del C�digo M. del Estado de Tamaulipas, los s�ndicos deben representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte; es decir, de acuerdo con el ordenamiento que rige al sistema municipal, los funcionarios que se ostentan representantes del Municipio actor se encuentran legitimados. A�n m�s, queda corroborada la presunci�n que, de acuerdo con la �ltima parte del primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley reglamentaria del art�culo 105, ha asumido este Alto Tribunal al admitir la demanda de m�rito. En tal virtud es leg�tima la representaci�n por parte de estos funcionarios.

En relaci�n a una de las partes demandadas, gobernador del Estado de Tamaulipas, C.M.C.L., acredit� su personalidad con copia del P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas, n�mero 97 de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que contiene el Decreto N�mero 352, expedido por el Congreso del Estado, mediante el cual se declararon v�lidas las elecciones para Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, celebradas el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Por otra parte, el art�culo 77 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas establece:

Art�culo 77. El Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominar� Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo su elecci�n directa cada seis a�os, en los t�rminos que se�ala la Ley Electoral.

Del art�culo anteriormente transcrito, as� como de los art�culos 10 y 11 de la ley reglamentaria del art�culo 105, se infiere que el gobernador del Estado de Tamaulipas, est� legalmente facultado para apersonarse en el presente juicio; encontr�ndose legitimado por la Constituci�n del Estado de referencia.

Finalmente, el Congreso del Estado compareci� a juicio por conducto del C.L.R.G.�mez, presidente de la Diputaci�n Permanente que fungi� durante el receso constitucional de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, personalidad que acredit� con la copia certificada del Decreto N�mero 16 publicado en fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, dando contestaci�n a la demanda en su car�cter de representante del Poder Legislativo Local.

Al respecto, Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas establece:

"Art�culo 75. En la �ltima sesi�n de un periodo ordinario, el Congreso elegir�, a mayor�a de votos emitidos por c�dula, a la Diputaci�n Permanente, compuesta por un presidente, dos secretarios y un suplente, que fungir� durante todo el receso, aun cuando el Congreso funcione en periodos o sesiones extraordinarias.

"Si por causa extraordinaria el Congreso se disolviere sin haber nombrado la Diputaci�n Permanente se entender� por tal el personal de la �ltima mesa del Congreso."

"Art�culo 77. La Diputaci�n Permanente, se instalar� el siguiente d�a en que el Congreso cierre sus sesiones, aunque este d�a sea feriado, y lo comunicar� al Ejecutivo el d�a h�bil siguiente al de su instalaci�n. Igual comunicaci�n se har� a las autoridades que se se�alan en el art�culo 23 de la presente ley."

"Art�culo 78. La Diputaci�n Permanente tendr� la representaci�n del Poder Legislativo y ejercer� las atribuciones que le confiere el art�culo 62 de la Constituci�n, y las que le encomiende el Congreso del Estado."

Del texto de los art�culos transcritos, se desprende la facultad del presidente de la Diputaci�n Permanente para representar en el presente juicio al Congreso del Estado.

CUARTO

A continuaci�n, se pasa al estudio de los motivos de improcedencia que se invocan, por ser de estudio preferente a la cuesti�n de fondo del asunto.

Las autoridades demandadas, son coincidentes en se�alar:

  1. Que el Ayuntamiento de T. comparece reclamando hechos que anteriormente de manera expresa hab�a consentido, circunstancia que se puede constatar con las documentales que se acompa�an a esta contestaci�n, consistentes en el comunicado de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, que el coordinador general del Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas le dirigiera al presidente municipal de T. y del Consejo de Bienestar Social, D.A.H.A., haciendo de su conocimiento los lineamientos a trav�s de los cuales se aplicar�an los recursos provenientes del Ramo 00026, S.�n de la Pobreza, correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, documento que fue recibido personalmente por su destinatario con fecha veintisiete de febrero del mismo a�o, como se aprecia en el documento a que hacemos referencia, mismo que fue contestado con fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, desprendi�ndose de su texto la expresa conformidad con las indicaciones recibidas, as� como con la asignaci�n de los recursos derivados del Ramo 00026 aludido, presentando adem�s las actas mediante las cuales se ampli� el n�mero de integrantes del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social, y la propuesta de obras aprobadas por unanimidad por dicho �rgano. Con todo lo anterior, queda claro que no le asiste acci�n ni derecho al Ayuntamiento de T., Tamaulipas, para intentar la reclamaci�n que pretende, por tratarse de hechos expresamente consentidos.

  2. Que el Ayuntamiento del Municipio de T., Tamaulipas, carece de legitimaci�n activa para interponer esta demanda ya que el art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente en la fracci�n I, inciso i) otorga facultades a los Municipios para interponer controversia constitucional sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, pero la disposici�n aplicable al caso concreto lo constituye la fracci�n II del mismo art�culo, al establecerse que la Suprema Corte de Justicia conocer�, en los t�rminos de la ley reglamentaria, del caso de las acciones de inconstitucionalidad para resolver sobre la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n y tambi�n expresamente que las acciones de inconstitucionalidad solamente podr�n ejercitarse por los propios �rganos que las emitieron, siempre y cuando sea apoyada por el treinta y tres por ciento de sus integrantes, o por el procurador general de la Rep�blica, pero en ning�n momento le otorga facultades a los Ayuntamientos para que lo realicen, como es el caso del Ayuntamiento de T.. Estimar que en un juicio de esta naturaleza pueda intervenir como parte actora un Municipio, equivale a desvirtuar nuestro sistema federal y a integrar el art�culo 105 de la Constituci�n de una manera totalmente diferente al texto actual.

  3. Que el Municipio en la actualidad puede ser parte actora en un juicio de controversia constitucional, en los t�rminos del art�culo 105 fracci�n I de la Constituci�n F.. Dar cabida a este juicio por acciones de inconstitucionalidad, como sucede en este caso, equivale a abrir una puerta que actualmente no existe y dentro de la cual tendr�an que dirimirse todas las controversias entre Ayuntamientos y Estados, independientemente de cu�l fuera la materia, ya que bastar�a plantear las diferencias para que tuvieran el car�cter de conflicto constitucional, bajo una interpretaci�n equivocada de este precepto, lo que nos coloca en una inc�gnita muy dif�cil de comprender y que debe motivar el buen juicio de nuestro M�ximo Tribunal para ponderar el criterio con el que debe resolver esta excepci�n y los dem�s puntos planteados en este procedimiento.

  4. Que existe la causal de improcedencia de la demanda, prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Ayuntamiento carece de legitimaci�n activa para interponer la presente demanda, adem�s de que, del contenido de su escrito se advierte que m�s que una controversia constitucional, lo que est� planteando es una cuesti�n de inconstitucionalidad, para cuyo tr�mite la propia ley reglamentaria establece un procedimiento espec�fico y faculta a �rganos tambi�n espec�ficos para promoverla, dentro de los que no se encuentran comprendidos los Ayuntamientos, por lo que al no surtirse los supuestos legales, se deduce que el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, carece de derecho para interponer una demanda reclamando la supuesta inconstitucionalidad de una ley estatal.

Deben desestimarse los motivos de improcedencia aducidos, en virtud de lo siguiente:

En relaci�n a la causal resumida en el punto 1 en que las demandadas sostienen que el Ayuntamiento de T. comparece reclamando hechos que anteriormente de manera expresa hab�a consentido, cabe se�alar que efectivamente obran a fojas 165 y 175 del expediente, comunicado n�mero I. 0291/96, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, signado por el coordinador general del Comit� de Planeaci�n para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas, dirigido al presidente municipal de T. y del Consejo de Bienestar Social, haciendo de su conocimiento los lineamientos a trav�s de los cuales se aplicar�an los recursos provenientes del Ramo 00026, asimismo, el diverso 00937, de fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, signado por el presidente municipal y presidente del Consejo de Bienestar Social M. a M., dirigido al L.. F.A.O., secretario de Hacienda del Estado y coordinador general del Copladet mediante el cual presentan "... a la consideraci�n del comit� la relaci�n de obras aprobadas (formato No. 3) por unanimidad por el consejo en la sesi�n celebrada el d�a seis de marzo del a�o en curso as� como la copia del acta de validaci�n correspondiente ...".

No obstante lo anterior, debe decirse que no le asiste la raz�n a las demandadas ya que por virtud de esos comunicados no puede v�lidamente sostenerse el consentimiento del precepto que ahora se impugna.

Lo anterior es as� ya que como puede advertirse, las fechas de los comunicados a que se hace referencia son del diecinueve de febrero y doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, mientras que la adici�n del art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas, se realiz� a trav�s del decreto de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, publicado en el P.�dico Oficial el veinte de abril de mil novecientos noventa y seis, en cuyo art�culo primero transitorio establece que su entrada en vigor correr�a a partir del d�a siguiente, esto es, el veintiuno del citado mes y a�o.

En tal virtud, no puede admitirse que exista consentimiento respecto de una norma general que ahora se reclama mediante esta controversia constitucional, a trav�s de actos realizados antes de la vigencia de dicha norma, por lo que debe desestimarse dicha causal.

Ahora bien, en relaci�n a los restantes motivos de improcedencia que pretenden hacer valer las demandadas, a juicio de este Tribunal Pleno, son igualmente infundadas.

En efecto, seg�n puede apreciarse de los motivos de improcedencia sintetizados con los n�meros 2, 3 y 4, que se analizan en forma conjunta dada su estrecha vinculaci�n, en ellos se sostiene que se carece de legitimaci�n activa para interponer esta demanda ya que el art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracci�n I, inciso i), otorga facultades a los Municipios para interponer juicio de controversia constitucional sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, pero la disposici�n aplicable al caso concreto lo constituye la fracci�n II del mismo art�culo, al establecerse que la Suprema Corte de Justicia conocer�, en los t�rminos de la ley reglamentaria del caso, de las acciones de inconstitucionalidad para resolver sobre la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n y tambi�n expresamente que las acciones de inconstitucionalidad solamente podr�n ejercitarse por los propios �rganos que las emitieron, siempre y cuando sea apoyada por el treinta y tres por ciento de sus integrantes, o por el procurador general de la Rep�blica, pero en ning�n momento le otorga facultades a los Ayuntamientos para que lo realicen, como es el caso del Ayuntamiento de T..

Tambi�n se afirma que el Municipio en la actualidad puede ser parte actora en un juicio de controversiaconstitucional, en los t�rminos del art�culo 105 fracci�n I de la Constituci�n F. y que del contenido de la demanda se advierte que m�s que una controversia constitucional, lo que est� planteando es una cuesti�n de inconstitucionalidad, para cuyo tr�mite la propia ley reglamentaria establece un procedimiento espec�fico y faculta a �rganos tambi�n espec�ficos para promoverla, dentro de los que no se encuentran comprendidos los Ayuntamientos, por lo que al no surtirse los supuestos legales, se deduce que el Ayuntamiento de T., Tamaulipas, carece de derecho para interponer una demanda reclamando la supuesta inconstitucionalidad de una ley estatal.

En principio, se estima importante recordar lo que sobre el particular establece el art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito F.;

"b) La Federaci�n y un Municipio;

"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito F.;

"d) Un Estado y otro;

"e) Un Estado y el Distrito F.;

"f) El Distrito F. y un Municipio;

"g) Dos Municipios de diversos Estados;

"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

"k) Dos �rganos de gobierno del Distrito F., sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

"En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia.

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n.

"Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por:

"a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en contra de leyes federales o del Distrito F. expedidas por el Congreso de la Uni�n;

"b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito F. expedidas por el Congreso de la Uni�n o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

"c) El procurador general de la Rep�blica, en contra de leyes de car�cter federal, estatal y del Distrito F., as� como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;

"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano, y

"e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito F., en contra de leyes expedidas por la propia asamblea.

"f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto F. Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro.

"La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constituci�n es la prevista en este art�culo.

"Las leyes electorales federal y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales.

"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayor�a de cuando menos ocho votos.

"III. De oficio o a petici�n fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del procurador general de la Rep�blica, podr� conocer de los recursos de apelaci�n en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federaci�n sea parte y que por su inter�s y trascendencia as� lo ameriten.

"La declaraci�n de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo se aplicar�n, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros p�rrafos de la fracci�n XVI del art�culo 107 de esta Constituci�n.

Por su parte, la ley reglamentaria de la materia establece:

"Art�culo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer� y resolver� con base en las disposiciones del presente t�tulo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposici�n expresa, se estar� a las prevenciones del C�digo F. de Procedimientos Civiles."

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia;

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

"III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el car�cter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

"IV. El procurador general de la Rep�blica."

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitir� ninguna forma diversa de representaci�n a la prevista en el p�rrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podr�n acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

"El presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe del Departamento Administrativo o por el consejero jur�dico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."

Como puede apreciarse de las transcripciones anteriores, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer de las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten, entre otros casos, entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Asimismo, se establece que siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracci�n I del 105 constitucional, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

Por otro lado, se advierte que tambi�n conocer� de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n General; sin embargo, �stas s�lo podr�n ejercitarse dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por: a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en contra de leyes federales o del Distrito F. expedidas por el Congreso de la Uni�n; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito F. expedidas por el Congreso de la Uni�n o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; c) El procurador general de la Rep�blica, en contra de leyes de car�cter federal, estatal y del Distrito F., as� como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los �rganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio �rgano; y, e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito F., en contra de leyes expedidas por la propia asamblea. Finalmente, los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto F. Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro estatal, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el �rgano legislativo del Estado que les otorg� el registro.

Adem�s se establece que tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales: I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia; II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el car�cter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse; y, IV. El procurador general de la Rep�blica.

Finalmente se contempla la facultad de atracci�n en materia de apelaci�n en los conflictos en que la Federaci�n sea parte.

Sobre el particular, cabe se�alar que tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad son mecanismos aut�nomos de control constitucional por v�a de acci�n como se demostrar� m�s adelante.

En atenci�n a lo anterior, debe decirse que no le asiste la raz�n a las demandadas ya que como atinadamente lo se�ala la actora, la presente controversia constitucional, es procedente y s� tiene legitimaci�n activa para promover esta acci�n y de ninguna manera es una "acci�n de inconstitucionalidad".

Las autoridades demandadas confunden los dos mecanismos de control constitucional que consagra el art�culo 105 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

Como se mencion�, ambos son mecanismos de control constitucional o garant�as constitucionales que tienen como finalidad el establecer un procedimiento para que el M�ximo Tribunal del pa�s determine si el orden creado por la Ley Fundamental fue transgredido; en ambos casos, son los �rganos del poder p�blico quienes los promueven; de ah� que se trate de mecanismos por v�a de acci�n. Sin embargo, la distinci�n descansa en que las acciones de inconstitucionalidad son mecanismos abstractos de control, esto es, no existe una controversia y en ellos las minor�as parlamentarias (treinta y tres por ciento de las C�maras del Congreso de la Uni�n o de las Legislaturas Locales o de la Asamblea de Representantes del Distrito F.), o el procurador general de la Rep�blica pueden promover la acci�n que tiene por objeto plantear la posible contradicci�n entre la norma general expedida y la Constituci�n, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de su publicaci�n.

Por otro lado, las controversias constitucionales surgen por la acci�n ejercitada por alguno de los �rganos descritos en los incisos de la fracci�n I del art�culo 105 del C�digo Pol�tico, sobre la constitucionalidad de sus actos, por lo que es un mecanismo concreto de control constitucional; en ambos es posible plantear la inconstitucionalidad de una norma general.

Por lo tanto, el Municipio de T., Tamaulipas, se encuentra legitimado para promover la presente controversia al estar contemplada la posibilidad de hacerlo en el inciso i) de la fracci�n I del art�culo 105 de la Ley Suprema.

