Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072220

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Localizacion:JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Marzo de 2001
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA (ABROGADA) QUE FACULTA A ESE ÓRGANO PARA USAR LOS MEDIOS DE APREMIO NECESARIOS CUANDO LOS OBLIGADOS LEGALMENTE SE NIEGUEN A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAG�N.

M�xico, Distrito F.. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a trece de febrero de dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO

Por escrito presentado en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, R.H.�ndez V. y F.G.�a B.G.�lez, en su car�cter, respectivamente, de presidente municipal y s�ndico �nico, del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, promovieron controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que a continuaci�n se se�alan, emitidos por las autoridades mencionadas en el p�rrafo siguiente:

Parte demandada en el juicio. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz, representado por el presidente de la LVIII Legislatura del Estado, L.. C.B.G.�mez y por el C.R.M.O., contador mayor de Hacienda de la legislatura, con domicilio conocido en el Palacio Legislativo del Estado, sito en avenida Encanto esquina L�zaro C�rdenas de Xalapa, Ver.-Norma general o acto cuya invalidez se demanda: Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, en particular los art�culos 9o., 11, 12 y 20, que otorgan facultades metaconstitucionales al contador mayor de Hacienda y a la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, para sustituir en sus funciones a la honorable Legislatura del Estado de Veracruz que se integra con cuarenta y cinco diputados; as� como los oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, expediente 200, de fechas 11 y 13 de octubre de 1999, dirigidos al C.L.. R.H.�ndez V., Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., signados por el contador mayor de Hacienda de la H. Legislatura del Estado, mediante los cuales formula observaciones a la cuenta p�blica del H. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 1998.

SEGUNDO

Los antecedentes del caso son los siguientes:

a) El primero de enero de 1998, tomaron posesi�n en la entidad veracruzana 210 nuevos Ayuntamientos, de los cuales 107 son presididos por alcaldes que fueron propuestos por partidos de oposici�n; correspondiendo 59 Ayuntamientos al Partido de la Revoluci�n D.�tica; 47 Ayuntamientos al Partido Acci�n Nacional y 1 (uno) al Partido Verde Ecologista. Dichos alcaldes, actualmente administran los principales Municipios de la entidad como son: Veracruz, Coatzacoalcos, C�rdoba, Orizaba, Xalapa, Tuxpan, Boca del R�o, entre otros.-b) El 10 de marzo de 1998, fue adicionada la fracci�n XV del art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz, con un p�rrafo cuyo texto dice: ?Para el estudio de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, la legislatura contar� con la Contadur�a M. de Hacienda ...?.-c) El 11 de septiembre de 1998, la LVIII Legislatura del Estado, compuesta en su mayor�a por diputados del Partido Revolucionario Institucional, aprob� con asistencia de 34 miembros; 30 votos a favor y 4 abstenciones, la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda del propio cuerpo colegiado.-d) El 27 de octubre de 1998, en sesi�n p�blica ordinaria de la LVIII Legislatura Estatal design� al contador mayor de Hacienda, recayendo el nombramiento en la persona del C.R.M.O. de una terna propuesta al Pleno de la Legislatura del Estado, por la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, que a su vez est� integrada por 9 diputados de los cuales 6 son del Partido Revolucionario Institucional. El resultado de la votaci�n para la designaci�n del contador mayor de Hacienda, fue de 35 a favor y 7 en contra (seg�n consulta hecha al Diario de los Debates de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado, a�o 1, primer periodo ordinario, tomo V, n�mero 1).-e) El 2 de marzo de 1999, con la asistencia de 41 diputados fue aprobado por 35 votos a favor y 5 en contra, el Reglamento Interior de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, bajo cuya normatividad est� siendo revisada la cuenta p�blica del ejercicio de 1998, aplicando en forma retroactiva una legislaci�n con la que se fiscaliza el manejo hacendario de los 210 Municipios veracruzanos y con clara tendencia a escudri�ar el gasto p�blico en aquellos Municipios gobernados por la oposici�n al partido oficial.-De lo anterior, se deduce con claridad que las adiciones a la Constituci�n, la aprobaci�n y vigencia de la ley org�nica y su reglamentaci�n, no tienen otro prop�sito que ejercer sobre los Ayuntamientos una vigilancia y sometimiento, como jam�s se hab�a realizado hasta ahora en que m�s de la mitad de los Ayuntamientos de la entidad veracruzana, est�n siendo administrados por alcaldes de partidos de oposici�n.-f) En diferentes fechas, seg�n consta con el sello de recibido del Departamento de Programaci�n y Presupuesto de la H. Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, se remiti� a ese cuerpo colegiado, la cuenta p�blica del Ayuntamiento de Xalapa, correspondiente a cada uno de los doce meses del ejercicio 1998.-g) Con fecha 13 de los corrientes, el C.R.M.O., contador p�blico de Hacienda env�a al C.P. Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, de fechas 11 y 13 de octubre del presente a�o, que contienen las observaciones resultantes de las revisiones al Ramo 033 financieras y t�cnicas por la ejecuci�n de obras y a la cuenta p�blica por el plan de arbitrios.

TERCERO

Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

Primer concepto de invalidez. Es motivo de la presente controversia constitucional, la violaci�n por parte del Poder Legislativo Local, a trav�s de diversos actos, a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su art�culo 115, fracci�n IV, inciso c). Se establece en dicho numeral que: ?... Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. ...?. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz aprob�, que en su oportunidad entr� en vigor, la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda y su reglamento que atribuye al contador mayor en su art�culo 9o., fracci�n VI, la facultad de ?formular pliegos de observaciones a la cuenta p�blica de los Municipios?. De esta manera, dicho contador, mediante oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, expediente 200, de fechas 11 y 13 de octubre del a�o en curso, respectivamente, env�a al Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., los pliegos de observaciones a la cuenta p�blica 1998, para que en un t�rmino de 15 d�as, a partir de su notificaci�n que fue el 18 del mes anterior, solvente las mismas o en su defecto, reintegre los fondos del Ramo 033, que se precisan en tales oficios.-De lo anterior, debemos desprender una clara violaci�n a la Constituci�n F., en perjuicio de la administraci�n municipal que representamos, porque las observaciones que formula el contador mayor de Hacienda, con apoyo en la Ley 112 y su reglamentaci�n, son actos de autoridad contrarios al art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n F., que confiere al Pleno de la Legislatura Local, la facultad de aprobar las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas p�blicas; es decir, dada la naturaleza del asunto que la Constituci�n General confiere al Poder Legislativo Local, actuando en Pleno, la Contadur�a M. de Hacienda no puede atribuirse una facultad que es exclusiva del mencionado cuerpo legislativo, porque la mencionada Contadur�a M., como �rgano t�cnico y auxiliar de las funciones del Poder Legislativo, no puede ser revisor de los actos del Ayuntamiento, que jer�rquicamente es un ente p�blico superior, constituido en la c�lula de la divisi�n territorial y organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado; de ah� que ha de invalidarse la inconstitucional facultad de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado, para formular observaciones a la cuenta p�blica municipal.-Segundo concepto de invalidez. El oficio n�mero DAF.3291/1711, expediente 200, de fecha 13 de octubre de 1999, signado por el contador mayor de Hacienda, C.R.M.O., dirigido al suscrito R.H.�ndez V., presidente constitucional de Xalapa, es un acto inconstitucional. Porque si bien el art�culo 9o., fracci�n VI, de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M., atribuye la facultad para formular los pliegos de observaciones, de dicho numeral no se desprende que el pliego mencionado deba hacerse de manera directa a las autoridades auditadas, porque esta facultad originariamente y de manera exclusiva corresponde a la H. Legislatura, sin que �sta pueda delegar dicha facultad en un �rgano t�cnico, cuyas funciones y atribuciones s�lo surten efectos en el �mbito del Poder Legislativo, de ah� que el acto de autoridad cuya invalidez se demanda no solamente contraviene la Constituci�n General de la Rep�blica, sino que adem�s causa graves perjuicios a la administraci�n municipal, que infundadamente es desacreditada, ya que los medios informativos publicaron los pliegos de observaciones, calificando a �stas como ?irregularidades?, que, dolosamente tradujeron en malversaciones millonarias ($30'000,000.00), sin que el resultado de las auditor�as gubernamentales se haya notificado previamente a esta autoridad para que en tiempo y forma se pudieran solventar las mencionadas observaciones a la cuenta p�blica.-Corrobora este concepto de invalidez, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en tesis que aqu� usamos en nuestro apoyo y que reza: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.? (se transcribe).-Los actos que se combaten ejecutados por la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado, convierten a dicho �rgano t�cnico meramente auxiliar de la Legislatura Estatal, en una autoridad intermedia que se arroga facultades metaconstitucionales en agravio de la autonom�a econ�mica e independencia pol�tica de los Municipios veracruzanos.-Por otra parte, resulta contrario a la Constituci�n F., el infundado requerimiento, formulado por el propio contador mayor de Hacienda en el oficio mencionado, para que este Ayuntamiento en un plazo de 15 d�as, a partir de la fecha de su recepci�n, solvente las observaciones que en concepto de ese �rgano t�cnico encontr� a la documentaci�n relativa a la cuenta p�blica de 1998, con el apercibimiento para que, en caso de incumplimiento a tan inconstitucional requerimiento, el H. Ayuntamiento de Xalapa, reintegre los conceptos del Ramo 033.-Tercer concepto de invalidez. La Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda y el acto de aplicaci�n de la misma, seg�n se desprende del oficio DAF.3291/1711, son contrarios no solamente a la Constituci�n General de la Rep�blica en su art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), sino que adem�s contravienen la Constituci�n Pol�tica Local, en sus art�culos 53, fracci�n II, inciso b y 68, fracci�n XXXVII, que corroboran la decisi�n constitucional en el sentido de reservar de manera exclusiva a favor de las Legislaturas Locales, la facultad de revisar y aprobar en su caso, la cuenta p�blica que presentan los Ayuntamientos; por lo anterior, debe invalidarse la ley y el acto de que se trata, por contravenir la disposici�n constitucional, dejando sin efecto las disposiciones a que se refieren los art�culos 9o., 11, 12 y 20, de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz y obligar, a la autoridad demandada a dejar sin efecto los mandatos contenidos en los oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, expediente 200, de fechas 11 y 13 de octubre del a�o en curso.-Cuarto concepto de invalidez. La propia L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda en su art�culo 12, fracci�n I, corrobora los conceptos de invalidez expresados, al atribuir a la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, la facultad de ?presentar a la legislatura los informes y dict�menes que le remita la contadur�a, respecto del an�lisis de las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos?, situaci�n legal que remite necesariamente, a la competencia exclusiva de la Legislatura Local para que, con apoyo en los art�culos 53, fracci�n II, inciso b) y 68, fracci�n XXXVII, de la Constituci�n del Estado, sea �sta la autoridad responsable de formular, en su caso, las observaciones a la cuenta p�blica del Municipio de Xalapa; por tanto es inaceptable jur�dicamente, que la C.�n Permanente de Vigilancia o el contador mayor de Hacienda de la misma legislatura, est�n facultados para formular pliegos de observaciones, requerimientos o apercibir a las autoridades municipales respecto del manejo de la cuenta p�blica que ejercen los Ayuntamientos.

CUARTO

El precepto de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se estima infringido, es el 115, fracci�n IV, inciso c).

QUINTO

Por acuerdo del doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y design� como instructor al M.J.V.C. y C..

Por auto de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor tuvo por presentado al s�ndico del Ayuntamiento promovente con la personalidad con que se ostent� y no as� al presidente del propio Municipio, en virtud de que la representaci�n legal de dicho Ayuntamiento correspond�a �nicamente al anterior servidor mencionado y, en t�rminos del art�culo 35 de la ley reglamentaria de la materia, requiri� a la parte actora, en los siguientes t�rminos:

... requi�rase a la parte actora para que, dentro del plazo de diez d�as h�biles contados a partir de la legal notificaci�n de este prove�do, manifieste a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n cu�les son las autoridades que se�ala como demandadas, atento a la naturaleza de los actos que impugna, y precise claramente los actos que le atribuya a cada una, toda vez que, al reclamar la ley org�nica citada, deber�a emplazarse a juicio al Congreso Estatal y al gobernador del Estado que, respectivamente, expidieron y promulgaron la ley combatida, esto de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 10, fracci�n II, de la ley reglamentaria de las controversias constitucionales; y, por otra parte, respecto de los oficios impugnados, deber� se�alar si debe tenerse como demandadas a la autoridad emisora de los mismos y al �rgano legislativo del que dependen. Todo lo anterior en virtud de que �nicamente se�ala como demandado al Poder Legislativo Estatal y, del presidente de la legislatura y del contador mayor de Hacienda de la misma, �nicamente los menciona como representantes y no como demandados por lo que, atendiendo a los actos y disposiciones impugnadas, se requiere hacer las aclaraciones antes precisadas. Adem�s de lo anterior, en su caso, deber� precisar tambi�n los conceptos de invalidez respecto de cada uno de los actos que impugne de cada una de las autoridades que se�ale como demandadas ...

SEXTO

Por oficio del veintitr�s de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, F.G.�a B.G.�lez, en su car�cter de s�ndico �nico del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, desahog� el requerimiento formulado, precisando:

... se�alo concretamente como demandadas a las siguientes personas e instituciones: I. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz.-II. El presidente de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda de la LVIII Legislatura del Estado de Veracruz.-III. El contador mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura del Estado de Veracruz.-IV. El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.-Actos reclamados que se atribuyen: a) Al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, la aprobaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, por considerar contrario a lo establecido en el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), constitucional, lo dispuesto por los art�culos 9o., 11, 12 y 20 del ordenamiento inicialmente se�alado.-Concepto de invalidez. El acto que se atribuye al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, consistente en la expedici�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, es inconstitucional porque atribuye al contador mayor de Hacienda facultades que el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n F. le concede �nicamente al Poder Legislativo y no a un �rgano t�cnico de su dependencia; igualmente es inconstitucional porque crea y faculta a una C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, para sustituir al Pleno de la Legislatura del Estado para dictaminar y aprobar las cuentas p�blicas municipales; resultando que los organismos creados a trav�s de dicha ley disponen de mayores atribuciones que los que la Carta Magna reserva para las Legislaturas Locales en Pleno.-Actos reclamados que se atribuyen: b) Al presidente de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura Local, el ejercicio de facultades metaconstitucionales, apoy�ndose en los art�culos 11 y 12 de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.-Concepto de invalidez. Las atribuciones que viene ejerciendo el presidente de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura Local, rebasan lo establecido por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n F., toda vez que el dictamen y aprobaci�n de las cuentas p�blicas municipales es facultad exclusiva de las Legislaturas Locales y no de una comisi�n ?integrada por un diputado de cada grupo legislativo, por cada diez puntos porcentuales de representaci�n que mantenga en el Pleno?, tal como lo dispone el art�culo 11 de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda. En el caso particular de la Legislatura de Veracruz, dicha comisi�n se integra por seis diputados del PRI, dos del PAN, y uno del PRD, sin que las fracciones del PT y PVEM, est�n incluidas en la multicitada comisi�n.-Actos reclamados que se atribuyen: c) Al contador mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura del Estado de Veracruz, el ejercicio indebido e ilegal de facultades que sustenta en los art�culos 9o. y 20 de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, con vista de los cuales se permiti� emitir los oficios n�meros 3278/10/999 y DAF.3291/1711, de fechas 11 y 13 de octubre del a�o en curso, mediante los que hizo saber al C.P. municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Ver., un pliego de observaciones derivado de la auditor�a complementaria que realizaron auditores enviados por el propio contador mayor de Hacienda para revisar la cuenta p�blica municipal del ejercicio de 1998.-Concepto de invalidez. Si bien es permisible legalmente que las Legislaturas de los Estados puedan contar con organismos t�cnicos auxiliares para desahogar las amplias funciones que tienen encomendadas, resulta inconstitucional la pretensi�n del contador mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, de convertirse en fiscalizador de las cuentas p�blicas municipales, a sabiendas de que tal facultad es exclusiva de la Legislatura en Pleno, seg�n lo dispone el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n F..-Esa facultad indebidamente ejercida por el contador mayor de Hacienda, sin haber sometido previamente un dictamen t�cnico de auditor�a al Pleno de la LVIII Legislatura del Estado para su discusi�n yaprobaci�n, es lo que se reclama como ejercicio indebido de la funci�n p�blica que tiene encomendada como �rgano t�cnico auxiliar de la multicitada dependencia.-Actos reclamados que se atribuyen: d) Al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, la promulgaci�n y publicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.-Concepto de invalidez. Los art�culos 9o., 11, 12 y 20 de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, resultan inconstitucionales en primer t�rmino porque al crear la Contadur�a M. de Hacienda otorg�ndole facultades que s�lo competen a la Legislatura en Pleno, viola el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n F.; y en segundo lugar porque al crear la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda y al concederle a dicha comisi�n facultades metaconstitucionales en la revisi�n y aprobaci�n de las cuentas p�blicas municipales, indudablemente que conculca lo previsto por el precepto n�mero 115 de la Carta Magna.-Manifiesto expresa conformidad en la correcci�n que se se�ala respecto a la intervenci�n del C.P. general de la Rep�blica, como parte y no como tercero interesado en la presente controversia constitucional.

S�PTIMO

Mediante prove�do del seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor admiti� la demanda de controversia constitucional; orden� emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestaci�n, manifestando lo que a su derecho conviniera, girar oficio al procurador general de la Rep�blica, para que produjera las manifestaciones conducentes al caso y tuvo por ofrecidas las pruebas documentales acompa�adas al escrito de demanda.

