Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072141

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2000
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE SI SUBSISTIENDO EL ACTO CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA, CARECE DE OBJETO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE RESTAURAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMÓ VULNERADO.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.

MINISTRO PONENTE: J.V.A.A.�N.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAG�N.

M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a tres de octubre de dos mil.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO

Mediante escrito de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, presentado al d�a siguiente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, L.V.P., Jos� Cruz Ramos L�pez, J.L.M.S.�a, L.T.C., O.R.G., M.P.G., I.M.�n L�pez, E.R.V., K.P.G.G.�a, L.G.T., A.V.R., L.H.A. y C�sar A.�n S�nchez T.�n, por su propio derecho y en su car�cter, respectivamente, de primer s�ndico, de regidores primero, segundo, tercero, quinto, octavo, noveno, d�cimo, duod�cimo, d�cimo cuarto, d�cimo quinto, d�cimo s�ptimo, d�cimo octavo y de presidente municipal en funciones del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, demandaron del Congreso del Estado de Tamaulipas, la invalidez del acto que a continuaci�n se precisa:

IV. Acto cuya invalidez se demanda: El acuerdo emitido el d�a 23 de septiembre del a�o en curso, y que consta de dos art�culos, siendo �stos los siguientes: Art�culo primero: El Congreso del Estado resuelve declarar nulo de pleno derecho el acuerdo tomado por el C. del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, en sesi�n extraordinaria n�mero 69, contenida en el Acta N�mero 163, de fecha 23 de agosto del a�o en curso, mediante el cual se design� como presidente municipal interino al ciudadano licenciado C�sar A.�n S�nchez T.�n.-Art�culo segundo: N.�quese el presente acuerdo a las partes, para los efectos del art�culo 132, fracci�n XI de la Constituci�n Pol�tica Local y 34 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO

La parte actora estim� vulnerados en su perjuicio los art�culos 14, 16, 103, 105 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO

Los antecedentes narrados en la demanda son los siguientes:

"1. Con fecha 26 de agosto de 1998, compareci� el C. (sic) Salvador Ju�rez G.�a, G.R.C., F.R.T., J.�n M.�as R.�guez, F.�n R.T., al parecer la C.L.L.�n de Le�n y el C.D.M.S.A., con un escrito de denuncia ante la Diputaci�n Permanente del Congreso del Estado expresando que una fracci�n de los miembros del C. de Ciudad Madero, Tamps.; que somos todos los abajo firmantes, realizamos hechos que vulneran el orden constitucional y pol�tico de dicho Municipio, situaci�n que demostramos con el anexo No. 1 que nos permitimos agregar al presente escrito.-2. El Congreso del Estado en franca violaci�n a lo que establece el art�culo 35 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, recepcion� la denuncia de m�rito y orden� solicitarnos un informe al respecto.-En efecto, decimos que fue indebida la recepci�n del documento en cuesti�n en primer lugar porque previo a darle el tr�mite que orden�, debi� haber observado el procedimiento que se menciona en el art�culo invocado de la codificaci�n municipal, que claramente expresa que para realizar un tr�mite como el que solicit� el C. (sic) S.J.G.�a, G.R.C., F.R.T., J.�n M.�as R.�guez, F.�n R.T., L.L.�n de Le�n y Dr. M.S.A., es pre-requisito sine qua non que medie iniciativa del Ejecutivo de donde se advierte la primera violaci�n al procedimiento por parte del H. Congreso, situaci�n esta que motiv� que con anterior escrito compareci�ramos ante este Alto Cuerpo Colegiado con diversa controversia constitucional misma que se registr� con el n�mero 24/98, pero el tr�mite continu� por parte de la responsable.-3. En virtud de que el Congreso recepcion� (indebidamente) la citada denuncia sin la intervenci�n del Ejecutivo y en atenci�n a que nos pidieron que desahog�ramos una vista para que a la brevedad posible envi�ramos los documentos y constancias que consider�ramos pertinentes, situaci�n esta que por cierto se llev� a cabo el mismo d�a en que se present� la denuncia del Sr. S.J.G.�a y otros.-Para corroborar lo anterior, es decir, que el d�a en que se present� la denuncia se despach� la vista de m�rito, me permito agregar como anexo No. 2 la copia del documento de m�rito.-4. Todos los comparecientes desahogamos la vista en la que argumentamos medularmente que el escrito de denuncia es un documento falso, puesto que las firmas, de R.R.R.�n, no aparec�a y la de L.L.�n de Le�n, fue falsificada y tampoco aparec�a la firma del Sr. E.R.V., por lo que con fundamento en lo que establece el art�culo 250 del C�digo Penal para el Estado de Tamaulipas, dicho documento deber� de ser refutado por ap�crifo.-5. En el escrito de referencia tambi�n expusimos en forma por dem�s clara las razones por las que el C. en pleno decidi� no llamar al presidente suplente y ese hizo ver que si nosotros actu�bamos anticonstitucionalmente, m�s anticonstitucional ser�a que el Congreso del Estado resolviera cuestiones de constitucionalidad de actos del Municipio, situaci�n que demostramos con el anexo No. 3 que nos permitimos agregar a este escrito.-No obstante todo lo anterior el Congreso del Estado, con fecha 23 de septiembre del a�o en curso, argument� que en el escrito de desahogo de la vista que realizamos los firmantes ante ese cuerpo colegiado, se desprenden violaciones de car�cter jur�dico-administrativas, que concretamente se encuentran plasmadas en el acta de C. No. 162, correspondiente a la sesi�n extraordinaria No. 68, celebrada el 23 de agosto del presente a�o y en el acta No. 163, correspondiente a la sesi�n extraordinaria No. 69 celebrada el mismo mes y a�o, pero no precisan en qu� consisten dichas violaciones y por otro lado al referirse sobre el hecho de que algunos nombres de denunciantes cuyas firmas no aparecen y otras fueron falsificadas, refieren muy a la ligera que con las plasmadas por el resto de los funcionarios municipales es suficiente para darle curso a tal denuncia y que si el escrito en cuesti�n puede ser constitutivo de delito, que no es materia que debe conocer y resolver aun el Congreso del Estado.-7. Tambi�n refieren en el dictamen de referencia los diputados que las faltas administrativas o de otra �ndole en que hubiera o no incurrido el presidente municipal suplente Dr. M.A.J.S.A. deber�n seguirse por la v�a legal correspondiente y de las cuales se deriva una resoluci�n que no es competencia del Ayuntamiento, por lo que carece el Ayuntamiento de facultades para inhabilitarlo en su car�cter de presidente municipal suplente, conculc�ndosele en consecuencia, dicen ellos, sus derechos ciudadanos y pol�ticos contenidos en la Constituci�n Pol�tica y el C�digo M..-8. Expresan tambi�n en lo que ellos denominan consideraciones legales, en su punto No. I, que el acto jur�dico realizado por los integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, pero no refieren cu�l, resulta contrario a derecho y violatorio de lo consagrado en el �ltimo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y mencionan en su consideraci�n legal marcada con el No. II, que tambi�n fue violado el art�culo 34 del C�digo M. y por �ltimo en su consideraci�n legal No. III, mencionan que se viol� tambi�n el art�culo 47 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, el cual se refiere a que: ?Ser�n nulos de pleno derecho los acuerdos que dicten los Ayuntamientos, violando la Constituci�n General de la Rep�blica o la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen. ...?, por lo que emiten el siguiente: Acuerdo.-Art�culo primero: El Congreso del Estado resuelve declarar nulo de pleno derecho el acuerdo tomado por el C. del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, en sesi�n extraordinaria n�mero 69, contenida en el acta n�mero 163, de fecha 23 de agosto del a�o en curso, mediante el cual se design� como presidente municipal interino al ciudadano licenciado C�sar A.�n S�nchez T.�n. Art�culo segundo: N.�quese el presente acuerdo a las partes, para los efectos del art�culo 132, fracci�n XI de la Constituci�n Pol�tica Local y 34 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas.-Las actuaciones de m�rito deber�n de ser invalidadas pues no se ajustan a lo constitucionalmente ordenado, tal y como se demuestra con los conceptos de violaci�n."