Por otro lado, las demandadas hacen valer la excepci�n de efectos derogatorios de la ley, en el sentido de que la pretensi�n planteada por integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto no consentido de que llegara a pronunciarse una resoluci�n favorable a los intereses del peticionario, por ning�n concepto podr�a tener, en esta supuesta controversia constitucional, efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales que se han dejado mencionados, porque conforme a un principio general de derecho que recoge el art�culo 9o. del C�digo Civil para el Distrito F., aplicable en materia federal y sus correlativos de la totalidad de los C�digos Civiles de las entidades federativas, la ley s�lo queda derogada o abrogada por otra posterior que as� lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Esta posibilidad �nicamente tiene como excepci�n, en cuanto a su generalidad, la declaraci�n de que una ley supone un acto reclamado que vulnere las garant�as individuales en el juicio de amparo. Consecuentemente, resulta cuestionable que a trav�s de una controversia constitucional prevista por el art�culo 105 de la Ley Fundamental, las consecuencias del fallo que en la misma se pronuncien puedan tener los efectos que se pretenden en la demanda que se contesta, mas si no cumple con el procedimiento que expresamente impone la ley reglamentaria de las fracciones I y II del art�culo anteriormente invocado.

Al respecto, es criterio de este Tribunal Pleno que de conformidad con lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 42 de su ley reglamentaria, al no estar contemplado el supuesto en el que el Municipio controvierta disposiciones generales de los Estados, es inconcuso que la resoluci�n del Tribunal Constitucional, en este caso, s�lo puede tener efectos relativos a las partes en el litigio; dicho criterio es consultable en el Semanario Judicial de la Federaci�n. Novena �poca. Instancia: Pleno. Tomo IV, noviembre de 1996. Tesis P./J. 72/96. P�gina 249, que a la letra establece:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, S�LO TENDR� EFECTOS PARA LAS PARTES.-De conformidad con lo dispuesto en la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 42 de su ley reglamentaria, la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que declare inv�lidas disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n; de los Municipios impugnadas por los Estados o en los casos comprendidos en los incisos c), h) y k) de la fracci�n I del propio art�culo 105 del C�digo Supremo que se refieren a las controversias suscitadas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito F.; dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; dos �rganos de Gobierno del Distrito F., sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, tendr� efectos de generalidad si adem�s la resoluci�n es aprobada por ocho votos, cuando menos. De esta forma, al no estar contemplado el supuesto en el que el Municipio controvierta disposiciones generales de los Estados, es inconcuso que la resoluci�n del Tribunal Constitucional, en este caso, s�lo puede tener efectos relativos a las partes en el litigio. No es �bice a lo anterior, que la Suprema Corte haya considerado al resolver el amparo en revisi�n 4521/90, promovido por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y, posteriormente, al fallar las controversias constitucionales 1/93 y 1/95, promovidas respectivamente, por los Ayuntamientos de Delicias, Chihuahua y Monterrey, Nuevo Le�n, que el Municipio es un poder del Estado, ya que dicha determinaci�n fue asumida para hacer procedente la v�a de la controversia constitucional en el marco jur�dico vigente con anterioridad a la reforma al art�culo 105 constitucional, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federaci�n, dado que el precepto referido en su redacci�n anterior se�alaba que la Suprema Corte conocer�a de los conflictos entre poderes de un mismo Estado, sin referirse expresamente al Municipio con lo que, de no aceptar ese criterio, quedar�an indefensos en relaci�n con actos de la Federaci�n o de los Estados que vulneraran las prerrogativas que les concede el art�culo 115 de la Constituci�n. En el art�culo 105 constitucional vigente, se ha previsto el supuesto en el inciso i) de la fracci�n I, de tal suerte que, al estar contemplada expresamente la procedencia de la v�a de la controversia constitucional en los conflictos suscitados entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, no cabe hacer la interpretaci�n rese�ada anteriormente, para contemplar que el Municipio es un poder y la hip�tesis sea la contemplada en el inciso h) de la fracci�n I del mismo art�culo 105 de la Constituci�n F., para concluir que la resoluci�n debe tener efectos generales, puesto que de haber sido �sta la intenci�n del Poder Reformador de la Constituci�n, al establecer la hip�tesis de efectos generales de las declaraciones de invalidez de normas generales habr�a incluido el inciso i) entre ellos, lo que no hizo.

Finalmente, en relaci�n a lo aducido por la parte actora en el sentido de que con fundamento en el art�culo 30 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, toda vez que las autoridades responsables presentaron su contestaci�n fuera del plazo de treinta d�as h�biles que se les concedi� en el auto de admisi�n de la controversia constitucional, deben tenerse por no presentados, por no contestada la demanda de controversia y presumidos ciertos los actos reclamados, a juicio de este Tribunal Pleno debe declararse igualmente infundado.

En principio, es conveniente recordar lo que sobre el particular, establece la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�nPol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra reza:

"Art�culo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerar�n como h�biles todos los d�as que determine la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n."

"Art�culo 3o. Los plazos se computar�n de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Comenzar�n a correr al d�a siguiente al en que surta sus efectos la notificaci�n, incluy�ndose en ellos el d�a del vencimiento;

"II. Se contar�n s�lo los d�as h�biles, y

"III. No correr�n durante los periodos de receso, ni en los d�as en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."

"Art�culo 4o. Las resoluciones deber�n notificarse al d�a siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicaci�n en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podr� ordenarse que la notificaci�n se haga por v�a telegr�fica.

"Las notificaciones al presidente de los Estados Unidos Mexicanos se entender�n con el secretario de Estado o jefe de Departamento Administrativo a quienes corresponda el asunto, o con el consejero jur�dico del Gobierno, considerando las competencias establecidas en la ley.

"Las partes podr�n designar a una o varias personas para o�r notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado."

"Art�culo 5o. Las partes estar�n obligadas a recibir los oficios de notificaci�n que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se har� constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificaci�n se tendr� por legalmente hecha."

"Art�culo 6o. Las notificaciones surtir�n sus efectos a partir del d�a siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas.

"Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este t�tulo ser�n nulas. Declarada la nulidad se impondr� multa de uno a diez d�as al responsable, quien en caso de reincidencia ser� destituido de su cargo."

Art�culo 30. La falta de contestaci�n de la demanda o, en su caso, de la reconvenci�n dentro del plazo respectivo, har� presumir como ciertos los hechos que se hubieren se�alado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, seg�n corresponda.

Dicho lo anterior, como se advierte de autos, el acuerdo de admisi�n de demanda y orden de emplazamiento, suscrito por el Ministro instructor es de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y seis (foja 40 del expediente), notificado a las partes a trav�s de la lista del d�a siguiente, y por oficio entregado en el domicilio de las demandadas, mediante correo en fecha diez de junio de mil novecientos noventa y seis, seg�n consta en pieza certificada con acuse de recibo que aparece a foja 47 del juicio de controversia constitucional, en t�rminos del art�culo 4o. de la ley reglamentaria de la materia.

Ahora bien, el escrito por el cual en forma conjunta dan respuesta las demandadas, fue recibido en la Oficina de Certificaci�n y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y seis.

En las relatadas condiciones, debe tenerse por contestada en tiempo la demanda del presente juicio ya que descontando los d�as s�bados y domingos, quince, diecis�is, veintid�s, veintitr�s, veintinueve y treinta de junio, seis, siete, trece y catorce de julio de mil novecientos noventa y seis; as� como los d�as, del diecis�is al treinta y uno de julio, al ser inh�biles por tratarse del periodo vacacional de este Alto Tribunal, el plazo para dar contestaci�n a la demanda de controversia fenec�a en fecha ocho de agosto de ese mismo a�o, por lo que al haber sido presentada en fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, debe declararse como contestada en tiempo.

QUINTO

Con el prop�sito de hacerse cargo del estudio de los conceptos de invalidez, se transcribe el texto vigente del art�culo 115 de la Constituci�n F.:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

"Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designar�n entre los vecinos a los concejos municipales que concluir�n los periodos respectivos.

"Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.

"II. Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley.

"Los Ayuntamientos poseer�n facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

"III. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, tendr�n a su cargo los siguientes servicios p�blicos:

"a) Agua potable y alcantarillado;

"b) Alumbrado p�blico;

"c) Limpia;

"d) Mercados y centrales de abasto;

"e) Panteones;

"f) Rastro;

"g) Calles, parques y jardines;

"h) Seguridad p�blica y tr�nsito; e

"i) Los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

"Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeci�n a la ley, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos que les corresponda.

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes locales no establecer�n exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas f�sicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. S�lo los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios estar�n exentos de dichas contribuciones.

"Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

"V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

"VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

"VII. El Ejecutivo F. y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente; y

"VIII. Las leyes de los Estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios.

"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el art�culo 123 de esta Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias."

Procede ahora entrar al estudio de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora.

Conforme al texto actual del art�culo 115 transcrito, se puede considerar que su estructura est� integrada por disposiciones divididas en tres aspectos fundamentales: las que regulan las relaciones Federaci�n-Municipios; las que regulan las relaciones Estado-Municipios; y las que regulan atribuciones exclusivas de los Municipios.

  1. En cuanto al contenido de las disposiciones que establecen las relaciones Federaci�n-Municipios, si bien es cierto que en sentido amplio podr�a mencionarse que es todo el contenido del art�culo 115, por tratarse de una regulaci�n de car�cter federal, en sentido estricto cabe mencionar �nicamente aquellas que expresan una prescripci�n a obedecer en acatamiento al Pacto F.:

    1) El contenido de la fracci�n II, que determina que "Los Municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley. ...". Asimismo, se menciona que los Ayuntamientos tendr�n la facultad de expedir reglamentos heter�nomos (bandos de polic�a y buen gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general), esto es, con sujeci�n a las bases normativas que deber�n expedir las Legislaturas de los Estados.

    2) La fracci�n III contiene el cat�logo de los servicios p�blicos que de manera obligatoria deber� prestar el Municipio, y en caso del concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes.

    3) La fracci�n IV se refiere a las fuentes de ingresos del Municipio como los rendimientos de los bienes que les pertenezcan y de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas de los Estados establecen a su favor, destac�ndose: las contribuciones fijadas por las Legislaturas de los Estados sobre propiedad inmobiliaria; las participaciones cubiertas por la Federaci�n a los Municipios, en la forma y tiempos que anualmente se determinan por las Legislaturas de los Estados; y, por �ltimo, los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos. Cabe se�alar que los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de las funciones relacionadas con la administraci�n de las contribuciones mencionadas. Por otra parte, el texto constitucional es preciso al se�alar que las leyes locales no establecer�n exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas f�sicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. S�lo los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios, estar�n exentos de dichas contribuciones. A mayor abundamiento, establece que tampoco lo har�n las leyes federales.

    4) La fracci�n VI establece facultades concurrentes en materia de desarrollo urbano para el caso de las conurbaciones.

    5) La fracci�n VII contiene la ya referida situaci�n de que el Ejecutivo F. y los gobernadores de los Estados tendr�n el mando de la fuerza p�blica en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente.

  2. En cuanto a la relaci�n Estado-Municipio, el art�culo 115 establece tajantemente que los Estados adoptar�n para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n administrativa existe el Municipio Libre bajo las siguientes reglas:

    1) En la fracci�n I se se�ala la exigencia de las dos terceras partes de los integrantes de una Legislatura Local para suspender los Ayuntamientos, declarar su desaparici�n y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna causa grave prevista en la ley local, siempre y cuando a sus miembros se les haya respetado la garant�a de audiencia.

    2) La fracci�n I menciona la posibilidad de que la Legislatura Estatal realice una funci�n de elecci�n cuando, desaparecido un Ayuntamiento, ante la renuncia o falta de sus miembros, o bien por la imposibilidad de celebrarse nuevas elecciones, para lo cual designar� entre los vecinos a los concejos M. para concluir el periodo correspondiente.

    3) La fracci�n III contempla la situaci�n del concurso de los Estados cuando as� fuere necesario y lo determinen las leyes, para la prestaci�n de los servicios p�blicos municipales, y los dem�s que las Legislaturas Locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera.

    4) En la fracci�n IV se estipula que las Legislaturas Locales ser�n el �rgano encargado de las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y de revisar sus cuentas p�blicas.

    5) La obligatoriedad para que las leyes de los Estados introduzcan el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los Ayuntamientos de todos los Municipios, se encuentra prevista en la fracci�n VIII.

    6) El �ltimo p�rrafo del art�culo se refiere a que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regir�n por la legislaci�n estatal que se expida con base en el art�culo 123 de la Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias.

  3. Por �ltimo, se incluyen como facultades propias del Municipio, las contenidas en:

    1) La fracci�n I, la cual menciona que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa sin intermediario alguno entre �ste y el Gobierno del Estado.

    2) La fracci�n II, que destaca la personalidad jur�dica y el patrimonio del Municipio.

    3) La fracci�n III, que contempla la facultad reglamentaria del Municipio, as� como la potestad de asociaci�n con otros Municipios, para que dentro del marco de la coordinaci�n se realice una eficaz prestaci�n de servicios.

    4) La fracci�n IV consigna la administraci�n libre de la hacienda municipal, constituida con los ingresos que las legislaturas establezcan, sobre todo considerando como base la propiedad inmobiliaria. Se incluye la posibilidad de que los Municipios puedan celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administraci�n fiscal.

    5) La fracci�n VIII, que se refiere a la competencia municipal en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ecolog�a.

    Ahora bien, una de las finalidades del Municipio es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a la poblaci�n radicada en una circunscripci�n territorial para posibilitar una gesti�n m�s eficaz de los servicios p�blicos. Tambi�n implica una descentralizaci�n pol�tica que organiza una entidad aut�noma hasta cierto l�mite y en atenci�n a ciertas necesidades, bajo un r�gimen jur�dico especial que comprende: un n�cleo de poblaci�n agrupado en familias, una porci�n determinada del territorio nacional, y tambi�n determinadas necesidades colectivas relacionadas con el gobierno de la ciudad y con exclusi�n de lo que corresponde a otros entes.

    El Municipio, como ente aut�rquico territorial, se entiende a partir de las propias caracter�sticas de los entes aut�rquicos, �stas son: personalidad jur�dica de derecho p�blico, una creaci�n de la ley, la finalidad a perseguir, y la existencia de un v�nculo de dependencia o relaci�n jer�rquica con un poder central.

    El Municipio, como poder, se explica a partir de su inclusi�n en los textos normativos como instancia de poder, a la que el ordenamiento atribuye un conjunto de facultades a ejercer. El Municipio, como nivel de gobierno, se entiende como el nivel primario de la organizaci�n estatal.

    Atento todo lo anterior, qued� precisado lo siguiente: elementos en que se sustenta el principio de libertad municipal introducido mediante reforma de mil novecientos ochenta y tres; contenido del texto constitucional vigente y su clasificaci�n; y la naturaleza propia de la figura del Municipio.

SEXTO

En los conceptos de invalidez, los que dada su estrecha vinculaci�n se analizar�n de manera conjunta con apoyo en lo dispuesto por el art�culo 39 de la ley reglamentaria de la materia, se plantea en la demanda inicial la inconstitucionalidad del art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n.

La norma impugnada se�ala a la letra, lo siguiente:

"Art�culo �nico. Se adiciona el Art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, para quedar como sigue:

?Art�culo 51. El Ejecutivo del Estado, por s� o a trav�s de sus dependencias y entidades podr�n concertar la realizaci�n de las acciones previstas en el plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.-Lo anterior se realizar� a trav�s de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social que para el efecto se constituyan, cuyas funciones ser�n entre otras, las siguientes: I.P., programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, los recursos correspondientes de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, Ramo 00026. II. Participar en la formulaci�n de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades, que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el p�rrafo anterior. III. Impulsar la participaci�n amplia, plural y democr�tica de lascomunidades, para la orientaci�n y aplicaci�n de los recursos mencionados. IV. Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y bienestar social, entre los miembros de las comunidades y las autoridades. V.S. la adecuada aplicaci�n de los recursos.-La integraci�n y el funcionamiento de los consejos se sujetar� al reglamento correspondiente.-Transitorios.-Art�culo primero. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el P.�dico Oficial del Estado.-Art�culo segundo. El reglamento a que se hace referencia en el art�culo 51, deber� formularse en un t�rmino no mayor de 90 d�as, posteriores a la vigencia del presente decreto.-Art�culo tercero. A partir de la vigencia del presente decreto, los consejos que actualmente se encuentran integrados, se denominar�n Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, con sujeci�n al reglamento que se expide.?.