OCTAVO

Los diputados, presidente de la diputaci�n permanente y de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, secretario de la diputaci�n permanente y contador mayor de Hacienda, los tres integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, al formular su contestaci�n de demanda manifestaron:

Diputado C.B.G.�mez y diputado Flavino R�os A., contador p�blico R.M.O. presidente de la diputaci�n permanente y de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, secretario de la diputaci�n permanente y contador mayor de Hacienda, respectivamente, todos integrantes de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado, de conformidad con los art�culos 59, 60 de la L.O.�nica del Poder Legislativo; 75 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 10, fracci�n II, 22 y 23, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la L.O.�nica del Poder Legislativo; 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 10, fracci�n II, 22 y 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; as� como de los art�culos 1o., 4o. y 9o. de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave; 10, fracci�n II, 22 y 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en la avenida Encanto, esquina L�zaro C�rdenas, colonia El Mirador, de esta ciudad, y autorizando como delegados en los t�rminos del art�culo 11 de la ley que rige esta controversia, a los licenciados J.M.R., M.�.C.G.�a, E.M.G.�a y S.M.S.R., con n�meros de c�dula profesional 182876, 1587468, 1813712 y 2776231, respectivamente, venimos a dar contestaci�n a la demanda de controversia constitucional n�mero 37/99, del �ndice de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, promovida por los licenciados R.H.�ndez V. y licenciado F.G.�a B.G.�lez, presidente y s�ndico �nico, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, que nos fue notificada con fecha ocho de diciembre del a�o pr�ximo pasado, mediante oficios n�meros 00182, 00183 y 00184 en los siguientes t�rminos.-En cumplimiento a lo establecido en el art�culo 23 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en contestaci�n a la demanda manifestamos.-Primero. De conformidad a lo establecido en el art�culo 19, fracci�n VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la controversia constitucional que han planteado el presidente y s�ndico municipales de Xalapa, Veracruz, es improcedente porque el primer acto de aplicaci�n de las normas que contravienen, que es el oficio n�mero 2541/18/99, expediente 200/99, de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve (recibido en la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, el once de agosto del mismo a�o, como consta en el sello correspondiente, en donde se le informa que la Contadur�a M. de Hacienda iniciar� la revisi�n de la gesti�n financiera al H. Ayuntamiento) hasta el d�a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha de la interposici�n de la demanda de controversia constitucional, ha transcurrido con exceso el t�rmino previsto en el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la controversia, por lo que en estricta aplicaci�n de la ley, la demanda debe consider�rsele absolutamente improcedente.-Al respecto cabe la aplicaci�n de la siguiente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que aparece en la p�gina 2898 del libro 4 del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, Segunda Parte, jurisprudencia 1917-1988, Ediciones Mayo, que dice: ?SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL.-El sobreseimiento en el amparo debe decretarse tan luego como aparezca alguna causa de improcedencia, circunstancia que debe interpretarse en el sentido de que el juzgador se d� cuenta de ese motivo, durante la tramitaci�n del juicio y no exclusivamente en el sentido de que surja ese motivo despu�s de que el juicio ha sido entablado.?.-Quinta �poca. Tomo LX, p�gina 644. C.C. Luis.-Segundo. Sin perjuicio de lo anterior, resulta infundado el primer concepto de invalidez que pretenden hacer valer los representantes del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, cuando argumentan que las observaciones formuladas mediante oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711 expediente 200, de fechas once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, que fueron enviados por la Contadur�a M. de Hacienda de esta H. Legislatura al Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz, contravienen las normas que invocan.-Al respecto, formulamos los siguientes razonamientos.-El demandante reclama a este Poder Legislativo ?la aprobaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, por considerar contrario a lo establecido en el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), constitucional, lo dispuesto por los art�culos 9o., 11, 12 y 20 del ordenamiento inicialmente se�alado?.-I. Efectivamente, el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n F., establece que las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n las cuentas p�blicas.-La facultad conferida por la Carta Magna a las Legislaturas Locales es la de revisar, que en su acepci�n gramatical significa ?someter una cosa a nuevo examen, para cerciorarse de que es correcta, o en caso contrario, proceder a su modificaci�n o reparaci�n? (Diccionario Enciclop�dico Oc�ano, edici�n 1999); este concepto implica que ese examen, como una acci�n de indagar, no es un acto instant�neo, sino un proceso que concluye en una ratificaci�n, modificaci�n o reparaci�n. En s� misma, la revisi�n, sobre todo de la cuenta p�blica, por su naturaleza no puede agotarse en un solo acto, porque requiere del examen de un sinn�mero de documentos.-Congruente con estas ideas, la Constituci�n Pol�tica Local, en su art�culo 68, fracci�n XXXVII, establece como facultad de la H. Legislatura la de ?revisar las cuentas, actas, inventarios, aval�os, recibos y dem�s documentos que presenten o se soliciten a los Ayuntamientos en los t�rminos de sus leyes respectivas?; resulta entonces evidente que este examen es una serie de acciones que deben ejecutarse en los tiempos y procedimientos que se�alen las leyes secundarias y no un acto del Pleno de la H. Legislatura, con cuarenta y cinco diputados que la integran ocupados en examinar cuentas, actas, inventarios, aval�os, recibos y dem�s documentos de la cuenta p�blica de los Ayuntamientos; pensarlo como quiere entender la representaci�n del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, resultar�a absurdo, porque el total de los diputados no pueden en cada sesi�n plenaria examinar millares de documentos de los doscientos diez Municipios del Estado, y enseguida conjuntar las observaciones derivadas del examen y acto continuo, proceder a votar las determinaciones; y es por ello que, precisamente, el legislador a la hora de darle congruencia a esa actividad revisora, emiti� la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, como ley reglamentaria de la norma constitucional local, para regular adecuadamente toda esa serie de actos de la revisi�n de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, de las entidades y de los Municipios.-El texto de la ley citada anteriormente es muy claro en su art�culo primero que dice: ?La presente ley es reglamentaria de las facultades de la honorable Legislatura del Estado, comprendidas en los apartados A y B de la fracci�n II del art�culo 53 y en las fracciones XV y XXXVII del art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, y tiene por objeto regular la organizaci�n, atribuciones y funcionamientos de la Contadur�a M. de Hacienda, �rgano t�cnico dependiente de la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda.?.-Por su parte, el art�culo 4o., reformado, de la citada L.O.�nica de la Contadur�a, establece que la H. Legislatura del Estado, revisar� y dictaminar� la cuenta p�blica que rindan los Ayuntamientos, y ?para tal efecto la H. Legislatura se auxiliar� de la contadur�a, la que en su caso tendr� las siguientes atribuciones: ... VII. Ordenar inspecciones, practicar auditor�as, solicitar informes, revisar libros y documentos, inspeccionar obras para comprobar si las inversiones y gastos autorizados fueron aplicados eficiente y oportunamente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados y, en general, realizar las investigaciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones.?.-Evidentemente en el caso de la H. Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado, �sta es la titular de esa facultad constitucional, pero la actividad previa a una decisi�n definitiva la desarrolla por conducto de la Contadur�a M. de Hacienda y la C.�n de Vigilancia de dicha contadur�a, y esas atribuciones que tienen �stos �rganos auxiliares, devienen de las normas constitucionales locales que menciona el art�culo primero reformado de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, y de ninguna manera contradicen el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n Pol�tica F..-Tercero. El segundo concepto de invalidez igualmente resulta infundado, puesto que como vimos en los p�rrafos anteriores, las atribuciones que la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda establece a cargo del contador mayor de Hacienda, son absolutamente constitucionales ya que, como se ley� en el art�culo primero, las facultades de la H. Legislatura, relativas a la revisi�n de la cuenta p�blica, las lleva a cabo por conducto de la Contadur�a M. de Hacienda, como un �rgano t�cnico y as� espec�ficamente el art�culo 9o., fracci�n VI, de la ley en cuesti�n, se�ala como atribuciones del contador mayor, formular los pliegos de observaciones que procedan, sin que ello signifique que este �ltimo asuma por s� mismo la facultad de revisar y de formular los pliegos de observaciones, sino que en todo momento, act�a como un �rgano auxiliar, a quien se le han delegado por ley, algunas diligencias en preparaci�n de la determinaci�n final de la H. Legislatura.-Adem�s, adicionado al razonamiento de improcedencia expresado, en el punto primero de la contestaci�n de esta controversia, el acto que impugnan los representantes del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, ha sido consentido, porque con fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, entregaron en presencia del notario p�blico 14, licenciado I.C.P., que reside en esta ciudad, documentos relacionados con el desahogo parcial de las observaciones que le formul� al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, la Contadur�a M. de Hacienda, reconoci�ndole t�citamente competencia en los actos que ahora combate.-Al respecto, son aplicables las siguientes jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que dicen: ?ADUANAS. DELEGACI�N DE FACULTADES EN FUNCIONARIOS SUBALTERNOS.-Los titulares de las secretar�as y departamentos de Estado, pueden delegar sus funciones en favor de funcionarios subalternos, pero si bien es cierto que pueden hacer tal delegaci�n, tambi�n lo es que ella es permisible mientras no contravengan disposiciones legales que expresamente se refieran a facultades que se hubiesen se�alado a determinadas autoridades que espec�ficamente fueron creadas para desempe�arlas, pues lo contrario implicar�a que el c�digo aduanero pudiera ser modificado con el pretexto de la susodicha delegaci�n de facultades, con lo cual la autoridad administrativa estar�a legislando a su arbitrio con invasi�n clara de las atribuciones que s�lo competen al Poder Legislativo.?.-?ADMINISTRACIONES FISCALES REGIONALES. FACULTADES DELEGADAS EN SU FAVOR POR EL SECRETARIO DE HACIENDA.-Las administraciones fiscales regionales creadas por el decreto reglamentario de trece de junio de mil novecientos setenta y tres (Diario Oficial de la Federaci�n de veinte de junio de mil novecientos setenta y tres) expedido en uso de la facultad que al presidente de la Rep�blica le otorgan los art�culos 89, fracci�n I, constitucional, y 28 de la Ley de Secretar�as y Departamentos de Estado, s� son competentes para ejercer las facultades a que se refiere la delegaci�n prevista en el decreto de veinticinco de junio de mil novecientos setenta y cinco (Diario Oficial de la Federaci�n de treinta de junio de mil novecientos setenta y cinco) expedido por el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico con fundamento en la ley de secretar�as y departamentos de Estado, cuyos art�culos 6o. y 26 establec�an, respectivamente, las facultades de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico y de su titular para delegar en sus subalternos cualesquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que debieran ser ejercidas precisamente por dicho titular. Por lo tanto, es evidente que el secretario de Hacienda y Cr�dito P�blico actu�, en cuanto a la delegaci�n de facultades a las administraciones fiscales regionales, en ejercicio de la facultad que le correspond�a por disposici�n legal, y no por autorizaci�n del presidente de la Rep�blica, quien �nicamente fij� en su decreto reglamentario las bases de dicha delegaci�n de facultades.?.-Igualmente son aplicables las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el amparo en revisi�n 4212/73, y del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisi�n 1689/69, que dicen: ?AUDITOR�A FISCAL FEDERAL, DIRECCI�N GENERAL DE. REGLAMENTO DE 13 DE ENERO DE 1972 QUE LA ESTABLECE. CONFORMIDAD CON EL ART�CULO 89, FRACCI�N I DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-El art�culo 89, fracci�n I, de nuestra Carta Magna confiere al presidente de la Rep�blica tres facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n; b) La de ejecutar dichas leyes y c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea, la facultad reglamentaria. Es esta �ltima facultad la que determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tengan por objeto la ejecuci�n de la ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos legales expedidos por el Congreso de la Uni�n. Ahora bien, el C�digo Fiscal de la Federaci�n vigente, en sus art�culos 83 y 84, se�ala una serie de atribuciones a las autoridades fiscales, a fin de que puedan vigilar el cumplimiento de las leyes tributarias por parte de los causantes, siendo de destacarse que en dicho c�digo no se regula la organizaci�n ni se precisan las facultades de funcionarios u oficinas determinadas de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico o de otras dependencias, porque de acuerdo con las exposiciones de motivos de la iniciativa presidencial �esa organizaci�n y funcionamiento de la administraci�n es necesario que cuente con flexibilidad para adaptarse a las cambiantes situaciones econ�micas y sociales, correspondiendo la regulaci�n a disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo F.�. En consecuencia, si el Poder Legislativo acept� las razones expuestas por el presidente de la Rep�blica, al expedir el C�digo Fiscal F. en los mismos t�rminos de la iniciativa, forzoso es concluir que tanto la organizaci�n como el funcionamiento de las oficinas de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico quedan dentro del �mbito de facultades del Poder Ejecutivo, conclusi�n que resulta puntualmente congruente con el art�culo 89, fracci�n I, de la Constituci�n F. y con el art�culo 28 de la Ley de Secretar�as y Departamentos de Estado, precepto este �ltimo que expresamente dispone que el presidente de la Rep�blica establecer� la competencia de las unidades administrativas para cada dependencia en el reglamento interior de cada una de las secretar�as de Estado.?.-?AUTORIDADES. FACULTADES DELEGADAS.-Es cierto que cuando legalmente se otorgan ciertas facultades a una secretar�a de Estado, se deben entender originalmente atribuidas al titular. Pero eso no impide que, si se trata de facultades delegables, no puedan ser delegadas a �rganos inferiores, dentro de esa secretar�a, delegaci�n que podr� hacerse ya por medio de una ley org�nica, de un reglamento interior, o de un acuerdo del titular. Y tambi�n es cierto que al funcionario que use de esas facultades delegadas corresponde, en principio, probar la delegaci�n, cuando �sta no se haya hecho por medio de una disposici�n legislativa (ya que las leyes no est�n sujetas a prueba). Sin embargo, si los particulares se dirigen al funcionario que estiman competente, dentro de una secretar�a o departamento de Estado, para tratar alg�n asunto, no podr�n despu�s desconocerle las facultades delegadas para resolver, en forma lisa y llana, sin acreditar legalmente que correspondieron a otro funcionario a pesar de las instancias que ellos formularon, pues se tratar�, en principio, de un acto consentido por ellos el que sea ese funcionario quien resuelva, puesto que a �l se dirigieron. Por lo dem�s, es claro que tampoco las autoridades podr�an desconocer, en forma simple, las facultades de dicho funcionario, si fincaron derechos a favor de los particulares, pues si siendo el propio funcionario parte de la dependencia competente, se arrog� las facultades para resolver, eso en principio pudo fincar derechos a favor de los particulares.?.-Resulta inaplicable el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, que transcriben los demandantes, porque no se refiere al caso que se plantea, ya que la Contadur�a M. de Hacienda, de ninguna manera es una autoridad intermedia entre la H. Legislatura del Estado y el Ayuntamiento, sino un �rgano auxiliar de la primera que se encuentra facultada legalmente para llevar a cabo diligencias de revisi�n de la cuenta p�blica,necesarias para poner en conocimiento a la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, de los resultados finales de su encargo, diligencias que comprenden las de formular ?observaciones?. Es de tomarse en cuenta que la citada Contadur�a M. de Hacienda, no dicta las determinaciones finales sobre el resultado de la cuenta p�blica, sino que conforme al art�culo 12, fracci�n III, reformado, de la citada ley org�nica, una vez concluido dicho proceso, lo pone en conocimiento de la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, quien se encarga de llevarlo al Pleno de la C�mara de Diputados, para que �sta emita su determinaci�n que aprueba o no los resultados finales, d�ndosela a conocer posteriormente al H. Ayuntamiento. El hecho de que la Contadur�a M. le hubiera enviado los citados oficios al C.P. municipal de Xalapa, Veracruz, s�lo es parte del desarrollo de esas diligencias que le han sido encomendadas, pero de ninguna manera implica que act�e como intermediario entre la autoridad municipal y la H. Legislatura del Estado.-Por otra parte, el requerimiento que formul� el contador mayor mencionando un plazo para el desahogo de las observaciones, se encuentra plenamente justificado en el art�culo 20 de la Ley de la Contadur�a M. de Hacienda, que fija el l�mite de tiempo antes de que la C.�n de Vigilancia, previa informaci�n que le rinda la contadur�a, solicite la intervenci�n de la autoridad competente para que use los medios de apremio a fin de que la autoridad en este caso municipal, conteste el pedimento de los �rganos de la H. Legislatura; pero este requerimiento, en el t�rmino empleado por la contadur�a, es s�lo un concepto gramatical que significa una mera recomendaci�n.-Cuarto. Asimismo, el tercer concepto de invalidez que pretende hacer valer el demandante es tambi�n infundado, porque como ya se apunt� anteriormente, si bien es cierto que la Constituci�n F. confiere la facultad de revisar las cuentas de los Ayuntamientos a las Legislaturas Locales, esto de ninguna manera significa que todo proceso tenga que llevarse a cabo por el Pleno, sino que el verdadero sentido del texto de la Constituci�n F., es el de se�alar cu�l de los Poderes Locales debe ser el encargado de tal revisi�n; asimismo las normas de la Constituci�n Local que invoca el demandante, resultan muy claras en cuanto a su interpretaci�n, ya que en ellas la fracci�n II, inciso b) del art�culo 53, expresa claramente que la H. Legislatura tendr� como asuntos de atenci�n preferente: ?b) Examinar y aprobar las cuentas de recaudaci�n y distribuci�n de caudales del a�o pr�ximo anterior, que presenten los Ayuntamientos en las fechas indicadas en las leyes respectivas.-El examen de la Legislatura del Estado no se limitar� a determinar si las cantidades gastadas est�n de acuerdo o no con las partidas respectivas del presupuesto, sino que se extender� a la exactitud y justificaci�n de los gastos hechos ...?.-La voluntad de la norma implica necesariamente que tales revisiones por su car�cter t�cnico, exacto y justificado, no puedan hacerse en una sesi�n del Pleno; pero tambi�n conforme al texto del numeral citado, tales eventos deben llevarse a cabo conforme a las leyes respectivas, lo que significa que precisamente esa actividad ha de ce�irse a lo que marca la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, que es en este caso la ley respectiva. Todav�a m�s, el art�culo 68, fracci�n XXXVII, que invoca el mismo demandante, se�ala textualmente que la facultad de revisar las cuentas, actas, inventarios, aval�os, recibos y dem�s documentos que presenten o soliciten a los Ayuntamientos, por parte de la H. Legislatura, deber� hacerse en los ?t�rminos se�alados por las leyes respectivas?, lo que sin lugar a dudas significa que esa actividad de revisi�n deber� sujetarse a lo que mencionen las leyes secundarias; entre las que tiene mayor relevancia est� la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.-Conforme a lo razonado anteriormente se advierte que los argumentos que expresan los demandantes carecen en absoluto de fundamento y raz�n.-Quinto. Resulta igualmente infundado el cuarto concepto de invalidez que pretenden hacer valer los demandantes, porque el texto de la ley que impugnan no es la norma vigente, ya que por reforma del d�a veinticuatro de junio del a�o pr�ximo pasado, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el art�culo 12 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, fue modificado y el texto que transcriben los representantes del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, ha sufrido cambios sustanciales en cuanto al sentido de la norma, porque en la actual se lee que la comisi�n tendr� como atribuci�n: ?III. Presentar a la legislatura los informes y dict�menes de resultados que le remita la contadur�a en los t�rminos del art�culo 14, respecto del an�lisis de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de las entidades se�aladas en el art�culo 2o., de esta ley.?; de lo anterior se infiere que la comisi�n puede presentar al Pleno de la H. Legislatura los dict�menes de resultados, esto es, que lo que la Contadur�a M. obtenga en la conclusi�n de un proceso de revisi�n, en t�rminos de lo prevenido en el art�culo 14 de la propia ley, debe hacerlo del conocimiento de la primera, para que se la haga llegar al Pleno, pero este proceso de la revisi�n que compete a la contadur�a, que tiene que hacer llegar a �ste por conducto del superior jer�rquico que es la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, de ninguna manera significa que se est� sustituyendo a la H. Legislatura, porque es a �sta a quien finalmente corresponde en vista de esos dict�menes de resultados, aprobar o no, seg�n sea el consenso de los diputados, la citada revisi�n.-Sexto. De lo anterior, se deduce f�cilmente que la facultad de formular observaciones en la revisi�n de la cuenta p�blica de los Ayuntamientos, de parte de la Contadur�a M. de Hacienda, y la atribuci�n de la C.�n de Vigilancia de la propia contadur�a, para vigilar y poner en conocimiento al Pleno de la H. Legislatura del Estado, de las actividades de �sta, deriva de la ley reglamentaria de los art�culos 53, fracci�n II, apartados a) y b) y 68, fracciones XV y XXXVII de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, conocida como la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, y como en el texto de las normas constitucionales locales, inequ�vocamente se advierte que tales atribuciones las desempe�a la H. Legislatura conforme a las leyes respectivas, que en el caso, es la citada L.O.�nica de la Contadur�a, evidentemente los actos que han ejecutado tanto la Contadur�a M. de Hacienda como la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, en nada contradicen las normas de la Constituci�n F., que han invocado el presidente y s�ndico del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz; asimismo, como la L.O.�nica de la Contadur�a, que confiere las mencionadas facultades a las autoridades del Poder Legislativo, tiene su origen en las normas constitucionales locales, que en ning�n momento han sido controvertidas por el representante del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver., resulta indiscutible que �ste ha consentido la norma originaria y como en ning�n momento impugna que esta �ltima est� en contradicci�n con la primera o que vaya m�s all� del sentido de su voluntad, se les debe tener por consentidos los efectos de la ley secundaria, y por ello el motivo de su reclamo es absolutamente infundado.-Acompa�amos a nuestra contestaci�n: a) Copia certificada del acuerdo que nombra al presidente, secretario y dem�s directivos de la Diputaci�n Permanente de la H. Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado.-a) Copia certificada del Decreto de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado, en el que se nombra al contador mayor de Hacienda y a) Copia certificada del acta de instalaci�n de la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda.-b) Copia certificada de la Gaceta Oficial N�mero 85, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, que contiene las reformas a la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.-c) Copia certificada del oficio n�mero 2541/08/99, expediente 200/99, de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve.-d) Copia certificada de la Gaceta Oficial N�mero 112, de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.-e) Copia certificada del oficio n�mero 3278/10/999, expediente 200/99, de fecha once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.-f) Copia certificada del acta notarial n�mero 6134, de fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del protocolo de la Notar�a N�mero 14, licenciado I.C.P.�rez, en donde consta la entrega de documentos que hizo el H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, para solventar parcialmente el pliego de observaciones que formul� a �ste, la Contadur�a M. de Hacienda.-g) Copia certificada del oficio n�mero DAF.3291/1711, expediente 200, de fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

