Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 29072989

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

Emisor:Pleno
Materia:Suprema Corte de Justicia de México
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 2006
RESUMEN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2005. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO LA NORMA GENERAL IMPUGNADA HA DEJADO DE PRODUCIR SUS EFECTOS.HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERÁN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA REGULAR EL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).PREDIAL MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, INCISOS D) Y F), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, NO VIOLA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODA VEZ QUE LOS MOTIVOS QUE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LA LEGISLATURA ESTATAL PARA ESTABLECER LAS TARIFAS RELATIVAS A DICHO IMPUESTO, DERIVAN DE UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE DENTRO DEL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE.

 
CONTENIDO

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2005. MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRA PONENTE: M.B. LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: V.M.B.M., F.S.G.�A Y A.V.A..
M�xico, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, correspondiente al d�a diecisiete de octubre de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el catorce de febrero de dos mil cinco, en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, G.G.H.�ndez, con el car�cter de s�ndico del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, J., promovi� controversia constitucional en representaci�n del propio Municipio, en la que demand� la invalidez de la norma que m�s adelante se precisa, emitida por las autoridades que a continuaci�n se se�alan:
"Nombre y domicilio de los demandados: 1) El Congreso del Estado de J., con domicilio en Av. H. n�mero 222, colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, J.. 2) El Gobernador C.onal del Estado de J., en su car�cter de autoridad que promulg� la ley materia de la presente controversia, quien tiene su domicilio legal en el Palacio de Gobierno, sito en la calle C. sin n�mero, esquina con M., en la colonia Centro de la ciudad de Guadalajara. 3) El director del Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, con domicilio en Av. P.�n Alcalde 1351, edificio C, primer piso, c�digo postal 44270, Guadalajara, J.. Acto reclamado de invalidez: 1) El Decreto N�mero 20844, publicado el d�a 14 de diciembre de 2004, en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, decreto que contiene la ?Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005?; y 2) La Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005, particularmente los art�culos 25, fracci�n III, incisos d) y f), as� como el art�culo 29, fracci�n XII, mismos que transcribimos a continuaci�n: ?Art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f).? (se transcribe). ?Art�culo 29, fracci�n XII.? (se transcribe)."
SEGUNDO. La parte actora expuso como antecedentes del caso, los siguientes:
"1) Con fecha 16 de noviembre de 2004, el Congreso del Estado de J. aprob� el Decreto N�mero 20844, que contiene la ?Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005?, misma que fue promulgada por el gobernador del Estado de J., y publicada en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.? el 14 de diciembre de 2004. 2) Tenemos conocimiento que en Leyes de Ingresos de otros Municipios de J., como es el caso de Zapopan, el Congreso del Estado la aprob� el 6 de diciembre del 2004 y la public� el Ejecutivo del Estado el 16 de diciembre del mismo a�o en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, tarifas en materia de impuesto predial mayores a las aprobadas para el Municipio de Guadalajara, particularmente trat�ndose de predios urbanos edificados y no edificados, en los cuales a pesar de que en la iniciativa remitida por el Ayuntamiento de Guadalajara se propusieron tarifas id�nticas a las que le fueron aprobadas al Ayuntamiento de Zapopan, J., sin que de la propia Ley de Ingresos, ni de los documentos relativos al procedimiento legislativo seguido, respecto de la misma se desprendan elementos objetivos, razonables, p�blicos y v�lidos que permitan esclarecer que las razones que movieron al Congreso del Estado de J. a aprobar para Zapopan las tarifas que neg� para Guadalajara, fueron acordes con los principios constitucionales de libertad hacendaria y autonom�a municipal. 3) Asimismo, en la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, J., correspondiente al presente ejercicio fiscal, se establecieron en la fracci�n XII del art�culo 29, porcentajes m�ximos de incremento al impuesto predial a pagar, por las cuales se omite en el c�lculo del impuesto predial toda referencia a la base del impuesto establecida en la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, as� como la aplicaci�n de las tasas y cuotas fijas previstas en la propia Ley de Ingresos, con lo cual se violan diversos preceptos constitucionales antes se�alados, as� como los principios constitucionales y legales en materia tributaria que se precisar�n en el cap�tulo correspondiente de esta demanda. Cabe destacar que dichos topes o porcentajes m�ximos de incremento no formaban parte de la iniciativa de Ley de Ingresos enviada al Congreso del Estado de J. por el Municipio que represento, sino que fueron incorporados por el Poder Legislativo del Estado sin que mediara razonamiento alguno que en forma objetiva, razonable, v�lida y p�blica hiciera suponer, al menos, que las razones que movieron al Congreso del Estado a introducir l�mites que modulan artificialmente la base constitucionalmente establecida del impuesto predial (el valor de los inmuebles) en perjuicio de la hacienda municipal, fueron acordes con los principios constitucionales de autonom�a y libertad hacendaria municipal, as� como con los fines deseados por el orden jur�dico y constitucional."
TERCERO. El Municipio actor hizo valer como conceptos de invalidez, los siguientes:
"A. En relaci�n con la fracci�n XII del art�culo 29 de la ?Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal del a�o 2004? (sic): 1. El precepto a estudio es violatorio del art�culo 115 constitucional en su fracci�n IV, inciso a), el cual establece que ?Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.?. Lo anterior es as�, porque el precepto constitucional establece que forman parte de la hacienda municipal, las contribuciones que las legislaturas establezcan a favor de los Municipios, en el caso concreto, sobre la propiedad inmobiliaria. Es importante destacar que uno de los motivos por los que se reform� el art�culo 115 de la C.�n Federal en 1999, fue precisamente el de fortalecer los ingresos propios de los Municipios, como se desprende textualmente de los considerandos del dictamen por el que se reforma dicho art�culo: ?... Adem�s del principio de equidad, se busca fortalecer el �mbito municipal en lo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que a partir de la presente reforma, debe verificarse en contrapartida un esfuerzo recaudatorio municipal en donde la tasa y los valores que le sirvan de base sean justos, y no se concedan subsidios ... y las tasas sean la pauta de los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes ... Se agrega un nuevo p�rrafo tercero ... con el objeto de garantizar Leyes de Ingresos municipales en las que anualmente las Legislaturas Estatales fijen las tasas, cuotas y tarifas a propuesta del Ayuntamiento interesado y respecto de las contribuciones de mejoras, impuestos y derechos ...?. As�, el art�culo impugnado viola el derecho del Municipio de Guadalajara contenido en el inciso a) de la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n Federal, de percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, utilizando valores justos como base para las mismas, que el Ayuntamiento jam�s propuso en la iniciativa de Ley de Ingresos enviada al Congreso del Estado, pero que este �ltimo, motu proprio, incorpora sin realizar consideraci�n l�gica o jur�dica alguna, en detrimento de ese derecho, al imponer l�mites al incremento del impuesto tomando como referencia el impuesto pagado en el ejercicio anterior, porque aun cuando tenga el derecho de percibir la contribuci�n, no lo puede hacer teniendo como base valores justos, porque la legislatura ha decidido que la base del impuesto sea el impuesto pagado en el ejercicio anterior, y no el valor fiscal de los inmuebles. En efecto, en la fracci�n XII del art�culo 29 de la Ley de Ingresos impugnada, se establece un beneficio para los contribuyentes del impuesto predial en relaci�n con predios construidos o edificados que: a) Se incremente su valor fiscal con motivo de una valuaci�n masiva; o, b) Aun cuando el incremento no se deba a una valuaci�n masiva se encuentren tributando con las tasas correspondientes a los incisos d) de la fracci�n II, incisos d), e) y f), de la fracci�n III, ambas del art�culo 25 de la propia ley impugnada. Con lo anterior se establece un factor que distorsiona los elementos del impuesto predial, as� como el c�lculo del monto del mismo que debiera resultar de la aplicaci�n de la tasa a la base respectiva, adicion�ndole una cuota fija, de manera que, de hecho, para el caso de los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de dicha fracci�n, el impuesto terminar� resultando de la aplicaci�n de un determinado factor porcentual al impuesto resultante del a�o anterior, con independencia del valor real del inmueble o del cambio de valor del mismo que podr�a sobrevenir por una valuaci�n masiva, por la simple remodelaci�n, ampliaci�n o modificaci�n en las construcciones, o por alg�n otro factor. Al final, los l�mites de incremento en el impuesto predial a pagar se aplican no s�lo a los predios que se vieren afectados por una valuaci�n masiva, sino tambi�n a todos aquellos cuyo valor se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J.; a todos los predios urbanos edificados cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado; a todos los predios no edificados que se localicen fuera de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J.; y a todos los predios no edificados que se localicen dentro de la zona urbana del Estado de J., cuyo valor se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J.. Con lo anterior, adem�s de que se altera la iniciativa de la Ley de Ingresos propuesta por el Municipio que represento, ello se hace sin expresi�n de razonamiento alguno, puesto que en la iniciativa en cuesti�n no se inclu�a tope o porcentaje de incremento m�ximo, con lo cual al ser incluido arbitrariamente por el Congreso del Estado de J., produce la violaci�n de la libertad hacendaria municipal, en virtud de que se priva al Municipio de las contribuciones derivadas del cambio de valor fiscal de los inmuebles, al determinarse el impuesto a cargo con base en el impuesto resultante del a�o anterior, lo cual es contrario a lo establecido por la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional. Lo anterior, m�xime que la iniciativa de Ley de Ingresos que remite el Municipio, en cuanto a los ingresos a que por virtud de la propia norma constitucional tiene derecho la hacienda municipal no se reduce al mero acto de inicio del procedimiento legislativo, sino a un acto formal de ejercicio de la propia libertad hacendaria que no puede ser modificado arbitrariamente por el �rgano legislativo, sino existen razones suficientes, v�lidas, objetivas, razonables y p�blicas que permitan concluir que no se pretende sustraer indebidamente recursos a la hacienda municipal, sino que se persigue un fin acorde con los principios constitucionales de autonom�a y libertad hacendaria municipal, as� como con los fines del orden jur�dico y constitucional, as� como con los principios generales de derecho, en particular con el principio de la buena fe que debe regir las relaciones no �nicamente entre particulares o entre �stos y los �rganos del Estado, sino entre los mismos �rdenes de gobierno. 2. El precepto a estudio viola lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece: ?... Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios a favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico.?. Esto es as�, porque los l�mites al incremento en el impuesto establecidos por el precepto impugnado, constituyen en su aplicaci�n pr�ctica un subsidio para los contribuyentes, ya que al incrementar el valor de las propiedades de un ejercicio fiscal a otro, de ninguna manera se podr� recaudar el monto resultante de aplicar la tasa establecida en la Ley de Ingresos a la base gravable (valor fiscal del inmueble), si ese resultado excede el porcentaje marcado como l�mite con respecto del impuesto resultante del ejercicio anterior. El mandamiento de que los impuestos sean proporcionales y equitativos busca, entre otras cosas, que efectivamente atiendan a la capacidad contributiva, de ah� que si las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria tienen como elemento determinante el valor de los bienes y sus construcciones, las Legislaturas Estatales est�n impedidas para otorgar exenciones o subsidios a persona o instituci�n alguna con respecto de dichas contribuciones, como lo se�ala expresamente el art�culo 115, fracci�n IV, inciso c), por lo que al establecer que con relaci�n a determinados contribuyentes, el incremento en el impuesto predial no podr� exceder en un porcentaje determinado con respecto al impuesto resultante en el ejercicio anterior, sin que se atienda al hecho de que los bienes o construcciones pudieron incrementar su valor y que entonces el impuesto deber�a ajustarse necesariamente aplicando la tasa a la base gravable, se puede desprender un subsidio para ciertos contribuyentes que no se justifica a la luz del art�culo constitucional invocado. Incluso, cuando se adecuaron a la legislaci�n estatal las reformas al art�culo 115 de la C.�n Federal, el propio Congreso del Estado estableci� en el art�culo 55 de la Ley de Catastro del Estado de J., que: ?Dentro del proceso legislativo, en trat�ndose de aprobaci�n de las tablas de valores unitarios, el Congreso del Estado s�lo tendr� facultades para aprobar o rechazar los proyectos contenidos en la iniciativa respectiva, pero en ning�n caso y bajo ninguna circunstancia, tendr�n facultades de realizar las modificaciones a los valores contenidos en el proyecto presentado mediante la iniciativa respectiva ...?, precisamente porque son los Municipios los que cuentan con los elementos t�cnicos necesarios para determinar los valores que sirven de base al cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, y cualquier modificaci�n a los mismos por parte del Congreso del Estado, representa un detrimento a la hacienda p�blica municipal. Entonces, qu� caso tiene que para garantizar que los valores fiscales que sirven de base para el cobro de las contribuciones que son determinados y actualizados por los Municipios con fundamento en el art�culo 115 de la C.�n Federal, el propio Congreso del Estado estableci� la prohibici�n para modificar las tablas de valores unitarios, si por otra parte, se establecen l�mites a los incrementos del impuesto, cambiando con ello la base gravable, lo que necesariamente se traduce en un subsidio de la contribuci�n, ya que con independencia de que el inmueble incremente su valor de un ejercicio fiscal a otro, la base nunca ser�, en los hechos, el nuevo valor fiscal como lo ordena la C.�n Federal, sino el impuesto resultante en el ejercicio anterior. Hay que recordar en este numeral que, como ya se dijo en el numeral 1o., que la reforma constitucional de 1999 al establecer que las tablas de valores unitarios y de suelo se propondr�an por los Ayuntamientos, busca reforzar los ingresos propios municipales y reafirmar la prohibici�n de que en estas contribuciones se establezca cualquier tipo de subsidio. 3. La norma materia de la presente controversia transgrede lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, antepen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece literalmente lo siguiente: ?Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.?. Lo anterior en virtud de que el precepto a examen, al establecer l�mites m�ximos al impuesto resultante a cargo del contribuyente, permite la determinaci�n del impuesto no mediante la aplicaci�n de la tasa legalmente establecida a la base gravable del impuesto, que por disposici�n del precepto constitucional a que aqu� se hace referencia la constituyen los valores unitarios de suelo establecidos en las tablas vigentes, sino mediante la base liquidable del impuesto resultante del ejercicio fiscal anterior, con lo cual se contradice lo dispuesto en la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, la cual establece que la base gravable del impuesto a la propiedad inmobiliaria son las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones y no el impuesto resultante del a�o inmediato anterior. Este art�culo, por tanto, altera en detrimento de la hacienda municipal el aspecto cuantitativo del hecho imponible, es decir, la medida con que el Constituyente Permanente decidi� que se realizara el hecho imponible en el impuesto predial. Por disposici�n constitucional, la base gravable del impuesto predial lo constituye el valor unitario del suelo y de las construcciones, que debe asemejarse al valor real del mercado del inmueble, y en la Ley de Ingresos, en el art�culo que se analiza, al se�alar que el incremento (que, insistimos, no fue propuesto por el Municipio de Guadalajara en su iniciativa de Ley de Ingresos, sino que fue incorporado por el Congreso del Estado sin justificaci�n alguna) en el impuesto predial a pagar no ser� superior al 10%, 15% o 20% dependiendo del valor del inmueble, de lo que result� en el a�o fiscal inmediato anterior, contradice la disposici�n constitucional porque aun cuando se modifique sustancialmente el valor fiscal de un inmueble de un ejercicio fiscal a otro, por construcciones nuevas, por ejemplo, el impuesto correspondiente a ese ejercicio fiscal no podr� ser superior en un determinado porcentaje del impuesto resultante en el ejercicio anterior, aun cuando el valor del inmueble era inferior, con lo que la base gravable real deja de tener congruencia con el elemento cuantitativo del hecho imponible. Adicionalmente, se altera uno de los elementos esenciales del tributo, ya que no se puede cuantificar el monto del impuesto atendiendo exclusivamente a la ley, sino que necesariamente debe atenderse a elementos que no se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos, como el impuesto resultante en el ejercicio fiscal anterior. 