Por m�todo, en primer t�rmino se procede al an�lisis del concepto de invalidez en el que se plantea que la ley impugnada atenta en contra de la libertad hacendaria que en t�rminos del art�culo 115 posee el Municipio actor.

El art�culo 115, fracci�n IV, constitucional dispone:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes locales no establecer�n exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas f�sicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. S�lo los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios estar�n exentos de dichas contribuciones.

Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

De lo anterior se desprende que la hacienda municipal se integra:

  1. Por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan.

  2. De las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor (en su caso contribuciones por propiedad inmobiliaria, participaciones federales e ingresos por la prestaci�n de servicios p�blicos a cargo del Municipio).

    En trat�ndose de las participaciones federales, �stas ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios en t�rminos del inciso b) de la fracci�n IV del art�culo 115 de la Constituci�n F., y se refieren a los rendimientos sobre contribuciones especiales de energ�a el�ctrica que contempla el art�culo 73, fracci�n XXIX, �ltimo p�rrafo del citado ordenamiento legal que en lo conducente se�ala:

    "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    "...

    XXIX. Para establecer contribuciones ... Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica.

    Debe precisarse que aun en este aspecto en acatamiento de lo dispuesto por el propio art�culo 73, fracci�n XXIX y 115, fracci�n IV, constitucionales, est� a cargo de la Legislatura Local fijar el porcentaje que a cada Municipio corresponder� de dichas contribuciones especiales.

    Del mismo modo, en su caso integran las participaciones federales que corresponden a los Municipios, las derivadas de los convenios de coordinaci�n fiscal celebrados entre los Estados de la Rep�blica con la Federaci�n.

    Lo anterior se corrobora de lo dispuesto en el art�culo 1o. de la Ley de Coordinaci�n F. que se�ala:

    "Art�culo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federaci�n con los de los Estados, Municipios y Distrito F., establecer la participaci�n que corresponda a sus haciendas p�blicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci�n administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinaci�n fiscal y dar las bases de su organizaci�n y funcionamiento.

    "Cuando en esta ley se utilice la expresi�n ?entidades?, �sta se referir� a los Estados y al Distrito F..

    La S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� convenio con los Estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. que establece esta ley. Dichos Estados y el Distrito F. participar�n en el total de impuestos federales y en los otros ingresos que se�ale esta ley mediante la distribuci�n de los fondos que en la misma se establecen.

    Ahora bien, estas participaciones federales a los Estados y Municipios que en t�rminos de la fracci�n IV inciso b) del art�culo 115 constitucional forman parte de las haciendas municipales, est�n previstas en el Ramo 00028 del presupuesto de egresos federal y dichos recursos los Municipios podr�n administrarlos libremente una vez que la Legislatura Local en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b) lo determine, y por ende formen parte de su hacienda, como se desprende del texto del art�culo 6o. de la Ley de Coordinaci�n F. que a la letra se�ala:

    "Art�culo 6o. Las participaciones federales que recibir�n los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca ser�n inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habr� de cubr�rselas. Las Legislaturas Locales establecer�n su distribuci�n entre los Municipios mediante disposiciones de car�cter general.

    "La Federaci�n entregar� las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco d�as siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dar� lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Uni�n para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federaci�n har� la entrega directa a los Municipios descontando la participaci�n del monto que corresponda al Estado, previa opini�n de la Comisi�n Permanente de Funcionarios F.es.

    "Los Municipios recibir�n como m�nimo el 20% de la recaudaci�n que corresponda al Estado en los t�rminos del pen�ltimo y �ltimo p�rrafos del art�culo 2o. de esta ley.

    "Las participaciones ser�n cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podr�n ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el art�culo 9o. de esta ley. Los Gobiernos de los Estados publicar�n, cuando menos una vez al a�o en el Diario Oficial de la entidad, y en uno de los peri�dicos de mayor circulaci�n de la misma, las participaciones que correspondan, durante un a�o, a cada uno de sus Municipios."

    Cabe precisar que las partidas presupuestales del Ramo 00028 que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n corresponden a las entidades federativas y Municipios, tienen su origen en el Sistema de Coordinaci�n F. previsto por la Ley de Coordinaci�n F. por virtud del cual seg�n la exposici�n de motivos de la citada ley "... Los Estados de la Rep�blica, en ejercicio de su soberan�a, podr�n solicitar adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, la S.�a de Hacienda celebrar� con ellos, un convenio de coordinaci�n fiscal que les dar� derecho a participar en un Fondo General de Participaciones formado con el 13.0% de la recaudaci�n federal total que se incrementar� con el por ciento que represente en dicho ingreso de la Federaci�n la recaudaci�n de grav�menes locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en suspenso. Dicho fondo ser� distribuido entre los Estados conforme a las bases establecidas en la ley que se propone y que se desarrollen en los citados convenios. A cambio de esta participaci�n, los Estados no impondr�n grav�menes o los mantendr�n en suspenso, sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a impuestos participables, modalidad que no se hace extensiva en relaci�n a otros impuestos en los cuales no ha existido participaci�n a los Estados. ...", es decir, dicha partida obra en el presupuesto de egresos federal y no en el de cada entidad federativa por tratarse de una redistribuci�n de los ingresos que perciben los Municipios, los Estados y la Federaci�n por virtud de los Convenios de Coordinaci�n F. previstos en la ley en cita.

    Tal afirmaci�n se corrobora del texto del art�culo 10 de la Ley de Coordinaci�n F. que se�ala:

    "Art�culo 10. Los Estados que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F. para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo har�n mediante convenio que celebren con la S.�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, que deber� ser autorizado o aprobado por su legislatura. Tambi�n, con autorizaci�n de la legislatura podr�n dar por terminado el convenio.

    "...

    Los Estados que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., participar�n en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracci�n XXIX, del art�culo 73 constitucional, en los t�rminos que establecen las leyes respectivas.

    Del mismo modo, confirma lo anterior que en la exposici�n de motivos de la Ley de Coordinaci�n F. se estableciera lo siguiente:

    ... Los Estados de la Rep�blica, si as� lo prefieren, pueden no adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci�n F., en cuyo caso, podr�n establecer libremente los impuestos que estimen convenientes, salvo los se�alados en la fracci�n XXIX del art�culo 73 constitucional, en relaci�n con los cuales seguir�n recibiendo las participaciones se�aladas en las leyes federales. ...

    Asimismo, debe se�alarse que el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n tiene su fundamento constitucional en el art�culo 74, fracci�n IV de la Constituci�n F. que establece:

    "Art�culo 74. Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados:

    "...

    "IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, as� como revisar la cuenta p�blica del a�o anterior.

    "El Ejecutivo F. har� llegar a la C�mara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n a m�s tardar el d�a 15 del mes de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo, en la fecha prevista por el art�culo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

    "No podr� haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese car�cter, en el mismo presupuesto; las que emplear�n los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la Rep�blica.

    "La revisi�n de la cuenta p�blica tendr� por objeto conocer los resultados de la gesti�n financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios se�alados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

    "Si del examen que realice la Contadur�a M. de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificaci�n en los gastos hechos, se determinar�n las responsabilidades de acuerdo con la ley.

    "La cuenta p�blica del a�o anterior deber� ser presentada a la C�mara de Diputados del H. Congreso de la Uni�n dentro de los diez primeros d�as del mes de junio.

    S�lo se podr� ampliar el plazo de presentaci�n de la iniciativa de ley de ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos, as� como de la cuenta p�blica, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la C�mara o de la Comisi�n Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

    De lo anterior se advierte que corresponde exclusivamente a la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en el que se establecer� el ejercicio que ha de realizarse de los ingresos federales que el Congreso de la Uni�n en t�rminos del art�culo 73, fracciones XXIX y VII, determin� para cubrirlo.

    Lo se�alado se corrobora del texto del art�culo 1o. del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis que se�ala:

    Art�culo 1o. El ejercicio y control del gasto p�blico federal para el a�o de 1996, se realizar� conforme a las disposiciones de este decreto y a las dem�s aplicables en la materia.

    Ahora bien, los art�culos 25 y 73, fracciones XXV, XXIX-D, XXIX-E y XXX de la Constituci�n F. disponen:

    "Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral, que fortalezca la soberan�a de la naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constituci�n.

    "El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta Constituci�n.

    "Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la naci�n.

    "El sector p�blico tendr� a su cargo, de manera exclusiva, las �reas estrat�gicas que se se�alan en el art�culo 28, p�rrafo cuarto de la Constituci�n, manteniendo siempre el Gobierno F. la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

    "Asimismo podr� participar por s� o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las �reas prioritarias del desarrollo.

    "Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente.

    "La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

    "La ley alentar� y proteger� la actividad econ�mica que realicen los particulares y proveer� las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econ�mico nacional, en los t�rminos que establece esta Constituci�n."

    "Art�culo 73. El Congreso tiene facultad:

    "...

    "XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la Rep�blica escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigaci�n cient�fica, de bellas artes y de ense�anza t�cnica; escuelas pr�cticas de agricultura y de miner�a, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y dem�s institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la naci�n y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre monumentos arqueol�gicos, art�sticos e hist�ricos, cuya conservaci�n sea de inter�s nacional; as� como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federaci�n, los Estados y los Municipios el ejercicio de la funci�n educativa y las aportaciones econ�micas correspondientes a ese servicio p�blico, buscando unificar y coordinar la educaci�n en toda la Rep�blica. Los t�tulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtir�n sus efectos en toda la Rep�blica;

    "...

    "XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeaci�n nacional del desarrollo econ�mico y social.

    "XXIX-E. Para expedir leyes para la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.

    "...

    "XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constituci�n a los Poderes de la Uni�n."

    De los citados preceptos se advierte que corresponde a la Federaci�n, en el �mbito de sus respectivas autoridades, la coordinaci�n del desarrollo nacional, y legislar en materias que tengan como fin distribuir convenientemente entre la Federaci�n, entidades federativas y Municipios, los servicios educativos, p�blicos y econ�micos socialmente necesarios con el fin de hacer una distribuci�n m�s justa de la riqueza.

    Estos preceptos constitucionales, son la base del destino que la C�mara de Diputados F. determin� para los recursos federales del Ramo 00026 "S.�n de la Pobreza" previsto en el art�culo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis.

    Ahora bien, el art�culo 2o. del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, dispone lo siguiente:

    Art�culo 2o. En la ejecuci�n del gasto p�blico federal, las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal deber�n realizar sus actividades con sujeci�n a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto, que correspondan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

    Del mismo modo, en lo particular el art�culo 16 de dicho ordenamiento legal se�ala:

    "Art�culo 16. Las erogaciones previstas para el Ramo 00026 S.�n de la Pobreza, en el a�o de 1996, importan la cantidad de $11'000,000,000.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

    "Fondo de Desarrollo Social M. 7'150,000,000.00

    "Fondo de Prioridades Estatales 500'000,000.00

    "Fondo para la Promoci�n del Empleo y la Educaci�n. 3'350,000,000.00

    "La S.�a de Desarrollo Social definir� el esquema de operaci�n de los recursos del Ramo 00026 S.�n de la Pobreza, a efecto de garantizar congruencia y eficacia en la conducci�n de la pol�tica social a nivel nacional, y agilizar la transferencia de recursos a las entidades federativas para inducir la participaci�n de los Gobiernos Estatales y M. en la promoci�n del bienestar social. El control presupuestal se ejercer� por lasecretar�a.

    "El Fondo de Desarrollo Social M. se distribuir� entre las entidades federativas de acuerdo a una f�rmula basada en indicadores de pobreza entre Estados y Municipios. Antes del 31 de enero de 1996, la S.�a de Desarrollo Social dar� cuenta a las Comisiones de Programaci�n, Presupuesto y Cuenta P�blica y de Desarrollo Social, de la f�rmula y metodolog�a utilizada. Asimismo, antes de dicha fecha la S.�a de Desarrollo Social publicar� en el Diario Oficial de la Federaci�n la f�rmula y metodolog�a correspondiente, as� como la asignaci�n presupuestal para los Estados para 1996.

    "La S.�a de Desarrollo Social convendr� con los Estados en el marco de los Convenios de Desarrollo Social, la distribuci�n de los recursos del Fondo de Desarrollo Social M. con base en indicadores similares. La distribuci�n que resulte entre los Municipios deber� ser publicada en el correspondiente �rgano oficial de difusi�n del Gobierno Estatal a m�s tardar el 15 de febrero de 1996.

    "Los Municipios s�lo podr�n utilizar los recursos del Fondo de Desarrollo Social M. para inversiones en los siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinizaci�n; electrificaci�n; urbanizaci�n; apoyos, construcci�n y conservaci�n de infraestructura educativa b�sica; construcci�n y conservaci�n de infraestructura de salud; cr�dito a la palabra y construcci�n de caminos e infraestructura rural.

    "Conforme al Convenio de Desarrollo Social, los Gobiernos de los Estados y los Municipios ser�n los responsables de la correcta orientaci�n, destino y aplicaci�n de los recursos del Ramo 00026 S.�n de la Pobreza que se les asigne, as� como de su manejo transparente. Los recursos asignados a los Ayuntamientos ser�n ejercidos por �stos con la participaci�n de sus comunidades, teniendo la libertad de decidir su aplicaci�n entre los rubros que se indican en el p�rrafo anterior, dando prioridad a las obras en proceso y al mantenimiento de las ya terminadas. Asimismo, los Municipios tendr�n la obligaci�n de publicar el monto que les fue otorgado y las obras que se realizar�n con dichos recursos, especificando para tal efecto el presupuesto que se ejercer�.

    "Para asegurar el cumplimiento de las acciones de los Convenios de Desarrollo Social, la S.�a de Desarrollo Social efectuar� el seguimiento f�sico-financiero y la evaluaci�n del avance de las obras. Cuando se detecten desviaciones o incumplimiento de lo convenido, la S.�a de Desarrollo Social podr� suspender la radicaci�n de fondos federales e inclusive solicitar su reintegro. Para estos prop�sitos, los Estados y Municipios convendr�n con la propia S.�a de Desarrollo Social, establecer un registro p�blico de cada obra, que permita llevar a cabo una adecuada evaluaci�n.

    "Para el control de los recursos del Ramo 00026 S.�n de la Pobreza asignados a las entidades federativas, la contralor�a convendr� con los Gobiernos Estatales o sus dependencias facultadas en la materia, las actividades o programas que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, as� como del programa acordado en el marco del Convenio de Desarrollo Social. La S.�a de Desarrollo Social, la contralor�a y los Gobiernos Estatales y M. promover�n la participaci�n ciudadana en el destino, aplicaci�n y vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en materia de desarrollo social."

    De lo transcrito, se aprecia que la ejecuci�n del gasto p�blico federal corresponde a las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica federal y espec�ficamente en trat�ndose de los recursos correspondientes al Ramo 00026, "S.�n de la Pobreza" a la S.�a de Desarrollo Social.