NOVENO

El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, al producir su contestaci�n de la demanda, se�al�:

Que vengo por medio del presente escrito a dar contestaci�n a la demanda que en v�a de controversia constitucional plantea el H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, en contra de actos del gobernador y de otras autoridades, en los siguientes t�rminos: Antecedentes: En lo que ata�e a los antecedentes enunciados por la parte actora en su escrito inicial de demanda de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en acatamiento a lo dispuesto por el art�culo 23, fracci�n I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, manifiesto: a) El antecedente expuesto en el inciso a) lo ignoro por no ser propio. b) El antecedente expuesto en el inciso b) es cierto. c) El antecedente expuesto en el inciso c) es cierto. d) El antecedente expuesto en el inciso d) lo ignoro por no ser propio. e) El antecedente expuesto en el inciso e) lo ignoro por no ser propio. f) El antecedente expuesto en el inciso f) lo ignoro por no ser propio. g) El antecedente expuesto en el inciso g) lo ignoro por no ser propio.-Causal de improcedencia: De conformidad con lo dispuesto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, pues tal tema es de orden p�blico y la actualizaci�n de cualquiera de ellas conduce al sobreseimiento total del juicio, sin entrar al estudio de fondo de la controversia planteada.-As� pues, en el caso concreto que nos ocupa se actualiza la hip�tesis de improcedencia prevista en la fracci�n VII del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, que textualmente establece: ?Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el art�culo 21.?.-Por su parte, el art�culo 21 de la referida ley, en su fracci�n II dispone: ?Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�: ... II. T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.?.-En este sentido, de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones legales transcritas, la impugnaci�n de normas generales en la v�a de controversia constitucional, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos, a saber: 1) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente de su publicaci�n, y 2) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida.-Dentro de las citadas disposiciones legales, los �rganos de poder legitimados para intentar una controversia constitucional, gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de car�cter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicaci�n, o del primer acto de aplicaci�n correspondiente.-De lo anterior se sigue que, trat�ndose de impugnaci�n de normas generales con motivo del primer acto de aplicaci�n, cabe establecer que no cualquier ?acto posterior? de aplicaci�n de la ley pueda dar pauta para la procedencia de la controversia constitucional, puesto que de las citadas disposiciones interpretadas en forma relacionada nos permite concluir que tal ?acto posterior? de ejecuci�n de la ley se refiere s�lo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicaci�n.-Un an�lisis congruente y sistem�tico de las indicadas disposiciones nos lleva a sostener que las mismas est�n concebidas de manera tal que cuando se impugna una ley con motivo de su aplicaci�n concreta, es una exigencia ineludible que la acci�n constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto espec�fico de individualizaci�n y no del segundo o ulteriores actos.-La finalidad del sistema que adopta la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional en las disposiciones en cita, radica precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicaci�n que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto del principio de cosa juzgada, asimismo evita la contradicci�n de sentencia sobre el particular y respeta el principio de seguridad jur�dica.-Como consecuencia de lo hasta aqu� expuesto, si se promueve una controversia constitucional en que se impugnan normas de car�cter general, pero no con motivo de su primer acto de aplicaci�n, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecuci�n, el juicio respectivo en tal hip�tesis ser� improcedente.-Ahora bien, en el caso concreto que nos ocupa se debe entender (toda vez que en el escrito inicial de demanda se omite hacer referencia alguna) que la controversia constitucional se plantea con motivo del primer acto de aplicaci�n, ya que la ley cuya inconstitucionalidad se plantea, esto es la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave fue publicada en la Gaceta Oficial de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, entrando en vigor al d�a siguiente, por lo que en todo caso el plazo de treinta d�as a que hace referencia el art�culo 21, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional ha fenecido. Se agrega como anexo dos un ejemplar de la Gaceta Oficial de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.-En este sentido es que la parte actora argumenta en el antecedente g) de su escrito inicial que: ?g) Con fecha trece de los corrientes, el C.R.M.O., contador mayor de Hacienda env�a al C.P. Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, de fechas once y trece de octubre del presente a�o, que contiene las observaciones resultantes de las revisiones al Ramo 033 financieras y t�cnicas por la ejecuci�n de obras y a la cuenta p�blica por el plan de arbitrios.?.-Pareciera entonces que el Ayuntamiento actor pretende hacer creer a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que el primer acto en que se aplic� la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz les fue notificado el trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, y que por tanto, su demanda de fecha cuatro de noviembre del mismo a�o ha sido presentada dentro del plazo previsto por el multicitado art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional.-Sin embargo, omite el Ayuntamiento actor narrar en su cap�tulo de antecedentes que en fechas anteriores a la referida de trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve tanto el contador mayor de Hacienda como la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz le realiz� diversas notificaciones, requerimientos, revisiones, auditor�as que fueron actos de aplicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.-En efecto, el primer p�rrafo del oficio n�mero DAF.3291/1711 exhibido por la parte actora en este juicio, y que por tanto prueba plenamente en su contra en t�rminos del art�culo 210 del C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria, dice en la parte que ahora nos interesa: ?En cumplimiento a ... remitimos a usted pliego de observaciones exclusivamente del Ramo 033, como resultado de la auditor�a practicada por el despacho M.R., S.C., que ustedes contrataron con la aprobaci�n de la H. C.�n de Vigilancia y la revisi�n complementaria t�cnica y financiera que en forma directa practic� esta Contadur�a M. de Hacienda en cumplimiento de la resoluci�n emitida sobre el particular por la H. C.�n de Vigilancia a ese H. Ayuntamiento ...?.-Por su parte, el primer p�rrafo del oficio n�mero 3278/10/999 exhibido por la parte actora en este juicio, y que por tanto prueba plenamente en su contra en t�rminos del art�culo 21 del C�digo F. de Procedimientos Civiles de aplicaci�n supletoria, dice: ?En cumplimiento del art�culo 77 de la L.O.�nica del Municipio Libre, se le notifica el resultado de la revisi�n documental complementaria de los registros contables as� como del ejercicio y control del plan de arbitrios y del presupuesto de egresos por el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho, en relaci�n con la auditor�a que realiz� en fecha reciente el despacho M.R., S.C., a la Tesorer�a Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional que usted preside.?.-M�s adelante se dice en el mismo oficio n�mero 3278/10/999: Limitaciones de la revisi�n: ?Durante el desarrollo de la revisi�n se solicit� por oficio a cada una de las �reas involucradas, diferente informaci�n que avalara algunas operaciones realizadas por el Ayuntamiento, hasta el d�a ocho del presente mes, fecha en que nos retiramos de las oficinas de la Tesorer�a Municipal, no se nos proporcion� la siguientes informaci�n: ...?.-Finalmente, en el punto alcance de la revisi�n en el citado oficio 3278/10/999, se afirma: ?... El examen no revela necesariamente una opini�n integral sobre el sistema de control interno, debido a que es un complemento de la revisi�n realizada por el despacho M.R., S.C., ya que nos basamos en pruebas selectivas de los registros contables e informaci�n relacionada con dichos registros.?.-Como se puede deducir de lo transcrito, previo a la remisi�n del pliego de observaciones realizado por el despacho de auditor�a externo y de la notificaci�n del resultado de la revisi�n documental complementaria, evidentemente que se realizaron otros actos de aplicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda que ahora se combate, como ser�an, por ejemplo, la notificaci�n de inicio de revisi�n financiera al Ayuntamiento actor por parte de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado con la correspondiente designaci�n de los auditores y personal correspondiente; el requerimiento de documentaci�n e informaci�n necesaria para tal efecto; el requerimiento para que se proponga el despacho de auditor�a externo, la notificaci�n de la aprobaci�n del referido despacho, entre otros muchos actos anteriores a los oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, de fechas once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que maliciosamente pretenden hacer valer como primer acto de autoridad de aplicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda que ahora combate el actor.-Los anteriores actos que a manera de ejemplo se han enunciado, no s�lo se presumen del hechoaprobado que se hace consistir en que ya se notific� al Ayuntamiento actor tanto el pliego de observaciones realizado por el despacho de auditor�a externo como el resultado de la revisi�n documental complementaria, sino espec�fica y concretamente del mismo contenido de los oficios citados, cuyas transcripciones se han hecho en esta contestaci�n y que revelan claramente la realizaci�n de actos anteriores a los hechos valer por el actor a fin de cumplir con el plazo de la interposici�n de la presente demanda. Adem�s, tambi�n se desprende de las siguientes disposiciones de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz: (se transcriben).-Con el contenido de las disposiciones transcritas se corrobora que, previo a la remisi�n del pliego de observaciones realizado por el despacho de auditor�a externo y de la notificaci�n del resultado de la revisi�n documental complementaria, ocurrieron otros actos previos de aplicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda que ahora se combate, como lo son, se reitera, la notificaci�n de inicio de revisi�n financiera al Ayuntamiento actor por parte de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado, con la correspondiente designaci�n e informaci�n necesaria para tal efecto; el requerimiento para que se proponga despacho de auditor�a externo, la notificaci�n de la aprobaci�n del referido despacho, entre otros.-Por lo anterior, y atendiendo a que los oficios en que constan los actos de aplicaci�n de la ley que se combate obran en poder del Ayuntamiento actor, as� como los acuses de recibo con el contador mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, solicito de usted, se�or Ministro instructor, que en t�rminos del art�culo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, requiera a tales partes para que exhiban los originales y los acuses de recibo, respectivamente, de los oficios en comento.-En apoyo a lo se�alado, hago valer los siguientes criterios de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n y que resultan aplicables al caso que nos ocupa: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL C�MPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACI�N, SE INICIA AL D�A SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO.? (se transcribe).-?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES.? (se transcribe).-?LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACI�N DEL PRIMER ACTO DE APLICACI�N, SI AQU�LLA NO SE DESVIRT�A.? (se transcribe).-Asimismo y una vez comprobada la extemporaneidad de la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional, decretar el sobreseimiento correspondiente con fundamento en la fracci�n VII del art�culo 19 y fracci�n II del art�culo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional.-Fundamentos jur�dicos que sostienen la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado, as� como la validez de la norma impugnada. Independientemente de lo anterior y en relaci�n al fondo del asunto planteado, en cumplimiento del art�culo 23, fracci�n II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, paso a exponer las razones y fundamentos jur�dicos que considero pertinentes para sostener la constitucionalidad y legalidad del acto del gobernador del Estado que en su escrito de aclaraci�n de demanda de fecha veintitr�s de noviembre de mil novecientos noventa y nueve el actor impugna y que hace consistir en la promulgaci�n y publicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, as� como para la validez de la citada ley.-De conformidad con la fracci�n I del art�culo 87 de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave: ?Art�culo 87. Son facultades y obligaciones del gobernador: I.S., promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el Poder Legislativo, F. y Local, y formar en la parte administrativa, los reglamentos necesarios para la exacta observancia de los segundos.?.-Asimismo la fracci�n I del art�culo 88 de la propia Constituci�n Local prescribe que: ?Art�culo 88. No puede el gobernador: I.N. a sancionar y publicar las leyes, decretos y acuerdos de la legislatura.?.-Por otro lado, la fracci�n IV del art�culo 71 de la citada Constituci�n del Estado dispone: ?Art�culo 71. Las iniciativas de ley o de decreto deber�n sujetarse a los tr�mites siguientes: ... IV. Aprobada la ley, se turnar� al depositario del Poder Ejecutivo para su sanci�n y publicaci�n. ...?.-Finalmente el art�culo 75 de la misma Constituci�n ordena que: ?Art�culo 75. Aprobado el proyecto en los t�rminos que disponen los art�culos anteriores, es ley, y se remitir� al Ejecutivo para que la publique inmediatamente.?.-En cumplimiento a los preceptos mencionados el gobernador del Estado, seg�n consta en el oficio 1104 transcrito en la Gaceta Oficial de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la cual ya fue agregada en el presente escrito como anexo n�mero dos mand� la publicaci�n, circulaci�n y debido cumplimiento de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, por lo que la impugnaci�n de inconstitucionalidad del acto de autoridad consistente en ?la promulgaci�n y publicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda? es improcedente, ya que como se dej� asentado y se puede constatar y comprobar con la simple lectura de los art�culos citados y transcritos, el titular del Poder Ejecutivo procedi� con estricto apego a las normas constitucionales y legales que precisan sus atribuciones y que en nada contravienen lo dispuesto por el inciso c) fracci�n IV del art�culo 115 Constitucional.-Sin embargo, no debe dejar de mencionarse que el gobernador de acuerdo al art�culo 73 de la Constituci�n Local tiene la facultad de veto consistente en devolver a la legislatura las leyes que �sta le env�e con las observaciones que estime pertinentes dentro del t�rmino de siete d�as h�biles, contados a partir de la fecha que reciba aqu�llas, cuando considere que existe motivo fundado para hacerlo, lo que obliga al titular del Ejecutivo a revisar el cumplimiento del proceso legislativo as� como el contenido mismo de la ley, a fin de que el proceso se haya cumplido y que las disposiciones de la misma no sean contrarias a la Constituci�n F. ni a la Constituci�n del Estado.-El no ejercer esta facultad, establece la presunci�n de que para el titular del Poder Ejecutivo la ley cumple tanto el aspecto formal como el material.-En su escrito de aclaraci�n de demanda de fecha veintitr�s de noviembre del a�o pasado en relaci�n al acto que impugna del gobernador del Estado, consistente en la promulgaci�n y publicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda hace valer como concepto de invalidez el que: ?Concepto de invalidez. Los art�culos 9o., 11, 12 y 20 de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, resultan inconstitucionales en primer t�rmino porque al crear la Contadur�a M. de Hacienda otorg�ndole facultades que s�lo competen a la legislatura en Pleno, viola el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la Constituci�n F.; y en segundo lugar porque al crear la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda y al concederle a dicha comisi�n facultades metaconstitucionales en la revisi�n y aprobaci�n de las cuentas p�blicas municipales, indudablemente que conculca lo previsto por el precepto n�mero 115 de la Carta Magna.?.-Dicho concepto de invalidez resulta infundado porque es falso que el inciso c) fracci�n IV del art�culo 115 constitucional otorgue la facultad de revisar las cuentas p�blicas del Ayuntamiento al Pleno de la legislatura, como pretende hacer creer a la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n el actor, sino que �nicamente se dispone que dicha revisi�n compete a las legislaturas y, por lo tanto, esa atribuci�n debe ser reglamentada o desarrollada en las Constituciones de los Estados o en sus leyes secundarias, de conformidad al sistema federal mexicano que consagra la libertad y autonom�a de los Estados en lo que corresponda a su r�gimen interior.-En el caso concreto del Estado de Veracruz, su Constituci�n Pol�tica otorga la facultad de revisar y aprobar las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos, a las legislaturas en Pleno y a la diputaci�n permanente seg�n se desprende de los art�culos 68, fracci�n XXXVII y 82, fracci�n XII.-Ahora bien, la L.O.�nica del Poder Legislativo del Estado dispone en su art�culo 34 que: ?Art�culo 34. Para estudiar y dictaminar los asuntos que sean de la competencia de la legislatura se crear�n las comisiones necesarias.?.-Lo que significa en el caso concreto que nos ocupa, que en la revisi�n de las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos necesariamente debe intervenir la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda en los t�rminos que establezca la ley respectiva as� como su reglamento. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el art�culo 71 de la citada Constituci�n Local prescribe que: ?Art�culo 71. Las iniciativas de ley o de decreto deber�n sujetarse a los tr�mites siguientes: I.D. de comisiones; II. Discusi�n del dictamen en los t�rminos del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; III. Aprobaci�n por mayor�a que, seg�n el caso, exija la ley. ...?. En atenci�n a lo anterior, la creaci�n de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda de ning�n modo resulta contraria al inciso c) fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, como tampoco se le conceden facultades metaconstitucionales, puesto que sus facultades consisten, entre otras, seg�n se dispone en la fracci�n I del art�culo 12 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, consiste en: ?I. Presentar a la legislatura los informes y dict�menes que le remita la contadur�a respecto del an�lisis de las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, y de las entidades se�aladas en el art�culo 2o. de esta ley.?.-De donde se deduce que es la legislatura actuando en Pleno o en C.�n Permanente la que har� la revisi�n definitiva y en su caso aprobar� las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz y, en el caso concreto que nos ocupa, del Ayuntamiento de Xalapa.-Tambi�n es infundada la parte del concepto de invalidez que califica de inconstitucionales los art�culos 9o., 11, 12 y 20 de la ley impugnada al crear la Contadur�a M. de Hacienda otorg�ndole facultades que s�lo competen a la legislatura en Pleno seg�n afirma el actor. En primer lugar, porque como ya qued� asentado y puede comprobarse con la simple lectura del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional jam�s se utiliza el t�rmino Pleno y, en segundo lugar, porque la Contadur�a M. de Hacienda no es un �rgano creado por la ley de la Contadur�a M. de Hacienda, sino por la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz en su art�culo 68, fracci�n XV, la ley citada s�lo regula sus atribuciones como �rgano t�cnico de la Legislatura del Estado con atribuciones de mero tr�mite y cuyos informes y dict�menes los turna a la C.�n Permanente de Vigilancia de dicha contadur�a, seg�n se desprende del art�culo 4o. de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, que dispone: ?Art�culo 4o. La contadur�a tendr� las siguientes atribuciones: ... IV. Elaborar y rendir a la comisi�n, informes parciales y finales, as� como el dictamen, sobre el resultado de las revisiones de las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, dentro de los plazos siguientes: ...?.-Atento a todo lo anterior, debi� impugnarse la fracci�n XV, segundo p�rrafo, del art�culo 68 de la Constituci�n del Estado, y no s�lo la L.O.�nica de la Contadur�a M., porque es en la Constituci�n donde se crea la Contadur�a M. de Hacienda y su ley org�nica se deriva de la citada fracci�n y art�culo constitucional.-En atenci�n a todo lo anterior el acto de promulgaci�n y publicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, que se se�ala como acto reclamado al gobernador del Estado, est� fundado en la Constituci�n Pol�tica de la entidad y en la L.O.�nica del Poder Legislativo de la propia entidad y su contenido en general y espec�ficamente los art�culos 9o., 11, 12 y 20 en nada contradicen el inciso c) fracci�n IV del art�culo 115 constitucional.-Por otro lado, es inaplicable al presente asunto la tesis sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que hace valer el actor en su escrito original de demanda de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, p�ginas 5 y 6 y cuyo rubro es: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.?, pues como ah� se indica, en primer lugar, se trata de situaciones de hecho y no de derecho como lo es en el presente asunto; en segundo lugar, no tiene ninguna relaci�n de dependencia la Contadur�a M. ni la C.�n de Vigilancia respectiva con el gobernador del Estado por la cual reciba �rdenes suyas. Tampoco la Contadur�a M. de Hacienda ni la comisi�n tienen facultades que les permita actuar de manera independiente, unilateral y con decisi�n para aprobar o no las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos de los Estados y de ninguna manera sustituyen o se arrogan facultades propias de la legislatura, sino que sus atribuciones son de mero tr�mite para poner en estado de resoluci�n la revisi�n y aprobaci�n de las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos por parte de la legislatura actuando en Pleno o en diputaci�n permanente.