CUARTO

Los conceptos de invalidez expresados en la demanda (que se denominaron "conceptos de violaci�n" y "conceptos de invalidez") son los siguientes:

Conceptos de violaci�n. Primero: El art�culo 14 de la Constituci�n General de la Rep�blica Mexicana, establece en forma por dem�s clara y retroactiva que: ?Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad, o de propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.?.-En la especie, el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, omiti� esta garant�a de legalidad referente a que se debe de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que fue omiso en el sentido de observar en forma plena lo que establece el art�culo 35 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, en el que claramente se especifica que: ?�nicamente el Congreso del Estado, por acuerdo de sus dos terceras partes, y a iniciativa del Ejecutivo, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus integrantes por causa grave prevista en este c�digo. ...?, y en la especie con el acuerdo que se combate, revocan el nombramiento, pues declaran nulo de pleno derecho el acuerdo a trav�s del cual se design� como presidente municipal interino al C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, aduciendo que fue el C. en Pleno de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien actu� contrario a la Constituci�n Local y General de la Rep�blica.-Con la anterior circunstancia los legalistas que persiguen el cumplimiento de la Constituci�n, violan la Carta Magna con su pretendida legalidad.-Segundo: El art�culo 16 de la Constituci�n General de la Rep�blica Mexicana, dice: ?Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.?.-En la especie, esta garant�a de legalidad tambi�n ha sido violada por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, porque el acuerdo dictado en el sentido de que es nulo de pleno derecho el acuerdo tomado por el Municipio que representamos a trav�s del cual se design� como presidente municipal a C�sar A.�n S�nchez T.�n, carece de fundamentaci�n y motivaci�n legal, puesto que lo actuado por la persona mencionada no puede ser nulo de pleno derecho, pues eso equivaldr�a a la nada jur�dica y durante su administraci�n el C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, ha realizado actos propios y exclusivos de un presidente municipal, empezando por el desarrollo de las ceremonias c�vicas de los d�as 13, 15 y 16 de septiembre de 1998, ha emitido documentos de vital importancia para el Municipio, que son los necesarios para cubrir las n�minas de pago, ha iniciado obras de pavimentaci�n y otra de mayor envergadura como lo es el arranque de la construcci�n del bulevar costero en la Playa de Miramar, es m�s, una regidora que fue suspendida de nombre F.R.T., fue reincorporada por dicho presidente municipal en funciones a trav�s de una resoluci�n que se emiti� en un recurso de reconsideraci�n que fue puesto a consideraci�n de este presidente en una junta de C., por lo que argumenta el H. Congreso del Estado de que el acuerdo a trav�s del cual se nombr� al C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, no puede ser declarado nulo de pleno derecho.-Tercero: Asimismo, el acuerdo en sus dos art�culos carece de fundamentaci�n y motivaci�n, pues no son facultades del H. Congreso del Estado declarar nulos de pleno derecho los acuerdos tomados por un Ayuntamiento M., ya que las facultades del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se encuentran debidamente delimitadas en el art�culo 58 de la Constituci�n Estatal y tras una exhaustiva b�squeda, no se le faculta al mencionado Congreso para que califique sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que realice un Ayuntamiento y como consecuencia no puede declarar nulos de pleno derecho dichos actos, ya que �sta es una facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, seg�n lo establece el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), el cual precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, conocer� en los t�rminos que se�ala la ley reglamentaria, de los siguientes asuntos: ?F.�n I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre ... inciso i) Un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.?, ello en concordancia con lo que establecen los art�culos 103 y 107 de la Constituci�n General de la Rep�blica Mexicana, que son todos estos los preceptos constitucionales que regulan el control de la constitucionalidad, pues para el caso de que se allegara como anticonstitucional el acto realizado por el Ayuntamiento en Pleno en la designaci�n del C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, debi� haber sido en todo caso impugnado el acto de m�rito como anticonstitucional, pero ante el �rgano de control constitucional competente y no ante un Congreso que no tiene facultades para decretar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto.-A mayor abundamiento, el art�culo 47 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, establece: ?Ser�n nulos de pleno derecho los acuerdos que dicten los Ayuntamientos, violando la Constituci�n General de la Rep�blica o la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen. En consecuencia, dichos acuerdos no producir�n efecto alguno, estando facultadas las personas afectadas para promover ante las autoridades competentes el pago de los da�os y perjuicios que se les hayan causado, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido los mun�cipes conforme a las leyes.?, pero el numeral en cuesti�n jam�s dice que ser� el Congreso del Estado quien calificar� la inconstitucionalidad de los acuerdos que dicten los Ayuntamientos y precisa que las personas afectadas por dichos autos, podr�n promover ante las autoridades competentes, el pago de los da�os y perjuicios que le haya causado, independientemente de las responsabilidades de los mun�cipes. Atentos a lo anterior es indiscutible que precisamente se debe de declarar como anticonstitucional el acto que realiz� el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, a trav�s del cual se nombr� a C�sar A.�n S�nchez T.�n, como su presidente y esta declaraci�n s�lo la puede hacer el Poder Judicial, pero nunca, el Congreso del Estado.-Cuarto: El acuerdo de m�rito es violatorio tambi�n de lo que dispone el art�culo 115 constitucional, seg�n se establece en su fracci�n I, tercer p�rrafo, �ltima parte, en el que claramente se establece que: ?Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.?.-En la especie, en el acuerdo en cuesti�n la Legislatura Local est� revocando el mandato que los suscritos otorgamos al C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, sin que precise las causas graves que mencionan que se nos haya dado la oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer alegatos que a nuestro juicio o a juicio del C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, conviniera, por lo que en todo caso el acuerdo de m�rito debe de retrotraerse hasta el momento en que se fije la secuela procesal omitida.-Conceptos de invalidez. 1. De lo expuesto en los conceptos de violaci�n debe de traducirse que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para que se pronuncie en el sentido de que el acuerdo que se combate a trav�s de esta controversia y que fue dictado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en fecha 23 de septiembre del a�o en curso, es violatorio de lo que establece el art�culo 14 constitucional, pues no se sigui� escrupulosamente el procedimiento que menciona el art�culo 35 del C�digo M., pues en la denuncia que sirve de base para dicho acuerdo falt� la iniciativa del Ejecutivo.-2. Tambi�n debe de pronunciarse la Suprema Corte sobre la improcedencia del acuerdo que se combate, por la violaci�n al art�culo 16 constitucional, pues es obvio que careci� de fundamentaci�n y motivaci�n el acuerdo mencionado, pues es imposible que se mencione que es nulo de pleno derecho la actuaci�n del presidente municipal C�sar A.�n S�nchez T.�n, por las causas expuestas en el concepto de violaci�n mencionado ya que eso implicar�a la nada jur�dica.-3. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n debe tambi�n de pronunciarse en el sentido de que el Congreso del Estado, no tiene facultades para calificar la consti (sic) o anticonstitucionalidad de un acto como lo hizo en este caso.-4. La Suprema Corte debe de pronunciarse tambi�n en el sentido de que el acto que se combate es violatorio del art�culo 115 constitucional pues en la especie a todos los firmantes, mismos que aprobamos el nombramiento del C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, como presidente interino y en su caso ante esa misma y como se le dio la oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convienen tal y como lo se�ala el precepto mencionado en su fracci�n I, tercer p�rrafo.

QUINTO

Mediante escrito de fecha veintis�is de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, presentado al d�a siguiente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los promoventes de la demanda solicitaron se tuvieran por complementados los hechos narrados en ella, con el punto siguiente:

9. Por si todo lo anterior fuera poco, el Congreso del Estado vulnera en nuestro perjuicio lo que establece el art�culo 115, fracci�n II, p�rrafo II de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, ello como consecuencia de no haber respetado un recurso administrativo que se interpuso con motivo de la designaci�n del C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, como presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas.-En efecto, en junta de C. que se realiz� el d�a 23 de agosto del a�o en curso, se design� como presidente municipal en funciones al C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, ello con una votaci�n mayoritaria, pero hubo una oposici�n la cual estuvo a cargo del s�ndico primero L.V.P., tal y como se demuestra con el anexo No. 6 que nos permitimos agregar a este complemento de controversia, haciendo la aclaraci�n que �ste es el n�mero que seriadamente corresponde a dichos documentos, pues en nuestra promoci�n inicial hubo 5 anexos.-El s�ndico que se abstuvo de aprobar la designaci�n del C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, fundament�ndose en lo que establece el art�culo (sic) 279, 298 y 299 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, interpuso recurso de reconsideraci�n en contra de la resoluci�n administrativa tomada por el Ayuntamientode Madero a trav�s de la cual se designaba como presidente municipal al C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, ello con fecha 2 de septiembre de 1998.-El recurso de reconsideraci�n de m�rito fue debidamente admitido por el encargado de tr�mites de este tipo de promociones, como lo es el secretario del Ayuntamiento, ello con fecha 4 de septiembre de 1998, y dispuso la admisi�n del recurso y orden� la notificaci�n personal del acuerdo de m�rito al inconformista, circunstancia que se llev� a cabo el d�a 11 de septiembre del a�o en curso, y con fecha 14 de septiembre tambi�n del a�o que corre, se dict� acuerdo en el cual se abri� a prueba por el t�rmino de 10 d�as dicho recurso, certific�ndose que el periodo empez� a contar a partir del 15 de septiembre y concluir�a el 6 de octubre del presente a�o, en el recurso de m�rito se pidi� el informe justificado a los dem�s miembros de C. y se les indic� que el mismo deber�a elaborarse a m�s tardar el d�a 6 de octubre del a�o en curso, por lo que se encuentra en pleno tr�mite el recurso a trav�s del cual se impugna por el s�ndico L.V.P. la designaci�n de C�sar A.�n S�nchez T.�n como presidente municipal, es decir, la actuaci�n que motiva el dictamen del Congreso del Estado que aqu� se impugna no se encuentra firme con motivo de la interposici�n de este recurso.-Ante lo anterior es en realidad preocupante que aun cuando el Congreso del Estado de Tamaulipas sab�a que la resoluci�n tomada por el C. de Ciudad Madero sobre el nombramiento de C�sar A.�n S�nchez T.�n, no estaba firme, siguiera a�n adelante con la denuncia presentada ante ellos por S.J.G.�a, hasta emitir el dictamen, que a trav�s de esta controversia, ahora se impugna.-Ahora bien, expresamos que estaban debidamente enterados porque previo a la emisi�n del dictamen se les hizo llegar un escrito poni�ndoles en conocimiento de que la resoluci�n a trav�s de la cual se design� a C�sar A.�n S�nchez T.�n como presidente municipal, fue impugnada y que se encontraba en periodo probatorio, situaci�n que demostramos con el anexo No. 7 que nos permitimos agregar a este escrito y a dicho documento se le agreg� una copia debidamente certificada, igual que en este caso agregamos como anexo No. 8.-Atentos a lo anterior el Congreso del Estado, violenta la autonom�a municipal, al no permitir que el Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, resuelva dicho recurso de reconsideraci�n, por lo que es evidente que debi� haber determinado que previo a darle curso a la solicitud de S.J.G.�a, deber�an estarse al resultado del recurso de reconsideraci�n.

SEXTO

Asimismo, en el escrito se�alado en el resultando anterior la actora expres�, en relaci�n con el problema de fondo, lo siguiente:

"Quinto: El dictamen emitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, que se impugna a trav�s de esta controversia, viola la constitucionalidad que ampara el art�culo 115 de nuestra Carta Magna en su segunda fracci�n, p�rrafo II, ello por no permitir que a trav�s de una disposici�n de car�cter administrativo y de observancia general, como lo es el C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, que es el cual regula y a trav�s del cual se pueden impugnar las resoluciones dictadas por las autoridades municipales y que se contemplan en forma por dem�s clara en el art�culo 296 hasta el n�mero 300.-En atenci�n a lo anterior, el dictamen de m�rito conculca los derechos que le corresponden al Municipio y que se tutelan en el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues al haber emitido un dictamen el Congreso del Estado, anticip�ndose al resultado de una actuaci�n del Ayuntamiento que se encuentra impugnada y pendiente de tr�mite, se violenta la autonom�a que se desprende del art�culo 115 constitucional ya mencionado.-Con motivo de este nuevo concepto de violaci�n, nos permitimos adicionar el concepto de invalidez con el No. 5, el cual solicitamos que se considere de la siguiente forma: 5. De lo expuesto en el concepto de violaci�n quinto, debe de traducirse que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para que se pronunciara en el sentido de que el acuerdo que se combate a trav�s de esta controversia, es violatorio a lo que establece el art�culo 115 constitucional en concordancia con los art�culos 296, 298, 299 y 300 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, ya que si el Congreso del Estado de Tamaulipas, tuvo conocimiento del tr�mite del recurso de reconsideraci�n interpuesto en contra del C. C�sar A.�n S�nchez T.�n, debi� haber emitido dictamen diferente en el sentido de que previo a darle curso a la solicitud del C.S.J.G.�a, deber� estarse al resultado del recurso de reconsideraci�n mencionado y no haber emitido un dictamen como el que ahora se combate a trav�s de esta controversia constitucional, pues es una intervenci�n, sin lugar a dudas, a la autonom�a municipal.-En base al anterior concepto de invalidez, nos permitimos adicionar tambi�n el cap�tulo relativo a la suspensi�n, con la letra h) para que quede de la siguiente forma: h) La suspensi�n que solicitamos se nos debe de otorgar en virtud de la clara intromisi�n en los asuntos propios del Ayuntamiento por parte del Congreso del Estado, ya que las actuaciones de dicho C. en la que se nombr� a C�sar A.�n S�nchez T.�n, fue impugnada por el s�ndico L.V.P., a trav�s del recurso de reconsideraci�n mencionado y el cual se encuentra en tr�mite tal y como lo demostramos a trav�s del anexo ya relacionado.-A mayor abundamiento, nos permitimos poner en conocimiento de esta autoridad judicial, que a trav�s de recurso similar el Ayuntamiento de Ciudad Madero, emiti� dictamen a trav�s del cual reconsider� la suspensi�n de una regidora y orden� su inmediata reinstalaci�n, situaci�n que nos permitimos demostrar con el anexo No. 9 que se agrega al presente escrito.-Por otra parte ponemos en conocimiento que la notificaci�n oficial del Acuerdo No. 23 que aqu� se impugna, ya se nos present� ante la Secretar�a del Ayuntamiento que representamos, el d�a 25 de septiembre del a�o en curso, en punto de las 12:00 horas, misma que en copia fotost�tica certificada nos permitimos agregar como anexo No. 10.-Por �ltimo, y a fin de demostrar que los regidores por representaci�n proporcional y abajo firmantes K.P.G.G.�a, L.H.A., C�sar A.�n S�nchez T.�n, L.G.T. y A.V.R., se encuentran reconocidos como tales, me permito agregar un ejemplar del P.�dico Oficial del Estado, de fecha 30 de diciembre de 1995 y en el que en su p�gina n�mero 3, podr� corroborar tal circunstancia, anexo con el No. 11 tal documento."

S�PTIMO

Por acuerdo de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n tuvo por recibida la demanda de m�rito, orden� formar y registrar el expediente con el n�mero 27/98 y design� como instructor al Ministro G.D.G.�ngora P..

OCTAVO

Mediante prove�do de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor admiti� la demanda de que se trata, orden� emplazar y correr traslado con la demanda y dem�s constancias, tanto a la autoridad demandada como al tercero interesado, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y dar vista al procurador general de la Rep�blica.

NOVENO

Por escrito de fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, presentado el d�a diecis�is siguiente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, E.G. T�mez, en su car�cter de diputado presidente de la Mesa Directiva del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, de la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas, dio contestaci�n a la demanda manifestando, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. El presente juicio ha quedado sin materia, por lo que deber� decretarse el sobreseimiento con fundamento en los art�culos 19, fracciones V y VIII, y 20, fracci�n III, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que ha tenido conocimiento extraoficialmente que J.M.S.P. se reintegr� a sus funciones de presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas;

  2. Resulta improcedente la acci�n intentada, en tanto que se plantea la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n General de la Rep�blica, lo que en todo caso, podr�a ser materia de la acci�n de inconstitucionalidad, respecto de la cual los Ayuntamientos no se encuentran legitimados para promoverla;

  3. Que opone las siguientes excepciones:

    1. Improcedencia por error en la v�a, en tanto que la controversia constitucional no es la id�nea para lograr la invalidez de los art�culos 132, fracci�n XI, segundo p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas y 34 del C�digo M. de esa entidad, sino la acci�n de inconstitucionalidad;

    2. Oscuridad de la demanda, porque la parte actora hace valer cuestiones propias de una acci�n de inconstitucionalidad;

    3. Falta de acci�n y de derecho, porque el presidente municipal carece de legitimaci�n para representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, ya que esta facultad corresponde a los s�ndicos, en t�rminos del art�culo 60, fracci�n II, del referido C�digo M. del Estado de Tamaulipas. Adem�s, los promoventes de la demanda no cuentan con la representaci�n legal del Ayuntamiento, en tanto que carecen del acuerdo de C. que los faculte para ello;

    4. P.�n de la acci�n de inconstitucionalidad, derivada de la improcedencia del juicio en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 19, fracci�n VIII, de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Constituci�n Pol�tica Local, que contiene el art�culo 132, fracci�n XI, p�rrafo segundo, y el C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, que contiene el art�culo 34, que pretenden invalidarse, se expidieron en los a�os de mil novecientos veintiuno y mil novecientos ochenta y cuatro, respectivamente, por lo que si la demanda de que se trata se recibi� en la Oficina de Certificaci�n Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, es claro que transcurri� en exceso el t�rmino legal para la promoci�n del juicio en contra de dichas disposiciones generales;

    5. Efectos no derogatorios de la ley, porque conforme al principio general de derecho que recoge el art�culo 9o. del C�digo Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de la totalidad de los C�digos Civiles para las entidades federativas, la ley s�lo puede quedar derogada o abrogada por otra posterior que as� expresamente lo declare o que tenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.