    Lo as� asentado se confirma del texto del art�culo 32, fracciones I y II de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F. que se�ala:

    "Art�culo 32. A la S.�a de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

    "I.F., conducir y evaluar la pol�tica general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

    II. Proyectar y coordinar, con la participaci�n que corresponda a los Gobiernos Estatales y M., la planeaci�n regional.

    Por lo anterior, conforme a lo dispuesto en el art�culo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y las fracciones I y II del art�culo 32 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F., el secretario de Desarrollo Social elabor� el acuerdo mediante el cual se determina la f�rmula, metodolog�a y distribuci�n de las asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo Social M. del Ramo 00026, S.�n de la Pobreza, entre las entidades federativas para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el cinco de enero de mil novecientos noventa y seis, con base en las directrices que la C�mara de Diputados fij� en el art�culo 16 del presupuesto de egresos federal en uso de la facultad exclusiva que le confiere el art�culo 74, fracci�n IV, de la Constituci�n F., en los siguientes t�rminos:

  3. La distribuci�n de los recursos del Ramo 00026 en tres fondos. Fondo de Desarrollo Social M., Fondo de Prioridades Estatales y Fondo para la Promoci�n del Empleo y la Educaci�n.

  4. Los fines que debe perseguir el esquema de operaci�n de los recursos del Ramo 00026 a los que debe de sujetarse la S.�a de Desarrollo Social.

  5. La forma en que los recursos del Fondo de Desarrollo Social M. se distribuir�n entre las entidades federativas, de acuerdo a la f�rmula que elabore la S.�a de Desarrollo Social.

  6. Que dicha f�rmula se base en indicadores de pobreza entre Estados y Municipios.

  7. Que se publique esa f�rmula en el Diario Oficial de la Federaci�n.

  8. Que antes de publicarse la f�rmula debe darse cuenta de ella a las Comisiones de Programaci�n, Presupuesto y Cuenta P�blica y de Desarrollo Social de la propia C�mara de Diputados.

  9. Que la S.�a de Desarrollo Social queda facultada para convenir con las entidades federativas la distribuci�n de los recursos del Fondo de Desarrollo Social M..

  10. Los rubros en los que podr�n utilizarse los recursos federales del Ramo 00026.

  11. Los mecanismos del control, seguimiento y evaluaci�n del ejercicio del gasto p�blico federal correspondiente al Ramo 00026.

    Por otro lado, los art�culos 16, p�rrafo cuarto del Presupuesto de Egresos F. para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, 22, 32, fracciones II, III, V y XVII, de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F. y 116, fracci�n VII, de la Constituci�n F., disponen:

    "Art�culo 16. ...

    "La S.�a de Desarrollo Social convendr� con los Estados en el marco de los Convenios de Desarrollo Social, la distribuci�n de los recursos del Fondo de Desarrollo Social M. con base en indicadores similares. La distribuci�n que resulte entre los Municipios deber� ser publicada en el correspondiente �rgano oficial de difusi�n del Gobierno Estatal a m�s tardar el 15 de febrero de 1996."

    "Art�culo 22. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos podr� celebrar convenios de coordinaci�n de acciones con los Gobiernos Estatales, y con su participaci�n, en los casos necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas."

    "Art�culo 32. A la S.�a de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

    "...

    "II. Proyectar y coordinar, con la participaci�n que corresponda a los Gobiernos Estatales y M., la planeaci�n regional;

    "III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo F. convenga con los Gobiernos Estatales y M., buscando en todo momento propiciar la simplificaci�n de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;

    "...

    "V. Evaluar la aplicaci�n de las transferencias de fondos en favor de Estados y Municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los t�rminos de las fracciones anteriores;

    "...

    "XVII. Los dem�s que le fijen expresamente las leyes y reglamentos."

    "Art�culo 116. El poder p�blico de los Estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

    "Los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas:

    "...

    "VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario.

    Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior.

    Con base en dichos dispositivos legales, el Ejecutivo F. celebr� con el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas el Convenio de Desarrollo Social mil novecientos noventa y seis con objeto de que el Gobierno Estatal, por conducto de los Municipios integrantes del Estado, asumiera la ejecuci�n y operaci�n de las obras y servicios p�blicos que la C�mara de Diputados, en el art�culo 16 del Presupuesto de Egresos F. para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, determin� deb�an realizarse en la ejecuci�n de los recursos federales del Ramo 00026 combate a la pobreza.

    Lo anterior se confirma del an�lisis de las cl�usulas primera y d�cima de dicho convenio que se�ala:

    "Primera. El Ejecutivo F. y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas celebran el presente convenio que tiene como objeto coordinar la ejecuci�n de acciones y la aplicaci�n de recursos para llevar a cabo la pol�tica para la S.�n de la Pobreza en la entidad e impulsar el desarrollo regional y social, con el prop�sito de alcanzar la igualdad de oportunidades, elevar los niveles de bienestar, y la calidad de vida de la poblaci�n y de manera prioritaria, disminuir la pobreza; fortalecer la participaci�n social en las acciones de gobierno, y otorgar un mayor dinamismo al sistema federal, mediante la descentralizaci�n de programas de desarrollo social financiados con recursos presupuestales del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?."

    "D�cima. Con el objeto de dar cumplimiento a los postulados del nuevo federalismo, el Ejecutivo F., por conducto de la S.�a de Desarrollo Social descentralizar� programas y recursos del Fondo de Desarrollo Social M. previsto en el Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, en favor del Estado y, por conducto de �ste, a los Municipios."

    En este punto, cabe precisar que toda vez que el objeto del citado convenio fue la asunci�n por parte del Estado de Tamaulipas por conducto de sus Municipios de la ejecuci�n de recursos federales en t�rminos del art�culo 116, fracci�n VII, de la Constituci�n F., el citado convenio se celebr� con el Ejecutivo Estatal sin que en modo alguno participara el Congreso Estatal en su determinaci�n por no referirse a ingresos que integren las haciendas municipales en t�rminos del art�culo 115 de la propia Ley Fundamental.

    De lo expuesto con anterioridad, se concluye que toda vez que la partida presupuestaria correspondiente al Ramo 00026 "S.�n de la Pobreza" del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, se refiere a recursos federales, cuya ejecuci�n corresponde a las autoridades federales en t�rminos del art�culo 2o. del propio Presupuesto de Egresos de la Federaci�n y espec�ficamente a la S.�a de Desarrollo Social, en t�rminos del art�culo 16 del citado presupuesto y 32 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica F., adem�s, atendiendo a que dichos recursos no fueron determinados como ingresos del Municipio actor por la Legislatura Local quien es la �nica facultada para determinar las participaciones federales que corresponden a los Municipios, en t�rminos del art�culo 115, fracci�n IV, inciso b), de la Constituci�n General de la Rep�blica, debe estimarse que los citados recursos no forman parte de la hacienda municipal del Municipio de T., Tamaulipas, y por ende, el establecimiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, en la ley impugnada, no viola la libertad hacendaria del Municipio actor, toda vez que los citados consejos conforme el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, tienen como funciones planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, los que como se ha precisado no forman parte de la hacienda municipal del Municipio actor.

    Por lo anterior, tambi�n resulta infundado lo alegado por el Municipio actor en el sentido de que toda vez que desde el primero de enero de mil novecientos noventa y seis, fecha en que inici� la vigencia del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, naci� el derecho del citado Municipio para recibir los recursos correspondientes al Ramo 00026, la ley impugnada al regular dichos derechos que ya hab�an nacido vulnera en su perjuicio la garant�a de la no retroactividad de la ley.

    En efecto, si como se ha precisado, los multicitados recursos del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, no forman parte de la hacienda municipal de la actora, es inexacto que desde que inici� la vigencia del citado ordenamiento el Municipio tuviera alg�n derecho respecto de los referidos recursos, por lo que no puede sostenerse que la ley impugnada se le aplique en forma retroactiva por pretender regular un derecho nacido con anterioridad a su entrada en vigencia.

    En segundo t�rmino, se procede al an�lisis del concepto de invalidez en el que se sostiene que la creaci�n de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, que tienen como funciones planear, programar, operar, controlar, y participar en la formulaci�n de obras, proyectos y acciones vulnera en perjuicio del Municipio actor el art�culo 115, en sus fracciones V y VI, toda vez que corresponde al Municipio y no a dichos consejos formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal, as� como planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de los centros urbanos que tienden a formar una continuidad demogr�fica.

    El art�culo 115, fracciones V y VI de la Constituci�n F., se�alan:

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "...

    "V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

    VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

    De lo anterior se concluye que si bien es cierto, como lo aduce la actora, los Municipios est�n facultados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal, tambi�n lo es que en t�rminos de la fracci�n II del citado art�culo 115 de la Constituci�n F., dicha facultad debe regirse por las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados, por lo que tal facultad no corresponde originalmente a los Ayuntamientos, sino que la tienen derivada, por lo que su desempe�o debe someterse a las bases normativas que establecen las legislaturas de las entidades federativas.

    Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXIX/96 sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, visible a fojas 179, Tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n que, a la letra, se�ala:

    MUNICIPIOS. EST�N FACULTADOS PARA EXPEDIR REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVOS A SU DESARROLLO URBANO, PERO DE ACUERDO CON LAS BASES NORMATIVAS QUE DEBER�N ESTABLECER LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS.-Si bien de lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n V, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los Municipios est�n facultados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales, y controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales, de conformidad con los fines del art�culo 27 constitucional, de acuerdo con la fracci�n II del mismo precepto fundamental, esa facultad debe regirse por las bases normativas que deber�n establecer las Legislaturas de los Estados. Por consiguiente, tal facultad no corresponde originalmente a los Ayuntamientos, sino que la tienen derivada, esto es, que su desempe�o debe someterse a las bases normativas que establezcan las legislaturas de las entidades federativas, apoyadas en las mencionadas fracciones del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica.

    Corrobora lo dicho el texto de los art�culos 182 y 183 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas que, a la letra, se�alan:

    "Art�culo 182. Los Municipios, para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, formular�n planes y programas de desarrollo, considerando los Sistemas Nacional y Estatal de Planeaci�n Democr�tica. Los Ayuntamientos ser�n los responsables de conducir la planeaci�n del desarrollo de los Municipios con la participaci�n democr�tica de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

    "En consecuencia, en el proceso de instrumentaci�n del plan municipal tendr� lugar la participaci�n de los diversos grupos sociales, con el prop�sito de que la poblaci�n exprese sus opiniones en las etapas de elaboraci�n, actualizaci�n y ejecuci�n, as� como de los programas que de �l se deriven."

    Art�culo 183. Los Ayuntamientos deber�n formular, aprobar y publicar los respectivos Planes M. de Desarrollo, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de toma de posesi�n, y su vigencia no exceder� del periodo que les corresponda, aunque podr�n tener consideraciones y proyecciones a largo plazo,debiendo remitirse al Congreso y al Ejecutivo para su conocimiento y publicaci�n en el P.�dico Oficial del Estado, y establecer la debida congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

    Por lo anterior, toda vez que la facultad de los Municipios para expedir los planes de desarrollo urbano municipal debe regirse por las normas que deben establecer las Legislaturas de los Estados, y en el caso la Legislatura del Estado de Tamaulipas expidi� la Ley de Planeaci�n de dicho Estado cuyos art�culos 1o., fracciones I y IV y 5o. se�alan:

    "Art�culo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden p�blico e inter�s social, y tienen por objeto establecer:

    "I. Las normas y principios b�sicos conforme a los cuales se planear� el desarrollo de la entidad y se encauzar�n las actividades de la administraci�n p�blica estatal y municipal;

    "...

    "IV. Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeaci�n con los Municipios, conforme a la legislaci�n aplicable."

    Art�culo 5o. Es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la planeaci�n del desarrollo de los Municipios, contando con la participaci�n democr�tica de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y el C�digo M..

    Debe concluirse que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social creados en la reforma al art�culo 51 de la citada Ley Estatal de Planeaci�n, no vulneran en perjuicio del Municipio actor el art�culo 115, fracci�n V de la Constituci�n F., ni la fracci�n VI del citado precepto, pues dichas facultades, se reitera, deben regirse por las normas que para tal efecto dicte la Legislatura del Estado como lo es la Ley Estatal de Planeaci�n.

    Por �ltimo, se procede al an�lisis del concepto de invalidez en que se plantea que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social contemplados en la ley impugnada constituyen una autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Estado por lo que resultan inconstitucionales a la luz del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    La determinaci�n de qu� es autoridad intermedia para los efectos del art�culo 115 constitucional es fundamental, pues en el concepto de invalidez referido se pretende que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social contemplados en los ordenamientos cuya invalidez se demanda tienen ese car�cter, viol�ndose en consecuencia dicho precepto.

    Debe precisarse, ante todo, que el concepto de autoridad intermedia no se encuentra expresamente se�alado en el texto constitucional y, por ello, su determinaci�n resulta compleja.

    Sin embargo, diferentes interpretaciones que llegan a conclusiones espec�ficas diversas, son coincidentes en la conclusi�n gen�rica relativa a que los consejos de desarrollo de que se trata no son autoridades intermedias y, por tanto, los ordenamientos que los crean y regulan no violan el art�culo 115 de la Constituci�n.

    En primer lugar, se pasa a hacer un an�lisis general de la fracci�n I del citado art�culo 115 constitucional, y se dan los antecedentes constitucionales y legislativos que motivaron la prohibici�n de la autoridad intermedia, para posteriormente proceder a realizar el estudio del caso concreto con base en las diferentes interpretaciones que se tienen respecto de la autoridad intermedia.

    El citado dispositivo fundamental en su fracci�n I establece:

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado."

    De la disposici�n constitucional transcrita se advierte que cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

    La prohibici�n de autoridad intermedia entre Estado y Municipio, a que se refiere la disposici�n fundamental de referencia, pretende evitar la subsistencia de sistemas viciados que elevaban a ciertas personas "de confianza", como los llamados "jefes pol�ticos" o "prefectos", a la calidad de intercesores que, validos de su influencia con los gobernadores, predominaban sobre los mandatarios electos popularmente en el Municipio.

    Los antecedentes constitucionales, legislativos e hist�ricos de los que se tiene conocimiento sobre la autoridad intermedia, a saber, son los siguientes:

    Seg�n apunta la historia, la instituci�n de los jefes pol�ticos tuvo su origen en la Constituci�n Gaditana de mil ochocientos doce, la que a su vez sigui� el modelo franc�s de la �poca napole�nica. El antecedente franc�s consagr�, en la �poca moderna, ese r�gimen que intercepta las relaciones entre la vida local y la autoridad central, mediante una autoridad intermedia, colocada sobre el Ayuntamiento y bajo la dependencia directa del gobierno. Napole�n B. hab�a realizado esta centralizaci�n administrativa, con una variante que se ha conocido como organizaci�n descentralizada.

    El Estado ejerce el control y el Ayuntamiento conserva su autonom�a bajo tales limitaciones. El sistema fue implantado por Napole�n al crear la instituci�n de las prefecturas, por las cuales el prefecto, como delegado del Poder Ejecutivo, administraba el departamento y el subprefecto, como delegado del prefecto, administraba el distrito.

    La Carta Constitucional, dada por L.X. en mil ochocientos catorce, confirm� la existencia del r�gimen de prefecturas en Francia y hab�a de dar lugar a la expedici�n de instrucciones a los prefectos, como las que se dictaron en mil ochocientos quince y mil ochocientos diecis�is.

    En el imperio espa�ol, la Constituci�n de C�diz, al introducir las jefaturas pol�ticas, copi� el modelo franc�s, regulando la organizaci�n y funcionamiento de los Ayuntamientos por el cap�tulo I del t�tulo IV que lleva la denominaci�n siguiente: "Del gobierno y administraci�n de los pueblos.".

    En la Constituci�n expedida por las Cortes Espa�olas, dispon�a la existencia de Ayuntamientos para el gobierno interior de los pueblos, debiendo integrarse por alcaldes, regidores, un procurador y un s�ndico, presididos por el jefe pol�tico donde lo hubiese o, en su defecto, por el alcalde. Cada provincia estaba a cargo de un jefe pol�tico y de la diputaci�n respectiva, compuesta de su presidente, que lo era el jefe pol�tico, del intendente y de siete individuos. Las funciones de la diputaci�n a m�s de pol�ticas, eran de naturaleza predominantemente hacendaria y en el caso de la provincia de M�xico, tanto el jefe pol�tico como los diputados provinciales, resid�an en la capital.