D�CIMO

Por oficio n�mero PGR 084/2000, presentado el quince de febrero del a�o dos mil, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el procurador general de la Rep�blica, expuso:

"Opini�n del suscrito. Para emitir un pronunciamiento sobre si resultan fundados o no los conceptos de invalidez, resulta conveniente puntualizar lo siguiente: La actora en su demanda impugna la validez de diversos art�culos de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda por su primer acto de aplicaci�n consistente en la emisi�n de los oficios 3278/10/99 y DAF.3291/1711 que contiene el pliego de observaciones que la contadur�a del Congreso Local le formul� a su cuenta p�blica correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.-En la exposici�n de los conceptos de invalidez, se�ala que la facultad de la revisi�n de la cuenta p�blica es exclusiva del Pleno de la Legislatura Estatal, y al hab�rsele formulado las referidas observaciones por conducto del contador mayor de Hacienda se violenta lo dispuesto en el p�rrafo final del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, ya que indebidamente se le han otorgado atribuciones al contador mayor de Hacienda y a la C.�n de Vigilancia de dicho �rgano, en los art�culos combatidos de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, por lo que adem�s tales autoridades re�nen las caracter�sticas de intermedias entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.-Ahora bien, los cuatro conceptos de invalidez esgrimidos resultan infundados en raz�n de lo siguiente: El dispositivo constitucional antes citado, que la actora considera conculcado dispone que: ?Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. ...?. En este sentido, el inciso b) de la fracci�n II del art�culo 53 de la Constituci�n Particular de la entidad, se�ala que es atribuci�n de la legislatura ?examinar y aprobar las cuentas de recaudaci�n y distribuci�n de caudales del a�o pr�ximo anterior, que presenten los Ayuntamientos en las fechas indicadas en las leyes respectivas?.-Al respecto es conveniente transcribir el contenido de los art�culos impugnados de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.

"?Art�culo 9o. El contador tendr� las siguientes atribuciones:

"?I.R. a la contadur�a en el ejercicio de sus funciones;

"?II. Elaborar el presupuesto anual de la contadur�a, y su ejercicio, y someterlos a la consideraci�n de la legislatura por conducto de la comisi�n;

"?III. Administrar y ejercer el presupuesto mensual dando a la comisi�n cuenta comprobada de la aplicaci�n del mismo, dentro de los diez primeros d�as del mes siguiente al que corresponda su ejercicio; la comisi�n har� la revisi�n, las observaciones pertinentes y la aprobar�, si fuere el caso, dentro del mes siguiente a su presentaci�n;

"?IV. Informar a la comisi�n dentro de los treinta d�as siguientes al t�rmino del ejercicio del presupuesto anual, acerca de su aplicaci�n; la comisi�n har� la revisi�n, las observaciones pertinentes y lo aprobar�, si fuere el caso, dentro del mes siguiente a su presentaci�n;

"?V.F. y ejecutar los programas de trabajo de la contadur�a;

"?VI. Formular los pliegos de observaciones que procedan;

"?VII. Fijar las normas t�cnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditor�as que se ordenen, las que se actualizar�n permanentemente, de acuerdo con los avances cient�ficos y t�cnicos que en la materia se produzcan;

"?VIII. Promover la capacitaci�n del personal a su cargo a fin de practicar las visitas, inspecciones, auditor�as y dem�s actividades de la contadur�a de manera eficiente, y la de los funcionarios estatales, municipales y de las entidades, responsables del control interno de esos �rganos;

"?IX. Proponer a la comisi�n, el nombramiento, suspensi�n o remoci�n del subcontador mayor;

"?X.N. y remover al personal de la contadur�a, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y

"?XI. Revisar y emitir opini�n respecto de los proyectos de leyes de ingresos y de egresos y de los proyectos presupuestarios de los Ayuntamientos.

"?Todas las dem�s que se deriven de esta ley, de su reglamento y de disposiciones generales y acuerdos de la legislatura.?

"?Art�culo 11. La legislatura contar� con una C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, la que estar� integrada por un diputado de cada grupo legislativo, por cada diez puntos porcentuales de representaci�n que mantenga en el Pleno.

"?Si el porcentaje que corresponda a la representaci�n de un grupo legislativo se encuentra entre una decena y otra, se redondear� hacia la decena menor.?

"?Art�culo 12. Son atribuciones de la comisi�n:

"?I.C. y supervisar los trabajos de la contadur�a y rendir a la legislatura los informes sobre su desempe�o;

"?II. Recibir de la legislatura o de la diputaci�n permanente la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de las entidades para su revisi�n;

"?III. Presentar a la legislatura los informes y dict�menes de resultados que le remita la contadur�a en los t�rminos del art�culo 14, respecto del an�lisis de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de las entidades se�aladas en el art�culo 2o. de esta ley;

"?IV. Hacer del conocimiento de la autoridad competente las irregularidades detectadas en las revisiones de las cuentas p�blicas, derivadas del incumplimiento o inobservancia de las leyes y disposiciones aplicables que sean imputables a servidores p�blicos, as� como fincar las responsabilidades a que haya lugar, con el objeto de resarcir a la hacienda p�blica o al patrimonio del Estado, de los Municipios o de las entidades, de los da�os y perjuicios que se les hayan ocasionado;

"?V.S. a la legislatura o a la diputaci�n permanente se autorice la comparecencia anteella de los secretarios de despacho, coordinador de Comunicaci�n Social, procurador general de Justicia, contralor general del Estado y de otros funcionarios, de las administraciones p�blicas estatal, municipal y de las entidades;

"?VI. Requerir informes, datos y documentos que se estime convenientes para el despacho de los asuntos de su competencia, a las dependencias del Gobierno del Estado, a los Ayuntamientos y a las entidades;

"?VII. Dictar las medidas que estime necesarias para que la contadur�a cumpla con las funciones que le corresponden en los t�rminos de ley; asimismo, ordene a la contadur�a el nombramiento de inspectores, interventores o auditores, con el objeto de examinar las funciones, los servicios p�blicos, la contabilidad y dem�s actos que realicen los Ayuntamientos;

"?VIII. Someter a la consideraci�n de la legislatura el presupuesto anual de la contadur�a, cuidando que sea suficiente para que �sta cumpla con sus atribuciones;

"?IX. Recibir, dictaminar y someter a consideraci�n de la legislatura para que sean aprobados en su caso, los informes del ejercicio presupuestal administrativo de la contadur�a;

"?X. Elaborar el proyecto de reglamento de la contadur�a y proponerlo para su aprobaci�n a la legislatura;

"?XI. Proponer a la legislatura, la terna para el nombramiento del contador;

"?XII. Proponer a la legislatura, en los t�rminos del art�culo 8o. de esta ley, la remoci�n del contador mayor de Hacienda;

"?XIII. Proponer la pr�ctica de auditor�as, inspecciones y trabajos de investigaci�n adicionales a los contenidos en los programas formulados por la contadur�a, y

"?XIV. Las dem�s que le correspondan de acuerdo con esta ley, la L.O.�nica del Poder Legislativo, sus respectivos reglamentos as� como con las disposiciones generales y acuerdos de la legislatura.?

"?Art�culo 20. La comisi�n podr� solicitar a la autoridad competente, el uso de los medios de apremio necesarios cuando alguno de los entes o personas obligados por esta ley demore m�s de quince d�as h�biles en contestar despu�s de recibida la solicitud, se negare a proporcionar la informaci�n solicitada o se opusiere a la revisi�n de los libros, instrumentos y documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y del gasto p�blico, la pr�ctica de visitas, inspecciones y auditor�as.?