4. Se viola lo dispuesto por el art�culo quinto transitorio del decreto por el cual se reform� el art�culo 115 constitucional, decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 23 de diciembre de 1999, cuyo quinto art�culo transitorio establece lo siguiente: ?Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinaci�n con los Municipios respectivos, adoptar�n las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y proceder�n, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables parael cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.?. Lo anterior es as�, porque: a) Como ya se ha se�alado, el art�culo impugnado permite la determinaci�n del impuesto con base distinta a la constituida por los valores unitarios de suelo y construcciones, contraviniendo no s�lo el art�culo 115, fracci�n IV, inciso a), sino tambi�n el art�culo transitorio en el que el Constituyente Permanente expres� la necesidad de equiparar los valores unitarios de suelo con los valores de mercado, reiterando que son precisamente estos valores unitarios de suelo, la base de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Al equiparar los valores, el Constituyente Permanente busc� garantizar a los Municipios que la recaudaci�n por estas contribuciones tuviera niveles reales que le permitan cubrir el gasto que genera la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo. En el mismo art�culo transitorio, el Constituyente Permanente le otorg� la facultad a los Municipios para que, en su caso y despu�s de equiparar los valores, realizara la adecuaci�n a las tasas aplicables para el cobro de las contribuciones, adecuaci�n que se materializa en la Ley de Ingresos, pero si lo aprobado por el Congreso no se apega a lo dispuesto por la C.�n Federal, como es el caso, se limita al Municipio el ejercicio de su facultad recaudatoria y se le restan injustificadamente ingresos necesarios para cumplir con la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo, m�xime si para otros Municipios se aprueban tasas m�s elevadas. Por lo que al poner los l�mites en el incremento del impuesto, tal como se desprende del art�culo impugnado, el Congreso del Estado no s�lo desconoce y modifica la base gravable establecida en la C.�n Federal para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, no s�lo altera sin que medie razonamiento alguno la voluntad del Municipio plasmada en su iniciativa de Ley de Ingresos, sino que, adem�s, anula el esp�ritu que inspir� la reforma en el sentido de equiparar los valores unitarios de suelo a los valores de mercado para que los ingresos percibidos fueran sobre valores reales, y al imponer al Municipio un l�mite m�ximo de incremento al impuesto, hace totalmente inoperante aplicar la tasa aprobada a la base gravable, porque si el resultado excede del l�mite establecido, la recaudaci�n se ver� necesariamente disminuida y el ingreso percibido por el Municipio no guardar� relaci�n con el esp�ritu de la contribuci�n establecida en la C.�n Federal, ocasionando un perjuicio irreversible a la hacienda municipal. b) Porque no se respetan los principios de proporcionalidad y equidad. No guarda relaci�n con la base gravable del impuesto prevista por la C.�n, en la cual se ve reflejada la capacidad contributiva de los contribuyentes, por lo que al aplicar los l�mites a que se refiere el precepto impugnado, el impuesto a cargo pierde tambi�n su relaci�n con la capacidad contributiva. 5. Se viola lo dispuesto por el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de reserva de ley de los impuestos al establecer la obligaci�n de contribuir al gasto p�blico, en la manera proporcional y equitativa que fijen las leyes. Lo anterior, en virtud de lo siguiente: a) Porque al permitirse la determinaci�n del impuesto con base en el impuesto resultante del a�o anterior, la base del impuesto queda indeterminada en ley, por lo que es necesario recurrir a un elemento extralegal. En materia tributaria, el principio de reserva de ley que deriva del art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Federal, ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en el sentido de que los elementos esenciales del tributo deben estar expresamente consignados en una ley formal. Se consideran elementos esenciales del tributo: sujeto, objeto, base, tasa y �poca de pago. Al respecto, es aplicable la tesis que se ubica en el Ap�ndice 1917-1988, Primera Parte, P., tesis 80, p�gina 146, bajo el siguiente rubro: ?IMPUESTOS. ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.?. Por tanto, si bien es cierto el Congreso del Estado tiene facultad para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, tambi�n tiene la responsabilidad de que al aprobar las contribuciones que sustentan el gasto p�blico de los Municipios, se respete el principio de reserva de ley, cuidando de que todos los elementos esenciales de los tributos queden perfectamente consignados en la misma, ya que de lo contrario le ocasiona un perjuicio a las haciendas p�blicas municipales a las que se les resta no s�lo capacidad de recaudaci�n sino tambi�n seguridad jur�dica en la determinaci�n de sus impuestos. En el caso concreto, el Congreso del Estado viola lo dispuesto por el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la hacienda municipal, ya que no s�lo altera la iniciativa de Ley de Ingresos propuesta por el Municipio y, como consecuencia de ello, la base gravable del impuesto predial, como ya se estudi� anteriormente, sino que la deja indeterminada a pesar de constituir uno de los elementos esenciales del tributo, al se�alar que el incremento en el impuesto nunca podr� ser superior en un porcentaje determinado al impuesto resultante del ejercicio inmediato anterior, por lo que no sirve de nada que la C.�n Federal, la Local y la legislaci�n secundaria establezcan que la base gravable es el valor fiscal, si la Ley de Ingresos desconoce dicha base y establece otro procedimiento para determinarla que no puede ser desprendido expresamente de la propia Ley de Ingresos, al basarse en un elemento no regulado por ella como es el impuesto resultante del a�o inmediato anterior. 6. Violaci�n al art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de proporcionalidad y equidad de las contribuciones. Lo anterior es as�, porque: a) El precepto a estudio permite la determinaci�n de un impuesto sin referencia a la capacidad contributiva del causante. Los principios de proporcionalidad y equidad tributaria suponen necesariamente una referencia razonablemente proporcional con el elemento objetivo del tributo, es decir, con el supuesto de causaci�n del mismo, de manera que quienes se ubiquen en condiciones similares frente al hecho imponible, deben recibir un mismo tratamiento fiscal mientras que, por otra parte, debe guardar una relaci�n con el elemento subjetivo del impuesto, de tal modo que quienes tengan una mayor capacidad de contribuir lo hagan en mayor medida que aquellos cuyas posibilidades son menores. En el caso del impuesto predial, por tratarse de un tributo ligado a la propiedad inmobiliaria, la referencia a la capacidad pecuniaria del contribuyente se efect�a a trav�s de la base gravable del tributo, que de conformidad con la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n Federal, est� constituida por los valores unitarios de suelo y de construcci�n que, tomando en consideraci�n los valores de mercado, se establecen anualmente en las tablas que al efecto aprueban las Legislaturas Locales. En esta tesitura, si la relaci�n con la capacidad contributiva se expresa mediante el valor de los inmuebles, cuando este elemento no es tomado en cuenta para la determinaci�n del impuesto, se genera una contribuci�n inequitativa en virtud de que permite que predios de valores similares o iguales reciban tratamientos distintos y tambi�n que predios con valores distintos, reciban un mismo tratamiento fiscal, lo que a todas luces resulta inconstitucional. De la fracci�n XII del art�culo 29 de la ley impugnada, emana un tratamiento fiscal notoriamente inequitativo, pues al establecer l�mites m�ximos de incremento en el impuesto a cargo, pierde de vista el valor de los inmuebles y con ello la capacidad tributaria de los contribuyentes, toda vez que el l�mite de incremento se establece con base en el impuesto resultante del a�o inmediato anterior, de tal manera que el c�lculo del impuesto no resulta propiamente de la aplicaci�n de una tasa a una base determinada consistente en el valor del inmueble, sino de la aplicaci�n de un valor porcentual al impuesto resultante del ejercicio fiscal anterior, sin consideraci�n alguna al valor fiscal o al valor de mercado del inmueble, de manera que si un contribuyente es propietario de un predio con un valor determinado por el cual pag� su impuesto predial en el ejercicio anterior y despu�s realiz� una obra de construcci�n por la que se increment� el valor de su inmueble en un 25%, al a�o siguiente no pagar� la tarifa que resulte de aplicar la tasa al valor fiscal de su propiedad, sino cuando mucho un 20% m�s de lo que pag� en el ejercicio inmediato anterior. Por contrapartida, otro contribuyente con un predio de un valor similar al que originalmente ten�a el del primero, deber� tributar conforme a la aplicaci�n de la tasa al valor fiscal de su inmueble si �ste no sufri� variaci�n en su valor. De lo anterior se sigue evidentemente una aplicaci�n inequitativa del tributo, que beneficia a quien tiene una mayor capacidad de contribuir, quien ya no lo har� en raz�n del valor de su inmueble sino en raz�n del impuesto que hubiere pagado conforme a los valores del a�o inmediato anterior. As� lo estableci� este Tribunal en P. en la tesis que a continuaci�n se invoca. Novena �poca, P., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis P. LXXIII/2000, p�gina 33. ?PREDIAL. LOS ART�CULOS 11 Y 12 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE M�XICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE FIJAN LA BASE DEL TRIBUTO RELATIVO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.? (se transcribe). b) Porque permite la determinaci�n del impuesto al margen de la base del mismo que, de acuerdo con la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, est� constituida por las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones. Esto, por lo que ya expuse en el inciso anterior de este numeral y en los numerales 1, 3 y 4 de este concepto de invalidez, por lo que para evitar in�tiles reiteraciones los doy por reproducidos en este inciso. c) Porque al establecerse los l�mites de incremento impositivo con base en valores progresivos, se genera inequidad tributaria. De conformidad con la fracci�n XII del art�culo 29 de la Ley de Ingresos que se impugna, los l�mites m�ximos de incremento son los siguientes:


"De lo anterior se sigue una aplicaci�n notoriamente inequitativa y desproporcional del impuesto, no s�lo por lo dicho anteriormente en el sentido de que se pierde la relaci�n con la base gravable y con la capacidad contributiva, sino tambi�n porque al establecer diferentes rangos o niveles progresivos para la aplicaci�n de los l�mites m�ximos de incremento del impuesto, lo hace de manera que se da trato desigual a quienes se encuentran en condiciones semejantes, sobre todo en el caso de aquellos contribuyentes cuyos predios tienen valores que se encuentran en la zona lim�trofe entre un rango y otro, de tal manera que un predio con valor de $300,000.00 puede sufrir un incremento de tan s�lo un 10% respecto del impuesto resultante en el ejercicio anterior, aun cuando el valor de su predio se hubiere incrementado en proporci�n mayor, por ejemplo, en un 15%, mientras que un predio con valor de $300,001.00, si sufre un incremento de su valor, en proporci�n, por ejemplo, de un 12%, resentir� el incremento impositivo en esa misma proporci�n, por lo que terminar� pagando un impuesto mucho mayor que aquel que se encuentra por tan s�lo un peso dentro del rango inmediato anterior. Esto sucede en todos los rangos, generando condiciones de notoria desproporci�n e inequidad. Apoyo lo hasta aqu� expuesto en las siguientes jurisprudencias emitidas por este P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n: Novena �poca, P., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.V., diciembre de 1997, tesis P./J. 93/97, p�gina 12. ?PREDIAL. LA TARIFA DEL IMPUESTO RELATIVO CONTENIDA EN EL ART�CULO 52 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1994, NO SATISFACE LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.? (se transcribe). Novena �poca, P., Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.I., octubre de 1995, tesis P./J. 29/95, p�gina 58. ?PREDIAL. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ART�CULO 94 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO VIOLA EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL (PERI�DICO OFICIAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).? (se transcribe). Esta condici�n de inequidad se acent�a progresivamente a�o con a�o, porque la aplicaci�n de los l�mites de incremento impositivo va alejando cada vez m�s el impuesto a cargo de su relaci�n con los valores de los predios, de manera que de nada sirve que el Municipio proponga anualmente sus tablas de valor conforme a los valores de mercado y la legislatura las apruebe, si al final por la aplicaci�n de los l�mites el impuesto a cargo guarda cada vez menos relaci�n con el valor fiscal que constituye, por disposici�n constitucional la base del tributo, de manera que la Ley de Ingresos contiene en los l�mites de incremento impositivo predial una disposici�n que defrauda el texto y el esp�ritu de la norma constitucional transgrediendo tanto al art�culo 31, fracci�n IV, como el 115, fracci�n IV, ambos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento tanto de la hacienda p�blica municipal como de la proporcionalidad y equidad de los tributos. Adem�s de lo anterior, entre los rangos de valores que sirven para establecer los l�mites de incremento, quedan vac�os generadores de inequidad, ya que entre un rango y otro pueden existir predios con valores que no entren en ninguna categor�a y, por tanto, quedan excluidos de la aplicaci�n de los l�mites de incremento, lo cual genera condiciones violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Esto es as�, porque entre $300,000.00 y $300,001.00, que constituyen el primer y segundo rango de aplicaci�n del l�mite de incremento, existe un vac�o en el que se encuentran los predios que excedan hasta en 99 centavos de la primera de las cifras indicadas, mismos que no se benefician de ning�n l�mite de incremento, por lo que el monto del impuesto a cargo se aumentar� en la proporci�n del aumento del valor del predio, lo que evidentemente da lugar a un tratamiento totalmente distinto a situaciones pr�cticamente id�nticas, de manera que generan una desproporci�n en el impuesto a cargo. Esto sucede en todos los rangos, pues lo mismo ocurre con el vac�o existente entre quinientos mil pesos quinientos mil un pesos y con el superior a dos millones, casos en que basta con una diferencia de un centavo en el valor para que un predio quede excluido de cualquier beneficio que limite m�ximo de incremento (sic). B. En cuanto al art�culo 25 de la ?Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal de 2005?, en su fracci�n III, incisos d) y f), �ste resulta inconstitucional y violatorio en perjuicio del Municipio de Guadalajara, J., de su autonom�a y libertad hacendaria, por lo siguiente: 1. Es violatorio del principio de la libre administraci�n hacendaria establecido en el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, que se transcribe en lo conducente: ?IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas de los Estados establezcan en su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles ... c) Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios a favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones ...?. Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones ... Del texto antes transcrito se desprende, entre otras cosas, lo siguiente: La facultad de establecer las contribuciones y sus elementos, corresponde a las Legislaturas de los Estados a trav�s de las Leyes de Ingresos municipales, a propuesta de los Ayuntamientos. Las contribuciones que las Legislaturas de los Estados establezcan para los Municipios en relaci�n con la propiedad inmobiliaria, incluyendo sus tasas adicionales, deben ser las mismas al menos para los Municipios que cuentan con una capacidad y caracter�sticas similares, dado que no existe raz�n jur�dica alguna para establecer una diferenciaci�n en las tasas aplicables, m�xime trat�ndose de Municipios que se encuentran circunscritos a una zona metropolitana o conurbada, y la distinci�n se hace de manera arbitraria por la Legislatura Local, porque de otra manera se violentar�an tanto el principio de generalidad de los impuestos, como el de la libertad hacendaria municipal, ya que se permitir�a a las legislaturas utilizar las Leyes de Ingresos como medio de control pol�tico sobre los Municipios, de manera que el trato desigual con respecto al resto de los Municipios de la zona conurbada, en relaci�n con el establecimiento de impuestos, as� como de las tasas y tarifas aplicables, podr�a convertirse en una amenaza persistente, que no s�lo limitar�a la facultad de administrar libremente la hacienda p�blica, sino la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para sufragar el gasto p�blico, por lo menos en condiciones de equidad con respecto a los dem�s Municipios de similares condiciones. As� las cosas, el art�culo 25 de la Ley de Ingresos de cuya constitucionalidad se trata, en su fracci�n III, incisos d) y f), establece las tasas correspondientes al impuesto predial para predios urbanos que se encuentren en los siguientes supuestos: ?Predios edificados cuyo valor se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado el 0.22 bimestral al millar. ?Predios no edificados que se localicen dentro de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor real se determine en los t�rminos de la ?Ley de Hacienda Municipal del Estado de J.?, sobre el valor determinado el 0.78 bimestral al millar. La ?Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005?, publicada en el Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?, el d�a 16 de diciembre de 2004, en el art�culo 38, fracci�n II, inciso b), se establece una tasa de 0.23 bimestral al millar, para el caso a que se refiere el inciso d) de la fracci�n III del art�culo 25 de la Ley de Ingresos de Guadalajara. Asimismo, en el inciso d) de la misma fracci�n II del art�culo 38 de la citada Ley de Ingresos de Zapopan se establece una tasa de 0.81 bimestral al millar para el caso a que se refiere el inciso f) de la fracci�n III del art�culo 25 de la ley impugnada. As�, resulta que para el caso de predios edificados cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado la tasa aprobada para ese supuesto para el Municipio de Zapopan, fue la de 0.23, mientras que a Guadalajara le fue aprobada �nicamente la tasa de 0.22, en todos los casos bimestral al millar. Por otra parte, para el caso de predios no edificados que se localicen dentro de la zona urbana de laciudad, cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado, la tasa que finalmente fue aprobada para el Municipio de Zapopan fue la de 0.81, mientras que para Guadalajara, el Congreso del Estado determin� una tasa del 0.78 bimestral al millar en todos los casos. Lo anterior resulta violatorio de la libertad hacendaria municipal, porque se da un tratamiento distinto e inequitativo para los Municipios del Estado, sin justificaci�n alguna, pasando por el principio de generalidad de los impuestos, ya que si el impuesto predial es un impuesto establecido por la misma legislatura, para todos los Municipios de un Estado, no hay raz�n alguna que justifique tratamiento distinto para los Municipios, m�xime cuando la legislatura en ning�n momento establece criterios para hacer la distinci�n. Esta determinaci�n discrecional y arbitraria de las tasas, resulta violatoria del principio jur�dico que establece que a igual raz�n ha de corresponder igual disposici�n, pues al final la tasa aplicable a la base para la determinaci�n del impuesto predial, es un elemento del impuesto que debe establecerse en funci�n del principio de igualdad, de manera que deben aplicarse tasas iguales a supuestos iguales, pues de otra manera se generan condiciones de inequidad y tratamiento privilegiado para unos Municipios y discriminatorio para otros, en funci�n a una determinaci�n arbitraria y discrecional de la Legislatura Local, violatoria del principio de libertad hacendaria municipal. Efectivamente, el art�culo 92 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J. se�ala lo siguiente: Es objeto del impuesto predial, seg�n el caso, la propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesi�n, el usufructo y el derecho de superficie de predios, as� como de las construcciones edificadas sobre los mismos. De esta manera, si el objeto del tributo es precisamente la propiedad, la posesi�n, la copropiedad, etc�tera, sobre un predio y respecto a las construcciones en �l establecidas, claro es que quienes se encuentren frente a ese mismo hecho imponible, con los matices de si se trata de predio r�stico o urbano, si est� edificado o no lo est�, etc�tera, la equidad exige un mismo trato para quienes se encuentran en la misma hip�tesis de causaci�n, es decir, para quienes sean propietarios o poseedores de un predio de determinadas caracter�sticas. Sin embargo, el hecho imponible es sustancialmente id�ntico, con independencia de si el predio se encuentra ubicado en un Municipio o en otro, dentro del mismo Estado, pues no hay que perder de vista que el impuesto predial se regula en principio en la Ley de Hacienda Municipal que es general para todos los Municipios del Estado. Por tanto, establecer tasas diferenciadas para impuesto predial por consideraci�n al Municipio en que se ubican los predios respectivos, lesiona el principio de libertad hacendaria municipal, m�xime si se trata, como en la especie, de Municipios pertenecientes a una zona conurbada, por determinaci�n de las tasas en funci�n de elementos que nada tienen que ver con la naturaleza y objeto del impuesto. Por otra parte, el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, proh�be expresamente el establecimiento de exenciones o subsidios por las leyes estatales. Esto como un principio protector, no �nicamente de la proporcionalidad y equidad tributarias, sino particularmente de la libertad y autonom�a municipales en materia hacendaria, porque a esto se refiere precisamente la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, a la libre administraci�n de la hacienda municipal. Ahora bien, el establecimiento de tasas diferenciadas para los mismos supuestos jur�dicos o para un mismo hecho imponible, finalmente se convierte en un privilegio para la hacienda p�blica de los Municipios para los que sean establecidas las tasas mayores y en un acto discriminatorio para los Municipios menos favorecidos. Por la misma raz�n, se convierte en un subsidio o al menos se equiparara a ello para los contribuyentes del Municipio al que se asignan las tasas inferiores, quienes se ven favorecidos indebidamente por un acto ejercido discrecionalmente por el legislador, al establecer para ellos tasas de tributaci�n inferiores a las de otros Municipios, incluyendo aquellos que se encuentran en igualdad de condiciones, de manera que se genera un tratamiento inequitativo, tanto para los contribuyentes como para los Municipios, al ser quien finalmente determina las tasas para todos los Municipios. Adem�s de lo anterior y como corolario de lo hasta aqu� expuesto, es preciso considerar que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guadalajara, a trav�s de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2005, propuso como tasas aplicables a los predios edificados en territorio municipal, el de 0.23 por bimestre al millar, en tanto que para aquellos predios no edificados asentados en territorio municipal, la de 0.81 por bimestre al millar (es decir, las mismas tasas que el Congreso del Estado aprob� finalmente para el Municipio de Zapopan), y que el Poder Legislativo, sin expresar consideraci�n alguna, decidi� sin raz�n suficiente, objetiva, p�blica y razonable alguna, simplemente porque as� le apeteci� hacerlo, modificar a la baja en detrimento de la hacienda municipal y en contravenci�n con el principio de la libertad hacendaria consagrada por el art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Es lesivo de lo establecido por el art�culo quinto transitorio del decreto de reformas al art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de 23 de diciembre de 1999. En efecto, el transitorio en comento establece que antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinaci�n con los Municipios respectivos, adoptar�n las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y proceder�n, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. El precepto a estudio establece que las Legislaturas de los Estados deber�n realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de contribuciones, a fin de garantizar el apego a los principios de proporcionalidad y equidad. Del precepto a examen se desprende, precisamente, la necesidad de adecuar las tasas por parte de las legislaturas, para garantizar su sujeci�n a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, lo cual, en el caso del impuesto predial, tiene una doble vertiente que consiste en la proporcionalidad y equidad para los contribuyentes, pero tambi�n en la equidad para los Municipios en materia de ingresos. Por tanto, si el principio de equidad se sustenta en la necesidad de dar trato igual a quienes se encuentren en igualdad de condiciones ante un mismo hecho imponible, y el impuesto predial se establece, seg�n la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J. en su art�culo 92, como gravamen a la propiedad, posesi�n, copropiedad, usufructo, etc�tera, de inmuebles en el Estado, es claro que las tasas aplicables a inmuebles de similares caracter�sticas, deben ser id�nticas con independencia de si se encuentran en un Municipio o en otro, y si hay diferencia en cuanto al monto del impuesto a pagar, �sta se funda en la capacidad contributiva del contribuyente, misma que se ve reflejada en el valor de los predios y sus construcciones, lo que constituye la base gravable. As� las cosas, de conformidad con las Leyes de Ingresos para los Municipios de Guadalajara y Zapopan, correspondientes al ejercicio fiscal de 2005, se establecen tasas m�s elevadas para este �ltimo Municipio, en relaci�n con las mismas hip�tesis de causaci�n, seg�n se aprecia en la siguiente tabla:


"De esta manera, al establecer tasas diferenciadas para los mismos supuestos de causaci�n en materia de impuesto predial para los Municipios de Guadalajara y Zapopan, el Congreso del Estado de J. lesiona el transitorio en comento, tanto por contravenir el principio de proporcionalidad y equidad tributarias, como por otorgar un trato discriminatorio en perjuicio de la hacienda p�blica del Municipio de Guadalajara, m�xime si consideramos que la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2005 enviada por el Municipio de Guadalajara al Congreso del Estado, se desprende que las tasas que contemplaba aplicar el Municipio que represento eran iguales a las finalmente autorizadas por el Congreso del Estado para el Municipio de Zapopan, y que el �rgano legislativo decidi� su modificaci�n a la baja sin realizar consideraci�n alguna al respecto. En efecto, es preciso reiterar que si el Congreso del Estado consider�, al analizar la iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Municipio de Guadalajara, que las tarifas propuestas por la parte que represento no eran procedentes, entonces debi� haber demostrado de manera fehaciente dicha improcedencia, y haberlo hecho con bases objetivas y razonables (situaci�n que en la especie no ocurri�), porque de otra manera la eficacia de los principios constitucionalmente establecidos a favor de los Municipios se ver�an reducidos a simples quimeras, afectando de manera directa la libertad hacendaria del Municipio que represento. 3. Es violatorio de lo dispuesto por el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece el principio de proporcionalidad y equidad tributarias. En efecto, el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligaci�n de contribuir al gasto p�blico de los Municipios en la manera proporcional y equitativa que fijen las leyes. Lo anterior constituye una garant�a para los contribuyentes, en el sentido de que el establecimiento de las tasas aplicables y el monto del impuesto a su cargo no sea un acto arbitrario y discrecional, sino que se funde en elementos objetivos racionalmente relacionados con el hecho generador de la obligaci�n tributaria, as� como en factores subjetivos fundados en la capacidad contributiva de los sujetos obligados. As� las cosas, si el objeto del impuesto predial, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 92 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., es la posesi�n, la propiedad, el usufructo, la copropiedad, el condominio, etc�tera, sobre inmuebles ubicados en el Estado de J., y es �ste el hecho generador de la obligaci�n tributaria, es claro que quienes en igualdad de condiciones se ubiquen frente a esa misma hip�tesis de causaci�n deber�n tributar con un tratamiento igual, por aplicaci�n del principio de equidad tributaria. Por tanto, no existe raz�n ni argumento l�gico que permita distinguir las tasas en raz�n del Municipio en que se ubiquen los predios, puesto que el hecho imponible es, precisamente, la posesi�n de inmuebles en el Estado de J., pues entonces se generar�an condiciones de inequidad y desproporci�n, tanto para los contribuyentes que resulten menos favorecidos con la fijaci�n de las tasas, como para los Municipios que igualmente se vean afectados por la fijaci�n de tasas menores. Entonces, al establecer las tasas del impuesto predial correspondiente a predios urbanos edificados ubicados en el Estado de J., cuyo valor real se determine conforme a la Ley de Hacienda Municipal, el Congreso del Estado incurre en violaci�n de lo dispuesto por el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Federal, en relaci�n con los principios de proporcionalidad y equidad, toda vez que los contribuyentes del Municipio de Guadalajara pagar�n una tasa del 0.22 bimestral al millar, en tanto que los contribuyentes de Zapopan tributar�n con una tasa del 0.23 bimestral al millar, lo que desde luego no s�lo genera condiciones de inequidad tributaria, sino que perjudica a la hacienda p�blica municipal del Municipio de Guadalajara, J., al establecerse para ella una tasa injustificadamente inferior. Lo mismo sucede con las tasas aplicables al impuesto predial correspondiente a predios urbanos no edificados ubicados en el Estado de J., cuyo valor real se determine conforme a la Ley de Hacienda Municipal, en cuyo caso, el Congreso del Estado establece para el Municipio de Guadalajara una tasa del 0.78 bimestral al millar, en tanto que para el Municipio de Zapopan se establece una tasa del 0.81 bimestral. Apoyo los argumentos aqu� vertidos en el contenido de la siguiente tesis jurisprudencial: Novena �poca, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., enero de 2003, tesis IV.2o.A.36 A, p�gina 1799. ?INMUEBLES BALD�OS, TASA ANUAL APLICABLE A LA BASE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA LOS. EL ART�CULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LE�N QUE LA ESTABLECE, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ART�CULO 31, FRACCI�N IV, CONSTITUCIONAL.? (se transcribe). Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los art�culos 14, 15, 22, 29 y dem�s relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, a ustedes Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ..."
De la lectura integral de la demanda, se aprecia que adem�s de los anteriores conceptos de invalidez, el Municipio actor manifest�: "... a pesar de que en la iniciativa remitida por el Ayuntamiento de Guadalajara se propusieron tarifas id�nticas a las que le fueron aprobadas al Ayuntamiento de Zapopan, J., sin que de la propia Ley de Ingresos, ni de los documentos relativos al procedimiento legislativo seguido respecto de la misma se desprendan elementos objetivos, razonables, p�blicos y v�lidos que permitan esclarecer que las razones que movieron al Congreso del Estado de J. a aprobar para Zapopan las tarifas que neg� para Guadalajara, fueron acordes con los principios constitucionales de libertad hacendaria y autonom�a municipal."
CUARTO. Los preceptos de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima infringidos son: 31, fracci�n IV, 115, fracci�n IV, incisos a) y c), as� como el segundo p�rrafo del quinto transitorio del decreto de reformas al art�culo 115, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 23 de diciembre de 1999.
QUINTO. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n orden� formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el n�mero 15/2005, la cual por raz�n de turno correspondi� conocer a la M.M.B.L.R. como instructora del procedimiento.
Por auto de quince de febrero de dos mil cinco, la Ministra instructora reconoci� la personalidad con la que compareci� el promovente y admiti� la demanda de controversia constitucional. Asimismo, reconoci� el car�cter de las autoridades demandadas y orden� dar vista al procurador general de la Rep�blica para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.
SEXTO. El Poder Ejecutivo del Estado de J. al contestar la demanda, manifest� que:
1. Es cierto que se orden� la publicaci�n del Decreto 20844 que contiene la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005"; y,
2. Dicha publicaci�n se llev� a cabo con fundamento en lo dispuesto por el art�culo 50, fracci�n I, de la C.�n Pol�tica de la entidad.
S�PTIMO. Mediante oficio presentado el catorce de abril de dos mil cinco en la Oficina de Certificaci�n Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los diputados P.R.H., A.M.C.�n y B.M.V.R.�guez, presidente y secretarios, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de J., en representaci�n del Poder Legislativo del Estado, dieron contestaci�n a la demanda manifestando esencialmente lo que al caso interesa:
A) Causas de improcedencia:
1. La establecida en el art�culo 19, fracci�n V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos, al cesar los efectos respecto del art�culo 29, fracci�n XII, de la ley reclamada.