    As� se desprende de la Constituci�n Pol�tica de la Monarqu�a Espa�ola de marzo dieciocho de mil ochocientos doce, en sus art�culos 46, 67, 81, 309, 324, 325, 332 y 337.

    As�, la figura del jefe pol�tico se instituye en nuestro pa�s con motivo de la Constituci�n de C�diz, y que sirve de antecedente y base para la emisi�n de los siguientes ordenamientos en que se reglamenta dicha figura y que son: decreto de veintitr�s de mayo de mil ochocientos doce relativo a la "Formaci�n de los Ayuntamientos Constitucionales" (art�culo VII); orden n�mero 105 de "Los jefes pol�ticos no tienen voto en los Ayuntamientos; pero s� los alcaldes y procuradores s�ndicos"; e, "Instrucci�n para el gobierno econ�mico-pol�tico de las provincias, decretada por las Cortes Generales y Extraordinarias" (art�culos 2o., 3o., 6o., 7o., 9o., 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 y cap�tulo III, art�culos I al XXXV), de veintitr�s de junio de mil ochocientos trece.

    De los ordenamientos antes citados destaca lo siguiente:

    En un principio, el gobierno pol�tico de las provincias resid�a en el jefe superior nombrado por el rey en cada una de ellas, y en cada provincia hab�a una diputaci�n llamada provincia presidida por ese jefe superior ante quien tomaban protesta del cargo los alcaldes, quien tambi�n deb�a atender el orden, seguridad de las personas y de sus bienes, de la ejecuci�n de las leyes y �rdenes del gobierno y en general todo lo relativo al orden p�blico y prosperidad de la provincia. Asimismo, para el gobierno interior de los pueblos se preve�an los Ayuntamientos compuestos por el alcalde o alcaldes, regidores y procurador s�ndico, quienes estaban presididos por el jefe pol�tico; los jefes pol�ticos ten�an diversas funciones, entre otras, las de tomar protesta a los integrantes de los Ayuntamientos (salvo la de los alcaldes que correspond�a al jefe superior) y de los miembros de las diputaciones provinciales, presidir las juntas de parroquia con asistencia del cura o p�rroco, as� como presidir las juntas electorales de partido.

    Adem�s, tocante a los jefes pol�ticos de provincia, en la instrucci�n para el gobierno pol�tico-econ�mico de las provincias, se establec�an ciertas obligaciones a cargo de los Ayuntamientos que constitu�an, correlativamente, facultades de los citados jefes pol�ticos, entre otras, las siguientes: los Ayuntamientos ten�an obligaci�n de enviarles peri�dicamente una nota relativa a informaci�n del registro civil (nacidos, casados y fallecimientos), as� como en caso de enfermedades reinantes o epid�micas para que el jefe pol�tico tomara las medidas pertinentes; ten�a que inform�rsele tambi�n lo inherente a caminos, calzadas, acueductos u otras cualesquiera obras p�blicas de la provincia para su conocimiento y atenci�n para el conveniente remedio; los Ayuntamientos tendr�an a su cargo aquella intervenci�n que le asignara el jefe pol�tico en esta materia; se le ten�a que dar aviso, para su remedio, de los abusos que se dieran en cuanto a hospitales y casas de exp�sitos o de beneficencia a cargo de los Ayuntamientos; en caso de que �stos tuvieran necesidad de recursos econ�micos adicionales a los que les eran asignados, para gastos p�blicos o de utilidad com�n, deber�an acudir al jefe pol�tico quien lo comunicar�a a la diputaci�n provincial; los informes de cuentas anuales de los Ayuntamientos, del estado en que se hallen los objetos puestos a su cuidado y de la renovaci�n de sus integrantes, deb�an informarse directamente al jefe pol�tico; los vecinos que se sintieran agraviados por providencias econ�micas o gubernativas dadas por el Ayuntamiento, deb�an acudir al jefe pol�tico para su resoluci�n; todo lo relativo a bagajes, alojamientos y dem�s suministros para la tropa deb�an hacerse siguiendo las �rdenes del jefe pol�tico superior o del subalterno.

    Sumado a todo lo anterior, en caso de amenaza los jefes pol�ticos pod�an tener temporalmente, adem�s del mando pol�tico, el mando militar; ten�an el car�cter de se�or�a u otro mayor o de excelencia; pod�an continuar en el mando por tiempo indeterminado, y s�lo pod�an ser removidos o trasladados a voluntad y juicio del gobierno; ten�a que cuidar del legal nombramiento de los Ayuntamientos y de las elecciones relativas; presid�a el Ayuntamiento pero sin voto, salvo en casos de empate; como presidente de la diputaci�n provincial ten�a que cuidar que se guardara el orden en la provincia para los negocios y para el cumplimiento de las obligaciones y encargos; el jefe pol�tico era el �nico conducto de comunicaci�n entre los Ayuntamientos y la diputaci�n provincial y entre �sta y el gobierno; s�lo el jefe pol�tico pod�a circular las leyes y decretos del gobierno; eran considerados como primeros agentes del gobierno en las provincias pudiendo ejercer incluso algunas facultades del rey; le compet�a remitir al gobierno la informaci�n del registro civil de las provincias, de los problemas de sanidad que se gestaran y de los que se suscitaren con motivo de las elecciones en los Ayuntamientos; le correspond�a aprobar ciertas cuentas p�blicas de los Ayuntamientos con el visto bueno de la diputaci�n provincial y, en su caso, dar cuenta al gobierno con ellas; deb�a proponer al gobierno los planes convenientes para el fomento de la agricultura, industria, comercio y todo lo que estimara conveniente para el beneficio de la provincia; le correspond�a visar, y expedir los pasaportes en las provincias fronterizas y lo inherente a la salida y entrada de nacionales y extranjeros; cuidar del plan estad�stico de la provincia que �l deb�a remitir al gobierno; el jefe pol�tico ten�a la facultad de presidir todas las funciones p�blicas.

    Posteriormente a los ordenamientos antes se�alados, con motivo de las leyes constitucionales de mil ochocientos treinta y seis, particularmente la ley sexta, se instituy� que la Rep�blica se divid�a en departamentos, �stos en distritos y finalmente �stos en partidos, y que el gobierno interior de los departamentos estaba a cargo de los gobernadores con sujeci�n al gobierno general, los distritos a cargo de los prefectos y los partidos a cargo de los subprefectos.

    Con esta reforma constitucional se introduce la figura del prefecto y del subprefecto, que se reglamenta, en lo que interesa, en los art�culos 1o., 4o., 7o., 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 y 31, de la sexta ley.

    Conforme a estas disposiciones, el gobernador ten�a la facultad de nombrar a los prefectos y de aprobar el nombramiento de los subprefectos del departamento.

    A los prefectos correspond�a cuidar en su distrito del orden y tranquilidad p�blica, con entera sujeci�n al gobernador; de cumplir y hacer cumplir las �rdenes del gobierno particular del departamento; y, velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, y en general, sobre todo lo concerniente al ramo de polic�a.

    Las funciones del subprefecto en el partido, eran las mismas que las del prefecto en el distrito, pero con sujeci�n a �ste y, por su medio, al gobernador.

    Se preve�an los Ayuntamientos en las capitales de departamento, cuya integraci�n se fijaba por las Juntas Departamentales respectivas y con acuerdo del gobernador. En esta �poca los Ayuntamientos ten�an a su cargo cuidar de las c�rceles, hospitales y casas de beneficencia p�blicas, escuelas de primera ense�anza, construcci�n y reparaci�n de puentes, calzadas y caminos, y de ciertas recaudaciones, as� como promover la agricultura, industria y comercio, y auxiliar a los alcaldes en la conservaci�n de la tranquilidad y orden p�blico del vecindario.

    Los alcaldes ten�an facultades judiciales pero con sujeci�n a los subprefectos y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

    Los Jueces de Paz eran propuestos por los subprefectos, nombrados por el prefecto y aprobados por el gobernador; estos Jueces deb�an actuar con sujeci�n a los subprefectos y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

    Con la ley de veinte de marzo de mil ochocientos treinta y siete, que contiene el "Reglamento Provisional para el Gobierno Interior de los Departamentos", concretamente en sus art�culos 1o., 3o., 8o., 17, 61 al 109, 134, 141, 143, 157, 159 y 164, se dispuso que el gobierno interior de los Departamentos estaba a cargo de los gobernadores, Juntas Departamentales, prefectos, subprefectos, Ayuntamientos, alcaldes y Jueces de Paz.

    A los gobernadores correspond�a nombrar a los prefectos y aprobar el nombramiento de los subprefectos del departamento, y confirmar el de los Jueces de Paz y remover a cualquiera de estos funcionarios. Los gobernadores eran el conducto ordinario de comunicaci�n entre los Supremos Poderes de la naci�n y las Juntas Departamentales, y entre �stas y las autoridades de los Departamentos.

    A los prefectos correspond�a cuidar en su distrito del orden y tranquilidad p�blica, con entera sujeci�n al gobernador; publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso que reciba del gobernador y circularlos oportunamente a las poblaciones del distrito, por medio de los subprefectos; y, cumplir y hacer cumplir los decretos y �rdenes del gobierno general, las disposiciones de la Junta Departamental y del respectivo gobernador.

    Tambi�n los prefectos pod�an imponer multas; recibir las quejas en contra de los funcionarios del gobierno del distrito; resolver gubernativamente dudas sobre las elecciones de Ayuntamientos y admitir o no las renuncias de sus miembros o de los Jueces de Paz; expedir orden de cateo; destinar a los vagos, ociosos y sin oficio conocido, previa anuencia del gobernador, a los establecimientos respectivos o a los obrajes o haciendas de labor; excitar a los tribunales para la pronta y recta administraci�n de justicia; procurar que no falten escuelas y que haya asistencia puntual de los ni�os, as� como cuidar de la buena conducta y moral de los maestros; conced�an o negaban la licencia a menores para contraer matrimonio; proponer al gobernador cuantas medidas se estimaran necesarias para el fomento de la agricultura, industria, instrucci�n y beneficencia p�blica, y para la ejecuci�n de obras de utilidad com�n y de reparaci�n; arreglar gubernativamente el repartimiento de tierras comunes en los pueblos del distrito; cuidar que los subprefectos, Ayuntamientos y Jueces de Paz cumplieran con sus obligaciones; vigilar la administraci�n e inversi�n de ciertos fondos de los pueblos; dictaban las providencias necesarias para proporcionar bagajes, alojamientos y dem�s suministros que deban hacerse a las tropas; visitar sus distritos e informar sobre su estado al gobernador pudiendo tomar por s� las medidas convenientes para corregir los abusos que noten; presidir en las asistencias p�blicas a todas las autoridades del distrito; presidir, sin voto, el Ayuntamiento, pero podr�n decidir en caso de empate; eran el conducto ordinario de comunicaci�n entre el gobernador y las autoridades subalternas del distrito.

    Los subprefectos deb�an actuar con sujeci�n al gobernador pero por medio del prefecto; los Ayuntamientos ten�an a su cargo diversas materias pero con sujeci�n al subprefecto y por su medio con sujeci�n al prefecto y al gobernador; los Ayuntamientos ten�an que dar aviso a los subprefectos de enfermedades reinantes en la demarcaci�n para que por su medio se ministraran los auxilios necesarios, y deb�an remitir peri�dicamente al mismo datos del registro civil para que se hicieran llegar al gobernador; los alcaldes deb�an rendir juramento ante los prefectos.

    Finalmente, conforme al Reglamento del Cuerpo de Polic�a M. de Vigilantes Diurnos, en sus art�culos 2o., 4o., 5o., 6o., 27 y 28, publicado el siete de abril de mil ochocientos treinta y ocho, y el ordenamiento "Sobre que toca a los prefectos conceder licencias temporales a los Jueces de Paz" de fecha treinta de octubre de mil ochocientos treinta y ocho, a los prefectos correspond�a nombrar a los polic�as municipales y determinar en general todo lo inherente a este cuerpo de seguridad, y otorgar las licencias a los Jueces de Paz.

    De las disposiciones anteriormente destacadas se retomaron diversas cuestiones en ordenamientos posteriores, como lo es en el decreto de gobierno del once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres, sobre las facultades de los gobernadores de los Estados, en el que, en su art�culo 1o., fracciones XVII, XXI a XXIII, en lo conducente y a prop�sito de los llamados jefes pol�ticos, se dispon�a que �stos ten�an ciertas facultades para suspender y remover a los Ayuntamientos y a sus individuos, as� como nombrarlos en determinadas circunstancias, correspondi�ndoles, adem�s, admitir o no las renuncias de los integrantes de los Ayuntamientos y aprobar los contratos que estos �ltimos celebraran, sin cuyo requisito carec�an de todo valor, y autorizar los gastos extraordinarios que aqu�llos requirieran.

    Asimismo, tocante a los prefectos, en el Estatuto Org�nico Provisional de mil ochocientos cincuenta y seis, en sus art�culos 28, 29, 33 al 38, tambi�n se reglamentaron sus facultades, concretamente y en lo que interesa para el presente estudio, se dispon�a que los prefectos eranlos delegados del emperador para administrar los departamentos cuyo gobierno se les encomendaba; contaban con un Consejo de Gobierno Departamental compuesto del funcionario judicial m�s caracterizado, del administrador de rentas, de un propietario agricultor, de un comerciante y de un minero o industrial; estos prefectos eran nombrados por el emperador; contaban con subprefectos que eran sus representantes en su respectivo departamento; se dispon�a que los alcaldes que estaban a cargo de la administraci�n municipal eran nombrados y removidos por el emperador, pero los dem�s integrantes del Ayuntamiento por el prefecto del departamento respectivo.

    Teniendo como premisas todas las disposiciones antes se�aladas, se emitieron diversos ordenamientos de car�cter local, tanto en el Distrito F. como en los Estados de la Rep�blica, en los que se preve�a de una u otra manera la figura del jefe pol�tico o prefecto, en otros casos como intendentes, con similares facultades y funciones de las anteriormente precisadas que se contienen en las disposiciones que se han venido detallado en la presente resoluci�n.

    As�, por ejemplo, en el Distrito F. se expidieron numerosas disposiciones; en lo que respecta a la integraci�n del poder municipal, con fecha cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta y uno, se expidi� un decreto sobre elecciones, que dispon�a que el Ayuntamiento de la capital estuviera compuesto por veinte regidores y dos procuradores de la ciudad, presidido por el primer regidor y, en su defecto, por el que le siguiera en orden de numeraci�n. Las dem�s poblaciones del distrito, cuyo censo fuera no menor de cuatro mil habitantes, deb�an contar tambi�n con sus respectivos Ayuntamientos, integrados por siete regidores y un procurador.

    El territorio del Distrito F., por decreto de seis de mayo de mil ochocientos sesenta y uno, qued� dividido en las siguientes secciones:

    1. M.idad de M�xico.

    2. Partido de G.H..

    3. Partido de Xochimilco.

    4. Partido de Tlalpan.

    5. Partido de Tacubaya.

    En cada uno de estos partidos hab�a prefectos. El gobernador del distrito, con ampl�simas atribuciones, demarcaba las poblaciones, villas y barrios correspondientes a cada partido, les formaba sus presupuestos, nombraba y remov�a a los prefectos y en la M.idad de M�xico desempe�aba las funciones de autoridad local. El prefecto de cada partido era presidente nato de su respectivo Ayuntamiento y jefe de la Polic�a.