    6. En cuanto al fondo del asunto se aduce que:

  4. En una controversia constitucional no pueden hacerse valer violaciones a garant�as individuales, como son las consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales, porque cuando los �rganos p�blicos act�an como autoridad, en su car�cter de entes de poder, no son sujetos o titulares de derechos subjetivos p�blicos.

  5. No se vulneran los art�culos 103, 105 y 107 constitucionales, en tanto que la declaraci�n de nulidad del acuerdo tomado por el C. en sesi�n extraordinaria n�mero sesenta y nueve, contenida en el acta n�mero ciento sesenta y tres, se realiz� conforme a derecho, sin que se hubiera actualizado la hip�tesis prevista en el art�culo 35 del C�digo M., porque no se suspendi� o revoc� mandato alguno a los integrantes del Ayuntamiento actor;

  6. La actuaci�n de la Legislatura del Estado se encuentra apegada a lo dispuesto por el art�culo 16 constitucional, ya que por una parte, es competente para resolver sobre los acuerdos dictados por los Ayuntamientos, que sean contrarios a la Constituci�n y a las leyes y, por otra, el acuerdo impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado.

    1. Contrariamente a lo afirmado por la actora, el Congreso del Estado es competente para declarar nulos de pleno derecho los acuerdos tomados por un Ayuntamiento municipal, cuando �stos sean contrarios a la ley, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 58, fracci�n LVIII, 134 de la Constituci�n Pol�tica Local y 47, 50, 52 y 89 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas;

    2. En cuanto al argumento consistente en que debe ser el Poder Judicial de la Federaci�n el que resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de los Ayuntamientos, los accionantes confunden la competencia del Congreso del Estado con la de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ya que al primero corresponde �nica y exclusivamente conocer y resolver sobre los acuerdos tomados por los Ayuntamientos que sean contrarios a la Constituci�n General de la Rep�blica y las leyes que de ella emanen y, en su caso, decretar su nulidad, sin que pueda interpretarse que sea el Congreso el que decrete la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese tipo de actos;

    3. Es infundada la violaci�n al art�culo 115, fracci�n I, constitucional, porque el Congreso Local s�lo conoci� de la legalidad del acuerdo de C. impugnado y no del procedimiento legislativo de suspensi�n o revocaci�n de cargo;

    4. La actuaci�n del Congreso del Estado en todo momento se apeg� a derecho, ya que se encuentra constitucional y legalmente facultado para aprobar y expedir las leyes, decretos y acuerdos que fueren necesarios para una mejor administraci�n de justicia.

D�CIMO

Mediante acuerdo de Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, se orden� returnar el presente asunto al Ministro Jos� V.A.A.�n, en virtud de que el Ministro G.D.G.�ngora P., que fungi� como instructor en el procedimiento respectivo, fue designado presidente de este M�ximo Tribunal de Justicia.

D�CIMO PRIMERO

Por oficio PGR 003/99 de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, recibido el d�a once siguiente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica opin�, en s�ntesis, lo siguiente:

  1. El presente asunto encuadra en el supuesto contemplado en el inciso i) del art�culo 105, en virtud de que el promovente es el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, que demanda actos del Poder Legislativo de la entidad, por lo que debi� admitirse con ese fundamento. Asimismo, se surte la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ya que la mencionada disposici�n establece que este tribunal conocer� de los conflictos suscitados entre un Municipio y un Estado, y es el caso que el Ayuntamiento actor reclama la violaci�n en que incurri� la Diputaci�n Permanente del Congreso del Estado, con lo que se actualiza la hip�tesis de la disposici�n constitucional se�alada, por lo que la controversia constitucional es la v�a id�nea para resolver sobre la constitucionalidad de los actos que demanda la actora.

  2. Es inexacto que la v�a procedente para impugnar el acto que se impugna sea la acci�n de inconstitucionalidad, ya que no tiene las caracter�sticas de una norma general, que debe ser impersonal, general y abstracta, que se aplique a todo aquel que se encuentre dentro del supuesto normativo, no extingui�ndose su validez una vez aplicada sino que el acto legislativo que se combate mediante esta v�a, es personal, particular y directo.

  3. Es infundada la excepci�n de improcedencia por prescripci�n de la acci�n de inconstitucionalidad, porque como se ha visto, se impugna un acto y no disposiciones generales.

  4. El s�ndico primero es el �nico, entre los que promovieron la controversia constitucional, que se encuentra legalmente facultado para interponer la demanda en contra del acuerdo y la determinaci�n de la Diputaci�n Permanente, en funciones, del Congreso del Estado de Tamaulipas. En cuanto al presidente municipal y los regidores que tambi�n suscriben la demanda se debe sobreseer en la presente controversia, toda vez que no cuentan con legitimaci�n procesal activa.

  5. Resulta infundado que el s�ndico primero carezca de legitimaci�n procesal activa para promover esta acci�n, porque, contrariamente a lo que sostiene la autoridad demandada, no es aplicable al caso el art�culo 60, fracci�n II, del C�digo M., ya que la autorizaci�n del C. �nicamente ser� necesaria para desistir, transigir, comprometer en �rbitros o hacer cesi�n de bienes y recibir pagos, casos que son diversos al que nos ocupa.

  6. Es infundada la excepci�n relativa a la oscuridad de la demanda, porque trat�ndose de las controversias constitucionales no puede constituir una excepci�n que impida a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n estudiar y resolver la controversia constitucional, con fundamento en la tesis de jurisprudencia 68/1996, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS.".

  7. Es infundada la excepci�n de efectos no derogatorios de la ley, porque la actora no impugna disposiciones generales, sino un acuerdo tomado por la Diputaci�n Permanente, en funciones, del Congreso Local.

  8. Es infundada la violaci�n al art�culo 35 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, en virtud de que la actuaci�n del Congreso no se refiere a ninguna de las hip�tesis contenidas en ese numeral, al no haberse instaurado ning�n procedimiento de suspensi�n o revocaci�n del mandato de un miembro del Ayuntamiento, por lo que no ten�a que observarse el procedimiento contenido en esa disposici�n.

  9. El �rgano demandado actu� en uso de las atribuciones que le confiere el art�culo 50 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, de dirimir los conflictos suscitados entre miembros de un mismo Ayuntamiento.

  10. Es fundado el concepto de invalidez en el que se alega violaci�n al art�culo 16 constitucional, por falta de fundamentaci�n y motivaci�n del acuerdo impugnado, porque, por una parte, no se encuentra debidamente fundado y, por otra, no cuenta con los considerandos que den sustento a la actuaci�n del Congreso, sin que sea obst�culo para ello la circunstancia de que el referido acuerdo se encuentre fundamentado en el dictamen que se remiti� a la decisi�n de la asamblea, porque constituye s�lo la opini�n de una comisi�n para orientar la decisi�n de la asamblea, que no necesariamente debe coincidir con el criterio de �sta.

  11. Es infundado el concepto de invalidez en el que se alega violaci�n al art�culo 105, fracci�n I, constitucional, porque el Congreso no conoci� de ninguna controversia suscitada entre diversos poderes ni calific� de constitucional o inconstitucional el acuerdo impugnado, sino �nicamente se pronunci� respecto de un conflicto entre diversos miembros de un mismo Ayuntamiento, para lo cual se encuentra facultado en t�rminos de los art�culos 134 y 58 de la Constituci�n Local, y 47 y 50 del C�digo M. del Estado de Tamaulipas. Tambi�n resultan infundadas las violaciones a los art�culos 103 y 107 constitucionales, porque en el acuerdo impugnado no se actualiz� ninguna de las hip�tesis que prev�n.

  12. Es infundada la violaci�n al art�culo 115, fracci�n I, constitucional, ya que de la lectura del dictamen elaborado por la Comisi�n de Justicia designada para formular un proyecto de acuerdo, as� como del contenido de �ste, se advierte que la Legislatura Estatal dirimi� un conflicto suscitado entre los ediles de ese Municipio, por lo que no se surte la hip�tesis contenida en el precepto constitucional en cita. Adem�s, el acuerdo de la legislatura, que declara nulo de plenoderecho el diverso acuerdo del Ayuntamiento actor, no trasciende al cargo de mun�cipe que constitucionalmente le corresponde al regidor designado como presidente municipal interino, porque no revoca su nombramiento ni lo suspende en el cargo.