2. La contenida en la fracci�n VI del art�culo 19 de la ley que rige la presente controversia constitucional, al no agotarse la v�a legal prevista para la soluci�n del propio conflicto enunciada en el art�culo 37, fracci�n I, de la Ley de Gobierno y la Administraci�n P�blica Municipal del propio Estado.
3. La se�alada en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria, que se�ala que el juicio de controversia constitucional tiene como finalidad dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y los �mbitos de competencia federal, local y municipal, por actos o normas generales que pudieran afectar las facultades o competencias que la C.�n Federal otorga a cada uno de ellos, por lo que en el presente caso no existe una invasi�n de competencias, pues es la propia C.�n Pol�tica Federal la que en su art�culo 115 consagra la facultad de esta Legislatura Estatal para aprobar la Ley de Ingresos del Ayuntamiento.
B) Actos cuya invalidez se demanda:
1. Es cierto la aprobaci�n del Decreto 20844, que contiene la "Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", promulgada por el gobernador del Estado y publicada en el peri�dico "El Estado de J.", el 14 de diciembre de 2004, ya que lo hizo en uso de las atribuciones que le confieren la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la del mencionado Estado.
2. Es infundado el argumento del Municipio de Guadalajara, J., al considerar que la fracci�n XII del art�culo 29 de su Ley de Ingresos, viola diversos preceptos constitucionales, as� como los principios constitucionales y legales en materia tributaria, al establecer porcentajes m�ximos de incremento al impuesto predial a pagar, sin tomar en cuenta para el c�lculo del impuesto predial toda referencia a la base del impuesto establecida en la fracci�n IV del art�culo 115 constitucional, as� como la aplicaci�n de las tasas y cuotas fijas previstas en la propia Ley de Ingresos, ya que el art�culo mencionado no establece la base del impuesto predial, ni tampoco se enmarca la omisi�n del c�lculo del mismo, sino lo que se establece es una exenci�n parcial al citado impuesto.
3. De los antecedentes de hechos plasmados en la demanda se deduce que se trata de un acto previamente consentido por el Municipio actor, que es la iniciativa de "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", misma que fue presentada a este Congreso para su estudio y dictamen, por lo que se trata de un consentimiento expreso por parte de la autoridad municipal demandante.
OCTAVO. El procurador general de la Rep�blica al formular opini�n en el presente asunto, manifest�, en s�ntesis, lo siguiente:
A) La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver la controversia constitucional que entabla el Municipio de Guadalajara contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad. El s�ndico compareciente goza de legitimaci�n activa para promover la misma; asimismo, fue presentada oportunamente.
B) Es fundada la causal de improcedencia hecha valer por el Congreso del Estado, en virtud de que el art�culo 29, fracci�n XII, de la Ley de Ingresos del Municipio deGuadalajara, J., fue derogada mediante Decreto 20892, emitido por el citado Congreso y publicado en el Peri�dico Oficial "El Estado de J.", el veintis�is de marzo de dos mil cinco, por lo que efectivamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia, al haber cesado los efectos del citado precepto legal controvertido.
C) No se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria hecha valer tambi�n por la Legislatura del Estado, ya que la existencia o no de una invasi�n de competencias entre dos niveles de gobierno, es un extremo que no puede determinarse hasta que se entre al estudio de los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor, pues se relaciona con el fondo del asunto.
D) Es infundado el concepto de violaci�n seg�n el cual el art�culo 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara es violatorio de los art�culos 31, fracci�n IV y 115, fracci�n IV, de la C.�n Federal, as� como del art�culo quinto transitorio del decreto de reformas al �ltimo art�culo mencionado, porque la base gravable de la carga tributaria se establece conforme a los valores unitarios de suelo, en la que se toman en cuenta los elementos que inciden en el valor fiscal de cada predio conforme a su ubicaci�n, pues como establece la Ley de Catastro del Estado de J., cada Municipio de J. debe proponer los valores unitarios tomando en consideraci�n todos los elementos que puedan influir en su valor -por ejemplo: los servicios municipales, las v�as de comunicaci�n, la vecindad de las zonas comerciales, tipo de terreno en el que se asienta un predio r�stico, etc�tera- as� como la tipolog�a, materiales y estado de conservaci�n de las construcciones. Es claro, por ello, que la base gravable de la carga tributaria se establecer� conforme a los valores unitarios del suelo, una vez tomados en cuenta los elementos que inciden en el valor fiscal de cada predio. As� los valores fiscales de los predios ubicados en diferentes Municipios no ser�n iguales y, adem�s, la tasa que debe aplicarse sobre los mismos tambi�n puede ser distinta, porque el art�culo 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J. establece que: "El impuesto predial se causar� y pagar�, conforme a las bases, tasas, cuotas y tarifas que fijen las Leyes de Ingresos municipales.", de modo que no existe raz�n alguna para que las legislaturas fijen tasas iguales para los Municipios de la entidad.
En consecuencia, el hecho de que el Municipio de Zapopan perciba mayores ingresos por la base gravable y por la tasa aplicada, respecto del de Guadalajara, no implica una desproporci�n en sus ingresos ni un trato desigual entre esos dos Municipios, ya que aunque est�n ante los mismos impuestos de causaci�n, se trata de predios con caracter�sticas distintas que inciden en su valor fiscal, raz�n por la cual se justifica el establecimiento de una tasa desigual para los causantes que se encuentren en una situaci�n diferente derivada de las caracter�sticas de sus predios.
NOVENO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebr� la audiencia prevista en el art�culo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en t�rminos del art�culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relaci�n de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resoluci�n.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 105, fracci�n I, inciso i), de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracci�n I, de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Guadalajara, Estado de J. y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del mismo Estado.
SEGUNDO. Por ser una cuesti�n de orden p�blico y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
El oficio por el que se promovi� este asunto se remiti� a esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n a trav�s del Servicio Postal Mexicano, como se advierte del sello que aparece en el sobre que obra agregado en la foja doscientos veintitr�s de este expediente; por tanto, en su oportunidad deber� analizarse conforme al art�culo 8o. de la ley reglamentaria de la materia, que establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, las promociones se tendr�n por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se env�en desde la oficina de tel�grafos que corresponda.
En relaci�n con el precepto transcrito, el Tribunal P. ha sostenido el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2002, consultable en la p�gina ochocientos noventa y ocho del T.X., abril de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que se�ala:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACI�N DEL ART�CULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ART�CULO 105 DE LA CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El art�culo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, podr�n presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que �stas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o v�a telegr�fica, desde la oficina de tel�grafos; b) que el dep�sito se haga en las oficinas de correos o de tel�grafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el dep�sito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del an�lisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jur�dica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el dep�sito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando as� que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por raz�n de la distancia."
En el caso, el dep�sito de la demanda se efectu� por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, como se desprende del sobre mencionado, en el que aparece el n�mero de registro, al que le correspondi� el n�mero 00345, con lo que se cumple el primer requisito a que alude el art�culo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.
Asimismo, del an�lisis del sobre en comento, se advierte que el oficio relativo a la presente controversia se deposit� en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano en la ciudad de Guadalajara, Estado de J., lugar de residencia de la parte actora; por lo que es de concluirse que tambi�n se cumple con el segundo requisito que impone el art�culo 8o. de la ley reglamentaria, consistente en que el dep�sito o env�o de las promociones se hagan en las oficinas de correos o de tel�grafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes.
Resta ahora determinar si el dep�sito se hizo dentro del plazo legal que para la presentaci�n de la demanda de controversia constitucional prev� el art�culo 21 de la mencionada ley.
Es conveniente destacar que en la presente v�a se impugn� el Decreto N�mero 20844, expedido por el Congreso del Estado de J., que contiene la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", el cual tiene el car�cter de norma general.
Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, trat�ndose de normas generales, la fracci�n II del art�culo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos prev�:
"Art�culo 21. El plazo para la interposici�n de la demanda ser�:
"...
"II. Trat�ndose de normas generales, de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n de la norma que d� lugar a la controversia."
De acuerdo con la disposici�n legal transcrita, el plazo para promover la demanda es de treinta d�as contados a partir del d�a siguiente a la fecha de su publicaci�n, o del d�a siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicaci�n.
Atento a lo anterior, en el presente caso, para el efecto de la oportunidad de la demanda debe estarse �nicamente a la fecha de su publicaci�n, por tratarse de una norma de car�cter general, lo cual ocurri� el catorce de diciembre de dos mil cuatro, seg�n se desprende de la edici�n del Peri�dico Oficial del Estado de J., por lo que conforme a lo dispuesto en el art�culo 21, fracci�n II, transcrito, el plazo de treinta d�as para la promoci�n de la demanda, transcurri� a partir del quince de diciembre de dos mil cuatro y concluy� el once de febrero de dos mil cinco, descont�ndose del c�mputo respectivo los s�bados y domingos primero, dos, ocho, nueve, quince, diecis�is, veintid�s, veintitr�s, veintinueve y treinta de enero, as� como cinco y seis de febrero de dos mil cinco, por ser inh�biles, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relaci�n con el art�culo 163 de la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n; el cinco de enero por acuerdo de presidencia, no se labor� en esta Suprema Corte; as� como los d�as del diecis�is al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por corresponder al segundo periodo de receso de este Alto Tribunal.
En consecuencia, si la demanda se deposit� en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano, el nueve de febrero de dos mil cinco, como se desprende del sello de recepci�n que aparece en el sobre antes descrito, debe concluirse que fue presentada oportunamente.
TERCERO. Por constituir un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acci�n, procede analizar, a continuaci�n, la legitimaci�n de la parte promovente de la controversia constitucional.
Los art�culos 10, fracci�n I y 11, primer p�rrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia disponen:
"Art�culo 10. Tendr�n el car�cter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia."
"Art�culo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deber�n comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en t�rminos de las normas que los rigen, est�n facultados para representarlos. En todo caso, se presumir� que quien comparezca a juicio goza de la representaci�n legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
Conforme a los preceptos legales reproducidos, tiene el car�cter de actor, la entidad, poder u �rgano que promueva la controversia que, en la especie, lo es el Municipio de Guadalajara, J., que deber� comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en t�rminos de las normas que lo rigen est�n facultados para representarlo.
Ahora bien, suscribe la demanda de controversia constitucional G.G.H.�ndez, en su car�cter de s�ndico del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, J., lo que acredita con copia del acta n�mero ochenta y cuatro de la sesi�n solemne celebrada el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, con motivo de la instauraci�n del Ayuntamiento y toma de protesta de sus integrantes para el periodo comprendido del primero de enero de dos mil cuatro al treinta y uno de diciembre de dos mil seis (foja 98 del expediente).
Los art�culos 10 y 52, fracci�n III, de la Ley del Gobierno y la Administraci�n P�blica Municipal del Estado de J., establecen:
"Art�culo 10. Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un presidente municipal, un s�ndico y el n�mero de regidores de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes ser�n electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres a�os y se renuevan en su totalidad al final de cada periodo ..."
"Art�culo 52. Son obligaciones del s�ndico:
"...
"III. Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que �ste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales."
De acuerdo con las disposiciones transcritas, se infiere que el Ayuntamiento del Municipio est� integrado por un presidente municipal, un s�ndico y nueve regidores, y que la obligaci�n del s�ndico es representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que sea parte, por lo que el s�ndico del Municipio de Guadalajara, J., se encuentra legitimado para comparecer en la presente controversia en representaci�n de aqu�l.
CUARTO. A continuaci�n se procede al an�lisis de la legitimaci�n de las partes demandadas, en atenci�n a que �sta es una condici�n necesaria para la procedencia de la acci�n, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que resultare fundada.
Conviene recordar que las autoridades demandadas en esta v�a son el Congreso del Estado de J. y el Poder Ejecutivo.
En el caso, quienes suscriben la contestaci�n de demanda en representaci�n del Congreso del Estado de J., son los diputados P.R.H., A.M.C.�n y B.V.R.�guez, en su car�cter de presidente y de prosecretarios, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de J., personer�a que acreditan con la certificaci�n del acta de sesi�n celebrada el siete de enero de dos mil cinco, por el P. de la Quincuag�sima S�ptima Legislatura de dicha entidad, en la que se design� a su mesa directiva y en la que aparece que los signantes fueron electos en los cargos mencionados para fungir en el periodo comprendido de los meses de febrero a mayo del mismo a�o (foja 2 del cuaderno de pruebas).
Los art�culos 32, punto 2 y 35, punto 1, fracci�n V, de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado de J. prev�n:
"Art�culo 32.
"...
"2. En las ausencias temporales del presidente de la mesa directiva, los vicepresidentes lo sustituyen de conformidad con el orden de prelaci�n establecido en la lista electa. De igual forma se procede para cubrir las ausencias temporales de los secretarios. Los vicepresidentes y los prosecretarios, suplen tambi�n al presidente y a los secretarios respectivamente, cuando en sesi�n �stos desean tomar parte en las discusiones."
"Art�culo 35.
"1. Son atribuciones de la mesa directiva:
"...
"V.R. jur�dicamente al Poder Legislativo del Estado, a trav�s de su presidente y dos secretarios, en todos los procedimientos jurisdiccionales en que �ste sea parte, ejercitando de manera enunciativa m�s no limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, as� como los relativos a los medios de control constitucional en todas sus etapas procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo los recursos que se�ala la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la dem�s legislaci�n aplicable en la materia, y con las m�s amplias facultades para pleitos y cobranzas para toda clase de bienes y asuntos e intereses de este poder, en la defensa de sus derechos que la ley le confiere en el �mbito de sus atribuciones. La mesa directiva puede delegar dicha representaci�n de forma general o especial."
De acuerdo con los preceptos legales reproducidos, la representaci�n legal del Poder Legislativo del Estado de J. recae en el presidente de su mesa directiva y en dos secretarios, los cuales pueden ser suplidos por los prosecretarios, por tanto, los signantes de la contestaci�n de demanda s� cuentan con legitimaci�n para comparecer en la presente controversia.
Asimismo, debe considerarse que el Poder Legislativo del Estado de J. cuenta con legitimaci�n pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que se le imputa la emisi�n de la norma general cuya invalidez se demanda, aunado a que es un �rgano de los contemplados en la ley reglamentaria de la materia para intervenir como tal en las controversias constitucionales.
En cuanto a la calidad de parte pasiva del Poder Ejecutivo del Estado, los art�culos 36 y 50, fracci�n XIX, de la C.�n Pol�tica del Estado de J. establecen:
"Art�culo 36. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina gobernador del Estado."
"Art�culo 50. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado:
"...
"XIX. Representar al Estado de J., con las facultades que determine la ley o el Congreso, en los t�rminos establecidos en esta C.�n y designar apoderados."
De la transcripci�n anterior se advierte que el Poder Ejecutivo se deposita en el gobernador del Estado, que es quien suscribe la contestaci�n de la demanda -F.J.R.A.�a-, cuya personalidad acredita mediante copia certificada del acuerdo del Consejo Electoral del Estado, de fecha veintisiete de febrero de dos mil uno, que declara la validez de la elecci�n de gobernador y con copia del acta de la sesi�n del Congreso del Estado en la que rindi� protesta. Por lo que debe ten�rsele por acreditada la legitimaci�n pasiva al Poder Ejecutivo del Estado de J. para comparecer al presente juicio, toda vez que se le imputa la promulgaci�n y emisi�n de la norma general cuya invalidez se demanda.