"De la simple lectura de los art�culos transcritos se infiere que �stos respetan el contenido del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional que se�ala la actora como vulnerado, ya que �nicamente otorgan atribuciones a �rganos dependientes del Congreso Local, como son la Contadur�a M. de Hacienda y la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, dispone su integraci�n y regula el funcionamiento de esta �ltima.-Las funciones atribuidas a dichos �rganos son necesarias para que la Legislatura Estatal cumpla con la atribuci�n constitucional que le est� reservada y que consiste en la calificaci�n de la cuenta p�blica de los Ayuntamientos.-Los art�culos impugnados no otorgan atribuciones que invadan esfera de competencia alguna, ya que las funciones que desempe�a son actuaciones previas y necesarias para que, se insiste, el Congreso Local pueda estar en aptitud de calificar, como �nica instancia constitucionalmente facultada para ello, y en su caso, aprobar las cuentas p�blicas.-Lo anterior no se traduce en que la legislatura delegue las funciones que la Constituci�n F. le reserva, al contar con un �rgano especializado encargado de llevar a cabo todos los procedimientos t�cnicos y contables a efecto de que el Pleno determine si el gasto p�blico se ejerci� conforme a lo autorizado por el propio Poder Legislativo.-Esto es, para que la legislatura pueda ejercer cabalmente su atribuci�n constitucional, se auxilia de un �rgano t�cnico, el cual lleva a cabo materialmente las funciones que m�s adelante se expondr�n, sin que ello resulte una delegaci�n de las facultades reservadas, sino que se constituya en actos previos a la calificaci�n que haga el Pleno del Congreso a la cuenta p�blica.-De conformidad con la ley org�nica, se le otorga a la Contadur�a M. de Hacienda, como �rgano auxiliar entre otras atribuciones las de establecer las normas, procedimientos, m�todos y sistemas internos para la revisi�n de las cuentas p�blicas de los Gobiernos Estatal y Municipal; revisar y constatar las cuentas, actas, inventarios, aval�os y dem�s documentos que presenten o se soliciten a las dependencias del Gobierno del Estado, a los Ayuntamientos y a las entidades; practicar visitas, inspecciones y auditor�as a los Ayuntamientos de la entidad, a fin de examinar la contabilidad, verificar las entradas y salidas de los fondos, informar oportunamente a la comisi�n acerca de las irregularidades y de los actos que puedan constituir delitos, en el ejercicio del gasto p�blico estatal o municipal, que haya detectado durante las revisiones de las cuentas p�blicas.-De lo anterior es de concluir que el argumento de la actora, en el sentido de que el �rgano t�cnico no puede ser revisor de los actos del Ayuntamiento, es inexacto, ya que no califica la cuenta p�blica, sino su actuaci�n s�lo se limita a llevar a cabo actos previos materiales que sirven al Congreso para sancionar la multicitada cuenta p�blica, ejerciendo las atribuciones que legalmente le han sido conferidas, por lo que se colige que actu� dentro de su marco competencial, no transgrediendo con ello el inciso c), fracci�n IV, del art�culo 115, constitucional.-El que un �rgano t�cnico especializado auxilie a la Legislatura Local en las funciones constitucionales que tiene encomendadas, no es sino resultado del ejercicio propio de las atribuciones llevadas a cabo de conformidad con lo que la legislaci�n especial establece.-Por lo que hace a la afirmaci�n sostenida por la actora, en el sentido de que el Municipio es jer�rquicamente un ente p�blico superior, no esgrime razonamiento l�gico-jur�dico para sustentar su dicho, sin embargo de una interpretaci�n sistem�tica del art�culo 115, se puede concluir que el Municipio es la base de la organizaci�n pol�tica y administrativa de los Estados, que goza de personalidad y libertad para el manejo de su hacienda municipal, pero ello no significa que la autonom�a de la que est� investido permita la inobservancia de la Ley Fundamental, la que establece en la parte final de la fracci�n IV, del propio dispositivo en an�lisis, la facultad conferida a las Legislaturas Locales para revisar la cuenta p�blica de los Ayuntamientos.-Respecto al argumento de que la Contadur�a M. de Hacienda, es una autoridad intermedia, resulta carente de sustento, en virtud de que dicho �rgano t�cnico no tiene facultades decisorias y resolutivas, no aprueba la cuenta p�blica, se insiste, su actuar se circunscribe a ser auxiliar del Congreso Estatal, el cual fiscalizar�, controlar� y evaluar� la actividad de las entidades sujetas a revisi�n, conforme a lo dispuesto por el art�culo 4o. de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.-La Contadur�a M. de Hacienda no constituye una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y el Municipio, seg�n el criterio que ha sostenido ese Alto Tribunal en la siguiente tesis: ?CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.?.-Esto es, de conformidad con la tesis invocada, los elementos distintivos de una autoridad intermedia, sustancialmente se hacen consistir en que ?una autoridad ente u �rgano no debe tener facultades o atribuciones que le permitan actuar en forma independiente, unilateral y con decisi�n, que no sea resultado o provenga directamente de acuerdos o decisiones tomadas por los diferentes niveles de gobierno dentro del �mbito de sus respectivas facultades, a efecto de impedir que la conducta de aqu�llos se traduzca en actos o hechos que interrumpan u obstaculicen la comunicaci�n directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen sustituci�n o arrogaci�n de sus facultades.?.-En tal raz�n la Contadur�a M. de Hacienda no es una autoridad intermedia, ya que su actuaci�n no es unilateral o independiente; es el �rgano t�cnico de la Legislatura Local, el cual est� facultado para fiscalizar y evaluar la gesti�n del gobierno y de los Ayuntamientos, as� como revisar y dictaminar la cuenta p�blica del gobierno de la entidad y de los Ayuntamientos, funciones que no interrumpen u obstaculizan la comunicaci�n entre el Gobierno Estatal y el Municipio.-En este caso, su actuaci�n se apega a lo dispuesto por la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, ordenamiento que emana de una autoridad facultada para emitirlo, independientemente de que la contadur�a no cuenta con facultades decisorias, ya que, como ha quedado asentado, �stas se encuentran reservadas por la fracci�n XV del art�culo 68 de la Constituci�n Local a favor de la legislatura.-Por tanto, la Contadur�a M. de Hacienda no se est� arrogando facultades, por el contrario, sus atribuciones se encuentran delimitadas en la Constituci�n Local, en la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado y en su reglamento.-La L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, en su numeral 4o. establece que dicho �rgano colegiado se auxiliar� de la Contadur�a M. de Hacienda.-Dicho �rgano t�cnico en su car�cter de auxiliar del Pleno de la legislatura tiene conferidas las siguientes facultades de apoyo:

"Verificar que el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, y las entidades hayan realizado sus actividades y operaciones financieras con apego a las disposiciones legales aplicables.

"Elaborar y rendir a la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda informes y dict�menes sobre el resultado de la revisi�n de las cuentas p�blicas del Estado, Ayuntamientos y entidades.

"Verificar que se hayan aplicado correctamente los recursos transferidos por el Gobierno F. al Estado y a los Ayuntamientos y los otorgados por el Estado a los Municipios, as� como el correcto ejercicio de los recursos aplicados por las entidades.

"Ordenar visitas e inspecciones, practicar auditor�as, solicitar informes, revisar libros y documentos para comprobar si las inversiones y gastos autorizados se aplicaron oportuna y eficientemente al cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados, para tal efecto comisionar al personal correspondiente.

"Establecer las normas, procedimientos, m�todos y sistemas internos para la revisi�n de las cuentas p�blicas de los Gobiernos Estatal y Municipal.

"Practicar visitas, inspecciones y auditor�as a los Ayuntamientos de la entidad a fin de examinar la contabilidad, verificar las entradas y salidas de los fondos.

"Informar oportunamente a la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, las irregularidades y actos que en su caso puedan ser constitutivos de delitos, derivados del ejercicio del gasto p�blico estatal o municipal.

"Adem�s, la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda dispone que dicho �rgano t�cnico estar� a cargo de un contador mayor, el cual, entre otras atribuciones, cuenta con las siguientes:

"Formular y ejecutar los programas de trabajo de la contadur�a.

"Formular los pliegos de observaciones que correspondan.

"Fijar las normas t�cnicas y los procedimientos a que se sujetar�n las visitas, inspecciones y auditor�as que se ordenen.

"Como se puede apreciar, las facultades conferidas a la Contadur�a M. de Hacienda, resultan ser un procedimiento mediante el cual dicho �rgano t�cnico se allega de los elementos necesarios para que, como ya se precis�, la legislatura cuente con los elementos necesarios para cumplir con su atribuci�n constitucional de calificar y en su caso aprobar la cuenta p�blica.-Como resultado del procedimiento a que se hace referencia, como acto previo a la calificaci�n de la cuenta p�blica por parte del Pleno del Congreso, se elabora, en caso de ser necesario, un pliego de observaciones, el cual se remite al Ayuntamiento al efecto de que subsane las posibles irregularidades detectadas, con lo cual la cuenta p�blica podr� ser aprobada.-Ahora bien, la ley Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda establece con toda claridad el procedimiento conforme al cual se habr�n de ejercer las facultades que a dicho �rgano t�cnico le han sido conferidas.-Los numerales 14 a 30, del referido ordenamiento legal, establecen lo siguiente: La revisi�n de la cuenta p�blica comprender� adem�s del examen de las partidas de ingresos y egresos, el relativo a la justificaci�n de las entidades erogadas, encaminado a comprobar si los programas aprobados se llevaron a cabo de conformidad con las metas y objetivos asignados, para que, en su caso, se puedan implantar mecanismos de correcci�n de desviaciones, analizando la eficiencia de los programas en relaci�n con los recursos humanos, materiales y financieros.-Establece los sujetos obligados, para poner a disposici�n de la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, cuando medie requerimiento, libros, documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto p�blico, de los programas correspondientes para la evaluaci�n del cumplimiento, al Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, las entidades sujetas a revisi�n, los servidores p�blicos y a las personas f�sicas o morales que hubieren recibido subsidios o manejen recursos p�blicos.-Asimismo, la comisi�n podr� solicitar a la autoridad competente, el uso de los medios de apremio necesarios, cuando alguna de las personas se�aladas en el p�rrafo precedente incurra en demora o se niegue a proporcionar la documentaci�n requerida o se oponga a la revisi�n de los libros y documentos comprobatorios o a la pr�ctica de visitas o inspecciones.-La contadur�a, para la revisi�n de la cuenta p�blica de los Ayuntamientos, establecer� las normas, procedimientos, m�todos y sistemas de auditor�a y promover� la elaboraci�n de los manuales correspondientes para su aplicaci�n.-En este sentido, se precisa que los informes de la contadur�a contendr�n comentarios sobre:

"La verificaci�n de que las cuentas p�blicas se presentaron de conformidad con los principios de contabilidad aplicables al sector gubernamental.

"Los resultados de la gesti�n financiera.

"La comprobaci�n de que los Ayuntamientos se ajustaron a las leyes de ingresos, presupuesto de egresos y las dem�s disposiciones aplicables.

"La observaci�n del cumplimiento de los programas aprobados.

"El an�lisis de las variaciones presupuestales.

"En su caso, el se�alamiento de las irregularidades detectadas.

"Ahora bien, los art�culos 11 y 12 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda disponen que la legislatura contar� con una C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, la que coordinar� y supervisar� los trabajos de la contadur�a y rendir� a la legislatura los informes sobre su desempe�o, recibir� de la legislatura o de su C.�n Permanente las cuentas p�blicas del Estado, Ayuntamientos o entidades sujetas a revisi�n, posteriormente, esta comisi�n presentar� a la legislatura los informes y dict�menes de resultados elaborados por la contadur�a.-Por otra parte, considero pertinente precisar que la fracci�n I del art�culo 12 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, invocada por la actora fue reformada, sin embargo las atribuciones a que hace referencia en el cuarto concepto de invalidez se encuentran contempladas en la fracci�n III del propio art�culo 12 citado.-Para analizar el planteamiento de la actora, es pertinente se�alar con precisi�n el dispositivo legal de referencia.

"?Art�culo 12. Son atribuciones de la comisi�n:

"?...

"?III. Presentar a la legislatura los informes y dict�menes de resultados que le remita la contadur�a en los t�rminos del art�culo 14, respecto del an�lisis de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de las entidades se�aladas en el art�culo 2o. de esta ley.?

"De una interpretaci�n de la pretensi�n de la actora, se infiere que la misma est� invocando en su beneficio el numeral 12 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, toda vez que dicho dispositivo al remitir los informes y dict�menes a la legislatura, hace suponer a la actora que la facultad de la revisi�n de la cuenta p�blica municipal, corresponde �nicamente al Pleno de la legislatura, en todos los momentos que abarca dicha actividad.-En este sentido, y como ha quedado precisado, la Contadur�a M. de Hacienda se encuentra facultada plenamente de conformidad con su ley org�nica para formular el pliego de observaciones.-De lo anteriormente expuesto, es v�lido concluir que la Contadur�a M. de Hacienda, no cuenta con facultades resolutorias, puesto que, al emitir su dictamen y que el contador mayor formule el pliego de observaciones, se est�n efectuando actos previos a la aprobaci�n de la cuenta p�blica, ya que estas observaciones no tienen car�cter vinculatorio, puesto que las mismas se formulan para que sean subsanadas las irregularidades detectadas o en su caso, manifiesten los sujetos de la revisi�n lo que a su derecho convenga.-De lo expuesto se colige, en primer t�rmino, que la facultad de revisi�n de la cuenta p�blica se encuentra reservada a favor de la legislatura, lo cual es acorde con lo dispuesto en el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115, as� como que la Contadur�a M. de Hacienda es un �rgano t�cnico que se aboca al estudio de la documentaci�n correspondiente a efecto de constatar la correcta aplicaci�n del gasto p�blico y que act�a bajo la supervisi�n de una comisi�n de la propia legislatura, por lo que la actuaci�n de dichos �rganos en nada vulnera el dispositivo constitucional invocado por la actora.-Por tanto, la aseveraci�n de que la legislatura es la �nica responsable de formular observaciones a la cuenta p�blica, de conformidad con el art�culo 12 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, es inexacta toda vez que la legislatura no hace observaciones, sino que califica y aprueba o no la cuenta p�blica, por lo que deviene infundado el cuarto concepto de invalidez.-Por lo expresado se puede concluir que los art�culos impugnados por la accionante no contravienen el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, ya que en los mismos no otorgan indebidamente atribuciones a la Contadur�a M. de Hacienda y a su C.�n de Vigilancia, en detrimento de los reservados a la Legislatura Local, sino que por el contrario le atribuyen funciones de auxilio a efecto de que ese �rgano colegiado pueda ejercer sus atribuciones constitucionales y, consecuentemente los actos impugnados tampoco vulneran esfera de competencia alguna."

D�CIMO PRIMERO

El veinticuatro de marzo del a�o dos mil, tuvo verificativo la audiencia prevista en los art�culos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 Constitucional, en la cual se hizo relaci�n de las constancias que integran los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y, agotado el tr�mite respectivo, se puso el expediente en estado de resoluci�n.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 105, fracci�n I, inciso i), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracci�n I, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, por virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, con el Municipio de Xalapa de la citada entidad.

SEGUNDO

En principio debe analizarse si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser lo anterior una cuesti�n de orden p�blico y estudiopreferente.

Las disposiciones y actos impugnados en el escrito inicial de demanda son los siguientes:

  1. Del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, la aprobaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, en particular sus art�culos 9o., 11, 12 y 20.

  2. Del presidente de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda del Estado de Veracruz, el ejercicio de facultades "metaconstitucionales", apoyadas en los art�culos 11 y 12 de la ley mencionada en el inciso anterior.

  3. Del contador mayor de Hacienda del referido Estado, el ejercicio de facultades que sustenta en los art�culos 9o. y 20, de la aludida ley org�nica, que motivaron la emisi�n de los oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, del once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, mediante los cuales se comunic� al presidente municipal del Municipio actor, diversas observaciones derivadas de la auditor�a complementaria practicada a la cuenta p�blica del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y ocho; y,

  4. Del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, la promulgaci�n y publicaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.

    El art�culo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, se�alan:

    "Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:

    "I.T.�ndose de actos, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

    II.T.�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

    Del precepto legal transcrito se distinguen dos hip�tesis para determinar la oportunidad de la controversia constitucional, la contenida en la fracci�n I, trat�ndose de actos y, la segunda, relativa a normas generales.

    Para los actos establece treinta d�as, contados a partir del d�a siguiente:

  5. Al en que, conforme a la ley del acto, surta efectos la notificaci�n de �ste;

  6. Al en que se haya tenido conocimiento; o,

  7. Al en que la actora se ostente sabedora del mismo.

    Para la impugnaci�n de normas generales se�ala dos momentos:

  8. Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n; y,

  9. Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia.

    Esto �ltimo, se ha establecido en la tesis de jurisprudencia n�mero 29/97, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, publicada en la p�gina 474, del Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que dice:

    "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES.-De conformidad con lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnaci�n de normas generales en la v�a de controversia constitucional, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos: 1) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente de su publicaci�n; y, 2) Dentro del plazo de treinta d�as, contado a partir del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma controvertida. Con base en la citada disposici�n legal, los �rganos de poder legitimados para intentar una controversia constitucional, gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de car�cter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicaci�n, o del primer acto de aplicaci�n en perjuicio del �rgano demandante; de esto se sigue que, en el primer caso, si esta Suprema Corte de Justicia decretara el sobreseimiento por la improcedencia de la controversia constitucional, fundada en que se promovi� fuera del plazo de treinta d�as posteriores a la publicaci�n de la norma general respectiva, aquel mismo �rgano de poder estar�a en aptitud jur�dica de ejercer v�lidamente, con posterioridad, la acci�n de controversia constitucional para impugnar la referida norma, si lo hiciera con motivo del primer acto de aplicaci�n.

    "Controversia constitucional 12/95. E.R.L.�rraga, en su car�cter de S�ndico del Ayuntamiento de San Luis R�o Colorado, del Estado de Sonora, contra el Congreso Estatal y el Gobernador del propio Estado. 10 de marzo de 1997. Once votos. Ponente: J.D.�az R.. Secretario: A.S.�nchez L�pez."

    Ahora, debe precisarse que el Municipio actor, si bien se�ala como acto impugnado "... la aprobaci�n de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda por considerar contrario a lo establecido en el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), constitucional, lo dispuesto por los art�culos 9o., 11, 12 y 20 ..."; atendiendo a lo dispuesto por el numeral 39 de la ley reglamentaria de la materia, en cuanto al examen de los razonamientos de las partes, se advierte que la cuesti�n efectivamente planteada es s�lo la invalidez de los preceptos citados.

    As�, considerando que la parte accionante no se�ala si los art�culos 9o., 11, 12 y 20 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado, los impugna en forma aut�noma o con motivo de su primer acto de aplicaci�n, ni refiere si el oficio n�mero 3278/10/999 que tambi�n impugna, es un acto independiente o constituye el primer acto de aplicaci�n de tales preceptos, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado art�culo 39, de la ley que reglamenta la materia y 40, de la misma, que establece la suplencia, atendiendo a lo expresado por la actora, tanto en su escrito inicial como en el que present� en v�a de aclaraci�n, se estima que su impugnaci�n lo es con motivo de su aplicaci�n a trav�s de los actos cuya invalidez se demanda, pues se dice que con los mismos se llevan a cabo por el contador mayor de Hacienda del Estado, el uso de atribuciones otorgadas en los referidos preceptos.

    La anterior estimaci�n se corrobora, atendiendo a que la impugnaci�n de los preceptos de m�rito, de manera aut�noma, ser�a extempor�nea, considerando el plazo de treinta d�as que establece para su impugnaci�n el art�culo 21, fracci�n II, de la ley reglamentaria de la materia, antes transcrito, habida cuenta que de la copia fotost�tica certificada del Diario Oficial de la ley que los contiene, el cual obra en el expediente a fojas ciento cincuenta, se desprende que la misma fue publicada el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, o sea m�s de un a�o antes de verificada la interposici�n de la presente controversia constitucional.

    Por lo tanto, considerando lo indicado con antelaci�n, previamente se determinar� si los oficios n�meros 3278/10/999 y DAF.3291/1711, del once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, se encuentran oportunamente impugnados, seguidamente, si son o no un acto de aplicaci�n de las normas particulares de las cuales se demanda su invalidez, ya que de resultar extempor�nea su impugnaci�n, o bien, no ser ninguno de ellos un acto de aplicaci�n, no ser� posible abordar el estudio de la constitucionalidad de las citadas normas.