    Asimismo, en el Estado de Aguascalientes hab�a la Ley Org�nica para la Divisi�n Territorial y R�gimen Interior del Estado, de trece de febrero de mil ochocientos setenta y cuatro, en la que, en sus art�culos 52, 53, 58, fracciones I, II y III y 62, se preve�a la existencia de los jefes pol�ticos, estableci�ndose sus facultades, entre las que destacaba que �stos eran el conducto indispensable de comunicaci�n entre los Municipios del partido bajo su mando, para con el gobierno.

    De igual manera se cita como ejemplo el Estado de Chiapas, en el que igualmente se reglamentaba la existencia y atribuciones de los jefes pol�ticos, concretamente en los art�culos 47, fracci�n I y 52 de su Constituci�n Pol�tica de quince de noviembre de mil ochocientos noventa y tres; art�culo �nico de la ley de trece de noviembre de mil ochocientos noventa y tres; art�culo 1o. de la ley de veintinueve de diciembre de mil ochocientos noventa y tres; art�culos 1o., 2o. y 3o., fracciones I, II y III, de la Ley Reglamentaria de la Administraci�n Pol�tica de los Departamentos y Municipios de quince de enero de mil ochocientos sesenta y dos. Adem�s de las anteriores disposiciones, en el Estado de Chiapas exist�an otras que reglamentaron la figura de los jefes pol�ticos, a saber: reformas a la ley de quince de enero de mil ochocientos setenta y cuatro; decreto de diecinueve de enero de mil ochocientos ochenta y cinco; ley de treinta de octubre de mil ochocientos setenta y tres; ley de veintisiete de noviembre de mil ochocientos sesenta; ley de veinticuatro de diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho; y otras leyes y circulares.

    Conforme a todos estos antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos, desde la Constituci�n de C�diz hasta la Constituci�n de mil novecientos diecisiete, se instituy� y tuvo vigencia la figura del jefe pol�tico o prefecto, en quien reca�a un c�mulo crecido de facultades, funciones, obligaciones y responsabilidades, que lo distingu�an y pon�an en un plano de superioridad frente a todas las autoridades de car�cter local que exist�an o que fueron d�ndose durante el periodo que enmarcan las Constituciones citadas.

    Por una parte, estos funcionarios eran nombrados directamente, seg�n la etapa hist�rica, por el rey, por los gobernadores o por el emperador, a quien deb�an obediencia plena y rend�an informe de los gobiernos interiores de las regiones que se les encomendaban, que, seg�n tambi�n la �poca y la forma en que el territorio se divid�a para su gobierno, a los jefes pol�ticos y prefectos correspond�an las provincias, distritos o departamentos.

    Dentro de este esquema de supra-subordinaci�n que los jefes pol�ticos y prefectos ten�an con relaci�n a quien los nombraba, ten�an la obligaci�n y responsabilidad de gobernar aquellas regiones que les eran asignadas y respecto de las cuales ten�an que rendir informe a su superior que los designaba, y de quien recib�an �rdenes para llevar a cabo las pol�ticas de cualquier �ndole en las zonas en que ejerc�an autoridad, de tal manera que constitu�an la autoridad inmediata para la ejecuci�n y aplicaci�n de las �rdenes del rey, gobernador o emperador, en cada una de las regiones. As� pues, en este patr�n piramidal, estos �ltimos lograban centralizar las decisiones y pol�ticas que deb�an aplicarse en las provincias, distritos o departamentos y, as�, consecuentemente, en todo el territorio en general.

    En esas circunstancias, las jefaturas y prefecturas se identifican de manera destacada en los reg�menes centralistas, en los que la toma de decisiones y planes de ejecuci�n surg�an precisamente del poder central y se llevaban a su t�rmino a trav�s de estas figuras, que permit�an efectivamente un control directo del gobierno de todas las regiones del pa�s, sujetos as� a un mando central.

    Por otro lado, los jefes pol�ticos y prefectos, contaban con ampl�simas facultades, tanto de car�cter pol�tico, gubernativo, social, administrativo, hacendario, religioso, electoral, y de toda �ndole, que no se limitaba a una cuesti�n propia o interna de la jefatura o prefectura, sino que abarcaba todo lo inherente al gobierno interno de la provincia, distrito o departamento, seg�n el caso, y que, dada esa amplitud de atribuciones y, consecuentemente, de funciones, implicaba en esos �mbitos de gobierno a las autoridades locales y particularmente a la de los Ayuntamientos, de tal manera que las atribuciones de estos �ltimos se ve�an de tal forma limitadas que no pod�an actuar o realizar mayores funciones sin la supervisi�n, consenso o conocimiento previo del jefe pol�tico o prefecto, de tal forma que los Ayuntamientos s�lo pod�an llevar de manera aut�noma funciones menores.

    Lo anterior se identifica claramente, pues, por una parte, estos jefes o prefectos, presid�an toda clase de juntas o eventos, fueran de �ndole religioso, social, electoral, pol�tico y otros, dado que, siendo la autoridad m�xima inmediata del lugar, los ordenamientos les reconoc�an una preeminencia frente a cualquier autoridad y exig�a ese reconocimiento, y en esos mismos t�rminos se les reconoc�a la facultad para dirigir y presidir cualquier junta o evento en esas materias. Tales atribuciones no se limitaban a una simple direcci�n y presidencia, pues adquir�an tales caracter�sticas que pod�an y deb�an decidir en un amplio contexto todo lo relativo a las provincias, distritos o departamentos, en lo que se consideraba lo m�s importante, y en lo de menor trascendencia, de cualquier manera recib�an informes y autorizaban en su generalidad las actuaciones de las autoridades locales como lo eran los Ayuntamientos.

    Las cosas estaban dadas de tal forma, que los Ayuntamientos estaban casi en su totalidad sujetos al gobierno de estos jefes pol�ticos o prefectos y, por tanto, no pod�an acceder directamente a los poderes supremos sino que esto era �nicamente por conducto de aqu�llos.

    En estos t�rminos, se reconoci� que por debajo del gobierno estaban los jefes pol�ticos o prefectos que hac�an cumplir sus �rdenes y serv�an para que la autoridad que representaban tuvieran medios inmediatos de acci�n y centralizaci�n. Todo esto motiv� su cuestionamiento y que el Constituyente de mil novecientos diecisiete finalmente los suprimiera mediante la inclusi�n de la prohibici�n de autoridad intermedia a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 constitucional.

    De todos los antecedentes expuestos y reexaminados los criterios sustentados por este Tribunal Pleno, en relaci�n con la autoridad intermedia, se considera que las premisas y conclusiones en que se sustentan las tesis jurisprudenciales son, en esencia, acordes con los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos que llevaron al Constituyente para establecer su prohibici�n, aunque con la precisi�n de que los jefes pol�ticos o prefectos no s�lo eran de hecho sino que encontraban su sustento en la ley.

    Sin embargo, atento a todo lo anterior y conociendo los antecedentes que llevaron a introducir la prohibici�n de m�rito, es necesario ahora determinar espec�ficamente los alcances de dicha prohibici�n, para lo cual debe realizarse un an�lisis interpretativo de la disposici�n fundamental.

    El art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n F., dispone:

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado. ..."

    Los elementos normativos de la disposici�n fundamental que destacan para efectos del presente estudio, son los siguientes:

    Conforme al primer p�rrafo del art�culo 115 constitucional:

  12. En su r�gimen interior los Estados tendr�n una divisi�n territorial.

  13. En su r�gimen interior los Estados tendr�n una organizaci�n pol�tica y administrativa.

  14. La base de los dos puntos anteriores ser� el Municipio Libre.

  15. Las bases del Municipio Libre son las que se instituyen en las diferentes fracciones del precepto.

    Conforme a la fracci�n I del art�culo 115 constitucional:

  16. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento.

  17. Los Ayuntamientos ser�n de elecci�n popular directa.

  18. No habr� autoridad intermedia entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

    Como se observa del primer p�rrafo de la disposici�n constitucional, en �ste se instituye al Municipio Libre como base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado; por otra parte establece que dicha instituci�n se sustentar� en las bases que se fijan en las diferentes fracciones del propio precepto fundamental.

    De lo anterior se sigue que, por una parte, se fija el elemento sustancial, que es precisamente el Municipio Libre; por otra, se anuncian las bases a las que se sujetar� dicha instituci�n, al remitir a las diversas fracciones del aludido art�culo, y que, dados los t�rminos del primer p�rrafo del precepto, las vincula esencialmente a la cuesti�n pol�tica y administrativa.

    Entendido as�, las bases contenidas en las ocho fracciones del art�culo, tienden a precisar, fundamentalmente, los lineamientos generales en que se sustenta el Municipio Libre pol�tica y administrativamente hablando.

    Ahora bien, en t�rminos de la fracci�n I del referido art�culo 115, claramente se advierte que se�ala en ese �mbito pol�tico y administrativo dos cuestiones espec�ficas: que la elecci�n de los Ayuntamientos debe ser popular y directa, y que la administraci�n de los Municipios corresponde a los Ayuntamientos.

    Sin embargo, tambi�n la fracci�n I de m�rito se refiere a que no debe haber autoridad intermedia entre los Municipios y el Gobierno del Estado.

    Si se atiende a los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos anteriormente precisados, y que motivaron la prohibici�n de m�rito, tal disposici�n que introdujo el Constituyente de mil novecientos diecisiete obedeci� a la existencia previa de los llamados jefes pol�ticos o prefectos, que pol�tica y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos, y que ten�an amplias facultades con respecto a estos �ltimos.

    Todo esto puede llevar a dar diversas interpretaciones respecto de la autoridad intermedia, en tanto que, en t�rminos de la disposici�n constitucional y de los antecedentes que se tienen, podr�a decirse que la prohibici�n se refiere a que, fuera del Gobierno Estatal y el M., no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de �stos; o bien, que dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesiona la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento, o finalmente, que la prohibici�n �nicamente pretenda impedir que dentro de la relaci�n que debe existir entre el Gobierno del Estado y el Municipio, dadas sus respectivas facultades en ciertas materias, no debe haber un �rgano intermedio que impida la comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno, de tal forma que no haya un ente de enlace o que pueda interrumpir esa comunicaci�n.

    Para analizar tales cuestiones, es conveniente determinar previamente lo que debe entenderse por Gobierno del Estado para efectos de la aludida fracci�n I del art�culo 115 constitucional, para lo cual se precisan previamente algunas generalidades de los conceptos de gobierno y de Estado.

    En el Diccionario Jur�dico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jur�dicas de la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico, se define el vocablo "gobierno" como: "I. (Del lat�n gubernatio-onis, de gubernare, gobernar). En el lenguaje usual es sin�nimo de dirigir, regir, administrar, mandar, conducir, guiar, etc. Es el agrupamiento de personas que ejercen el poder. Es la direcci�n o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a todo el pueblo.".

    El propio diccionario, al referirse al "Estado", dice: "Dentro de la teor�a del derecho y en la jurisprudencia dogm�tica el concepto de Estado es bastante controvertido, sin embargo es posible hacer una caracterizaci�n y proporcionar una breve descripci�n de sus caracter�sticas jur�dicas fundamentales. B�sicamente se concibe al Estado como una corporaci�n, como una persona jur�dica. Esta corporaci�n es una corporaci�n territorial, esto es, act�a y se manifiesta en un espacio, una determinada circunscripci�n territorial. Otra de las caracter�sticas del Estado, igualmente esencial, es que act�a, se conduce, de forma aut�noma e independiente. Este �ltimo dato se describe como poder originario, autoridad soberana o, simplemente, como la soberan�a. De ah� la ampliamente compartida noci�n del Estado como ?corporaci�n territorial dotada de un poder de mando originario? (J.). La caracterizaci�n anterior ha sido persistente en la doctrina jur�dica a trav�s de los a�os y tiene antecedentes remotos.".

    Por otra parte, la doctrina reconoce que, al hablar de gobierno, generalmente se le vincula con vocablos tales como: autoridad pol�tica, r�gimen pol�tico, conjunto de �rganos del Estado, conjunto de poderes del Estado, direcci�n del Estado, parte del Estado, etc�tera, todo lo cual en t�rminos generales se refiere al gobierno; de tal forma que puede considerarse a �ste como la acci�n y efecto de la conducci�n pol�tica, que agrupa al conjunto de �rganos que realizan los fines de la estructura global del orden jur�dico denominado Estado.

    Asimismo, al hablar de Estado la doctrina, en t�rminos generales, lo caracteriza como la organizaci�n jur�dico-potestativa de una comunidad humana, tendiente a concretar en modo sistem�tico y efectivo la ordenaci�n de la vida social en las condiciones y dentro del �mbito territorial determinados por factores hist�ricos.

    Conforme a lo expuesto, puede decirse que el Estado tiene como elementos constitutivos la poblaci�n, el territorio y la organizaci�n pol�tica, mientras que el gobierno no es m�s que este �ltimo elemento, entendido como el ordenamiento de un conjunto de normas y de actos.

    Ahora bien, estas ideas generales de gobierno y Estado doctrinalmente se conciben en un sentido amplio; sin embargo, para efectos de la disposici�n constitucional en estudio, debemos ahora precisar que, conforme al art�culo 43 de la Constituci�n F., al referirse la fracci�n I del art�culo 115 constitucional al Estado, alude a �ste como alguna de las entidades federativas que integran a la Federaci�n. En estas condiciones, se concluye que el Gobierno del Estado a que se refiere esta �ltima disposici�n, es precisamente la organizaci�n pol�tica del ente (uno de los que integran a la Federaci�n), que se caracteriza por reunir sus elementos constitutivos que lo distinguen de otros consistentes en una poblaci�n, territorio y organizaci�n pol�tica determinados.

    Siguiendo este orden de ideas, resta precisar si el gobierno a que alude la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, se refiere al Poder Ejecutivo del Estado, o bien a todos sus componentes, espec�ficamente tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y Judicial.

    Frecuentemente se llega a identificar al gobierno como la parte de la administraci�n p�blica propia del Poder Ejecutivo; sin embargo, en los t�rminos que apunta la doctrina y siguiendo los conceptos antes precisados, el t�rmino "gobierno" no se refiere de manera espec�fica a un poder u �rgano p�blico determinado, concretamente al Poder Ejecutivo, o a un conjunto limitado de acciones o actos del Estado de car�cter esencialmente administrativos.

    Por otra parte y atendiendo a la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, tampoco puede limitarse la expresi�n "gobierno" a aquella actividad del Estado de car�cter administrativo y propia del Poder Ejecutivo, ya que, por una parte, tomando en consideraci�n los antecedentes de los jefes pol�ticos y de los prefectos, es claro que ten�an amplias facultades en muchas materias, de las cuales algunas que podr�an calificarse como de car�cter legislativo y judicial, como son, entre otras, presidir las diputaciones provinciales, resolver algunos conflictos que se suscitaran entre los gobernados y los Ayuntamientos, suspender a los miembros de �stos, etc�tera, facultades estas que en la actualidad son competencia de los Poderes Legislativos y Judiciales de los Estados.

    Adem�s, el texto vigente del art�culo 115 de la Constituci�n F., en algunos apartados s� alude a un poder espec�fico, por ejemplo cuando ata�e a ciertas facultades de las legislaturas para fijar los derechos tributarios de los Ayuntamientos o para suspender a los miembros de �stos (fracciones I, tercer p�rrafo y IV); pero igualmente hace alusi�n al Estado en forma gen�rica dirigi�ndose no al Poder Ejecutivo en particular, sino a otro de sus poderes, como es el caso de la fracci�n IV, inciso c), segundo p�rrafo, que se refiere a que "las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c)", en donde evidentemente se advierte que, al hablar de Estado, lo hace en forma gen�rica pero aludiendo a la legislatura y no al Poder Ejecutivo, pues es claro que la fijaci�n de contribuciones corresponde al Poder Legislativo.