Por �ltimo, respecto del director del Peri�dico Oficial de la entidad, el art�culo 30, fracci�n III, de la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo, en relaci�n con el art�culo 4o. de la Ley del Peri�dico Oficial "El Estado de J.", se�alan lo siguiente:
"Art�culo 30. La Secretar�a General de Gobierno es la dependencia encargada de colaborar con el Ejecutivo en la conducci�n de la pol�tica interna del Estado y a �sta corresponde, adem�s de las atribuciones que expresamente le confiere la C.�n Pol�tica del Estado, el despacho de los siguientes asuntos:
"...
"III. Publicar y divulgar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y los reglamentos y decretos que expida el Ejecutivo, en los t�rminos de las leyes aplicables."
"Art�culo 4o. La publicaci�n del peri�dico oficial corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto del secretario general de Gobierno.
"La Direcci�n de Publicaciones de la Secretar�a General de Gobierno, es la encargada de la administraci�n, elaboraci�n, publicaci�n y distribuci�n del Peri�dico Oficial ?El Estado de J.?."
De lo anterior sedesprende que el director del Peri�dico Oficial del Estado, es una autoridad jer�rquicamente subordinada al Ejecutivo Estatal, por lo que no cuenta con legitimaci�n pasiva para comparecer en esta v�a.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial n�mero 84/2000, del P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, publicada en la p�gina novecientos sesenta y siete del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta (mes de agosto de dos mil), cuyo tenor es el siguiente:
"LEGITIMACI�N PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS �RGANOS SUBORDINADOS. Tomando en consideraci�n que la finalidad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la C.�n Federal, para determinar lo referente a la legitimaci�n pasiva, adem�s de la clasificaci�n de �rganos originarios o derivados que se realiza en la tesis establecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, n�mero P. LXXIII/98, publicada a fojas 790, T.V., diciembre de 1998, P., Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, bajo el rubro: ?CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACI�N ACTIVA Y LEGITIMACI�N PASIVA.?, para deducir esa legitimaci�n, debe atenderse, adem�s, a la subordinaci�n jer�rquica. En este orden de ideas, s�lo puede aceptarse que tiene legitimaci�n pasiva un �rgano derivado, si es aut�nomo de los sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracci�n I del art�culo 105 constitucional. Sin embargo, cuando ese �rgano derivado est� subordinado jer�rquicamente a otro ente o poder de los que se�ala el mencionado art�culo 105, fracci�n I, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior jer�rquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligaci�n de girar, a todos sus subordinados, las �rdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese cumplimiento; y estos �ltimos, la obligaci�n de acatarla aun cuando no se les haya reconocido el car�cter de demandados."
QUINTO. Por ser una cuesti�n de orden p�blico, se procede al examen de las causales de improcedencia planteadas por las partes o las que advierta este Tribunal C.onal.
El Poder Legislativo del Estado de J. aduce que respecto del art�culo 29, fracci�n XII, de la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", se actualiza la causal de improcedencia prevista por el art�culo 19, fracci�n V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al cesar los efectos de la norma impugnada, ya que mediante decreto publicado el veintis�is de marzo de dos mil cinco, emitido por el propio �rgano, se derog� dicha disposici�n legal.
Al respecto, el art�culo 19, fracci�n V, prev� lo siguiente:
"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
Por su parte, los art�culos 105, fracciones I y II (en lo conducente), y pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria, establecen:
"Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta C.�n.
"...
"La declaraci�n de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
"Art�culo 45. Las sentencias producir�n sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n.
"La declaraci�n de invalidez de las sentencias no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
El alcance de las disposiciones legales acabadas de reproducir, en cuanto a la cesaci�n de efectos se refiere, ha sido interpretado por el Tribunal P. de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en la tesis de jurisprudencia n�mero P./J. 54/2001, publicada en el Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, p�gina ochocientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"CESACI�N DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesaci�n de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hip�tesis, para que opere la improcedencia establecida en el art�culo 73, fracci�n XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el art�culo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garant�a individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violaci�n; mientras que en trat�ndose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hip�tesis prevista en la fracci�n V del art�culo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaraci�n de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposici�n expresa de los art�culos 105, pen�ltimo p�rrafo, de la C.�n Federal y 45 de su ley reglamentaria."
Ahora bien, conviene recordar que en la presente controversia constitucional el Municipio de Guadalajara, J., demand�, entre otros preceptos, la invalidez del art�culo 29, fracci�n XII, de la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005".
El Congreso del Estado emiti� el Decreto N�mero 20892, publicado en el Peri�dico Oficial "El Estado de J.", el veintis�is de marzo de dos mil cinco, mediante el cual derog� el art�culo 29, fracci�n XII, de la mencionada Ley de Ingresos, cuyo texto, en lo que interesa, es el siguiente:
"N�mero 20892
"El Congreso del Estado decreta. Se deroga la fracci�n XII del art�culo 29 del diverso 20844 que contiene ?La Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005?. Art�culo �nico. Se deroga la fracci�n XII, del art�culo 29 de la ?Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005?, para quedar de la siguiente manera: ?Art�culo 29. ... I a la XI. ... XII. (derogada)."
De acuerdo con lo anterior, es claro que cesaron los efectos del acto impugnado en esta controversia constitucional, puesto que el Congreso del Estado de J. derog� el art�culo 29, fracci�n XII, de la ley impugnada.
Por consiguiente, al haber cesado los efectos de la referida disposici�n legal impugnada en esta v�a, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n V, de la ley reglamentaria de la materia y, en consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional en t�rminos del art�culo 20, fracci�n II, del propio ordenamiento legal, el cual prev�:
"Art�culo 20. El sobreseimiento proceder� en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el art�culo anterior."
Por otra parte, el Congreso hace valer la causal de improcedencia prevista en el art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria, respecto del art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), de la mencionada Ley de Ingresos, en cuanto a que el Municipio actor previamente a la promoci�n de la controversia constitucional debi� haber agotado la v�a legal para la soluci�n del conflicto.
El citado art�culo 19, fracci�n VI, de la ley reglamentaria de la materia dispone:
"Art�culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del propio conflicto."
El demandado apoya su dicho en lo preceptuado por el art�culo 37 de la Ley del Gobierno y la Administraci�n P�blica Municipal del Estado de J., que prev� lo siguiente:
"Art�culo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:
"I. Presentar al Congreso del Estado, las iniciativas de sus Leyes de Ingresos antes del d�a 31 de agosto de cada a�o; en caso de no hacerlo, se tomar�n como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el a�o fiscal inmediato anterior. Los Ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus Leyes de Ingresos ya aprobadas. ..."
Dicho art�culo, en lo que al caso interesa, permite a los Ayuntamientos solicitar al Congreso del Estado ampliaciones a sus Leyes de Ingresos, de donde se infiere que a trav�s de esa instancia se podr� adicionar la ley con nuevos supuestos normativos, pero no permite modificar o reformar los ya establecidos, de tal suerte que por ese medio el Municipio actor no puede obtener lo que pretende al ejercer la controversia constitucional, que consiste en el an�lisis por este Alto Tribunal de la regularidad del ejercicio de las atribuciones del Congreso Local, el cual debe estar apegado a los postulados constitucionales, por lo que no se actualiza la anterior causal de improcedencia.
Adem�s, esta Suprema Corte de Justicia de la Naci�n ha sentado ya jurisprudencialmente el criterio de que en el caso de que se planteen en una controversia constitucional violaciones directas a la C.�n Federal, no es necesario agotar la v�a legalmente prevista para la resoluci�n del conflicto, como se refleja en la tesis publicada en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, T.X., del mes de enero de dos mil dos, p�gina novecientos diecisiete, tesis P./J. 136/2001, que se transcribe a continuaci�n:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA V�A PREVISTA EN LA LEGISLACI�N LOCAL S�LO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCI�N FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESI�N SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACI�N A NORMAS LOCALES. El art�culo 19, fracci�n VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Art�culo 105 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece como causal de improcedencia de las controversias constitucionales el que no se haya agotado la v�a legalmente prevista para la soluci�n del conflicto, principio de definitividad que trat�ndose de recursos o medios de defensa previstos en las legislaciones locales s�lo opera cuando en la demanda no se planteen violaciones directas e inmediatas a la C.�n Federal, sino violaciones a la legislaci�n local que, como consecuencia, produzcan la transgresi�n a normas de la Carta Magna, pues el �rgano local a quien se atribuya competencia para conocer del conflicto carece de ella para pronunciarse sobre la vulneraci�n a disposiciones de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la interpretaci�n de la Norma Fundamental corresponde dentro de nuestro sistema constitucional, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federaci�n y, concretamente en el caso de controversias constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n."
En este mismo sentido se pronunci� el Tribunal P. al resolver la controversia constitucional n�mero 14/2004, promovida por el Municipio de Guadalajara, J., en contra de la Ley de Ingresos del mencionado Municipio correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cuatro.
Por �ltimo, la legislatura demandada hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracci�n VIII del art�culo 19 de la ley reglamentaria, que se refiere a los dem�s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposici�n de esta ley, toda vez que el ejercicio de la facultad legislativa en relaci�n con la norma general impugnada, no afecta la esfera competencial del Municipio actor en t�rminos del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica.
El citado argumento debe desestimarse en raz�n de que no es exacto que las controversias constitucionales est�n limitadas a preservar la distribuci�n de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, sino tambi�n tiene la finalidad de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas a favor de las autoridades, que constituye otro de los objetivos del orden jur�dico constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial plenaria n�mero P./J. 97/99, consultable en la p�gina setecientos nueve, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que se�ala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JUR�DICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACI�N DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEM�S �RDENES JUR�DICOS. El orden jur�dico constitucional establece, en su aspecto org�nico, el sistema de competencias al que deber�n ce�irse la Federaci�n, Estados y Municipios, y Distrito Federal y, en su parte dogm�tica, previene las garant�as individuales en favor de los gobernados que deben ser respetadas, sin distinci�n, por las autoridades de los �rdenes anteriores, seg�n puede desprenderse del enunciado del art�culo 1o. constitucional. Adem�s de las funciones anteriores, el orden constitucional tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deber�n rebasar los principios rectores previstos en la C.�n Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violaci�n de garant�as individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jur�dico."
Al no existir diversa causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento invocado por las partes o que este Alto Tribunal advierta, se pasa al estudio de la cuesti�n fundamental controvertida, �nicamente en lo relativo a la inconstitucionalidad planteada respecto del art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), de la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005".
SEXTO. El Municipio actor expres� en los conceptos de invalidez, en s�ntesis, que el precepto legal es violatorio de la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n Federal, que contempla la facultad de establecer las contribuciones y sus elementos, facultad que corresponde a las Legislaturas de los Estados a propuesta de los Municipios, de acuerdo con lo siguiente:
A) El Municipio de Guadalajara, J., present� iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en la que pidi�, entre otros supuestos, el incremento a las tarifas prediales respecto de la ley aprobada para el ejercicio fiscal inmediato anterior; sin embargo, el Congreso Local al aprobar dicha ley, no s�lo dej� de analizar los argumentos de la iniciativa, sino que adem�s de los documentos relativos al procedimiento legislativo seguido respecto de la misma, no se desprenden elementos objetivos, razonables, p�blicos y v�lidos que permitan esclarecer qu� razones movieron al Congreso del Estado de J. a negar el incremento a dichas tarifas, viol�ndose con esto los principios constitucionales de libertad de administraci�n y autonom�a municipal.
B) El Municipio actor se�ala que las contribuciones establecidas por las legislaturas deben ser generales para todos los Municipios, pues de no ser as� se violentar�a tanto el principio de generalidad de los impuestos como el de libre administraci�n hacendaria municipal, ya que se permitir�a a los �rganos legislativos utilizar las Leyes de Ingresos como medio de control pol�tico sobre los Municipios. El trato desigual de uno de ellos respecto de los dem�s, en relaci�n con el establecimiento de impuestos y de las tasas y tarifas aplicables, podr�a convertirse en una amenaza persistente, que no s�lo limitar�a la capacidad de los Municipios de administrar libremente su hacienda p�blica, sino tambi�n su posibilidad de contar con los ingresos necesarios para sufragar el gasto p�blico en condiciones de equidad con respecto a los dem�s Municipios.
El Municipio actor destaca que los que se encuentran en una misma situaci�n jur�dica en relaci�n con un determinado hecho imponible, deben recibir el mismo tratamiento fiscal con la �nica salvedad de que se respete su capacidad contributiva, misma que se ve reflejada en los valores unitarios de los predios, los cuales, de conformidad con el art�culo quinto transitorio del decreto de reformas al art�culo 115 de la C.�n Federal, publicado en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, deben establecerse en las tablas de valor unitario mencionadas en la fracci�n IV de este precepto constitucional y equipararse a los valores comerciales.
Si no se aceptaran las anteriores premisas, se�ala el actor, los contribuyentes estar�an sujetos a inequidad tributaria, seg�n fuera el Municipio en el que se encontraran sus predios. Tambi�n sufrir�an la inequidad los Municipios, pues recibir�an tratamientos distintos en relaci�n con los componentes de su hacienda, en perjuicio de su libertad de administraci�n.
Lo anterior es as�, toda vez que de las previsiones del art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), de la Ley de Ingresos cuestionada, se advierte que son distintas a las que la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan establece para el mismo ejercicio fiscal, trat�ndose de supuestos id�nticos para el caso de predios edificados cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., la tasa aprobada para el impuesto en el citado Municipio fue la de 0.23 bimestral al millar, mientras que para el actor fue de 0.22 bimestral al millar; para el caso de los predios urbanos no edificados ubicados dentro de la zona urbana de la ciudad cuyo valor real se determine en t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., para el Municipio de Zapopan se estableci� una tasa de 0.81 bimestral al millar, mientras que para el Municipio de Guadalajara la tasa aprobada fue de 0.78 bimestral al millar. En ning�n momento, adem�s, establece la Legislatura de J. una justificaci�n razonable para tal trato desigual.
La existencia de tasas diferenciadas para los mismos supuestos jur�dicos, viola la libertad de administraci�n hacendaria municipal y el principio de igualdad, al convertirse en un beneficio para la hacienda municipal de aquellos Municipios para quienes se hayan aprobado tasas m�s altas, y en un perjuicio para la hacienda municipal de los Municipios respecto de los cuales se hayan establecido tasas m�s bajas.
C) El Municipio de Guadalajara se�ala la violaci�n de lo dispuesto en el art�culo quinto transitorio del decreto por el que se reforma el art�culo 115 de la C.�n Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el veintitr�s de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el cual obligaba a las Legislaturas de los Estados a realizar, en coordinaci�n con los Municipios respectivos, las adecuaciones correspondientes a los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de contribuciones sobrela propiedad inmobiliaria, a fin de equipararlos al valor del mercado de dicha propiedad, as� como las adecuaciones a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones necesarias para garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.
El actor se�ala que la obligaci�n anterior tiene dos vertientes: la primera, se concreta en la exigencia de proporcionalidad y equidad para los contribuyentes; y la segunda, en la exigencia de equidad para los Municipios en materia de ingresos, lo que no se cumple al establecerse tasas diferenciadas entre las distintas entidades municipales, como se observa con las aprobadas para el Municipio de Zapopan, que son m�s altas que aquellas aprobadas para el de Guadalajara, no obstante encontrarse en la misma hip�tesis de causaci�n.