    Primeramente, conviene precisar que considerando la naturaleza jur�dica de los oficios antes referidos, del once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, los cuales obran en original a fojas diez y catorce del expediente, debe concluirse que se trata de actos, toda vez que establecen una situaci�n jur�dica particular y concreta, ya que contienen observaciones sobre el resultado de la revisi�n practicada por la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, al presupuesto de egresos del Municipio actor, correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y ocho, otorgando el primero un plazo de quince d�as al citado Municipio para que compruebe, justifique o reintegre el importe en dicho oficio precisado, y el segundo, quince d�as para que el citado Municipio solvente las observaciones en �l contenidas y, en caso de no ser as�, reintegre los fondos correspondientes del Ramo 033.

    En el caso particular, en el escrito de demanda la parte actora no precisa la fecha en la cual tuvo conocimiento de los actos relativos, se�alando �nicamente en el inciso g), del cap�tulo de antecedentes: "Con fecha 13 de los corrientes, el C.R.M.O., contador mayor de Hacienda env�a al C.P. Municipal Constitucional de Xalapa, Ver., oficios 3278/10/999 y DAF.3291/1711, de fechas once y trece de octubre del presente a�o, que contienen las observaciones resultantes de las revisiones al Ramo 033 financieras y t�cnicas por la ejecuci�n de obras y a la cuenta p�blica por el plan de arbitrios.".

    No obstante lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, advierte que en los oficios que constituyen los actos impugnados, aparece en ambos la leyenda: "Recib�: Una r�brica. L.. R.E.P. 18/10/99", lo cual hace estimar que �sta fue la fecha de notificaci�n de los mismos a la parte actora, por lo que se atender� a esta �ltima para computar el plazo legal establecido.

    En consecuencia, atendiendo al contenido de la fracci�n I del art�culo 21 antes transcrito; la forma en que debe computarse el plazo, trat�ndose de actos, o sea, treinta d�as a partir del siguiente al en que conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificaci�n de la resoluci�n o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci�n, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos y, toda vez que la ley del propio acto no establece cu�ndo surtir�n efecto sus notificaciones, se�alando el art�culo 321 del C�digo F. de Procedimientos Civiles, que las notificaciones surtir�n efectos al d�a siguiente de que se practiquen; el plazo relativo debe computarse a partir del d�a siguiente al en que, como ya se indic�, se estima que tuvo conocimiento la actora de los oficios mencionados, es decir, del veinte de octubre al primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

    Descontados del plazo indicado, los s�bados veintitr�s y treinta de octubre, seis, trece, veinte y veintisiete de noviembre, los domingos veinticuatro, treinta y uno de octubre, siete, catorce, veintiuno y veintiocho de noviembre, as� como el martes dos de noviembre, todos del referido a�o de mil novecientos noventa y nueve, por haber sido inh�biles en este Alto Tribunal, conforme al art�culo 163, en relaci�n al 3o., y 70, todos de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. Por lo tanto, si la demanda se present� el jueves cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, esto es, al onceavo d�a h�bil del plazo correspondiente, es inconcuso que la misma fue promovida con oportunidad, aun cuando los oficios impugnados sean de diversa fecha, pues como qued� asentado con anterioridad su conocimiento por la accionante fue el mismo d�a.

    Establecido que respecto a los aludidos oficios, del once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, la controversia fue promovida oportunamente, debe determinarse si efectivamente alguno de �stos constituye el primer acto de aplicaci�n de los preceptos cuya invalidez se demanda, contenidos en la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, para seguidamente establecer cronol�gicamente cu�l resulta ser dicho primer acto y finalmente, si el mismo causa perjuicio a la parte actora.

    Ahora, para determinar lo indicado, es conveniente tener en cuenta que un acto constituye la aplicaci�n de una norma, siempre y cuando tenga su fundamento en la misma o, en aqu�lla se encuentre previsto el caso concreto que se identifica o contiene en el acto se�alado como el de su aplicaci�n, de tal forma que a trav�s de este �ltimo, se materialice el presupuesto normativo que contiene la disposici�n.

    Los art�culos 9o., 11, 12 y 20 impugnados, contenidos en la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, se�alan:

    "Art�culo 9o. El contador tendr� las siguientes atribuciones:

    "I.R. a la contadur�a en el ejercicio de sus funciones;

    "II. Elaborar el presupuesto anual de la contadur�a, y su ejercicio, y someterlos a la consideraci�n de la legislatura por conducto de la comisi�n;

    "III. Administrar y ejercer el presupuesto mensual dando a la comisi�n, cuenta comprobada de la aplicaci�n del mismo, dentro de los diez primeros d�as del mes siguiente al que corresponda su ejercicio; la comisi�n har� la revisi�n, las observaciones pertinentes y la aprobar�, si fuere el caso, dentro del mes siguiente a su presentaci�n;

    "IV. Informar a la comisi�n dentro de los treinta d�as siguientes al t�rmino del ejercicio del presupuesto anual, acerca de su aplicaci�n; la comisi�n har� la revisi�n, las observaciones pertinentes y lo aprobar�, si fuere el caso, dentro del mes siguiente a su presentaci�n;

    ".F. y ejecutar los programas de trabajo de la contadur�a;

    "VI. Formular los pliegos de observaciones que procedan;

    "VII. Fijar las normas t�cnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditor�as que se ordenen, las que se actualizar�n permanentemente, de acuerdo con los avances cient�ficos y t�cnicos que en la materia se produzcan;

    "VIII. Promover la capacitaci�n del personal a su cargo a fin de practicar las visitas, inspecciones, auditor�as y dem�s actividades de la contadur�a de manera eficiente, y la de los funcionarios estatales, municipales y de las entidades, responsables del control interno de esos �rganos;

    "IX. Proponer a la comisi�n, el nombramiento, suspensi�n o remoci�n del subcontador mayor;

    ".N. y remover al personal de la contadur�a, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y

    "XI. Revisar y emitir opini�n respecto de los proyectos de leyes de ingresos y de egresos y de los proyectos presupuestarios de los Ayuntamientos.

    "Todas las dem�s que se deriven de esta ley, de su reglamento y de disposiciones generales y acuerdos de la legislatura."

    "Art�culo 11. La legislatura contar� con una C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, la que estar� integrada por un diputado de cada grupo legislativo, por cada diez puntos porcentuales de representaci�n que mantenga en el Pleno.

    "Si el porcentaje que corresponda a la representaci�n de un grupo legislativo se encuentra entre una decena y otra, se redondear� hacia la decena menor."

    "Art�culo 12. Son atribuciones de la comisi�n:

    "I. Presentar a la legislatura los informes y dict�menes que le remita la contadur�a respecto del an�lisis de las cuentas p�blicas del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, y de las entidades se�aladas en el art�culo 2o. de esta ley;

    "II. Hacer del conocimiento de la autoridad competente las irregularidades detectadas en las revisiones de las cuentas p�blicas, derivadas del incumplimiento o inobservancia de las leyes y disposiciones aplicables que sean imputables a servidores p�blicos, as� como fincar las responsabilidades a que haya lugar, con el objeto de resarcir a las haciendas p�blicas o al patrimonio del Estado, de los Municipios o de las entidades, de los da�os y perjuicios que se les hayan ocasionado;

    "III. Solicitar a la legislatura se autorice la comparecencia ante ella de los secretarios del despacho, jefes de los departamentos administrativos, coordinador de Comunicaci�n Social, procurador general de Justicia, contralor general del Estado y de otros altos funcionarios, de las administraciones p�blicas estatal y municipal y de las entidades;

    "IV. Dictar las medidas que estime necesarias para que la contadur�a cumpla con las funciones que le corresponden en los t�rminos de ley;

    "V. Elaborar el proyecto de reglamento de la contadur�a y proponerlo para su aprobaci�n a la legislatura;

    "VI. Proponer a la legislatura, la terna para el nombramiento del contador; y,

    "VII. Las dem�s que le correspondan de acuerdo con esta ley, su reglamento, la L.O.�nica del Poder Legislativo y su reglamento, y con las disposiciones generales y acuerdos de la legislatura."

    "Art�culo 20. La contadur�a podr� hacer uso de los medios de apremio necesarios cuando alguno de los entes o personas obligados por esta ley demore m�s de quince d�as h�biles, despu�s de recibida la solicitud, o se negare, a proporcionar la informaci�n solicitada, o se opusiere a la revisi�n de los libros, instrumentos y documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y del gasto p�blico, la pr�ctica de visitas, inspecciones y auditor�as."

    De los preceptos transcritos, que se dice por la actora son aplicados en los oficios multicitados, del once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, se desprende que �stos esencialmente establecen: las atribuciones del contador mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz; que dicha legislatura contar� con una C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, las atribuciones de la citada comisi�n y, que la referida contadur�a podr� hacer uso de los medios de apremio necesarios, cuando alguno de los entes o personas obligados por la ley de que se trata, demore m�s de quince d�as h�biles para el cumplimiento de alguna solicitud realizada por la indicada contadur�a.

    Los citados oficios, dirigidos al presidente municipal de Xalapa, Veracruz, se�alan:

    Oficio n�mero 3278/10/999 del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve: "En cumplimiento del art�culo 77 de la L.O.�nica del Municipio Libre, se le notifica el resultado de la revisi�n documental complementaria de los registros contables as� como del ejercicio y control del plan de atributos y del presupuesto de egresos por el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho, en relaci�n con la auditor�a que realiz� en fechas recientes el despacho M.R., S.C., a la Tesorer�a Municipal del H. Ayuntamiento constitucional que usted preside.-Se otorga un plazo de quince d�as h�biles, que empezar�n a contar a partir de la fecha en que reciba la presente notificaci�n para que compruebe, justifique o reintegre, en su caso, el importe de las observaciones determinadas en la revisi�n, que a continuaci�n se detallan: Irregularidades y errores." (se transcriben).

    Oficio n�mero DAF.3291/1711 del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve: "En cumplimiento a los art�culos 68, fracci�n XXXVII, de la Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, art�culos 76 y 77 de la L.O.�nica del Municipio Libre, as� como el art�culo 42, segundo p�rrafo, de la Ley de Coordinaci�n Fiscal vigente en mil novecientos noventa y ocho, y art�culo 4o., fracciones I, V y VII de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la H. Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado, remitimos a usted, pliego de observaciones exclusivamente del Ramo 033, como resultado de la auditor�a practicada por el despacho M.R., S.C., que ustedes contrataron con la aprobaci�n de la H. C.�n de Vigilancia y la revisi�n complementaria te�rica y financiera que en forma directa practic� esta Contadur�a M. de Hacienda en cumplimiento de la resoluci�n emitida sobre el particular por la H. C.�n de Vigilancia de ese H. Ayuntamiento, al cierre del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, por la aplicaci�n de los recursos de fondos que le fueron proporcionados para la infraestructura social municipal y de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios. Dichas revisiones se efectuaron de acuerdo conlas normas de auditor�a generalmente aceptadas y las de auditor�a gubernamental, por lo que se realizaron con base en pruebas selectivas de obras y de la documentaci�n que integran los expedientes b�sicos y unitarios de obras y acciones realizadas con los recursos mencionados.-Las observaciones correspondientes a la cuenta p�blica por el plan de arbitrios, les ser�n notificadas por separado.-Con base a lo establecido en el art�culo 20 de la Ley N�mero 112 arriba citada, las observaciones contenidas en este pliego, deber�n ser solventadas en un plazo de quince d�as a partir de la fecha en que se reciban, en caso de no ser as�, deber�n ser reintegrados a los fondos correspondientes del Ramo 033.-Pliego de observaciones. Fondo para la infraestructura social municipal. Observaciones de car�cter financiero de dictamen de despacho externo." (se transcriben).

    Por su parte el art�culo 20 impugnado, contenido en la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz-Llave establece:

    Art�culo 20. La contadur�a podr� hacer uso de los medios de apremio necesarios cuando alguno de los entes o personas obligados por esta ley demore m�s de quince d�as h�biles, despu�s de recibida la solicitud, o se negare, a proporcionar la informaci�n solicitada, o se opusiere a la revisi�n de los libros, instrumentos y documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y del gasto p�blico, la pr�ctica de visitas, inspecciones y auditor�as.

    Del contenido de los oficios transcritos, as� como de lo dispuesto por el art�culo precedente, se puede advertir que ambos oficios constituyen un acto de aplicaci�n del art�culo 20, cuya invalidez se demanda con independencia de que s�lo el segundo de ellos se fundamente en dicho numeral y no as� el primero del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, toda vez que el caso concreto que se identifica en ambos, se encuentra previsto en la aludida norma, considerando que como medida de apremio el diverso 21, de la mencionada L.O.�nica de la Contadur�a M., establece el apercibimiento por escrito y, es claro que en el primero de los oficios emitidos se realiza tal apercibimiento impl�citamente al otorgar un plazo de quince d�as para comprobar, justificar, o reintegrar en su caso, el importe de las observaciones determinadas en la revisi�n.

    El indicado numeral 21 de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de la Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, establece:

    "Art�culo 21. Los medios de apremio que podr� instrumentar la contadur�a son los siguientes:

    "I. Apercibimiento por escrito;

    "II. A.�n por escrito;

    "III. Multa de treinta a trescientas veces el salario m�nimo diario vigente en la capital del Estado.

    "Si a pesar de la aplicaci�n de los medios de apremio se�alados no obtuviera el cumplimiento de sus disposiciones, la contadur�a de inmediato dar� cuenta a la comisi�n para los efectos legales que correspondan."

    Por tanto, los oficios de que se trata, constituyen acto de aplicaci�n del citado art�culo 20, m�xime que no se advierte que obre en las constancias que integran el expediente alguno otro que lo constituya, debiendo considerarse como el primer acto de aplicaci�n de la norma indicada el oficio 3278/10/999 del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, al ser el inicialmente emitido.

    La aplicaci�n del citado numeral en el oficio mencionado, causa perjuicio a la parte actora, habida cuenta que hace uso de un medio de apremio en su contra, como en el caso resulta ser, el apercibimiento por escrito, contemplado por la fracci�n I del art�culo 21 de la aludida ley org�nica, pues requiere al presidente municipal para que solvente las observaciones contenidas en el precisado oficio, apercibi�ndole en el sentido de que: de no comprobar o justificar las observaciones determinadas en la revisi�n de los registros contables, detalladas en dicho oficio "reintegre, en su caso, el importe de las observaciones".

    No resulta obst�culo alguno a lo considerado con antelaci�n, el argumento de la autoridad demandada, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, en el sentido de que el oficio n�mero 3278/10/999, del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, no constituye el primer acto de aplicaci�n de la Ley N�mero 112, toda vez que de los oficios impugnados se desprende que con anterioridad se realizaron otros actos de aplicaci�n, como fueron, la notificaci�n de inicio de revisi�n financiera al Ayuntamiento actor, los requerimientos de informaci�n para tal efecto y, a fin de que propusiera el despacho de auditor�a externo, as� como la notificaci�n de aprobaci�n de este �ltimo; que adem�s, tales actos de aplicaci�n se desprenden de los art�culos 4o., 19 y 27, de la multirreferida Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz-Llave.

    Lo anterior, por virtud de que con independencia de que resultase cierto lo indicado, en cuanto a que existe la aplicaci�n de los �ltimos preceptos al desarrollarse el procedimiento de revisi�n de la cuenta p�blica en el Municipio de Xalapa, Veracruz, lo cierto es que ninguno de tales numerales fueron impugnados por la parte actora. De ah� que devenga infundado el argumento de m�rito, pues como se indic� con anterioridad, lo efectivamente planteado por la actora no es la inconstitucionalidad de la Ley 112 sino exclusivamente de los art�culos 9o., 11, 12 y 20, contenidos en la misma.

    Ahora, conviene tener presente que el referido oficio del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, s�lo resulta ser el primer acto de aplicaci�n del art�culo 20 impugnado, de la Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, por virtud de que analizado lo dispuesto por el resto de los preceptos impugnados, 9o., 11 y 12, del citado ordenamiento legal, no se advierte que �stos resulten aplicados en forma alguna en el aludido oficio, ni en el de trece del citado mes y a�o.

    Ciertamente, el numeral 9o. de la ley org�nica mencionada, antes transcrito, exclusivamente se refiere a las atribuciones del contador mayor de Hacienda, sin que en ninguna de las once fracciones que lo integran se establezca alguna contenida en los multicitados oficios, como en el caso lo es el hacer del conocimiento de la actora irregularidades detectadas en una revisi�n de la cuenta p�blica; el art�culo 11 de dicha ley, tambi�n transcrito s�lo se�ala que la legislatura contar� con una C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda y su forma de integraci�n y, el diverso 12, igualmente transcrito, de la misma, cu�les son las atribuciones de la referida comisi�n.

    En consecuencia, es inconcuso que la impugnaci�n de los art�culos 9o., 11 y 12, de la Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, tantas veces mencionada, resulta extempor�nea, considerando el plazo establecido por el art�culo 21 de la ley reglamentaria de la materia, antes analizado, as� como la publicaci�n de la ley de que se trata, la cual con antelaci�n se precis�, fue efectuada el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

TERCERO

Por ser de orden p�blico y de estudio preferente, se proceder� al an�lisis de la legitimaci�n de la parte promovente de la controversia constitucional.

El servidor p�blico, respecto del cual se admiti� a tr�mite la controversia, se ostenta con el car�cter de s�ndico �nico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, y se acredita su personalidad con la copia certificada por el secretario general de la C.�n Estatal Electoral, de la constancia de mayor�a y validez de la elecci�n de Ayuntamientos, expedida por el presidente y secretario de la C.�n Municipal Electoral de Xalapa, Veracruz, el veintid�s de octubre de mil novecientos noventa y siete, a favor del promovente F.G.�a B.G.�lez, como s�ndico �nico propietario del citado Municipio, documento que obra a fojas sesenta del expediente.