  13. Es infundada la violaci�n a los art�culos 115, fracci�n II, constitucional y 296, 298, 299 y 300 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, porque no se invade la esfera de atribuciones del Municipio, ya que las facultades constitucionalmente conferidas al Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, no se ven afectadas por el acuerdo combatido, al no derogarse o restarse efectividad a disposici�n alguna municipal, ni impide a los Municipios ejercer las facultades que les otorga la Constituci�n. Por otra parte, el hecho de que se haya interpuesto un recurso de reconsideraci�n ante el propio Municipio en contra del acuerdo combatido, no es obst�culo para que el Congreso resolviera el conflicto suscitado entre los ediles del Municipio actor, ya que ten�a la obligaci�n de cumplir con la legislaci�n estatal de resolver y conocer esas cuestiones.

D�CIMO SEGUNDO

Por escrito de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, recibido al d�a siguiente en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, L.V.P., en su car�cter de segunda s�ndica de la actual integraci�n del Ayuntamiento actor, para el periodo de mil novecientos noventa y nueve a dos mil uno, car�cter que acredita con la copia certificada de la constancia de mayor�a de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, expedida por el presidente del Instituto Estatal Electoral, se desisti� de la presente controversia constitucional y solicit� se proveyera lo conducente al respecto.

Mediante prove�do de fecha tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor determin� no acordar de conformidad la solicitud de desistimiento en cita, en virtud de que no se acompa�� al escrito relativo la autorizaci�n que para tal efecto debe otorgar el Ayuntamiento, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 60, fracciones I y II, del C�digo M. del Estado de Tamaulipas.

El anterior prove�do se notific� a la parte actora, en la misma fecha de su emisi�n, mediante oficio n�mero 00552 y a las dem�s partes, al d�a siguiente, sin que hasta la presente fecha se hubiera impugnado por alguna de ellas.

D�CIMO TERCERO

El d�a diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve tuvo verificaci�n la audiencia prevista en los art�culos 29 y 31 de la ley reglamentaria de la materia, en la que se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos y agotado el tr�mite respectivo se pas� el asunto al Ministro instructor para la elaboraci�n del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n General de la Rep�blica; 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se trata de una controversia suscitada entre un Estado a trav�s de uno de sus poderes y uno de sus Municipios.

SEGUNDO

Por ser de estudio preferente, procede analizar, en primer lugar, si la demanda de controversia constitucional se promovi� oportunamente.

Conviene destacar que, contrariamente a lo sostenido por la autoridad demandada, la actora demand� la invalidez de un acto y no de una disposici�n general, lo que se desprende de la lectura integral del escrito inicial de demanda y del escrito complementario del mismo, en especial del apartado IV del se�alado en primer t�rmino, que textualmente dice:

"IV. Acto cuya invalidez se demanda. El acuerdo emitido el d�a veintitr�s de septiembre del a�o en curso, y que consta de dos art�culos, siendo �stos los siguientes:

Art�culo primero: El Congreso del Estado resuelve declarar nulo de pleno derecho el acuerdo tomado por el C. del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, en sesi�n extraordinaria n�mero 69, contenida en el acta n�mero 163, de fecha 23 de agosto del a�o en curso, mediante el cual se design� como presidente municipal interino al ciudadano licenciado C�sar A.�n S�nchez T.�n.-Art�culo segundo: N.�quese el presente acuerdo a las partes, para los efectos del art�culo 132, fracci�n XI de la Constituci�n Pol�tica Local y 34 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas.

Partiendo de esta base, se procede a analizar si la demanda se present� dentro del plazo establecido en el art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria de la materia, que se�ala:

"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

De acuerdo con el art�culo 21, fracci�n I, de la ley reglamentaria antes transcrito, cuando en la controversia constitucional se impugnen actos, el actor cuenta con un plazo de treinta d�as para la interposici�n de la demanda, contados a partir del d�a siguiente al en que:

  1. Conforme a la ley del acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n que se reclame;

  2. Se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n;

  3. El actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso, la parte actora se�al� en el �ltimo p�rrafo del mencionado apartado IV de su escrito de demanda, lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad expresamos que el medio oficial a trav�s del cual se conoci� del acuerdo y los art�culos que lo componen fueron porque los firmantes regidora L.T.C. y A.V.R., quinto y d�cimo s�ptimo regidor, respectivamente, quienes asistieron al pleno del Congreso que se realiz� el d�a 23 del mes y a�o en curso, en las propias instalaciones del Congreso del Estado de Tamaulipas (sic).

Con la manifestaci�n antes precisada, la actora se ostenta sabedora del acuerdo impugnado en la misma fecha de su emisi�n, es decir, el d�a veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que al haberse presentado la demanda de controversia constitucional el d�a veinticinco siguiente, es decir, dos d�as despu�s de que �ste se produjo, es evidente que su presentaci�n resulta oportuna, por haberse hecho dentro del plazo de treinta d�as que para tal efecto se�ala el mencionado art�culo 21, fracci�n I, de la ley de la materia.

TERCERO

Previamente a cualquier otra cuesti�n debe estudiarse la legitimaci�n de la parte promovente, por ser de orden p�blico y de estudio preferente.

El Congreso del Estado aduce que el presidente municipal carece de legitimaci�n para representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, ya que esta facultad corresponde a los s�ndicos en t�rminos del art�culo 60, fracci�n II, del C�digo M. del Estado, y por cuanto a estos �ltimos no demostraron tener la representaci�n legal de ese �rgano de gobierno, en tanto que no exhibieron el acuerdo de C. que los faculte para ello.

Asimismo, se�ala que el referido art�culo 60, fracci�n II, �nicamente faculta a los s�ndicos para representar al Ayuntamiento en los litigios en los que el Municipio sea parte, mas no para iniciar acciones litigiosas como la de la especie.

El procurador general de la Rep�blica aduce que el s�ndico primero es el �nico, entre todos los que promovieron la demanda de controversia constitucional, que se encuentra legalmente facultado para asumir la representaci�n del Ayuntamiento del Municipio actor; en cuanto al presidente municipal y los regidores se debe sobreseer en el juicio, por no contar con legitimaci�n procesal activa.

Ahora, suscriben la demanda, el primer s�ndico, los regidores y el presidente municipal, en funciones, del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, por su propio derecho y en representaci�n del Ayuntamiento en cita.

En primer t�rmino, resulta pertinente analizar si los referidos promoventes se encuentran legitimados para intervenir en la presente controversia, por derecho propio, como miembros aislados del Ayuntamiento, quienes acreditaron el car�cter que ostentan de la siguiente manera:

  1. L.V.P., como primer s�ndico y J.L.M.S.�a, L.T.C., O.R.G., M.P.G., I.M.�n L�pez y E.R.V., como regidores quinto, octavo, noveno, d�cimo y d�cimo segundo, con la copia certificada, por el secretario del Ayuntamiento, del P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas de primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que aparece publicado el resultado de los c�mputos municipales, distritales y estatales, que declara la validez de los resultados electorales correspondientes a presidentes municipales electos, regidores y s�ndicos por representaci�n proporcional (folio veintitr�s del expediente);

  2. K.P.G.G.�a, L.G.T., A.V.R. y L.H.A., como regidores d�cimo cuarto, d�cimo quinto, d�cimo s�ptimo y d�cimo octavo, con el P.�dico Oficial del Estado de Tamaulipas de treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que aparecen publicados los resultados del c�mputo estatal correspondientes a diputados, seg�n el principio de representaci�n proporcional y la declaraci�n de validez de los resultados electorales correspondientes a regidores por representaci�n proporcional, del proceso electoral de mil novecientos noventa y cinco (folio sesenta y uno del expediente);

  3. El car�cter de C�sar A.�n S�nchez T.�n, como presidente municipal en funciones, se acredita con la copia certificada por el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, del acta n�mero ciento sesenta y tres, relativa a la sesi�n extraordinaria de C. n�mero sesenta y nueve de fecha veintitr�s de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en la que se hace constar que el referido servidor p�blico fue electo, por mayor�a de votos, para sustituir en sus funciones al presidente municipal propietario, J.M.S.P. (folio cuarenta y dos del expediente).

Al efecto, cabe se�alar que los art�culos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia;

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

"III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u �rganos a que se refiere la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el car�cter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

"IV. El procurador general de la Rep�blica."

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

"En las controversias constitucionales no se admitir� ninguna forma diversa de representaci�n a la prevista en el p�rrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podr�n acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos ser� representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jur�dico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores p�blicos y su suplencia se har�n en los t�rminos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

Por otra parte, en el art�culo 115, fracci�n I, constitucional, se establecen los prop�sitos, �rgano ordinario de administraci�n y composici�n del Municipio, as� como el �rgano que en situaciones extraordinarias tiene a su cargo la administraci�n del ente municipal.