D) Finalmente la actora se�ala que el art�culo referido viola tambi�n los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el art�culo 31, fracci�n IV, de la C.�n Federal, que proh�be que el establecimiento de las tasas y montos de los impuestos a cargo de los contribuyentes sea un acto arbitrario y discrecional, sino por el contrario, obliga a que se funde en objetivos racionalmente ligados con el hecho generador de la obligaci�n tributaria, as� como en factores subjetivos fundados en la capacidad contributiva de los sujetos obligados; en el caso, el hecho generador del impuesto de conformidad con el art�culo 92 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., es la posesi�n, propiedad, usufructo, copropiedad, condominio, etc�tera, sobre inmuebles ubicados en el Estado de J., y quienes se encuentren en igualdad de condiciones respecto a este hecho deben tributar de igual manera. No existe argumento l�gico que permita distinguir las tasas de c�lculo del impuesto predial en raz�n del Municipio en el que se ubiquen los predios, porque el hecho imponible es, precisamente, la posesi�n de inmuebles en el Estado de J.; de tal suerte que al establecer tarifas de predial distintas en Guadalajara y en Zapopan, estos principios quedan vulnerados, adem�s de quedar tambi�n vulnerada, como se ha se�alado, la hacienda municipal del Municipio de Guadalajara.
Por cuesti�n de orden, se procede al an�lisis del primer concepto de invalidez, en el que se aduce la violaci�n al art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Federal, en virtud de que la legislatura demandada al aprobar y expedir la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", en especial su art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), no expres� en forma alguna los motivos que tom� en consideraci�n para establecer tarifas relativas al impuesto predial menores a las propuestas por el Municipio actor, al formular el respectivo dictamen de la mencionada ley.
A efecto de dilucidar la cuesti�n efectivamente planteada, es menester establecer las facultades para expedir la Ley de Ingresos municipal, as� como las facultades de los Municipios para elaborar la iniciativa de ley y en general el procedimiento legislativo correspondiente.
Al efecto, el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Art�culo 115. Los Estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico. Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobar�n las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."
La disposici�n constitucional reproducida establece, en lo que al caso interesa, que los Municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar�, entre otros conceptos, de las contribuciones y dem�s ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, otorgando facultad discrecional en beneficio de los Municipios, para que por medio de sus Ayuntamientos propongan las tablas de valores unitarios de suelo que servir�n de base para el impuesto predial, as� como las cuotas o tarifas que deber�n aplicarse sobre las tablas para el c�lculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes.
Facultad que es concomitante con el deber de los Congresos de legislar en todas las iniciativas que en esta materia se les propongan, pudiendo acoger o no la proposici�n que se les formulen en dichas iniciativas, decisi�n que debe ser motivada mediante la interpretaci�n literal, sistem�tica y teleol�gica de las reformas propuestas al tomar la decisi�n final cuando aprueban las Leyes de Ingresos de los Municipios.
Por cuanto al principio de libre administraci�n hacendaria municipal, cuya violaci�n cuestiona la parte actora, ha sido interpretado por este Tribunal C.onal, en las tesis jurisprudenciales plenarias n�meros 6/2000 y 53/2002, publicadas en la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Tomos XI, febrero de dos mil y XVII, enero de dos mil tres, p�ginas quinientos catorce y mil trescientos noventa y tres, respectivamente, que a continuaci�n se transcriben:
"HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA (ART�CULO 115, FRACCI�N IV, DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Federal, establece que la hacienda municipal se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. De una interpretaci�n arm�nica, sistem�tica y teleol�gica de la disposici�n constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos conceptos de la misma que quedan sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposici�n constitucional y que tambi�n forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposici�n fundamental lo que instituye, m�s que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de �sta que quedan comprendidos en el aludido r�gimen de libre administraci�n hacendaria."
"HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS BAJO EL R�GIMEN DE LIBRE ADMINISTRACI�N HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RECURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART�CULO 1o., FRACCI�N I, DE LA ?LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002? DEL ESTADO DE SONORA). El art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Federal, establece la forma en que se integra la hacienda municipal, se�alando que se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; por su parte, los incisos a), b) y c), de la fracci�n IV mencionada, se refieren a los conceptos que estar�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria. El indicado inciso a), dispone que, en todo caso, los Municipios percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, luego, esos recursos, forman parte de la hacienda municipal y est�n sujetos al r�gimen de libre administraci�n hacendaria, lo que hace patente que dichos recursos pertenecen a los Municipios de forma exclusiva y no al Gobierno del Estado; por tanto, si en la Ley de Ingresos estatal se establece que el Gobierno del Estado percibir� los ingresos provenientes del ?impuesto predial ejidal?, ello vulnera lo dispuesto por el art�culo 115, fracci�n IV, inciso a), de la C.�n Federal. Como consecuencia de lo anterior, la Legislatura Local, tampoco puede establecer disposici�n alguna que indique a los Municipios el destino de esos recursos, ya que se encuentran bajo el r�gimen de libre administraci�n hacendaria y en libertad de ocuparlos de acuerdo con sus necesidades, siempre que se apliquen al gasto p�blico."
En relaci�n con la autonom�a municipal, el art�culo 115 constitucional refiere que los Municipios constituyen un nivel de Gobierno diverso al Federal y Estatal, otorgando autonom�a para manejar su patrimonio y organizar su administraci�n p�blica, pero sujetando su actuaci�n y normatividad a las bases legales que establezca el Congreso Local, por lo que no se le puede considerar como un orden independiente del Estado, sino que guarda nexos jur�dicos indisolubles con los Poderes Locales, como as� lo ha interpretado este Tribunal P. en la tesis jurisprudencial n�mero 96/99, publicada en la p�gina setecientos cinco, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre del mismo a�o, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que establece lo siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ORDEN JUR�DICO ESTATAL COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES LOCALES Y SUS MUNICIPIOS. Dentro del orden jur�dico estatal se consagra la figura del Municipio Libre, estructura de gobierno que si bien tiene como norma fundamental la autonom�a funcional para la prestaci�n de los servicios p�blicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de los l�mites territoriales que le corresponde, a trav�s de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el art�culo 115, fracci�n I, de la C.�n Federal, tambi�n guarda nexos jur�dicos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerar a los Municipios como un orden independiente del local, entre los cuales se pueden citar los siguientes: creaci�n, suspensi�n o desaparici�n de Municipios y Ayuntamientos, revocaci�n del mandato de alguno de sus miembros por la Legislatura Estatal, sujeci�n de la normatividad y actuaci�n municipal a las bases legales que establezca el Congreso Local, aprobaci�n del Gobierno Estatal de los ingresos y revisi�n de los egresos municipales, entre otras. De lo anterior se deduce que la pertenencia de los Municipios a un Estado aut�nomo sujeta a los primeros a someter sus diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisi�n de las autoridades de Gobierno Locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden normativo."
La C.�n Local del Estado de J. retom� en su art�culo 89, la forma o procedimiento para expedir las Leyes de Ingresos, contenida en el art�culo 115, fracci�n IV, de la C.�n Federal, al establecer lo siguiente:
"Art�culo 89. El Congreso del Estado aprobar� las Leyes de Ingresos de los Municipios y, a trav�s de la Auditor�a Superior del Estado de J. fiscalizar� y revisar� las cuentas p�blicas municipales, pudiendo ejercitar las acciones que se establezcan en la ley reglamentaria respectiva ... Los Ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n al Congreso del Estado conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. ..."
Por su parte, los art�culos 37, fracci�n I y 79 de la Ley del Gobierno y la Administraci�n P�blica Municipal del Estado de J. establecen:
"Art�culo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: I. Presentar al Congreso del Estado, las iniciativas de sus Leyes de Ingresos antes del d�a 31 de agosto de cada a�o; en caso de no hacerlo, se tomar�n como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el a�o fiscal inmediato anterior. Los Ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus Leyes de Ingresos ya aprobadas."
"Art�culo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios y revisar y fiscalizar sus cuentas p�blicas. ..."
De los preceptos legales reproducidos, se desprende que los deberes de cada uno de los �rganos que intervienen en el proceso para la formaci�n de las Leyes de Ingresos municipales se encuentran bien delimitados, obligando al Municipio para que presente anualmente la iniciativa de la Ley de Ingresos a la Legislatura Local, misma que contiene los ordenamientos legales que establecen la forma en c�mo habr�n de recaudarse los ingresos para que el Municipio pueda satisfacer y atender las necesidades correspondientes con el quehacer p�blico, fijando el deber del Congreso Local de aprobar la iniciativa respectiva, pudiendo desestimar o no la propuesta hecha por el Municipio incitador.
Para esclarecer lo anterior, se estima necesario analizar la Ley Org�nica del Congreso del Estado de J., en relaci�n con el procedimiento legislativo correspondiente al dictamen que realiz� la Comisi�n de Hacienda y Presupuesto respecto de la iniciativa de la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", que le fue remitida por el presidente de la mesa directiva, que se encuentra regulado por el t�tulo sexto, De las comisiones de la legislatura, cap�tulo I, De la forma y naturaleza de los dict�menes y, en especial, al efecto los art�culos 93 y 94 de la citada norma general establecen:
"Art�culo 93. Las comisiones a las que se turnen las iniciativas, rendir�n su dictamen al Congreso por escrito ..."
"Art�culo 94. Los dict�menes deber�n contener una exposici�n clara y precisa del negocio a que se refieren y concluir sometiendo a la consideraci�n del Congreso, el proyecto de ley, decreto o acuerdo econ�mico, seg�n corresponda."
De acuerdo con los preceptos transcritos, a las comisiones del Congreso a las que se turnen las iniciativas, les corresponde rendir su dictamen, debiendo contener una motivaci�n objetiva y razonable del porqu� emitieron esa decisi�n.
De donde se desprende que la actuaci�n de la comisi�n no se concreta a la aprobaci�n o desaprobaci�n de la iniciativa de ley turnada, sino que su funci�n es precisamente analizar esa iniciativa, realizar las investigaciones necesarias para poder discutir la conveniencia de que se modifique o reforme un ordenamiento legal y realizar el dictamen correspondiente, sin que el sentido de �ste tenga forzosamente que estar condicionado a los t�rminos de la iniciativa de ley, sino que puede resolver en un sentido negativo a lo propuesto en la propia iniciativa, o bien, desechar o modificar el proyecto de ley sujeto a su consideraci�n.
Lo anterior encuentra sustento, en lo que interesa, en la tesis de jurisprudencia 122/2004, emitida por este Tribunal P., publicada en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, p�gina mil ciento veinticuatro, cuyo tenor es el siguiente:
"PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACI�N DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACI�N DE LA FRACCI�N IV DEL ART�CULO 115 DE LA CONSTITUCI�N FEDERAL). La fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el proceso de regulaci�n del impuesto predial, divide las atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras aqu�llos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de suelo que servir�n de base para el cobro del impuesto relativo, as� como las cuotas o tarifas que deber�n aplicarse sobre dichas tablas para el c�lculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisi�n final sobre estos aspectos cuando aprueban las Leyes de Ingresos de los Municipios. Ahora bien, el alcance exacto y la articulaci�n mutua de las competencias se�aladas debe derivarse de una interpretaci�n sistem�tica de la citada fracci�n IV, la cual regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos econ�micos municipales, asimismo, establece diversas garant�as a favor de los Municipios, como la libre administraci�n de la hacienda municipal, la integridad de los recursos econ�micos municipales y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedar�an soslayadas si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad los elementos configuradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar la propuesta municipal m�s all� de la simple obligaci�n de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. Por ello, si se toma en cuenta que dicha atribuci�n de propuesta tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que s�lo pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificaci�n objetiva y razonable; de ah� que cuando las legislaturas, al aprobar las Leyes de Ingresosmunicipales, modifiquen las propuestas de los Ayuntamientos referentes al impuesto predial, es necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que dichos �rganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivaci�n objetiva en la cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisi�n de dictamen legislativo."
Ahora bien, de acuerdo a lo enunciado anteriormente, el procedimiento para la formaci�n, expedici�n y promulgaci�n de la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", se inici� con el ejercicio de la atribuci�n municipal en esta materia, al presentar en la Legislatura Local la iniciativa correspondiente y en la cual se propuso, entre otras cuestiones, las tarifas prediales contenidas en el art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f) (fojas 13 a 142 del cuaderno de pruebas), en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 25. Este impuesto se causar� y pagar� de conformidad con lo previsto en el cap�tulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., y de acuerdo a la tarifa que resulte de aplicar las bases, tasas y cuotas fijas a que se refiere este cap�tulo:
"...
"III. Predios urbanos:
"a) Predios edificados que hayan sido valuados catastralmente o cuyo valor se obtuvo por cualquier operaci�n traslativa de dominio, hasta antes de 1979, sobre el valor determinado, el: 1.30.
" b) Predios edificados cuyo valor se determine a partir de 1979, en los t�rminos de la Ley de Catastro o por cualquier operaci�n traslativa de dominio, el: 0.80.
"c) Predios no edificados, que se localicen dentro de la zona urbana del Municipio, que hayan sido valuados catastralmente o se valuaron en los t�rminos de la Ley de Catastro, o cuyo valor se obtuvo por cualquier operaci�n traslativa de dominio, con valores de terreno publicados con anterioridad a 1992, sobre el valor determinado, el: 4.50.
"A las cantidades que resulten de aplicar las tasas contenidas en los incisos a), b) y c), se les adicionar� una cuota fija de $24.00 bimestrales y el resultado ser� el impuesto a pagar.
"A los contribuyentes de este impuesto a quienes les resulten aplicables las tasas de los incisos a), b) y c), en tanto no se hubiese practicado la valuaci�n de sus predios en los t�rminos de la Ley de Catastro Municipal y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., podr�n determinar y declarar el valor o solicitar a la hacienda municipal la valuaci�n de sus predios, a fin de que est�n en posibilidad de cubrirlo bajo el r�gimen que, una vez determinado el nuevo valor fiscal, les corresponda de acuerdo con las tasas que establecen las fracciones siguientes:
"d) Predios edificados cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado, el: 0.23.
"e) Predios no edificados que se localicen fuera de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado, el: 0.30.
"f) Predios no edificados que se localicen dentro de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado, el: 0.81.
"A las cantidades determinadas mediante la aplicaci�n de las tasas se�aladas en los incisos d), e) y f), se les adicionar� una cuota fija de $6.00 bimestrales y el resultado ser� el impuesto a pagar.
"Los predios cuyas �reas no construidas constituyan jardines ornamentales o �reas verdes empastadas y tengan un mantenimiento adecuado y permanente y sean visibles desde el exterior, previa clasificaci�n realizada por la autoridad catastral, se les aplicar� una tarifa de factor 0.5 sobre el monto del impuesto.
"Dicha dependencia verificar� que el predio de que se trate se encuentre comprendido en los casos de excepci�n y emitir� el dictamen respectivo. En su caso, las clasificaciones que procedan surtir�n sus efectos a partir del siguiente bimestre al que se hubiere presentado la solicitud y �nicamente estar�n vigentes en tanto prevalezcan las condiciones que hubiesen originado su excepci�n. En caso de que el dictamen de la autoridad catastral sea negativo, el contribuyente podr� solicitar un dictamen de reconsideraci�n a la dependencia municipal a que corresponda la atenci�n de parques y jardines.