    De lo anterior se concluye que la prohibici�n de autoridad intermedia, al referirseal Gobierno del Estado, no est� limitada al Poder Ejecutivo de la entidad federativa, pues, dadas las competencias que en la actualidad tienen los diferentes poderes de los Estados y que antes pod�an incidir en el jefe pol�tico o prefecto, y toda vez que la terminolog�a que al respecto utiliza la disposici�n constitucional se hace en forma gen�rica y no referida exclusivamente al Poder Ejecutivo, debe entenderse que comprende no s�lo a este �ltimo poder en cita, sino tambi�n a los otros poderes, frente a los cuales eventualmente podr�a gestarse tambi�n una autoridad intermedia con relaci�n a los Ayuntamientos.

    No pasa inadvertido que, conforme al p�rrafo primero del art�culo 115 constitucional, los lineamientos generales que se instituyen en las bases contenidas en sus diferentes fracciones, tienen por esencia fijar los principios rectores en materia municipal que esencialmente se identifican con cuestiones pol�ticas y administrativas, cuya competencia corresponde al Poder Ejecutivo en el �mbito estatal; sin embargo, por las razones antes dadas, actualmente y dentro del �mbito de atribuciones de los Poderes Judicial y Legislativo de los Estados, tambi�n tienen relaci�n en ciertas materias con los Municipios, como en los casos antes apuntados, en los que tambi�n podr�a evaluarse un caso en que se instituyera una autoridad intermedia que afectara a los Municipios, como por ejemplo ser�a si el Municipio tuviera que acudir ante un ente diverso para proponer su presupuesto de egresos, para que �ste lo autorizara o diera su aprobaci�n y posteriormente fuera quien lo propusiera ante la legislatura.

    Ahora bien, precisados los alcances de la frase "Gobierno del Estado" a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n F., se pasa al an�lisis de las posturas que, en el caso que se examina, dan una distinta interpretaci�n de lo que es la autoridad intermedia.

    1. En primer lugar, se puede acudir al examen literal del texto constitucional y a las disposiciones del Estado de Tamaulipas, que llevan a la conclusi�n de que los consejos especificados no son autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Municipios, puesto que conforme a las disposiciones jur�dicas referidas aun cuando los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social no pertenecen ni al Gobierno Estatal ni M. como se ver� m�s adelante, al no estar facultados para realizar actividades referentes a las atribuciones propias de cualquiera de estos dos entes p�blicos, resulta claro que no se ubican entre el Municipio y el Estado.

      As� es, el art�culo 115, fracci�n I constitucional, �nicamente establece que no habr� autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

      Del an�lisis literal del precepto, se advierte que �nicamente fija como presupuestos normativos, la existencia de una autoridad, y que adem�s �sta se ubique entre el Municipio y el Estado.

      Al distinguir entre los niveles de Gobierno M. y Estatal, har�a suponer que la autoridad que se instituyera entre ambos debiera ser ajena a estos mismos entes, m�s a�n si se considera que la disposici�n no hace referencia alguna a la naturaleza propia que debiera tener dicha autoridad o al tipo de facultades que debiera reunir y menos a�n que org�nicamente tuviera que estar dentro de la estructura estatal o municipal o de alg�n otro ente.

      Por otra parte y atendiendo a los antecedentes que llevaron a introducir la prohibici�n constitucional de autoridad intermedia, se tiene que los jefes pol�ticos y prefectos, si bien eran nombrados por el rey, gobernador o emperador, seg�n el momento hist�rico en que tuvieron lugar, lo cierto es que no se les identificaba plenamente como parte de un respectivo nivel de gobierno, sino como gente de plena confianza de aqu�llos y como medios de control inmediato y centralizador de los niveles jer�rquicamente inferiores.

      Adem�s, en cierto momento los gobernadores eran los encargados de los departamentos y dentro de �stos exist�an los Ayuntamientos, y precisamente de manera intermedia se instituyeron esas jefaturas o prefecturas, que serv�an de enlace entre ambos niveles y ante las cuales los Ayuntamientos no ten�an ning�n acceso de comunicaci�n con las autoridades superiores sino era �nicamente por conducto de los respectivos jefes o prefectos, quienes con el c�mulo de atribuciones concedidas, tomaban las decisiones y s�lo en ciertos casos y a su juicio, el asunto era llevado ante la autoridad jer�rquicamente superior.

      De ah� que, conforme a la postura que se analiza, se considere que la autoridad intermedia deba ser aquella que, sin corresponder a lo que ahora se conoce como entidad federativa o al Municipio, se instituya para conocer de los asuntos propios de estos dos niveles de gobierno en asuntos que por su materia les corresponda a ambos y que por ello deban guardar una relaci�n de comunicaci�n que eventualmente pueda ser afectada por este tipo de autoridades ajenas a los mismos.

      Siguiendo este criterio y atendiendo a los antecedentes y circunstancias particulares del caso que ahora se resuelve, concretamente en relaci�n con los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social creados en el art�culo 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n, se estima que �stos no constituyen autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Municipios, de las que proh�be el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n F., en virtud de que dichos consejos aun cuando son entes ajenos a la estructura org�nica del Estado de Tamaulipas, no se ubican entre el Estado y el Municipio.

      En efecto, como premisa general este Tribunal Pleno ha sostenido que entre otros casos se considera que puede existir una autoridad intermedia cuando �sta se encuentra fuera del Gobierno Estatal y el M., es decir, no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de estos entes p�blicos.

      No obstante lo anterior, acorde con los antecedentes hist�ricos y legislativos ya precisados, se sigue que no basta la existencia de una autoridad que no pertenezca org�nicamente al Gobierno del Estado o Municipio, sino que adem�s �sta debe estar facultada para realizar actos propios dentro de las relaciones directas que deben existir entre estos entes p�blicos, es decir, dicha autoridad para ser intermedia debe tener facultades que tengan como consecuencia el ubicarse entre el Municipio y el Estado.

      En el caso particular, aun y cuando como se precis� en el considerando segundo de este fallo, la ampliaci�n de demanda en donde se impugnaba el Reglamento para la Integraci�n y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, se present� extempor�neamente, para poder determinar la naturaleza de los citados consejos, se hace necesario analizar las disposiciones del referido reglamento.

      El art�culo 2o. del Reglamento para la Integraci�n y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, dispone que �stos son "�rganos de participaci�n ciudadana", es decir, est�n fuera de la estructura org�nica del Estado y del Municipio.

      Lo anterior se corrobora de la integraci�n de la asamblea general de dichos organismos, la cual es el �rgano m�ximo de decisi�n de las mismas y que se integra seg�n los art�culos 4o. y 6o. del citado reglamento por el presidente municipal, cinco asesores t�cnicos que son: el director de obras p�blicas municipal, el tesorero municipal, el representante del Sistema Estatal de Planeaci�n Democr�tica del Estado, un representante de la S.�a de Desarrollo Social F., y un representante de la S.�a de la Contralor�a y Desarrollo Administrativo, adem�s, por consejeros electos democr�ticamente que deber�n ser personas que representen a las comunidades que responden a los lineamientos del Fondo de Desarrollo Social M., cuyos recursos provienen del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n.

      Ahora bien, no obstante lo anterior, del art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas y el art�culo 2o. del Reglamento para la Integraci�n y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, se advierte que la funci�n primordial de los citados consejos es planear, programar, operar, contratar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n Ramo 00026, es decir, las facultades que poseen los citados organismos se ejercen sobre recursos federales respecto de los cuales ni el Gobierno del Estado ni el Municipio tienen injerencia directa, como ya se ha precisado en este fallo y, por ende, el solo hecho de que �stos no se encuentren en la estructura org�nica del Estado o el Municipio no los convierte en una autoridad intermedia pues no tienen facultades propias de los entes p�blicos respecto de los cuales puede darse la autoridad intermedia.

    2. Interpretaci�n en el sentido de que autoridad intermedia es aquella que, cualquiera que sea su origen o denominaci�n, lesiona la autonom�a municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales, o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento.

      Esta interpretaci�n, derivada del an�lisis hist�rico-jur�dico del art�culo 115, fracci�n I, constitucional, conduce a la misma conclusi�n de declarar infundado el concepto de invalidez propuesto.

      Se toma en consideraci�n, en primer lugar, que este Tribunal Pleno ha sustentado las tesis de jurisprudencia n�meros 50/97 y 26/97 que, respectivamente, dicen:

      "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.-El Constituyente de 1917 impuso la prohibici�n de ?autoridad intermedia? a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en atenci�n a situaciones de hecho, seg�n informa la historia, en virtud de las cuales se creaban, por debajo de los Gobiernos Estatales, personas conocidas como ?jefes pol�ticos? que detentaban un poder real y de hecho reconocido por el gobernador, en virtud del cual se cumpl�an las �rdenes de �ste y serv�a para que la autoridad tuviera medios inmediatos de acci�n y centralizaci�n. Tomando en consideraci�n lo anterior, debe establecerse que una autoridad, ente, �rgano o persona de que se trate, no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisi�n, que no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomadas por los diferentes niveles de gobierno dentro del �mbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de aqu�llos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicaci�n directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustituci�n o arrogaci�n de sus facultades."

      "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA, NO ES AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO.-La prohibici�n de autoridad intermedia entre Estado y Municipio, a que se refiere la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pretende evitar la subsistencia de sistemas viciados que elevaban a ciertas personas ?de confianza?, como los llamados ?jefes pol�ticos?, a la calidad de intercesores que, validos de su influencia con los gobernadores, predominaban sobre los mandatarios electos popularmente en el Municipio. En el caso del Instituto Estatal de Desarrollo M. del Estado de Oaxaca, de los art�culos 1o., 3o. y 4o. del Decreto N�mero 75 que lo cre�, as� como por las dem�s disposiciones que lo integran, que prev�n su organizaci�n, objetivos y atribuciones, se advierte que tal organismo no tiene una posici�n de supremac�a frente a los Municipios, sino que, por lo contrario, s�lo es de mera coordinaci�n y apoyo, pues no se le otorgan facultades unilaterales de decisi�n o ejecutividad que le permitan actuar por encima de los Municipios; es, b�sicamente, un �rgano descentralizado por servicio, que �nicamente act�a a instancia de �stos y aunque forma parte de la administraci�n p�blica paraestatal dentro de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Estatal, en t�rminos de lo dispuesto por los art�culos 2o., 4o. y 42 de la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo, no constituye autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio, por ser parte del propio Gobierno del Estado y por no contar con facultades unilaterales de decisi�n que afecten o impidan la comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno."

      El nuevo estudio y la mayor reflexi�n a que sobre el tema de "autoridad intermedia" da lugar la resoluci�n del presente asunto, permiten pulir los conceptos asentados en las tesis jurisprudenciales transcritas, teniendo como pauta fundamental el enunciado de que el concepto de "autoridad intermedia" a que se refiere el art�culo 115, fracci�n I, constitucional, s�lo puede captarse en su contenido y esencia, partiendo de una interpretaci�n hist�rica y jur�dica que rebasa el entendimiento gramatical.

      Ya a lo largo de esta resoluci�n, se hizo una relaci�n sucinta de c�mo se conceb�a la organizaci�n pol�tica y administrativa de las comunidades y pueblos, as� como sus relaciones con los distintos niveles de gobierno en distintas �pocas, a partir, fundamentalmente, de la Constituci�n de C�diz de mil ochocientos doce, cuya influencia en la organizaci�n pol�tica mexicana fue innegable.

      El principio b�sico de esa concepci�n fue un marcado centralismo jur�dico, pol�tico y administrativo que pon�a en poder del jefe de Gobierno (emperador, rey, presidente o gobernador), todas las decisiones importantes de los pueblos, a trav�s de �rganos de su confianza, que eran los jefes superiores, jefes pol�ticos, prefectos o subprefectos.

      �sta fue la situaci�n que subsisti� en nuestro pa�s hasta antes de la Constituci�n de mil novecientos diecisiete, que estableci� la organizaci�n municipal sobre bases diferentes, esencialmente democr�ticas y, como consecuencia, con marcado acento descentralizador y aut�nomo.

      En nuestro medio, todos los vicios, desventajas, dem�ritos y lacras del r�gimen municipal anterior, se centraban en la figura del jefe pol�tico, cuya funci�n mediatizadora de la voluntad popular, aunada a las facultades aut�rquicas que ten�a, lo hac�an proclive a enriquecimientos y abusos, a tal grado, que su desaparici�n lleg� a convertirse en clamor popular, que fue recogido en varios documentos revolucionarios preconstitucionales, como los siguientes:

      En el Programa del Partido Liberal Mexicano, proclamado el primero de julio de mil novecientos seis en San Luis Missouri, los hermanos F.M.�n y otros anarquistas, ped�an:

      "La supresi�n de los jefes pol�ticos que tan funestos han sido para la Rep�blica, como �tiles al sistema de opresi�n reinante, es una medida democr�tica, como lo es tambi�n la multiplicaci�n de los Municipios y su robustecimiento ..."

      En el Plan de San Luis Potos� del cinco de octubre de mil novecientos diez, don F.I.M. clamaba por el hecho de que "Las C�maras de la Uni�n no tienen otra voluntad que la del dictador; los gobernadores de los Estados son designados por �l, y ellos, a su vez, designan e imponen de igual manera a las autoridades municipales.".

      En la parte considerativa de la "Ley General sobre Libertades M." que dio a conocer E.Z. el quince de septiembre de mil novecientos diecis�is, se dec�a, entre otras cosas:

      "... Considerando que la libertad municipal es la primera y m�s importante de las instituciones democr�ticas, toda vez que nada hay m�s natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro cualquiera de poblaci�n, para arreglar por s� mismos los asuntos de la vida com�n y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad.

      "Considerando que los pasados dictadores ahogaron la independencia de los Municipios, someti�ndolos a la f�rrea dictadura de los gobernadores y jefes pol�ticos, que s�lo atend�an a enriquecerse a costa de los pueblos y sin dejar a los Municipios ni la libertad de acci�n, ni los recursos pecuniarios que les permitieran llevar una vida propia y atender eficazmente a las necesidades y progresos del vecindario.

      "Considerando que entre las principales promesas de la Revoluci�n figuran las de la supresi�n de las jefaturas pol�ticas y el consiguiente reconocimiento de los fueros y libertades comunales ..."

      Es cierto que en la Constituci�n de mil novecientos diecisiete no existe ninguna disposici�n que repudie o proh�ba expresamente la existencia de los jefes pol�ticos, pero no hac�a falta, dado que el art�culo 115 y sus reformas han organizado el Municipio sobre bases democr�ticas y de respeto a la autonom�a comunal, con lo cual se termina con el sistema centralizador y su �rgano necesario, que era el jefe pol�tico o cualquiera que mediatice la voluntad popular.

      Hay, sin embargo, un rechazo impl�cito que se desprende de la fracci�n I del art�culo 115 constitucional, al prohibir que haya alguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, y se deduce que la intenci�n del Constituyente al establecer esta proscripci�n fue la de impedir la existencia de cualquier autoridad con facultades semejantes a las del jefe pol�tico, porque las funciones de �ste, a los ojos de las comunidades y conforme a la realidad jur�dica vivida, lo convert�an precisamente en eso, en una autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno Estatal.

      Pero debe deslindarse m�s el concepto de "autoridad intermedia" que se debate, porque en virtud de los precedentes y consideraciones referidos, no cabe darle la interpretaci�n gramaticalista que la identificar�a con cualquier ente o autoridad que sirva de simple comunicador entre Ayuntamiento y Gobierno Estatal, de tal modo que s�lo fuera admisible, siempre, el trato directo entre los titulares del Ayuntamiento y los titulares de los poderes del Estado; este entendimiento literal carecer�a de justificaci�n, a nada pr�ctico conducir�a y s�lo vendr�a a obstaculizar las relaciones entre ambos niveles autoritarios, m�xime que en la actualidad proliferan los medios de comunicaci�n y han aparecido dentro de la administraci�n p�blica m�ltiples organismos paraestatales cuya competencia los obliga a relacionarse con materias que interesan a los Municipios.