Ahora el art�culo 38 de la L.O.�nica Municipal del Estado de Veracruz, dispone:

Art�culo 38. Los s�ndicos son los encargados de la procuraci�n, defensa y promoci�n de los intereses municipales y la representaci�n jur�dica de los Ayuntamientos en los litigios en que �stos fueren parte, as� como en la gesti�n de los negocios de hacienda.

Del anterior precepto transcrito, puede advertirse que la representaci�n jur�dica del Municipio corresponde a los s�ndicos del Ayuntamiento en todas las controversias o litigios en que este �ltimo sea parte, por lo que debe declararse la legitimaci�n de quien con el car�cter de s�ndico �nico del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, interpuso la presente acci�n de controversia constitucional, en representaci�n del citado Municipio.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analog�a, la jurisprudencia n�mero 66/96, sustentada por este Tribunal Pleno, visible a fojas 326, Tomo IV, noviembre de 1996, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUNCIONARIOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLAS (C�DIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).-Del an�lisis de los art�culos 53, 54, 57, 60, fracci�n II, 61 y 67 del referido ordenamiento, vigente al cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se infiere que la representaci�n legal para promover controversias constitucionales por los Municipios debe recaer, en primer lugar, en el s�ndico o s�ndicos del Ayuntamiento y, excepcionalmente, cuando tengan impedimento legal, en el presidente municipal, con la aprobaci�n del Ayuntamiento.

CUARTO

Acto continuo, se proceder� al an�lisis de la legitimaci�n de la parte demandada, atendiendo a que �sta es una condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

Conviene recordar que las autoridades demandadas lo son:

  1. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

  2. El presidente de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado de Veracruz.

  3. El contador mayor de Hacienda de la citada legislatura.

  4. El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.

Los art�culos 105, fracci�n I, constitucional, 10, fracci�n II, y 11, primer p�rrafo, de la ley reglamentaria de la materia, prev�n:

"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a) La Federaci�n y un Estado o el Distrito F.;

"b) La Federaci�n y un Municipio;

"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la C.�n Permanente, sean como �rganos federales o del Distrito F.;

"d) Un Estado y otro;

"e) Un Estado y el Distrito F.;

"f) El Distrito F. y un Municipio;

"g) Dos Municipios de diversos Estados;

"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

"k) Dos �rganos de gobierno del Distrito F., sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. ..."

"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:

"...

"II. Como demandado, la entidad, poder u �rgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

Los diputados que signan la contestaci�n de la demanda en representaci�n del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, se ostentan como presidente y secretario del citado �rgano legislativo, acreditando tal car�cter con la copia certificada por el secretario de la diputaci�n dependiente de la Quincuag�sima Octava Legislatura, del acuerdo del veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, consultable a fojas ciento cuarenta y dos del expediente.

Del an�lisis exhaustivo y pormenorizado de la Constituci�n Pol�tica y la L.O.�nica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Veracruz, en cuanto regulan la actividad y facultades del Poder Legislativo de la citada entidad y de sus integrantes, se advierte que tales ordenamientos no contemplan qui�n tiene la representaci�n del �rgano legislativo, por lo tanto, en t�rminos de lo dispuesto por el primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley reglamentaria de la materia, antes transcrito, debe presumirse que quienes suscriben la aludida contestaci�n, gozan de la representaci�n legal de dicho �rgano y cuentan con la capacidad para ello, m�xime que en el expediente no existe constancia alguna que impida dicha presunci�n.

Asimismo, debe considerarse que el referido Poder Legislativo del Estado de Veracruz, cuenta con legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que �ste es quien aprob� la ley que contiene los preceptos cuya invalidez se demandan por la parte actora.

Previamente al an�lisis de la legitimaci�n pasiva de las restantes autoridades se�aladas como demandadas, debe precisarse que este Tribunal Pleno, ha sustentado el criterio de que los "�rganos de gobierno derivados", es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constituci�n F., sino en una ley, no pueden tener legitimaci�n activa en las controversias constitucionales, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jur�dica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimaci�n pasiva no se requiere, necesariamente, ser un �rgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimaci�n atendiendo al principio de supremac�a constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jur�dica.

Sobre el particular el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, emiti� la jurisprudencia 84/2000, relativa a la controversia constitucional 26/99, que dice:

"LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS.-Tomando en consideraci�n que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la Constituci�n F., para determinar lo referente a la legitimaci�n pasiva, adem�s de la clasificaci�n de �rganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, T.V., diciembre de 1998, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo el rubro: ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA.?, para deducir esa legitimaci�n, debe atenderse, adem�s, a la subordinaci�n jer�rquica. En este orden de ideas, s�lo puede aceptarse que tiene legitimaci�n pasiva un �rgano derivado, si es aut�nomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional. Sin embargo, cuando ese �rgano derivado est� subordinado jer�rquicamente a otro ente o poder de los que se�ala el mencionado art�culo 105, fracci�n I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jer�rquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligaci�n de girar, a todos sus subordinados, las �rdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento; y estos �ltimos, la obligaci�n de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el car�cter de demandados.-Controversia constitucional 26/99. C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n. 24 de agosto de 2000. Once votos. Ponente: O.S.C. de G.�a V.. Secretario: P.A.N.M.�n."

Por lo tanto, para determinar la legitimaci�n pasiva en el aludido medio de control, se debe atender a la subordinaci�n jer�rquica de la parte demandada.

En tal orden de ideas, es de considerarse que s�lo debe reconocerse legitimaci�n pasiva a un �rgano "derivado", cuando sea aut�nomo del poder, ente u �rgano originario demandado, o sea los relacionados en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional, pues en tal evento, si no se se�ala tambi�n como demandado al �rgano derivado, de resultar procedente la controversia planteada, no se podr�a hacer cumplir la ejecutoria; en caso contrario, cuando ese �rgano "derivado", est� subordinado jer�rquicamente al originario que se demanda resulta innecesario e improcedente aceptar con legitimaci�n pasiva al "derivado", ya que es claro que el superior jer�rquico, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria correspondiente, tendr� la obligaci�n legal de girar a todos sus subordinados las instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento y, como consecuencia, el �rgano "derivado" la obligaci�n de acatar la misma aun cuando no se le haya reconocido legitimaci�n pasiva en la controversia constitucional.

El presidente de la C.�n Permanente de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, al producir su contestaci�n a la demanda, omiti� acreditar el car�cter mencionado, sin embargo, atendiendo a lo considerado con antelaci�n, en cuanto a quien goza de la representaci�n del �rgano legislativo, es evidente que en el caso dicha comisi�n es un �rgano derivado, auxiliar de la legislatura subordinada jer�rquicamente a �sta. Por consecuencia, debe declararse que tal autoridad demandada, carece de legitimaci�n pasiva en la presente controversia.

Por otra parte, el contador mayor de Hacienda de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, al formular su contestaci�n a la presente demanda, para acreditar su car�cter como tal, acompa�� copia certificada por el secretario de la diputaci�n permanente de la citada legislatura, conteniendo el acuerdo de su designaci�n.

As�, atendiendo de nuevo a lo considerado en lo relativo a los �rganos "derivados", es evidente que la Contadur�a M. de Hacienda del �rgano legislativo, al igual que la autoridad anteriormente mencionada, est� subordinada jer�rquicamente al �rgano legislativo y por ende carece de legitimaci�n pasiva en esta controversia constitucional.

Finalmente, el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, acredita su personalidad, con el original de la Gaceta Oficial de la entidad del tres de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que contiene el decreto que declara a M.A.�n V., como gobernador constitucional electo, para el periodo comprendido del primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, al treinta de noviembre del a�o dos mil cuatro.

Del precitado an�lisis de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz, se advierte que tal ordenamiento no contempla qui�n tiene la representaci�n del Poder Ejecutivo en la entidad, por lo tanto, de conformidad tambi�n con lo dispuesto en el primer p�rrafo del art�culo 11 de la ley reglamentaria de la materia, debe presumirse que la citada autoridad goza de la representaci�n legal de dicho poder y cuenta con la capacidad para ello, al no existir en el expediente constancia alguna que impida dicha presunci�n.

En consecuencia, procede considerar al gobernador de la multicitada entidad, con legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio decontroversia constitucional, al tratarse de un �rgano "originario" y, ser el mismo quien orden� la promulgaci�n y publicaci�n del decreto que contiene la ley cuyos preceptos son impugnados por el Ayuntamiento actor.

QUINTO

Previo al estudio de los conceptos de invalidez, por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente, procede efectuar el an�lisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hacen valer las partes, o bien, que de oficio advierta este M�ximo Tribunal de Justicia.

En el caso concreto, se advierte por este Alto Tribunal, que la Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, de la Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, misma que contiene el art�culo 20, cuya invalidez se demanda a trav�s de la presente controversia constitucional, fue abrogada en t�rminos del art�culo segundo transitorio de la Ley N�mero 59 de Fiscalizaci�n Superior para el Estado de Veracruz-Llave, publicado en la Gaceta Oficial de la citada entidad el veintis�is de mayo del a�o dos mil.

Los art�culos transitorios de la ley de fiscalizaci�n aludidos prev�n:

"Primero. La presente ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en la Gaceta Oficial del Estado.

"Segundo. Se abroga la Ley 112, Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 17 de septiembre de 1998.

"Tercero. Los asuntos que se encuentran en tr�mite o en proceso en la Contadur�a M. de Hacienda al entrar en vigor esta ley, continuar�n tramit�ndose, por el �rgano en los t�rminos de la L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda.

"Cuarto. La C.�n de Vigilancia del Congreso del Estado, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, emitir� la convocatoria para la designaci�n del auditor general, en un plazo que no exceder� de treinta d�as naturales.

"Quinto. El �rgano iniciar� sus funciones al d�a siguiente de la entrada en vigor de la presente ley, quedando encargado del despacho el actual contador mayor de Hacienda, en tanto se lleve a cabo el nombramiento del auditor general.

"Sexto. La revisi�n de las cuentas p�blicas, conforme a las disposiciones de esta ley, se efectuar�n a partir de la cuenta p�blica del a�o 2000.

"S�ptimo. En todas las disposiciones legales o administrativas, resoluciones, contratos, convenios o actos expedidos o celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en que se haga referencia a la Contadur�a M. de Hacienda, se entender�n referidos al �rgano.

"Octavo. Todos los bienes, archivos y recursos presupuestales asignados a la Contadur�a M. de Hacienda pasar�n a formar parte del patrimonio del �rgano de fiscalizaci�n superior. El �rgano igualmente se subroga en todos los derechos y obligaciones de aqu�lla.

"Los servidores p�blicos y dem�s personal de la Contadur�a M. de Hacienda pasar�n a formar parte del �rgano y se respetar�n sus derechos en los t�rminos de ley."

La anterior circunstancia, aun cuando podr�a llevar a estimar que en el caso, respecto de la impugnaci�n del numeral 20, contenido en la ley org�nica tantas veces citada, se actualiza en la presente controversia constitucional la causa de improcedencia a que se refiere el art�culo 19, fracci�n V, de la ley reglamentaria de la materia, sin embargo, atendiendo a lo considerado por este Tribunal Pleno al emitir la jurisprudencia de rubro "CESACI�N DE EFECTOS. APLICACI�N DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO ?LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACI�N.? (PUBLICADA CON EL N�MERO 192 EN EL AP�NDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACI�N 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, P�GINA 189)."; en el sentido de que la cesaci�n de efectos de la norma no acontece al derogarse la misma, cuando �sta gener� una obligaci�n de hacer o permitir que se haga y, por lo tanto, su derogaci�n no libera a quienes fueron sus destinatarios, de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente. Debe concluirse que en el caso concreto, no se actualiza la citada causa de improcedencia.

La jurisprudencia referida en el p�rrafo anterior, consultable en la p�gina 5, del Tomo V, junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, es del tenor literal siguiente:

"CESACI�N DE EFECTOS. APLICACI�N DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO ?LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACI�N.? (PUBLICADA CON EL N�MERO 192 EN EL AP�NDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACI�N 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, P�GINA 189).-Del an�lisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnaci�n de normas cuya aplicaci�n entra�aba una prohibici�n in genere, que s�lo prevalecer�a durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesar�a su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hip�tesis, la concesi�n de la protecci�n constitucional no tendr�a efecto alguno, dado que en ning�n caso podr�a surtir efectos sobre el pasado, pues no podr�a volver en el tiempo para reparar la violaci�n causada por la aplicaci�n de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento s�lo es aplicable cuando la ley reclamada entra�a una prohibici�n y no cuando genera una obligaci�n de actuar en determinado sentido, o sea, una obligaci�n de hacer o permitir que se haga. En esta �ltima hip�tesis, la derogaci�n de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogaci�n, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicaci�n; a m�s de que, por regla general y salvo disposici�n expresa -como ser�a aquella norma transitoria que impidiera la aplicaci�n de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedar�a destruida la ley desde su promulgaci�n misma-, la derogaci�n de la ley s�lo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la �poca en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectaci�n en la esfera jur�dica de los gobernados que s�lo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protecci�n de la Justicia de la Uni�n.

"Amparo en revisi�n 915/96. I.M., S.A. de C.V. 5 de junio de 1997. M.�a de ocho votos, J.D.R. y O.M.�a del Carmen S�nchez C. votaron en contra del criterio contenido en esta tesis. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: M.A.G.�itr�n. Secretario: A.C.�s G.�n.

"Amparo en revisi�n 1083/96. Puerto de Luna, S.A. de C.V. 5 de junio de 1997. M.�a de ocho votos, J.D.R. y O.M.�a del Carmen S�nchez C. votaron en contra del criterio contenido en esta tesis. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: G.I.O.M.. Secretario: Jos� �ngel M.O..

"Amparo en revisi�n 1116/96. Hoteles Los Arcos de Occidente, S.A. de C.V. 5 de junio de 1997. M.�a de ocho votos, J.D.R. y O.M.�a del Carmen S�nchez C. votaron en contra del criterio contenido en esta tesis. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: S.S.A.A.. Secretario: Jos� �ngel M.O..

"Amparo en revisi�n 1159/96. S.O., S.A. de C.V. 5 de junio de 1997. M.�a de ocho votos, J.D.R. y O.M.�a del Carmen S�nchez C. votaron en contra del criterio contenido en esta tesis. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: J.D.R.. Secretario: J.C.R..

"Amparo en revisi�n 1393/96. Desarrollos Tur�sticos de la Costa, S.A. de C.V. 5 de junio de 1997. M.�a de ocho votos, J.D.R. y O.M.�a del Carmen S�nchez C. votaron en contra del criterio contenido en esta tesis. Ausente: J.V.A.A.�n. Ponente: J.D.R.. Secretaria: A.C. de O..

"El Tribunal Pleno, en su sesi�n privada celebrada el diecis�is de junio en curso, aprob�, con el n�mero 51/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. M�xico, Distrito F., a diecis�is de junio de mil novecientos noventa y siete."

As�, no advirti�ndose por este Alto Tribunal que se actualiza en la presente controversia constitucional alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es proceder al estudio de fondo del citado asunto.

SEXTO

En los conceptos de invalidez planteados, se aduce en s�ntesis lo siguiente:

  1. Que el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, demandado, viola lo establecido en el art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues al aprobar la Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M., misma que en su numeral 9o., fracci�n VI, le otorga a dicha contadur�a, la facultad de formular pliegos de observaciones a la cuenta p�blica de los Municipios, motivando la remisi�n al Ayuntamiento actor de los oficios 3278/10/999 y 3291/1711, antes referidos, formulando observaciones respecto de la deuda p�blica de mil novecientos noventa y ocho; y, apercibi�ndole para que solvente las mismas o, en su defecto, reintegre los fondos del Ramo 033 y, tal proceder son actos de autoridad contrarios a lo establecido en la fracci�n y precepto constitucional citados en perjuicio de la administraci�n municipal accionante, pues la Contadur�a M. de Hacienda de la legislatura, como �rgano t�cnico y auxiliar, no puede atribuirse una facultad exclusiva del Pleno.

  2. Que el indicado oficio DAF.3291/1711, del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, es un acto inconstitucional, pues no obstante lo establecido en el aludido art�culo 9o., fracci�n VI, de la ley org�nica citada, del mismo no se desprende que el pliego de observaciones deba hacerse de manera directa a las autoridades auditadas, pues se trata de una facultad originaria y exclusiva del Pleno de la legislatura, se�al�ndose por la actora que corrobora su concepto de invalidez la jurisprudencia del rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ART�CULO 115, FRACCI�N I, DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTER�STICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.".

  3. Que la Ley N�mero 112, y el oficio DAF.3291/1711, acto de aplicaci�n de la misma, no s�lo son contrarios a la fracci�n y precepto constitucional se�alados en el inciso a), sino que adem�s contravienen los art�culos 53, fracci�n II, inciso b) y 68, fracci�n XXXVII, de la Constituci�n Pol�tica de la entidad, que reservan a favor de la legislatura la facultad de revisar y aprobar, en su caso, la cuenta p�blica de los Ayuntamientos; que por lo tanto "debe invalidarse la ley y el acto de que se trata, dejando sin efecto las disposiciones a que se refieren los art�culos 9o., 11, 12 y 20 de la Ley 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz", el oficio citado y el 3278/10/999 antes referido.