En efecto, el precepto constitucional mencionado, en su fracci�n I, antes de la reforma de veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve dispon�a:

"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"I. Cada Municipio ser� administrado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa y no habr� ninguna autoridad intermedia entre �ste y el Gobierno del Estado.

"Los presidentes municipales, regidores y s�ndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa, no podr�n ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elecci�n indirecta, o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�, no podr�n ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el car�cter de propietarios, no podr�n ser electos para el periodo inmediato con el car�cter de suplentes, pero los que tengan el car�cter de suplentes s� podr�n ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender Ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designar�n entre los vecinos a los Concejos M.es que concluir�n los periodos respectivos.

Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley.

As�, el Municipio reconocido por el Constituyente de mil novecientos diecisiete como un ente que constituye la base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, para el cumplimiento y ejercicio de las atribuciones establecidas en el art�culo 115 constitucional, cuenta con un �rgano de gobierno y administraci�n, previsto en la propia norma constitucional, que es el Ayuntamiento, que se encuentra constituido por el presidente municipal, regidores y s�ndicos. Excepcionalmente, la administraci�n de un Municipio puede recaer en un Concejo M..

Por otro lado, la fracci�n I del art�culo 105 constitucional dispone:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito Federal;

"b) La Federaci�n y un Municipio;

"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito Federal;

"d) Un Estado y otro;

"e) Un Estado y el Distrito Federal;

"f) El Distrito Federal y un Municipio;

"g) Dos Municipios de diversos Estados;

"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y,

"k) Dos �rganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federaci�n, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos.

En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia.

Es claro que en ninguno de los incisos de la fracci�n I del art�culo 105 constitucional se establece la posibilidad de que un �rgano municipal, distinto del Ayuntamiento, pueda tener el car�cter de parte en una controversia constitucional.

Luego, siendo el Municipio el que tiene legitimaci�n para intervenir en una controversia constitucional, a trav�s del Ayuntamiento o, en su caso, del Concejo M., por ser �stas las instituciones en las que recae la representaci�n de aqu�l, es incuestionable que cualquier miembro aislado de tales �rganos no puede tener el car�cter de parte.

Por tanto, si en el �mbito municipal s�lo puede tener el car�cter de parte en una controversia constitucional el Municipio, a trav�s de su �rgano de representaci�n que es el Ayuntamiento, consecuentemente ni el presidente municipal, ni los s�ndicos, ni los regidores pueden tener el car�cter de parte, como actor o como demandados, en la controversia constitucional.

As� se establece en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de este Tribunal Pleno n�mero 54/97, que se encuentra publicada en la p�gina trescientos noventa y siete del Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACI�N PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL.-De lo dispuesto en los art�culos 105, fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional, se advierte que para tener la calidad de parte (actora, demandada o tercera interesada) dentro de una controversia constitucional, es requisito indispensable que se trate de una entidad, poder u �rgano. En el caso del Municipio, �ste es el titular exclusivo de la acci�n de controversia constitucional, quien puede hacerla valer -u oponerse a ella-, por medio del Ayuntamiento, o bien del Concejo M., por ser las instituciones en las que recae tal representaci�n, de conformidad con lo se�alado en el art�culo 115 constitucional. Por ende, es inconcuso que cualquier miembro aislado, por s� mismo (presidente municipal, regidores o s�ndicos), del Ayuntamiento o Concejo M. de un Municipio, carece de legitimaci�n para intervenir, por derecho propio, dentro de unacontroversia constitucional; y si la pretensi�n fuera deducida en defensa de los intereses del Municipio, resultar�a ineficaz, pues la representaci�n de ese ente corresponde s�lo al Ayuntamiento y, de modo extraordinario, al Concejo M..

En consecuencia, el primer s�ndico, los regidores y el presidente municipal en funciones carecen de legitimaci�n para promover el presente juicio, por su propio derecho.

Por otra parte, y toda vez que los propios servidores p�blicos tambi�n interpusieron la demanda en representaci�n del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, resulta necesario analizar si se encuentran legitimados para representar a dicho �rgano de gobierno en el presente juicio, conforme a las disposiciones del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas.

Ahora bien, los art�culos 49, 53, 54, 57, 59, 60 y 61 del mencionado c�digo establecen:

"Art�culo 49. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

"...

"XLIII. Representar legalmente al Municipio con todas las facultades de un apoderado general con las limitaciones que marca la ley; nombrar asesores y delegados, y otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas."

"Art�culo 53. Los Ayuntamientos ser�n representados por el presidente municipal, quien adem�s es el �rgano ejecutor de los acuerdos y disposiciones que dicten aqu�llos en ejercicio de sus funciones."

"Art�culo 54. En los actos jur�dicos administrativos de su competencia, comparecer� el presidente municipal con el secretario del Ayuntamiento, quien refrendar� con su firma los acuerdos y comunicaciones que aqu�l expida."

"Art�culo 57. El presidente municipal, con la aprobaci�n del Ayuntamiento en cada caso, asumir� la representaci�n jur�dica del Municipio en los litigios en que �ste fuera parte, cuando el s�ndico o s�ndicos tengan impedimento legal."

"Art�culo 59. Son facultades y obligaciones de los regidores de los Ayuntamientos: I. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento con voz y voto. II. Desempe�ar y presidir las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento, informando a �ste de sus resultados. III. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de los diferentes ramos de la administraci�n y de los servicios municipales, cuya vigilancia les haya sido encomendada. IV. Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales siempre que sean menores de treinta d�as, en el orden de preferencia que �ste determine. V. Concurrir a las ceremonias c�vicas y a los dem�s actos a que fueren citados por el presidente municipal. VI. Citar a sesiones extraordinarias del Ayuntamiento si no lo hace el presidente municipal, en los t�rminos de este c�digo y su reglamento interior. VII. Las dem�s que les otorguen la ley y reglamentos."

"Art�culo 60. Los s�ndicos de los Ayuntamientos tendr�n las siguientes facultades y obligaciones: ... II. Representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, como mandatario general para pleitos y cobranzas en los t�rminos del C�digo Civil del Estado, con la limitaci�n de que no podr�n desistirse, transigir, comprometer en �rbitros o hacer cesi�n de bienes, recibir pagos, salvo autorizaci�n por escrito que en cada caso les otorgue el Ayuntamiento.-Asimismo, tendr�n a su cargo la atenci�n de los negocios de la hacienda municipal."

Art�culo 61. En los Municipios donde existan dos s�ndicos, �stos podr�n intervenir conjunta o separadamente en los negocios judiciales y administrativos, con las facultades se�aladas en el art�culo anterior.

De la lectura de los preceptos legales transcritos se advierte que la representaci�n del Ayuntamiento en las controversias o litigios en que �ste sea parte corresponde a los s�ndicos, y s�lo excepcionalmente la asumir�, previa aprobaci�n de ese �rgano de gobierno, en cada caso, el presidente municipal, cuando los s�ndicos tengan impedimento legal para hacerlo. Por cuanto a los regidores, la ley no los faculta para representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte.

En tal virtud, si el primer s�ndico promovi� la demanda de controversia constitucional en representaci�n del Ayuntamiento del Estado de Tamaulipas, es indudable que no se actualiz� la excepci�n a que se refiere el art�culo 57 del mencionado c�digo, para que, previa aprobaci�n de ese �rgano de gobierno, el presidente municipal asumiera tal representaci�n.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia n�mero 66/96 sustentada por este Tribunal Pleno, que a la letra se�ala:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUNCIONARIOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLAS (C�DIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).-Del an�lisis de los art�culos 53, 54, 57, 60, fracci�n II, 61 y 67 del referido ordenamiento, vigente al cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se infiere que la representaci�n legal para promover controversias constitucionales por los Municipios debe recaer, en primer lugar, en el s�ndico o s�ndicos del Ayuntamiento y, excepcionalmente, cuando tengan impedimento legal, en el presidente municipal, con la aprobaci�n del Ayuntamiento.

En cuanto a la autorizaci�n que debe otorgar el Ayuntamiento a los s�ndicos, en t�rminos del art�culo 60, fracci�n II, del C�digo M. del Estado, s�lo se requiere, conforme a la propia disposici�n, para que puedan desistir, transigir, comprometer en �rbitros, hacer cesi�n de bienes o recibir pagos, supuestos que no se surten en el caso, como bien lo hace notar el procurador en la opini�n que formul�.