      Tampoco ser�a aceptable reconocer a esa "autoridad intermedia" en aquella que no dependiera del Ayuntamiento ni del Gobierno del Estado, porque salvo las federales, no existe ninguna otra que pueda ser ajena a los dos entes citados en primer lugar; adem�s, bien puede una autoridad depender del Gobierno Estatal, pero no por ello dejar�a de ser "autoridad intermedia" prohibida por el art�culo 115 constitucional, si las facultades que la ley le otorgaran la llevaran a da�ar la autonom�a municipal que la Carta Magna protege.

      La interpretaci�n hist�rica basada en que el r�gimen municipal acogido en la Constituci�n de mil novecientos diecisiete representa un cambio dr�stico de la idea centralizadora, en pro de un sistema democr�tico que asegura la autonom�a del Municipio, as� como la interpretaci�n jur�dica consecuente de que tales caracter�sticas -democracia y autonom�a administrativa-, repelen cualquier intervenci�n autoritaria que pretenda intervenir en los asuntos municipales traspasando los l�mites se�alados por la Constituci�n, permiten concluir que la "autoridad intermedia" para los efectos que se vienen investigando, es aquella que lesiona la autonom�a municipal suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales, o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento.

      En el caso concreto, de un an�lisis del art�culo 51 de la Ley de Planeaci�n del Estado de Tamaulipas que crea los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social as� como su reglamento como�rganos de participaci�n ciudadana se llega a la convicci�n de que son entes que no afectan la esfera de competencia de los Municipios, como se pasa a demostrar:

      El considerando tercero del acuerdo mediante el cual se expide el Reglamento para la Integraci�n y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, se�ala:

      Tercero. Que derivado del Convenio de Desarrollo Social suscrito entre la Federaci�n y el Estado, se acord� transferir recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n correspondientes al Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza? y ejercerse a trav�s de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social.

      Por su parte, el art�culo 2o. del citado reglamento, se�ala:

      Art�culo 2o. Los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, en lo sucesivo Los Consejos, �rganos de participaci�n ciudadana, son las instancias responsables del diagn�stico, programaci�n, presupuestaci�n y ejecuci�n de las acciones de desarrollo social en sus comunidades, as� como de la verificaci�n, seguimiento y control de la aplicaci�n de los recursos derivados de los Programas del Fondo de Desarrollo Social M., cuyos recursos provienen del Ramo 00026 ?S.�n de la Pobreza?, del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en lo sucesivo El Fondo.

      Los art�culos 5o. y 9o. del reglamento, se�alan:

      "Art�culo 5o. La asamblea general es el �rgano m�ximo de decisi�n y tendr� un car�cter representativo, plural y democr�tico, con la libre participaci�n de cada uno de los integrantes, dentro de un marco de respeto y colaboraci�n."

      "Art�culo 9o. Corresponden a la asamblea general las siguientes atribuciones:

      "I. Realizar el diagn�stico, promoci�n, difusi�n, programaci�n, presupuestaci�n y ejecuci�n de las acciones de desarrollo social en sus comunidades, as� como la verificaci�n, seguimiento y control de la aplicaci�n de los recursos de El Fondo.

      "II. Promover, apoyar e impulsar la constituci�n de los Comit�s de Bienestar Social, dentro de un marco democr�tico.

      "III. Recibir las demandas y propuestas de obras o acciones de las comunidades, jerarquizar y definir aquellas que puedan ser financiadas con recursos del Fondo, con estricto apego a la normatividad de la materia.

      "IV. Analizar, jerarquizar y autorizar democr�ticamente las obras, proyectos y acciones para el desarrollo social que propongan las comunidades, las que deber�n acompa�arse con el acta de asamblea comunitaria respectiva, as� como los presupuestos y proyectos de inversi�n correspondientes, de acuerdo con la normatividad de El Fondo.

      "V. Determinar el n�mero y denominaci�n de las comisiones de trabajo necesarias para el adecuado funcionamiento de Los Consejos y la designaci�n de sus integrantes.

      "VI. Aprobar y evaluar el programa anual de actividades del consejo.

      "VII. Establecer un registro de obras ejecutadas con recursos de El Fondo.

      "VIII. Designar y remover al vocal de control y vigilancia.

      "IX. Supervisar la adecuada aplicaci�n de los recursos.

      "X. Vigilar el estricto cumplimiento del presente ordenamiento y las disposiciones vigentes correspondientes.

      "XI. Las dem�s inherentes a su responsabilidad."

      De la parte considerativa del acuerdo por el que se expide el reglamento de m�rito as� como de su art�culo 1o., se aprecia claramente que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, �nicamente tienen como objetivo general la operaci�n de los recursos federales provenientes del Ramo 00026 "S.�n de la Pobreza" del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, en los t�rminos y mediante las disposiciones que ya fueron estudiadas en la presente ejecutoria, es decir, sin que la actividad de los citados consejos atenten contra la autonom�a municipal toda vez que los referidos recursos federales del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos F. no forman parte de la hacienda municipal y, en consecuencia, los citados entes no tienen atribuciones de decisi�n o ejecuci�n sobre ninguna materia espec�fica cuya determinaci�n corresponda a los Ayuntamientos.

      De lo expuesto se colige que efectivamente, las facultades de los consejos se encuentran estrictamente delimitadas a lo referente a los recursos federales provenientes del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos F., con base en el propio presupuesto, y en los acuerdos celebrados entre el Estado y la Federaci�n y el Estado con el Municipio, en t�rminos del art�culo 116, fracci�n VII, de la Constituci�n F., con base en los cuales se determin� que por medio de los consejos referidos se distribuyeran los recursos federales en cita.

      As�, se concluye que en la especie los consejos de m�rito no afectan o transgreden el �mbito de competencia municipal, por lo que se considera que no constituyen autoridad intermedia a que se refiere el art�culo 115, fracci�n I, de la Constituci�n F..

    3. La otra interpretaci�n de los alcances de la autoridad intermedia, se refiere a que �sta impida la comunicaci�n directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

      Finalmente, tambi�n se llega a la conclusi�n de que no son autoridades intermedias los Consejos de Desarrollo Social para el Bienestar Social a los que se alude, con base en el an�lisis que conduce a la conclusi�n espec�fica de que la autoridad intermedia es la que impide la comunicaci�n directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

      Esta posici�n se ci�e a establecer que la autoridad intermedia es aquella que, ubic�ndose entre el Gobierno Estatal y el M., impiden una comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno, con tal car�cter que se constituyan como �rganos intermedios de enlace o con atribuciones tales que obstaculicen el tratamiento de los asuntos que competan a esos dos niveles de gobierno.

      Esto cobra relevancia si se atiende a la prohibici�n que expresamente institu�an diversos ordenamientos anteriores a la Constituci�n de mil novecientos diecisiete, que imped�an que los Ayuntamientos pudieran acudir directamente a las autoridades superiores del gobierno, por tener que estarse a la gesti�n e intermediaci�n, incluso a la decisi�n, de los jefes pol�ticos y prefectos que mandaban y decid�an en el �mbito del Ayuntamiento.

      As� se desprende, por ejemplo, de lo dispuesto por el art�culo 96 de la ley de veinte de marzo de mil ochocientos treinta y siete, que contiene el "Reglamento Provisional para el Gobierno Interior de los Departamentos", que dispon�a:

      (De los prefectos) Art�culo 96. Ser�n el conducto ordinario de comunicaci�n entre el gobernador y las autoridades subalternas del distrito (Ayuntamientos), y cualquier ocurso de �stas a aqu�l, deber�n acompa�arlo con su respectivo informe.

      En los mismos t�rminos el reglamento se refer�a a los subprefectos, quienes ten�an facultades en sus respectivos partidos, en los que eran el �nico medio de comunicaci�n de las autoridades menores para con las superiores (art�culos 21, 26 y 27).

      En este mismo sentido se regulaba la funci�n de los jefes pol�ticos en otras legislaciones, como es el caso del Estado de Aguascalientes, en el que en su Ley Org�nica para la Divisi�n Territorial y R�gimen Interior, de trece de febrero de mil ochocientos setenta y cuatro, se dispon�a:

      "Art�culo 62. Los jefes pol�ticos son el conducto indispensable de comunicaci�n, entre los presidentes de las corporaciones municipales del partido de su mando para con el gobierno ..."

      Conforme a lo expuesto, se observa que la prohibici�n de la autoridad intermedia est� dirigida a impedir que ciertas autoridades se instituyeran entre los niveles de Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, impidiendo que existiera una comunicaci�n directa entre ambos niveles.

      Se tiene el antecedente que las figuras de los jefes pol�ticos, de los prefectos y de los subprefectos, eran propios de los reg�menes centralistas, en que se pretend�a tener un control inmediato y directo de todas las provincias o departamentos, a efecto de poder tenerlos sujetos a los mandos y directrices del poder central, y en esa medida estas autoridades ejerc�an un poder real respecto de los Ayuntamientos, impidiendo que �stos pudieran tener mayor amplitud de acci�n o de decisi�n, y de ah� que los tuvieran sometidos a este sistema de jefaturas o prefecturas.

      De ah� que, por un principio de autonom�a de los Municipios, el Constituyente de mil novecientos diecisiete prohibiera la existencia de autoridades intermedias que limitaban la comunicaci�n directa entre los Ayuntamientos y las autoridades superiores del gobierno del que formaban parte.

      Se considera que la interpretaci�n que se adecua al caso concreto acorde con la disposici�n constitucional que proh�be la autoridad intermedia, en t�rminos del texto fundamental y a los antecedentes hist�ricos, constitucionales y legislativos, es la que se ha precisado en �ltimo t�rmino, en el sentido de que este tipo de autoridades no deben afectar la comunicaci�n directa entre los Gobiernos Estatal y M., pues de dichos antecedentes se desprende que el Constituyente de mil novecientos diecisiete quer�a darle mayor autonom�a a los Municipios y permitir que en el �mbito de su competencia pudieran tener acceso directo con las autoridades del Gobierno del Estado en aquellas materias en que ten�an, respectivamente, ciertas facultades en materias espec�ficas.

      Conforme al esp�ritu del Constituyente y de las diversas reformas que posteriormente sufri� el art�culo 115 constitucional, se instituy� como principio rector la autonom�a municipal, respecto de la cual, inclusive, se alcanzaron grandes logros en la reforma de mil novecientos ochenta y tres; esto hace poner especial atenci�n a esta tercera interpretaci�n que se ha dado respecto de la prohibici�n de la autoridad intermedia, toda vez que este principio rector se aprecia bajo diferentes conceptos y supuestos en todas las fracciones del art�culo 115 de la Constituci�n F.; sin embargo, el tipo de garant�as municipales que tienden a proteger esa autonom�a son de diversa �ndole, en un aspecto pueden considerarse como de car�cter positivo y negativo. Pues bien, las primeras son todas aquellas facultades o derechos que se reconocen en favor de los Municipios, que se traducen en una facultad de deber o poder hacer; las segundas, que constituyen propiamente una prohibici�n para entes distintos del Municipio, para hacer algo cuya atribuci�n compete exclusivamente a este �ltimo.

      As�, debe distinguirse que la prohibici�n de autoridad intermedia constituye una garant�a de car�cter negativo que tiende a proteger esa autonom�a municipal, pero en un aspecto espec�fico y distinto de los dem�s supuestos normativos que prev� la disposici�n fundamental, al impedir que puedan existir autoridades que afecten la comunicaci�n directa que debe existir entre el Gobierno Estatal y el M. sobre materias que a ambos competen en su respectivo �mbito de atribuciones.

      Tomando en consideraci�n los antecedentes que llevaron al Constituyente de mil novecientos diecisiete a establecer la prohibici�n antes se�alada, puede establecerse como premisa, que una autoridad, ente, �rgano o persona de que se trate, no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisi�n, y cuya actuaci�n no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomadas entre los diferentes niveles de gobierno dentro del �mbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de �stos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicaci�n directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustituci�n o arrogaci�n de facultades de alguno de �stos en detrimento de esa comunicaci�n.

      En el caso concreto, a efecto de establecer si los Consejos de Desarrollo Social para el Bienestar Social constituyen autoridad intermedia conforme a esta tercera interpretaci�n, debe analizarse la ley que las crea y sus funciones, pues en uno u otro caso, puede generarse transgresi�n a esa prohibici�n al constituirse autoridades que afecten la comunicaci�n directa entre los Gobiernos Estatal y M..

      Por cuanto hace a ambos aspectos, debe decirse que, por las mismas razones dadas en el considerando que antecede, no puede considerarse que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social se constituyan como autoridad intermedia, toda vez que, de conformidad con los art�culos 51 de la Ley Estatal de Planeaci�n y 2o., 5o. y 9o. de su reglamento que prev�n sus objetivos y facultades, se desprende que tales �rganos no tienen una posici�n de supremac�a frente a los Municipios, sino que, por lo contrario, s�lo tienen facultades de operaci�n de los recursos federales del Ramo 00026 del Presupuesto de Egresos F., y por tanto no se les reconocen facultades sobre materias propias del Municipio, adem�s de que, son �rganos de participaci�n ciudadana en los que participan miembros del Ayuntamiento del Estado y de la Federaci�n, por lo que no constituyen autoridad intermedia entre el Estado y los Municipios, por no contar con facultades de decisi�n que afecten o impidan la comunicaci�n directa entre ambos niveles de gobierno por lo que se refiere a las atribuciones que constitucionalmente les fueran concedidas.

      En atenci�n a lo considerado, al haber sido desestimados los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, procede reconocer la validez de los ordenamientos impugnados.

      Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo adem�s en los art�culos 41, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n F., se resuelve:

      Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO

La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional.

SEGUNDO

Es procedente la controversia constitucional planteada por el Municipio de T., Tamaulipas, en contra del Congreso y del gobernador del mismo Estado.

TERCERO

Carece de legitimaci�n para comparecer a la presente controversia constitucional, el C.D.A.H.A., en t�rminos del considerando tercero de la presente resoluci�n.

CUARTO

El actor no prob� su acci�n.

QUINTO

Las autoridades demandadas probaron sus excepciones y defensas.

SEXTO

Se reconoce la validez de los actos que se atribuyen a la legislatura y gobernador del Estado de Tamaulipas, precisados en el resultando primero de esta resoluci�n.

Notif�quese. Con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, arch�vese el toca como asunto concluido.

As� lo resolvi� el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n por unanimidad de diez votos de los se�ores Ministros: S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., Jos� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.S.C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. En que se declara: que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer de la presente controversia constitucional; que es procedente la controversia constitucional planteada por el Municipio de T., Tamaulipas, en contra del Congreso y del gobernador del mismo Estado; que carece de legitimaci�n para comparecer a la presente controversia constitucional el C.D.A.H.A., en t�rminos del considerando tercero de la presente resoluci�n; que el actor no prob� su acci�n; que las autoridades demandadas probaron sus excepciones y defensas; y se reconoce la validez de los actos que se atribuyen a la Legislatura y gobernador del Estado de Tamaulipas, precisados en el resultando primero de esta resoluci�n. Ausente el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n previo aviso a la presidencia.

Nota: Las tesis P. X/96, P./J. 50/97 y P./J. 26/97, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCI�N LEGAL EN CUANTO A LA REPRESENTACI�N Y CAPACIDAD DE LOS PROMOVENTES NO OPERA CUANDO DE LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE CARECEN DE LEGITIMACI�N PARA EJERCER ESA ACCI�N.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA NO ES AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo III, febrero de 1996, p�gina 166; Tomo V, junio de 1997, p�gina 343; y, Tomo V, abril de 1997, p�gina 133, respectivamente.