"Aquellos predios que sean entregados en comodato al Ayuntamiento, destinados a alg�n uso p�blico, pagar�n el 1% del impuesto predial, durante la vigencia del contrato. En caso de que se haya hecho un pago anticipado al momento de celebrar el contrato, el contribuyente tendr� un saldo a su favor sin derecho a reembolso, mismo que se aplicar� al inmueble, una vez concluido el mismo."
Una vez recibida la iniciativa de ley por el Congreso Local, el presidente de su mesa directiva la remiti� a la Comisi�n de Hacienda y Presupuesto de esa legislatura para que la estudiara y dictaminara, en lo que se refiere al art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), de la norma general controvertida; la Comisi�n D. expres� en el punto 9 de dicho dictamen (fojas 143 a 312 del cuaderno de pruebas), lo siguiente:
"9. Se determina aprobar el incremento en las tasas bimestrales al millar para predios cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., correspondiendo 0.22 para los terrenos, r�sticos, 0.22 para predios urbanos edificados y 0.78 para los no edificados. La comisi�n considera justificable la modificaci�n a las tasas previstas en la Ley de Ingresos municipal vigente a fin de mantener la proporcionalidad con los Municipios conurbados m�s cercanos. Adem�s, si bien cierto que se pretende que el Municipio se apegue a las tablas actualizadas de valores unitarios del suelo y construcci�n, y que sean �stas las que determinen el crecimiento de su recaudaci�n a partir de un aumento en el valor de las bases fiscales, tambi�n lo es que de acuerdo a los trabajos municipales de revisi�n de tablas de valores, s�lo fue presentada la actualizaci�n para efectos de construcci�n, ya que los dem�s supuestos no han sufrido incrementos notorios debido a la din�mica inmobiliaria municipal. Por ello. El fortalecimiento de la recaudaci�n por el concepto de impuesto predial se realiza mediante la modificaci�n a las tasas aplicables a valores fiscales actualizados."
Y concluy� proponiendo el contenido del art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), de la siguiente manera:
"Art�culo 25. Este impuesto se causar� y pagar� de conformidad con lo previsto en el cap�tulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., y de acuerdo a la tarifa que resulte de aplicar las bases, tasas y cuotas fijas a que se refiere este cap�tulo:
"...
"III. Predios urbanos:
"a) Predios edificados que hayan sido valuados catastralmente o cuyo valor se obtuvo por cualquier operaci�n traslativa de dominio, hasta antes de 1979, sobre el valor determinado, el: 1.30.
"b) Predios edificados cuyo valor se determine a partir de 1979, en los t�rminos de la Ley de Catastro o por cualquier operaci�n traslativa de dominio, el: 0.80.
"c) Predios no edificados, que se localicen dentro de la zona urbana del Municipio, que hayan sido valuados catastralmente o se valuaron en los t�rminos de la Ley de Catastro, o cuyo valor se obtuvo por cualquier operaci�n traslativa de dominio, con valores de terreno publicados con anterioridad a 1992, sobre el valor determinado, el: 4.50.
"A las cantidades que resulten de aplicar las tasas contenidas en los incisos a), b) y c), se les adicionar� una cuota fija de $24.00 bimestrales y el resultado ser� el impuesto a pagar.
"A los contribuyentes de este impuesto a quienes les resulten aplicables las tasas de los incisos a), b) y c), en tanto no se hubiese practicado la valuaci�n de sus predios en los t�rminos de la Ley de Catastro Municipal y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., podr�n determinar y declarar el valor o solicitar a la hacienda municipal la valuaci�n de sus predios, a fin de que est�n en posibilidad de cubrirlo bajo el r�gimen que, una vez determinado el nuevo valor fiscal, les corresponda de acuerdo con las tasas que establecen las fracciones siguientes:
"d) Predios edificados cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado, el: 0.22.
"e) Predios no edificados que se localicen fuera de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado, el: 0.30.
"f) Predios no edificados que se localicen dentro de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor real se determine en los t�rminos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J., sobre el valor determinado, el: 0.78.
"A las cantidades determinadas mediante la aplicaci�n de las tasas se�aladas en los incisos d), e) y f), se les adicionar� una cuota fija de $6.00 bimestrales y el resultado ser� el impuesto a pagar.
"Los predios cuyas �reas no construidas constituyan jardines ornamentales o �reas verdes empastadas y tengan un mantenimiento adecuado y permanente y sean visibles desde el exterior, previa clasificaci�n realizada por la autoridad catastral, se les aplicar� una tarifa de factor 0.5 sobre el monto del impuesto.
"Dicha dependencia verificar� que el predio de que se trate se encuentre comprendido en los casos de excepci�n y emitir� el dictamen respectivo. En su caso, las clasificaciones que procedan surtir�n sus efectos a partir del siguiente bimestre al que se hubiere presentado la solicitud y �nicamente estar�n vigentes en tanto prevalezcan las condiciones que hubiesen originado su excepci�n. En caso de que el dictamen de la autoridad catastral sea negativo, el contribuyente podr� solicitar un dictamen de reconsideraci�n a la dependencia municipal a que corresponda la atenci�n de parques y jardines.
"Aquellos predios que sean entregados en comodato al Ayuntamiento, destinados a alg�n uso p�blico, pagar�n el 1% del impuesto predial, durante la vigencia del contrato. En caso de que se haya hecho un pago anticipado al momento de celebrar el contrato, el contribuyente tendr� un saldo a su favor sin derecho a reembolso, mismo que se aplicar� al inmueble, una vez concluido el mismo."
El citado dictamen fue sometido a la consideraci�n de la asamblea general, en la sesi�n ordinaria que tuvo lugar el diez de noviembre de dos mil cuatro, en la que se aprob� la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005" (fojas 313 a 315 del cuaderno de pruebas) aprobada en forma econ�mica.
De lo anterior se desprende que s� hubo un incremento en las tarifas prediales en relaci�n con las que fueron aprobadas para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, y si bien es cierto que las tarifas aprobadas fueron menores a las que propuso el Municipio actor, tambi�n lo es que dentro del dictamen de la comisi�n legislativa respectiva, aparece la motivaci�n objetiva en la que apoyaron su decisi�n al aprobar dicha ley, b�sicamente se dijo: "a fin de mantener la proporcionalidad con los Municipios conurbados m�s cercanos".
Ahora bien, si la C.�n Federal impone a los Congresos Locales el deber de razonar objetivamente dentro del procedimiento legislativo, el porqu� en las Leyes de Ingresos municipales se establecen tasas diferentes a las propuestas por los Municipios, ese requisito no llega al extremo de obligar al �rgano legislativo a dar respuesta pormenorizada a los motivos planteados en las iniciativas municipales, sino que basta con que se expongan razones suficientes con las que la legislatura justifique su proceder.
Lo anterior es as�, ya que no se est� en presencia de un acto administrativo o jurisdiccional que cause una molestia a los gobernados, en cuyo caso la exigencia de motivaci�n legal se encuentra prevista en el art�culo 16 constitucional, que contiene caracter�sticas totalmente diversas a las que corresponden a los actos legislativos como son las Leyes de Ingresos municipales, que si bien estas �ltimas, por su naturaleza y procedimiento de formaci�n, revisten caracter�sticas distintas a las de otro tipo de leyes, tal circunstancia de ninguna forma las equipara a los actos antes mencionados, que no re�nen los atributos de generalidad, abstracci�n e impersonalidad, con que cuentan las normas legales, sino que est�n dirigidos a un caso concreto y espec�fico, en el que s�lo se involucra a una determinada persona, de tal manera que la exigencia de motivaci�n var�a en atenci�n a qui�n se encuentra dirigido el acto, pues en el caso de Leyes de Ingresos, los razonamientos que justifican la actuaci�n legislativa no se traduce en dar contestaci�n puntual de los argumentos o exposici�n de motivos contenidos en la propuesta municipal para la expedici�n de este tipo de leyes, sino que �nicamente se requiere que el �rgano legislativo justifique su actuaci�n, la cual debe contener un equilibrio justo entre lo propuesto por el Municipio y la realidad econ�mica de la regi�n, esto es, permitir al Municipio el fortalecimiento de sus finanzas p�blicas a trav�s de la recaudaci�n del impuesto predial, pero en la medida en que lo juzgue razonablemente adecuado el �rgano legislativo conforme a las siguientes consideraciones.
Ante todo, se tiene presente que trat�ndose de la expedici�n de leyes, el legislador cumple con los requisitos constitucionales de fundamentaci�n y motivaci�n cuando act�a dentro del margen de competencia que la C.�n le confiere, en cuanto al primer aspecto y, en cuanto al segundo, regulando las situaciones que demandan una reglamentaci�n, como se deduce del siguiente criterio:
"FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica." (S�ptima �poca, P., Ap�ndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, tesis 146, p�gina 149).
Sin embargo, esta reiterada jurisprudencia no cobra aplicaci�n cuando se trata de la emisi�n de las cuotas y tarifas destinadas a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las cuales los Ayuntamientos proponen a las legislaturas Locales con fundamento en la fracci�n IV, antepen�ltimo p�rrafo, del art�culo 115 constitucional, pues en este supuesto el procedimiento legislativo requerir�, a t�tulo de motivaci�n, no �nicamente la necesidad de regular los conceptos tributarios mencionados, sino tambi�n la expresi�n de las razones que, en su caso, lleven a la legislatura a apartarse de la propuesta municipal.
Esta motivaci�n deber� ser atemperada en atenci�n a la dificultad t�cnica que implica proporcionar en cada caso y durante el periodo de sesiones respectivo, un estudio detallado de todos los argumentos planteados por ese nivel de gobierno, en los que uno a uno, el Poder Legislativo vaya demostrando la ineficacia de lo pedido en orden a los requisitos de congruencia, exhaustividad, precisi�n y claridad que exigen, por ejemplo, las decisiones jurisdiccionales, pues esta facultad congresional no constituye un acto lesivo a los intereses del Municipio, sino todo lo contrario, se trata de una colaboraci�n interinstitucional que atiende a la necesidad de establecer grav�menes cuyas tasas respondan al desarrollo econ�mico y social que prevalece en una municipalidad determinada.
Acerca de esa dificultad t�cnica, se tiene en cuenta que en el pa�s hay actualmente dos mil cuatrocientos treinta y cinco Municipios,(1) que eventualmente est�n en condiciones de proponer anualmente a las legislaturas respectivas un n�mero igual de solicitudes de modificaci�n de las referidas tasas, y ser�a del todo impr�ctico obligar a que en la generalidad de los casos, se tuviera que fundar y motivar la decisi�n parlamentaria bajo los criterios que se exigen en la materia jurisdiccional o administrativa.
En suma, al revisar las tasas propuestas por el Municipio, la legislatura no somete las mismas al escrutinio de su legalidad, su funci�n se ci�e a ponderar si es viable plasmar en la ley una iniciativa, pero como �rgano soberano que es, corresponde a �l determinar si esto ha de ser as�, ya que en este caso excepcionalmente tiene que proporcionar una respuesta a quien emprendi� esa reforma legal, la cual puede ser en un sentido o en otro, con la �nica condici�n de que contenga las razones b�sicas y elementales que la llevaron a contestar de esa manera, y de que las mismas se sometan a la deliberaci�n de las comisiones legislativas y de la sesi�n plenaria correspondientes.
La ley ha de producirse en el cuadro de la C.�n, no s�lo en cuanto a sus contenidos org�nicos y competenciales, sino tambi�n respecto a sus principios materiales, lo que este Alto Tribunal debe salvaguardar en todo momento.
Sin embargo, dentro de ese cuadro general, el legislador act�a con plena libertad de configuraci�n de contenidos normativos, considerando que la legislaci�n no es ejecuci�n autom�tica de la Norma Suprema.
Del principio de legalidad, en sentido amplio, que prescribe que todos los poderes p�blicos deben actuar dentro de los par�metros constitucionalmente establecidos, dimana la prohibici�n general de arbitrariedad, que limita, incluso, la referida libertad de configuraci�n a cargo del legislador.
En ese sentido, el P. de este Alto Tribunal ha establecido que trat�ndose de las propuestas legislativas que los Municipios elevan al legislador local en el �mbito del impuesto predial municipal, la C.�n prev� que s�lo es posible dejar de lado tales proposiciones si la legislatura expresa para ello argumentos de los que derive una justificaci�n objetiva y razonable en alguna de las respectivas discusiones y constancias del proceso legislativo, de tal forma que se demuestre que dichos �rganos colegiados no han actuado arbitrariamente, tal como se deduce de la siguiente jurisprudencia P./J. 124/2004 publicada en el Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, p�gina mil ciento veintitr�s del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, que establece:
"HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCI�N FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL C�LCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQU�LLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBER�N JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. La C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos no obliga a las Legislaturas Estatales a establecer tasas id�nticas para el c�lculo de impuestos constitucionalmente reservados a la hacienda municipal, cuando aprueben las Leyes de Ingresos para cada uno de los Municipios de las entidades federativas; sin embargo, �stos no est�n constitucionalmente indefensos ante las arbitrariedades que aquellos �rganos legislativos pudieran cometer al fijar diferenciadamente dichas tasas, en tanto que si deciden establecer tasas diferenciadas y apartarse de la propuesta municipal respectiva, tienen la carga de demostrar que lo hacen sobre una base objetiva y razonable, puesla integridad de los recursos econ�micos municipales se ver�a fuertemente comprometida si tales legislaturas pudieran reducirlos arbitrariamente. Es por ello que aunque la C.�n Federal no beneficie a los Municipios con una garant�a de equidad tributaria id�ntica a la que confiere a los ciudadanos a trav�s del art�culo 31, fracci�n IV, s� les otorga garant�as contra acciones legislativas arbitrarias, como la de recibir impuestos constitucionalmente asegurados en una cantidad menor a la que reciben otros Municipios."
Ahora bien, el derecho de los Municipios a una motivaci�n razonable, objetiva y p�blica no les confiere la posibilidad legal de cuestionar si las medidas legislativas pudieron haber infringido los requisitos constitucionales en materia tributaria, ni un derecho a que el legislador modifique sus decisiones pol�ticas, sino solamente una aproximaci�n que excluya decisiones manifiestamente arbitrarias, toda vez que, finalmente, la facultad constitucional para legislar sobre el impuesto predial municipal corresponde a la representaci�n popular.
De esa forma, el est�ndar de razonabilidad-objetividad-publicidad contenido en la jurisprudencia antes citada, constituye un control constitucional atemperado respecto de la actuaci�n (motivaci�n) del legislador local en respuesta a las propuestas formuladas por el Municipio, porque dicho par�metro es una condici�n constitucional que se sit�a, desde cierta perspectiva, en un grado intermedio de exigibilidad con respecto a la calidad de la motivaci�n que debe externar el legislador local en esos casos.
Esto es as�, toda vez que el despliegue de dicho control s�lo se limita a examinar si el legislador local ha externado motivos reflexivos y atendibles para sustentar su actuaci�n, sin que ello implique, en un extremo, la mera verificaci�n superficial de la existencia o inexistencia de cualquier tipo de justificaci�n, ni tampoco, en otro extremo, una valoraci�n pormenorizada y detallada de la motivaci�n respectiva que suponga el despliegue de un control jurisdiccional reforzado de la actuaci�n legislativa; esto �ltimo, debido al riesgo de una intersecci�n excesiva entre la jurisdicci�n constitucional y el �mbito decisorio que nuestro sistema concede a los Poderes Legislativos Locales.