En consecuencia, debe declararse que los referidos promoventes, a excepci�n del primer s�ndico, carecen de facultades para representar al Ayuntamiento del Municipio actor en el presente juicio, y no decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de �stos, como lo propone el procurador general de la Rep�blica, con apoyo en la tesis de jurisprudencia n�mero 91/99 del Tribunal Pleno, que se encuentra publicada en la p�gina setecientos seis del Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE LEGITIMACI�N PROCESAL DE LOS SERVIDORES P�BLICOS PROMOVENTES DEL JUICIO NO LLEVA A SOBRESEER SINO A DECLARAR QUE CARECEN DE ELLA.-Esta Suprema Corte ha establecido que la legitimaci�n en la causa es la vinculaci�n que existe entre quien invoca un derecho sustantivo y el derecho mismo que hace valer ante los �rganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido; mientras que la legitimaci�n en el proceso es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar v�lidamente actos procesales y, por tanto, es condici�n para la validez formal del juicio. En consecuencia, siendo el sobreseimiento una declaratoria referida a la legitimaci�n en la causa, por cuanto produce el efecto jur�dico de dejar sin resolver la acci�n intentada, tal decisi�n no puede dirigirse a los servidores p�blicos que no han justificado la representaci�n con que se ostentan, porque las determinaciones que lleguen a tomarse en la controversia constitucional deber�n tener efectos solamente en relaci�n con las entidades demandante y demandadas, mas no pueden alcanzar tambi�n a quienes, sin acreditarlo, promueven en nombre de la primera, dado que �stas no tienen un derecho sustantivo propio que deducir y, por tanto, no son parte en el juicio, debiendo declararse que carecen de legitimaci�n procesal.

Por lo que hace al primer s�ndico, los art�culos 57 y 60, fracci�n II, del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas, conceden facultades a los s�ndicos de los Ayuntamientos del Estado para representarlos en los litigios en que �stos fueren parte, como mandatario general para pleitos y cobranzas en los t�rminos del C�digo Civil del Estado, sin requerir para ello el acuerdo previo del Ayuntamiento, por lo que cabe concluir que si el citado promovente comparece a juicio a nombre y representaci�n del Municipio, con el indicado car�cter, entonces tienen la legitimaci�n necesaria para ejercer la presente acci�n de controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 11 de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud, es evidente que conforme a lo dispuesto por los art�culos 1880, 1884 y 1890 del C�digo Civil del Estado, en relaci�n con el art�culo 60, fracci�n II, del C�digo M. de la entidad, la actuaci�n de los s�ndicos en representaci�n de los Ayuntamientos se ejerce sin limitaci�n alguna para actuar por cuenta y en nombre del Ayuntamiento con el car�cter de personero, procurador o representante y, por ende, el s�ndico primero en menci�n se encuentra legitimado para representar al Municipio en este procedimiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la jurisprudencia n�mero 22/97 sustentada por este Tribunal Pleno que se�ala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS S�NDICOS TIENEN LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORG�NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA).-De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 22, fracci�n II y 40, fracci�n I, de la Ley Org�nica M. del Estado de Oaxaca, los s�ndicos son los representantes jur�dicos del Municipio y, para la procuraci�n de la defensa de los intereses municipales tienen, entre otras, las siguientes atribuciones: procurar, defender y promover los intereses municipales; representar jur�dicamente al Municipio en los litigios en que �ste fuere parte, y en la gesti�n de los negocios de la hacienda municipal. Por otra parte, de los preceptos de referencia, en relaci�n con los art�culos 17, 34, 44 y 46 de la ley en cita, se infiere que para que los s�ndicos puedan actuar en uso de las atribuciones antes se�aladas, no requieren acuerdo previo del Ayuntamiento, ya que la materia propia de las sesiones que �ste lleva a cabo se refiere espec�ficamente a los asuntos sustantivos propios de la administraci�n del Municipio, entre otros, ordenanzas, acuerdos administrativos, prestaci�n y vigilancia de servicios p�blicos. Por tanto, los s�ndicos, en uso de las atribuciones que la ley les otorga, pueden promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la acci�n de controversia constitucional, sin que se establezca condici�n o requisito formal previo para ello."

Por tanto, deber� declararse que C�sar A.�n S�nchez T.�n, Jos� Cruz Ramos L�pez, J.L.M.S.�a, L.T.C., O.R.G., M.P.G., I.M.�n L�pez, E.R.V., K.P.G.G.�a, L.G.T., A.V.R. y L.H.A., el primero como presidente municipal y los restantes como regidores primero, segundo, quinto, octavo, noveno, d�cimo, d�cimo segundo, d�cimo cuarto, d�cimo quinto, d�cimo s�ptimo y d�cimo octavo, respectivamente, carecen de legitimaci�n para promover la controversia constitucional en representaci�n del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas.

En cambio, L.V.P., en su car�cter de primer s�ndico, s� est� legitimado para representar en este juicio al indicado �rgano de gobierno.

CUARTO

A continuaci�n deben analizarse las causas de improcedencia invocadas por las partes o que de oficio advierta este Tribunal Pleno, por ser la procedencia de la controversia constitucional un presupuesto de orden p�blico y de estudio preferente, en t�rminos del �ltimo p�rrafo del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 Constitucional.

La parte demandada aduce que el presente juicio resulta improcedente, en tanto que se plantea la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y la Constituci�n General de la Rep�blica, lo que, en todo caso, podr�a ser materia de la acci�n de inconstitucionalidad, la cual no puede ser ejercida por los Municipios, seg�n se desprende de lo establecido en los art�culos que sobre �stas comprende el t�tulo III de la ley reglamentaria en cita.

Es infundada la causa de improcedencia que invoca la demandada, en virtud de que parte de una premisa falsa, porque la actora no demand�, en esta v�a, la invalidez de disposiciones generales sino de un acto, como ha quedado precisado en el considerando segundo de esta ejecutoria.

Adem�s, cabe se�alar que el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos otorga facultades a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para conocer de las controversias constitucionales que surjan entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Asimismo, la autoridad demandada aduce que el presente juicio ha quedado sin materia, en virtud de que ha tenido conocimiento "extraoficialmente" de que en sesi�n de C. celebrada el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, J.M.S.P. se reintegr� a sus funciones p�blicas de presidente municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, por lo que el juicio resulta improcedente en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 19, fracciones V y VIII, de la ley reglamentaria de la materia.

Sobre el particular, cabe se�alar que la autoridad demandada, al plantear en su escrito de contestaci�n a la demanda la causa de improcedencia, solicit� al Ministro instructor que se requiriera al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, para que remitiera a este M�ximo Tribunal de Justicia el acta de sesi�n de C. de m�rito, lo cual fue acordado de conformidad mediante auto de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, requerimiento que fue atendido oportunamente por el s�ndico primero del Municipio actor, mediante oficio de fecha doce de diciembre del mismo a�o, en el que manifest� que: "... no se llev� a cabo sesi�n de C. el d�a 27 de octubre del a�o en curso, motivo por el cual estoy imposibilitado para dar cumplimiento a lo que se me requiere en su acuerdo de fecha 30 de noviembre del a�o que corre ...".

Por diverso prove�do de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor orden� dar vista al Congreso del Estado de Tamaulipas con el referido oficio de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho del Ayuntamiento actor, antes mencionado, para que en el plazo de tres d�as, contados a partir de la legal notificaci�n del acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, lo que se cumpliment� en sus t�rminos con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y nueve (folios ciento veintiocho y ciento veintinueve del expediente), sin que dicha autoridad hubiera desahogado la vista que se le dio con ese oficio.

En tal orden de ideas, al no encontrarse acreditado el extremo a que alude la demandada, consistente en que el presidente municipal, cuya sustituci�n es materia de la controversia, se reintegr� al Ayuntamiento para continuar con el desempe�o de la funci�n p�blica inherente a su cargo, debe estimarse infundada la causa de improcedencia que hace valer.

Sin embargo, este tribunal advierte que el presente juicio resulta improcedente, por virtud de que aun cuando subsiste el acto reclamado, existe imposibilidad de restaurar el orden constitucional que la parte actora estim� vulnerado.

Para una mejor comprensi�n del asunto, conviene destacar que del an�lisis de las constancias que corren agregadas a este expediente se advierte que:

  1. En sesi�n extraordinaria de C. celebrada el veintitr�s de agosto de mil novecientos noventa y ocho se eligi� como presidente municipal interino al d�cimo sexto regidor, C�sar A.�n S�nchez T.�n, para cubrir la falta temporal (de veintinueve d�as) del presidente municipal J.M.S.P. (fojas cuarenta y dos);

  2. Por escrito de fecha veintis�is de agosto de mil novecientos noventa y ocho, presentado el mismo d�a ante la Oficial�a M. del Poder Legislativo del Gobierno de Tamaulipas, S.J.G.�a, G.R.C., F.R.T., J.�n M.�as R.�guez, R.R.R.�n, L.L.�n de Le�n, E.R.V., F.�n R.T. y M.S.A., quienes se ostentaron como miembros del Ayuntamiento actor, denunciaron diversos hechos que consideraron violatorios del orden constitucional y pol�tico del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, relacionados, entre otros, con el acuerdo tomado en la sesi�n extraordinaria de C., antes precisada, relativo a la elecci�n del d�cimo sexto regidor, C�sar A.�n S�nchez T.�n, como presidente municipal interino, en sustituci�n del presidente municipal propietario, considerando los denunciantes que dicha designaci�n debi� recaer en quien result� electo popularmente como presidente municipal suplente (fojas once);

  3. Con fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, las indicadas personas dirigieron tambi�n un escrito al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, en id�nticos t�rminos al rese�ado en el inciso b) (fojas veinte del cuaderno de pruebas);

  4. Con fecha veintitr�s de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la Quincuag�sima Sexta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas emiti� el acuerdo n�mero veintitr�s (fojas cincuenta y nueve), que constituye la materia de la presente controversia, por el que, en su art�culo primero, resolvi�: "declarar nulo de pleno derecho el acuerdo tomado por el Honorable C. del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, en sesi�n extraordinaria n�mero 69, contenida en el acta n�mero 163, de fecha 23 de agosto del a�o en curso, mediante el cual se design� como presidente municipal interino al ciudadano licenciado C�sar A.�n S�nchez T.�n" y, en su art�culo segundo, orden� notificar el propio acuerdo a las partes "... para los efectos del art�culo 132, fracci�n XI, de la Constituci�n Pol�tica Local y 34 del C�digo M. para el Estado de Tamaulipas", numerales que, en esencia, establecen que corresponde al suplente respectivo cubrir las faltas temporales de los integrantes de los Ayuntamientos y a falta de dicho suplente deber� enviarse terna al Congreso, para que sea �ste el que designe al sustituto.

En efecto, las disposiciones legales invocadas a la letra dicen:

Constituci�n Pol�tica del Estado de Tamaulipas.

"Art�culo 132. La organizaci�n pol�tica y administrativa de los Municipios, las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, sus relaciones con los Poderes del Estado y otras dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, se determinar�n en el C�digo M., que deber� sujetarse a las bases siguientes:

"...

XI. Las faltas temporales o definitivas de los miembros de un Ayuntamiento ser�n cubiertas por el suplente respectivo, y cuando �ste falte tambi�n, el Ayuntamiento enviar� terna al Congreso, quien designar� a los sustitutos. En los recesos del Congreso la designaci�n se har� por la Diputaci�n Permanente, dentro de los treinta d�as a partir de la recepci�n de la comunicaci�n.

C�digo M. para el Estado de Tamaulipas.

Art�culo 34. Las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los Ayuntamientos, ser�n cubiertas por el suplente respectivo y cuando �ste falte tambi�n, el Ayuntamiento enviar� terna al Congreso por conducto del Ejecutivo, para que designe los sustitutos. En los recesos del Congreso la designaci�n se har� por la Diputaci�n Permanente dentro de los treinta d�as a partir de la recepci�n de la comunicaci�n.

Por otra parte, la s�ndica segunda de la actual integraci�n del Ayuntamiento actor, en su escrito de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que obra a fojas ciento noventa de este expediente, que se relacion� en el resultando d�cimo segundo de esta ejecutoria, manifest� en lo conducente que:

"... En atenci�n a que laadministraci�n municipal del periodo 1996-1998 que fue la que impugn� el acuerdo de la Quincuag�sima Sexta Legislatura dej� de fungir como tal y actualmente la que realiza las gestiones pertinentes lo es el C. designado para el trienio 1999-2001, misma que inici� sus labores el d�a 1o. de enero del a�o en curso, deviene establecer que en la actualidad no existe materia para que esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n falle en relaci�n con la controversia planteada con antelaci�n, dado que en la actualidad se encuentra designada popularmente como presidente municipal suplente a la C.L.. C.E.E., y para el caso no consentido de que se confirmara que quien debe fungir como presidente suplente lo es el C.D.M.A.J.S.A., esta circunstancia no podr�a ser cumplimentada, en virtud de que el trienio (1996-1998) para el cual fue electo popularmente feneci� en sus funciones ..."

Como lo hace notar la s�ndica segunda en menci�n, en el escrito que ha quedado transcrito en lo conducente, en la actualidad ha concluido la gesti�n de los integrantes del Ayuntamiento actor, que fueron electos para el periodo de mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y ocho, entre los que se encuentran el presidente municipal propietario J.M.S.P., el presidente municipal suplente M.S.A. y el d�cimo sexto regidor C�sar A. S�nchez T.�n, lo cual aconteci� desde el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, seg�n se infiere de la copia certificada del P.�dico Oficial del Estado de fecha primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (foja sesenta y ocho del cuaderno de pruebas), en el que fueron publicados los resultados electorales de los c�mputos municipales, distritales y estatal, correspondientes a la jornada electoral de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y del ejemplar de ese �rgano de gobierno de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que se public� el resultado del c�mputo final estatal de regidores por representaci�n proporcional (folio sesenta y uno del expediente), en relaci�n con el art�culo 27 de la Ley Electoral de la entidad, que establece que los Ayuntamientos ejercer�n sus funciones a partir del primero de enero del a�o siguiente de su elecci�n y durar�n en su encargo tres a�os.

Lo anterior pone de manifiesto que a la fecha de la celebraci�n de la audiencia en la presente controversia constitucional, que se verific� el d�a diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve, ya hab�a concluido el encargo de los mencionados servidores p�blicos, ya que, como se ha se�alado, esto �ltimo ocurri� el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Por tanto, si termin� el periodo para el que fueron electos J.M.S.P., M.S.A. y C�sar A. S�nchez T.�n, como presidente municipal propietario, presidente municipal suplente y d�cimo sexto regidor, del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, respectivamente, en torno a quienes gira el acto materia de la presente controversia constitucional, que decret� la nulidad del acuerdo tomado por el C. de ese Municipio en la sesi�n extraordinaria n�mero sesenta y nueve, de fecha veintitr�s de agosto de mil novecientos noventa y ocho, cuyo efecto, de acuerdo con los art�culos 132, fracci�n XI, de la Constituci�n Local y 34 del C�digo M. del Estado que han quedado transcritos, se traduce evidentemente en que el mencionado suplente del presidente municipal del Ayuntamiento actor, para el periodo de mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y ocho, cubra la vacante por la falta temporal del presidente municipal, es indudable que el acto impugnado en cita, aunque subsiste, carece ya de objeto, al igual que el pronunciamiento de fondo por no poderse retrotraer, materialmente, el periodo legal de funcionamiento del presidente municipal suplente, por lo que esta acci�n es ineficaz, dada la imposibilidad de restaurar, en su caso, el orden constitucional que la parte actora estim� vulnerado, lo que produce la improcedencia del juicio con fundamento en el art�culo 19, fracci�n VIII, en relaci�n con el art�culo 41, fracci�n IV, ambos de la Ley Reglamentaria de las F.ones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, se impone sobreseer en el presente juicio con fundamento en el art�culo 20, fracci�n II, de la mencionada ley de la materia.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

PRIMERO

El presidente municipal, el primer s�ndico y los regidores primero, segundo, quinto, octavo, noveno, d�cimo, d�cimo segundo, d�cimo cuarto, d�cimo quinto, d�cimo s�ptimo y d�cimo octavo, del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, carecen de legitimaci�n para promover la presente controversia constitucional, por su propio derecho, y en representaci�n del citado �rgano de gobierno (a excepci�n, en este �ltimo supuesto, del primer s�ndico), en t�rminos del considerando tercero de este fallo.

SEGUNDO

El primer s�ndico tiene legitimaci�n para representar, en este juicio, al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, en t�rminos del propio considerando tercero de esta resoluci�n.

TERCERO

Se sobresee en la presente controversia constitucional, de conformidad con lo establecido en el considerando cuarto de esta ejecutoria.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de ocho votos de los se�ores M.S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., J.V.A.A.�n, H.R.P., J.N.S.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. No asistieron los se�ores Ministros Jos� de Jes�s G.�o P. y G.I.O.M., por estar disfrutando de vacaciones; y la se�ora Ministra Olga S�nchez C. de G.�a V., previo aviso a la Presidencia. Fue ponente en este asunto el se�or Ministro Jos� V.A.A.�n.

Nota: Las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JUR�DICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS.", "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUNCIONARIOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLAS (C�DIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS)." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS S�NDICOS TIENEN LEGITIMACI�N PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORG�NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA).", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo IV, noviembre de 1996, p�gina 325, tesis P./J. 68/96; Tomo IV, noviembre de 1996, p�gina 326, tesis P./J. 66/96; y Tomo V, abril de 1997, p�gina 134, tesis P./J. 22/97, respectivamente.