  4. Que la fracci�n I del art�culo 12 impugnado, corrobora los conceptos de invalidez expresados, al atribuir a la C.�n de Vigilancia de la Contadur�a M. de Hacienda, la facultad de presentar a la legislatura los informes y dict�menes que le remita la contadur�a, lo cual remite a la competencia exclusiva de la Legislatura Local, para que con apoyo en los preceptos citados de la Constituci�n Pol�tica de la entidad, formule, en su caso, las observaciones correspondientes.

    El art�culo 115, fracci�n IV de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra se�ala:

    "Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

    "...

    "IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

    "a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

    "Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones.

    "b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

    "c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo.

    "Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes locales no establecer�n exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas f�sicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. S�lo los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o de los Municipios estar�n exentos de dichas contribuciones.

    Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

    As�, el precepto en cita concede la facultad gen�rica a los Congresos Locales para revisar la cuenta p�blica de los Ayuntamientos, y por tanto, la reglamentaci�n de dicha facultad debe establecerse en las Constituciones y leyes locales.

    Lo precisado, se confirma de lo se�alado en la exposici�n de motivos de la reforma constitucional al art�culo 115, efectuada en febrero de mil novecientos ochenta y tres, la cual se�ala:

    En el precepto se consignan aquellos principios que deban ser comunes como reglas b�sicas a todos los Municipios del pa�s. En congruencia con el principio constitucional de los reg�menes interiores de los Estados, se deja la regulaci�n de las comunidades municipales a las Constituciones y leyes locales, para que en �stas se contengan las normas que correspondan a las particularidades geogr�ficas, etnogr�ficas, demogr�ficas y econ�micas que sean propias de cada una de las entidades federativas.

    Del precepto en cita destacan los siguientes elementos:

  5. El Municipio Libre y la libre administraci�n de su hacienda.

  6. La facultad de las Legislaturas Locales para establecer las contribuciones y otros ingresos que han de percibir los Municipios (leyes de ingresos).

  7. La facultad de los citados �rganos para revisar las cuentas p�blicas municipales; y,

  8. La facultad de los Ayuntamientos para aprobar sus presupuestos de egresos.

    Por ende, es claro que el indicado numeral faculta a las Legislaturas de los Estados para revisar las cuentas p�blicas de los Ayuntamientos.

    Cabe precisar, que de la exposici�n de motivos de la reforma realizada al texto del citado precepto el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, no existe elemento alguno que permita dar otra interpretaci�n a tal mandato categ�rico.

    Ahora bien, respecto de la facultad que constitucionalmente poseen las Legislaturas Locales para revisar las cuentas p�blicas municipales, debe destacarse lo siguiente:

    El maestro F.T.R., sustenta:

    ... la cuenta p�blica es un instrumento legal, destinado a comprobar una operaci�n pret�rita ... en un r�gimen efectivamente democr�tico, la revisi�n de la cuenta p�blica debe de significar el juicio cr�tico, imparcial y objetivo, de la obra realizada por el ejecutor del presupuesto, se�al�ndole las deficiencias si las hubiere, principalmente el desbordamiento en gastos no autorizados ...

    En el mismo sentido, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ha considerado que la citada facultad junto con la de aprobaci�n de leyes de ingresos y determinaci�n del presupuesto de egresos municipales, tienen entre otras finalidades la de revelar el estado de las finanzas p�blicas, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes de desarrollo y sus programas, lo cual se logra mediante la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades.

    El anterior criterio, puede consultarse en la tesis XLI/96, visible a fojas 462, Tomo III, marzo de 1996, Pleno, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, el cual se�ala:

    MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LE�N. EL ART�CULO 129 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQU�LLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS MIEMBROS SIN APROBACI�N DEL CONGRESO, NO INFRINGE EL �LTIMO P�RRAFO DE LA FRACCI�N IV DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL.-La citada disposici�n de la Constituci�n F., establece que ?Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar�n las cuentas p�blicas?, agregando que ?los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles?. Este �ltimo p�rrafo no hace inconstitucional el art�culo 129 de la Constituci�n Estatal en cuanto prescribe ?Los Ayuntamientos no podr�n acordar remuneraci�n alguna para sus miembros sin aprobaci�n del Congreso?, como pudiera inferirse de una interpretaci�n gramatical y aislada; por lo contrario, la apreciaci�n conjunta de aquella disposici�n permite ver que los tres elementos a que se refiere y que se traducen en la facultad de expedir la ley de ingresos, determinar el presupuesto de egresos y revisar la cuenta p�blica, est�n �ntimamente ligados entre s� y tienen entre otras finalidades, la de revelar el estado de las finanzas p�blicas, as� como asegurar la realizaci�n transparente de los planes municipales de desarrollo y sus programas. Dichas finalidades se logran mediante la verificaci�n de la asignaci�n adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de las responsabilidades resultantes, seg�n se deduce de lo dispuesto en los art�culos 108 y 114 de la Constituci�n F., y 130 a 137 de la L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Municipal del Estado; lo anterior se confirma porque la Constituci�n Estatal establece la idea rectora de que la revisi�n de la cuenta p�blica municipal compete al Congreso Local, con el asesoramiento t�cnico y jur�dico del jefe de la hacienda p�blica del Estado, como se desprende de lo dispuesto en sus art�culos 63, fracciones X y XII, 135, 136, 137, 138 y 140; y porque la citada L.O.�nica de la Administraci�n P�blica Municipal establece las obligaciones de los servidores p�blicos y las responsabilidades consecuentes. Por tanto, si de las Constituciones F. y Local y de las leyes invocadas se advierte, que en �ntima conexi�n con la atribuci�n de los Ayuntamientos de aprobar sus presupuestos, se encuentran las atribuciones de las Legislaturas Locales para aprobar las leyes de ingresos municipales, revisar las cuentas anuales, suspender Ayuntamientos, declarar su desaparici�n y suspender o revocar mandatos por las causas graves especificadas en la Ley de Atribuciones de Control y Vigilancia que garantizan el manejo transparente de losrecursos p�blicos, ha de concluirse que el art�culo 129 de la Constituci�n del Estado establece una medida compatible con la Constituci�n F., tendiente a evitar el abuso del poder y procurar la conservaci�n del equilibrio y equidad presupuestal de los Municipios de la entidad, tomando en consideraci�n que los Municipios son aut�nomos dentro de la Constituci�n F., pero no soberanos, m�xime que dicha medida no vulnera su econom�a ni invade la esfera que les corresponde; tampoco restringe la libre administraci�n de la hacienda p�blica municipal, ni limita u obstaculiza su actividad financiera.

    En efecto, si bien es cierto que el art�culo 115 de la Constituci�n F. establece la existencia del Municipio Libre y como consecuencia la libertad de administrar su hacienda, tambi�n lo es que conforme a los art�culos 40 y 41 de la Norma Fundamental, estamos inmersos en una forma de Gobierno F. compuesta por Estados libres y soberanos (aut�nomos) en todo lo concerniente a su r�gimen interior pero unidos seg�n los principios de la Constituci�n F., raz�n por la cual las Constituciones Locales nunca podr�n contravenir las disposiciones del Pacto F..

    En tal orden de ideas, la libertad municipal no es una facultad absoluta sino que, precisamente est� acotada por las disposiciones del texto constitucional el que, como se ha se�alado al facultar a las Legislaturas Locales para intervenir en la determinaci�n de los ingresos de los Municipios, y en la revisi�n de su cuenta p�blica, busca garantizar la transparencia en la utilizaci�n de los recursos p�blicos municipales en los planes y programas aprobados mediante el control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades, seg�n se advierte tambi�n de los art�culos 108 y 114 de la Norma Suprema.

    Los art�culo 53, fracci�n II, y 68, fracciones XV y L., ambos de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz, establecen:

    "Art�culo 53. La legislatura tendr� como asuntos de atenci�n preferente:

    "...

    "II. En el segundo periodo de sesiones ordinarias:

    "a) Revisar y dictaminar la cuenta p�blica del Gobierno del Estado correspondiente al a�o anterior, la cual deber� presentarse dentro de los �ltimos quince d�as del mes de abril de cada a�o, a fin de conocer los resultados de la gesti�n financiera, comprobar si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas y ajustado a los criterios se�alados en el presupuesto, y

    "b) Examinar y aprobar las cuentas de recaudaci�n y distribuci�n de caudales del a�o pr�ximo anterior, que presenten los Ayuntamientos en las fechas indicadas en las leyes respectivas.

    "El examen de la Legislatura del Estado no se limitar� a determinar si las cantidades gastadas est�n de acuerdo o no con las partidas respectivas del presupuesto, sino que se extender� a la exactitud y justificaci�n de los gastos hechos y, de ser necesario, a las responsabilidades a que hubiere lugar. Si en �l aparecieren discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificaci�n de los gastos hechos, se determinar�n las responsabilidades de acuerdo con las leyes de la materia."

    "Art�culo 68. Son facultades y obligaciones de la legislatura:

    "...

    "XV. Tomar cuentas al gobierno, cada a�o, o cuando le parezca oportuno, de la recaudaci�n o inversi�n de los caudales p�blicos.

    "Para el estudio de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, la legislatura contar� con la Contadur�a M. de Hacienda, �rgano con autonom�a t�cnica encargado del an�lisis de los resultados de la gesti�n financiera anual;

    "...

    L.. Nombrar inspectores, interventores o auditores, con el objeto de examinar las funciones, los servicios p�blicos, la contabilidad y dem�s actos que realicen los Ayuntamientos.

    De los preceptos transcritos se desprende que el Poder Legislativo de la citada entidad, debe examinar y aprobar las cuentas de recaudaci�n y distribuci�n de caudales que le presenten los Ayuntamientos y, que tal examen no se limita a determinar si las cantidades gastadas son acordes con las partidas otorgadas a �stos, sino que debe extenderse para establecer la exactitud y justificaci�n de las erogaciones realizadas y, de ser el caso, se�alar la responsabilidad respectiva de acuerdo con las leyes aplicables; siendo una de las facultades y obligaciones de la indicada legislatura, la de tomar cuentas de la recaudaci�n o inversi�n de los caudales p�blicos al gobierno de la entidad, cada a�o, o cuando le parezca oportuno.

    Asimismo, se establece espec�ficamente que para esto �ltimo, es decir, para el estudio de la cuenta p�blica, dicho Poder Legislativo, contar� con la Contadur�a M. de Hacienda, �rgano con autonom�a t�cnica encargado de los an�lisis de los resultados de la gesti�n financiera anual, estando en aptitud, la legislatura, de nombrar inspectores, interventores o auditores a fin de examinar la contabilidad que realizan los Ayuntamientos.

    Por su parte, el art�culo 20 de la Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, cuya invalidez se demand�, se�ala:

    "Art�culo 20. La Contadur�a podr� hacer uso de los medios de apremio necesarios cuando alguno de los entes o personas obligados por la ley demore m�s de quince d�as h�biles, despu�s de recibida la solicitud, o se negare, a proporcionar la informaci�n solicitada, o se opusiere a la revisi�n de los libros, instrumentos y documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y del gasto p�blico, la pr�ctica de visitas, inspecciones y auditor�as."

    De lo dispuesto en el precepto transcrito, se desprende que a trav�s del mismo se otorg� facultad a la Contadur�a M. de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, para hacer uso de los medios de apremio, cuando alguno de los entes o personas obligados por dicha ley, se niegue a proporcionar la informaci�n solicitada respecto de documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y gasto p�blico, pr�ctica de visitas, inspecciones y auditor�as.

    En dicho orden de ideas, considerando lo asentado con antelaci�n, en relaci�n a que del an�lisis constitucional del art�culo 115, fracci�n IV, de la Constituci�n General de la Rep�blica, se desprende que revisar las cuentas p�blicas, es una facultad expresamente establecida a favor de las Legislaturas de los Estados, facultad que se recoge en el numeral 53 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz, seg�n se evidencia de la transcripci�n del mismo, efectuada con anterioridad, determin�ndose en el diverso 68, fracci�n XV, p�rrafo segundo, de la citada Constituci�n Local, que para el estudio de la cuenta p�blica la legislatura contar� con la Contadur�a M. de Hacienda, deviene indiscutible que la facultad conferida en el precitado art�culo 20 de la ley org�nica de m�rito, a dicha contadur�a para los fines precisados con antelaci�n, no resulta en forma alguna inconstitucional.

    As� las cosas, es inexacto que el diverso oficio n�mero 3278/10/999, del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuya invalidez se demanda, en el cual la Contadur�a M. de Hacienda de la legislatura de la entidad, realiz� el primer acto de aplicaci�n de la facultad de que se trata, sea inconstitucional, toda vez que como ha quedado de manifiesto en los p�rrafos precedentes, la atribuci�n correspondiente es acorde con lo dispuesto por el art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica.

    No obsta en forma alguna para considerar lo anterior, el concepto de invalidez de la parte actora, en el que aduce que de lo establecido en el art�culo 9o., fracci�n VI, de la aludida L.O.�nica de la Contadur�a M. de Hacienda, no se desprende que el pliego de observaciones deba realizarse de manera directa a las autoridades auditadas, ya que se trata de una facultad originaria y exclusiva del Pleno de la legislatura, citando la accionante en apoyo a lo anterior, una jurisprudencia que alude a las caracter�sticas generales que identifican a una autoridad intermedia, prohibida, esta �ltima, en el art�culo 115, fracci�n I, de la Carta Magna, por virtud de que, de lo establecido en el art�culo 68, fracci�n XV, p�rrafo segundo, se desprende que no es al Pleno de la legislatura a quien corresponde el estudio de la cuenta p�blica, sino que para ello cuenta con la Contadur�a M. de Hacienda como �rgano auxiliar.

    De lo anterior, es claro que resulta inaplicable en el caso la jurisprudencia a que alude la parte promovente, referente a las caracter�sticas que identifican a una autoridad intermedia, pues es inconcuso que de lo dispuesto por el art�culo 68, en la fracci�n y p�rrafo indicados, en el sentido de que: "Para el estudio de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, la legislatura contar� con la Contadur�a M. de Hacienda ...", evidencia que dicha contadur�a se trata de un �rgano auxiliar de la legislatura, el cual carece de facultades o atribuciones que le permitan actuar de manera independiente, unilateral y con decisi�n, que no sea resultado o provenga de manera directa de los acuerdos o decisiones tomados por el Pleno de la legislatura, dentro del �mbito de sus respectivas facultades, que son las caracter�sticas principales que identifican a una autoridad intermedia, como se se�ala en la jurisprudencia indicada, por lo que a la misma no puede ni debe consider�rsele como una autoridad intermedia.

    Tampoco es obst�culo alguno, el concepto de invalidez en que se se�ala, que el oficio 3278/10/999 del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, es contrario a lo previsto por el art�culo 53, fracci�n II, inciso b), y 68, fracci�n XXXVII, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Veracruz, pues si bien el primero de los preceptos, en la fracci�n e inciso indicados, prev� que la legislatura tiene como asunto de atenci�n preferente el examen de aprobaci�n de la cuenta p�blica de los Ayuntamientos, y el segundo de los numerales en la fracci�n de que se trata dispone como facultad y obligaci�n de la legislatura, revisar las cuentas, actas, inventarios, aval�os, recibos y dem�s documentos que se presenten o se soliciten a los Ayuntamientos, en los t�rminos se�alados por las leyes respectivas, no menos exacto resulta que como se precis� con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto por el indicado art�culo 68, en su fracci�n XV, p�rrafo segundo "Para el estudio de la cuenta p�blica del Gobierno del Estado, la legislatura contar� con la Contadur�a M. de Hacienda", de lo que debe entenderse, que esta �ltima est� legalmente facultada para emitir el acto materia de an�lisis, cuya invalidez es demandada.

    Finalmente, no asiste raz�n a la parte actora, en cuanto a su argumento de inconstitucionalidad del diverso oficio DAF.3291/1711, emitido por el contador mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado de Veracruz, del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ya que tal oficio no fue impugnado por vicios propios, sino que su legalidad se hizo depender de la constitucionalidad de la ley en la cual se fundament�.

    En consecuencia, atendiendo a todo lo precedentemente considerado, procede declarar la validez de los actos impugnados, consistentes en los oficios 3278/10/999 y 3291/1711, del once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuya invalidez se demand�.

    Por lo expuesto y fundado se

    resuelve:

PRIMERO

Es parcialmente procedente, pero infundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de Xalapa, Veracruz-Llave.

SEGUNDO

Se sobresee la controversia constitucional, respecto de la impugnaci�n de los art�culos 9o., 11 y 12 de la Ley N�mero 112 Org�nica de la Contadur�a M. de Hacienda de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, por los motivos indicados al final del considerando segundo de la presente resoluci�n.

TERCERO

Carecen de legitimaci�n pasiva en la presente controversia el presidente de la C.�n de Vigilancia de la Quincuag�sima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, as� como el contador mayor de Hacienda de dicho �rgano legislativo.

CUARTO

Se declara la validez de los oficios n�meros 3278/10/999 y DAF.3291/1711, del once y trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

QUINTO

Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.

N.�quese; haci�ndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, arch�vese el expediente.

As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en Pleno, por unanimidad de once votos de los se�ores M.S.S.A.A., M.A.G.�itr�n, J.V.C. y C., J.D.R., J.V.A.A.�n, Jos� de Jes�s G.�o P., G.I.O.M., H.R.P., O.S.C. de G.�a V., J.N.S.M. y presidente G.D.G.�ngora P.. Fue ponente en este asunto el se�or M.J.V.C. y C..

Nota: La tesis de rubro: "LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el n�mero P./J. 84/2000, en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XII, agosto de 2000, p�gina 967.