De otra forma, este Alto Tribunal encuentra que no basta con aducir cualquier argumento para motivar el acto legislativo en alg�n sentido. Pero tampoco se trata de exigir al legislador una argumentaci�n extensa, exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo a cada una de las proposiciones del Municipio, como si se tratase del control que encierra una sentencia judicial o alg�n acto administrativo cuyo sentido de afectaci�n prive o moleste al gobernado en su persona, propiedades o derechos. Esto obedece al necesario respeto del margen de configuraci�n que la C.�n concede al legislador democr�tico.
El est�ndar de razonabilidad-objetividad-publicidad, en ese orden de ideas, no impide una motivaci�n legislativa concisa, lo importante es que la petici�n del Municipio se someta a discusi�n de forma argumentada y razonada. Dicha exigencia, como ya se dijo, no se agota en el puro plano formal de la motivaci�n, ya que la justificaci�n externada ha de tener alguna consistencia como para proporcionar un fundamento objetivo capaz de sostener la decisi�n, han de ser, pues, razones justificativas susceptibles de asegurar, para la decisi�n a que se refiere, el calificativo de racional.
En efecto, como se ha dicho, trat�ndose de las propuestas legislativas que los Municipios elevan al legislador local en el �mbito del impuesto predial municipal, la C.�n prev� que s�lo es posible dejar de lado tales proposiciones si la legislatura expresa para ello argumentos de los que derive una justificaci�n objetiva, razonable y p�blica.
En el caso concreto, toda vez que se est� examinando la motivaci�n expresada por el legislador local, como condici�n formal de validez del procedimiento legislativo, son relevantes las siguientes dimensiones de la objetividad y de la razonabilidad:
1) Aspecto cuantitativo: Se refiere a la medida en que el legislador, a trav�s de su decisi�n, afecta los intereses protegidos en juego.
En lo particular, esta dimensi�n de la objetividad y de la razonabilidad, exige que la motivaci�n del legislador refleja una relaci�n de congruencia entre la propuesta municipal y la medida legislativa respectiva, en relaci�n con lo com�n e hist�ricamente concedido al Municipio en la materia sujeta a regulaci�n, siempre que las circunstancias econ�micas, pol�ticas y sociales sean objetivamente estables y similares en el momento en que se emita la ley respectiva.
En otras palabras, para que la motivaci�n del legislador sea razonable y objetiva no debe suponer o implicar un desfasamiento excesivo entre la propuesta municipal y la medida legislativa correspondiente, que pretende sustentar una modificaci�n desorbitante en relaci�n con lo generalmente concedido al Municipio en la materia sujeta a regulaci�n, salvo la existencia de situaciones extraordinarias que lo justifiquen.
2) Aspecto cualitativo: Esta dimensi�n de la objetividad y razonabilidad exige del legislador, en principio:
- Que la motivaci�n sea congruente desde el punto de vista interno, de tal forma que no contenga contradicciones o errores l�gicos de tal �ndole que la conviertan en manifiestamente irrazonable por contradictoria.
- Que la motivaci�n suponga o implique la comparaci�n entre varias categor�as y/o supuestos f�cticos que justifiquen la correspondiente medida legislativa, sin que se sustente en excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, en los casos en que ello pudiera evidenciar el intento de dar lugar a una discriminaci�n u hostilidad manifiesta que pudiera advertirse en forma patente, notoria y absolutamente clara.
Finalmente, el proceder del �rgano legislativo presupone que la iniciativa municipal sea lo suficientemente justificada para que su an�lisis permita obtener datos objetivos, que una vez evaluados, conduzcan a una decisi�n informada y completa, pues si es escasa la motivaci�n de la propia propuesta, tampoco ser� posible exigir una decisi�n parlamentaria que pondere circunstancias que no concurrieron en lo pedido.
No est� por dem�s precisar que la motivaci�n objetiva, p�blica y razonable, no es necesario que se incorpore en el texto del ordenamiento legal respectivo, sino �nicamente en las etapas previas en las que las comisiones o el P. del �rgano legiferante, examine la pertinencia de la iniciativa municipal.
En el caso concreto, este Alto Tribunal encuentra que la justificaci�n externada por el Poder Legislativo Local fue razonable, objetiva y p�blica, en raz�n a que el Congreso del Estado de J. manifest� en el dictamen de la comisi�n legislativa correspondiente, que se aprobaba el incremento en las tarifas para predios, por las siguientes razones:
a) Con el fin de mantener la proporcionalidad con los Municipios conurbados, y
b) Que de acuerdo a los trabajos municipales de revisi�n de tablas de valores, s�lo fue presentada la actualizaci�n para efectos de construcci�n, ya que en los dem�s supuestos no han sufrido incrementos notorios debido a la din�mica inmobiliaria municipal; y se infiere que de autorizarse el incremento a las referidas tarifas en la forma propuesta por el Municipio actor, ser�a desproporcional a los valores unitarios de los inmuebles de que se trata, en atenci�n a que en �stos no ha existido incremento notorio que lo justifique.
De lo expuesto, se colige que en el dictamen de la comisi�n legislativa correspondiente ya analizado, s� se cumpli� con la exigencia constitucional de razonar justificadamente los motivos que se tuvieron para no incrementar las tasas en la forma como lo propuso el Municipio actor; por tanto, resulta infundado este concepto de invalidez.
Por cuanto hace a los restantes conceptos de invalidez, se analizar�n en forma conjunta, por encontrarse estrechamente vinculados entre s�, y en los que se argumenta, esencialmente, que al establecerse tasas distintas para los Municipios del Estado se violan los siguientes principios contenidos en el art�culo 115 de la C.�n Federal:
a) libre administraci�n hacendaria municipal,
b) equidad entre los Municipios y contribuyentes, y
c) proporcionalidad entre los contribuyentes.
En cuanto a la libre administraci�n hacendaria municipal, como se dijo en p�rrafos precedentes, tiene como objeto que el Municipio pueda tener libre disposici�n y aplicaci�n de sus recursos y satisfacer sus necesidades para el cumplimiento de sus fines p�blicos; sin embargo, dicho principio no llega al extremo de imponer a los legislativos locales el deber de establecer en las Leyes de Ingresos municipales, tasas impositivas iguales en todos los Municipios.
Adem�s, contrariamente a lo argumentado por el Municipio actor, del art�culo 115 de la C.�n Federal antes transcrito, no se deriva que el principio de libre administraci�n hacendaria municipal conlleve a la existencia de un principio de proporcionalidad y equidad tributaria municipal, otorgando a los Municipios garant�as an�logas a las consagradas en el art�culo 31, fracci�n IV, constitucional, a favor de los contribuyentes.
En efecto, los abundantes argumentos que se dieron en la controversia 14/2004, promovida por el mismo Municipio actor, contestan plenamente los conceptos de invalidez finales que se formulan, como se ve a continuaci�n:
"A juicio de esta Suprema Corte la C.�n no obliga a las Legislaturas Estatales a establecer tasas id�nticas para el c�lculo del impuesto predial en las Leyes de Ingresos que aprueban para cada uno de los Municipios de la entidad federativa. El primer p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 115 establece que la hacienda municipal se integrar�, entre otros, con las ?contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor?; y el apartado a), acto seguido, aclara que uno de los ingresos que los Municipios percibir�n en todo caso ser�n ?las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.?. De modo similar y tal como hemos desarrollado largamente en el considerando anterior, los p�rrafos tercero y cuarto de dicha fracci�n IV dejan nuevamente claro que en el �mbito de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los Municipios proponen y las Legislaturas Estatales aprueban posteriormente las Leyes de Ingresos en los t�rminos anteriormente precisados. En t�rminos constitucionales, las autoridades competentes para tomar las decisiones finales en materia de regulaci�n de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son las Legislaturas Estatales, a las cuales se imponen obligaciones y prohibiciones puntuales muy importantes, pero no la de establecer uniformemente las tasas para el c�lculo del impuesto en todos los Municipios de una misma entidad.-En concordancia con ello, el art�culo 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de J. establece que ?el impuesto predial se causar� y pagar�, conforme a las bases, tasas, cuotas y tarifas que fijen las Leyes de Ingresos municipales.?, sin que se especifique tampoco la necesidad de que la legislatura fije tasas iguales para todos los Municipios de la entidad.-Esta Suprema Corte considera inviable concluir que la necesidad de que las tasas del predial sean iguales en todos los Municipios deriva de la necesidad de garantizar el respeto a los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias. En primer lugar, hay que se�alar que el respeto a los citados principios no exige, ex ante, tasas iguales para ning�n impuesto; lo que exigen es que las distinciones hechas al respecto por el legislador se sometan a un escrutinio judicial realizado de acuerdo con unos est�ndares reiteradamente se�alados por la jurisprudencia de esta Suprema Corte y aplicados a la luz de las particularidades de la norma enjuiciada en el caso concreto. Adem�s, y aunque esta Suprema Corte ha afirmado que en la v�a de las controversias constitucionales pueden examinarse todo tipo de violaciones a la C.�n Federal, lo cierto es que la litis en el presente asunto requiere delimitar la esfera de atribuciones de las distintas autoridades que entran en disputa, y es ese objetivo el que determinar� los preceptos constitucionales que el Juez constitucional no puede desconocer y el grado de relevancia que debe reconocerse a las garant�as que el art�culo 31, fracci�n IV, otorga a los ciudadanos.-En esta l�nea, y en contra de lo afirmado por el actor, hay que se�alar que no puede derivarse del art�culo 115 de la C.�n o de otros preceptos constitucionales la existencia de un principio de ?equidad y proporcionalidad tributaria municipal? que otorgar�a a los Municipios garant�as an�logas a las que el art�culo 31, fracci�n IV, otorga a los ciudadanos. Es cierto, y el actor lo se�ala, que el art�culo quinto transitorio de la reforma que se realiz� al art�culo 115 en mil novecientos noventa y nueve, transcrito en el considerando anterior, habla del respeto a los principios de equidad y proporcionalidad en un contexto que no es sino el del art�culo 115 de la C.�n.-Pero como se desprende de la lectura cuidadosa de este art�culo transitorio, el objetivo b�sico del mismo es instar a las autoridades competentes para que acerquen el valor de los elementos que constituyen la base del impuesto al valor de mercado, y que la fijaci�n de las tasas tenga en cuenta esta adecuaci�n. Todo ello habr� de ser relevante para decidir acerca de las pretensiones de aquellos ciudadanos que aleguen que la regulaci�n de la base y de las tasas de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son inequitativas y desproporcionales. De nuevo, es imposible derivar del precepto transcrito un mandato al legislador imponi�ndole el establecimiento de tasas id�nticas para el c�lculo del impuesto predial en todos y cada uno de los Municipios que se integran en una misma entidad federativa.-Sin embargo, tampoco puede concluirse que los Municipios est�n constitucionalmente indefensos ante las decisiones que las Legislaturas Estatales adopten a la hora de fijar tasas diferentes para el c�lculo del impuesto predial. Dado el peso espec�fico de dicho impuesto dentro del conjunto de ingresos de las haciendas municipales y las disposiciones constitucionales aplicables, es exigible que si la legislatura decide establecer tasas diferenciadas en las Leyes de Ingresos de los distintos Municipios y se aparta de la propuesta municipal al respecto, entonces tenga la carga de demostrar fehacientemente que lo hace sobre una base objetiva y razonable.-De nuevo, hay que reiterar en este punto que la fracci�n IV del art�culo 115 de la C.�n constituye un conjunto articulado de previsiones en garant�a de la autonom�a de los Municipios, especialmente preocupado por asegurarles la puntual disposici�n de una serie de recursos econ�micos necesarios para ejercer las competencias y funciones que la C.�n les encomienda. Los principios de existencia de fuentes de ingresos reservadas a los Municipios y de integridad de los recursos econ�micos municipales, es importante subrayarlo, proyectan su fuerza normativa tanto sobre el contenido de leyes singularmente consideradas como sobre las decisiones que una misma legislatura adopte en leyes diferentes en materia de hacienda municipal. La eficacia de dichos principios se ver�a fuertemente comprometida si las Legislaturas Estatales pudieran, en la pr�ctica, reducir arbitrariamente los ingresos municipales por un concepto tan importante como el del impuesto predial, mediante la imposici�n de tasas de c�lculo desproporcionadamente reducidas para algunos Municipios. Por ello, hay que entender que la C.�n, aun con no beneficiar a los Municipios con una garant�a de ?equidad tributaria? id�ntica a la que el art�culo 31, fracci�n IV, otorga a los ciudadanos, s� les otorga unas garant�as contra acciones legislativas que arbitrariamente les permitan recibir impuestos constitucionalmente asegurados en una cantidad menor a la que se les permite a otros Municipios.-Sin embargo, en el caso concreto, no hay motivos para invalidar el art�culo de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, que establece una tasa para el c�lculo del impuesto predial inferior al establecido en la Ley de Ingresos de Zapopan, porque dicho art�culo acoge en sus t�rminos las tasas propuestas por el Municipio de Guadalajara en su iniciativa (v�anse las fojas 136 a 137 y 652 a 653 del segundo tomo del expediente). Es adem�s interesante notar que todas las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de J. fueron aprobadas por unanimidad de votos (v�ase la foja 487 del tomo citado), lo cual contribuye a descartar que el establecimiento de tasas distintas para los Municipios de Zapopan y de Guadalajara se relacionase con motivos poco cohonestables con las garant�as constitucionales."
De todo lo expuesto se concluye que es procedente reconocer la validez del art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), de la "Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., para el ejercicio fiscal del a�o 2005", toda vez que no es conculcatorio de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, por lo expuesto y fundado, se

resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO.-Se sobresee en la controversia constitucional respecto del art�culo 29, fracci�n XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cinco.
TERCERO.-Se reconoce la validez del art�culo 25, fracci�n III, incisos d) y f), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, J., vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cinco.
CUARTO.-Publ�quese esta resoluci�n en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
N.�quese, haci�ndolo por medio de oficio a las partes. En su oportunidad, arch�vese el expediente.
As� lo resolvi� el Tribunal P., por unanimidad de diez votos se aprob� el resolutivo segundo; y por mayor�a de seis votos de los se�ores Ministros A.A., L.R., G.�o P., O.M., V.H.�ndez y presidente A.G.�itr�n se aprobaron los resolutivos primero, tercero y cuarto, los se�ores Ministros Coss�o D�az, G�ngora P., S�nchez C. y S.M. votaron en contra, porque se declarara parcialmente fundada la controversia y la invalidez del precepto legal impugnado y se ordenara la publicaci�n de la sentencia tambi�n en el Diario Oficial de la Federaci�n y en el Peri�dico Oficial "El Estado de J.", y reservaron su derecho de formular voto de minor�a. El se�or Ministro presidente M.A.G.�itr�n declar� que el asunto se resolvi� en los t�rminos propuestos. No asisti� el se�or Ministro Juan D�az R., por estar cumpliendo con una comisi�n de car�cter oficial.

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1. Ver p�gina electr�nica: http://www.e-local.gob.mx/xb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia